El empresario colombiano
Miguel Uriel Hernández,
imputado en el caso Gürtel
por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha entregado al TSJ de
Madrid la documentación y las facturas de las transacciones
económicas que realizó con el supuesto líder de la trama de
corrupción Francisco Correa.
En el escrito presentado al juez instructor del
caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
Antonio Pedreira, y
al que ha tenido acceso Efe, Miguel Hernández solicita al magistrado
que archive la causa respecto a él, una vez que ha colaborado con el
tribunal entregando toda las facturas de los préstamos y pagos que
hizo a Correa.
Hernández fue detenido en Madrid el pasado 1 de junio, y un día
después, durante su comparecencia ante el juez instructor, se
comprometió a colaborar con la investigación. Tras su declaración,
quedó en libertad, aunque Pedreira le imputa los delitos de blanqueo
de capitales y contra la Hacienda Pública.Según los informes
policiales que obran en la causa, a los que tuvo acceso Efe,
Hernández Chavarro era "una persona muy importante dentro de la
estructura empresarial de Correa en el exterior" y, a través de sus
empresas, recibía transferencias de dinero del cabecilla de la trama
de corrupción, enmascarando el capital como entradas de fondos.
El empresario colombiano, que asegura que recibió
de Correa una única transferencia el 22 de diciembre de 2008 de unos
100.000 dólares (unos 76.000 euros), cantidad que anteriormente le
había prestado, ha aportado los justificantes de las distintas
partidas en las que se distribuyó el dinero.
Así, incluye la documentación de varias deudas de
Correa con el propio Miguel Hernández, con el abogado
Gabriel Giraldo, la
compra de una casa en Girardot (Colombia) y diversas cantidades en
metálico entregadas a dos amigas del líder de la trama de
corrupción.
Además, constan las facturas de un restaurante, varios billetes de
avión de viajes que Correa realizó en diciembre de 2008 entre Bogotá
y Miami y Cartagena, Medellín y Bogotá, pagos de hotel, recibos
telefónicos y una entrega en metálico a
Antoine Sánchez,
primo de Correa, también imputado.
Tras aportar esta documentación, el empresario,
que preside y es accionista mayoritario de varias empresas (Energing,
Distasa y Senercol) del sector energético en Colombia, Venezuela y
Panamá, solicita al juez el sobreseimiento libre de la causa
respecto a él.
En este sentido, destaca que su única relación con
Correa ha sido la "propia de un empresario que busca inversores para
sus proyectos" y que la imputación por blanqueo de capitales está
causando un "enorme perjuicio" a sus empresas, que están sufriendo
graves limitaciones por las entidades financieras de Colombia.
www.efe.es
31.07.10
EL JUEZ DE GÜRTEL
DEFIENDE SU INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA
El magistrado que
instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, defiende la independencia
de sus decisiones en el proceso, que ha destapado una de las
principales tramas de corrupción política y que afecta a un partido
político: el PP. Y lo hace frente a las acusaciones de los abogados
de los detenidos, que de forma reiterada le han reprochado actuar
siguiendo solo el criterio del ministerio público, sin tener en
cuenta las peticiones de las defensas.
Pedreira rechaza estas
críticas en un auto firmado el 5 de julio, y notificado el pasado
jueves a las partes, al subrayar que los acusadores olvidan que ha
dictado resoluciones contrarias al criterio de la fiscalía. El
magistrado defiende su trabajo en el auto en el que rechaza la
pretensión del abogado del imputado Pablo Crespo, número dos del
cabecilla de la trama, Francisco Correa, de rebajar su fianza.
Como muestra de su
independencia, el instructor del Gürtel recuerda algunas de sus
recientes decisiones que han entrado en conflicto con las opiniones
del ministerio público. Como por ejemplo la denegación de la
pretensión de la fiscalía de que se impidiese que el Partido Popular
ejercitase acciones penales, pidiendo incluso que fuera expulsado
del proceso. El segundo caso de divergencia con Anticorrupción,
según el auto, es el sobreseimiento de la acusación contra la mujer
del ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias
Villar, que fue rechazada por el ministerio público.
El magistrado explica en
el auto que, a la hora de tomar decisiones puede seguir el criterio
de la fiscalía o el de las partes, "según se estime más razonable
desde una perspectiva jurídica y lo más ajustado a derecho desde una
perspectiva normativa".
El instructor del caso
Gürtel justifica también en el auto su decisión de no rebajar la
fianza de Pablo Crespo, que fue dirigente del PP gallego: "Los
delitos imputados son graves. Era el principal colaborador de
Francisco Correa, su asesor, copartícipe en todas sus actuaciones y
organizador máximo". Además, recuerda que Pablo Crespo percibió una
parte ingente del importante capital dinerario que no ha podido ser
localizada, "excepto importantes cantidades en paraísos fiscales".
Pedreira recuerda que la
propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) confirmó la validez de esta fianza, que Crespo se
niega a abonar, y constituyen "un importante estímulo para evitar
que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia". El
auto indica también que el lugarteniente de Correa se ha resistido a
localizar importantes cantidades de dinero.El magistrado instructor
del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido confirmar la fianza
de 1,2 millones de euros impuesta a Pablo Crespo, considerado el
número dos de la trama encabezada por Francisco Correa, que fue
además secretario de Organización del PP gallego. Entre los motivos
que esgrime para no modificar su criterio, tal y como solicita la
defensa, está el riesgo de fuga, ya que el imputado posee numerosos
intereses económicos fuera de España.
De esta forma Pedreira
tiene en cuenta el último informe realizado por la Fiscalía
Anticorrupción en el que justifica la fianza a Pablo Crespo por la
gravedad de los delitos que se le imputan, entre otros los delitos
de falsedad de documento mercantil, cohecho y delito fiscal, y
también por "los importantes intereses financieros descubiertos
hasta el momento en el extranjero y en territorio nacional".
El informe de
Anticorrupción rechaza las alegaciones de la defensa del número dos
de Correa, que sostiene que Crespo carece de los recursos necesarios
para afrontar la fianza de 1,2 millones de euros. Y para desmontar
esta versión, pone de manifiesto que los bienes y las cuentas
embargados a este imputado son únicamente aquellos a los que ha
tenido acceso la investigación a través de los registros públicos,
de documentación aportada por otro de los imputados, concretamente
Arturo Gianfranco Fasana y de la documentación remitida por las
autoridades extranjeras.
Eso es lo que hace que
la fiscalía considere que es posible que no se haya embargado todo
el patrimonio de Pablo Crespo, pues desde un principio negó haber
tenido ningún interés en entidades donde se le han descubierto
cuentas de su titularidad. "De modo que no se puede descartar la
existencia de otros bienes a los que pudiera tener acceso el
imputado", explica el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
Pero independientemente
de las cuentas ocultas de Crespo, la investigación ha puesto de
manifiesto los importantes intereses financieros que posee en
empresas españolas y del extranjero. Concretamente, y según los
investigadores, Crespo dispondría de varias cuentas bancarias en
Suiza y Colombia. Y al menos en una de ellas el saldo, a 21 de mayo
de 2009, era de 1.327.794 millones de euros. Asimismo, también era
titular de varias sociedades e inmuebles en ambos países y en
Panamá.
En España, Crespo era
titular de notables intereses económicos al frente de la sociedad
patrimonial Cresva, mediante la cual tiene una embarcación, varios
inmuebles y acciones de una de las empresas intervenidas en el seno
de la trama: Hator Consulting, SA.
En los diferentes autos
que comprenden la instrucción del juez se pone de manifiesto que el
ex secretario de Organización del PP gallego dejó de declarar en
2006 a Hacienda 539.120,13 euros. Asimismo, el juez sostiene que
todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber
dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, SL", de
la que era titular el número dos de Correa.
Asimismo, la
investigación corrobora que este imputado jugaba "un papel
relevante" en la gestión del patrimonio del cabecilla de la mayor
red de corrupción destapada en España. En concreto, se encargaba de
gestionar el patrimonio de la red, pues estaba autorizado a utilizar
las cuentas bancarias localizadas en el extranjero, en Mónaco.
Crespo es uno de los
tres imputados en el caso Gürtel que todavía permanecen en prisión
preventiva en Soto del Real. Los otros dos encarcelados son Antoine
Sánchez, primo del cerebro de la trama, y el propio Correa.
(www.elpais.com,
21/07/10)
DOS BARCOS PARA PAGAR
LAS DEUDAS DE ORANGE MARKET
El administrador
judicial que gestiona la empresa Orange Market tras la detención de
Francisco Correa ha solicitado al juez Antonio Pedreira que permita
la enajenación de uno de los yates intervenidos en la operación
policial (el Montecristo), con el fin de afrontar con el resultado
de su venta pagos urgentes de la compañía. Asimismo, solicitan al
magistrado que permita la explotación de la embarcación Parapipi,
que utilizaba el número dos de la trama, Pablo Crespo.
El yate que usaba el
lugarteniente de Correa se halla atracado en el club náutico de
Altea (Alicante) desde la detención del cerebro de la trama.
Parapipi es un Astondoa 36, un modelo de yate que ya no se fabrica,
que fue matriculado el año 2000. Esta embarcación tiene casi 12
metros de eslora y, según fuentes del sector consultadas, costaba
nuevo entre 250.000 y 300.000 euros.
La policía halló en el
barco pruebas para sustentar el posible cohecho por el que están
imputados por el juez José Flors cuatro dirigentes de la Comunidad
Valenciana, entre ellos el presidente Francisco Camps, y su número
dos, Ricardo Costa, que recibieron supuestamente más de 30.000 euros
en presuntos regalos de la red que dirigía Francisco Correa.
Por el contrario, el
barco Montecristo estaba registrado a nombre de una empresa con sede
en Gibraltar, Blue Horizon.
En este sentido, los
agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de
la Policía Nacional llegaron a contabilizar movimientos por valor
cercano al millón de euros entre el Peñón y España. Caroqui SL, cuyo
objeto social es la compraventa de bienes inmuebles, fue recibiendo
ingresos desde la cuenta de Pacsa, una sociedad creada en paraísos
fiscales del Caribe.
(www.elpais.com,
21/07/10)
LA ANSIEDAD ALEGADA
POR CORREA NO LE SIRVE PARA SALIR DE LA CÁRCEL
El presunto cabecilla de
la trama Gürtel, Francisco Correa, tendrá que seguir en prisión. La
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
rechazó en un auto todas sus alegaciones, incluida la de padecer
crisis de ansiedad, puesto que es la "propia de la privación
provisional de libertad general a todo preso preventivo y puede ser
tratada adecuadamente en el medio penitenciario".
La resolución insiste en
la legalidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el
primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, salvo las
anuladas por la Sala, es decir, las que mantuvieron con sus abogados
los tres imputados presos: Correa, el considerado su lugarteniente,
Pablo Crespo, y el primo del primero acusado de actuar como su
testaferro, Antoine Sánchez.
"En este sentido afirma
la resolución fechada el 2 de julio, pero notificada a las partes,
debe destacarse que en diversas conservaciones telefónicas (cuya
licitud ha sido expresamente declarada por la Sala) mantenidas en
2008 y a principios de 2009, se constató" que Correa "mostró una
predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero,
efectuando diversas inversiones inmobiliarias en Colombia y
actividades en Panamá, habiéndose localizado activos superiores a 17
millones de euros en Suiza."
Precisamente la semana
pasada declaró ante el juez un nuevo imputado, el empresario
colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro, a quien se acusa de
ayudar a Correa en las gestiones que realizó encaminadas a lograr la
residencia en un país suramericano y a adquirir propiedades en
países de ese continente.
La Sala recuerda las
"evidencias patrimoniales y activos descubiertos fuera de España",
pese a la "penosa y difícil localización" que plantean, al
encontrarse en paraísos fiscales, para hacer hincapié en el riesgo
que existe de que Correa se fugue, siga delinquiendo o destruya
pruebas, si queda en libertad. Por eso, en ningún caso su
encarcelamiento obedece como alega la defensa, que ejerce el letrado
José Antonio Choclán al cumplimiento anticipado de la pena, sino a
que el imputado esté presente en el juicio que se celebrará.
El auto, del que ha sido
ponente el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también
considera proporcionada la prisión de Correa por "la gravedad de los
plurales delitos que se le imputan", por los que le ha sido impuesta
una fianza pecuniaria de 85 millones de euros para hacer frente a la
responsabilidad a la que puede ser condenado.
La Sala explica también
que se debe al respeto que le merece la defensa de las partes, pero
también "el derecho de la sociedad a aclarar las hipotéticas
responsabilidades indiciariamente ya apreciadas y que se han ido
consolidando en el tiempo".
Con estos mimbres, el
tribunal niega otro de los argumentos de la defensa. Para hacerlo
señala que, a medida que han avanzado las investigaciones, Correa
"aparece como el principal responsable de la red de corrupción"
desarticulada, por lo que "no merece un trato igual al de otros
responsables imputados en la causa".
La defensa también
recurría a la anulación de las conversaciones con abogados
realizadas en la cárcel. La Sala le recuerda que los indicios
existentes contra Correa son anteriores o no se ven afectados por
ellas, sin perjuicio de lo que resuelva el incidente de nulidad de
actuaciones abierto tras aquella decisión.
(www.publico.es,
08/07/10)
EL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MADRID CONFIRMA LA PRISIÓN DE CORREA
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha confirmado la decisión del juez instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, de mantener en prisión incondicional
al principal responsable de la trama corrupta, Francisco Correa.
El tribunal aprecia que
"persisten (...) el riesgo de fuga del interno preventivo, que
altere o destruya pruebas y la comisión de nuevos hechos delictivos,
aparte de la propia gravedad de los hechos que son objeto de la
imputación que pesa sobre el recurrente".
Para el tribunal, la
medida cautelar de prisión preventiva es proporcionada a la gravedad
de los delitos que son imputados a Correa y es "evidente la
persistencia del riesgo de fuga", por las evidencias patrimoniales y
activos descubiertos fuera de España. El auto destaca que en
conversaciones telefónicas, cuya licitud ha sido declarada
expresamente por la Sala, Correa "mostró una predecible intención de
ubicar su residencia en el extranjero, efectuando inversiones
inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá y activos
superiores a 17 millones en Suiza".
(www.elpais.com,
08/07/10)
ANTICORRUPCIÓN
ADVIERTE DEL INTENTO DE CORREA DE OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía
Anticorrupción ha advertido al juez instructor del 'caso Gürtel',
Antonio Pedreira, del intento de Francisco Correa de obstruir la
investigación con "nuevas escrituras, contratos y otras operaciones
continuadoras de delito". En el escrito, las fiscales del caso se
pronuncian sobre la petición de libertad provisional reclamada por
el abogado José Antonio Choclán. El letrado esgrime como motivos de
la impugnación la falta de motivación de la resolución y la
insuficiencia gravedad de las infracciones que se le imputan para
justificar la prisión preventiva.
Frente a los citados
argumentos, Anticorrupción insiste en que los requisitos que
fundamentan su permanencia en prisión siguen vigentes; riesgo de
fuga; peligro de obstrucción de la investigación; y la gravedad de
los delitos de los que se le acusa por su implicación en la trama
corrupta. Sobre el riesgo de fuga, la Fiscalía recuerda que hay
conversaciones que ponen de manifiesto la intención de Correa de
residir en el extranjero ante la posibilidad de que le se incoara un
procedimiento penal contra él.
Además, señala que
consta en la causa documentación acreditativa de un importantísimo
patrimonio del imputado fuera de España que le facilitaría
considerablemente su residencia en otros país. De la declaración de
Arturo Gianfranco Fasana se extrae un saldo de más de 17 millones de
euros en una cuenta de Correa.
En cuanto a la
obstrucción de la causa, Anticorrupción insiste en que el riesgo
"pervive en la actualidad". "Las conversaciones intervenidas y que
se han visto confirmadas por numerosa documentación, reflejan un
claro intento de eludir responsabilidades con nuevas escrituras,
contratos y otras operaciones continuadoras de delitos", recoge el
escrito. "No debe olvidarse sobre este particular que la evitación
de que se hagan efectivas las responsabilidades civiles derivadas de
la causa, se realiza destruyendo también elementos probatorios
importantes. Un peligro concreto y fundado, al respecto, resulta de
las actuaciones patrimoniales realizadas o intentadas entre octubre
de 2008 y primeros de febrero de 2009", señala.
El cerebro de la red
corrupta investigada se encuentra encarcelado en la prisión de Soto
del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de
capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación
ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico
de influencias.
El abogado de
Correa, José Antonio Choclán, ha solicitado en repetidas ocasiones
la puesta en libertad de su cliente, siendo denegada por el alto
riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas.
Pedreira alegó que el empresario intentó fugarse antes de su
detención y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá Correa
se enfrenta sólo por el delito fiscal al pago de una fianza de 85
millones de euros por defraudar 18 millones de euros en concepto de
lo evadido en su IRPF, desviando los beneficios de sus operaciones a
paraísos fiscales. Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que
estalló la
operación Gürtel, las cuentas bancarias,
los depósitos y valores de Correa se encuentran bloqueados por orden
judicial.
De igual modo, ocurre
con las cuentas del resto de los cabecillas de la red corrupta. Al
jefe de la 'red Gürtel' se le acusa de dirigir un grupo organizado
de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la
publicidad, organización de eventos o diseño de campañas
promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos
pertenecientes a las Administraciones públicas.
(www.lavanguardia.es,
08/07/10)
EL HOMBRE DEL AVE DE
LAS 9 HORAS
José Guillermo Pariente
Muñoz llegó a Ciudad Real de la mano del entonces concejal de
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, de quien fue
hombre de confianza entre 2003 y 2005. Herráez, que sabe mucho de
ladrillos y salpicado por la trama Gürtel, “colocó” a Pariente en el
consistorio manchego, que presidía el también popular Francisco Gil
Ortega, quien depositó en él toda su confianza inmobiliaria
nombrándole gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda. Y aquí,
entre Puerta de Atocha y la estación ciudarrealeña del AVE, estuvo
Pariente dos años yendo y viniendo casi todos los días de Madrid a
Ciudad Real, y de paso, cuando tenía tiempo, llamaba al cabecilla de
la pandilla gürteliana, Francisco Correa, que en una conversación
intervenida por la Justicia reconoce que: "Guillermo Pariente quiere
hacer negocios conmigo en Ciudad Real".
Y es que a Pariente no
le es ajena la imagen de Francisco Correa, Don Vito, como gustaba
que le llamaran al cabecilla de la banda Gürtel. Tanto es así que en
la época en la que era mano derecha de Sigfrido Herráez, su
concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events,
una de las empresas de Correa. Sin embargo, nuestro protagonista
escurría con mucha facilidad el bulto y se presentaba como un mero
técnico de urbanismo, aplaudido por el PP hasta la saciedad, como lo
prueban las palabras elogiosas que pronunció la alcaldesa de Ciudad
Real, Rosa Romero, el día de su despedida (13 de julio de 2007) al
frente de la Empresa Municipal de la Vivienda. “Nada de lo que se ha
hecho hasta ahora hubiera sido posible si no es gracias a su buena
gestión, con la que ha ayudado a este Ayuntamiento y a la ciudad”.
Entre dos fuegos
Guillermo abandonó
definitivamente el AVE, dejó de acudir al bar Los Faroles, situado
en la Plaza del Pilar, muy cerca de la calle Alarcos donde acudía no
todos los días a su puesto de trabajo, y se difuminó entre la
“neblina” de la indiferencia hasta que el 22 de enero de 2009, el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, lo rescata del olvido e
incomprensiblemente le nombra director general de Producción de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). La designación más
efímera de la Corte y Villa, ya que el propio Gallardón le destituye
sólo tres semanas después. La presunta trama corrupta que investiga
el juez Baltasar Garzón coge al PP madrileño y valenciano con el pie
cambiado y a Pariente entre dos fuegos (Madrid y Ciudad Real) que le
dejan achicharrado.
La “misma Correa”
Sólo Gallardón es capaz
de atarse dos veces con la “misma Correa”. El portavoz socialista,
Pedro Sánchez, recordó a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez,
que Pariente "tenía más puntos políticos que técnicos para el
puesto", pero la popular basó su decisión en la gran experiencia de
Pariente y ser coautor del libro Manual práctico de la promoción
inmobiliaria, como no podía ser de otra forma, claro.
(www.elplural.com,
05/07/10)
¿QUÉ NEGOCIOS TENÍA
DON VITO CORREA EN LA CIUDAD REAL DEL PP?
En 2009, tras la
explosión inicial, la mancha del caso Gürtel salpicó a numerosos
altos cargos de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia. Después
de unos meses estancado, ahora, el mayor caso de corrupción de la
democracia parece haber entrado en una nueva fase. El vertido
empieza a llegar a las Islas Baleares de Jaume Matas y asoma en el
municipio sevillano de Bormujos.
Pero existe otro punto
en el mapa sobre el que el PP aún no ha dado suficientes
explicaciones: Ciudad Real. El municipio gobernado por los populares
tiene una mención especial en el sumario Gürtel que, por una
anécdota, ha pasado desapercibida y ha permitido a María Dolores de
Cospedal no tener que dar explicaciones sobre los vínculos de
Francisco Correa con la ciudad manchega.
El sumario del caso
Gürtel recoge una grabación efectuada en 2007. Según la
transcripción policial, Correa atiende una llamada telefónica para
dar unas indicaciones. Al terminar, indica a quienes le acompañan
que es “un pariente suyo y que quiere hacer negocios con él”. En
realidad, cuando Correa dice "es Pariente", se está refiriendo a
José Guillermo Pariente Muñoz, gerente de la Empresa Municipal de
Urbanismo, Suelo y Vivienda (Emusvi), de Ciudad Real. Y sí, Correa
presume: "Quiere hacer negocios conmigo".
Un salto cualitativo
La pequeña confusión
supone un salto cualitativo. Pariente era por entonces el gerente de
la empresa pública que gestionaba el suelo y las recalificaciones de
terrenos en Ciudad Real, ciudad gobernada por la popular Rosa
Romero. En la empresa homóloga de Boadilla del Monte era donde
Correa tenía sus contactos claves: los imputados Tomás Martín
Morales, el diputado madrileño, Alfonso Bosch, y el concejal José
Galeote.
“La campanada de España”
Según la grabación
efectuada a Correa, es Guillermo Pariente el que viene desde Ciudad
Real a Madrid para “hacer negocios conmigo”. El cabecilla de la
Gürtel desvela sus planes a los presentes: “Quiero que me den un
Plan General bueno”. Según Correa, “Ciudad Real está subiendo como
la espuma” y él se trae entre manos un asunto que “va a ser la
campanada de España”.
“Donde siempre”
Las indicaciones de
Correa a Pariente también son reveladores por dos razones. Por una
parte, deja en evidencia que los contactos entre ambos eran
habituales, ya que le confirma que pueden quedar “donde siempre”.
Además, no necesita recordarle la dirección de su despacho en la
Calle Serrano. Sólo le hace falta mencionarle que es “el 4º
Izquierda”.
“Mira a los lados”
Por otra parte, la
actitud paranoica de Correa demuestra que no planeaban nada
excesivamente limpio. “Date una vuelta antes de entrar, ¿eh?”, le
sugiere a su interlocutor, “y mira bien a los lados”. Incluso, en un
momento de la conversación en que se hace el silencio, Correa se
asusta: “¿Qué pasa? ¿¡Por qué te quedas callado!?”.
De Madrid a Ciudad Real
El sumario recoge que
José Guillermo Pariente Muñoz, además de ser gerente de la Emusvi,
“era el hombre de confianza del Concejal de Madrid, Sigfrido
Herraiz”. Herraiz dejó el Ayuntamiento de Gallardón en septiembre de
2005 y, siempre según el sumario, “antes de irse lo colocó [a
Pariente] en la Empresa de Vivienda de Ciudad Real”. Antes de
aterrizar en La Mancha, Pariente fue Director de Gestión de Vivienda
y Patrimonio en la capital.
Responsable de Vallecas
Por su parte, Herraiz
sólo duró dos años con Gallardón, pero su mejor etapa la vivió con
el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano. Con él, empezó
siendo concejal por La Latina para acabar en el distrito de
Vallecas, siendo concejal de Vivienda y presidiendo la
correspondiente Empresa Municipal de Vivienda. Su marcha fue
polémica, ya que dejó el sector público para convertirse en
vicepresidente de Rayet, empresa encargada en aquel momento de
construir diversos edificios en las zonas bajo control de Herraiz:
Vallecas y el Ensanche de Vallecas.
De visita por Boadilla
Durante su etapa en
Ciudad Real, a mediados de 2006, Guillermo Pariente acompaña al
entonces alcalde de la ciudad, Francisco Gil-Ortega Rincón, de viaje
al epicentro de la Gürtel, Boadilla del Monte. Allí, el ex alcalde
imputado, Arturo González Panero El Albondiguilla, les hace un tour
por las infraestructuras de la ciudad. Según recogió una publicación
local, la delegación “mostró especial interés (…) por el Parque del
Deporte y la Salud”. Casualmente, esta es una obra de 30 millones
adjudicada a la empresa Hispánica, operación por la cual, la trama
Gürtel percibió dinero negro, según el sumario.
Imagina
En noviembre de 2009,
los socialistas de Ciudad Real denunciaron que los vínculos de
Guillermo Pariente aparecían en el sumario Gürtel. Tras una larga
disputa, consiguieron acceder a los contratos firmados por Pariente
en el Emusvi. Entre ellos, había dos adjudicaciones para montar
eventos en torno a unos sorteos de viviendas, que fueron concedidos
a Imagina. Más tarde, se sabría que dicha empresa estaba vinculada a
la trama.
¿Y Cospedal?
Mientras tanto, la
coalición de Gobierno no da explicaciones de estos contratos. “La
alcaldesa ha llegado a decir que el Emusvi y el Ayuntamiento son
cosas distintas”, explica Pilar Zamora, portavoz socialista en
Ciudad Real. El desliz era tan evidente “que tuvo que retractarse
inmediatamente”. Por su parte, la presidenta del PP
castellano-manchego, María Dolores de Cospedal, tampoco habla del
tema: “Cuando ha venido por aquí y se lo han preguntado, ha eludido
las preguntas”, afirma Zamora.
(www.elplural.com,
05/07/10)
EL TESTAFERRO DE
CORREA EN COLOMBIA AYUDARÁ AL JUEZ
El empresario colombiano
Miguel Uriel Hernández Chavarro declaró ayer por espacio de cuatro
horas ante el juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio
Pedreira, instructor del caso Gürtel. Se comprometió a entregar
documentos que esclarecerán las actividades económicas que el
presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desarrolló en
Colombia y Venezuela.
Hernández Chavarro está
considerado por los investigadores uno de los testaferros que Correa
utilizaba en esos países para hacer negocios y adquirir propiedades
en su nombre en Colombia, en concreto, en Cartagena de Indias. Se lo
acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda
Pública. Es una persona muy importante dentro de la estructura de
Correa en el exterior, según la policía.
No es el único imputado
que ha comparecido ante el juez Pedreira en los últimos meses por
colaborar con los imputados en la trama a blanquear dinero.
Recientemente también lo ha hecho Carmen Leonor Hallax, apodada La
Bruja, que además ayudó presuntamente a Correa a obtener el permiso
de residencia en un país suramericano.
La detención de
Hernández Chavarro se produjo el miércoles en la calle Goya de
Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo puso
a disposición del juez, que decidió interrogarlo como imputado, pese
a las reticencias de la Fiscalía Anticorrupción, más partidaria de
que se le tomara declaración como testigo.
En informes policiales
que constan en el sumario figura que Correa pidió ayuda a Hernández
para tratar de conseguir un permiso que acreditara de alguna forma
su residencia legal en un país de Suramérica. Según la policía, el
último imputado en la causa "se habría desplazado a Venezuela, entre
otras cosas, para tal gestión, habiéndose reunido dicha persona con
Hugo, el comandante', como indica el propio Correa".
Hernández, de 48 años,
es uno de los directores del Grupo Empresarial Energing, cuyo objeto
principal es la comercialización de energía eléctrica y la promoción
y desarrollo de productos asociados al sector eléctrico. La entidad
tiene presencia en distintos países, como Colombia, Panamá, Estados
Unidos y Venezuela.
Ha sido socio del ex
vicepresidente de Repsol también imputado en el caso José Ramón
Blanco Balín, quien se lo presentó a Correa para que ambos hicieran
negocios juntos.
La colaboración entre
ambos era mutua. De hecho, la policía ha encontrado indicios de que
Hernández pidió a Correa que, a través de los también imputados
Pablo Collado y Carlos Clemente Aguado que fue viceconsejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid, mediase con el Ayuntamiento
de Bogotá para que se nombrara a una persona determinada como
gerente de la Empresa de Energía de dicha ciudad. En concreto,
Hernández quería que ese puesto recayera en un tal Álvaro Villegas,
pero su nombre no aparecía en la lista de candidatos con la que
contaba el alcalde.
Este dato se lo dio
Carlos Clemente Aguado a Correa el 19 de enero de 2009, 18 días
antes de que estallara el escándalo con la detención del presunto
cabecilla de la trama. Aguado, que era amigo de Yuri Chillán Reyes,
secretario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se disponía a ir a la
Comunidad de Madrid para recoger una medalla por los servicios
prestados.
Hernández también pidió
a Correa que la trama intercediese para cubrir una vacante que se
iba a producir en la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento de la
Secretaría de Infraestructuras.
El juez Antonio Pedreira
tiene varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países para
tratar de recuperar el dinero del erario público presuntamente
sustraído por la trama. La ayuda de Hernández puede ser crucial para
lograrlo.
(www.publico.es,
02/07/10)
EL FISCAL CRITICA LA
"GRAVEDAD" DE LA ACTUACIÓN DEL PP EN GÜRTEL
La Fiscalía
Anticorrupción ha criticado la "gravedad" que comporta la actuación
procesal del PP en el caso Gürtel, después de haber acusado de
parcialidad, falta de objetividad y ligereza a varios funcionarios,
en su recurso contra la decisión del instructor Antonio Pedreira de
remitir parte de la causa a Valencia. Anticorrupción enumera las
descalificaciones que dirige el PP a la fiscalía, a la que acusa de
perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar
incluso en el fraude procesal". Según Anticorrupción, todas esas
imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor,
Pedreira, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del
ministerio público.
El PP también tildó de
"peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de
Delincuencia Económica y financiera de la Policía (UDEF), a los de
la Agencia Tributaria y los interventores del Estado. El PP está
formalmente personado en la causa como "acusación popular".
(www.elpais.com,
23/06/10)
LA FISCALÍA CONSIDERA
GRAVES LOS ATAQUES DEL PP CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL CASO GÜRTEL
La Fiscalía ha impugnado
el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio
Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la
gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios
públicos. En el escrito remitido al juez el viernes, la Fiscalía
Anticorrupción expresa "la gravedad" que comporta la actuación
procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial
"vierte sobre distintos funcionarios públicos" acusaciones de
parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza.
Anticorrupción enumera
las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de
Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la
imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en
el fraude procesal". Indica que todas estas imputaciones "deben
entenderse extensivas" al juez instructor, ya que éste acogió
íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que
el PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los
inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de
la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores
del Estado.
Anticorrupción defiende
la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos
informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que
ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino del
juez instructor. Para la Fiscalía, la "corrección formal" es si cabe
más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que
ejerce el PP en el caso, "toda vez que ni siquiera puede ampararse
en la vehemencia de la defensa".
En este sentido, añade
que "hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto
continúa personado como acusación popular continúa comprometido en
el ejercicio de la función constitucional" que a esta acusación
corresponde, "absolutamente alejada de la posición procesal de
defensa". Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura
insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al TSJCV es
totalmente procedente debido al aforamiento de las personas
investigadas y la "conexidad" de los delitos.
Así, reitera que el
último informe de la Intervención General del Estado ha revelado
irregularidades en la contratación entre la Generalitat y Orange
Market, dirigida por El Bigotes, considerado el cerebro de la trama
en Valencia.
Recuerda que en varios
de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como
Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se
investigaba en Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio.
Otro informe al que
alude es el de la Agencia Tributaria del 6 de mayo, que destapó
posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre
Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año delos comicios
autonómicos.
(www.levante-emv.com,
23/06/10)
LA FISCALÍA DENUNCIA
LA "GRAVEDAD" DE LA ACTUACIÓN DEL PP EN EL "CASO GÜRTEL"
La Fiscalía ha
impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del
caso Gürtel en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la
causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de
ese partido contra funcionarios públicos.
En el escrito remitido
al juez el pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa "la
gravedad" que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para
oponerse a una decisión judicial "vierte sobre distintos
funcionarios públicos" acusaciones de parcialidad, falta de rigor y
objetividad y ligereza.
Anticorrupción enumera
las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de
Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la
imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en
el fraude procesal".
Indica que todas estas
imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, ya
que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio
Público, y recuerda que el PP también tildó de "peritos parciales"
del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica
y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y
los interventores del Estado.
Anticorrupción defiende
la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos
informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que
ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino que
actúan por mandato del juez instructor.
Para la Fiscalía, la
"corrección formal" es si cabe más exigible cuando se trata de una
acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, "toda vez
que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa". En
este sentido, añade que "hay que partir de la presunción de que (el
PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa
comprometido en el ejercicio de la función constitucional" que a
esta acusación corresponde, "absolutamente alejada de la posición
procesal de defensa". Además, las fiscales Concepción Sabadell y
Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM
al Tribunal Superior de Justicia de Valencia es totalmente
procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la "conexidad"
de los delitos que han puesto de manifiesto los nuevos datos que ha
arrojado la instrucción.
Así, reitera que el
último informe de la Intervención General del Estado ha revelado
irregularidades en la contratación entre la Generalitat valenciana y
la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes,
considerado el cerebro de la trama en Valencia. Recuerda que en
varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados
-como el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael
Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en
Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio.
Otro informe al que
alude la Fiscalía es el de la Agencia Tributaria del pasado 6 de
mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y
facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año de
la celebración de los comicios autonómicos.
A juicio del Ministerio
Fiscal, la participación del ex secretario general del PP en
Valencia Ricardo Costa en estos hechos podría determinar una
calificación jurídica diferente de los regalos que recibió de la
trama, que son el objeto de la instrucción del tribunal valenciano.
La Fiscalía considera
que con los nuevos datos aparecidos es preciso comprobar la posible
relación entre los regalos que recibieron Costa, Betoret, el ex
vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, y los cargos que éstos ocupaban
en el PP de Valencia y el Gobierno de esta Comunidad.
Por último,
Anticorrupción defiende la importancia de inhibición de Pedreira
ante "la eventual prescripción" de alguno de los delitos
investigados.
(www.publico.es,
23/06/10)
ULIBARRI UTILIZÓ SUS
EMPRESAS PARA COMPRAR UN YATE A CORREA
El constructor José Luis
Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por pagar presuntamente
comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones públicas, utilizó
cinco de sus empresas para comprar en 2005 el yate Carmen Junior III
a Francisco Correa. Según un informe elaborado por los expertos en
delitos económicos de la policía y entregado al juez Antonio
Pedreira el 24 de mayo, Ulibarri pagó casi 400.000 euros por el yate
y el gasto lo distribuyó entre sus empresas, que declaraban encargos
"ficticios" a la trama en lugar del motivo real del gasto.
La operación se llevó a
cabo el año antes de que, según la investigación, Ulibarri obtuviera
la adjudicación para construir 139 viviendas en Boadilla del Monte,
el epicentro del caso Gürtel en Madrid, a cambio presuntamente de
pagar a Correa una comisión de tres millones de euros. Ulibarri,
cuyo conglomerado empresarial tiene como base Castilla y León, es un
constructor muy próximo al PP y al Gobierno de esta comunidad, que
tras su imputación en el caso Gürtel le adjudicó la gestión de la
televisión autonómica.
La operación del yate
muestra la coordinación entre Ulibarri y Correa. En la adquisición,
que tras la venta pasó a llamarse Itciar I, participaron diez
empresas: cinco de Ulibarri (Peñalba, Begar SA, Begar Construcciones
y Contratas, Conseil Cabinet y Seralia) y cinco de la trama (TCM,
Easy Concept, Good and Better, Rialgreen y Pasadena).
Formalmente, la venta se
realizó de Pasadena a Conseil Cabinet por 223.000 euros. El resto se
repartió a través de las otras empresas de Ulibarri y de la trama
por teóricos servicios que nada tenían que ver con el yate.
"De esta forma se diluye
el pago del sobrecoste de la embarcación en diferentes facturas
emitidas por sociedades de Correa a distintas compañías de
Ulibarri", sostiene la policía. Y añade: "Con ello se logra
justificar la salida de fondos de las sociedades de Ulibarri y la
entrada de los mismos a las de Correa, si bien no se corresponden
con una verdadera prestación de servicios".
La operación "alteró la
imagen fiel de los estados contables" de las empresas de Ulibarri
Begar, su buque insignia, se encuentra en concurso de acreedores
desde junio de 2009 y causó "un perjuicio a la Hacienda pública en
forma de adulteración de las cuentas de explotación y de la
liquidación del IVA".
Los servicios
declarados, que la policía considera "ficticios" y con el objetivo
de "enmascarar un sobrecoste de la embarcación", son encargos
"genéricos y sin concreción". Las empresas de Ulibarri no han
aportado las facturas requeridas alegando que no las han podido
localizar, pese a que la ley obligaba a conservarlas hasta julio de
2010.
Estos servicios
coinciden siempre con las anotaciones de la compra del yate que
constan en el documento "Detalle Vta. Barco" que formaba parte del
pen drive que la policía se incautó en el registro del domicilio del
contable de la trama.
La Fiscalía
Anticorrupción del área de Ponferrada (León) ha archivado la
querella del sindicato ‘ultra' Manos Limpias contra un pelotazo
urbanístico de 2002 que favoreció a José Luis Ulibarri.
El alcalde y diputado
nacional del PP, Carlos López Riesco, que ayer se mostró exultante,
cedió parcelas para construir 2.000 pisos en el barrio de La
Rosaleda a Ulibarri, que pagó apenas un 20% del precio de mercado.
En 2007, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León anuló la reforma urbanística
que facilitó el proyecto. En 2008, el mismo tribunal anuló la
adjudicación por falta de respeto del principio de publicidad y
concurrencia.
Anticorrupción ha
archivado las diligencias al no observar indicios de delito. La
oposición mostró sorpresa porque el fiscal se limitó a solicitar
información oficial.
(www.publico.es,
01/06/10)
LA SOMBRA DEL DELITO
ELECTORAL APUNTA A LA CÚPULA DEL PP
La previsible imputación
del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por un presunto delito
electoral cometido en Valencia durante las elecciones municipales de
2007 ha infligido a la cúpula nacional del PP un golpe inédito hasta
ahora en el caso Gürtel. Porque de todos los delitos que se
atribuyen a Bárcenas, que ya era sospechoso de blanqueo y fraude a
Hacienda, sólo el electoral pudo cometerlo no a título particular
sino precisamente por su condición de administrador general del
partido.
En un país cuyo Código
Penal sigue sin tipificar la financiación ilegal, el delito
electoral aparece aquí como uno de los de mayor calado político:
porque su comisión no perseguía engrosar las cuentas privadas de
nadie sino las del partido cuyos dirigentes supuestamente lo
perpetraron.
Es ese delito electoral
el que compromete de modo drástico al conjunto del equipo de Mariano
Rajoy, bajo cuyo mandato Luis Bárcenas presentó ante el Tribunal de
Cuentas la contabilidad de los comicios locales de 2007. A
diferencia de lo que sucede con las elecciones autonómicas, donde
los partidos presentan sus cuentas propias en cada comunidad, en las
municipales hay una sola cuenta estatal por cada formación política.
Y eso significa que la responsabilidad recaerá sobre Bárcenas en lo
penal y la ejecutiva nacional del PP en lo político si, tal como
sostienen Anticorrupción y el juez Pedreira, el partido pagó en
Valencia gastos de la campaña municipal con dinero negro y permitió
que la red corrupta endosara facturas electorales a empresarios
afines a los conservadores.
El artículo 149 de la
Ley Electoral (Loreg) no ofrece dudas: se arriesgan a penas de hasta
tres años de cárcel los administradores generales "que falseen las
cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier
artificio que suponga aumento o disminución de las partidas
contables". Justamente, lo que, según los investigadores del caso
Gürtel, ocurrió en Valencia.
Según el PP, la
dirección nacional está libre de polvo y paja dado que resulta
imposible "vigilar cada acto de unas elecciones municipales", aducen
fuentes del partido. "Si te acreditan con facturas que han gastado
cinco pero en realidad han gastado ocho, no hay manera de saberlo",
añaden los portavoces oficiales de los conservadores.
Ese argumento desbarata
el estribillo repetido estos días por la derecha mediática: que el
Tribunal de Cuentas consagró la limpieza de las cuentas del PP y
que, por tanto, el auto de Pedreira no se sostiene. Pero el Tribunal
de Cuentas, como ocurrió con la Sindicatura de Comptes en Valencia
en lo concerniente a las elecciones autonómicas, sólo verificó si
los documentos presentados se ajustaban a la ley. Y resulta obvio
que el Partido Popular no comunicó al tribunal ni los pagos en negro
ni las facturas falsas endosadas a terceros.
Aquella doble campaña
municipal y autonómica evidenció un despliegue de medios sin
parangón: aluvión de actos, aluvión publicitario y aluvión de
merchandising electoral en la carrera por el voto.
Pero, a tenor de la
versión oficial del PP, a nadie en la sede central del partido llamó
la atención aquella demostración de poder económico en una comunidad
donde el límite legal de gasto para ambas campañas se había fijado
en 1.634.348 euros, según se desprende de los informes del Tribunal
de Cuentas y corroboran los técnicos en contabilidad consultados por
Público.
El gasto real, y así lo
acreditan los informes policiales y de Hacienda , fue muy superior:
en las dos campañas simultáneas, el PP habría ocultado a Hacienda
2,5 millones de pagos en dinero negro. Y habría aceptado que la red
corrupta endosara a empresarios afines facturas electorales por
376.000 euros. En otras palabras, se nutrió de fondos que duplicaban
lo permitido por la legislación electoral.
Tras constatar los
indicios de ilegalidad referentes a 2007, el juez investiga ahora si
el PP cometió otro delito electoral en las elecciones generales de
2008. Cuando el auto de Pedreira se conoció el miércoles, fuentes
oficiales del PP aseguraron que Bárcenas continuaba siendo el
administrador general del partido en esa campaña.
El viernes, portavoces
del partido corrigieron esa información para precisar que el cargo
de administrador correspondió en aquella campaña a Cristóbal Páez.
Fue Páez quien sustituyó de manera interina a Bárcenas como tesorero
del PP mientras el ex senador permaneció temporalmente apartado de
su responsabilidad interna. Bárcenas cesó definitivamente como
tesorero en abril. Lo relevó el ex ministro José Manuel Romay
Beccaría.
(www.publico.es,
31/05/10)
EL JUEZ RECHAZA DE
NUEVO PONER EN LIBERTAD A CORREA
Francisco Correa lleva
en prisión provisional desde hace más de un año y, por el momento,
esta situación no va a cambiar. El juez que investiga la rama
principal del Caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha rechazado una nueva
petición de su abogado, José Antonio Choclán, para que sea puesto en
libertad. Pedreira asegura que existe riesgo de fuga y de que oculte
o destruya pruebas. Además, subraya la gravedad de los delitos por
los que está imputado. El magistrado tampoco acepta el argumento de
que está empeorando el estado de salud del presunto cabecilla de la
red Gürtel y sostiene que "los informes médicos no son suficientes
para modificar su situación".
Pedreira acepta así el
informe de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas y
que se había mostrado en contra de la puesta en libertad de Correa.
El documento del Ministerio Fiscal dedicaba un apartado a las
escuchas practicadas a los abogados de los detenidos en prisión.
Señalaba que, después de
que el Tribunal de Justicia de Madrid las hubiera anulado, Correa ya
no puede tener duda alguna de "la inexistencia de intervenciones en
las comunicaciones con su letrado, con lo que dispone de plena
libertad para ejercer su derecho de defensa". Aunque a renglón
seguido, advertía de que la nulidad de esas conversaciones no tiene
porqué generar "vicios o lesiones irremediables"
(www.cadenaser.com,
27/05/10)
PEDREIRA INVESTIGA UN POSIBLE DELITO
ELECTORAL DEL PP DE RAJOY EN LAS GENERALES
DE 2008
El juez que instruye el caso Gürtel en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Antonio Pedreira, cree que el Partido
Popular pudo financiarse de forma ilegal en
la campaña de las elecciones generales de
2008. En concreto, "el Partido Popular se
encuentra pendiente informe de la AEAT
[Agencia Estatal de Administración
Tributaria] sobre si los pagos investigados
se refieren a la campaña electoral de las
elecciones celebradas el 9 de marzo de
2008".
De ser así, el juez Pedreira sostiene que
"los hechos podrían ser constitutivos de un
delito electoral del que sería autor el
administrador general del Partido Popular en
esas elecciones (generales de 2008) cuya
identidad en este momento se desconoce".
Para delitos, los del PP Valenciano
En un auto hecho público este miércoles ,
Pedreira también destaca que existen
indicios de delito fiscal del PP valenciano
en 2007 porque no declaró 2,5 millones de
euros. Por este motivo, el juez ha remitido
al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte
de la investigación sobre supuestos delitos
electorales y cohecho, entre otros, que
afectaría a altos cargos del PP valenciano.
Su objetivo es que no prescriban los
presuntos delitos electorales que resultan
de los informes de la Agencia Tributaria, de
la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban
presuntas irregularidades en la financiación
del PP de Camps.
Delito electoral
El magistrado, asumiendo la petición y el
informe de la Fiscalía, ve en la actuación
de algunos miembros de la Generalitat y del
PP de Valencia indicios de delito electoral,
contra la Hacienda Pública y de falsedad en
documento mercantil durante los ejercicios
de 2007 y 2008, además de cohecho y
prevaricación. A éstos delitos añade los de
blanqueo de capitales porque "su conexión"
con los anteriores es "indiscutible" como lo
es, también, el de asociación ilícita.
Nombres propios
El juez apunta al ex secretario del PPCV
Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente
Rambla y al diputado David Serra, además del
ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la
administradora general del partido durante
los citados comicios municipales, Yolanda
Ibañez, como presuntos autores de un delito
electoral. Aunque señala que todavía no se
puede "desdeñar el cargo" que ocupa en el
partido el presidente valenciano, Francisco
Camps.
Deudas con la Gürtel
Según el juez Pedreira, el informe aportado
por la Agencia Tributaria refleja que un
"importante porcentaje de la deuda"
contraída en 2007 por el PPCV con la
mercantil "se habría abonado de forma opaca
en efectivo por aquél". Otra parte -al menos
345.200 euros- "habría sido pagada por
algunos empresarios mediante el abono de
facturas emitidas por Orange Market", la
empresa dirigida por el considerado
responsable de la trama Gürtel en Valencia,
Álvaro Pérez, El Bigotes.
Donaciones bajo sospecha
Las facturas, añade el magistrado,
"reflejarían servicios inexistentes entre
dichas mercantiles" y que, de acuerdo con
todos los indicios, "se elaborarían con el
único fin de encubrir donaciones de esas
empresas al Partido Popular de la Comunidad
Valenciana en cuanto cancelan una deuda de
éste".
Sin anotaciones
Los pagos, insiste, "no habrán sido
reflejados" en las cuentas del PP de
Valencia, "como tampoco lo habrán sido
aquellos pagos que fueron efectuados por
distintas mercantiles y no por el verdadero
deudor, el PPCV", lo que, según Pedreira,
podría constituir un delito electoral.
¿Quiénes son?
El auto también nombra a "el cantante" y "el
príncipe", cuyas identidades se desconocen y
que eran los encargados de efectuar "pagos
opacos por cuenta del PPCV a Orange Market",
cuyos ingresos obtenidos en 2007 "de forma
opaca" fueron de 2.565.891,01 euros. En el
delito electoral "colaborarían" también los
gestores de cinco empresas que abonaron
"parte de los servicios prestados" por
Orange Market al PPCV durante la campaña
electoral de 2007 y, además, los
responsables de esta mercantil: el presunto
cabecilla de la trama, Francisco Correa,
Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido
Herrero, el contable de la sociedad.
Pagos y regalos
Además, Pedreira se refiere a las presuntas
irregularidades entre las empresas
vinculadas a Correa y la administración
valenciana entre 2004 y 2009 que destacaba
el informe de la Unidad de Auxilio Judicial
para sumar los delitos de prevaricación y
cohecho, ya que las supuestas infracciones
"podrían estar relacionadas con pagos o
regalos efectuados" a las personas que
intervinieron en la contratación.
(www.elplural.com,
27/05/10)
LÓPEZ TAMPOCO PODRÍA DECIDIR SOBRE LA
'GÜRTEL'
El magistrado ultraconservador Enrique
López, a quien el PP apadrina como candidato
al Constitucional, no sólo tendría que
abstenerse en la deliberación sobre el
Estatut y la ley del matrimonio homosexual
sino, también, sobre el caso Gürtel si los
imputados pidieran amparo al alto tribunal
por vulneración de derechos fundamentales. A
través de un familiar, López está vinculado
a José Luis Ulibarri, el empresario más
prominente de los imputados por su
participación en la red corrupta.
Miguel Manovel, casado con una hermana del
magistrado, no sólo trabaja para Ulibarri
como directivo y miembro de los consejos de
varias de sus sociedades sino que fue quien
firmó las cuentas de 2005 presentadas por su
empresa UFC, clave en el caso Gürtel:
gracias a un concurso amañado, UFC obtuvo en
2005 la adjudicación de una parcela
municipal en Boadilla (Madrid). La empresa
ganó pese a que ni siquiera estaba dada de
alta en la Seguridad Social y a que su
oferta era peor que las de otras compañías
que acudieron al concurso. Manovel no
atendió ayer las llamadas de Público.
Tras el estallido del caso Gürtel, la
adjudicación de la parcela de Boadilla a UFC
fue descrita por el juez Baltasar Garzón
como paradigma del modus operandi de la red
que dirigía Francisco Correa: concursos
manipulados a cambio de sobornos. "Como
ejemplo de esta forma de actuar se puede
citar la adjudicación de una parcela de
terreno en Boadilla del Monte a la empresa
UFC, de la que es administrador el imputado
José Luis Ulibarri", escribió Garzón. Meses
después, el empresario actuó como ariete
contra Garzón por las escuchas a miembros de
la red corrupta.
Ayer, fuentes próximas al magistrado
restaron importancia a este episodio y se
limitaron a recordar que el cuñado de López
no está imputado en el procedimiento.
Mimado por el PP, que en 2001 lo aupó como
vocal al Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), López se ha destacado por opinar sin
tapujos sobre asuntos pendientes de dictamen
judicial. Como portavoz del CGPJ, se opuso
con ferocidad a la ley del matrimonio
homosexual y suscribió la extravagante tesis
de que dar carta de naturaleza a la unión de
dos personas del mismo sexo abre la puerta a
la legalización de la poligamia.
Sus insultos al Estatut no quedaron atrás.
Desde el mismo momento en que el Parlament
de Catalunya aprobó la nueva norma
estatutaria, López emprendió una campaña de
desprestigio del texto. Con el Estatut,
dijo, se iniciaba "un proceso regular de
reforma de la Constitución", que se veía
"desbordada" de facto y de modo ilegal.
Fuentes empresariales de Castilla y León
sostienen que el PP de esa comunidad fue el
propulsor de López para su salto al Poder
Judicial. Fue en Castilla y León donde
Ulibarri construyó su imperio, que alcanza a
sectores tan dispares como el ladrillo y los
medios de comunicación. En febrero de 2009,
cuando Ulibarri ya estaba imputado en el
caso Gürtel, el Gobierno de Castilla y León
adjudicó la televisión digital autonómica a
una sociedad donde el empresario participa
al 50%. En agosto, la avaló con seis
millones de euros.
(www.publico.es,
26/05/10)
EL PP SÓLO DECLARÓ EL 1% DE SUS PAGOS A
LA TRAMA 'GÜRTEL'
El Partido Popular
ocultó sistemáticamente a Hacienda su
relación con las empresas de Francisco
Correa, que entre 2000 y 2007 le facturó un
mínimo de 23 millones de euros. La relación
de pagos declarados a la Agencia Tributaria,
incorporada al sumario del
caso Gürtel,
muestra que en este periodo el PP sólo
declaró un gasto de 196.214 euros a las
empresas de la trama, lo que supone el 0,8%
del total que en teoría desembolsó.
Hacienda recopila información sobre los
principales proveedores y clientes de las
entidades a través del Modelo 347, por el
que anualmente se detallan los socios
comerciales cuya facturación supere los
3.005,06 euros. La información se recibe por
partida doble: está obligado a presentarlo
tanto el que cobra el servicio como el que
lo paga. Así la Agencia Tributaria se
asegura de que las cuentas casen: que emisor
y receptor declaran lo mismo y, por tanto,
no se escatima el pago de impuestos.
El sumario Gürtel incluye todas las
declaraciones del Modelo 347 presentadas por
las empresas de la trama, que según esta
información facilitada a Hacienda facturó al
PP 23 millones de euros entre 2000 y 2007.
Prácticamente todos sus clientes declaran
haber pagado las mismas cantidades aportadas
por la trama, con lo que la información
casa. Con una única excepción: el PP sólo
declara el 0,8% de los pagos
Los pagos reconocidos corresponden en todos
los casos a actos de FAES. El think tank
conservador declaró el 20% de los pagos que
le hizo la trama en este periodo, según el
listado aportado al sumario.
Una portavoz del PP aseguró a Público que,
al tratarse de un partido político, se rige
por una normativa distinta a la de las
empresas. Según dicha portavoz, los partidos
están sujetos exclusivamente a las reglas
del Tribunal de Cuentas, al que remiten toda
la información, y que, en consecuencia, el
PP no está obligado a presentar el Modelo
347 a Hacienda.
Este periódico ha consultado a técnicos del
Tribunal de Cuentas, de Hacienda y de tres
partidos con representación en el Congreso.
Todos coinciden en que los partidos sí están
obligados a presentar cada año el Modelo 347
y a detallar todos los proveedores. Los tres
partidos consultados lo presentan cada año.
El impreso oficial de la Agencia Tributaria
es tajante. El encabezado detalla quiénes
están "obligados a presentar el modelo". Y
cita explícitamente "los partidos políticos,
los sindicatos y las asociaciones
empresariales".
Interpelada sobre la base legal que
permitiría al PP evitar la presentación a
Hacienda del Modelo 347, la portavoz afirmó:
"El partido dispone de estudios que
concluyen que no tiene la obligación de
presentar este modelo".La ausencia de
declaración por parte del que paga raramente
provoca una inspección fiscal. Hacienda
concentra sus recursos en rastrear a los
proveedores al ser estos los responsables de
abonar el IVA. "Cuando el cliente no declara
algo que sí ha declarado el proveedor no
suele ser para evitar pagar impuestos, sino
porque prefiere ocultar la relación por
algún motivo. Al no haber defraudación,
Hacienda no suele indagar", explica un
inspector.
Sin embargo, el
reciente informe de la Oficina Antifraude de
Hacienda sobre el PP valenciano, que
concluyó que el partido en esta comunidad
ocultó en 2007 al fisco 2,5 millones
facturados por la trama y pagados en negro
por "terceros", ha colocado nuevas
sombras sobre las cuentas del PP.
Las mismas fuentes de Hacienda añaden que
los olvidos en el Modelo 347 agrandan las
dudas, a la luz del informe de Valencia.
Otro documento, incorporado al sumario en
diciembre de 2009, aumenta aún más los
interrogantes. Lo redactó el Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales o Infracciones
Monetarias (Sepblac), adscrito al Banco de
España, y rastrea los movimientos de las
principales cuentas de la trama. El
documento muestra cómo el PP pagaba en
cheques a la Gürtel. Pero todavía ahora no
se ha aclarado la titularidad de importantes
pagadores de los cheques que cobró la trama
por trabajos para el PP.
Rialgreen es un ejemplo emblemático. Entre
2003 y 2004 esta empresa de la trama declaró
ingresos de 4,45 millones. De ellos, el 90%
lo abonó supuestamente el PP, según la
información remitida a Hacienda. Pero en el
informe del Sepblac sobre la principal
cuenta de Rialgreen sólo queda acreditado
que el PP abonó 193.293,69 euros en cheques.
Los pagadores de 12 cheques que sumaron
1,834 millones aún están por identificar.
(www.elplural.com,
25/05/10)
LA QUERELLA POR LAS ESCUCHAS DEL ‘CASO
GÜRTEL’, AMPLIADA A LAS DOS FISCALAS
El abogado Ignacio Peláez, que presentó una
querella contra Baltasar Garzón por ordenar
la intervención de las comunicaciones de
varios acusados por el caso Gürtel que
estaban encarcelados, ha decidido ir más
allá. El letrado ha ampliado la querella a
las fiscalas anticorrupción Concepción
Sabadell y Myriam Segura.
Peláez responsabiliza a ambas de los mismos
delitos que al magistrado, es decir,
prevaricación y contra las garantías de la
intimidad. Pero agrega un matiz: las acusa
de haber omitido una conversación clave
para, según su opinión, exculpar al
presidente de la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, de cohecho por aceptar
varios trajes como regalo. El abogado
subraya que en una de las conversaciones de
Pablo Crespo grabadas este afirma que Camps
«se ha pagado los trajes». «Eso no es
cierto, esa imputación nunca la podrán
demostrar porque no es cierto», aseguró
también Crespo en la charla.
El letrado añade que las aseveraciones no
fueron enviadas al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV) y,
con ello, afirma, se privó a la defensa de
Camps «de una prueba fundamental». No deja
de resultar llamativo que Peláez, que
representa al constructor José Luis Ulibarri
y que abomina de las grabaciones a las que
fueron sometidos los acusados del caso
Gürtel, emplee uno de los fragmentos de
dichas conversaciones para atacar a las dos
fiscalas.
El asunto de los trajes regalados a Camps
fue sobreseído en agosto del 2009 por el
TSJCV. Sin embargo, el 12 de mayo, el
Tribunal Supremo decidió anular esta
resolución y reabrió el caso, para enviarlo
de nuevo al TSJCV.
(www.elperiodico.com,
25/05/10)
Cospedal figura junto a Bárcenas como
apoderada en un cuenta bancaria de la
Gürtel
Los socialistas de Castilla-La Mancha exigen
a la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, que explique por qué su
firma aparece como apoderada de una cuenta
bancaria del Partido Popular que investiga
la Unidad Antifraude (ONIF) de la Agencia
Tributaria en relación con el caso Gürtel.
Firma facultada que comparte también con el
ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas,
imputado en la supuesta trama de corrupción
y financiación ilegal de la formación que
lidera Mariano Rajoy.
La Dirección General de Policía y
Guardia Civil, a través de la Unidad
Central de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Brigada de Blanqueo de
Capitales, remitió a la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el número de una
cuenta bancaria (0075-0446 0600062947),
procedente de la sucursal que el Banco
Popular tiene en la madrileña calle de
Velázquez 34, en la que aparece como
apoderada la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, el ex
tesorero del mismo partido e imputado en
el caso Gürtel, Luis Bárcenas, y
Álvaro Lapuerta, predecesor de este
último en el cargo.
