CALUMNIA QUE ALGO QUEDA

Queremos que se sepa absolutamente toda la verdad” del 11-M...No queda probado quiénes fueron los autores intelectuales”
(Dixit ella en la Cadena episcopal COPE.28.06.08)

 " Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el PP ".
( Ella sobre el Caso Gürtel.04.08.09 )

" La foto de la infamia en materia de lucha contra el terrorismo es la misma que la que presenta todos los días el señor Rubalcaba cuando se esconde y no quiere responder sobre uno de los mayores escándalos de la democracia, que es el chivatazo del caso Faisán "
( Pamplona.14.04.11)

 

"Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal"
( Marbella Playa.06.08.09 )

LAS NOTICIAS TAL CUAL

EL PP LANZA UNA DURA OFENSIVA CONTRA EL PSOE: "DAN ALAS AL ENTORNO DE ETA"

Cospedal acusa a los Gobiernos central y vasco de hacer la campaña a Bildu - Blanco: "A ellos les preocupan las elecciones; a nosotros, el fin del terrorismo"

El fin de ETA, muy próximo según vaticinan todos los expertos en función de los éxitos policiales contra la banda y de la vía política por la que parece haber optado la izquierda abertzale, ha abierto una fractura entre los dos socios del Pacto Antiterrorista. Desde que Mariano Rajoy acusó el 12 de mayo de 2005 al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "traicionar a los muertos", en referencia a las víctimas de ETA, no se había producido un ataque tan duro del primer partido de la oposición en relación a la política antiterrorista como el que lanzaron ayer la número dos del PP, Dolores de Cospedal, secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, y el portavoz del partido, Esteban González Pons.

Ambos acusaron al Gobierno y al PSOE de "dar alas" a ETA y hacer la campaña a lo que consideran "el entorno de la banda terrorista". "No resulta conveniente empezar a comentar si es mejor, si es peor, si deben estar, si no deben estar, como está haciendo el PSOE, que les está dando alas", señaló Cospedal. La secretaria general del PP dio por hecho que la propuesta del líder socialista vasco de acercar los presos de ETA a Euskadi, siempre después del fin de la banda terrorista, no la ha hecho sin haber hablado antes con José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Esto supone hacerle la campaña a Bildu", a la que el PP equipara con ETA, ante las elecciones generales convocadas para el 20 de noviembre, según Cospedal y Pons.

El plan del presidente vasco tan criticado por el PP era conocido y apoyado tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como por el candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba y el ministro portavoz y vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Ahora bien, en público y en privado la cúpula socialista sostiene que no es un tema electoral e incluso tiene serias dudas respecto a que le pueda beneficiar electoralmente. "Nosotros no redactamos lo comunicados de ETA, ni de la izquierda abertzale", dijo José Blanco a este periódico.

En el PSOE se vivieron ayer con consternación las acusaciones de los máximos dirigentes populares. "Al PP le preocupan las elecciones y a nosotros, el fin del terrorismo; al PP le preocupa nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha dejado a ETA con la extremaunción dada, y a nosotros nos interesa la debilidad de ETA", remachó el portavoz del Gobierno. Ahora bien, aunque ETA no ha dado "los pasos definitivos", sería absurdo negar que hay "un movimiento de fondo relevante".

www.elpais.es 04.10.11

COSPEDAL ACUSA AL GOBIERNO DE PONER EN RIESGO LA DEMOCRACIA 

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha señalado que "algunas actitudes de personas muy destacadas del Gobierno de España están poniendo en riesgo a la democracia". 

En una rueda de prensa celebrada en Toledo, donde ha presidido la Comisión Regional de Agricultura y Agua de su partido en Castilla-La Mancha, se ha detenido en "los ataques constantes a la democracia" y ha puesto de manifiesto "lo peligroso que son algunas actitudes de miembros de PSOE y del Gobierno de España". 

Ha pedido al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que "en vez de callarse" y "alentar" con su actuación ese "tipo de actitudes" debería obrar "en defensa de la democracia, de la división de poderes, de la igualdad de todos los españoles y de las instituciones españolas". 

"No se puede estar actuando como lo está haciendo el PSOE", le ha recriminado al presidente del Gobierno, "no se puede estar intentando todos los días reabrir las viejas heridas". 

La dirigente popular ha recalcado que en lugar de eso debería dar "más soluciones a los trabajadores, empresarios, autónomos, familias españolas y agua". 

"Eso es lo que debería hacer Zapatero y no lo que está haciendo el Gobierno de España, alentando otra vez la división, las fracturas y sin dar soluciones a los auténticos problemas de los ciudadanos", ha concluido. 

(www.publico.es, 26/04/10) 

COSPEDAL SIGUE ALENTANDO LA CONSPIRACIÓN DE LAS ESCUCHAS: NO SE SIENTE “SEGURA” HABLANDO “POR EL MÓVIL” 

La secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que “el PP tiene toda la confianza en el presidente de Valencia”, Francisco Camps, quien podría volver a ser imputado por el caso Gürtel si el Tribunal Supremo obliga a reabrir la vertiente valenciana de la investigación. En una entrevista en La Gaceta, del Grupo Intereconomía, Cospedal ha sostenido que “tenemos un gran presidente edel PP de Valencia” que “como dicen todas las encuestas, revalidaría su mayoría absoluta”. En su opinión, Camps “ha sido objeto de una agresión muy importante por parte de muchos”. Y, aunque la número dos del PP se fía plena y aparentemente del jefe del Govern valenciano, no tiene la misma confianza en las telecomunicaciones. Al ser preguntada sobre si “se siente más segura hoy hablando por el móvil de lo que se sentía en verano”. 

La prueba es que su grupo “ha presentado una proposición no de ley para que el sistema Sitel (de interceptación telefónica por orden judicial) se regule” ya que “afecta ala privacidad y al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad”.  

Contra Sitel 

Esta tecnología, sin embargo, fue adquirida por el propio Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Interior y está respaldada por varias sentencias del Tribunal Supremo, que la ve preferible a otras, como también por la Agencia de Protección de Datos. A pesar de estas evidencias, la dirigente popular ha lamentado que el Gobioerno “no tenga ningún interés en que los derechos fundamentales tengan la protección que prevé la Constitución”

Bárcenas y la Gürtel 

Preguntada por el abandono político de Luis Bárcenas, ex tesorero del grupo imputado en la Gürtel que el pasado 19 de abril renunció a su escaño en el Senado, Cospedal ha contestado con una redundancia. “Hoy la situación que tenemos en el PP es la mejor que tenemos en relación con este tema”, recoge La Gaceta. Ha indicado con ironía que “ya” no descarta “nada” en relación con el sumario del caso, pero ha asegurado que no hay “nada nuevo” y que “el PP no ha recibido dinero de ninguna trama”.

Estatuto de Castilla-La Mancha 

También ha sido preguntada por el Estatuto castellano manchego, una norma que la semana pasada encalló en el Congreso debido a su rendición a las exigencias del presidente murciano Valcárcel, después de haber avalado esta norma en las Cortes regionales, ante los barones de Murcia y Valencia. En su respuesta, Cospedal obvia que votaron a favor en el Parlamento regional para asegurar este tema “ha sido utilizado por el PSOE más para sacar ventaja política que para defender el interés general de los castellano-manchegos”. En su opinión y pese a que ella misma la refrendó, “la propuesta del PSOE no contaba con el consenso de su propio grupo político”.

La polémica nuclear 

Cospedal también ha contestado un par de preguntas sobre otro asunto en el que ha demostrado lo difícil que le resulta compatibilizar la Secretaría General y la Presidencia autonómica del partido, los almacenes de residuos nucleares. Aunque el PP es un partido pro nuclear, ella no quiere un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Yebra (Guadalajara) porque no hay “consenso político y social para la instalación”. El Pleno de Yebra, de mayoría popular, decidió optar al ATC, con la consiguiente amenaza de expediente hecha por Cospedal, quien, no obstante, niega ambigüedades y se limita a cumplir “la legislación en esta materia” cuyos “requisitos” no “se dan en Yebra”. Cospedal ha desmentido que tenga por sus dos cargos. Sólo tiene, ha dicho, “una posición en la que a veces tengo que explicarme mejor que si no tuviera mi doble condición”.

Del caso Garzón al caso Bono 

“Me parece tremendo que desde el Gobierno se ataque al Poder Judicial y no se respete el principió de separación de poderes, fundamento de la democracia. En cualquier país democrático sería inconcebible escuchar al Ejecutivo atacando al Supremo. En nuestro país nos hemos acostumbrado”, ha opinado en relación al juez Garzón, quien podría perder la toga por intentar investigar el franquismo. También carga contra la Fiscalía porque, en su opinión, no actúa con toda contundencia con el presidente del Congreso, José Bono, cuyos bienes e ingresos están siendo cuestionados en una campaña impulsada por Intereconomía. “Si Bono fuera del PP, el comportamiento de la Fiscalía hubiera sido muy distinto”, ha insinuado.

El velo y ETA 

Más clara se ha posicionado respecto al velo en las escuelas: “No, no se debe llevar” porque “puede ir en contra de la igualdad de las mujeres”. “No quiero ni me gusta que las niñas españolas vayan a las escuelas públicas con velo (en la calle o en su casa, que cada uno haga lo que quiere”. Antes de terminar la entrevista, Cospedal ha abordado la teoría de la negociación con ETA. Cuando sus entrevistadores se interesan por su reacción ante el posible titular “el Gobierno vuelve a negociar”, la popular se limita a decir que le “preocuparía” y “lo sentiría por mi país, pero el PP inmediatamente haría lo que tiene que hacer: decirle al Gobierno que no y romper el acuerdo” antiterrorista y “los pactos políticos del País Vasco”.  

(www.elplural.com, 26/04/10)

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS AVALA EL USO DE SITEL 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) avala en un informe el Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL) tras realizar una inspección del mismo durante varios meses y concluir que su funcionamiento se produce siempre "bajo el control de la autoridad judicial". El Supremo ya avaló dicho sistema el pasado mes de noviembre.  

En las conclusiones del informe, la AEPD afirma que la incorporación de los datos de una línea a SITEL sólo es posible cuando la compañía operadora, "una vez recibida y analizada la autorización judicial, activa dicha inclusión", por lo que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado "no pueden, por sí mismas, introducir información en SITEL". 

Protección de Datos añade que el acceso de las Fuerzas de Seguridad a la información "se efectúa exclusivamente en los términos previstos por la autoridad judicial y para la investigación concreta a la que se refiera dicha autorización de interceptación, pudiendo acceder al sistema los agentes facultados por ella designados". 

En los últimos meses, varios dirigentes del PP han cuestionado este sistema de interceptación de las comunicaciones por entender que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos y que carece de la necesaria cobertura legal. 

Tras la polémica suscitada por las sospechas vertidas sobre SITEL, el Ministerio del Interior recordó que el sistema fue contratado en octubre de 2001 por el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, en su etapa de vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, y puesto en marcha por su sucesor en el departamento, Ángel Acebes.  

(www.publico.es, 19/01/10)

EL PP APOYÓ DURANTE OCHO AÑOS LAS ESCUCHAS DE SITEL 

En la historia del PP, el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel ha sufrido altibajos. El mismo partido que dio a luz esta herramienta en 2001 ahora, ocho años después, ha decidido poner en tela de juicio su funcionamiento.  

Los recelos que ahora muestran los conservadores soninéditos en el partido. El PP, que ahora exige una ley orgánica para regular el Sitel, no hizo una sola gestión en esta dirección en los años que estuvo al frente del Gobierno. Tampoco cuando los socialistas llegaron a La Moncloa en 2004. Es más, en la oposición, el PP se ha preocupado, a través de iniciativas parlamentarias, del grado de implantación de este sistema. Las dudas han llegado en plena instrucción del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción del PP en los últimos 20 años. A continuación, se repasan los cinco momentos en los que los conservadores se han retratado con Sitel. 

1. La compra. 11 millones de euros 

El Sistema Integrado de Interceptación legal de Telecomunicaciones (Sitel) llegó a España de la mano del Partido Popular, la misma formación que hoy mira con reservas esta herramienta, en 2001. Precisamente, el expediente de compra a la empresa danesa ETI A/S lleva la rúbrica del líder de los conservadores, por aquellas fechas, vicepresidente Primero y ministro del Interior. Por este concepto, el Gobierno presidido por José María Aznar desembolsó 11,3 millones de euros, una cantidad que en 2005, cuando ya gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que ser imcrementada en tres millones más para optimizar su funcionamiento. Desde 2001, cuando se realizó la compra, hasta el pasado 4 de noviembre, las siglas Sitel han permanecido prácticamente durmientes para el PP.  

Fue este día, cuando el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, compareció para acusar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber creado en España "una sociedad vigilada" al emplear un sistema "inconstitucional e ilegal". Las siglas acababan de convertirse en una prioridad para el PP. El titular de Interior tardó poco en devolver la pelota a los conservadores simplemente echando mano de los contratos que permitieron la creación y puesta en marcha del sistema. No sólo mostró el de la compra, firmado por el propio Mariano Rajoy. También, otros documentos mediante los que se prorrogaba el plazo de ejecución del proyecto hasta finales de 2003. 

En este contexto, la pregunta obligada es la de por qué el Gobierno de Aznar se desprendió de más de 11 millones de euros para dar cobertura a algo que en su propio partido tachan de ilegal. La respuesta llegó en boca de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que el PP no llegó a poner en práctica el Sitel "porque no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". 

2- Tres años sin ley. El olvido del desarrollo reglamentario 

Ateniéndose a las declaraciones de la dirección nacional del partido, desde la firma del acuerdo de adquisición de Sitel, el 24 de octubre de 2001, hasta que José María Aznar abandonó La Moncloa en 2004, el PP no tuvo tiempo de desarrollar la Ley Orgánica que ahora ven necesaria para vestir de legalidad a Sitel. En este periodo de tiempo, los conservadores no emprendieron una sola iniciativa legislativa para que el sistema, cuyo plazo de ejecución era de tres años a partir de 2002, se ajustase a la Constitución. Todo, en un momento en el que los conservadores, que disfrutaban de mayoría absoluta en el Congreso, no habrían tenido mayor problema en llevar adelante una iniciativa de este estilo en Las Cortes. 

Sí dio tiempo, explican desde la sede nacional del PP, a solicitar informes a 22 instituciones, entre otras el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Asociación de Internautas. El PP se abraza a las resultados de esta recopilación de estudios para respaldar su postura actual. "La conclusión que obtuvimos de estos informes es que antes de la entrada en funcionamiento de Sitel era necesaria la regulación mediante una ley orgánica", explica un alto dirigente.  

Ya en la oposición, los conservadores se olvidaron de los 22 informes de expertos que alertaban de que la puesta en marcha de Sitel requería de una regulación legislativa. En estos cinco últimos años, el PP no ha puesto pega alguna a este sistema. Es más, se ha interesado por su implantación y por su dotación económica. Jamás por si el ámbito de actuación de Sitel se enmarcaba dentro de los límites de la Constitución. 

Así lo ponen de manifiesto las seis iniciativas promovidas por los conservadores en el Congreso entre los años 2004 y 2008 (las de 2009 sí se centran todas en las dudas sobre la legalidad de este sistema). La primera data precisamente de noviembre de 2004, cuando Rodríguez Zapatero apenas llevaba siete meses en La Moncloa. En una pregunta al Gobierno con respuesta escrita, el diputado conservador Ignacio Gil Lázaro demandaba las "iniciativas previstas para optimizar el sistema integrado de interceptación telefónica (Sitel) en el Ministerio del Interior durante el año 2005". De las actuales dudas del PP sobre la legalidad, ni rastro. De hecho, en la dirección nacional del partido admiten esta contradicción.  

El Gobierno, estructuró la respuesta a Cosidó en dos apartados. En el primero de ellos, informaba de sus planes de migrar a Sitel "todos los objetivos a interceptar pertenecientes a los tres operadores de telefonía móvil ya implantados". En el segundo, revelaba sus planes de estudiar y preparar "la ampliación del sistema para la interceptación de otros servicios de telecomunicaciones a partir del año 2006".  

En noviembre 2007, el mismo diputado, también por el mecanismo de pregunta al Gobierno, se preocupaba por el "grado de ejecución del proyecto de desarrollar y desplegar el sistema Sitel con infraestructura y equipo en todas las Unidades de Investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y en junio de 2008 se interesaba por las "previsiones acerca de la implantación del sistema Sitel en todas las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional de Policía". Tampoco en estas dos iniciativas parlamentarias el PP exhibía algún tipo de duda sobre el marco legal. 

En este contexto, entre el 5 de febrero de 2008 y el 5 de noviembre de este año, el Supremo ha avalado, en nueve sentencias, este sistema de escuchas. En la última, de este mes, el Alto Tribunal respaldaba a Sitel como un sistema de interceptación de comunicaciones "preferible" a los anteriores. 

4- Apoyo a la ley. En 2007, con el Gobierno 

La conformidad del PP con Sitel en los últimos cinco años tuvo, además, un punto álgido: cuando en 2007 los conservadores votaron en el Congreso de los Diputados a favor del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes de comunicación. Una ley que, en la actualidad, altos dirigentes del PP califican de "inconstitucional". Fue a través de esta iniciativa por la que se dio una nueva redacción al artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones del año 2003, que originalmente sostenía que "los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo aportar las medidas técnicas necesarias. En la nueva redacción, se incorpora la obligación de los operadores de facilitar al "agente facultado" el acceso a una serie de datos entre los que se citan, además de la identidad del "sujeto objeto de la medida de la interceptación", la identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.  

El PP no puso objeción a esta modificación del artículo. El diputado conservador José Ignacio Echániz Salgado fue el encargado de defender la postura de su partido ante este proyecto de ley sin una sola crítica de que apuntase a la ilegalidad o inconstitucionalidad de la misma.  

Sí mostraron reparos otros grupos parlamentarios. Desde CiU, Jordi Jané insistía en la necesidad de "preservar la garantía individual del secreto de las comunicaciones y que sólo sea posible interceptar esas comunicaciones cuando hay una autorización judicial de que hay indicios de una actuación delictiva". Además, el diputado alertaba de que la modificación del citado artículo 33 "puede tener consecuencias no deseadas para el sujeto que vea interceptada su comunicación y vea cómo el operador está obligado a ceder un conjunto de datos. 

Desde el PNV, Margarita Uría, también mostró inquietud por el hecho de que la comunicación de los datos personales de todas las partes que intervienen en la comunicación interceptada fuese regulada reglamentariamente y no a través del articulado de la ley. 

Precisamente, en estos momentos CiU y PNV se encuentran recopilando información a fin de presentar al Congreso una iniciativa que intente aportar mayor nitidez en la regulación que atañe a la interceptación de comunicaciones. 

5- La cortina de humo. Camps destapa la estrategia 

Tras estos años de silencio, el PP decidió resucitar Sitel el pasado 4 de noviembre. Era el mismo día que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, rendía cuentas sobre sus críticas a Esperanza Aguirre ante el Comité de Derechos y Garantías del partido. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, convocaba a los medios para presentar una proposición no de ley a fin de que Sitel fuese competencia exclusiva de la autoridad judicial y no directamente del Ministerio del Interior. 

Los conservadores hicieron todos los esfuerzos posibles para desvincular esta nueva estrategia de cargar contra una herramienta comprada por ellos mismos en la etapa de Aznar del caso Gürtel. Pero no lo lograron. Primero, porque no encontraron argumentos para explicar por qué adquirieron Sitel en 2001 y más tarde jamás se esforzaron en crear el marco legislativa que ahora demandan.  

Después, porque desde el pasado mes de agosto el PP ha hecho público su convencimiento de que altos cargos del partido, entre otros María Dolores de Cospedal, Federico Trillo y Francisco Camps, han sido espiados telefónicamente sin tener nada que ver con los sumarios de la Gürtel. Y ya, para rematar, por un patinazo en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. 

El pasado 21 de noviembre, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell estaba dispuesto a pedir la nulidad de todo el proceso en el supuesto de que se demostrase el empleo de Sitel para escuchar al president. Con ello, el PP acababa de echar por tierra su intento de evitar que la opinión pública relacionase sus iniciativas sobre esta herramienta con las supuestas escuchas ilegales. Si había alguna duda de que para el PP Sitel iba de la mano de Gürtel, en este momento acabaron de disiparse. 

Una semana después, Paula Sánchez de León daba marcha atrás y matizaba sus declaraciones asegurando que de ninguna manera iban a solicitar la nulidad de la rama valenciana de este escándalo de corrupción. 

En este contexto, los conservadores no lograron arrancar en el Congreso el pasado 24 de noviembre el respaldo del resto de los grupos para dotar a Sitel de un mayor marco legislativo.  

Días antes, los pasillos del Congreso hirvieron después de que el diputado del PP Carlos Floriano interpretara como amenaza unas palabras de Rubalcaba: "Escucho lo que decís y veo lo que hacéis". El ministro negó esta versión.  

(www.publico.es, 05/12/09)

LOS FISCALES ANTIDROGA AVALAN SITEL: "ES UN ARMA IMPRESCINDIBLE CONTRA EL NARCOTRÁFICO" 

Los 25 fiscales especiales antidroga que actúan en España bajo las directrices de la Fiscalía de la Audiencia Nacional avalan el Sistema Integral de Interceptación Telefónica (Sitel). Lo consideran "un arma imprescindible" para la lucha contra las mafias del crimen organizado que operan en el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

Ésta es una de las conclusiones de la reunión que mantuvieron los representantes del ministerio público el pasado viernes en Madrid y que elevarán a la Fiscalía General del Estado. 

Para los fiscales antidroga, este sistema no sólo les ha dado un arma imprescindible para la interceptación de cargamentos de droga y de las redes que la transportan a la Península, sino que, además, ofrece más garantías legales que los anteriores métodos de escucha, siempre que la interceptación esté autorizada por un juez. 

Los clanes gallegos del narcotráfico acaparan más del 70% de las investigaciones judiciales y en todas ellas Sitel es la herramienta que emplean los grupos especiales de la policía, la guardia civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera para interceptar comunicaciones y sustentar los procesos contra los detenidos. 

"Es sin duda el método de interceptación telefónica más garantista y es absolutamente inmodificable porque se trata de un sistema informático imposible de alterar o manipular", subrayó el fiscal especial antidroga de Pontevedra, Marcelo Azcárraga. Para éste, "no se trata de poner en duda el sistema, porque la cuestión mecánica o técnica de cómo se recoge una conversación es lo de menos. Lo importante es que la medida de pinchar un teléfono está amparada por una resolución judicial", subrayó. 

El fiscal de Pontevedra recordó que el método de escuchas mediante grabaciones en cintas de gran formato que se empleó desde finales de los años ochenta para investigar el contrabando de tabaco y el narcotráfico sí era vulnerable a las manipulaciones. "Se podían alterar o cortar las grabaciones, pero ahora lo importante es que no podemos poner siempre en cuestión la labor de la policía, que tiene que trabajar con los medios que les facilita el Estado de derecho". 

(www.elpais.com, 26/11/09)

EL PP SE QUEDA SOLO EN LA GUERRA CONTRA EL SISTEMA DE ESCUCHAS 

En política, como en el fútbol, jugar bien es importante, pero lo que acaba contando son los resultados. Ningún grupo parlamentario apoyó ayer la propuesta del PP de regular por ley el sistema de escuchas Sitel, a excepción de la diputada Rosa Díez, de UPD. Pese a ello, como pasa en el fútbol, el PP se felicitó de haber jugado bien, dado que tanto el PNV como CiU se abstuvieron y anunciaron propuestas para dar más garantías jurídicas al uso del Sitel. 

