www.losgenoveses.net : Caso Gürtel. Las noticias 2013

LOS 100 DÍAS DEL JUEZ PABLO RUZ PARA ABRIR LA CAJA B

El juez Ruz considera acreditada la financiación ilegal de la formación conservadora

El magistrado tiene 100 días para finalizar la instrucción del caso Bárcenas

El juez Pablo Ruz tiene 100 días —plazo en el que deberá dejar el juzgado— para terminar de instruir la causa abierta en marzo de 2013 por la caja b del PP. Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del partido, administró entre 1990 y 2009 una contabilidad paralela no declarada a Hacienda en la que apuntó ingresos por ocho millones de euros procedentes de donaciones ilegales.

Ruz lleva año y medio investigando los papeles de Bárcenas que EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013. El ex tesorero llevaba en esos papeles un detallado control de los gastos e ingresos que el PP mantuvo ocultos.

Tras recabar múltiples pruebas, el juez considera “parcialmente contrastado el pago de sobresueldos en b a determinadas personas vinculadas al partido bien de forma periódica u ocasional, el pago de gastos generados en campañas electorales y el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.

El instructor deberá ahora convertir esas pruebas en imputaciones de delitos para abrir un juicio oral que pondrá bajo sospecha 19 años de la vida del PP.

Delito contable. El artículo 310 del Código Penal castiga al gestor económico que “lleve contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa”. Álvaro Lapuerta fue tesorero del PP entre 1993 y 2008. Durante estos 15 años, Luis Bárcenas fue gerente del partido y sustituyó a Lapuerta en el cargo de tesorero hasta finales de 2009, cuando tras ser imputado en el caso Gürtel dejó el puesto. El Código Penal castiga el delito con prisión “de cinco a siete meses”.

Delito electoral. Ruz sostiene que parte del dinero de la caja B del PP se usó para “gastos generados en campañas electorales”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene abierta una causa contra el PP por delito electoral en la que está imputado Bárcenas y, como “copartícipes”, cuatro diputados autonómicos valencianos. El artículo 149 de la Ley Electoral General establece que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo en las mismas aportaciones o gastos o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Delito fiscal. El juez Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que aunque las donaciones ilegales no son delito —sólo están castigadas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos con una sanción del doble de lo ingresado— hay que considerarlas como un ingreso extraordinario por el que la formación beneficiada debe pagar el impuesto de sociedades: “Las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”. En sus autos, el juez apunta a la “eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al PP por el impuesto de Sociedades”. Si esta tesis prospera, el PP habría cometido un delito fiscal pues en los dos ejercicios (2008 y 2009) que no están prescritos ingresó por supuestas donaciones ilegales una cantidad que supera el límite que establece la Ley para considerarlo delito fiscal.

La Agencia Tributaria ha rebatido esta tesis con un informe solicitado por el juez en el que señala que la Ley declara que las donaciones a los partidos están exentas de tributar, incluso aunque fueran ilegales: “La finalidad de la norma fue que sólo quedarán fuera de la exención las donaciones irregulares que no se afectaran a la finalidad política, esto es, que se destinaran a otros fines ilícitos o no desarrollados por el partido. La realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral —aun cuando sean de retribución a la alta dirección— e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención”.

Cohecho: sin pruebas. La investigación judicial no ha podido acreditar que los donativos recibidos por el PP y no declarados a Hacienda eran pagos de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos. Los informes solicitados a la Intervención General del Estado señalan que es imposible vincular el pago al PP con la adjudicación de contratos, por lo que no habría pruebas de un delito de cohecho

Participación a título lucrativo. El magistrado ha señalado en el auto que finaliza la instrucción de la primera fase del caso Gürtel que el PP participó a título lucrativo de los delitos supuestamente cometidos por algunos de sus dirigentes con los que se financiaron ilegalmente actos electorales. En el caso Bárcenas, el PP se aprovechó de los donativos ilegales que ingresaban en la caja b que controlaba su ex tesorero, según considera acreditado el juez.

Hay cerca de 30 imputados en la causa: dos ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente del partido, Cristóbal Paez, y dos decenas de empresarios que figuran en la contabilidad paralela como donantes. El juez ha llamado como testigos a tres de los cinco secretarios generales del PP durante la etapa investigada (Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Dolores de Cospedal) y ha citado como imputado a Ángel Acebes, aunque unos días después de su declaración archivó la causa contra él.

Todos los ex secretarios generales declararon que ignoraban la existencia de una caja B -pese a que figuran como receptores de sobresueldos- y aseguraron que, según los estatutos, los tesoreros no responden ante ellos.

El magistrado sostiene que los secretarios generales tienen “una posición jerárquica y autoridad sobre la actuación del gerente del partido (artículo 22.2 de los estatutos del PP) “de la que puede racionalmente inferirse un deber especial de control o vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente que incluían, entre otras, la teneduría de las cuentas de la formación”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/12/actualidad/1418413210_675519.html

UN AÑO ELECTORAL MARCADO POR LAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA EL PP

El partido afronta tres juicios: el delito electoral en Valencia, y los casos Gürtel y Bárcenas
El PP se juega en 2015 su inmenso poder en tres citas electorales: municipales, autonómicas y generales. En ese año en el que las urnas decidirán el mapa político, el PP afronta tres juicios que pueden afectar a la continuidad de algunos de sus dirigentes. La Fiscalía desempeñará un papel protagonista como acusador en estos procesos abiertos por tramas corruptas vinculadas al PP. La nueva fiscal general del Estado tiene la autoridad legal para imponer su criterio a los fiscales que intervengan en las macrocausas, aunque el Estatuto del Ministerio Público establece condiciones y cautelas.

“El fiscal que recibiere una instrucción que considere contraria a las leyes o estime improcedente, se lo hará saber a su Fiscal Jefe. De proceder la instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá reconsiderándola o ratificándola”, reza el Estatuto. “Si la orden fuere dada por el Fiscal General de Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”. Estos son los tres juicios clave que afronta el PP en 2015:

Delito electoral, cúpula del PP valenciano. Los manejos de la red Gürtel en las campañas electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 han llevado al juez, con el impulso de la fiscalía, a procesar a 18 personas (cinco de ellas ex dirigentes populares) por fraude y delito electoral. La fiscalía pidió en este caso la imputación de los dirigentes del PP por falsear las cuentas del partido. El juicio está previsto para los próximos meses.

‘Caso Gürtel’, fase I. El juez Pablo Ruz está a un paso de dictar la apertura del juicio oral con 45 imputados por numerosos delitos vinculados a la corrupción en la denominada primera fase del caso Gürtel. La fiscalía ha respaldado con sus escritos la imputación de dos decenas de dirigentes del PP, entre ellos tres ex tesoreros del partido que controlaron las cuentas durante 20 años.

‘Caso Bárcenas’. La caja b del partido del Gobierno. Es el caso más delicado para los intereses del PP nacional. El juez Pablo Ruz pretende concluir la instrucción de esta causa antes de finales de marzo, cuando tiene previsto dejar el juzgado. El magistrado considera acreditada la financiación ilegal del PP. La Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación de esta causa, tendrá que pronunciarse respecto a las responsabilidades penales de los dirigentes del PP y del propio partido.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1419016550_699272.html

RUZ : JUEZ ESTRELLA A SU PESAR

El instructor del caso Gürtel, es un magistrado tímido, discreto y minucioso

Su trayectoria está marcada por un fuerte compromiso social

Se ha dicho de él que es muy de izquierdas; y muy de derechas. Que es muy osado; y un timorato. Que es el azote del Partido Popular; y que ayuda al Gobierno de Mariano Rajoy. Que es muy independiente; y muy obediente. Que es indeciso; y demasiado decidido. En lo único en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en que Pablo Ruz (Madrid, 1975) es minucioso y trabajador. A partir de ahí, según el caso que haya investigado en cada momento —Faisán, Gürtel, Bárcenas, Pujol, Neymar...— cada uno se ha hecho una imagen distinta del juez que sustituyó a Baltasar Garzón al frente del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional. El mismo que dejará casi con total seguridad dentro de tres meses. Y en circunstancias polémicas. Como su antecesor.

Ha sido uno de los personajes públicos de los que más se ha hablado en este año que se acaba. Pero, pese a la trascendencia de sus casos, este magistrado de 39 años tímido hasta el rubor y de carácter reservado, no es el tipo de persona que busca protagonismo. A diferencia de Garzón y de otros compañeros de ese tribunal, su personalidad no encaja en el prototipo de juez estrella. Lo es por las noticias que genera, pero a su pesar. Ruz se considera a sí mismo un funcionario que trata simplemente de sacar adelante su trabajo. Con discreción. Aún extrema las cautelas al hablar con los periodistas, con los que ahora, también a su pesar, ha de tener trato casi diario.

Fue uno de los fundadores del grupo ‘Otro derecho penal es posible’
Llegar a la Audiencia Nacional no es fácil de digerir. El tribunal, que aparece día sí día también en los medios, es una oportunidad, pero expone a los jueces a las críticas como ningún otro. Tras un breve paso en 2008 para sustituir a Juan del Olmo (instructor del 11-M) Ruz aterrizó allí en junio de 2010, tan solo nueve años después de acceder a la carrera judicial. Venía de un juzgado de pueblo, Collado-Villalba (Madrid). No podía imaginar entonces, cuando aún el terrorismo copaba la agenda de la Audiencia, que iba a tener en sus manos tantos y tan importantes casos de corrupción. Tampoco que se quedaría cinco años. Algún colega del tribunal dice de él que es una “anomalía” porque no es el titular de la plaza en un juzgado de extraordinaria importancia. La mayoría, sin embargo, reconoce su dedicación. No deja un papel sin leer y no toma decisiones sin haber reflexionado largo y tendido —para algunos, en exceso—.

De carácter reservado, no busca el protagonismo en los medios
Ruz, procedente de una familia de clase media, fue un buen estudiante. Estudió en un colegio religioso y cursó Derecho en la prestigiosa ICADE. En esa época compatibilizaba sus estudios con un fuerte compromiso social encauzado en comunidades cristianas de base. En ese entorno dedicó parte de sus ratos libres a la música, pero también a proyectos educativos con niños procedentes de colectivos desfavorecidos. Ese compromiso lo ligó al profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas Julián Ríos, conocido por su empeño para lograr la reinserción de los presos y por su trabajo con inmigrantes.

Ríos y Ruz se conocieron cuando el juez estudiaba quinto de carrera. “En esa época estaba trabajando en un proyecto sobre la inhumana situación de los presos encarcelados en módulos de aislamiento que se titulaba Mirando el abismo”, recuerda Ríos. “Y Pablo me ayudó”. Junto a él fundó la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, crítica con lo que llaman “populismo punitivo”: el endurecimiento de las penas por puro electoralismo ante crímenes de gran alarma social.

De entre todas las salidas de una licenciatura en Derecho, Ruz eligió ser juez como una prolongación de sus inquietudes sociales. En una reciente conferencia en Santander ante estudiantes de Derecho, citando a la juez estadounidense Shirley Hufstedler, definió lo que, a su juicio, debe esperarse de los jueces: “Que defiendan nuestra libertad, que reduzcan las tensiones raciales, que condenen la guerra y la contaminación, que nos protejan de los abusos de los poderes públicos, que compensen las diferencias entre los individuos, que resuciten la economía...”. En definitiva, que participen activamente en la transformación de la sociedad.

Ruz tardó solo dos años y medio en sacar la oposición. Lo hizo en 2001. Su preparador fue Jaime Moreno, el número dos de la Fiscalía durante el mandato del recién dimitido Eduardo Torres-Dulce. Nada más abandonar la escuela judicial, en 2003, su primer destino fue Navalcarnero (Madrid). De allí saltó al juzgado de Instrucción 1 de Bilbao. En esos años se incorporó como coordinador al proyecto de mediación penal puesto en marcha por Félix Pantoja, entonces vocal del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. El plan trataba de humanizar la justicia penal dando la oportunidad a las víctimas de entrar en contacto con los autores de los delitos para que negociaran el castigo más apropiado. Para reparar el daño causado y facilitar la reinserción del delincuente sin recurrir a la prisión. “Es un juez de procedencia cristiana, pero claramente progresista; muy sensibilizado con los pobres, con los presos...”, asegura uno de los magistrados de la Sala de lo Penal que lo conoce más de cerca.

Mientras estudiaba colaboraba con comunidades cristianas de base
En abril de 2008, Ruz pisa por primera vez la primera división de la judicatura: la Audiencia Nacional. Lo consigue por casualidad. Su esposa y sus dos hijos (ahora son cuatro) residían en Madrid y él aprovechaba cada concurso para pedir cualquier plaza en esa ciudad y reunirse con su familia. Su llegada al juzgado de Del Olmo se debió solo a la renuncia del juez inicialmente propuesto. Tras una breve salida en la que fue a dar en un juzgado de Collado-Villalba (Madrid), Ruz volvió a la Audiencia en junio de 2010. Lo hizo para encargarse del juzgado con las causas más calientes, el central 5. Una de ellas, el caso Gürtel, había hecho caer a Garzón. Afrontó el reto de sustituirlo y heredó sus casos más delicados, como la trama de corrupción del PP y el chivatazo del Faisán.

Durante esas investigaciones, sus detractores lo han dibujado como un juez sin iniciativa. Alguien demasiado inseguro que no da un paso adelante sin el apoyo del fiscal, lo que provoca retrasos en la instrucción. En su entorno no niegan que trate de hacer equipo frente a las decisiones más trascendentes, pero aseguran que es por prudencia, no por inseguridad. Sin embargo, varias de sus actuaciones más sonadas las ha adoptado solo. Frente a todos. Como el registro de la sede del PP ante su negativa de facilitarle la documentación sobre los papeles de Bárcenas. O la decisión de llamar a declarar como imputado a Ángel Acebes, exsecretario general del PP, y, como testigos, no solo a la actual número dos, María Dolores de Cospedal, como pedía el fiscal, sino también a sus antecesores Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas.

Durante los días de la pugna con su compañero Javier Gómez Bermúdez por hacerse con el caso Bárcenas, desde la izquierda que ahora pide su continuidad se le tildó de “juez preferido del PP”. “Un juez de prestado” sin plaza en propiedad cuya “precariedad laboral” dependía de un Poder Judicial escorado hacia ese partido, le haría vulnerable a las presiones del Gobierno, se dijo entonces. Ruz, que es muy consciente de su provisionalidad, asegura que siempre ha sentido garantizada su independencia por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y la comisión permanente del Poder Judicial. Pero ese apoyo se esfumó el 9 de diciembre, cuando esa misma comisión sacó su plaza a concurso, lo que provocará su salida en marzo a pesar de que podía permanecer en el puesto hasta junio. Lo hizo solo dos semanas después de que provocara la dimisión de la ministra Ana Mato, al considerarla beneficiaria de los delitos presuntamente cometidos por su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, en el caso Gürtel.

Ruz, sin embargo, no abandona una prudencia a prueba de bombas y niega cualquier tipo de relación entre ambos hechos. Aunque sus próximos aseguran que estos últimos días los ha vivido con evidente ansiedad, el juez quita importancia a su marcha de la Audiencia Nacional y dice con elegancia que el día del adiós, tarde o temprano, tenía que llegar.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/28/actualidad/1419778277_799710.html

RUZ EXIGE TODOS LOS INFORMES QUE FALTAN ANTES DE MARZO

El magistrado reclama a la AEAT y la IGAE que remitan los 7 informes que quedan para concluir el caso antes de que acabe el plazo concedido por el Poder Judicial para su relevo

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, aún no se ha pronunciado respecto a si aceptará la oferta de la comisión permanente del Poder Judicial, de continuar como juez de refuerzo del nuevo titular a partir del próximo mes de marzo, pero sus escritos en las últimas semanas dan una idea de sus intenciones.

El último, una providencia emitida este viernes, en la que fija como fecha tope para recibir los 7 informes que faltan para concluir la Gürtel, el próximo 28 de febrero, casi cuando termina su estancia actual en el juzgado.

El juez exige a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que antes de finalizar el año debe tener sobre la mesa el informe sobre los hechos atribuidos al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Antes de que acabe enero tendrá que estar presentado el relativo a las contrataciones en Arganda, y antes del 28 de febrero el correspondiente a Boadilla.

Respecto a los que le falta presentar a la Intervención General del Estado, antes de finalizar el año deben concluir el del Ayuntamiento de Jerez, mientras que antes del 28 de febrero tendrán que estar presentados los de Boadilla, Arganda y el de la pieza separada de AENA.

El CGPJ sacó a concurso su plaza y tenía otras opciones

La comisión permanente del Poder Judicial aprobó el pasado 9 de diciembre sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, y ofrecerle que continúe como juez de refuerzo con la investigación de los casos más complejos que lleva en la actualidad, cuando en marzo se incorpore el titular.

Pero el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos, entre los que se encuentran el proceso Gürtel o la Caja B del PP. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez predeterminado por Ley.

Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan al PP.

El Consejo tenía otra salida para prorrogar a Ruz en su actual estado hasta febrero de 2016: Aplicar el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite mantener a un juez en situación de comisión de servicios, como lo está Pablo Ruz, mientras el titular de la plaza se encuentre en Servicios Especiales, como sucede con el titular del juzgado 5, Miguel Carmona. Pero el Consejo no ha optado por esta vía.

Ruz deniega el abogado de oficio al exdircom de AENA

Por cierto que el juez Ruz ha denegado la solicitud del exdirector de Comunicación de AENA, Ángel López de La Mota, quien reclamó un abogado de oficio para defenderle en la causa donde permanece imputado por prevaricación y cohecho.

López de La Mota habría recibido de la Gürtel un total de 60.000 euros en prebendas y viajes a cambio de adjudicar eventos y ferias a la trama.

Según tres trabajadores que declararon como testigos ante el juez el pasado 2 de diciembre y cuyos interrogatorios les ofreció este lunes la Cadena SER, López de La Mota “amañó” contratos, “presionó” y “amenazó” con el despido al menos a una empleada si no favorecían al entramado liderado por Francisco Correa.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/19/tribunales/1419009170_917221.html

IMPUTADOS EN LA GÜRTEL PLANEAN ECHAR ABAJO TODO EL CASO APROVECHANDO EL ACUERDO DEL CGPJ PARA RUZ

Consideran que la permanencia del magistrado más allá de marzo en la Audiencia Nacional es ilegal e inconstitucional

El CGPJ defiende que el acuerdo no contradice la ley porque esta no prevé un caso como el del instructor del caso Bárcenas

Distintas voces de la carrera judicial ven imposible que Ruz siga con la instrucción sin el acuerdo del juez que va a ocupar su actual plaza

La decisión de sacar la plaza del juez Pablo Ruz a concurso puede complicar el futuro del caso Gürtel hasta el punto de que algunas defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso. Así lo señala Miguel Durán, abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo. El letrado advierte de que si Ruz se queda al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho “al juez predeterminado por ley”.

La solución diseñada por Carlos Lesmes de permitir a Ruz seguir con los casos Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo es, a juicio de Durán, “una chapuza” y su aplicación conllevará causa de nulidad. En conversación con eldiario.es, Durán advierte de que son “el CGPJ y la Fiscalía quienes tienen que velar por la legalidad”. Según su criterio, las últimas prórrogas otorgadas al magistrado ya habrían vulnerado el principio constitucional de “juez predeterminado por ley”. Durán avisa de que sus argumentos pueden ser planteados en cualquier momento y que, en último caso, podrían formar la base de un eventual recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Otros abogados de las defensas consultados por esta redacción prefirieron no pronunciarse públicamente. Algunos de ellos descartan buscar la nulidad en base a la continuidad de Ruz, pero otros sopesan incorporar esa posibilidad a su estrategia de defensa, siempre que Ruz continúe al frente de la instrucción más allá de marzo.

Si Pablo Ruz aceptase quedarse como juez de refuerzo, esa opción podría violar uno de los preceptos básicos del derecho: el del juez natural. Según el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el juez de apoyo se debe ocupar del "trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal". Aunque Ruz se quede de refuerzo en la Audiencia Nacional, no podría continuar con la instrucción de la Gürtel o estaría incumpliendo la ley, a pesar de la postura oficial del CGPJ.

La posibilidad de que la figura de juez de refuerzo pueda complicar el desarrollo del proceso no es ajena al magistrado. Tal y como ha publicado eldiario.es este miércoles, el magistrado está valorando no solicitar la prórroga para seguir como juez de apoyo cuando su plaza quede resuelta. De esta forma, evitaría el riesgo en el que presuntamente pone a una instrucción de cinco años el acuerdo adoptado por el CGPJ. Según las fuentes consultadas, el magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está acelerando su trabajo al máximo para que la instrucción de la causa quede perfectamente orientada por sus diligencias para el momento en el que un nuevo magistrado se haga con el caso.

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial defiende que su acuerdo servirá para que Ruz concluya la instrucción del caso Bárcenas, siempre que el magistrado solicite continuar a partir de marzo como juez de refuerzo. Si lo hiciera, el CGPJ pediría un informe a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que hasta ahora ha venido respaldando de forma sólida a Ruz. La Comisión Permanente, de mayoría conservadora, adoptaría entonces una decisión. Fuentes del Poder Judicial solo consideran la posibilidad de acceder a esa petición. El nuevo titular del Juzgado número 5 se encontraría al llegar con un acuerdo por escrito del CGPJ definiendo cuáles son las tareas que tiene asignado su juez de refuerzo, en este caso, la investigación de la financiación irregular del PP.

Y es aquí donde chocan los argumentos de los letrados del CGPJ con distintas voces de la carrera judicial. El Poder Judicial defiende que eso es legalmente posible. Y los detractores de la ‘solución Lesmes’ aseguran que va contra la ley y la Constitución, por lo que las defensas podrán pedir la nulidad del proceso por la intervención de Ruz en él a partir de marzo. Para ello, recurren al artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala al juez de refuerzo como el responsable del “trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal”.

Según los detractores del acuerdo del CGPJ, Ruz no podrá seguir instruyendo el caso de la financiación irregular del PP si no es con el acuerdo del nuevo titular de la plaza. El CGPJ, por el contrario, asegura que es ese artículo el que garantiza a Ruz seguir con los “casos en tramitación” y que la asignación de las nuevas causas al juez de refuerzo, al que se refiere el artículo, no son aplicables a este caso. El artículo de la LOPJ estaría dirigido a los jueces, sobrepasados de trabajo, que piden un juez de refuerzo, defienden desde el Poder Judicial.

Esas mismas fuentes admiten que el nuevo titular podría recurrir el acuerdo del CGPJ si deseara finalizar él la instrucción de los ‘papeles de Bárcenas’. En el caso de fracasar en la vía administrativa, debería recurrir al Constitucional y en el Alto Tribunal, según los técnicos del CGPJ, se encontraría con jurisprudencia contraria a su aspiración. Citan los recursos presentados en los noventa contra las salas ‘bis’, rechazados por el Constitucional, que avaló la intervención de esa nueva figura en los procesos en lugar de la sala original.

División en las asociaciones

Marcelino Sexmero es portavoz de la asociación Francisco de Vitoria y tiene claro que el CGPJ “no puede asegurar que Ruz pueda seguir en la Audiencia Nacional a partir de marzo”. La aplicación de ese acuerdo que se encontrará el nuevo juez significa, según Sexmero, que Ruz le está “sustrayendo causas”, lo que posibilitaría la impugnación de dicho acuerdo.

Por el contrario, Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que el caso de Ruz no encaja en el artículo 216 bis 2 y, por tanto, el acuerdo del CGPJ es aplicable. “Cada vez que hay un juez de refuerzo, el CGPJ tiene que dictar el plan de refuerzo. Lo hace para que no haya manipulación y que el juez que llegue nuevo no se pueda quedar con el caso que ya está instruyendo otro juez. De lo contrario, si el Poder Judicial quisiera quitar un caso a un juez, bastaría con nombrar uno de refuerzo”, explica.

Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD), considera “discutible” que se pueda aplicar el artículo de la LOPJ. Bosch cree que Ruz y el nuevo juez deberían pactar un reparto de asuntos y que, si no se ponen de acuerdo, decidiera el CGPJ con informe previo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, el portavoz de JpD insiste en que, si el CGPJ hubiera prorrogado a Ruz hasta junio, se habría ahorrado posibles causas de nulidad y otras cuestiones procesales.

Asimismo, Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ, considera que el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces es “totalmente nulo” en virtud de la LOPJ, además de contrario a la Constitución. En este sentido, Robles invoca el artículo 117 de la norma fundamental, que establece que los jueces y magistrados “no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley”.

http://www.eldiario.es/politica/Imputados-Gurtel-aprovechando-CGPJ-Ruz_0_333517720.html

UNA ACUSACIÓN DE GÜRTEL IMPUGNA EL ACUERDO PARA SACAR A RUZ DEL CASO

ADADE recurre ante el CGPJ como perjudicada por la llegada de un nuevo instructor y el retraso consiguiente en las investigaciones al PP
Recuerda a Lesmes su denuncia de un sistema más preparado para enjuiciar a "roba gallinas" que para instruir complejos delitos económicos

Defiende que la Ley permite que Ruz continúe hasta que el titular de la plaza regrese o se jubile en febrero de 2016

La oposición a la salida de Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ya tiene forma de recurso de impugnación ante el Consejo General del Poder Judicial. Una de las acusaciones populares en los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas', la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ha decidido recurrir la convocatoria de la plaza que ocupa en la actualidad el magistrado por considerarse directamente perjudicada por el acuerdo adoptado en la Comisión Permanente del CGPJ.

La llegada de otro magistrado al Juzgado de Instrucción número 5 retrasaría “de forma muy significativa” la instrucción de los citados casos de corrupción, asegura el escrito de ADADE, que recuerda al Poder Judicial que si en la actualidad Ruz disfruta de una prórroga en su destino es porque el mismo CGPJ valoró el “excelente trabajo” que estaba desarrollando.

“Ante ello, importantes sectores sociales podrían hacer suyas las palabras del presidente de ese Consejo (Carlos Lesmes) respecto a que la justicia penal está más preparada para enjuiciar a los “roba gallinas” que las complejas causas de corrupción”, asegura ADADE en su recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La asociación invoca el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual, las plazas de los jueces que se encuentren cumpliendo servicios especiales podrán ser cubiertas por el suplente tanto tiempo como permanezca el titular en su singular destino. En este caso, Ruz ocupa una plaza propiedad de Miguel Carmona, actualmente destinado como juez de enlace en Londres. De acuerdo al citado artículo, el CGPJ no tendría que haber sacado a concurso la plaza de Ruz hasta que Carmona decidiera volver a la Audiencia Nacional, o hasta que se jubilase, en este caso en febrero de 2016. ADADE alude, por tanto, al mismo artículo que Álvaro Cuesta, el vocal del CGPJ que votó en contra de la decisión mayoritaria de sus compañeros de la Comisión Permanente.

Es poco habitual que una decisión del órgano de gobierno de los jueces sea impugnada por alguien ajeno a la carrera judicial, en este caso por el presidente de ADADE, Javier Ledesma Bartret. La asociación recuerda que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas legitima para recurrir, en su artículo 31, a todos aquellos que” tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. En este sentido, ADADE se considera directamente perjudicada por el cambio de juez como acusación popular de los casos más relevantes que instruye Ruz en la actualidad.

El recurso de ADADE se suma a otro interpuesto en el mismo seno del Poder Judicial por un grupo de siete vocales que exigieron que la decisión sobre Ruz se debatiera en el Pleno y no en la Comisión Permanente. Desde la renuncia de Mercé Pigem -días antes de la decisión sobre Ruz- la Comisión Permanente -5 vocales más el presidente- ha pasado de tener una mayoría conservadora exigua a otra más holgada. En cualquier caso, la votación sobre el concurso de las plazas ocupadas por jueces en comisión de servicio no arrojó un resultado por bloques, ya que Mar Cabrejas, vocal propuesta por el PSOE, se alineó con Lesmes y los conservadores.

El recurso de ADADE es de alzada, a debatir en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, o subsidiariamente en la Comisión Permanente si se considerase de reposición. Fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces consideran que debe ser el órgano reducido quien analice la impugnación de un acuerdo adoptado por él mismo. De ser así, el recurso de podría ser visto en la próxima reunión de la Comisión Permanente, prevista para el 23 de diciembre. ADADE no pide que se anule el resto de la convocatoria de plazas acordadas en las reuniones del 9 y 12 de diciembre, solo la inclusión en el mismo de la plaza del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Una norma específica contra otra general

El artículo 350 de la LOPJ establece límites temporales para la situación de Ruz, que impediría al juez extenderse al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional más allá del próximo junio. Sin embargo, ADADE afirma que el artículo 355 da solución a una situación concreta más allá de la norma genérica del 350. “Existiendo una norma específica y singular para regular tal situación, es ésta la que debe aplicarse frente a las normas de carácter general sobre las comisiones de servicio”, asegura en su recurso.

Pero aunque el CGPJ primase un artículo sobre otro, ADADE alega que no podría convocarse la plaza de Ruz hasta que no agotara el plazo que acaba en junio. En este sentido, recuerda que si Ruz disfruta en la actualidad de una prórroga es porque el propio Poder Judicial valoró el “excelente trabajo” que estaba desarrollando el juez al frente del Juzgado. Y, sobre todo, un cambio de titular “supondría retrasar de forma muy significativa las instrucciones de causas, entre otras, las seguidas por lo que se conoce como corrupción, pues la simple lectura, y mucho más el estudio por el nuevo titular de miles de folios que se incluyen en las mismas exigiría prorrogar en el tiempo la resolución de dichos procedimientos”.

De este modo, ADADE rechaza la versión del CGPJ de que el magistrado que gane la plaza en el concurso no instruirá los casos relevantes, próximos a su finalización, para los que Ruz pida continuar como juez de refuerzo. Ruz se afana estos días en cerrar las numerosas causas que sigue en su Juzgado, según fuentes próximas al juez, porque sopesa no pedir al CGPJ que le prolongue en tan precaria situación.

ADADE es una de las acusaciones populares más activas en los dos principales casos de corrupción entorno al PP y de las pocas que están personadas tanto en Gürtel como en la investigación de la presunta financiación irregular del PP. La asociación no siempre ha estado de acuerdo con la instrucción realizada por el magistrado. Por ejemplo, Ruz rechazó la solicitud de ADADE de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en la investigación de la financiación irregular del PP. La petición fue realizada después de que Bárcenas declarara en sede judicial que él mismo había entregado 45.000 euros de dinero negro a Rajoy.

El abogado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo llegó a tener un enfrentamiento dialéctico con Ruz durante la declaración de María Dolores de Cospedal como testigo ante las continuas negativas del magistrado a que preguntara por determinadas cuestiones a la secretaria general del PP por considerarlas improcedentes en la causa.

Otras cinco asociaciones que participan en la acusación popular de esta última causa hicieron público un comunicado a raíz de la decisión del CGPJ de sacar a concurso la plaza de Ruz. Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad anunciaron "movilizaciones y actos de protesta” para que trascienda públicamente “cómo han trabajado el PP y sus responsable en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”

http://www.eldiario.es/politica/acusacion-Gurtel-acuerdo-CGPJ-Ruz_0_336317262.html

FERNÁNDEZ DÍAZ CONSUMA EL RELEVO DEL COMISARIO ANTICORRUPCIÓN DE LA POLICÍA

Interior sitúa a un mando afín al frente de los policías que investigan el caso Gürtel y la financiación del PP

El nuevo comisario ha tenido que esperar siete metes porque el ministro detuvo su nombramiento tras la publicación de la noticia por eldiario.es

El ministro dijo a un diputado del PSOE que hacía "el ridículo" por referirse a la noticia de "un digital" que no era cierta

Los policías que investigan al PP cambian de jefe. En realidad, lo hicieron por un brevísimo espacio de tiempo hace siete meses. El día que el comisario José Manuel García Catalán se iba a incorporar a su nuevo puesto en la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, eldiario.es informó en exclusiva del relevo, que ya se había materializado con dos visitas previas del mando a su nuevo puesto de trabajo y que se iba a oficializar aquel 7 de mayo.

El Ministerio del Interior no esperaba, sin embargo, que el cambio tuviera la relevancia mediática que adquirió y el propio Jorge Fernández Díaz ordenó suspender el relevo esa misma mañana. Días después, acudió al Congreso y acusó al portavoz del PSOE Antonio Trevín de hacer “el rídiculo” por preguntarle por algo que no había ocurrido.

José Manuel García Catalán era el comisario elegido para dirigir a los policías que investigan al Partido Popular en los casos Gürtel y Bárcenas. Lo sabían sus nuevos subordinados, el resto de los mandos de la Comisaría General de la Policía Judicial, la cúpula del Cuerpo y, por supuesto, el ministro del Interior. El propio policía se había encargado de informar a muchos de sus compañeros de su nuevo destino, bendecido por Interior. Sin embargo, Fernández Díaz no tuvo empacho de suspender el relevo 'in extremis' y después de decir en el Congreso que se trataba de una noticia inventada.

García Catalán, un comisario sin experiencia en delitos económicos, ascendido hacía unos meses y de la máxima confianza de la cúpula de la policía designada por el PP, supervisará todos los informes que el Grupo XXI de la Brigada –responsable de las investigaciones citadas–, entre otros, remita al juez Ruz y al que le sustituya, probablemente en marzo. La noticia de la llegada definitiva de García Catalán a Anticorrupción fue adelantada este lunes por ElConfidencial.com.

El comisario José Luis Gudiña deja, como quería, la Brigada Anticorrupción para dirigir la del Banco de España, con menos trabajo y alejada del foco mediático y el control político. Fue en mayo cuando se jubiló su comisario, Alfredo Cabezas. Gracias a la maniobra mediática de Fernández Díaz, la Brigada del Banco de España ha estado todo este tiempo sin jefe. Por otra parte, Interior hizo un hueco provisional en la Comisaría General de Policía Judicial a García Catalán, a la espera de que Fernández Díaz decidiera que era el momento oportuno.

En mayo, Fernández Díaz intentó desacreditar la noticia de eldiario.es refiriéndose a él como "un digital". El pasado miércoles, el ministro del Interior volvió a referirse a este medio como “un digital” para negar una de sus informaciones, relativa a que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía alberga una unidad secreta, dedicada casi en exclusiva a buscar datos comprometedores de políticos catalanes para contrarrestar con ellos el proceso.

Los comisarios Gudiña y García Catalán habían quedado el mismo 7 de mayo por la tarde para que el primero informara al segundo del día a día de la Brigada, una reunión habitual entre mandos policiales salientes y entrantes. Pero García Catalán no llegó a pisar la Brigada Anticorrupción.

No era la primera vez que los relevos en la unidad son abortados por las informaciones sobre ellos y el consiguiente escándalo que producen. A finales del pasado año, el Ministerio del Interior dio marcha atrás en el cambio al frente mismo de la UDEF. El comisario Manuel Vázquez, al que se había anunciado la destitución cinco meses antes, junto a la del comisario de Policía Judicial, José García Losada, iba a ser relegado a la Unidad de Delitos Telemáticos, pero una información de ElConfidencial.com provocó el primer viraje de Fernández Díaz.

http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-Policia-Gurtel-eldiarioes_0_335267099.html

SUIZA SOSPECHÓ DEL DINERO DE BÁRCENAS CUATRO AÑOS ANTES DEL ‘CASO GÜRTEL’

"La procedencia de los fondos no está clara", señalan correos del Dresdner Bank en 2005

El Dresdner Bank, donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros en 2009, sospechó del origen de la fortuna del dirigente popular desde 2005, cuatro años antes de que estallase el escándalo del caso Gürtel.

Pese a las sospechas de las que hablaban en correos electrónicos internos del banco y pese al compromiso de investigar la procedencia del dinero que Bárcenas ingresaba regularmente en efectivo en sus oficinas de Ginebra, los responsables del Dresdner Bank nunca llegaron a confirmar el origen ilícito del dinero y mantuvieron su relación con el ex tesorero del PP.

La documentación remitida al juez Pablo Ruz desde Suiza, incorporada esta semana al sumario del caso, revela cómo se activaron las alarmas en 2005, cuando Bárcenas decidió poner su fortuna a nombre de la fundación Sinequanom, con sede en Panamá.

El primer correo electrónico interno del banco, fechado el 2 de agosto de 2005, explica el movimiento ordenado por Bárcenas sobre sus fondos y aclara que la nueva cuenta abierta a nombre de la Fundación Sinequanom “se clasificó como una relación comercial de riesgo 2 con activos superiores a 10 millones”. El banco decidió subir la calificación de riesgos tras hacer algunas comprobaciones: “En el marco de la verificación World-Check (esta no existía en 2001 cuando Bárcenas abrió cuenta en el banco) se comprobó que la persona autorizada es un PEP (senador español por Cantabria). La nueva cuenta se abre como una relación comercial de la categoría riesgo 3”.