Una de
las tres cuentas investigadas
De la citada cuenta, de la que Cospedal
tiene firma autorizada, salieron en su
día cheques por valor de 3.159.515 euros
destinados a pagar los servicios de tres
sociedades relacionadas con la trama
corrupta Gürtel que lidera el
empresario cercano al PP, Francisco
Correa, encarcelado en la actualidad y
sobre el que pesa la acusación de
numerosos delitos.
Viajes
con la corrupción
Desde esa cuenta también se realizaron
determinados pagos al grupo 'Pasadena
viajes', agencia que Correa utilizaba
para agasajar a sus supuestos socios,
muchos del PP. Del mismo modo, esta
empresa organizaba los desplazamientos
de líderes y funcionarios del partido,
así como para la Federación Española de
Municipios y Provincias cuando la FEMP
era presidida por la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá. Rialgreen,
sociedad mercantil relacionada con el
entramado corrupto, corresponde al
nombre de la tercera empresa que también
recibió dinero de la cuenta de la que es
apoderada Cospedal.
Cuenta
de nóminas y proveedores
Desde el Partido Popular se resta
importancia a que su secretaria comparta
firma con el ex tesorero, asegurando que
se trata de una cuenta donde ingresan el
importe de las nóminas y pago a
proveedores, entre otros. Sin embargo,
los socialistas piden explicaciones a
través de su portavoz en las Cortes de
Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, a
quien “no parece razonable que haya
compartido firma y responsabilidad con
Luis Bárcenas, que lleva siendo
investigado durante un año por
corrupción y que finalmente ha dimitido,
y aún así no haya dado ningún tipo de
explicaciones”.
www.elplural.com
13.05.10
GARZÓN ORDENÓ LAS
ESCUCHAS PARA EVITAR LA EVASIÓN DE LOS FONDOS GÜRTEL
El juez Baltasar Garzón
compareció ayer a declarar por tercera vez ante el Tribunal Supremo,
en esta ocasión sobre las escuchas ordenadas a los principales
implicados de la trama corrupta Gürtel con sus abogados en prisión.
Garzón aseguró ante el magistrado instructor, Alberto Jorge
Barreiro, que su intención al intervenir las comunicaciones no era
enterarse de la estrategia ni limitar los derechos de defensa de los
abogados, sino investigar una trama de especial complejidad y evitar
que los fondos de la trama corrupta saliesen de España.
El juez recordó que los
abogados imputados José Ramón Blanco Balín y Manuel Delgado Solís
habían organizado la estructura empresarial y los movimientos de
dinero y tenían la misión de desvincular de las acusaciones al
cerebro de la trama, Francisco Correa. Según fuentes jurídicas,
Garzón explicó que otros dos abogados, Luis Miguel Pérez y José
Antonio López Rubal, Pepechu, colaboraron en los movimientos de
salida de capitales. Otros dos letrados, uno de ellos Arturo
Gianfranco Massana, tenían encomendado el envío de los fondos a
Suiza y Estados Unidos.
Después de que estos
letrados fueran imputados, Garzón decidió mantener las escuchas al
tener indicios de que Correa y su lugarteniente Pablo Crespo no iban
a cejar en su empeño, y era factible que transmitieran informaciones
a través de los nuevos letrados, incluso sin que éstos fueran
conscientes de que les estaban utilizando. Garzón precisó que esa
técnica es muy utilizada por las redes del crimen organizado.
Posteriormente, y a instancias del fiscal, ordenó expurgar las
conversaciones que afectaban a la estrategia de defensa.
A preguntas del juez
Barreiro, Garzón dijo que ordenó las escuchas al amparo de la Ley
Penitenciaria -que exige la autorización judicial y para casos de
terrorismo- porque los imputados estaban en un centro penitenciario.
Pero también citó "los demás artículos de pertinente y general
aplicación", entre los cuales está el 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , que no excluyen las escuchas en prisión.
El imputado no contestó
a las preguntas de los abogados de la acusación, entre los que
estaban sus antiguos compañeros, el ex juez José Antonio Choclán y
el ex fiscal Ignacio Peláez. A la salida, Peláez se quejó de que el
Colegio de Madrid no apoye su querella.
(www.elpais.com,
11/05/10)
EL JUEZ DE LA
AUDIENCIA JUSTIFICA EN EL TS LAS ESCUCHAS DEL ‘CASO GÜRTEL’
El juez Baltasar Garzón
defendió ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Jorge
Alberto Barreiros su decisión de autorizar la grabación de las
conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales
implicados del caso Gürtel con varios letrados por la necesidad de
desentrañar la trama de corrupción. El togado de la Audiencia
Nacional aseguró que con su resolución no buscó lesionar el derecho
de defensa, sino impedir que el jefe de la red, Francisco Correa,
recuperara el dinero que tenía escondido.
El imputado compareció
con la lección bien aprendida y citó sin problemas las resoluciones
que acordó en el marco de este caso que saltó a la luz en febrero
del 2009. Así, desveló ante el TS que, según varios informes
policiales, un grupo de abogados trabajaban a las órdenes de Correa
y eran los encargados de controlar la estructura empresarial que la
trama corrupta había creado para esconder el dinero que había
captado en administraciones públicas, según fuentes jurídicas
presentes en la declaración. Estos letrados comenzaron a visitar a
Correa en la cárcel y Garzón optó pinchar las conversaciones para
evitar que siguieran blanqueando dinero.
El juez de la Audiencia
Nacional negó que en su ánimo estuviera limitar el derecho de
defensa o conocer la estrategia de los abogados. Solo quería evitar
que la justicia perdiera la oportunidad de recuperar los fondos
escondidos por el jefe de la red en EEUU y en paraísos fiscales como
Suiza. Por ello, optó por esta medida, pese a ser la más gravosa
para los imputados, y recordó que solo afectó a los cabecillas de la
trama encarcelados.
Asimismo, aseguró que
retiró de la investigación las conversaciones que afectaban al
derecho de defensa y confirmó que no utilizó los datos obtenidos en
esas charlas para interrogar a otros implicados como el empresario
José Luis Ulibarri, cuyo abogado, Ignacio Peláez, es el que le ha
presentado la querella por prevaricación y contra la intimidad. Una
demanda a la que se han añadido Correa y su lugarteniente, Pablo
Crespo, en calidad de víctimas.
Peláez lamentó ayer que
el Colegio de Abogados de Madrid no se haya sumado a esa iniciativa.
También se quedó solo en el TS, pues los letrados de Correa y
Crespo, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, no
formularon preguntas a Garzón. Esta es la tercera vez que el togado
de la Audiencia Nacional declara como imputado en el alto tribunal
en un año.
(www.elperiodico.com,
11/05/10)
HACIENDA INVESTIGA
TRES CUENTAS DEL PP VINCULADAS A LA 'GÜRTEL'
Tres de las 262 cuentas
bancarias investigadas por la unidad antifraude (ONIF) de la Agencia
Tributaria en el marco del caso Gürtel pertenecen al PP. Una de las
tres pertenece a la dirección nacional del partido y está
domiciliada en la misma sucursal que aquella otra donde Luis
Bárcenas, ex tesorero del partido e imputado en el caso, hizo un
ingreso en metálico de 330.000 euros en enero de 2003. La segunda
cuenta estaba asociada al PP gallego, y en ella tuvo firma Pablo
Crespo, considerado número dos de la trama, hasta su cancelación en
octubre de 2005. La tercera, abierta en Banesto, pertenece al grupo
municipal del PP de Arganda (Madrid), cuyo ex alcalde, Ginés López,
está imputado y se le atribuye el cobro de más de medio millón en
comisiones.
El propio Bárcenas, así
como su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y la secretaria
general del partido, María Dolores de Cospedal, tenían firma en la
cuenta de la dirección nacional del partido. "Es la cuenta donde se
ingresan las nóminas y en la que se lleva la gestión diaria del PP",
subrayaron ayer fuentes cercanas al equipo de Mariano Rajoy.
Los movimientos
bancarios de empresas vinculadas a la Gürtel muestran que, a través
de cheques librados contra esa cuenta, el PP pagó a tres sociedades
de la red 3.159.515 euros entre 2003 y 2005, según la documentación
obrante en el sumario. "Es normal, eran nuestros proveedores",
aducen en el partido.
La primera por volumen
de cobros fue Special Events SL, buque insignia del conglomerado de
Correa hasta que, tras las primeras informaciones sobre el
privilegiado grupo, se vio relegada en favor de otras sociedades
fuera de sospecha. Previo ingreso de 12 cheques, Special recibió 2,4
millones de euros a través de la cuenta del PP domiciliada en la
sucursal que el Banco Popular posee en la calle Cedaceros, a escasos
metros del Congreso.
Pasadena Viajes, que
organizaba los desplazamientos de líderes y funcionarios del partido
y trabajó para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
en la etapa de Rita Barberá, percibió 529.193 euros. Ese monto sólo
representa los ingresos efectuados mediante 11 cheques por importe
unitario superior a 10.000 euros.
La tercera empresa
remunerada a través de la cuenta de la calle Cedaceros fue Rialgreen.
La pertenencia de esta sociedad a la trama corrupta no fue detectada
hasta bien avanzada la investigación. De hecho, la reclamación de
contratos formulada a la Comunidad de Madrid por el primer
instructor del caso, Baltasar Garzón, no incluía a Rialgreen. Ahora
bien, su participación en el holding de proveedores del PP resulta
evidente a tenor de los movimientos bancarios: cobró dos cheques que
sumaban 193.293 euros.
La existencia de las
tres cuentas del PP ya figuraba en el sumario. Pero la identidad de
sus propietarios sólo ha trascendido después de que la ONIF enviase
el 30 de marzo al juez Pedreira un dossier de 73 páginas que
identifica a los titulares de los 262 depósitos bancarios. Ahora, el
magistrado está a la espera de que Hacienda le informe de los
movimientos registrados en ellas.
La segunda cuenta fue
abierta en noviembre de 1998 por el PP de Galicia bajo el epígrafe "Axuda
a Iberoamérica". Se localiza en una sucursal de Caixa Galicia en
Santiago muy próxima a La Nécora, como era conocida la sede
principal de los conservadores. Hasta su cancelación en octubre de
2005, figuraba como autorizado Pablo Crespo, ex secretario de
organización del PP gallego.
Ayer, la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que el
Tribunal de Cuentas ha revisado "todas" las cuentas de su formación.
Además, De Cospedal mantuvo que el PP "ha hecho lo que no ha hecho
ningún otro partido político en España" porque quienes "han tenido
algo que ver, de forma más directa o indirecta" con el caso Gürtel
no ocupan ahora "ningún cargo orgánico ni están en el PP". "Eso no
lo puede decir ningún partido de este país", presumió. Cospedal
obvió que Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo e imputado en el
caso, sigue en nómina del PP, informa Yolanda González.
(www.publico.es,
05/05/10)
EL JUEZ PEDREIRA
INVESTIGA TRES CUENTAS DEL PP RELACIONADAS CON LA TRAMA GÜRTEL
El magistrado del TSJM,
Antonio Pedreira, ha pedido a la Agencia Tributaria que analice un
total de 262 cuentas bancarias presuntamente relevantes para la
investigación del caso Gürtel. El informe preliminar de la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude que ha sido remitido al juez
Pedreira incluye tres cuentas bancarias a nombre del partido
popular.
Dos de esas cuentas
investigadas están a nombre del PP nacional y su domicilio fiscal es
Génova 13, la sede central de la formación que dirige Mariano Rajoy.
La primera de ellas está abierta en una sucursal del Banco Popular
en la calle Cedaceros de Madrid. Se da la circunstancia que esta es
la misma sucursal en la que Bárcenas ingresó 330.000 euros en
billetes de 500, asunto por el que fue objeto de una investigación
de Hacienda.
La segunda cuenta a
nombre del PP pertenece a la sede central de Caixa Galicia en
Santiago de Compostela. Del PP gallego hemos sabido a través del
sumario que este partido pagó en negro más del 50% de sus mítines
durante el periodo 96 al 99. Sin embargo la cuenta investigada por
Pedreira no está a nombre del PP de Galicia sino directamente del
nacional.
La agencia tributaria
considera relevante una tercera cuenta bancaria cuyo titular es el
grupo municipal popular de Arganda del Rey en Madrid. Se trata de
una sucursal de Banesto ubicada en esa localidad. Según el sumario
de la Gürtel el ex alcalde de esta localidad, el popular Ginés
López, habría recibido comisiones de la trama por encima del medio
millón de euros. Ha sido imputado por cohecho, asociación ilícita y
blanqueo de capitales entre otros delitos y se le ha impuesto una
fianza de millón y medio de euros para evitar la cárcel.
El juez investiga
también las cuentas del Ayuntamiento de Pozuelo en Madrid, en su
momento gobernado por el popular Jesús Sepúlveda, también imputado y
a quien Rajoy le ha encontrado trabajo en Génova tras dimitir como
alcalde en medio del escándalo.
Las tres cuentas del
partido popular investigadas por Pedreira forman parte de una larga
lista de referencias bancarias en donde el magistrado investiga los
movimientos de dinero de todos los cargos el PP imputados y analiza
asimismo los movimientos bancarios de las empresas de la trama, así
como las cuentas personales de los principales cabecillas de la
Gürtel.
(www.cadenaser.com,
04/05/10)
CRESPO PODRÁ SALIR DE
PRISIÓN CON UNA FIANZA DE 1,2 MILLONES
El juez instructor del
caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
Antonio Pedreira, permitirá al número dos de la trama corrupta, el
ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo,
abandonar la prisión si abona una fianza de 1,2 millones de euros,
tal y como había solicitado la fiscalía, al considerar que ya no
tiene medios para obstaculizar la investigación.
En un auto fechado el 21
de abril y hecho público ayer, Pedreira resta importancia a la
anulación de las escuchas ordenadas por su antecesor, el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y afirma tener pruebas
suficientes contra Crespo, acusado de delitos de blanqueo de
capitales, fraude fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y
tráfico de influencias. Según el juez, "los indicios racionales" de
los delitos supuestamente cometidos por el lugarteniente del
cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, "no sólo perviven en
la actualidad, sino que a medida que avanza la instrucción se ven
confirmados por nuevos datos, ninguno de ellos procedente de las
diligencias derivadas de las comunicaciones cuya nulidad se ha
declarado en auto el 25 de marzo".
Crespo fue detenido
junto con Correa el 6 de febrero de 2009 y seis días después fue
enviado a la prisión de Soto del Real (Madrid). Ahora tiene por
primera vez la posibilidad de salir de la cárcel. Sin embargo, su
situación económica es delicada, toda vez que la justicia ha
inmovilizado todo su patrimonio conocido tanto en España como en el
extranjero.
Quien ya ha reconocido
no poder pagar su fianza es Antoine Sánchez, presunto testaferro de
Correa. Ayer comunicó al juez Pedreira que no dispone de dinero
suficiente para abonar su fianza, de 300.000 euros. El magistrado
tiene ahora cuatro días para tomar una decisión al respecto.
(www.elpais.com,
23/04/10)
EL BIGOTES OCULTÓ A
HACIENDA INGRESOS DE 807.000 EUROS
El responsable de Orange
Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, ocultó a la Agencia
Tributaria unos ingresos de 807.000 euros, obtenidos en cinco años y
procedentes de la caja de dinero negro que manejaba la trama
corrupta que dirigía Francisco Correa. El sumario del caso Gürtel
que instruye el juez Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid desvela
que, desde que se hizo cargo en 2004 de la franquicia de Correa en
Valencia hasta 2008, Álvaro Pérez sólo presentó dos declaraciones de
renta, la de 2007 y la de 2008. En ambas, el resultado fue negativo
y reclamó la devolución de 357 euros a Hacienda en 2007 y 1.766
euros en 2008.
El informe solicitado
por Pedreira a la Agencia Tributaria sobre la tesorería oculta de la
trama que montó Correa -y cuyos extractos constaban en el pen drive
incautado al contable José Luis Izquierdo- desvela que en 2007
Álvaro Pérez recibió sobres de dinero o ingresos en especie por
importe de 263.250 euros. Una cantidad al margen de la nómina
declarada por Orange Market. En el ejercicio de 2008 los pagos en
dinero negro a Pérez, al margen de su nómina, llegaron a los 138.449
euros.
Los cálculos de la
Agencia Tributaria solo tienen en cuenta las cantidades que constan
como pago a Álvaro Pérez en la contabilidad B de la trama, que se
elevaron a 58.800 euros (2004), 117.341 euros (2005), 229.105 euros
(2006), 263.250 euros (2007) y 138.449 euros (2008). Unos apuntes
que indican que el responsable de Orange Market ingresaba 6.000
euros mensuales, con pagas extra del mismo importe, más otros bonus
que establecía el propio Francisco Correa.
Las elevadas cantidades
de dinero negro destinadas a El Bigotes contrastan con sus ingresos
declarados a Hacienda. En 2007, el amigo del presidente valenciano,
Francisco Camps, declaró unos rendimientos netos por su trabajo en
Orange Market de 20.574 euros. Empresa que elevó sus ingresos al año
siguiente hasta los 51.107 euros.
Cuando el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató la operación Gürtel e
interrogó a Álvaro Pérez sobre sus ingresos, El Bigotes declaró: "No
tengo prácticamente clientes, trabajo para el Partido Popular, me
presentaban muchas campañas y no me han dado nunca nada, ni de
publicidad, ni de ninguna otra cosa, porque siempre estoy señalado y
en cuanto me presento a algo se me machaca (...) Muy pocos clientes,
señoría, me cuesta mucho salir adelante".
Pese a sus
manifestaciones, el responsable de Orange Market llevaba un ritmo de
vida elevado. Pérez buscó su vivienda en una de las zonas más
selectas del centro de Valencia -cerca de las oficinas de Orange
Market-, escolarizó a su familia en el mismo centro privado donde
acuden los hijos del presidente Francisco Camps y otros altos cargos
como el vicepresidente Vicente Rambla, y se exhibió en vehículos de
lujo como la motocicleta Bombardier Can Am, propiedad de la sociedad
Orange Market -hoy incautada por orden del juez Antonio Pedreira
junto con el Range Rover y el Ford Transit que figuran a nombre de
la franquicia valenciana del caso Gürtel-.
La Agencia Tributaria
-en el informe remitido al juez que instruye el caso Gürtel- aplica
su propia lógica contable y estima que, en función de los datos
analizados, a Álvaro Pérez se le pueden atribuir unos rendimientos
netos del trabajo de 46.400 euros en 2004 y de 185.669 euros,
389.380, 446.353 y 273.148 euros en los ejercicios siguientes.
El mismo informe,
incluido en el sumario, rebaja la deuda tributaria de Pérez a
cantidades muy inferiores, ya que considera que la firma Orange
Market es quien incumplió su deber de practicarle las retenciones.
Conforme a este criterio, Pérez tendría una deuda tributaria -según
los datos analizados- cercana a los 33.000 euros; mientras que la
sociedad Orange Market, de la que era responsable El Bigotes,
adeudaría más de medio millón de euros por las retenciones no
practicadas durante el periodo 2004 y 2008.
(www.elpais.com,
22/04/10)
EL INFORME DE LA
AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LOS INGRESOS DE PÉREZ
- Las retribuciones
cobradas en negro: 58.800 euros en 2004; 117.341 euros en 2005;
229.105 euros en 2006; 263.250 euros en 2007 y 138.449 euros en
2008.
- Las retribuciones
declaradas en Hacienda: 20.574 euros en 2007 y 51.107 en 2008 como
rendimiento neto del trabajo. Orange Market, cuyo responsable era El
Bigotes, ingresó en Hacienda por retenciones del trabajo de Pérez
3.474 euros en 2007 y 13.636 euros en 2008.
- La deuda tributaria
estimada: 10.321 euros en 2004; 5.327 euros en 2005; 4.910 en 2006,
10.070 euros en 2007 y 2.906 euros en 2008.
- La deuda de Orange
Market por eludir las retenciones en los pagos a su administrador:
11.600 euros en 2004, 68.328 en 2005, 160.275 en 2006, 170.558 en
2007 y 93.373 euros en 2008.
(www.elpais.com,
22/04/10)
EL JUEZ OBLIGA A
CORREA A ABRIR SU CORRESPONDENCIA PRIVADA EN LA SEDE DEL TSJM
El capo de la trama
Gürtel, Francisco Correa, salió ayer de la prisión de Soto del Real,
pero solo por unas horas. El imputado fue trasladado a la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para abrir allí su
correspondencia, que está intervenida por orden judicial. Una vez
realizado ese trámite, Correa fue escoltado por la Guardia Civil de
nuevo a la cárcel, donde se encuentra preso desde el 6 de febrero
del 2009. Si el juez considera que el contenido de la
correspondencia abierta ayer tiene algún interés para la
investigación, se incorporará a la causa.
Con esta medida, el
instructor del caso, Antonio Pedreira, se cura en salud ante
posibles recursos como el que dejó sin efecto las intervenciones de
las conversaciones del preso con sus abogados, que el TSJM anuló al
considerar que se había vulnerado el derecho de defensa del acusado.
A partir de aquellas escuchas, Pedreira autorizó el 6 del mayo del
2009 la entrada y el registro policial de la celda que ocupaban
Correa y el presunto número dos de la organización, Pablo Crespo. En
su interior aparecieron varios textos manuscritos que apuntalaron
los indicios de un riesgo de fuga si se decretaba la libertad
provisional.
Precisamente, el TSJM
avaló ayer las intervenciones de las conversaciones de varios de los
imputados en el caso ordenadas por Baltasar Garzón hasta enero del
2009, antes de la detención de los presuntos cabecillas de la trama.
El contable de la red, José Luis Izquierdo, había solicitado su
nulidad, igual que pasó con las realizadas en la cárcel, pero el
tribunal madrileño no le ha dado la razón y ha validado el resto de
los pinchazos que constan en el sumario al considerar «lícitas» las
medidas para obtener los números.
(www.elpais.com,
21/04/10)
EL PP LANZA LA GÜRTEL
CONTRA EL GOBIERNO, QUE SE LA DEVUELVE EN FORMA DE OBUS: FUE CASCOS
QUIEN LES METIÓ EN FOMENTO
El ministro de Fomento,
José Blanco, ha recordado al PP que fue el popular Francisco Álvarez
Cascos quien introdujo a Teconsa, empresa vinculada a la trama
pública, en la lista de adjudicatarias de la cartera que ahora
dirige. Blanco, preguntado por el diputado Rafael Hernando (PP)
sobre las “relaciones entre el Gobierno y la empresa Teconsa”, ha
dicho que Fomento contrata con esta constructora mediante concursos
e “igual que con otras empresas que contratan con el sector
público”. El socialista, eso sí, ha enmendado la plana a Hernando
evidenciando que él personalmente no ha adjudicado ningún contrato a
la entidad, porque los últimos están fechados dos meses antes de su
llegada al Ejecutivo.
Hernando ha pedido al
titular de Fomento que “aclare si en La Moncloa existe un despacho
de influencias para favorecer a las empresas amigas. Es una paradoja
que mientras usted descalifica a todo el mundo sea usted quien está
contratando a una de las empresas imputadas en la trama Gürtel”. Con
ello hacía referencia a la conversación mantenida entre la directora
general de Coordinación Informativa de Presidencia del Gobierno,
Angélica Rubio, y el propietario de Teconsa, José Luis Martínez
Parra y que forma parte de las escuchas de la trama corrupta. En su
momento, fuentes de Moncloa aclararon a El Plural que la asesora de
Zapatero lo había recibido como presidente de Crónica de León/ABC,
“como sucede con todos y cada uno de los representantes más
sobresalientes de los medios de comunicación españoles”.
Cascos, introductor
Blanco ha replicado
rápidamente recordando que “esa empresa empezó a contratar con el
Ministerio de Fomento cuando el señor Álvarez Cascos era ministro”.
También habría sido Cascos quien introdujo a Francisco Correa,
supuesto cabecilla de la red, en el PP según declaró el mismo Correa
ante el juez Antonio Pedreira.
Blanco “no trocea
contratos”
El socialista ha pedido
al popular que “no lance difamaciones” porque en su Ministerio “no
se trocean contratos, todo se hace a través de concursos públicos,
que estarán a su disposición porque los ha solicitado”. Finalmente,
Blanco ha acusado a Hernando de “mentir” porque “desde que yo soy
ministro de Fomento no ha habido ninguna adjudicación a Teconsa” ya
que la última pasó “por una mesa de contratación de acuerdo a un
concurso público dos meses antes de que yo tomara posesión”.
Estragos del PP
“No engañe a esta
Cámara, todos los contratos están a su disposición y, por cierto,
dos son complementarios por una obra adjudicada” por “el anterior
ministro, cuando el Gobierno socialista estaba en funciones”. Blanco
no ha precisado a qué obras se refería, pero ha explicado que su
gabinete tuvo que firmar complementos pues dichas adjudicaciones
rubricadas por el PP “eran desvaríos”.
Teconsa
Tecnología de la
Construcción (Teconsa) es una de las empresas citadas en el sumario
del caso Gürtel. La entidad, actualmente
en suspensión de pagos y desmantelando sus
sedes, habría pagado comisiones a la Gürtel y altos cargos del PP
incluido el ex tesorero Luis Bárcenas para hacerse con la
adjudicación irregular de la variante de la autovía C-626 a su paso
por la localidad leonesa de Olleros del Alba. También está bajo lupa
el millonario contrato que la televisión pública valenciana, RTVV,
otorgó a esta entidad, sin experiencia audiovisual, para la
retransmisión de la visita del Papa. Teconsa habría agradecido la
colaboración de los Correa en esta concesión con 900.000 euros.
(www.elplural.com,
21/04/10)
BÁRCENAS Y MERINO
DEJAN SUS ESCAÑOS UNA SEMANA DESPUÉS DE ABANDONAR LA MILITANCIA
El PP insistió en
que el sumario del
caso Gürtel no contenía ninguna novedad,
pero las consecuencias políticas de la apertura del secreto han
provocado un auténtico terremoto en la calle Génova.
El ex tesorero y senador Luis Bárcenas y
el diputado Jesús Merino han decidido abandonar sus escaños, según
ha adelantado el primero en una entrevista concedida
al diario ABC y ha podido confirmar EL
PAÍS. A primera hora de la mañana, en cuanto han abierto los
registros, ambos han formalizado la entrega de sus actas.
En el caso de Merino, el
asunto no supone una sorpresa, ya que él había ofrecido esta salida
y había puesto su cargo a disposición desde el primer momento, hace
ya casi un año, para no perjudicar al partido. La dirección le
aconsejó que esperara porque su salida habría dejado en muy mal
lugar a Bárcenas, que hasta ayer mismo se negaba a abandonar su
escaño.
El entorno del ex
tesorero ha insistido estos días en que se encontraba sometido a una
gran presión personal, especialmente porque su esposa está imputada
-declarará
el miércoles ante el juez Pedreira- y
sufría cada vez con más intensidad la presencia diaria en los medios
y la constante vigilancia de fotógrafos a la puerta de su casa.
Ese fue el motivo que
alegó su entorno la semana pasada cuando, contra todo pronóstico, y
después de hablar con Javier Arenas, uno de las personas más
próximas en el partido, con Francisco Álvarez Cascos y Ana Mato,
decidió visitar a Rajoy para anunciarle que dimitía definitivamente
como tesorero y renunciaba a su militancia. Esta decisión arrastró a
Merino.
Dos días después,
Bárcenas se vio con Rajoy y Arenas en Génova,
y pactó renunciar también al privilegio de que el partido le pague
el abogado y abandonar la dirección del Grupo Popular en el Senado,
donde nunca dejó de ser tesorero. Sin embargo, en esa reunión en
Génova, Rajoy no le pidió en ningún momento que dejara el escaño, al
contrario de lo que Esperanza Aguirre ha hecho reiteradamente con
sus diputados imputados. Éstos se resisten para evitar que la causa
deje el Tribunal Superior de Madrid y vuelva al juez Garzón, de la
Audiencia Nacional.
La decisión de Bárcenas
y Merino provocará que la parte de la causa que les afecta, que se
había trasladado a Supremo, vuelva al juez Pedreira, del Superior de
Madrid. Y allí seguirá siempre que los tres diputados madrileños no
dejen sus escaños. La parte instruida por el Supremo sigue en este
momento bajo secreto de sumario.
El destino de ambos
parlamentarios ha estado siempre unido puesto que son los dos únicos
aforados nacionales imputados. El ex tesorero está imputado por
delito fiscal y cohecho. Los investigadores le atribuyen haber
recibido supuestos sobornos por al menos 1,3 millones de euros, y
las pruebas del aumento de su patrimonio y operaciones extrañas de
entrada y salida de 330.000 euros en billetes de 500 han sido
consideradas sospechosas en distintos informes de la policía, la
fiscalía y la Agencia Tributaria. A Merino se le imputa cohecho por
haber recibido presuntamente 50.000 euros de la red. Ambos han
negado ante los jueces estas acusaciones.
La noticia supone
un gran alivio y un exito interno para Rajoy, presionado no solo en
los medios sino tambien internamente para que hiciera algo con
Bárcenas y le forzara a dejar el escaño. Ayer mismo, Alberto Núñez
Feijóo, presidente gallego y baron regional en alza muy cercano a
Rajoy,
pidio en la Cadena Ser al ex tesorero que dejara el senado.
Los mensajes del marianismo a Bárcenas para que se apartara han sido
constantes y la presion interna mas clara que nunca, pero nunca hubo
una exigencia directa y formal del lider a quien el nombro como
tesorero en 2008.
(www.elpais.com,
19/04/10)
LA TESTIGO QUE HUYÓ
DE LA SECTA GÜRTEL
El 16 de octubre de
2007, una mujer se presentó ante la Guardia Civil y denunció que la
empresa en la que trabajaba tenía una administración irregular. Ella
era la administradora. Su jefe, un tal Pablo Crespo, tenía una caja
en la que entraba dinero negro de procedencia desconocida y después
salía en sobres que acababan en manos de un tal José Luis Izquierdo,
el contable de otra empresa. También había descubierto facturas
falsas para empresas virtuales. Además, y este era el motivo de su
denuncia, había encargado por su cuenta una auditoría y como
consecuencia le habían robado el ordenador y los documentos de su
despacho.
La empresa era Special
Events. Lo que Isabel Jordán estaba describiendo a los agentes era
parte de las entrañas de la trama de corrupción política más extensa
de la democracia, aunque entonces aún no lo sabía. Al día siguiente,
el 17 de octubre, tuvo que volver a llamar a la Guardia Civil de
Boadilla a denunciar que la seguían dos coches. Los agentes
detuvieron a los individuos, y hallaron una cámara de fotos con
imágenes de la hija de ocho años de Jordán, su casa y su colegio.
Su relación con la
empresa había empezado en 2004, como empleada, cobrando 1.200 euros.
Contactó con ellos a través de Jesús Sepúlveda, entonces responsable
de actos del PP. Se estrenó en un acto de homenaje a los voluntarios
del 11-M en el que conoció a Alberto López Viejo.
De las declaraciones que
figuran en el sumario, y de detalles aportados por personas que la
conocen, se puede extraer que la pesadilla de Isabel Jordán comenzó
un día de mayo de 2007. El PP acababa de volver a ganar las
elecciones en Madrid. Para entonces cobraba 3.200 euros y la habían
convencido para figurar como administradora y después, como socia.
Jordán acudió a una cena con la cúpula de su empresa. En un
reservado del restaurante del Hotel Fénix, se sentó a una mesa en la
que estaban Francisco Correa y Pablo Crespo (el dueño de la empresa
y el administrador), Ramón Blanco Balín (el asesor fiscal), Tomás
Martín Morales (que sería vicepresidente de la Empresa Municipal de
Suelo de Boadilla del Monte) y Alfonso Bosch (diputado y gerente de
la misma empresa).
Era la primera vez que
participaba en una reunión de ese nivel. Por entonces, ya había
empezado a hacer preguntas incómodas sobre la contabilidad, a raíz
de cosas que le iban contando Javier Nombela (el contable) y José
Luis Peñas (concejal de Majadahonda). Pero esa noche, en aquella
mesa, vio en directo a qué se dedicaba su empresa. Tomás Martín, el
hombre del PP, sacó un pliego de condiciones de un concurso de dos
millones de euros para hacer todos los folletos y papelería del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y dijo que se iban a presentar.
Estaban todos compinchados. Jordán se encaró con los presentes. Le
pareció escandaloso. Cuando fue a levantarse, Tomás Martín intentó
convencerla con otro papel. Tenía preparada una hoja de costes donde
se detallaba que Easy Concept gastaría unos 600.000 euros en el
proyecto y tendría un beneficio de 1,5 millones. Ella, como todos
los presentes, se llevaría un pellizco. Había entrado en la élite.
Jordán figuraba ya
entonces como administradora y firmaría personalmente el contrato.
Amenazó con irse de la empresa. Comenzaron a gritarle, que si estaba
loca, que era una oportunidad para todos. El diputado Bosch le dio
una patada por debajo de la mesa para que se callara. Cuando se
levantó para salir del reservado, Correa la cogió por el brazo: "Me
esperas que quiero hablar contigo a solas". La llevó a la calle y
allí le contó que había amañado un concurso de suelo en Boadilla,
que se habían repartido comisiones con el alcalde y que lo tenía
grabado en vídeo contando el dinero. Hizo el gesto de un cuenco con
la mano y dijo: "Lo tengo comiendo en mi mano". En ese momento,
Isabel Jordán se dio cuenta de que no trabajaba para un empresario,
sino para un gánster.
Llevaba 15 años en la
profesión. Cuentan los que la conocen que le apasionaba su trabajo:
montar escenarios, quedarse hasta la madrugada para que unas luces
estuvieran perfectas, probar el sonido una y otra vez. Había
trabajado hasta 14 horas diarias. Para hacer rico a un gánster.
A partir de ese día,
prácticamente no volvió por la empresa. Hasta que lo denunció, en
octubre, fueron meses de depresión y amenazas. Ella se quería ir de
la empresa, pero no sin un papel que la eximiera de responsabilidad.
Correa le dejaba mensajes amenazantes en el contestador a gritos:
"Hay muchas administradoras en la cárcel". Fue despedida estando de
baja.
El 6 de febrero de 2009,
el juez Baltasar Garzón, que ignoraba toda esta historia, ordenó que
la detuvieran. Ante Garzón, Isabel Jordán, de 41 años, se desahogó
por primera vez.
Hoy intenta trabajar en
lo suyo pero su relación con Gürtel lo hace muy difícil. Sigue
viviendo en la casa de Boadilla a la que se mudó por recomendación
de Pablo Crespo. Costaba 1.200 euros al mes, cuando ella estaba
pagando un alquiler de 600 en Valdebernardo. Pero Crespo la
convenció de que dejara ese barrio, que no pegaba con el estatus de
una directiva. Un estatus del que salió corriendo la noche que oyó a
su engominado jefe hablar de alcaldes que comían en su mano. Ahora
vive con protección policial, imputada por cohecho y delito fiscal.
Sus jefes están en la cárcel.
(www.elpais.com,
19/04/10)
PREDEIRA POSPONE LA
DECLARACIÓN DE 'EL BIGOTES' AL 7 DE MAYO
El magistrado instructor
del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
Antonio Pedreira, ha decidido aplazar hasta el 7 de mayo la
declaración como imputado de Álvaro Pérez Alonso El bigotes,
presunto delegado de la trama de corrupción en la Comunidad
Valenciana.
El instructor ha
decidido posponer la declaración de El Bigotes después que su
abogado alegase que no podía acudir al TSJM este miércoles,
día en el que estaba prevista la declaración del imputado,
"al tener señalado con anterioridad para esa fecha otro asunto
judicial", según informaron fuentes del tribunal.
El miércoles, a partir
de las 13.00 horas, deberá declarar en el TSJM Rosalía Iglesias
Villa, la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, quien comparecerá
en calidad de imputada.
Asimismo, el jueves 22
de abril, a las 10.00 horas, el primo de Francisco Correa, Antoine
Sánchez, uno de los principales imputados, volverá a prestar
declaración ante el magistrado en la sede del TSJM.
(www.publico.es,
19/04/10)
AGUIRRE: "ES LO MEJOR
PARA EL PP Y PARA ESPAÑA"
La renuncia de Luis Bárcenas a su escaño
como Senador ha suscitado una cadena de reacciones tanto dentro como
fuera del PP.
Una de las primeras
personas en dar su opinión ha sido la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, quien en declaraciones a Telecinco ha
declarado: "Me parece bien. Creo que es bueno para el partido,
porque el PP pretende el bien de España, sin ninguna duda, y es
bueno para él, porque así podrá tener una instancia superior para
ser juzgado, que será el Tribunal Supremo", aseguró .
Al ser preguntada por si
cree que los políticos dejen sus cargos cuando han sido imputados,
la dirigente regional explicó que esto "no siempre" debe ser así, ya
que, en ocasiones, se imputa a determinadas personas para que puedan
acudir a los juzgados acompañados de un abogado.
Otra dirigente
conservadora que mostró su satisfacción por la dimisión de Bárcenas
fue María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP confirmó
que el ex tesorero de su partido dejará su escaño como senador, una
"decisión personal" para garantizar mejor su defensa tras ser
implicado en el caso Gürtel y también para no perjudicar los
intereses de su formación.
"Es una decisión que ha
decidido anunciar hoy y yo creo que está muy bien que el anuncio
además lo haga el propio que acaba de tomar la decisión", dijo De
Cospedal en una entrevista a sobre la dimisión como senador de Luis
Bárcenas.
Preguntada si desde
Génova le han sugerido que deje su acta en la Cámara Alta, respondió
que "lo importante" es lo que "ocurre el día de hoy", cuando
Bárcenas considera que con el abandono de su escaño puede garantizar
un "mejor ejercicio de su defensa" y ante lo que habrá recibido las
recomendaciones de sus abogados.
(www.publico.es,
19/04/10)
"UNA CAMARILLA DE
POLICÍAS, CUYO JEFE ESTUVO EN LA CACERÍA CON GARZÓN, FABRICÓ LOS
PAPELES DE LAOS Y PRUEBAS [GÜRTEL]"
Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a insistir en la
teoría de Álvarez Cascos sobre la “camarilla de policías que fabricó
pruebas falsas” en el caso Gürtel, y ha puesto el ejemplo del propio
Cascos para demostrarla. Así, ha asegurado que de él se dijo
falsamente que recibió un viaje de la red. Cierto, pero fueron los
propios imputados los que hablaron de ello y la Fiscalía,
posteriormente, a instancias del ex presidente, descartó que hubiera
sido así tras revisar los papeles que lo demostraban. Sin embargo,
la lideresa da otra versión del asunto: “Ni a los jueces, ni a los
fiscales, ni a la policía los hemos puesto en duda; al contrario,
tienen todo nuestro respaldo. Pero hay una camarilla de policías
cuyo jefe estuvo en la cacería con Garzón que son los que fabricaron
los papeles de Laos que sí han fabricado pruebas falsas contra el
señor Cascos”, ha dicho esta mañana en El Programa de Ana Rosa.
Tras descolgarse con
estas afirmaciones, la presidenta de Madrid ha matizado diciendo que
no se han fabricado pruebas sino que se han filtrado datos en un
momento en que la investigación ya había desestimado la hipótesis de
los regalos a Cascos.
Vuelta de “históricos”
A propósito del ex
vicepresidente, la lideresa ha admitido que le gustaría “muchísimo”
que
volviese, “por Asturias, por el PP y por
España”. Preguntada por el regreso de “históricos” –palabras de la
entrevistadora, Ana Rosa Quintana- como Cascos y Rodrigo Rato,
actual presidente de Caja Madrid, Aguirre ha indicado que “los dos
son personas valiosísimas” a las que no se debe “desaprovechar”
porque “lo van a hacer estupendamente bien”.
"Niña" de 58 años
“Ahora que la esperanza
de vida se prolonga tanto no veo por qué hay que desechar a los
políticos porque tengan una edad, no sé, pues la mía probablemente:
58 años”, ha agregado. Su entrevistadora ha replicado ese comentario
con un juicio de valor, “58 es una niña”, a lo que la sonriente
popular ha replicado: “tenga usted en cuenta que Reagan fue elegido
con 70”.
Dimisión de Bárcenas
Sobre el asunto
del día,
que Luis Bárcenas ha abandonado su escaño de senador,
Aguirre ha dicho que le parece “bien”. “Pues sí, me parece bien,
creo que es bueno para el partido, para España e incluso creo que es
bueno para él, porque así podrá tener una instancia superior, que
será el tribunal Supremo”, ha indicado, en una aparente confusión.
En realidad, quien juzgará a Bárcenas a partir de este momento será
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La presidenta ha
asegurado que la “responsabilidad política” debe prevalecer sobre la
“presunción de inocencia” en casos en los que haya sospechas de
enriquecimiento ilegal o corrupción.
Desmarque Gürtel
Al ser preguntada
por sí sentía “decepción personal” al tener tres diputados y varios
alcaldes del PP de Madrid imputados, la lideresa se ha desmarcado,
aunque ha asentido en el caso
de su ex protegido consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
“En la mayoría de los casos yo no les había puesto, estaban ahí
cuando yo llegué. Pero sí hay un caso de un consejero que para mí ha
sido una decepción enorme”, ha apuntado, refiriéndose a López Viejo.
“Cuando la revista Interviú sacó un reportaje en el año 2005 sobre
este asunto, yo le llamé inmediatamente porque él organizaba los
actos, para preguntarle si estábamos contratando con estos”. Según
su versión, el ex consejero le habría indicado que “no estamos
contratando con Special Events” sino "otras". "Lo que no me dijo es
que esas otras eran de los mismos dueños, y eso lo considero
realmente una traición”, sentenció.
Encuesta de Público
En otros asuntos, la
presidenta ha criticado la encuesta del diario Público, que hoy
asegura que el PP de Madrid perdería cuatro puntos en las
autonómicas, indicando que ese medio no es partidario de ella y que
parece “local” por su obsesión en sacar sus trapos sucios en la
Comunidad. “Yo no quiero matar al mensajero, pero el periódico
Público no ese especialmente favorable ni ala PP ni a mí misma, se
ha convertido casi en un periódico local. Saca noticias de Madrid
para meterse conmigo”, ha aseverado. Posteriormente, la dirigente ha
precisado que sus encuestas le resultan muy favorables.
Sobre Garzón
Sobre la polémica del
juez Garzón, Aguirre ha señalado que “presumo la inocencia penal,
pero creo que no se pude decir que le han imputado por perseguir los
delitos franquistas” sino por saltarse la Ley de Amnistía, una norma
de “reconciliación” que ha sido vulnerada abiertamente: “Es un
disparate saltársela, y si se quiere cambiarla tendrá que hacerlo el
Congreso”, ha espetado. Asimismo, la presidenta ha opinado sobre
otro de los procesos abiertos al juez en el Supremo, el de las
escuchas de la Gürtel, tomando partido por Francisco Correa y
compañía –quienes han acusado a Garzón-. En su opinión, “poner
escuchas a los abogados cuando hablan con sus defendidos la Ley sólo
permite hacerlo con los terroristas”. También es posible hacerlo si
hay sospechas de que los letrados puedan destruir pruebas o ejercer
de intermediarios, como parecía ser el caso.
(www.elplural.com,
19/04/10)
Feijoo
pide a Bárcenas que deje el acta de senador
El
presidente de la Xunta considera "cuestionable" la
"contundencia" del PP respecto a la 'trama Gürtel'
El
presidente de la Xunta,
Alberto Núñez
Feijóo, vio hoy "discutible y opinable"
si se debieron "de tomar antes" las decisiones
adoptadas por el PP respecto al
caso Gürtel o "si se debieron
anunciar con
mayor contundencia", aunque destacó que
el partido "está reaccionando y decidiendo sin
ruido".
Asimismo, opinó que el ex-tesorero del PP,
Luis Bárcenas,
debería "dejar el acta de senador" que deje su
acta de senador,
aunque matizó que se trata de una decisión que
"no depende del PP". "A él le corresponde
tomar esa decisión", concluyó. el acta de
senador", aseguró.
En
declaraciones a la Cadena Ser recogidas por
Europa Press, Feijóo insistió en que "el primer
interesado" en que se aclare el caso "es el PP".
"Que lo mande a la fiscalía, que lo mire, que lo
revise, nosotros queremos que se investigue
hasta el final, queremos un juicio y una
sentencia, en política no somos todos iguales",
dijo.
De
este modo, consideró que "los miles de
militantes del PP no se merecen que unos pocos
manchen la ilusión, la confianza en la
política".
www.publico.es
18.04.10
CORREA ORGANIZÓ UN CÓNCLAVE DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ETAPA DE RAJOY
Special Events montó en 2002 la Convención
del Consejo Asesor del Instituto armado. El PP asegura que su líder
"no sabe" a quién se contrató
Special Events, buque insignia de la
trama Gürtel
en su primera época, organizó en 2002 la convención del entonces
recién aprobado y ya extinto Consejo Asesor de la Guardia Civil, un
tímido intento del Gobierno de José María Aznar para dar a los
agentes una participación pseudosindical que acabó en fracaso.
La convención para la elección de los 43 vocales del Consejo Asesor
se celebró en julio de ese año y fue inaugurada por el entonces
vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy.
Sólo en 2002, Special Events declaró 1,1 millones por contratos
públicos
A preguntas de este diario, fuentes del PP adujeron que su líder "ni
sabe ni sabía" quién organizó la convención. "Un ministro no se
dedica a contratar a quien organiza actos", añadieron las citadas
fuentes. Rajoy mantuvo la cartera de Interior desde el 28 de febrero
de 2001 hasta el 9 de julio de 2002, cuando Aznar remodeló su
Ejecutivo y le asignó el Ministerio de la Presidencia.
Por el montaje de ese cónclave de la Guardia Civil, que se celebró
en el parque ferial Juan Carlos I de Madrid a partir del 8 de julio
de 2002, Special Events cobró al menos 34.829 euros. Pero la clave
aquí no es la cuantía, sino que su elección para organizar un acto
sensible desde el punto de vista de la seguridad denota su capacidad
de penetración en las instituciones del PP.
2,2 millones a través del PP
Por la reunión del Instituto armado cobró 34.829 euros con dos
facturas
A lo largo de 2002, y según los datos oficiales de la Agencia
Tributaria, Special Events obtuvo más de 3,3 millones de euros por
ingresos procedentes del PP y sus fundaciones, así como de
administraciones donde gobernaba. Las adjudicaciones públicas le
reportaron 1,1 millones de euros. Y el PP le pagó 2,2 millones a
través del partido, el grupo parlamentario, la Fundación Popular
Iberoamericana y la fundación madrileña Fundescam, investigada por
presunta financiación ilegal del partido mediante el falseamiento de
facturas en las elecciones autonómicas de 2003, el año del
tamayazo, gracias al
cual Esperanza Aguirre pudo alcanzar el Gobierno regional.
34.829 euros es la cifra que Special Events declaró a Hacienda como
pagada por ese trabajo. Como en múltiples ocasiones, el pago se
fraccionó paritariamente en dos facturas: una la pagó la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), adscrita al Ministerio de
Economía; otra, la empresa Indra, una de las más prestigiosas
compañías del sector tecnológico español.
Público no ha logrado averiguar quién y por qué decidió contratar a
la compañía Special Events para un acto al que Interior dio gran
relevancia. Pagaron la FNMT e Indra porque la Guardia Civil les
encomendó a ambas gestionar el proceso de votación electrónica para
la elección de representantes en el nuevo Consejo Asesor del
Instituto armado. Indra obtuvo el contrato mediante concurso.
Parte del pago se canalizó a través de la Fábrica de Moneda y Timbre
Está en el sumario
Los documentos de Hacienda, que obran en el sumario
Gürtel cuyos 50.000
folios últimos se desvelaron el pasado 5 de abril constatan que
Special Events intentó aparentar que los 34.829 euros habían sido
abonados por Indra. Es decir,la empresa de Francisco Correa,
presunto líder de la trama, no hizo constar que la mitad procedía de
un organismo gubernamental: la FNMT.
Este diario intentó averiguar a través de la FNMT y de Indra las
razones de que se contratara a Special Events y cuál fue el
procedimiento utilizado para su elección. Portavoces de la entidad
pública y de la empresa privada subrayaron la dificultad de conocer
tales extremos dado que los responsables de contratación de aquel
momento ya fueron relevados.
"Un ministro no se dedica a contratar a quien organiza un acto",
alega el PP
No es posible, por tanto, conocer si la decisión de adjudicar el
evento a Special Events partió de la Guardia Civil dependiente en
medios y servicios a Interior, o del Ministerio de Economía, que
entonces dirigía el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato. Según
Indra, el de la convención del Consejo Asesor de la Guardia Civil es
el único pago a Special Events que consta en sus archivos.
El concurso de Pammasa
La organización de la Convención del Consejo Asesor de la Guardia
Civil fue incorporada por Special Events a los documentos remitidos
para participar en un concurso de Majadahonda (Madrid). El concurso,
como tantos otros, lo ganó. Lo convocaba Pammasa, la empresa
municipal de suelo y vivienda que dirigía el hoy alcalde del
municipio, el conservador Narciso de Foxá.
La convocatoria de Pammasa, lanzada en la primavera del año 2002,
tenía por objeto elegir a la empresa encargada de conmemorar el
décimo aniversario de esa sociedad municipal. Pammasa sólo aceptó
dos ofertas: la de Special Events y la de otra compañía ajena a la
trama.
Los pliegos del concurso otorgaban al coste económico la misma
puntuación que a la experiencia demostrable en el montaje previo de
actos similares.
La segunda empresa remitió un listado de servicios donde
predominaban los clientes privados. Los documentos remitidos por
Special Events certificaban, en cambio, que los organismos públicos
(del PP) eran mayoría en su cartera de clientes.
www.publico.es 18.04.10
Pedreira
cita a El Bigotes y se adentra en la trama de Valencia
El juez
también interrogará a la esposa de Luis Bárcenas
El
instructor del caso Gürtel en sus
variantes de Madrid y Valencia, Antonio
Pedreira, ha citado para el próximo miércoles
como imputados a Álvaro Pérez, El Bigotes,
y a Rosalía Iglesias, esposa del todavía senador
por Cantabria y ex tesorero nacional del PP Luis
Bárcenas. El jueves será interrogado también en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el
número tres de la trama Gürtel, Antoine
Sánchez, primo del cabecilla, Francisco Correa,
ambos encarcelados.
Son
muchas las preguntas que formulará la Fiscalía
Anticorrupción a El Bigotes, el "amiguito del
alma" del presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps. Él fue, entre 2004
y 2008, el hombre de Correa en Valencia a través
de la sociedad corrupta Orange Market, que el PP
contrataba en exclusiva para sus actos. Y
también el que hizo regularmente lujosos regalos
a gran parte de la cúpula del PP, al tiempo que
conseguía que el Gobierno de esa región le diera
a dedo al menos 40 contratas por casi ocho
millones de euros, troceadas muchas de ellas
para eludir la ley que obliga a sacar a concurso
cualquier obra pública a partir de un coste de
12.000 euros.
El
Bigotes es una pieza clave para ahondar en las
pruebas que recopiló la policía en un registro
en Orange Market y que revelan que el PP
valenciano pudo incurrir en un delito electoral
al financiar actos del partido con dinero
procedente de cinco grandes empresas que, a su
vez, recibieron multimillonarias adjudicaciones
de obras de la Generalitat. Una de las firmas
beneficiadas, Sedesa, la dirige un sobrino del
vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino.
Pedreira también tomará declaración ese mismo
día a la esposa de Bárcenas, quien está imputado
en el Tribunal Supremo al ser aforado nacional.
Entre 2004 y 2008, el patrimonio de Bárcenas y
su esposa se agigantó con la compra de un
inmueble en el Valle de Arán (Lleida), valorado
en 899.000 euros, y dos plazas de garaje en
Madrid. En la contabilidad B de Correa
figuran entregas periódicas de dinero a Bárcenas.
El sumario revela que el ex tesorero del PP
percibió, como mínimo, más de 1.300.000 euros de
la red. A su esposa se le ha descubierto una
cuenta con un millón de euros, y una inversión
de 150.000 en una sociedad extranjera a la
sombra de Correa.
Por
otro lado, Pedreira ha aceptado la personación
en la causa del Colegio de Abogados de Madrid en
relación con las escuchas entre abogados y sus
clientes, ya anuladas, en la cárcel del Soto del
Real.
www.elpais.es
17.04.10
El Supremo confirma que investigará
a Garzón por las escuchas de Gürtel
El tribunal cree que el delito "no
es descartable" y rechaza el recurso
del fiscal - Aplazada la decisión
sobre la exhumación en el Valle de
los Caídos
El Tribunal Supremo ha
confirmado que investigará
al juez Baltasar Garzón por
las escuchas del caso
Gürtel. El alto tribunal
rechaza el recurso de la
fiscalía, al que se adhirió
el juez de la Audiencia
Nacional, contra la admisión
a trámite de la querella por
un delito de prevaricación
presentada por los abogados
de tres imputados por la
trama corrupta: José Luis
Ulibarri (empresario),
Francisco Correa (cabecilla
de la red) y Pablo Crespo
(secretario de Organización
del PP gallego entre 1996 y
1999 y número dos de
Correa) por intervenir sus
comunicaciones en prisión
con abogados.
Las escuchas fueron
ordenadas por Garzón a
petición de la Fiscalía
Anticorrupción durante la
instrucción inicial de
Gürtel y avaladas
posteriormente por el juez
instructor del caso en el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, aunque finalmente
la Sala de lo Penal de este
tribunal acordó eliminarlas
del sumario pocos días antes
de que se hiciese público.
El auto de la Sala de lo
Penal del Supremo, que
firman los magistrados Juan
Saavedra, Julián Sánchez
Melgar, Perfecto Andrés
Ibáñez, José Ramón Soriano y
José Manuel Maza, considera
que "la posibilidad de
comisión delictiva no es
totalmente descartable". En
una de esas conversaciones,
Correa y su abogado hablan
de sacar con celeridad el
dinero depositado por la red
en Suiza antes de que la
justicia española bloquee su
salida.
La querella por las escuchas
entre abogados e imputados
de la trama Gürtel es la
tercera presentada contra el
magistrado de la Audiencia
Nacional. En relación a la
primera, por su decisión de
abrir una investigación
sobre los crímenes del
franquismo, el Supremo ha
notificado en una
providencia que no decidirá
si un juzgado de Granada y
otro de El Escorial son
competentes para asumir la
exhumación de sendas fosas
en Alfacar (en la que se
pensaba que yacían los
restos de Federico García
Lorca) y El Valle de los
Caídos hasta que se resuelva
la causa abierta contra
Garzón por prevaricación. El
Supremo entiende que la
decisión de esta causa
"condiciona directamente" el
contenido de las cuestiones
de competencia planteadas.
Los juzgados de Granada y El
Escorial que recibieron la
causa de estas exhumaciones
al inhibirse Garzón en favor
de los juzgados
territoriales decidieron
devolver el caso a la
Audiencia Nacional por
entender que era la
competente al tratarse de
crímenes contra la
humanidad. Pese a ello, la
Junta de Andalucía abrió la
fosa el pasado 28 de octubre
amparándose en la Ley de
Memoria Histórica. El
abogado del juez ha
solicitado la declaración de
los titulares de estos dos
juzgados a modo de prueba de
descargo en su proceso por
prevaricación, pero el juez
instructor, Luciano Varela,
se las ha denegado.
El pasado lunes, dos
asociaciones para la
recuperación de la memoria
histórica de Cataluña y
Mallorca presentaron una
querella por prevaricación
contra el juez Varela y el
presidente de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo,
Juan Saavedra, por entender
que ambos concertaron una
"estratagema" consistente en
que Saavedra habría
mantenido paralizada la
cuestión de competencia
negativa planteada por los
juzgados de Granada y El
Escorial para que dicha
competencia sea resuelta
sólo en la causa contra
Garzón y, una vez decidida,
se comunique "como hecho
consumado".
Por otra parte, la sala de
gobierno del Tribunal
Supremo emitió ayer un
comunicado en el que asegura
que "el ejercicio
independiente de su
jurisdicción no resultará
perturbado", en referencia a
las críticas sufridas los
últimos días.
www.elpais.es
17.04.10
EL FISCAL PIDE
LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL NÚMERO 2 DE GÜRTEL
La Fiscalía
Anticorrupción pidió ayer al juez Antonio Pedreira que dicte
libertad bajo fianza de 1,2 millones para Pablo Crespo, ex
secretario de organización del PP gallego y considerado el número
dos de la trama Gürtel. La fiscalía considera que ya no hay riesgo
de que Crespo obstruya la investigación o altere pruebas. Fuentes
jurídicas explicaron ayer a Público que, previsiblemente, el plazo
máximo de prisión preventiva para Crespo expira el próximo mes de
junio. Al igual que Correa, su número dos está imputado por
blanqueo, cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos.
Encarcelado desde el 12
de febrero de 2009, Crespo debe afrontar asimismo el depósito de una
fianza de 85 millones de euros para cubrir la eventual
responsabilidad civil que puede depararle una sentencia
condenatoria. Impuesta por el juez Pedreira el pasado día 4, la
elevadacuantía de la fianza se sustenta en el hecho de que,
supuestamente, Crespo defraudó 18 millones de euros al fisco.
Actualmente, y junto con
Crespo, sólo permanecen encarcelados otros dos de los más de setenta
imputados por su vinculación con la red corrupta: su jefe, Francisco
Correa; y su primo Antoine Sánchez, que no pudo satisfacer la fianza
que le fue fijada para eludir la prisión, incluso después de que el
Tribunal Superior de Madrid la rebajara de 600.000 a 300.000 euros.
Si Crespo abandona la
penitenciaría de Soto del Real, el aislamiento y la soledad de
Correa se harán más palpables. Don Vito quedaría preso, condición
que sólo pasaría a compartir con su primo, un individuo problemático
de cuyos continuos vaivenes vitales se quejaba el presunto jefe de
la trama en sus conversaciones telefónicas.
Correa, que padece
claustrofobia, compartió celda con Crespo después de que el juez
Garzón los enviara a la cárcel el 12 de febrero de 2009. Hace meses
fueron separados. La razón oficial, que Crespo dedica su tiempo de
recluso a estudiar Derecho en la UNED.
Hace sólo unos días
trascendió que, en mayo de 2009 y durante un registro en esa celda,
la policía descubrió que sus ocupantes se habían hecho con el número
de teléfono móvil del dueño de una empresa de alquiler y venta de
helicópteros contra quien pesa una orden europea de detención.
Correa guardaba también diferentes autos judiciales, recortes de
periódicos y otros cinco números de teléfono. En lo que respecta a
Crespo, el registro constató que seguía manteniendo el número de una
empleada de Easy Concept y los de otras dos personas con
antecedentes policiales.
Easy Concept SL figura
entre las empresas que formaban el núcleo duro de la red, aquellas
que el conglomerado Gürtel utilizó para facturar casi 30 millones de
euros a distintas Administraciones Públicas gobernadas por el PP.
Como certifica el sumario, los empleados de Easy Concept rendían
cuentas a Pablo Crespo.