Sin embargo –y siguiendo con el símil deportivo–, todos, sin excepción, acusaron a los conservadores de practicar un juego sucio por esconder bajo el noble objetivo de defender la privacidad y las libertades individuales su auténtico interés: crear dudas sobre el Sitel para que la investigación del caso Gürtel, la trama corrupta vinculada al PP, sea considerada ilegal y no prospere. Los partidos reprocharon a la principal fuerza de la oposición que, cuestionando en su totalidad el sistema de escuchas, siembre una sospecha generalizada sobre el funcionamiento de las instituciones, los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado. 

En cierto sentido, el discurso del popular Esteban González Pons destiló una cierta suspicacia a gran escala. Así, no tuvo reparos en citar como ejemplo una obra de George Orwell, el escritor y activista británico que durante la guerra civil se unió a la milicia del POUM (el Partido Obrero de Unificación Marxista). El portavoz conservador comparó la supuesta falta de garantías constitucionales del Sitel con el Gran Hermano descrito en la brillante novela futurista 1984. Pons pidió una ley orgánica «que nos proteja de los ojos y oídos del Gran Hermano que puede convertir las libertades individuales en un chisme». 

El resto de los portavoces distaron mucho de este tono apocalíptico y recordaron al PP que estaban poniendo en tela de juicio un dispositivo adquirido en la última etapa de José María Aznar en el Gobierno, cuando Mariano Rajoy era ministro de Interior, y avalado por varias sentencias del Tribunal Supremo. Dicho lo cual, varios grupos sí se mostraron partidarios de extremar las garantías.  

Tanto el PNV como CiU anunciaron la presentación de propuestas para respetar la privacidad de todas las conversaciones o datos captados por el Sitel que no tengan relevancia respecto a lo investigado. El PSOE se dedicó a subrayar la soledad de los populares sin abrir ni un milímetro la puerta a una regulación más detallada de esa herramienta. Tras el discurso del socialista Antonio Hernando, varios conservadores ensayaron una nueva modalidad de protesta mostrándole sus teléfonos móviles, supuestamente para denunciar las escuchas irregulares que los conservadores dicen haber sufrido.

Por otra parte, ayer trascendió que el Defensor del Pueblo ha dado carpetazo a la queja que le presentó la Asociación de Internautas sobre el funcionamiento de este sistema.  

(www.elperiodico.com, 25/11/09) 

CAMPS PERJUDICÓ LA ESTRATEGIA DEL PP SOBRE SITEL, SEGÚN GÉNOVA 

La dirección del PP reconoce que Valencia ha perjudicado la estrategia que tenía Génova para que el Gobierno regule la utilización del Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel), con el que se practican las escuchas de los teléfonos y se realizan seguimientos, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección popular. El pasado viernes, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, aseguró que estudiarían pedir la nulidad del proceso judicial por el que se investiga el caso Gürtel si se comprueba que las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se han realizado utilizando el sistema Sitel. En cambio, tanto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como el vicesecretario de comunicación del partido, Esteban González Pons, mantienen que no utilizarán la polémica de Sitel para recurrir la investigación judicial de la trama corrupta. 

El Partido Popular viene denunciando desde hace semanas que el sistema Sitel se está aplicando sin tener un amparo legal suficiente, ya que, al afectar a derechos fundamentales, debería haberse regulado mediante ley orgánica. Ayer mismo, la Cámara Baja debatió una iniciativa en ese sentido defendida por González Pons. La propuesta fue rechazada y el PP tuvo que escuchar las acusaciones del PSOE y de las minorías de izquierda de querer remover este asunto precisamente buscando la anulación del caso Gürtel, utilizando así la munición que les había proporcionado la portavoz del Gobierno valenciano el pasado viernes. 

Fuentes de la dirección del PP admiten que esta declaración desde Valencia, que atribuyen al "nerviosismo" que se vive por la investigación de la trama corrupta, ha "clavado un puñal" en la estrategia que tenían preparada para propiciar que el Gobierno regulara el uso de Sitel. Sobre todo, aseguran, porque la dirección del PP no quiere que se declare la "nulidad" del caso Gürtel, sino que se llegue hasta el final del mismo y se castigue a los culpables. 

Sin embargo, tras estas declaraciones de la portavoz del Gobierno valenciano y aunque María Dolores de Cospedal ha dicho públicamente que no se va a pedir la "nulidad" del caso, los populares han optado por cambiar su estrategia y adoptar un perfil más bajo en la reclamación sobre Sitel pasando el "testigo" a PNV y CiU, quienes anunciaron ayer la intención de presentar una iniciativa para que se regule el uso de este sistema de interceptación de telecomunicaciones. 

"Lo más sensato es dar un paso atrás para que no se confunda nuestra reivindicación con el caso Gürtel", argumentaban las fuentes consultadas, quienes insistieron en que no desean la anulación del caso por parte de los tribunales. No obstante, el PP también preparará una proposición de Ley que desarrolle una regulación del uso del este sistema Sitel y que podrían tener lista para el inicio del próximo periodo de sesiones. 

(www.elpais.com, 25/11/09)

El Gobierno de Camps reconoce que pretende usar Sitel para invalidar Gürtel

El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

www.elplural.com 20.11.09

EL SUPREMO AVALA POR NOVENA VEZ EL SISTEMA DE ESCUCHAS QUE CRITICA EL PP 

La Sala Penal del Tribunal Supremo dictó ayer una nueva sentencia en la que respalda la validez del Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de comunicaciones) como sistema de escuchas, incluso "preferible" a los anteriores. La sentencia dictada ayer es al menos la octava dictada por la Sala Penal del Supremo (hay que sumar otra más de la Sala de lo Contencioso) en la que se menciona el empleo del Sitel como sistema de escuchas y no se ponen trabas a su utilización. La sentencia coincide con una nueva escalada del PP en su ofensiva contra el sofisticado dispositivo de escuchas que contrató Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior en 2001 y que el PP pidió, ya en la oposición, implantar de forma generalizada. 

De las nueve sentencias en que el Supremo menciona el Sitel, tres entran directamente en el análisis del dispositivo. La dictada ayer, de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, considera "superflua" una prueba pericial sobre "la naturaleza, alcance y efectos del Sitel" que había propuesto la defensa de dos traficantes de cocaína. El abogado de los narcos se quejó de que el Sitel es "inconstitucional" y que el rango normativo que regula las intervenciones telefónicas es deficitario. 

La sentencia se remite a la dictada el pasado 6 de julio que, en un supuesto en que se aportaron al juzgado las grabaciones obtenidas mediante el Sitel, no sólo no cuestionó el sistema, sino que lo consideró "preferible" a los anteriores a su implantación. 

Esa sentencia resolvió también la queja de inconstitucionalidad. Sin dejar de reconocer la "raquítica e insuficiente" regulación legal del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre intervención de comunicaciones -cuya última redacción data de 1988-, el texto recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que dicho precepto, complementado con la doctrina de la Sala Penal del Supremo y la del Tribunal Constitucional, "permite el eficaz control judicial necesario en una sociedad democrática". 

También se remite a la sentencia de 12 de marzo de 2009, que tuvo por buena, sin cuestionarla, la legalidad del procedimiento. Pero fue directamente la sentencia de 23 de marzo de 2009 (ver EL PAÍS del 7 de noviembre) la que describió el sistema Sitel en profundidad y consideró que "responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista" para intervenir comunicaciones. 

Según fuentes jurídicas, el problema no reside en el Sitel, sino en si concurren todos los requisitos en la autorización judicial para utilizarlo. El Sitel es un avanzado dispositivo que ha venido a sustituir al pinchado de la clavija en la central, las audiciones personales a cargo de los agentes policiales, la grabación en los viejos magnetofones UHER, la transcripción de la conversación y la remisión de todo ello al juzgado. Se trata de un sistema automatizado de interceptación por ordenador, cuyo servidor está en la Dirección General de la Guardia Civil y al que sólo acceden mediante clave los agentes autorizados. Permite conocer la fecha, hora y duración de las llamadas, el identificador del código internacional de abonado, el número de móvil afectado por la intervención, distribución de llamadas, información de mensajes, etc. También verifica el repetidor activado y su mapa de situación y el teléfono y la identidad del que llama al número intervenido. 

La sentencia dictada ayer examina si la resolución judicial que acuerda las escuchas está justificada: es decir, si hubo "indicios de un hecho delictivo grave", si esos indicios son "más que simples sospechas", si se fundan en "datos objetivos" y si las personas a escuchar tienen conexión con los hechos investigados. También hay que determinar en qué momento los datos de esas investigaciones se pusieron de manifiesto y comprobar que no se trata simplemente de una "investigación prospectiva" para satisfacer "la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos". Debe concretarse además el delito que se investiga, los teléfonos a intervenir, el plazo de intervención, quién ha de llevarla a cabo y los periodos en los que debe darse cuenta al juez de los resultados. 

En el caso enjuiciado, se dio cuenta de "investigaciones previas muy concretas" de los movimientos de uno de los narcos, que recorría bares y a cuyo vehículo subían jóvenes que a los pocos metros volvían a bajar. Inferir que esos contactos eran previamente concertados por teléfono y tenían por objeto trasacciones de droga "satisface plenamente el canon de razonabilidad", concluye esta sentencia que avala el Sitel. 

NUEVE SENTENCIAS DEL SUPREMO SOBRE SITEL 

- 5 de febrero de 2008. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó un recurso de la Asociación de Internautas. Ésta cuestionaba que Sitel no estuviera regulado por ley orgánica. La sentencia dice que los pinchazos los cubre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que la reserva de ley orgánica a la que obliga la Constitución "no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con las interceptaciones". 

- 19 de diciembre de 2008. El recurrente se aferraba a que Sitel permitió conocer su ubicación exacta mientras era investigado. El fallo explica que Sitel sólo permite conocer la antena o poste repetidor más cercano al teléfono intervenido, por lo que "en modo alguno puede considerarse afectado (...) el derecho a la intimidad". 

- 12 de marzo de 2009. La sentencia desestima un recurso de condenados por drogas que fueron escuchados con Sitel. El Supremo rechazó el recurso porque "la actuación del Juzgado de Instrucción en cuanto se refiere a las intervenciones telefónicas decretadas en esta causa es ajustada a Derecho". 

- 13 de marzo. Los magistrados, tras analizar a fondo cómo funciona Sitel, subrayan: [Sitel] "es una implementación cuya titularidad ostenta el Ministerio del Interior" y su desarrollo "responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista" para las escuchas. 

- 23 de marzo de 2009. La Sala de lo Penal se remite a la sentencia de febrero de 2005 para explicar que lo único que ocurre con Sitel es que "ha venido a sustituir a las anteriores audiciones personales e individualizadas que realizaban los correspondientes agentes policiales". 

- 29 de junio de 2009. Se pretendía tumbar una condena porque se habían captado los números de identificación de la tarjeta telefónica mediante Sitel. Pero el Supremo dice que eso no vulnera derecho alguno, porque dichos números "no permiten conocer la identidad de los comunicantes, ni la titularidad del teléfono móvil" ni dato alguno "susceptible de protección por la vía del derecho al secreto de las comunicaciones". 

- 6 de julio de 2009. El recurrente pretendía anular la causa porque se había mandado al juez el CD que graba las conversaciones en Sitel en lugar de las viejas cintas magnetofónicas. El Supremo afirma que eso ya no es necesario, porque "hoy día la intervención, con el sistema Sitel, la grabación es automática". 

- 30 de septiembre. El recurrente planteó que Sitel había capturado sms y que el juez no había controlado la autenticidad de las grabaciones. El Supremo considera que las escuchas se ajustaron a Derecho. 

- 5 de noviembre. El Supremo, tras remitirse a sus propias sentencias de 6 de junio pasado y de 5 de febrero de 2008, subraya que Sitel es "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación". 

(www.elpais.com, 20/11/09) 

EL PP INSISTE EN QUE EL SITEL ES ILEGAL Y EXIGE UNA LEY ORGÁNICA 

El PP no piensa mover ni un ápice su estrategia de ataque al sistema de escuchas Sitel, el mismo con el que se han grabado, con autorización judicial, las conversaciones del caso Gürtel que tanto daño han hecho a la imagen de este partido. Los populares, según fuentes de la dirección, mantendrán hasta el final la estrategia que marcaron cuando estalló el caso: salir al contraataque. Y en el caso de Sitel, el PP está absolutamente convencido de que se utiliza de forma "ilegal". 

Por eso ayer, pese a la sentencia del Supremo contraria a sus intereses (la novena), los populares hicieron una interpretación particular e insistieron en su exigencia de que Sitel se vea amparado por una ley orgánica por afectar a derechos fundamentales. 

Mientras Esteban González Pons, máximo responsable del ataque del PP a Sitel, avanzaba que en las próximas semanas saldrá muy probablemente otra sentencia del Supremo que ponga definitivamente en cuestión el sistema, Federico Trillo, responsable de Justicia, hizo una interpretación de la sentencia de ayer favorable a sus intereses. 

Para Trillo, la sentencia sobre narcotráfico fallada ayer ratifica que deben existir "requisitos más específicos y más exigentes" a la hora de utilizar el sistema de escuchas Sitel y "evidencia la carencia de cobertura legal de rango orgánico". La sentencia, aseguró,viene a "exigir que sea en el caso de delitos muy graves y haya una motivación más que razonada" por los autos judiciales cuando se utilice el sistema. 

A los populares les están llegando las quejas de algunos jueces que consideran que el sistema debe ser regulado por ley orgánica. Por eso piensan insistir hasta conseguirlo. De hecho, según González Pons, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció en la tensa discusión que mantuvieron en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso que podría ser necesario finalmente elaborar una ley orgánica para evitar cualquier tipo de problemas. "Nos reconoció que es ilegal", llegó a decir González Pons. 

Sitel está actualmente regulado por un artículo de una ley ordinaria. Los populares la apoyaron en el Congreso, y después no la recurrieron al Constitucional. 

(www.elpais.com, 20/11/09)

EL SUPREMO AVALA SITEL POR TERCERA VEZ Y LO CONSIDERA "PREFERIBLE" A LOS ANTERIORES SISTEMAS 

   Bájate la sentencia integra 

El Tribunal Supremo ha notificado hoy una sentencia en la que avala el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel) para rechazar el recurso de dos condenados por narcotráfico y recuerda que en otras resoluciones el propio tribunal ya lo ha considerado "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación", informa Efe. 

La sentencia de la sala de lo penal se remite en concreto a una resolución del pasado 6 de julio que "decide en un supuesto en que precisamente se aportaron al Juzgado las grabaciones obtenidas por el sistema Sitel (y) que no sólo no cuestiona sino que considera preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación". 

El Supremo ya avaló en marzo Sitel en otro caso de narcotráfico en el qu la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz, que inicialmente había solicitado una intervención telefónica normal, advirtió al juez al día siguiente que la intervención "se llevaría a cabo mediante el sistema Sitel". 

Precisamente hoy, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha vuelto hoy a arremeter contra el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien protagonizó ayer un agrio enfrentamiento con los diputados populares Carlos Floriano y el propio González Pons, quien llegó a denunciar que habían sido amenazados e insultados por el ministro, aunque este lo negó posteriormente, así como el presidente del Congreso, José Bono, y el diputado de IU Gaspar Llamazares, ambos presentes en la discusión tras las acusaciones de escuchas ilegales con el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel. Preguntado, en una entrevista en Telemadrid, por si el ministro les amenazó, el portavoz del PP ha asegurado que hubo una pérdida de papeles. "Con Sitel, el ministro del Interior pierde los nervios; Rubalcaba nos ha reconocido que Sitel es ilegal pero que la ley la cambiará él cuando lo crea", ha afirmado González Pons. 

"No estamos diciendo que haya escuchas ilegales, estamos diciendo que hay un sistema ilegal de escuchas", ha insistido González Pons. Después de que los populares sugieran que las escuchas hechas con Sitel podrían anular muchas actuaciones judiciales, Batasuna y ahora un mafioso ruso han recurrido y piden la nulidad de las investigaciones. Pero González Pons ha afirmado hoy que la responsabilidad es del Gobierno. 

"Si las cosas se han hecho mal no es culpa de quien denuncia, la responsabilidad será de quienes no lo han hecho bien", ha insistido el portavoz popular, que ha admitido que el sistema de interceptación de comunicaciones se desarrolló con el Gobierno de Aznar, se utilizó como una prueba en el 11-M, pero no se llegó a poner en marcha basándose en 22 informes judiciales. "Si hubiéramos seguido gobernando hubiéramos desarrollado una ley orgánica". "Los jueces no conocen Sitel, no saben lo que están autorizando en realidad, no saben cuánta información adicional no se va a poner a su disposición", ha añadido Pons. 

Sobre las explicaciones que ayer ofreció Rubalcaba en las que aseguraba que lo que le dijo a Floriano es que le veía y escuchaba en radios y televisiones pero no a través de escuchas ilegales, González Pons considera que es un argumento que no es válido porque Floriano es un diputado que no tiene gran protagonismo y no aparece habitualmente en los medios. Pero Floriano ha estado esta mañana en la cadena Cope y ha reiterado que fue descalificado por Rubalcaba. "Literalmente me llamó paranoico. El lo negó. Imagino que el señor Rubalcaba nos estará escuchando ahora. Debe estar todos los días escuchándome", ha indicado el diputado extremeño. 

La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha arremetido contra Rubalcaba y ha afirmado que un ministro del Interior no puede perder los papeles de esta manera, sobre todo cuando se trata de un tema tan importante como un sistema de escuchas que, ha reiterado, es "ilegal" y que, por ejemplo, "permite grabar las agendas del móvil al que se intercepta", según ha denunciado Soraya Sáenz de Santamaría. 

(www.elpais.com, 19/11/09) 

UN MAFIOSO RUSO PIDE ANULAR ESCUCHAS DEL SITEL CON LOS ARGUMENTOS DEL PP 

A la mafia rusa tampoco le gusta que la escuchen con Sitel. El abogado de Gennadiy Petrov, supuesto dirigente de la organización criminal rusa Tambóvskaya, ha reclamado al juez Baltasar Garzón "la nulidad radical" de las investigaciones policiales contra su cliente porque para interceptar las comunicaciones telefónicas se ha utilizado el avanzado sistema de escuchas Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Comunicaciones). El letrado utiliza los mismos argumentos que el PP para cuestionar este método: que registra más datos que las meras conversaciones telefónicas y que vulnera derechos fundamentales. De hecho, presentó su escrito tras levantarse la polémica porque, entiende, el asunto "en este momento deviene de especial relevancia". 

Las escuchas telefónicas ejecutadas con Sitel, con autorización del juez Baltasar Garzón, son la clave en la investigación sobre Petrov, considerado el máximo capo de la mafia rusa en España y que permanece en prisión desde junio de 2008, acusado de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delitos contra la Hacienda Pública. 

Durante al menos 60 días, la Guardia Civil le estuvo escuchando. Petrov impartió por teléfono órdenes precisas a sus testaferros para operaciones comerciales dentro y fuera de Rusia: búsqueda de una solución para sacar el dinero de unos iraníes que estaba bloqueado en EE UU; compras de oro para 300 joyerías; adquisición de un centro comercial, obligando a sus dueños a negociar bajo extorsión; gestiones para sobornar a policías y para recuperar deudas impagadas... Incluso autorizó palizas y asesinatos, según consta en las investigaciones. 

Su letrado, al rebufo de la polvareda levantada por el PP sobre la supuesta ilegalidad de Sitel (pese a dos sentencias del Tribunal Supremo que avalan la constitucionalidad y legalidad del sistema), ha pedido ahora anular todas esas escuchas. 

El abogado Gustavo López-Muñoz y Larraz subraya que "en este momento deviene de especial relevancia" el que durante las escuchas se haya utilizado Sitel que, argumenta, "comprende mucho más que la simple escucha de las conversaciones telefónicas intervenidas, ya que también entraña la intervención de mensajes SMS, faxes, emails de Internet, etcétera". 

Añade que se ha escuchado "a particulares que, en este caso concreto, no fueron expresamente comprendidos ni motivadamente razonada su necesidad y proporcionalidad en las autorizaciones judiciales de intervención de las comunicaciones, tal y como exige la jurisprudencia más reciente en la materia sobre la utilización de Sitel". 

Estas razones que alega Petrov vienen recogidas exactamente en el argumentario del PP sobre Sitel que el pasado día 5 -antes de la petición del abogado, que se concretó el 9 de noviembre- el partido colgó en su web. Incluso el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había sugerido en varios medios de comunicación que las escuchas hechas con Sitel podrían anular muchas actuaciones judiciales. Primero fue Batasuna la que recogió el guante, y prepara un recurso para intentar liberar a Arnaldo Otegi. Ahora se suma un jefe de la mafia rusa como Petrov, al que se vincula con altos cargos del partido de Vladimir Putin. 

El letrado explica cómo los investigadores han ido enviando quincenalmente al juez "informes sobre escuchas", pero concluye que todas "las intervenciones telefónicas, sin expresa autorización judicial, mediante Sitel, han de ser anuladas". 

(www.elpais.com, 19/11/09)

Rajoy insiste en pedir "claridad" sobre si Sitel es "constitucional"

Los dirigentes del PP continúan empeñados en hacer del sistema de escuchas telefónicas Sitel, implantado durante el Gobierno de José María Aznar, el principal caballo de batalla contra el Ejecutivo socialista. Mariano Rajoy insistió esta mañana en que el PSOE debe explicar con “claridad” si este procedimiento es o no “constitucional”, ya que podría violar los derechos fundamentales de las personas. Por su parte, el secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, pidió directamente al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique las intervenciones realizadas supuestamente a altos cargos del partido.

Mariano Rajoy no parece dispuesto a olvidar la polémica por el uso del sistema de interceptación de comunicaciones Sitel: esta misma mañana insistió en que el Gobierno debe explicar con “claridad” si el sistema es o no “constitucional, ya que afecta a los derechos fundamentales de los españoles. Aunque reconoció que fue durante el mandato de Aznar cuando se inició el sistema, insistió en que los populares no lo pusieron en marcha “por informes jurídicos”. “El tema de Sitel no está suficientemente explicado, quiero claridad sobre ese tema”, reiteró.

Uso "indebido" e "ilegal"

El secretario de Comunicación del PP madrileño, Juan José Güemes, respaldó estas palabras y advirtió de que el sistema se está utilizando “indebidamente, ilegalmente, con un gravísimo quebranto de derechos fundamentales y de las normas más elementales de la democracia”. El dirigente conservador pidió al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,, que explique si ha habido grabaciones a miembros del PP que no están siendo investigados en procesos judiciales.

"Sensación " generalizada de espionaje

Según insistió, miembros del partidos han visto como sus “conversaciones privadas por teléfono han trascendido a los medios de comunicación”, lo que ha generado “una sensación” generalizada en nuestro país de que “no se puede hablar por teléfono”. “La sensación no es de que haya unos servicios de espionaje extranjeros ni unas bandas de crimen organizado que nos están espiando”, sino que “la convicción generalizada es que quien nos está espiando es el Ministerio del Interior”, alertó.

El PP, en un "contexto distinto"

Además, Güemes apuntó que el Ejecutivo de Aznar, “en un contexto completamente distinto” y tras los atentados del 11 de septiembre, barajaron la adquisición de este tipo de sistema “pensado en la lucha contra el terrorismo internacional, no en la persecución del adversario político, ni de los empresarios, ni de los periodistas”.

www.elplural.com 16.11.09

Ana Mato reconoce que “no puede confirmar” que al PP se le espíe con SITEL

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha sido quien más se ha llenado la boca acusando al Gobierno de espiar a su partido. La última vez, la semana pasada a raíz de la polémica de SITEL, el sistema de escuchas que utiliza la Policía en sus investigaciones, Cospedal criticó que un instrumento diseñado para perseguir a terroristas y delincuentes “no se puede usar para perseguir a la oposición”. Ahora, pasado tiempo tras el exabrupto, Ana Mato, número tres del PP reconoce que “no puede confirmar” que SITEL sea usado por el Gobierno para espiar al PP.