El autor del correo resalta que “la procedencia de los fondos que se encuentran en el Dresdner Bank, activos en torno a 14 millones de euros, no está lo suficientemente clara para un cliente de la categoría riesgo 3”. Los responsables del banco explican que aunque conocen los sectores de la supuesta actividad de Bárcenas –negocios inmobiliarios, publicidad y comercio de arte – “el cliente se niega hasta la fecha a comunicar los nombres de las empresas”.

Los correos del banco explicaban que la agente comercial que trataba con Bárcenas, Agathe Stimoli, recabaría "más información sobre la procedencia de los activos de Luis B. en la próxima visita al cliente, a más tardar el 30 de junio de 2006".

Los esfuerzos de Agathe Stimoli por conocer la procedencia de los fondos, según la documentación bancaria aportada por Suiza, no dieron grandes resultados. Por un lado, Bárcenas justificó sus ingresos en la venta de obras de arte que, según dijo, se formalizaban en España con pagos en efectivo de la operaciones, motivo por el cual ingresaba grandes cantidades de dinero de esta manera en el banco suizo.

Los informes de Agathe Stimoli, incorporados a la documentación remitida por Suiza, hablan de que “Luis B. es un economista que se dedica al sector inmobiliario cuyo nombre no aparece en la guía telefónica española”. “Actualmente”, señalaba en sus informes, “invierte junto a dos socios en la construcción de una estación de esquí en la región de esquí de Baqueira”. Y concluía: “De forma particular, Luis B. también compra y vende obras de arte españolas”.

En la ficha que elaboraron para conocer las actividades del cliente, el ex tesorero del PP aseguró al banco que tenía relaciones con siete empresas: La Moraleja, Acesa, Producciones Altea, Enercor 21, Netcheck, Padel Set y Serena Digital.

El banco suizo aventuró en su informe que La Moraleja podía ser una empresa que se dedicaba al sector inmobiliario en España. En realidad, Bárcenas se refería a la empresa de su amigo Ángel Sanchís en Argentina dedicada a la venta de productos cítricos. Del resto de empresas, los responsables del banco suizo señalaban en su documentación interna que o bien no aparecían con ese nombre en el registro mercantil de España o, cuando aparecían, en su composición no se incluía el nombre de Luis Bárcenas.

La investigación judicial abierta a raíz de la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel no encontró rastro de esas operaciones comerciales del ex tesorero relacionadas con el mundo del arte ni con su negocio inmobiliario, en el que según aseguró al banco suizo espera obtener plusvalías del 200%.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/15/actualidad/1418668040_207444.html

EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comisión Permanente apoya sacar a concurso la plaza del magistrado quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales

Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista Álvaro Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado básicamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir, sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente en marzo, Ruz tendrá que solicitar su continuidad como juez de refuerzo si desea instruir los casos más complejos que ha llevado hasta la fecha, como el proceso Gürtel o la Caja B del PP. A continuación, la comisión permanente del CGPJ, oída la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiará la solicitud para que pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucción.

Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez predeterminado por Ley. Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan al PP.

La mejor salida, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, era aplicar el 355 bis que permitía continuar a Ruz en el juzgado, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en situación de Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido. Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la permanente el vocal Álvaro Cuesta.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.html

El Poder Judicial abre una vía dudosa para que Ruz finalice el ‘caso Gürtel’

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes por cuatro votos a uno sacar a concurso, entre otras 364, la plaza que ocupa ahora en comisión de servicio el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, que será adjudicada en marzo a un nuevo magistrado. Pero el acuerdo adoptado ayer por el principal órgano de decisión del Poder Judicial abre una vía que, sobre el papel, permite a Ruz continuar instruyendo el caso Gürtel hasta que cierre la investigación sobre la trama de corrupción ligada al PP.

La solución pactada en los últimos días entre el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y varios vocales, salió aprobada por cuatro votos a uno. A favor votaron Lesmes, los dos vocales propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez) y la vocal a propuesta del PSOE, Mar Cabrejas. El otro vocal propuesto por los socialistas, Álvaro Cuesta, fue el único que ha votado en contra y ha presentado una propuesta alternativa que suponía prorrogar de nuevo la comisión de servicio de Ruz para que el magistrado siguiera hasta junio como titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, pero esta iniciativa no fue refrendada por ninguno de los otros cuatro vocales presentes en la reunión.

La propuesta de Lesmes salió aprobada por cuatro votos a uno

El acuerdo de la comisión permanente afecta a otros 40 jueces que, como Ruz, están en comisión de servicio y tendrán la oportunidad de quedarse como apoyo en el juzgado que ahora ocupen si instruyen causas “de especial relevancia o complejidad”. Pero el acuerdo se ha ideado a la medida de la situación del instructor del caso Gürtel y para evitar el escándalo que supondría apartarle de esta causa —que él ha llevado durante cuatro años y medio— justo cuando la investigación se acerca a su final.

En las horas previas a la reunión, los miembros de la comisión permanente han recibido presiones desde el PP y el PSOE. Los socialistas intentaron convencer a sus dos vocales para que se opusieran a un acuerdo que, según creen, no garantiza la continuidad de Ruz a partir de marzo. Finalmente, solo Álvaro Cuesta votó en contra de la propuesta consensuada el viernes. El acuerdo del Poder Judicial tampoco convence del todo al PP, que aunque logra que Ruz deje de estar al frente del juzgado, se expone a que, si el magistrado lo pide, siga indagando en la trama de corrupción que compromete los intereses electorales de los populares en un año de comicios municipales, autonómicos y generales.

El texto, en teoría, prepara el camino para que Ruz pueda seguir al frente de la instrucción de Gürtel. Será él quien deba solicitarlo y la comisión permanente, tras escuchar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, decidirá si le otorga una nueva comisión de servicio como juez de refuerzo. Aunque el acuerdo concede al Poder Judicial la última palabra para decidir sobre la continuidad de Ruz, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, si el magistrado lo pide, se le autorizará. El juez no ha revelado, de momento, si tiene intención de hacer uso de esta opción y quedarse como apoyo en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional.

El acuerdo pergeñado por la comisión permanente no tiene precedentes claros lo que, llegado el momento, podría ocasionar dudas legales o ser recurrido por algunas de las partes personadas en el caso Gürtel. El artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula el nombramiento de los jueces de apoyo. Su cometido “con plena jurisdicción”, según este artículo, será “el trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento”, mientras que “los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal” quedan reservados para el titular o titulares del juzgado. La solución pensada para el caso de Ruz es otra: que el magistrado de apoyo se quede con la principal causa del juzgado y el titular, con el resto.

Fuentes consultadas señalan que ese artículo de la ley orgánica está pensado para el caso habitual en que el juez titular pide un refuerzo para sacar adelante los asuntos de su juzgado. Pero estas fuentes sostienen que esa no es la situación del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional y aseguran que el acuerdo aprobado ayer no va a ocasionar problemas jurídicos. La solución pactada pasa por que Ruz pida quedarse como juez de apoyo antes de que esté nombrado el nuevo juez titular. De esa manera, cuando el magistrado que gane la plaza por concurso se incorpore a su puesto, ya habrá un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la comisión permanente del Poder Judicial para que Ruz siga instruyendo el caso Gürtel y la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ya han amenazado con impugnar el acuerdo de este martes ante el Tribunal Supremo. Estas vocales son Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda —designadas por el PSOE— y Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida. Las cinco registraron el pasado viernes, junto a otros dos miembros del Poder Judicial, un escrito en el que solicitaban a Carlos Lesmes que la continuidad de Ruz no se debatiera entre los cinco vocales de la comisión permanente, sino en un pleno de todo el Poder Judicial. Estas vocales, en una nota citada por Europa Press, se reservan ahora “el derecho” a interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de este martes

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418144069_053120.html

RUZ A SUIZA: “EL ‘CASO BÁRCENAS’ NO SE TRATA DE UNA SIMPLE OCULTACIÓN FISCAL”

El abogado del extesorero del Partido Popular bloqueó la entrega de los documentos

Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza

El juez Pablo Ruz solicitó el pasado jueves a la oficina federal de la justicia suiza que tramite con “máxima urgencia” su petición de colaboración para poder utilizar en el proceso abierto por el caso Bárcenas, pieza separada del caso Gürtel, la documentación que acredita la existencia de varias cuentas en ese país propiedad del extesorero del PP, donde llegó a acumular una fortuna próxima a los 50 millones de euros.

La utilización de esa documentación como elemento probatorio en la causa abierta a Bárcenas ha quedado bloqueada como consecuencia de un recurso presentado por Javier Gómez de Liaño, abogado del extesorero, en el que se quejaba de que las autoridades suizas no le habían dado el trámite de audiencia.

El 14 de noviembre pasado, el Tribunal Penal Federal suizo falló a favor de Liaño y anuló la decisión de la Oficina Federal Judicial del 14 de abril de 2014 por la que se autorizaba al juez Ruz a utilizar toda la documentación recabada durante las distintas comisiones rogatorias. El Tribunal Penal ordenó a la Oficina Federal revisar el procedimiento previa audiencia de las partes para resolver si autorizaba o no a Ruz la utilización de esa información.

En el escrito remitido por el juez español a la Oficina Federal de Justicia suiza, el magistrado Pablo Ruz recuerda que los hechos objeto de la instrucción “no se tratan de una simple ocultación fiscal”. Aunque Suiza ha cambiado en los últimos años sus criterios de colaboración en materia judicial con países de la Unión Europea, sigue rechazando facilitar información cuando los delitos que se investigan son exclusivamente de evasión de impuestos.

En el caso que se instruye en la Audiencia Nacional contra Bárcenas, el juez le imputa, además de varios delitos fiscales, otros de blanqueo de capitales, cohecho, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento público. Ruz apremia a las autoridades suizas a resolver de manera urgente su petición “habida cuenta de la situación de prisión provisional de Luis Bárcenas (desde el 27 de junio de 2013) y la previsible proximidad de celebración del juicio oral”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418060017_514741.html

EL JUEZ RUZ RECHAZA POR QUINTA VEZ PONER EN LIBERTAD A BÁRCENAS

El magistrado dice que el freno cautelar de Suiza al uso de la documentación bancaria no afecta a la medida de prisión

El extesorero del PP Luis Bárcenas no ve la puerta de salida de la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha denegado este miércoles por quinta vez la puesta en libertad provisional para el antiguo ejecutivo de Génova 13, autor confeso de una contabilidad paralela de la formación conservadora en la que anotó ingresos de 7,5 millones de euros en dinero negro entre 1990 y 2008. El magistrado, en un auto –resolución judicial razonada- de 17 páginas, expone que al estar próximo el juicio de la pieza troncal del caso Gürtel y habiendo indicios de que Bárcenas conserva “un importante patrimonio indiciariamente ligado a su actividad presuntamente delictiva, fuera de nuestras fronteras”, la prisión provisional es la “única medida posible” para “neutralizar el “riesgo de fuga” del extesorero.

Desde que Bárcenas entró en prisión preventiva el 27 de junio de 2013, su abogado, Javier Gómez de Liaño, ha solicitado su puesta en libertad en cinco ocasiones y ha obtenido de Ruz –y de la Sala de lo Penal de la Audiencia- otras tantas negativas. En el último de los recursos presentados, Gómez de Liaño solicitaba la excarcelación en atención a tres causas principales: la “práctica conclusión de la instrucción” del caso Gürtel; un informe policial que, según el letrado, desvirtúa el delito de apropiación indebida de 149.600 euros del PP para comprar acciones de Libertad Digital que se imputa a Bárcenas; y el freno provisional que ha dado Suiza al uso de la documentación bancaria del extesorero hasta que se subsane un defecto legal cometido por las autoridades helvéticas.

El juez Ruz, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza los argumentos de la defensa de Bárcenas. Según el magistrado, siguen vigentes los indicios de participación del antiguo ejecutivo de Génova 12 en delitos fiscales, de blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa. Además, “permanece igualmente vigente” la fianza civil de 43,25 millones de euros que Ruz impuso a Bárcenas –y confirmó la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia- en julio de 2013 y que ha supuesto el embargo de los bienes conocidos del extesorero popular.

El magistrado, tras hacer un repaso de toda la investigación patrimonial y bancaria efectuada sobre Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, anuncia en el auto que las autoridades de Bermuda, paraíso fiscal, han dado luz verde a la investigación sobre el traspaso de 200.000 dólares en agosto de 2009 desde una cuenta suiza vinculada a Bárcenas a la cuenta de una entidad domiciliada en esa isla del Atlántico Norte.

Respecto a la decisión de la justicia suiza de paralizar cautelarmente la autorización para el uso de la documentación bancaria de Bárcenas, que fue esgrimida por el abogado para solicitar la libertad de su cliente, el juez Ruz no cede. El instructor recuerda que la justicia helvética deberá pronunciarse sobre la documentación una tras escuchar a los abogados suizos de Bárcenas, trámite que obviaron con anterioridad y que provocó la anulación de la autorización. El magistrado insiste en la idea de que, incluso en el caso de que, escuchado Bárcenas, Suiza decidiera vetar el uso de la documentación bancaria para juzgarle por delito fiscal, “son múltiples los restantes indicios existentes en la instrucción que no resultarían afectados por aquella resolución” y que aconsejan mantener al extesorero en prisión.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417634858_095057.html

LA LEY PERMITE AL PODER JUDICIAL PRORROGAR AL JUEZ PABLO RUZ

La Ley Orgánica del Poder Judicial permite la continuidad del magistrado y expertos consultados por la SER afirman que echarlo es acabar con “un juez incómodo para el Gobierno”

El Consejo General del Poder Judicial debate si ya son demasiados los cuatro años que lleva Pablo Ruz en comisión de servicios, al frente del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, para plantearse su relevo, pero dispone de una herramienta, la ley, que permite prolongar su actual situación prácticamente sin fecha de reemplazo, según los juristas consultados por la SER.

El artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su punto primero que “los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir” por distintos métodos, tanto los ordinarios como mediante comisiones de servicios, “para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación”.

El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional es el magistrado Miguel Carmona, quien desde el año pasado es juez de enlace en el Reino Unido en situación de servicios especiales y sin fecha de relevo, mientras que Ruz está en el juzgado de la Audiencia en comisión de servicios. Por tanto, según este artículo de la Ley que regula la actividad de los jueces, Pablo Ruz puede seguir al frente del juzgado central número 5 de la Audiencia, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en su actual situación.

Expertos juristas consultados por la Cadena SER sostienen que con este artículo en la mano, el Poder Judicial puede renovar si quiere a Ruz en el juzgado de la Audiencia Nacional.

El exvocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Aguiar, sostiene que no hay ningún inconveniente legal para renovar a Ruz. Echarlo, a su juicio, es trasladar el mensaje de que se acaba con un juez “incómodo para el Gobierno”.

El también catedrático de Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Marc Carrillo, califica de “despropósito” cambiar al actual magistrado de la Audiencia Nacional.

Los expertos recalcan que el Consejo renovó a Ruz por su gestión al frente del juzgado y por la dificultad de los asuntos que estaba instruyendo. Recuerdan que aún queda la mitad de la Gürtel por resolver, incluida la Caja B, la pieza de Castilla-La Mancha que afecta a Cospedal o la de AENA, entre otros muchos casos. Colocar ahora a otro magistrado, apuntan, provocaría grandes retrasos porque el nuevo juez debería estudiarse cada una de las causas.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/01/tribunales/1417460552_318566.html

EL AFORADO QUE DIMITA DESPUÉS DE QUE SE ABRA JUICIO NO IRÁ A OTRO TRIBUNAL

El Supremo acuerda que el fuero solo se perderá si la dimisión es durante la instrucción

Los aforados investigados por el Tribunal Supremo o los tribunales autonómicos no podrán renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. Así lo ha decidido hoy el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, que ha debatido sobre la situación de dos exconsejeras valencianas imputadas por los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El acuerdo del alto tribunal supondrá que se revoque la decisión del tribunal superior valenciano, que después de que las consejeras dejaran el cargo remitió el caso a la Audiencia Provincial de Valencia. Según la decisión adoptada por unanimidad por los jueces de lo Penal, el caso de los pabellones de Fitur será juzgado por el tribunal autonómico.

El acuerdo del Supremo fija el criterio que se seguirá en un futuro para todos los casos de aforados investigados en los tribunales. Los magistrados han acordado que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales. Los aforados podrán renunciar a su fuero durante la instrucción, pero no podrán hacerlo una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos.

El acuerdo afecta también la exsenadora socialista Elena Diego, acusada de prevaricación, y sobre la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral, por lo que será juzgada por el Supremo. En un futuro, el criterio establecido hoy podrá afectar a los cinco aforados andaluces a los que está investigando el Supremo por el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el caso de las dos exconsejeras valencianas, Milagrosa Martínez y Angélica Such renunciaron como diputadas cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya había puesto fecha para el juicio contra ellas. Tras la renuncia de las diputadas, el tribunal autonómico se declaró no competente para juzgarlas y dejó el caso en mano de la Audiencia Provincial. Los jueces argumentaron un supuesto de “pérdida de aforamiento sobrevenido”, pues la pérdida de la condición de diputadas de las dos únicas procesadas que lo eran determinaba, según el tribunal, la pérdida de su aforamiento, y con ello la pérdida de la "competencia jurisdiccional objetiva" del tribunal autonómico.

Según aquel auto, para resolver quién es competente en el caso hay que determinar en qué momento es aplicable la "perpetuaio jurisdictionis", que permite perpetuar la competencia de un órgano jurisdiccional aunque ya no concurra el elemento determinante de su competencia. Para el tribunal valenciano esa figura se produciría "necesariamente" cuando se inicien las sesiones del juicio oral, "momento en el que se ha de entender consolidada la competencia jurisdiccional del órgano de enjuiciamiento", cosa que no ocurre en este caso, lo que unido a la pérdida de aforamiento de las personas acusadas hace que el TSJCV ya no sea competente.

El auto señala que el Tribunal Supremo, ante un caso "idéntico", declaró en 1993 su incompetencia una vez producida la pérdida de condición de una diputada y con ello su aforamiento, justo antes del inicio de la celebración del juicio oral señalado.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del tribunal valenciano al considerar que las acusadas estaban incurriendo en “fraude de ley”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417467637_023849.html

LOS JUECES PIDEN QUE SE AMPLÍE LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN

Los magistrados opinan que “la democracia española está en una situación muy delicada”

Los jueces han propuesto este miércoles elevar las penas y ampliar la prescripción de los delitos de corrupción, además de introducir nuevas figuras penales como la del enriquecimiento injusto. Los 45 jueces decanos españoles han planteado, en total, 58 medidas dirigidas a hacer frente a los casos de corrupción que "se han multiplicado", y a atajar lo que consideran una "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público".

Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros, realizan, en el documento aprobado en Valencia, un diagnóstico grave sobre la situación de España. "La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia". Los jueces creen que existe un "indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones" y proponen medidas con alcance "estructural, organizativo y de gestión" para mejorar la lucha contra la corrupción.

Como conclusión a sus XXIV jornadas nacionales, ofrecen al resto de "poderes del Estado" su "colaboración" para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que califican como una "desesperante lentitud de las causas" aportando para ello su "experiencia" en el "primer peldaño judicial".

Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento del número de jueces "hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes", cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Aumentar la "autonomía" económica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y las comunidades. Una "modernización informática", que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonomía. Y la "concentración" de los juzgados "en grandes sedes".

La reforma del Código Penal que plantean contempla: ampliar la prescripción de los delitos de corrupción; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el de "financiación ilegal de partidos políticos", y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, "en particular el de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos".

Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas "para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción", como en la "omisión del deber de denunciar". Incorporar un delito de obstrucción para los supuestos en los que una institución no remita la documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar la posibilidad de sustituir las penas por corrupción. Y despenalizar, en cambio, "pequeñas infracciones" que suponen "un desproporcionado esfuerzo" para el sistema.

Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional

Los decanos plantean también modificaciones "en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional", que opinan que hoy son "excesivamente dependientes de los partidos políticos". Así como la "eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos".

Los jueces piden que los refuerzos "en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción", se adopten "en cuestión de días y no de meses", y que en tales investigaciones los magistrados "puedan trabajar en equipo". También reclaman que el CGPJ tenga "facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a una “reforma” profunda que reduzca la fase de instrucción "ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables". Y reclaman una "regulación clara" de diligencias de investigación como las intervenciones telefónicas o los registros que proporcionen "seguridad jurídica a los jueces". La rapidez, continúan, debe alcanzar a los "trámites externos", como informes periciales o respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman, consume "buena parte del tiempo" de los procedimientos.

Los jueces plantean suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito

El documento pide limitar los "recursos contra resoluciones de mero trámite", que "confieren armas para la dilación procesal absolutamente injustificada". Y avanzar hacia un modelo en el que los "medios de impugnación" se reserve para el final de la investigación como vía para "revisar la misma". Plantean introducir "sanciones" para disuadir las acusaciones "temerarias". Suprimir "el privilegio" que permite a ciertas autoridades declarar por escrito "lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones". Facultar a los fiscales para que valoren "si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de pequeñas infracciones". Crear juzgados especializados en delincuencia económica a escala provincial o autonómica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telefónicas y las comisiones rogatorias internacionales.

Los decanos proponen quitar al tribunal del jurado la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps) y "en general, los delitos relativos a la corrupción".

Piden una revisión profunda del aforamiento, "que genera importantes dilaciones procesales". Y en ocasiones, afirman, facilita "la ocultación o destrucción de pruebas" y obliga "al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impide adoptar medidas limitativas de derechos", como las intervenciones telefónicas. Consideran "oportuno" dejar la instrucción de las causas con aforados en manos del juez ordinario. Y, en todo caso, reservar el enjuiciamiento para un tribunal de aforados. Solicitan la supresión del suplicatorio en las cámaras legislativas, limitar el alcance del aforamiento a "los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos", y vetar el "cambio de juez instructor o tribunal" para aquellos supuestos en que una persona deja "de estar aforada y viceversa".

Los indultos, solo cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador

Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando "exista informe favorable del tribunal" sentenciador. Y la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo) no debería suspenderse "en caso de solicitud de indulto".

Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales "en caso de que se les atribuya la instrucción" de los procedimientos, como ha barajado el Gobierno. Incrementar "los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción", crear "equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces". Aumentar la plantilla de la policía judicial y "en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera".

Los decanos plantean que la responsabilidad civil se dirima en un proceso paralelo, porque "frecuentemente retrasa en exceso la finalización de la instrucción". Piden que se puedan embargar bienes a "testaferros o colaboradores" y que se mejore el "cruzado de datos" con organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Seguridad Social y los registros notariales.

El documento elaborado por los decanos de los juzgados de España, incluida la Audiencia Nacional, considera necesario finalmente crear "un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces", mejorar la ley de protección de testigos y poner "expertos en informática a disposición" de los magistrados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/03/valencia/1417607511_161913.html

EL GOBIERNO NO VERÍA EXTRAÑO QUE EL JUEZ RUZ TENGA QUE DEJAR LOS CASOS QUE AFECTAN AL PP

"No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel", ha dicho el ministro de Justicia

Cospedal critica la actuación del magistrado y ve "cogido por los pelos" que el partido se lucrara de la trama corrupta

El CGPJ podría convocar decenas de plazas, entre las que se encuentra la del juzgado de la Audiencia Nacional en la que Pablo Ruz lleva años como sustituto

El juez Pablo Ruz se ha vuelto incómodo para el PP tras los avances que ha hecho en el último año en la instrucción de las dos macrocausas que afectan al partido de Mariano Rajoy: el caso Gürtel y la investigación de la financiación ilegal a partir de los 'papeles de Bárcenas'.

Ante la posibilidad de que el mandato de Ruz no sea prorrogado por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) controlado por los conservadores, el Gobierno resta importancia a la posibilidad de que el magistrado salga del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en las próximas fechas gracias a la convocatoria de plazas, entre la que se encuentra este juzgado en el que trabaja como sustituto desde hace años.

"No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel", ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un desayuno organizado por Europa Press.

El CGPJ podría convocar plazas para cubrir más de 300 puestos vacantes. Entre esas convocatorias, el Poder Judicial podría incluir el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que Ruz sustituye al juez titular, Miguel Carmona, a quien el Gobierno envió a Reino Unido como juez de enlace tras haber ocupado un puesto como vocal en el organismo de gobierno de los jueces. El CGPJ ha prorrogado durante todo ese tiempo la comisión de servicios por la que Ruz tiene un puesto en la Audiencia.

La salida de Ruz dilataría aún más en el tiempo las investigaciones que afectan al PP y que el magistrado ha acelerado recientemente. El último movimiento, el cierre de la instrucción de una pieza del caso Gürtel, provocó la dimisión de Ana Mato por haber sido beneficiaria "a título lucrativo" de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa. Ese mismo auto apunta a que el PP se benefició de más de 300.000 euros por las actuaciones de la trama.

"Está cogido por los pelos"

En el PP han surgido ya críticas directas a la actuación del magistrado. María Dolores de Cospedal ha negado durante una entrevista en Telecinco la existencia de los indicios en los que Ruz se sustenta para concluir que el PP se enriqueció gracias a la trama y se financió ilegalmente, y ha cuestionado que la investigación tenga una base sólida.

"Está tan cogido por los pelos que no es de recibo. Ruz dice que eso sería así si creemos lo que dice Bárcenas, y yo no lo creo. Primero hay que creer a un mentiroso compulsivo y corrupto", ha expresado la secretaria general del PP.

La número dos de la organización no ha querido opinar sobre si el CGPJ debe relevar al juez o mantenerlo al frente del caso porque, asegura, cree en la independencia del poder judicial. Pero sí ha señalado que la investigación "está prácticamente terminada" y que el juez debe ser "el que corresponda legalmente".

Rajoy también tuvo que responder el lunes sobre este asunto y se amparó en la independencia judicial. "No corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces", afirmó.

Esta postura del presidente del Gobierno contrasta con la actitud que mantuvo ante el reparto de la instrucción de los 'papeles de Bárcenas', que inicialmente iba a recaer sobre el juez Javier Gómez Bermúdez, incómodo para los intereses del PP. Rajoy llamó personalmente al CGPJ para interesarse por este asunto.

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-importancia-posible-Ruz-Gurtel_0_330717112.html

EL CALVARIO JUDICIAL DEL PP SE CUELA EN LAS URNAS

Los instructores del ‘caso Gürtel’ y el ‘caso Bárcenas’ concluirán en el año electoral hasta 16 investigaciones de corrupción

Lo peor está por llegar. El Partido Popular, castigado por seis años de instrucción del caso Gürtel, ha sufrido un duro golpe a su imagen en el peor momento posible. El auto del magistrado Pablo Ruz, que sienta en el banquillo a 43 imputados en la primera fase de esta causa, señala al PP y a Ana Mato como partícipes a título lucrativo de algunos de los supuestos delitos cometidos por los corruptos, lo que ha forzado la dimisión de la ministra de Sanidad.

El juicio oral de la primera fase del caso Gürtel mostrará una imagen demoledora de la corrupción. La clase empresarial, con una decena de representantes imputados, y el partido del Gobierno, con tres de sus extesoreros nacionales implicados, se sentaran juntos en el banquillo de los acusados.

No será el único problema del PP en 2015, un año electoral donde se juega el inmenso poder que acumula en Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno de la nación.

El horizonte judicial del partido de Mariano Rajoy está cargado de amenazas en los próximos meses. Hay al menos otros 16 frentes abiertos con imputaciones de corrupción que apuntan otra vez al corazón del partido que gobierna en España. Son 16 investigaciones judiciales vinculadas a la red Gürtel cuyo estallido final puede salpicar la carrera electoral de muchos candidatos populares.

La red corrupta que dirigía Francisco Correa y los manejos del extesorero nacional Luis Bárcenas han extendido la sospecha sobre las organizaciones del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Cantabria y País Vasco. Varias decenas de cargos públicos del PP en estos territorios se sentarán en los próximos meses en el banquillo de los acusados en media docena de juicios.

Cinco causas en Valencia. Los negocios de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, gracias a la amistad que mantenían sus directivos con los dirigentes del PP, serán enjuiciados en los próximos meses en cinco procesos distintos:

Amaño de contratos en la Generalitat. La exconsejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y los de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, se sentarán en el banquillo acusados de amañar contratos a favor de la red Gürtel.

Financiación ilegal campañas electorales en 2007 y 2008. La gerente valenciana del PP Cristina Ibáñez Vidal y el extesorero nacional Luis Bárcenas están imputados en esta causa que investiga el pago de actos electorales por parte de empresas contratistas de la Comunidad Valenciana que pagaban a la red Gürtel por servicios simulados.

Visita del Papa. Proceso judicial abierta por el amaño de un contrato relacionado con la visita del Papa de 7,2 millones. Canal Nou adjudicó el trabajo a una constructora leonesa sin experiencia en el sector que operaba como tapadera de las empresas de Francisco Correa. Juan Cotino, exconsejero y expresidente del Parlamento valenciano, está imputado en esta causa.

La feria de turismo Fitur. Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, consiguió durante cinco años el contrato para organizar la muestra de la Comunidad Valencia en la exposición de turismo Fitur, que se celebra en Madrid, Dos exconsejeras de Turismo están imputadas en la causa.

Ocho frentes abiertos en los ‘papeles de Bárcenas’. El juez Pablo Ruz investiga desde hace 20 meses los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas donde apuntó el ingreso de donativos (casi ocho millones de euros) prohibidos por Ley y pagos de sobresueldos a dirigentes del PP y otros servicios en dinero no declarado a Hacienda ni registrado en las cuentas oficiales del partido. Con esa prueba y tras numerosas diligencias de investigación, el juez Ruz ha acumulado indicios de financiación ilegal del PP para las obras de reforma de su sede nacional y para otros pagos que afectan a sus organizaciones territoriales de Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

Un organismo estatal salpicado por las mordidas de Correa. AENA, el ente estatal de Aeropuertos y Navegación Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, adjudicó numerosos contratos a las empresas de Francisco Correa. El cabecilla de la red corrupta presumió ante el juez Baltasar Garzón de haber logrado esos contratos gracias a su amistad con el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

La investigación judicial ha acreditado que dos cargos de confianza de AENA cobraron mordidas por la adjudicación de contratos para organizar eventos del organismo aeroportuario a las sociedades de la red Gürtel. Cascos no está imputado en la causa que salpica a dos cargos de confianza de AENA.

Boadilla y Arganda, los grandes pelotazos. Los exalcaldes de Arganda del Rey y Boadilla del Monte, ambos del PP, están imputados por cobrar grandes cantidades de dinero a cambio de favorecer contratos a la red Gürtel. En estos dos municipios, la trama corrupta también se enriqueció gracias a su supuesta intermediación en adjudicaciones de suelo que dieron lugar a plusvalías multimillonarias a favor de constructores y promotores inmobiliarios.

¿Candidatos?

El PP tiene problemas para definir quienes serán sus candidatos electorales para los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2015 en Madrid y la Comunidad Valenciana, donde la red Gürtel hizo negocios entre 2000 y 2009.

Los dirigentes que optan a encabezar las listas han sido salpicados directa o indirectamente por las investigaciones judiciales en marcha. En la Comunidad Valenciana se celebrarán en 2015 al menos dos juicios por los procesos abiertos.

En la Comunidad de Madrid, el juicio de la primera fase del caso Gürtel volverá a recordar el despilfarro, descontrol y amaño de cientos de contratos para que la red corrupta organizará actos de propaganda en los que siempre intervenía la expresidenta Esperanza Aguirre, ahora aspirante a encabezar la candidatura del PP a la alcaldía de Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/29/actualidad/1417288326_992248.html

RAJOY DEFIENDE A MATO Y ADMITE QUE EL PP HA TENIDO “PROBLEMAS SERIOS”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha intentado disipar la idea de corrupción generalizada, ha dicho comprender la indignación de los ciudadanos y ha vuelto a anunciar las mismas medidas de regeneración que ya ofreció hace más de 20 meses en el Pleno del Congreso. También ha repetido otras que ya están desde hace meses en las Cortes en proyectos de ley que el PP mantiene bloqueados y ha exculpado y defendido a su dimitida ministra de Sanidad, Ana Mato. Con el auto del juez Ruz "queda fuera de toda duda" que Mato "ignoraba la comisión de tales delitos", ha destacado. El presidente ha admitido que su partido ha sufrido "problemas serios" relacionados con la corrupción.

Se ha encontrado con la respuesta crítica inicial de Pedro Sánchez, líder del PSOE, quien le ha dicho que "después de leer el auto de ayer, usted no está capacitado para liderar estas reformas". "El enemigo común es la corrupción, aunque no nos afecta por igual", ha dicho el socialista.

"¿Quién va a ser responsable de que el PP sea responsable a título lucrativo de la trama Gürtel?", le ha preguntado el portavoz de IU, Cayo Lara, poniendo en duda también la credibilidad del presidente. Rosa Díez (UPyD) le ha acusado de confundir el debate y de inacción porque "nadie entiende que hasta hoy no hayamos hecho nada porque para algunas cosas como recortar derechos de los ciudadanos bien que la ha utilizado". "Usted es el capo de la familia", ha llegado a decirle al presidente del Gobierno el portavoz de ICV, Joan Coscubiela.

Rajoy ha comparecido en el pleno del Congreso para asegurar que entiende "la indignación de los ciudadanos", pero se ha esforzado en intentar minimizar el problema, dejar a salvo a la inmensa mayoría de los políticos y hacer una defensa cerrada del sistema democrático. “España no está corrompida, no generalicemos. Se empieza así y se acaba atacando el sistema. Eso beneficia a los salvapatrias de la escoba”, ha asegurado en una referencia implícita al discurso del líder de Podemos, Pablo Iglesias. “No hay fantasma de corrupción generalizada porque no existe la corrupción generalizada”, ha repetido para dejar claro que, en su opinión, la democracia no está afectada por este fenómeno que afecta y preocupa a los ciudadanos.

El presidente ha asegurado que presenta en persona estas medidas porque se trata de "un problema muy peligroso" que "desacredita a España". "Hay casos que afectan a cargos de mi partido y he pedido perdón", ha asegurado. "La impresión es que se mire adonde se mire hay gente que explota a su gusto la democracia (...) Se crea un clima a ratos irrespirable", ha detallado.

“Que no se extienda la sospecha a todos los ciudadanos, porque 50 no desacreditan a toda la profesión. Puedo entender la desconfianza, pero no justifica que se generalice la culpabilidad. La mayoría de nuestros representantes son personas decentes”, ha dicho el presidente del Gobierno para intentar restar importancia al problema. "España no está corrompida, España tiene algunos corruptos que afortunadamente están saliendo a la luz. No añadamos a la corrupción el infundio porque es peligroso", ha remachado.

Ni palabra de Gürtel, más allá de esa referencia genérica de perdón

No ha hecho mención en su discurso inicial a la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad y su autocrítica ha sido asegurar que “ha habido corruptos" en su partido, "personas que fueron merecedoras de mi confianza". "He pedido perdón”, ha alegado. Ni palabra de Gürtel, más allá de esa referencia genérica de perdón, en su discurso.

Solo en la réplica a todos los grupos ha dicho que no hablaría "ni de listas ni de nombres ni de partidos, porque eso no aporta nada". Y, a continuación, ha leído la parte del auto del juez Ruz en la que se dice que Ana Mato es "una de las personas a las que debe ser notificada el auto para que se persone a título de partícipe a título lucrativo". Ha explicado, para exculpar a su dimitida ministra, que se basa en la "ignorancia de actividad delictiva", es decir, que no es culpable de nada según su razonamiento. Ha zanjado el caso Gürtel, sin citarlo expresamente, con la frase: "Reconozco que en mi partido ha habido problemas serios".

Y en la última intervención, el presidente no ha querido evitar sacar a relucir el caso de los ERE en Andalucía, aunque de forma limitada, y reiterar el argumento de que Susana Díaz no le deja actuar a Pedro Sánchez. Pero, a pesar de la dureza de las acusaciones contra él, Rajoy ha evitado durante casi todo el debate la confrontación. Resignado ha dicho: "Nadie puede evitar la corrupción en el planeta porque forma parte de la condición humana, pero se puede castigar". De ahí ha pasado a hablar de las medidas que ya ha tomado que fueron al inicio de la legislatura una reforma limitada de la ley de financiación de partidos y la ley de transparencia que aún no está en vigor plenamente. Su conclusión en este apartado ha sido que “más difícil corromperse que antes de que nos confiaran el Gobierno”.