En los 14 meses
transcurridos desde su ingreso en prisión, tanto el abogado de
Correa como el de Crespo han solicitado en distintas ocasiones la
libertad de sus clientes. Hasta ahora, la fiscalía se había opuesto
en ambos casos.
(www.publico.es,
14/04/10)
EL PP OTORGÓ A
TECONSA CARRETERAS Y SERVICIOS EN LA VISITA DEL PAPA
No ha realizado ninguna
valoración Cospedal de los pagos y contratos que las
Administraciones dirigidas por el PP adjudicaron a Teconsa.
La documentación del
sumario refleja como el gobierno conservador de Castilla León,
adjudicó a la constructora la obra de la variante Olleros de Alba y
el 3% del valor de la obra fue presuntamente a parar a políticos del
PP y a Francisco Correa. Según contó El País, la obra pasó de costar
2,8 millones previstos a 3,5 millones. Un sobrecoste del 23%.
También aparece
construyendo carreteras en Arganda del Rey, otro municipio gobernado
por el PP y en que su ex alcalde, Ginés López, ha sido imputado por
aceptar presuntamente comisiones de la trama. En esta ocasión,
como informó Público,
los contratos adjudicados para construir la variante AR-30
cuadruplicó su coste inicial. La adjudicación pasó de 5,9 millones
de presupuesto inicial a 20,3 millones que se embolsó la empresa
finalmente, junto a la otra adjudicataria (e involucrada también en
Gürtel), Constructora Hispánica.
Del mismo modo, el
PP utilizó esta empresa, no sólo para realizar obras, sino para algo
ajeno a su actividad:
sonorizar un acto del Papa
. En esta ocasión, la trama se desplaza al sureste y aterriza en
Valencia, a las instituciones dirigidas por Francisco Camps, un
terreno sobradamente conocido por la telaraña Gürtel. Por sonorizar
el acto de la visita de Benedicto XVI para Canal 9, la televisión
autonómica valenciana, la contructora se embolsó 6,5 millones de
euros. Y, presuntamente, los bolsillos de Correa 957.000 euros.
(www.publico.es,
14/04/10)
COSPEDAL PRETENDE
CONVERTIR 'GÜRTEL' EN LA TRAMA DEL PSOE
El Partido Popular
pretende convertir la trama Gürtel en la trama del PSOE. La
secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal,
ha dado un paso más en su campaña para revertir el estado de opinión
generado en torno al caso y asegura que el Gobierno ha dado las
mayores adjudicaciones a las empresas implicadas en la trama.
Se refiere a la
constructora Teconsa y acusa al Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero de concederle "más dinero que todas las comunidades
autónomas" del PP: 33 millones de euros, concretamente.
La estrategia del PP
ahonda ya en dos vías: acusar al Ministerio de Fomento de tener
implicaciones en la trama de Francisco Correa y, como ha proclamado
Cospedal hoy, propagar la idea de que Gürtel es la "mayor campaña de
acoso" policial y político a un partido de la "democracia".
La
teoría de la conspiración policial
procede de la vieja guardia del partido.
La semana pasada fue el ex vicepresidente del Gobierno de José María
Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, el encargado de proporcionar la
munición necesaria al asegurar que "una camarilla policial" se ha
encargado de "fabricar pruebas" contra los conservadores. En un
principio pareció una salida de tono aislada de un viejo barón
alejado de la primera línea política, pero ayer la propia Cospedal
elevó el argumento a la categoría de posición oficial del partido.
Hoy ha dado un paso más en una entrevista concedida a Telemadrid,
donde se ha referido a la "mayor campaña de acoso" a un partido de
la historia.
Cospedal se ha mostrado
todavía más contundente que ayer: "Hay un juego sucio contra mi
partido", ha sentenciado. De este modo, Cospedal asume la doctrina
Cascos. Hasta ahora la dirigente sólo se había atrevido a poner en
tela de juicio el sistema de escuchas Sitel, lo hizo este verano, a
pesar de que fue adquirido por el propio Gobierno del PP. Pero ahora
va más allá. Se ampara en lo que considera "filtraciones
periodísticas interesadas" y vuelve a recuperar el episodio de la
cacería del juez Garzón con el ex ministro de Justicia Mariano
Fernández Bermejo.
El PP ha tratado
hasta ahora de
restar importancia a los 50.000 folios
que el levantamiento del sumario
del juez Antonio Pedreira sacó a la luz la semana pasada. O ha
guardado silencio, como ha hecho el presidente del PP, Mariano
Rajoy, o ha cargado contra los informes policiales reflejados en el
sumario. Dichos documentos aportan pruebas sobre la supuesta
financiación ilegal del PP en Valencia, en Madrid o Galicia, además
de apuntar a las supuestas implicaciones y pagos de comisiones a
diputados madrileños como Benjamín Martín Vasco o Alfonso Bosch, o
el propio ex tesorero del partido Luis Bárcenas.
Ahora el PP ha buceado
por los miles de folios del sumario y ha decidido dirigir sus
esfuerzos informativos hacía Teconsa. Para ello no cuenta con más
que una conversación grabada a Francisco Correa con el presidente de
la constructora, José Luis Martínez Parra, en la que éste relata una
visita a la Presidencia del Gobierno y presume de tener "unas buenas
relaciones" con el presidente del Ejecutivo. Cospedal quiere poner
el acento en que días después de esa supuesta visita, el Ministerio
de Fomento adjudicó contratos a la empresa por valor de 33 millones
de euros.
"En Gürtel ha habido
personas del PP que se han podido ver afectadas, pero no cabe duda
de que las personas involucradas del PSOE y las cantidades
adjudicadas son mucho mayores", ha sentenciado Cospedal.
La vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha
anunciado que el Ejecutivo presentará toda la documentación relativa
a la adjudicación a la que se refiere Cospedal, pero le ha advertido
de que "su estrategia" no le va a funcionar", ya que "este asunto
afecta al PP y sólo al PP".
A su juicio, el
empecinamiento del PP en "meter a todos en el mismo saco de la
corrupción" es "una falta de respeto a los ciudadanos" y no hace
ningún bien a la imagen de la política".
(www.publico.es,
14/04/10)
EL YERNO DE AZNAR
TENÍA CUENTA EN EL ARCHIVO B GÜRTEL JUNTO A POLÍTICOS DE LA TRAMA
Alejandro Agag, yerno
del ex presidente Aznar, y el cabecilla de la trama Gürtel,
Francisco Correa, tenían una estrecha relación que justifica que Don
Vito fuera testigo de la boda del yernísimo y Ana Botella en El
Escorial. Agag aparece, junto a la flor y nata de la trama, en la
contabilidad que llevaba exhaustivamente José Luis Izquierdo, al que
la policía judicial decomisó el pendrive con la doble anotación de
caja A y B. En sus declaraciones en sede policial, Izquierdo explicó
que entre la treintena de personas y sociedades de la trama aparecía
Agag, dentro de un "sistema de archivo de los apuntes contables"
diseñado por Izquierdo "para llevar un control de los mismos y poder
dar cuenta a Pablo Crespo de la situación". Para ello, "ha abierto
una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que
tuviera que realizar alguna anotación", dice el informe policial.
Agag es deudor de las
empresas de la trama por viajes y hoteles, entre otros conceptos,
contratados con la empresa Pasadena Viajes, la firma del grupo
Correa con la que el cabecilla y el ex alcalde de Boadilla Arturo
González Panero viajaban, por ejemplo, a Miami, una de las plazas
preferidas para las inversiones inmobiliarias de la trama.
En diversas partes del
sumario, Agag figura junto a El Bigotes, Pablo Crespo, Pau Collado,
Antoine Sánchez, el despacho de abogados de Luis de Miguel Pérez y
el resto de los cabecillas Gürtel, según ha comprobado Levante-EMV.
Pero también con políticos del PP que recibieron presuntamente
sobornos, como L. B. (Luis Bárcenas), Ricardo Galeote, Gerardo
Galeote, Ginés López, el propio González Panero, "el albondiguilla"
o Alberto López Viejo. También figuran en la contabilidad empresas
patrimoniales de Correa como Inversiones Kintamani, Caroki, Osiris o
la constructora Teconsa, que canalizó los 957.300 euros en
comisiones por la visita del Papa a Valencia. Y junto a todos estos
nombres, aparece el de Jacobo Gordon, ex socio de Agag e
intermediario de Correa en las negociaciones para entrar en el PAI
Pie de Monte de la Nucia, objetivo que logró la red Gürtel al
segundo intento. Gordon era administrador de varias firmas de
blanqueo de capitales, como Castaño Corporate. Estaba también en
Parque Logístico Montalvo, que se llevó 60.000 euros en comisiones
por la visita del Papa.
Según información del
sumario citada por la Cadena Ser, Agag consiguió un contrato de FCS,
de la red Gürtel, con la francesa ByTheWay Productions. "No se como
agradecer a Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle", decía
la responsable de ByTeWay en una carta a Correa en mayo de 1998. En
la misma, la empresa francesa agradecía la calidad de varios viajes
a Bilbao y decía que seguiría contratando con FCS.. Agag explicó
ayer que la firmante de la carta era "una amiga de mi madre" que le
pidió consejo sobre una agencia de viajes que le reservara hoteles
en España. "Le sugerí la agencia que usaba entonces, FCS. Según
parece, la amiga de mi madre quedo sumamente satisfecha con el
servicio que le prestaron", afirma Agag.
(www.levante-emv.com,
14/04/10)
ALEJANDRO AGAG MEDIÓ
PARA QUE CORREA CONSIGUIESE CONTRATOS EN EL EXTRANJERO
Según los documentos
que obran en el sumario, el yerno de Aznar intercedió ante una
empresa francesa para que contratase los servicios de Correa. En
aquel momento Agag trabajaba en Moncloa como ayudante personal del
entonces presidente José María Aznar
La parte del sumario
sobre la que el juez Pedreira ha levantado el secreto, arroja luz
definitivamente sobre el tipo de relación que mantenían Francisco
Correa y Alejandro Agag. De acuerdo con la documentación incautada
en los registros policiales, el líder de la trama tenía más
"motivos", además de los ya conocidos, para asistir a la boda del
Escorial. Su relación con el novio, Alejandro Agag, era lo
suficientemente estrecha para justificar que el hoy encarcelado
Correa firmase como testigo del enlace.
Y es que Alejandro Agag,
hoy yerno de Aznar y poseedor de una reconocida habilidad para las
relaciones públicas, puso también su particular don al servicio del
cabecilla de la trama Gürtel.
De acuerdo con la
documentación que obra en el sumario del Caso, Agag utilizó sus
contactos empresariales en el extranjero para lograr que Correa
consiguiese un suculento negocio con una compañía francesa dedicada
a la publicidad y las relaciones públicas. La mediación de Agag se
produjo durante el tiempo en el que el joven popular trabajaba en
Moncloa como ayudante del entonces presidente José María Aznar.
Gracias a Agag, Correa
consiguió un importante contrato con la empresa "ByTheWay
Productions" con sede en la parisina "Rue Galilée" y delegaciones en
otras capitales internacionales.
La empresa matriz de la
trama, FCS, propiedad de Correa comenzó a prestar sus servicios como
agencia de viajes para los clientes de la multinacional francesa,
después de que Alejandro Agag recomendase personalmente a Correa a
los responsables de la agencia en París.
"No se como agradecer a
Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle" dice textualmente
la responsable de "ByTheWay porductions" en una carta dirigida a
Correa y fechada en París en mayo de 1998. En la misiva, la empresa
gala manifiesta su satisfacción por la calidad de los servicios
prestados por Correa a la hora de organizar varios viajes a Bilbao
para sus clientes y manifiesta su intención de seguir contratando
sus servicios.
Años después, y en una
actitud que quienes le conocen definen como "propia de Paco", Correa
encargó un estudio legal para registrar un nombre similar al de la
agencia francesa para una de sus sociedades. Cosa que finalmente
hizo.
El nombre de Alejandro
Agag figura en varias carpetas halladas por la Policía en el 'pen-drive'
en el que la trama llevaba su contabilidad B. Según el contenido de
los documentos informáticos, el yerno de Aznar adeudaba cerca de
10.000 euros a las empresas de Francisco Correa en concepto de
facturas de billetes de avión y noches de hotel.
Uno de los apuntes es
una compilación de facturas pendientes de los años 98 y 99. Se llama
" Extracto a.agag" y suma más de 6000 en facturas pendientes de
abono.
El segundo de los
ficheros tiene el encabezamiento de " facturas pendientes de
Alejandro Agag". Suman un total de 4000 euros y se refieren
igualmente a gastos de hoteles y billetes de avión facturados por la
agencia Pasadena Viajes, propiedad de Correa.
(www.cadenaser.com,
13/04/10)
ANA BOTELLA : "NO
APARECE EN NINGÚN CASO, NI COMO IMPUTADO, ESTÁ CLARÍSIMO"
La delegada de Medio
Ambiente y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana
Botella, declaró hoy que su yerno, el empresario Alejandro Agag, "no
aparece en ningún caso" en el Gürtel y que no está en el sumario "ni
como imputado".
"Él no aparece en ningún
caso, ni como imputado, está clarísimo. Creo que los que tendrían
que responder son aquellos que le quieren mezclar sin estar imputado
para nada en ese sumario", zanjó la concejala.
Conseguidor desde
Moncloa
Lo hace el mismo día en
que la Cadena SER revela que Agag, cuando trabajaba como asesor de
Aznar en Moncloa, facilitó el contacto entre una empresa francesa y
el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Así se desprende
precisamente del sumario de la Gürtel, que recoge una carta dirigida
al propio Correa remitida por los responsables de la agencia gala en
1998 en la que se asegura textualmente: “No sé cómo agradecer a
Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle”.
No está imputado pero sí
aparece
Ana Botella tiene razón
en que su yerno no está imputado pero no es cierto que su nombre no
salga en el sumario. De hecho no puede negar que los cabecillas de
la trama no sólo participaron en la organización de su boda en El
Escorial, sino que estuvieron en ella, algunos como testigos de
honor, como sucede con Correa.
¿Pagador de alquileres?
De hecho no es la
primera vez que su nombre salta vinculado al sumario destapado por
Pedreira. Así, tal y como reveló El Plural, supimos que el yernísimo
pagaba el alquiler de una oficina vinculada a Correa y su íntimo
amigo Jacobo Gordon. Aunque en este caso sólo se hablaba de
"Alejandro", resulta difícil no llegar a la conclusión que
efectivamente era él ya que los que hablaban eran su socio e íntimo
amigo Jacobo Gordon y su también amigo Correa.
(www.elplural.com,
13/04/10)
Anticorrupción solicita la libertad provisional de
Pablo Crespo bajo fianza de 1,2 millones
La Fiscalía Anticorrupción
ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que
instruye el caso Gürtel en Madrid, que deje en
libertad provisional al
ex secretario de
organización del PP gallego,
Pablo Crespo, bajo una fianza
de 1,2 millones de euros, informaron fuentes
jurídicas.
Crespo, considerado el
segundo de la trama Gürtel (ver
especial), se
encuentran encarcelado en la prisión de
Soto del Real desde el 12 de febrero de
2009 por delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal, falsedad, cohecho, asociación
ilícita, revelación de secretos, prevaricación y
delitos de tráfico de influencias.
Al igual que
Francisco Correa, el ex secretario de
Organización del PP gallego se enfrenta sólo por
el delito fiscal al pago de una fianza de 85
millones de euros por defraudar 18 millones de
euros en concepto de lo evadido en su IRPF,
desviando los beneficios de sus operaciones a
paraísos fiscales. Desde el seis de febrero de
2009, fecha en la que estalló la operación
Gürtel, las cuentas bancarias, los depósitos y
valores de los principales imputados, entre
ellos Correa y
Pablo Crespo,
se encuentran bloqueados por orden judicial.
Special Events fue contratada por la Xunta
de Fraga para promocionar el mercado de la
carne gallega en plena crisis de las vacas
locas
Por
ahora, Correa, Crespo y Antoine Sánchez son los
únicos de los 71 imputados que permanecen en
prisión preventiva. Al primo y asesor de Correa
se le impuso una fianza de 600.000 euros para
eludir la prisión, pero al tener bloqueadas sus
cuentas no ha podido hasta el momento abonar
esta cuantía.
Al jefe de la
red Gürtel
se le acusa de dirigir un grupo organizado de
personas y empresas cuya actividad se centraba
en el sector de la publicidad, organización de
eventos o diseño de campañas promocionales y
cuyos principales clientes eran entes públicos
pertenecientes a las Administraciones públicas.
Trayectoria de Crespo
Pablo Crespo Sabarís es hijo de Manuel Crespo
Alfaya, un histórico dirigente de Alianza
Popular en Galicia y que era un hombre de
confianza de Pío Cabanillas. A mediados de los
años 80 ingresó en el PP y llegó a desempeñar el
cargo de secretario de Organización de este
partido con
Xosé Cuiña,
de quien fue su mano derecha, además de ser
presidente del PP en Vilagarcía. Tras conocerse
su detención, el PPdeG emitió un comunicado en
el que aclaró que Pablo Crespo
"no tiene nada que ver con
el PP de Galicia actual",
puesto que dejó de ser secretario de
Organización en 1999 y en la actualidad "no está
afiliado al partido".
En
las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el
puesto cinco de la candidatura del PP por
Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó
la Cámara gallega en julio del año siguiente.
Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal
del Consejo de Administración de Puertos de
Galicia en representación de la Consellería de
Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y
permaneció en ese puesto hasta su cese en
diciembre de 2005, ya con el bipartito en la
Xunta.
Bajo la presidencia de
Crespo Sabarís, la empresa
Special Events,
dedicada a la comunicación y organización de
eventos, fue contratada por la Xunta que
gobernaba Manuel Fraga para
promocionar el mercado de la carne gallega en
plena crisis de las vacas locas, campaña de
publicidad por la cual percibió un millón y
medio de euros. En 2005 se desvelaron las
vinculaciones de esta empresa con personas del
PP y que era propiedad de sociedades
domiciliadas en paraísos fiscales,
por lo que el entonces presidente de la Xunta,
meses antes de perder la mayoría absoluta,
aseguró que no se realizarían más contrataciones
con Special Events.
www.publico.es
13.04.10
COSPEDAL PASA AL
CONTRAATAQUE Y DUDA DEL GOBIERNO SOBRE EL 'CASO GÜRTEL'
Ha llegado el momento de
pasar a la ofensiva. Esta es la actitud que en las últimas horas ha
tomado la dirección del Partido Popular, encabezada por la
secretaria general, Dolores de Cospedal, para tratar de salir del
mal momento que vive el partido por el caso Gürtel. Y nada mejor que
sembrar la duda sobre la actuación del Gobierno socialista en este
asunto y, singularmente, sobre el Ministerio del Interior, que
dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.
"Algunos mandos
policiales han pretendido manipular seguramente algún tipo de
informe" del caso Gürtel, señaló Cospedal en Onda Cero. Con esta
declaración, la secretaría general de los populares confería una
entidad notable a la acusación que en la misma emisora realizó
Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente con el Gobierno de José
María Aznar y ex secretario general del PP, que acusó a una
"camarilla" de policías de investigar al PP y "dedicada a
prefabricar pruebas".
Esta es la acusación
general contra el Gobierno, pero después la concretan en denuncias
parciales. Así, Álvarez-Cascos acudió a la Fiscalía Anticorrupción
para denunciar una acusación sin fundamento sobre un viaje a costa
de la trama corrupta. Por su parte, Cospedal recordó que el pasado
mes de junio, el PP presentó una denuncia por "actuaciones dudosas"
de funcionarios policiales, "instigadas por mandos políticos". Se
refería Cospedal, al parecer, a su denuncia de que dirigentes del PP
habían sido objeto de escuchas ilegales.
El asunto, no obstante,
quedó en un segundo plano después de que desde el Gobierno se
insistiera con reiteración a Cospedal a que presentara pruebas de
esas prácticas ilegales.
Pero ayer era el día de
juntar en el mismo cesto sospechas con acciones y resoluciones ya
sustanciadas. Por ejemplo, la anulación de las escuchas entre
abogados e imputados de la trama fue mencionada por Cospedal junto a
"actuaciones irregulares de la policía o informes policiales mal
utilizados".
Sí tuvo ocasión de
responder Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, sobre
quien recaen en la práctica el grueso de las acusaciones. La
dirigente del PP no ha dudado en tachar de "repugnantes" las
prácticas de enriquecimiento ilícito de personas de su partido.
"Pues el PP defiende a sus repugnantes atacando a la policía, a
jueces y fiscales", replicó el ministro. Y Cospedal respondió a
Rubalcaba: "Lo repugnante es tapar el chivatazo a ETA en el bar
Faisán".
No se trata de meros
ataques verbales. La ofensiva del Partido Popular -"para que todos
estemos igual", según fuentes de la dirección- se trasladará al
Parlamento exigiendo explicaciones al Gobierno por los casos Gürtel,
Faisán, Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel) y
adjudicaciones del Ejecutivo socialista a la empresa Teconsa,
relacionada a su vez con la red corrupta en Castilla y León.
(www.elpais.com,
13/04/10)
EL PP REFUERZA SU
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO A LA POLICÍA
Una semana después del
levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, el PP evita
responder sobre las pruebas de financiación ilegal de la formación
en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia que han salido a la luz y
busca culpables fuera del partido. Y lo ha hecho intensificando su
campaña de desprestigio contra la policía. Resucitando la teoría de
la conspiración. Así lo puso ayer de manifiesto la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando restó valor a los
informes de la Brigada de Blanqueo que apuntan a que el PP se
financió irregularmente.
Cospedal no quiso entrar
a valorar estos informes policiales incluidos en el sumario. ¿Por
qué? "Porque tienen el valor de ayudar a una investigación pero no
suponen el soporte documental último en el que el juez se tiene que
apoyar". Fue muy insistente en que el levantamiento del sumario no
ha aportado "nada distinto" a lo ya conocido.
No obstante, entre los
50.000 folios se incluyen informes policiales en los que los
investigadores aportan pruebas de financiación ilegal en la
Comunitat Valenciana, Madrid y Galicia. Sobre el partido presidido
por Francisco Camps, los informes ponen de manifiesto que cinco
empresarios de la Comunitat pagaban facturas de actos del PP. Y que
era Orange Market, la filial valenciana de la trama, la que se
encargaba de manipular las facturas.
En Madrid, fue la
fundación Fundescam la que corrió con parte de los gastos
electorales para las campañas de Aguirre de 2003. En este caso,
Special Events, de la red de Francisco Correa, se encargaba de
falsificar el concepto de las facturas. También en Madrid fue clave
el apoyo de los empresarios que hicieron donaciones a Fundescam. Y
en Galicia, el informe policial señala que, entre 1996 y 1999, el PP
regional pagó en negro 3,2 millones.
Siguiendo con la
estrategia de poner en cuarentena los informes policiales, Cospedal
mantuvo que cuando Francisco Álvarez Cascos dijo la semana pasada
que "una camarilla policial" había falsificado pruebas contra el PP,
sus palabras estaban "amparadas" en una denuncia interpuesta por el
ex ministro. Y fue más allá al anunciar que el PP pedirá al fiscal
que sume la denuncia de Cascos a la presentada por el partido el
pasado mes de junio en la que, según Cospedal, ponían de manifiesto
las "actuaciones dudosas" de los funcionarios policiales "instigadas
por los mandos políticos" del Ministerio del Interior.
El PP mantuvo
acusaciones de este tipo a lo largo de todo el verano, con las
supuestas escuchas ilegales a miembros del partido como eje
vertebrador.
Pese a que cada vez son
más los dirigentes conservadores que reclaman que Luis Bárcenas sea
apartado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tras haber
sido suspendido de militancia, De Cospedal no quiso pronunciarse.
"La imputación no es una condena", dijo, además de mantener que "lo
importante" es que este no tiene cargo orgánico en el PP ni es
militante. Esta línea de defensa contrasta con la actuación de
Aguirre en la Asamblea de Madrid, donde expulsó del grupo
parlamentario a sus tres diputados imputados.
Tampoco supo Cospedal
explicar por qué Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, sigue
siendo "funcionario" del partido pese a estar imputado por cobrar
sobornos (ver recuadro). En vez de eso, solicitó explicaciones al
ministro de Fomento, José Blanco, por las adjudicaciones a Teconsa.
Según fuentes de Fomento, la firma empezó a contratar con el
ministerio en 2001, con Álvarez Cascos al frente. Las únicas
adjudicaciones irregulares a Teconsa que figuran en el sumario las
realizó la Junta de Castilla y León.
Cospedal concluyó que el
PP "nunca va a tener problemas para pedir perdón a los ciudadanos"
por el Caso Gürtel. Pero el partido, insistió, ha sido el "primer
perjudicado" por esta trama.
(www.publico.es,
13/04/10)
LA TRAMA CORRUPTA
INTENTÓ IMPLICAR A MERCADONA EN UN NEGOCIO EN CANARIAS
Álvaro Pérez recibe una
de sus últimas misiones el 15 de enero de 2009. Faltan 22 días para
que la red corrupta quede al descubierto por la intervención
policial. Pablo Crespo, número dos de la trama, llama a El Bigotes
desde Madrid para contarle que el abogado Manuel Delgado, cuyo
nombre aparece reiteradamente en el sumario, tiene un problema con
un local comercial en Fuerteventura: necesita venderlo rápidamente
para hacer caja e impedir que termine en manos del Banco Santander.
La solución, le explican
a Pérez, sería que Mercadona lo comprara. “Ese es un local de unos
cuatro millones de euros”, afirma Delgado, “porque tiene muchísimos
metros, más sótano, más no sé cuántas plazas de parking, la
hostia”.
Crespo encarga a El
Bigotes que ponga en práctica sus habilidades como conseguidor. El
intento de negocio queda en nada, pero pone de relieve el modo de
operar de la trama y su facilidad para acceder a mediadores
secundarios muy cercanos al Gobierno valenciano.
La primera idea de Pérez
es acercarse a la cúpula de Mercadona a través de Pedro García, en
ese momento director general de Ràdio Televisió Valenciana y hombre
muy próximo al presidente Francisco Camps, que dimitió en agosto de
2009.
Al final, sin embargo,
la vía aparentemente más fructífera es la de Vicente Cotino,
presidente del grupo Sedesa, uno de los cinco constructores
valencianos denunciados por financiar ilegalmente al PP,
adjudicatario de obras millonarias por parte de la Generalitat y
sobrino del vicepresidente tercero del Consell y consejero de Medio
Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino.
Entre el 15 de enero y
el 3 de febrero Pérez habla tres veces con Vicente Cotino e
intercambian algún SMS sobre el tema. El Bigotes, que como muestran
las grabaciones tiende más bien a exagerar, pretende convencer a
Cotino de que el negocio es más sencillo de lo que probablemente
era: “La delegada que ellos tienen allí [en Canarias] está
interesadísima, lo que necesitan es un achuchón”, le cuenta.
(www.elpais.com,
13/04/10)
TODAS LAS CLAVES PARA
NO PERDERSE EN EL CASO 'GÜRTEL'
¿Qué es el 'caso
Gürtel'?
Es una trama de
corrupción liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a
cargos políticos del Partido Popular con dinero, regalos y caprichos
y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos,
unas veces a sus propias empresas y otras, a terceros.
¿Quién es Correa?
El líder de la trama se
llama Francisco Correa, pero entre sus secuaces se le conoce como
Don Vito, en un intento de compararse con el personaje de 'El
Padrino'. Así aparece en la contabilidad 'B' de la red. Este
empresario entra en el PP ofertando viajes y, después, eventos más
baratos que nadie. A partir de ahí, su don de gentes le ayuda a
tejer una extensa red de amistades con militantes influyentes -como
Bárcenas- o que posteriormente lo fueron -dirigentes del PP,
alcaldes, diputados autonómicos o ministros-. Con las puertas
abiertas del partido, su ambición de riqueza hizo el resto.
¿Cómo estalla el caso?
José Peñas, un ex
concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lleva al juzgado una serie
de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de
manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos
públicos. Hasta entonces, según el sumario, Correa pagó durante
meses una cantidad -entre 3.000 y 4.000 euros- a Peñas. Cuando dejó
de pagar, Peñas les presiona para que continúen abonándole dinero. Y
al final, decide ir a los tribunales. Peñas había sido expulsado del
PP en 2005, tras negarse a aceptar el relevo al frente de la
Alcaldía de Majadahonda de Guillermo Ortega, implicado en la trama.
¿Por qué es tan
importante?
'Gürtel' se convierte en
un seísmo que agita los bastiones más importantes del PP: Madrid y
la Comunidad Valenciana; donde gobierna con mayoría absoluta desde
hace varias legislaturas, amenaza a Galicia y Castilla y León; y
tambalea los cimientos de Génova con la imputación del senador Luis
Bárcenas, ex tesorero y guardián del dinero del partido. Su figura
activa las alarmas por si el PP se financia ilegalmente. El diputado
Jesús Merino también está imputado. Ambas causas están en el
Tribunal Supremo por su condición de aforados nacionales.
La red corrupta afecta
principalmente a dos tramas: la madrileña y la valenciana. Imputan a
importantes dirigentes 'populares' autonómicos (tres diputados en
Madrid) y cuatro ex alcaldes y salpica al presidente valenciano
Francisco Camps, cuya causa termina por archivarse pero que destapa
la presunta recepción de ostentosos regalos a su familia, así como
su amistad íntima con uno de los cabecillas. Su 'mano derecha' en el
partido, Ricardo Costa, también sale airoso del tribunal valenciano,
pero informes policiales acusan al partido de financiarse
ilegalmente.
¿Qué papel juega
Bárcenas?
Cuando Correa comienza a
trabajar con el PP, Bárcenas es gerente del partido y tiene un papel
influyente en la adjudicación de contratos. Es la puerta que Correa
aprovecha para 'colarse' en el corazón de Génova e intimar con
muchos de sus miembros. El sumario apunta que cobró 1,3 millones de
euros en sobornos. Su patrimonio crece de forma espectacular en unos
años con varias viviendas.
¿'Gürtel' es un caso de
financiación ilegal del PP?
Era la gran pregunta,
sobre todo, por la presunta implicación del tesorero del PP, pero
'Gürtel' no es Filesa. El sumario apunta un enriquecimiento personal
de dirigentes del PP, pero no desvela una financiación irregular del
partido. En dos casos señala como destinatario del dinero a
'agrupaciones políticas' por dos anotaciones encontradas en la Caja
B. Son el PP valenciano y el de Castilla y León. La Policía sospecha
de que varias empresas de la trama pagaron actos electorales del PP
valenciano contratados a Orange Market a cambio de adjudicaciones
posteriores.
¿Cómo las empresas de
Correa consiguen los contratos?
La mayoría de los
contratos tienen relación con la organización de eventos aunque
'Gürtel' tiene una importante ramificación urbanística con su
'mediación' entre las constructoras y administraciones para la
adjudicación de obras y servicios que al menos supuso 26,7 millones
de euros en comisiones. Un dinero que Correa reparte en sobornos y
entre su propia trama.
¿De qué sobornos
hablamos?
De todo tipo. Desde
sobres con jugosas cantidades de dinero en metálico hasta los
caprichos más variopintos. En el sumario se recogen coches de lujo,
relojes de hasta 4.000 euros, joyas, trajes, zapatos, bolsos,
corbatas, maletas,... El ocio también es importante. Hay multitud de
viajes -a lugares exóticos como la Polinesia o más 'tradicionales'
como Londres o Berlín-, cruceros, noches de hotel en el Ritz o
televisiones de plasma. La trama sacia incluso el amor a los colores
del equipo de fútbol de algún imputado con dos abonos para toda la
temporada.
Estos movimientos de
dinero corrupto se recogen en la contabilidad B. Ahí se detallan
cantidades y nombres, muchos de ellos iniciales. Se mueve tanto
dinero en efectivo que compran varias máquinas para contar dinero,
como la de los bancos.
¿Cuánto dinero habrían
ganado Correa y compañía?
No hay una cifra
concreta, pero es muy alta. Los investigadores creen que Correa
tiene unos 35 millones en paraísos fiscales. Y él sólo es el jefe.
En cuanto a los
políticos nacionales, el sumario recoge al menos 1.313.520 euros
para Bárcenas y 254.210 euros para Merino.
¿Cuándo, cómo y dónde
empieza 'Gürtel'?
No hay una fecha
concreta, pero hace más de una década. La red de favores, extorsión
y comisiones se extiende principalmente entre las autoridades y
funcionarios de las administraciones del PP de la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde los últimos años mueve
grandes sumas de dinero tras 'cortar' vínculos con Génova. En menor
medida, también el PP de Galicia y Castilla y León. Todo esto
permanece a la sombra de este partido durante más de una década.
¿Quiénes son socios
clave de Correa?
Pablo Crespo, ex
secretario de Organización del PP gallego, es la 'mano derecha' de
Don Vito. Como tal, desempeña un papel clave en la trama, su
organización y contactos.
Uno de los personajes
más mediáticos es Álvaro Pérez, aunque por su rimbombante mostacho
todo el mundo le conoce como 'El Bigotes'. Establece la 'sucursal'
de Gürtel en Valencia y sorprende hasta qué punto intimó con
dirigentes valencianos, como Camps, y sus familias. Es especialista
en regalos y agasajos, y palabras bonitas, a tenor de sus
conversaciones telefónicas.
José Luis Izquierdo es
el contable, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el
que saneaba las cuentas de la corrupción. Gracias a su 'pendrive' y
una carpeta azul con anotaciones la Policía tiró del hilo.
José Ramón Blanco Balín,
ex vicepresidente de Repsol YPF, es uno de los 'cerebros' que
construyeron el entramado societario y financiero sobre el que se
sustentó la trama.
¿Por qué el caso ha
cambiado de manos el caso en los tribunales?
La investigación
comienza en la Audiencia Nacional bajo las órdenes del juez Garzón,
quien, entre otras medidas, ordena intervenir las conversaciones
entre imputados y abogados en prisión, que posteriormente son
anuladas. El magistrado eleva la causa a los Tribunales Superiores
de Justicia de Madrid (TSJM) y la Comunidad Valenciana (TSJCV),
aunque este último la archiva. El TSJM halla indicios contra
Bárcenas y Merino y cede la jurisdicción al Tribunal Supremo por
tratarse de aforados nacionales.
¿Son claves las escuchas
anuladas?
La Fiscalía y el propio
Garzón insisten en que no son la parte sustancial de la causa. Hay
más pruebas y datos, pero destaca uno. En el piso de la calle
Serrano (Madrid) se halló un 'pendrive' al contable de Gürtel con
los movimientos de la Caja B, donde se recogen las ya famosas
iniciales y el dinero integrado, entre otras cosas. Es una pista
clave que guía a la Policía en sus investigaciones.
¿Cuándo se sentarán en
el banquillo y cuándo habrá una sentencia?
Va para largo. El número
de imputados, la extensa documentación y la anulación de las
escuchas alarga más si cabe la instrucción, que aún se mantiene
abierta para aclarar el paradero del dinero. Lo más probable es que
hasta 2012 ó 2013 no haya juicio en el TSJM. Meses después, la
sentencia. El caso del Supremo es más sencillo porque la causa se
centra tan sólo en Bárcenas y Merino.
¿Qué delitos se
imputan?
Depende de los casos, a
los imputados más relevantes se les acusa de blanqueo, fraude
fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
¿Dónde está el dinero?
¿Cuánto se podrá recuperar?
En eso está el juez
instructor y la Policía. Las comisiones rogatorias que investigan el
paradero de los millones de euros corruptos aún permanecen secretas
pero bucean en paraísos fiscales habituales como Suiza o Islas
Caimán. Entre las medidas aplicadas por la Justicia están el embargo
de los bienes de los imputados para hacer frente a la posibles
condenas. Como siempre, el objetivo de la Justicia es recuperar todo
el dinero, pero valga el ejemplo del caso Roldán.
(www.elmundo.es,
12/04/10)
SEIS IMPUTADOS SE
LUCRAN AÚN CON LOS IMPUESTOS DE TODOS
La trama Gürtel era una
gigantesca máquina transformadora de dinero público en
multimillonarios intereses únicamente privados. El pasado jueves,
Luis Bárcenas, ex tesorero de Rajoy, anunciaba en un comunicado su
baja temporal del PP: "Al adoptar esta decisión, quiero dejar
constancia del daño irreparable que se nos ha hecho a mi familia y a
mí" se lamentaba. Pero duelos con pan son menos, y el suyo lo gana
todavía con la harina que aportan todos los ciudadanos con sus
impuestos. Y ese pan se amasa y se cuece en el horno del PP.
El senador por Cantabria
Luis Bárcenas, así como el diputado por Segovia Jesús Merino,
abandonaron el 8 de abril el partido de Rajoy, pero no sus escaños.
Siguen siendo miembros del Grupo Parlamentario Popular con todo su
sueldo y honores. Su calidad de aforados les garantiza, además, una
alfombra roja ante la puerta del Tribunal Supremo en lugar de la
gatera por la que acceden a la Justicia el resto de ciudadanos. El
paraguas del PP en el Parlamento los permite percibir cada mes 3.126
euros brutos que se suman a una asignación neta de 1.823 por su
condición de parlamentarios de circunscripciones distintas a Madrid.
Bárcenas y Merino siguen recibiendo así dinero de las arcas públicas
4.000 euros netos mensuales y dos pagas extras, independientemente
de su imputación por varios delitos de corrupción, entre los que
figura el fraude fiscal.
El PP acoge en su
grupo a Bárcenas y Merino, y repudia a los diputados de Aguirre
Según documentos
incorporados al sumario del caso Gürtel, el ex tesorero Bárcenas
ocultó 1.330.000 euros recibidos en sobornos y el diputado Merino se
embolsó 8,44 millones de euros por asesorar a una docena de empresas
que optaban a contratos públicos en Castilla y León, comunidad de la
que fue vicepresidente hasta 1999.
En una situación similar
a la de los dos representantes del PP en las Cortes Generales se
encuentran los tres diputados que, manchados también por la
corrupción, dejaron en el grupo conservador en la Asamblea de
Madrid, pero tampoco su escaño. Alberto López Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch no obedecen desde octubre de 2009 las órdenes
de Esperanza Aguirre, pero eso no impide que perciban del Parlamento
regional 3.808 euros mensuales en 14 pagas. El partido de Rajoy y
Aguirre los acomodó en su escaño, mullido gracias a los tributos
públicos, sin que haya impedido legalmente no puede que estos
actores principales de la trama Gürtel dejen de lucrarse gracias al
dinero de todos.
Su relación con Hacienda
no se rige sin embargo por el principio de la simetría. Un informe
de la Agencia Tributaria calcula en más de 430.000 euros el dinero
que los tres imputados madrileños deben al fisco por el dinero que
recibieron de la trama, casi un millón de euros. Caprichos del
calendario, el grueso del sumario del caso se hizo público al día
siguiente de abrirse la campaña de la Renta.
El caso de Sepúlveda es
llamativo: los conservadores aún le pagan como asesor
Bárcenas, Merino, López
Viejo, Martín Vasco y Bosch no son los únicos imputados que, a pesar
de burlar al Estado escondiéndose de Hacienda, según la
investigación, se sirven de los impuestos para mantener engrasadas
sus cuentas privadas. La trama ahora descubierta nació en 1996 al
calor del dinero que gastaba el PP y los fondos públicos alimentan
las arcas del partido de Rajoy y del resto de formaciones al menos
en un 90%, ya que la ley limita las aportaciones particulares al
10%.
El dinero público nutre
al PP
El Estado asigna al
Partido Popular 35,7 millones de euros 34 millones para su
funcionamiento ordinario y 1,7 para su seguridad. Buena parte de
este dinero, sembrado por el esfuerzo fiscal conjunto, se emplea en
pagar las nóminas de los empleados del PP. Uno de esos asalariados
de Rajoy está imputado en la trama Gürtel: el ex alcalde del
municipio madrileño de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que trabaja en la
sede conservadora como asesor sin un área concreta y con una
retribución que el PP no comunica, a pesar del requerimiento de este
diario, y de que la matriz de ese salario es pública.
Sepúlveda percibía casi
100.000 euros anuales en su anterior obligación. ¿Ha menguado su
caché?
Es una pregunta que el
PP elude, igual que Rajoy no se atrevió a aclarar el pasado jueves
otro interrogante. ¿Seguiría pagando la defensa del imputado
Bárcenas? Lo hizo hasta el pasado sábado, cuando el ex tesorero
anunció que se "haría cargo" esta costosa factura.
Varias fuentes jurídicas
coinciden en que el letrado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría
percibir entre 350.000 y medio millón de euros por su trabajo
durante la fase de instrucción. Si Bárcenas se hubiese sentado en el
banquillo, la minuta que costeó hasta ahora el PP con dinero público
hubiese ascendido al millón de euros. Una paradoja cierra este
círculo: fondos con origen en la Hacienda pública han servido para
defender a quien está acusado de estafarla.
En este capítulo de las
defensas gratis total cabe hacer memoria. Cuando Rodríguez Zapatero
asumió la dirección del PSOE en el año 2000, ordenó a su partido que
dejara de costear el abogado de algunos implicados en costosos
procesos judiciales ligados a la etapa socialista de Felipe González
como Rafael Vera, José Barrionuevo y José Luis Corcuera.
(www.publico.es,
12/04/10)
COSPEDAL AVALA LA
TEORÍA DE LA 'CAMARILLA' POLICIAL DE CASCOS
El Partido Popular se
inclina definitivamente por la teoría de la conspiración policial
para explicar sus implicaciones en el caso Gürtel. Lo que en un
primer momento pareció una salida de tono de Francisco
Álvarez-Cascos, un ex ministro retirado de la primera línea de
fuego, se eleva a postura oficial del partido al apoyar la
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, su acusación
de que una "camarilla policial" está "manipulando informes" para
implicar al PP.
Cospedal ha afirmado
directamente que "algunos policías han pretendido manipular informes
en el caso", en una entrevista a Onda Cero.
En su opinión, la
acusación no es una afirmación gratuita del PP, sino que viene
reflejada en el auto del juez instructor Antonio Pedreira. Así,
afirma que se debe ayudar al "que se siente perseguido", en
referencia al PP, e investigar lo que denuncia, a pesar de que el
partido no ha puesto una demanda en este sentido.
Sin embargo, los
conservadores no aportan prueba de sus acusaciones contra la Policía
y contra "varios miembros del Ministerio del Interior". Cospedal lo
justifica porque no "tienen los medios necesarios para investigar" y
por tanto son los jueces los que tiene que hacerlo.
El PP se siente, por
tanto, "víctima en el caso Gürtel". De Cospedal asegura que el PP no
se ha beneficiado de la trama, sino que, por el contrario, "es el
principal perjudicado".
En menos de 24 horas, la
dirigente del PP se ha desmarcado de una entrevista que aparece en
El Mundo, en la que pedía disculpas por la trama Gürtel.
Al ser preguntada por
esta cuestión, ha negado esa interpretación de sus palabras. "Si se
lee lo que yo he dicho, es que pido perdón por si personas dentro o
fuera del PP han escandalizado a la población, pero en el PP nos
sentimos vilipendiados y manipulados", ha subrayado.
(www.publico.es,
12/04/10)
COSPEDAL ELEVA A
POSTURA DE PARTIDO LAS ACUSACIONES DE CASCOS
Durante toda su
intervención, Cospedal se ha reafirmado en la teoría de la
conspiración policial. "Vivimos en un Estado de derecho", ha dicho,
y "no en un Estado en el que los informes policiales tengan que ser
necesariamente verdad".
El PP sigue defendiendo
la figura del ex tesorero del partido Luis Bárcenas. No cree
Cospedal que deba abandonar el grupo del PP en el Senado por que
haya dejado de ser militante. "Podría haber sido senador sin ser
militante", ha informado.
En su opinión, el PP ya
"ha hecho lo que había que hacer" con Bárcenas, porque "la
imputación no es una condena".
(www.publico.es,
12/04/10)
CASCOS LLAMA A
RUBALCABA "ACREDITADO MANIPULADOR"
Francisco Álvarez-Cascos
ha definido al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba como un
"acreditado manipulador", ya que intenta confundir a la "camarilla
policial a sus órdenes con la Policía española al servicio de los
españoles".
En declaraciones a
Europa Press, Alvarez-Cascos ha respondido de esta manera a unas
manifestaciones del titular de Interior, quien esta mañana acusó
tanto a María Dolores de Cospedal como al propio Cascos de "defender
a sus repugantes- en referencia a los implicados en el caso Gürtel-
atacando a la Policía".
"El señor Rubalcaba,
como acreditado manipulador utiliza el viejo sistema de confundir la
parte con el todo. En este caso concreto intenta confundir a la
camarilla policial a las ordenes suyas y a las de la señora
Fernández de la Vega, desde hace 20 años, con la Policía española al
servicio de todos los españoles, que es lo mismo que confundir los
garbanzos negros con los garbanzos", argumentó el político popular.
Mayor Oreja cree
"totalmente previsible" que la Policía pueda estar "fabricando
pruebas"
El eurodiputado Jaime
Mayor Oreja ha asegurado que ve "totalmente previsible" que la
Policía pueda estar "fabricando pruebas" contra acusados de la trama
Gürtel. Además, añadió que "si lo ha dicho Cascos sus razones
tendrá".
Jaime Mayor Oreja
realizó estas declaraciones antes de dar una Conferencia en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Allí también fue preguntado
por si seguía sosteniendo que hay una segunda parte de la
negociación del Gobierno con ETA, ante lo que respondió que él se
mantiene en sus afirmaciones.
(www.cadenaser.com,
12/04/10)
BECCARÍA: "SUPONGO QUE LAS CUENTAS ESTARÁN BIEN"
El nuevo tesorero del PP,
José Manuel Romay Beccaría , afirmó hoy que "supone" que
las cuentas del partido "estarán bien" tras la marcha de su
antecesor en el cargo, Luis Bárcenas. Pese que Bárcenas está
imputado en el 'caso Gürtel'
considera que "no hay motivo para pensar otra cosa".
El ex ministro de Sanidad comentó antes de comenzar el acto
conmemorativo de la victoria electoral del PP de Galicia que no sabe
"si habrá que cambiar muchas cosas" en la tesorería del partido y
reconoció que siente "preocupación" por cómo lo hará en este
nuevo cargo y si responderá "a lo que se espera de mí".
Romay Beccaría insistió en que no es "un experto" en cuestiones de
tesorería, pero garantizó que asumirá el cargo "con sentido de la
responsabilidad, como creo que hay que hacer en este tipo de
situaciones", y que "intentará acertar y servir a los intereses del
partido y del país".
"Seguro que ha sido una buena gestión en todos los años en que ha
servido el partido"
Preguntado por la labor de Luis Bárcenas al frente de la tesorería
del PP, dijo: "seguro que ha sido una buena gestión en todos los
años en que ha servido el partido".
En cuanto a su implicación en el caso Gürtel, afirmó que "él insiste
en su inocencia y serán los tribunales los que tengan la última
palabra".
Romay Beccaría, ex ministro de Sanidad y gallego de origen, como
Rajoy, desempeñaba desde hace unos meses la función de supervisor
del nuevo código ético del PP, y junto a tres integrantes del Comité
de Derechos y Garantías de la formación encabezaba una comisión de
seguimiento del cumplimiento de este nuevo régimen disciplinario.
www.publico.es 11.04.10
EL PP DIO A LA TRAMA 48 MILLONES DE DINERO PÚBLICO
Madrid y Valencia, los dos grandes feudos
territoriales del partido, asumieron el grueso de los contratos a
partir de 2005
La red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al
Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones
bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público
entre 2000 y 2008.
La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las
distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos
ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó
el pasado martes el juez Antonio Pedreira.
Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a
Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que
integran el núcleo duro
de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este
periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales
pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas
Gürtel hicieran
trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros.
El Partido Popular (PP), que como todas las formaciones se financia
en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las
empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el
48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se
declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno
autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con
8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.
En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una
cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del
dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003
y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y
autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente,
con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó
los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special
Events.
En 2005, Correa dejó de trabajar para FAES y el PP nacional
El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que
culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al
frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la
trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las
instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las
dos organizaciones territoriales más importantes del PP.
El giro de 2004
El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia
Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes
del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio,
en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni
siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el
grupo Gürtel tenía su
origen en instituciones públicas o con participación pública
mayoritaria de Madrid y de Valencia.
Rajoy se jacta de haber expulsado la trama del PP nacional, pero a
partir de 2005 las empresas de Correa ya no trabajarán tampoco para
la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el
think tank de Aznar,
bajo cuyo mandato se hicieron fuertes en el PP.
De hecho, las principales marcas iniciales de la trama van
desapareciendo del mapa a partir de 2004. Special Events, Pasadena,
Rialgreen y otras van dejando paso a siglas más especializadas
territorialmente, como Easy Concept y Servimadrid en Madrid, y
Orange Market en Valencia.
La cifra incluye sólo los contratos declarados por la trama a
Hacienda
Los contratos públicos llegarán a partir de entonces casi
exclusivamente de Madrid y Valencia. Pero del entramado
institucional en su conjunto. No es sólo que los contratos se
trocean a veces y se reparten por distintas consejerías para no
superar el monto económico a partir del cual hay que convocar
concurso público, sino que las adjudicaciones se van repartiendo
también entre los organismos autónomos y con empresas distintas.
Organismos autónomos
Por ejemplo, en 2008 los pagos directos de la Generalitat valenciana
a Orange Market fueron sólo de 45.000 euros. Pero en realidad esta
empresa controlada por Francisco Correa a través de
El Bigotes recaudó ese año 3,174 millones procedentes del
conjunto institucional de la Comunitat Valenciana a través de
múltiples organismos controlados por el PP: 1,4 millones de la
Fira, 1,06 de la Agencia Valencia de Turismo, 516.000 de la Sociedad
Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad
Valenciana, 69.600 de la Sociedad y Promoción Industrial Valenciana
(Sepive), 34.626 de La Luz de las Imágenes, fundación adscrita a
Cultura y Deporte, y 11.978 del Consejo Valenciano del Deporte.
Esta externalización hacia el conjunto de la Administración se da
también en Madrid, donde muchos organismos autónomos contratan a las
mismas empresas sin que computen a la Comunidad (ver recuadro). Y lo
mismo sucede en los ayuntamientos del PP implicados. Un ejemplo: en
2007, Arganda declaró pagos de 11.689 euros a Easy Concept. Una
minucia comparado con los 464.135 que le abonó la empresa municipal
Fomento y Desarrollo.
www.publico.es 11.04.10
ADICTOS AL LUJO
Hasta la alcaldesa de Valencia,
Rita
Barberá, una de las
personas que recibieron
obsequios de la
trama Gürtel
(el suyo fue
un
bolso de Louis Vuitton
que costó a los corruptos 815
euros) es partidaria de la
prohibición de
los
regalos a los funcionarios
públicos. En pleno
escándalo, recurrió a las
lagunas del Código Penal para
defender a
Camps y pidió a los
críticos con el president que se
leyeran el artículo 426 del
texto: Incluso "en el caso de
que se aplicara no conlleva ni
la inhabilitación", argumentó.
Una situación, ante la que la
regidora abogaba abiertamente
por la reforma, con el fin de
"poner en claro el Código Penal
y aplicarlo con el mismo rasero
para todos".
Sin embargo, su deseo no parece que se vaya a cumplir del todo. La
reforma que tramita actualmente
en el Congreso está en fase de
ponencia y, tras varias
reuniones de los grupos
parlamentarios en la Comisión de
Justicia, ninguno de los
acuerdos alcanzados va en esa
dirección, aunque sí apuestan
por el endurecimiento de las
penas.
La reforma que tramita el Congreso sube las penas pero no aclara el
delito
Entre las propuestas que se han quedado por el camino figura la
enmienda presentada por la
diputada de UPyD, Rosa Díez,
para resolver la "laguna legal"
sobre los regalos que pudiesen
recibir los dirigentes de los
partidos políticos, que no
pueden ser acusados de cohecho
por no ser funcionarios
públicos.
UPyD defendía una redacción del Código Penal que recogiese que los
dirigentes que recibieran una
dádiva en beneficio propio o de
terceros y de "cualquier
naturaleza no justificados,
ofrecidos en consideración de su
cargo, incurrirá en la pena de
prisión de seis meses a un año e
inhabilitación absoluta de uno a
tres años".
Pese a todo, el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario
Socialista, Julio Villarrubia,
afirma que la mayoría de los
partidos están en sintonía para
endurecer los delitos
relacionados con la corrupción
pública y privada.
Es muy difícil probar que el regalo persigue una contraprestración
La reforma presentada por el Gobierno ante la Cámara baja para
reformar el Código Penal
introduce una nueva redacción
para el delito de cohecho
relacionado con autoridades o
funcionarios públicos que
incluye "pena de prisión de seis
meses a un año y suspensión de
empleo y cargo público de uno a
tres años", mientras que el
actual sólo recoge penas de
multa.
El PNV, que ha retirado sus enmiendas, y el grupo ERC-IU-ICV
pretendían endurecer más las
penas: prisión de uno a cuatro
años; multa de 12 a 24 meses e
inhabilitación especial de 7 a
12 años. En principio, las
negociaciones proseguirán en las
próximas semanas.
El Código Penal español no regula los regalos que pueden o no pueden
recibir los funcionarios
públicos y se limita a
tipificarlos como delito
exclusivamente si se ofrecen o
se solicitan a cambio de algo.
Lo importante, en cualquier
caso, no es la cuantía de la
dádiva, sino el hecho de que se
entregue para que el funcionario
público cometa un delito.
Camps fue acusado de aceptar los trajes en consideción a su cargo
Dificultades
El problema, sin embargo, es que aunque resulta sencillo establecer
la existencia del regalo, muy a
menudo es difícil probar su
relación con una decisión
concreta. El único resquicio que
deja la legislación española
para perseguir estas prácticas
lo ofrece la noción de "cohecho
pasivo impropio", previsto y
penado por el artículo 426,
primer inciso, del Código Penal.
Ese parágrafo tipifica como tal
"la conducta de la autoridad o
funcionario público que
admitiere dádiva o regalo que le
fueren ofrecidos en
consideración a su función".
Este es, precisamente,
el
argumento que intentó
utilizar
el juez
valenciano José Flors para
imputar al president de la
Generalitat, Francisco Camps
, por los trajes que le regaló
Orange Market, filial valenciana
de
la
trama Gürtel.
De la Rúa salvó al president porque negó que hubiese beneficiado a
Gürtel
Según aseguró Flors en el auto que afirmaba haber hallado indicios
contra el president, "no existe
ninguna razón" diferente de la
condición personal y de su
función pública que permita
explicar porqué
Álvaro
Pérez
el Bigotes o cualquiera de
sus sociedades
tuviera que obsequiar a Camps
con trajes, un regalo que "no
puede equipararse a los que
marcan las reglas de cortesía
que los usos sociales aceptan
como inocuos y admisibles".
La ventaja del cohecho pasivo impropio radica en que no es necesario
probar que el funcionario
público ha favorecido al autor
del regalo: basta con que haya
aceptado cualquier dádiva
ofrecida "en consideración a su
función".
Claro que el Tribunal Superior De Justicia de la Comunidad
Valenciana entendió todo lo
contrario que Flors. Aunque
admitió los indicios que apuntan
a que Orange Market pagó los
trajes de Camps, obvió la
posible existencia de "cohecho
pasivo impropio" y archivo el
caso basándose exclusivamente en
la inexistencia de "cohecho
pasivo propio" porque, en
opinión de la mayoría de los
jueces que forman su Sala de lo
Civil y de lo Penal (incluido
Juan Luis de la Rúa, el amigo
del propio president) los
regalos de la
trama Gürtel no
perseguían ningún fin concreto,
pese a que sus empresas se
beneficiaban de contratos de la
Generalitat valenciana.
Ningún partido ha propuesto la prohibición total de los obsequios
El asunto está aun pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, pero
a la vista de lo ocurrido, es
una opinión extendida entre los
penalistas españoles que la
reforma del Código Penal,
actualmente en trámite en el
Congreso, no va a corregir esta
situación.
Impunidad
Las voces de los partidarios de una prohibición total, único modo de
eliminar cualquier duda, son
cada vez más numerosas, porque
la dificultad de probar el
cohecho consagra una cierta
impunidad de los funcionarios
públicos que utilizan la
administración al servicio de
sus intereses personales.
En muchos países, el control público ha entrado de lleno en el
intercambio de regalos. En EEUU,
por ejemplo, ningún obsequio a
un cargo público puede costar
más de 20 dólares. En diversos
estados del norte de Europa se
contemplan límites parecidos. En
la UE los miembros de la
Comisión tienen vetado
expresamente aceptar nada cuyo
coste supere los 150 euros. Si
Camps formase parte del Gobierno
de la UE no habría dudas: los
trajes habrían enterrado su
carrera política.
www.publico.es
11.04.10
LA CORRUPCIÓN PASA FACTURA AL PP
Los populares han perdido dos
puntos de estimación de voto en
un mes
Los efectos de la corrupción han caído como una losa sobre el
PP. La primera encuesta
realizada después de que se haya
levantado el velo del secreto
del sumario del caso Gürtel
muestra que la corrupción pasa
factura a ese partido, por los
hechos conocidos y porque los
ciudadanos consideran que no
está siendo adecuada la
respuesta de Mariano Rajoy al
escándalo.
Según la encuesta mensual de Metroscopia, el PP sigue siendo
el partido con mayor respaldo y
está en condiciones de ganar
unas elecciones generales, pero
ha perdido dos puntos de
estimación de voto en sólo un
mes. En marzo la ventaja de los
populares sobre el PSOE alcanzó
un máximo por encima de los seis
puntos; ahora, un mes después,
se ha reducido a cuatro.
En ese periodo de tiempo se ha producido una nueva detonación
del caso, amén de la virulenta
explosión del proceso contra
Jaume Matas. Ha coincidido
además con la reacción política
del Gobierno socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero a la
crisis, con la negociación del
llamado Pacto de Zurbano.
La reacción tibia y tardía de Rajoy era explicada por sus
colaboradores como fruto del
convencimiento de que al final
tiene más coste político el paro
y la crisis que las acusaciones
de corrupción. Pero el resultado
de la encuesta desmiente esta
tesis y penaliza la estrategia
impuesta por el líder del PP,
basada en evitar gestos rápidos
y enérgicos.
Los errores y silencios de Rajoy vuelven a beneficiar al PSOE,
que en un mes gana medio punto,
mientras que el PP pierde 1,6
puntos. Los socialistas
obtendrían el 37,8% de los
votos, todavía más de seis
puntos por debajo del resultado
electoral de hace dos años. El
PP lograría el 41,8%, es decir,
1,7 puntos más que su resultado
de los últimos comicios
generales. No es descartable que
haya una bolsa de voto oculto al
PP, avergonzado por el
escándalo, aunque compensado por
lo que podría movilizar de apoyo
en el último momento el PSOE
para evitar un triunfo de los
populares.