Así lo ha dicho en una entrevista en la revista Tiempo en la que no se aparta del discurso oficial de señalar lo buen candidato a La Moncloa que es Rajoy, el “magnífico presidente” que es Francisco Camps o lo cerca de la calle que está el PP. Respecto a los temas más polémicos, sus respuestas se resumen en una: “No, no puedo opinar”.

La Ley Orgánica
La entrevista a Ana Mato dedica un espacio a interrogar a la Vicesecretaria de Organización del PP sobre la polémica creada por su partido sobre SITEL. Mato es incapaz de presentar pruebas cuando se le piden, pero alega que se está usando sin “una ley orgánica” y que ellos exigen que se utilice con “las debidas garantías” y que “sean los jueces los que digan cuándo se tiene que utilizar”.

Faltando a la verdad

De entrada, Mato ya falta a la verdad al ignorar que existe una sentencia del Tribunal Supremo que ampara el uso actual de SITEL y que reconoce que existe, no una, sino dos leyes orgánicas que validan a este sistema de escuchas, como explicó el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, la popular también hace la vista gorda ante el clamor unánime de jueces, abogados y fiscales que confirman que SITEL se usa sólo bajo autorización judicial.

“No se lo puedo confirmar”

Pero lo más polémico de la entrevista se centra en respuesta a la siguiente pregunta: “¿El Gobierno usa SITEL para espiar al PP?”. A la que Mato replica: “No se lo puedo confirmar”, para perderse en los peligros que supone para “todos los ciudadanos” un sistema “que no está regulado por ley”. Estas dudas de Mato no cuadran con la seguridad con la que Cospedal, hace justo una semana, acusaba al Gobierno de “perseguir a la oposición” con un instrumento diseñado para perseguir a terroristas y delincuentes.

Todos repetirán

El resto de la entrevista se centra en quitar hierro a las tensiones internas de su partido y a confirmar que Aguirre, Gallardón, Barberá y Camps (“un magnífico presidente”) repetirán como candidatos a sus actuales puestos. Algo significativo viniendo de la responsable electoral del partido.

“No, no puedo opinar”

Mato refleja el silencio impuesto en su partido tras el último Comité Ejecutivo, cuando se le pregunta si cree que Ricardo Costa y Manuel Cobo serán expulsados definitivamente. “Eso no depende de mí, depende del comité de garantías”. Pero la periodista insiste: “Pero tendrá usted una opinión”. Algo que Mato zanja así: “No, no puedo opinar”. Sobre el polémico Jaguar regalado por la Gürtel a su ex marido, Jesús Sepúlveda, no se habla en la entrevista.

www.elplural.com 16.11.09

"Un Estado de Derecho no es un Estado policial", dicen los jueces, que defienden el uso de Sitel

Las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos policiales coinciden en que la intervención de las comunicaciones, a través del sistema Sitel, siempre se hace previa autorización judicial, con un “grandioso sentido de la proporción y mesura” e instaron al PP a presentar una denuncia si tiene algún tipo de sospecha y a dejar la “frivolidad que ya parece malsana” al manejar este tema.

Antonio García, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, consideró que para este tipo de casos "concretísimos" los jueces aplican "un grandioso sentido de la proporción y mesura". Y recordó que "un Estado de Derecho no es un estado policial" y que sólo se acuerdan intervenciones ante la posible comisión de un delito. Marcelino Sexmero, de la Francisco de Vitoria, retó a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, que las muestre".

"Frivolidad malsana"

Desde la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled tachó las acusaciones del PP de "frivolidad que ya parece malsana", mientras que la conservadora Asociación de Fiscales defendió la utilización de Sitel para investigar y prevenir la delincuencia.

La policía: Sitel es legal

Tanto el Sindicato Unificado de Policía como las Confederación Española de Policía también defendieron la "legalidad" de Sitel.

Sitel comprado por Rajoy

El sistema de interceptación de comunicaciones Sitel fue comprado por el Gobierno del PP, y específicamente por el entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy, que pagó en 2001 casi 10 millones de euros por él. Ahora los populares denuncian que es ilegal su uso por parte de Interior.

10 millones para un sistema inutilizado

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que fue el Ejecutivo de Aznar el que contrató Sitel, pero aseguró que no llegó a ponerlo en marcha "porque no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". Lo cual no arregla las cosas, sino todo contrario porque deja en evidencia al gobierno del PP que gastó 10 millones en un sistema de escuchas que carecía de cobertura legal y luego fue incapaz durante los tres años siguientes de aprobar la legislación necesaria, a pesar de que tenía mayoría absoluta en las Cortes.

Rubalcaba: Sitel y Gürtel

Desde el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba aseguran que las denuncias del PP de ilegalidad en el uso del sistema Sitel responden a un nuevo intento de los populares de poner "bajo sospecha" las escuchas realizadas en el caso Gürtel, para que se cierre el proceso judicial.

www.elplural.com 08.11.09

El PP reclamó extender a todas las comisarías la red de escuchas que ahora critica

El PP ha apostado durante cinco años por llevar el sistema de escuchas telefónicas Sitel, sin cuestionar su legalidad, a "todas las unidades de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Así lo demuestran las preguntas parlamentarias presentadas en este sentido desde 2004 hasta abril 2009 en el Congreso, antes de que a Esteban González Pons este sistema se le revelara como "ilegal e inconstitucional" y antes de que Soraya Sáenz de Santamaría cuestionara los cientos de procesos a terroristas, narcotraficantes y corruptos en los que se ha usado este método de pinchazo. Una iniciativa bien acogida por Batasuna, que se plantea tomar el guante del PP para sacar a los suyos de la cárcel.

El partido de Mariano Rajoy (quien contrató Sitel en 2001) ya preguntó en 2004 por "las iniciativas previstas para optimizar" Sitel "en el Ministerio del Interior durante 2005". Se le contestó en diciembre que ya se estaba preparando el extender "el sistema para la interceptación de otros servicios de telecomunicaciones (GRPS, UMTS, ADSL, redes IP) a partir de 2006". En 2007, 2008 y 2009 preguntó cuándo se iba a extender "a todas las unidades de investigación" e incluso a "todas las comisarías locales" de la policía. De ilegalidad no dijo ni palabra, ni cuando el Gobierno le contestó.

Apoyo de Batasuna

Pons volvió ayer a la carga, insistiendo en que Sitel esté bajo control de los jueces, no de Interior, aunque ya negó que cuestione los juicios en los que se ha usado. Investigadores policiales consultados se preguntaron ayer con sorna: "¿Quieren que los jueces hagan las escuchas? Porque sólo se pinchan teléfonos con autorización judicial". Batasuna ya se plantea, no obstante, presentar recursos para anular las escuchas en los procesos que afectan a sus dirigentes.

"Ya me temía lo de Batasuna", subrayó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior: "Pero le digo a Batasuna lo mismo que le digo al PP, que van a pinchar en hueso porque el sistema es absolutamente legal y está avalado por el Tribunal Supremo". Dos sentencias del alto tribunal así lo acreditan. Rubalcaba incluso ofreció al PP pagarle la denuncia contra Sitel si es que dicho partido halla un caso de uso fraudulento. "No lo han hecho porque se trata de una mentira para emborronar un caso de corrupción que afecta a sus dirigentes", añadió en referencia al caso Gürtel.

www.elpais.es 08.11.09

El Supremo avaló en marzo el uso del Sitel en un caso de tráfico de cocaína

La Guardia Civil detalló al juez todas las posibilidades del sistema de escuchas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudió y avaló el funcionamiento del Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) en una sentencia del pasado marzo que rechazaba un recurso sobre una condena por narcotráfico en cuya investigación se había utilizado el sistema. La Sala Penal aclara que se conoció en detalle el funcionamiento y posibilidades del sistema, la información que aporta, cómo se distribuye la información y analizó los fundamentos jurídicos de la autorización extendida por el juez instructor, que consideró "perfectamente ajustada a Derecho".

  • Los agentes avisaron de que las escuchas se harían utilizando el sistema Sitel

  • La Sala Penal considera la autorización judicial "ajustada a derecho"

Además, se da la circunstancia de que la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz, que inicialmente había solicitado una intervención telefónica normal, advirtió al juez al día siguiente que la intervención "se llevaría a cabo mediante el sistema Sitel".

El instituto armado describió en su comunicación las posibilidades del sistema y solicitó no sólo la observación, grabación y escucha de un teléfono móvil, sino que la autorización se extendiese también al contenido de las carpetas de audio, los mensajes de SMS, las comunicaciones mantenidas vía fax o Internet, y la identificación y localización de los repetidores. Además, pidió al juez que autorizase a conocer los números desde los que se llamaba al teléfono intervenido "aunque sean secretos"; los códigos internacionales de abonado móvil y la identidad de los titulares que llamasen al teléfono pinchado. Es decir, la Guardia Civil no sólo no hizo trampa, sino que advirtió específicamente al juez de instrucción cómo funcionaba el sistema Sitel y de los datos que le interesaban para desbaratar una operación de tráfico de cocaína. El PP, que ha emprendido una campaña por la supuesta ilegalidad del sistema, basa sus críticas en que todas estas posibilidades del Sitel no están reguladas.

La sentencia del Supremo, dictada por cinco magistrados de la Sala Penal y de la fue ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, recoge que el programa Sitel "es una implementación cuya titularidad ostenta el Ministerio del Interior" y su desarrollo "responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista" para intervenir comunicaciones.

El texto detalla que el servidor y administrador del sistema se encuentran en la Dirección General de la Guardia Civil, explica los niveles central y periférico de seguridad, la información que aporta el sistema de automatización y el acceso por parte del personal autorizado. El acceso por el personal se realiza mediante código identificador y clave de usuario. El resultado final es un DVD que se entrega a la autoridad judicial con la evidencia legal del contenido de la intervención. "De este modo, el espacio de almacenamiento se reduce considerablemente, facilitando su entrega por la unidad de investigación a la autoridad judicial, verificándose que en sede central no queda vestigio de la información".

El Supremo analiza después el auto del juez número 1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que reproduce los criterios del alto tribunal para la validez de la intervención: que los delitos sean de notoria gravedad (en este caso, tráfico de cocaína); que la intervención no sea para investigar actividades delictivas "genéricas"; que existan sospechas fundadas sobre el individuo; que no se puedan obtener datos relevantes por medios menos gravosos y que se justifique la autorización para que pueda comprenderla el investigado. A continuación, el juez razonó que concurrían todos los requisitos previstos y la intervención telefónica aparecía como el único instrumento posible para continuar las averiguaciones. El Tribunal Supremo respaldó plenamente la legalidad de la actuación.

De resultas de esas escuchas, la Guardia Civil desbarató la entrega de 8,2 kilos de cocaína cuyo valor estimado era de 292.542 euros. Fueron juzgados cuatro individuos, cada uno de los cuales resultó condenado a nueve años de prisión.

www.elpais.es 07.11.09

Granados aconseja a sus compañeros del PP que "no acusen sin pruebas"

El PP insistió ayer con su campaña por la supuesta ilegalidad del sistema de escuchas que utiliza la policía y que, según los dirigentes populares, podría acarrear la nulidad de "cientos" de procesos judiciales, entre ellos el caso Gürtel . Pero contra las invectivas de los dirigentes populares avisó ayer el consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Madrid, Francisco Granados, también del PP, que señaló que "los responsables políticos no deben acusar sin pruebas" y deben "tener mesura en sus declaraciones", informa Efe.

"Yo he sido objeto de acusaciones absolutamente injustas. Por tanto, no voy a caer en la misma trampa de acusar de algo de lo que no tengo ningún elemento de que se esté produciendo", aseveró el secretario general del PP de Madrid salpicado por el escándalo del espionaje interno a cargos del PP.

El Gobierno también respondió al PP acusándole de "hacer de abogado" de los imputados de la trama corrupta Gürtel arrojando "sombras de duda" sobre todo el sistema judicial a fin de lograr la nulidad de procesos en los que ha habido escuchas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, defendió el dispositivo Sitel como modelo de interceptación de telecomunicaciones, similar al de otros países europeos, con "una importancia decisiva en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada".

De la Vega aseguró que el PP "sabe que es legal desde su implantación porque así lo ha sentenciado tres veces el Tribunal Supremo". Y preguntó al líder del PP, Mariano Rajoy, por qué siendo ministro del Interior gastó 10 millones en adquirir un sistema que ahora tacha de ilegal.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, emplazó al ex ministro socialista de Interior, José Antonio Alonso, a que explique los informes jurídicos que tenía en 2004 para autorizar el uso de Sitel, y que, en caso de no poder hacerlo, debería dejar su escaño. Según Pons, se encontró con 22 informes que decían que el sistema no se podía usar sin una ley orgánica, ya que Sitel registra todo tipo de datos de la persona investigada y de sus interlocutores.

www.elpais.es 07.11.09

El PP cuestiona los procesos judiciales que utilizaron el sistema Sitel

El Grupo Popular acusa sin pruebas y vuelve a poner en cuestión el estado de derecho

El enfrentamiento entre PP y PSOE por la supuesta utilización política de las instituciones del Estado alcanza un nuevo estadio. Si Esteban González Pons acusaba ayer al Gobierno de utilizar un sistema de escuchas "ilegal" y sin control judicial, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el hecho de que no haya una ley orgánica que regule el uso de Sitel afecta a todos los procedimientos judiciales en los que se haya utilizado. Es decir, alienta la posibilidad de que pueda invocarse para pedir la anulación de los procedimientos por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Según Sáenz de Santamaría, el Gobierno debería haber promovido la aprobación de esa ley orgánica cuando se puso en marcha el sistema para garantizar el respeto a esos derechos fundamentales.

Sin embargo, el Supremo ya desestimó en febrero de 2008 un recurso en ese sentido de la Asociación de Internautas, cuyo presidente, Víctor Domingo, estaba ayer en el acto de Pons. La sentencia, con un voto discrepante, dice que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 579) y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez.

El Supremo añade que la reserva de ley orgánica a la que obliga la Constitución (artículo 18.3) "no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interceptaciones". Es decir, que una ley orgánica no tiene por qué regular si se graba con un ordenador por Sitel o con magnetófonos.

Sin embargo, el PP presentará una iniciativa en breve para promover esa reforma legislativa, según ha anunciado Sáenz de Santamaría. También para que la Comisión de Justicia del Congreso pueda hacer un seguimiento del uso que se hace del sistema de interceptación de comunicaciones.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha asegurado que "si alguien ha cometido el disparate de utilizar el sistema Sitel de escuchas sin autorización, debe ser sancionado". Ahora bien, si "alguien acusa sin pruebas también sobre él, debe caer el peso de la ley".

Alonso, que fue ministro del Interior en 2004 nada más llegar al poder el PSOE asegura que "la policía y la guardia civil no recibe órdenes políticas" sino de su labor de investigación depende "funcionalmente de los jueces". Ahora bien, en el PSOE y el Gobierno saben perfectamente que el Grupo Popular no va "a soltar este hueso" y se preparan para esta ofensiva una vez que insisten a pesar de que el Gobierno "ha demostrado que el PP fue quien lo puso en marcha", insisten en fuentes socialistas.

El portavoz, además, ha retado al PP a denunciar los casos en lo que se hayan conculcado los derechos de las personas.

A la polémica se han sumado otros grupos como el PNV que, a través de Emilio Olabarría, ha pedido explicaciones al PSOE y al PP sobre la forma en que se realizan las escuchas.

Olabarría ha dicho a Europa Press que "existe la obligación política e incluso ética de explicar lo que está ocurriendo".

El CGPJ dice que todas las escuchas son autorizadas por un juez

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha dicho que le consta que todas las escuchas telefónicas han sido autorizadas previamente por un juez, además de fundamentadas y justificadas por una resolución judicial. "No me consta denuncia en otro sentido", ha añadido Bravo en unas declaraciones en Antena 3.

Bravo ha explicado que el CGPJ emitió un informe en 2004 sobre el SITEL en el que exigió que en todo momento sea la autoridad judicial la que controle las intercepciones y que no haya indefinición sobre quién tiene que hacerlo.

www.elpais.es 05.11.09

El PP considera ilegal un sistema de escuchas que contrató Rajoy en 2001

Sitel, avalado por el Supremo, funciona desde 2004 y se usó en el 'caso Gürtel'

El PP denunció ayer por "ilegal e inconstitucional" el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), un sofisticado dispositivo de pinchazos telefónicos que contrató Mariano Rajoy en 2001 como ministro del Interior, pagó María Dolores de Cospedal en 2003 como subsecretaria, puso en marcha Ángel Acebes en 2004, avaló el Tribunal Supremo en 2008 y se usa con orden judicial. Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP, quien evitó relacionar esta denuncia con las escuchas del caso Gürtel (hechas con Sitel), acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de tener "a la sociedad vigilada e interceptada".

El Sitel es un sistema informático que permite grabar todo lo que se haga por teléfono: quién llama y descuelga, el contenido de la conversación, los mensajes de texto, dónde están quienes hablan... El pinchazo lo hace la compañía telefónica, que es la que recibe la orden judicial, y deriva el teléfono al ordenador del policía encargado de la escucha. En el disco duro queda todo grabado, que se manda al juez en CD.

Pons alegó que el Gobierno del PP impulsó Sitel en 2003, pero que no lo utilizó por las dudas sobre su constitucionalidad del Poder Judicial y los ministerios de Defensa y Justicia. Y subrayó que ahora se usa "sin control" y se oculta. Rubalcaba compareció al rato en Interior para exhibir el contrato firmado en octubre de 2001, con Rajoy de ministro, con la empresa danesa ETI para crear Sitel. También mostró dos contratos, de marzo y octubre de 2003, firmados por Cospedal, en los que ETI se comprometía a tener todo listo el 30 de noviembre por 9,8 millones de euros.

"Cuando llegamos al Gobierno en 2004, Sitel ya estaba en marcha", aseguró Rubalcaba, afirmación que ayer rubricaron fuentes policiales y de la Guardia Civil. Estas últimas citaron el uso de Sitel en una operación antidroga en Pontevedra en febrero de 2004. "Todo lo que hay en el Sitel está autorizado judicialmente", reseñó Rubalcaba.

Pons también aseguró que se está interceptando "sin cobertura legal", ya que Sitel está regulado por un reglamento y una ley ordinaria pese a que las escuchas afectan a un derecho fundamental. El Supremo ya desestimó en febrero de 2008 un recurso en ese sentido de la Asociación de Internautas, cuyo presidente, Víctor Domingo, estaba ayer en el acto de Pons. La sentencia, con un voto discrepante, dice que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 579) y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez. El Supremo añade que la reserva de ley orgánica a la que obliga la Constitución (artículo 18.3) "no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interceptaciones". Es decir, que una ley orgánica no tiene por qué regular si se graba con un ordenador por Sitel o con magnetófonos.

www.elpais.es 05.11.09

AGUIRRE INSISTE EN EL ESPIONAJE: "UN ORDENADOR GIGANTE PERMITE A RUBALCABA ESCUCHAR LAS CONVERSACIONES DE TODOS" 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido al caso Gürtel que afecta a su partido para reclamar el levantamiento del secreto de sumario, y ha eludido abordar una posible financiación ilegal en PP. “Al parecer hay un informe policial de la brigada de blanqueo, no sé que tiene esto que ver con la financiación de un partido”, ha explicado en una entrevista en Los desayunos de TVE. Aunque con algún titubeo, ha insistido en la teoría de la persecución a su partido: “No he dicho que [Rubalcaba] pinche teléfonos... vamos, lo dije pero rectifiqué, estábamos de broma (…) no quiero acusarle de hacerlo directamente, pero escuchas haberlas haylas”. “Al parecer hay una especie de ordenador gigante que le permite al ministro del Interior escuchar las conversaciones de todos nosotros”, ha añadido. 

Aguirre insiste en que no hay espionaje en el PP de Madrid y volvió a desmentir que personal de seguridad controlara el Ayuntamiento como ha informado El País. “Da la casualidad de que había un encierro de funcionarios y sindicalistas y estaban ahí, pero no para espiar a Cobo y Gallardón, sino para proteger a la consejera”, repitió.

No necesita el respaldo de Rajoy a Camps 

La presidenta no cree que necesite el respaldo que Rajoy ha mostrado con Francisco Camps porque a ella “no la acusan de nada”. En el único caso que se ha demostrado que hubo espionaje, ha dicho, es a Ignacio González, un caso que está en los tribunales, por lo que instó a ver “quién está detrás”.

Diferencia los impuestos de las tasas de Gallardón 

Tras criticar el incremento fiscal del Gobierno de Zapatero, Aguirre se defendió de las críticas de que el PP sube impuestos donde gobierna. Aguirre aseguró que “se lo podrán criticar a otros” pero la Comunidad de Madrid no es así. Y sobre la polémica tasa de basuras que ha impuesto en el Ayuntamiento de Madrid su compañero de filas Alberto Ruiz-Gallardón, justificó que “una tasa es distinto de un impuesto, cobra por un servicio público lo que cuesta”.

No al "chute hormonal" sin receta 

La lideresa también arremetió contra la posibilidad de adquirir en farmacias a partir de hoy y sin receta la píldora poscoital, que definió como un “chute hormonal”. Así apuntó que le “molesta bastante” que le pidan receta para un “antibiótico” o que “para la píldora normal hace falta receta”. “Lo normal es que para este chute sería que hiciese falta receta”, dedujo.

"Volver al pueblo" en Benidorm 

Sobre el transfuguismo en Benidorm, Aguirre no dudo en recetar en pedir el mismo procedimiento que se aplicó tras el tamayazo: “Lo que hay que hacer es volver al pueblo, disolver el Ayuntamiento y convocar elecciones”. 

(www.elplural.com, 28/09/09)

LOS POPULARES NO LLEVARÁN HASTA EUROPA LA TEORÍA DE LA PERSECUCIÓN 

La teoría de la persecución, que dominó el discurso del PP durante todo el verano y el inicio de septiembre, no desaparece pero remite. En agosto, en pleno fragor de las denuncias sobre el supuesto espionaje sufrido por dirigentes populares -nunca probadas-, Mariano Rajoy dijo dos cosas: una, que él preguntaría en el Congreso a José Luis Rodríguez Zapatero por este asunto. No lo hizo. Y dos, que pensaba llevarlo al Parlamento Europeo para "defender el honor del PP" y denunciar que el PSOE se aprovechaba de la fiscalía y la policía para perseguir a la oposición. 

Tampoco el segundo anuncio se cumplirá, según Luis de Grandes, número dos del PP en el Parlamento Europeo. "Eso fue una reflexión que se quedó ahí. Se ha especulado con la posibilidad, pero no vamos a emprender ese camino, no vamos a poner palos en las ruedas en plena presidencia española de la UE, vamos a aportar fortaleza, ideas y apoyo al Gobierno, no dificultades", señaló. 

Ante una nueva pregunta, el eurodiputado insistió: "El grupo parlamentario del PP en el Parlamento Europeo no tiene ningún encargo de emprender iniciativa alguna en ese sentido". 

Rajoy mantiene su tesis de que fiscalía y policía tratan de manera distinta a los supuestos corruptos del PP y del PSOE. Es lo que responde cada vez que le preguntan por el caso Gürtel, con lo que evita entrar en el fondo del asunto: la corrupción. Soraya Sáenz de Santamaría está preparando un informe -lleva semanas trabajando con su equipo- sobre ese trato discriminatorio. Sin embargo, algunos eurodiputados veteranos consideraban que llevar el asunto a Bruselas era muy arriesgado, porque podía fácilmente quedar en nada. Rajoy ha optado por la prudencia para concentrarse en sus tareas de oposición. 