Luego Rajoy se ha referido a las medidas que propondrá y que se incluirán en la ley de financiación de partidos, el estatuto de altos cargos y el Código Penal y otras de las que habló en febrero de 2013, en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente. Algunas de ellas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva que prometió entonces ya no será posible por falta de tiempo y solo podrá hacer una reforma parcial. Ha olvidado otras propuestas que hizo reiteradamente como la reducción de aforamientos, que ni ha mencionado. Solo ha presentado como novedades retoques o enmiendas parciales a medidas reiteradas durante meses o incluidas en los proyectos de ley parados en las Cortes.

Los tres proyectos citados llevan en el Congreso más de un año y estaban atascados con sucesivos plazos de enmienda y ahora el PP agilizará. En la ley de partidos ha prometido “más control y fiscalización”. Lo hará proponiendo que se prohíban las donaciones de personas jurídicas, que los bancos no puedan condonar deudas de los bancos, ni créditos por debajo de mercado, además de la obligación de presentar las cuentas con más control del Tribunal de Cuentas. Se harán públicas las donaciones de particulares que superen los 50.000 euros y las superiores a 25.000 se notifiquen al Tribunal de Cuentas con identificación del donante.

El presidente ha precisado más, pero, por ejemplo, el proyecto de ley de financiación ya dice que "las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A estos efectos se entiende por condonación la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado". Es decir, ya prohíbe las condonaciones.

Ese proyecto, varado desde febrero, fija en 100.000 euros el límite de donaciones privadas y él ha anunciado que bajará a 50.000. También dice el proyecto que "todas las donaciones superiores a 50.000 euros y en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación" y él ha anunciado que se reduce a la mitad. Otro ejemplo: el artículo 5-C del texto que lleva nueve meses en el Congreso se dice que están prohibidas "donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Y Rajoy ha hablado de "prohibición de las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica", es decir, lo mismo.

Rajoy ha anunciado que incluirá medidas de funcionamiento de los partidos como que los estatutos obliguen a renovar sus órganos cada cuatro años, formas de participación o un defensor de los militantes. También un procedimiento de expulsión para condenados por delito doloso y suspensión de militancia por juicio oral por delito doloso por corrupción. Otros partidos como el PSOE proponen que se incluya obligación de elecciones primarias.

En ningún caso el presidente ha hablado de primarias y tampoco es una propuesta nueva, porque el proyecto de ley que remitió su Gobierno en febrero ya dice en su artículo 3 j que "Los órganos directivos, que deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democrático de los dirigentes electos". Eso se puede hacer en un congreso como ya hace, por ejemplo, el PP.

Respecto al estatuto del alto cargo, se exigirá que no tengan antecedentes penales por determinados delitos. Ha reiterado la limitación de gastos de representación que ya estaba en el proyecto y de refuerzo de incompatibilidades, con informe al Congreso cada seis meses. Ha incluido la exigencia de un certificado de que está al corriente de pago de impuestos, es decir, lo que ya se exige para cualquiera que contrate con la Administración.

Para el Código Penal, el presidente ha propuesto que la financiación ilegal de los partidos sea delito, que se agraven las penas por corrupción y que se amplíen los plazos de prescripción. Estas propuestas también han sido reiteradamente anunciadas por el presidente y su Gobierno.

Hace 21 meses Rajoy propuso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El proyecto se abandonó y ahora el presidente solo anuncia por falta de tiempo para tramitarlo reformas parciales para evitar macroprocesos que se eternizan en asuntos muy complejos “sin necesidad de concatenación de hechos”, limitación de tiempo de instrucción sin precisar y medidas para la recuperación de bienes. Todo para que “que deje de ser noticia esa eternidad o la imposibilidad de localizar al condenado”.

También Rajoy propuso reformas en el reglamento del Congreso, que el PP ha retrasado durante la legislatura y aumento de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. En las primeras reiteró que los parlamentarios sean obligados a dejar el cargo cuando están inmersos en casos de corrupción, pero sin especificar en qué momento, si en la imputación o en el juicio oral.

Rajoy ha reiterado la propuesta de reforma del indulto, con concreción en que se remita al Congreso un informe cada seis meses, con comparecencia del ministro para dar cuenta de los denegados y concedidos. Ha hablado de la regulación de la Iniciativa Legislativa Popular. Esta propuesta tampoco es nueva, porque el PP ya hizo una propuesta hace meses en la ponencia de Reglamento del Congreso, para que los promotores las defiendan en el Parlamento. El resto de grupos quieren que sea en el Pleno y el PP en comisión, pero esa reforma está atascada también.

El jefe del Ejecutivo ha mencionado la reforma de la ley de contratos, de la que también habló en febrero de 2013. "La ampliación de las prohibiciones de contratar con la administración y limitación del uso de los procedimientos negociados", ha prometido.

El presidente del Gobierno ha explicado que ya no esperará a pactos, sino que las impulsará aunque sea en solitario, antes de final de año. No obstante, algunas como la ley de enjuiciamiento, no llegarán al Congreso hasta febrero porque antes debe pasar por el Consejo de Ministros, ser sometido a informe en Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial y volver al Gobierno para ser enviado a las Cortes. "No podemos discutir si son galgos o podencos, lo que importa es que son perros", ha concluido. "No espere acuerdo sobre corrupción global porque no son de fiar" y "yo no me siento en un despacho remodelado con dinero negro", le ha respondido contundente el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/27/actualidad/1417076748_410848.html

DIMITE ANA MATO PARA NO HUNDIR A MARIANO RAJOY

Rajoy evita la fotografía con la ministra en el pleno sobre corrupción de hoy en el Congreso

Cinco años y medio después de su estallido, el caso Gürtel se ha cobrado su pieza política de mayor nivel: la ministra de Sanidad, Ana Mato, muy cercana a Mariano Rajoy, dimitió este miércoles tras una reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Formalmente se presentó como una dimisión, pero pocas horas antes su equipo trasladaba que quería seguir. La decisión final la tomó Rajoy, según diversas fuentes.

El comunicado oficial señala que la ministra quiere evitar que su permanencia pueda “perjudicar al Gobierno, a su presidente o al PP”. Rajoy protagoniza este jueves un pleno clave sobre medidas anticorrupción y la presencia de Mato en el banco azul amenazaba con hundir su mensaje, por lo que la dejó caer. Mato, que desde que hace 27 años se fuera a trabajar para José María Aznar en Valladolid siempre ha estado en política, seguirá de diputada rasa en el Congreso, aunque no irá al pleno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asumirá sus funciones hasta que haya nuevo titular de la cartera, un cargo para el que se apunta como candidata a la secretaria de Estado, Susana Camarero.

Mato dimite después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sostuviera en un auto que la ministra fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. Mato se convierte así en la política popular de mayor rango que se lleva por delante Gürtel, el gran quebradero de cabeza de Rajoy, después de Francisco Camps, que dimitió en 2011 tras un largo calvario similar al que ha sufrido la responsable de Sanidad. En ambos casos, Rajoy les mantuvo su apoyo hasta el final y dejó que su imagen se fuera deteriorando hasta que la presión fue insoportable.

En un primer momento, Mato se resistió y rechazó la dimisión, como ha hecho en las diversas crisis que ha sufrido desde que Rajoy la nombrara en 2011. De hecho su equipo preparó un comunicado para explicar que nadie le imputaba ningún delito, que el juez la colocaba en el mismo lugar que al PP, también “partícipe a título lucrativo”. Alrededor de las tres de la tarde de este miércoles, el entorno de Mato aseguraba que ella no se planteaba dimitir “de momento”. Pero ese texto nunca se llegó a publicar y la sensación fue cambiando a lo largo de la tarde, hasta que a las 19.47 llegó el comunicado oficial dando cuenta de la dimisión.

Mato se había resistido otras veces y había aguantado las presiones para que cesara porque contaba con el apoyo de Rajoy. Pero esta vez era diferente. Primero porque el presidente y el PP están hundidos en las encuestas y el deterioro provocado por los escándalos de corrupción ha disparado ya todas las alarmas internas. Barones autonómicos y alcaldes, que tienen elecciones en mayo de 2015, reclaman a Rajoy contundencia frente a los escándalos.

Pero sobre todo, porque esta vez los tiempos políticos jugaban contra ella. Rajoy protagoniza un pleno clave en el Congreso, que el presidente diseñó para dar un giro y salir del pozo en el que le han colocado los últimos escándalos, en especial la Operación Púnica. Esta situación ha hecho que el 86,6% de los españoles confíe poco o nada en el presidente y que el PP haya caído hasta el 27%, según el CIS, mientras Podemos es ya la primera fuerza en intención de voto directa.

En el PP se extendió durante toda la tarde la idea de que el juez Pablo Ruz había elegido para sacar su auto el día que más daño político podía hacer a Rajoy, precisamente antes de ese pleno clave. En la cúpula del partido se escuchan críticas muy duras contra un juez que ordenó a la policía un registro en la sede del PP por primera vez en su historia porque el partido no le daba los documentos que pedía.

Mato nunca se planteó presentar la dimisión hasta este miércoles, pese a que la oposición se lo pidió muchas veces, porque Rajoy podía asumir el coste de tener una ministra cuestionada. Pero esta vez, según señalaban antes y después de la dimisión varios altos cargos del PP y del Gobierno, “era Rajoy o Mato”. Porque el coste iba directamente sobre la imagen del presidente, que iba a ver a toda la oposición reclamándole en el pleno de este jueves que empezara por destituir a la ministra antes de hablar de ser implacable contra la corrupción.

Rajoy siempre agradeció a Mato su lealtad en los momentos difíciles, después de la segunda derrota en 2008, y creía que era injusto que ella tuviera que pagar por los delitos de su exmarido. Pero ante la tesitura de que el hundimiento de Mato arrastrara su propia imagen, el presidente ha decidido prescindir de ella.

Mato se convierte así en la segunda dimisión del Ejecutivo de Rajoy, después de Alberto Ruiz-Gallardón, que dejó el cargo de ministro de Justicia en septiembre pasado, pero sin que mediara ningún escándalo, sino por una cuestión puramente política: la retirada de la reforma de la ley del aborto. Al contrario de que lo sucedió con Gallardón, Rajoy no anunció quién sucederá a Mato al frente del Ministerio de Sanidad, una decisión que aún no parecía tomada porque la dimisión se produjo de forma precipitada por la tarde. Rajoy tendrá que hacer la tercera remodelación desde 2011, aunque mínima, después de la salida de Miguel Arias Cañete para ser candidato europeo y la de Gallardón.

Mato reivindica en su comunicado que dimite aunque el juez no le imputa ningún delito ni le “atribuye responsabilidad penal alguna”. “No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al PP”, remata el texto que deja claro que su salida está pensada para proteger al presidente del Gobierno.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417012981_141230.html

RUZ CITA A ANA MATO COMO “PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO” EN EL ‘CASO GÜRTEL’

La ministra no está imputada pero será considerada responsable civil en el juicio

El juez sobresee la investigación sobre el exministro Acebes en este bloque de la causa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado ya el auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento- a 43 imputados en la llamada “primera etapa” del caso Gürtel, la trama de corrupción que anidó en los aledaños del PP. El magistrado califica a la ministra de Sanidad, Ana Mato, de “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda.

La ministra de Sanidad y Gema Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va estudiar en el juicio, según han confirmado fuentes jurídicas. Para defender sus intereses, el magistrado les ordena que designen abogado y procurador. El Partido Popular permanece en su condición de partícipe a título lucrativo. Esta figura, también llamada "receptación civil", se aplica a las personas que se benefician del fruto de un delito del que no tenían conocimiento. Al tratarse de una responsabilidad civil, no se aplica el aforamiento de la ministra, que no está imputada por ningún delito.

El motivo que expone Ruz para calificar a Mato de “partícipe a título lucrativo” es que la ministra “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos y conceptos por valor total de 55.439 euros. No obstante, el juez Ruz recuerda que será en el acto del juicio en el que se deberá concretar “la exacta cuantía de lo que la partícipe pudiera haberse beneficiado”. Además de viajes y billetes de avión, la trama corrupta supuestamente sufragó artículos de Loius Vuitton para la exministra y las fiestas de cumpleaños y de primera comunión de la hija de la pareja en los años 2001, 2002 y 2005.

En el caso de los partícipes a título lucrativo, lo habitual es que estén sentados en el banquillo. Recientemente, la Sección Cuarta de lo Penal celebró un juicio por información privilegiada en el que el partícipe a título lucrativo estuvo en el mismo estrado que los imputados, aunque como responsable civil. Lo mismo ocurrió el pasado mayo en el juicio sobre Caixa Penedés o en el caso Gescartera.

El juez ha dado por concluida la parte troncal de caso Gürtel y entiende que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones populares tienen 30 días para solicitar la apertura del juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.

El magistrado, en un auto de 205 folios, ha decretado también el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba contra Ángel Acebes, exsecretario general del PP, por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la caja b del partido gestionada por el extesorero Luis Bárcenas. No obstante, el exministro Acebes permanece imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, según fuentes jurídicas.

La decisión de desimputar a Acebes del delito de apropiación indebida que se le atribuía deriva de que la investigación no ha permitido determinar que el exministro del Interior supiera que los fondos con los que se suscribieron las acciones de Libertad Digital en 2004 pertenecían a la caja B del PP que administraba Bárcenas. No obstante, Ruz considera que los estatatos del PP vigentes en aquel momento imponían a Acebes "un deber especial de control o de vigilancia" sobre el entonces gerente Bárcenas.

La primera época de Gürtel abarca hechos cometidos por la trama liderada por Francisco Correa en Castilla y León, Madrid y Estepona (Málaga). En el auto, que puede ser recurrido en el plazo de cinco días, el magistrado describe la operativa desarrollada en torno a Correa y su lugarteniente Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego. En la trama de corrupción están imputados tres extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como el exsenador Jesús Merino, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

La red de Correa, creada en los años 90, se especializó en organizar eventos, actos políticos y viajes para el Partido Popular. Al mismo tiempo, el cerebro de la trama aprovechaba sus contactos en el partido del Gobierno para conseguir adjudicaciones públicas. Según Ruz, el entorno de Correa entregaba regalos a los funcionarios y autoridades que favorecían sus negocios.

De forma paralela, Correa y sus colaboradores crearon una estructura societaria en el exterior para transformar en fondos legales el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas.

Ruz considera constatados los indicios de que distintos ayuntamientos y consejerías de la Comunidad de Madrid contrataron a la red de Correa “apartándose de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a sociedades de la trama corrupta. Los fondos obtenidos fueron invertidos posteriormente en operaciones inmobiliarias, en las que participaron cargos públicos.

El beneficio de Ana Mato

El juez Ruz considera que la ministra de Sanidad es “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel, según el artículo 122 del Código Penal. Este obliga a Ana Mato a devolver el dinero que pudo obtener de los negocios supuestamente delictivos de su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda.

El artículo 122 del Código Penal se impone al cónyuge y a los herederos del condenado si han obtenido un beneficio económico del delito. La persona declarada “partícipe a título lucrativo” responde solidariamente junto con el condenado, aunque sólo hasta la cuantía de su participación.

Existen dos requisitos para que alguien sea considerado “partícipe a título lucrativo”. Por un lado, se tiene que probar la obtención de un beneficio económico, y por otro, ha de demostrarse que el sujeto sabía que se obtenía tal beneficio, pero no que provenía de una actividad delictiva.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417003121_995645.html

LAS CLAVES DEL AUTO QUE CIERRA LA PRIMERA FASE DEL ‘CASO GÜRTEL’

El magistrado procesa a 43 imputados en la trama de corrupción liderada por Correa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluida en un auto de 205 páginas la parte troncal de la investigación del caso Gürtel y propone sentar en el banquillo a 43 personas. Además, el auto considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, "partícipe a título lucrativo" de los negocios de su exmarido con la trama. En la misma condición se mantiene al Partido Popular. El juez, por otra parte, retira la imputación al exministro del PP Ángel Acebes; a la exportavoz de Presidencia de la Comunidad de Madrid Julia López Valladares y al empresario Carlos Ignacio Hernández-Montiel.

¿Qué parte de la instrucción de la trama se cierra con este auto?

El juez firma un auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento- relacionado con los primeros años de actividad de la trama Gürtel y operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de Estepona (Málaga).

¿Cuál es el origen de la red?

Según relata el auto, Francisco Correa lideraba una red creada en los años noventa que se especializó en organizar eventos y campañas electorales del PP. La trama aprovechaba los contactos en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba de hacer regalos a funcionarios y cargos que supuestamente intervenían para favorecer los negocios de las empresas de la trama.

¿Cómo actuaba el grupo de Correa?

A partir de las relaciones con distintos responsables políticos, el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio, la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados. El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además, Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita.

¿A qué delitos corresponden los hechos descritos por el juez Ruz?

El auto considera, provisionalmente, que se pudieron cometer un total de 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

¿Quiénes son los principales imputados en esta fase del caso Gürtel?

El juez considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas. Entre ellos, los más destacados son el extesorero del PP Luis Bárcenas Gutiérrez; y su mujer, Rosalía Iglesias Villar; los tasmbién extesoreros Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; Jesús Sepúlveda Recio, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra Ana Mato; Francisco Correa, principal propulsor de la trama y su número dos, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez; el exconcejal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y su mujer, Teresa Gabarra. Ahora se abre un plazo de 30 días para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa.

¿Se sentará en el banquillo la ministra Ana Mato?

El magistrado considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda. Tanto la ministra como Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va a estudiar en el juicio, según confirman fuentes jurídicas. El Partido Popular permanece en la causa en su condición de partícipe a título lucrativo.

¿Qué pasa con el exministro Ángel Acebes?

El exministro Ángel Acebes, el más alto cargo del PP implicado en la Gürtel, deja de estar imputado. Ruz considera que no ha quedado probado que supiese de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del PP cuando era secretario general. Acebes reconoció ante el juez que en 2004 se entrevistó con el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte. Sin embargo, en contra de lo que declararon los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el antiguo secretario general negó que del encuentro saliese un compromiso para comprar acciones de este medio, afín a la formación. “Yo le comentaría -a Lapuerta- que –en Libertad Digital- estaban buscando personas o inversores para cubrir la ampliación de capital y nada más”, dijo Acebes al juez.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417009371_186512.html

LO QUE SUIZA NO ESCONDE

El ‘caso Púnica’ surge por información del país helvético que nadie pidió

20 políticos y empresarios imputados por corrupción ocultaban 100 millones

El juez Ruz pide datos a Suiza sobre cuentas vinculadas con Bárcenas

Suiza se ha convertido en los últimos años en un aliado infalible para hundir con cientos de pruebas bancarias a los jefes de las principales tramas de corrupción en España. La aparente opacidad del país helvético como reclamo principal para atraer clientes extranjeros a sus bancos no ha servido de escudo protector a una veintena de políticos y empresarios españoles que ocultaban en ese paraíso financiero más de 100 millones de euros, ahora bloqueados por los jueces.

El convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, suscrito en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, ha permitido a los jueces españoles recabar información suficiente de las autoridades suizas para acumular pruebas de los delitos que persiguen.

Las comisiones rogatorias por todo el mundo.

En un proceso lento pero imparable, Suiza ha ido remitiendo a las autoridades judiciales españolas documentación bancaria explosiva de graves consecuencias para los políticos afectados. Algunas informaciones han llegado a poner contra las cuerdas al Gobierno español del PP, como ocurrió cuando el país helvético remitió, a finales de 2012, los primeros datos de los ahorros de Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, en el Dresdner Bank suizo. Para entonces, Bárcenas llevaba tres años imputado en el caso Gürtel aunque el PP le seguía manteniendo en nómina con el sueldo más alto de la organización.

Entre los cazados por la rendición de cuentas suizas hay ex senadores, ex alcaldes, ex consejeros autonómicos y una decena de empresarios que pagaron mordidas a políticos del PP a cambio de contratos públicos. La transparencia suiza ha situado a estos supuestos corruptos con ahorros en el extranjero a un paso de la cárcel en España.

La radiografía de las cuentas suizas propiedad de políticos y empresarios inunda los sumarios del caso Gürtel y del caso Bárcenas, y salpica de escándalos otras causas de corrupción.

En una pirueta jurídica que pocos se explican, Suiza envió a la Fiscalía Anticorrupción española a principios 2014 datos bancarios de Francisco Granados, ex senador y ex consejero de la Comunidad de Madrid. Esa información llegó sin que ninguna autoridad judicial española lo pidiera. “La Fiscalía suiza”, señalan distintas fuentes jurídicas españolas, “metió en su base de datos el nombre de Francisco Granados al conocer que estaba implicado en el caso del supuesto espionaje político pagado con fondos de la Comunidad de Madrid que investiga un juzgado. A raíz de ese contraste descubrieron que Granados tenía cuentas en Suiza y remitieron la información a la Fiscalía española”.

Con ese material, Anticorrupción y el juez Eloy Velasco iniciaron una investigación que destapó una extensa trama de corrupción de la que participaban empresas contratistas, constructores, varios ayuntamientos y tres comunidades autónomas.

Granados y su amigo constructor David Marjaliza (ambos encarcelados), seis alcaldes y otros tantos empresarios están imputados por el juez Velasco. Granados, según fuentes de la investigación, llegó a tener dos cuentas suizas con 1,5 millones y 300.000 euros. Su amigo constructor ocultaba cuatro millones.

Hay más españoles con dinero oculto en Suiza, a juzgar por la documentación que empezó a remitir este país al juez que investigaba el caso Gürtel. Cuando se iniciaron las pesquisas en relación al cabecilla de la trama, Francisco Correa, la investigación descubrió que guardaba al menos 18 millones de euros en una cuenta denominada Soleado a cargo de un gestor suizo, Arturo Fassana, cuya empresa administraba fondos de otros ciudadanos españoles.

Cuando Suiza comenzó a remitir la información relacionada con Francisco Correa advirtió a las autoridades judiciales españolas que había borrado de la documentación el nombre de otros clientes a los que Fassana había incluido dentro de la cuenta denominada Soleado pero sin vinculación con la causa abierta en España. En el sumario del caso Gürtel hay decenas de folios remitidos por Suiza con los movimientos de dinero de Correa donde se pueden observar numerosas casillas borradas que corresponden supuestamente a otros españoles cuyos fondos eran gestionados por Fassana.

Durante la instrucción del caso Gürtel, los tres jueces que han investigado el caso (Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y ahora Pablo Ruz) han tramitado 141 comisiones rogatorias a 19 países distintos solicitando información de distintas cuentas a nombre de dos decenas de imputados en la causa.

Cerca de 40 peticiones de auxilio judicial se han cursado a Suiza. En los últimos días, el Tribunal Penal Federal Suizo atendió un recurso de Luis Bárcenas para evitar que el juez Pablo Ruz pueda utilizar en la causa que tiene abierta la información que delata su fraude fiscal. Un error formal de las propias autoridades suizas —no dar audiencia a la defensa de Bárcenas en el expediente de entrega de la documentación a España— permite ahora a Bárcenas retrasar el proceso judicial que le mantiene en la cárcel.

Para que Ruz pueda incorporar a la causa todas las pruebas contra Bárcenas por sus cuentas suizas, este país tiene que reiniciar el proceso, dar audiencia al abogado del ex tesorero del PP y decidir si la Audiencia Nacional puede utilizar los datos. Bárcenas acumuló una fortuna de 48,2 millones de euros en las cuentas abiertas en Suiza.

Bárcenas, un millón al empezar

La policía remitió hace unos días al juez Pablo Ruz el último informe sobre los movimientos de dinero en cuentas suizas de Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP. El trabajo policial apunta el origen de las operaciones de Bárcenas en Suiza, donde llegó a acumular una fortuna de 48,2 millones de euros en las cuentas del Dresdner Bank y del Lombard Odier. El informe policial detalla que Bárcenas abrió una cuenta en el Lombard Odier de Suiza el 22 de junio de 1999, cuando era gerente de un partido, el PP, que por entonces gobernaba en España. Hasta el año siguiente, Bárcenas no comenzó a alimentar esa cuenta denominada Novis. Lo hizo mayoritariamente con ingresos en efectivo (744.894 euros) aunque también hizo cinco transferencias por 184.280 euros. El primer año ingresó en el Lombard Odier casi un millón de euros aunque sus ingresos como gerente del PP no superaban los 200.000 euros.

En 2001, Bárcenas sólo hizo tres ingresos en efectivo en la cuenta por 252.000 euros mientras que en 2002 no hay registrado ningún movimiento, según el informe policial remitido al juez.

A estas cantidades hay que sumar otros 8,2 millones de euros que Bárcenas ingresó hasta 2008 en el Lombard Odier y en el Dresdner Bank.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/21/actualidad/1416604544_261566.html

UN NUEVO INFORME DE HACIENDA ELEVA EN DOS MILLONES EL FRAUDE COMETIDO POR BÁRCENAS CON SUS CUENTAS EN SUIZA

"Al incorporar a las liquidaciones anteriormente practicadas los datos que desconocíamos en la cuenta Novis de Lombard Odier nos resultan unas cuotas defraudadas superiores en IRPF", confirman los funcionarios

Según los análisis realizados por los inspectores, la cuota defraudada por Bárcenas en 2000 fue de 730.704 euros, de 864.082 euros en 2001 y de 390.877 euros en 2002

"Al incorporar a las liquidaciones anteriormente practicadas los datos que desconocíamos, en los ejercicios que van de 2000 a 2002 de la cuenta Novis en Lombard Odier, nos resultan unas cuotas defraudadas superiores en el IRPF". Esta es la principal conclusión del último informe sobre las cuentas suizas de Luis Bárcenas firmado por dos funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria adscritos al caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

infoLibre ha tenido acceso a este documento de 19 de noviembre que el juez Pablo Ruz tiene sobre su mesa. Y en el mismo los inspectores de Hacienda analizan el fraude cometido por Bárcenas con la cuenta suiza denominada Novis en el banco Lombard Odier. Así, los funcionarios ponen de manifiesto que el extesorero del PP habría defraudado solo en los años 2000, 2001 y 2002 en el IRPF 1,98 millones de euros.

Hasta que el pasado 17 de octubre la Audiencia Nacional no recibiera la nueva documentación procedente de Suiza sobre los movimientos de la cuenta Novis desde su apertura en julio de 1999, el juez Ruz solo tenía conocimiento de entradas de fondos por un total de tres millones desde enero de 2003. Según la Policía Judicial, entre julio de 1999 y diciembre de 2002 Bárcenas llevó más un millón de euros en metálico a esta cuenta de Suiza. Con estos nuevos datos, los ingresos del extesorero del PP en Novis llegan a los 4 millones de euros.

730.704 euros

En concreto, y según los análisis realizados por los inspectores en el último informe de Hacienda, la cuota defraudada por Bárcenas en 2000 fue de 730.704 euros, lo que implica una liquidación de 131.555 euros, superando los 120.000 euros del delito.

En 2001 la cuota defraudada fue superior, 864.082 euros, por lo que la liquidación tendría que ser de 184.004 euros. En 2002 la cuota de IRPF fue de 390.877 euros, y la liquidación de 178.281 euros. En los tres casos la cuota defraudada neta supera los 120.000 euros.

De esta forma, el documento de la Agencia Tributaria destaca que la nueva documentación aportada por las autoridades suizas confirma que en los tres años (2000, 2001 y 2002) la cuota defraudada "sigue superando el umbral mínimo de 120.000 euros", que es el límite que considera la ley para considerarlo delito fiscal.

Los funcionarios de Hacienda ponen de manifiesto que la documentación enviada por Suiza "corrobora y detalla las titularidades reales y movimientos de cuentas que ya conocíamos, así como la participación en los hechos de Iván Yáñez Velasco". Este último es el hijo de Francisco Javier Yáñez, empleado de la tesorería del PP, y que fue titular de la cuenta corriente denominada Obispado.

En este sentido, los inspectores resaltan que con la documentación recibida "no cabe duda de que el traspaso de los fondos de Bárcenas de la cuenta Iglesia en la Banca Suiza Italiana (BSI) a la cuenta Novis en Lombard fue efectivamente realizado, pues la cuenta en Banque Cantonale a la que se ordenaba efectuar el traspaso es una cuenta de la que es titular Lombard Odier y, además, en la carta citada se hacía constar la referencia "Novis".

Así, el traspaso del dinero a la cuenta de Bárcenas "no se hizo directamente del BSI al Lombard, sino usando una cuenta puente de éste en el Banque Cantonale".

Uruguay

Por otra parte, el juez Anticorrupción de Uruguay Néstor Valetti ha enviado a Pablo Ruz un documento en el que asegura que la persona que utilizó la tarjeta de crédito de la empresa Tesedul en Uruguay fue Edgar Patricio Bel.

Este empresario argentino trabajó durante varias décadas para la empresa La Moraleja, propiedad del también extesorero del PP Ángel Sanchís y sus hijos. De hecho, cuando Bel abrió la cuenta de Tesedul en Suiza incluyó entre los datos de contacto un correo electrónico corporativo de esta empresa agrícola situada en la provincia argentina de Salta.

Tesedul es la empresa que utilizó el considerado por el juez Ruz testaferro de Bárcenas Iván Yáñez Velasco para regularizar 11 millones gracias a la amnistía fiscal que puso en marcha el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/26/un_nuevo_informe_hacienda_aumenta_dos_millones_fraude_cometido_por_barcenas_24416_1012.html

ARCHIVADA LA QUERELLA DE ÁLVAREZ CASCOS CONTRA UN ABOGADO DE IU POR INJURIAS

Enrique Santiago relacionó al exministro con la presunta contabilidad b de los conservadores anotada por su extesorero Luis Bárcenas

En su resolución, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo enmarca las declaraciones de Santiago en un clima de "crítica, censura e información"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha decidido archivar la querella presentada por el exministro del PP Fracisco Álvarez Cascos contra el abogado de Izquierda Unida Enrique Santiago por un presunto delito de injurias y calumnias en su actuación al frente de la querella interpuesta en la Audiencia Nacional por los denominados papeles de Bárcenas y la presunta financiación ilegal del PP.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado decreta el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas por Cascos a raíz de unas declaraciones de Enrique Santiago que relacionaban al exministro con la presunta contabilidad b de los conservadores anotada por su extesorero Luis Bárcenas.

En su resolución, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo enmarca las declaraciones de Santiago en un clima de "crítica, censura e información" sobre unos hechos que recuerda que ya habían sido puestos a disposición de la Udef.

La querella había sido interpuesta por Cascos en octubre del pasado año y era percibida por Santiago como un intento de "amedrentarle" en su actuación en la Audiencia Nacional, según dijo él mismo tras declarar por exhorto en los tribunales de primera instancia de Madrid.

Santiago, miembro de la dirección de IU, defendió que su actuación se limitó a ejercer la acción judicial en representación de su partido, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Libertad y Los Verdes e insistió en que la voluntad del exministro del PP era buscar la retirada de la causa abierta en la Audiencia Nacional.

En este marco, explicó en que Álvarez Cascos es la persona que más veces aparece reflejada en los papeles de Bárcenas, ya sea mediante siglas o en alusión directa, y el propio extesorero 'popular' ratificó estos apuntes. "Cascos haría bien en dedicar sus esfuerzos a una buena defensa para la causa Gürtel y los papeles de Bárcenas porque la va a necesitar", auguró hace ya más de un año.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/17/archivada_querella_alvarez_cascos_contra_abogado_por_injurias_24058_1012.html

LA FOTO DEL ARQUITECTO QUE COBRABA EN B DESMIENTE A ÁNGEL ACEBES

El juez muestra al ex secretario general del PP varias fotos con Gonzalo Urquijo en presencia de Rajoy y Bárcenas

Acebes asegura que desconocía la existencia de una caja b en el PP

El juez Pablo Ruz investiga desde hace año y medio si el PP pagó con dinero negro parte de las obras de reforma de su sede central, en el número 13 de la calle de Génova. El PP encargó esos trabajos al arquitecto Gonzalo Urquijo quien, según la investigación, no declaraba a Hacienda una parte de los ingresos que recibía por las obras. Por su parte, el PP tampoco incluía en su contabilidad oficial una parte de los gastos de la reforma porque supuestamente los abonaba con fondos de su caja b, opaca al fisco.

La investigación ordenada por el juez de los trabajos realizados en cada una de las plantas del edificio de Génova 13 ha descubierto unos pagos supuestamente ilegales de 1,7 millones de euros por los que mantiene imputados, entre otras personas, al ex tesorero Luis Bárcenas, al ex gerente Cristóbal Paez y al arquitecto Urquijo. El juez Pablo Ruz preguntó el pasado 28 de octubre a Ángel Acebes, ex secretario general del PP, si conocía a Gonzalo Urquijo. Durante la etapa en que Acebes estuvo al frente del partido (2004-2008) se hicieron la mayoría de las obras de reforma de la sede que fueron pagadas en parte, según la investigación judicial, con dinero de la caja b que controlaban los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Acebes contestó al juez Pablo Ruz que no sabía nada de una caja b dentro del partido para realizar determinados pagos, que el tesorero y el gerente no estaban a sus órdenes pues sólo se encargaba de la gestión política del partido, y que no conocía al arquitecto Gonzalo Urquijo. En ese momento, el magistrado le mostró varias fotos donde Acebes aparecía sonriente saludando y conversando con el arquitecto Urquijo en presencia de Mariano Rajoy y Luis Bárcenas.

Entre la documentación incautada por el magistrado en los registros realizados en el despacho profesional de Urquijo se encontraban algunas de las fotos que el juez Ruz mostró al ex secretario general del PP. Acebes reaccionó explicando que quizás se tratase de una foto sacada en vísperas de las festividades navideñas, cuando los responsables del partido organizaban una recepción donde saludaban a muchas personas a las que no conocían.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416337663_620017.html

BÁRCENAS INGRESÓ EN DOS AÑOS UN MILLÓN DE EUROS EN EFECTIVO EN UNA CUENTA DE SUIZA

El extesorero del PP realizó ocho ingresos en metálico en 2000 por un valor de 123,9 millones de pesetas (744.894 euros)

En 2001 Bárcenas firmó tres abonos en efectivo de 42 millones de pesetas (252.425 euros)

El extesorero del PP Luis Bárcenas y su amigo Francisco Javier Yáñez, que también trabajaba en la tesorería de este partido, ingresaron en la cuenta del primero en el banco suizo Lombard Odier en efectivo 165,9 millones de pesetas (997.000 euros) entre 2000 y 2001, según un informe de la Policía Judicial al que ha tenido acceso infoLibre.

Sin embargo, la cuenta de Bárcenas en Suiza, denominada Novis, ingresó mediante transferencias otros 184.280 euros, lo que eleva la cifra total de abonos de Bárcenas hasta los 1.181.599 euros en tres años.

La Policía constata, además, que tanto Yáñez como Bárcenas abrieron a la vez en 1999 sus cuentas en Suiza, denominadas Obispado y Novis, respectivamente. "La apertura de ambas fue ocasionados por la recomendación del hijo del primero, Iván Yáñez, como consta en una nota interna del banco. Fueron junto a Luis Fraga para abrir una cuenta denominada Ranke", explica el informe policial.

Yáñez es considerado por el juez Pablo Ruz, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, uno de los presuntos testaferros de Bárcenas, ya que fue quién se encargó del intento de regularización de los 10 millones de euros procedentes de las cuentas suizas del extesorero.

Cuatro millones

Hasta el momento, la Policía sabía que Bárcenas había ingresado en efectivo entre 2003 y 2005 un total de 2,9 millones de euros. Ahora esta cifra supera los cuatro millones de euros.

Además, los agentes despliegan en su informe un análisis pormenorizado de los ingresos de la cuenta, que se abrió el 22 de junio de 1999. La misma incluía tres subcuentas, en pesetas, euros y en dólares.

Así, en 2000 la cuenta Novis de Bárcenas recibió cinco transferencias de 184.280 euros (30,6 millones de pesetas). Además, el extesorero del PP realizó ocho ingresos en metálico por un valor de 744.894 euros (123,9 millones de pesetas).

Ingresos "importantes"

Así, el 31 de enero de 2000 en la subcuenta de pesetas se anota otro abono de 17 millones de pesetas. Y en mayo de 2000 la cuenta recibe "dos importantes ingresos en efectivo en el plazo de 14 días por un importe conjunto de 21 millones de pesetas". De esta cantidad, 5 millones fueron entregados por Yáñez.