La mejor noticia para los socialistas sería consolidar esta
tendencia, de forma que el
deterioro de su expectativa de
voto por la crisis económica
hubiera tocado fondo ya,
coincidiendo con el ecuador de
la legislatura y con tiempo
suficiente para remontar antes
de 2012. Para el PP, la lectura
más negativa sería comprobar que
cabalgar sólo a lomos de las
cifras económicas negativas,
apostando todo a esa carta, no
garantiza el triunfo electoral.
De hecho, es significativa la conjunción de varios resultados
que dan un cierto respiro al
Gobierno después de meses de
malas noticias encadenadas: ha
bajado el porcentaje de
españoles que creen que el PP
ganará las próximas elecciones
generales, y han mejorado las
cifras de valoración de
Zapatero. Y todo ello a pesar de
que la opinión sobre la crisis
económica y el final de la
recesión se mantiene en los
mismos niveles de pesimismo que
en las últimas encuestas.
En los sondeos de febrero y de marzo, el 62% de los
encuestados aseguraba que
ganaría el PP, mientras que
ahora ese porcentaje ha
descendido al 56%. El PSOE ha
conseguido, como mínimo, frenar
la tendencia negativa y la
creciente imagen de final de
ciclo. Y los casos de corrupción
han minado las posibilidades de
los populares. Hace un mes, el
62% de los españoles desaprobaba
la gestión de Zapatero; ahora
ese porcentaje es del 58%. El
Gobierno espera que esa
tendencia se mantenga o incluso
acelere a medida que se vaya
percibiendo una mejora de la
situación económica. Para eso,
además, ha lanzado una ofensiva
política con la imagen del Pacto
de Zurbano que, aunque no haya
terminado en una foto por el
rechazo del resto de partidos,
al menos sí se ha concretado en
un decreto con 30 medidas que
apoyarán prácticamente todos,
incluido el PP. No es
exactamente lo que querían
cuando arrancaron, pero algo es.
El Gobierno pretende que esos
acuerdos le blinden
políticamente de las reiteradas
acusaciones de inacción ante la
crisis. Esa estrategia se
completa con el paréntesis en la
sucesión continua de traspiés y
rectificaciones de los miembros
del Gobierno, que tanto daño
hicieron al PSOE en los dos
primeros meses de este año.
La ligera mejora de Zapatero se refleja también en el aumento
del nivel de confianza de los
ciudadanos en él. El presidente
del Gobierno sigue teniendo un
balance negativo entre los que
aprueban su actuación y los que
le suspenden, pero ha ganado 10
puntos en un mes. Su consuelo es
además que la valoración del
líder de la oposición no sólo no
remonta sino que cae en picado,
hasta duplicar ya la nota
negativa de Rodríguez Zapatero
www.elpais.es 11.04.10
El PP avala a Cascos en su
denuncia "política" a la
"policía de Rubalcaba"
De la Vega pide al ex ministro
que vaya al juzgado y él
responde que ya ha ido
"La policía que
investiga al PP es una
policía de camarilla;
hay una camarilla
policial, instalada en
Canillas, dedicada a
fabricar y preconstituir
pruebas"... "La
imparcialidad de
instructores, policías y
fiscales, no se da en
estos momentos en el
proceso que afecta al
Partido Popular". Estas
declaraciones de
Francisco
Álvarez-Cascos,
vicepresidente del
Gobierno en la etapa de
José María Aznar, al
programa Herrera en
la Onda, de Onda
Cero, provocaron que el
PP volviera a situarse
en su línea de defensa,
basada en poner en duda
la limpieza de la
investigación del
caso Gürtel. El
Gobierno y la dirección
del PSOE se han mostrado
escandalizados y han
emplazado a la dirección
del PP para que exprese
si comparte esas
opiniones.
El ex ministro
dice que con él
"se
preconstituyó
una prueba
falsa"
Y la dirección del PP lo
ha hecho, a
requerimiento de este
periódico. Sólo quiere
quedarse en la crítica a
la Unidad Central de
Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía
(UDEF). "El PP siempre
ha criticado, como ha
hecho el señor
Álvarez-Cascos, y de
forma contundente, a la
UDEF", señalan fuentes
oficiales de la
dirección del PP.
Además, en un
argumentario de uso
interno de ese partido
se afirma que "todos los
informes de la UDEF, la
policía de Rubalcaba,
que ha hecho contra
dirigentes del PP, en
Valencia, Murcia y
Canarias, han sido
siempre desestimados por
los tribunales de
Justicia".
Los interlocutores
oficiales del PP señalan
que su crítica a esta
unidad de la policía "es
política", ya que si
tuvieran pruebas
susceptibles de llevar a
los tribunales lo
hubieran hecho.
"El PP mantiene su
confianza absoluta en la
justicia", señalan las
mismas fuentes. Como
complemento, la
dirección del PP añade
una coletilla: "Si el
señor Álvarez-Cascos ha
hecho estas
declaraciones es porque
tiene bases sólidas para
hacerlas".
También la dirección del
PP comparte con Cascos
la crítica al juez
Baltasar Garzón, que
inició la investigación.
"El juez Garzón es una
anormalidad democrática
que debería investigar
el CGPJ", señaló el ex
vicepresidente. Y la
dirección del PP añade
la "evidente
animadversión de Garzón
al PP, aunque nada hay
que objetar al juez
Pedreira", actual
instructor.
Pero esas declaraciones
han provocado que la
vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández
de la Vega, pida al ex
ministro que "si tiene
pruebas de sus
acusaciones vaya a los
tribunales o
rectifique".
A este respecto,
Álvarez-Cascos declaró a
EL PAÍS: "Agradezco a la
vicepresidenta su
invitación para ir a los
tribunales, pero debe
saber que ya lo he hecho
hace meses". Cascos se
refiere a su
requerimiento a la
Fiscalía Anticorrupción
y posterior escrito al
juez Antonio Pedreira,
instructor del caso
Gürtel, para
denunciar "hechos falsos
y calumniosos", que le
atribuían viajes
privados a Canarias
pagados por la red
corrupta.
El ex ministro envió al
juez Pedreira documentos
notariales con las
pruebas de que había
contratado y pagado sus
viajes con agencias
ajenas a la trama
corrupta. A este hecho
se refiere
Álvarez-Cascos cuando
asegura: "En mi caso,
esa policía ha
preconstituido una
prueba falsa y como eso
puede haber mucho más".
www.elpais.es
10.04.10
EL PP ACUSA A INTERIOR DE FABRICAR
INFORMES YA DESECHADOS
La versión del caso Gürtel que el ciudadano
puede encontrar en la página web del PP
recuerda a los meses del verano pasado, en
los que el partido acusó de prevaricadores a
jueces, fiscales y policías por investigar
su corrupción, e incluso llegó a afirmar que
el Gobierno ordenaba escuchas ilegales a sus
dirigentes. En ese argumentario se explica
que "el sumario es hasta ahora una
acumulación de informes policiales ya
conocidos y muchos desechados por la
justicia".
A continuación, se dice: "Todos los informes
policiales parten de la misma unidad, la
UDEF, Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales, que dirige directamente [el
ministro Alfredo Pérez] Rubalcaba a través
de [el comisario] José Luis Oliveras. Es la
misma unidad que ha hecho informes
policiales desestimados por la justicia
contra otros dirigentes regionales del PP en
Canarias, Murcia, Valencia y Ayuntamientos
de Andalucía. En todos los casos fueron
archivados por la Justicia".
Entre esos informes, el PP cita aquel en el
que la policía demuestra el reparto de
comisiones sacadas de una adjudicación en la
autopista de Olleros de Alba (León). Los
populares afirman que "no ha sido tomado en
consideración", cuando el juez instructor
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha solicitado todos los contratos de la
Junta de Castilla y León con esa
constructora.
El ciudadano se puede descargar otro
documento llamado Caso Gürtel: Los hechos,
en el que se detalla la situación
disciplinaria de los imputados. En el caso
de Alberto López-Viejo, se afirma que "deja
su escaño en la Asamblea de Madrid". El ex
consejero de Presidencia sigue siendo
diputado, como otros dos imputados, en los
que no se comete ese error.
(www.elpais.com,
09/04/10)
BARCENAS SE RINDIÓ Y RAJOY RESPIRÓ
No pudo más. Con su casa rodeada de
fotógrafos, su partido lanzándole todo tipo
de mensajes para que se quitara de en medio,
los periódicos y las radios tronando por su
caída, su abogado recomendándole que un poco
menos de tensión mediática vendría bien a su
defensa, y por último y no menos importante,
su mujer, en una situación personal
delicada, cada vez más molesta por no poder
salir de casa y aparecer a diario en la
prensa, Luis Bárcenas se rindió. Decidió
renunciar a su militancia y dimitir
definitivamente como tesorero. Pero no
dejará su escaño en el Senado, porque su
abogado le recomienda que mantenga el
aforamiento. Y será el nuevo tesorero, José
Manuel Romay Beccaria -nadie sustituyó a
Bárcenas en estos meses- quien decidirá si
se le quita el despacho y se le deja de
pagar el abogado.
Era la tarde del miércoles. Hasta ese
momento, y desde hace un año, Bárcenas había
insistido en que no pensaba dimitir porque
eso sería como admitir su culpabilidad, que
siempre ha negado. El PP, y Mariano Rajoy en
especial, respiraron aliviados cuando se
anunció, ayer a media mañana. Y todos los
dirigentes empezaron a hacerse la misma
pregunta ¿Ha sido Bárcenas quien se ha ido o
Rajoy quien le ha echado? Sólo ellos dos
saben lo que pasó en la reunión que
mantuvieron en la calle Génova a última hora
del miércoles. Pero hay muchos datos que
aclaran la situación. Y que llevan a
concluir que hay una mezcla de las dos
cosas.
El entorno de Bárcenas asegura que la
cuestión familiar le pesó. Que cuando tomó
la decisión, muy empujado por la situación
de su esposa, decidió hablar con Javier
Arenas, que estaba en Sevilla. Con él pactó
las condiciones y le pidió que le apoyara
para tener una salida digna, con un
comunicado de respaldo a su inocencia. El
hombre fuerte del PP, su amigo, le había
defendido siempre. Hasta el punto de que
había dos sectores, uno dirigido por Dolores
de Cospedal con dirigentes regionales del
PP, que querían echarlo, y otro con Arenas y
Ana Mato al frente, que lo protegían.
Rajoy había optado por la vía intermedia.
Esto es, lanzar todo tipo de mensajes, a
través de emisarios, para que Bárcenas se
rindiera, pero si no lo hacía, esperar a la
imputación definitiva en el Tribunal
Supremo, que puede tardar unos meses, para
exigirle la dimisión irrevocable. Estaba
dispuesto a esperar, pero prefería que
Bárcenas le hiciera el favor de marcharse
cuanto antes, e hizo que el ex tesorero
notara esa presión.
El líder del PP siempre prefiere que sus
éxitos internos, y la dimisión de Bárcenas
lo es, caigan como fruta madura, explican
los marianistas. Frente a su gran rival,
Esperanza Aguirre, que desea que se note que
es ella quien corta cabezas, o su mentor,
José María Aznar, deseoso de demostrar su
poderío, Rajoy prefiere exhibir resultados.
Aunque haya que esperar, y correr riesgos,
especialmente el de la erosión de su imagen.
"Dicen que Rajoy no limpia, sí limpia, pero
tiene sus tiempos", defendía un marianista.
La decisión de Bárcenas arrastró al diputado
Jesús Merino, imputado como él en el
Supremo. También deja la militancia y se
queda en el Grupo Popular, de momento.
Ya con la cabeza política de Bárcenas en su
bolsillo, Rajoy rompió su silencio, y
atendió a los periodistas. Pero no contestó
ninguna pregunta. No aclaró si se le dejará
de pagar el abogado y dijo que "no sabe" si
se irá al Grupo Mixto. Se limitó a lanzar un
discurso preparado. Agradeció la dimisión y
aseguró que llegaba "aunque a algunos les
pese, después de que haya quedado acreditado
que no había financiación ilegal del PP".
Nada dijo de la Comunidad Valenciana. Muchos
dirigentes asumen en privado que ése será el
nuevo episodio de Gürtel, pero insisten en
que no pasará nada hasta que no haya
imputaciones. Y nadie tiene claro si las
habrá.
(www.elpais.com,
09/04/10)
BECCARÍA, NUEVO TESORERO DE GÉNOVA, FUE
OTRO DE LOS HOMBRES FUERTES DEL PP GALLEGO
CONTROLADO POR PABLO CRESPO
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado
que propondrá como sustituto de Luis
Bárcenas al frente de la tesorería del
partido a Romay Beccaría, aprovechando para
anunciar una reestructuración en toda el
área económica de Génova 13. Mientras las
noticias destacan que el hombre elegido para
esa reforma fue ministro con el Gobierno de
Aznar, que ha participado activamente en la
elaboración del código ético del partido o
que, gallego como él y antiguos compañeros,
cuenta con la plena confianza de Rajoy,
otros aspectos de su biografía política no
se están destacando tanto. Romay Beccaría
fue el vicepresidente del PP gallego cuando
al frente de su secretaría de organización
estaba Pablo Crespo, mano derecha de
Francisco Correa y secretario de
organización del PP gallego entre 1996 y
1999.
Es en esa época cuando, según la
contabilidad B de la trama recogida en el
sumario de la Gürtel, los gastos de las
campañas electorales de la formación se
financiaron en negro hasta en un 50%. Ante
este pasado, los socialistas gallegos
alertan de que “la regeneración que pretende
vender el PP nace lastrada” ya que Romay es
“corresponsable” de aquellas irregularidades
como uno de principales dirigentes del
partido entonces.
Ante la baja como militante de Luis
Bárcenas, imputado por la Gürtel, Rajoy ha
anunciado que desea que su sustituto al
frente de la tesorería nacional sea Romay
Beccaría, nombramiento que propondrá en la
próxima reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del PP. El lídel del PP ha
aprovechado para anunciar también una
restructuración de toda el área económica en
la sede de Génova 13.
Confianza de Rajoy
Desde el PP presentan a Beccaría como el
hombre adecuado ya que cuenta con
experiencia en los Gobiernos de Aznar como
ministro de Sanidad, cuenta con la confianza
de Rajoy, gallego como él, y ha participado
activamente en la elaboración del código
ético que pretende ser la brújula de la
formación a partir de ahora a la hora de
gestionar sus cuentas y sus contrataciones.
Junto a la oveja negra
Otro aspecto de su biografía de Beccaría le
sitúa como uno de los dirigentes claves del
PP gallego de Manuel Fraga y de un Rajoy que
entonces empezaba a despuntar en la
política. Y una parte de ese período le
muestra al lado de quien ahora se desmarcan
todos marcándolo como la oveja negra del
partido, Pablo Crespo, al que el sumario de
la Gürtel presenta como mano derecha de
Francisco Correa y secretario de
organización del PP gallego entre 1996 y
1999. Es en esa época cuando, según la
contabilidad B de la trama, los actos del
partido de la formación se financiaron con
dinero negro hasta en prácticamente la mitad
de los gastos.
Vicepresidente y vocal del Comité Electoal
en el 97
Si en junio de 1996 Crespo tomó las riendas
de la organización, en septiembre y durante
el Congreso regional del partido Romay
Beccaría fue nombrado como uno de los cuatro
vicepresidentes del PP gallego, con Fraga
como presidente y Xosé Cuiña como secretario
general, según los datos de la tesis
doctoral Génesis y Desarrollo del Partido
Popular de Galicia. La tesis, a la ha tenido
acceso El Plural, es obra de Nieves Lagares,
de la Facultad de Ciencias Políticas de
Santiago, y en ella se recurre a los
diarios de la época. Romay también aparece
en junio de 1997 como uno de los vocales
elegido por el partido para integrar el
Comité Electoral que debía preparar las
autonómicas gallegas.
"Regeneración lastrada"
Antes estos datos, fuentes del Partido
Socialista de Galicia advierten de que “la
regeneración que pretende vender el PP nace
tan lastrada como que el nuevo responsable
de las cuentas es corresponsable junto a
Crespo de los pagos en dinero negro del PP
gallego entre el 96 y el 99, cuando ambos
formaban parte de la dirección del partido
popular de Galicia”.
Financiación ilegal
La presunta financiación del PP gallego
durante la etapa de Crespo protagonizó
además la rueda de prensa que ofreció este
jueves el secretario de Organización del
PSdeG, Pablo García, quien anunció que su
partido interpondrá una denuncia ante el
Tribunal de Cuentas de Galicia para pedirle
que investigue las campañas electorales de
los populares gallegos entre 1996 y 1999,
entre ellas las autonómicas del 97, en las
que Romay integró el Comité Electoral. “Los
datos conocidos [en el sumario] confirmaron
nuestras sospechas sobre la financiación
ilegal del PP, con el partido en Galicia
como uno de los protagonistas fundamentales
de la trama", alertó García, quien apuntó a
"la nada despreciable cifra de tres millones
de euros" en dinero negro para pagar los
gastos de sus campañas electorales.
"Cómplices" de los "chorizos"
García preguntó a Feijóo asímismo, ante las
palaras de Fraga de que había echado a
Crespo "a patadas" cuando se comenzó a "oler
que había algo", si él también sabía lo que
estaba pasando, ya que de ser así los
dirigentes del PPdeG habrían incurrido
también en "delitos" y se convertirían en
"cómplices" o "encubridores" de los
"chorizos" por no denunciar “nunca” los
hechos.
(www.elplural.com,
09/04/10)
CÓMO MONTAR UN PARTIDO POLÍTICO SEGÚN
FRANCISCO CORREA
Primera norma para crear un partido político
en España: comprar jamones, al menos, cuatro
al día, durante las dos semanas que dura la
campaña electoral. Ésos eran los sabios
consejos que Francisco Correa daba a sus
'pupilos' de la localidad madrileña de
Majadahonda, que pretendían lanzar una nueva
formación política llamada 'Corporación
Majadahonda'.
Las ideas políticas de Francisco Correa
harían levantarse de la tumba al mismísimo
Maquiavelo. Ironías de la vida, el eslogan
de esa nueva formación se basaba en que
debía ser un partido diferente "y que no iba
a ser para amiguetes", según palabras del
propio Correa. "Que si después resulta que
es igual, da lo mismo, porque ya estás
gobernando", apostillaba el cabecilla de la
'trama Gürtel'.
En
el sumario del caso
se recogen las numerosas reuniones en las
que 'Don Vito' adoctrinaba a Juan José
Moreno y José Luis Peñas para que triunfasen
en las elecciones municipales de 2007.
Peñas y Moreno eran los concejales díscolos
del PP que se opusieron a la investidura del
alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá, tras
la dimisión de Guillermo Ortega. En febrero
de 2005, fueron expulsados del Partido
Popular y es entonces cuando Correa les
brindó la oportunidad de montar una
formación local en Majadahonda.
Desde noviembre de 2005 hasta abril de 2007,
Correa financió el proyecto de este partido
local e hizo 18 entregas de 3.500 euros a
Moreno y a Peñas. En esos encuentros, se
diseñaba la estrategia electoral y se
planteaban la realización de ruedas de
prensa, la elaboración de folletos
explicativos, la creación de una página web
y la elección de un eslogan.
Precisamente, su brusca marcha del PP debía
ser una de las bazas electorales que los dos
ex concejales debían exponer ante la opinión
pública para ganar votos, según el manual de
Correa. 'Don Vito' les aconsejaba que
contasen que se habían ido del PP porque en
esa formación la gestión municipal se
condicionaba a los intereses particulares.
"¿Qué hemos vivido en estos 10 o 15 años en
este partido? [refiriéndose al PP] Y pones
lo que has vivido y pones cinco o seis cosas
que son jodidas. Una, todo son intereses.
Otra, la gestión municipal se condiciona a
los intereses particulares. En el componente
humano no se elige al más preparado sino al
que es el amigo del secretario de la central
que está no sé dónde. Y te joden a un tío
que lleva seis años trabajando en el
proyecto", afirmaba el cabecilla de la
'trama Gürtel'.
Y proseguía así con sus recomendaciones: "Y
yo pondría el enriquecimiento personal
porque el interés personal ya se entiende.
Se mueve mucho dinero... ¡El enriquecimiento
personal! y a solucionarse la vida y a sus
amigos. ¡Ponlo! Y tienes que poner que esto
no es sólo en Majadahonda sino que es la
experiencia en todos los ayuntamientos.
¡Ponlo! Que no importa el color".
Con estos métodos, Correa pretendía que sus
dos candidatos criticasen en público
determinadas actitudes, que eran las que él
estaba llevando a cabo presuntamente para
enriquecerse. Es más, quería que las
plasmasen en un folleto o díptico "donde se
dijera la mierda que había antes".
Pero 'Don Vito' no se andaba por las ramas y
tenía clara una cosa: el partido debía tener
un planteamiento empresarial más que
ideológico. Además, se postulaba para ser
jefe del área de deportes del Ayuntamiento
de Majadahonda y así poder pedir becas para
deportistas a empresas como Caja Madrid o el
Corte Inglés.
El plan del cabecilla de Gürtel no era sacar
una Concejalía sino que le bastaba con un
puesto en el Ayuntamiento sin
responsabilidades. Su intención era ganarse
a los 20.000 ciudadanos indecisos que en
Majadahonda no acuden a votar porque "están
hasta la polla de los partidos políticos",
según sus declaraciones recogidas en el
sumario.
También quería aglutinar a los concejales
independientes de las diversas formaciones
en Madrid. Al hilo de sus intensas
reuniones, Peñas llega a hacerse ilusiones y
sostiene que si se sumaran todos los votos
de los partidos independientes se
convertirían en la tercera fuerza política a
nivel nacional.
El sumario del juez Antonio Pedreira no deja
lugar a dudas sobre el objetivo del
cabecilla de la red: "El interés de Correa
en financiar la formación política creada
por José Luis Peñas y Juan José Moreno tiene
como objetivo posicionar a personas afines a
él y manipulables en puestos de
responsabilidad dentro de los órganos del
Ayuntamiento con el fin que desde los mismos
sirvan a sus intereses particulares".
Sin embargo, los consejos de Correa no
dieron muy buenos frutos, ya que la
formación no llegó a cosechar ni 100 votos
en los comicios municipales. Ante el fracaso
del partido fantasma, Correa optó por cortar
el grifo a sus pupilos. Es entonces cuando
Peñas decidió vengarse de su ex jefe y
amigo, comenzó a grabar sus conversaciones y
acudió a la Policía con ellas. Así empezó
toda la investigación.
(www.elmundo.es,
09/04/10)
RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE
BÁRCENAS
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas,
imputado en el caso Gürtel por presunto
cohecho y delito fiscal, abandonó ayer
definitivamente su cargo en el partido y
renunció temporalmente a su militancia.
Los conservadores dieron a conocer la
noticia a través de un comunicado. En esta
nota, el senador por Cantabria lamentaba el
"daño irreparable" que se le había hecho
tanto a él como a su familia. "Creo, sólo
desde la convicción de mi inocencia, que
este caso, dados los cargos que he
desempeñado en el partido, está siendo el
instrumento para dañar el PP y a su
presidente. Ese el motivo por el que tomo
esta dolorosa decisión". Este fue su mensaje
de despedida. Su testamento político.
La dirección conservadora respondió
inmediata y oficialmente por el mismo
conducto entre loas y alabanzas: "El PP
quiere hacer un reconocimiento público a la
magnífica gestión que en estos años ha
prestado" y "quiere agradecerle igualmente
su lealtad". Caso cerrado.
Mariano Rajoy soltaba así lastre y sus filas
respiraban, por fin, aliviadas. El jefe de
la oposición se apuntaba el tanto. O al
menos así lo vendía su equipo. "Él ha
asumido personalmente la gestión de este
asunto", comentaban.
No querían que nadie más se colgara la
medalla. Pero lo cierto es que el
vicesecretario de política autonómica y
local, Javier Arenas, ha sido una figura
clave para convencer a Bárcenas de que diera
el paso. El líder del PP andaluz es su amigo
personal y uno de los dirigentes que más ha
defendido su continuidad, frente a la
oposición de la secretaria general, María
Dolores de Cospedal, que abogaba por
echarle.
Tras conocerse el grueso de sumario y ver
cómo Bárcenas se convertía en el epicentro
de la trama, el miércoles Rajoy se reunió
con él para evaluar el problema. El líder
del PP le planteó que reconsiderara su
situación. Arenas le presionó, hablando con
él en repetidas ocasiones por teléfono. Y,
de fondo, el clamor de todo el partido
pidiendo su cabeza.
A muchos dirigentes conservadores les
sorprendió ayer enterarse de que la número
dos de la formación no hubiese participado.
La mala relación de Cospedal con Bárcenas es
de sobra conocida. Hay quien cree que se ha
puesto en evidencia "su falta de peso". Pero
los que la rodean están satisfechos porque
consideran que el tiempo les ha dado la
razón y han ganado la partida.
En las filas conservadoras también se
preguntan por qué ahora y no nada más
levantarse el secreto de sumario. La
explicación más sencilla para la mayoría es
que a quienes han podido leer parte de sus
50.000 folios ya no les cabe la menor duda
de que Bárcenas se enriqueció ilegalmente.
Después de que le reprocharan su silencio
durante estos días, Rajoy reapareció ayer
con un discurso preparado en Sevilla. Y
explicó, como siempre en estos casos, que el
ex tesorero había abandonado no porque se lo
hubiesen sugerido, sino para "defenderse
mejor". "Lo hace después de que quede
acreditado que no hay ninguna trama de
financiación irregular", volvió a resaltar.
Rajoy anunció que en el próximo comité
ejecutivo nacional de su partido tenía
previsto proponer a José Manuel Romay
Beccaría como nuevo tesorero. "Haré una
reestructuración", comentó. En el PP se
esperan cambios. Incluso, se apunta que el
actual gerente, Cristóbal Páez, también
podría salir del actual organigrama.
Beccaría fue nombrado en diciembre pasado
auditor de prácticas internas del PP cuando
se presentó el nuevo código ético.
Con dar el nombre del sustituto, Rajoy pensó
que estaba todo resuelto. Pero quedaban
muchos interrogantes por resolver. Los
periodistas le preguntaron si Bárcenas iba a
seguir manteniendo despacho y si el PP iba a
continuar pagándole la defensa. El líder
conservador eludió responder. Sobre este
tema, Arenas apuntó que será al nuevo equipo
de tesorería a quien le corresponda
decidirlo. Hasta entonces parece que todo se
mantendrá igual.
Según varias fuentes jurídicas consultadas,
el abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría
cobrar entre 350.000 y medio millón de euros
sólo por la instrucción. Si luego fuera a
juicio y el proceso se alargara durante
años, la factura podría superar claramente
el millón de euros.
También hubo curiosidad por saber si el
senador permanecería o no en el Grupo
Popular. "No lo sé. Lo tendrán que decidir
en la Cámara Alta", reconoció. En el Senado
decían que ya no era tampoco su tesorero y
que se le había expulsado de la dirección.
Pero dejaban en sus manos la decisión de
irse al Grupo Mixto, tal y como han hecho
los imputados de la Comunidad de Madrid.
Rajoy aseguró que creía en la inocencia de
Bárcenas. Pero para hacerlo recurrió a un
paralelismo que no venía al caso. "Como dice
el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
el juez Baltasar Garzón es inocente mientras
la Justicia no diga lo contrario".
El líder conservador incurrió, además, en un
error: "Todos los imputados del PP se han
dado de baja del partido y han abandonado
sus cargos". Se olvidaba en ese momento de
uno: el diputado Jesús Merino, imputado por
los mismos delitos que Bárcenas. Se le
preguntó por él. Mutismo absoluto. De nuevo
sin respuesta.
Por la tarde, Merino seguía el mismo camino
que Bárcenas. El parlamentario comunicaba
del mismo modo su baja temporal como
afiliado incidiendo en que no quería
"perjudicar los intereses" del partido en el
que llevaba "casi 20 años". El grupo
parlamentario también le arropó: "Siempre ha
puesto por delante los intereses del PP y
del grupo a los que ha servido con lealtad
de manera permanente". De su marcha al
mixto, aún no querían oír hablar.
(www.publico.es,
09/04/10)
DE COSPEDAL NO VE "OBSTÁCULOS" PARA QUE
BÁRCENAS SIGA EN EL SENADO CON EL PP
La secretaria general del PP, María Dolores
de Cospedal, ha asegurado hoy que no ve
"ningún obstáculo" para que Luis Bárcenas
pueda permanecer en el Grupo Popular en el
Senado, donde estaría como independiente, y
ha añadido que "tendrá que ser de acuerdo"
con el Reglamento de la Cámara Alta.
En declaraciones a la Cadena COPE, De
Cospedal ha añadido que Bárcenas, imputado
en el caso Gürtel, mantiene su escaño en la
Cámara Alta, donde es senador por Cantabria,
y ha considerado que "es algo que está bien
porque para eso sirve el fuero".
Ha explicado que, "como es lógico" y al
haber dejado de ser militante del PP, pierde
su condición de tesorero del grupo
parlametario y, sobre si continuará o no
adscrito al mismo como independiente o
pasará al grupo Mixto, ha señalado que
"tendrá que ser de acuerdo con el Reglamento
de la Cámara".
Esa pérdida de la condición de militante, ha
dicho De Cospedal, significará también que
Bárcenas dejará de contar con un despacho en
la sede nacional del PP, algo que -ha
señalado- "parece bastante lógico".
Sobre si el PP seguirá costeándole la
defensa, ha indicado que será el partido,
junto con el nuevo tesorero nacional, José
Manuel Romay Beccaría, el que "tomará la
decisión más adecuada" en un tema que no es
"de absoluta importancia".
Respecto al hecho de que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya
asegurado que fue ella la que destapó el
caso Gürtel, De Cospedal ha respondido que
lo importante es la forma en que han actuado
la dirección regional del partido en Madrid
y la nacional.
"Se ha actuado de una manera conjunta y,
siempre, siempre, con una absoluta idea
conjunta de lo que había que hacer. siempre
hemos contrastado lo que teníamos que hacer
cuando se trataba, por ejemplo, de miembros
del PP de Madrid, y siempre hemos estado de
acuerdo, nunca ha habido ninguna pega por
ninguna de las dos partes", ha concluido.
(www.publico.es,
09/04/10)
JESÚS MERINO TAMBIÉN SE DA DE BAJA COMO
MILITANTE DEL PP
El diputado del PP por
Segovia, Jesús Merino, imputado en el
caso Gürtel ha
seguido los pasos de Luis Bárcenas y ha
anunciado este jueves a través de un
comunicado que ha solicitado su baja
temporal como militante del PP.
El comunicado íntegro de Merino es el
siguiente:
"En la tarde de hoy he comunicado a la
dirección del Partido y del Grupo
Parlamentario mi decisión de solicitar
mediante escrito que presentaré de forma
inmediata, mi baja temporal como militante
del Partido Popular.
Desde la aparición pública de este asunto
siempre he manifestado mi disposición a
aceptar las decisiones que tanto el Partido
como el Grupo Parlamentario considerasen más
convenientes, y en consecuencia adopto esta
decisión de petición de baja temporal de
militancia, para no perjudicar los intereses
del Partido Popular del que formo parte
desde hace casi 20 años y de mi grupo
Parlamentario.
De esta forma considero que podré ejercer
mejor mi derecho de defensa en el
procedimiento abierto en el Tribunal Supremo
ante el que demostraré mi absoluta
inocencia.
Quiero agradecer al Partido Popular y al
Grupo Parlamentario, la confianza que han
depositado en mí en las distintas
responsabiliades políticas que he ejercido
en estos años".
Merino no aclara en el comunicado si
renunciará al escaño que tiene en el
Congreso o si abandonará el Grupo Popular
para pasarse al Grupo Mixto.
Según el sumario del
caso Gürtel, cuyo secreto se levantó el
pasado martes, Merino recibió más de 254.000
euros en comisiones del líder de la trama,
Francisco Correa, en las mismas fechas que
lo hizo el senador y ex tesorero del PP,
Luis Bárcenas, quien
también se ha dado de baja
este jueves.
El PP, convencido de su inocencia
La dirección del Grupo Popular en el
Congreso ha manifestado que entiende la
decisión adoptada por Merino, a la vez que
valora su "lealtad y colaboración" en el
trabajo parlamentario y reafirma el
convencimiento de su inocencia.
El PP ha hecho pública otra nota oficial en
la que considera que esta decisión "servirá
para ejercer mejor su derecho de defensa
desde el convencimiento de que quedará
demostrada su inocencia".
"La dirección del Grupo Popular quiere poner
de manifiesto la colaboración y disposición
que siempre ha recibido de Jesús Merino, y
especialmente desde que se inició el
procedimiento abierto ante el Tribunal
Supremo", señala el comunicado. En el texto,
los conservadores hablan de Merino como un
hombre que "en todo momento, ha puesto por
delante los intereses del Partido Popular y
del Grupo Parlamentario, a los que ha
servido con lealtad de manera permanente en
su trabajo político y parlamentario".
(www.publico.es,
09/04/10)
LAS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL
CUYA EXISTENCIA NIEGA EL PP
"Ha quedado acreditado que no había una
trama de financiación irregular del PP". La
frase la pronunció ayer Mariano Rajoy,
mientras anunciaba que el hombre que aupó a
tesorero del partido dejaba de ser
militante. Y la misma idea la han repetido
una y otra vez los dirigentes del PP desde
el pasado martes, cuando se conoció el
contenido de los 50.000 folios del sumario
del caso Gürtel que estaban bajo secreto.
Pero la lectura de esos folios lo que
demuestra es exactamente lo contrario: que
la policía ha encontrado pruebas de
financiación ilegal en la Comunitat
Valenciana, en Madrid y en Galicia.
La forma fraudulenta de financiar las
campañas electorales de Francisco Camps y
Esperanza Aguirre muestra enormes
similitudes: en ambos casos el dinero
procedía de empresarios, en ambos casos
fueron sociedades de la trama corrupta las
que falsificaban las facturas para ocultar
que se estaban pagando gastos del PP (Orange
Market en Valencia y Special Events en
Madrid) y en ambos casos los empresarios que
entregaron fondos al partido recibieron
después millonarias adjudicaciones de los
Gobiernos autonómicos respectivos.
Sólo existe una diferencia entre ambas
organizaciones del PP: en Madrid se utilizó
una fundación como intermediaria para
recibir el dinero de los empresarios,
mientras que en Valencia pagaron
directamente las facturas que les giraba
Orange Market. Un detalle irrelevante que,
en todo caso, lo único que demuestra es que
el partido de Camps decidió tomarse menos
molestias a la hora de ocultar el origen
ilegal de los fondos.
El objetivo en ambos casos era saltarse la
ley, que fija a cada partido un tope de
gasto en cada campaña electoral. Al
falsificar las facturas, los gastos no se
imputaban al PP y así el partido no superaba
el límite establecido. Esas cuentas
oficiales trucadas son las que analizó el
Tribunal de Cuentas, que lógicamente no
detectó las irregularidades.
Este hecho se ha convertido en otro de los
argumentos de defensa utilizado por los
principales dirigentes del PP: que sus
cuentas "están auditadas" y el Tribunal de
Cuentas no "encontró irregularidades". Claro
que lo mismo ocurrió con Filesa, un caso de
financiación ilegal que afectó al PSOE a
principios de los años noventa. El escándalo
tampoco lo detectó el Tribunal de Cuentas,
ya que este sólo examina los documentos que
le envían los partidos, y parece lógico
concluir que si un tesorero decide montar
una trama de financiación ilegal, no informa
de ello a ningún tribunal.
Los datos sobre la financiación ilegal del
PP en Madrid y Valencia constan en un
detallado informe de la Brigada de Blanqueo
de la Policía, incorporado en el tomo 25 del
sumario instruido por el magistrado Antonio
Pedreira. En el primer caso, los documentos
aparecieron en un lápiz de memoria que la
trama corrupta guardaba en un "piso de
seguridad" en Madrid. En Valencia, las
pruebas fueron halladas en ordenadores y
documentos incautados a la empresa Orange
Market, que dirigía Álvaro Pérez, conocido
como El Bigotes y autodeclarado "amiguito
del alma" de Francisco Camps (ver cuadro
adjunto).
En cuanto a Galicia, en el informe policial
se explica que, entre abril de 1996 y
septiembre de 1999, el PP autonómico
liderado por Manuel Fraga abonó en negro 3,2
millones de euros. Su secretario de
Organización era Pablo Crespo, ahora
encarcelado.
(www.publico.es,
09/04/10)
AZNAR: "EL PP NO TOLERA LA CORRUPCIÓN"
Teóricamente no era más que una comida de
viejos compañeros, los miembros electos de
la Ejecutiva de 1990, para compartir un poco
de nostalgia, 20 años después del congreso
que aupó a Aznar como sucesor de Fraga. Pero
el discurso de Aznar se convirtió
rápidamente en noticia. El ex presidente no
había hablado de corrupción desde que
estalló el caso Gürtel, hace un año, y eso
que Francisco Correa organizó todas sus
campañas, y se hizo rico con el PP en su
época. "El Partido Popular era, y debe
seguir siendo, incompatible con la
corrupción. Debemos estar siempre alerta, no
restar nunca valor a la honradez, y no
tolerar nunca ni minimizar la corrupción. El
PP que surgió de Sevilla fue implacable
contra la corrupción, y creo que nuestros
militantes nos exigen que así siga siendo",
dijo. También reivindicó "la necesidad de
ideas claras y fuerza de voluntad" para
alcanzar el poder.
Por suerte para Rajoy, ese discurso, que
estaba preparado y redactado mucho antes, se
produjo después de que Bárcenas ya hubiera
dimitido. Así que el líder del PP pudo
contestar. Habló poco y anunció a sus
compañeros que había decidido proponer como
nuevo tesorero a José Manuel Romay Beccaria,
presente en la comida, y lanzó un homenaje a
su mentor, que le eligió para sucederle:
"Quiero agradecer a Aznar lo que ha hecho
por el partido y por España, y, a título
personal, lo que ha hecho por mí".
También aprovechó para responder a la
crítica más frecuente del ala dura, la de
que ha abandonado los principios del PP:
"Seguimos siendo continuadores del proyecto
de Sevilla. Continuamos defendiendo los
mismos principios y los mismos valores".
(www.elpais.com,
09/04/10)
AZNAR ALERTA A RAJOY DEL PELIGRO DE SER
BLANDO CON LA CORRUPCIÓN
José María Aznar celebró ayer el 20°
aniversario de su ascenso a la presidencia
del PP (para serlo de España tuvo que
esperar seis años más) con un discurso
trufado de elogios a su propia trayectoria
política, pero, sobre todo, con un par de
advertencias a Mariano Rajoy para que salga
ileso del zarzal del caso Gürtel. «Los
españoles no entenderían que el PP dejase de
ser incompatible con la corrupción», alertó
Aznar. Fue un discurso ante quienes hace 20
años formaron parte de su primera ejecutiva.
Y lo ofreció en la misma ciudad, Sevilla,
donde se celebró aquel congreso de
renovación popular.
A ese cónclave se remontó el expresidente
del Gobierno y presidente de honor del PP en
una velada comparación entre el equipo que
formó él en 1990 y la actual cúpula de los
conservadores. «El PP que surgió del
congreso de Sevilla fue implacable contra la
corrupción, y creo que nuestros militantes
nos exigen que así siga siendo». Ayer y hace
20 años, Rajoy estuvo en Sevilla para
escuchar a Aznar.
Ambos políticos se conjuraron para que en el
seno del PP no vuelvan a destaparse
conductas corruptas como la que,
presuntamente, según la investigación del
caso Gürtel, cometió el dimitido Luis
Bárcenas. Aznar había convocado a su primera
ejecutiva a una foto de familia a la vera
del río Guadalquivir, con la Torre del Oro
al fondo, y a un almuerzo en el mismo
restaurante en el que cenaron dos décadas
atrás una vez terminado el congreso
hispalense. Pero la actualidad reciente en
el PP se llevó por delante todo simbolismo.
Aznar se refirió de lleno al presente cuando
se dirigió en pasado a los asistentes:
«Quiero agradeceros vuestro apoyo en la
determinación política de demostrar a los
españoles que el PP era, y debe seguir
siendo, incompatible con la corrupción.
Estoy seguro de que compartís conmigo la
convicción de que la buena política es
siempre una política ética. Y que la mala
política desprecia los límites éticos. Por
eso debemos estar siempre alerta, no restar
nunca valor a la honradez y no tolerar ni
minimizar la corrupción».
La receta del presidente de honor llegó en
el momento justo. Después de que el amparo
inicial de Rajoy a Bárcenas causase
nerviosismo en las filas conservadoras. Y el
día en que ambos pactaron los términos de la
dimisión del extesorero del PP. No lo citó,
pero a Aznar solo le faltó poner como
ejemplo su labor de limpieza interna con el
caso Naseiro.
El resto del discurso del expresidente del
Gobierno, además de los agradecimientos a su
primer equipo por los servicios prestados,
no defraudó las expectativas. Incluyó
ataques al PSOE, de entonces y de ahora.
Mirando al futuro pero recordando siempre el
pasado, Aznar alentó al PP a mantener la
convicción y la determinación de 1990, y a
lograr una voluntad mayor «que la de
aquellos que ponen en cuestión el país o
que, incluso, quieren destruirlo». También
acusó al socialismo de pretender «ser
hegemónico y aplastar todo lo que pudiera
convertirse en alternativa de gobierno».
(www.elperiodico.com,
09/04/10)
AZNAR, AZOTE DE LA CORRUPCIÓN, SENTÓ EN
SU MESA AL EX NÚMERO TRES DEL PP DESTITUIDO
POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO NASEIRO
¿Es el PP un partido nostálgico? Oyendo a
Jaime Mayor Oreja hablar sobre el
franquismo, aquella etapa de “extraordinaria
placidez”, muchos podrían pensar que sí.
Pero no es la única prueba. El acto
celebrado ayer en Sevilla para recordar los
20 años transcurridos desde la elección de
José María Aznar como presidente del PP
también valdría de ejemplo. Como también es
válido el hecho de que hoy hace 20 años que
fueron detenidos el entonces tesorero del
PP, Rosendo Naseiro, y el que fuera concejal
en Valencia, Salvador Palop, acusados de
cohecho, dentro del conocido como caso
Naseiro.
En plena tormenta por los 50.000 folios del
<i>caso Gürtel</i>, la coincidencia de
fechas parece una broma del destino. A broma
también suena que Aznar ayer <i>enmendara la
plana</i> a Mariano Rajoy, exigiendo ser
“implacables con la corrupción” al tiempo
que sentaba en su mesa a Arturo Moreno,
quien tuviera que dimitir como responsable
electoral del partido por su implicación en
el <i>caso Naseiro</i>.
El azote de la corrupción
El <i>caso Naseiro</i> no tuvo repercusiones
judiciales por un defecto de forma en la
obtención de las escuchas incriminatorias.
Un derrotero por el que a muchos les
gustaría que acabase caminando el <i>caso
Gürtel</I>. Pero sí tuvo unas consecuencias
políticas que ayer Aznar pareció pasar por
alto en su enésimo empeño de mostrarse como
azote de la corrupción.
El fiscal Gallardón
Ante las graves revelaciones de las escuchas
del <i>caso Naseiro</i>, el flamante
presidente del PP, Aznar, pidió una
investigación interna a un joven senador del
PP, fiscal en excedencia, llamado Alberto
Ruíz-Gallardón. El ahora alcalde de Madrid
desarrolló en 75 páginas las consecuencias
judiciales y políticas que podría tener el
caso.
Un tal Zaplana y un tal Aragonés
Aunque la prensa de la época apuntó en esa
dirección, finalmente se salvaron de la
quema de cargos el entonces presidente del
PP de Alicante, un tal Eduardo Zaplana; y el
secretario de Estudios y Programas, un tal
Carlos Aragonés, amigo personal de José
María Aznar. Quien sí tuvo que dimitir fue
Arturo Moreno, vicesecretario general del PP
y miembro del <i>clan de Valladolid</i>, el
grupo de políticos creado en torno a Aznar y
al que pertenecían la mayoría de implicados
en el <i>caso Naseiro</i>.
La boda
El estigma que pesa sobre Moreno no le
impidió ayer hacerse la foto con el grupo
que reunió Aznar a orillas del Guadalquivir.
Nada estrafalario, en cualquier caso. Sobre
todo si se tiene en cuenta que el ex
presidente volvió a presumir de su
<i>incompatibilidad</i> con la corrupción a
pesar de que la <i>trama Gürtel</i> empezó a
corromper al PP en el momento en que él
llegó al poder. Y a pesar de que Correa y
<i>El Bigotes</i> fueron los encargados de
organizar la fastuosa boda entre su hija y
Alejandro Agag.
(www.elplural.com,
09/04/10)
UN HOMENAJE A TIEMPOS MEJORES
Era una comida de políticos, no de amigos, y
se notó. A todos les une sobre todo una
cosa: la voluntad de que el PP vuelva al
poder. Y eso estaba en las conversaciones.
Tanto que, Manuel Fraga, el gran patriarca,
recordó al final que sólo Aznar pudo
gobernar y brindó por la recuperación del
poder, esto es, por la victoria de Mariano
Rajoy.
La corrupción provocó corrillos. "Menos mal
que se ha resuelto lo de Bárcenas antes",
respiraba un comensal. Muchas miradas
estaban puestas en Arturo Moreno, que fue
vicesecretario de Organización y cayó por el
caso Naseiro, tras un informe de Alberto
Ruiz-Gallardón y Federico Trillo, que ahí
siguen. Le saludaron como si nada.
Fraga entró en silla de ruedas y salió
andando, con ayuda. Los periodistas acosaron
a Aznar -al que una señora a la salida le
gritó "Aznar, vuelve, por Dios"- y a
Francisco Álvarez- Cascos, más que probable
candidato en Asturias. Y dentro, dos
sectores. Uno, el de los que siguen con
Rajoy -Gallardón, Trillo, Villalobos, Romay,
Posada- y otro, mucho más escéptico.
(www.elpais.com,
09/04/10)
CORREA: "DALE PASTA Y QUE NO TOQUE EL
EXPEDIENTE"
En la mente del jefe de la trama Gürtel
anidaba una idea fija: todo el mundo tiene
un precio. Para Francisco Correa, un buen
soborno es irresistible, a juzgar por la
altanería que exhibe en las conversaciones
con sus adláteres grabadas por la policía.
Dos meses antes de que el juez Baltasar
Garzón lo metiera entre rejas, su obsesión
era desbloquear la licencia del lujoso chalé
que se construía en Ibiza al margen de toda
legalidad.
Había invertido "tres millones y pico" de
euros y no estaba dispuesto a que un simple
carguillo del Gobierno balear obstaculizara
sus deseos de asueto y lujo. Y menos a él,
testigo de la suntuosa boda de la hija del
ex presidente Aznar, alguien de lazos
directos con el entorno de Génova, alguien
que tenía a su vera, untados, a altísimos
cargos del PP.
En una conversación con Pablo (Pau) Collado,
su hombre al frente de la sociedad Easy
Concept, le ordena que contacte con la
responsable de Litoral y Costas de Baleares
para que libere su chalé, en un exótico
paraje de Sant Joan de Abritja (Ibiza), de
las trabas administrativas. "Le dices: 'Oye,
toma tanta pasta para guardar el expediente
y no lo menees". Señala que uno de los
frentes, el municipal, lo tiene "resuelto"
[sic], porque su gente ha hecho gestiones
con alguien del Ayuntamiento y que "mirarán
para otro lado". Que su estrategia es llevar
"15 o 20" obreros al chalé un fin de semana
para desdibujar la fachada con yeso y
aparentar, si iban los técnicos municipales,
que era una vieja casa sin lujos sometida a
una necesaria rehabilitación. Su intención
era acabar las obras, vender el chalé y
comprarse un barco.
"Hazle un buen regalo"
Días después, Collado le llama y le da una
"buena noticia". Le dice que ha contado con
un "buen amigo suyo" que resulta que es el
jefe de la responsable de Litoral y Costas.
"Dile al tío ése que coja el expediente, se
lo lleve a su casa y lo guarde. Y si lo
arregla todo, hazle un buen regalo". Era su
principal arma disuasoria: los regalos, en
especie o en metálico. Con mucho dinero y
carísimas dádivas engatusó a alcaldes,
consejeros y a altos cargos popularesde
Madrid, Valencia y, según la policía,
también de Castilla y León. Las grabaciones
policiales muestran a un Correa todoterreno,
temeroso de que el juez Garzón le eche el
guante tras el registro del despacho de su
asesor financiero, Ramón Blanco Balín, el
hombre que le colocó su fortuna en el
extranjero y le blanqueó parte de ella para
seguir sobornando a políticos.
(www.elpais.com,
09/04/10)
CASCOS RECUPERA LA TEORÍA DE LA
CONSPIRACIÓN: "HAY UNA CAMARILLA POLICIAL
DEDICADA A FABRICAR PRUEBAS CONTRA EL PP"
Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de
Fomento y ex secretario general del PP
durante la etapa en la que germinó la trama
de corrupción liderada por Francisco Correa
juzgada en el caso Gürtel, ha restado toda
credibilidad a los más de 50.000 folios del
sumario que instruye el juez del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid Antonio
Pedreira y ha acusado a "los policías que
investigan al PP" de ser una "camarilla" que
"está falsificando papeles y
preconstuituyendo pruebas" contra el
partido.
"Algunos se hicieron famosos por falsificar
los papeles de Laos", ha subrayado en
referencia al caso Luis Roldán.
Entre esas supuestas pruebas preparadas ha
aludido al viaje que realizó junto a su
esposa a Lanzarote en 2003 y que, según
refleja el sumario, fue sufragado por los
cabecillas de la red corrupta. Cascos no ha
ofrecido ni un solo dato que contradiga la
acusación, aunque sí ha justificado la
concesión de contratos a Francisco Correa
en que las ofertas que presentaba eran "más
atractivas" económicamente que las de otras
empresas y que "no había quejas de su
servicio".
"Hasta ahí puedo dar fe de que eso es lo que
conocimos los que en ese momento estábamos
en el PP. Si luego Correa se metió en otras
andanzas, en otros ámbitos de tipo
institucional o municipal, yo lo ignoro", ha
reconocido antes de recalcar que "en
absoluto" los dirigentes del PP tuvieron
"sombras de duda" sobre "la conducta", "los
comportamientos" o "los métodos irregulares
o delictivos de esa trama".
Cascos ha recuperado la teoría de la
conspiración, que los propios conservadores
despreciaron, contra el PP. El partido,
asegura, "se enfrenta a una operación donde
está clarísima la intencionalidad política
de los promotores. Ni partidos, ni empresas,
ni clubes, ni medios de comunicación tienen
medios especiales de investigación, ni
policía, ni agentes tributarios... Queremos
confiar en la imparcialidad de instructores,
policías, de fiscales. Eso no se da en estos
momentos en el proceso instruido contra el
PP".
El ex ministro subraya que la instrucción
del caso Gürtel "está viciada en su origen"
por culpa de Garzón
Sin decirlo de forma explícita, Cascos ha
situado en el centro de la conspiración al
juez Baltasar Garzón —primer juez instructor
del caso Gürtel—, quien tiene una
"animadversión pública y proclamada" hacia
el PP, lo que permite sospechar de su
"imparcialidad y ecuanimidad". La
instrucción del caso Gürtel "está viciada en
su origen" por culpa del juez Garzón, al que
el ex ministro ha definido de "anormalidad
democrática de la que debería tomar nota el
Consejo General del Poder Judicial". "Es el
único personaje que, en un mismo año, ha
formado parte de los tres poderes: el
ejecutivo, el legislativo y el judicial", ha
denunciado.
Por todo ello, tanto el PP como las personas
del partido afectadas en la instrucción del
caso Gürtel "tienen toda la razón para no
considerarse juzgados con ecuanimidad".
Entre ellos Luis Bárcenas, que ayer dimitió
de forma definitiva como tesorero del PP y
presentó su "baja temporal" como militante
del partido por las decenas de pruebas que
le vinculan con la trama corrupta.
Al respecto, Cascos ha reconocido que es
amigo de Bárcenas "desde hace más de diez
años" y que, por eso, nunca hablará mal de
él. ""Es mi amigo. A los amigos y a las
personas que pueda ayudar las ayudaré
siempre y, como estoy convencido de su
inocencia, estoy seguro de que sabrá
defenderse y que saldrá airoso del envite
durísimo al que está siendo sometido", ha
augurado para zanjar: "No me consta ni una
sola de las irregularidades que se le
imputan".
En una entrevista concedida a la cadena Onda
Cero, Álvarez-Cascos ha reconocido que le
hace "gracia" que "la estrategia de acoso"
que sufren los conservadores esté liderada
por el PSOE, "con lo que tiene encima como
partido". "No a todos los políticos se les
juzga con el mismo rasero", se ha
lamentado.
A Cascos le hace "gracia" que "la estrategia
de acoso" al PP esté liderada por el PSOE,
"con lo que tiene encima como partido"
Francisco Correa, presunto jefe de la trama
corrupta, contó al juez Antonio Pedreira
cómo en el primer tercio de los 90 las
empresas del conglomerado Gürtel se
instalaron en la órbita del PP, hasta
trabajar casi en exclusiva para el partido,
y cómo lo lograron gracias a Luis Bárcenas y
a otros dirigentes de la formación
conservadora, entre ellos Francisco Álvarez
Cascos.
Cascos se ha negado a realizar una sola
crítica a su formación: "Las criticas tienen
que ser oportunas, ahora no creo que sea el
momento ni yo estoy en una circunstancia que
me permita lanzar críticas", ha señalado.
Aun así, no ha desaprovechado la ocasión
para recordar a los conservadores que
"tenemos que ser más exigentes". "Hay algo
que a veces se ignora o no se quiere
reconocer, porque claro, le quita morbo y
probablemente intensidad, y es que no hay
ideologías redentoras ni estatutos
redentores. La maldad o el vicio está en las
personas y a partir de ahí tiene que ver
actitudes o respuestas por parte de los
partidos", ha insistido.
El vicepresidente del
primer Gobierno de José María Aznar
se jactó el pasado
31 de marzo en una entrevista en la Cope de
que existe "una marea creciente de personas"
que cree oportuno que regrese como candidato
en Asturias.
(www.publico.es,
09/04/10)
COTINO, EXDIRECTOR DE LA POLICÍA, CRITICA
EL INFORME DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
«El informe policial incluido en el sumario
es mentira». Así de contundente se mostró
ayer el exdirector general de la Policía y
vicepresidente tercero del Gobierno de
Francisco Camps, Juan Cotino, quien también
aseguró que «está hecho ad hoc para ir en
contra de la Comunidad Valenciana».
«La inmensa mayoría de las cosas que se han
publicado están hechas para arremeter contra
el PP», añadió en referencia a las
informaciones que aseguran que Cotino
recibió un chaquetón de la trama Gürtel. «Me
gustaría que el juicio se celebrara mañana
para decirle al juez que nadie me ha
regalado eso [el chaquetón]», afirmó.
No obstante, el vicepresidente valenciano
admitió que su familia ha tenido «relaciones
comerciales» con el responsable de la
empresa Orange Market, Álvaro Pérez, alias
el Bigotes, que ahora «ya no existen». De
hecho, su sobrino, Vicente Cotino, es
director de Sedesa, una de las compañías
bajo sospecha.
(www.elperiodico.com,
09/04/10)
Correa dice al juez que llegó al PP de la
mano de Cascos, Arenas y Sepúlveda
El supuesto cabecilla de la trama Gürtel,
Francisco Correa, admitió ante el juez
instructor del caso en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que
comenzó su andadura en el PP en 1993 de la
mano del entonces secretario general del
grupo, Francisco Álvarez Cascos. Según la
versión de Correa recogida en el sumario
destapado esta mañana, fue el dimitido
tesorero del grupo, Luis Bárcenas, quien le
llamó para trabajar con el partido. Pero no
fue Bárcenas, que entonces era gerente del
grupo, sino Cascos quien hizo la entrevista
y dio el visto bueno para que organizara los
actos y mítines del partido, asegura la SER.
La explicación dada por el principal
imputado del caso es que su oferta era más
barata que la de la empresa anterior.
Según relató
Correa en su declaración, cinco cargos
del PP tomaron la decisión de
contratarle, entre ellos, Jesús
Sepúlveda -ex marido de Ana Mato
cuya imputación en
la Gürtel le obligó a dimitir
como alcalde de Pozuelo-,
y
Javier Arenas,
actual vicesecretario nacional para
asuntos territoriales y presidente del
PP en Andalucía. Entonces
era responsable de organización del
partido.
Buena
relación con Aznar
En otro momento de su declaración,
Correa reconoció que con “el presidente
viajábamos fuera, acompañando al señor
Aznar con lo cual se creó una relación
bastante buena”, recoge la
cadena SER. El
ex concejal de Majadahonda que destapó
la trama corrupta,
José Luis Peñas,
aseguró en una entrevista a este
periódico que el cabecilla de la red
solía presumir de su amistad con el ex
presidente del Gobierno.
Viaje a
Venezuela para asesorar a una Miss
El pasado 12 de noviembre,
El Plural publicó
la noticia de que, en 1998 un todavía
desconocido Correa recibió un encargo
exclusivo del entonces presidente del
Gobierno, José María Aznar: organizar un
viaje a Venezuela para el asesor de
cabecera de los
populares,
Pedro Arriola; para el futuro
yernísimo, Alejandro Agag, y para
el que fuera jefe de Comunicación del
PP, Francisco García Diego. Su misión
era asesorar a el ex Miss Universo Irene
Sáez en su candidatura a la presidencia
del Gobierno en los comicios que
finalmente ganó Hugo Chávez.
Vuelos para todos
Pasadena Viajes, la agencia de Francisco
Correa que organizó todos los viajes del
PP entre 2000 y 2006, ha sido un filón
documental para el juez y los peritos.
El mismo Mariano Rajoy voló a Canarias
tras su derrota electoral de 2004,
aunque este viaje nunca fue abonado por
el PP.
Pasadena también organizó viajes
privados más fastuosos como
un safari
exclusivo en África para Bárcenas,
un vuelo a Venezuela para el yernísimo
Agag, o incontables desplazamientos para
Jesús Sepúlveda. A falta de aviones,
Gürtel también puso a disposición
del ex marido de Ana Mato fastuosos
vehículos,
Jaguar incluido.
De Cascos
Precisamente, un
viaje habría sido el germen de la
relación de
Cascos y Correa.
El político conoció al empresario al
acudir a su agencia de viajes, situada
en las inmediaciones de la calle Génova,
a comprar dos billetes de avión para
Estambul. Entonces estaba el PP todavía
en la oposición. El supuesto cabecilla
de la Gürtel adquirió una plaza
en ese mismo vuelo para hacerse el
encontradizo y abordar al entonces
número dos del PP. Ambos habrían trabado
relación en el aire, aunque ya en tierra
y de vuelta a la calle Génova el segundo
del PP le contrató.
Este extremo fue
desmentido por Cascos,
quien aseguró que adquirió los billetes
cuando Correa ya era “proveedor” del PP.
A Bárcenas y Galeote
A
partir de Cascos, Correa tuvo luz verde
en la sede del PP de la que entraba y
salía a sus anchas. Así, el supuesto
cabecilla Gürtel también logró
relacionarse con los citados Bárcenas, a
quien la policía ha señalado como el
mediador de los supuestos corruptos con
capacidad decisoria en el partido, con
Gerardo Galeote, ex eurodiputado también
imputado en el caso, y con Antonio
Cámara, secretario personal del ex
presidente José María Aznar.