(www.elpais.com, 22/09/09)

EL PP CIERRA SU CORTINA DE HUMO Y NO LLEVARÁ SU 'PERSECUCIÓN' A EUROPA 

El Partido Popular no llevará a la Unión Europea las denuncias sobre la supuesta persecución al partido y las escuchas ilegales a algunos de sus dirigentes, ha informado hoy el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz. 

En declaraciones a los periodistas tras el acto de presentación de un libro del líder de los populares europeos, Wilfred Martens, al que ha acudido el ex presidente José María Aznar, el número dos del PPE ha afirmado: "No habrá discusión" sobre este asunto "en ningún órgano europeo". 

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, aseguró el pasado mes de agosto que algunos dirigentes de su partido eran objeto de supuestas escuchas ilegales, todo ello en el marco de una hipotética campaña de persecución judicial al partido. 

Unos días más tarde el responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, indicaba que su formación meditaba llevar a la UE este asunto

El PP había presentado una denuncia a la Justicia sobre las filtraciones a los medios de comunicación de los casos contra algunos de sus más relevantes mandatarios, como el presidente valenciano, Francisco Camps. En dicha denuncia censuraba además la interceptación ilegal de algunas conversaciones telefónicas. 

La denuncia podría haber tenido su continuación en la UE, pero hoy tanto López Istúriz como el eurodiputado popular Luis de Grandes, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del PP, han corroborado que tales medidas no llegarán a la UE. 

De Grandes ha dicho que "a día de hoy el PP no ha recibido ningún encargo de llevar esta iniciativa a Europa" y ha añadido que no hay intención de emprender una "estrategia procesal" en este sentido. "En su momento fue una reflexión", ha puntualizado 

(www.publico.es, 21/09/09) 

EL PARTIDO POPULAR NO LLEVARÁ A EUROPA SU 'TEORÍA DE LA PERSECUCIÓN' 

El Partido Popular no llevará a la Unión Europea las denuncias sobre la supuesta persecución al partido y las escuchas ilegales a algunos de sus dirigentes, según ha informado el secretario general del PP Europeo, Antonio López-Istúriz. Tras el acto de presentación de un libro del líder de los populares europeos, Wilfred Martens, al que ha acudido el ex presidente José María Aznar, el número dos del PPE ha afirmado: "No habrá discusión" sobre este asunto "en ningún órgano europeo". 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el pasado mes de agosto que algunos dirigentes de su partido eran objeto de supuestas escuchas ilegales, todo ello en el marco de una hipotética campaña de persecución judicial al partido. Unos días más tarde el responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, indicaba que su formación meditaba llevar a la UE este asunto. 

El PP había presentado una denuncia a la Justicia sobre las supuestas filtraciones a los medios de comunicación de los casos contra algunos de sus más relevantes mandatarios, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En dicha denuncia censuraba además la supuesta interceptación ilegal de algunas conversaciones telefónicas. 

La denuncia podría haber tenido su continuación en la UE, pero hoy tanto López Istúriz como el eurodiputado popular Luis de Grandes, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del PP, han corroborado que tales medidas no llegarán a la UE. De Grandes ha dicho que "a día de hoy el PP no ha recibido ningún encargo de llevar esta iniciativa a Europa" y ha añadido que no hay intención de emprender una "estrategia procesal" en este sentido. "En su momento fue una reflexión", ha puntualizado. 

El eurodiputado del PP ha ofrecido "consenso", "diálogo" y "lealtad" al Ejecutivo para fijar las prioridades de la Presidencia española de la UE. "Nosotros no tenemos ninguna intención en hacer coincidir con la Presidencia española ningún tipo de palos la rueda para que tenga dificultades el Gobierno", ha agregado.

Según ha explicado De Grandes, el Partido Popular quiere aportar "fortaleza" y "no dificultades" al Ejecutivo. "El Gobierno es nuestro Gobierno aunque nos pese y en el exterior vamos a defenderlo sin ningún tipo de duda con toda la fuerza y además supliendo la fragilidad de Zapatero y la fragilidad de la izquierda europea, que es mucha", ha subrayado. 

 (www.elpais.com, 21/09/09)

COSPEDAL CREE QUE LO PEOR DE LA CRISIS DEL PP YA HA PASADO 

El partido presidido por Mariano Rajoy cree que sus malos tiempos han tocado a su fin. O, al menos, eso es lo que puso ayer de manifiesto su secretaria general, María Dolores de Cospedal, en la inauguración de un encuentro con presidentes provinciales e insulares en Córdoba. "Ya ha pasado el tiempo de sufrir y pasarlo mal. Es el tiempo de preparar el impulso definitivo", dijo la número dos del PP. Antes, les había recordado que el partido ha sufrido "obstáculos", ha superado "intentos de aislamiento" y "campañas de acoso y derribo" que no han impedido "ganar todos los procesos electorales del último año". 

Con estas afirmaciones, De Cospedal dejó entrever la confianza de la dirección nacional del partido en que los escándalos de corrupción que salpican a varios de sus dirigentes van a tener un final feliz. El diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas están a la espera de ser llamados a declarar por el Supremo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, sigue en el punto de mira de la Fiscalía. 

Cospedal no se arrepiente de acusar de espionaje sin prueba alguna. La misma persona que ayer intentaba insuflar ánimo a los suyos, ha sido el rostro que a lo largo de todo agosto encendió las sospechas de escuchas ilegales por parte del Gobierno. De hecho, horas antes de su intervención en Córdoba volvía a tirar de la teoría de la persecución. En declaraciones a la Cadena Cope, dijo no arrepentirse "en absoluto" de sus acusaciones. Y es que, a su juico, tiene la "obligación moral y política" de denunciar la "vulneración" de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la intimidad. También advirtió al Ejecutivo de que "abrir una causa política contra el partido de la oposición es propio de las dictaduras". Hasta la fecha, el PP no ha aportado ni una sola prueba de sus sospechas. 

La réplica no tardó en llegar. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió al PP que "deje de buscar conspiraciones" y que "limpie la casa". "La prueba de que las escuchas no se las creen ni ellos es que no han ido a los juzgados", recalcó en declaraciones a Telecinco.

Superado ya el tiempo de "pasarlo mal", Cospedal se mostró convencida de que la principal tarea del PP es la de hacer posible el cambio político en España para acabar con un presidente "inconsistente, profundamente sectario, improvisador, resentido y fundamentalista de una ideología caduca". Que, además, "carece del coraje" para llevar las riendas. 

Cospedal se lamentó de que el Gobierno tome medidas para "dividir a los españoles", frente a las apuestas del PP, que buscan lo contrario. "España necesita una política de austeridad en el gasto público, una reforma fiscal para la bajada de impuestos y reformas estructurales", añadió tirando de argumentario. 

Además de De Cospedal, intervinieron Ana Mato, vicesecretaria de Organización, y Javier Arenas, responsable de Política Autonómica y líder del PP andaluz. En ambos discursos dominaron las ideas de que el cambio es posible, sobre todo a tenor de las últimas encuestas, y de que Rodríguez Zapatero está perdiendo el crédito incluso entre sus compañeros de partido. 

Mato señaló que el cambio de Gobierno es "posible e imprescindible" porque "estamos ante una situación de emergencia nacional". Por su parte, Arenas apostó por su partido como "lo moderno" frente al PSOE, que en su opinión "es lo antiguo".  

(www.publico.es, 18/09/09)

COSPEDAL ACUSA A ZAPATERO DE SER UN "FUNDAMENTALISTA DE IDEAS CADUCAS" 

El PP avanza en sus duras críticas hacia el gobierno, y la secretaria general del partido ha calificado al presidente del Gobierno de ser "un inconsistente y un improvisador profundamente resentido". La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, afirmó que el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, es "un inconsistente, un improvisador profundamente resentido y un fundamentalista de ideologías caducas" que "carece de la grandeza y el coraje suficientes para liderar España en estos momentos". 

Cospedal, que inauguró en Córdoba una reunión de presidentes provinciales del PP de toda España a la que posteriormente se incorporará el presidente del PP, Mariano Rajoy, subrayó que, además, la "soberbia" con que actúa Zapatero le ha llevado a estar "solo y aislado", hasta tal punto que "grupos mediáticos que le daban su apoyo ahora se lo están retirando". 

(www.cadenaser.com, 17/09/09) 

COSPEDAL: "NO ME ARREPIENTO DE MIS ACUSACIONES DE ESPIONAJE" 

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no se siente "en absoluto arrepentida" por haber provocado la polémica de los supuestos espionajes a su partido, pues "cuando se vulneran los derechos fundamentales", los miembros del PP tienen "la obligación moral y política de denunciarlo". 

De Cospedal ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a la COPE, donde se le ha preguntado si se arrepentía de haber lanzado acusaciones de escuchas ilegales a miembros de su partido, sin haber presentado prueba alguna

"No se puede abrir una causa política contra el primer partido de la oposición, eso sólo pasa en las dictaduras", concluyó. Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado convencido de que la estrategia del PP es lanzar otras acusaciones al Gobierno para evadir sus propias responsabilidades.  

"El PP dice ahora que son santos, y que la culpa es de jueces, de fiscales…En vez decir que tienen problemas de corrupción, se inventan una teoría de persecución. Lo que tienen que hacer es limpiar la casa y dejar de descalificar y de insultar", ha declarado. 

(www.publico.es, 17/09/09)

ANTICORRUPCIÓN PARA LOS PIES AL PP CON UN INFORME SOBRE SUS ACTUACIONES 

La Fiscalía Anticorrupción se dispone a parar la campaña de descrédito iniciada por el PP para ocultar los escándalos de corrupción en las filas conservadoras. Desde hace meses, los populares descalifican sistemáticamente a las instituciones judiciales y policiales culpándoles de un supuesto acoso y persecución que, en el caso de la Fiscalía, pasa por una nunca probada dejación de funciones selectiva –es decir, por investigar sólo casos que afectan a este partido obviando los que implican al PSOE-. El ministerio Público ha decidido cortar las alas al principal grupo de la oposición, y ha anunciado que difundirá un documento con todas las actuaciones ejecutadas para garantizar el secreto de sumario en el caso Gürtel. Además de confirmar que Anticorrupción ha actuado correctamente, este informe recordaría que el organismo ha requerido siete investigaciones sobre las filtraciones a la prensa, un hecho que, en su opinión, podría ser delictivo, recoge la Ser. 

El ministerio Fiscal, órgano que tiene encomendado promover la justicia a través de la acusación penal, ha tenido que pasar a la defensa ante la magnitud de las acusaciones del PP, un grupo que insiste en atacar a las instancias judiciales y policiales para ocultar sus presuntas corruptelas.

Ataques del PP 

Sin ir más lejos, ayer el grupo insistió en que todas sus acusaciones quedarán probadas en el informe que está elaborando la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. A falta de que se haga público el esperado documento, Sáenz de Santamaría volvió a cargar contra la Fiscalía, que está “aleccionada” por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y no “actúa” ante casos como Matsa o Mercasevilla. Si alguien quiere pruebas tendrá que remitirse a las “fotos” y a los periódicos.

Sin rectificar 

Sáenz de Santamaría no presentó el informe que, según dice, ya está listo e incluye 160 casos. Tampoco rectificó los pocos datos adelantados que no se correspondían con la realidad, por ejemplo, el apuntado por el presidente del partido, Mariano Rajoy, quien el pasado 2 de septiembre aseguró que “desde 2004 no hay ningún militante del PP que haya sido condenado” cuando habría 41. O el avanzado por la misma portavoz sobre los porcentajes de absoluciones en el PP que ascenderían, dijo, al 90%. Los cálculos documentados por el diario Público invierten la tendencia: 94% es el porcentaje de detenidos que continúan imputados o ya han sido condenados.

El informe fiscal 

Así las cosas, no es de extrañar que ayer Sáenz de Santamaría no precisara fechas ni garantizara la publicación de su informe. “Se remitirá a la dirección del partido para la utilización que se estime más oportuna”, zanjó. Tampoco hay fecha para el de Anticorrupción, aunque sus datos son más contrastables. El organismo recuerda que desde mayo pasado ha enviado a distintos juzgados siete escritos ordenando investigar si algunas filtraciones de Gürtel constituyen un delito de revelación de secreto y condenando rotundamente este tipo de prácticas en procesos declarados secretos. 

(www.elplural.com, 16/09/09)

ESPERANZA AGUIRRE, AÑO 1984 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido que "todos estamos siendo espiados" ya que, según ha sabido este fin de semana, "desde 2004, el Gobierno central está utilizando un sistema de escucha que le permite al señor ministro del Interior conocer todo sobre todos", algo que le ha dejado "impresionada". 

"Mis conversaciones telefónicas, como las de todos ustedes, transcritas en un medio de comunicación son absolutamente letales. Hay que saber que todos estamos siendo escuchados", ha alertado. 

Respecto a la causa del tesorero del PP Nacional, Luis Bárcenas, en el marco del caso Gürtel, asumida por el Tribunal Supremo, Aguirre ha hecho referencia a la visita que dos policías hicieron al domicilio para entregarle una citación "a quien no puede ser citado". 

"El periódico El País anteayer decía que era una citación como testigo, y ayer se le ocurrió que era una citación para la mujer de Bárcenas, y ¿dónde está esa citación?, y entonces nos dice que a los cuatro días el juez Pedreira decidió quitarla". 

"Esto es muy extraño y debe ser aclarado", reclamó, y, si existe la citación, "que la enseñen, que levanten el secreto de sumario que es lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo", aseveró. 

"Sin duda que hay personas con avaricia pero hay que aplicar la presunción de inocencia y tienen que ser los jueces los que digan, condenen o establezcan lo que ha ocurrido de verdad", señaló. 

"A mi lo que me aterraría es que se hiciera un juicio de cinco, ocho, nueve o diez años de duración, lo que es una locura". Para ello, "siempre pongo el ejemplo de Madoff, que ha timado a todos los ricos del mundo, pues en menos de un año se le ha juzgado, se le ha condenado y se le ha encarcelado", por lo que aseguró que la justicia española "es de una lentitud lamentable". 

(www.publico.com, 14/09/09)

SAÉNZ DE SANTAMARÍA LLEVA AL CONGRESO LA 'TEORÍA DE LA PERSECUCIÓN' 

El PP demostró ayer que no tiene intenciones de abandonar la teoría de la persecución, la estrategia defensiva diseñada por el partido para responder a las decisiones judiciales y las revelaciones periodísticas del caso Gürtel. Los populares no quieren que esto se convierta en el eje de su estrategia, pero tampoco van a aparcar el asunto. 

Este difícil equilibrio se trasladó ayer al Congreso. Mariano Rajoy evitó plantearlo en su pregunta de la sesión de control, al contrario de lo que había anunciado en verano, pero encargó ese trabajo a su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, que protagonizó un agrio debate con María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera. 

"El Gobierno socialista no cree en la separación de poderes, e intenta poner todas las instituciones del Estado al servicio del PSOE, bien sea para atacar al PP, bien sea para tapar sus vergüenzas, como en el caso de Mercasevilla o en Estepona", envidó Sáenz de Santamaría. 

De la Vega entró de lleno: "Mucho acusar a los demás y ustedes no dan ni una sola explicación. Le guste o no, todos los fiscales en este país actúan de forma independiente. Tanto que el fiscal jefe anticorrupción, que es el que a ustedes les preocupa ahora, lo nombraron ustedes". 

(www.elpais.com, 10/09/09)

EL PP AVALA LAS DENUNCIAS DE CAMPS SOBRE EL "RÉGIMEN DE TERROR" 

El partido presidido por Mariano Rajoy no supo precisar ayer la forma en la que va a hacer frente al "régimen de terror" que, según el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quieren instalar" los socialistas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se limitó a respaldar las palabras de su compañero y asegurar que Camps se había explicado "con claridad" durante el mitin-cena que el partido celebró el pasado viernes en la plaza de toros de Valencia.  

"A lo que dijo [Camps] me remito", añadió Pons. Así, aludió al momento en el que Camps, rodeado de aplausos y ovaciones, contrapuso la supuesta voluntad de los socialistas de "instalar un régimen de terror" en España con el deseo de su partido de apostar "por la democracia". 

Pese al esfuerzo de la dirección nacional del partido por respaldar dichas declaraciones del presidente de la Generalitat, varios cargos del PP coinciden en admitir la "dureza" de estas palabras. 

El propio Pons, durante la rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP, se mostró esquivo a la hora de responder a las dos preguntas de los periodistas sobre este tema. La primera vez evitó contestar y la segunda respondió sin entrar en detalles, pero, eso sí, avalando las graves acusaciones lanzadas por Camps. 

Tampoco quiso González Pons entrar a valorar la estrategia a seguir por su partido un mes después de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, acusara al Gobierno de espionaje a altos cargos del partido.  

El pasado 6 de agosto, María Dolores de Cospedal concedía una entrevista a la agencia Efe en la que acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero de utilizar todos los medios del Estado para derribar al PP. Hasta la fecha, el partido no ha dado a conocer prueba alguna. 

Preguntado sobre la cuestión, Pons señaló que "no hay nada nuevo que añadir. Valen las respuestas anteriores". A saber: que el PP sigue manteniendo que dirigentes del partido como Camps, De Cospedal y Federico Trillo han tenido los teléfonos pinchados, que las pruebas están en los periódicos y que no descartan acudir al Parlamento Europeo si la Justicia española hace caso omiso de sus denuncias. 

El mismo día en que El Mundo reveló que ha sido admitida a trámite la denuncia por filtraciones e interceptación ilegal de las comunicaciones presentada por Trillo a finales de julio, Pons confirmó que el partido se encuentra satisfecho. No obstante, mostró su sorpresa por el hecho de que sea el juez el que investigue y no la Fiscalía.  

"Cabe preguntarse si la fiscalía no investiga las filtraciones porque los filtradores están en la fiscalía", añadió el dirigente conservador.

(www.publico.es, 06/09/09)

Del "pucherazo" de Felipe al "ZP manipulador"

Hace pocos días era Celia Villalobos, quien ejercía en Andalucía de altavoz de esa locura onírica que se ha inventado el PP sobre la supuesta conspiración del Estado contra la oposición. Ahora, es su jefe de filas en el partido el que insite en extender por el sur las consignas Génova, 13, en Madrid. Y Javier Arenas es un maestro en difundir infundios.

El "salvémonos como podamos" de Génova ya ha llegado a Andalucía. Salvar el partido aún a costa de deteriorar las instituciones democráticas y su crediblidad.  Arenas es un reputado profesional cuando de difundir infamias partidarias se trata. Sólo recordemos que Arenas inauguró los nuevos modos de hacer política una noche de 1993, cuando acusó al PSOE de ganar las elecciones gracias a un pucherazo.

La noche del "pucherazo de Arenas
Lo narró perfectamente Ignacio Bayón: "Dicen que aquello fue un mal momento. Es lo mismo que argumentaba un contertulio de RNE que, hará unos diez años, dijo en antena que 'las leyes, como las mujeres, están hechas para violarlas'. Luego se disculpó: 'Fue un mal momento', dijo. Pero los malos momentos sólo sacan a flote lo mejor o lo peor de nosotros mismos: no nos hacen diferentes". Así explicó el gran periodista fallecido la noche del "desliz" de Arenas.

Altavoz de la conspiración
Por ello no ha extrañado que el presidente del PP-A -sacando lo peor que lleva dentro, como diría Bayon-  haya calificado de "aberración" la "manipulación política de la policía y los fiscales contra la oposición", algo que "no ha ocurrido nunca hasta ahora en España, ni con Felipe González, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo ni con José María Aznar".

Defensa de sus concejales y alcaldes
"No voy a aceptar que se maltrate a los alcaldes y concejales del PP", manifestó Arenas en la Junta Directiva Regional, celebrada ayer en la Málaga. "Esto no es un juicio de valor, sino una verdad como una catedral, y en los próximos meses lo tenemos que demostrar a la opinión pública y a los tribunales españoles y europeos", manifestó.

La amnesia de Arenas
"A un concejal o cargo público del PP se le ponen esposas y televisiones, mientras que a otros les dicen brinden al tendido, como en el caso de Alcaucín y venga usted dentro de tres días", añadió. En este sentido parece que Arenas posee amnesia política ya que precisamente el caso  del alcalde de Alcaucín fue extenso en imágenes . También olvida -o calla- que no muy lejos de allí, en Estepona, las fotos del edil socialista Antonio Barrientos, detenido y esposado, fueron portada de periódicos, entradas de informativos y tuvieron un inmenso protagonismo en los medios.

www.elplural.com 06.09.09

EL PP SEÑALA AHORA A LA FISCALÍA COMO POSIBLE AUTORA DE LAS FILTRACIONES

El PP ha recibido con satisfacción la admisión a trámite de sus dos denuncias contra las filtraciones del 'caso Gürtel', pero también con una nueva y pública advertencia dirigida a la Fiscalía, para que se implique en la investigación.

"Nos alegramos mucho por la admisión a tramite de las dos denuncias", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la formación, Esteban González Pons, "y nos llama la atención que los jueces admitan la denuncia de un asunto que no investiga la Fiscalía".

A la espera de conocerse la postura procesal del Ministerio Público en las diligencias ya incoadas por los dos magistrados de Plaza de Castilla, los 'populares' no han dudado en recordar el anuncio que éste hizo público en un comunicado el pasado mes de julio acerca de su propósito de abrir de oficio una investigación sobre el origen de la publicación de diversas conversaciones grabadas por la Policía Judicial a los imputados de la trama, en la que aparecían, entre otros, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

En referencia explícita a este anuncio, los 'populares' excluían a la Fiscalía en su escrito de denuncia por revelación de secretos presentado en julio pasado. Sin embargo, la falta de noticias al respecto, unida a la recién notificada incoación de diligencias por parte de los jueces, ha llevado este domingo al portavoz del PP a dar un paso adelante: "Cabe preguntarse", ha dicho, "si la Fiscalía no investiga las filtraciones porque los filtradores están en la Fiscalía".

Dos denuncias admitidas a trámite

La denuncia admitida por el titular del juzgado de instrucción número uno de Madrid, Pedro López Jiménez, recoge, entre otras, la divulgación en 'El País' y la Ser de una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas, grabadas por orden judicial, entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Álvaro Pérez 'El Bigotes', uno de los responsables de la trama. Algunas de ellas, según el PP, no fueron incorporadas al sumario.

Anteriormente, había ocurrido lo mismo con otra presentada por el PP de Valencia, en relación al caso concreto de la grabación de unas palabras de 'El Bigotes' sobre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En ella, 'El Bigotes' aseguraba haber regalado bolsos de Louis Vuitton a la alcaldesa del PP.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/06/espana/1252243626.html 

UN SEGUNDO JUEZ INVESTIGA LAS FILTRACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

Ya no es uno sino dos los jueces que han ordenado investigar las filtraciones del 'caso Gürtel' denunciadas por el PP. El titular del juzgado de instrucción número uno de Madrid, Pedro López Jiménez, ha admitido a trámite el escrito interpuesto por la dirección nacional del partido por el delito continuado de violación de secretos, revelación de actuaciones secretas e interceptación ilegal de las comunicaciones.

La denuncia recoge, entre otras, la divulgación en 'El País' y la Ser de una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas, grabadas por orden judicial, entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y uno de los responsables de la trama, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Algunas de ellas, según el PP, no fueron incorporadas al sumario.