El 6 de junio de 2000 se realiza otra aportación en efectivo de de 15,9 millones de pesetas. Al igual que en mayo, la persona encargada de llevar el dinero físicamente fue Francisco Javier Yáñez. Pero, además, en esa misma operación Yáñez ordena transferir otros 60.000 euros de su cuenta Obispado a la de Bárcenas (Novis).

El 31 de julio de 2000 el depósito Novis recibó otros 20 millones de pesetas en metálico, el 1 de diciembre 20 millones de pesetas y el 29 de diciembre otros 20 millones.

En 2001 Bárcenas realizó tres ingresos en efectivo por un valor de 252.425 euros (42 millones de pesetas). El último abono en metálico en la cuenta durante el periodo analizado por la Policía fue el 30 de noviembre de 2001, de 20 millones.

Petición de Ruz a Suiza

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Suiza información sobre varias transferencias efectuadas desde una cuenta en la Banca Gottardo de Lugano a un depósito vinculado con el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide a las autoridades helvéticas que identifiquen al titular de la cuenta de origen, desde la que se enviaron 439.000 euros al depósito Obispado, titularidad de fallecido Francisco Yañez.

Según declaró Bárcenas ante el juez el pasado mes de abril el dinero procede de los beneficios de un negocio de compraventa de dos cuadros restaurados en el que participó junto al también extesorero de la formación Rosendo Naseiro.

Medio millón

Según la transcripción de su última declaración, Bárcenas aseguró que recibió de Naseiro casi medio millón de euros correspondiente a su participación al 50% en los beneficios que generó la operación.

Bárcenas dijo que el dinero ingresado respondía al "pago del porcentaje pactado como consecuencia de unos temas de intermediación en obras de arte", en concreto, la restauración y reventa de dos cuadros.

El extesorero especificó que, en aquella ocasión, desembolsó unos 150.000 euros y que realizó esa inversión porque Naseiro no podía comprar las obras de arte en un momento determinado. "La única vez que he hecho una operación con él, en la que me haya abonado los fondos desde Suiza, es exclusivamente en esta ocasión", puso de manifiesto.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/17/barcenas_amigo_yanez_ingresaron_dos_anos_mas_millon_euros_efectivo_suiza_24074_1012.html

EL CUARTO EXTESORERO DEL PP BAJO SOSPECHA

El juez pide todos los datos de la cuenta desde la que fueron transferidos 439.000 euros a Bárcenas y solicita información sobre otra cuenta a nombre de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha pedido este lunes a Suiza todos los datos de una cuenta abierta en la Banca Gottardo de Lugano, desde la que se transfirieron 439.000 euros a uno de los bancos de Bárcenas en ese país.

Según la declaración del extesorero del PP, esa cuenta pertenece al también extesorero de la misma formación política, Rosendo Naseiro, quien estuvo involucrado en la supuesta financiación ilegal del PP a principios de la década de 1990 y tuvo que renunciar al cargo, aunque al final el caso fuera archivado porque el tribunal consideró ilegales las escuchas practicadas.

No obstante, Bárcenas sostiene que estas transferencias de Naseiro tuvieron que ver con la venta de obras de arte. Una explicación de la que desconfían los investigadores.

Al investigar al extesorero Rosendo Naseiro, ya son cuatro los jefes de las finanzas del PP objeto de las pesquisas del magistrado. Los otros tres están imputados y son el predecesor del propio Naseiro, Ángel Sanchís; Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Otros 50.000 euros a Bárcenas desde un paraíso fiscal

El juez también pide todos los datos de una cuenta abierta en el banco ABN AMRO de Zúrich, a nombre de la sociedad Francford Trade Inc, domiciliada en Tórtola, una de las Islas Vírgenes británicas y considerada palmeral financiero.

La petición se explica porque tal y como revela una comisión rogatoria de Suiza, desde esta cuenta en Zúrich se habrían transferido 50.000 euros en diciembre de 2008 a una cuenta de Bárcenas.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/17/tribunales/1416240396_457116.html

EL JUEZ RUZ PIDE DATOS A SUIZA SOBRE CUENTAS VINCULADAS CON BÁRCENAS

Solicita información sobre transferencias desde una cuenta en la banca de Lugano

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Suiza información sobre varias transferencias efectuadas desde una cuenta en la Banca Gottardo de Lugano a un depósito vinculado con el extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado pide a las autoridades helvéticas que identifiquen al titular de la cuenta de origen, desde la que se enviaron 439.000 euros al depósito Obispado, del fallecido Francisco Yáñez, antiguo trabajador del área económica del PP.

Bárcenas declaró ante el juez el pasado mes de abril que el dinero procede de los beneficios de un negocio de compraventa de dos cuadros restaurados en el que participó junto al también extesorero de la formación Rosendo Naseiro. Según la transcripción de su última declaración, Bárcenas aseguró que recibió de Naseiro casi medio millón de euros correspondiente a su participación al 50% en los beneficios que generó dicha operación.

En el auto el magistrado solicita también a Suiza información sobre otra cuenta, en este caso a nombre de la sociedad Frankford Trade Inc domiciliada en Tórtola (Islas Vírgenes) del banco ABN AMRO de Zúrich. La cuenta Obispado recibió también dinero de este depósito, un total de 50.000 euros en diciembre de 2008 que "se habrían transpasado, por instrucciones de Bárcenas" a la cuenta de su mujer Rosalía Iglesias en el banco Lombard Odier.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416248865_856161.html

LA AUDIENCIA CREE QUE EL PP CONOCIÓ QUE GÜRTEL LE PAGÓ SUS CAMPAÑAS

La Sala de lo Penal ve indicios de que el partido se lucró con dinero de la trama
El juez imputa a Juan Cotino en una pieza separada del ‘caso Gürtel’

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cree que existen “indicios suficientes” de que el PP “se ha aprovechado” de parte del dinero que movió la trama corrupta Gürtel, por lo que se le debe considerar “partícipe a título lucrativo” de los negocios de la red. Pero la Audiencia va incluso más allá de lo que había señalado el juez Pablo Ruz en un auto de julio y advierte que el PP “tuvo que conocer” de los dispendios de la trama porque el partido “se ahorró” el dinero para financiar las campañas electorales de los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, pagadas supuestamente con dinero de Gürtel.

En un auto notificado ayer, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que los populares presentaron al auto con el que Ruz abrió una pieza separada en el caso Gürtel, y en el que el juez señaló que el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedentes de comisiones de la red cobradas por los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

La Audiencia desecha uno por uno los argumentos empleados por el PP para impugnar la resolución de Ruz y cree que hay indicios para sospechar que el PP “se benefició” del dinero que los dos exalcaldes dedicaron a realizar “actividades propias de dicha formación política”.

La Audiencia recuerda los informes emitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que cifraron en 111.864,32 euros el importe de la campaña electoral de Pozuelo y en 125.000 euros el de Majadahonda. Los magistrados sostienen que el PP se benefició, al menos, de esa cantidad procedente de supuestos delitos de Gürtel ya que se ahorraron pagar con fondos del partido los actos de ambas campañas.

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, que firman el auto, comparten la decisión del juez instructor de atribuir al PP en el caso Gürtel el papel de “partícipe a título lucrativo” (artículo 122 del Código Penal), pero dan incluso un paso más. En su auto de julio, Ruz afirmaba que el PP obtuvo un beneficio del cobro de comisiones por parte de los dos exalcaldes madrileños, aunque la formación no conociera que se estaban cometiendo delitos. Pero la Sala de lo Penal sostiene que el PP no solo se aprovechó de ese dinero obtenido presuntamente de forma ilícita, sino que, además, el partido “tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios” porque repercutieron “en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales” de Pozuelo y Majadahonda.

Los magistrados no comparten tampoco que, como argumentaba el PP, el Tribunal de Cuentas sea el único competente para investigar la responsabilidad civil del partido en la trama corrupta. Los populares cuestionaron en su recurso la competencia del juez Ruz en este asunto y alegaron que todos sus gastos fueron contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas que, según el PP, no identificó ni el daño y ni el perjudicado que justificara su responsabilidad civil. La Sala de lo Penal considera, sin embargo, que este órgano solo tiene competencia en el plano contable, “sin perjuicio de las otras jurisdicciones en la que se establece prevalencia”, en referencia a la vía penal, que, además, será “preferente e ilimitada”, dicen los jueces.

Los magistrados apoyan su decisión en una sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que fijó que la exclusividad de la competencia del Tribunal de Cuentas para investigar las responsabilidades civiles se refiere a las cuestiones puramente contables, pero nunca a casos en los que se estén enjuiciando “hechos constitutivos de delito o falta”. “Pretender que el Tribunal de Cuentas sea quien decida, a los efectos penales, la cantidad malversada y su valoración desde un punto de vista culpabilístico, es tanto como sustraer del Poder Judicial, en este caso representado por la jurisdicción penal, una función que constitucionalmente le viene atribuida”, sostienen los magistrados. Las acciones penales, añade la Audiencia, no sufren “coto o limitación” por la “inacción” del Tribunal de Cuentas o porque este decida archivar la causa “en su particular y propio enjuiciamiento contable”. Según los jueces, será en el futuro juicio del caso Gürtel cuando se determine “con exactitud” la supuesta responsabilidad civil y su cuantía.

En el auto notificado ayer, la sala respalda de nuevo a Ruz en su decisión de abrir una pieza separada del caso Gürtel para juzgar a 45 imputados de la primera fase de la investigación, entre ellos, al extesorero Luis Bárcenas. Pero la Sala de lo Penal advierte de que la nueva pieza, además del criterio temporal, debe escindirse atendiendo a las personas que cometieron los hechos perseguidos y a las “conductas” que desarrollaron. Según la Sección Cuarta, “no toda conducta de los imputados puede incluirse en la nueva pieza separada” porque eso podría llevar a una escisión de la causa “arbitraria y artificial”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415720039_975727.html

EL PSOE PIDE GARANTÍAS DE NEUTRALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LA 'CAJA B' DEL PP

Los socialistas reaccionan así después de que la Cadena SER adelantara que la jefa de la Abogacía del Estado tuvo relación con una empresa señalada en esa causa

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha reclamado "garantías de neutralidad" en el proceso judicial que investiga el caso Bárcenas y la posible financiación ilegal del PP después de que la Cadena SER adelantara que la jefa de la Abogacía del Estado tuvo relación con una empresa señalada en esa causa.

En concreto, Marta Silva Lapuerta, jefa de los abogados del Estado y sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta era secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando se produjo el supuesto pago de una comisión de 200.000 euros de esta empresa al PP de Castilla-La Mancha a cambio de un contrato de basuras en la ciudad de Toledo.

El PSOE ha recordado en un comunicado que la Abogacía del Estado no se ha personado en la investigación de esa financiación y ha subrayado que "es muy difícil administrar justicia cuando se es juez y parte".

"No es lógico que la Abogacía del Estado no se persone en el caso de la caja B del PP, a pesar del evidente interés en esta causa, una decisión que se envuelve en sospechas cuando se conocen noticias como éstas", ha planteado Pradas.

Los socialistas demandan "garantías de continuidad en cuanto a la instrucción del caso; mayor dotación de medios para el juez instructor y la neutralidad en quienes tendrán que enjuiciar este escándalo".

"Me gustaría creer plenamente en la justicia, pero este Gobierno me lo pone muy difícil", ha señalado Pradas, quien ha citado casos de "exministros del PP que salen por la puerta de atrás de la prisión, mientras que otros no acaban de entrar a pesar de las sentencias condenatorias"

http://cadenaser.com/ser/2014/11/10/tribunales/1415646090_981036.html

LA JEFA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ERA SECRETARIA DE SACYR CUANDO LA EMPRESA PAGÓ LA SUPUESTA COMISIÓN A COSPEDAL

La Abogacía del Estado no se persona en el caso de la Caja B del PP, a pesar de su “evidente interés” en la causa, según fuentes jurídicas. La jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP imputado en el caso y ocupaba un alto cargo en Sacyr el año en el que sus directivos, también imputados, pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso.

La Abogacía del Estado no se ha personado en la causa de la Caja B del PP, que investiga el juez Pablo Ruz, a pesar del “evidente interés del Estado” según fuentes jurídicas y abogados de la acusación consultados por la SER. Un interés fundamentado desde el arranque de la investigación, en marzo de 2013, cuando tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal advirtieron de la posible existencia de delitos fiscales atribuidos al PP o a sus responsables por el cobro de sobresueldos y la recepción de donaciones ilegales, o más recientemente por los supuestos delitos fiscales derivados de la compra de la sede de La Rioja, de los pagos a Castilla La Mancha, y sobre todo, por los presuntos fraudes al fisco imputados al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma en negro de la sede central del PP.

Sobrina del extesorero Lapuerta

Solo en la Audiencia Nacional hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen "funcional y orgánicamente", según su reglamento, del Abogado General del Estado. Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta.

Silva Lapuerta es hija del ministro de Obras Públicas con Franco, Federico Silva, y de Rosario Lapuerta Quintero, hermana del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso de la Caja B del Partido Popular. El mismo caso que no existe para su sobrina, la Abogada General del Estado.

Secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando supuestamente, pagó a Cospedal

Pero no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tanto el actual presidente del consejo de Administración de Sacyr, Manuel Manrique, como quien fichó en 2003 a Marta Silva en la empresa, Luis del Rivero, están imputados en el caso de la Caja B por estos hechos. Además, la empresa aparece como supuesta donante de fondos al Partido Popular en los 'papeles de Bárcenas'. Entre 2004 y 2006 habría aportado a la contabilidad negra del PP un total de 480.000 euros.

Actuación "incomprensible"

Las fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran “incomprensible” que la Abogacía del Estado no esté personada en este caso, cuando como es su obligación, reclama formar parte de prácticamente cualquier proceso en los que se investiga un fraude fiscal relevante. Además, sí que forma parte de la pieza principal del procedimiento o 'caso Gürtel', lo que a juicio de las mismas fuentes, debería haber provocado la inmediata personación en la pieza separada que investiga la Caja B del PP. La Abogacía del Estado entró a formar parte de la Gürtel en 2009, con Joaquín de Fuentes al frente del cargo. La pieza de la Caja B se abrió en 2013, ya con su sucesora Marta Silva en este puesto clave para la representación jurídica del Estado.

Marta Silva afirma que “se abstiene” de cualquier decisión sobre el caso

La Cadena SER ha intentado ponerse en contacto con Marta Silva. Su gabinete ha dirigido cualquier respuesta al Ministerio de Justicia, de quien depende la Abogada General del Estado. Desde el ministerio afirman que “desde que apareció la imputación contra Álvaro Lapuerta”, su sobrina “se abstuvo formal y materialmente” del caso. Aseveran que los abogados del Estado “no le dan cuenta sobre los hechos ni ella pide explicaciones” sobre esta investigación. Las mismas fuentes sostienen además que Marta Silva ha remitido “un escrito a la oficina de conflictos de intereses”, que depende del Ministerio de Hacienda, en la que deja constancia de la situación. Respecto a las causas por las que la Abogacía del Estado no se ha personado en el proceso de la Caja B, estas fuentes concluyen que Hacienda todavía no ha determinado la existencia de un delito fiscal. Una condición necesaria para iniciar la acción judicial. No obstante, otras fuentes consultadas por la SER insisten en que los posibles fraudes al fisco se están investigando desde el inicio del caso, y que en este momento Hacienda ya ha detectado un fraude claro contra el arquitecto que ejecutó las obras de la sede del PP.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/10/tribunales/1415601534_099781.html

RUZ LE RECUERDA AL PP QUE NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA

El magistrado rechaza modificar el término “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede de Génova 13 en diciembre de 2013

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz insiste en que el Partido Popular no ha colaborado con la justicia en la causa sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero de Génova 13. La formación conservadora, a través de su gerente en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, imputado en la causa, pretendía que el magistrado suprimiera la expresión “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013.

Ruz había utilizado el término “incautados” en el auto –resolución razonada- del pasado 24 de octubre en el que ponía de manifiesto que el PP abonó con 1,7 millones en dinero b las obras de reforma de su sede nacional. El gerente Cañas, subordinado de la presidenta del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal, presentó el pasado 29 de octubre un escrito en el juzgado de Ruz con el que pretendía que el magistrado retirara la expresión “incautados” y dijera que el PP “aportó voluntariamente” los documentos sobre la reforma de su sede.

El Partido Popular no ha sido aceptado como acusación en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el gerente del partido en Castilla-La Mancha está imputado en esta causa y puede presentar escritos ante el magistrado. El término “incautados”, que pasó prácticamente desapercibido el pasado 24 de octubre, ha sido puesto en primer plano con el escrito de Cañas Cañada. Este directivo del PP manchego esgrime la definición de “incautarse” del Diccionario de la Real Academia Española: “Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de éstos con un delito, falta o infracción administrativa”. E insiste en que Ruz modifique su auto para decir que los documentos que apuntan a que el PP abonó irregularmente la reforma de su sede fueron entregados voluntariamente. Para ello invoca el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “Los tribunales no podrán varias las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”.

Para contestar a esta petición, Ruz recuerda cuál ha sido el comportamiento del PP a lo largo de esta investigación. En abril de 2013, mientras el PP todavía pagaba la defensa del extesorero Bárcenas, el juez pidió documentación al partido sobre los trabajos efectuados en Génova 13 por el estudio Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo. El partido se limitó a entregar al magistrado su contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas.

El 30 de julio de 2013, el juez requirió al partido el “expediente completo” sobre la contratación de Unifica para las obras de Génova 13. El partido entregó al magistrado un escrito con parte de la documentación reclamada. El 2 de diciembre, el partido entregó nueva documentación al magistrado: un total de 17 folios fotocopiados sobre la facturación y pago de los trabajos a Unifica. De estos 17 folios, cinco no constaban en la remesa entregada en julio.

Aunque el juez Ruz no lo menciona en su auto, el PP entregó la nueva documentación después de que las secretarias de los extesorereros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta reconocieran ante el juez que había destruido las agendas de sus jefes y de que el PP informara al juez de que se habían eliminado y borrados los discos duros de los ordenadores de Bárcenas y los libros de entrada a Génova 13. La paciencia de Ruz se colmó al constatar que el PP le entregaba datos incompletos, de modo que el 19 de diciembre envió a la policía a la sede nacional del PP con un requerimiento de entrega de la documentación completa. El requerimiento autorizaba a la policía a registrar la sede en caso de que se negaran a entregar los datos reclamados.

Durante 14 horas, los agentes de la UDEF y el secretario judicial estuvieron examinando papeles en Génova 13. Ruz recuerda en su auto que la diligencia permitió constatar que el expediente de Unifica constaba en realidad de 5.067 folios frente a los 520 entregados inicialmente por el partido. La documentación que el juez califica de “incautada” en ese requerimiento es el que ha permitido concluir a los investigadores que las obras de remodelación de Génova 13 se abonó con 1,7 millones en dinero b.

El magistrado responde al Diccionario con el Diccionario, y establece que su auto del 24 de octubre, en el que habla de documentos “incautados” no es “oscuro” ni contiene “error” alguno, por lo que se “mantiene íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos”. Es decir, incautados, y no entregados voluntariamente.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415189016_504948.html

RUZ DA TRES DÍAS AL PP PARA QUE DIGA SI SU CÚPULA HABLÓ SOBRE LIBERTAD DIGITAL

El juez pide que se certifique si en las actas del comité ejecutivo, del comité de dirección y la Junta Directiva hay referencias a la ampliación de capital del medio de comunicación

El juez Pablo Ruz ha emprendido un nuevo camino de investigación para aclarar si la compra de acciones de Libertad Digital por cerca de 500.000 euros en 2004, pagadas supuestamente con fondos de la caja B que controlaba el ex tesorero Luis Bárcenas, fue ordenada o tratada por los órganos de dirección del Partido Popular.

El magistrado ha dado un plazo de tres días al PP para que "certifique si en las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité de Dirección o de la Junta Directiva Nacional, existe documentada referencia alguna a la entidad Libertad Digital, en relación al proceso de ampliación de capital llevado a cabo por esa sociedad en 2004". Ruz pide al PP que si encuentra esas referencias en las reuniones de alguno de los tres órganos, donde se definen las estrategias y se debaten los problemas de la formación, remita "testimonio íntegro de las menciones existentes en las actas y acuerdos que se hubieran documentado al respecto con certificación de los asistentes a las reuniones".

El ex tesorero Luis Bárcenas declaró al juez Ruz que en octubre de 2004, ante las supuestas dificultades que atravesaba Libertad Digital para completar su ampliación de capital, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ordenó que se ayudará económicamente a este medio de comunicación. Bárcenas y su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, sacaron supuestamente casi 500.000 euros de la caja b y compraron participaciones de Libertad Digital.

En diciembre de 2004, según la documentación remitida al juez Pablo Ruz, Libertad Digital captó algo más de un millón de euros de los que casi medio millón correspondían a tres personas vinculadas al PP: Álvaro Lapuerta, Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas; y el empleado del partido Francisco Yáñez. Libertad Digital, según sus responsables, captó en total 4,7 millones de euros en esa ampliación a lo largo de varios meses, con lo que las aportaciones del PP sumaron un 10% del total. Aunque Lapuerta, Iglesias y Yáñez vendieron sus participaciones un tiempo después, sólo Yáñez devolvió el dinero a la caja b del PP, según los apuntes del propio Bárcenas.

El juez Pablo Ruz ha imputado por este caso a Ángel Acebes, que ejercía en aquel momento como secretario general del PP. Le atribuye el magistrado un delito de apropiación indebida por omisión al no vigilar que los fondos destinados a la compra de las acciones volvían a las arcas del partido, aunque estas fueran opacas al fisco.

Acebes declaró al juez que nunca ordenó a Bárcenas comprar acciones de Libertad Digital, que ignoraba la existencia de una caja b del PP, y que carecía de competencias sobre las funciones del tesorero porque éste dependía del comité ejecutivo del partido, presidido por Mariano Rajoy. Ruz quiere saber ahora si en ese órgano, el comité ejecutivo, se trató el tema de la ampliación de capital de Libertad Digital.

Además, el magistrado pretende también que el PP le precise la relación de las funciones asignadas al tesorero del partido por parte del Comité Ejecutivo Nacional asi como "la relación de las funciones que le hubieran sido asignadas al gerente del partido por parte del secretario general entre 2004 y 2008". El gerente del partido en esa etapa era Luis Bárcenas y el secretario general, Ángel Acebes.

El magistrado también investiga si Álvaro Lapuerta retiró 139.700 euros de la caja b del PP para comprar 1.270 acciones de Libertad Digital. Tres años después de la compra, Lapuerta vendió las acciones con una plusvalía de 68.540 euros. El ex tesorero del PP aseguró al juez Ruz que había comprado las acciones con su dinero y que declaró a Hacienda las plusvalías obtenidas. En su declaración de la renta de 2007, remitida al juzgado por Hacienda, figura la declaración de una plusvalía de 34.270, justo la mitad de la conseguida por la venta. La otra parte no declarada por Lapuerta correspondería supuestamente a su esposa. El juez solicitó ayer a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones de renta y patrimonio de la mujer de Lapuerta de los años 2004 a 2007

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415219738_263880.html

QUÉ PAPEL JUGÓ UN DIPUTADO, AMIGO DE RAJOY Y COMPAÑERO DE LOSANTOS, EN LA ‘FINANCIACIÓN’ DE LD CON ‘LA CAJA B’ DEL PP?

Pedro Gómez de la Serna, actual portavoz del PP en la Comisión Constitucional, era miembro del Consejo de Administración de Libertad Digital cuando se produjo la 'compra' de acciones de esta compañía que investiga el juez Ruz

Hace unos días, una de las acusaciones presentadas en la llamada causa de ‘los papeles de Bárcenas’ presentaba una petición al juez Pablo Ruz que, en principio, ha pasado desapercibida. El escrito se realizaba, así lo explican sus impulsores, en vista al informe de la UDEF en el que venía a darse credibilidad por parte de la policía judicial al empleo de dinero de la ‘caja B’ del Partido Popular en la compra de acciones de Libertad Digital (LD).

“Indiciariamente responsables”

Esa compra se realizó, de acuerdo a Bárcenas, y según ahora ratifica el informe de la UDEF, por petición de Ángel Acebes, entonces secretario general ‘popular’, y a través de una serie de personajes como el propio tesorero entonces del PP, Álvaro La Puerta y la propia esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Quienes presentan el escrito a Ruz, la Asociación Observatori per al Compliment de la Delaració Universal dels Drts Humans (DUDH), recuerdan que los hechos supuestamente ilícitos habrían tenido lugar entre el 29 de octubre de 2004 y el 2 de noviembre del mismo año. Y aportan el listado de los nombres de quienes eran miembros del Consejo de Administración de Libertad Digital, a los que consideran “indiciariamente responsables” de la operación.

Entre los consejeros, ocho en total, aparecen, por supuesto, Alberto Recarte, el presidente de LD que se acercó a Ángel Acebes a pedir la ayuda; Federico Losantos, que además del púlpito del micrófono era vocal en el Consejo.., y una persona que tiene una larga historia política en el PP y que hasta ahora había pasado desapercibido, quizás porque los autores del escrito cometen un error al transcribir su nombre: Pedro Gómez de la Serna, a quien se cita en el escrito como Pedro Gómez ‘de la Serba’.

Un diputado ‘cunero’, pero con una larga historia

Este hombre es en la actualidad diputado en el Congreso, al que accedió como número dos de las listas del PP por Segovia, ciudad en la que fue colocado como ‘cunero’. “Se trata de un hombre del núcleo duro de Génova”, nos dice otro diputado por Segovia, este sí originario de la provincia, “y por aquí no le vemos nunca en los actos institucionales… Es evidente que le metieron en la lista a la fuerza para asegurarse de que saliera elegido”.

De hecho, Pedro Gómez de la Serna no es cualquier diputado. Actualmente ocupa el puesto del portavoz del PP en la Comisión Constitucional. Pero su historia es aún más interesante echando la vista atrás…, y hacia dentro. Hacia dentro del PP.

Con el Gobierno de Aznar, Pedro Gómez de la Serna, en lista creciente de responsabilidades, fue director general del Gabinete de Interior con Jaime Mayor Oreja, para luego pasar a las manos del mismísimo Mariano Rajoy, con el que ya no perdería ‘conexión’ según nos aseguran en fuentes políticas, como director general en Administraciones Públicas, y finalmente acabar como jefe de Gabinete de Javier Arenas cuando éste fue nombrado vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Presidencia.

De Moncloa, directo a sentarse con Losantos

Y de aquí, directamente de Moncloa, fue de donde saltó Pedro Gómez de la Serna al puesto de directivo de Libertad Digital…, en cuya mesa del Consejo de Administración se encontraba cuando se organizó la ayuda del PP a la empresa que, mano con mano con El Mundo de Pedro J., más fieramente se dedicó a ‘demostrar’ que tras el 11M no había sino una negra operación, ETA mediante, para desalojar al PP del Gobierno. De esta época viene su ‘gustoo por aparecer en tertulias. Camino que le ha llevado a recorrer los paltós de la propia Libertad Digital, Intereconomía, 13TV…

Pedro Gómez de la Serna en una de sus intervenciones como tertuliano. En este caso, en Intereconomía.., donde se presentaba como ‘abogado’

Lo cierto es que Gómez de la Serna nunca llegó a ‘salir’ de Génova, 13. Durante los años del zapaterismo, y el paso por el desierto del PP, mantuvo pie y medio en la sede nacional. En concreto, en el entorno de Mariano Rajoy, con quien en el partido dicen que mantiene una relación directamente de amistad.

De hecho, cuando, por sorpresa para todos, Gómez de la Serna apareció como número dos en la lista ‘popular’ de Segovia, la explicación que se dio al partido local fue que era una decisión personal de Rajoy, que desplazaba así a quien parecía hasta ese momento que iba a ocupar ese puesto, Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid y por entonces protegido de Gallardón.

En la provincia tiene otro gran valedor, el cuñado de Rodrigo Rato, Francisco Salazar-Simpson, presidente del Patronato del Centro Nacional del Vidrio.., organismo donde Gómez de la Serna también ha encontrado hueco.

El ‘intermediario’ que niega haberlo sido

Pero sobre los servicios de Gómez de la Serna aún se diría más en los meses siguientes, cuando estalló ‘el caso Bárcenas’. O más exactamente, cuando se vio que ‘el volcán’ estaba a punto de estallar y amenazaba llevarse todo por delante. El Mundo publicó que a la hora de elegir un hombre que se acercara a Bárcenas en la época en la que aún fluían los ‘sms’ con mensajes tipo ‘Luis sé fuerte’, quien hacía de intermediario entre el presidente del Gobierno y el extesorero no era otro que Pedro Gómez de la Serna. Él lo desmintió. Pero aun suponiendo que sea así, que él no hiciera de puente, que apareciera su nombre como puente ‘creíble’ entre los hombres, da idea de la relación de cercanía que mantenía con uno y con otro.

El juez Ruz aún no ha contestado a la petición de acciones que le ha hecho la acusación particular DUDH.

http://www.elplural.com/2014/11/04/que-papel-jugo-un-diputado-amigo-de-rajoy-y-companero-de-losantos-en-la-financiacion-de-ld-con-la-caja-b-del-pp/

EL GOBIERNO ALEGA "DEBER DE SIGILO" PARA NO DETALLAR SI SE INSPECCIONÓ LA "INDEMNIZACIÓN EN DIFERIDO" DEL PP

El Gobierno de Mariano Rajoy alega "deber de sigilo" para no detallar si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigiló la "indemnización en diferido" que el PP pagó por el despido de su extesorero Luis Bárcenas y que un juzgado declaró "sancionable".

Ésta es la respuesta que da a la portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Concepción Gutiérrez del Castillo, quien pedía saber las actuaciones del Gobierno en relación con la sentencia dictada por el Juzgado de los Social número 16 de Madrid el pasado 17 de julio, que consideró sancionable el alta en la Seguridad Social del PP a Bárcenas tras su cese como senador.

¿POR QUÉ NO HA ACTUADO HASTA AHORA?

Pero, además, la diputada quería que el Ejecutivo le especificase la actuación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en torno a esta causa, tras haber sido informada de ese fallo, y le razonase por qué hasta ahora no ha actuado sobre irregularidades que eran, además, "públicamente conocidas".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa siempre "de oficio" como consecuencia de las distintas vías que el ordenamiento dispone para promover el ejercicio de las funciones inspectoras.

Ahora bien, recalca que sobre las mismas existe "un absoluto deber de sigilo", como así lo establece la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, al poder entrar en colisión con el derecho a la intimidad de los trabajadores y de los titulares de las empresas de España.

PRIMA FRENTE A OTROS INTERESES

La citada norma establece que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los subinspectores de Empleo y Seguridad Social están obligados a no revelar --incluso habiendo dejado el servicio-- los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración laboral, la de la Seguridad Social, la tributaria, la de lucha contra el fraude en sus distintas clases, y a la de colaboración con comisiones parlamentarias de investigación en la forma que proceda.

Esto es, recalca el Ejecutivo, la Ley impone este deber de sigilo e incluso de secreto "con un alcance muy amplio, extendiéndolo a cualquier tipo de denuncia o información de la que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". Y el objetivo de la norma no es otro, apunta, que "la reserva de las actuaciones inspectoras es un bien jurídico que merece una protección amplia y prima frente a otros intereses"

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-alega-deber-sigilo-no-detallar-si-inspecciono-indemnizacion-diferido-pp-20141110114746.html?utm_referrer=http%3A%2F%2Ft.co%2FIdbudxJOOu&fromt=yes

LOS CORREOS DEL 'ARQUITECTO DEL PP'

Los correos electrónicos del arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo muestran las irregularidades en los pagos y que cerró sus cuentas en el extranjero cuando se publicaron los 'papeles de Bárcenas'

El juez que instruye el caso Gürtel y la Caja B del Partido Popular, acaba de remitir a las partes del procedimiento los correos electrónicos intercambiados entre el arquitecto que reformó la sede central del PP con 1,7 millones en negro, supuestamente, y diversos trabajadores de su empresa Unifica, del PP, u otros empresarios.

Los correos revelan que el arquitecto Gonzalo Urquijo cerró sus cuentas en los bancos Pictet y Mirabaud de Luxemburgo y Canadá respectivamente, con más de 5 millones de euros, a los pocos días de publicarse los ‘papeles de Bárcenas’ donde aparecían las supuestas transferencias en negro a su nombre por las obras de la sede central. En concreto, el periódico 'El País' publica la contabilidad paralela del extesorero del PP el 31 de enero de 2013, y durante el mes de febrero el arquitecto ordena clausurar sus cuentas, recuperar el dinero, y pide a sus asesores fiscales que estudien cuánto le supondría la regularización de esas cantidades.

Entre la documentación facilitada por el juez a las partes, figura otro documento. Una transferencia ordenada por Gonzalo Urquijo desde su cuenta en la Banca March a su banco en Luxemburgo, el 21 de junio de 2012, por un importe total de cinco millones de euros.

Sobre la sede del PP: “Mejor que no sean objeto de auditoría porque…”

Varios de los correos electrónicos hacen referencia a las obras de la sede central del Partido Popular. En algunos queda constatado que las cifras de las facturas “no cuadran” con las certificaciones de obras. Un indicio que hizo sospechar desde el principio al juez Ruz. Y otros correos son reveladores, como el cruzado entre dos empleadas de Unifica, la empresa de Urquijo, en el que hablan de que “mejor que no sean objeto de auditoría” los trabajos desarrollados en el “sótano y las plantas tercera y cuarta” de la sede central del PP en la madrileña calle Génova.

El gerente del PP, Cristóbal Páez, lleva “un sobre” para Urquijo

En otro correo, la empleada de Unifica, Nuria Marañón, le comunica a la secretaria de Urquijo, Esther d’Opazo, que “ha traído Cristóbal Páez un sobre para Gonzalo” Urquijo. No dice qué contenía el sobre. Cristóbal Páez era el gerente del PP que se encargó del seguimiento de las obras de la sede central.

Urquijo contribuye a estafar al Gobierno de Murcia

Gonzalo Urquijo también revela en otro correo que falsificó facturas para engañar al Gobierno de Murcia en el cobro de una subvención. El constructor Eduardo López, de la empresa Everis, le envía el siguiente e-mail: “si recuerdas, en su día te pedí el favor de que me presupuestaras (de forma ficticia) la obra de Murcia y así lo hiciste. Para que me cuadre la fecha, podrías modificar la fecha de los pptos. que me enviaste? Julio de 2007 estaría bien.” Urquijo responde: “Estimado Eduardo ya lo he realizado,…..Ester [Esther d’Opazo, trabajadora de Unifica] envíalo por favor”.

“4.000 lechugas” en negro

Hay otros correos en los que, a juicio de los investigadores, se aclara que la empresa Unifica pagaba en B determinadas cantidades a sus trabajadores, como el pago comprometido de “15.000 o 18.000 euros” al contable; o las “4.000 lechugas” en negro solicitadas por Urquijo a su socia Belén García para pagar, y es literal, al “gilipollas de Mariano”, jefe de obra de Unifica. Belén García le contesta que solo le quedan 2.500, pero que pasa por casa si quiere porque allí tiene más

http://cadenaser.com/ser/2014/11/04/tribunales/1415136588_440827.html

“PARA EL PP CUENTAN LAS FACTURAS SATISFECHAS NO LAS OBRAS CERTIFICADAS”

El juez Ruz entrega a las partes los correos del gerente popular sobre las obras de la sede

Cristóbal Páez, ex gerente del Partido Popular, recibió en mayo de 2008 unas certificaciones de las obras de reforma de la sede del PP que le remitió Unifica, el despacho de arquitectura de Gonzalo Urquijo. En un correo electrónico remitido a Unifica a las 18.31 del 14 de mayo de 2008, Cristóbal Páez se queja de que “las cantidades a certificar no coinciden con las facturas efectivamente abonadas”. Una hora después, remite otro correo a la misma dirección donde deja clara cuál es la posición del PP: “Para nosotros lo que cuentan son las facturas realmente satisfechas, no las certificaciones”.

La policía ha reconstruido con la documentación incautada en el despacho de arquitectura de Unifica y en la sede nacional del PP el sistema, supuestamente irregular, por el que se pagaron las obras de Génova, 13. Y ha llegado a la conclusión de que el PP abonó 1,7 millones de euros en dinero negro, no declarado a Hacienda ni por quien pagaba ni por quien cobraba, y que la mayoría de esos fondos opacos salieron de la caja b que controlada el ex tesorero Luis Bárcenas.