Las conversaciones acusan
Los nombres de
Cascos y Bárcenas aparecen en las 18
horas de conversaciones telefónicas
intervenidas por orden del juez Baltasar
Garzón. En un momento de una de las
interlocuciones, el imputado apuntaba:
“Ya te he dicho que yo le he llevado a
Bárcenas (ex tesorero del PP), a su casa
y a Génova, 1.000 millones de pesetas
por adjudicaciones de obras en la época
de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el
paraíso fiscal donde lo tiene”. Cuando
Cascos era ministro de Fomento
Aena, ente público
que gestiona los aeropuertos, pagó
350.000 euros a una de las empresas
Gürtel.
Correa no pagó las
vacaciones de Cascos en Tenerife
Según revela El País, Cascos se
dirigió el pasado 6 de noviembre al jefe
de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio
Salinas, en relación con algunas
informaciones
filtradas del sumario que aseguraban se
estaba investigando un viaje realizado
con su mujer a Tenerife,
que presuntamente le habría regalado la
trama. Él mismo se ofreció a demostrar
lo contrario y pidió al fiscal que
reclamara a las empresas hoteleras y de
viajes la documentación pertinente para
demostrar que todos los gastos corrieron
de su cuenta. Así se hizo y
Anticorrupción comunicó al ex ministro
que se había podido documentar que tal
regalo no existió y que se había pagado
sus vacaciones en Tenerife.
www.elplural.com
06.04.10
«QUÉ PUTADA TÍO, A CADA CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN»
LUIS BÁRCENAS. El político del PP que lo sabía todo
El número dos de la red, Pablo Crespo, habla con un tal Gerardo el 30 de enero del 2009 y destaca el papel de Luis Bárcenas y su predecesor en el cargo de tesorero, Álvaro Lapuerta.
GERARDO: Yo tengo una información de que en cuanto pierda las gallegas y las europeas va a tener problemas [...]. Lo que pasa es que no sé cómo va a influir esto de los dosieres y de los espías.
PABLO CRESPO: Pues parece ser que el grupo Prisa o por lo menos la Ser [tienen] la de Dios.
G.: Sí, tiene mucho, dada por Lapuerta, que tiene 80 años me parece.
P. C.: Sí hombre, yo lo conozco muy bien. [...] A Álvaro le pueden sacar la de Dios, porque sabe mucho.
os últimos 20 años, eh.
G.: Yo no le conozco.
P. C.: Yo sí. Él y Luis Bárcenas lo saben todo.
EL TEMOR. «Si meten la cabeza ahí, no acaban»
En enero del 2009, cuando todavía no ha estallado el ‘caso Gürtel’, Francisco Correa comenta con Álvaro Pérez, alias ‘el Bigotes’, una portada de ‘El Mundo’ que acusa a Bárcenas de presionar para conseguir contratos en la Comunidad de Madrid.
FRANCISCO CORREA: Lo has visto, ¿no? En portada. [...] A nuestros amigos, que les están tocando.
ÁLVARO PÉREZ: Sí, sí, esto no es nada. Es el inicio [Risas].
F. C.: Qué putada tío, a cada cerdo le llega su San Martín. [...] Bárcenas, presionado por adjudicación.
Alvarito de la Cruz está aquí también.
Á. P.: Sí, sí, sí, es el principio, es el principio.
F. C.: Oye, como metan ahí... acabar, si metes la cabeza no acabas.
Á. P.: Ya, ya, hombre, tú lo sabes mejor que nadie en el planeta Tierra, o sea que imagínate. Por eso te digo que bueno, tranquilidad, que aquí [inauguración de Fitur]... éxito absoluto tío.
F. C.: Me han dicho que ha quedado espectacular.
EL BAUTIZO. La buena relación con el PP valenciano
Correa y Pérez conversan sobre la preparación del bautizo de la hija de Álvaro, al que esperan que asista la cúpula de PP valenciano.
F. C.: ¿Quién va más? ¿Va Vicente Cotino?
Á. P.: No, Vicente Cotino está fuera de España, viene Rambla, viene Ricardo Costa, y viene Pedro y la mujer del presi sola.
EL VATICANO. «Hay 500 millones de negocio»
A finales del 2008, Pérez intenta cerrar un acuerdo con un tal José para intervenir en la organización de un acto de la diócesis de Madrid.
JOSÉ: Yo me reúno la semana que viene con el tío de la diócesis de Madrid. Cuando sepa la fecha y demás, si te quieres venir , te vienes.
Á. P.: No tío. Es que yo tengo tanta confianza en ti... porque sé lo que es eso, sé la que se puede liar, sé lo que se puede montar, lo que puede ser y lo que puede suponer para ti y para mí. Aquí solo se trata de una cosa, de que seamos discretos.
J.: Yo no he dicho nada.
Á. P.: Segundo punto, yo ya te contaré, por qué razones y por qué motivos tengo un contacto en el Vaticano que es la hostia. Así que si tú haces fuerza por un lado y yo hago fuerza por otro, pues mira, a lo mejor nos toca el Niño a mediados de año.
J.: A mí, quien me da el nombre es el tío que va a lleva el tema en la diócesis, que es la mano derecha de Antonio Rouco Varela. Y me han dicho que lo que diga él va a misa .
Á.P.: Audio y vídeo. Nosotros tenemos que poner pantallas y el audio en Madrid, nada más. Alrededor hay 500 millones de negocio.
FITUR Y LA CONVENCIÓN. Un buen principio de año para la empresa
Crespo y Pérez se las prometían muy felices a principios del año pasado, como refleja esta conversación.
Á. P.: Otra cosa. A últimos de este mes, aparte de Fitur, tengo una convención para unas 8.000 personas con el partido.
P. C.: ¿Pero a nivel nacional o qué?
Á. P.: En Alicante, sí, a nivel nacional.
P. C.: Hostias. Esto es una pasta, ¿no? ¿Quién lo paga?
Á. P.: Ricardo [Costa]
P. C.: Pobre Ricardo.
LOS TRAJES. Las medidas del presidente Camps
La policía incluye en el sumario un mensaje de móvil de enero del 2009 en el que un tal Juan Bautista Pastor le envía a Pérez las medidas de Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana.
SMS JUAN BAUTISTA: Medidas Sr. Camps americana t 54 pantalón t 48 largo pant 108 tiro a 79,50 saludos pastor.
SMS ÁLVARO PÉREZ: Gracias amigo.
LA SEGURIDAD. «Cualquiera mata por esto»
El temor a que los teléfonos móviles estén pinchados crece entre los protagonistas de la trama corrupta. De hecho, ‘el Bigotes’ exige a su amigo Juan que sea precavido en enero del 2009, cuando todavía no se ha producido ninguna detención.
ÁLVARO PÉREZ: A partir de mañana se acabó el hablar con teléfono con nadie [...]. Porque no sabemos si nos graban, si nos escuchan, si su puta madre, eso va a ser un credo [...]. Insisto, te compras un equipo que vale 1.700 euros en el espía, en la tienda de la Castellana, y pinchas un móvil, tío.
JUAN: Es que es la polla.
Á. P.: [...] O nos vamos a conseguir una tarjetita de esas que venden en Estados Unidos, que es como la tarjeta de un garaje, para llevarla en el bolsillo de la chaqueta, eh, y que evita que nos puedan pinchar el teléfono [...].
J.: Totalmente de acuerdo.
Á. P.: Porque, si no, es la hostia, y nos estamos metiendo en un tinglado que es muy heavy, porque cualquiera mata por esto.
J.: Cualquiera, cualquiera.
EL CONTABLE DE LA RED. Ataque de ingenuidad en el interrogatorio
En un interrogatorio del 6 de marzo del 2009, José Luis Izquierdo, el contable de la ‘red Gürtel’ y el que controlaba todos los pagos, los sobornos y la caja B, intenta aparecer como un ingenuo que actuó sin mala fe.
FISCAL: La selección de la documentación que usted se llevó [a su casa], ¿la hizo el propio Pablo Crespo [número dos de la red]?
JOSÉ LUIS IZQUIERDO: Sí, yo, incluso, tendría que añadir que yo ni sabía lo que contenía. O sea que yo tal como me lo dieron lo metí imprudentemente en mi casa. Vamos, pero yo no sabía ni lo que contenía.
EL REAL MADRID. El intento de un cambio de tercio
A finales de enero del 2009, Pérez le explica a su mujer, Noemí Ramal, que le han ofrecido llevar la posible campaña de Juan Vilallonga como candidato a la presidencia del Madrid.
Á. P.: Sí, tenemos que sentarnos y ver, porque me quiere contratar para toda la campaña suya del Real Madrid [...] y este va a ser más importante que el presidente de una Generalitat, va a ser el presidente de uno de los tres clubs más importantes del mundo.
NOEMÍ RAMAL: ¿Pero va a ser él el presidente del Madrid al final?
Á. P.: Sí, si se presenta, se presenta, tiene posibilidades de ganar.
N. M.: Bueno, claro, posibilidades.
Á. P.: Tenemos que hablar a ver, porque esa es otra. Yo hago esto solo por una cosa, por pasta, por pasta y por un futuro claro. O sea, quiero dejar de trabajar para políticos, o sea, es lo más importante. Es mi objetivo prioritario. Pero absoluto, ¿eh?
EL ‘PEN DRIVE’. El lápiz de memoria maldecido por todos
En un registro de la casa de Izquierdo, el contable de la red, la policía se incautó de un lápiz de memoria (‘pen drive’). Y ese pequeño objeto se ha convertido en una de las pruebas decisivas. Esta conversación es entre Correa, el cabecilla de la red, y su abogado, José Antonio Choclán.
FRANCISCO CORREA: Sin el pen drive no tendrían nada, me pongo malo.
JOSÉ ANTONIO CHOCLÁN: Será muy importante conocer el origen, las noticias sobre el pen drive.
F. C.: En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [el contable] con Pepe Peñas [el denunciante de toda la trama investigada y antiguo colaborador]. Ahí, en el pen drive, tienen que aparecer los pagos a Pepe Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagamos nosotros [...]. Si me preguntan «¿Usted le ha dado el dinero a esos señores?», ¿yo qué les digo?
J. A. C.: Vamos a ver. Yo negaría la realidad, que lo acrediten.
F. C.: Claro, que me demuestren que yo le he dado eso a esos señores.
LOS CÁLCULOS DE LA PENA. Los jueces ‘amigos’ del Tribunal de Madrid
En una de las charlas anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entre los encarcelados y sus abogados, Crespo, número dos de la red, habla con su defensor, José Antonio López Rubal, sobre las consecuencias de los delitos.
PABLO CRESPO: No creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999.
¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL: Depende de lo que estamos hablando. Si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que es menos.
En otro momento de la conversación, hablan de las consecuencias si la causa la lleva un tribunal u otro.
J. A. L. R.: Si la causa viene al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahí hay un magistrado que nos ayuda.
EL TESTAFERRO. Con cuentas en Suiza y cobrando el paro
Antoine Sánchez, el testaferro de la red, es primo de Correa y «un elemento decisivo», según el sumario, «en la estrategia de ocultación de la estructura societaria». Sánchez vivía a caballo entre Senegal y Francia. Pese a sus posesiones, le pedía «préstamos» a su primo Correa.
FISCAL: ¿Cómo explica que tenga necesidad, si es propietario de esos muebles inmuebles, además de la cuenta en Suiza con cinco millones, que tenga que pedir un préstamo entre el 2002 y el 2008 y que no haya devuelto nada a su primo?
ANTOINE SÁNCHEZ: Porque la cuenta esta más o menos... Porque sé que las patrimoniales actualmente son difíciles de vender porque hay una crisis bastante fuerte, así que el dinero lo tengo aplazado [...].
El fiscal quiere saber cómo se repartía el dinero entre los implicados.
A. S.: He descubierto este caso en la prensa y me duele porque llevo 32 años en mi trabajo. He pasado mucho riesgo en África, he estado en la selva, he cogido enfermedades, la malaria, la difteria... [...] He corrido mucho riesgo de enfermedades, riesgos de golpes de Estado, en Zimbabue, cuando hubo la revolución en el 84 y en estos temas, en confianza, he entregado dinero, porque yo soy muy malo para gestionar.
Soy muy malo, yo lo que sé es trabajar, y sé que mi primo lo hacía muy bien aquí, y he descubierto muchas cosas a través de la prensa, yo paso poco tiempo con mi primo, quiero que las cosas se aclaren...
Su penosa situación le llevó, incluso, a pedir el cobro del subsidio de paro en Francia. El fiscal le enseña los documentos de dicha solicitud.
A. S.: Como estoy sin trabajo, en Francia me han concedido una pequeñita pensión mensual de 394 euros. Tenía que firmar cada mes, pero como desde febrero no estoy en Francia, me la habrán quitado.
(www.elperiodico.com, 08/04/109
LA TRAMA GASTÓ MÁS DE 140.000 EUROS EN 33 RELOJES DE LUJO
Cuando la banda de Francisco Correa quería regalar relojes a políticos, dentro de su negocio de sobornos y contratos, acudía a la Joyería Suárez, a pocos portales de la oficina central de la organización, en la calle Serrano de Madrid. Allí se gastaron, según consta en facturas entre 2003 y 2008, un total de 143.106 euros en relojes de lujo. En las facturas aparecen consignados 33 relojes. Entre ellos, consta la factura del reloj Hublot de acero "grabado con anagrama de empresa" que costó 2.400 euros en enero de 2006 y pagado por Orange Market para Milagrosa Martínez, entonces consejera de Turismo del Gobierno valenciano y ahora presidenta de las Cortes.
En el listado de compras de los cabecillas de la trama y sus empresas que la joyería facilitó al juzgado, la mayoría de estos costosos relojes se pagaron en efectivo. Sólo Correa se gastó 6.000 euros en un reloj Pierre Kunz de acero. Las piezas más caras que compró la trama son un Patek Philippe de oro amarillo de 8.959,99 euros y otros relojes sin detallar el modelo (algo que extraña al juez) entre 9.000 y 11.000 euros. En las facturas también hay compras personales de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, por 754 euros. En declaración ante el juez, el director de la joyería indicó que Ortega fue allí con Correa.
En su declaración, el joyero niega una relación más allá de lo comercial con Correa, y dice no recordar una conversación telefónica con Pablo Crespo en la que le ofrece un contacto en Panamá. Era el líder de la trama el que le decía a qué empresa debía facturar cada reloj que le compraba.
(www.elpais.com, 08/04/10)
BODA Y VIAJE DE NOVIOS A COSTA DE CORREA
La boda fue en Arganda del Rey el 9 de julio de 2004. El convite posterior se celebró en el palacio del Negralejo, en Mejorada del Campo. Los contrayentes: el diputado madrileño del PP Benjamín Martín Vasco y Esther Arévalo. Gran parte de los gastos de ese enlace fueron sufragados por las empresas de Correa.
La contabilidad B de la trama refleja siete gastos relacionados con el matrimonio. Entre ellos estaba el viaje de novios a EE UU y Polinesia (28.888 euros), pero también el alquiler de las sillas (460 euros) o el minibús para trasladar a los invitados al banquete (174). Correa se hizo cargo, además, de la factura de dos noches en una suite del hotel Ritz de Madrid (2.707), el alquiler de un juego de luces con láser para el evento (1.500), un generador (750) e incluso la moqueta (174).
En total fueron 34.779 euros los gastos de la boda de Martín Vasco sufragados por la trama, sólo la décima parte de todos los sobornos presuntamente recibidos por el diputado (345.166 euros). El resto lo recibió en entregas de dinero y viajes por 67.197 euros. También fue agasajado con un reloj Cartier de 3.975 euros.
(www.elpais.com, 08/04/10)
VACACIONES DE FAMILIA PAGADAS POR LA GÜRTEL
Varios de los altos cargos del Partido Popular imputados en el caso Gürtel en Madrid no tenían reparos en aceptar todo tipo de regalos. Llevaban un elevado nivel de vida gracias a las prebendas que recibían de la trama.
El ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, viajó a Orlando con su esposa y las niñas, según consta en el sumario. El viaje, que costó 12.103 euros fue pagado por la trama, según se desprende de la cuenta personal de Ginés López hallada en la contabilidad B de la red Gürtel.
El ex alcalde de Arganda y su familia se desplazaron a Orlando, donde está el parque de atracciones de Disneylandia, el 25 de marzo de 2008. Volaron con aviones de la compañía US Airways.
El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también aceptó que la trama le pagara un viaje para toda la familia. Ortega, conocido como El Rata por los cabecillas de la red corrupta, viajó a Venecia con su esposa y tres niños. Se hospedaron en dos suites del hotel Luna Baglioni, situado en el centro histórico de la ciudad italiana. Se ahorró 19.838 euros.
(www.elpais.com, 08/04/10)
UN "DESCEREBRADO" EN REGALOS DE JOYERÍA
Guillermo Ortega, alcalde del municipio madrileño de Majadahonda entre 2001 y 2005, tenía un hobby. "Era un apasionado de los relojes, un apasionado no, un descerebrado", contó al juez el ex concejal del municipio Juan José Moreno, que explicó que tenía un armario en su casa "absolutamente bestial" lleno de relojes.
Ortega, que favoreció suculentos contratos municipales a la trama, figuraba como Willy en la contabilidad B de la red Gürtel. Fue obsequiado con más de 72.000 euros en regalos de una joyería de Madrid entre 2001 y 2004. Entre ellos, al menos, cinco relojes de lujo. Pero también recibió obsequios más mundanos, como cinco talonarios de gasolina (separados en cheques de 20 euros) por un total de 1.000 euros.
El sumario revela otros intercambios protagonizados por altos cargos madrileños que quedaron registrados en la contabilidad opaca de la trama. Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, le dio su BMW al ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. La transferencia se hizo con el dinero de la caja B de la trama.
(www.elpais.com, 08/04/10)
JOYAS, ARMAS Y DINERO EN LAS CASAS DE CORREA Y CRESPO
Gemelos Bulgari y Loewe, plumas Cartier, dos Rolex, un mechero Dupont, monedas de coleccionista, 2.825 euros y 1.725 dólares en efectivo, una pistola, una escopeta, cajas de munición, dos revólveres... Los registros en los domicilios del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa , de su segundo, Pablo Crespo, y en la sede social de algunas de las empresas de la red reflejan un elevado tren de vida y una cierta afición por las armas, que se encontraban incluso en los edificios societarios.
En el piso de la madrileña calle de Serrano que hacía de domicilio social de Rialgreen, Special Events, FCS, Estudios Vesubio y Forever Tracer la policía encontró un revólver detonador de doble acción Blow 38 Magnum y un ME 38 Compact calibre Kal 380/91000 Rkanll, junto a cuatro relojes de lujo. Pablo Crespo también tenía armas en su domicilio de Madrid: una escopeta -con permiso y licencia-, una pistola de fogueo y una Derringer de nueve milímetros.
No menos aficionados eran los miembros de la trama a todo tipo de vehículos, especialmente de lujo. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales refleja que entre el material bloqueado figura una embarcación de marca Astonda y modelo AS39GL, bautizada como Parapipi, 18 turismos y dos motocicletas. A nombre de María del Carmen Rodríguez, esposa de Correa, figuraban dos Land Rover Range Rover, un Chrysler Jeep Wrangler y un Suzuki Chrysler Leep Wrang.
Otro informe de la misma unidad policial enumera un total de 113 cuentas bancarias bloqueadas, con unos fondos totales de 4.180.792 euros y 3.496 dólares. La esposa de Correa disponía, entre otras muchas, de una cuenta en el Banco de Santander con 246.900 euros de saldo, mientras que la empresa Artas Consulting tenía un depósito en Caja Madrid con dos millones de euros. La firma Osiris Patrimonial disponía de 492.061 euros en una cuenta del Barclays.
(www.elpais.com, 07/04/10)
CORREA: "CUANDO REGISTRARON EL DESPACHO DE RAMÓN, ENTRÉ EN UN INFIERNO; ERA MI ASESOR"
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, mantuvo una conversación el 3 de enero de 2009 con Pablo [Pau] Collado Serra, su hombre al frente de la empresa Easy Concept Comunicación, una de las sociedades de la trama que Correa utilizaba para captar contratas de Administraciones públicas gobernadas por el PP tras colmar de regalos y sobornos a sus dirigentes.
En esa conversación, Correa habla a su subordinado del "infierno" que vive desde que la policía registró el despacho de Ramón Blanco Balín, a quien el cabecilla de la red Gürtel utilizó como administrador de sus empresas y asesor para que colocase su enorme fortuna en paraísos fiscales. Correa comenta a Pau que ha pagado un dineral para conseguir un permiso de residencia en Panamá y deja entrever su intención de huir allí si la situación se le complica a raíz del registro policial.
Correa. "(...) Escúchame, Pablo, lo que no es normal es que este verano, cuando yo tuve la movida gorda, cuando pasó eso en el despacho de Ramón... ¿Te enteraste de lo que pasó en el despacho de Ramón o no?".
Pau. "Sé por Pablo que ha habido movida, que Ramón está teniendo mucho lío y tal...".
Correa. "Entró la policía en el despacho (...) y se llevaron los ordenadores. A partir de ahí yo entré en un infierno, porque, claro, inmediatamente se llevaron todos mis temas. Date cuenta de que Ramón es mi administrador, ¿entiendes? (...) Entonces me fui a Montecarlo y allí conocí a una persona que me ha estafado una millonada, porque me iba a arreglar unos papeles en Panamá; esa persona es una cónsul de Panamá en Montecarlo y es íntima amiga de la que tú tienes ahí".
Pau. "Sí, sí, lo sé".
Correa. "Pero espera, es que en Montecarlo estaba el amigo de Román Villaescusa, que es Javier Tudela, el que me ha comprado el barco, que me debe ciento y pico millones del barco, que no me lo ha pagado, y resulta que mi amigo Javier Tudela ha invitado a navegar en el barco a Adriana, a su hija, a la madre... Fíjate, tío, si el mundo era grande que yo aterrizo en Montecarlo para conocer a esta hija de puta de la cónsul que me ha robado, que me ha estafado, y esta cónsul es amiga intima de ella macho, de la madre [parece que se refiere a Adriana]".
(www.elpais.com, 07/04/10)
RAJOY EXPLICA SUS SILENCIOS COMO "CONTUNDENCIA ANTE LA CORRUPCIÓN
Mariano Rajoy ha tratado hoy de convertir sus silencios ante los continuos casos de corrupción que asolan las filas conservadoras en una respuesta "contundente". En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el presidente del PP ha hecho mención a la red Gürtel y al proceso contra el ex presidente balear, Jaume Matas. Rajoy ha considerado que el PP ha ido reaccionando caso a caso cuando se han ido conociendo los nombres de los implicados, "que han abandonado sus cargos administrativos y políticos". Del mismo modo, ha presumido de que Matas "ya no es militante del PP".
Sin embargo, la realidad es que cada vez que ha salido a la luz un caso de corrupción dentro del PP, la respuesta de Rajoy ha sido la de guardar silencio, y fueron los propios implicados los que presentaron su dimisión.
Así ocurrió en la red Gürtel. La trama corrupta de Francisco Correa se extendió en Madrid y Valencia como la pólvora. Los diputados Alberto López Viejo, Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos hombres de confianza de la presidenta Esperanza Aguirre, presentaron su dimisión, no los expulsó el partido. Igualmente ocurrió con Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo, y los alcaldes de grandes municipios que se han visto implicados: es el caso de Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey) o Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo de Alarcón).
La respuesta en el País Valenciano fue similar. De hecho, la suspensión de militancia del número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa, se produjo por "contradecir" la línea oficial del partido, no por su posible implicación en la red corrupta.
Igualmente sucedió en el caso Palma Arena . Ni antes de que Matas prestará declaración por el caso del velódromo balear, en el que se le imputan hasta doce casos de corrupción -con un desvió de 50 millones de euro s en la obra y un posible delito de financiación irregular del PP en el caso-, ni después de que se conociera el auto del juez, con una fianza en firme de tres millones de euros contra el ex ministro de José María Aznar, Rajoy no abrió la boca ni tomó medida alguna. Fue el propio Matas el que presentó su dimisión.
Especialmente sangrante es la respuesta del Partido Popular y del propio Rajoy ante la imputación de Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP. Al conocerse la implicación del Bárcenas, nuevamente el PP no lo cesó, sino que fue el propio tesorero el que se marchó.
Sin embargo, Rajoy le ha dado un mimo especial al ex tesorero. En primer lugar, los gastos del abogado que defiende a Bárcenas en la causa Gürtel son pagados por el propio PP. Maria Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, lo justifica por la "dedicación al partido en los últimos 30 años". No en vano, Bárcenas conserva su despacho en la sede del partido nacional. La dirección del partido considera, como casi en cada caso, que su renuncia es "transitoria", ya que confían en su inocencia.
Luis Bárcenas actualmente sigue ocupando su escaño en el Senado y ejerce como responsable de Finanzas del PP en la Cámara Baja, lo que le permite tener un hueco como vocal en su consejo de dirección. Algo que pone en entredicho la "contundencia" de la que presume Rajoy ante la corrupción.
(www.publico.es, 24/03/10)
COSPEDAL: "NO DEBE ESCANDALIZAR QUE BÁRCENAS TENGA UN DESPACHO EN LA SEDE DEL PP"
La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, aseguró este lunes que "no tiene que escandalizar a nadie" que el ex tesorero del partido Luis Bárcenas tenga "un lugar" en la sede nacional de la organización, ya que ello no supone ningún "privilegio". "Luis Bárcenas tiene un lugar en la sede, su antiguo despacho, y no creo que eso tenga que escandalizar a nadie (...) No es una situación de privilegio". Así se ha manifestado la número dos de los populares en la conferencia de prensa que ofreció después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.
Preguntada por la situación de Bárcenas ante el inminente levantamiento del secreto de una parte considerable del sumario del caso Gürtel, De Cospedal empleó las mismas palabras que hace unas semanas, cuando el diario El País publicó que el partido paga la defensa del ex tesorero.Dijo entonces que ello obedecía a que el senador por Cantabria había servido al partido durante muchos años.
Hoy la secretaria general del PP se manifestó en términos parecidos y concluyó que la permanencia de Bárcenas en la sede no supone una decisión "contradictoria". Asimismo, aseguró que su partido tiene "un compromiso de ejemplaridad" con la opinión pública, y por ello, ante las posibles nuevas revelaciones del Gürtel, destacóque la formación "no consentirá actuaciones impresentables" de nadie.
De Cospedal repitió las palabras que unas horas antes, en la reunión del Comité Ejecutivo, había pronunciado el líder, Mariano Rajoy, para quien en la formación no caben comportamientos "que no sean presentables". Según constataron fuentes del PP presentes en el cónclave, éstas fueron las palabras del presidente de la organización en una intervención más centrada en la coyuntura económica que en la expectación que ha generado de nuevo el caso Gürtel, ya que mañana se levantará el secreto de otra parte considerable del sumario judicial.
Rajoy no dedicó mucho tiempo el asunto, sólo remarcó que no consentirá actuaciones que "no sean presentables".
También se refirió al caso Gürtel el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para quien el partido ha de mostrar "contundencia" contra quienes cometan delitos o irregularidades. Personas que, a su juicio, según indicó ante el Comité y según ha manifestado luego a los periodistas, son "unos pocos", y "unos pocos se equivocan si quieren hacer daño a tantos", ha asegurado acto seguido.
Sobre ello, De Cospedal señaló que el Partido Popular ya ha actuado con "contundencia" y que así se seguirá comportando, pero sin que ello signifique un menoscabo de la defensa de la presunción de inocencia o de la igualdad de todos ante la ley. Por ello, la número dos de los populares pidió a las instancias judiciales "la misma vara de medir", aunque también que "se sepa toda la verdad" y que "se persiga con contundencia a quienes hayan actuado al margen de la ley". En este sentido, recalcó que en el PP no existe preocupación por las informaciones que puedan conocerse y por las implicaciones que de éstas se deriven. De hecho, De Cospedal se mostró convencida de que ningún dato nuevo afectará a la dirección nacional del partido.
(www.publico.es, 24/03/10)
COSPEDAL NIEGA QUE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN AFECTE DE FORMA COLECTIVA AL PP COMO SUGIERE EL PSOE
A pocas horas de conocer la verdadera extensión de la infección que afecta a la honestidad del Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, se ha esforzado en dejar claro que no se trata de "una trama de partido sino de personas que se han querido aprovechar" de la formación política. Respondía a las preguntas de los periodistas, que de manera insistente han incidido en esa cuestión, y al PSOE, cuya secretaria de organización, Leire Pajín, ha insinuado la posibilidad de que la red Gürtel sea un problema troncal y no de algunas manzanas podridas.
Pajín cree que "las palabras se las lleva el viento", y pide al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aproveche esta "enorme oportunidad" para tomar "medidas contundentes", no como hasta ahora, que "ha mirado hacia otro lado". En su opinión, "hay una forma similar de actuar que pone bajo sospecha a casi todas las comunidades gobernadas por el PP", "comportamientos que afectan al partido", "sospechas individuales y colectivas que debe aclarar" porque "esto aparece con más fuerza que nunca".
Cospedal ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano directivo del PP que actuarán "con toda la contundencia si es necesario hacerlo", en la línea de lo que, según han informado fuentes del partido, ha afirmado Rajoy en la reunión. Eso sí, la dirigente consevadora ha puntualizado que emplearán la misma contundencia para defender la presunción de inocencia de sus cargos imputados.
Respecto al ex presidente del PP balear, Jaume Matas, "el PP ha hecho lo que tenía que hacer y ahora debe actuar la justicia", puesto que "ya no es militante" de la formación. Ahora "hay una dirección completamente nueva y renovada", que "ofrece garantías de honestidad y buena gestión con gran diferencia sobre el resto del arco parlamentario balear".
Preguntada sobre los dos miembros de la nueva dirección balear que están imputados en casos de corrupción, Cospedal ha puntualizado que el partido se ha renovado "casi prácticamente". "Habrá personas que tengan algún tipo de imputación, pero eso no significa en este país que estén condenados, si no nadie tendría derecho a la presunción de inocencia", ha explicado. "Una cosa es la imputación y otra la condena. Hay que mirar supuesto por supuesto para no ser terriblemente injusto", ha añadido.
Ese ha sido también su argumento para defender la distinta actuación del PP en los casos de Matas y el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. "Respecto al antiguo tesorero del PP, tiene un lugar en la sede, en su antiguo despacho, y no creo que eso deba escandalizar a nadie, aunque su puesto lo mantenga en el Senado. No creo que sea una situación de privilegio, fue una persona que prestó sus servicios durante mucho tiempo al PP y se entendió que debía ser así, no creo que sea contradictario", ha explicado Cospedal.
"Uno no puede tomar decisiones exactamente igual con todas las personas porque cada caso judicial es distinto. Está claro que algunas personas están imputadas por una clase de delitos y otras por otro, la alarma social es distinta, los delitos son distintos. Por el solo hecho de ser imputado, una persona no puede ser condenada porque si no viviríamos en un estado policial. Hay que atender a la gravedad de cada caso concreto para no cometer tremendas injusticias", ha sostenido Cospedal para diferenciar entre el trato de favor dado a Bárcenas o al presidente valenciano, Francisco Camps, y a Matas y otros imputados por los que el partido no ha dado la cara.
(www.elpais.com, 05/04/03)
EE UU INVESTIGA POR BLANQUEO AL CABECILLA DE LA RED CORRUPTA
Las supuestas actividades ilícitas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP, no sólo se centraron en España. La Justicia de Estados Unidos, en concreto de Miami (Florida), también sigue sus pasos y le ha abierto una investigación penal por un presunto delito de blanqueo de capitales a gran escala. Correa trasladó parte de la fortuna que hizo en España, gracias a sobornos a políticos del PP, a Miami, donde constituyó, junto a otros socios, sociedades que supuestamente fueron utilizadas para blanquear dinero.
Según fuentes de la investigación, fiscales de Miami se han desplazado a Madrid para recabar datos y tratar de averiguar dónde llevó Correa el dinero que logró en Estados Unidos (mediante inversiones con dinero ilícito obtenido en España) y luego evadió al fisco estadounidense.
En este momento hay en marcha 15 comisiones rogatorias a diez países y paraísos fiscales para localizar el dinero que Correa consiguió ilícitamente y que movía en el extranjero antes de retornarlo a España (ya blanqueado) para pagar sobornos a políticos del PP. Después, obtenía de ellos para sí mismo o para empresarios afines suculentos contratos de Administraciones públicas.
Una de las comisiones rogatorias que están en marcha es la enviada precisamente a Miami. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a colaborar en las pesquisas. Según se deduce del informe de la Fiscalía en el que ésta pide que se mantenga el secreto respecto a las comisiones rogatorias, ya hay cinco que han dado resultado positivo: además de la de Suiza (donde se han hallado 21 millones), la de las Islas Caimán, Colombia, Panamá y Mónaco.
(www.elpais.com, 05/04/03)
UN FALLO INFORMÁTICO IMPIDE CONOCER HASTA MAÑANA EL GRUESO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'
Los 50.000 folios de la parte del sumario del caso Gürtel que aún quedan por conocerse se entregarán a las partes personadas un poco más tarde lo previsto. La entrega de la documentación, que en principio se iba a producir este lunes, se ha retrasado hasta las 09,00 horas del martes por los problemas técnicos derivados "del ingente volumen de documentación" que se va a facilitar.
El magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), indica en una providencia que el fallo está provocado porque se van a utilizar "nuevas tecnologías en la Administración de Justicia", como es "el uso de un servidor que realice funciones de secretaria virtual y que reúna los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad de la información intercambiada".
Los 50.000 folios del sumario serán cargados esta misma noche, a las 00.00 horas, en un portal especialmente habilitado por la Comunidad de Madrid. Pero no será hasta nueve horas más tarde cuando los 70 imputados, la Fiscalía y demás partes personadas podrán acceder al sumario de la mayor trama de corrupción política conocida por ahora en España. Siempre, por supuesto, que el sistema telemático funcione correctamente.
A lo largo de este lunes el tribunal está enviando al Colegio de Procuradores varios sobre cerrados con las claves necesarias para poder acceder, a través del portal, al contenido del sumario. Los procuradores de los imputados podrán recoger hoy mismo los citados sobres.
De igual forma, técnicos del TSJM e informáticos enviados al tribunal por la Comunidad de Madrid están realizando pruebas para asegurarse de que el nuevo sistema de notificación del sumario funciona correctamente, ya que existen dudas de que la web habilitada pueda soportar el tráfico de descargas.
Antonio Pedreira ha considerado que este método es el mejor para dar traslado a las partes del contenido del sumario, dado "el ingente volumen de documentación intervenida o requerida a diversas entidades públicas y privadas", y que además garantiza los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, al ser accesible sólo a los usuarios registrados
Las partes tendrán así acceso a la parte de la investigación que se ha instruido en este tribunal, después de que a principios del pasado mes de octubre se levantara el secreto sobre las actuaciones que llevó a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Se sabrá así si en las más de tres horas que Correa permaneció en el despacho del magistrado el 30 de abril del año pasado aportó o no datos nuevos acerca del funcionamiento de la trama.
El instructor interrogó semanas después a Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama y que según informaron en su día fuentes del TSJM colaboró "estrechamente" con la investigación de los hechos.
Durante el año en el que ha estado investigando el caso, el juez ha cursado una quincena de comisiones rogatorias a países como Suiza, Mónaco, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá para tratar de averiguar el destino del dinero supuestamente desviado por la red de corrupción, pero éstas seguirán bajo secreto de sumario para no perjudicar las investigaciones.
(www.publico.es, 24/03/10)
CORREA PRETENDE PAGAR SU FIANZA CON LOS BIENES QUE YA TIENE EMBARGADOS
Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta Gürtel, pretende pagar la fianza de 86 millones de euros que le ha impuesto el juez con el importe de los bienes que ya tiene embargados. El juez de Madrid Antonio Pedreira, instructor del caso (cuyo sumario será hoy conocido en su mayor parte tras casi un año de pesquisas secretas), requirió el pasado miércoles a Correa y otros destacados miembros de la red (entre ellos, Álvaro Pérez, el Bigotes, y la ex esposa de Correa) para que aportaran una fianza global de 116 millones de euros por dinero no declarado al fisco y procedente de actividades supuestamente ilícitas. El juez Pedreira dio a todos ellos un día de plazo para que las abonasen.
Según fuentes de las partes, no hay constancia de que ninguno haya abonado aún una fianza orientada a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual condena. Las fianzas impuestas están basadas en un informe de la Agencia Tributaria sobre cuotas correspondientes al IRPF e impuesto de patrimonio no abonadas por Correa y otros implicados de la red corrupta entre los años 2002 y 2007. El abogado de Correa, José Antonio Choclán, a preguntas de este periódico, señaló ayer que su cliente carece de dinero para satisfacer esa fianza. "Obviamente, no hay capacidad de pago", argumenta Choclán. "En todo caso, hay una pluralidad de bienes trabados que habrán de tasarse para determinar si son suficientes para cubrir la fianza, en cuyo caso ésta ya estaría constituida". El letrado se refiere a las sociedades cuyas cuentas y bienes están bloqueados por la Justicia debido a que los investigadores del caso Gürtel sostienen que pertenecen a Correa a través de testaferros.
Según informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel, Correa no ha declarado ningún ingreso al fisco desde hace más de diez años. Pese a las decenas de millones de euros de dinero de procedencia ilícita que han movido sus empresas en la última década, el cerebro de la red lleva escondido por completo de Hacienda desde 1999. No ha declarado nada: ni rendimientos de actividades económicas o patrimoniales ni IRPF. Sin embargo, Don Vito, como le gustaba ser llamado entre sus subordinados, está detrás, a través de hombres de paja, de más de una veintena de sociedades, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales y que presuntamente utilizaba para blanquear el dinero ilícito que obtuvo de, entre otros chanchullos, comisiones de empresas a las que conseguía contratas de Administraciones públicas gobernadas por el PP.
Según la investigación policial y de Hacienda, Correa sólo tiene acceso a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad FCS, Formación, Comunicación y Servicios. Las iniciales de esta sociedad, de la veintena que se cree posee, coinciden "curiosamente" con su nombre, Francisco Correa Sánchez. Esta sociedad, carente de actividad, figura como titular de un piso y una plaza de garaje en Madrid. Inicialmente, a Correa sólo se le pudo embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre, pero después el juez Pedreira le ha encontrado ocultos en Suiza 18 millones de euros. A quien sí le han sido halladas propiedades es a su ex esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que está imputada y a quien Pedreira también le ha impuesto una fianza de 800.000 euros por responsabilidad pecuniaria. Tiene embargados al menos cinco vehículos de gran cilindrada (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln) y un piso.
Garzón intentó, sin éxito, embargar bienes de Correa a través de los registros de la propiedad de Barcelona, Las Rozas y Majadahonda (Madrid), Marbella (Málaga), San Roque y Algeciras (Cádiz), Altea (Alicante), Cambados (Pontevedra) e Ibiza.
La red Gürtel (de la que hoy se conocerán unos 50.000 folios de diligencias secretas) ha salpicado de lleno a una veintena de cargos del PP (alcaldes y diputados regionales de Madrid, Valencia y Castilla y León), además del corazón financiero del partido, cuyo ex tesorero está también imputado.
(www.elpais.com, 05/04/03)
El PP contiene la respiración ante la apertura del sumario del 'caso Gürtel'
Pedreira levantará el secreto sobre 50.000 folios de la investigación.- Los populares, pendientes de las posibles nuevas implicaciones.- Tensión en el PP valenciano ante los supuestos indicios de financiación irregular del partido
El juez de Madrid Antonio Pedreira levantará mañana la mayor parte del sumario del caso Gürtel que aún estaba secreta y dará luz a unos 50.000 folios de las diligencias que incluyen decenas de informes policiales y de la Agencia Tributaria sobre el mayor escándalo de corrupción política que azota a España desde la llegada de la Democracia y que tiene en la diana a numerosos altos cargos del PP, principal partido de la oposición. En el PP contienen la respiración ante el contenido de las diligencias y las nuevas implicaciones que puede deparar la avalancha documental que ha elaborado la policía en los últimos 12 meses.
Los primeros 17.000 folios del sumario, que se correspondían con las pruebas recabadas por el juez primer juez instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, desencadenaron una tormenta política en el PP de Génova y particularmente en el de Valencia, que causó la destitución del entonces secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, hermano del ex ministro del Gobierno de José María Aznar Juan Costa. Las grabaciones policiales de conversaciones entre Costa y el jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre ambos y dejando al descubierto pagos supuestamente vinculados a la financiación ilegal del PP de esa comunidad, causó sonrojo e hizo temblar las filas del PP nacional.
Los populares valencianos aguardan con especial tensión el levantamiento del secreto del sumario. Tanto Presidencia de la Generalitat como la dirección regional del PP en la Comunidad Valenciana están en estado de alerta ante la posibilidad de que aparezcan nuevos indicios que sustenten la existencia de financiación ilegal o que algún elemento del sumario deteriore, aún más, la imagen del presidente autonómico, Francisco Camps. Los populares valencianos confían en el calendario para amortiguar el efecto de las posibles revelaciones del sumario del caso Gürtel.
Mañana es día festivo en la Comunidad Valenciana, en una semana de Pascua donde, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de España que celebra la Semana Santa, la actividad pública se mantiene bajo mínimos. Así, mañana no hay previsto ningún acto público por parte de Francisco Camps, ni de sus consejeros y la agenda a partir del martes todavía está por decidir. Durante la última semana, el PP no ha parado de arremeter contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, por insistir en pedir explicaciones sobre los contratos de la Generalitat con la trama corrupta y exhibir un informe policial en sede parlamentaria que está todavía bajo secreto sumarial.
El consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, ha llegado, incluso a presentar una denuncia contra Luna al entender que se podría haber vulnerado el secreto judicial y ha presentado una reprobación en la Mesa de las Cortes contra el portavoz socialista. Luna, que cree que los populares están "expurgando los expedientes" supuestamente irregulares, ha solicitado a los funcionarios que le trasladen información.
Con la apertura del sumario saldrán a la luz nuevas grabaciones a implicados en la trama corrupta. También hay expectación sobre los detalles que depare el sumario sobre la red Gürtel en su vertiente de Madrid en relación con los supuestos sobornos recibidos por el ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y otros dos diputados de la formación de Aguirre en la Asamblea de Madrid, así como cuatro ex alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid que se vieron forzados a dejar sus cargos tras aflorar que habían recibido fuerte sumas de dinero de la trama corrupta a cambio de adjudicaciones de contratas de obras públicas, entre otros chanchullos.
Lo que aún permanecerá secreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son los resultados y evolución de las 15 comisiones rogatorias que el juez Pedreira ha remitido a una decena de países y paraísos fiscales en los que la trama corrupta esconde "muchos millones de euros", según explicaba el juez Pedreira en un auto. Sólo en Suiza, está acreditado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su socio, Pablo Crespo, ocultan 21 millones de euros.
Una trama que salpica en El Ejido
"Esto funciona como funciona: si me rascas la espalda yo rasco la tuya, pero si me vas a estar jodiendo...". Las palabras de José Alemán, ex interventor municipal y consejero de la sociedad Elsur, sintetizan el modo de operar de la trama corrupta de El Ejido, que ha quedado al descubierto este mes de marzo, cuando se han hecho públicos en dos fases 9.090 folios del sumario del caso, que suma 23 arrestados, entre ellos el alcalde, Juan Enciso, y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate.
A lo largo de estas páginas, que recogen las conversaciones intervenidas a los supuestos cabecillas entre abril y octubre, se advierte que la red que aprovechó la empresa para la prestación de servicios municipales Elsur para incrementar su patrimonio lo hizo fundamentalmente a base de favores mercantiles que fueron posibles gracias al potente sistema de relaciones establecido por los investigados. Un sistema que abarcó desde empresarios a cargos públicos de distintas administraciones, pasando por políticos de diverso signo a empleados de banca, entre otros, al que se ha sumado en los últimos dos tomos de escuchas liberados por la juez el nombre de Ramón Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Francisco Correa, supuesto cabecilla del `caso Gürtel´. Su cercanía con Juan Antonio Galán, uno de los principales implicados en la trama ejidense, se destapó el 9 de octubre a través de una charla que éste mantuvo con el también imputado Ambrosio Cuevas, quien le informó de que su "amigo" Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, había sido vinculado con las millonarias inversiones en el exterior de la trama Gürtel.
Galán, que no vuelve a aludir a esta conexión en las escuchas, sí ahonda en ellas en sus propias inversiones en Costa Rica, donde se investiga el posible desvió de fondos obtenidos de Elsur.
www.elpais.es 04.04.10
La mancha de la financiación ilegal se expande en el PP
Informes policiales y judiciales destapan irregularidades en las cuentas del partido en Balears, Valencia, Madrid y Galicia. La cúpula del partido intenta desmarcarse: "Esto no es Filesa"
Detrás de los casos Gürtel, Fundescam y Palma Arena, escándalos de presunta corrupción que han salpicado al Partido Popular en el último año, no sólo han aflorado comportamientos poco transparentes de militantes y destacados dirigentes conservadores. Lo que más preocupa a la formación presidida por Mariano Rajoy son los informes judiciales y policiales que desvelan la financiación ilegal del partido y que tienen en el punto de mira a los conservadores de Balears, Valencia, Galicia y Madrid.
A tenor de lo que señalan estos documentos, la tesis de la dirección nacional del PP de que no se está "ante una trama organizada de financiación irregular del Partido Popular, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular", esgrimida desde el estallido del caso Gürtel, podría tambalearse. El levantamiento del secreto del grueso del sumario de la Gürtel, previsto para mañana lunes, será clave para conocer si, tal y como sostiene la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "esto no es Filesa", en alusión a la trama de financiación ilegal creada por el PSOE a finales de los ochenta.
Hasta la fecha, las últimas pruebas sobre posibles irregularidades en las cuentas del partido se pusieron sobre la mesa el pasado martes, cuando el juez encargado de la instrucción del caso Palma Arena hizo público un auto en el que se confirma que, para sufragar un mitin de Rajoy en Palma en 2007, en plena campaña para las elecciones autonómicas, se utilizaron fondos públicos. El pago de las facturas que generó este mitin fue realizado por la Fundación Illesport. Dependiente del Govern, la citada fundación pagó además, según el auto del juez José Castro, "facturas falsas" a la empresa de publicidad Nimbus, la adjudicataria de cabecera de la era Matas, cuyo importe iba en realidad al PP.
El modus operandi no era una peculiaridad balear. Es precisamente este mismo método, el del desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares con empresas privadas, el que presuntamente empleó la trama Gürtel para hacer frente a actos del PP en Madrid y en la Comunitat Valenciana. A continuación, se profundiza en los casos en los que informes judiciales y policiales han puesto la financiación del PP en el punto de mira.
1 Balears
Dinero público para pagar un mitin de Rajoy
Cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo en un acto político en Palma en noviembre de 2004 "vamos a intentar hacer en España lo que Jaume [Matas] y todos vosotros hicisteis en Baleares", en alusión al cambio político en las islas, no se imaginaba el desenlace de los hechos. Ahora, seis años después, su "amigo" Jaume tiene que reunir tres millones de euros antes del miércoles para evitar la prisión por su implicación en el caso Palma Arena. Y las primeras investigaciones apuntan a que, en la era Matas, la formación se financió ilegalmente. El mismo auto en el que el juez Castro concluye que "Matas ha venido a burlarse de los simples mortales" desvela poca transparencia en las cuentas del partido.
Según la resolución judicial, fue la fundación pública Illesport la que se hizo cargo de correr con parte de los gastos que acarreó un mitin de Mariano Rajoy en mayo de 2007 en el Palma Arena. Existen dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo y otra de 1.769 por servicios de seguridad. Las facturas, según el texto judicial, "corresponden a servicios particulares del Partido Popular pagadas con fondos públicos". Todo, pese a que se trató de un acto de partido.
Camps y Aguirre recurrieron a empresarios para pagar las campañas
Un asunto menor comparado con el papel de la agencia Nimbus a la hora de camuflar facturas ha quedado demostrado en el auto del juez Castro. La firma, cuyo representante legal está imputado, fue la adjudicataria, por cerca de un millón de euros, de la campaña de promoción del campeonato de ciclismo del velódromo Palma Arena. Es lo que el juez llega a calificar de "cúmulo de casualidades". Y es que el escrito revela que la empresa corría en realidad con gastos del partido.
El auto refleja que en los registros practicados en la sede de Nimbus fue localizada una contabilidad paralela en dinero B relativa a los pagos del PP. "Si la venta va por B como al PP, no se pone", recogía uno de los documentos. Otros aludían a "no facturar" o hacerlo "a coste cero". De hecho, Miguel Romero, imputado en este caso y representante de Nimbus, confesó ante el juez que parte de los servicios prestados al partido durante la campaña de 2007 "no los facturó oficialmente" al PP. Servicios que dijo haberlos cobrado "en negro". Fernando Areal, cuñado de Matas y gerente del partido por aquellas fechas, era el encargado de realizar los pagos.
También reconoció "que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas facturas por cuñas publicitarias de la campaña con objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales". El juez Castro cree que estas irregularidades constituyen un delito electoral.
2 Comunitat valenciana
Cinco empresarios al servicio del partido
Nimbus sería al PP de Balears lo mismo que Orange Market al PP valenciano. Esta última empresa, filial de la trama Gürtel en la Comunitat, y sus relaciones con los hombres de Francisco Camps ocupan gran parte de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía.
Según se desprende de las conclusiones de los investigadores, la empresa, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, sirvió como vía para la financiación ilegal de la formación. Todo, con el conocimiento de la cúpula regional del partido, con su entonces secretario general, Ricardo Costa, a la cabeza.
El modus operandi ha sido similar en Madrid,Valencia y Balears
El informe desvela una doble contabilidad para facturar los servicios prestados al PP, una oficial y otra en dinero B. "No existe transparencia en las actividades económicas de-sarrolladas por Orange Market en relación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", reza el informe. Según los investigadores, Orange Market, una de las máximas adjudicatarias de actos de la Generalitat, facturó a cinco conocidos empresarios de la Comunitat eventos que había organizado para el PP. A cambio, El Bigotes se beneficiaba de más contratos con la Generalitat. Y los empresarios que se prestaban obtenían cuantiosas concesiones públicas.
El informe adjudica a Ricardo Costa, ahora suspendido de militancia en el PP, el papel de "canalizador de los pagos". El modus operandi era el siguiente: la factura correspondiente a un acto del PP era sustituida por otra que se emitía a nombre de una empresa privada cambiando el concepto.
Este informe fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en julio de 2009, pero este no lo tuvo en consideración. Dos meses más tarde, los socialistas presentaron una querella contra el PP ante el TSJCV basándose en los datos de este informe. El 15 de febrero, el tribunal se declaró incompetente, puesto que el caso está en manos del TSJ de Madrid. Pero reconoció que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".
3 Madrid
Para esconder los gastos, Fundescam
Varios archivos almacenados en un lápiz de memoria del que se incautó la policía en un piso de seguridad de la trama Gürtel en Madrid ponen de manifiesto la doble facturación de la formación presidida por Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales en 2003. Y en este caso, Special Events, la empresa matriz de la trama corrupta realizó un papel similar a Orange Market, su filial en la Comunidad Valenciana. La encargada de realizar los pagos, como ocurría con Illesport en Balears, fue la fundación Fundescam, creada en 2000 y perteneciente al propio partido.
El mismo informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que desvela la financiación ilegal del PP valenciano pone de manifiesto que Fundescam corrió con los gastos de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. La del 25 de mayo y después, tras el episodio del tamayazo, la del 26 de octubre.
Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios
La forma de burlar la ley electoral y así poder gastar más dinero de lo permitido era la siguiente: Special Events organizaba actos para el PP de Madrid que pagaba Fundescam. Y para maquillar esta práctica, la empresa de la trama emitía facturas que nada tenían que ver con el concepto real. Es decir, no podía aparecer por ningún lado que se trataba de actos de partido. Estos hechos habían sido desvelados por Público meses antes de que la policía redactara su informe, basándose en el hallazgo del pen drive.
En el citado lápiz de memoria, la policía encontró dos hojas de cálculo de Special Events con las siguientes denominaciones: "Facturación P. P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls". Este último documento, en el que aparece el apellido del ex tesorero del PP, imputado en este escándalo de corrupción, es clave para determinar que las facturas no se emitieron por conceptos reales.
Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios, entre otros de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Con una aportación de 246.000 euros, el presidente de la patronal encabezaba la lista de hombres de negocios que hicieron aportaciones a Fundescam. En total, la fundación llegó a recaudar cerca de 800.000 euros.
Como ocurrió en la Comunitat Valenciana, el círculo se cerraba cuando las aportaciones de estos empresarios eran correspondidas por el Gobierno de Aguirre mediante la adjudicación de contratos.
4 Galicia
3,2 millones de pagos en dinero negro
El PP de Galicia se sumó a los dolores de cabeza de Rajoy a cuenta del caso Gürtel. El PP gallego había pagado 3,2 millones de euros en dinero negro entre abril de 1996 y septiembre de 1999. Los beneficiarios de esta cantidad fueron proveedores que se dedicaron a organizar eventos para la formación que por entonces presidía Manuel Fraga y que tenía a Pablo Crespo como secretario de Organización. Actualmente en prisión, a Crespo se le considera la mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.
La policía llegó a esta conclusión después de analizar la documentación encontrada en una caja de seguridad de una oficina del Banco Santander en Pontevedra. El registro se practicó en febrero de 2009 por orden judicial. Por estas fechas el ex número tres de Fraga ya estaba en prisión. El caso Gürtel empezaba a causar problemas al partido.
"El lío que se puede montar es morrocotudo"
Los documentos incautados reflejaban que los gastos del PP de Galicia en el citado periodo ascendieron a 6,1 millones de euros. Y que 3.224.826, más de la mitad, se pagaron en negro. De hecho, entre los papeles se encontró una relación incompleta de acreedores que habían organizado actos de la formación. Pero el partido no tenía ni un sólo recibí. Entre los acreedores, dos nombres eran ya familiares. Se trata de Special Events y FCS, del conglomerado de Correa.
Las conclusiones de los investigadores apuntan que este modo de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política". Días después de que este escándalo viera la luz, Crespo venía a confirmar las irregularidades.
En una conversación con su abogado intervenida en prisión, Crespo no ocultaba su preocupación: "El lío que se puede montar es morrocotudo", admitía mientras se preguntaba cuándo prescribían este tipo delitos.
Una reciente decisión del TSJ de Madrid ha invalidado las escuchas realizadas en la cárcel a los presos de la Gürtel, de forma que la financiación ilegal del PP de Galicia puede quedar fuera del sumario. Pero los documentos están ahí y, una vez conocidos por la opinión pública, no son tan fáciles de borrar.
www.publico.es 04.04.10
LAS NUEVAS PRUEBAS DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTALAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El sumario documenta cuentas anómalas del partido en Valencia, Madrid y Galicia - Nueve cargos del PP defraudaron 3,8 millones, según la Agencia Tributaria
La formación política que preside Mariano Rajoy, alternativa de Gobierno más que probable según todas las encuestas, tiene un problema mayor que amenaza seriamente su credibilidad e imagen. La supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama empresarial delictiva que dirigía Francisco Correa aparece documentada en la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Antonio Pedreira pretende hacer pública mañana y que hasta hoy permanecía secreta. El PP, en algunas de sus organizaciones territoriales, habría pagado al menos 12 millones de euros en dinero negro por sus actos electorales.
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Hay documentados pagos electorales en Madrid a través de una fundación
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En Valencia se pagaron hasta 6,3 millones en negro para actos del PP
La red Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en democracia pues sus tentáculos alcanzan a media docena de Ayuntamientos y a cuatro comunidades autónomas e implican a dos decenas de altos cargos del Partido Popular, entre ellos a su ex tesorero, a una decena de empresarios y a varios bufetes de abogados.
La investigación judicial que arrancó hace dos años sobre las actividades ilegales de esa red ha permitido reunir numerosas pruebas, incautadas en las sedes de las distintas empresas de la trama o halladas en las cajas de seguridad abiertas en distintos bancos, que aportan fuertes indicios de la financiación irregular del PP.
Los indicios de uno de los delitos más graves en que puede incurrir un partido político se refieren a las organizaciones de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y siembran de sospecha las finanzas de la dirección nacional del PP por los numerosos apuntes referidos a supuestos pagos de comisiones ilegales a Luis Bárcenas, que fue durante muchos años gerente del partido, y después tesorero.
Las pruebas que el sumario sacará a la luz son las que siguen.
- Archivo "Cambios de facturación 2003-2004-barcenas.xls". En un piso de seguridad que la trama corrupta tenía en la calle del General Martínez Campos de Madrid se guardaban apuntes relacionados con la actividad electoral del PP de Madrid, pues las empresas de Francisco Correa se encargaban del montaje y desmontaje de todos los actos. En esos apuntes aparecen pagos que el PP hizo a través de Fundescam para "las elecciones autonómicas de 2003, las elecciones europeas de 2004 y el congreso regional 2004".
Fundescam es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Un informe policial, que consta en la parte del sumario que mañana se hará pública, apunta las sospechas sobre este procedimiento irregular.
Además, en las conversaciones grabadas al jefe de la trama por el autor de la denuncia original que dio lugar a la investigación (José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda), Correa sostenía que actos electorales del PP en Madrid se pagaban con dinero adjudicado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la red Gürtel. El PP lo negó.
- La contabilidad de la filial valenciana de la trama. En la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, la policía halló todo el historial de las relaciones de esta empresa con el PP y encontró numerosos apuntes en su contabilidad sobre pago en dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps.
Además, la policía cruzó los datos de la documentación incautada con las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente y ex número dos del partido, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido en esa comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla; y la tesorera regional. La investigación, resumida en un informe de cientos de páginas, apunta directamente a la financiación ilegal del PP valenciano. Los líderes de esta formación explicaron al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que el control de sus finanzas correspondía a la dirección nacional del partido y, en concreto, al tesorero Luis Bárcenas.
- La caja de seguridad con las cuentas del PP en Galicia. En una caja de seguridad de la sucursal de un banco en Pontevedra, la policía halló documentos de Pablo Crespo, el número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e incluso la existencia de facturas falsas.
Además de estas evidencias, el juez también cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre la situación patrimonial de una decena de altos cargos del PP, entre ellos los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo (ex consejero de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco y cuatro ex alcaldes. En todos los casos, la Agencia Tributaria concluye que han cometido fraude fiscal en relación con el cobro de las comisiones ilegales no declaradas por 3,8 millones.
Lo que la trama defraudó al fisco
- Alfonso Bosch: 250.000 euros.
- Alberto López Viejo: 352.000 euros.
- Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros.
Alcaldes
- Arturo González Panero: 642.000 euros
- Ginés López: 534.000 euros
- Jesús Sepúlveda: 455.000 euros
Cargos intermedios
- Tomás Martín Morales: 450.000 euros
- Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros
Cabecillas de la red Gürtel
- Francisco Correa: 38,5 millones de euros.