El auto, recién notificado, lleva fecha de 30 de julio, una semana posterior a la presentación de la denuncia, que fue particularmente aireada por Génova ante los medios de comunicación, y que precedió a la del PP de Valencia recién admitida por la juez del 17, María Luisa García, en relación al caso concreto de la grabación de unas palabras de 'El Bigotes' sobre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El juez López Jiménez se ha limitado a librar oficio a la Policía Judicial "para que, a la mayor brevedad posible, se comunique la identidad de los funcionarios que han intervenido en las labores de escucha y grabación de comunicaciones telefónicas", ordenadas en su día por el juez Baltasar Garzón.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/espana/1252172955.html

Ante el ridículo de las escuchas, el PP opta por mentir e inventarse pruebas

Ante el ridículo de las acusaciones de escuchas ilegales realizadas por el Partido Popular contra el Gobierno, los dirigentes populares han optado por inventarse las pruebas. Así lo hicieron, el mismo día y casi a la misma hora, María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido e inventora de la serpiente del verano, y Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Mientras la primera hablaba de una conversación suya, “privada” y publicada “en televisión”, el segundo se sacaba de la manga una noticia “a cuatro columnas” que jamás existió.


Tanto Público como El País han tardado menos de 24 horas en poner al descubierto las mentiras del Partido Popular, que ha echado mano de pruebas falsas ante la evidencia de no tener las evidencias tangibles con las que demostrar sus graves acusaciones.

Ni cuatro columnas…
“Hemos visto cosas realmente sorprendentes. Como esa conversación entre Federico Trillo y el letrado representante del PP en algunos sumarios, reproducida en un periódico a cuatro columnas. Como mínimo es llamativo”. Así probó Juan José Güemes, consejero de Aguirre y yerno de Carlos Fabra a tiempo completo, que su partido estaba siendo espiado. "Bueno, yo leí una prueba a cuatro columnas en un periódico”, remachó por segunda vez en Los desayunos de TVE el martes.

… ni una
Sin embargo, El País no tardó en replicarle: “El origen de este bulo es una información de la cadena SER que decía que Trillo podía estar presionando a un juez del caso Camps llamado Juan Montero”, explica el diario de Prisa en un pieza. “En cualquier caso, ninguna conversación entre Trillo y un Montero ha sido publicada en ningún sitio”. O sea, que Güemes jamás leyó una noticia con la conversación. Ni a cuatro, ni a una columna.

Conversaciones privadas
Por otra parte, está
la entrevista a María Dolores de Cospedal en Telemadrid, también el martes. Allí, la número dos del PP aseguró que "se han producido grabaciones que han aparecido en la televisión acerca de conversaciones que he tenido yo misma, privadas". En realidad, Cospedal sólo se puede referir a una frase suya que, efectivamente, sí salió en televisión. "No, hazlo tú que yo me meto en una reunión".

El documental
El diálogo era entre ella y Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y se publicó en
el documental Trama Gürtel, cerco al PP
, de la cadena Cuatro. Los populares estaban discutiendo sobre quién debía comunicar a López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que tenía que pedir la baja en el partido por su implicación en el caso Gürtel.

Una transcripción
Sin embargo, como ha desvelado Público, aquella conversación ni era literal ni fue obtenida mediante una grabación. En realidad, era una recreación de un diálogo del que los redactores de la cadena “habían tenido noticia” y en el propio documental se explicaba que era una recreación y no una "trascripción exacta ni de la reproducción de una conversación".

www.elplural.com 04.09.09

¿Está el PP incurriendo en delitos de calumnias por sus acusaciones sobre las escuchas?

El PP y, en especial, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, continúan acusando al Gobierno, sin presentar una sola prueba, de haber realizado escuchas ilegales a miembros del partido. De Cospedal insiste en que hay pruebas “por todas partes” de esta acusación, y apeló a la Fiscalía y a los jueces a investigar el caso, aunque no hay ni rastro de una posible denuncia. La secretaria general de los populares podría estar incurriendo en un delito de calumnias si no es capaz de probar sus acusaciones. La falta sería más grave (de denuncia falsa) si llevase el caso a los tribunales y no se demostraran las escuchas. Incluso el hecho de no denunciar un delito está tipificado en la ley de enjuiciamiento criminal.

El artículo 205 del Código Penal define el delito de calumnia como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. ¿Podrían estar el PP y su secretaria general, María Dolores de Cospedal incurriendo en esta falta cuando acusan al Gobierno y a los funcionarios públicos de interceptar las comunicaciones a altos cargos del PP?

¿Un delito de calumnias?
Fuentes jurídicas consultadas por El Plural recordaron que los pinchazos telefónicos y las escuchas sin autorización judicial están castigados por los artículos 197 y 198 del Código Penal. Por lo tanto, cuando De Cospedal acusa al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de haber espiado a dirigentes populares, les está acusando de un grave delito. Pero al no haber proporcionado ninguna prueba de ello –ni siquiera ha mencionado los nombres de los presuntos afectados-, podría estar incurriendo en un delito de calumnias, si es que su acusación es falsa.

¿Acusaciones o denuncias falsas?
El Código Penal también recoge, en su artículo 456, el delito de acusación y denuncia falsa, que consiste en llevar ante la justicia acusaciones a sabiendas de su falsedad. Cabría preguntarse si el PP no ha denunciado ante los tribunales las supuestas escuchas para no incurrir en este delito, que está penado con hasta dos años de prisión en caso de que los delitos que se imputen falsamente sean graves.

Denuncia genérica
De momento, la única denuncia que los populares han presentado es una denuncia genérica, sin nombres de afectados y sin alusión a las supuestas escuchas ilegales más allá de las forman parte del sumario del caso Gürtel (y, por tanto, realizadas bajo supervisión judicial) y que han sido filtradas a la prensa.

Deber legal de denunciar los delitos
Pero si las acusaciones del PP son auténticas y realmente tienen constancia de haber sido espiados, el hecho de no denunciarlo ante los tribunales podría suponer también un delito. El artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal señal que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de Instrucción”.

Sanción simbólica por guardar silencio
Según esta norma, De Cospedal y el resto de miembros de su partido que aseguran tener pruebas y conocimiento de las supuestas escuchas ilegales tendrían el deber legal de denunciar estos hechos constitutivos de delitos ante la justicia. No obstante, la sanción por esta falta es más bien simbólica: entre 125 y 250 pesetas (entre 0,75 y 1,50 euros aproximadamente).

www.elplural.com 04.09.09

DE COSPEDAL QUITA CREDIBILIDAD A RUBALCABA PORQUE "ES EL MISMO MINISTRO QUE DIJO QUE NO EXISTÍA EL GAL" 

La Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha contestado hoy a las palabras de Rubalcaba en las que insistió en que "las escuchas las ordenan los jueces" declarando que Rubalcaba "es el mismo ministro que dijo mirando directamente a la televisión que el GAL no existía". "Lo que tiene que hacer es investigarlo en vez de descalificar", ha aclarado. 

De Cospedal ha insistido, en una entrevista en Telecinco, que el PP " no ha hablado de actuaciones ilícitas de los jueces, sino de la utilización antidemocrática del Gobierno de los aparatos del estado para hacer esas escuchas". La Secretaria de los conservadores ha recordado que "no es la primera vez que ocurre en España, ya cayó un ministro por los mismo en otras épocas y, que casualidad, también fue con el partido socialista". 

"Yo no se si las escuchas se ordenan desde el Ministerio de Interior o desde otra institución del Estado, pero alguien tiene que haberlo organizado" ha aclarado, y reitera que "cuando se producen atropellos contra las personas, sean o no del PP, se tiene la obligación de denunciarlo". 

Preguntada por las declaraciones en que Ana Mato, Vicesecretaria del PP, aclaraba que la denuncia era de tipo genérica, De Cospedal ha enfatizado que "las denuncias, por su propias naturaleza, son genéricas, porque sino son querellas contra personas determinadas". Aun así, ha aclarado que "hay muchísimos indicios" de que las escuchas han existido, "se ha publicado en muchos medios".  

Según la Secretaria del PP, hay pruebas claras: "Tenemos indicios de que se han producido filtraciones de conversaciones de imputados, que deberían haber sido destruidas después de cerrarse el sumario".  

"Hay muchas clase de delitos aquí y el juez tendrá que delimitarlos", pero "cuando una persona denuncia un delito, quien tiene la obligación de investigarlo es la Fiscalía y el juzgado. Nosotros hemos hecho una denuncia política porque somos un partido político, pero no podemos dar datos concretos, eso datos se los damos a la Fiscalía". 

La portavoz en el Congreso de lso conservadores, Sáenz de Santamaría, ha hablado hoy del  informe que el PP está elaborando para demostrar "la doble vara de medir" del Ejecutivo y en relación a las supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido. Sáenz de Santamaría ha dicho que lo tienen "muy avanzado" y en el mismo se "demuestra que el PSOE y el Gobierno han hecho un uso ilegítimo de las instituciones, especialmente de la fiscalía". 

(www.publico.es, 02/09/09)

RAJOY INSISTE EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL PP 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, arranca el curso político con un discurso insistente sobre la supuesta persecución orquestada por el Gobierno contra su partido. Durante un acto ante los máximos dirigentes de la formación en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Rajoy ha asegurado que quiere un país de "ciudadanos libres e iguales" ante la ley y ha denunciado las "detenciones televisadas impropias de un país democrático", en referencia a los arrestos de ex altos cargos del PP balear implicados en el caso Palma Arena. 

Para desplegar su tarea de oposición e intentar desgastar al Gobierno, el PP va a organizar un acto cargado de símbolos el próximo 27 de septiembre. Rajoy ha anunciado una gran convocatoria para protestar contra la subida de impuestos que planea el Gobierno, que se celebrará en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla), con capacidad para 20.000 personas. 

El acto pretende ser una demostración de fuerza en un feudo socialista, dado que en esta localidad tanto el ex presidente del Gobierno Felipe González, como el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, han celebrado mítines electorales multitudinarios. 

Disparatada subida de impuestos

Rajoy ha criticado la pretendida subida de impuestos por "disparatada" y ha anunciado que su partido planteará "una batalla a fondo" para evitarla. En su opinión, las subidas de impuestos sólo servirán para retrasar la salida de la crisis y para penalizar el ahorro y la inversión. "Va a crear más paro, penalizará el consumo y la inversión, reducirá la renta disponible de las familias, reducirá los ingresos del Estado por la contención de la actividad y será un nuevo engaño", ha asegurado el líder popular para quien Zapatero ha hecho "lo contrario de lo que decía el programa del PSOE y en el debate de investidura. "Una vez más se va a engañar a los españoles", ha afirmado. 

Antes del discurro de Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que levantó este verano la polémica de la "persecución" con sus acusaciones de escuchas ilegales, se ha reafirmado en sus teorías. "Rubalcaba es la misma persona, que mirando a la televisión y delante de toda España, dijo a todos los españoles que aquello de el GAL no existe; la obligación de un ministro del Interior, en un Estado democrático si la oposición está denunciando actuaciones ilícitas, es investigarlo en lugar de insultar y descalificar", ha afirmado la número dos del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

EL PP MANTIENE VIVA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CON NUEVAS DENUNCIAS 

La enrevesada madeja en la que se ha convertido la estrategia defensiva del PP sobre el caso Gürtel sigue marcando la agenda de este partido. Desde múltiples frentes, varios dirigentes introdujeron elementos confusos para reforzar la tesis de las escuchas ilegales con una línea común: la de consolidar la nueva teoría de la conspiración, según la cual no hay un grave caso de corrupción ligado a Administraciones del PP sino un intento del Gobierno, la Fiscalía, la policía y algunos jueces de acabar con el PP. 

Los populares no sacan el asunto directamente, pero en cuanto son preguntados confirman y amplían sus tesis más extremas. Dolores de Cospedal, que abrió en agosto la espita que nadie consigue cerrar, se reafirmó ayer en Telemadrid en su acusación sobre las escuchas ilegales a dirigentes del PP: "Yo no voy a dar nombres y apellidos porque creo que no lo debo hacer, pero vuelvo a reiterar: altos dirigentes". 

Esteban González Pons, portavoz del PP, que ayer compareció tras la reunión de la cúpula del partido -Mariano Rajoy ha convocado para hoy al Comité Ejecutivo, la dirección ampliada-, protegió hasta el final a su secretaria general, y aseguró que no es el PP quien debe ofrecer pruebas, sino el Gobierno quien debe investigar el asunto: "En un país democrático, cuando alguien sufre un delito no se le dan mamporros. Hemos denunciado que nos sentimos espiados. Es la Fiscalía y la policía quien debe aportar pruebas. El Gobierno debería preguntarnos por qué nos sentimos perseguidos, en vez de insultarnos". 

González Pons trazó un panorama dramático de la supuesta persecución al PP, asociándolo a un régimen dictatorial. "En una democracia, tan terrible es que la oposición no sea libre como que no se sienta libre", sentenció. 

Pons ahondó aún más en el embrollo al detallar, como prueba de esas supuestas escuchas ilegales, que una de las dos conversaciones de Francisco Camps con Álvaro Pérez, El Bigotes, que publicó EL PAÍS, no está en el sumario. "Pudo ser grabada legalmente pero debió ser también legalmente destruida, y en vez de eso apareció en un medio de comunicación", apuntó Pons. 

En medio de la confusión, Esperanza Aguirre retiró su acusación de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era autor de las escuchas ilegales: "Rectifico", dijo. Ambos hablaron antes por teléfono. Rubalcaba agradeció el gesto e insistió: "En España no hay escuchas ilegales; lo saben Rajoy y Cospedal, sólo se escucha a delincuentes con autorización judicial". 

Mientras, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, denunció haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación". 

A pesar de todo, la Justicia sigue trabajando y el caso Gürtel sigue su lenta marcha, con más de 100 imputados. Ayer, la Mesa del Congreso aceptó tramitar el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya dimitió como portavoz adjunto del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

RAJOY ENTIERRA AHORA LA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS DE COSPEDAL DE ESCUCHAS AL PP

Los populares se centran en "la saña" de la fiscalía contra sus cargos públicos

El Partido Popular ya no sabe cómo poner distancia de las supuestas escuchas ilegales a sus dirigentes. Hasta Mariano Rajoy evita ahora respaldar la acusación que hizo su secretaria general, Dolores de Cospedal. Ayer, al ser preguntado de forma directa en la radio pública gallega si en España hay escuchas ilegales, el presidente de los populares respondió: "Bueno, lo que hay es un trato diferente a distintos grupos políticos. Hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas, y Soraya Sáenz de Santamaría dio información muy cumplida, fueron absueltas sin ni siquiera pasar por los tribunales".

Un día antes fue su portavoz parlamentaria la que omitió en el Congreso la denuncia de escuchas ilegales. Ambos sí insistieron en la línea de la supuesta persecución, es decir, de mencionar casos en los que supuestamente se ha producido un trato más duro de la fiscalía y la policía con cargos del PP implicados en casos de corrupción, pero eludiendo las escuchas ilegales.

El propio Rajoy aseguró ayer que "muchas de estas personas han salido absueltas sin ni siquiera ser juzgados por los tribunales; hemos visto cómo el fiscal procede con saña contra militantes del PP y, sin embargo, no hace nada en contra de Manuel Chaves, ni contra el director del CNI. Pedimos un trato igual para todos".

Hace diez días Rajoy sí respaldó la acusación de Cospedal al recordar en una entrevista con Europa Press la investigación judicial en la década de los 80 al Gobierno socialista por presunto espionaje a los partidos y en la de los 90 la dimisión de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno por las escuchas de los servicios secretos.

Sin embargo, fuentes de la dirección del Partido Popular aseguran que su intención es mantener la tesis de la persecución y la distinta vara de medir con el PP por parte de la fiscalía y la policía, pero sin incidir en las supuestas escuchas, sobre las que carecen de pruebas. Por ejemplo, el partido insistirá los próximos días en acusar de pasividad a la fiscalía por no actuar contra los gestores de la Caja Castilla-La Mancha, tras las actuaciones reveladas por el Banco de España.

Otro ejemplo será la denuncia de la actuación de la fiscalía y la policía en la Región de Murcia contra cargos del PP, cuando el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, era candidato por esa circunscripción. Según los populares, esos casos quedaron en nada.

Hace una semana, Rajoy dijo también que su primera pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso se referiría a la supuesta persecución. Ayer, rectificó y aseguró que pedirán explicaciones a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por anticipar el recurso de la fiscalía a la exculpación de Francisco Camps y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el trato a los detenidos en Baleares. Es decir, que lo harán otros diputados de su grupo.

El PSOE, a través del número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, aseguró que han notado un cambio en el PP, pero advirtió: "Que no piensen que del circo que han montado este verano se sale con el silencio, tienen que explicar porqué lo han hecho". Añadió que Rajoy "debe afrontar los casos de corrupción, más allá de las cortinas de humo para tapar los 110 imputados de la trama Gürtel".

www.elpais.es 27.08.09

AGUIRRE ACUSA AL GOBIERNO DE UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LAS INSTITUCIONES

"El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE", afirma la presidenta madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado con dureza contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su primera intervención pública tras sus vacaciones de verano ha hecho un repaso sobre los "graves asuntos" que a su juicio han ocurrido durante agosto. La presidenta madrileña ha criticado la "utilización partidista del Gobierno de la nación". Y ha precisado: "El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE".

Audio

Aguirre: "¿Quién permite que se hagan esas escuchas? (27/8/2009)

AUDIO - Cadena Ser - 27-08-2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la denuncia de escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes del partido -

Aguirre se ha sumado a la teoría de la persecución que sufren los populares y ha asegurado que "todos los días aparecen en los medios de comunicación las escuchas que se hacen siempre a miembros del PP o a personas relacionadas con el PP", escuchas que, a su juicio, son de una legalidad dudosa. La presidenta madrileña ha respaldado así las acusaciones sobre el supuesto espionaje al Partido Popular ordenado por el Gobierno, posición que contrasta con la actitud adoptada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer quiso poner distancia y eludió responder una pregunta directa al respecto.

La dirigente popular ha recordado las visitas que los ministros del Gobierno realizaron a municipios madrileños para comprobar el estado de las obras del plan E. "En esos actos se ha excluido a la Comunidad de Madrid. No sólo se excluye a la Comunidad de Madrid, sino que se invita al secretario general del PSM, Tomás Gómez", ha señalado Aguirre. "Es insólito es un desprecio a la Comunidad de Madrid". La presidenta olvidó decir que las obras que visitaron los ministros las realizan los ayuntamientos con el Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno nacional.

La presidenta regional ha criticado que "el Gobierno le haya dado una televisión de pago a sus amigos". Y ha cargado contra la ayuda de los 420 euros a los parados a los que se les ha acabado la prestación. "Es una maniobra para maquillar los datos del desempleo. Zapatero evita realizar reformas para no convertirnos en los campeones mundiales del paro que es lo que somos", ha señalado. "Es una utilización política del dinero público para despilfarrar en sus intereses políticos", indicó durante una rueda de prensa

Por otra parte, Esperanza Aguirre evito concretar si abrirá una nueva investigación sobre el supuesto espionaje político en Madrid tras conocerse que tres de los imputados han implicado a otros tres colaboradores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "Se ha demostrado que todo el personal de la Comunidad de Madrid encargado de realizar labores de avanzada y seguridad lo han realizado correctamente, pero si alguien ha hecho algo incorrecto somos los primeros interesados en saberlo", concluyó.

www.elpais.es 27.08.09

GONZÁLEZ PONS DESCALIFICA A LA POLICÍA Y A LA FISCALÍA 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dio ayer un paso más en el argumentario elaborado por la dirección nacional de su partido para acusar al Gobierno de acosar a los populares. "Habrá que replantearse seriamente reprofesionalizar la Fiscalía", aseguró González Pons en Valencia. "Si te dedicas a la política y eres del PP tienes más posibilidades de tener problemas con la Policía y con la Fiscalía", insistió.

El dirigente popular acusó a la Fiscalía de actuar por criterios políticos y aseguró que en otras circunstancias ésta habría abierto una investigación en casos como el de la caja de ahorros de Castilla La Mancha; la ayuda otorgada por la Junta de Andalucía a la multinacional minera donde trabaja una hija de Manuel Chaves o por la dimisión del anterior director del CNI. "Si no lo ha hecho es por razones políticas", sentenció el responsable de Comunicación del PP.

González Pons, que eludió aclarar qué pruebas tiene su partido para acusar al Gobierno de auspiciar supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares, no quiso valorar la advertencia socialista de que el PP podría estar incurriendo en un delito de calumnias. "La oposición no sólo tiene que ser libre, tiene que sentirse libre. Me da la sensación de que cuando la oposición no se siente libre algo ocurre en este país", prosiguió. Y añadió: "Cuando la oposición denuncia que no se siente libre y el Gobierno, en lugar de preocuparse, se siente aludido y ataca a la oposición da la sensación de que las convicciones democráticas se han agotado".

El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando instó a González Pons a "limpiar el PP de corruptos".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gonzalez/Pons/descalifica/Policia/Fiscalia/elpepinac/20090822elpepinac_5/Tes/

 EL PSOE ADVIERTE A RAJOY QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO DE CALUMNIAS

Un argumentario interno cita expresamente el artículo 205 del Código Penal

El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.

El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Y añade: "Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano". Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.

La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. "Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas", sostiene el PSOE.

El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que "lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M". "Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas".

El objetivo del PP, según los socialistas, es "consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza".

El primer dirigente socialista en interpretar este guión ha sido el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió ayer en la Cadena SER a la "campaña de engaño masivo" que ha emprendido el PP denunciando una "cruzada" contra sus dirigentes y alertó de que su objetivo es intentar "camuflar un gran escándalo que salpica" a su partido.

Blanco aseguró que esta campaña le recuerda a la emprendida tras los atentados del 11-M y señaló que en ambos casos los populares "carecen de pruebas".

"Plan de disuasión"

"Lo que el PP está haciendo y diciendo a jueces, fiscales y policías es lo que tantas veces hemos oído en las películas: 'yo que tú no lo haría, forastero'. Pretende un plan de disuasión basado en la difamación y la amenaza, pretende buscar la inmunidad a través de este plan", afirmó el número dos de los socialistas.

Por su parte, fuentes del PP aseguraron ayer que trabajan en la recopilación de datos para elaborar un informe que será remitido en breve al Parlamento Europeo. El informe incluye lo que el PP considera como actuaciones que prueban la persecución a su partido por parte de la fiscalía y el Gobierno. El informe será entregado a todos los parlamentarios europeos y está por decidir si promoverán algún tipo de actuación o resolución de la Eurocámara coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la UE el próximo 1 de enero.

http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/advierte/Rajoy/cometiendo/delito/calumnias/elpepinac/20090821elpepinac_7/Tes/

EL PP CREE NECESARIO "REPROFESIONALIZAR" LA FISCALÍA PARA QUE LA OPOSICIÓN SE SIENTA LIBRE

El PSOE pide a los populares que miren lo que sucede en "Génova" y en "el despacho del tesorero del PP" antes de atacar a otros partidos

El PP ha vuelto este viernes a la carga en su estrategia de denunciar la persecución a la que se encuentra sometido su partido por parte del Gobierno. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que cuando la oposición política "no se siente libre, algo grave ocurre en ese país", para lo cual considera necesario "reprofesionalizar la Fiscalía" General del Estado. González Pons ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por las escuchas ilegales que denuncia su partido, y ha afirmado que en estos momentos ser político y del PP supone tener "muchas más posibilidades de tener problemas con la Policía y la fiscalía" que si se es del PSOE.