Uno de los sistemas utilizados, según la policía, consistiría en que el PP pagaba una parte de la obra certificada de manera legal, con factura e IVA, y el resto en dinero negro. Por eso, el correo electrónico de Páez, según deduce la policía, advertía de que las certificaciones debían coincidir con la factura abonada realmente, la que se declaraba a Hacienda por ambas partes.

El juez Pablo Ruz puso este martes a disposición de las partes personadas en el caso Gürtel la documentación incautada en los registros de Unifica y Génova, 13, donde se aprecian los supuestos manejos irregulares del despacho de arquitectura y las peticiones que llegaban de Génova, 13, para poder liquidar un porcentaje de esas obras en dinero negro.

Una parte de esa documentación fue utilizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) para el informe que elaboró hace cinco meses donde concluía que el PP había financiado parte de las obras de su sede con dinero de la caja b.

El 6 de marzo de 2006, un correo interno de Unifica alerta sobre la necesidad de “pedir facturas a piratas”. Con este mensaje se da a entender que el despacho de arquitectura intenta ahorrarse el pago de impuestos mediante el sistema de facturación ficticia, como lo denomina la policía.

El correo señala la necesidad de “pedir facturas a piratas” porque los responsables del despacho han estimado que tienen que pagar un IVA de 250.000 euros “si se facturan en este trimestre (que es lo más seguro) los cierres de PP [en relación a las obras de Génova, 13], ABN, Cushman, Kemen...”.

En la documentación incautada se puede comprobar el trato especial que Gonzalo Urquijo daba a los gerentes y tesoreros del PP

Otros correos electrónicos incorporados al sumario probarían, según la policía, encargos de facturas ficticias a proveedores de Unifica. Una comunicación interna entre los responsables de Unifica trata sobre otros procedimientos para evitar pagar impuestos. “Con esta tabla hacemos b unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA. Creo que tenemos que conseguir llegar a los 20.000 de IVA... pero vamos tirando con esto y seguiremos...”.

En las distintas carpetas sobre la documentación incautada en la sede de Unifica se puede comprobar el trato especial que Gonzalo Urquijo daba a los gerentes y tesoreros del PP, a los que hacía regalos especiales. Y la manera que tenía de compensar a sus empleados con una gratificación especial que se dividía, supuestamente, en pagos en a y pagos en b.

El juez Pablo Ruz investiga desde hace más de un año las irregularidades detectadas en el pago de las obras de la sede de Génova, a raíz de los apuntes que hizo Bárcenas en su contabilidad paralela. El extesorero confesó al juez que parte de las obras se pagaron con fondos opacos. Pero el arquitecto Gonzalo Urquijo y el exgerente Cristóbal Páez lo han negado.

Por otra parte, Hacienda remitió este martes el informe definitivo sobre la investigación abierta a una cuñada de Bárcenas, que pagó con sus ahorros la factura del abogado del extesorero Javier Gómez de Liaño. Los técnicos de Hacienda sospecharon en un primer momento del origen del dinero porque la cuñada de Bárcenas tenía unos ingresos muy inferiores a los más de 60.000 euros pagados a Gómez de Liaño. Tras rastrear todas sus cuentas bancarias, Hacienda comunicó al juez que la cuñada pagó con sus ahorros la minuta del abogado.

Los mensajes del gerente y el arquitecto

De: Cristóbal Paez [gerente del PP]

Enviado el: miércoles, 14 de mayo de 2008 18:19

Para: E. D. [empleada de Unifica]

Asunto: Carta cerficiado de Obra

“No coinciden las cantidades a certificar con las facturas efectivamente abonadas. Hablaré de ello con Gonzalo Urquijo. Espero que me devuelva la llamada. Para nosotros lo que cuentan son las facturas realmente satisfechas. No las certificadas”.

De: Gonzalo Urquijo [dueño de Unifica]

Para: N. F. [empleada de Unifica]

“Con esta tabla hacemos b unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA. Creo que tenemos que conseguir llegar a los 20.000 de IVA... pero vamos tirando con esto y seguiremos”.

De: N. F. [empleada de Unifica]

A: Gonzalo Urquijo [dueño de Unifica]

“Insisto en que hay que pedir facturas a piratas porque he estimado un IVA a pagar de 250.000 euros si se facturan este trimestre (que es lo más seguro) los cierres del PP, ABN, Cushman, Kemen (Belén me ha comentado que no ha tenido tiempo de prepararlo) y el 10% de Transhotel que toca en marzo. Van, además, los últimos archivos de piratas”.

De: Jordi P. [proveedor de Unifica]

A. Gonzalo Urquijo [dueño de Unifica]

“Tal como hablamos la semana pasada, he revisado los números nuestros de cara a que te podamos facturar algo, ya que nosotros estamos en pérdidas y te puedo hacer una factura [ficticia] de unos 8.000 +IVA para que tengas gastos. Con esto me pongo en equilibrio. Si la necesitas me dices y te la envío con la fecha que más te interese dentro de este último trimestre, ok?

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/04/actualidad/1415128863_261900.html

EL JUEZ MARCHENA Y EL POPULAR ÁNGEL ACEBES PROTAGONIZARON UNA OPULENTA COMILONA, SEGÚN ‘EL CONFIDENCIAL’

Se trata del juez que intervino en el juicio que inhabilitó a Garzón y el exministro del PP ahora imputado por los 'papeles de Bárcenas'

El flamante nuevo presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y el que fuera ministro del Gobierno Aznar y secretario general del Partido Popular Ángel Acebes, recientemente imputado por el juez Ruz por su presunta relación con el caso de los papeles de Bárcenas, al parecer almorzaron el 16 de octubre en Madrid una mariscada que el diario digital El Confidencial, que dio la primicia, ha calificado de pantagruélica. Marchena impulsó o estuvo presente en dos de las causas contra Baltasar Garzón y en concreto en el caso Gürtel que acabó con la inhabilitación del juez que destapó la trama de corrupción del PP.

El diario digital El Confidencial publicó ayer en su blog El Confidente que, el pasado 16 de octubre, un incidente de tráfico en la calle Mayor entre los escoltas de un coche oficial y un conductor “ha servido para poner al descubierto una comida pantagruélica, cuyos comensales habrían preferido mantenerse en el anonimato”.

¿Unidos en torno a la mesa?

Según indicaba el digital, Ángel Acebes, exministro del Interior y exsecretario general del PP, se encontraba almorzando “en el reservado de una peña gastronómica de Madrid con Manuel Marchena –presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo–, Pedro Calvo –exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid–, Alfonso Carrascosa –propietario de Legalitas, que reside en Miami–, y otra persona sin identificar”.

Un menú estupendo

Tras recordar que poco después el juez Ruz imputaba a Acebes por la compra de un paquete de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta ‘caja B’ de Génova, El Confidencial pasaba a relatar el menú: “Sobre la mesa: una fuente con casi dos kilos de angulas, otra de percebes y una botella magnum de Petrus que cuesta más de 2.000 euros. Y de plato fuerte, un descomunal chuletón de Ávila por barba”.

Ya se conocían en el 2006

Lo cierto es que, de ser así, no es nueva la relación entre el ahora presidente de la sala II de lo Penal Manuel Marchena y el actualmente imputado Acebes. Como ya relató ELPLURAL.COM el 4 de marzo de 2012, el mutuo conocimiento se puede datar al menos en el año 2006, cuando el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy presidente de la Sala II de la misma instancia, Manuel Marchena, obtuvo el XX premio La Ley de artículos doctrinales.

Acebes y La Ley

La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer perteneciente al grupo multinacional del mismo nombre dedicado al area de publicaciones profesionales, seminarios y cursos. Como explicaba este diario, su consejo asesor está presidido por el ex ministro de Justicia popular José María Michavila y en él se encontraban, entre otros, el también ex ministro Ángel Acebes y hoy imputado por el caso Barcenas

En los eventos de Wolters Kluwer

A partir de entonces, Manuel Marchena, que años intervendría en el juicio de las “escuchas” por el caso Gürtel que concluyó con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, apareció en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer en la que figuraba, como se ha dicho, Ángel Acebes. En concreto, Marchena ha sido jurado del Premio La Ley de artículos doctrinales, en varias ediciones.

Más jueces y abogados

En este jurado Marchena coincidió asimismo con su ex colega el juez Adolfo Prego también ponente del juicio de la memoria histórica contra Garzón, además de otras personalidades como el que fuera entonces vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Luis Rodríguez Ramos quien asumió la representación de tres de los populares a los que se relacionó con la trama Gürtel e impulsó la personación del Colegio en la querella contra Garzón.

El juez Sánchez Melgar

Como recordaba EL PLURAL.COM en el mismo artículo, el nombre de Manuel Marchena aparecía además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado (que archivó por prescripción el caso que instruyó de los cursos de Nueva York redactando un auto que no dejaba lugar a dudas sobre su convicción en la responsabilidad de Garzón pese a no haber sido juzgado), se encontró con otro colega de la Sala II del Tribunal Supremo: Julián Sánchez Melgar.

Presente en los tres casos

El magistrado Sánchez Melgar fue miembro del tribunal en las salas del caso Memoria Histórica, el de los cursos en Nueva York (durante el período de admisión a trámite e instrucción) y formó parte del tribunal que admitió a trámite e instruyó la querella por el caso escuchas Gürtel. Julián Sánchez Melgar fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila en 1993.

Coincidió con Acebes en Ávila

Coincidió allí durante tres años con el popular Ángel Acebes, que era entonces el alcalde de la ciudad. Casualidades de la vida, magistrado y político daba la impresión de que se iban siguiendo los pasos: Sánchez Melgar tomaba posesión en enero del 2000 de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo. Ángel Acebes pasó de ser ministro de Administraciones Públicas a Ministro de Justicia en marzo del 2000.

El caso Libertad Digital

Ha pasado el tiempo y ahora el que fuera secretario general del PP, Ángel Acebes, se ve relacionado con el caso de los papeles de Bárcenas a causa de las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada “caja b” del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones de la empresa Libertad Digital. Se le cita como imputado por su posible responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que “tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos”.

Relación poco aconsejable

¿Es correcta esta relación entre políticos y magistrados? “No es ilícita pero no parece aconsejable”, han comentado a ELPLURAL.COM en medios jurídicos. Y es que si en el peor de los casos el procedimiento en el que ahora mismo se está viendo el popular Acebes continuara hasta llegar al Tribunal Supremo ¿qué actitud tiene que tomar un juez que ha compartido seminarios o según la información referida, quizás incluso almuerzos postineros con un presunto responsable de un hipotético delito?

Garzón, el único condenado

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM manifestaban que “no estaría de más empezar a replantearse las circunstancias que se dieron en la inhabilitación al juez Baltasar Garzón, hasta la fecha el único condenado años después, por haber iniciado el proceso contra la corrupción que rodea al PP. Máxime el tema de fondo era una interpretación de la ley y cuando otros jueces que continuaron el procedimiento en los mismos términos no fueron en absoluto reconvenidos”.

http://www.elplural.com/2014/11/04/el-juez-marchena-y-el-popular-angel-acebes-protagonizaron-una-opulenta-comilona-segun-el-confidencial/

TÉCNICOS FISCALES AFIRMAN QUE LAS DONACIONES ILEGALES SÍ TRIBUTAN

El sindicato de inspectores Gestha sostiene que la doctrina del Supremo considera que los gastos ilegales están sujetos al Impuesto de Sociedades

Hacienda exime a los partidos de tributar por su financiación ilegal

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rechazó ayer el informe que los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviaron el pasado 17 de octubre al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el que se sostenía que las donaciones ilegales que recibío el PP están exentas de tributación. Según ellos, la doctrina de Hacienda y del Tribunal Supremo es precisamente la contraria.

Los peritos de la ONIF adscritos al juzgado de Pablo Ruz sostienen que la ley no distingue entre el origen legal o ilegal de los donativos al considerarlos como ingresos deducibles, y por lo tanto, las donaciones que superen el límite legal de 100.000 euros no tributan. Gestha contrapone a este criterio un informe de la Dirección General de Tributos de 2007 que rechaza que los gastos “delictivos o radicalmente prohibidos en el ordenamiento” puedan deducirse.

También esgrimen los técnicos una sentencia de julio de 1998 en la que el Supremo declaraba sujetos a tributación los gastos de publicidad de un salón de juegos, que por su naturaleza tenía prohibido promocionar sus actividades. En 1984, la Delegación de Hacienda de Alicante consideró improcedente la deducción que un bingo de esa provincia había hecho de invitaciones a jugadores, vales de juego, encendedores obsequio y gastos de publicidad.

Las partidas correspondientes a obsequios fueron declaradas no deducibles de manera radical. Sin embargo, en este caso quedaba la duda sobre los gastos de publicidad. La deducción de la inversión en promoción sostenía el Supremo es "indiscutible". Sin embargo, como el Reglamento de Juego vigente entonces prohibía a los salones hacer promoción no autorizada de su actividad, lo que consideraba falta grave, el Supremo dio la razón a Hacienda y zanjó que la exención fiscal no era posible.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/04/actualidad/1415126088_896232.html

EL PP SE ENROCA: “HEMOS HECHO TODO LO QUE PODÍAMOS” CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cospedal descarta cambios y acusa de "cobardes anónimos" a los que piden renovación

Ante la presión dentro y fuera del PP para que haya cambios profundos que eviten una catástrofe electoral, la cúpula ha decidido enrocarse, al menos de momento. Ni habrá comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, ni está previsto cambiar nada a corto o medio plazo en la cúpula del partido. La instrucción de momento es esperar. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, insistió en varias ocasiones este lunes en una rueda de prensa en la misma idea: “El PP ha hecho todo lo que podía hacer” ante los casos de corrupción. “Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel”, se defendió, después de explicar todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo contra la corrupción y las que están a punto de ser votadas en el Congreso.

La presión para que el PP dé un vuelco a la situación incluso con un congreso extraordinario se mantiene en sordina, pero Cospedal descartó cambios en la estructura o los nombres clave del partido o convocar un congreso. De hecho, reaccionó a la defensiva, acusando de “cobardes anónimos” a los dirigentes que hablan con los medios de comunicación y reclaman una renovación completa que incluya incluso un cambio generacional.

Mientras ella hablaba de la “actuación contundente” del PP contra la corrupción, en León el partido sufría para intentar organizar una moción de censura para echar al actual presidente, el detenido Marcos Martínez. Y Sonia Castedo, la imputada alcaldesa de Alicante, saludaba al jefe del Estado, el Rey, en una fotografía que el PP no ha logrado evitar porque aún no ha promovido una moción de censura contra ella. Este martes viaja a esta ciudad el propio Rajoy. Algunos dirigentes señalan en privado que el PP debería asumir que es mejor perder el poder en algunas plazas. “¿Qué es más importante, la Diputación de León, la alcaldía de Alicante o La Moncloa?”, se pregunta un diputado fiel a Rajoy.

La mayoría de los consultados creen que el PP está bloqueado. Este lunes, en una reunión en la calle Génova con alcaldes, todos trasladaron una gran preocupación, porque notan la presión de los ciudadanos, la mala imagen del PP y la sospecha generalizada, pero nadie se anima a pedir cambios abiertamente.

El bloqueo se produce porque en el partido se está instalando la idea de que solo una profunda renovación podría frenar la sangría del partido

El bloqueo se produce porque en el partido se está instalando la idea de que solo una profunda renovación, con un congreso extraordinario que dé paso a una nueva generación, podría frenar la sangría del partido. Pero todos los consultados asumen que eso es casi imposible con Rajoy en La Moncloa con mayoría absoluta. Solo sucedería si él lo decide —algo improbable— o después de una debacle electoral. “Ni siquiera el PSOE echó a Felipe González en plena etapa de escándalos, fue la derrota lo que acabó con él. En los partidos grandes los cambios vienen después de las elecciones, no antes”, resume otro dirigente.

Cospedal se concentró en defender al PP y descartar cualquier movimiento, más allá de la sustitución de Esteban González Pons, que ha sido nombrado portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Él seguirá en la cúpula, pero a medio plazo alguien ocupará su vicesecretaría de Estudios y Programas.

Pero Cospedal sí mostró la tensión interna con su dura acusación a los que piden cambios. Su discurso recordaba al de 2008, cuando denunció en una entrevista en EL PAÍS que había “cobardes anónimos” que criticaban a la dirección. Este lunes repitió esa idea. “El PP tuvo un congreso en 2008 y se renovó. Y el último en 2012. Nadie me ha pedido cambios, más allá de esos comentarios anónimos que me gustaría que fuesen directos, porque creo que tienen mucho de cobardía. Las cosas hay que decirlas a la cara”, explicó en tono airado. En el PP nadie suele hablar en público porque hacerlo supone habitualmente perder el favor del líder y ser apartado.

La secretaria general pidió un pacto para evitar la llegada de los “populismos”, en referencia a Podemos. “La recuperación económica no se puede poner en riesgo por la corrupción, no la podemos parar. España no puede ser pasto del populismo”.

Rajoy no quiere comparecer en el Congreso con el argumento de que es el PP, y no el Gobierno, quien debe explicar los escándalos que le afectan, pero Cospedal no aclaró nada sobre los 1,7 millones de las obras de la sede pagadas en B, según un auto del juez Ruz, o la investigación sobre la posible financiación ilegal de su propia campaña electoral.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/03/actualidad/1415019649_810462.html

RAJOY: “PIDO DISCULPAS EN NOMBRE DEL PP A TODOS LOS ESPAÑOLES”

El presidente se disculpa por los casos de corrupción. "Entiendo y comparto la indignación"

Por segunda vez desde que está en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha disculpado en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido. La otra vez fue hace más de un año, en agosto de 2013, por el caso Bárcenas. Esta vez Rajoy se ha visto obligado a pedir excusas en nombre del PP ante la presión en todos los partidos, incluido el PP, para que el presidente reaccionara a los escándalos. Rajoy ha decidido pedir perdón en el día en que el exsecretario general del PP ha declarado ante el juez por una supuesta caja b de la formación, y 24 horas después de conocerse una nueva macro operación contra la corrupción. "En nombre del PP quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta.

Todo estaba preparado, tanto que Rajoy ha decidido obviar el contenido de la pregunta sobre desigualdad que le hacía la portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, y ha leído un texto que llevaba escrito para responder a los escándalos de corrupción. Si ayer era Esperanza Aguirre quien pedía perdón por haber nombrado a Francisco Granados, frente al silencio de la cúpula del PP, hoy ha sido Rajoy quien lo ha hecho. "Entiendo y comparto plenamente la indignación de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo el hartazgo de los españoles, estas consultas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y esfuerzos para sacar al país de la crisis", ha asegurado Rajoy en tono grave. Sin embargo, el PSOE lo que le pedía es que haga una comparecencia monográfica en el Congreso sobre corrupción, y Chivite le recordó que los socialistas han pedido ocho veces a Rajoy que comparezca sin éxito.

Rajoy no anunció ningún tipo de comparecencia especial y más bien dio la impresión de que la reacción se va a quedar en esa petición de excusas leída en el Senado sin más explicaciones sobre los escándalos ni nuevas medidas. Ante esta posiblidad, en el hemiciclo se armó un gran alboroto que acabó a gritos entre la bancada del PP, que recordaba el escándalo de los ERE andaluces, que afecta al PSOE, y los socialistas, que a gritos pedían la dimisión de Rajoy. Chivite le pidió que acuda al Congreso a explicar "la financiación ilegal del PP, los sobres, sus mensajes con Bárcenas, los pagos en b de las obras de la sede, y cuántos dirigentes del PP van a pasar ante la justicia".

El propio presidente, en su respuesta, apunto al clásico "y tú más" cuando sacó también los ERE andaluces aunque sin mencionarlos expresamente: "no le voy a hablar de la investigación en el Supremo a diputados y senadores de su partido", dijo en alusión a Manuel Chaves y José Griñán. Rajoy insistió en que la solución es un gran pacto contra la corrupción aunque si el PSOE no quiere sumarse el PP sacará en solitario las medidas que llevan casi dos años en el Congreso. El ambiente de guerra entre PP y PSOE en el Senado augura que eso es lo que sucederá.

Rajoy ha pedido pues excusas en nombre del PP por haber aupado a los implicados, algo que en él no es en absoluto habitual, pero ha exculpado al partido de los comportamientos de sus alcades. El presidente ha enfatizado que en la Operación Púnica no hay financiación irregular, sino que "responde a la codicia personal de los cargos públicos y no a las organizaciones a las que pertenecen", y ha defendido el trabajo de los cargos públicos. "Esos comportamientos extienden una sospecha generalizada", ha apuntado el presidente, "pero esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de los partidos", ha remachado.

El presidente ha pedido a los españoles que confíen en el Estado de Derecho, ya que los nuevos casos de corrupción se han desvelado porque la justicia y las instituciones "funcionan", y ha asegurado que su compromiso con la "limpieza de la vida pública es total".

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Gobierno aprobará medidas "anticorrupción" incluso en solitario. Enumeró las ya conocidas pero no planteó nuevas. "La democracia no puede permitir que nadie juegue con la confianza que depositan en los políticos. Por ello vamos a aprobar las dos medidas anticorrupción pendientes, cuanto antes, el Estatuto del alto cargo y la ley del control de la actividad económica y financiera de los partidos", ha explicado. "Si es con el consenso de la oposición, mejor, pero si no es así, sacaremos adelante las medidas anticorrupción con los votos del PP", ha anunciado.

El PSOE descartó ayer alcanzar un pacto global con el partido en el Gobierno sobre la corrupción. "Ni ha habido, ni hay ni habrá un pacto con el PP", dijo contundente el secretario de Organización del PSOE, César Luena. El PSOE ha venido manteniendo intensas conversaciones con el PP en la búsqueda de un acuerdo en torno a un listado de leyes contra la corrupción política. Los socialistas, con el apoyo de todos los grupos, exigen que Rajoy comparezca la próxima semana antes de poder hablar de un gran pacto. En el PP hay dirigentes que creen que sería una solución adecuada porque la indignación social se ha vuelto insorportable, explican, pero después de la petición de excusas de Rajoy la opinión más extendida es que el presidente medirá si esta reacción ha sido suficiente para bajar la presión y si es así decidirá no comparecer. Lo cierto es que algo parecido sucedió en 2013 y finalmente se vio obligado a convocar un pleno extraordinario.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/28/actualidad/1414509245_976462.html

RAJOY, SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL PP: “ESAS COSAS NO DEBEN VOLVER A PASAR”

"Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para evitar que estos acontecimientos se puedan producir en el futuro, espero que nunca jamás se vuelvan a producir". Eso ha respondido esta tarde el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al ser preguntado en rueda de prensa por las últimas noticias relacionadas con supuestos casos de corrupción que afectan a su partido. Rajoy ha afirmado que trabaja para que "todas esas cosas se sepan" y "no vuelvan a producirse", y que su objetivo es "ayudar a la justicia, castigar a los culpables y reconocer a los inocentes".

"Debo ser prudente y muy respetuoso con la justicia", ha dicho el presidente cuando las preguntas sobre corrupción han irrumpido en la rueda de prensa que celebraba en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. Por dos veces le han pedido opinión los periodistas sobre la imputación del ex secretario general del PP Ángel Acebes en el caso Bárcenas, el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid que afecta al exministro Rodrigo Rato o el auto de hoy del juez Pablo Ruz sobre el uso de dinero negro para pagar las obras de la sede del PP en Madrid.

Rajoy no ha desmentido ninguna de esas acusaciones. Ha eludido responder directamente cuando se le ha preguntado por los 1,7 millones de dinero negro gastados presuntamente por el partido que él preside en las obras de su sede, y ni siquiera ha apelado al comunicado que el PP emitió esta semana negando la existencia de una caja b. Se ha limitado a hablar del futuro, recordando que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas de regeneración que pretende cerrar en breve con la oposición. "¿Qué sensación tiene ante estas noticias?", le han planteado. "La única sensación es una firme voluntad de tomar las decisiones para que evitar estos hecho se puedan producir en el futuro", ha insistido.

El juez Pablo Ruz tuvo que ordenar en 2013 un registro de la sede del PP ante la falta de colaboración de esta formación política en la investigación del caso Bárcenas. Como consecuencia de ese registro, en el que se incautó numerosa documentación, el magistrado ha dictado hoy un auto en el que sostiene que el PP pagó 750.000 euros “fuera de los circuitos económicos legales” para las obras de reforma en la planta baja de su sede. Esa cantidad, abonada en 2006, se suma a los 960.347 euros abonados en b desde 2008 para la remodelación de otras cuatro plantas de la sede, según el sumario. Todas esas obras se realizaron bajo la presidencia de Rajoy, que dirige el PP desde 2004.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/24/actualidad/1414168391_203193.html

EL JUEZ RUZ TIENE LOS MESES CONTADOS

El Poder Judicial decide si saca su plaza a concurso en diciembre

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial discute hoy qué hacer con la plaza de la Audiencia Nacional que ocupa en comisión de servicios el magistrado Pablo Ruz, instructor de algunas de las grandes causas de corrupción que afectan al poder político en España.

El Poder Judicial tiene la posibilidad de sacar a concurso en diciembre la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que ocupa Ruz aprovechando una gran convocatoria de 282 puestos para los que el Gobierno pretende aprobar un decreto en los próximos días. O mantener a Ruz durante otros seis meses al frente del juzgado para que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. Es, como máximo, en esta fecha cuando el magistrado tiene que dejar a la fuerza el juzgado pues la ley sólo prevé prórrogas en la comisión de servicio por un máximo de dos años.

Si el Poder Judicial saca a concurso la plaza en diciembre próximo, Ruz deberá dejar el juzgado en un momento especialmente delicado para algunas de las causas que instruye.

El exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, ha sido imputado por el juez Ruz en el caso Bárcenas y mantiene en prisión desde hace 15 meses al ex tesorero del PP. Además, el magistrado ha abierto nuevas líneas de investigación que salpican al corazón del PP con la sospecha, apuntalada por numerosas pruebas, de financiación ilegal durante 20 años de la formación que preside Mariano Rajoy.

Por otra parte, el juez ha finalizado la instrucción de una parte del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido que se haya conocido en la reciente etapa democrática. En las próximas semanas pretende dictar el auto para la apertura de juicio oral. Ruz considera que el PP se lucró con los negocios ilegales de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

En la investigación a los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, el magistrado ha citado para el mes que viene a una decena de imputados, entre ellos importantes empresarios que pagaron grandes cantidades de dinero a cambio de asesorías que la policía considera simuladas. Detrás de la investigación de Ruz se esconde la supuesta corrupción del Gobierno catalán de Jordi Pujol con el cobro de comisiones ilegales a empresas contratistas de la Generalitat.

Además, Ruz investiga el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del jugador brasileño por el Barça); el falseamiento de cuentas en la entidad Caja Castilla-La Mancha y en la empresa Pescanova o la estafa masiva del caso Forum Filatélico, entre otros.

El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de seis meses el pasado 25 de junio en la que destacaba su “excelente rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado”.

Ruz llegó al juzgado 5 de la Audiencia Nacional el 24 de junio de 2010 para sustituir a Baltasar Garzón, apartado del puesto por el proceso abierto en el Supremo que acabó con su condena por prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel entre los cabecillas de la red Gürtel y sus abogados.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/26/actualidad/1414347936_341218.html

HACIENDA EXIME A LOS PARTIDOS DE TRIBUTAR POR SU FINANCIACIÓN ILEGAL

La Agencia Tributaria contradice al juez Ruz y defiende la exención fiscal aunque el PP pagara sobresueldos y las obras de la sede con donaciones ilegales

Los casos de corrupción que afectan al PP

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez Pablo Ruz, que investiga la financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas, en el que concluye que las donaciones ilegales a los partidos políticos están exentas de pagar impuestos. Esta afirmación exculparía al PP del delito fiscal que investiga al magistrado.

Ruz ha sostenido en distintos autos que "las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”, Con esa tesis, el PP habría incurrido en delito fiscal al no pagar la cuota correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2008, cuando la formación conservadora ingresó en donativos ilegales 1.055.000 euros, según las anotaciones de la caja b que controlaba Luis Bárcenas.

El magistrado pidió a la Agencia Tributaria aclaraciones sobre dos informes aparentemente contradictorios sobre esta cuestión y recibió la respuesta definitiva el pasado 17 de octubre. La Agencia Tributaria explica que la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que las donaciones están exentas de tributación, sin precisar nada respecto a si la exensión fiscal alcanza también a aquellos donativos que se realizan vulnerando la ley, o bien porque superan los 60.000 euros anuales o porque los donantes son contratistas de administraciones públicas. "En la definición de las donaciones exentas [de pagar impuestos] no se exige que se hayan obtenido de acuerdo a la Ley", señala la Agencia Tributaria. Aunque aclara que esto no significa que cualquier donación quede amparada por la exención, insiste en que no deberán pagar impuestos si esos ingresos extraordinarios se dedican a "financiar las actividades que constituyan el objeto o finalidad específica del partido político".

Los firmantes del informe sostienen que el PP sólo estaría obligado a tributar si no hubiera dedicado esos donativos ilegales a la actividad esencial de la formación política. "La finalidad de la norma fue que solo quedaran fuera de la exención las donaciones irregulares que no se afectaran a la finalidad política, esto es, que se destinarán a otros fines -lícitos o no- desarrollados por el partido". Y concluye que "la realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral -aún cuando sean de retribución a la alta dirección- e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención".

El PP, según los papeles de Bárcenas, dedicó una parte de los donativos ilegales a pagar sobresueldos a la cúpula del partido y a las obras de reforma de su sede nacional, en la calle de Génova 13.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/28/actualidad/1414521239_761346.html

LA CAJA B DE BÁRCENAS Y LOS REGALOS DE GÜRTEL PONEN AL PP CONTRA LAS CUERDAS

El juez Ruz acumula indicios contra la formación conservadora en la etapa final de la investigación

El magistrado Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel desde el 24 de junio de 2010 y la pieza separada en el caso Bárcenas desde marzo de 2013 ha comenzado ya a preparar el auto para abrir juicio oral sobre las corruptelas acreditadas hasta 2005. Con esta iniciativa, el magistrado pretende sentar en el banquillo de los acusados a 45 imputados, entre ellos tres ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y el ex tesorero nacional, Luis Bárcenas.

Si el recurso de apelación del PP no prospera, el escándalo de corrupción que estalló en febrero de 2009 le acabará salpicando como beneficiario de algunos de los delitos cometidos, por los que tendrá que pagar más de 300.000 euros.

Esta consecuencia judicial directa de su relación con la trama corrupta que organizaba todos los actos electorales del partido es sólo una pequeña parte de los numerosos indicios que el juez Ruz sigue recabando sobre la culpabilidad del PP en muchos de los hechos investigados.

El magistrado interroga hoy a Ángel Acebes, primer ex secretario general del PP imputado en el caso por autorizar la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b que controlaba Luis Bárcenas. El juez le atribuye el delito de apropiación indebida por omisión: no vigilar que los fondos dedicados a la compra de participaciones de Libertad Digital volvían al partido. Bárcenas y Lapuerta, según la investigación, se quedaron con el dinero tras vender las participaciones.

Participación a título lucrativo. El juez solicitó hace meses al PP los estatutos madrileños del partido y también los estatutos nacionales para precisar a quién imputaba el beneficio obtenido como consecuencia de los regalos que la trama corrupta hizo a dos alcaldes populares, Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), y Guillermo Ortega (Majadahonda). La red Gürtel montó actos electorales del PP en esos dos municipios que no cobró a la organización porque a cambio se beneficiaba de contratos amañanados, según la investigación. Analizados los estatutos, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción resolvieron que el PP nacional era el beneficiario último de aquellos regalos aunque no conociera su origen. Y debe responder económicamente por ello.

En el sumario constan otros regalos parecidos para actos en los que intervinieron los dirigentes nacionales del PP. Entre los papeles incautados por la policía en una nave industrial de Alcorcón (Madrid) donde la trama corrupta almacenaba abundante documentación se encontraron, por ejemplo, varias facturas de actos electorales de José María Aznar en 2002 que la trama corrupta no había cobrado al PP.

Delito fiscal por donativos ilegales. El PP, según considera acreditado el juez, recibió donaciones ilegales por las que no tributó a Hacienda. Las cantidades supuestamente defraudadas, y no prescritas, superarían en 2008 el limite de los 120.000 euros –el PP ingresó por esa vía 1.055.000 euros- por lo que podrían ser consideradas delito fiscal. “Las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”, sostienen tanto el juez como el fiscal anticorrupción. Pero la Agencia Tributaria, en un informe remitido al juez, tiene otra interpretación: “La Ley de Financiación de Partidos Políticos no regula que el incumplimiento de los condicionantes y limitaciones para las donaciones privadas tenga consecuencias en el régimen tributario. Esas donaciones ilegales constituyen una infracción grave [solo] sancionable con una multa a imponer por el Tribunal de Cuentas”.

Obras en Génova 13. Entre 2007 y 2008, el PP reformó al completo su sede nacional, en el número 13 de la calle de Génova, y encargó las obras al arquitecto Gonzalo Urquijo. El juez Pablo Ruz considera que parte de los trabajos se abonaron con dinero negro (1,7 millones de euros) de la caja b que controlaba el ex tesorero Luis Bárcenas. El magistrado apunta la existencia de tres delitos en esta operación: contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. Por este asunto, uno de los múltiples flecos del caso Bárcenas y su contabilidad secreta, el magistrado mantiene imputados al ex tesorero, al arquitecto y a tres colaboradores de su despacho.

Las sedes de la Rioja y Vizcaya, pagadas con dinero negro. La policía ha remitido un informe a la Audiencia Nacional donde sostiene, de forma indiciaria, que el PP blanqueó dinero negro (200.000 euros) para la compra de una parte de la nueva sede del PP en La Rioja por 309.000 euros en 2008. Y que esa operación quedó registrada en la contabilidad paralela que Bárcenas llevaba de una caja b con la que se financiaban numerosos gastos del partido. Por aquellas fechas, el ex tesorero apuntó una entrega de 200.000 euros de “La Rioja” en la caja b mientras que a través de la contabilidad oficial del PP se le daban esos mismos 200.000 euros para la compra de la sede. Con esa operación, los dirigentes del PP de La Rioja lograban blanquear supuestamente unos donativos ilegales que habrían recibido. Con una operativa similar, la policía acredita la financiación ilegal en la compra de la sede del PP de Vizcaya.

El contrato de basuras de Toledo. El Juez investiga si el PP de Castilla-La Mancha recibió de manos de Luis Bárcenas 200.000 euros correspondientes supuestamente a la aportación que hizo Sacyr como pago por haber sido la empresa adjudicataria del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo. Un recibí manuscrito y firmado en 2007 por José Ángel Cañas, entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha, apuntala los indicios sobre el supuesto pago de comisiones ilegales. El magistrado no se creyó la versión de Mañas, quién aseguró que nunca recibió ese dinero pese a lo que firmó. Y que el recibí es consecuencia de una “imposición” de Bárcenas, que supuestamente Mañas asumió porque tenía miedo de que el tesorero le podía despedir si no firmaba. Un informe pericial que solicitó el juez acreditó algunas irregularidades mayores en el contrato multimillonario de recogida de basuras que el ayuntamiento de Toledo, entonces gobernado por el PP, adjudicó unos meses antes del supuesto pago a Sacyr. La semana pasada, el juez imputó al ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, por esta adjudicación.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414443680_602180.html?rel=rosEP

ACEBES ASEGURA QUE DESCONOCÍA LA EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP

El ex ‘número dos’ niega que ordenara comprar acciones de Libertad Digital

El PP adquirió la mayoría de participaciones de Libertad Digital

El ex secretario general del PP Ángel Acebes negó ayer ante el juez Pablo Ruz tener conocimiento de la existencia de una caja b en el partido y aseguró que siempre creyó en la honorabilidad del extesorero de la formación Álvaro Lapuerta, quien también compareció este martes ante el juez por su supuesta implicación en la compra de acciones de Libertad Digital con fondos del PP.

Según fuentes presentes en la declaración, Acebes se defendió de las acusaciones de Bárcenas, que le señaló ante Ruz como el responsable de autorizar el uso de la caja b del PP para salir en 2004 en auxilio de Libertad Digital, un grupo de medios liderado por Federico Jiménez Losantos y que creció aupado por el ala más derechista del PP. Según estas fuentes, Acebes negó haber autorizado la compra de acciones del medio de comunicación, aunque admitió que se reunió con el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, que le transmitió la necesidad de que el PP se implicase en la ampliación de capital del medio. El exnúmero dos del PP y exministro de Interior añadió también que él comentó en el partido esa petición de Recarte, pero no concretó a quién se lo dijo y negó que fuera una orden para que se compraran las acciones con dinero de la formación.