- Álvaro Pérez: 330.833 euros.
- Pablo Crespo: 539.120 euros
UNA MANCHA EN CUATRO AUTONOMÍAS
La investigación acredita la trama de adjudicaciones amañadas y sobornos con ayuda de cargos del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León
Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.
COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos
El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.
El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.
Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.
COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales
Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.
La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.
CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera
La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.
GALICIA Facturas falsas
Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".
PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas
El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.
Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación.
www.elpais.es 04.04.10
CORREA SE AFERRA A LA ANULACIÓN DE LAS ESCUCHAS PARA RECURRIR SU FIANZA
El juez le pide que ponga 85 millones de euros si no quiere que le embargue
de Madrid Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido, requirió el pasado miércoles a los cabecillas de la red delictiva que presten una fianza de más de 116 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en caso de que sean condenados, se les podría imponer por lo defraudado con sus actividades ilegales. Si no satisfacen esa cantidad, el juez les avisa de que embargará sus bienes, según publicó El Periódico de Catalunya.
El abogado del cabecilla de la trama corrupta pide de nuevo su libertad
Francisco Correa, cabecilla de la trama, no pagó las cuotas tributarias correspondientes al IRPF entre 2002 y 2007 por casi 36 millones de euros, ni tampoco liquidó el Impuesto de Patrimonio. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tampoco abonó sus cuotas de IRPF del año 2006 por 539.120 euros. Álvaro Pérez, el Bigotes, que abrió sucursal de la trama corrupta en Valencia con la empresa Orange Market, tampoco abonó las cuotas tributarias correspondientes a sus trabajadores durante los años 2006 y 2007 por 330.830 euros.
La Agencia Tributaria ha elaborado un informe, cuya base documental es todo lo investigado en relación con la trama corrupta, en el que pone de manifiesto estos impagos. Por esa razón, el juez Pedreira, que ya había fijado fianzas de responsabilidad civil a otros implicados, entre ellos varios altos cargos del PP, decidió imponer las nuevas garantías a los principales responsables de la trama, entre los que incluye a José Ramón Blanco Balín, asesor de Correa en la creación de sociedades con las que blanqueaba dinero, según el juez. A Blanco Balín, Pedreira le pide 30 millones de euros para atender las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle como consecuencia de la investigación judicial.
Los implicados tienen un día para abonar la fianza, aunque el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ya aclaró ayer a EL PAÍS que presentará un recurso de reforma contra el auto de Pedreira al entender que, tras la anulación de las escuchas en la cárcel , su defendido podría beneficiarse de la anulación de otras pruebas que podrían llevar al magistrado a tomar una decisión distinta en relación con la fianza.
Choclán cree que no tiene sentido anticipar una resolución de ese tipo después de la anulación de las escuchas y sólo cinco días antes de que se levante el secreto de sumario, momento en el que podrían conocerse nuevos datos relevantes para la defensa de Correa. El abogado del jefe de la trama corrupta ha anunciado que volverá a pedir la libertad de su defendido, que ha sido rechazada en anteriores ocasiones por el instructor del caso y por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Correa lleva en la cárcel desde febrero de 2009. Su abogado entiende que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido por la intervención que ordenó Garzón de todas sus comunicaciones en la cárcel, incluidas las que mantenía con distintos letrados.
La decisión de Choclán anticipa una avalancha de recursos de los abogados de los distintos imputados en la causa tras la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de anular las escuchas en prisión.
El auto que anulaba las escuchas, aprobado con el voto a favor de dos magistrados y en contra de un tercero, señalaba que a partir de ahora los abogados de los distintos imputados en la causa podrían solicitar la anulación de pruebas siempre y cuando se hubieran obtenido como consecuencia de las escuchas practicadas en la cárcel.
El juez Pedreira deberá resolver, una vez que se conozca todo el sumario, sobre las pruebas que deberían anularse en función del auto de las escuchas telefónicas en la cárcel y de los recursos que presenten los abogados de los implicados en la trama corrupta.
Antes de la intervención de las comunicaciones en prisión, ahora anuladas, el juez Baltasar Garzón había acumulado durante seis meses pruebas que acreditan el pago de sobornos por parte de la trama corrupta, el blanqueo de capitales, el trato de favor de algunas administraciones públicas gobernadas por el PP y el fraude fiscal de los principales implicados.
Los impagos de los corruptos
- La Agencia Tributaria, en su informe número 1.903, recoge las deudas tributarias que supuestamente afectan a Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; a Pablo Crespo, número dos de la trama; y a Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la filial valenciana del entramado delictivo.
- Para hacer su informe, la Agencia Tributaria se ha basado en la documentación que obra en el sumario del caso Gürtel, y concluye que Francisco Correa no ha pagado las cuotas tributarias del IRPF que le correspondían entre 2002 y 2007. El primer año fueron 2,2 millones; el segundo, 1,8 millones; el tercero, 7 millones; el cuarto 460.000 euros; el quinto, 1,07 milones; el sexto, 5,07 millones, y el séptimo, 18,7 millones.
- En el caso de Pablo Crespo, por el concepto de IRPF la Agencia Tributaria sólo le atribuye el impago de 539.120 euros en 2006.
- Álvaro Pérez no pagó el IRPF correspondiente a su empresa Orange Market, con la que obtuvo numerosos contratos a dedo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, por un total de 330.000 euros entre los años 2006 y 2007. Durante aquellos ejercicios, Orange Market ganó los concursos para el pabellón valenciano en la feria de turismo FITUR.
www.elpais.es 02.04.10
EL TRIBUNAL ANULA LOS 'PINCHAZOS' EN LA CÁRCEL PERO MANTIENE PRESO A CORREA
La investigación del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción conocida en democracia vinculada a un partido, en este caso el PP, se ha topado con un obstáculo mayor: la anulación de dos meses de grabaciones de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la red con distintos abogados. Este hecho complicará la instrucción, pues a partir de ahora pueden llover los recursos para anular nuevas pruebas supuestamente conectadas a las que han sido anuladas.
Por dos votos frente a uno, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid admitió ayer los recursos de los abogados de 22 supuestos corruptos y anuló las escuchas. En las conversaciones invalidadas, Francisco Correa y Pablo Crespo, los cerebros de la trama, tratan con los abogados sobre la forma de ocultar y usar los fondos que guardaban en paraísos fiscales; reconocen la financiación ilegal del PP y se lamentan de que la policía haya requisado documentos que prueban los sobornos a cargos populares. La resolución rechaza la puesta en libertad de Correa y Crespo al considerar que se mantienen los indicios que motivaron su ingreso en prisión.
Los dos jueces que han anulado las escuchas sostienen que la intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón vulnera el derecho de defensa al entender que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, invocado para justificar la medida, sólo es válido para casos de terrorismo.
Los magistrados contrarios a las escuchas, Emilio Fernández Castro y el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, consideran "muy deficiente" el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citado por el fiscal en su recurso a favor de las escuchas, que ampara la intervención judicial de las comunicaciones en la cárcel sin restricciones de ningún tipo en función del delito investigado.
El auto llega a comparar las escuchas en la cárcel con la tortura: "Desaparecida, afortunadamente, en nuestro Derecho la facultad de obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del acusado, en contra de su voluntad".
Durante las deliberaciones, Vieira llegó a coincidir con José Manuel Suárez Robledano -el juez que ha hecho un voto particular a favor de validar todas las escuchas- respecto a la legalidad de la intervención de una de las comunicaciones, la del letrado José Antonio López Rubal, imputado por blanqueo. A última hora, Vieira cambió de opinión y se sumó a la tesis de la nulidad total de las escuchas, según fuentes conocedoras de las deliberaciones. En el auto, los magistrados citan una sentencia del Supremo que defiende las escuchas cuando "existe una constancia suficientemente contrastada de que el abogado ha podido integrarse en la actividad delictiva". Pues bien, según el auto, Garzón no cumplió con estas exigencias y sólo habló de conjeturas. El voto particular establece que se trataba de "indicios objetivados antes".
Los dos jueces explican que las pruebas derivadas de lo descubierto por las escuchas de la cárcel deberán ser anuladas siempre que se pruebe lo que denominan "conexión de antijuricidad", algo que deberá decidir el instructor.
(www.elpais.com, 26/03/10)
"LA INMUNIDAD ABSOLUTA IMPEDIRÍA LA PREVENCIÓN DE DELITOS"
El magistrado José Manuel Suárez Robledano defendió, en contra del criterio mayoritario de los otros dos jueces que formaban sala con él, que las escuchas ordenadas por Garzón en el caso Gürtel son legales. El magistrado considera que el auto aprobado ayer, al que se opuso, concede un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los abogados. Hasta el punto de que considera que con ese criterio, que ha permitido anular las escuchas a los cabecillas de la red, "el proceso español sería un apartado islote en el mundo de las normativas de otros países democráticos que no mantienen, como regla, las consecuencias derivadas en general y para todo tipo de comunicaciones entre los clientes en prisión preventiva y sus abogados que cooperan o se involucran en la ejecución, la ocultación o la continuidad de actividades delictivas".
"Esa fue la finalidad de las intervenciones decretadas", señala Suárez Robledano en su voto particular, "ya que para su acuerdo existían previas imputaciones de tres abogados y de un asesor fiscal, imputaciones que no se han dejado sin efecto en la actualidad, siendo irrelevante, como ocurre en la generalidad de las intervenciones telefónicas que parten de indicios comprobados en la instrucción, que no se mencionen por el nombre determinado a los intervinientes en las conversaciones, siempre que éstas reúnan las precisas condiciones de prueba de cargo y no de estrategias de defensa, que deben excluirse como evidencias en todo caso". "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente".
Suárez Robledano considera la decisión de la sala "desmesurada y contraria a la interpretación restrictiva que debe tener todo privilegio en conflicto con otros derechos fundamentales". El juez cita legislación de Italia, Estados Unidos y otros países que amparan escuchas como las ordenadas por Garzón.
(www.elpais.com, 26/03/10)
EL TSJM COMPARA LAS ESCUCHAS DE LA GÜRTEL CON LA TORTURA
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer todas las conversaciones mantenidas entre los tres imputados en el caso Gürtel presos y sus abogados. Afirma que "relacionado el derecho de defensa con el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable", la generalización de estas intervenciones "permitiría renacer, en cierto modo, el método inquisitorial" de forzar la confesión mediante la "tortura".
El auto cuenta con el voto particular del magistrado José Manuel Suárez Robledano, que, como hizo el actual instructor del caso, Antonio Pedreira, avala las intervenciones acordadas por Garzón por dirigirse a la averiguación del delito de blanqueo de capitales que se imputa a la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa.
La resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, tendrá una importante relevancia en la causa, porque obliga al instructor a anular todas las actuaciones derivadas de esas escuchas "de oficio o a instancia de parte".
Suárez Robledano señala en su voto que como esas diligencias no se han identificado en los recursos, salvo con "menciones genéricas", será difícil determinar qué se debe anular, por lo que debería hacerlo, en sentencia, el tribunal que juzgue finalmente la trama de corrupción.
La resolución aprobada con los votos a favor de Vieira y Emilio Fernández Castro, precisa que, pese a la nulidad, no quedarán en libertad ni Correa, ni su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, ni su primo Antoine Sánchez, porque no "han desaparecido de forma automática los indicios que en su día aconsejaron adoptar tales prevenciones".
El tribunal basa su decisión en que Garzón infringió el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque sólo permite la intervención de las conversaciones entre presos y abogados en los delitos de terrorismo. Añade que el artículo 579 de la Ley de Enjuciamiento Criminal las autoriza en otros casos, "aunque de modo absolutamente excepcional". La Sala justifica el caso Vioque en que los dos interlocutores desarrollaban una actividad delictiva y se investigaba un intento de homicidio.
Suárez Robledano recuerda que el secreto profesional de los abogados no es absoluto, porque no lo puede exigir el que habla por teléfono con un cliente que lo tiene intervenido, y señala que no se puede justificar el caso Vioque y negar la misma medida en el caso Gürtel, aplicando una "inmunidad absoluta" a los letrados.
El tribunal explica que anula las conversaciones que mantuvo el abogado José Antonio López Rubal, pese a su imputación en el caso, porque Garzón no concretó las sospechas que tenía sobre la conducta delictiva que le imputaba en el auto en el que acordó las intervenciones. El juez de la Audiencia Nacional detalló las prácticas corruptas de la trama, pero eso no es suficiente, según el TSJM, para violar su derecho a la intimidad y de defensa.
Para la Sala ni siquiera es salvable el auto en el que Garzón incluyó la premisa de que no se transcribieran las conversaciones que versaran sobre estrategias de defensa. Considera que siguieron grabándose y, al no tener reflejo en la causa, son las más peligrosas, porque impiden comprobar si fueron utilizadas.
Antes de ofrecer una conferencia en Sevilla, Baltasar Garzón se mostró "absolutamente de acuerdo" con el fiscal del Estado sobre el futuro del caso. Las "observaciones telefónicas", señaló, no son "la parte más importante ni siquiera relevante" de la investigación. A su juicio, "cuando se toman las decisiones con arreglo al derecho y a las normas vigentes, deben prosperar", informa José Alberto Romero.
(www.publico.es, 26/03/10)
LA PERSECUCIÓN CONTRA EL JUEZ ARRECIÓ A RAÍZ DE DESTAPAR EL 'CASO GÜRTEL'
La persecución contra el juez Baltasar Garzón arreció hace poco más de un año a raíz de que el magistrado destapara el caso Gürtel, la red de corrupción en la que resultaron implicados dirigentes del PP de Madrid y Valencia, entre los que destacan el senador y ex tesorero del partido Luis Bárcenas y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
Hasta ese momento sólo se había interpuesto contra él una querella del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, por declararse Garzón competente en la investigación de los crímenes cometidos por el bando franquista en la Guerra Civil. El Tribunal Supremo decidió admitir la querella por supuesta prevaricación.
Luego, en junio de 2009, fue presentada una querella, por cohecho y prevaricación, en relación con el patrocinio del banco Santander de dos cursos en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York y que fueron coordinados por el magistrado en un permiso por estudios. La querella fue admitida.
El caso ya había sido denunciado en junio de 2008 con datos falsos y fue archivado, aunque el ponente aprovechó para atacar a Garzón y pasar los datos a la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial por si constituía una falta. La comisión ya había archivado el caso, pero por si acaso volvió a revisar el expediente.
La asociación Libertad e Identidad y Falange presentaron querellas sobre la exhumación de fosas de la Guerra Civil para personarse en la causa.
La Audiencia Nacional abrió expediente por falta leve a Garzón por la puesta en libertad de dos presuntos narcotraficantes. Aunque inicialmente fue sancionado con una multa de 300 euros, la sala de gobierno pretendió una sanción más grave, que finalmente no se produjo.
El 1 de julio de 2009, el abogado Santiago Muñoz Machado, uno de los acusados en el caso Tele 5, en el que estuvo imputado el presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, presentó una nueva querella contra Garzón que fue archivada por la Sala Segunda del Supremo.
El 9 de diciembre de 2009, el abogado Ignacio Peláez presentó una nueva querella contra Garzón por prevaricación en relación con las escuchas en la cárcel de conversaciones entre acusados de la trama Gürtel y sus abogados. El PP y el Colegio de Abogados de Madrid han utilizado todos los medios a su alcance para que se anulen las escuchas y para que se persiga al juez por ordenarlas.
Tras el auto de ayer, Garzón está con un pie en el banquillo.
(www.elpais.com, 26/03/10)
CONDE-PUMPIDO: "HAY PRUEBAS QUE PERMITEN CONTINUAR"
La anulación de las escuchas de las conversaciones entre algunos letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión no acaba con la investigación sobre la trama corrupta que afecta al PP. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que en la causa existen "pruebas completamente independientes y desvinculadas" de esas conversaciones que permitirán continuar la instrucción que sigue el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.
Conde-Pumpido vaticinó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "tendrá un efecto muy parcial ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción". Fuentes de la fiscalía citadas por Efe confirmaron que "hay material de sobra" para que el caso siga adelante. "Sigue habiendo caso Gürtel", dijeron.
Una de esas pruebas, según fuentes de la investigación, es el pen drive intervenido a la persona que llevaba la contabilidad de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, durante su detención. Este empleado del cabecilla de la organización, Francisco Correa, explicó a la policía y al juez Garzón que en ese dispositivo anotó el pago de comisiones a una decena de cargos del PP con capacidad para adjudicar contratos. Entre ellos estaban el ex tesorero del partido Luis Bárcenas y el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, además de dos parlamentarios madrileños y cuatro alcaldes de la región (Boadilla, Arganda y Pozuelo).
También constan en el sumario todas las intervenciones telefónicas que se realizaron con anterioridad a que los principales implicados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, fueran detenidos. En ellas daban detalles sobre los presuntos favores y sobornos a miembros del PP de diferentes administraciones a cambio de la adjudicación de contratos millonarios para las empresas de la trama corrupta o para otros imputados para los que Correa y sus compinches habrían actuado como conseguidores.
Pero aunque la anulación de las escuchas no afecte al contenido de la investigación, sí servirá para retrasarla y enmarañarla. Es más que previsible que, a partir de ahora, cada una de las defensas de los más de 60 imputados en la causa recurra sistemáticamente cada paso de la instrucción -en reforma ante el propio Pedreira y después en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- argumentando que los nuevos datos obtenidos por el instructor se hayan conocido gracias a las conversaciones anuladas.
(www.elpais.com, 25/03/10)
DEL 'PEN DRIVE' CON LOS SOBORNOS AL "AMIGUITO DEL ALMA, TE QUIERO UN HUEVO"
La anulación de las escuchas en la cárcel decidida por el Tribunal Superior de Madrid supone retirar un puñado de arena de la montaña de pruebas levantada por la investigación judicial durante dos años para acreditar la existencia de una trama de corrupción masiva vinculada al PP. Seis meses antes de que ingresaran en la cárcel Francisco Correa, jefe de la red delictiva; y su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y de que sus conversaciones en prisión fueran grabadas, el juez Baltasar Garzón había iniciado la investigación de un caso en el que ya llevaba trabajando un año la Fiscalía Anticorrupción.
Garzón ordenó entonces escuchas telefónicas de los sospechosos, pidió informes a la Agencia Tributaria, encargó vigilancias policiales a las empresas y los directivos de la trama y citó a testigos para ir sumando indicios contra los corruptos. Esas pruebas, reunidas en decenas de tomos con miles de folios, acreditan los delitos que se imputan a los principales implicados: asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales... Las principales pruebas, obtenidas antes de grabar a Correa y Crespo en la cárcel, son las que siguen:
- Sobornos a cargos del PP. El 10 de febrero (diez días antes de las grabaciones en la cárcel), el juez Garzón ordenó el registro de la oficina principal de la trama corrupta en la calle de Serrano. La documentación incautada en el principal centro de operación de la trama ponía de manifiesto una actividad vinculada a administraciones públicas del PP donde destacaba el pago de comisiones ilegales a políticos de este partido. Además de la documentación incautada, que reflejaba las contabilidades y amaños de muchas de las empresas de la red, la policía requisó el pen drive que el contable José Luis Izquierdo escondía en su mano. En ese pen drive se recogía la supuesta caja B que llevaba la trama para apuntar ingresos de fondos procedentes de actividades ilegales y el supuesto pago de comisiones a políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, tres diputados autonómicos madrileños, media docena de alcaldes del PP y otros cargos menores.
- Financiación ilegal. En los registros de las empresas y distintas cajas de seguridad que poseía la trama, se encontraron documentos que supuestamente apuntaban la financiación ilegal del PP. Además, las conversaciones grabadas en Valencia a los sospechosos en diciembre de 2008 y enero de 2009 por orden de Garzón, apuntaban la existencia de numerosos sobornos en forma de trajes o regalos de distinta índole a la cúpula del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza.
- Los trajes de Camps. Entre el 24 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, Álvaro Pérez habló por teléfono con Camps al menos en dos ocasiones que quedaron grabadas. El contenido de la conversación demostraba la estrecha vinculación de Camps con Pérez, contratista privilegiado por adjudicaciones a dedo en la Administración valenciana. En una de esas conversaciones, Camps se dirigía a Pérez así: "Amiguito del alma, te quiero un huevo". En la conversación, la mujer de Camps reprochaba a Pérez haberle hecho un regalo tan caro que pensaba devolverlo. Pérez deja claro su mensaje con los costosos regalos: "Fíjate si te debo", le dice a Camps. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los regalos de trajes de la trama a Camps se aceleró entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El sastre José Tomás, de la tienda Forever Young, acreditó en febrero con documentos de la tienda que hasta cinco cargos del PP valenciano, entre ellos Camps, recibieron trajes regalados. Todo ocurrió antes de las detenciones.
- Constructores y promotores implicados. Documentos incautados a primeros de febrero y conversaciones grabadas meses antes de que Correa y Crespo fueran encarcelados, demuestran el pago de fuertes sumas de dinero por parte de diversas constructoras a la trama corrupta a cambio de su intermediación para lograr obras y contratos públicos en administraciones gobernadas por el PP.
(www.elpais.com, 25/03/10)
LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN A LOS ALTOS CARGOS DEL PP
CORRUPCIÓN EN LOS ACTOS DE AGUIRRE
La trama organizó y cobró durante años los actos de Esperanza Aguirre. A cambio, pagaban comisiones ilegales a Alberto López Viejo, hombre de confianza de la presidenta. El pen drive localizado el 10 de febrero acredita los pagos. Testimonios de directivos de la trama lo avalan.
LOS COBROS DE BÁRCENAS
En la caja B de la trama corrupta, incautada el 10 de febrero de 2009, aparecen numerosos pagos a Luis Bárcenas.
CAMPS, COSTA, EL BIGOTES Y LOS TRAJES
La documentación incautada a las empresas de la trama corrupta, los testimonios de directivos de la red de Correa y conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, el Bigotes, acreditan el pago de trajes por la trama corrupta a Camps y a parte de su equipo.
(www.elpais.com, 25/03/10)
EL CASO GÜRTEL SIGUE ADELANTE: CONOZCA LOS PORQUÉS
Este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió anular el grueso de las escuchas ordenas por Baltasar Garzón en la cárcel a los principales imputados en el caso Gürtel. Sin embargo, esta decisión no supone en absoluto el cierre de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Éstas son algunas de las claves del caso que El Plural ha podido conocer tras ponerse en contacto con fuentes conocedoras de la investigación:
- ¿Ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid todas las escuchas del caso Gürtel?
No. Las escuchas que se han anulado se limitan a las que mantuvieron en prisión con sus abogados los tres principales imputados en la trama: Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario general del PP de Galicia y número dos de la operación, Pablo Crespo.
Siguen formando parte del caso las decenas de llamadas interceptadas antes de que se destapara la trama corrupta y los principales imputados entraran en prisión.
Tampoco se han anulado las conversaciones que el abogado López Rubal mantuvo en la cárcel con sus clientes. En esas conversaciones se escucha a Pablo Crespo negociar con Rubal la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales.
- ¿La anulación de las escuchas dan al traste con el caso Gürtel?
No. Las escuchas anuladas simplemente confirmaban algunos hechos que ya estaban acreditados previamente. Es más, los investigadores de la trama corrupta aseguran que ninguna de estas grabaciones carcelarias contenían datos que pudieran ser utilizadas en el juicio. En general son “conversaciones muy vagas, genéricas, que no aportaron nada a la investigación principal”. Y es que la información obtenida sobre este caso es ingente, existiendo datos que nada tienen que ver con las polémicas grabaciones.
- Si no son las escuchas, ¿cuál es el contenido probatorio del delito?
El grueso de las pruebas se encuentra en el pen drive - incautado en el piso de la calle Serrano y donde se guardan los datos sobre los pagos a los imputados-, en la memoria informática interceptada al contable del grupo y en las conversaciones fuera de la cárcel (intervenidas por orden judicial y en los documentos incautados).
- ¿Qué buscan los abogados de la Gürtel con la anulación de las polémicas escuchas?
Los abogados de los imputados del caso Gürtel son conscientes de que las escuchas anuladas no han tenido ningún efecto en el curso del procedimiento. Sin embargo, con su anulación pretenden contaminar, mediante el criterio del “árbol envenenado”, todo lo que se encuentre próximo a ellas, y en especial, el codiciado pen drive.
De hecho, el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, ha indicado este mismo miércoles a la prensa que la prueba del famoso pen drive, elemento clave para dar continuidad a la instrucción, podría estar "contaminada”. No debemos olvidar que en una de las conversaciones anuladas, Correa le dijo a su letrado: “Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo”.
- ¿Es posible que en un futuro próximo se anule el pen drive u otras pruebas clave?
Es prácticamente improbable. La inmensa mayoría de lo los juristas descartan por completo esta opción. Todos ellos están convencidos de que la Justicia sabrá distinguir el grano de la paja.
Una vez que queda claro que el caso Gürtel sigue adelante, ¿cuándo se levantará el secreto del sumario?
Antonio Pedreira, magistrado de la causa, ha manifestado su interés en levantar el secreto de la totalidad del sumario el día 5 de abril, salvo que no concurra ninguna circunstancia que lo impida. Así, todo apunta que la totalidad del sumario, salvo la información referida a las comisiones rogatorias, se conocerá a la vuelta de Semana Santa.
- ¿Qué valoración han hecho los políticos, Pumpido, los fiscales anticorrupción… de la anulación de las escuchas?
La mayoría de ellos han restado importancia a la decisión adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éstas son las declaraciones más relevantes.
Cándido Conde Pumpido, Fiscal general del Estado: “Esta decisión no provoca el desmorone del caso Gürtel. Tiene un efecto muy parcial, ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción del caso".
Francisco Caamaño, ministro de Justicia: “Estoy convencido de que el proceso seguirá y terminará por arrojar resultados (…) Esperemos y dejemos trabajar a los jueces”.
José Blanco, ministro de Fomento y número dos del PSOE: “Anular una de las pruebas no significa absolutamente nada (…) Yo confío en la Justicia y estoy seguro de que la verdad va a resplandecer al final”.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Queremos que el caso Gürtel se esclarezca hasta el final (…) y no queden impunes delitos graves”. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a la agencia EFE: “Hay material de sobra (…) Sigue habiendo caso Gürtel”.
(www.elplural.com, 25/03/10)
EL TRIBUNAL DE MADRID ANULA EL GRUESO DE LAS ESCUCHAS EN LA CÁRCEL DEL 'CASO GÜRTEL'
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomó ayer la decisión de anular del sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP, el grueso de las conversaciones grabadas en la cárcel entre los dos cabecillas de la red y sus abogados. El acuerdo, que será trasladado a un auto judicial en los próximos días, fue adoptado ayer tras cuatro sesiones de deliberaciones en las que dos magistrados (el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, y Emilio Fernández Castro) impusieron sus dos votos a favor de anular las escuchas frente al criterio del tercer miembro de la sala, José Manuel Suárez Robledano, quien era partidario de validar todas las grabaciones, según fuentes consultadas por este periódico que han sido informadas del desarrollo de las deliberaciones y que aseguran que la decisión es inamovible porque fue votada formalmente.
El magistrado Suárez Robledano emitirá previsiblemente un voto particular contrario a la decisión de la Sala de anular totalmente las otras grabaciones, lo que supone un fuerte revés para la investigación del caso Gürtel.
El acuerdo (dos votos contra uno) supone que quedan anuladas todas las conversaciones grabadas en la cárcel, salvo una, a los tres principales cabecillas de la trama corrupta (Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que ejercía de número dos de la trama) con sus respectivos letrados.
Antes de la votación final, la sala había llegado a un callejón sin salida porque había tres posturas diferentes: Vieira, a favor de anular todas las conversaciones salvo las mantenidas por el abogado José Antonio López Rubal, imputado en la causa; Fernández de Castro, defensor de la anulación total; y Suárez Robledano, que quería validar todas las escuchas. Al final, para evitar la formación de una Sala de la Discordia para dirimir los desacuerdos, con otros dos magistrados, los tres jueces optaron por votar conversación a conversación, de manera que se anularon todas, salvo las de López Rubal con sus clientes.
En esas conversaciones se escucha a Crespo negociar con su abogado la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales. Con posterioridad a esta conversación, Suiza ha informado al Tribunal Superior de que Correa y Crespo disponen de 21 millones de euros en cuentas en ese país. En la conversación validada, Crespo también habla con López Rubal de financiación ilegal del PP de Galicia cuando él era secretario de organización del partido en esa región.
Esta grabación la considera legal el tribunal porque Garzón, antes de que la policía interceptase estas conversaciones, dictó un auto en el que cita expresamente a López Rubal como presunto cómplice de la trama.
Hasta llegar a la decisión de anular el grueso de las conversaciones, lo que supone un duro revés a la instrucción cuyas consecuencias nadie acierta a precisar a estas alturas, el tribunal ha mantenido cuatro deliberaciones muy tensas.
Fernández Castro, anexionado a esta Sala por el anterior Consejo del Poder Judicial pero sin plaza de titular, ha sido, de los tres, el más beligerante a favor de anular las escuchas. Las citadas fuentes no descartan que Fernández Castro incluso pueda formular otro voto discrepante respecto a la validación por parte de sus dos colegas de este punto. Para él, todas las escuchas eran ilegales y quebrantan el derecho constitucional de defensa, siempre según los citados medios.
La postura de Suárez Robledano, que hará un voto particular a favor de la legalidad de las escuchas, coincide con la del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que también es magistrado titular de esta sala pero que, al ser el instructor, no interviene en las deliberaciones. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, Pedreira ya expuso en un auto que las grabaciones decretadas por Garzón eran válidas formal y jurídicamente porque algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinados actos delictivos que permitieron ayudar a ocultar y, en algún caso, evitar que la justicia española recuperase los millones de euros que la red Gürtel tiene en paraísos fiscales. Un dinero que salió de pagos de comisiones y sobornos procedentes de contratas y adjudicaciones hechas por organismos públicos gobernados por el PP.
Entre las conversaciones grabadas por orden de Garzón que el Tribunal de Madrid ha decidido anular figura una de Correa con su abogado en la que se lamenta de que la policía hubiese decomisado al contable de su trama, José Luis Izquierdo, un pen drive con anotaciones de sobornos a dirigentes del PP. No obstante, fuentes de la investigación señalan que hay muchas pruebas, entre ellas el pen drive decomisado antes de las escuchas en la cárcel, que aportan indicios sólidos de corrupción y que serían perfectamente válidas para establecer condenas.
(www.elpais.com, 24/03/10)
CRESPO: "¿CUÁNDO PRESCRIBE ESTO?"; ABOGADO: "COMO MUCHO, DIEZ AÑOS"
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid salvará algunas conversaciones grabadas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada a una decena de administraciones gobernadas por el PP, con sus abogados.
Las conversaciones corresponden a los primeros días de estancia en prisión de Francisco Correa, el jefe de la trama, y de su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999.
Durante aquellos días, una de las principales preocupaciones de Pablo Crespo y Francisco Correa, según se deduce de sus conversaciones en prisión, era mantener a buen recaudo e incluso utilizar parte del dinero que habían atesorado durante años de negocios ilícitos vinculados a administraciones gobernadas por el PP y que tenían escondidos en varios paraísos fiscales o guardados en cuentas asignadas a sus numerosas empresas.
Lo que sigue es la parte principal de las conversaciones grabadas en la cárcel por orden de Garzón que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha anulado. En todas ellas participaba el abogado José Antonio López Rubal, que diez días antes de que se produjeran había sido imputado en la causa de la trama Gürtel por Garzón.
DISPOSICIÓN DE FONDOS "La sociedad no está bloqueada"
Abogado. La buena nueva que te iba a decir es que la sociedad de los locales de Boadilla [un negocio supuestamente obtenido gracias al trato de favor de un alcalde del PP] no está bloqueada.
Pablo Crespo. No.
Abogado. No sé cuánto en este momento, Ramón no estaba seguro pero pensaba...
Pablo Crespo. Sí, sí, vale...
Abogado. Entonces, si esto es así y podemos disponer, obviamente, salvo que vosotros me digáis otra cosa.
Pablo Crespo. No, no.
Abogado. Voy a atender primero a vuestras familias, voy a hacer un cálculo de cinco meses, por ejemplo, en base a los números que me habéis dado, el otro día, eso será lo primero, en vez de mes a mes, porque si no tenemos el riesgo de que esto se bloquee.
Pablo Crespo. Lo administras tú de alguna manera.
[Supuesta conversación sobre fondos en Suiza y otros paraísos fiscales]
Abogado. Una cosa desproporcionada salta las alarmas allí.
Pablo Crespo. Desde luego, totalmente de acuerdo.
Abogado. Con calma. Esto, cuando el instructor sea Baltasar Garzón o sea el Tribunal Superior de Justicia, mande una comisión allí, se plantea un pleito para ver si procede o no procede.
Pablo Crespo. Entiendo, pero mientras tanto...
Abogado. Y allí vamos a tener un pleito bien defendido, va a tardar esto unos meses.
Pablo Crespo. Bien, pero ¿mientras bloquean?
Abogado. No.
Pablo Crespo. Bien, perfecto, acuérdate que hay también...
Abogado. Sí, sí.
FINANCIACIÓN IRREGULAR "Eso traerá cola cuando se levante el secreto"
Pablo Crespo. Han abierto una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía toda la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando me marché quería dejar las cosas claras. Porque allí había documentación que correspondía de 1996 hasta mediados de 1999 y esa documentación económica pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario.
Abogado. Seguramente.
Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?
Abogado. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho diez años, pero yo creo que es menos.
EL TESORERO DEL PP "Sabía que lo de Bárcenas no iba a ningún sitio"
Pablo Crespo. ¿Cómo veis el tema en general?
Abogado. Bueno, pues parece que va aflojando, no.
Pablo Crespo. Bueno, a ver.
Abogado. Parece, según la prensa, que es como conocemos las cosas, parece que no hay indicios suficientes sobre aforados nacionales.
Pablo Crespo. Ya.
Abogado. Es decir, que lo que se decía del Bárcenas este y de Galeote, nada.
Pablo Crespo. Sí, eso ya lo sabía yo que no iba a acabar en ningún sitio, igual que muchas otras cosas.
La Fiscalía Anticorrupción remitió al juez Garzón un escrito el 20 de marzo de 2009, un mes después de las grabaciones de las conversaciones en la cárcel, en el que pedía que "una parte importante de las transcripciones que se refieren exclusivamente a tácticas de defensa deberían ser excluidas del procedimiento", y citaba las páginas y los párrafos a los que se refería.
El juez contestó a ese requerimiento el 27 de marzo de 2009 con un auto en el que disponía: "Excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa".
(www.elpais.com, 24/03/10)
UN VOTO PARTICULAR A FAVOR DE LA INSTRUCCIÓN DEL JUEZ GARZÓN
La orden de Baltasar Garzón de intervenir las comunicaciones en la cárcel de los cabecillas de la red con sus abogados y otros letrados que representaban a distintos implicados en la trama Gürtel le ha costado, de momento, una querella en el Tribunal Supremo. La presentó el abogado de un constructor, José Luis Ulibarri, sobre el que pesan numerosas pruebas de pago de comisiones ilegales a cambio de contratos y obras.
El Supremo admitió a trámite la querella. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hay al menos dos magistrados, de los cuatro que la componen, que entienden que las escuchas ordenadas por Garzón son legales. Uno de ellos, el instructor de la causa, Antonio Pedreira. El otro, el magistrado José Manuel Suárez Robledano, quien ha participado en las deliberaciones de la Sala de lo Penal y que defiende la legalidad de las escuchas basándose en la existencia de una resolución firmada por Garzón, dictada diez días antes de que se produjeran las grabaciones en la cárcel, en la que Garzón menciona expresamente al abogado José Antonio López Rubal y ordena que se grabe la conversación que mantenga con su cliente en la prisión. Francisco Vieira, presidente del TSJM, también avaló ayer este criterio.
El auto de Garzón, del 19 de febrero de 2009, dictamina que se observen "las comunicaciones personales que mantengan Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama, con los letrados que están personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y, con carácter especial, las que mantengan con el letrado López Rubal, previniendo el derecho de defensa, en el centro penitenciario en que se encuentran". Garzón se apoyó en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para justificar la legalidad de la medida de intervención de las comunicaciones de los abogados con sus clientes. Y explicó así la conveniencia de intervenir las comunicaciones: "Dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como enlace de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella".
(www.elpais.com, 24/03/10)
EL JUEZ PEDREIRA LEVANTARÁ EL 5 DE ABRIL EL SECRETO DE SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira levantará el próximo 5 de abril el secreto de sumario del caso Gürtel, en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas, entre ellas, Francisco correa y su primo Atoine Sánchez, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo y Álvaro Pérex, El Bigotes, cabecilla en valencia de la red corrupta. Según un auto dictado hoy, el juez prorroga hasta después de Semana Santa el secreto de las actuaciones, siempre y cuando no concurran circunstancias que lo impidan.
A tal fin, el juez tiene previsto facilitar ese día a los imputados y a las partes personadas el acceso a la documentación hasta ahora declarada secreta, con la excepción de la información que no puede hacerse pública todavía al referirse a las comisiones rogatorias internacionales, a la intimidad de los implicados, así como al interés público.
El pasado 23 de marzo, fuentes del TSJ de Madrid anunciaron que el juez instructor del caso Gürtel de Madrid levantaría el secreto de sumario en la tercera semana del mes de marzo, entre los días 15 y 18.
(www.elpais.com, 22/03/10)
ARMAS DE DESTRUCCIÓN SUMARIAL
Han pasado 20 días desde que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentara un recurso de súplica ante el auto de admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en el caso de las intervenciones telefónicas del caso Gürtel. Sería desafiar la lógica pensar que la fiscalía albergaba expectativas de admisión sobre su súplica. Porque este tipo de recursos suelen serdesestimados.
Pero, mira por dónde, precisamente en esta querella, que supera de lejos el objetivo inmediato de acabar con el juez Garzón, proyectándose como un arma de destrucción masiva del sumario Gürtel, la fiscalía cree, según fuentes fidedignas, que la sala puede aprovechar su recurso de súplica como una oportunidad para acotar o delimitar el ámbito preciso de las actuaciones a investigar.
En su informe previo a la admisión de la querella y en la súplica del pasado 1 de marzo, Martín-Casallo advertía que la deformación de los hechos sumariales realizada por la defensa de los acusados en el caso Gürtel era tal que "confirman la intención del que-rellante [Ignacio Peláez, abogado del acusado José Luis Ulibarri] de obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos [el Tribunal Superior de Justicia de Madrid] tomados en consideración para la práctica de las distintas actuaciones judiciales".
Martín-Casallo se quedó corto. Los acusados y los políticos que se ven salpicados por este caso van a por todas y en todos los tribunales. Por tanto, siendo así que la querella en el Tribunal Supremo es un intento de "obtener fraudulentamente" aquello que los acusados no habían logrado durante la instrucción del juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, el objetivo es una ofensiva conjunta con efectos recíprocos al mismo tiempo en el TSJ de Madrid y el Tribunal Supremo. La admisión de la querella lanzó, de hecho, más allá del deseo de los cinco magistrados de la sala, una señal al TSJ de Madrid, abocado en estos momentos a decidir sobre recursos de contenido parecido contra las resoluciones del juez Pedreira (¡que no incluyen la acusación de prevaricación, claro, porque, como todos sabemos, este es un delito que Garzón detenta en exclusiva!).
Si se sigue al teniente fiscal, la pregunta es: ¿y qué va a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las intervenciones telefónicas "el tribunal que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos"? Fuentes judiciales estiman que el tribunal formado por el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, y los magistrados Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, intentan llegar a un acuerdo para declarar la nulidad parcial de algunas intervenciones entre los acusados y sus abogados, autorizadas por el juez Garzón después de declarar imputados a aquellos letrados implicados en presuntas operaciones de blanqueo de capitales. "El TSJ de Madrid busca una resolución por consenso. Y parece que este se conseguirá con una anulación parcial", sostiene una fuente informada. En todo caso, las espadas siguen en alto.
En su escrito de súplica, el teniente fiscal Martín-Casallo advierte del propósito tan rentable como espurio de los acusados en su abuso de la doctrina del "árbol envenenado" o del "árbol podrido que todo lo contamina", quienes pretenden la nulidad de todas las intervenciones telefónicas, un primer paso para litigar a favor de una ilegalización de todas las actuaciones, la ilusión en el caso Naseiro bis. Pero, en todo caso, si lo que se quiere de verdad es proteger el derecho legítimo a la defensa, la fiscalía propone por así decir un "mecanismo corrector": que el Tribunal de Justicia de Madrid, como órgano judicial competente, proceda a "expurgar" de la causa aquellos pasajes de las grabaciones que puedan revelar estrategias de defensa de los acusados.
(www.publico.es, 22/03/10)
La policía peina el tribunal del 'caso Gürtel' sin encontrar micrófonos
La investigación descarta el espionaje electrónico de las deliberaciones
La policía ha rastreado sin resultado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la caza de micrófonos ocultos. Los agentes buscaban algún dispositivo electrónico que justificara el conocimiento público de las deliberaciones secretas que tienen lugar en la Sala de lo Penal para dirimir el futuro del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP en cuatro comunidades y media docena de ayuntamientos. Pero los policías, que concluyeron en la noche del pasado jueves su trabajo, no han hallado ni rastro de algo parecido a espionaje electrónico en las salas del Tribunal, según confirmaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del resultado de la investigación.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, magistrado de tendencia conservadora, como los otros dos que deciden junto a él si anulan escuchas a los implicados del caso Gürtel, sospechaba que alguien pudiera estar espiándoles y llamó hace varios días al jefe superior de Policía de Madrid para que enviara a los agentes a rastrear las salas en busca de micrófonos ocultos. Pero sus sospechas -la última extravagancia dentro de la accidentada instrucción del caso, con decenas de abogados empeñados en anular todo un proceso judicial cargado de cientos de pruebas que acreditan cómo desde hace más de diez años creció en España la más extensa trama de corrupción política conocida en democracia- se han disuelto como humo en el aire.
Vieira y sus dos compañeros de sala seguirán deliberando la próxima semana, aunque tras las tres reuniones previas las posiciones permanecen inamovibles y todo conduce a una votación final de dos votos, el del propio presidente del Tribunal y el del magistrado Fernández Castaño, favorables a la anulación de las grabaciones obtenidas en la cárcel; y uno en contra, el del ponente del caso, José Manuel Suárez Robledano.
Como en el caso de Valencia, donde dos magistrados (también conservadores, y entre ellos el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa) archivaron la causa contra el presidente autonómico Francisco Camps, mientras el instructor, que no intervenía en la resolución de los recursos, y otro magistrado conservador, que sí participaba de las deliberaciones, consideraron que el jefe del Ejecutivo valenciano debía sentarse en el banquillo.
www.elpais.es 20.03.10
Aguirre: "¡Los móviles fuera, a mi bolso!"
¿Psicosis tras el caso de los espías? ¿Obsesión con los micrófonos ocultos? No. Sólo temor a las filtraciones antes de tiempo. El jueves, justo a la entrada del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se conoció el relevo de Juan José Güemes, la presidenta Esperanza Aguirre exigió a sus consejeros que dejaran sus teléfonos móviles fuera de la sala de reuniones. Concretamente, en su bolso. La presidenta Aguirre no se fiaba de que alguno de sus consejeros enviara la noticia, vía SMS, a alguno de sus colaboradores, o incluso a la prensa, antes de que ella la diera a conocer en rueda de prensa junto al propio afectado. Fue tal su control que a alguno de sus consejeros o consejeras les tuvo que recordar que tenían varios móviles y que todos debían quedarse atrás.
Aunque es experta en la escenografía política, la orden de Aguirre sorprendió a sus consejeros. Por inhabitual. Todo resultó raro. La mayoría de ellos no conocían de antemano la salida de Güemes y se quedaron expectantes. "Algo muy político o espectacular nos va a comunicar que no quiere que se sepa". Pero transcurrió el orden del día sin ningún hecho inusual. Hasta Güemes defendió algunas medidas de futuro de su departamento (Sanidad). Y llegó el último punto y saltó la sorpresa. Aguirre y Güemes dieron su salida por hecha, por inevitable.
El consejero habló de que quería dar clases, prepararse el doctorado, estudiar. Más desconcierto entre los presentes. También dejó una lección para la conciliación política: "Con uno de la pareja dedicado a la política vale, no hay que arriesgar, que acabamos de pedir una ampliación de la hipoteca".
www.elpais.es 20.03.10
El
presidente
del Tribunal
del 'caso
Gürtel'
busca
micrófonos
ocultos
El
magistrado
pide a la
Policía un
barrido
electrónico
del edificio
judicial
En
plena
deliberación
de
su
Sala
de
lo
Penal
sobre
la
legalidad
de
las
escuchas
ordenadas
en
la
cárcel
a
los
implicados
del
caso
Gürtel
-la
más
extensa
trama
de
corrupción
vinculada
al
PP
en
toda
la
historia
de
este
partido-,
el
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid,
Francisco
José
Vieira,
ha
pedido
a la
policía
que
haga
un
exhaustivo
barrido
electrónico
en
las
instalaciones
de
su
sede
judicial
con
el
fin
de
comprobar
si
hay
micrófonos
ocultos.
Él y
los
otros
dos
magistrados
de
su
Sala
están
deliberando
en
estos
días
si
admiten
los
recursos
de
los
abogados
de
los
implicados
en
la
trama
corrupta
y
cree
que
puede
haber
micrófonos
ocultos
en
los
despachos
judiciales.
La petición de Vieira causa perplejidad en ámbitos policiales y judiciales
El tribunal debate si anula parte de las escuchas de la red de corrupción
La
deliberación
de
estos
tres
magistrados,
entre
los
que
se
encuentra
el
propio
Vieira,
puede
dar
un
vuelco
a la
investigación
del
caso
Gürtel
en
el
caso
de
que
la
Sala
de
lo
Penal
de
este
tribunal
decida
-por
dos
votos
contra
uno-
anular
una
parte
o el
conjunto
de
las
escuchas
en
prisión
ordenadas
en
febrero
de
2009
por
el
juez
Garzón,
primer
instructor
de
un
proceso
que
afecta
a
una
decena
de
altos
cargos
del
PP.
El
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid,
Francisco
José
Vieira,
aupado
a
este
cargo
a
propuesta
de
la
conservadora
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura,
afín
al
PP,
sospecha
que
alguien
puede
estar
espiando
desde
fuera
lo
que
ocurre
dentro
del
edificio
judicial.
Y
por
esa
razón,
ha
pedido
al
responsable
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía
en
Madrid
que
haga
un
barrido
electrónico
del
edificio
del
Tribunal
Superior
en
busca
de
posibles
micrófonos
ocultos.
Vieira
se
ha
reunido
en
las
dos
últimas
semanas
en
al
manos
cuatro
ocasiones
con
los
otros
dos
magistrados
de
la
Sala
de
lo
Penal,
ambos
conservadores,
José
Manuel
Suárez
Robledano
y
Emilio
Fernández
de
Castro,
para
resolver
los
numerosos
recursos,
una
treintena,
presentados
por
los
abogados
de
los
implicados
en
el
caso
Gürtel.
Estos
letrados
pretenden
que
se
anulen
las
grabaciones
judiciales
sobre
las
comunicaciones
que
mantuvieron
con
sus
clientes
en
la
cárcel
de
Soto
del
Real
y
que
fueron
ordenadas
por
el
juez
Baltasar
Garzón.
Tales
intervenciones
fueron
instadas
al
juez
por
la
Fiscalía
Anticorrupción
y
revelan
connivencias
delictivas
entre
algunos
letrados
y
sus
clientes.
Según
ha
trascendido,
en
esas
deliberaciones
Vieira
y
Fernández
de
Castro
se
han
mostrado
partidarios
de
anular
total
o
parcialmente
las
escuchas
porque,
según
sostienen,
contravienen
el
artículo
de
la
Ley
General
Penitenciaria
en
el
que
se
apoyó
Garzón
para
ordenar
las
intervenciones
puesto
que
ese
precepto
sólo
permite
esa
actuación
excepcional
contra
abogados
si
se
trata
de
casos
de
terrorismo.
En
contra
del
criterio
de
Viera
y
Fernández
Castro,
el
juez
Suárez
Robledano
defiende
validar
todas
las
escuchas
realizadas
y
entiende
que
tienen
valor
probatorio
y
cobertura
legal
dentro
de
la
investigación
de
la
más
extensa
trama
de
corrupción
que
salpica
a
altos
cargos
del
PP
desde
el
caso
Naseiro.
Determinados
aspectos
de
las
deliberaciones
sobre
las
escuchas,
que
aún
no
han
concluido,
han
trascendido
a la
opinión
pública.
Por
eso,
Vieira,
que
preside
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
tras
ser
avalado
por
los
vocales
del
Poder
Judicial
elegidos
a
propuesta
del
PP y
algunos
de
los
elegidos
por
el
PSOE,
ha
trasladado
su
preocupación
a la
policía
y ha
pedido
un
rastreo.
La
policía
aún
no
ha
realizado
el
citado
barrido
electrónico,
una
operación
insólita
que
ha
causado
perplejidad
tanto
en
ámbitos
judiciales
como
policiales.
www.elpais.es
19.03.10
El
magistrado
pide un juez
de apoyo y
más medios
El
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid,
Francisco
José
Vieira,
ha
pedido
a la
Consejería
de
Justicia
e
Interior
de
la
Comunidad
que
proporcione
más
recursos
técnicos
y
humanos
al
magistrado
instructor
del
caso
Gürtel
en
Madrid,
Antonio
Pedreira.
La
consejería
ha
aumentado
la
plantilla
de
funcionarios,
según
fuentes
del
Gobierno
regional,
pero
no
parecen
ser
aún
suficientes
dado
el
enorme
volumen
de
las
diligencias
del
caso
Gürtel.
Según
fuentes
de
la
consejería,
Vieira
dispone
de
un
escrito
del
secretario
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
en
el
que
éste
se
queja
de
la
falta
de
medios
técnicos
y
exige
que,
sólo
para
tramitar
el
caso
Gürtel,
se
doble
la
plantilla
de
funcionarios
y se
ponga
al
servicio
de
su
oficina
judicial
máquinas
fotocopiadoras
y
escáneres
potentes
que
permitan
agilizar
la
transmisión
de
las
diligencias
a CD
para
ser
entregados
éstos
a
los
más
de
60
abogados
personados
en
la
causa.
Parte
de
esos
recursos
ya
se
han
aportado,
según
la
Comunidad.
Secreto
sumarial
Los
citados
medios
señalan
que
uno
de
los
motivos
de
la
tardanza
en
levantar
el
sumario
de
este
proceso
se
debe
precisamente
a
esa
falta
de
recursos,
que
se
ha
ido
solventado
parcialmente
pero
que
aún
dista
de
lo
deseable.
Aparte
de
los
problemas
técnicos,
otro
de
los
motivos
del
retraso
en
levantar
el
secreto
que
pesa
sobre
estas
diligencias
es
la
negativa
de
las
fiscales
Anticorrupción
a
que
se
hagan
públicas
las
diligencias
mientras
no
culminen
algunas
de
las
investigaciones
en
curso.
Además,
Vieira
también
ha
pedido
al
Consejo
del
Poder
Judicial,
según
han
explicado
fuentes
del
órgano
de
gobierno
de
los
jueces,
un
juez
de
apoyo
para
el
instructor
Pedreira,
quien
en
la
actualidad
tramita
uno
de
los
sumarios
más
complejos
y
profusos
de
los
últimos
años,
con
unas
diligencias
que
se
acercan
a
los
80.000
folios.
Fuentes
del
Poder
Judicial
señalan
que,
si
bien
es
posible
aumentar
la
plantilla
de
secretarios
a
disposición
de
Pedreira,
no
es
factible
en
estos
casos
añadir
un
juez
de
apoyo.
Según
fuentes
del
Tribunal
Superior,
el
juez
Pedreira
quiere
levantar
cuanto
antes
(el
próximo
plazo
expira
la
semana
próxima)
la
parte
del
sumario
que
aún
sigue
secreta,
unos
50.000
folios.
Y
sólo
mantener
en
secreto
las
investigaciones
relacionadas
con
la
decena
de
comisiones
rogatorias
que
ya
ha
enviado
a
otros
tantos
países
y
paraísos
fiscales
en
busca
de
los
millones
de
euros
que
la
policía
cree
que
oculta
la
red
de
Francisco
Correa
en
el
extranjero.
www.elpais.es
19.03.10
El
vicepresidente
del Poder
Judicial cree
que habría que
suspender a
Garzón de forma
"automática"
Fernando de Rosa
anunció que se
abstendrá de las
deliberaciones
tras ser
recusado por el
magistrado por
ser amigo de
Camps
Pese a
asegurar
que no
existe
ningún
tipo de
enemistad
manifiesta
entre él
y el
juez de
la
Audiencia
Nacional
Baltasar
Garzón,
el
vicepresidente
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ),
Fernando
de Rosa,
ha
asegurado
hoy que
sería
"sano"
para la
Justicia
y la
sociedad
que el
magistrado
fuera
apartado
de sus
funciones
de
manera
cautelar
y
"automática"
por las
tres
querellas
contra
él que
estudia
el
Tribunal
Supremo,
según ha
declarado
hoy en
Onda
Cero.
De Rosa
fue uno
de los
tres
vocales
recusados
por
Garzón
para que
no
participaran
en las
deliberaciones
sobre
dicha
suspensión.
El juez
de la
Audiencia
adujo
entonces
que el
vicepresidente
del
Poder
Judicial
había
cuestionado
"continuamente"
su labor
instructora,
lo que
"le
priva de
objetividad
de
juicio"
para
decidir
sobre la
suspensión.
Además,
alega
que Rosa
tiene
"amistad
íntima"
con uno
de los
interesados
en la
causa,
el
presidente
de la
Generalitat
valenciana,
Francisco
Camps,
de quien
dijo que
era
"totalmente
honorable".
Asimismo,
Garzón
asegura
que
existe
"relación
de
servicio"
entre
ambos
pues
Rosa fue
consejero
de
Justicia
en el
gobierno
valenciano.
De Rosa
negó la
mayor,
al igual
que otra
de las
vocales
recusadas,
Margarita
Robles,
aunque
anunció
su
abstención
en el
proceso
por el
bien de
la
independencia
del
Consejo.
El
vicepresidente
del CGPJ
ha
reconocido
durante
la
entrevista
que es
amigo
personal
de Camps
aunque
no cree
que esta
circunstancia
le
inhabilite
para
actuar
con
objetividad
e
independencia
con
Garzón.
De Rosa
ha
insistido
en que
"lo
medular"
de esta
causa es
si el
juez de
la
Audiencia
Nacional,
con tres
querellas
en el
Supremo,
"puede
seguir
tramitando
asuntos
en su
Juzgado"
ya que
nadie
puede
pensar
que
tiene
"méritos
adquiridos"
para que
la
Justicia
actúe
con él
"de
forma
diferente",
y ha
defendido
su
abstención
en el
procedimiento
contra
Garzón
para
eliminar
cualquier
sombra
de duda
sobre su
independencia
y
objetividad.
www.elpais.es
19.03.10
DOS MAGISTRADOS
INSISTEN EN ANULAR PARTE
DEL 'CASO GÜRTEL'
Continúan las
discrepancias. Los
magistrados de la Sala
de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid siguen sin
ponerse de acuerdo sobre
la legalidad de las
escuchas acordadas por
el juez Garzón en la
cárcel de Soto del Real
entre imputados del caso
Gürtel y sus abogados.
Los jueces volvieron a
reunirse ayer y si algo
queda claro luego de
tres días de
deliberaciones es que
hay dos jueces (el
presidente Francisco
José Vieira y el
magistrado Emilio
Fernández de Castro) que
son partidarios de
anular esas escuchas y
que hay un tercer
magistrado, José Manuel
Suárez Robledano, que
discrepa y que, según
fuentes conocedoras de
las deliberaciones,
entiende que las
grabaciones ordenadas
por Garzón tienen
cobertura legal porque
algunos de los abogados
actuaron en connivencia
con sus clientes para
ocultar los millones de
euros que la trama
corrupta tiene en
paraísos fiscales. Las
autoridades suizas, por
ejemplo, han acreditado
que el cabecilla de la
red y su número dos,
Francisco Correa y Pablo
Crespo, respectivamente,
ocultaban un total de 21
millones de euros.
Según las citadas
fuentes, los tres
magistrados volverán a
reunirse el lunes. De
momento, los dos jueces
partidarios de anular
las escuchas llevarán el
lunes al tribunal un
escrito en el que
fundamentan su criterio
contrario al de Suárez
Robledano, que hasta el
momento es el ponente.
Al estar en desacuerdo
con ellos, la ponencia
cambiará a las manos de
otros de los jueces,
posiblemente el propio
presidente del
tribunal.
Los citados medios no
descartan que ambos
magistrados hagan un
auto en el que digan que
esas escuchas son nulas
e insten a los abogados
a que expongan de forma
individualizada y por
escrito aquellas fases
de la investigación o
pruebas que entiendan
colisionan con las
escuchas que resulten
anuladas.
Expertos jurídicos
consultados por EL PAÍS
señalan que la anulación
de las escuchas
permitiría a los
abogados de los
supuestos delincuentes
aferrarse a esta
sentencia para seguir
recurriendo y pedir la
anulación de nuevas
pruebas, lo que podría
dilatar la causa durante
años. Las grabaciones
impugnadas por los
abogados de los
principales imputados en
la red corrupta
probarían la connivencia
entre los cabecillas de
la trama para que no
fructificase, por
ejemplo, la comisión
rogatoria enviada por
Garzón a Suiza.
(www.elpais.com,
18/03/10)
LOS PINCHAZOS, EN
MANOS DE UN JUEZ QUE SE
NEGÓ A INVESTIGAR A
ULIBARRI
Emilio Fernández Castro,
uno de los tres jueces
que deben decidir si se
anulan o no las escuchas
en prisión a imputados
del caso Gürtel, se negó
en 2007 a admitir una
querella sobre los
manejos de dos de los
principales personajes
de la que terminaría
siendo conocida como
trama Gürtel: el
entonces alcalde de
Boadilla del Monte
(Madrid), Arturo
González Panero apodado
en la trama como el
Albondiguilla y el
empresario José Luis
Ulibarri. Fuentes
próximas al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) creen que
el magistrado no está
contaminado para decidir
sobre las escuchas.
Sin estudiar el fondo
del asunto la oscura
adjudicación de una
parcela municipal a una
empresa de Ulibarri,
Fernández Castro dio
carpetazo a la querella.
No había indicios de
delito, sostuvo el
magistrado. La empresa
adjudicataria, UFC, ni
siquiera estaba inscrita
en la Seguridad Social.
Dos años más tarde, el
juez Baltasar Garzón
citaba en dos de sus
autos sobre el caso
Gürtel la adjudicación
de esa parcela como una
de las operaciones
urdidas por la red
corrupta. La parcela,
subrayaba el juez en un
auto, se adjudicó de
forma "directa" a UFC
"tras la intervención de
Francisco Correa", jefe
del clan Gürtel.
La querella por
prevaricación que
Fernández de Castro se
negó a admitir llevaba
el sello de Ángel
Galindo, concejal de
oposición en el
Ayuntamiento de Boadilla
y abogado de José Peñas,
el ex edil del PP cuya
denuncia permitió a
Garzón tirar del hilo de
la red corrupta.