"Eso desgraciadamente es así, y habrá que plantearse seriamente reprofesionalizar la fiscalía", ha manifestado el portavoz popular, quien ha indicado que la oposición "no solo tiene que ser libre", sino que también "tiene que sentirse libre" para que "no se autocensure". "Si Caja Castilla-La Mancha hubiera estado en una comunidad gobernada por el PP, si Chaves cuando dio la subvención de diez millones a la empresa de su hija hubiera sido presidente de una comunidad del PP, o si el director del CNI hubiera sido un alto cargo del Gobierno de Aznar, ¿alguien en España tiene alguna duda de que la Fiscalía habría abierto una investigación?", se ha preguntado.

Según González Pons, cuando la oposición "denuncia que no se siente libre" y el Gobierno "en lugar de preocuparse", se dedica a "atacar a la oposición", da la sensación de que las convicciones democráticas de ese Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "agotaron su reserva y están en número rojos".

Frente a la acusación de los populares de que el Gobierno instrumentaliza a la fiscalía para atacar al PP, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando ha pedido a González Pons que "en vez de mirar a otros partidos, debería mirar a la calle Génova, en el despacho del tesorero del PP y revisar todos los cajones y todas las cajas".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/cree/necesario/reprofesionalizar/fiscalia/oposicion/sienta/libre/elpepinac/20090821elpepunac_11/Tes

RAJOY RESCATA EL PASADO PARA DENUNCIAR LAS ESCUCHAS Y ZAPATERO LE PIDE RESPETO

Ningún grupo apoya en el Congreso las peticiones de comparecencias del PP

Mariano Rajoy se puso ayer al frente de las denuncias de escuchas ilegales a su partido para encabezar la ofensiva contra el Gobierno y, además, anunció que centrará en este asunto su actuación como líder de la oposición.

El líder popular cita como prueba contra el Gobierno hechos de 1985 y 1995

Así, el líder del PP anunció en una entrevista a Europa Press que su primera pregunta en el Congreso en septiembre al presidente del Gobierno se referirá a lo que él llama "persecución" contra su partido. Ni crisis económica ni paro.

A falta de pruebas o datos, Rajoy utilizó como referencia lo que ocurrió en 1985, cuando un juez investigó al Gobierno de Felipe González por espionaje a partidos, y en 1995, cuando dimitió el entonces vicepresidente Narcís Serra por escuchas ilegales a diversas personalidades, incluido el Rey.

No mencionó que ambos sumarios se abrieron por pruebas documentales de las que ahora él carece. En un caso fue la constatación de que dirigentes socialistas manejaban discursos de la oposición antes de pronunciarse, y en el otro fue la aparición de un listado de grabaciones de los servicios secretos.

Con esos antecedentes, Rajoy asegura que "no hay por qué rasgarse las vestiduras" por las denuncias del PP.

Al líder de la oposición le respondió ayer mismo desde Lanzarote el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la "responsabilidad, y la prudencia" del PP. "Deben tener prudencia porque las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada. Y respetar el Estado de derecho y las instituciones, que afortunadamente en España funcionan bien".

El PP formalizó su petición para que la Diputación Permanente del Congreso debata la próxima semana la comparecencia de la vicepresidenta primera, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado para que "expliquen las directrices que se han dado desde el Gobierno a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado para la persecución de militantes y dirigentes del PP" y la "constante utilización partidista y sectaria de la policía" contra sus militantes.

El dirigente socialista Antonio Hernando ha contactado con los demás portavoces y ninguno se ha mostrado dispuesto a apoyar las peticiones del PP. Es decir, los populares se quedarán solos en su denuncia y sus peticiones.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/rescata/pasado/denunciar/escuchas/Zapatero/le/pide/respeto/elpepinac/20090820elpepinac_6/Tes/

EL PP DECIDE SEGUIR DENUNCIANDO ESCUCHAS AUNQUE CAREZCA DE PRUEBAS

El comité de dirección avala a la 'número dos' y pide al Gobierno que investigue

Sin marcha atrás, sin ni siquiera pisar el freno y sin temor a estrellarse. El PP huye hacia adelante y no se apea de la denuncia de persecución política, incluida la denuncia de escuchas ilegales del Gobierno a sus dirigentes, aunque admita que carece de pruebas. Diez días después de que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, imputara al Ejecutivo el delito, el comité de dirección del PP acordó ayer seguir adelante con la estrategia. El órgano, que incluye a los principales dirigentes del partido, trató expresamente de las supuestas escuchas, y hubo unanimidad en proseguir con la denuncia pública y política, aunque no haya pruebas para ir a los tribunales.

El propio Mariano Rajoy intervino ayer para respaldar esa estrategia iniciada por su secretaria general. Los dirigentes populares acordaron insistir en la estrategia defensiva de denunciar una supuesta persecución y doble vara de medir de la Fiscalía y la policía con los casos de corrupción que afectan a su partido.

El catálogo tratado en el comité de dirección para sustentar esa estrategia incluye el seguir insistiendo en que se han publicado conversaciones del caso Correa o Gürtel que aseguran que no figuran en el sumario; la filtración de detalles de las investigaciones y el supuesto tratato a detenidos del PP por casos de corrupción en Baleares y Canarias. En ese catálogo incluirán ahora el de la acusación genérica de escuchas, una vez que Cospedal hizo la denuncia pública.

Sobre las escuchas se habló poco en la reunión de ayer, según varios asistentes. En la reunión admitieron que carecen de pruebas para concretar su denuncia, más allá de confidencias que aseguran haber recibido desde la policía y la fiscalía. Utilizarán otros indicios paralelos que no se refieren a escuchas a dirigentes del PP, que fue lo que denunció Cospedal. Por ejemplo, que dos conversaciones publicadas no están en el sumario del caso Gürtel en Valencia, según les explicó ayer Esteban González Pons.

Se habló lo suficiente del asunto para decidir que seguirán adelante, según acordaron sin que nadie objetara esa estrategia, ni en el comité de dirección ni en la larga comida posterior. Cospedal admitió de forma implícita en rueda de prensa la imposibilidad de aportar dato alguno que sustente su acusación. "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo". Después de siete preguntas, no se movió de ahí en su primera comparecencia tras haber acusado desde Marbella al Gobierno de hacer escuchas ilegales a sus dirigentes.

Y si hace diez días imputó al Gobierno un delito, ayer, sin aportar ningún dato y ni siquiera dar el nombre de los supuestamente espiados, la número dos del PP exigió al Ejecutivo que lo investigue e instó a buscar las pruebas en lo publicado en la prensa. Mantuvo la imputación del delito genérico, pero de ahí no se movió. "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente", dijo.

La estrategia del PP llegará la próxima semana a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el PP forzará un debate para pedir la comparecencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado. El PSOE cuenta con apoyos de sobra para rechazar las peticiones de comparecencia, pero el PP habrá conseguido el ruido de la bronca en el órgano que sustituye al Pleno. Se debatirá de la presunta persecución y no del fondo del caso Correa.

La dirección del PP sigue teniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar esa supuesta persecución a las instituciones europeas, coincidiendo con la Presidencia española de la UE que se inicia el 1 de enero. Ayer no se trató expresamente en la reunión de la cúpula del PP, pero destacados dirigentes son partidarios de forzar una resolución del Parlamento Europeo. La propia Cospedal insistió ayer en la rueda de prensa en que mantienen esta opción de acudir a la Eurocámara.

Las siete evasivas de Cospedal

La número dos del PP respondió ayer con evasivas a siete preguntas sobre las supuestas escuchas:

- "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo".

- "En cualquier país democrático, si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación".

- "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente".

- "En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas".

- "Los jueces son los que tienen que investigar. Vamos a llegar hasta el final".

- "Que el Gobierno respete las instituciones, que siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y que la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

- "Cualquier actuación que no sea ésa tenemos la obligación de denunciarla tanto si va en contra de nuestro partido como en contra de cualquier otro ciudadano".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/decide/seguir/denunciando/escuchas/carezca/pruebas/elpepinac/20090819elpepinac_2/Tes/

DE COSPEDAL INSISTE EN ACUSAR AL PSOE DE ESCUCHAS ILEGALES, PERO SIGUE SIN APORTAR PRUEBAS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó esta semana en sus acusaciones contra el Gobierno y el PSOE, a quienes acusa de haber intervenido de manera ilegal conversaciones de miembros de su partido. Igual que hiciera ayer la número tres del partido, Ana Mato, De Cospedal no aportó ninguna prueba de esas supuestas escuchas, ni tampoco dio nombres de los supuestos afectados. Insistió, eso sí, en apuntar que existe una campaña de acoso contra los populares

Ya lo dijo hace unas semanas y lo ha vuelto a repetir este mediodía: María Dolores de Cospedal insiste en acusar al PSOE de hacer escuchas ilegales contra miembros del PP pero, como siempre, sin dar nombres de los afectados y sin aportar pruebas de tan grave acusación. Ante la petición de los periodistas, una vez más, de dichas pruebas, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy se limitó a señalar que “hay muchas conversaciones publicadas en medios de comunicación, basta con echarles un vistazo”.

El Gobierno debería investigar

Lejos de suavizar este discurso, que ayer también repitió Ana Mato quedando en evidencia ante la prensa, De Cospedal aseguró que “lo que debería haber hecho el Gobierno es abrir una investigación y no insultar y ponerse a la defensiva”.

"Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho"

Ante la insistencia de los periodistas para arrancarle algún tipo de prueba sobre sus duras acusaciones, la número dos de los populares se limitó a comentar: “Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho, vamos a seguir hablando de este tema en el Parlamento”.

"Corrupción de las instituciones democráticas"

Además, De Cospedal subrayó que "la única prueba evidente" de presión a la Justicia es por parte del Gobierno y destacó que “en los ocho años que gobernó el PP nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Según denunció, “en cualquier país democrático si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar a la oposición".

Investigaciones judiciales

Sobre si el PP piensa presentar más denuncias judiciales o piensa revelar al Gobierno los nombres de quienes supuestamente habrían sido espiados para que se inicie una investigación, la dirigente se limitó a señalar que las denuncias “ya están presentadas” ante los tribunales y que “los jueces son los que tiene que investigar” este asunto.

www.elplural.com 18.08.09

EL PP AMENAZA CON ENTURBIAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Mato insiste, sin pruebas, en que los populares están sometidos a escuchas ilegales

El PP insiste: el Gobierno de Zapatero utiliza todos los instrumentos del Estado para llevar a cabo una "cruzada de persecución" contra ellos, que incluye las escuchas ilegales a dirigentes populares, una acusación de la que este partido sigue sin aportar pruebas que sustenten una denuncia ante los tribunales. Los populares continúan con su estrategia para intentar convertir la investigación de la trama corrupta vinculada a su partido con un caso de persecución política. El guión lo ejecutó ayer la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Ahora amenazan con llevar esa supuesta persecución, que Mato calificó de "cruzada", a las instituciones europeas y, más concretamente al Parlamento Europeo.

Si el PP lo hiciera finalmente, la tramitación de su denuncia coincidiría con el inicio el 1 de enero de la presidencia española de la UE. Es decir, España presidiría la UE con el Parlamento Europeo indagando si hay una persecución ilegal contra el principal partido de la oposición y si, por tanto, el Gobierno conculca derechos fundamentales.

La amenaza la hizo ayer Ana Mato y hoy el Comité de Dirección del partido, que se reúne presidido por Mariano Rajoy, decidirá si sigue adelante.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que se estudia aprovechar la mayoría que los conservadores tienen en la Eurocámara para propiciar una declaración contra el Gobierno español o, en el caso más extremo, una comisión de investigación. Aseguran que hay un precedente de declaración institucional contra un Gobierno de Austria por un acuerdo con la ultraderecha.

Esa denuncia, en todo caso, se referiría a la actuación de la Fiscalía, incluyendo la investigación sobre Francisco Camps y de otros casos como los de Canarias y Baleares que, según el PP, han supuesto persecuciones a miembros de su partido que finalmente han sido sobreseídas. Inicialmente no estaba previsto que se incluyeran las supuestas escuchas ilegales que denunció la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

De hecho, varios dirigentes del PP han asegurado a este periódico que se sorprendieron cuando oyeron a Cospedal hacer una denuncia pública sobre esas supuestas escuchas. En ninguna reunión del partido se tomó la decisión de hacer esa acusación, aunque sí se había hablado de los supuestos pinchazos en comentarios informales entre ellos. Admiten que no disponen de pruebas para presentar ninguna denuncia, más allá de referencias o informaciones que han recibido sobre esas supuestas escuchas desde la Fiscalía o la policía.

Habían decidido explotar la estrategia de la persecución, pero en ningún caso tenían previsto incluir las supuestas escuchas hasta que no las mencionó públicamente su número dos. No obstante, la cúpula del partido mantiene la denuncia pública, aunque ayer Mato, a falta de pruebas, las redujo a una cuestión de fe: "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP"; "los ciudadanos saben perfectamente que el PP está sufriendo escuchas telefónicas". "No puedo dar nombres", añadió la dirigente del PP, al admitir que tampoco puede aportar pruebas.

Al ser preguntada sobre la información publicada ayer en este periódico sobre los pagos de la trama corrupta por servicios al PP sin facturas, Mato se limitó a criticar las filtraciones y a asegurar que las cuentas del partido han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas.

Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, lamentó que el PP insista en su "cruzada contra el Estado", en lugar de iniciar una "cruzada a favor de la honradez, la limpieza y en contra de la presunta corrupción de algunos de sus dirigentes".

www.elpais.es 18.08.09

LA VIEJA Y FLEXIBLE CONSPIRACIÓN DEL PP

La acusación genérica a los poderes del Estado comenzó al día siguiente de la detención de Correa y evolucionó hasta culminar en las escuchas de Cospedal

Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11 de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora". Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después. "El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace tiempo". Como ahora.

A los populares les consta que gente de su partido tiene el teléfono pinchado

Acusan al Gobierno de utilizar jueces, fiscales y policías para acosarles

Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.

- Estalla el escándalo. En el primer fin de semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

El domingo, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio".

Para entonces sólo había dos cargos del PP imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.

- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial. En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia.

- Una decena de imputados. Han pasado seis meses y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP". Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.

- Las grabaciones. Con este panorama se llega a la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia, afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera. Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados. Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.

Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es por un "delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda en evidencia ante los sindicatos policiales.

- De la prevaricación de Garzón al espionaje del Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial. En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación, aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo después.

- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces, fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene pinchados los teléfonos.

Ese día, el desconcierto en el PP es palpable. Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han dicho "queremos saber".

www.elpais.es  16.08.09

"ZAPATERO ES LA PERSONA MÁS DICTATORIAL DEL MUNDO" 

El Partido Popular sigue escalando en su particular estrategia de crispación. La última en subirse al carro ha sido Ana Mato: “Zapatero es la persona más dictatorial del mundo”. La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP se sitúa así al nivel de su compañero Javier Arenas, mostrando su afinidad, después de que el andaluz asegurase que "solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos se persigue a la oposición con policías y fiscales". 

Mato ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha confirmado que su partido está manteniendo contactos con otros grupos y cargo contra el PSC por acusarles de estar manteniendo reuniones secretas con CiU.

El más dictatorial

“Zapatero ha pasado de ser la persona del talante a convertirse en la persona más dictatorial del mundo”. Ni más ni menos, así se ha referido al presidente del Gobierno, Ana Mato, la número tres oficial del Partido Popular, que ha también ha querido sumarse a la campaña de acusaciones sin prueba y comparaciones con dictaduras en la que se ha sumido el principal partido de la oposición para huir hacia adelante del caso Gürtel.

Lo habitual

Mato ha puesto como ejemplo de su idea las acusaciones que esta semana se hicieron desde el PSC acerca de reuniones secretas entre dirigentes de CiU y del PP. La popular ha confirmado que están teniendo “contactos” con diferentes partidos pero, según ella, es algo que se enmarca en la normalidad de las relaciones parlamentarias. "Son encuentros habituales en democracia, pero algunos se creen que la democracia sólo funciona cuando estás en el Gobierno y para los que están en el Gobierno", explicó.

“Una carga pesada”

Además, según Mato, estos contratos son aún más normales si se tiene en cuenta que "muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal" y "ya no confían en Zapatero". Incluso quienes han apoyado normalmente al Gobierno "saben que es una carga pesada llevar a Zapatero detrás y por tanto le están dando la espalda", según la popular.

Poder absoluto

A su juicio, Zapatero "utiliza todo con fines partidistas y tiene que darse cuenta de que es el presidente del Gobierno de todos los españoles, no solamente de su partido". "Por tanto -subrayó-, como presidente de su partido puede tener los contactos que quiera para que su partido vaya bien, pero como presidente del Gobierno tiene que tener contactos para que España vaya bien". Para la ex eurodiputada, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder y parece que tiene un poder absoluto sobre todo". 

www.elplural.com 15.08.09

VALCÁRCEL ACUSA AL GOBIERNO DE USAR A PERIODISTAS COMO "FRANCOTIRADORES" CONTRA EL PP

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusó ayer al Gobierno de querer "manipular a la Justicia" y afirmó que la "persecución al PP" llevó en su día en la región de Murcia a "tomar literalmente un pueblo", en referencia a los municipios de Totana, Librilla y Torre Pacheco. Sin citar al Ejecutivo pero con alusiones implícitas, Valcárcel arremetió contra la "parafernalia mediática" que acompaña a las detenciones de cargos del PP, y añadió que en Murcia esos arrestos se produjeron con la presencia, "como si fueran francotiradores", de medios de comunicación "avisados la noche antes".

El presidente se refería a las detenciones que llevaron a cabo Guardia Civil y Policía Nacional en Totana, Librilla y Torre Pacheco, donde fueron arrestados y encarcelados sus respectivos alcaldes y algunos ediles por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

"Luego todo ha quedado en libertad sin cargos, en libertad con pequeños carguitos y sin fianza alguna...", añadió Valcárcel, a pesar de que sobre el alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que pasó dos meses en prisión-, sobre el ex alcalde y diputado autonómico Juan Morales y sobre otros 10 imputados pesan delitos como malversación, prevaricación, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, infidelidad en custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez, encarcelados más de un mes, están acusados de cohecho, prevaricación y negociación prohibida. "Claro que respeto a la Justicia, yo soy muy respetuoso con ella, pero no con quien quiere manipularla", concluyó Valcárcel.

Zapatero, "dictatorial"

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sostuvo ayer que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo". Un ejemplo, según Mato, son las acusaciones que esta semana hizo el PSC acerca de supuestas reuniones secretas entre CiU y PP. Confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal y ya no confían en Zapatero", dijo Mato. Según ella, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder".

www.elpais.es 15.08.09 

“ZAPATERO ES RESPONSABLE DE UN COMPLOT DE ESTADO” 

El secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el "responsable de un complot de Estado" contra el PP y sus dirigentes. “Más que un complot –ha añadido- es una conspiración utilizando los resortes del Estado”. 

En una entrevista a Europa Press, el portavoz popular en las Corts criticó duramente la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso Gürtel, en el que el propio Costa ha estado imputado, y en la causa por malversación del Palma Arena. El secretario general del PP valenciano censuró también lo que calificó de "instrucciones" dadas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que se recurra el sobreseimiento de la instrucción contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de esa Comunidad.

"Persecución política"

"Vivimos en una época de clara persecución política”, acusó Costa, según él basándose en "hechos empíricos" como las "imágenes de las detenciones en Baleares", donde los imputados en el caso'Palma Aren' fueron esposados en su traslado a los juzgados. "Esto hace que te preguntes si es lo habitual por parte de la Policía", aseveró.

Las "instrucciones" de De la Vega

El número dos del PP valenciano dijo, además, que ver a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "dando instrucciones a Fiscalía sobre lo que tiene que hacer" consigue que "se ponga en tela de juicio la independencia de un organismo del Estado tan importante", por lo que su grupo político en las Corts -afirmó- estudia la posibilidad de pedir su dimisión, a través de una iniciativa parlamentaria.

"El Tribunal ya no decide sobre mí"

Acerca del sobreseimiento de la causa contra la cúpula de la Generalitat en el caso Gürtel, Ricardo Costa subrayó que los jueces "ya han tomado una decisión sobre Camps o sobre mí" y han concluido que "no hay ningún tipo de delito". Ahora –añadió- "el Tribunal Supremo no tiene que decidir sobre mí o sobre el presidente, sino sobre un recurso que va a presentar la Fiscalía y los socialistas valencianos".

"Me guardo las facturas...

Preguntado sobre si ahora se cuida de guardar todas las facturas, Costa señaló que "sólo me guardo aquellas que me puedan servir como garantía. No suelo ser excesivamente escrupuloso con ese tema". 

www.elplural.com 15.08.09

EL CGPJ DEJA "EN RIDÍCULO" A COSPEDAL Y SU ATAQUE A INSTITUCIONES, SEGÚN EL PSOE  

La portavoz del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha opinado que la decisión del CGPJ de no amparar a la juez de Sigüenza ante una resolución de las Cortes regionales supone "dejar en ridículo" a la dirigente del PP Dolores de Cospedal y su "estrategia de ataque a las instituciones". 

"Espero que la respuesta sea siempre como en esta ocasión", ha añadido Padilla, que ha convocado una rueda de prensa esta tarde tras conocer el rechazo por unanimidad de la Comisión Permanente del CGPJ a la petición de la juez que lleva el caso del incendio en que murieron once personas en 2005.

Ratificación

La portavoz del PSOE castellanomanchego ha expuesto que el Poder Judicial ha "ratificado" que no hubo intromisión del Parlamento en la labor de la juez, lo que su partido defiende desde que el 18 de junio las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la resolución por la que se solicitó el amparo. En esta resolución, aprobada por la mayoría socialista en las Cortes, se instaba al Gobierno regional, personado en la causa, a pedir el archivo de la misma contra los políticos y técnicos y la imputación de los ocho excursionistas que hicieron la barbacoa causante del incendio.

Estrategia

"Lleva un mes como para que se lo piense", ha dicho Padilla sobre Cospedal y su "estrategia de cuando las cosas van mal, atacar a la institución de turno", que "en esta ocasión eran las Cortes de Castilla-La Mancha"; "no disparen donde no tienen que disparar", ha recomendado al PP.

Perdón

Padilla ha considerado que la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha o los dirigentes del partido en esta comunidad autónoma "a estas horas ya deberían haber pedido perdón", ya que habían proclamado que la resolución de las Cortes era una injerencia del poder parlamentario hacia el poder judicial.

Decencia

En este sentido, Padilla se ha referido también a la portavoz parlamentaria del PP en las Cortes, Ana Guarinos, de quien ha dicho que "si tiene la más mínima decencia política debería cuestionarse pedir perdón e incluso su continuidad en la política".

Auto judicial 

Padilla ha recordado que fue el PP el que llevó a un pleno parlamentario el auto judicial -en el que la juez imputaba a veinte personas, sólo tres excursionistas- y ha interpretado que, como aquella estrategia les salió mal, prosiguieron su ataque contra la resolución que emanó de aquel pleno. 

Respeto

Al ser preguntada sobre el hecho de que el CGPJ, aunque decide no amparar a la juez sí reclama que los políticos respeten la independencia jurisdiccional, Padilla ha opinado que eso mismo lo comparte el PSOE, "el más absoluto respeto".

www.elplural.com 15.08.09

“CADA VEZ QUE GOBIERNA EL PSOE HAY PROBLEMAS DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS”

Javier Fernández Lasquetty se confiesa admirador de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. No en vano, antes fue secretario general de FAES y ahora es consejero de Inmigración de Aguirre. Con estos antecedentes, es de extrañar que haya tardado tanto en sumarse a la campaña de acusaciones del PP contra el Gobierno, pero ya ha acudido al toque a rebato: “Siempre que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas".