Acebes insistió en señalar ante Ruz que en el partido había una separación clara entre el área política y la económica. Él, afirmó, estaba al mando de la política y el tesorero, de la económica, que dependía jerárquicamente del comité ejecutivo nacional, presidido desde octubre de 2004 por Mariano Rajoy.

Acebes ha insistido en señalar ante Ruz que en el partido había una separación clara entre el área política y la económica. Él, ha afirmado, estaba al mando de la política y el tesorero, de la económica. A esta teoría sobre la diferenciación entre la gestión económica y política del partido se aferraron también los otros tres ex secretarios generales del PP —María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos— que han comparecido ante Ruz por los papeles de Bárcenas como testigos.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Acebes se ha mostrado ante Ruz tenso, pero seguro en sus declaraciones y con el tema bien estudiado. Ha restado importancia al encuentro mantenido con el ex presidente de Libertad Digital, del que dice que fue una reunión "menor" de las muchas que mantenía a diario como secretario general del PP. El momento de mayor tensión en el interrogatorio de Acebes se ha vivido, según fuentes del caso, después de que el ex secretario general del PP asegurara que no conocía a Gonzalo Urquijo, el arquitecto de las obras de la sede del PP en la calle Génova, pagadas, supuestamente, con dinero de la caja b. En ese momento, Ruz ha sacado, para sorpresa de los presentes en la sala, una fotografía en la que Urquijo saluda con un apretón de manos a Acebes ante la miada de Rajoy. El ex secretario general ha asegurado no recordar la imagen y ha dicho que quizá corresponda a una copa de Navidad del partido.

El expresidente de Libertad Digital que también compareció ayer ante Ruz, aseguró que no solo se reunió con el ex secretario general del PP, sino también con otros dirigentes del partido, como José María Aznar y Esperanza Aguirre. Recarte les pidió a todos que ayudaran al medio, inmerso en 2004 en una ampliación de capital, pero aseguró que no pretendía que pusieran el dinero de los fondos de PP sino que contactaran con militantes que pudieran suscribir acciones. Recarte aseguró que nunca conoció ni a Bárcenas ni a Lapuerta y que, al contrario de lo declarado por Acebes, habló con los dirigentes políticos de la operación económica del medio de comunicación.

Lapuerta fue el primero en pasar ayer por la Audiencia en la ronda de declaraciones convocada por Ruz. El extesorero se acogió a su derecho a no declarar, pero entregó al juez una carta manuscrita en la que señala que “en círculos” del PP le sugirieron que comprara acciones de Libertad Digital y él accedió a comprar títulos por valor de 139.000 euros. Según aseguró, las compró con su dinero y las incluyó en su declaración de patrimonio.

En la carta, el extesorero asegura que dentro del partido se difundió “entre amigos y colaboradores” el deseo de que se colaborara con la ampliación de capital que emprendió Libertad Digital en 2004. “En este entorno se me pidió colaborar y las suscribí”, ha afirmado Lapuerta, que suscribió acciones por valor de 139.000 euros. El compromiso supuestamente adquirido con el partido era comprar los títulos con dinero de la formación, pero reintegrarlo luego a la caja del PP. El juez cree, sin embargo, que Lapuerta, al igual que la esposa de Luis Bárcenas, vendió los títulos por 209.000 euros y se apropió del dinero. El extesorero niega en la carta que ha entregado al juez que comprara las acciones con fondos del partido. “Las incluí en mis declaraciones de patrimonio y ulteriormente en renta declaré la plusvalía".

Tanto Acebes como Lapuerta salieron de la Audiencia entre gritos de una decena de ciudadanos han aguardado toda la mañana para increpar a los exdirigentes del PP. Los congregados han coreado gritos como "ladrones", "Acebes ladrón, derecho al paredón" y "Bankia es la culpa del PP".

Ruz, que investiga la supuesta contabilidad b del PP en una pieza separada del 'caso Gürtel', se acogió a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la apropiación indebida por "comisión por omisión" en la conducta de terceros para concluir que Acebes, como número dos de la formación, tenía la posibilidad de "ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar" la actuación de los extesoreros Lapuerta y Bárcenas.

El magistrado acordó estas nuevas imputaciones a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analiza nueve apuntes manuscritos de la contabilidad B de Bárcenas entre los años 2004 y 2005 que reflejan la compra de acciones de Libertad Digital por valor de 446.100 euros.

Según las declaraciones judiciales que Bárcenas realizó ante el juez Ruz en julio de 2013 y en abril pasado, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Acebes de "buscar empresarios que estuviesen dispuestos" a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital "utilizando para ellos los fondos de la 'caja B' del partido".

La iniciativa, que habría partido del entonces presidente de Libertad Digital tenía la finalidad de que las participaciones fueran "traspasadas a terceros por parte de los suscriptores iniciales, que habrían de ser personas de confianza".

La adquisición de los títulos fue realizada por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas (por valor de 149.600 euros), Álvaro Lapuerta (un total de 1.270 títulos por 139.700 euros que revendió a Libertad Digital por 209.550 euros con una plusvalía de 69.850 euros) y el trabajador del PP Francisco Yáñez (121.000 euros), padre del apoderado de las cuentas de Bárcenas en Suiza.

Los tres vendieron las acciones posteriormente aunque en el caso de Lapuerta e Iglesias no consta que el dinero retornase a la 'caja B' del partido, lo que justificaría el delito de apropiación indebida. De hecho, la instrucción ha revelado que la esposa de Bárcenas hizo una transferencia en 2005 de 149.000 euros para la compra de una casa junto a la estación de esquí de Baqueira Beret.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/28/actualidad/1414492129_611637.html

HACIENDA REVELA EL PAGO DE OTROS 750.000 EUROS EN NEGRO POR LA SEDE DEL PP

En total los pagos en B por la sede central en Madrid ascenderían a 1.7 millones. El juez elimina por primera vez el calificativo de "presunto" para hablar de los pagos en negro por la sede del PP

La Agencia Tributaria descubre que solo por la planta baja, el PP pagó 750.000 euros en negro en 2006. Por otras cuatro plantas de la sede central en la calle Génova, el PP abonó desde 2008 otros 960.000 euros en negro, según la AEAT.

El caso de la Caja B del PP adquiere una nueva dimensión de proporciones impredecibles para la formación conservadora. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido un auto este viernes sobre el caso de su supuesta caja B que amplía a 1.7 millones de euros los supuestos pagos en negro por la sede central del PP en la madrileña calle Génova.

El juez simplemente reitera en su exposición razonada los datos desvelados por la Agencia Tributaria. Sus inspectores sostienen que el PP tenía más dinero negro que el que figura en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. Y se trata de números.

Este informe de la AEAT, que detecta un pago en B de 750.000 euros solo por la planta baja del inmueble, amplía uno anterior que analizó los supuestos abonos en negro a partir de 2008, año desde el que según los inspectores de Hacienda, no estarían prescritos los hechos. En aquel informe, la AEAT ya detectó supuestos pagos en B por la ejecución de las obras de las plantas segunda a quinta que ascendían a 960.000 euros, por lo que según Hacienda, la formación conservadora abonó un total de 1.7 millones en negro por la sede central.

Se da la circunstancia de que Bárcenas solo reflejó pagos por 812.000 euros en un contabilidad manuscrita por los trabajos en el edificio. Es decir, hay 900.000 euros en negro más del PP, según Hacienda, que no figuran en la contabilidad A ni en la B. Todos estos pagos se habrían producido desde 2006, siempre con Mariano Rajoy en la presidencia del Partido Popular.

La explicación, según afirma el juez en su auto, es que parte del dinero negro abonado a Unifica tuvo reflejo la contabilidad paralela de Bárcenas, y parte habría sido abonada como anticipo sin factura.

En su auto por primera vez el juez elimina el calificativo "presunto" para hablar de los pagos en negro por las obras de la sede. Dice que tras el nuevo informe de la Agencia Tributaria, basado en los documentos "incautados" al registrar la sede del PP y de la empresa Unifica que ejecutó las obras, "se infiere" una doble facturación y que el PP pagó "con fondos ajenos al circuito económico legal".

La Agencia Tributaria también detecta "irregularidades" en las facturas de las plantas segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, atribuidas a Unifica tanto en la declaración del IVA como en el Impuesto de Sociedades. El juez pide un informe ampliatorio y definitivo, y advierte a la Agencia Tributaria que le remita toda la información y análisis sobre las operaciones bajo sospecha sin tener en cuenta los plazos de prescripción. Unos plazos, recuerda Ruz a Hacienda, que ya fijará el magistrado.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/hacienda-revela-pago-otros-750000-euros-negro-sede-pp/csrcsrpor/20141024csrcsrnac_20/Tes

RAJOY, SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL PP: “ESAS COSAS NO DEBEN VOLVER A PASAR”

El presidente apela a las medidas de regeneración sin desmentir las noticias sobre la caja b

"Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para evitar que estos acontecimientos se puedan producir en el futuro, espero que nunca jamás se vuelvan a producir". Eso ha respondido esta tarde el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al ser preguntado en rueda de prensa por las últimas noticias relacionadas con supuestos casos de corrupción que afectan a su partido. Rajoy ha afirmado que trabaja para que "todas esas cosas se sepan" y "no vuelvan a producirse", y que su objetivo es "ayudar a la justicia, castigar a los culpables y reconocer a los inocentes".

"Debo ser prudente y muy respetuoso con la justicia", ha dicho el presidente cuando las preguntas sobre corrupción han irrumpido en la rueda de prensa que celebraba en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. Por dos veces le han pedido opinión los periodistas sobre la imputación del ex secretario general del PP Ángel Acebes en el caso Bárcenas, el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid que afecta al exministro Rodrigo Rato o el auto de hoy del juez Pablo Ruz sobre el uso de dinero negro para pagar las obras de la sede del PP en Madrid.

Rajoy no ha desmentido ninguna de esas acusaciones. Ha eludido responder directamente cuando se le ha preguntado por los 1,7 millones de dinero negro gastados presuntamente por el partido que él preside en las obras de su sede, y ni siquiera ha apelado al comunicado que el PP emitió esta semana negando la existencia de una caja b. Se ha limitado a hablar del futuro, recordando que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas de regeneración que pretende cerrar en breve con la oposición. "¿Qué sensación tiene ante estas noticias?", le han planteado. "La única sensación es una firme voluntad de tomar las decisiones para que evitar estos hecho se puedan producir en el futuro", ha insistido.

El juez Pablo Ruz tuvo que ordenar en 2013 un registro de la sede del PP ante la falta de colaboración de esta formación política en la investigación del caso Bárcenas. Como consecuencia de ese registro, en el que se incautó numerosa documentación, el magistrado ha dictado hoy un auto en el que sostiene que el PP pagó 750.000 euros “fuera de los circuitos económicos legales” para las obras de reforma en la planta baja de su sede. Esa cantidad, abonada en 2006, se suma a los 960.347 euros abonados en b desde 2008 para la remodelación de otras cuatro plantas de la sede, según el sumario. Todas esas obras se realizaron bajo la presidencia de Rajoy, que dirige el PP desde 2004.

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COSPEDAL: “LA CORRUPCIÓN ESCANDALIZA TANTO AL PP COMO A LOS CIUDADANOS”

El partido culmina una semana marcada por el caso de las tarjetas y la imputación de Acebes

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este sábado que su partido está "escandalizado" por los casos de corrupción entre los que ha destacado "malas prácticas" como las tarjetas opacas de Caja Madrid. "El PP trabaja sin descanso para que esas prácticas no se vuelvan a producir", ha afirmado en la inauguración de una convención de alcaldes que se celebra en Murcia, admitiendo que esas conductas sí existieron. Y ha añadido que el partido está "tan escandalizado" como el conjunto de la sociedad con algunos de estos casos, en la línea con lo afirmado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien la semana pasada aseguró que el Ejecutivo está "indignado" por lo que ocurrió en la entidad.

El PP culmina este sábado en Murcia una de las semanas más negras que los dirigentes del partido recuerden. El escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y la presión interna, que el pasado lunes llevó al expresidente de la entidad e histórico dirigente Rodrigo Rato a pedir la suspensión de militancia, la imputación de Ángel Acebes, antiguo secretario general, y la evolución del caso Bárcenas planean sobre la convención de alcaldes que el partido celebra este fin de semana en Murcia.

En este contexto, la secretaria general de la formación ha dejado claro que "respeta lo que dicen los tribunales", aunque también ha pedido "sentido de la responsabilidad" y el respeto a la "presunción de inocencia", y ha señalado que "hay que diferenciar lo bueno de lo malo" y "no se puede tratar a todo ello mundo por igual". También se ha pronunciado el número tres de los populares, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, quien ha reclamado "que se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por todo el mundo", reflejando el clima que circula en un sector del partido, que señala la etapa de José María Aznar. No obsante, Acebes fue nombrado secretario general por Mariano Rajoy, y las obras de la sede central del PP por las que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga pagos de 750.000 euros en dinero negro fueron realizadas 2006, cuando el presidente del Gobierno ya era máximo responsable del partido. Esta cantidad se suma a otros 960.000 euros opacos ya descubiertos.

Cospedal ha presumido de que y el Gobierno haya presentado un plan "para consensuarlo con todos los partidos", tal como ha dicho contra la corrupción. "Ha creado el delito de financiación ilegal", ha añadido como ejemplo de las medidas que propugna. "Este partido va a luchar contra la corrupción, que nos escandaliza", ha insistido antes de afirmar que "algunas cosas se conocen por el ejercicio de transparencia que está haciendo el PP".

En otro momento de su intervención, la secretaria general del PP se ha mostrado convencida de que su partido volverá a lograr el apoyo mayoritario en las elecciones municipales de mayo de 2015, porque los ciudadanos saben que los populares "han hecho los deberes" frente a las "fábulas" que cuentan otros. "Frente al realismo mágico de algunos, el populismo de fábula de otros o la ciencia ficción de los independentistas, la realidad es que España es un país que se encuentra mucho mejor que hace tres años", ha señalado en referencia a la oposición y con alusiones a Podemos. Además, ha subrayado que "la legitimidad la dan los votos" y no la tiene "el que más grita".

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/25/actualidad/1414233315_712781.html?rel=rosEP

EL PP VIVE EN ESTADO DE ‘SHOCK’ EL GOTEO DE IMPUTACIONES

Los dirigentes se quejan de la lentitud de la justicia y esperan que acabe rápido la instrucción del caso

Bárcenas creó otra caja b para pagar la sede del PP de Bizkaia

El PP vive una especie de shockinterno en una de las peores semanas que se recuerdan, con dos de los grandes referentes del partido, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, con problemas en los tribunales. “Que se acabe ya este goteo, que nos digan de una vez lo que hay, caiga quien caiga”, asegura un diputado incidiendo en una idea bastante extendida entre dirigentes del PP y en el Gobierno. Todos los consultados se quejan de la lentitud de la justicia y piden que se acabe ya la instrucción.

La imagen de la política está por los suelos y estos nuevos escándalos —a los que este miércoles se sumó la imputación del exalcalde de Toledo José Manuel Molina por el caso Bárcenas— devuelven al PP a una época que creían superada, la de los peores momentos del escándalo Gürtel en 2013, cuando Mariano Rajoy se vio obligado a convocar un pleno extraordinario en agosto para explicar su apoyo al extesorero.

Desde entonces, toda la estrategia está centrada en el silencio, en no responder a nada de lo que diga la justicia o la policía, y en centrar todo el objetivo en Bárcenas. Pero esa tesis se debilita con la imputación de Acebes, ya que fue secretario general entre 2004 y 2008 nombrado por Rajoy. Por eso ahora la cúpula del PP espera que esta imputación no tenga mucho recorrido judicial, y confía en que el juez lo desimpute con cierta rapidez cuando él declare.

En medio del desconcierto, la dirección trató de lanzar un mensaje a la sociedad y sobre todo a los suyos a través de un brevísimo comunicado. Mantuvo la línea oficial de los últimos años, en la que niega que el partido tuviera una caja y una contabilidad paralela, algo que tanto el juez Ruz como la policía que investiga el caso ven indiciariamente probado. “En relación con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2014”, señala el comunicado sin citar en ningún momento a Acebes, “el Partido Popular manifiesta su respeto a las decisiones de los tribunales y reitera que este partido no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas”. “Si hubiera otra contabilidad, desde luego no es del PP”, remata el comunicado. Si el caso Gürtel es un eterno quebradero de cabeza aunque muchos en el PP afirman que ya no tiene más coste político, más inquietante, por el fondo del asunto, es para el PP y el Gobierno el caso de Rato y en general de Bankia, el gran banco controlado por los populares. A nadie se le escapa que el PP de Aznar puso allí a Blesa y el PP de Rajoy puso allí a Rato. Fueron decisiones personales de los presidentes en ambos casos, y con este escándalo se pone en cuestión la imagen de la marca PP. Los marianistas tratan de señalar al “pasado” como origen de todos los males, esto es, la época de Aznar. Y los aznaristas recuerdan que fue Rajoy el que puso a Rato, el que eligió a Acebes como secretario general y el que aupó a Bárcenas como tesorero.

Acebes, según personas que han hablado con él, está tranquilo desde el punto de vista judicial porque cree que la acusación no se sostiene, pero muy preocupado por la enorme repercusión mediática del caso y el coste que tiene para su imagen, con la posibilidad de que acabe fuera del consejo de Iberdrola, su principal trabajo. Rato también está preocupado, aunque dispuesto a defenderse donde sea, dicen los suyos, porque está convencido de no haber cometido ninguna irregularidad.

Pero lo que preocupa a los dirigentes no es ya el futuro de Rato o Acebes, sino la imagen del PP, un partido que goza de la gran ventaja de no tener una alternativa fuerte en su espectro político pero teme que sus votantes se queden en casa. Rajoy, el más tranquilo siempre en situaciones así, ha decidido volver a su clásica estrategia de huir de la prensa sin decir una palabra sobre Acebes. Ni a la entrada, ni a la salida del Congreso quiso ni siquiera lanzar el habitual “buenos días” o “muchas gracias” al atravesar la nube de periodistas. Rajoy intenta de nuevo dejar pasar los días a la espera de que, una vez más, baje la presión mediática y el escándalo. Pero nadie en el PP se atreve a adivinar qué consecuencias tendrá esta vez una de las peores semanas que recuerdan.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/22/actualidad/1413976874_361637.html

RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP

La presunta apropiación indebida de Acebes y la investigación en torno a Cospedal dejan atrás la prescripción del delito fiscal y la dificultad de acreditar el cohecho

El instructor decidió imputar al ex secretario general sin el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que la acusación popular critica su pasividad durante todo el proceso

El juez pregunta por las normas de funcionamiento del partido en Castilla-La Mancha cuando ya lo presidía Cospedal y se produjo el supuesto soborno para su campaña

al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) por los papeles de Bárcenas

El juez Pablo Ruz ha dado en las últimas 48 horas un nuevo impulso al caso de la financiación irregular del PP con la imputación de un ex secretario general del partido, Ángel Acebes, y con nuevas diligencias sobre otros hechos que apuntan a la persona que ocupa ese cargo en la actualidad, María Dolores de Cospedal. El argumento del Partido Popular de que la responsabilidad sobre la supuesta caja B comienza y acababa en Bárcenas choca frontalmente con las últimas decisiones adoptadas por el instructor del caso.

Ruz investiga la posible participación de "personas aforadas" en la entrega de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al PP de Castilla-La Mancha a cambio, según el extesorero, de la adjudicación de la contrata de basuras al grupo empresarial del que procedía el dinero. Así consta en el auto dictado este miércoles por el magistrado, en el que cita como imputado al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y requiere al Partido Popular que le entregue la normativa reguladora de la formación en Castilla-La Mancha en los años 2006 y 2007. Ese es el periodo en el que ya era presidenta del PP regional María Dolores de Cospedal. Y por los indicios existentes hasta ahora, no pueden ser más que la propia Cospedal y su número dos, Vicente Tirado –actual presidente del Parlamento autonómico–, los aforados a los que se refiere Ruz.

A ambos los implicó Luis Bárcenas en sede judicial cuando describió la mecánica de la mordida. Según relató, él mismo recibió en metálico los 200.000 euros en la sede en Madrid Sacyr-Vallehermoso, de manos de su entonces presidente, Manuel Manrique. "Llamé al gerente de Toledo. El sobre lo dejé en la caja y avisé al gerente regional, que tenía que entregárselo a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal", explicó al juez. Bárcenas aportó además el recibí, firmado por el gerente José Ángel Cañas.

Esta es la segunda ocasión en que el juez Ruz da un impulso a la investigación del caso de los papeles de Bárcenas en menos de 24 horas. Y lo hace, de nuevo, apuntando hacia arriba. El martes citó como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por un presunto delito de apropiación indebida por omisión. El juez sospecha que Acebes pudo permitir a Bárcenas y Álvaro Lapuerta comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido. Para imputar a Acebes, Ruz cita la declaración incriminatoria de Bárcenas y los estatutos del PP, incorporados a la causa, en los que se establece que "corresponde al secretario general la decisión de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal".

Otros tres secretarios generales distintos de Acebes coincidieron en desvincular su cargo de las funciones del tesorero y el gerente del partido en sus declaraciones ante Ruz como testigos. Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal fueron convocados por el magistrado después de que Luis Bárcenas describiera en julio de 2013 el mecanismo de financiación irregular del partido a lo largo de dos décadas. La estrategia de los secretarios generales pasó por volcar responsabilidades en sus subordinados, los tesoreros, y en aducir que no recordaban las cuestiones por las que se les preguntaba. Arenas llegó a utilizar la expresión "no me acuerdo" o "no recuerdo" en 37 ocasiones. Con los argumentos de la imputación de Acebes, estatutos del partido mediante, esa estrategia no serviría ante una eventual imputación.

El reglamento del partido

La diligencia número 3 del auto dictado el martes sobre la compra de acciones requiere al Partido Popular que "a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de tres días, certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento". Cuando lo reciba, el juez tendrá en su poder el documento que acredita a Acebes como el máximo responsable del funcionamiento del partido en la época que ocupó la Secretaría General.

En el auto del día siguiente, Ruz toma un camino similar que le puede conducir al mismo destino. La diligencia cuarta reclama, "a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de cinco días, normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización– de la formación en Castilla-La Mancha vigentes en 2006 y 2007", esto es, en la época del presunto cohecho, con María Dolores de Cospedal de presidenta regional. Si esa normativa se parece a los estatutos que rigen Génova, Ruz tendrá en su poder un nuevo indicio contra Tirado y, dependiendo del contenido exacto, quizá contra Cospedal.

Los hechos que investiga Ruz en torno al PP de Castilla-La Mancha son presuntamente constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública. Ruz aclara en cualquier caso que, si aparecen indicios contra los aforados, trasladará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juez cuenta con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constatando "trato de favor" a Sufi, la empresa del grupo Sacyr. Según el organismo dependiente de Hacienda, la campaña debería haber sido anulada.

Con la imputación de Acebes y los avances en el caso de Castilla-La Mancha, el juez ha abierto una brecha en el muro que impedía apuntalar responsabilidades por los papeles de Bárcenas. La argamasa de esa pared estaba formada por tres elementos: los hechos que no son constitutivos de delito, como la financiación irregular del partido; la prescripción de otros que sí son delito, como no haber declarado sobresueldos; y la imposibilidad de demostrar el cohecho, para lo que habría que poder vincular con claridad las donaciones irregulares de los empresarios y las adjudicaciones que recibían de las administraciones gobernadas por el PP.

Un paso más allá de la financiación irregular

Ahora el juez toma dos hechos concretos que han aflorado durante el caso –la posible compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro y el pago de 200.000 euros al partido a cambio de un contrato en Toledo– para abrir una nueva vía en el caso, más allá de la mecánica general de la financiación irregular. Bárcenas acusó a Acebes directamente de autorizar la compra de acciones con dinero negro. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ruz le imputa por haber consentido un daño a la formación, permitiendo que Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, vendieran esas acciones y no reintegraran el dinero a la caja B.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados pronunciarse públicamente sobre los casos que instruyen. Todo cuanto pueden y deben decir aparece en los autos que dictan, sus resoluciones razonadas. De los dos últimos que ha firmado el juez Pablo Ruz esta semana sobre el caso de la presunta financiación irregular del PP, parece emerger un punto de inflexión en la instrucción. Por una parte, se acabó el tener una responsabilidad en el Partido Popular y escudarse en el "no me consta" o el "no recuerdo". Por otra, la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en el caso ya no va a suponer un obstáculo o un retraso en el establecimiento de esas responsabilidades.

De hecho, Ruz ha imputado a Bárcenas sin consultar a Anticorrupción. Su representante en el caso, Antonio Romeral, es blanco de las críticas de la acusación popular desde que Ruz abrió la pieza separada. Romeral propone escasas diligencias, se opone a las que solicitan las acusaciones y deja pasar los interrogatorios sin apenas formular preguntas. Los imputados sólo acceden a contestar a su abogado, a Ruz y a él, lo que hace recaer prácticamente todo el peso de los interrogatorios en el juez instructor.

http://www.eldiario.es/politica/Ruz-pregunta-mandaba-PP_0_316369411.html

EL PP SE ENROCA: CARGA CONTRA EL AUTO DE RUZ Y NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Los dirigentes consultados ven "enrevesada" la interpretación que el juez hace de los estatutos del partido para imputar a Ángel Acebes

Insisten en que "sólo hay una contabilidad": la oficial, la depositada ante el Tribunal de Cuentas

Cuando el Partido Popular comenzaba a digerir la marcha voluntaria y temporal de Rodrigo Rato, implicado en el escándalo de las tarjetas, otra investigación judicial, en este caso la de los papeles de Bárcenas, golpeaba de nuevo a la formación de Mariano Rajoy. Un nuevo auto judicial del magistrado Pablo Ruz citaba como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por la compra de acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital con cargo presuntamente a la caja B del partido. Asimismo, aportaba nuevos datos que apuntan a que la sede del PP de Bizkaia se habría financiado por medio de la contabilidad opaca.

La noticia agitó a primera hora de la tarde a un partido muy golpeado por los escándalos de corrupción y que intenta dar la vuelta a las encuestas que pintan un panorama oscuro de cara a la primera cita con las urnas: las autonómicas y municipales de 2015. "Estamos en permanente estado de shock", resumía un diputado. Nadie en el partido que preside Rajoy niega que este tipo de noticias judiciales no vienen nada bien. Pero la sensación mayoritaria entre los dirigentes consultados por infoLibre es que el auto del juez Ruz es "exagerado" en lo que Acebes se refiere. Sobre el pago de la sede del PP de Bizkaia la posición de las fuentes consultadas no se mueve respecto a lo defendido en anteriores ocasiones por la cúpula de la formación conservadora: "Sólo hay una contabilidad en el partido, que es la oficial, la única, la depositada en el Tribunal de Cuentas", insiste un destacado dirigente.

"Carta de credibilidad a un delincuente"

Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiraba de argumentario en los pasillos del Congreso de los Diputados como reacción a la imputación de Acebes, señalando el máximo respeto a las decisiones judiciales, otros miembros de su partido ponían voz a la sorpresa que el auto del juez Ruz había causado en algunos sectores del partido. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se declaraba "un poco impresionado" y el diputado Vicente Martínez salía en defensa del ex número dos del PP: "Conozco a Acebes y no creo que haya una persona mas honesta en la vida", mantuvo también en los pasillos de la Cámara baja.

En privado, otras fuentes de la formación que preside Rajoy se declaraban sorprendidas por la esencia del auto de Pablo Ruz –"Da carta de credibilidad al testimonio de un delincuente", se queja un parlamentario– y por la forma en que este justifica la imputación del hombre que durante años fue la mano derecha del propio Rajoy en el PP. El juez le imputa un delito de apropiación indebida por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

Los conservadores ponen el énfasis en que, para imputarle, Ruz tira de los estatutos del partido "vigentes en la época de los hechos antes referidos" –año 2004–, concretamente al artículo 40.2 apartado c que establece que "corresponde al secretario general del partido la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal". "La forma en la que se le cita es perifrástica: como jefe de personal", critica un cargo regional, que prosigue: "Es como si cualquier jefe fuese responsable de los delitos que comete uno de sus trabajadores".

En el mismo auto, se hace un requerimiento al PP "al objeto de que certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento". En la actualidad, Acebes es militante de base del PP y se dedica a la actividad privada. Es miembro del Consejo de Dirección de MA Abogados, un despacho en el que también trabaja el exministro de Aznar José María Michavila.

"Bárcenas está en la cárcel"

Salvo cambios de última hora, el partido no tiene previsto tomar ninguna medida disciplinaria al respecto. Las fuentes consultadas circunscriben su imputación a una "garantía procesal". Y marcan distancias respecto al caso de Rato, cuyo expediente disciplinario fue paralizado en el momento en el que este solicitó su suspensión temporal de militancia. "Lo imputan porque era el secretario general y en base a los estatutos, dice Ruz, su responsabilidad era controlar lo que pasada puertas adentro. Si hubiera sido otra persona, sería otro el imputado", añade un diputado que insiste en que "Bárcenas está en la cárcel".

Los estatutos del PP sólo contemplan la expulsión del partido cuando medie sentencia firme, pero la apertura de un expediente informativo puede realizarse en el momento en el que el Comité de Derechos y Garantías lo considere oportuno, bien de oficio, o bien a instancia de órganos superiores.

No es la primera vez que la estrategia de defensa del PP es cargar contra el juez Ruz y criticar que la instrucción del caso se está "eternizando". Este mismo martes se multiplicaron las voces que exigían que el proceso "acabe cuanto antes". El caso Gürtel estalló en febrero de 2009.

La sede del PP de Bizkaia

Por otra parte, Ruz asegura que Luis Bárcenas creó "otra" contabilidad opaca distinta a la del PP nacional que se alimentaba a través de una cuenta denominada 'Sede Vizcaya' y que tenía un funcionamiento "muy similar" a la reflejada en los manuscritos del extesorero. Esta segunda 'caja B' habría servido para financiar la compra y reforma de la sede regional de la formación en Bizkaia.

El depósito, según el juez, se financiaba por las aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede nacional, en Madrid, que después se troceaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban a Euskadi vía transferencia. La contabilidad B del extesorero refleja como salidas estos envíos que "eran empleados para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede", adquirida en 1999. Era la época de Carlos Iturgaiz como presidente de la formación regional.

Partiendo de la base de que la dirección nacional del partido ha negado siempre la existencia de una contabilidad B, fuentes del PP de Euskadi insisten en que la formación regional que ahora lidera Arantza Quiroga ha sido siempre muy transparente al respecto. Y recuerdan que, en el verano de 2013, presentaron "mes a mes" las facturas de todos los pagos de la hipoteca solicitada para pagar la sede. "En todo caso –señalan– seríamos los primeros paganos de esa estrategia de Bárcenas", añaden. En todo caso, mantienen que en lo que a ellos respecta el auto no aporta "nada nuevo".

Comunicado del partido

Un día después de conocerse la imputación, la oficina de información del PP, difundió el siguiente comunicado:

"En relación con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2014, el Partido Popular manifiesta su respeto a las decisiones de los tribunales y reitera que este partido no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas. Si hubiera otra contabilidad, desde luego no es del Partido Popular".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/22/el_enroca_carga_contra_auto_ruz_niega_financiacion_ilegal_22956_1012.html

EL JUEZ RUZ IMPUTA A ÁNGEL ACEBES EN LA CAUSA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Le cita por la compra de acciones de 'Libertad Digital' con fondos de la caja b del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz elevó este martes el listón de la responsabilidad penal en el caso de los papeles de Bárcenas, sobre la contabilidad secreta del PP. En un auto —resolución razonada— emitido este martes, el magistrado citó como imputado a Ángel Acebes, secretario general del PP entre octubre de 2004 y junio de 2008. El juez sospecha que el antiguo número dos de la formación conservadora y exministro de Justicia e Interior autorizó el uso de 446.300 euros de la contabilidad b entre 2004 y 2005 para comprar acciones de Libertad Digital.
Acebes, el primer secretario general que tuvo Mariano Rajoy al acceder a la presidencia del PP en octubre de 2004, es el más alto cargo del PP imputado tanto por el caso Gürtel de corrupción como por los papeles de Bárcenas, investigación derivada de aquella. Sus antecesores en el puesto Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos y su sucesora y actual secretaria general, Dolores de Cospedal, han comparecido también ante el juez, pero siempre como testigos.

Acebes, que deberá comparecer el próximo 28 de octubre ante el juez, está imputado por apropiación indebida por omisión. Supuestamente, con su actuación, el exsecretario general facilitó que los extesoreros del PP Luis Bárcenas, ahora en prisión, y Álvaro Lapuerta se quedaran con 149.600 y 209.500 euros respectivamente que debían haber retornado a la caja de la formación política.

Ruz atribuye a Acebes haber autorizado el uso de los fondos del PP opacos al fisco para salir en auxilio de Libertad Digital, grupo de medios liderado por Federico Jiménez Losantos y que creció al calor del ala más derechista del PP y de la teoría de la conspiración sobre los atentados islamistas del 11-M. El magistrado basa su imputación en las declaraciones prestadas por el extesorero del PP Luis Bárcenas el 15 de julio de 2013, dos semanas después de ingresar en prisión, y el pasado 10 de abril.

En aquellas comparecencias, el antiguo responsable de las finanzas del PP y encargado de la contabilidad paralela en la que se consignaron aportaciones de efectivo por valor de 7,5 millones de euros de empresarios de la construcción beneficiados por contratos públicos, apuntó a Acebes.

Según Bárcenas, el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, pidió a Acebes que le ayudase a buscar personas que suscribiesen la ampliación de capital de Libertad Digital. En octubre de 2004, Lapuerta expuso a Acebes la posibilidad de adquirir los títulos con fondos de la caja b. Bárcenas relató al juez Ruz que Lapuerta le trasladó la autorización de Acebes para disponer de los fondos ocultos.

Así lo contó Bárcenas al juez

El extesorero del PP Luis Bárcenas detalló el pasado abril ante el juez cómo participó el PP en la ampliación de capital de Libertad Digital, un medio de comunicación que presidía Alberto Recarte, que fue miembro del consejo de administración de Caja Madrid a propuesta del PP. “Según me cuenta Álvaro Lapuerta”, declaró Barcenas, “él recibe el encargo de Acebes para buscar empresarios que estuviesen dispuestos a echar una mano comprando acciones de Libertad Digital. Lapuerta se pone en contacto con los empresarios con los que él tiene relación habitualmente y empieza a haber aportaciones para suscribir acciones de Libertad Digital, pero llega un momento que estaba a punto de cerrar la ampliación de capital y no se cubrían las expectativas."

Según la declaración ante el juez de Bárcenas, entonces "Álvaro Lapuerta habló con el secretario general y le planteó la posibilidad de usar los fondos de la caja b del partido, para que se suscribiesen participaciones en Libertad Digital". "Y entonces Álvaro Lapuerta me plantea que tenemos que buscar personas de confianza para que se pongan las acciones, que se van a comprar con dinero del partido, a nombre de esas personas”, añadió.

Las salidas de fondos de la caja b para la compra de acciones de Libertad Digital figuran en nueve apuntes de la contabilidad de Bárcenas. El plan consistía en que personas de confianza de Bárcenas —como su amigo y testaferro Francisco Yáñez; su esposa, Rosalía Iglesias o el propio Lapuerta— recibían el dinero, suscribían las acciones y posteriormente las volvían a vender en el mercado reintegrando el dinero adelantado por el PP. Sin embargo, la mujer de Bárcenas se quedó con sus 149.000 euros, que sirvieron al matrimonio para financiar un chalé en Baqueira Beret.

Ruz, que en octubre y diciembre de 2013 rechazó imputar a Acebes, modifica su criterio inicial. Para ello, se acoge a los estatutos del PP vigentes en aquella época y que otorgaban al secretario general “la dirección de todos los servicios” de la formación. También aplica jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en la que se reconoce que el delito de apropiación indebida puede cometerse por omisión, al no vigilar la conducta de sus subordinados. El magistrado cita la "responsabilidad" de Acebes "respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

La imputación de Acebes le genera problemas para su continuidad como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, al que se incorporó en abril de 2012 y por el que cobra 253.000 euros anuales. La nueva circunstancia obliga a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán a estudiar la continuidad del exministro en su máximo órgano.