En su denuncia, Galindo
desgranaba el cúmulo de
irregularidades que
habían rodeado la
adjudicación de la
parcela, destinada a
albergar 139 viviendas
libres: la oferta
económica de UFC 35
millones era cuatro
millones inferior a la
más alta. Y, sobre todo,
UFC era en aquel momento
una empresa fantasma o
infractora, como
demostró su ausencia de
registro en la Seguridad
Social.
Tras el carpetazo dado a
la querella por
Fernández Castro, el
querellante recurrió a
la Sala de lo Civil y lo
Penal del TSJ. La
inadmisión de la
querella fue confirmada.
Pero lo fue con el voto
particular de uno de los
tres miembros de la
Sala: Antonio Pedreira,
quien como instructor de
la pieza principal del
caso Gürtel revalidó en
febrero las escuchas
ordenadas por Garzón.
Los imputados en el caso
Gürtel han convertido en
prioridad lograr la
nulidad de las escuchas
en prisión. Sobre esos
pinchazos deben
pronunciarse dos
tribunales: el TSJ de
Madrid, que debe
revalidar o revocar el
auto de Pedreira por el
que confirmaba la
legalidad de tales
escuchas; y el Tribunal
Supremo, que investiga
la querella interpuesta
contra Garzón
precisamente por José
Luis Ulibarri, a quien
el sumario presenta como
uno de los pesos pesados
de la trama.
La decisión del Tribunal
Superior de Madrid está
en manos de tres
magistrados: José Manuel
Suárez Robledano,
ponente; Francisco
Javier Vieira,
presidente del TSJ; y
Fernández de Castro.
(www.publico.es,
17/03/10)
EL VICEPRESIDENTE DEL
PODER JUDICIAL SE
ABSTIENE EN EL PROCESO
CONTRA GARZÓN
El vicepresidente del
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ),
el conservador Fernando
de Rosa, ha decidido
abstenerse en la
tramitación que
desarrolla el órgano de
gobierno de los jueces
para decidir si suspende
cautelarmente al juez
Garzón por las querellas
que tramita contra él el
Tribunal Supremo. De
Rosa envió ayer un
escrito a la Comisión
Permanente en el que
justifica su decisión en
el deseo de "preservar
la independencia" del
órgano de gobierno de
los jueces, aunque añade
que no existe "ninguna
razón de peso" para
abstenerse.
De Rosa es uno de los
tres vocales del Consejo
-junto con la
progresista Margarita
Robles y la conservadora
Gemma Gallego- cuya
abstención solicitó
Garzón al entender que
mantienen hacia él una
"enemistad manifiesta".
El vicepresidente del
Consejo explica: "La
independencia del
Consejo está por encima
de todo. No puede
existir ni una sombra de
duda sobre mi dignidad y
mi honorabilidad, algo
que siempre he
preservado en todas las
instituciones a las que
he servido".
Garzón esgrimía "la
amistad personal" que De
Rosa, ex consejero de
Justicia de la Comunidad
Valenciana, mantenía con
el presidente
valenciano, Francisco
Camps, que fue imputado
en el caso Gürtel. De
Rosa ha señalado que
este asunto nada tiene
que ver con los dos
procedimientos abiertos
en el Consejo. La vocal
Robles anunció hace días
que, aunque tampoco
existe motivo para
apartarse del
procedimiento, se
abstiene para que no se
ponga en duda su
imparcialidad. La vocal
Gallego ha difundido
otro escrito en el que
señala que no hay
argumentos para
recusarla.
Por otro lado, la
Comisión Permanente del
Consejo rechazó ayer el
escrito de los abogados
Antonio Mazón y José
Luis Panea en el que
pedían la recusación de
otros tres vocales del
Consejo por "amistad"
con Garzón -los
progresistas José Manuel
Gómez Benítez y Miguel
Carmona y el conservador
Pío Aguirre-. Estos
abogados se han
querellado contra Garzón
por los supuestos cobros
que habría recibido el
magistrado del banco
Santander por unos
cursos en la Universidad
de Nueva York.
Por otra parte, la mayor
asociación de abogados
de Estados Unidos,
American Bar Association
(ABA), ha remitido al
Consejo del Poder
Judicial y a la Fiscalía
General del Estado una
carta de apoyo a
Garzón.
(www.elpais.com,
17/03/10)
EL JUEZ ACUSA AL
QUERELLANTE DE LA GÜRTEL
DE "GROSERAS
INEXACTITUDES"
El juez Baltasar Garzón
se adhirió ayer al
recurso de súplica del
Ministerio Fiscal contra
la admisión a trámite de
la querella por las
escuchas de los
imputados de la trama
Gürtel, y acusó al
abogado querellante,
Ignacio Peláez, de haber
incurrido en "groseras
inexactitudes que
desvirtúan notablemente
la realidad de lo
sucedido".
El defensor de Garzón,
Gonzalo
Martínez-Fresneda, se
adhiere "íntegramente"
al recurso de la
Fiscalía y en especial
al extenso alegato
contrario a la
"inmunidad absoluta" de
las conversaciones entre
los presos y sus
abogados.
El defensor de Garzón
insiste en que las
comunicaciones de los
internos sólo se pueden
intervenir por orden
judicial, "pero no sólo
en casos de terrorismo",
-como sostiene el
querellante- "sino en
todos aquellos casos en
que haya motivos para
ello por estar
comprometido el
descubrimiento de un
delito". El letrado cita
en su apoyo sentencias
del propio Tribunal
Supremo y del
Constitucional.
(www.elpais.com,
17/03/10)
GARZÓN DICE QUE EL
CASO GÜRTEL NO PELIGRA
AUNQUE SE ANULE PARTE DE
LAS ESCUCHAS
El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón
ha presentado un recurso
de súplica ante el
Tribunal Supremo contra
la admisión a trámite de
una tercera querella
contra él, en concreto
la relativa a la
intervención de las
conversaciones
mantenidas por los tres
presuntos cabecillas de
la trama Gürtel con sus
abogados en prisión. La
querella, presentada por
el abogado de uno de los
imputados, acusa a
Garzón de prevaricar al
cometer un delito conta
la garantía
institucional de la
intimidad.
La defensa del juez,
además de defender la
legalidad de las
conversaciones, mantiene
que aún en el caso de
que algunas de las
escuchas carecieran de
interés para la causa,
en modo alguno afectaría
al derecho de defensa ni
peligraría el resto de
la investigación. Garzón
argumenta que la
selección del material
que debe integrar la
instrucción depende del
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
"Esto impide, por
principio, -prosigue el
escrito de alegaciones-
toda suerte de
contaminación del órgano
encargado del
enjuiciamiento, derivado
de un supuesto
conocimiento de la
estrategia de defensa
legítimamente hilvanada,
una vez que se hubiera
tomado la decisión de
excluir todo lo relativo
a estas cuestiones en la
misma fase de
instrucción", afirma.
Garzón rechaza de esta
manera la doctrina del
árbol envenenado a la
que se acogen los
abogados de los
imputados, según la cual
la nulidad de una prueba
invalidaría todo el
proceso. Tal como
publicó ayer este
diario, si el Tribunal
Superior de Justicia
aplica la jurisprudencia
del Constitucional el
caso Gürtel, incluida la
parte que afecta a la
Comunitat, no estaría en
riesgo. Dos sentencias
del Constitucional de
1998 y 1999 indican que
la anulación de una
prueba no afecta al
resto del caso.
En el escrito de 17
páginas presentado por
el abogado de Garzón,
Gonzalo
Martínez-Fresneda, se
adhiere al recurso en el
mismo sentido que
presentó la Fiscalía el
pasado 1 de marzo y
acusa al querellante de
manipular los hechos
relacionados con las
intervenciones
telefónicas mediante
"inexactitudes y
mendicidades tendentes a
crear una sensación
global de desprecio por
el Derecho". La defensa
de Garzón subraya que la
ley "no declara la
inmunidad absoluta de
las conversaciones entre
los internos de los
centros penitenciarios y
los abogados que les
visiten", ni tampoco lo
ha hecho la
jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
"Es indudable que la
práctica de diligencias
ha de respetar los
derechos fundamentales
y, entre ellos, el
derecho a la defensa,
pero de ahí a asumir que
las conversaciones entre
un interno y un abogado
son inviolables media un
notable ?
La Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) aplazó
ayer por problemas de
agenda la reunión que
tenía prevista celebrar
para retomar las
deliberaciones de los 23
recursos interpuestos
por los letrados
defensores del caso
Gürtel contra el juez
Baltasar Garzón. El
pasado miércoles,
Francisco Javier Vieira,
José Manuel Suárez
Robledano y Emilio
Fernández iniciaron las
deliberaciones para
llegar a un acuerdo
sobre los recursos que
podría provocar la
nulidad parcial o total
de las escuchas
telefónicas.
Fuentes del TSJM
indicaron que, una vez
que la Sala llegue a un
acuerdo, el ponente
redactará un auto en el
que se motivará la
decisión alcanzada. En
el caso de que se
decrete la nulidad de
las conversaciones, los
abogados defensores
podrían solicitar la
nulidad de otras pruebas
como declaraciones
solicitadas a raíz de
las intervenciones
realizadas en la cárcel.
Seria el caso del
abogado de José Luis
Ulibarri. El instructor
del 'caso Gürtel',
Antonio Pedreira, tiene
previsto levantar el
secreto del sumario
cuando la Sala Civil y
Penal tome una decisión.
No obstante, no descarta
otra prórroga.
(www.levante-emv.com,
17/03/10)
CORREA Y SU 'NÚMERO
DOS' GUARDABAN EN SUIZA
21 MILLONES DE LOS
NEGOCIOS ILEGALES
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que
instruye una parte de la
trama de corrupción
vinculada al PP, tiene
ya en su poder los
resultados definitivos
de la comisión rogatoria
para investigar los
fondos que supuestamente
el cabecilla de la red,
Francisco Correa, había
sacado ilegalmente de
España.
La comisión rogatoria ha
permitido localizar en
Suiza 21 millones de
euros que reunían
Francisco Correa (17
millones) y su principal
colaborador, Pablo
Crespo (cuatro), que fue
durante un tiempo
secretario de
Organización del PP
gallego.
Correa y Crespo
permanecen en prisión
desde el mes de febrero
del año pasado y son
considerados por los
jueces que han instruido
el caso y por los
responsables de la
Fiscalía Anticorrupción
los dos cerebros de la
trama que extendió la
corrupción por cuatro
comunidades autónomas
gobernadas por el PP
(Madrid, Comunidad
Valenciana, Galicia y
Castilla y León).
Los 21 millones de euros
localizados por la
investigación judicial
en Suiza habrían sido
amasados por la trama de
Correa como consecuencia
de negocios basados en
el tráfico de
influencias, el cohecho
o la prevaricación con
la connivencia de
dirigentes políticos del
PP, a juzgar por todas
las pruebas que atesora
la causa sobre las
actividades de la red de
corrupción.
Correa contrató a lo
largo de su aventura
empresarial a dos
asesores fiscales, que
le crearon sociedades en
paraísos fiscales donde
ingresaba el dinero
logrado con sus negocios
en España, basados en
muchas ocasiones en la
adjudicación de
contratos, la
recalificación de
terrenos o la concesión
de obras o servicios a
empresas para las que
intermediaba.
Además, fichó al suizo
Arturo Gianfranco Fasana
para gestionar sus
fondos en paraísos
fiscales, por lo que le
cobraba un 0,3% de su
cartera anual. Fasana,
identificado como FAFA
en los documentos
incautados a la trama
corrupta, ha confesado
ante el juez de Madrid
que investiga esta
trama, Antonio Pedreira,
que conoció a Correa
hace ocho años y que el
jefe de la red corrupta
se mostró interesado en
traspasar unos fondos de
Mónaco a Suiza. Fasana
explicó en su
declaración judicial que
su cliente, Francisco
Correa, era muy
conservador a la hora de
invertir su dinero y
sólo quería obligaciones
de categoría AAA, que
garantizan un beneficio
razonable con mínimo
riesgo.
En medio de la crisis
económica y a sólo unos
meses de ser detenido,
Correa pidió consejo a
Fasana para invertir
cuatro millones de euros
y su gestor le aconsejó
el Banco Europeo de
Inversiones. Además,
Fasana reconoció al juez
que gestionó alguna
operación inmobiliaria
de la red corrupta en el
extranjero, como la
compra de dos viviendas
en Cartagena de Indias
(Colombia).
Además, Fasana declaró
al juez que había creado
la sociedad Rutsfield,
domiciliada en la Isla
de Man, para que Correa
pudiera hacer
inversiones
inmobiliarias en España
a través de esta
empresa. En una de esas
inversiones en
Majadahonda para
construir viviendas de
lujo participó
supuestamente Luis
Bárcenas, según
investiga el Tribunal
Supremo. La mujer de
Bárcenas aparece entre
las personas que
participan de la
sociedad inmobiliaria
creada para levantar la
promoción de lujo en
Majadahonda. Un informe
policial que ha sido
remitido por el juez
Garzón al Tribunal
Superior de Madrid así
lo acredita. Tanto la
mujer de Bárcenas como
el ex tesorero nacional
del PP están imputados
en el caso Gürtel.
El instructor del caso
Gürtel en Madrid ha
remitido más de una
decena de comisiones
rogatorias al extranjero
en busca del dinero que
ilícitamente acaparó la
trama que dirigía
Correa. Países
receptores de estas
comisiones rogatorias
son, entre otros,
Estados Unidos,
Portugal, Colombia,
Panamá y Reino Unido. La
parte del sumario
abierta revela sospechas
de que Correa (como ya
se ha demostrado con
Suiza) ocultó en ellos
fuertes sumas de
dinero.
UN INVERSOR QUE HUÍA
DEL RIESGO
- Deuda pública o
privada. Francisco
Correa, jefe de la trama
corrupta, prefería
inversiones seguras para
el dinero que sacaba de
España. Y elegía
obligaciones AAA. Estas
obligaciones son títulos
de deuda pública o
privada, que emite el
Tesoro de un país o una
determinada empresa o
banco para financiarse.
- Máxima nota. La triple
A es la máxima nota que
otorgan las agencias de
calificación (Moody's,
S&P y Fitch): significa
que la probabilidad de
impago es cero, e
imprime un marchamo de
máxima seguridad a la
deuda. Pero tiene sólo
un valor indicativo: las
subprime tenían esa
nota, así como varios
productos de Lehman
Brothers, que quebró a
finales de 2008.
- Obligaciones 'AAA'.
Las obligaciones de
deuda de EE UU,
británicas y alemanas,
por ejemplo, son triple
A. Las españolas
también, pese a que una
de las tres grandes
agencias le rebajó el
rating en 2009. Y hay
obligaciones
subordinadas de algunos
bancos y unas pocas
empresas con la misma
nota.
- Rentabilidad. Mínimo
riesgo suele suponer
mínima rentabilidad,
pero ésta depende del
emisor y del plazo. Por
ejemplo, en las
obligaciones a 10 años
alemanas está en torno
al 3%, y en las
españolas es del 4%.
Grecia, en plena crisis
fiscal, las paga al 7%,
pero no son triple A.
(www.elpais.com,
16/03/10)
LOS JURISTAS
DISCREPAN SOBRE LA
VALIDEZ DE LAS ESCUCHAS
Los juristas tienen
opiniones dispares sobre
la legalidad de las
grabaciones entre los
miembros de la trama
corrupta de Gürtel y sus
abogados. La mayoría
cree que tendrían
validez legal si el
letrado está ayudando a
blanquear dinero, aunque
un ex magistrado del
Constitucional considera
que por encima de todo
está el derecho de
defensa y sí que serían
anulables las escuchas.
Vicente Gimeno Sendra,
ex magistrado del
Tribunal Constitucional,
indicó que las escuchas
del caso Gürtel pueden
"estar tocadas. El
derecho de defensa es
sagrado. Si los jueces
empezaran a intervenir
conversaciones entre los
abogados y sus clientes
sería algo
impresentable. Yo en el
Constitucional defendí
que nunca debían
intervenirse. Aquí
parece que todo vale. El
derecho de defensa está
ahí. Si el Estado se
entera de las
conversaciones entre los
abogados y sus
defendidos ¿para qué
sirve el proceso penal?
Yo creo que si ha
sucedido así estamos
ante una violación al
derecho del secreto de
las comunicaciones y al
derecho de defensa".
Por contra, el ex
magistrado de
Instrucción Luis Segovia
opina que las
grabaciones sí son
legales. "La Ley de
Enjuiciamiento Criminal
permite al juez pinchar
los teléfonos cuando
tiene indicios de que se
está cometiendo un
delito. En caso de
terrorismo ni siquiera
hace falta la
autorización judicial".
Segovia añadió que en el
caso Gürtel "hay cuatro
abogados imputados por
blanqueo". El ex juez
lamentó que el problema
de anular las escuchas
es que "todas las
investigaciones que se
deriven de ellas también
están viciadas. Es la
teoría del árbol
envenado. Esto puede
provocar que queden
impunes estos
delincuentes, lo que
sería un disparate".
Luis Segovia recordó que
a un abogado "no se le
puede pinchar el
teléfono si no hay
indicios de
criminalidad, pero se
hace muchas veces. En
este caso sí hay
indicios de blanqueo.
¿Qué quieren los
abogados? ¿la inmunidad
para delinquir?" El ex
magistrado añadió que lo
que sí le parece grave
"es que se hayan
filtrado a los
periódicos las
conversaciones".
El abogado penalista
Francisco Galiana
Botella explicó que es
"muy extraño que
intenten anular las
escuchas antes del
juicio. Están
condicionado la libertad
del tribunal que vaya a
enjuiciar el caso. Para
que se pueda anular
tiene que ser una
vulneración escandalosa
como que la policía
efectúe un registro sin
autorización judicial".
Galiana apuntó que "si
el abogado es sospechoso
de cometer un delito sí
están justificadas las
escuchas".
El catedrático de
Derecho Procesal, José
María Asencio, aseguró
que le parece
precipitado que el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid "se
pronuncie sobre si son
nulas o no las escuchas
telefónicas, cuando
todavía persiste el
secreto del sumario en
el caso Gürtel". Asencio
indicó que la normativa
de la Unión Europea y
también la española
permiten las
intervenciones para
delitos de blanqueo de
capitales cuando el
abogado delinque.
(www.levante-emv.com,
16/03/10)
DEBATE EN EL PP SOBRE
CÓMO LE AFECTARÍA LA
NULIDAD DEL CASO
La época de las
unanimidades en el PP
acabó hace mucho tiempo.
Incluso en el caso
Gürtel hay división de
opiniones. Federico
Trillo, principal
estratega de la defensa
de los populares, está
muy contento por la
posibilidad de que todo
el caso acabe en nada,
según su entorno. Pero
algunos dirigentes creen
que la nulidad, esto es,
lo mismo que pasó en los
90 con el caso Naseiro,
no sería positiva para
el PP.
Dolores de Cospedal fue
tajante. ¿Le gustaría al
PP que el caso Gürtel
acabara con una
nulidad?, era la
pregunta. "El PP está
personado en ese caso y
no ha pedido la nulidad.
Creo que eso responde a
la pregunta",
sentenció.
Sin embargo, la noticia
publicada por EL PAÍS
ayer, según la cual hay
un dos a uno en el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid a
favor de anular las
escuchas realizadas en
la cárcel a los máximos
dirigentes de la red
corrupta mientras
hablaban con sus
abogados, llenó de
euforia a las personas
más cercanas a la
estrategia de defensa
del PP, que lidera
Trillo, según diversas
fuentes del partido.
El portavoz de Justicia
del PP es un histórico,
uno de los pocos
supervivientes de la
quema de los últimos
años. Con su influencia
en la judicatura, como
extensión del PP, lleva
más de 20 años siendo el
factótum del ala
conservadora del mundo
judicial.
Decenas de ascensos a
puestos clave,
especialmente en los
tribunales superiores y
en el Supremo,
controlados durante años
por la sólida mayoría
del PP en el Consejo
General del Poder
Judicial, han pasado
directa o indirectamente
por sus manos.
Por eso maneja siempre
información de primera
mano, tiene influencia y
trata de ejercerla. No
en vano los presidentes
de los Tribunales de
Madrid y Valencia, los
dos más afectados por
Gürtel, fueron elegidos
a propuesta de los
vocales designados por
el PP.
La anulación de algunas
escuchas, paso previo
que podría llevar a la
nulidad total, sería
definitiva para Trillo
porque justificaría su
tesis central, esto es,
que el caso Gürtel nació
de un complot contra el
PP urdido por la
fiscalía, la policía y
el juez Baltasar
Garzón.
Sin embargo, otros
dirigentes creen que la
nulidad dejaría un
flanco abierto eterno
para el PP, y prefieren
que los tribunales
lleguen hasta el final.
Según el análisis que
realizan en privado
estos últimos, el PP ya
ha sufrido el desgaste
por este caso, y si no
aparecen nuevos
implicados, es mejor
para el partido que los
ya destituidos sean
condenados y se cierre
el círculo.
(www.elpais.com,
16/03/10)
LA JUSTICIA DELIBERA
SOBRE LOS RECURSOS
CONTRA LAS ESCUCHAS DE
GÜRTEL
La Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid retomará hoy las
deliberaciones de los 23
recursos interpuestos
contra las escuchas
ordenadas por le juez
Baltasar Garzón. Si sus
recursos prosperan,
podrían desarticular la
trama Gürtel.
La posibilidad de que se
declare ilegal parte o
todas las escuchas
telefónicas practicadas
por Garzón entre los
cabecillas de la Red
Gürtel y sus abogados en
prisión podría poner en
peligro la totalidad del
proceso en el que se
investiga la trama de
corrupción ligada a
administraciones del PP
al producirse la
denominada Teoría de los
frutos del árbol
envenenado.
Esta teoría se
fundamenta en que todos
aquellos medios de
prueba que, aún siendo
lícitos, tienen su
origen en los resultados
que se obtienen a partir
de una actuación ilegal,
son ineficaces y, por
tanto, no gozan de
ninguna virtualidad en
el proceso judicial. Es
la misma estrategia que
utilizó el PP para
desactivar el Caso
Naseiro , que lo
implicaba presuntamente
en una red de
financiación ilegal en
la primera época de José
María Aznar, en 1990.
El pasado miércoles,
Francisco Javier Vieira,
José Manuel Suárez
Robledano y Emilio
Fernández iniciaron las
deliberaciones para
llegar a un acuerdo
sobre los recursos que
podría provocar la
nulidad parcial o total
de las escuchas
telefónicas.
Fuentes del TSJM
indicaron que, una vez
que la Sala llegue a un
acuerdo, el ponente
redactará un auto en el
que se motivará la
decisión alcanzada por
los magistrados.
En el caso de que se
decrete la nulidad de
las conversaciones, los
abogados defensores
podrían solicitar la
nulidad de otras pruebas
como declaraciones
solicitadas a raíz de
las intervenciones
realizadas en la cárcel,
en base a la citada
Teoría de los frutos del
árbol envenenado.
El abogado Ignacio
Peláez, que defiende a
José Luis Ulibarri,
explicó que, en el caso
de su cliente, su
imputación se basa
precisamente en la
conversación que mantuvo
en Soto del Real con
Correa, Pablo Crespo y
sus letrados cuando
acudió en condición de
abogado expresamente
llamado.
"Fui a preparar mi
estrategia de defensa
porque se relacionaba a
mi cliente con Correa y
Crespo. Nunca
sospechamos que se nos
podía estar grabando. El
contenido de la charla
se utilizó para imputar
a mi cliente, tal y como
aparece en el atestado
policial", indicó
Peláez, quien adelantó
que si se anulan las
conversaciones,
solicitará que se
levanta la imputación
sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos
medios nos critiquen por
querer anular el
proceso, pero la culpa
es de Garzón y de las
fiscales por permitir la
ilegalidad de estas
escuchas. La Fiscalía
debe velar por la
legalidad de las
actuaciones, más aún
cuando los abogados no
podemos acceder a la
causa. Si se anula, es
por culpa del juez y las
fiscales", aseveró.
Este mismo asunto está
también en manos del
Tribunal Supremo después
de que haya admitido a
trámite una querella
interpuesta por este
mismo letrado. A este
querella se sumó el
letrado de Francisco
Correa, que participará
en la causa como
acusación particular.
El instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira,
tiene previsto levantar
el secreto del sumario
de las actuaciones
cuando la Sala Civil y
Penal tome una decisión
sobre los recursos
contra las
comunicaciones. No
obstante, no se descarta
que haya una prórroga
más de las diligencias.
El pasado enero, el juez
Pedreira ya avaló las
escuchas al desestimar
los recursos
interpuestos por José
Luis Izquierdo y Javier
Nombela Olmos en el que
solicitaban la nulidad
de las resoluiones
dictadas por el juez
Garzón referidas a la
intervención de las
comunicaciones
telefónicas.
Los letrados alegaron en
sus recursos que las
intervenciones violaban
lo dispuesto en la Ley
Orgánica General
Penitenciaria (LOGP),
que reserva
exclusivamente a los
supuestos de terrorismo
toda intervención de las
comunicaciones entre un
interno y sus abogados.
En el auto, la Sala de
lo Civil y Penal criticó
que "la estrategia de
los recurrentes consiste
en confundir la
intervención de las
comunicaciones a un
interno como medida de
régimen penitenciaria,
con la intervención de
esas comunicaciones como
medida de investigación
adoptada en un
procedimiento penal, de
manera que las
limitaciones de una se
trasmitan a la otra".
(www.publico.es,
16/03/10)
EL CASO GÜRTEL NO
PELIGRA SI SE APLICA LA
JURISPRUDENCIA DEL
CONSTITUCIONAL
El caso Gürtel no está
en peligro de nulidad,
como ocurrió con el caso
Naseiro si se aplica la
jurisprudencia del
Tribunal Constitucional
avalada por su entonces
vicepresidente, el
magistrado valenciano
Tomás Vives Antón, el
primero en aplicar la
teoría de la desconexión
de antijuridicidad. Así,
aunque las escuchas
realizadas en prisión a
los imputados en este
caso fueran declaradas
ilegales, las mismas u
otras pruebas
conseguidas de forma
independiente y legítima
serían válidas.
Las primeras sentencias
del Constitucional que
aplican la desconexión
de antijuridicidad son
la 81/1998 y la 49/99,
ambas con Tomás Vives
como ponente. Las dos se
oponen a la doctrina de
los frutos del árbol
envenenado, por la que
una prueba nula, anula
el proceso. Por el
contrario, la teoría del
Constitucional establece
la independencia de las
pruebas y su validez por
sí mismas, sin
contaminarse ni
contaminar el proceso.
En este sentido, explica
un experto jurista, "en
oposición a la teoría de
los frutos del árbol
envenenado, estas
sentencias avalan las
pruebas que tengan
virtualidad en sí misma
considerada y halladas
de forma independiente a
la que deriven
directamente del
contenido de las
conversaciones" anuladas
o declaradas ilegales.
Desde el pasado
miércoles el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid delibera si debe
aplicar la doctrina
medieval del árbol
envenenado, tras las 23
peticiones de nulidad de
las actuaciones
iniciadas por el juez
Garzón hace un año y
encabezadas por el líder
de la trama Gürtel,
Francisco Correa. Sus
abogados han pedido que
se anulen todas las
actuaciones en general o
bien a partir del 19 de
febrero, cuando
ingresaron en la prisión
de Soto del Real
(Madrid) y el juez
Garzón ordenó las
escuchas de las
conversaciones con sus
abogados en el
locutorio. Nula la
prueba, nula la causa,
defienden los imputados.
El Tribunal Supremo así
lo hizo cuando declaró
nulas las escuchas
obtenidas en el caso
Naseiro, en el que
también se investigaba
una supuesta
financiación ilegal del
PP.
No obstante, la
jurisprudencia posterior
del Tribunal
Constitucional habría
avalado estas escuchas
con la teoría de la
desconexión de
antijuridicidad. De esta
forma, si se llega a la
misma prueba por otro
medio legítimo, anterior
o posterior, la prueba
será válida, aunque se
anulen los hechos
derivados de las
escuchas declaradas
ilegales, es decir, los
frutos del árbol
envenenado.
Un ejemplo sería la
conversación de 24 de
febrero de 2009 entre
José Antonio López Rubal,
Pablo Crespo y Francisco
Correa. En su recurso,
el abogado pretende que
se anule la conversación
en la que se habla de
"la sociedad de los
locales de Boadilla".
Aplicando la teoría del
Constitucional, si en un
registro legal de estos
locales se hallara una
prueba, ésta sería
legítima y perfectamente
válida al tratarse de
una prueba independiente
de las conversaciones,
incluso si éstas se
anularan del proceso.
(www.levante-emv.com,
16/03/10)
EL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MADRID SE INCLINA POR
ANULAR LAS ESCUCHAS DEL
'CASO GÜRTEL'
El caso Gürtel, la mayor
trama de corrupción que
afecta al PP desde el
caso Naseiro y la más
extensa conocida en
democracia al afectar a
varias comunidades y
Ayuntamientos, tiene a
los corruptos implicados
pendientes de una
resolución clave para el
desarrollo de la
investigación judicial.
Tres jueces del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) han
mantenido ya dos
sesiones para deliberar
si las escuchas
ordenadas por el juez
Baltasar Garzón en la
cárcel entre los
corruptos y sus
abogados, algunos
también implicados en la
ocultación de fondos,
son legales o hay que
anularlas.
Dos de los tres jueces
que deliberan sobre este
asunto defienden la
anulación total o
parcial de las escuchas
decretadas por Garzón y
avaladas por el juez
Antonio Pedreira, que
instruye el caso en el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
Las grabaciones que
preocupan a los
corruptos y a sus
abogados probarían la
connivencia entre los
cabecillas de la trama
(Francisco Correa y su
número dos, Pablo
Crespo) estableciendo
estrategias comunes, por
un lado, y tratando de
evitar que la justicia
localizara decenas de
millones de euros
evadidos a paraísos
fiscales.
La tensión en la Sala
que delibera sobre la
legalidad o no de las
conversaciones es muy
notable, según fuentes
conocedoras de las
mismas. En las dos
sesiones que han
celebrado hasta ahora
los tres jueces hay una
mayoría de dos a uno a
favor de anular las
escuchas, aunque no se
ponen de acuerdo
respecto a si hay que
declarar ilegales todas
las conversaciones
grabadas en la cárcel
con abogados o sólo
algunas de ellas.
La decisión de esta Sala
de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid puede poner en la
picota una instrucción
que acumula ya decenas
de miles de folios,
cientos de pruebas y que
afecta a un centenar de
imputados. Los delitos
cometidos por la trama
corrupta han dejado
fuera del juego político
a cuatro alcaldes
madrileños del PP, tres
diputados autonómicos,
entre ellos un ex
consejero de Esperanza
Aguirre, y han
cuestionado las
prácticas, muchas de
ellas ilegales, de
Gobiernos que
colaboraron con la trama
corrupta, todos ellos
del PP.
Cada uno de los tres
jueces que dirimen los
recursos presentados por
los abogados de los
corruptos tiene un
criterio distinto y
opuesto al de los demás,
si bien ya se ha
conformado una mayoría
de dos magistrados
frente a uno que son
partidarios de anular
estas pruebas.
Expertos jurídicos
consultados por EL PAÍS
señalan que la anulación
de las escuchas
permitiría a los
abogados de los
supuestos delincuentes
aferrarse a esta
sentencia para seguir
recurriendo y pedir la
anulación de nuevas
pruebas, lo que podría
dilatar la causa durante
años.
El presidente del
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid,
Francisco Vieira, aupado
al este cargo a
propuesta de la
conservadora, y afín al
PP, Asociación
Profesional de la
Magistratura, se ha
mostrado hasta ahora
partidario de anular
parcialmente las
escuchas. Es decir,
considera que el juez
Baltasar Garzón se
excedió cuando ordenó
pinchar las
comunicaciones que
mantuvieron en la cárcel
de Soto del Real los dos
jefes de la trama con
sus abogados.
Colateralmente, admitir
los recursos de los
abogados también
afectaría
tangencialmente a
Garzón, sobre quien
pende una querella por
este motivo que presentó
el abogado del
constructor José Luis
Ulibarri, sobre el que
pesa la sospecha de
haber pagado millones de
euros para conseguir
adjudicaciones de
Gobiernos del PP. El
Supremo ha admitido y
está instruyendo esta
causa contra Garzón.
En principio, Vieira
contaría con el apoyo y
el voto, para conformar
una mayoría de dos
contra uno y anular gran
parte de las escuchas,
de su colega Emilio
Fernández Castro. Este
magistrado se ha
mostrado aún más radical
que Vieira y su
propósito inicial es
anular casi todas las
escuchas hechas desde la
cárcel.
La postura discrepante
la mantiene el
magistrado José Manuel
Suárez Robledano,
también perteneciente a
la conservadora
Asociación Profesional
de la Magistratura. Su
criterio pasa por
convalidar todas las
escuchas decretadas por
Garzón y desestimar los
recursos de los abogados
que piden la anulación
parcial o total del
proceso sobre la base de
la ilegalidad de estas
grabaciones.
Si la deliberación sigue
por los actuales
derroteros, lo
previsible es que al
final, si hay votación,
Viera y Fernández Castro
apoyen la anulación de
las escuchas, total o
parcialmente, al sumar
sus dos votos en contra
del de Suárez Robledano,
cuya opinión está en
sintonía, por otro lado,
con la ya expuesta en un
auto por el actual juez
instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira,
quien validó las
escuchas de Garzón
rechazando los recursos
de los abogados de los
corruptos.
Pedreira sostuvo que las
escuchas eran válidas
porque algunos de los
abogados indagados
actuaban en connivencia
con sus clientes y
colaboraban con ellos
para, entre otras cosas,
tratar de ocultar y
evadir de la justicia
española "muchos
millones de euros"
ocultos por la trama
corrupta en casi una
quincena de paraísos
fiscales.
Según fuentes
conocedoras de las
deliberaciones, en este
momento el nivel de
colisión entre los
magistrados es tal que
Vieira está meditando
incluso cambiar al
ponente y poner otro, es
decir, a él mismo o a
Fernández Castro. Y es
que su postura y la de
Suárez Robledano,
ponente en este recurso,
parecen de momento
irreconciliables,
mientras que Fernández
Castro estaría dispuesto
a modificar la suya,
nulidad total, y unirla
a una de consenso entre
ambos. A Fernández
Castro no le importa que
pasen semanas antes de
tomar una decisión
definitiva si con ello
la Sala del tribunal
alcanza un consenso. La
deliberación, según las
citadas fuentes,
continuará mañana
mismo.
Los jueces que quieren
anular las escuchas
sostienen, entre otros
argumentos, que el
artículo que invocó
Garzón para las escuchas
sólo permite intervenir
las comunicaciones entre
clientes y abogados en
los supuestos de
terrorismo. El juez
Pedreira entendió, en
cambio, que eran válidas
porque, al margen de ese
supuesto, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
permite intervenir
comunicaciones de
abogados y ordenar
registros de sus
despachos si, como en
este caso, media una
orden judicial y el
abogado puede ser
cómplice del delito.
El sumario del caso
Gürtel desvela que el ex
secretario de
Organización del PP de
Galicia Pablo Crespo, el
número dos de la trama
corrupta, dio
instrucciones desde la
prisión de Soto del Real
en relación con los
fondos de la
organización en Suiza,
según las conclusiones
de la policía extraídas
de las intervenciones de
comunicaciones en la
cárcel.
En la parte de las
escuchas, la
documentación recoge
varias comunicaciones,
fechadas en el mes de
marzo del año 2009, del
cerebro de la red
corrupta, Francisco
Correa, y de su
lugarteniente, Pablo
Crespo, con sus
respectivos abogados.
(www.elpais.com,
15/03/10)
FINANCIACIÓN ILEGAL
EN EL PP GALLEGO
El ex secretario de
Organización del PP de
Galicia Pablo Crespo,
número dos de la trama
corrupta, admite que
hubo financiación
irregular ante su
letrado.
Pablo Crespo. Mira una
cosa, hay un dato que
tengo que darte. Cuando
viniste la última vez,
que estaba en unas
diligencias, esas
diligencias pertenecían
a la apertura de una
caja de seguridad que
tenía yo en Pontevedra,
donde yo tenía la
información económica de
toda mi gestión como
secretario de
Organización del PP de
Galicia durante cuatro
años, cuatro ejercicios
completos, entonces ahí
hay una documentación
ordenada por mí en su
día, porque cuando yo me
marché quería dejar las
cosas claras.
Abogado. Seguramente.
Pablo Crespo. Pero no
creo que sea un problema
jurídico muy grave,
salvo lo del ejercicio
de 1999. ¿Cuándo
prescriben ese tipo de
cosas?
Abogado. Depende de lo
que estemos hablando, si
es un problema de
financiación irregular
que puede conducir a un
delito electoral, como
mucho 10 años, pero yo
creo que es menos.
Pablo Crespo. (...) Yo
te hablo de 1999, pero
nada más. Pero bueno,
les va a dar alas
para...
Abogado. Seguro, seguro.
Aunque hiciese 20 años
de esto, EL PAÍS lo
sacaría igual.
Pablo Crespo. Lo que me
sorprende es que no lo
saquen esta semana.
(...) El lío que se
puede montar es
morrocotudo.
(www.elpais.com,
15/03/10)
COMISIONES ILEGALES A
CONCEJALES Y ALCALDES
Francisco Correa,
principal imputado en el
caso Gürtel, reconoce a
su abogado pagos a
políticos populares
madrileños.
Abogado. Esa asociación
todavía no se ha
establecido [...]. Ése
es el debate que tenemos
que dar. [...] Lo único
que tenemos es la
aplicación a un pen
drive.
Correa. El famoso pen
drive es el lío famoso,
si no existiera... [...]
Sin este pen drive todo
esto no hubiera ocurrido
(...) En un momento
determinado se puede
decir que ese pen drive
es un montaje que ha
hecho [José Luis]
Izquierdo [contable de
la red de sociedades
corruptas] con Pepe
Peñas, ahí en el pen
drive tienen que
aparecer los pagos a
Peñas cuando era
concejal de Majadahonda.
Él cobraba, todos los
meses le pagábamos
[Peñas, ex colaborador
de Correa, acabó
traicionándole y
presentó en 2007 la
denuncia que dio origen
a la investigación].
Abogado. Nosotros en
ningún caso vamos a
reconocer que los pagos
que aquí se documentan
estén asociados a una
decisión
administrativa.
Correa. Si me preguntan
"¿Usted le ha dado el
dinero a estos
señores?", ¿yo qué les
digo?
Abogado. Yo negaría la
realidad. Que lo
acrediten.
Correa. Habrá que ver
qué contestan el día 18
Sepúlveda, Ginés... [ex
alcaldes madrileños
imputados en el caso].
Abogado. Más o menos
tenemos controlados a
todos. Excepto a
Izquierdo.
(www.elpais.com,
15/03/10)
COSPEDAL: "NOSOTROS
NO HEMOS PEDIDO LA
NULIDAD DEL 'CASO GÜRTEL"
En una semana clave en
el caso Gürtel, la mayor
trama de corrupción que
afecta al PP, la
secretaria general de
los populares, Dolores
de Cospedal, ha señalado
esta mañana que a pesar
de que su partido está
personado como acusación
en el proceso, no ha
pedido en ningún momento
la nulidad de la
instrucción. La
secretaria general
respondía así a la
pregunta de si al PP le
gustaría que el caso
Gürtel concluyera en una
nulidad, como sucedió
con el caso Naseiro en
los años noventa.
Dos de los tres
magistrados del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid están a favor de
que se anulen total o
parcialmente algunas de
las escuchas en la
cárcel a implicados en
la trama corrupta y
abogados defensores del
caso. Se espera una
decisión de los
magistrados en este
sentido en las próximas
horas.
En declaraciones a la
prensa, tras la reunión
del comité de dirección
del partido Cospedal
señaló: "Yo lo que le
puedo decir es que el PP
está personado como
acusación y no ha pedido
la nulidad". "Creo que
es bastante clara
nuestra posición",
apostilló la secretaria
general del PP.
Esas escuchas de
conversaciones entre
imputados en la trama
corrupta -dirigida por
Francisco Correa- y
abogados del caso, se
produjeron en prisión y
fueron autorizadas por
el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón
y avaladas por el juez
Antonio Pedreira, que
instruye el caso en el
Tribunal Superior
madrileño. La intención
de los presuntos
corruptos encarcelados
era definir una
estrategia común para
evitar que la justicia
localice millones
escondidos en paraísos
fiscales.
Expertos jurídicos
consultados por EL PAÍS
señalan que la anulación
de las escuchas
permitiría a los
abogados de los
supuestos delincuentes
aferrarse a esta
sentencia para seguir
recurriendo y pedir la
anulación de nuevas
pruebas, lo que podría
dilatar la causa durante
años.
En el caso Gürtel están
implicados ayuntamientos
populares y varios
representantes de ese
partido. En total, hay
un centenar de
imputados.
(www.elpais.com,
15/03/10)
El veneno que amenaza el
'caso Gürtel'
Abogados de imputados
por corrupción, el
aparato del PP y
magistrados quieren
anular las escuchas para
desactivar todo el
proceso
El PP y los
abogados de la
red Gürtel,
vinculada a ese
partido, se
disponen a
liquidar un caso
que puede
estallarles en
periodo
electoral. El
juez Baltasar
Garzón está a
punto de quedar
despojado de
funciones y
cautivo de tres
procedimientos
penales
orientados a su
inhabilitación.
Y el Tribunal
Supremo ha
autorizado que
el líder de la
trama corrupta,
Francisco
Correa, dirija
la acusación
contra el juez
que le envió a
prisión.
-
El
Tribunal
Superior
de
Madrid
estudia
las
intervenciones
de
Garzón
-
La
nulidad
podría
intentar
extenderse
más
tarde
al
resto
de
las
actuaciones
-
Los
abogados
no
son
inmunes
a
ser
investigados,
según
Anticorrupción
-
Hay
cuatro
letrados
imputados
en
la
causa
contra
la
trama
corrupta
Para el PP y los
abogados de la
trama Gürtel, la
vía más rápida
es la nulidad de
actuaciones, que
tan buenos
resultados les
dio en el
caso Naseiro:
declarar nulas
las escuchas
ordenadas por
Garzón, extender
la nulidad a las
del magistrado
del Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid Antonio
Pedreira y,
siguiendo la
teoría del árbol
envenenado,
procurar que las
ramas de éste se
extiendan a toda
la trama.
En la ofensiva
desencadenada
para liquidar
las escuchas hay
abiertos tres
frentes, en los
que trabajan
activamente,
junto al aparato
del PP, abogados
de bufetes de
campanillas y
hasta el Colegio
de Abogados de
Madrid.
Mientras, en la
Secretaría de
Causas
Especiales del
Supremo sestean
el recurso
contra la
exoneración del
presidente
valenciano,
Francisco Camps,
o la imputación
del ex tesorero
del PP Luis
Bárcenas.
- Las escuchas
de Garzón. La
intervención de
las
comunicaciones
en prisión entre
los principales
implicados en la
trama Gürtel y
sus abogados,
instadas por la
Fiscalía
Anticorrupción,
ordenadas por el
juez Baltasar
Garzón y
refrendadas por
su sucesor en el
Tribunal
Superior de
Madrid, Antonio
Pedreira,
constituyen la
primera fase de
la ofensiva para
conseguir anular
el caso
Gürtel. El
objetivo es que
el Tribunal
Superior de
Madrid declare
nulas esas
intervenciones.
La Sala Penal
del Tribunal
Supremo ha
enviado su
mensaje al
Tribunal
Superior de
Madrid,
admitiendo a
trámite por
primera vez en
su historia una
querella contra
un juez por
ordenar una
intervención de
comunicaciones.
No es sólo la
tercera querella
contra Garzón en
apenas nueve
meses. Es
también la vía
de acceso para
que todos los
implicados en la
trama corrupta
sienten en el
banquillo y
acusen al juez.
Desde el
miércoles, el
Tribunal
Superior estudia
la validez de
las
comunicaciones
en prisión entre
los presuntos
corruptos de la
Gürtel y sus
abogados. Los
defensores de
los imputados en
la trama se
aferran a que la
intervención de
comunicaciones
en prisión sólo
es válida "con
autorización
judicial y en
supuestos de
terrorismo", tal
como establece
el artículo 51.2
de la Ley
Orgánica General
Penitenciaria.
Sostienen que,
fuera de ese
supuesto, el
sistema
constitucional y
el derecho
procesal penal
no autorizan a
interferir
"jamás" las
comunicaciones
de un abogado
con su cliente.
Para la Fiscalía
Anticorrupción
esa postura
llevaría a que
los abogados
fueran inmunes a
una
investigación
penal, y aporta
sentencias del
Tribunal Supremo
que autorizan a
interferir el
secreto
profesional de
los abogados
cuando existen
indicios de que
éstos están
cometiendo un
delito.
Anticorrupción
se acoge al
artículo 579 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, que
autoriza al juez
a intervenir las
comunicaciones
para descubrir o
comprobar algún
hecho importante
para la causa y
las que sirvan
para fines
delictivos.
Según la
fiscalía, la
doctrina
constitucional
no impone
ninguna
limitación por
razón del delito
cuando la
intervención de
comunicaciones
de los internos
con sus abogados
constituye una
medida de
investigación
penal.
Según el fiscal,
algunos de los
abogados que han
informado ante
el Tribunal
Superior de
Madrid, incluso
algunos de los
que no han sido
escuchados,
pretenden que la
nulidad se
extienda no sólo
a las
comunicaciones
en prisión, sino
a todas las
actuaciones
practicadas por
Garzón desde el
19 de febrero de
2009 y a todas
aquellas que
traigan causa de
la información
obtenida en esas
intervenciones,
incluidas las
medidas
cautelares. Las
consecuencias
serían bien
rentables para
los presuntos
corruptos:
libertad de los
imputados,
devolución de
fianzas,
alzamiento de
embargos,
nulidad de las
imputaciones y
archivo del
caso Gürtel.
Si sólo se
anulan las
escuchas
decretadas por
Garzón,
Anticorrupción
prevé unos
efectos más
limitados. En la
causa hay cuatro
abogados
imputados, pero
sobre ellos hay
abundantes
diligencias
anteriores a
esas escuchas.
Algunas,
incluso, desde
septiembre de
2005. Se trata
de los titulares
de bufetes Luis
de Miguel, José
Ramón Blanco
Balín, Manuel
Delgado Solís y
del abogado de
este último José
Antonio López
Rubal, al que
Garzón citó
nominativamente
en su auto de
intervención. Se
trata de los
despachos que
diseñaron la
estructura de
los circuitos
financieros para
el blanqueo de
los fondos de
Francisco
Correa.
A este frente se
ha incorporado
el Colegio de
Abogados de
Madrid,
personado en el
caso Gürtel
para combatir
las resoluciones
de Garzón y el
auto de Pedreira
que las
refrenda.
- Las escuchas
del Sitel. El
segundo frente
de la ofensiva
lo abrió
directamente el
PP al cuestionar
la legalidad del
Sistema
Integrado de
Interceptación
Telefónica
(Sitel), un
avanzado sistema
de escuchas de
teléfonos
móviles
adquirido cuando
ese partido
estaba en el
Gobierno;
obviamente, no
había previsto
que lo
utilizaran
Anticorrupción y
Garzón para
desmontar la
trama corrupta
vinculada al
propio PP.
El sistema se
había venido
utilizando
pacíficamente
hasta entonces y
durante 2009 el
Tribunal Supremo
lo había avalado
en una decena de
sentencias,
pasando todos
los filtros
tanto sobre su
funcionamiento
como sobre la
suficiencia de
su cobertura
legal.
Sin embargo, a
principios de
febrero, en la
última sentencia
sobre el Sitel,
dos magistrados
del sector más
conservador de
la Sala Penal,
Manuel Marchena
y José Manuel
Maza, que nunca
antes habían
puesto pegas al
sistema,
emitieron un
voto particular
discrepante,
criticando la
falta de
garantías del
aparato. Ambos
justificaron
después en una
nota de prensa
que no es que
ellos hubieran
cambiado de
criterio, sino
que en las
anteriores
sentencias en
que habían
participado
nunca se había
cuestionado que
durante el
traslado al
juzgado de los
DVD conteniendo
las escuchas,
los agentes de
policía no las
alterasen
manipulando su
contenido.
Sin embargo, en
medios
judiciales y en
el propio
Supremo no pasó
inadvertido un
encuentro
celebrado días
antes en
Quintanilla de
Onésimo
(Valladolid), en
el que
coincidieron
magistrados del
Supremo afines
al PP con algún
destacado
defensor de
imputados en la
trama Gürtel en
unas jornadas de
estudio
patrocinadas por
una editorial
jurídica. El
evento, recogido
ampliamente por
el diario
Expansión,
fue organizado
por el ex
ministro de
Justicia del PP
José María
Michavila, y al
mismo asistieron
los magistrados
del Supremo
Manuel Marchena
y Julián Sánchez
Melgar, los de
la Audiencia
Nacional Enrique
López y Eloy
Velasco y el
catedrático de
Derecho Penal y
vicedecano del
Colegio de
Abogados, Luis
Rodríguez Ramos,
defensor de
varios de los
implicados en la
trama Gürtel,
directamente o a
través de
abogados de su
despacho.
Según el citado
diario,
Rodríguez Ramos
urgió la reforma
del artículo 579
de la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal,
precisamente el
precepto sobre
el que se
fundamentan las
escuchas en
prisión avaladas
por el
instructor del
Tribunal
Superior de
Madrid Antonio
Pedreira. "Con
el caso
Gürtel como
telón de fondo",
detallaba
Expansión,
Rodríguez Ramos
cargó contra ese
artículo que
autoriza la
intervención
judicial de
comunicaciones
porque "otorga
unas facultades
de
discrecionalidad
tan amplias al
juez que no
existe seguridad
jurídica y no se
protege el
derecho a la
intimidad de las
comunicaciones y
de los datos que
resulten de
estas
comunicaciones".
Pero, además, la
información de
Expansión
atribuye al
magistrado
Manuel Marchena
unas palabras en
las que queda
sintetizado el
voto particular
discrepante que
emitieron él y
Maza a la última
sentencia del
Supremo sobre el
sistema Sitel.
En concreto,
Marchena
reflexionó
acerca de la
validez de la
prueba
electrónica si
ésta no viene
avalada por la
firma
electrónica, y
señaló que "el
DVD que presenta
la policía o la
Guardia Civil
ante el juez
instructor
debería tener el
mismo régimen
jurídico
probatorio que
cuando se aporta
en cualquier
otro orden
jurisdiccional
por las partes o
por cualquier
otro fedatario
público". Ésa es
la idea central
del voto
particular
discrepante del
Sitel.
Ese voto
contiene el
embrión de la
que en medios
judiciales ha
comenzado a
denominarse
doctrina Naseiro
2, y viene a
suponer que los
DVD con
conversaciones
grabadas que
hubieran sido
aportados al
juzgado por la
policía sin la
salvaguarda de
unos complejos
requisitos de
sellado
electrónico e
intervención de
un tercero
serían nulos, al
no poderse
acreditar que no
hubieran sido
manipulados
desde que se
extraen de la
máquina hasta
que se depositan
ante el juez. De
momento es una
propuesta, pero
ya ha abierto
una brecha a que
en su día el
Supremo la pueda
utilizar para
liquidar las
escuchas a la
trama Gürtel.
-
Investigaciones
de policías y
fiscales.
Si después de la
ofensiva de los
abogados y la
doctrina Naseiro
2 todavía
quedara alguna
escucha por
eliminar, quizá
le pudiera ser
de aplicación el
reciente acuerdo
adoptado en sala
general por la
Sala Penal del
Supremo que
elimina las
investigaciones
previas de
policías y
fiscales sobre
la identidad de
portadores de
teléfonos
móviles. El
acuerdo aún no
ha sido
redactado por el
encargado de
hacerlo, el juez
Luciano Varela,
aparentemente
desbordado por
la instrucción
de la querella
contra Garzón
sobre la
investigación
del franquismo,
pero por lo que
se conoce los
policías y
fiscales no
podrían haber
solicitado, sin
autorización
judicial, las
identidades ni
la dirección IP
de los titulares
de un teléfono
móvil, so pena
de nulidad.
www.elpais.es
14.03.10
ANTONIO
HERNÁNDEZ-GIL
Decano del
Colegio de
Abogados de
Madrid :
"Lo que hizo
Garzón es
gravísimo"
El decano del
Colegio de
Abogados de
Madrid, Antonio
Hernández-Gil,
afirma que las
escuchas
ordenadas por el
juez Garzón a
los imputados de
la red Gürtel
que están en
prisión y a sus
letrados son
nulas porque se
ordenaron de
forma genérica.
Sostiene que no
se debió
escuchar a los
abogados aunque
el juez buscase
evidencias de
que varios de
ellos podían
ayudar a sus
clientes a
blanquear dinero
y han sido
imputados en la
causa.
“No se
puede
escuchar
a un
abogado
por si
comete
un
delito”
Pregunta. ¿Por
qué se ha
personado el
Colegio en el
caso Gürtel?
Respuesta. Tras
los primeros
autos de Garzón,
cuando conocimos
la resolución
que había
dictado el
magistrado
instructor del
TSJ, pensamos
que si ese
criterio se
consolidaba, el
derecho de
defensa que
nosotros como
abogados
queríamos habría
resultado
transformado en
uno distinto.
Con el aval de
la Junta, yo
tomé la decisión
de personarnos.
Decimos en el
recurso que
nosotros no
tenemos interés
más que en esto,
no en el
resultado del
proceso. Por
tanto, los temas
de nulidades no
tienen que ver
con nosotros.
P. No buscan
nada, pero si se
cargan las
escuchas, están
buscando un
resultado: la
nulidad de las
actuaciones y
dejar impune la
conducta de unos
abogados y de
unos imputados
en un tema de
corrupción…
R. Yo como
institución no
puedo dejar de
actuar respecto
de lo que causa
la lesión al
derecho de
defensa. Las
consecuencias
procesales de
eso, en las que
yo no entro,
pueden ser muy
variadas.
P. No será de su
interés, pero
una cosa lleva a
la otra... Los
abogados ¿pueden
delinquir o no?
R. Yo no
defenderé la
actuación de un
abogado que da
un paso más allá
de lo que es el
ejercicio de su
profesión.
Estará sujeto a
lo que tenga que
estar en función
de su actuación.
Pero aquí no
estamos hablando
de esto. Estamos
hablando de la
intervención de
comunicaciones
de "cualesquiera
abogados", que
lo sean hoy o
que estén en el
futuro.
Imposible
vincular la
autorización con
la situación de
un abogado,
porque se
extiende a
todos.
P. Se determinó
respecto de unos
abogados…
R. Se mencionó
nominativamente
a uno, pero en
la misma
resolución se
extiende a
todos.
P. Entre los que
están el
despacho De
Miguel, del que
dice el fiscal
que intervino
"en la creación
de circuitos
financieros para
la ocultación y
expatriación de
fondos", y
Blanco Balín,
por la "creación
de nuevos
circuitos
financieros en
Holanda, las
Antillas
Holandesas y
Suiza".
R. Pero la orden
es respecto de
todos, no
respecto de
esos…
P. Sí, pero esos
están imputados
en la causa
ahora mismo.
R. Se ha
escuchado a
abogados sin
ninguna
imputación.
P. Pero están
imputados De
Miguel, Blanco
Balín, y también
Manuel Delgado
Solís…
R. Yo no quiero
mencionar
nombres… No es
ese el tema.
P. Es que no es
sólo un abogado.
Hay cuatro
imputados y
parece que son
esos los que
nombran a los
que les
sustituyen.
R. No se puede
cercenar así el
derecho de
defensa.
P. En el caso
del abogado y
narco Pablo
Vioque, ¿está
justificada la
intervención
porque dio
instrucciones de
matar a un
fiscal?
R. Si yo, sin
saberlo antes, a
través de las
intervenciones
averiguo eso,
aunque sea una
enormidad, si lo
sé porque he
hecho algo que
la ley no me
ampara a hacer,
eso no puede
ser.
P. Es que no
podemos
desconocer el
caso concreto.
No es el primero
que ha habido.
R. Nada de esto
se ha dicho en
la resolución
que combatimos
nosotros. Cuando
se ordena algo
tan grave como
intervenir la
comunicación
personal, hay
que explicitar
las razones, no
se puede confiar
en que el órgano
de instrucción
ya sabe
suficiente.
P. ¿Eso
justifica la
querella? ¿Hay
que buscar la
condena del juez
que ordena las
escuchas?
R. Es una
decisión de la
Junta. Lo que ha
pasado es
gravísimo.
Tenemos que
tomar la
reacción más
enérgica.
P. ¿La
inhabilitación
del juez?
R. No, no…
P. Una querella
no se pone por
cariño…
R. No, no. Es la
depuración de
las
responsabilidades
en que pueda
haber incurrido,
pero quien tiene
que hacerlo,
desde luego, no
es el Colegio.
Nosotros tenemos
la obligación de
reaccionar con
las armas que
nos da el
ordenamiento
jurídico.
P. ¿Y eso no es
un aviso a los
demás jueces?
R. Es un acto de
afirmación de la
importancia del
derecho de
defensa.
P. ¿En un caso
de corrupción
que vincula al
PP, y da la
casualidad de
que hay que
querellarse
contra Garzón?
R. Precisamente
por la
independencia no
puedo dejarme
llevar porque es
el caso que es,
ni porque tiene
la implicación
política que
tiene, ni porque
afecta a un juez
que ha hecho,
seguro, mucho
bien al país en
muchas cosas.
P. Ahora que el
juez está en el
banquillo del
Supremo, y el
principal
implicado,
Correa, se
persona. ¿Todo
eso no modifica
nada?
R. A día de hoy,
lo que hemos
hecho ha sido
actuar en el
seno del proceso
porque allí
había una
actuación
necesaria. ¿Qué
más vayamos a
hacer? Pues
iremos
ponderando las
circunstancias.
www.elpais.es
14.03.10
Margarita Robles niega enemistad con
Garzón pero no participará en la
votación sobre su suspensión
La Permanente del CGPJ traslada al
Pleno las alegaciones del juez y la
decisión de recusar a otros dos
vocales.- De Rosa dice que estudiará
el documento y niega que haber sido
consejero de Camps influya en su
juicio
La
vocal del Consejo General
del Poder Judicial
Margarita Robles
ha decidido no participar en
las deliberaciones sobre la
suspensión del juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, como él mismo había
solicitado. Robles ha hecho
el anuncio durante la
reunión de la Comisión
Permanente del órgano de
gobierno de los jueces, que
ha decidido trasladar al
Pleno del próximo día 24 las
alegaciones que presentó
Garzón contra su posible
suspensión por las causas
que tiene abiertas en el
Supremo.
DOCUMENTO (PDF
- 37Kb) -
09-03-2010
Robles, miembro de la
asociación Jueces para la
Democracia,rechaza
"cualquier género de
enemistad" con el juez en un
escrito presentado ante el
propio Consejo, aunque
síreconoce que ambos
coincidieron en funciones
públicas. Ambos fueron
secretarios de Estado cuando
Juan Alberto Belloch estaba
al frente del Ministerio de
Justicia e Interior.