Lasquetty se ha remontado a los años en los que el vicepresidente del último gobierno socialista de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir tras el escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid, en una operación que también le costó el puesto al entonces ministro de Defensa Julián García Vargas.

Cada vez que gobierna el PSOE…

"Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas, porque al final -ha considerado- es lo mismo: Narcís Serra organizó un servicio de escuchas y aquí fue escuchado hasta el Rey de España".

Persecución popular

No podía faltar la acusación contra el Gobierno de perseguir al PP: “Lo que hoy estamos viendo es cómo el gobierno, más allá de escuchas en concreto, está centrando todo su esfuerzo en perseguir a la oposición, contando para ello con todos los resortes y aparatos del estado, en vez de dedicarse a lo que se tendría que dedicar, que es pensar qué es lo que vamos a hacer con los centenares de miles de personas que se van a ir al paro el próximo otoño".

Los esposados

Tampoco ha olvidado Lasquetty criticar las detenciones de sus compañeros de Palma, acusados de corrupción: "Lo que le preocupa es que se vean bien claras las imágenes de un concejal del PP esposado a otro, o que salga bien claro en una portada, cualquier historia que se van inventando".

Campaña contra Granados

Igualmente, cree que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha sufrido una campaña en su contra que, en realidad, pretendía golpear a Esperanza Aguirre, para "atacar la imagen prestigio y solvencia del gobierno regional". Afirma que "nada le hace pensar" que la presidenta de Madrid planee una remodelación de su gobierno, y menos a causa de Granados.

www.elplural.com 13.08.09

ARENAS ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP COMO EN LAS DICTADURAS

Los populares insisten en hacer a Zapatero responsable del supuesto acoso

Los dirigentes del PP se turnan cada día para mantener vivas sus acusaciones y preparar un otoño parlamentario en el que pretenden llevar la conspiración al Congreso. Ayer fue Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica, el encargado de alimentar la conspiración. "Solamente en las dictaduras se persigue a la oposición, a los adversarios, con fiscales y policías. Esta situación no debe continuar". Fue la aportación política del día.

Arenas se preocupó de que sus declaraciones llegaran a todas las redacciones a través de las agencias de noticias y de un vídeo producido por el PP. El dirigente popular ha avalado expresamente las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno utiliza los medios del Estado para espiar a dirigentes del PP y que tiene sus teléfonos pinchados. La acusación, una de las más graves realizadas en democracia por el principal partido de la oposición, aún no ha sido probada, ni denunciada en un juzgado, ni rectificada.

El discurso de los populares se centra ahora en insistir en una teoría conspirativa y, sobre todo, en intentar que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en persona entre en la guerra de declaraciones. "Creo que estamos viviendo en los últimos tiempos un clima político irrespirable cuyo máximo responsable es Zapatero", dijo ayer Arenas. El día anterior lo había intentado Mariano Rajoy también haciendo a Zapatero responsable de una supuesta "inquisición" contra el PP. Arenas añadió, invocando el espíritu de la Transición, que "lo que ocurre no ha sucedió con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con González ni con Aznar".

La estrategia tiene una traducción parlamentaria que ya ha comenzado y promete un otoño de máxima tensión. En lo que para el PSOE se trata de un ataque en toda regla al Estado de Derecho, el PP pedirá que antes de que termine el mes de agosto la Diputación Permanente del Congreso vote la comparecencia de dos miembros del Gobierno y del Fiscal General del Estado.

El PP recibió ayer el primer apoyo externo a sus gravísimas acusaciones. En un debate en la Cadena SER, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, que Gobierna en coalición con los populares, afirmó: "¿Que si hay escuchas telefónicas ilegales? Sí, yo creo que sí las hay. No he dicho con rotundidad que tenga constancia de esas escuchas, pero han ocurrido muchos caos en España donde a través de escuchas no sé si procedentes o improcedentes se ha imputado a ciudadanos honorables que luego la Justicia ha dejado en libertad sin ningún tipo de cargo y ese daño no ha sido reparado".

www.elpais.es 13.08.09

BLANCO: "LOS DEL PP SE ESPÍAN ENTRE ELLOS Y CREEN QUE TODO EL MUNDO HACE LO MISMO"

se mantenían ayer al acecho de los movimientos del PP por si este partido "había recapacitado" y establecía una tregua en la escalada de acusaciones y denuncias. O incluso confiando en que entraran en un tiempo de silencio. Pero pronto salieron de dudas al conocer los durísimos juicios del vicesecretario general de política autonómica del PP, Javier Arenas. Y, de nuevo, los dirigentes del PSOE sacaron su arsenal de argumentos en contra.

La línea de réplica de los socialistas se mueve en el contraataque de que "esta desmesura" supone una "huida hacia adelante" del PP ante la perspectiva de que sigan aflorando casos de corrupción, según fuentes de la ejecutiva federal. "El señor Rajoy no debe desviar sus problemas acusando sin pruebas a los demás", señaló José Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. Y añadió: "Tras lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, el PP tiene el síndrome del espionaje: se espían entre ellos y creen que todo el mundo hace lo mismo". El ministro hizo estas declaraciones después de reunirse con una delegación de EE UU interesada en la red ferroviaria española. En un tono moderado, quizá porque estaba en la sede de su ministerio y en su papel de ministro, agregó: "Le pido al señor Rajoy que no cuestione el Estado de derecho cuando se investigan actuaciones que afectan a su partido".

Fue Blanco, como vicesecretario general del PSOE, quien emplazó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a que denuncie que el Gobierno ha ordenado investigar a dirigentes del PP o dimita. Este asunto ya ha quedado superado toda vez que Rajoy ha avalado a Cospedal. Ahora bien, Blanco pide al PP que no aplauda a la Justicia si le va bien y la censure si no le gustan las decisiones que adopta.

A este respecto, la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, en declaraciones a Onda Cero, se preguntó ayer si los populares quieren "que la policía y la fiscalía hagan una excepción y no investiguen cuando se trata de casos que puedan afectar al PP".

EL PSOE BUSCA APOYOS EN EL CONGRESO PARA EVITAR LAS COMPARECENCIAS

ngreso cuenta con dos semanas por delante para sondear y, si se dan las condiciones, tratar de convencer al resto de los grupos de la oposición para que no sustenten la estrategia del PP "de cuestionar al Estado de derecho". Ésta es la intención de la dirección del grupo ante la evidencia de que el resto de la oposición tendrá que retratarse en la reunión de la Diputación Permanente, cuando el PP exija las comparecencias de ministros y del fiscal general del Estado para interrogarles sobre "la persecución" a la que el Gobierno somete al PP, como ha proclamado su líder, Mariano Rajoy.

Casi con seguridad, el presidente del Congreso, José Bono, convocará la Diputación Permanente -órgano que sustituye al pleno del Congreso en tiempo de vacación parlamentaria- la última semana de agosto.

Hasta entonces, los grupos de la oposición tienen tiempo para decidir si comparten con el PP el criterio de que la policía y la fiscalía persiguen a ese partido y, por tanto, tienen que comparecer con urgencia en el Congreso la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los socialistas reconocen que preguntarán a los grupos que les parece esta estrategia y estas peticiones.

Interpelaciones futuras

No obstante, si el PP no consiguiera su objetivo de que una mayoría fuerce estas comparecencias, nada podrá impedir que los ministros citados y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sean interpelados por el PP cuando comience el período ordinario de sesiones y utilice libremente sus turnos de control al Gobierno.

En este clima, el presidente del Gobierno ha descartado absolutamente comparecer hoy después del Consejo de Ministros. Había alguna duda sobre si, después de esta reunión, el Zapatero saldría para dar cuenta de los acuerdos y avanzar planes para el otoño, pero al final lo harán las dos vicepresidentas De la Vega y Elena Salgado. La próxima comparecencia del presidente se producirá el 28 de agosto, tras una nueva reunión del Consejo de Ministros. El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió el pasado viernes a Zapatero que compareciera hoy para explicar el trato "vejatorio" que, en su opinión, se dio a los cargos de su partido detenidos en Baleares por presunta prevaricación, al ser esposados y "expuestos públicamente" ante los periodistas.

www.elpais.es 13.08.09

FRACTURA TOTAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL PP

Rajoy, sin pruebas, avala la acusación de Cospedal contra las instituciones - Rubalcaba denuncia las "gravísimas e intolerables infamias" de la oposición

Una de las más graves fracturas en las relaciones institucionales entre PP y PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 27 años, está servida. El líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer en su primera comparecencia pública tras cinco días de inquietante silencio, todas las acusaciones sin pruebas de su cúpula directiva contra el Gobierno, la fiscalía, los jueces, los policías y los servicios secretos sobre la supuesta instrumentación de estas instituciones para espiar a dirigentes del PP y de persecución a este partido por parte de los poderes del Estado.

RUBALCABA: "EL DISPARATE DEL VERANO LO HA PRONUNCIADO COSPEDAL"

 

El ministro del Interior acusa al PP de hacer "acusaciones falsas" contra las instituciones del Estado

La respuesta del Gobierno fue especialmente contundente. "Es falso, es una infamia y es gravísimo; lo que pretende el PP es amedrentar a jueces, fiscales y policías para que no investiguen la corrupción de este partido", declaró el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste, en tono solemne, dijo que el Gobierno había sido "prudente" tras las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desde Marbella. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió "respeto" el viernes. "Quiero quedarme ahí", añadió, y aclaró que no había hablado con Rajoy. El líder del PP acusó ayer directamente a Zapatero de ser el "responsable de todo" el supuesto acoso a su partido.

Tras la confirmación de que la teoría conspirativa viene de la máxima autoridad del PP, Rubalcaba fue el encargado de expresar la indignación del Gobierno: "Es el disparate del verano, Cospedal acusando al Gobierno de espiar a la oposición... Un disparate monumental. Hemos esperado una prueba o una rectificación. Ni lo uno ni lo otro. Más bien una ratificación. Y a estas alturas, seis días después sin presentar pruebas, la conclusión es que es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta".

Como han hecho jueces, fiscales y policías antes, Rubalcaba reclamó una denuncia formal. "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas. Y luego llamando a Rajoy, que está en un chiringuito. Y después de Rajoy, 'oiga, déjeme, que ya he dicho la barbaridad del verano y voy a darme un chapuzón", caricaturizó el ministro.

Rubalcaba ya estaba lanzado y los periodistas apuntaban frenéticamente: "¿Por qué hace esto el PP? Para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas. Si lo que hay que tapar es muy grande, se dice una barbaridad muy grande. Para tapar un barco de juguete, te basta una cortinita de humo, pero para tapar el Titanic tienes que decir una barbaridad muy grande".

El ministro quiso desenmascarar lo que considera la "estrategia del mundo al revés" del PP, es decir, "que los policías y los jueces den explicaciones, en vez de los corruptos". "Con toda rotundidad, el Estado no investiga al PP, sino a presuntos corruptos que hay en el PP", dijo. Rubalcaba aún se refirió a que se trataba de la acusación "más infamante de la democracia", aunque él no es partidario de ir a los tribunales.

La contundente réplica del ministro se produjo minutos después de Rajoy respondiera preguntas por primera vez desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara la causa por cohecho contra el presidente autonómico, Francisco Camps. El recurso de la fiscalía a esta decisión, anunciado sorprendentemente por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica, fue lo que desató las acusaciones conspirativas de Cospedal. Rajoy la avaló desde Pontevedra donde pasa sus vacaciones.

¿Cree que el Gobierno ha pinchado su teléfono?, fue lo primero que le preguntaron a Rajoy. "El mío me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, me preocuparía como ciudadano porque es un principio básico de cualquier democracia. Me remito a las declaraciones que ha hecho la secretaría general de mi partido que todos los miembros de mi partido compartimos".

Rajoy evitó, no obstante, respaldar una de las más graves imputaciones lanzadas por Cospedal cuando dijo que el Gobierno dedica más esfuerzos a perseguir al PP que a los terroristas de ETA. El líder dijo desconocer la frase, pero refrendó la mayor: "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". Después de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones de su partido, el líder de la oposición evitó confirmar lo que le han reclamado todas las instituciones.

-¿Presentarán denuncia por las escuchas ilegales? -inquirió un periodista.

-Ya veremos lo que hacemos, de momento ya tenemos tres denuncias presentadas en Madrid, en Valencia y en Canarias.

-Dicen ustedes que tienen pruebas -replicó el redactor.

-No voy a entrar en más detalles -despachó el líder del PP.

-Discúlpeme...

-No le disculpo más.

-¿No presentan denuncia porque no confían en las instituciones ante las que deberían presentarla? -terció otro periodista.

-Yo confío en las instituciones, en la justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado, no desde luego en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado (...) ni en la vicepresidenta Fernández de la Vega, que llama a la fiscalía para dar instrucciones de que presente denuncia.

El presidente del PP no esgrimió pruebas. Incluso dijo desconocer la cinta de la que horas antes había hablado Federico Trillo, una supuesta grabación de la llamada que un inspector de policía de Madrid hizo al móvil del presidente Camps para informarle de que su parte del caso Gürtel se juzgaría en Valencia. Para Trillo, según declaró ayer en Onda Cero, ésa es una de las pruebas de que los dirigentes del PP, en este caso Camps, tienen los teléfonos pinchados. Trillo no ha aportado la grabación, ni ha dicho quién la realizó. Por parte del PSOE, Elena Valenciano consideró ayer a Trillo "la mano que mece la cuna" y a Rajoy el "autor intelectual".

Tras lanzar su andanada, Rajoy anunció que su partido votará a favor de los suplicatorios para que el Supremo pueda imputar al tesorero de su partido, el senador Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. "Nosotros votamos a favor de todos los suplicatorios, de todos, siempre lo hemos hecho y volveremos a hacerlo". Será uno de los primeros asuntos parlamentarios después del verano en el que el caso Gürtel parece haber roto definitivamente todos los puentes entre PP y Gobierno.

Desde el ámbito parlamentario, José Luis Ayllón, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ahondó en esta ruptura cuando dijo que si al Gobierno le parece una "infamia", como dijo Rubalcaba, el PP está "en el camino de la verdad". Según Ayllón, el PSOE ya calificó de infamias el caso GAL y el caso de las escuchas del CESID, a finales de los ochenta, por lo que el supuesto espionaje debe de ser verdad, como aquéllos.

El enfrentamiento más grave de la legislatura

Según dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha sido prudente ante las acusaciones de María Dolores de Cospedal, quien dijo el pasado jueves desde su lugar de vacaciones que el Ejecutivo ha ordenado espionaje ilegal contra dirigentes del PP. Ayer, cuando Mariano Rajoy avaló estas palabras, el Gobierno respondió:

- Mariano Rajoy: Cospedal hizo "declaraciones que apoyamos y respaldamos todos dentro del partido".

- "El Gobierno está persiguiendo a los miembros del Partido Popular", lo que está generando "muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones".

- "Confío en la justicia. En quien no confío es en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado. Y confío en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cosas, porque yo he mandado sobre ellas, pero yo nunca les he dado instrucciones para hacer cosas que no debieran hacer. Por tanto, no confío en los responsables políticos de esas instituciones".

- Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta"

- "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas".

- "Con el líder de la oposición de chiringuitos y la 'número dos' en la playa... la propia escenografía mediática es la que demuestra que ni se lo creen".

- "¿Por qué hace esto el PP? Sencillamente, para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas".

- "Es un intento no explícito de amedrentar a los policías, jueces y fiscales y eso en democracia tampoco vale".

- "El PP pretende que el mundo vaya al revés, que sean los policías y el Gobierno y no los presuntos corruptos los que den explicaciones sobre la presunta corrupción en el PP".

www.elpais.es 12.10.09

ARENAS CONFIRMA QUE "TODO EL PP" ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIRLES

Todos somos Cospedal. Ya no hay duda de que la secretaria general del PP hablaba en nombre del partido cuando hace cinco días acusó al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes populares no incursos en procedimientos judiciales. De corrobarlo se encargó ayer el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas. "Lo que ha dicho María Dolores de Cospedal lo piensa el cien por cien del partido", aclaró Arenas, que repitió algunos de los argumentos utilizados por la secretaria general de los populares contra el Gobierno.

"Nunca en 30 años de democracia hemos vivido una situación peor de utilización política por parte del Gobierno, de la policía y la fiscalía para agredir al Partido Popular", señaló Arenas. Además, el dirigente del PP asocia la actuación de ambas con "lo mediático y la absoluta impunidad, con el fiscal de brazos cruzados, ante la filtración de sumarios secretos".

La presunta implicación de altos cargos del Partido Popular de Baleares en una trama de corrupción y su detención el pasado fin de semana es otro motivo que sirve a la dirección del PP para acusar al Gobierno de instigar a la fiscalía y a la policía contra su partido. "Basta ya de tanta desproporción, de tanta discriminación y de tanta doble vara de medir", clamó Arenas.

No había muchas dudas de que la cúpula del partido pensaba lo mismo que su secretaria general, ya que un día después de sus denuncias se registró en el Congreso la petición de comparecencias del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al primero se le pedirá que explique la supuesta diferencia de actuación de la fiscalía ante imputados del PP y del PSOE. Los populares sostienen que a los suyos se les trata con una dureza que no se aplica a los socialistas.

Ayer se reafirmaron en esta convicción tras las detenciones durante 72 horas de altos cargos del PP, puestos el domingo en libertad con cargos y tras abonar fianzas de distintas cuantías. "Denunciaremos tanto en tribunales españoles como en instancias jurídicas comunitarias la actuación del Gobierno" anunció Arenas. Éste desveló que su partido estudia más iniciativas de denuncia. No obstante, señaló que su partido ya ha acudido a los tribunales. Se refiere a la denuncia presentada el pasado 24 de julio para encontrar a las fuentes de EL PAÍS sobre la trama de corrupción que dirigía el encarcelado Francisco Correa.

Por su parte, la responsable internacional del PSOE, Elena Valenciano, animó a los populares "a llevar a Europa el caso Gürtel".

www.elpais.es 11/08/2009

EL PSOE REPLICA QUE, CUATRO DÍAS DESPUÉS, COSPEDAL NI APORTA PRUEBAS NI DIMITE

Si todo el PP apoya a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, todo el PSOE sigue a su vicesecretario general, José Blanco, en su exigencia a la dirigente popular de que presente pruebas de sus acusaciones o abandone la vida política. Blanco dio a Cospedal el pasado 6 de agosto "24 horas" para que presentara una denuncia "fundamentada ante los tribunales" sobre las acusaciones al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes del PP. Ya han pasado cuatro días desde que Cospedal lanzara tan graves acusaciones, recordó la socialista Elena Valenciano, y Cospedal "ni ha presentado pruebas, ni ha dimitido". "Por un mínimo de sentido común y de decencia democrática", opinó Valenciano, Cospedal debería "formalizar su denuncia en los tribunales o asumir responsabilidades y dejar la vida pública".

Los socialistas no abandonaron su postura a pesar de la irrupción en escena del vicesecretario general del PP, Javier Arenas, sumándose a las acusaciones lanzadas por Cospedal. "Javier Arenas debe ir a los tribunales a los que su compañera De Cospedal todavía no ha ido con las pruebas correspondientes que sustenten la denuncia sobre supuesto espionaje ilegal", le insta Elena Valenciano, en declaraciones a este periódico.

La dirección del PSOE considera que asiste a los prolegómenos de una batalla política de enorme envergadura con la que se iniciará el curso político. Y no piensa "bajar la guardia" en la exigencia al PP de que "presente pruebas" de que el Estado se utiliza para "perseguir" al primer partido de la oposición.

La dirección socialista tiene la certeza de que el Grupo Popular utilizará las primeras sesiones de control al Gobierno del otoño para interpelar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la "doble vara de medir" de la fiscalía. La réplica de los socialistas será "durísima", anticipan en el PSOE.

www.elpais.es 11/08/2009

RAJOY: "ES EVIDENTE QUE EL GOBIERNO PERSIGUE AL PP"

El líder de los populares amenaza con denunciar en el Tribunal Europeo los "ataques de las instituciones" a su partido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha refrendado, con un tono más tibio, las acusaciones que su partido viene lanzando las últimas semanas contra el Gobierno por "utilizar el Estado de Derecho para perseguir al Partido Popular". El argumento sobre el que ha basado su explicación ha sido la detención "televisada" de dos altos cargos de Jaume Matas en Baleares "a los que el juez a las pocas horas dejó en libertad". Rajoy no ha llegado a entrar en el fondo del asunto, otro caso de presunta corrupción que salpica a su partido en Baleares. Se quedó en la forma que le sirvió de una tacada para pedir la comparencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha exigido ceses dentro de la policía y al fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.

El presidente del PP ha anunciado que hoy mismo su partido registrará la petición para que se reúna la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados y apruebe las citaciones a Rubalcaba y Conde Pumpido. El líder del PP también ha pedido que la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda a la Cámara a explicar "si dio o no instrucciones a la Fiscalía para recurrir el auto de archivo contra Camps en Valencia".

Rajoy ha hecho "responsable de todo porque es el máximo" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le ha pedido que ordenase a Rubalcaba, De la Vega y Conde Pumpido comparecer en el Parlamento. "Puede que no se haya enterado porque él está en un palecete de Patrimonio en Lanzarote pero se lo pido a través de los medios". De lo contrario, amenazó Rajoy, el PP acudirá a denunciarlo al Parlamento Europeo. "A mí no me gusta", aseguró el líder de los populares, quien ha considerado "grave y evidente la persecución del Gobierno al PP".

"¿Cree usted que su teléfono está pinchado?, le preguntado un periodista". "Eso a mí no me preocuparía lo más mínimo, no tengo nada que ocultar, me preocuparía como ciudadano". "¿Comparte usted que está habiendo escuchas ilegales por parte del Gobierno a dirigentes del PP como ha dicho Cospedal?".

"Yo comparto las declaraciones que ha hecho mi partido". "¿Cree usted también que el Gobierno persigue más al PP que a ETA?, volvió a inquirir un redactor. "Esa declaración no la conozco", ha zanjado Rajoy. A pesar de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones que han lanzado dirigentes del PP contra el Gobierno y la Fiscalía, Rajoy evitó explicar si su partido iba a presentar denuncia por estos hechos supuestamente delictivos. "Ya veremos lo que hacemos", evitó así las sucesivas preguntas de un periodista.

Por último, ha citado "juicios paralelos anteriores como en el caso de Canarias, donde el presidente Soria fue absuelto después de meses de duras acusaciones contra él". El líder del PP volvió a acusar a los "inquisidores y torquemadas del siglo XXI" -los medios que publican informaciones sobre la trama Gürtel- e instó a la prensa "a pensar también en las personas". Todo lo anterior sirvió al máximo responsable del PP para denunciar "la situación actual del Estado de derecho y de la democracia". Horas antes de que compareciera Rajoy, el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, ha dado un paso más y ha afirmado que posee la grabación de una conversación telefónica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que a su juicio demostraría las escuchas ilegales.

Las "pruebas" de Trillo

Trillo ha asegurado que esta grabación demuestra los supuestos pinchazos. El propio Trillo ya aludió a esta conversación el pasado 24 de julio, aunque entonces solo especificó que la había escuchado, no que estuviera en posesión de la grabación.

Trillo ha explicado en Onda Cero que el PP posee la grabación de la conversación telefónica a través de la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) notificó a Francisco Camps la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para investigar la presunta trama de corrupción del caso Gürtel.

El dirigente popular no ha desvelado cómo había sido grabada esa conversación, aunque ha manifestado sus dudas de que lo hiciese el propio Camps porque "es bastante manazas". "No vamos a revelar las fuentes pero sí vamos a aportar las cintas", ha apuntado Trillo antes de denunciar que este tipo de notificaciones judiciales "jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía".