El Reglamento del Consejo de Administración establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición y dimitir cuando, entre otros supuestos, “perdieran la honorabilidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la sociedad”.

Por otra parte, el Código Ético de la empresa para sus profesionales, que puede afectar también a los consejeros, obliga a notificar la apertura de cualquier procedimiento penal que pueda “perjudicar la imagen o los intereses del Grupo”, informa Miguel Ángel Noceda.

El juez también cita como testigos al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte; y a dos compradores de acciones de este grupo: el exdirector general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García Nieto.

Cerco judicial al PP de Rajoy

El caso Bárcenas, la supuesta financiación ilegal del PP durante casi 20 años (1990-2009) a través de donativos en dinero b pagados por constructores, amenaza al corazón de la formación que preside Mariano Rajoy desde 2004. El juez Pablo Ruz ha decidido imputar ahora a Ángel Acebes, secretario general del partido de 2004 a 2008. Le atribuye un supuesto delito de apropiación indebida por omisión: Acebes no vigiló que el tesorero Álvaro Lapuerta y el gerente Luis Bárcenas detraían fondos de la caja b del PP para su lucro. La policía ha remitido un informe al juez en el que acredita la financiación ilegal del partido mediante un sistema de blanqueo de dinero negro a través de una cuenta para donativos anónimos; confirma el pago de la sede del partido en Bilbao con fondos de la caja b, y sostiene que la formación conservadora compró con medio millón de euros no declarados a Hacienda participaciones de la empresa de comunicación Libertad Digital.

Compra de participaciones con dinero b. El PP sacó fondos de su caja b (casi 500.000 euros) para comprar participaciones de Libertad Digital a través de tres personas: Francisco Yáñez, empleado del PP; Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y el tesorero Álvaro Lapuerta . Sólo Yáñez devolvió el dinero a la caja b al vender las participaciones, según la policía.

El mecanismo de financiación ilegal. La policía sostiene que Lapuerta y Bárcenas, responsables de las finanzas del PP entre 1990 y 2009, “recibían dinero en efectivo por personas físicas vinculadas a constructoras (...) Parte de este dinero tenía entrada en la caja b y se registraba en la contabilidad llevada por Bárcenas. Posteriormente, este dinero era ingresado fraccionando las cantidades para no superar los 60.000 euros, límite máximo establecido por la ley (...) El dinero que recibía el PP era introducido en el circuito económico financiero a través de ingresos en efectivo fraccionando previamente la cuantía total.

Sede del PP de Bilbao. “La hipoteca y el coste de las obras de reforma de la sede del PP de Bizkaia [sita en Bilbao] se pagaron con dinero del PP central, el cual procedía de las aportaciones anónimas recibidas en efectivo en Génova”, la sede central del partido.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/21/actualidad/1413897552_004261.html

LA POLICÍA IDENTIFICA A UNA DOCENA DE DONANTES DEL PP POR EXTRACTOS BANCARIOS DONDE BÁRCENAS ANOTÓ SUS NOMBRES

El extesorero del PP entregó al juez Ruz en su declaración de julio de 2013 una carpeta con resguardos de ingresos efectuados por el PP en los que figuraba una pista clave para dejar al descubierto el origen del dinero

El cruce entre los extractos bancarios y la contabilidad B destapa que un empresario vasco financió, al menos en parte, la compra de la sede el partido en Vizcaya

El informe de la UDEF sobre la presunta financiación ilegal del PP que el juez Pablo Ruz esperaba desde hace meses acaba de poner al descubierto cómo, dos semanas después de haber ingresado en prisión, Luis Bárcenas entregó el 15 de julio de 2013 al magistrado una carpeta, la “lila cartón”, con extractos de los ingresos bancarios que el PP iba efectuando en las cuentas destinadas a donativos. Esos ingresos debían constar solo a nombre del PP. Pero Bárcenas, o alguien de su equipo, dejó en ellos una pista clave para llegar al origen del dinero: anotó en la esquina superior derecha y siempre de forma manuscrita el nombre de quién había efectuado la entrega previa en metálico. Lo que podría denominarse operación carpeta ha destapado cómo la sede del partido en Vizcaya se financió, al menos en parte, con donaciones de un empresario vasco.

En esos resguardos, cuyas fechas se corresponden con las de la contabilidad B del PP, figura el nombre –el de pila o, a veces, también el apellido– del donante: en todos los casos, "personas físicas vinculadas de forma directa con empresas adjudicatarias de contratos públicos", recalca la UDEF. Desconocido hasta la fecha, ese paso ha permitido ahora a la Policía afianzar la identificación de donantes ya investigados y destapar la existencia de otros.

Al estudiar la mecánica de las donaciones –fondos anónimos en efectivo y posteriormente ingresados en el banco–, la Policía concluye que el dinero "era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política habiendo previamente fraccionado la cuantía total”.

Entre los donantes ya identificados, y además de prominentes imputados en la causa como Juan Miguel Villar Mir (OHL) o Luis del Rivero (Sacyr), emerge el constructor vasco Emilio Álvarez, asociado hasta 2013 en el grupo Bruesa con Antonio Pinal y a quien la UDEF señala como el empresario que, según declaró el propio Bárcenas en sede judicial, donó fondos al partido “para financiar la compra de la sede” del PP en Vizcaya.
Sumada a la central de la madrileña calle Génova, donde los papeles indican que parte de su reforma fue pagada con dinero negro, son ya dos las sedes del PP sobre las que pesan demoledoras sospechas.

Los estadillos elaborados por la Policía sobre la base de los resguardos de ingreso en el Banco de Vitoria y en Banesto, todos ellos entregados por Bárcenas, atribuyen a Emilio Álvarez la entrega de 36.000 euros en 2002 para la sede vizcaína del PP, aunque entre 2005 y 2006 hizo más aportaciones: 60.000 euros en cinco entregas de 12.000 euros.
26 resguardos bancarios

Esos estadillos hacen referencia a 26 resguardos de ingresos, fechados entre el 24 de noviembre de 2005 y el 11 de mayo de 2007, y en los que consta un nombre manuscrito. “Emilio”, una de las veces escrito “Emilio Álvarez”, es el que más se repite: seis veces. Otro de los nombres, “Alejandro”, no figura identificado en el informe. Y consta también el del exjefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos en su etapa como ministro de Fomento, Álvaro de la Cruz, cuya esposa compró acciones de Libertad Digital.

En el auto por el que cita a declarar como imputado al exministro Ángel Acebes en relación a esa compra de acciones de Libertad Digital en 2004 con supuestos fondos opacos del PP, el juez Pablo Ruz menciona la existencia de esas anotaciones manuscritas en “algunos de los extractos bancarios”. Pero es el informe de la UDEF el que hace aflorar un dato clave: que esos extractos llegaron a la Audiencia Nacional de la mano de Bárcenas.

Empresarios ya investigados en la causa como autores de supuestas donaciones ilegales del PP figuran en la lista que la Policía construye cruzando los papeles de Bárcenas con los resguardos bancarios donde el extesorero del PP, preso en Soto del Real, o alguien de su equipo anotó el nombre del donante.

A Luis del Rivero (Sacyr), Manuel Contreras (Azvi), José Luis Sánchez Domínguez (Sando), Camilo Alcalá (Cyopsa), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa) y Josep Cornado (Copisa) se unen otros de donantes que la Policía no había logrado aún identificar: Pilar Pulido (Control y Geología SA) y Adolfo Sánchez (Tracsa Edificación y Obra Civil). La vinculación empresarial reflejada entre paréntesis procede del informe de la UDEF.
Tras reiterar que las donaciones se fraccionaban hasta cuatro o cinco veces antes de su ingreso bancario para no superar el límite legal de 60.000 euros por persona, la Policía explica cómo alcanza la conclusión de que los nombres anotados en los extractos se corresponden con las personas enumeradas en el párrafo anterior.

“En algunos de los extractos bancarios –dice el informe– se han observado diversas anotaciones manuscritas de nombres propios como “Adolfo”, “Emilio”, “Contreras”, “Josep C”, “J. Luis S.”, “Rubio/Ald”, “Luis Rivero”, “De Andal. M. Contreras” o “Pilar Pulido”.

“Todos ellos –agrega el documento– corresponden a personas que figuran anotadas en la contabilidad B de Luis Bárcenas, ya sea de forma directa o a través de las sociedades en las que participan (…) y que a tenor de los elementos temporales, subjetivos y cuantitativos existentes se puede establecer una correlación de identidad” con los empresarios antes mencionados.
De Villar Mir a Ugarteche

Aunque la Policía no los cita en ese apartado, el informe también señala con los extractos bancarios en la mano a Juan Miguel Villar Mir –que aparece como "Villar" en un resguardo de ingreso por 25.000 euros en octubre de 2006–. Y, también a Ignacio Ugarteche, expresidente del Athletic y que fue consejero de la promotora Urazca y “al que consta vinculada una aportación de 90.000 euros" en febrero de 2006.

Esa aportación, sostiene la Policía atendiendo al importe consignado en el resguardo de ingreso bancario –15.000 euros–, fue una de las troceadas para esquivar la ley en cuanto a límite cuantitativo de las entregas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/22/la_policia_identifica_una_docena_donantes_del_por_extractos_bancarios_donde_barcenas_habia_anotado_sus_nombres_22963_1012.html

EL JUEZ INVESTIGARÁ EL PAGO DE COMISIONES AL PP DE RAJOY DENUNCIADAS EN ZAMORA

Ruz incorpora a la Gürtel la confesión avanzada por la SER de un empresario zamorano, quien afirmó que su empresa ha pagado durante años decenas de miles de euros a cambio de la publicidad del Partido Popular

El empresario José Antonio Perelli sostiene que las comisiones eran abonadas "con dinero o regalos de lujo" a Luis Bárcenas por las elecciones generales y europeas de 2004, en una dinámica similar a la de las empresas de la Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha decidido incorporar a la pieza central del caso Gürtel las diligencias previas de investigación abiertas por un juzgado del municipio zamorano de Benavente, tras recibir la denuncia del empresario zamorano José Antonio Perelli.

El juez decide asumir la causa con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción al apreciar una conexión con la pieza por la que se investiga la supuesta red corrupta de numerosos excargos del Partido Popular y el empresario Francisco Correa.

El caso que ahora investigará Pablo Ruz fue adelantado por la SER el pasado mes de julio. Un empresario de Zamora, José Antonio Perelli, ya jubilado, denunció ante la Guardia Civil que la que fuera su empresa, BD Mail, ha estado pagando durante años comisiones de decenas de miles de euros al Partido Popular, a cambio del contrato de mailing y publicidad para esta formación política.

En concreto, según la confesión del denunciante, el PP de Rajoy pagó a esta empresa por el servicio de buzoneo de las elecciones Generales y Europeas de 2004 un total de 1.537.609,93 euros, y la empresa abonó 120.005,16 euros en metálico por comisiones y miles de euros más en regalos Hermés y Louis Vuiton que recogía Luis Bárcenas.

El empresario detalló que se dio cuenta de los hechos en 2005, cuando inspeccionó su empresa de mailing y advirtió que estaba llevando una contabilidad B. Preguntó a su socio por los hechos y este le contestó, según el declarante, que "gracias a los contratos conseguidos con el Partido Popular a través de Luis Bárcenas, se obtenían los beneficios necesarios para que la empresa siguiera adelante, aunque se tuvieran que pagar comisiones al citado Luis Bárcenas para obtener esos contratos".

Al parecer, según fuentes del caso, el empresario se ha decidido a denunciar ahora este asunto porque rompió con su antiguo socio.

El denunciante aportó además de su testimonio numerosa documentación, relacionada con cheques al portador, y la presunta contabilidad B de la empresa, donde recoge las supuestas comisiones abonadas al Partido Popular a cambio de las campañas de mailing, que realizaba en numerosas provincias de toda España. Según el empresario, empezaron a trabajar para el PP en 1983, y los primeros contactos con Bárcenas se producen en 1989 o 1990. Los documentos aportados corresponden a las Generales y Europeas de 2004.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-investigara-pago-comisiones-pp-rajoy-denunciadas-zamora/csrcsrpor/20141015csrcsrnac_31/Tes

LA POLICÍA ACREDITA QUE ÁLVARO LAPUERTA MANEJÓ FONDOS DE LA CAJA B DEL PP

Un informe de los peritos caligráficos al juez Pablo Ruz confirma que la rúbrica de varios documentos para la adquisición de acciones de Libertad digital desde la contabilidad paralela del Partido Popular, pertenece a Álvaro Lapuerta, el anciano extesorero del partido

El juez que instruye el caso de la 'Caja B' del PP, Pablo Ruz, acaba de recibir un informe pericial de la sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía, que llega a la conclusión de que la firma aparecida en diversos documentos sobre la adquisición de 1.270 acciones de Libertad Digital por 139.700 euros, es del predecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta.

Una cantidad, número de acciones y fecha que se corresponde al detalle con una anotación reflejada en los papeles de Bárcenas en octubre de 2004. Según esos documentos, y la declaración del extesorero ante el juez Ruz, en octubre de 2004 habría entregado de la caja B el dinero a Lapuerta para que comprara las acciones del medio de comunicación. Una adquisición de acciones que según Bárcenas, se produjo por orden de la dirección del Partido Popular, y en concreto por el entonces secretario general Ángel Acebes, para ayudar a Libertad Digital.

Estos documentos cuya firma corrobora ahora la policía, fueron aportados por Bárcenas al magistrado el pasado 31 de diciembre, junto a una carta que incriminaba a Lapuerta.

Fuentes jurídicas consultadas por la SER sostienen que el informe pericial confirma la versión de Bárcenas respecto a que Lapuerta conocía y manejó estos fondos de la Caja B del Partido Popular. Recalcan que se trata de un indicio más a los ya acumulados en la causa, que han provocado la imputación de Lapuerta. No en vano, el juez Ruz llegó a afirmar en un auto el pasado mes de julio que el anciano extesorero no solo conocía la doble contabilidad del PP, sino que "consintió" que

Bárcenas se llevara dinero negro de la caja opaca hasta Suiza.

En aquella carta al juez Ruz del pasado mes de diciembre, Bárcenas afirmó que Lapuerta conocía y autorizaba "todos los pagos en B" que figuraban en la contabilidad paralela, y le conminó a detallar "la realidad de unos hechos de los que por otra parte, los máximos responsables son las altas instancias de las que él directamente dependió como Tesorero del Partido Popular entre los años 1993 y 2008". "Años en los que [Lapuerta] siempre cumplió", añadió Bárcenas, "las instrucciones que recibía".

El PSOE insta a Rajoy a que "admita la financiación irregular en el PP"

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que "deje de esconderse, admita la existencia durante décadas de mecanismos de financiación irregular dentro del PP y pida perdón por ello a la sociedad española". En un comunicado señala que "al margen del curso legal, que cada día evidencia con más pruebas y mayor rotundidad estas prácticas irregulares, Rajoy, como presidente, no puede seguir mirando hacia otro lado y debe afrontar este escándalo mayúsculo, que lejos de ser ignorado exige la asunción inmediata de responsabilidades".

Pradas se refiere al auto hecho público ayer del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz "sobre cómo el PP se lucró de los fondos obtenidos por la trama Gürtel" y al informe de la Policía, "que acredita el manejo que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta ya hacía de la caja B del Partido Popular", comenta. "Ya imaginamos que Rajoy se pregunta cómo va a explicar lo inexplicable, la existencia de una trama organizada de financiación irregular a nivel nacional, pero nosotros le preguntamos cómo pretende entonces que los ciudadanos le crean cuando aboga por adoptar medidas de regeneración democrática", dice Pradas. Por ello, el dirigente socialista pide a Rajoy que "no trate de engañar a los ciudadanos, que tienen claro que su partido ha estado metido en el fango y que lo que ahora pretende es un borrón y cuenta nueva, una huida hacia adelante y no asumir que por las actuaciones ilegales pasadas y reiteradas también tiene que responder".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/policia-acredita-alvaro-lapuerta-manejo-fondos-caja-b-pp/csrcsrpor/20140925csrcsrnac_5/Tes/#despiece1

EL JUEZ Y LAS FISCALES DEL ‘CASO GÜRTEL’ CREEN QUE EL PP ENGAÑÓ AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Un informe policial apunta que fondos de contratistas de Majadahonda se destinaban a abonar facturas de publicidad y trabajos gráficos para el PP

Agentes informan de que un acto electoral de Aguirre en Boadilla, que costó 11.449 euros, fue sufragado por FCC y Sufi a través de 'Gürtel'

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y las fiscales que investigan el caso Gürtel, Concha Sabadell y Myriam Segura, creen que el Partido Popular engañó al Tribunal de Cuentas, según consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y en un escrito del Ministerio Público.

En concreto, el auto del juez hace suyo el documento de las fiscales, que oponiéndose a la versión del PP aseguran que el Tribunal de Cuentas no ha confirmado la regularidad de las cuentas de este partido.

"Tal confirmación en modo alguno excluye la posibilidad de que se hubieran utilizado recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación en los estados contables correspondientes", especifica el juez en el auto que confirma su decisión de llevar a juicio la primera parte del caso Gürtel.

Financiación ilegal

En la misma resolución, Ruz sostiene también que de la presunta financiación ilegal "obran indicios en el supuesto que nos ocupa y en otras piezas separadas de la causa", en referencia al caso Bárcenas, "cuyo testimonio se ha acordado unir a la presente pieza separada".
Las fiscales, en su escrito dirigido al juez, van un poco más allá en su relato sobre el engaño del PP al Tribunal de Cuentas y aseguran: "Esto sería, de acuerdo con todos los indicios, lo que habria acaecido en el supuesto que nos ocupa".

"Responder del beneficio"

Precisamente, la "ocultación" del PP de estos fondos, explican tanto el juez como las fiscales, ha permitido que esta formación política se beneficiara "con fondos indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a Jesús Sepúlveda y a Guillermo Ortega". El primero, exmarido de la ministra Ana Mato, fue alcalde de Pozuelo de Alarcón y el segundo de Majadahonda, dos de las poblaciones madrileñas con mayor recaudación.

Así, explica el juez que "el Partido Popular se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003 sin coste alguno para la formación política, toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos".
En este sentido, según el juez y la Fiscalía, el Partido Popular se habría beneficiado "a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito" por los imputados Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, propiedad, al menos en parte, de los Ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda.

Perjudicados

Y precisamente los dos representantes de ambos consistorios, gobernados por el PP, se han personado como perjudicados ante las presuntas irregularidades que habrían beneficiado a este mismo partido.

Tanto el instructor como el Ministerio Público llegan a la conclusión de la implicación del PP gracias a los diferentes informes realizados por la Policía Judicial. Como por ejemplo el fechado el 1 de junio de 2011, en el que se constata que el presunto cerebro de Gürtel, Francisco Correa, facturó a contratistas del Ayuntamiento de Majadahonda las campañas del PP. Además, Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.

Empresas de Correa

"Los fondos que entran en la cuenta [que la red corrupta utilizaba para los actos del PP] proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", especifica el informe de la Policía judicial, que da el nombre de esas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena.

Las firmas citadas anteriormente facturaban a contratistas municipales: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed".

También cobraron fondos, según los agentes, "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa.

El documento policial apunta que los fondos de la cuenta que la red Gürtel asigna a Majadahonda se destinan a abonar facturas de publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas desarrolladas en medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se destinó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004.
Sepúlveda

En el caso de Sepúlveda, la Policía destaca que de los 560.000 euros que supuestamente percibió de la trama el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, la mayor parte (312.000 euros) se pagaron cuando Sepúlveda se encargaba de la organización de actos del partido y su entonces esposa, la actual ministra de Sanidad, era responsable del área de participación y acción sectorial del PP nacional.

Pero la partición del caso Gürtel, que ha dejado fuera de la primera pieza separada los hechos cometidos en el municipio de Boadilla del Monte, ha provocado que de momento el juez Ruz no haya destacado otro informe policial, que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de 2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de 11.449 euros, fue sufragado al 50% por las sociedades FCC y Sufi a través de la red Gürtel.

Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/25/ruz_fiscalia_acusan_haber_enganado_tribunal_cuentas_21848_1012.html

EL JUEZ RUZ APUNTA QUE EL PP OCULTÓ FONDOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS

El magistrado insiste en que la formación conservadora se lucró con las comisiones de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel de corrupción, apuntó este miércoles expresamente por primera vez la posibilidad de que el PP ocultase parte de sus ingresos al Tribunal de Cuentas. En un auto —resolución motivada—, el magistrado confirma su decisión de trocear el caso para acelerar el enjuiciamiento de 45 de los casi 200 imputados. En su escrito, el juez insiste en considerar al PP “partícipe a título lucrativo” de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, ambos de ese partido.

En el auto notificado este miércoles , Ruz rechaza en bloque los 13 recursos de reforma presentados contra su decisión del pasado 29 de julio de abrir una pieza separada para agilizar la tramitación del caso y permitir el eventual enjuiciamiento, entre otros, del extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión provisional desde junio de 2013.

Los recursos de reforma son aquellos que las partes interponen ante el propio juez que dictó la resolución que se quiere impugnar. En círculos jurídicos se compara su inutilidad con la de “la lluvia el mar”, por lo absolutamente infrecuente que es que un juez dé marcha atrás en sus propias decisiones.

El PP, uno de los 13 recurrentes, rechazaba ser considerado “partícipe a título lucrativo” —beneficiado, pero no conocedor— de los supuestos delitos de Sepúlveda y Ortega. Esta calificación, de confirmarse en una sentencia, podría obligar a la formación conservadora a indemnizar a los consistorios de Pozuelo y Majadahonda. El abogado del partido, el exfiscal Jesús Santos, rechazaba esta condición y esgrimía el hecho de que las cuentas del PP son inspeccionadas y validadas anualmente por el Tribunal de Cuentas.

Ruz replica que este control regular “en modo alguno excluye (...) la posibilidad de que se hubiera utilizado por el partido recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación” en la contabilidad oficial. El magistrado sostiene que existen “indicios” de tal ocultación tanto en la pieza principal del caso Gürtel como en la investigación derivada de los papeles de Bárcenas la contabilidad secreta del extesorero popular que publicó EL PAÍS en enero de 2013.

En esa contabilidad paralela, que Bárcenas llevó entre 1990 y 2008 figuran ingresos en negro por 7,5 millones de euros. De esta cantidad, al menos 1,3 millones fueron ingresados —troceándolos en fracciones de menos de 60.000 euros— y camuflados en la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas, según el sumario del caso Gürtel.

El magistrado insiste en calificar a la formación conservadora de beneficiario de parte de los delitos del caso Gürtel. Esto significa que, según el juez, el partido gobernante no conocía que se estuvieran cometiendo ilícitos, pero sí obtuvo un beneficio del cobro de comisiones. “De acuerdo con todos los indicios obrantes en la instrucción el PP se habría beneficiado a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito por [los exalcaldes] Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, propiedad al menos en parte de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, entidades que por ello pudieron resultar perjudicadas”.

El juez considera que el PP "se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003", ganadas por Jesús Sepúlveda, exesposo de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Estos servicios se obtuvieron, según Ruz, "sino coste alguno para la formación política toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos" de forma ilícita.

En definitiva, reitera el juez Ruz, “el PP ha resultado beneficiado con fondos indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a Sepúlveda y Ortega”.

El pasado 1 de septiembre, el PP rechazó que hubiera obtenido beneficio por los delitos de los imputados en el caso Gürtel, y se presentó a sí mismo como “perjudicado” por los hechos que se investigan. El magistrado sostiene que parte de las supuestas mordidas cobradas por los exregidores se dedicaron a sufragar actos electorales del partido. El sumario contiene numerosas facturas que acreditan que el PP pagó los actos con dinero opaco

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/24/actualidad/1411564345_231422.html

BÁRCENAS SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL NEGAR LA AUDIENCIA POR QUINTA VEZ SU LIBERTAD

La Sección Cuarta cree que las maniobras judiciales del extesorero del PP en Suiza ponen en entredicho su voluntad de colaboración con la justicia

Las tácticas procesales de Luis Bárcenas para evitar que Suiza entregue al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, sus datos bancarios, parecen haber tenido un efecto bumerán contra el extesorero del PP. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, la encargada de revisar los recursos sobre la gran trama de corrupción en la formación conservadora, ha rechazado por quinta vez la puesta en libertad del antiguo alto ejecutivo de Génova 13, en prisión desde el 27 de junio de 2013. La Sala entiende que persiste el riesgo de fuga y considera que de ser excarcelado “le resultaría fácil seguir manejando otros negocios, cuentas o sociedades todavía desconocidas”. También considera que sus maniobras ante la justicia suiza para que esta no facilite a la investigación los datos de sus cuentas en aquel país pone en entredicho la pretendida voluntad de colaboración del extesorero con las autoridades judiciales españolas.

El pasado miércoles, la Sección Cuarta, presidida por la magistrada Ángela Murillo, celebró una vista sobre la petición de libertad de Bárcenas. En esa ocasión los abogados del extesorero –cuya dirección ostenta Javier Gómez de Liaño, esgrimieron el hecho de que el Tribunal Penal Federal suizo había decidido suspender cautelarmente la entrega de la documentación bancaria de Bárcenas, que llegó a tener 48,2 millones de euros, en la banca helvética. Los jueces suizos, que actuaban a instancia de un abogado de Bárcenas, dejaban en suspenso de forma provisional la cesión de los datos al juez Ruz hasta decidir sobre el fondo del recurso planteado por Bárcenas.

Javier Gómez de Liaño sostenía que esta suspensión provisional y cautelar del uso de los datos bancarios del extesorero, dejaba “prácticamente desierto el procedimiento seguido contra Luis Bárcenas, pues la mayoría de hechos imputados tienen causa, o derivan, de esa información”. El juez Ruz, que en junio pasado rechazó la puesta en libertad del imputado, consideró, en cambio, que el procedimiento contra Bárcenas podía mantenerse sin la documentación bancaria helvética.
La decisión sobre los datos bancarios suizos de Bárcenas depende ahora de la Sala de Apelación del Tribunal Penal Federal helvético. Esta instancia judicial ya ha avanzado, en otras resoluciones de fondo, su voluntad de cooperar con la justicia española en el caso Gürtel.

En su resolución de este viernes, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional hace suyos los argumentos expuestos por Ruz en junio, y sostienen que la decisión de Suiza no es definitiva. La Sala añade que desde 2009, cuando empezó la investigación, se han recabado datos incriminatorios contra Bárcenas “diferentes de los aportados por las autoridades suizas”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411131468_071694.html

BÁRCENAS, SANCHÍS Y OTROS IMPUTADOS EN ‘GÜRTEL’ TRATAN DE IMPEDIR QUE RUZ ENVÍE YA EL CASO A JUICIO

El abogado de Bárcenas resalta en defensa del extesorero que un senador "no puede desarrollar facultades ejecutivas"

El considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, asegura que la decisión del juez "lesiona gravemente sus derechos fundamentales"

Los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís encabezan la más de una docena de imputados en la parte del caso Gürtel denominada 'primera época' que con sus recursos tratan de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les envíe ya a juicio en la principal trama de corrupción ligada al Partido Popular.

Hasta el momento, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que Ruz instruye el caso Gürtel, ha recibido más de una decena de recursos oponiéndose a las intenciones del magistrado de procesar a los tres extesoreros imputados: Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; pero también a otros 42 imputados, entre los que se encuentran la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, y exalcaldes del PP como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, así como el exviceconsejero de Deportes madrileño, Alberto López Viejo, y el exdiputado del PP en el Congreso Jesús Merino.

45 imputados

De las 45 personas que nombra Ruz en su auto de julio pasado, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo. Y lo harían por los hechos de la pieza que ahora Ruz quiere separar. Como por ejemplo es el caso del denunciante, José Luis Peñas. Las otras 24 personas permanecen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los imputados se enfrentan a la acusación de once delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

En el escrito presentado por el abogado Javier Gómez de Liaño en nombre de Bárcenas, el exjuez justifica su rechazo a la decisión de Ruz asegurando que las imputaciones de su defendido, el extesorero del PP, no tienen nada que ver con la trama Gürtel. De esta forma, Gómez de Liaño niega que Bárcenas cometiera el delito de cohecho, asegurando que no recibió dinero de Correa por intermediar.

No fue autoridad

"Porque Luis Bárcenas no tuvo la condición de autoridad hasta que fue elegido senador por Cantabria en 2004. Con anterioridad a esa fecha, nuestro representado no era político, ni funcionario público, ni por ende autoridad ninguna. Asimismo, quizá no esté de más recordar que un senador no tiene facultades de ejecución. Como miembro del poder legislativo, no puede desarrollar facultades ejecutivas", completa el escrito enviado por la defensa de Bárcenas a la Audiencia Nacional.

Según la tesis de Gómez de Liaño, desde el inicio de la fase de instrucción los diferentes jueces han afirmado que Bárcenas había recibido comisiones por ayudar a una serie de empresas. "Pero lo que no se dice -sin duda, porque no hay elemento alguno para hacerlo-, son las fechas, las personas que intervienen, o la obra adjudicada. Únicamente, se deja caer que Bárcenas habría cobrado comisiones".

Además, destaca que el único delito de cohecho imputado a Bárcenas consistiría en el cobro de 72.000 euros en 2007. "Nada más. Una imputación que se ha venido sosteniendo en base a un apunte en el que aparecía la entrega de dinero a un tal Luis el Cabrón", que según Gómez de Liaño nada tiene que ver con Bárcenas.

Francisco Correa

Por eso, Gómez de Liaño recurre la decisión de Ruz y le solicita que abra una pieza separada sobre Bárcenas. De esta forma se desligarían los delitos atribuidos al extesorero de los de Francisco Correa.

En este sentido, el extesorero del PP Ángel Sanchís también ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional, en el que se adhiere a los razonamientos de Bárcenas.

Pero además de los dos extesoreros del partido de Mariano Rajoy, otros imputados intentan evitar que el juez envíe ya a juicio la primera pieza del caso Gürtel. Pablo Crespo, el considerado número dos de la red corrupta dirigida por Correa, resalta que la decisión de partir el sumario para mandar a juicio una primera parte "lesiona gravemente los derechos fundamentales de mi cliente". Además, lamenta que el escrito del juez parece más "un auto de apertura del juicio oral que una mera resolución de despiece".

José Luis Peñas

El letrado considera que el relato de Ruz "incrimina gravemente" a Pablo Crespo, pues le considera "partícipe de buena parte de los hechos presuntamente delictivos. Pero ello no sólo no es así sino que Crespo no formó parte ni participó en ninguna trama organizada para delinquir".

Pero en el recurso presentado en la Audiencia Nacional, el abogado de Crespo incluye un apartado para atacar al denunciante, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas: "Se aprecia la clara voluntad tanto del Ministerio Fiscal como del propio instructor en el sentido de subvencionar su actitud de denuncia. Sin embargo, no se tiene en cuenta que dicho coimputado [...] habría estado percibiendo dinero de Correa con posterioridad a 2005. Esto es, se habría estado beneficiando de caudales ilícitos".

Isabel Jordán, una de las empleadas de mayor importancia de la red corrupta, también se opone a la decisión del juez asegurando en su recurso que la escisión de los hechos "en función de periodos temporales impedirá a la defensa de algunos de los imputados esclarecer su participación, falta o grado de la misma en los hechos". Además, Jordán adelanta ya que ella se considera una mera administradora formal, y que no tenía conocimiento de los delitos incluidos en las acusaciones.

Vulnera la Constitución

Otro de los empleados de Correa, en concreto Pablo Gallo-Alcántara, sostiene que Ruz ha vulnerado varios preceptos de la Constitución al mantenerle imputado en la pieza de la época primera y en la principal: "Es poderosamente ilegal y contradictorio que el auto que se recurre mantenga a mi representado en la pieza principal y en la pieza separada que se forma a raíz del auto que se recurre".

El letrado de este trabajador de Correa va más allá en su escrito, argumentando que no encuentra el argumento jurídico "razonable" para que permanezca imputado en dos piezas, "y se le niega el ser juzgado conjuntamente por todos los hechos objetos de imputación, con la posibilidad de hacerlo como delito continuado, por la imperiosa necesidad de llevar a juicio a un grupo de personas".

En este sentido, considera que a algunos imputados se les trata "de manera privilegiada" al eliminarles de unos delitos por los que venían siendo imputados, "y a otros, como a mi representado, se les mantiene".

Los mismos argumentos y la misma solicitud de evitar la partición del caso la presentan los imputados Carlos Ignacio Hemández Montiel Gener, Alicia Mínguez, Antonio Martín Sánchez y el empresario Alfonso García-Pozuelo Asins, expropietario de Constructora Hispánica.

Para este empresario, la decisión de Ruz supone "un gravísimo perjuicio de distintos acusados, entre los que se encuentra García-Pozuelo", al considerar que se les somete "a distintos juicios, nuevos escarnios en la prensa, triplicar la pena de banquillo, y en definitiva socavar sus derechos constitucionales cercenándoles los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 300) y el Código Penal (artículo 74) les reconoce".

Javier Nombela

En similares términos se expresa otro empleado de Correa: Javier Nombela: "Al abrir pieza separada, y mantenerle en la pieza principal o aquellas otras que pudieran abrirse, se le está causando una grave indefensión y afectando a sus derechos fundamentales". Además, Nombela asegura que no puede encontrar trabajo por la trascendencia del caso.

Llama la atención que Luis de Miguel Pérez, que según el juez fue quién diseñó la red societaria de Correa en la primera época, hasta la llegada a la trama del empresario Ramón Blanco Balín, llegue a asegurar en su petición de archivo que "no tiene nada que ver con la trama Gürtel".

Por su parte, otro de los imputados, en este caso Antonio Villaverde Landa, asegura que el juez Ruz no es imparcial al seguir manteniendo su imputación en el caso Gürtel.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/22/barcenas_sanchis_resto_imputados_gurtel_tratan_impedir_que_ruz_cierre_una_parte_del_caso_21646_1012.html

EL MOROSO BÁRCENAS SE QUEDA SIN BLANCA

El ex tesorero recurre a la Sala de lo Penal de la Audiencia para pagar impuestos y la minuta del abogado con parte de su fortuna bloqueada

Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP que manejó una caja b para financiar ilegalmente al partido y pagar sobresueldos a algunos dirigentes, tiene una fortuna en Suiza donde llegó a acumular hasta 47 millones de euros. Pero ahora está preso por el caso Gürtel, en bancarrota y es un moroso de la hacienda pública. No puede pagar los 115.000 euros del Impuesto de Sociedades de 2013 que le reclama Hacienda por la empresa Tesedul, a cuyo nombre puso su dinero oculto en el extranjero y con la que pretendió acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno.

No dispone de fondos para liquidar la deuda tributaria ni la próxima minuta de su abogado, Javier Gómez de Liaño, a quien ha pagado hasta el momento la cuñada de Bárcenas con un dinero sospechoso, según la Fiscalía Anticorrupción.

El 4 de julio de 2013, el juez impuso a Bárcenas una fianza de responsabilidad civil de 43 millones de euros y ordenó el bloqueo de todas las cuentas conocidas del ex tesorero para garantizar el pago de sus eventuales responsabilidades pecuniarias por los delitos cometidos.

Desde entonces, Bárcenas no tiene con qué abonar sus gastos. A Gómez de Liaño le pagó a través de su cuñada, pero el abogado tuvo que adelantar 5.000 euros para el recurso que presentó ante la Justicia suiza con el objetivo de impedir el uso de datos de las comisiones rogatorias en el proceso abierto en España.

Sus intentos de conseguir el desbloqueo de las cuentas han chocado contra la Fiscalía Anticorrupción, que se ha opuesto, y contra el juez Pablo Ruz, que ha denegado la petición con el argumento de que la primera prioridad del dinero bloqueado es hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los supuestos delitos que cometió. Además, el magistrado ha recordado en sus autos que Bárcenas puede tener todavía patrimonio oculto en el extranjero.

El ex tesorero ha recurrido esta decisión ante el propio juez Ruz y, en caso de denegación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con un escrito en el que califica que la referencia del magistrado al patrimonio oculto de Bárcenas es “tan endeble como que no rebasa la mera conjetura o sospecha”.