Esta grabación, según Trillo, se incluye en la denuncia presentada por el PP el pasado mes de julio contra diferentes filtraciones de secretos sumariales. En la querella también se denuncia otra grabación de una conversación "de un presunto implicado" en el caso en el año 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. "Esa grabación es clara, manifiesta y rotundamente ilegal y sin autorización judicial", ha recalcado el ex ministro.

Otra de las pruebas con las que el responsable de Justicia del PP ha asegurado contar para demostrar las escuchas ilegales son las informaciones que apuntaban a presiones suyas al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero a favor del presidente valenciano. Trillo ha asegurado no conocer al magistrado mientras que sí habla a diario telefónicamente con el abogado del PP, también apellidado Montero. "Todavía estoy esperando a que quien tiene las pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado", ha concluido. El pasado día 7 de agosto, fuentes del PP ya declararon a la agencia Efe que conocían dichas grabaciones.

www.elpais.es 11/08/2009

RUBALCABA ACUSA AL PP DE INTENTAR AMEDRENTAR AL ESTADO DE DERECHO

El ministro del Interior califica de "gravísimas e intolerables en democracia" las palabras de Cospedal sobre supuestos espionajes

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido con contundencia a las acusaciones del PP de supuesto espionaje y persecución a miembros de su partido. "Hay un intento no explícito de amedrentar al Estado de Derecho", ha afirmado Rubalcaba, para quien declaraciones como las realizadas la semana pasada por Cospedal son "gravísimas, intolerables y las más infamantes en democracia".

En opinión del titular de Interior, el objetivo del PP al acusar al Gobierno es ocultar los escándalos que afectan a su partido. "Si lo que se tiene que tapar es muy grande, como el Titanic hay que decir una barbaridad muy grande". Según Rubalcaba, las acusaciones de supuestos pinchazos a dirigentes del PP lanzadas por Cospedal son "irresponsables" y ha censurado la forma en que las hizo (en un rueda de prensa desde Marbella donde pasa las vacaciones de verano). "Dijo la irresponsabilidad del verano y después se fue a dar un chapuzón; el jefe de la oposición estaba en el chiringuito y ella en la playa", ha asegurado el ministro.

"Seis días después [de las declaraciones de Cospedal], sin aportar pruebas, podemos concluir que es rotundamente falso, una infamia de las más graves que se pueden decir en democracia", ha insistido Rubalcaba, quien considera que si el PP tuviera pruebas hubiera ido "corriendo a los tribunales".

Persecución al PP

Horas antes de que compareciera Rubalcaba en rueda de prensa, el líder del PP, Mariano Rajoy, había anunciado que su partido iba a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro para que explique las detenciones de miembros del PP en el caso de corrupción del velódromo Palma Arena. El presidente del PP ha asegurado además que "comparte todo lo que dice la secretaria general" de su partido, sobre la "persecución" al PP.

El PSOE ha pedido a Cospedal en las últimas semanas que rectifique o deje su cargo. La dura respuesta de hoy de Rubalcaba ha abundado en la falta de evidencias. "Ni pruebas ni rectificación, lo único que ha habido ha sido una ratificación", ha indicado el responsable de Interior, en relación con las declaraciones de Rajoy de esta mañana.

Sobre las detenciones a dirigentes del PP en Palma, Rubalcaba ha respondido que está investigando la actuación policial porque "alguien" de la cadena de mando incumplió la orden expresa del delegado del Gobierno de actuar con "prudencia". Rubalcaba ha detallado que el delegado del Gobierno, Ramón Socías, "dio una instrucción que no se ha cumplido", y ésta era "justamente lo contrario", es decir, proceder "con mesura".

Pero el ministro ha continuado al ataque: "Se está intentado instalar la idea de que se persigue al PP y es falso", ha respondido Rubalcaba. "El Estado de Derecho no está investigando al PP; los jueces, los fiscales y los policías investigan a presuntos corruptos que también existen en el PP, como en otras formaciones políticas, porque ese es su trabajo", ha asegurado Rubalcaba.

www.elpais.es 11/08/2009

González Pons sentencia:“Esto tiene tintes venezolanos”

El Partido Popular ha dado un paso más en su acusación contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por supuestas “escuchas ilegales”, y ha amenazado con acudir ante el Parlamento Europeo para efectuar su denuncia de “utilización” del Gobierno de España de los medios del Estado de Derecho para “aniquilar” políticamente a la oposición.

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"Estamos pensando en acudir al Parlamento Europeo para que examine la actitud del Gobierno de España para con la oposición y su utilización de los medios del Estado de Derecho para eliminar, tachar y desacreditar políticamente a la alternativa de Gobierno, al partido en la oposición", avisó el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons en la COPE.

"Aniquilar"
Esteban Pons afirmó que el Partido Popular, tal y como ha venido solicitando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, va a presentar las pruebas oportunas sobre un caso que, a su juicio, su único objetivo es "aniquilar" al principal partido de la oposición.

"Hay gente contándonos cosas"
El portavoz popular aseguró en sus acusaciones que "mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía y de la Policía" ha empezado a dar al PP "muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año" contra su partido. "Hay ya gente del Ministerio de Justicia y del Interior –dijo- contándonos cosas y, por lo tanto, cuando el Gobierno no niega algunas de las cosas que decimos, bien sabe por qué no las niega", agregó Pons.

"Tintes venezolanos"
González Pons comparó la situación política que según los populares se vive en España con la realidad venezolana. "En España, la situación en la que nos encontramos es tan paradójica, que la oposición se queja de estar siendo espiada y el Gobierno manda a sus voceros a darle mamporros a la oposición, que se siente investigada... eso tiene un tinte venezolano que no se le puede quitar", sentenció.

www.elplural.com 09.08.09

El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.

Una semana de alta tensión

- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".

- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".

- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".

- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".

- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.

- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito de calumnias".

- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía,

está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".

www.elpais.es 09.08.09

Cospedal incendia la policía y la justicia

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles exigen al PP que "pruebe o rectifique" sus acusaciones - Las tildan de "falsas" e impropias de un partido "de gobierno"

"Falsas", "torticeras", "impropias de un partido de gobierno", "que lanzan sospechas sobre uno de los poderes del Estado". Asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales de distinta sensibilidad política salieron ayer en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno y a esos colectivos de crear un "Estado policial" que organiza "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes de su partido. Esas asociaciones dejaron de lado sus diferencias y exigieron al unísono a la número dos del PP "que pruebe o rectifique" esas acusaciones que atribuyen "delitos graves" a esas instituciones.

La APM recuerda que denunciar un delito es "una obligación legal"

Una de las primeras manifestaciones de rechazo llegó del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex consejero valenciano de Justicia con Francisco Camps, uno de los cargos del PP investigados en los últimos meses por su relación con la trama Gürtel, tuvo que salir en defensa de los jueces. "Yo respondo por todos los jueces, que actúan de forma legal", afirmó. "Las escuchas que se puedan haber efectuado son bajo el control de los jueces y magistrados", añadió el vicepresidente del gobierno de los jueces, que animó al PP a "poner en manos de la justicia" el asunto.

En esa misma línea se pronunció la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre cuyos miembros suele pescar el PP para cubrir sus cargos judiciales. "Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo" porque sus manifestaciones "implican delitos de extraordinaria gravedad", afirmó Antonio García Martínez, el portavoz del colectivo. "Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado", añadió.

Desde la moderada Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero tachó de "mendaces y torticeras" las acusaciones, y advirtió de que, si no se prueban las acusaciones, "se podría incurrir en calumnias". "Los jueces, por el hecho de ser jueces, no pueden ordenar escuchas ilegales", subrayó Sexmero, que instó al PP a "rectificar cuanto antes".

"Cospedal ha lanzado acusaciones gravísimas sin aportar ni un solo indicio", afirmó desde la progresista Jueces para la Democracia (JpD) Miguel Ángel Gimeno. Y añadió que esas declaraciones lanzadas desde "un partido de gobierno" ponen en duda "la independencia judicial e imputan la comisión de delitos a un poder del Estado".

Entre los fiscales, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Penasco, dijo: "Si el PP no lo ha denunciado, que lo haga. La acusación es muy grave y lo que tiene que hacer es demostrarla. Si no, estaría incurriendo en calumnias". Algo similar afirmó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled: "Si Cospedal tiene pruebas, que denuncie", porque "lanzar acusaciones de este calibre pone en tela de juicio las investigaciones judiciales".

Los sindicatos policiales también cargaron contra Cospedal. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, señaló que ningún policía interviene teléfonos sin autorización judicial. "Esas gravísimas acusaciones sin respaldo probatorio y sin determinar cuáles de sus miembros [de la policía] habrían sido protagonistas de las mismas sólo contribuye a erosionar la imagen de 61.000 policías", afirmó en una nota la Confederación Española de Policía (CEP), que suele apoyar al PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles coincidió con ambas centrales sindicales en subrayar "los daños morales y de prestigio" que Cospedal ha causado al instituto armado. "Si ahora se desdice no basta; debería dimitir", afirmó su portavoz, Juan Antonio Delgado.

El PP cree que la 'número dos', Trillo y Camps tienen el teléfono pinchado

El PP cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueden tener los teléfonos pinchados. Así lo manifestado a Efe fuentes del partido, que creen que las escuchas se han producido especialmente desde que se destapó el caso Gürtel.

El PP sigue sin aportar pruebas sobre tan graves acusaciones. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que tienen "comprobado" que Cospedal ha sido objeto de escuchas ilegales y que Trillo tiene el teléfono pinchado. El partido justifica sus acusaciones en las informaciones publicadas por algunos medios el pasado fin de semana, en las que se acusaba al responsable de justicia del PP de haber presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Montero, para asegurarse de que se archivara la causa por cohecho contra Camps.

Las conversaciones que tuvo Trillo, según fuentes del PP, no fueron con el juez Montero sino con el abogado del mismo apellido que "lleva los pleitos" del partido en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.

Respecto a Camps, fuentes del PP recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Garzón remitió la investigación del caso Gürtel a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía telefoneó a Camps para informarle del propósito del magistrado. Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigara el origen de filtraciones en el caso Gürtel.

Zapatero pide "responsabilidad" al partido de Rajoy

"El PP sabe muy bien que en España la justicia funciona conforme a Derecho; lo saben muy bien". Esta certeza expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Lanzarote, donde se reunió con los socialistas canarios (en la foto, con Juan Fernando López Aguilar), fue el colofón de una petición "de responsabilidad" al PP, que acusa a policías, jueces y fiscales de espiar a sus dirigentes. "En España el funcionamiento de las instituciones es correcto; y me quiero quedar aquí", sentenció.

El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"

Zapatero deja que su partido replique a los populares

La contención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la respuesta contundente del PSOE a las acusaciones del PP están en el mismo guión estratégico, a pesar de la posible apariencia de contradicción, según aseguran fuentes socialistas del entorno del presidente. Zapatero pidió "responsabilidad" al PP, porque ese partido "sabe" que en España no se espía ilegalmente desde las instituciones del Estado. "Y aquí me quiero quedar", dijo Zapatero tras pedir varias veces "responsabilidad" al primer partido de la oposición.

Ahora bien, desde el PSOE la respuesta fue contundente y Zapatero sabía que así iba a ser. Elena Valenciano, miembro de la comisión permanente del partido y responsable de Política Internacional, declaró: "El PP es un partido corroído por la corrupción y para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo la debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política".

Esta invitación a la dimisión la formuló el día anterior el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que tras las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno espía a dirigentes nacionales de su partido, le dio 24 horas para que presentara demanda fundamentada en un Juzgado o abandonara la política.

"Pedimos al PP que abandone la barricada y pase a la cordura institucional", pidió Valenciano en declaraciones a la Cadena SER. En la dirección del PSOE, tras las palabras de Cospedal se dudó de si sus acusaciones habían sido fruto de una declaración apresurada. Ahora, ya no tienen duda de que fue premeditada, según señaló Valenciano a este periódico. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, reiteró todo lo dicho por Cospedal e instó al Gobierno a que probara que las acusaciones "son falsas".

Aunque el presidente del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio - "yo respeto sus días de descanso", ha dicho Zapatero- el PSOE no le considera ajeno a las acusaciones de Cospedal de que el presidente del Gobierno ha hecho de España "un Estado policial" que espía ilegalmente a dirigentes del PP ajenos a cualquier sumario y "corrompe las instituciones".

No obstante, Zapatero prefirió ayer no entrar al cuerpo a cuerpo en su brevísima comparecencia ante los medios de comunicación en Lanzarote. Sólo quiso dejar claro, por su gesto y por su tono, que considera de extraordinaria gravedad las acusaciones de Cospedal, explican fuentes gubernamentales. "En España hay un funcionamiento adecuado de todas las instituciones y gracias a eso funciona el Estado de derecho", señaló Zapatero.

El presidente tampoco quería tapar con este asunto el objetivo de su reunión en Lanzarote con la ejecutiva del PSOE de Canarias, encabezada por su secretario general, Juan Fernando López Aguilar. Zapatero anunció que en octubre celebrará una reunión del Consejo de Ministros en Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, para aprobar un plan integral de desarrollo para las islas.

Un examen "inasumible"

El presidente dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Canarias y para los canarios y tan sólo hubo dos menciones a la política nacional: las acusaciones de Cospedal y de las trabas que el grupo popular en Valencia pone para que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pueda tomar posesión de su escaño de senadora por esa comunidad. Se preguntó a Zapatero qué le parecía que el PP quiera someter a Pajín a una examen de "valencianidad". "Es una actitud insólita, inasumible y espero que se corrija inmediatamente". Más contundente resultó Elena Valenciano a la misma pregunta: "¿La valencianidad para el PP es la de la trama Gürtell; la de Correa; la del Bigotes?".

www.elpais.es 08.08.09

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

De la Vega: "No hay conspiración contra el PP, sino investigación por indicios de delito"

¿Hasta dónde quieren llegar? Ésa es la pregunta que ayer se hacían los dirigentes del PSOE y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la escalada de acusaciones del PP. La última ya ha superado "lo tolerable democráticamente", según proclama el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que lanzó un ultimátum de gran envergadura. "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política; una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

·         Ofensiva total del PSOE por el boicoteo del PP al escaño de Leire Pajín

·         La número dos del PP imputa delitos al Gobierno

·         Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

Audio

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

AUDIO - Cadena Ser - 06-08-2009

La secretaria general del PP ha insistido, en una entrevista a la Agencia Efe, en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario - EFE

Ésta es la exigencia del número dos del PSOE y ministro de Fomento, en declaraciones a EL PAÍS, después de escuchar a la secretaria general del PP afirmar que dirigentes nacionales de su partido, ajenos a los sumarios en marcha, sufren escuchas telefónicas "de policías y jueces", incluidos dirigentes nacionales del partido de Mariano Rajoy. Cospedal opina, además, que España se ha convertido en un "Estado policial" desde que gobierna el PSOE.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, se ha manifestado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser en la misma línea que Blanco. "Vamos a insistir en que Cospedal vaya a los tribunales o abandone la política", ha asegurado Valenciano, para quien el PP "se ha subido a la barricada para tapar la corrupción que les está llegando a las orejas". En su opinión, en la medida en que nadie en el PP se desmarca de las declaraciones de Cospedal se están haciendo correponsables de lo manifestado por su número dos. Para Valenciano, Cospedal se encuentra ahora en la disyuntiva de acudir a los tribunales o dejar su cargo, porque "una dirigente de un partido tan importante no puede hacer esas afirmaciones sin consecuencias".

Denunciar o retractarse

Denunciar o retractarse. Ésta es la petición enfática que también le hizo desde Asunción, la capital de Paraguay, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Si tiene conocimiento de algún delito la señora Cospedal debe denunciarlo inmediatamente y si no, debe retractarse de inmediato", dijo. Esa misma petición la realizó ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "No hay conspiración contra el PP, sino funcionamiento normal del Estado de derecho y cuando hay indicios de delito se persigue", señaló Fernández de la Vega.

Pero tanto la vicepresidenta como el vicesecretario general, José Blanco, y los dirigentes de la ejecutiva federal del PSOE, Antonio Hernando y Elena Valenciano, llaman la atención sobre la actuación del PP desde que el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara el caso Camps. "El PP debería serenarse y tomar conciencia de la gravedad de lo que dice al cuestionar el trabajo de policías, jueces y fiscales; el primer partido de la oposición no debe lanzar sombras sobre nuestro Estado de derecho", pidió De la Vega.

No obstante, José Blanco, sí aventura alguna explicación a la "deslealtad institucional", que es la misma que barajan internamente los socialistas. "El PP trata de reeditar la crispación en la vida política con el único objetivo de encubrir la corrupción que le acosa por todas partes", interpretó Blanco. Este dirigente mencionó expresamente la última operación en Mallorca que afecta personas de ese partido.

Es la misma línea que tomó Elena Valenciano: "El PP trata de desviar la atención sobre la multitud de casos de corrupción que se ha instalado en el PP y dificultar e incluso impedir la investigación de la trama". Después ironizó: "De tanto espiarse entre ellos empieza a afectarles el síndrome". El caso Gürtel está en el centro de la decisión del PP de revolverse contra el PSOE de todas las formas posibles, según creen los socialistas.

Por eso, Cospedal acusó al Gobierno de perseguir al PP más que a ETA. "Pedimos al PP que vuelva a la cordura institucional", dijo Valenciano. Blanco se dirige a Mariano Rajoy para que abandone "su sorprendente silencio y dé la cara".

www.elpais.es 07.08.09

Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La 'número dos' de Rajoy acusa sin pruebas al Ejecutivo de realizar escuchas ilegales y de "intentar corromper las instituciones de la democracia"

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó ayer sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. Ayer se explayó.

·         Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

Audio

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

La secretaria general del PP insiste en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario

El PP insiste en que los hechos ya están denunciados en el juzgado

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que ayer el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

Ese recurso, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica sin esperar a que lo hiciera la Fiscalía, es lo que dio pie a una catarata de declaraciones de líderes del PP acusando al Gobierno de haber dado orden al fiscal de perseguir judicialmente a su partido. Entre ellas, la frase de Cospedal sobre ETA, en la que se reafirmó plenamente ayer, y que lleva la tensión política al borde de la ruptura institucional.

El Estado según Cospedal

María Dolores de Cospedal es la secretaria general del PP, senadora y ex alto cargo del Ministerio del Interior. Ayer, en una entrevista acusó al Gobierno de espiar a la oposición. Además, dijo esto:

- "Vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

- "Vamos a seguir denunciando las filtraciones que se están produciendo de actuaciones realizadas por la Policía Judicial, bien por los mandos políticos del Ministerio del Interior bien por la Fiscalía".

- "Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal".

- "El partido socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia".

- España es un "Estado policial" en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

- El Gobierno "persigue a la oposición", como en "un sistema antidemocrático".

- "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo

a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia".

- El PSOE y el Gobierno "intentan corromper las instituciones".

www.elpais.es 07.08.09

EL PP DENUNCIA ESCUCHAS ILEGALES A DIRIGENTES QUE NO ESTÁN EN LOS SUMARIOS

Cospedal asegura que el comportamiento del Gobierno es "propio de un sistema antidemocrático"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formación. "En España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía", se ha lamentado Cospedal, que ha criticado al Gobierno por "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "Esto es lo que practica el Gobierno, aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido. Cospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".

Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

Lejos de retractarse, Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP. "La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", ha apostillado Cospedal, quien ha asegurado que a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP, en esta tesitura, seguirá denunciando "la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones" y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía, ha aseverado Cospedal.

El primero en reaccionar a las declaraciones de Cospedal ha sido el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, que ha asegurado hoy que la Fiscalía "persigue todos los tipos de delitos: los de terrorismo, de corrupción o de guante blanco". En un comunicado, Hernando ha dicho que cuando la Fiscalía "persigue y detiene a presuntos delincuentes lo hace sin tener en cuenta si son militantes de un partido o si tienen cargos públicos o no".

www.elpais.es 06.08.09

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE SE RETRACTE DE QUE EL GOBIERNO NO PERSIGUE A ETA

De la Vega reconoce que quiso saber si el fiscal recurriría en el 'caso Camps'

Los socialistas buscaron ayer la revancha de los ataques del PP a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Se la brindó la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al acusar al Gobierno de perseguir con ahínco a su partido y al presidente la Generalitat, Francisco Camps, a través de la Fiscalía General del Estado, en lugar de a ETA. La dirección del PSOE exigió al líder del PP, Mariano Rajoy que "desautorice inmediatamente" a Cospedal por la "indignidad" de recurrir a la "enloquecida estrategia de mezclar la política antiterrorista, con la lucha política", según un comunicado del partido.

La secretaria general del PP reaccionó el martes de esta manera ante el anuncio desde Costa Rica de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que la fiscalía iba a recurrir el auto por el que se archiva la causa por presunto cohecho contra Francisco Camps. Lo anunció ella antes que la fiscalía.

Esa información sirvió al PP para proclamar que con esa declaración quedaba probado que el Gobierno había ordenado al fiscal que recurriera. De la catarata de descalificaciones posterior, que continuó ayer, la invectiva de María Dolores de Cospedal sobrecogió a los socialistas. "Sólo tres días antes Mariano Rajoy había ido con el presidente del Gobierno en el mismo avión a la capilla ardiente de los dos guardias civiles asesinados por ETA; creíamos que la utilización del terrorismo ya estaba descartada para el PP", señalaron fuentes de la dirección socialista. "Con la lucha de los demócratas unidos frente al terrorismo ni se juega ni se frivoliza".

Lo cierto es que las acusaciones de Cospedal han contribuido decisivamente a que los socialistas olviden la contrariedad que sintieron al escuchar a la vicepresidenta. No porque pensaran que había dado instrucciones al fiscal, sino por la interpretación que supieron que el PP iba a hacer.

Desde Brasil, segunda etapa de su gira por América Latina, la vicepresidenta, tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, trató ayer de aclarar las circunstancias de su declaración, con la máxima naturalidad posible. Primero, ella no llamó a la fiscalía sino su equipo. "Lógicamente nos interesamos por lo que iba a hacer la fiscalía; después me preguntaron en conferencia de prensa y yo respondí", relató. "Ni conspiración, ni persecución. Actuación judicial y Estado de derecho". De la Vega estima que el PP "tiene un problema con la Justicia". De la Vega se prepara para que el asunto siga en otoño en el Parlamento. "Yo voy al Parlamento siempre que me pidan, otra cosa es que me parezca más o menos eficaz". El PSOE también prepara su estrategia, con incursiones al fondo del asunto: "Camps mintió y recibió regalos de manera continuada de una trama corrupta", subraya el PSOE.

www.elpais.es 06.08.09 

DECLARACIONES TEXTUALES | MARIA DOLORES DE COSPEDAL

“Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición”

Declaraciones textuales de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, sobre las instrucciones de la vicepresidenta De la Vega a la Fiscalía General del Estado:

“Es una vergüenza que la vicepresidenta De la Vega, desde Costa Rica, haya dado instrucciones al Fiscal General del Estado para decirle que tiene que seguir con la persecución al presidente de la Generalitat valenciana. Y es una vergüenza, porque es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el Partido Popular, la oposición a Rodríguez Zapatero.  

Y también es muy peligroso para nuestro país que el gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, empezando por la Fiscalía General del Estado, para hacer política partidista en beneficio del partido socialista y no para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles. Con este Gobierno de Zapatero, lamentablemente, la Democracia está en un serio peligro y tenemos el deber y la obligación de denunciarlo desde el Partido Popular".

http://pp.es/actualidad-noticia/es-primera-vez-historia-que-un-gobierno-utiliza-fiscalia-general-estado-perseguir-oposicion_1063.html 

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