Gómez de Liaño anuncia que si el recurso que si fracasa acudirá ante el Tribunal Constitucional y posteriormente ante el Tribunal de Estrasburgo por considerar que el bloqueo de fondos atenta contra el derecho de Bárcenas a disponer del abogado de su elección y no tener que recurrir a uno de oficio, como le ha ocurrido a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia rechazó el pasado viernes el quinto recurso de Bárcenas solicitando su libertad. En el auto, los magistrados concluyen: “De ser puesto en libertad, le resultaría fácil seguir manejando otros negocios, cuentas o sociedades todavía desconocidas”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411146526_841581.html

EL COLEGIO DE ABOGADOS DESIGNA DEFENSOR DE OFICIO PARA CORREA EN EL ‘CASO GÜRTEL’

Según la información a la que ha accedido infoLibre, González Roques se colegió en 2001 y tiene una amplia experiencia profesional en el ámbito Civil y Mercantil. Pero también en el asesoramiento jurídico y gestión de negocios especializado en el sector fiscal y laboral.

José Antonio Choclán

Este letrado fue designado por el Colegio de Abogados de Madrid después de que el juez Ruz le reclamara que nombrara a un defensor para Correa, tal y como adelantó infoLibre. El presunto cerebro de Gürtel permanecía sin letrado tras la renuncia del exjuez José Antonio Choclán, que no cobraba de su cliente.

Tras la designación del nuevo defensor, el magistrado acuerda reanudar los plazos procesales, que habían sido suspendidos para Correa, con la intención de que el abogado González Roques presente los recursos que considere oportunos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/19/el_colegio_designa_abogado_oficio_correa_jose_agustin_gonzalez_roques_21665_1012.html

SUIZA DESBARATA EL PENÚLTIMO RECURSO DE BÁRCENAS PARA OCULTAR SUS DATOS BANCARIOS

El Tribunal Penal Federal helvético acuerda entregar al juez Ruz los documentos del testaferro del extesorero del PP

Las autoridades judiciales de Suiza han echado por tierra la penúltima táctica de Luis Bárcenas para mantener sus cuentas bancarias en aquel país, donde llegó a atesorar 48,2 millones de euros, ocultas a la justicia española. En un auto del pasado 30 de julio, el Tribunal Penal Federal helvético rechazó un recurso de Iván Yáñez, el principal testaferro del extesorero del PP, contra la decisión de la fiscalía suiza de enviar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la documentación sobre una cuenta bancaria de una empresa, supuestamente propiedad de Bárcenas, de la que el magistrado español no tenía conocimiento previo. La decisión anticipa la voluntad de las autoridades suizas de colaborar con España en el caso Gürtel de corrupción frente a los intentos de Bárcenas de desbaratar la instrucción del caso en España mediante recursos en los tribunales suizos.

Tanto Yáñez como el propio Bárcenas habían recurrido ante las autoridades suizas con dos objetivos. Por un lado, para que la Confederación Helvética no envíe los datos reclamados por el juez Ruz en sus 41 comisiones rogatorias –procedimientos de auxilio judicial entre Estados- a aquel país. Por otro, para que los datos ya recibidos por la Audiencia Nacional no puedan utilizarse para la investigación y el enjuiciamiento de los imputados, al entender que atentan contra las leyes del país centroeuropeo en materia de secreto bancario.

El auto –resolución razonada- de la Sala de Apelación tribunal suizo se refiere al envío de los datos de apertura y los movimientos de una cuenta de una empresa atribuida a Bárcenas, pero puesta a nombre de Iván Yáñez, y que permaneció desconocida hasta el año 2013. El abogado de Yáñez en Suiza, Philippe Cottier, alegó que la entrega de los datos bancarios de su cliente era “desproporcionada” y que el juez Ruz buscaba pruebas de manera indiscriminada. Los jueces suizos consideran que aunque la información sobre esta cuenta corriente no figuraba en la petición inicial del magistrado español y que, en principio, no hay que entregar más documentación que la solicitada “se puede admitir una interpretación extensa” de la ley para proporcionar datos que sirvan tanto para la inculpación como para la defensa del imputado.

El tribunal federal suizo recuerda que el juez Ruz sospecha que el exsenador Luis Bárcenas recibió cientos de miles de euros del cerebro del caso Gürtel, Francisco Correa por adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP, y que parte del dinero transitó por cuentas de Bárcenas en Suiza, y en concreto por la cuenta desconocida de la que es titular Yáñez. Ese depósito bancario se utilizó supuestamente para transferir sumas importantes a una sociedad pantalla utilizada por varios de los imputados en España.

Las autoridades suizas consideran que existe una “relación objetiva” entre la cuenta de Yáñez y los hechos investigados por el juez Ruz en el caso Gürtel. “En efecto, hay que transmitir todos los documentos que puedan tener que ver con las sospechas expuestas en la demanda de cooperación jurídica internacional” remitida por el magistrado de la Audiencia Nacional española. Por esta razón, el tribunal federal helvético rechaza tachar el nombre de Yáñez en la documentación enviada a Ruz, como pretendía el testaferro de Bárcenas.

“Un principio de la cooperación jurídica internacional es el descubrimiento de hechos, informaciones y medios de prueba, incluidos aquellos cuya existencia no sospecha la autoridad judicial extranjera. No se trata solo de ayudar al Estado requirente a probar hechos [delictivos] revelados por la investigación sino de desvelar otros si es que existen”, sostienen los jueces suizos.

La decisión del Tribunal Penal Federal helvético supone un revés para los intereses de Bárcenas, y anticipa los criterios para resolver sobre otra petición similar en este caso del extesorero popular. La Sala de Apelación del tribunal suizo tiene pendiente resolver otro recurso de Bárcenas, que pidió que no se permitiera usar al juez Ruz sus datos bancarios en la investigación del caso Gürtel. Las autoridades suizas suspendieron cautelarmente el envío de información a la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto, hecho que fue esgrimido por la defensa de Bárcenas, en prisión desde el 27 de junio de 2013, para reclamar por quinta vez su puesta en libertad, algo a lo que se han opuesto Ruz y la Fiscalía Anticorrupción.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/18/actualidad/1411058784_029535.html

LA FISCALÍA SE OPONE POR QUINTA VEZ A LA LIBERTAD DE LUIS BÁRCENAS

La Audiencia Nacional celebra una vista a puerta cerrada sobre la petición de excarcelación del extesorero del PP

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por cuarta vez la puesta en libertad del extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado desde el 27 de junio de 2013 por el caso Gürtel de corrupción. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista para debatir sobre la petición de excarcelación del antiguo ejecutivo del PP, imputado por delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. El extesorero llegó a tener 48,2 millones de euros en fondos y valores ocultos a la Hacienda Pública en varios bancos suizos. Con la oposición del ministerio público a la puesta en libertad, es poco probable que el tribunal acceda a la excarcelación.

Precisamente, la última petición de libertad de Bárcenas, rechazada por el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, tenía como argumento principal el hecho de que las autoridades judiciales suizas habían suspendido cautelarmente, a instancias de Bárcenas, el uso de la documentación remitida a la Audiencia Nacional a través de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados. El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, sostenía que esta suspensión provisional y cautelar del uso de los datos bancarios del extesorero, dejaba “prácticamente desierto el procedimiento seguido contra Luis Bárcenas, pues la mayoría de hechos imputados tienen causa, o derivan, de esa información”. El juez Ruz consideró, en cambio, que el procedimiento contra Bárcenas podía mantenerse sin la documentación bancaria helvética.

El 14 de abril, la Oficina Federal de Justicia de Suiza –órgano administrativo- dio luz verde a la utilización de los datos transmitidos en las diversas comisiones rogatorias. Sin embargo, la defensa de Bárcenas interpuso un recurso ante las autoridades helvéticas contra esta decisión ante el Tribunal Penal Federal suizo. Según ellos, las leyes federales helvéticas en materia de asistencia jurídica internacional impiden entregar documentación a otros estados si es para investigaciones sobre actos tendentes a reducir el pago de impuestos que no supongan delito. Sin embargo, sí autorizan la transmisión de información para investigaciones sobre delitos fiscales. Bárcenas evadió supuestamente 11,5 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2000 y 2009.

No obstante, el órgano judicial helvético, tras consultar a la Oficina Federal de Justicia, que no se opuso, decidió suspender cautelarmente la autorización al juez Ruz para usar los documentos a la espera de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y “con el único objetivo de permitir una administración serena de justicia”. La pelota está ahora en el tejado de la sala de apelaciones del tribunal suizo, que podrá confirmar la autorización de la Oficina Federal, o –en el mejor de los casos para los intereses de Bárcenas- no autorizar que se puedan usar.

En su auto del pasado junio, por el que negaba la excarcelación a Bárcenas, el magistrado argumentaba que la imposibilidad temporal de utilizar la documentación bancaria no afecta a los delitos de falsedad de documento mercantil y de estafa procesal en grado de tentativa que se le imputan al extesorero. Estos delitos derivan del hecho de que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, supuestamente simularon la venta de obras de arte a la supuesta marchante argentina Isabel Mckinley para justificar unos ingresos en efectivo de medio millón de euros.

Ruz también consideraba que la suspensión cautelar decretada por Suiza no causa “ningún efecto” que sirva “para aminorar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia” que existiría si Bárcenas queda en libertad. A su juicio, el avance de la investigación respalda “la pervivencia del riesgo de fuga” y la necesidad de mantenerle la prisión “como única medida posible para su neutralización”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/17/actualidad/1410953232_628568.html

EL JUICIO DE GÜRTEL TOCA POR REPARTO A UNA JUEZ AUPADA POR EL PP AL PODER JUDICIAL

Concepción Espejel está llamada a presidir el tribunal que decidirá el caso

“Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y un privilegio. Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera. No solo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además, Concepción Espejel —que para todos es Concha y lo va a ser siempre— ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de justicia”.

Quien habla en esos términos tan elogiosos de la presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tras imponerle la más alta condecoración judicial el pasado 28 de febrero. La homenajeada, Concepción Espejel —Concha, como la llama en tono amistoso la presidenta castellanomanchega—, será casi con total seguridad según las normas de reparto de la Audiencia y fuentes de ese tribunal, la presidenta de la sala que juzgará las sucesivas piezas del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al partido de Mariano Rajoy y del que Cospedal es secretaria general. Espejel ocupó hasta diciembre un despacho de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo para el que fue propuesta por el PP. Dentro del gobierno de los jueces fue también la vocal territorial para Castilla-La Mancha, por lo que su relación con el ejecutivo de la dirigente popular fue estrecha durante los cinco años que ocupó ese puesto.

Nada más ocupar la presidencia de la sección segunda, en enero, Espejel cambió los criterios de formación de sala, los que determinan qué magistrados forman parte del tribunal en cada juicio. Hasta su llegada, el presidente no formaba parte necesariamente de cada tribunal, sino que sus cinco miembros rotaban. Si el presidente estaba entre los elegidos, presidía el juicio; si no, lo hacía el magistrado más veterano. A la llegada de Espejel, los restantes magistrados de la sección le propusieron un sistema similar con el fin de descargarla de trabajo, según fuentes de la Audiencia. Pero ella se negó e impuso su criterio de presidir todos los procesos. Esa es la razón por la que dirigirá casi con total seguridad, la macrocausa de financiación irregular y cobros en b que afecta al PP.

Que Espejel pueda presidir el juicio no implica que la sentencia vaya a seguir a pies juntillas su criterio. Pero esa posición le da más poder y protagonismo que a los otros dos miembros del tribunal. La presidenta es la que dirige los debates en el proceso, la que decide qué preguntas de las partes son o no pertinentes y el modo en que se practican las pruebas en el plenario. Entre los magistrados que, a priori, podrían sentarse en el tribunal junto a ella se encuentra Enrique López, también excargo designado por el PP como vocal del CGPJ y como magistrado del Constitucional. También podrían estar los conservadores Ángel Hurtado y Julio de Diego, y el único miembro progresista de la sección, José Ricardo de Prada.

Espejel llegó a la Audiencia Nacional tras la última renovación del CGPJ, en diciembre. Pero su aterrizaje en la presidencia de la sección segunda —que ella misma promovió mientras era vocal— no fue pacífico. Lo consiguió valiéndose de una argucia legal. La Ley Orgánica del Poder Judicial da preferencia para acceder a esa plaza a los expresidentes de Audiencias Provinciales durante los dos años siguientes a dejar sus cargos. Los otros dos vocales del CGPJ compañeros de Espejel que ocupaban presidencias de Audiencias —Manuel Almenar (Pontevedra) y Pío Aguirre (Jaén)— renunciaron a esos puestos al acceder al Consejo en 2008. Sin embargo, Espejel no dimitió de la presidencia de la Audiencia de Guadalajara con lo que ocupó dos puestos de libre designación al tiempo (el de vocal y el de presidenta) y consiguió alargar su derecho preferente al puesto. Fue esa decisión la que le dio ventaja sobre el otro candidato a presidir la sección segunda, el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Díaz Delgado. Dos de los cinco vocales de la comisión permanente del CGPJ, el órgano que la nombró, presentaron votos particulares (Almenar y Margarita Robles). Díaz Delgado recurrió el nombramiento al Supremo, pero el alto tribunal lo confirmó.

Años antes de llegar a la Audiencia Nacional, Concepción Espejel tuvo un papel relevante en otro caso de trascendencia política: el incendio forestal de Guadalajara que acabó con la vida de 11 miembros de un retén en 2005. La juez de Sigüenza que investigaba el caso decidió descartar la responsabilidad de los cargos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha (entonces gobernada por el PSOE) que gestionarion la extinción. Sin embargo, Espejel, presidenta por entonces de la Audiencia de Guadalajara, y otros dos magistrados ordenaron a la juez seguir investigando a la administración socialista.

Solo unas semanas más tarde, la juez de Sigüenza fue trasladada por una decisión del CGPJ —dominado entonces por los vocales propuestos por el PP— que vulneraba la ley electoral. La nueva juez de Sigüenza imputó a una veintena de cargos de la Junta, incluida la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, siempre con la bendición de la Audiencia de Guadalajara y de Espejel, su presidenta. Al final, 15 políticos y otros cargos fueron procesados, y el PP, que era acusación particular, llegó a pedir cárcel por delitos de incendio, homicidio y contra los trabajadores.

Cuando Espejel dejó el caso para marchar al CGPJ, la Audiencia, con otra presidenta, eximió a todos y condenó sólo al excursionista que había provocado el incendio al hacer una barbacoa. El tribunal, sin ella a la cabeza, criticó por “irrelevante” e “inútil” gran parte de lo investigado, en un incendio cuyo origen y autor se conocían “desde el inicio”.

La magistrada no aprecia motivos para apartarse

Concepción Espejel no niega su cercanía a María Dolores de Cospedal, pero considera que ni ese hecho ni su paso por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP pueden, en principio, apartarla del caso. “De lo que conozco hasta el momento de ese asunto entiendo que no estoy afectada por ninguna causa de abstención o recusación. A mí me propuso como vocal el PP, pero me eligió el Senado”, explica en su despacho. “Cuando el caso nos llegue a la sección lo estudiaré con detenimiento para confirmarlo pero, en principio, para mí es solo un asunto más. En cualquier caso las partes tienen todo el derecho a instar mi recusación cuando comience la fase de enjuiciamiento”. “En esta sección, en principio, yo presido todos los juicios y lo mismo ocurrirá con este salvo que esté enferma, de vacaciones o existan otros asuntos que por su complejidad me lo impidan. Las normas de reparto son claras”, añade.

Que la sección segunda y Espejel, como su presidenta, tendrán previsiblemente atribuido el caso se desprende precisamente de la aplicación de esas normas (basadas en el número de registro inicial del caso) y lo confirman fuentes judiciales y de Fiscalía. Pero el tribunal que en principio lo tiene asignado puede variar según el criterio del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, que, dada la importancia y la repercusión mediática del caso, podría avocarlo al Pleno de la Sala, algo que también podría solicitar la mayoría de sus magistrados. Sin embargo, al tomar posesión de la presidencia, Grande-Marlaska se comprometió públicamente a no hacer uso de esa potestad durante su mandato.

Otra de las personas que por ley podría intervenir en la composición del tribunal es el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Gracias a su cargo, Navarro es miembro nato de todas las Salas de la Audiencia —Penal, Contencioso-Administrativo y Social— así que, en principio, podría decidir formar parte de la salsa del caso Gürtel y la presidiría.

Se trata de una posibilidad muy remota y un tanto rocambolesca, según fuentes judiciales. La cuestión estará sobre la mesa cuando el juez Pablo Ruz dé por terminada la instrucción de la primera pieza del sumario, algo que, previsiblemente, no ocurrirá hasta la próxima primavera.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/12/actualidad/1410544848_524508.html

LA POLICÍA DENUNCIA MORDIDAS DE LA RED GÜRTEL EN 27 CONTRATOS DE AENA

La trama logró 2,3 millones del organismo estatal cuando Cascos era ministro de Fomento

La red Gürtel logró 27 contratos de AENA, el organismo estatal aeroportuario dependiente del Ministerio de Fomento, entre 2001 y 2002, cuando Francisco Álvarez Cascos, que no está imputado en la causa, estaba al frente del ministerio de Fomento. El líder de la trama, Francisco Correa, llegó a relatar al juez Baltasar Garzón en el inicio de las investigaciones el negocio que tenía con AENA y su amistad con Francisco Álvarez Cascos.

La policía, tras analizar miles de documentos, concluye en su informe que el director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, favoreció las adjudicaciones de esos contratos para celebrar eventos del organismo aeroportuario a "las empresas de la organización de Francisco Correa obteniendo a cambio un conjunto de contraprestaciones en forma de prestación de servicios turísticos y obras de reforma en su domicilio particular". El informe policial también señala a otro directivo del organismo, José María Gavari Guijarro, como responsable de las prácticas irregulares.

Para beneficiar a la red Gürtel, según la investigación policial, los directivos de AENA recurrían de forma sistemática a la declaración de urgencia para adjudicar de manera directa y sin concurso contratos de eventos vulnerando los principios de contratación pública. En el caso de que se pidieran distintas ofertas, éstas eran de empresas del mismo grupo, propiedad de Correa, o de proveedores de éste. En documentados incautados por orden judicial se puede observar como Correa remitía por fax el nombre de las empresas a las que había que invitar y las ferias a las que concurrían.

En algún caso, la policía ha descubierto que AENA mandaba invitaciones a empresas domiciliadas en sedes de responsables de la trama corrupta que ni siquiera existían. En otras ocasiones, detalla el documento policial, "los contratos suscritos para la ejecución de los trabajos se llevan a cabo y se firman varios días después de desarrollados los trabajos y finalizada la feria que los motiva".

La policía denuncia también que algunas grandes empresas constructoras, que llevaron a cabo la obra de la nueva terminal de Barajas, asumen los gastos de los actos convocados por AENA que montaba la red Gürtel, como en entierro de la primera piedra en la inauguración de la terminal de Barajas por 201.000 euros. La investigación policial ha interpretado que Correa paga mordidas de decenas de miles de euros a los directivos de AENA por la adjudicación de estos contratos, según diversos documentos incautados a la trama corrupta.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/10/actualidad/1410341679_358925.html

EL PP ACUSA A RUZ DE VIOLAR LA CARTA MAGNA EN EL AUTO QUE LE IMPLICA EN GÜRTEL

Los populares denuncian indefensión y niegan que se beneficiaran de los delitos de sus alcaldes

El Partido Popular sostiene en un escrito fechado el pasado 1 de septiembre que el magistrado Pablo Ruz vulnera el artículo 24 de la Constitución al atribuirles en un auto judicial participación en el caso Gürtel “a título lucrativo” por los beneficios obtenidos como consecuencia de los delitos supuestamente cometidos por dos de sus ex alcaldes.

“La resolución vulnera el artículo 24.1 de la Constitución al carecer de individualización de los elementos objetivos que deben concurrir para considerar al PP responsable civil a título lucrativo”, señala el abogado que representa al PP en el recurso de reforma que ha presentado contra el auto judicial. El escrito denuncia que la resolución del juez Ruz no concreta “qué indicios imputables a las personas objeto de investigación han podido suponer un beneficio económico para el PP”.

El magistrado dictó a finales de julio un auto en el que abría una pieza separada para enjuiciar una parte del caso Gürtel correspondiente al primer periodo temporal de los hechos que alcanzaba hasta 2006. En dicha resolución, el juez Ruz sostiene que Jesús Sepúlveda, ex alto cargo del PP y ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cobró 667.000 euros de la trama corrupta de los que 111.864 euros se destinaron a costear actos electorales del PP; y que Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid) hizo lo mismo al recibir 781.000 euros de la red Gürtel de los que dedicó 125.000 euros a financiar mítines del PP. Por ello, el magistrado comunicó en su resolución judicial al PP que tenía derecho a “comparecer en las actuaciones designando abogado como posible partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudiera haber obtenido de la actuación” de ambos ex alcaldes.

El juez Ruz sostiene que Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, cobró 667.000 euros de la trama corrupta

El PP sostiene en su escrito que el juez no puede atribuirle esa participación pues no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 122 del código penal. El abogado sostiene que el PP “no tenía conocimiento alguno de que se hubiera producido ese beneficio económico”, ni tampoco existía “daño a personas determinables” por lo que no existe el deber de indemnizar.

El PP niega que se haya beneficiado de los hechos que se atribuyen a dos de sus exalcaldes, sino todo lo contrario: “Son más que evidentes los perjuicios de todo orden que el PP ha sufrido y sigue sufriendo por hechos que se imputan a personas concretas y respecto de los cuales la organización política es absolutamente ajena”.

El escrito del recurso de reforma sostiene que el auto del juez Pablo Ruz ha provocado indefensión en el PP dado que “se desconoce con detalle y concreción la base fáctica de la imputación y los indicios racionales de criminalidad que la sustentan”. El abogado del PP explica que en el auto del juez Ruz no existe “ilustración detallada de los hechos acaecidos tendentes a crear el soporte de la imputación como responsabilidad civil a título lucrativo” ni tampoco “hay soporte indiciario que establezca un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido político”. Además, los montantes económicos que el magistrado de la Audiencia calcula que han beneficiado al PP “no tienen un origen concreto ni se específica su exacta procedencia”, según los abogados del partido conservador.

El PP recuerda en su escrito que tiene sus cuentas “debidamente auditadas por el Tribunal de Cuentas, de manera que no cabe hecho indiciario que revele el posible beneficio económico que haya podido percibir de los actos presuntamente ilícitos cometidos por los [exalcaldes] Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega”.

El letrado solicita en el recurso de reforma al juez Pablo Ruz que dicte una resolución en la que declare inaplicable la condición de responsable civil a título lucrativo del Partido Popular

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/05/actualidad/1409908061_327904.html

BÁRCENAS ACUSA A RUZ DE NO TENER "RIGOR JURÍDICO" E INSTRUIR "PARA ALGUNOS MEDIOS"

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas acusa al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de no tener rigor en sus resoluciones después de que concluyera parte de la instrucción del caso Gürtel, que le imputaba once delitos. Según recoge su abogado en el recurso presentada ante la Sala de lo Penal del órgano judicial, la resolución del magistrado podrá servir “para que algunos medios de comunicación disfruten con la noticia, pero, para nosotros y supones que para quienes tienen a la justicia como guía, ese ámbito queda muy lejos de la técnica y el rigor jurídico deseables”.

Para el letrado, Javier Gómez de Liaño, el instructor ha decidido concluir la parte de la trama Gürtel desde 1999 a 2005 incluyendo a su cliente como posible autor de once delitos, entre ellos cohecho. Sin embargo, para la defensa del extesorero, el magistrado únicamente afirma que “habría percibido comisiones y regalos en efectivo en consideración al cargo que ocupaba y a su intermediación en el ámbito de la contratación pública”, pero sin concretar los indicios sobre las comisiones presuntamente percibidas, ni sobre las sociedades beneficiadas, ni sobre los contratos adjudicados.

No sólo eso, el abogado recalca que Ruz acusa a Bárcenas de cobrar comisiones por la adjudicación de contratos desde 1999 cuando Bárcenas no tuvo ningún cargo público hasta 2004, cuando fue elegido senador, y que “jamás tuvo facultades ejecutivas”. Por tanto, los datos que aporta el instructor en el auto de conclusión dictado a finales de julio y que ahora recurre son, “a todas luces, insuficientes para proseguir el procedimiento contra él en el marco de este macroproceso”.

Entiende, por tanto, que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada en la causa, no tienen nada que ver con los hechos que relata Ruz en esta parte de la instrucción y por eso solicita que se abra una pieza separada en la que sólo se investigue al matrimonio y a las personas que hayan mantenido relación con él por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad y estafa procesal.

Para Gómez de Liaño, el magistrado no va más allá de afirmar que Bárcenas y Jesús Merino “habrían recibido de Francisco Correa regalos en consideración particular” a los cargos que desempeñaban y por su intervención en el ámbito de la contratación pública. “Esta vaga, genérica e imprecisa expresión es la que se ha venido repitiendo resolución tras resolución”, recoge el escrito. El abogado recalca que han pedido en reiteradas ocasiones al juez que concretara los hechos, pero este siempre se negaba al entender que en fase de instrucción no era preciso puntualizar con detalle. “Todavía hoy, cuando se hace necesario identificar hechos concretos, se siguen manteniendo afirmaciones difusas carentes de indicios”, insiste.

Suiza “desencadenó” esta situación

Entiende el letrado que no hay indicios contra su cliente porque desde 2009 que se inició la investigación, cuando el ya exjuez Baltasar Garzón ordenó la detención, entre otros, de Correa, lo único que se ha venido diciendo es que Bárcenas recibió comisiones para ayudar a una serie de empresas. “Pero lo que no se dice –sin duda porque no hay elemento para hacerlo– son las fechas, las personas que intervienen, o la obra adjudicada. Únicamente se 'deja caer' que Luis Bárcenas habría cobrado comisiones”, espeta.

Reconoce que el juez habla de empresas como Ros Roca, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica, beneficiadas de esas prácticas. Lo hace, según el letrado, con el fin de dar “cierta credibilidad” a su relato, pero “sobre estas sociedades nada más dice”.

Lo que parece que tiene claro el extesorero, y así lo refleja su abogado, es que contra él no había nada. Es más, recuerda que en 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se encargaba en ese momento de la instrucción, acordó el sobreseimiento libre respecto del extesorero. Sin embargo, todo cambió a raíz de que las autoridades suizas informaran de que el extesorero tenía cuentas en las que llegó a acumular hasta 48 millones de euros, hecho que “como es notorio, ha desencadenado esta situación”.

PP: “Nosotros somos los perjudicados”

Por su parte, el Partido Popular también ha recurrido el auto de conclusión de Ruz por el que les hace responsables a título lucrativo en dos localidades madrileñas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Es decir, el magistrado entiende que la formación se benefició de los actos ilícitos cometidos por los que fueran alcaldes de estos municipios, uno de ellos, Jesús Sepúlveda, el exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y por tanto entiende que deberían devolver el dinero del que se han beneficiado.

Sin embargo, en su recurso, el abogado del PP “entiende que en este caso no puede ser el responsable civil a título lucrativo –puesto que ningún beneficio ha tenido como consecuencia de los hechos que se investigan–, sino la de perjudicado por los mismos dado que son más que evidentes los perjuicios de todo orden que el PP ha sufrido y sigue sufriendo por hechos que se imputan a personas concretas y respecto de los cuales la organización política que represento es absolutamente ajena”. Ruz recogía que el PP se habría beneficiado de 236.000 euros que se habrían empleado para actos electorales.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-04/barcenas-acusa-a-ruz-de-no-tener-rigor-juridico-e-instruir-para-algunos-medios_185883/

EL PP VE “SUBJETIVO” EL INFORME POLICIAL SOBRE SUS PAGOS EN B

El presidente riojano sostiene que no demuestra “ninguna ilegalidad”

El presidente de La Rioja y del PP en esta comunidad, Pedro Sanz, defiende que no hay “actuación irregular alguna” en la operación de compra de la sede del partido en Logroño. Sanz salió este jueves al paso del documento que la policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas, y que sostiene que hay indicios para suponer que la formación pagó con la caja b 200.000 euros de su sede en La Rioja.

Sanz tacha el documento, del que EL PAÍS informaba ayer, como “extemporáneo”, y cree que “extrae conclusiones subjetivas. Cada una de las acusaciones se tienen que demostrar, y eso no podrá hacerlo porque no existe ninguna ilegalidad”, añade. En un comunicado, su partido recuerda que “el juez, en varios autos, ha rechazado las solicitudes del PSOE para que fueran a declarar o se imputara a cargos del Partido Popular de La Rioja”.

Para el secretario de Organización del PSOE, César Luena, que también se manifestó sobre el informe, los hechos constatan la existencia de “un circuito ilegal en dinero negro, en b, mantenido por el Partido Popular durante mucho tiempo y por toda España”.

Sobre el mismo informe se pronunció el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, del PP. El documento ve sospechosa una operación por la que el partido en Madrid se hizo cargo de una deuda de 187.000 euros de la sede de Pontevedra en 2009, cuando él ya era presidente de la Xunta y de la formación en Galicia. Según el extesorero popular, Luis Bárcenas, parte de esa cantidad se devolvió en dinero negro desde Pontevedra. “No conozco absolutamente nada de esa información”, dijo Feijóo, quien espera que la justicia “concrete si se está investigando desde hace tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/04/actualidad/1409852328_186996.html

LA UDEF CREE QUE EL PP BLANQUEÓ 200.000 EUROS PARA PAGAR LA SEDE DE LA RIOJA

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido

El informe de la UDEF refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010. Según Bárcenas, ese dinero se dio en metálico a Rajoy y Cospedal: "25.000 a cada uno", dijo Bárcenas al juez.

En este caso, en la adquisición de la sede riojana del Partido Popular en 2008 y en el pago de un embargo en Pontevedra que habría acabado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" en manos de Rajoy y Cospedal, según el extesorero.

En su informe de 40 páginas, al que ha tenido acceso la SER, la UDEF rebate los argumentos ante Ruz del secretario general del PP en La Rioja, Carlos Cuevas, y de la gerente, Ana Elvira Martínez, y considera más veraz la versión de Bárcenas, quien afirmó que parte de la sede se pagó con 200.000 euros en negro que La Rioja traspasó en 2008 a Génova, donde fueron anotados por Bárcenas en la contabilidad paralela, y que la sede central ingresó en la cuenta del PP riojano para blanquearlo.

La UDEF dice que basándose en elementos "subjetivos", "temporales" y "objetivos", es "posible considerar de forma indiciaria" que la cantidad aportada "desde el PP nacional" se correspondería "con los 200.000 euros anotados en la contabilidad paralela" de Bárcenas, "sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero". Es decir, blanqueando el dinero.

El informe también analiza el embargo de 187.000 euros al PP de Pontevedra que habría sido asumido por la dirección nacional del partido y que la dirección provincial gallega no devolvió, tal y como ya afirmó la IGAE. La UDEF sospecha de esta operación. Dice que "resulta significativo el hecho de que no le sean devueltas las cantidades que e?sta aporta, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas, o la gran parte de las necesidades del resto de sedes, podri?a llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias".

La explicación de la operación, según Bárcenas, es que Pontevedra sí que devolvió ese dinero, pero lo hizo en negro. Y parte ese dinero, siempre según el extesorero, fue abonado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" por Bárcenas a "Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal". Un total de "25.000 euros a cada uno" en 2010, precisó el antiguo jefe de las finanzas del PP.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/udef-cree-pp-blanqueo-200000-euros-pagar-sede-rioja/csrcsrpor/20140903csrcsrnac_35/Tes

LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP PAGÓ CON DINERO NEGRO SU SEDE EN LA RIOJA

La investigación pone bajo sospecha una operación con otro local del partido en Pontevedra

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, recibió el pasado 30 de julio, poco antes de salir de vacaciones, un informe en el que la policía constata que el PP supuestamente pagó con dinero negro un local para la ampliación de su sede regional de La Rioja. El mismo atestado, de 40 páginas, certifica que la sede central del partido se hizo cargo, a cambio de nada, de una deuda de 187.000 euros del PP de Pontevedra.

El PP riojano tuvo alquilada durante 31 años una sede, en la Plaza del Alférez Provisional. En 2008, la formación conservadora decidió convertirse en propietaria y compró unos inmuebles en la calle Duquesa de la Victoria. Inicialmente adquirió una vivienda de 214 metros cuadrados en una primera planta y dos bajos comerciales que suman 134 metros cuadrados. Estas tres fincas fueron adquiridas por un total de 800.000 euros en marzo de 2008, gracias a un préstamo de 900.000 euros concedido por el Banco Santander y que cubría tanto el valor de venta como los gastos de notaría.

En su valoración de riesgos, la entidad financiera cántabra puso de relieve el hecho de que la operación fuera planteada en exclusiva con ella directamente por el presidente riojano, Pedro Sanz y por medio del secretario general del partido en la región, Carlos Cuevas. El número 2 de la formación, que declaró como testigo el pasado 4 de febrero, manifestó que su intervención en la compra fue "ya muy al final".

Paralelamente, el PP negociaba con el dueño de un tercer local comercial en la planta baja para ampliar las dependencias. Este inmueble se adquirió en octubre de 2008 por un importe de 309.000 euros. De esta cantidad, 9.000 euros se abonaron por cheque tras un contrato privado entre el PP y el vendedor del local. Los 300.000 euros restantes se financiaron de la siguiente forma: el Santander otorgó un préstamo de 120.000 euros y los 180.000 euros restantes salieron de "fondos propios" del partido.

Es en esta última cantidad donde la policía pone la lupa. En los papeles en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas consignó su contabilidad paralela, hay una anotación de 200.000, con fecha 26 de mayo, con la siguiente rúbrica: "Entrega de La Rioja".

Los investigadores están convencidos, tras analizar los detalles notariales y bancarios de la compra del local, de que esta anotación en la contabilidad secreta tiene que ver con la adquisición de este último inmueble comercial. "Es posible considerar de forma indiciaria que la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial y por ello introducirlo en el circuito económico-financiero".

En su declaración del 14 de abril de 2014, Bárcenas, reconoció que esos 200.000 euros eran la contrapartida en dinero negro a la misma cantidad en dinero "oficial" (en blanco, en a) que entregó la sede central del PP para la compra del cuarto inmueble. Es decir, Bárcenas reflejaba en su contabilidad secreta una entrega de donativos opacos recaudados por la sede riojana del partido y pagaba con dinero limpio parte del coste del cuarto inmueble. En la declaración prestada por Carlos Cuevas y por la gerente del PP riojano, Ana Elvira Martínez, ambos manifestaron desconocer la cantidad que les iba a prestar Génova 13.

Sede de Pontevedra

El informe analiza otra operación opaca: la que llevó a la sede nacional a asumir un embargo del partido en Galicia en septiembre de 2009 por “160.000 euros”, según declaró el propio Bárcenas ante el juez, aparentemente a cambio de nada. Según Bárcenas, el PP de Pontevedra no pudo hacerse cargo de una deuda por la compra de su sede, y fue él el que ofreció la solución: “El señor Bárcenas, actuando como tesorero, trasladó a Pontevedra que esa cantidad debía ser devuelta [...]. Por las manifestaciones expuestas, este recibió con fondos b una parte, concretamente 50.000 euros, que recibió directamente del gerente provincial”.

El exsenador aseguró al juez que no se quedó con el dinero negro, sino que lo repartió en dos sobres de 25.000 euros y se los entregó en marzo de 2010 “a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal”. La supuesta entrega a Rajoy se habría realizado “en su propio despacho, y los 25.000 de Cospedal en el despacho de ella en el Senado, que era contiguo al mío”.

La versión de Bárcenas fue investigada por la UDEF, que comprobó que, efectivamente, ese embargo se había producido bajo el concepto “embargo proveedor PP Galicia”, cargado en la cuenta de la sede nacional como “gastos excepcionales” del Partido por importe de 187.569 euros. También asegura la UDEF que en la contabilidad de la sede de Pontevedra “no figura esa cantidad ni como aportada ni adeudada, por lo que se concluye que el PP Nacional ha asumido dicho embargo como propio”. ¿A cambio de qué? Según la UDEF, una deuda de ese tipo, de una sede regional con la central, tendría que haberse reflejado en la cuenta “deudores varios”, como ocurrió en un caso similar con la sede de Madrid, y posteriormente liquidada por la sede regional del partido.

En sus conclusiones, la policía señala que es significativo “el hecho de que no sean devueltas las cantidades, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas las necesidades del resto de la sede, podría llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias”. El informe no va más allá de plasmar esa sospecha, que se saldaría, según el extesorero, con dinero negro

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/03/actualidad/1409772495_137621.html

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