Al respecto, Robles recuerda
en su nota que estima
procedente la aplicación
analógica al presente
supuesto, de la doctrina
contenida en la sentencia
del TEDH [Tribunal Europeo
de Derechos Humanos] de 6 de
enero de 2010, a que se
remite el magistrado Sr.
Garzón, sentencia que
precisamente puso al mismo
de manifiesto que hubiera
debido abstenerse -lo que no
hizo- en la instrucción de
la causa 17/1989, seguida
contra personas, "con las
que estuvo en contacto, en
el contexto de su cargo en
el Gobierno", en referencia
al ex secretario de Estado
para la Seguridad Rafael
Vera.
En el
escrito que presentó la
semana pasada,
Garzón también pidió la
abstención de otros dos
vocales, el vicepresidente
del propio Consejo,
Fernando de Rosa,
y la
juez
Gemma Gallego.
De Rosa actuará "en
conciencia"
De
Rosa
ha
asegurado este mediodía en
la cadena SER
que está estudiando la
documentación y en principio
no cree que vaya a
apartarse. En su opinión, el
hecho de haber sido
consejero de la Comunidad
Valenciana no tiene ninguna
influencia ni le quita
"objetividad", de la misma
manera que Garzón fue
también diputado y no ha
afectado en su actividad.
"Voy a actuar en conciencia
y defendiendo los intereses
de la institución", ha
afirmado De Rosa.
Preguntado por si cree que
hay razones objetivas para
sancionar a Garzón, De Rosa
ha eludido pronunciarse
directamente porque sería
inmiscuirse en cuestiones
futuras. "Habrá que esperar
a lo que diga el Supremo",
ha señalado el
vicepresidente del CGPJ.
Fuentes del entorno de ambos
vocales aseguran que tampoco
tienen ninguna enemistad con
el magistrado y que
estudiarán las alegaciones.
Estas fuentes aseguran que
ninguno de los dos asuntos
que les ha remitido el
Tribunal Supremo (las
querellas por la
investigación sobre los
crímenes del franquismo y la
supuesta percepción de
dinero por parte del Banco
Santander) tiene que ver con
ellos ni Garzón, en su
escrito de recusación, hace
alusión a ellos.
Sin embargo, según las
mismas fuentes, no descartan
por completo hacerlo para
preservar el buen nombre y
la imagen de imparcialidad
del CGPJ.
Por otro lado, la Comisión
Permanente ha decidido
trasladar al Pleno del24 de
marzo el escrito presentado
por Garzón para que estudie
sus alegaciones y si procede
suspenderle o no.
Como no existen precedentes
de recusación de un vocal ni
la Ley Orgánica del Poder
Judicial lo prevé, la
Permanente ha decidido
aplicar por analogía la Ley
de Procedimiento
Administrativo, según
fuentes del CGPJ, que
establece que la recusación
la tiene que resolver el
órgano superior.
Así, el Pleno estudiará por
separado cada caso sin la
presencia de los vocales,
siempre que no decidan
abstenerse.
www.elpais.es
09.03.10
Pincha aquí para
bajarte las alegaciones integras
El juez de la Audiencia Nacional alega la
amistad de Camps con el vicepresidente del
Consejo
El juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón ha pedido en su
escrito de alegaciones al Poder
Judicial que no le suspenda de sus
funciones por las tres causas contra
él que estudia el Tribunal Supremo.
Además, ha pedido la abstención en
las deliberaciones de tres de los
vocales del Consejo por las
relaciones que tienen con alguno de
los interesados y por "enemistad
manifiesta" con él mismo.
En concreto, Garzón pide la
abstención del vicepresidente del
Consejo, Fernando de Rosa, porque,
en su opinión, ha cuestionado
"continuamente" su labor
instructora, lo que "le priva de
objetividad de juicio" para decidir
sobre la suspensión. Además, alega
que Rosa tiene "amistad íntima" con
uno de los interesados en la causa,
el presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, de
quien dijo que era "totalmente
honorable". Asimismo, Garzón asegura
que existe "relación de servicio"
entre ambos pues Rosa fue consejero
de Justicia en el gobierno
valenciano.
Por otro lado, Garzón solicita la
abstención de la juez Gema Gallego
ya que, según ha alegado, tiene
enemistad manifiesta durante su
labor como vocal de la Comisión
Disciplinaria del Consejo. El
magistrado extiende la petición a
Margarita Robles para lo que alega
enemistad manifiesta y recuerda que
coincidió con ella en funciones
públicas. Ambos fueron secretarios
de Estado cuando Juan Alberto
Belloch ostentaba el ministerio de
Justicia e Interior.
Razones contra la suspensión
En cuanto a los motivos que Garzón
alega para evitar su suspensión, el
magistrado asegura en su escrito que
no existe riesgo de daño para la
administración de Justicia en caso
de que se acuerde su continuidad.
Por el contrario, asegura que su
"perturbaría de una forma
extremadamente grave a los
magistrados que en la actualidad
están tramitando aquellas mismas
causas por cuya tramitación" se ve
imputado.
Garzón recuerda que todas las
querellas que el Supremo ha admitido
contra él lo han sido en contra de
la opinión jurídica del fiscal "que
no advierte delito en mi
comportamiento". Además, el
magistrado insiste en que el fiscal
"ha presentado recurso de súplica
contra el auto de la admisión a
trámite de la querella". Asimismo,
el juez informa de que la Fiscalía
"ha manifestado su oposición a que
el Consejo acuerde" su suspensión
porque si lo hiciera sería
"efectivamente contraria a las
garantías de independencia e
inamovilidad de los jueces".
El magistrado recuerda en su escrito
que las querellas que se han
presentado contra él "se refieren a
hechos de los cuales este Consejo ya
ha conocido por vía de inspección
sin que se haya observado en ninguno
de los casos la más leve
irregularidad disciplinaria ni por
supuesto deducir testimonio".
Mención especial a la Gürtel
Garzón hace especial mención a la
querella presentada contra él por
haber ordenado grabar las
conversaciones que algunos de los
imputados de la trama Gürtel
con sus abogados.
Al respecto, Garzón recuerda que sus
resoluciones "cuentan con el aval de
la Fiscalía, en particular la del
Tribunal Supremo" y que "fueron
refrendadas" por un auto del
magistrado instructor del caso en el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Antonio Pedreira, como
"conformes a derecho".
El magistrado recuerda que en este
momento la Sala de lo Penal del TSJ
debe decidir "en una situación
delicada la confirmación o
revocación de mis decisiones y las
del instructor actual" que las ha
ratificado. Y continúa: "Esta nueva
realidad creada extramuros del
proceso penal puede incidir en forma
decisiva sobre la libertad de
valoración e interpretación de las
normas jurídicas de los magistrados
que han de resolver la cuestión,
bajo el riesgo latente de recibir la
misma sanción y castigo que yo".
www.elpais.es
05.03.10
Fernando de Rosa y su
"amistad íntima" con Camps
Garzón pide su recusación en
las deliberaciones para
decidir su suspensión de
funciones
La "amistad íntima"
y la "relación de
servicio" de
Fernando de Rosa,
vicepresidente del
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ),
con Francisco Camps,
uno de los imputados
en el caso Gürtel,
son dos de los
motivos que el juez
de la Audiencia
Nacional, Baltasar
Garzón, alega para
recusarlo como
miembro de la
comisión del CGPJ
que delibera sobre
su suspensión de
funciones.
De Rosa, miembro de
la conservadora
Asociación
Profesional de la
Magistratura (APM),
ha cuestionado
además
"continuamente" la
labor instructora
del magistrado, lo
que "le priva de
objetividad de
juicio" para decidir
sobre la suspensión.
Garzón recuerda que
Fernando de Rosa fue
conseller de
Justicia del
gobierno valenciano
desde 2003 hasta
septiembre de 2008,
cuando fue nombrado
vocal del CGPJ. Es
decir, De Rosa fue
miembro del Gobierno
de Francisco Camps,
"persona de la cual
se dedujeron
indicios de delitos
en la instrucción"
que Garzón practicó
en el caso Gürtel,
lo que motivo su
inhibición a favor
del Tribunal
Superior de Justicia
de Valencia, dado el
aforamiento del
imputado.
"Este vocal, lejos
de guardar la debida
prudencia a la que
su nuevo cargo le
obligaba en
declaraciones el 20
de febrero de 2009 a
la televisión
pública valenciana
Canal 9 no tuvo
reserva alguna en
salir en desaforada
defensa de su
antiguo jefe, a
quien calificó
frente a las
primeras noticias de
su comportamiento
cuestionable como
persona
absolutamente
honorable", añade
Baltasar Garzón.
Fernando de Rosa
insistió entonces,
subraya el
magistrado, en que
el comportamiento de
Garzón como
instructor podría
"pasar una línea
roja que es muy
importante, que es
la prevaricación".
Garzón recuerda
además, en alusión a
"noticias de
prensa", que el
Gobierno valenciano,
al que perteneció De
Rosa, "habría
presentado quejas
contra" el juez ante
el CGPJ "e incluso
habría trabajado en
la redacción de una
querella" que ignora
si finalmente se
presentó.
www.elpais.es
05.03.10
La "manifiesta
animadversión" de Gemma
Gallego contra Garzón
El magistrado pide su
recusación en las
deliberaciones para decidir
su suspensión de funciones
La vocal del CGPJ
Gemma Gallego, de la
conservadora
Asociación
Profesional de la
Magistratura (APM),
ha exteriorizado "su
manifiesta
animadversión"
contra el juez de la
Audiencia Nacional
Baltasar Garzón,
razón por la cual
el magistrado pide
su recusación como
miembro de la
comisión que
delibera sobre su
suspensión de
funciones.
Previamente a su
nombramiento como
vocal de Consejo
General del Poder
Judicial, Gemma
Gallego era la
titular del Juzgado
de Instrucción
Número 35 de Madrid,
al que correspondió
la causa de la
supuesta
falsificación de un
informe pericial que
"una notabilísima
falta de
consistencia
intentaba vincular
la posesión de ácido
bórico en poder de
un implicado en los
atentados del 11M
con anteriores
aprehensiones de esa
sustancia a miembros
de ETA", alega
Garzón en su
recusación.
Durante el
transcurso de la
investigación que el
magistrado hizo de
los hechos,
imputó a los peritos
"que de forma tan
acrítica e
irracional habían
aparentado esta
inexistente
vinculación". Garzón
recuerda que Gemma
Gallego "revirtió la
situación para
exculpar a aquellos
e
imputar sin motivo"
al comisario general
de policía
científica, y otros
profesionales de la
policía
, que habían
desestimado por
insolvente aquella
supuesta vinculación
y que posteriormente
fueron absueltos por
la Audiencia
Provincial de
Madrid.
Dos meses después de
estos hechos, Gemma
Gallego fue aupada
al CGPJ
a propuesta del
Partido Popular.
"Desde entonces, y
posiblemente
sintiéndose
desautorizada por la
Audiencia, esta
vocal se ha
caracterizado como
miembro de la
comisión
disciplinaria por
una constante
persecución" de
Garzón "hasta un
punto poco
razonable" y que
muestra, según el
juez de la Audiencia
Nacional, una nula
disposición para
afrontar de forma
objetiva y serena el
estudio" de la
posible suspensión
del magistrado.
Como ejemplos de
esta animadversión,
Garzón cita tres
casos:
Cuando la comisión
disciplinaria del
CGPJ rechazó la
queja interpuesta
por la Generalitat
valenciana contra
Garzón por haber
instruido el caso
Gúrtel, Gemma
Gallego se quedó
sola para impugnar
el archivo y
solicitar que las
actuaciones se
remitieran al
servicio de
inspección. Esta
vocal habría
redactado un voto
particular
insinuando que el
juez "tenía la
costumbre de
intervenir en causas
cuya instrucción" no
le correspondía.
En segundo lugar,
Garzón recuerda que
cuando la comisión
disciplinaria le
impuso en junio de
2009 "una sanción de
300 euros por falta
leve con dos votos a
favor incluso del
archivo", Gemma
Gallego se descolgó
proponiendo contra
él una desmedida
sanción por falta
muy grave, que se
castiga con la
suspensión o la
expulsión de la
carrera.
Por último, el
magistrado señala
que cuando Antonio
Panea y José Luis
Mazón propusieron
que se le sancionara
por haber pedido un
permiso para ir a
Perú, la comisión
acordó el archivo de
semejante denuncia,
"huérfana de todo
sentido", pese al
voto en contra de
Gema Gallego.
www.elpais.es
05.03.10
Margarita Robles, enemiga de
Garzón desde los 90
El magistrado pide su
recusación en las
deliberaciones para decidir
su suspensión de funciones
"Reiteradas noticias
de prensa informan
de la enemistad
profunda que
profesa" la vocal
progresista del
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)
por el juez Baltasar
Garzón, según alega
el magistrado en su
recusación. Esta
enemistad procede de
la época en la que
ambos fueron
secretarios de
Estado cuando Juan
Alberto Belloch
ostentaba el
ministerio de
Justicia e Interior.
Según Garzón "basta
consultar las
hemerotecas" para
comprobar las
"posturas
encontradas con su
juzgado". En
concreto, el
magistrado hace
referencia al
caso Roldán, los
llamados papeles
de Laos, los
fondos reservados y
la investigación de
los GAL.
Para el magistrado,
la "falta de
imparcialidad se
puso de manifiesto
en la reunión del 8
de febrero de 2010
en la que se
preparaba el orden
del día de la
comisión
disciplinaria".
Margarita Robles
propuso entonces
incluir el estudio
de los autos del
Tribunal Supremo que
afectan a Garzón
para analizar la
posible suspensión
en sus funciones que
había sido rechazada
con anterioridad.
"Es una iniciativa
personal y fuera del
cauce ordinario",
apunta el juez, que
subraya que el
propio presidente
del CGPJ, Carlos
Dívar, aseguró que
era prematuro dictar
suspensión para
Garzón y que no
tenía precedentes.
Margarita Robles ha
mostrado además "un
interés especial",
alega Garzón, con la
causa de la Memoria
Histórica, "interés
que desfigura la
apariencia de
imparcialidad
necesaria para
participar en una
decisión tan
relevante" como la
suspensión del juez,
añade el magistrado.
Efectivamente,
Margarita Robles,
reclamó al
secretariado de su
asociación, Jueces
para la Democracia,
a la que también
pertenece Luciano
Varela, un
comunicado de apoyo
al mismo por las
críticas que éste
había estado
recibido por
atribuir a Garzón un
delito de
prevaricación,
castigado con
inhabilitación de 12
a 20 años, por
querer investigar
los crímenes del
franquismo. No
obtuvo tal apoyo.
"Coincidencia en
funciones públicas"
Junto a la
"enemistad
manifiesta",
Baltasar Garzón
añade que coincidió
con Margarita Robles
en funciones
públicas. En una
reciente sentencia
del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
del 6 de enero de
2010 sobre el
caso Vera contra
España, que
instruyó Garzón, se
señalaba que el
hecho de haber
coincidido el
magistrado con el
interesado el
Ministerio del
Interior -lo que
Garzón asegura que
no fue así pese a
que el tribunal lo
da por cierto- era
un motivo que podría
poner en cuestión la
precisa apariencia
de objetividad.
Según señala la
sentencia. "el hecho
de que el juez haya
ejercido una función
pública y haya
estado en contacto
con ciertas personas
en este contexto",
puede justificar una
queja por falta de
imparcialidad-
De acuerdo con esta
sentencia, Garzón
recuerda que en "ese
mismo contexto"
coincidió con
Margarita Robles por
"lo que el mero
hecho de nuestra
mutua coincidencia
en labores de
Gobierno hasta que
presente mi dimisión
es un dato para
fundar una solicitud
de abstención" ya
que "en esta materia
incluso las
apariencias pueden
revestir
importancia".
www.elpais.es
05.03.10
Rubalcaba cree que la red
Gürtel "ataca" a Garzón para
evitar que "la ley les caiga
encima"
"No hay que ser un genio
para entender que Correa
pretende que todas las
pruebas contra él se
anulen", afirma Rubalcaba
sobre su admisión en la
causa
El ministro del
Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba,
considera que detrás
de los "ataques" al
juez de la Audiencia
Nacional Baltasar
Garzón hay un
intento de los
cabecillas de la red
Gürtel de evitar que
"la ley les caiga
encima" y que
algunas pruebas
queden fuera del
sumario.
"Hay quien, como
Correa, ataca a
Garzón para
defenderse. No hay
que ser un genio
para entender que
pretende que todas
las pruebas contra
él se anulen", ha
asegurado en una
entrevista en TVE,
tras la decisión de
ayer de la Sala de
lo Penal del
Tribunal Supremo de
permitir al cerebro
de la trama
personarse
en la querella
contra el juez por
las
escuchas de las
conversaciones entre
los dirigentes de la
red
encarcelados y sus
abogados.
Rubalcaba ha
subrayado que
respeta de forma
absoluta la decisión
Supremo. "Es
bastante evidente
que al ministro,
como a cualquiera,
hay decisiones que
le gustan más y
otras menos, que
comprende más y
otras menos, pero
respeto absoluto",
ha indicado.
La decisión del
tribunal permitirá a
Correa unirse al
acoso contra Garzón,
contra quien se han
admitido, al margen
de ésta, dos
querellas más -por
la causa contra el
franquismo y los
cursos de Nueva
York-. Pero
Rubalcaba ha
expresado su
confianza en que la
justicia "ponga en
su sitio" al
cabecilla de la red.
La aceptación de la
personación de
Correa gana
relevancia ante el
inminente
pronunciamiento del
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
sobre los recursos
de los implicados en
la trama contra la
interceptación de
sus conversaciones.
El ministro ha
destacado además el
valor de la
presunción de
inocencia aunque ha
añadido que sobre la
culpabilidad de
"alguna gente pocas
dudas hay".
www.elpais.es
05.03.10
El
Supremo admite la personación de Correa contra
Garzón
El Supremo permite al cerebro de
la red Gürtel sumarse al acoso a
Garzón
La Sala Penal admite que Correa
acuse al juez por las escuchas
en prisión
La Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo aceptó
ayer la personación del
principal implicado en
la red Gürtel -la trama
corrupta vinculada al PP-,
Francisco Correa, en la
querella recientemente
admitida contra Baltasar
Garzón por haber
intervenido en prisión
las comunicaciones de
los principales
implicados en la red y
sus abogados, ante la
sospecha de que éstos
pudieran blanquear el
patrimonio obtenido por
sus clientes.
El líder de la
trama podrá
personarse en
calidad de
ofendido por las
escuchas
Aunque el Supremo no
facilitó la providencia
que admite la
personación de Correa,
fuentes del alto
tribunal informaron de
que éste sólo puede ser
tenido por parte
"perjudicada u ofendida"
por los supuestos
delitos cometidos por el
juez Baltasar Garzón.
La admisión de Correa en
la causa para poder
ejercer la acusación
contra Garzón gana mayor
proyección al recaer
pocos días antes de que
el Tribunal Superior de
Madrid tenga que
pronunciarse sobre los
recursos de los
implicados en la red
corrupta contra la
intervención de sus
comunicaciones en
prisión, el próximo día
10.
Las escuchas de Garzón,
instadas por la Fiscalía
Anticorrupción, fueron
prorrogadas primero y
avaladas después por el
actual instructor de la
causa, Antonio Pedreira.
Contra ese aval de
Pedreira a las escuchas
se han volcado todos los
abogados de los
implicados en la
red Gürtel, respaldados
por el Colegio de
Abogados de Madrid, que
ha solicitado la
nulidad.
El Supremo tampoco ha
esperado a resolver el
recurso de la Fiscalía
contra la admisión a
trámite de la querella
contra Garzón sobre las
escuchas. Esa querella,
a la que ahora se ha
sumado Correa, fue
interpuesta por el
abogado Ignacio Peláez
en representación del
empresario José Luis
Ulibarri.
El pasado 25 de febrero,
la Sala de lo Penal
admitió la querella
contra Garzón por un
delito de prevaricación
y otro de vulneración de
la intimidad, en contra
de la opinión del
fiscal. Contra esa
admisión a trámite, el
teniente fiscal del
Tribunal Supremo
cuestionó seriamente en
un recurso de súplica la
conducta procesal del
abogado Ignacio Peláez,
al haber "ocultado
interesadamente" a la
Sala documentos del
proceso, y haber
presentado una versión
"calculadamente
fragmentada" de los
hechos para lograr la
admisión de la querella.
Aunque es muy difícil o
casi imposible que
prospere un recurso de
súplica en una "causa
especial" contra
aforados, la admisión de
Correa en la causa
contra Garzón antes de
estar resuelto el
recurso del fiscal deja
aún más en entredicho
las escasas
posibilidades de que los
argumentos de la
Fiscalía puedan ser
tenidos en cuenta.
El fiscal alegaba que la
intervención de
comunicaciones ordenada
por Garzón era
"objetivamente
necesaria" para la
investigación de los
hechos, y proporcionada
a la gravedad de éstos,
ya que iba encaminada
especialmente "a
investigar el delito de
blanqueo de capitales
que, según sólidos
indicios, los imputados
seguían cometiendo desde
el establecimiento
penitenciario".
El fiscal detalla en su
recurso la participación
de tres despachos de
abogados en el sumario
que instruye Pedreira
por la presunta
constitución de
circuitos financieros
para "ocultar, expatriar
y repatriar los fondos
de Francisco Correa";
por la creación de
"nuevos circuitos
financieros en Holanda,
Antillas Holandesas y
Suiza" y por "realizar
gestiones para
deslocalizar a Francisco
Correa y hacerlo
reaparecer como
residente en el
extranjero a fin de no
tributar por las rentas
obtenidas en España".
También le atribuyen
haber tratado de ocultar
su patrimonio "mediante
la interposición del
ciudadano francés
Antoine Sánchez como
testaferro".
La admisión de Correa
refuerza también la
posición procesal de
Peláez, cuyo defendido,
el empresario José Luis
Ulibarri, no fue
sometido a escuchas,
puesto que no llegó a
ingresar en prisión. Sin
embargo, Peláez fue a la
cárcel a entrevistarse
con los principales
implicados en la trama y
sus abogados para, según
él, "preparar la
defensa" de Ulibarri.
Como Garzón había
ordenado intervenir las
escuchas de Correa,
Crespo y Antoine
Sánchez, Peláez fue
escuchado. El fiscal
adujo que al no haber
ido a prisión a
entrevistarse con su
cliente preso, no estaba
legitimado para actuar
como acusador
particular. El Supremo
desechó este argumento y
dio a Peláez la
condición de "ofendido",
posición que ahora queda
reforzada por la
presencia de Correa,
como "ofendido o
perjudicado"
directamente por las
escuchas.
www.elpais.es
04.03.10
"Sin ese 'pen drive' no tendrían
nada"
Francisco Correa, jefe
de la trama de
corrupción más extensa
vinculada a un partido
político que se ha
desarticulado en España,
habló con su abogado en
la cárcel y todo quedó
grabado por orden del
juez Baltasar Garzón.
En su conversaciones del
6 de marzo en la prisión
de Soto del Real, Correa
se lamenta por la
existencia de un pen
drive (dispositivo
electrónico para
almacenar información)
donde su contable, José
Luis Izquierdo, guardaba
la contabilidad de la
caja B de su red
empresarial, una de las
pruebas clave para
desentrañar a todos los
implicados en la trama.
El jefe de los corruptos
habla con su abogado
para buscar salidas a su
apurada situación. De la
conversación se
desprende que Correa
planea inculpar a Pablo
Crespo (su número dos),
a Isabel Jordán (ex
directiva de una de sus
empresas) y a Alberto
López Viejo (ex
consejero autonómico) de
haberlo organizado todo
a sus espaldas, o acusar
al contable de mentir a
la policía para salvarse
a sí mismo.
Pero una y otra vez
vuelve a escena el
archivo USB: "Es que sin
ese pen drive no
tendrían nada, me pongo
malo".
Abogado: "Aquí tenemos
un problema que es el
pen drive, que está
expresado con toda
claridad. Garzón se ha
ocupado, la policía
mejor dicho, de hacer
cuadros de lo que cobra
cada uno [...]. Para que
exista delito hay que
probar la relación entre
los pagos realizados a
determinados cargos
públicos y una decisión
administrativa contraria
a derecho. Esa
asociación todavía no se
ha establecido. Ése es
el debate que tenemos
que dar".
Correa: "Si me preguntan
'¿usted le ha dado el
dinero a estos
señores?', ¿yo qué les
digo?".
Abogado: "Yo negaría la
realidad. Que lo
acrediten".
Correa: "Habrá que ver
qué contestan el día 18
Sepúlveda, Ginés...[ex
alcaldes madrileños
imputados en el caso]".
Abogado: "Más o menos
tenemos controlados a
todos. Excepto a
Izquierdo".
www.elpais.es
04.03.10
EL FISCAL
ACUSA A UN ABOGADO DE GÜRTEL DE OCULTAR DOCUMENTOS AL
SUPREMO PARA IMPUTAR A GARZÓN
La fiscalía ha
recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de
la querella contra el juez Baltasar Garzón por haber
ordenado las escuchas del caso Gürtel, en un escrito en el
que reprocha al alto tribunal haberse fiado de la versión
del abogado querellante, Ignacio Peláez, en vez de la del
ministerio fiscal.
El escrito
subraya las "numerosas e importantes incorrecciones" en que
incurre Peláez al describir los hechos, "a pesar de tener en
su poder los documentos que, de no habérselos ocultado
interesadamente a la Sala" hubieran salvado esas
incorrecciones.
El recurso,
impecable y elaborado en un tiempo récord por el teniente
fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, explica que
las omisiones de Peláez evidencian "la estrategia" del
letrado "dirigida a cuestionar la imparcialidad" del juez
Garzón con el fin de obtener la "nulidad" de las
actuaciones.
El fiscal
asegura que siempre se ha opuesto "frontalmente" al relato
de hechos de Peláez y niega que, como dice el Supremo, no la
haya cuestionado "en ningún momento". Rechaza después las
"gravísimas imputaciones" contra Garzón sobre la base de
haber infringido supuestamente una norma de reparto que,
asegura el fiscal, "no se encontraba en vigor".
En su querella,
Peláez atribuyó a las escuchas de Garzón la imputación del
abogado José Antonio López Rubal por presunto blanqueo de
capitales del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa.
También manifestó que Garzón había retrasado "maliciosa y
tendenciosamente" la notificación de la imputación de López
Rubal a Correa para "poder seguir escuchando".
El fiscal
rechaza tajantemente esta versión por ser "absolutamente
ajena a la realidad". Casallo demuestra que López Rubal fue
imputado "diez días antes", y no después de que Garzón
ordenase la primera intervención de comunicaciones. Después,
asegura que Garzón "en absoluto ocultó la referida
imputación, sino que le otorgó la mayor de las
publicidades". Además, López Rubal, pese a conocer su
imputación el 11 de febrero de 2009 siguió siendo abogado de
Correa y Pablo Crespo hasta el 27 de febrero.
La fiscalía
rechaza también que Garzón continuase de forma ilegal la
intervención de comunicaciones, versión que califica de
"tergiversada" por Peláez y "manifiestamente inveraz". El
fiscal aporta 22 documentos en apoyo de su recurso.
(www.elpais.com,
02/03/10)
El fiscal
mantiene que las escuchas de Garzón aportaron datos clave en
la Gürtel
El Ministerio
pública defiende que contaron con la autorización judicial
necesaria
La fiscalía ha recurrido ante
el Tribunal Supremo
la admisión a trámite de la
querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón
por el abogado de uno de los imputados en el caso
Gürtel argumentando que las escuchas ordenadas
por el magistrado aportaron datos que fueron "clave"
en la investigación.
En el
recurso de súplica presentado hoy ante la Sala
Segunda del Supremo, el fiscal defiende la legalidad
de la intervención de las conversaciones en prisión
entre varios imputados de la red Gürtel y sus
abogados y solicita que se revoque la admisión a
trámite de la querella del abogado Ignacio Peláez,
que defiende al empresario imputado en la trama
corrupta José Luis Ulibarri. La Fiscalía asegura que
las escuchas contaron en todo momento con la
autorización judicial necesaria y además
proporcionaron datos claves sobre las actividades de
blanqueo de capitales de los imputados.
Además,
el Ministerio Público matiza las "incorrecciones"
que -a su juicio- contiene la querella de Peláez y
hace hincapié en que gracias a esas intervenciones
telefónicas se supo que los imputados estaban
preparando reuniones y operaciones para ocultar y
reorganizar fondos ubicados en el extranjero, que a
fecha de la detención no constaba que se hubieran
producido.
La
intervención de las comunicaciones ordenada por
Garzón fue, según el fiscal, "una medida
objetivamente necesaria para la investigación de los
hechos y proporcionada a la gravedad de éstos", ya
que iba encaminada a investigar el delito de
blanqueo de capitales que, según sólidos indicios,
los imputados seguían cometiendo desde la cárcel.
Los
abogados participaron en la trama
Para
respaldar este argumento, la fiscalía aporta al
Supremo una serie de documentos del sumario del
caso Gürtel y cita algunas de las conversaciones
grabadas que resultaron relevantes para la
investigación, entre ellas la mantenida el 18 de
diciembre de 2008 por el ex secretario de
organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el
supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa,
que hablaron de varias reuniones que tenían
pendientes.
Asimismo, el fiscal insiste en que las
intervenciones también pusieron de manifiesto los
indicios de participación en los hechos de distintos
despachos profesionales de abogados. "Nada que ver,
como se alega, con el deseo de descubrir las
estrategias de defensa de los imputados, sino con la
obligación de investigar y perseguir nuevos actos"
delictivos fuera de la jurisdicción española y
evitar que los imputados pudieran cometer varios
delitos, argumenta el Ministerio Público.
Considera también "sorprendente" que el querellante
solicite la nulidad de todas las actuaciones
relacionadas con la intervención de comunicaciones,
cuando no ha alegado nada en contra de la
intervención de las comunicaciones mantenidas por
los imputados con personas distintas de sus
letrados.
www.elpais.es
01.03.10
LA TRAMA CORRUPTA
PIDE ANULAR EL PROCESO
Un año después de la
desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en
democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades
autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales
implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el
proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de
las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus
clientes.
El Tribunal Supremo, que
admitió ayer a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón
por ordenar escuchas en prisión, y el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo
motivo, deberán resolver en las próximas semanas si una parte
importante del caso Gürtel es anulado por escuchas ilegales.
La investigación de la
trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años
de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados
ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de
empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas
de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto,
que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a
la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de
altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de
sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro
hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos
tribunales.
El Supremo admitió ayer
la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado
de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples
evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones
ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos
públicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el
pago de tres millones de euros por lograr la adjudicación de una
parcela para edificar chalés de lujo. Ganó el concurso porque
prometió hacer las obras tres meses antes que su principal
competidor (que ofrecía justamente tres millones de euros más por el
suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se quedó con
la parcela pero no edificó los chalés de lujo en el plazo
comprometido y por el que supuestamente ganó el concurso.
También ha recurrido
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros
muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de
Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a
miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo
desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la
Comunidad Valenciana.
El Bigotes está imputado
por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupción
valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule
todo el proceso a partir de las escuchas en la cárcel, aprovechando
la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garzón
de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los
encarcelados de la trama.
Ni El Bigotes ni el
constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la cárcel como
consecuencia de la desarticulación de la trama corrupta vinculada al
PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la
intención de anular pruebas que pueden incriminarles.
En las conversaciones
grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se
lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba
toda la información sobre el pago de comisiones ilegales a políticos
que gobernaban en municipios o comunidades autónomas. "Es que sin
ese pen drive no tendrían nada. Me pongo malo", señala Correa a su
abogado.
El juez Antonio Pedreira,
que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las
escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados
pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón
violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los
internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente
llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que
lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no
podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la
autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".
En su auto, Pedreira
mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La
profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de
privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma
forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro
en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la
intervención de comunicaciones".
Ahora, la Sala de lo
Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene
en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas
logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o
anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de
imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP.
(www.elpais.com,
26/02/10)
EL BIGOTES: "GARZÓN
CARECÍA DE INDICIOS CONTRA LOS ABOGADOS"
El recurso presentado
por el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que se anulen todas las pruebas resultantes de la
intervención de las comunicaciones en la cárcel entre los abogados y
los implicados en el caso Gürtel. El Bigotes, en su recurso,
sostiene que cuando Garzón autorizó las escuchas en su resolución no
explicaba "qué indicios existían en el momento en que se adopta la
medida limitativa de que los letrados estaban cometiendo delito
alguno o colaborando con los abogados presos en un delito de
blanqueo". Y añade: "Ni se infieren tales indicios de las
conversaciones con el letrado imputado ni tampoco con los letrados
no imputados".
El abogado de El
Bigotes, que se adhiere con su recurso a otros presentados por más
implicados en la trama corrupta, asegura que el artículo 51.2 de la
Ley General Penitenciaria restringe la posibilidad de intervenir las
comunicaciones entre presos y sus abogados a casos de terrorismo.
"Ahora", señala el recurso, "se nos dice que el precepto habilitante
es el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que no
invocó el juez instructor de la Audiencia Nacional" cuando ordenó
las escuchas.
(www.elpais.com,
26/02/10)
El
Supremo deja en precario a Garzón y cuestiona
las escuchas a la red Gürtel
La
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió
ayer la querella del abogado Ignacio Peláez
contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos
delitos de prevaricación y contra las garantías
de la intimidad, al haber ordenado el juez la
intervención de las comunicaciones en prisión de
los implicados en la trama corrupta Gürtel con
sus abogados. La admisión de esta tercera
querella contra Garzón en menos de un año y,
sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15
magistrados titulares de la Sala, de todas las
tendencias, amenaza seriamente la continuidad de
Garzón como juez de la Audiencia Nacional.
-
Garzón: "Voy a seguir trabajando por
la justicia. No me voy a marchar"
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Es la primera vez que se incrimina a
un juez por ordenar unas escuchas
El
magistrado, que se esperaba ya la decisión de la
Sala, declaró a EL PAÍS: "Voy a seguir mientras
pueda trabajando por la justicia. No me voy a
marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a
demostrar", remachó. De sus palabras se
desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en
el Supremo, por más que esta decisión entraña
que en breve será suspendido de funciones quizá
durante años, y que se arriesga a que recaigan
sobre él severas penas de inhabilitación como
juez.
De
haber optado por renunciar a su plaza en la
Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el
Supremo y las tres causas que tiene abiertas
pasarían a ser competencia de un tribunal
superior de susticia, donde tendría muchas más
posibilidades de salir indemne. En la propia
Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los
magistrados Carlos Cezón y Juan José López
Ortega fueron suspendidos de funciones y
sometidos a un calvario judicial por haber
liberado al narcotraficante Carlos Ruiz
Santamaría, El Negro, 15 días antes de su
juicio. A partir del momento en que renunciaron
a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se
diluyeron como por ensalmo.
La
querella admitida ayer es la primera que
determina la incriminación de un juez por
ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha
invalidado centenares de procesos por escuchas
irregulares, pero nunca hasta ayer había
admitido una querella contra el juez que las
ordenó, aunque también se habían invalidado
escuchas en prisión. El Supremo extiende,
además, un manto de sospecha sobre la validez de
esas escuchas, que fueron solicitadas por la
Fiscalía Anticorrupción y prorrogadas y avaladas
por el actual juez instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, y dejan en precario la
actuación judicial contra toda la trama.
El
ponente de la resolución, José Manuel Maza,
parte de la premisa de que "las comunicaciones
de presos con abogado sólo pueden intervenirse
en los supuestos de terrorismo mediante orden
judicial", tesis recogidas en sentencias de 1995
y 1998. No obstante, hoy se distinguen las
escuchas como medida de régimen penitenciario de
las acordadas para la investigación de delitos
y, de hecho, se han intervenido conversaciones
de presos con abogados en los casos de Marta del
Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, sin
consecuencias.
El
Supremo cuestiona la hipótesis de que los
abogados de los imputados en el caso Gürtel
pudieran hacer de "enlace" entre los corruptos
en prisión y la organización delictiva,
"referida a la totalidad indiscriminada de
aquéllos". Según el alto tribunal, Garzón sólo
detalló la identidad de uno de esos abogados,
José Antonio López Rubal (que, efectivamente,
luego resultó imputado por blanqueo), lo que
ofrece "un único fundamento fáctico para tan
genérica e importante decisión". En suma, la
Sala de lo Penal tiene "dudas" sobre "la
legalidad de las resoluciones" del juez, por lo
que "no excluye" la existencia de delito.
El
alto tribunal considera "legitimado" a Peláez
para querellarse, pese a que éste no es abogado
de ninguno de los presos de la red Gürtel.
Peláez defiende al empresario José Luis
Ulibarri, que no fue a prisión, pero se
entrevistó en la cárcel con los principales
implicados de la trama, según él, para "preparar
la estrategia de defensa", por lo que aparece en
las grabaciones.
Sin
embargo, fuentes de la defensa de Garzón
subrayaron que el Supremo no ha tenido en cuenta
un importante auto de 27 de marzo de 2009, en el
que Garzón ordenaba segregar del procedimiento
todas las escuchas que tengan relación con la
"estrategia procesal de los abogados". Contra el
criterio del fiscal, la Sala da a Peláez la
cualidad de "ofendido por el delito", como
"titular de unos bienes jurídicos conculcados
por esas infracciones penales, cualquiera que
fuese su relación profesional o de otro tipo".
El
último argumento del fiscal, basado en el
"fraude procesal" que supondría que los
pronunciamientos del Tribunal Supremo pudieran
vincular al Tribunal Superior de Madrid que
instruye el caso Gürtel, también es
rechazado. La Sala replica que lo "irregular"
sería que al albur de un pronunciamiento sobre
el valor atribuido a las escuchas "se pretenda
excluir un pronunciamiento acerca de la
existencia o no, de un delito".
www.elpais.es
26.02.10
EL 'CASO
GÜRTEL' REVIENTA LA 'FONTANERÍA' DE RAJOY Y ENFRENTA A GÉNOVA CON
VALENCIA
El PP insiste, con la prueba fehaciente de las
encuestas, en que el caso Gürtel no tiene consecuencias electorales.
En plena crisis, la gente está en otra cosa y casi nada de lo que
pueda aparecer tiene efectos políticos, explican los dirigentes.
Pero lo que nadie se atreve a negar en el PP es
que el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción en este partido
desde el caso Naseiro, a finales de los ochenta está teniendo
inesperadas consecuencias internas. Y una de las más graves, y
desconocidas, es el enfrentamiento y malestar que está generando en
la llamada fontanería del partido; esto es: las estructuras del
aparato de organización.
La última trifulca interna ha llegado tras la
decisión del sucesor de Ricardo Costa como secretario general del PP
valenciano, Antonio Clemente, de pasar la bola de la posible
financiación irregular de este partido a Génova, la sede central.
Clemente ha enviado una comunicación al Tribunal Superior valenciano
en la que señala que "entre 2002 y octubre de 2008 no ha existido el
cargo de tesorero del PP de la Comunidad Valenciana, ejerciendo las
funciones de tesorería desde los órganos centrales del PP de Madrid,
que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de
las actuaciones".
Esta frase, que deja la pelota de la financiación
en el tejado de Génova, ha provocado en los últimos días todo tipo
de tensiones, conversaciones subidas de tono y cruce de mensajes
agresivos entre Madrid y Valencia. Los miembros del equipo de
organización del PP a nivel nacional, encabezados por el ex
tesorero, Luis Bárcenas, no quieren asumir un problema que es,
insisten, completamente valenciano. "Cualquiera que conozca un poco
este partido, y sobre todo cualquiera que haya leído las
conversaciones que se han transcrito, sabe que Génova no controlaba
la financiación del PP valenciano y no sabe si ahí ha habido cosas
raras o no. Se unifican criterios contables para presentar el
informe del Tribunal de Cuentas, pero las relaciones con los
proveedores, con las empresas o la percepción de donativos anónimos
se hacían en Valencia. Ese intento de escurrir el bulto es una
deslealtad total", señala un dirigente.
El más molesto con esta versión de los hechos que
trata de trasladar el partido de Francisco Camps es el propio
Bárcenas, al que su compañero valenciano citaba expresamente en el
escrito como responsable de esas finanzas -entonces era gerente
nacional, fue nombrado tesorero en 2008-. El ex tesorero sigue
acudiendo con regularidad a su despacho en Génova -que no ha
perdido- y comentando con todos los dirigentes que trabajan allí
éste y otros asuntos.
Pero, además del enfrentamiento interno entre
Génova y Valencia, lo que más preocupa en estos momentos es el
conflicto interno que el caso Gürtel ha dejado en la fontanería del
partido. La salida de Bárcenas, que dejó el puesto de tesorero en
verano, cuando fue imputado por el Tribunal Supremo, ha alterado los
equilibrios internos y ha provocado un enorme malestar con su
sucesor, el gerente Cristóbal Páez.
El enfrentamiento entre Bárcenas, amigo de
Francisco Álvarez Cascos y representante del PP tradicional, y Páez,
un ejecutivo con poca trayectoria en el partido y apoyado por
Dolores de Cospedal, la secretaria general, es total. Y este último
ha tenido tantos problemas para imponer su criterio en la gestión de
las finanzas del partido que directamente ha dejado de acudir a la
sede.
Según confirman diversos dirigentes, el sucesor de
Bárcenas sigue controlando algunas cosas por teléfono, pero no acude
a la sede tras las tensiones y conflictos que se vivieron durante el
mes de enero. Rajoy ha tratado sin éxito mediar, pero de momento no
ha evitado que el caso Gürtel haya dejado la sede del PP mucho más
revuelta de lo que las encuestas podrían indicar.
(www.elpais.com,
22/02/10)
LA QUERELLA CONTRA
GARZÓN POR ESCUCHAS A LA RED GÜRTEL ES UN FRAUDE DE LEY, SEGÚN EL
FISCAL
La querella del abogado
Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por haber ordenado la
intervención de comunicaciones de los implicados en la trama Gürtel
que se encontraban en prisión incurre en fraude de ley, según el
informe remitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a los
magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que debe decidir
sobre la admisión a trámite de la querella.
La sala de admisión,
integrada actualmente por el presidente de la Sala Penal, Juan
Saavedra, el magistrado ponente, José Manuel Maza, y los magistrados
Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano,
se reunió ayer pero finalmente no dio a conocer ninguna resolución
sobre dicha querella, que suele notificar cuando está redactado el
auto.
Ignacio Peláez era
fiscal de la Audiencia Nacional antes de dedicarse a la abogacía. En
diciembre presentó una querella contra su antiguo compañero, el juez
Baltasar Garzón, porque éste ordenó intervenir las comunicaciones de
los implicados de la trama Gürtel en prisión.
Garzón ordenó esas
escuchas al existir indicios de que algunos abogados podrían estar
ayudando a sus clientes a ocultar en el extranjero millones de euros
obtenidos por la trama corrupta vinculada al PP. De hecho, cinco
abogados están imputados por ese motivo. La fiscalía pidió esas
escuchas porque entiende que están amparadas por la Ley General
Penitenciaria y el juez del Tribunal Superior, Antonio Pedreira, las
prorrogó primero y las avaló después en un auto extensamente
razonado.
Según fuentes fiscales,
Peláez no está legitimado para querellarse, puesto que ninguno de
los presos preventivos con los que se entrevistó era cliente suyo.
Según dichas fuentes, Peláez representa al empresario José Ulibarri,
para el que Garzón no decretó prisión provisional, y por tanto, no
llegó a pisar la cárcel. No obstante, Peláez se entrevistó en
prisión con los principales cabecillas de la trama Gürtel, entre
ellos Francisco Correa y Pedro Crespo, además de otros que tampoco
eran clientes suyos, según él, para coordinar la estrategia de
defensa.
La fiscalía afirma que
un abogado que se entrevista con presos que no son sus clientes y
que tienen sus propios letrados lo hace a título particular y en tal
caso no opera el derecho de defensa. En consecuencia, el abogado no
está legitimado para querellarse contra el juez puesto que las
observaciones telefónicas decretadas por Garzón afectaban a presos
que no eran clientes suyos.
Además, la querella
incurre en fraude de ley al pretender que el Supremo anule unas
pruebas de otro proceso que se instruye en el Tribunal Superior de
Madrid, que está bajo secreto y además que se anulen antes de llegar
a juicio. Según el informe de la fiscalía, no procede en este
momento que el Supremo analice las pruebas de otro tribunal, que es
el predeterminado por la ley, y por eso, lo que busca el querellante
es una vía fraudulenta para obtener la nulidad de pruebas.
(www.elpais.com,
18/02/10)
REBELIÓN
EN EL PP NAVARRO POR EL 'CASO GÜRTEL'
La trama Gürtel está provocando un polvorín en el
PP navarro. La corriente del PP "Democracia y Libertad" ha pedido
hoy la dimisión del presidente regional de los conservadores,
Santiago Cervera, por su negativa a señalar a los "que desprestigian
al partido", que según ellos son los responsables del
caso Gürtel, "que están muy bien
hospedados en Génova 13". Apuntan directamente a la cabeza del
Partido Popular en España.
Los movimientos en el PP navarro llevan gestándose
varios días, y Cervera ha amenazadado con expulsar a este grupo por
sus críticas públicas a la dirección.
"Democracia y Libertad" considera que Cervera se
cree "envuelto en la aureola del poder" para "hacer lo que le dé la
gana" porque cree que los militantes son "meros borreguitos". Sin
embargo afirma que en el caso de los afiliados navarros, entre los
que se encuentra el delegado de esta corriente en la Comunidad
Foral, Andrés Valencia, no hacen sino ejercer el derecho a la
libertad de expresión recogido en la Constitución.
Por eso "Democracia y Libertad" indica a Cervera
en un comunicado que es "una lástima" para el partido que una
persona como él les represente como presidente del PP de Navarra y
le recuerdan que hay presentadas tres demandas en los tribunales
para pedir la nulidad del congreso en el que fue elegido y la de su
propia elección.
"Democracia y Libertad" asegura por ello su apoyo
al grupo de compañeros advertidos de un posible expediente por
Cervera, un apoyo que dan "por justicia y equidad", ya que en su
opinión "esta persecución" es consecuencia de que se presentara en
el PP de Navarra una candidatura alternativa a la "oficialista" y
eso "los demócratas no lo perdonan".
"Esos avisos de expulsiones los aprovecha usted
para quitar políticamente de en medio a las personas que le
molestan, que disienten, que no se doblegan ni apesebran, si le
podemos llamar disentir a atreverse a presentar una candidatura
contra la candidatura oficialista impuesta a dedo por los órganos
del partido", concluyen.
(www.publico.es,
15/02/10)
"HAY UN PARTIDO AL
QUE LA CORRUPCIÓN LE HA GUSTADO Y QUE AHORA PAGA LA DEFENSA DE LOS
IMPUTADOS"
El caso Gürtel
(correa, en alemán), una de las mayores tramas de corrupción
política destapados en los últimos años, cumple un año: a las 10.30
del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de
Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que
habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez.
Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid.
Un año después, el
responsable de que el caso estallara y de que hoy lo investiguen
tres tribunales distintos (el Supremo, por la implicación de
políticos aforados nacionales, y los Superiores de Madrid y
Valencia), el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, ha
concedido una entrevista en Cuatro en la que
ha vuelto a arremeter contra la dirección del partido
en el que militó por no haber puesto coto antes a Correa y sus
hombres: "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado durante
muchos años, que
le paga la defensa a los imputados [en referencia al ex tesorero
nacional del PP, Luis Bárcenas], y que no
sabemos si ha cogido dinero de la Gürtel".
Peñas ha criticado
duramente a Mariano Rajoy por no haber sido él mismo quien llevara a
Correa, el Bigotes y demás implicados ante los tribunales "cuando ha
reconocido que lo sabía antes" de que él lo denunciara. En su
opinión, la actitud del hoy presidente del PP le obligó a él a
grabar durante dos años una serie de conversaciones que permitieron
al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciar la
investigación.
El ex concejal ha
relatado que su amistad con Correa se forjó desde su puesto en el
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), donde trabajaba con la mujer
del empresario. La relación se estrechó a partir de 2005 y llegó un
momento en que el cabecilla de la trama trató de que Peñas
encabezara un partido político en el municipio de la sierra
madrileña. "Fue entonces cuando comencé a ver lo que hacía
realmente", ha asegurado.
El poder de Correa dentro del partido era entonces enorme,
según el relato de Peña. "Yo he visto apartarse a senadores al paso
de Correa en un mitin", ha recordado el ex concejal, quien ha
insistido en una frase que resume cómo veía él la situación: "Decir
Correa era decir Aznar".
Peñas toma la decisión
de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según
ha comentado, "cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa
o hacer algo". En su opinión, "la mejor forma de probar lo que veía
era grabarlo y llevárselo a un juez".
El ex concejal
reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no
se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: "He
borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con
contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche.
Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello", ha explicado.
(www.elpais.com,
08/02/10)
LA VIDA ANTES DE
GÜRTEL
A las 10.30 del 6 de
febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande
(Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a
Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en
Madrid. Correa estaba viviendo allí con su hija de cuatro años. A
esa hora, la policía le hizo firmar un documento llamado Acta de
entrega del menor. En él daba su permiso para que la niñera, una
mujer filipina de 40 años, se quedara a cargo de su hija. Desde
entonces está en la cárcel. A las 11.42, la agencia Efe distribuyó a
toda España un teletipo con este titular: "Varios arrestos en una
operación contra la corrupción urbanística en Boadilla".
Hubo una vida antes de
aquel fin de semana, del que ahora se cumple un año. Regalos,
comisiones y adjudicaciones amañadas hacían rodar una bola que
arrastraba a unas cien personas, según el número de imputados en
este año. El 23 de diciembre, Correa estaba ordenando pagar unos
azulejos de Porcelanosa para una mansión en Ibiza. En el centro de
esta orgía había políticos que hasta ese 6 de febrero operaron con
toda naturalidad durante las últimas semanas antes de que Gürtel
cambiara la cara para siempre al PP. Hoy son políticamente parias.
En diciembre de 2008,
Francisco Camps, presidente valenciano, está en la cumbre de su
poder. Mariano Rajoy le debe la vida como presidente del PP y se ha
situado en primera fila de cualquier rumor sucesorio. Sólo tiene dos
preocupaciones. Una es hacerse una foto con Barack Obama. La otra es
imponerse en el reducto rebelde, el PP de Alicante. En los dos
asuntos está metido Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de una empresa
que organiza los actos del PP llamada Orange Market, una sucursal de
Correa.
Camps y Pérez son
íntimos amigos desde hace años y el presidente cuenta con él para
todo. Tanto, que Pérez no da crédito cuando se entera de que Camps
va a viajar a Santa Fe (Nuevo México) el 16 de diciembre para
hacerse una foto con el gobernador de Nuevo México (segunda opción,
tras la de Obama) sin avisarle. El 14 de diciembre, en Orihuela, a
pesar de que Pérez promete mandar furgones de la policía para
llevarse a los enemigos de Camps del congreso regional si hace
falta, el candidato de Camps pierde. El Bigotes lleva días
confesando en privado, aunque no al PP, que lo veía venir.
Pelillos a la mar. En
Reyes, la familia Camps recibe unos regalos tan espectaculares de
parte de Pérez que la esposa de Camps amenaza con devolver el suyo.
Mientras, Pérez le está
echando una mano a otro buen amigo, Ricardo Costa, el secretario
general del PP. Costa tiene el capricho de cambiar de coche. Tiene
un Mercedes y quiere un todoterreno de marca Infinity, un coche de
lujo que cuesta 80.000 euros y se ve muy poco en España. Pérez hace
todas las gestiones para conseguirle uno igual que el de su jefe en
Madrid, Pablo Crespo. Costa lo compra finalmente en enero.
A finales de ese mes, el
día 22, el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana publica que el
pabellón valenciano en Fitur 2009 lo hará Orange Market por 916.000
euros. El 30 de enero, el presidente Camps se pasea por Fitur 2009
en Madrid. Lleva un traje azul marino, con un elegante corte que
resalta el cuello de la camisa, y corbata oscura con rayas finas
amarillas. Le preguntan por los alarmantes datos de paro en su
comunidad y Camps dice que "los grandes eventos" palian la crisis.
El lunes 9 de febrero,
Pérez es detenido. El 20 de mayo, Camps declara como imputado por
cohecho ante el TSJPV. Hoy está fuera de la carrera sucesoria en el
PP, en su partido se da por hecho que no volverá a ser presidente y
el Tribunal Supremo estudia sentarlo en el banquillo. Costa fue
destituido de todos sus cargos y suspendido de militancia en el PP.
Un mes antes, en el
número del mes de enero de 2009 de la revista Vive Pozuelo, el
alcalde, Jesús Sepúlveda, responsable de actos electorales del PP en
la época de José María Aznar, firma un artículo para sus vecinos
titulado El reto de un 2009 difícil. No se imagina cuánto. Su amigo
Correa, que trabajaba con él en los actos del PP hace diez años y le
conseguía coches de lujo, opera sin freno en la Comunidad de
Madrid.
Otro alcalde, Arturo
González Panero, de Boadilla del Monte, gobierna cómodamente y cobra
85.000 euros al año. En el número de febrero de la revista Boadilla
Actual anuncia a sus vecinos que el pueblo acogerá una urbanización
de 300 "viviendas ecológicas". Tras él, en las fotos, sonríe
Esperanza Aguirre.
Panero guarda un
secreto. Su antiguo amigo Correa, el principal contratista del
pueblo, le chantajea. Le ha grabado cobrando comisiones. El saqueo
de Boadilla es su principal negocio en Madrid.
Sin embargo, Correa se
queja de que hay un tipo todavía más golfo que él. Es el consejero
de Deportes, Alberto López-Viejo, mano derecha de Esperanza Aguirre.
Se lleva "un pellizco" de todos los actos que se organizan en
Madrid. López-Viejo no sólo contrata a su amigo, sino que lo
recomienda a todo el Gobierno, porque es la referencia para las
otras consejerías a la hora de organizar actos, incluidos los de
Aguirre. La presidenta lo destituye el 9 de enero, tres días después
de la detención de Correa, cuando apenas se conocen detalles de esa
relación y el sumario es secreto.
López-Viejo y otros dos
diputados del PP están expulsados del Grupo Parlamentario Popular
por cobrar comisiones de Correa. Los dos alcaldes citados, junto con
el de Arganda del Rey, fueron obligados a dimitir.
El 26 de noviembre de
2008, el senador Luis Bárcenas no acude a votar una moción del Grupo
Mixto a primera hora de la mañana. Disciplinado y discreto, no ha
faltado a ninguna de las 24 votaciones anteriores desde el inicio de
la legislatura. El 17 de diciembre volvería a faltar a primera hora
de la mañana. Ocupa desde hace cinco años un escaño por Cantabria, a
pesar de que es de Huelva y reside en Madrid. La mayoría de sus
compañeros no ha cruzado una palabra con él. Los que no tienen
cargos orgánicos incluso desconocen que se sientan junto al tesorero
del partido.
Tampoco saben que vive
una vida de millonario. Tiene una casa enorme en una zona exclusiva
de Madrid, un apartamento en la mejor urbanización de Marbella y
otro en Baqueira, que disfrutará esas Navidades. Pero a finales de
enero su nombre aparece en los periódicos. Desde el entorno de
Esperanza Aguirre, furiosa por el caso de los espías, se le acusa de
presionar para que se contrate a determinadas empresas en municipios
de Madrid. El 16 de febrero, EL PAÍS publica que Correa presumía de
haber llevado 1.000 millones en comisiones a Bárcenas.
Siete meses después, el
Senado dio permiso al Tribunal Supremo para imputar delito fiscal y
cohecho al cerebro de las finanzas del PP. Junto a él, imputó al
diputado Jesús Merino, un discreto y respetado organizador del Grupo
Popular en el Congreso. Estos dos son la cara amable de la historia.
Bárcenas es un cargo clave de Mariano Rajoy. Merino fue un cargo
clave de José María Aznar. No han caído en desgracia.
(www.elpais.com,
08/02/10)
"DECIR CORREA ERA
DECIR JOSÉ MARÍA AZNAR"
El ex concejal del PP de
Majadahonda y denunciante del caso 'Gürtel', José Luis Peñas, afirmó
hoy que en el marco de la trama sobre presunta corrupción dirigida
por Francisco Correa "decir Correa era decir Aznar" y acusó al
actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de haber tenido
"pleno conocimiento" sobre este asunto.
"Hay un partido al que
la corrupción le ha gustado bastante durante muchos años", destacó
Peñas en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, para
criticar que esta formación paga además "los abogados a varios
imputados de la trama", en referencia al ex tesorero nacional Luis
Bárcenas.
"Un partido que quiere
gobernar sin decirnos si ha cogido dinero de la trama Gürtel o no",
prosiguió el ex edil. En este punto, relató que el empresario
Francisco Correa era "el hombre de supercofianza" en todo lo
relacionado con los mítines y la imagen del partido. "Era una
persona que iba por el mundo sacando pecho", indicó Peñas,
remarcando que el presunto cabecilla de la trama presumía de que el
entonces presidente del Gobierno José María Aznar "estaba a su
lado".
"Iba por el mundo
diciendo que el hacía todo con el presidente -afirmó-. Decir Correa
era decir José María Aznar". Dicho esto, cargó contra Mariano Rajoy
porque, según dijo, ya notaba "algo raro" respecto a Francisco
Correa y por eso decidió "apartarle" de Génova. "¿Por qué no fue al
juzgado como hice yo?", preguntó, para responder: "Porque tenía que
haber hablado mal de su partido y no quiso".
De este modo, denunció
que Mariano Rajoy tenía "pleno conocimiento de la trama" liderada
por Francisco Correa y criticó que "ahora no quiere saber nada de
este tema".
El ex concejal
conservador de Majadahonda destapó la trama Gürtel y, según declaró
el pasado octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, grabó sus conversaciones con Correa "no por venganza" contra
el PP, sino porque "lo debía a los ciudadanos y porque debían
conocerse los hechos".
(www.publico.es,
08/02/10)
La dimensión de la
'Gürtel' fuerza al juez a seguir actuando en secreto
El magistrado alega "el
desmesurado volumen de documentación" investigada para prorrogar la
medida. La instrucción se topa con obstáculos en los paraísos
fiscales vinculados a la trama
Si
todo marcha según lo previsto, en el plazo de un
mes, el PP se quedará sin una de las principales
objeciones que ha puesto a la instrucción del
caso Gürtel: la supuesta indefensión
que le produce el que la investigación se
encuentre bajo secreto. El juez del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Antonio Pedreira
prorrogó ayer por un mes más el secreto de las
actuaciones, pero su intención,
transcurrido ese plazo, es levantar la medida y
que las partes puedan acceder a todo el sumario,
informaron fuentes del Alto Tribunal madrileño,
que calcularon que la decisión se hará efectiva
a principios de marzo.
Antes de navidades, se anunció que Pedreira
levantaría parcialmente el secreto que pesa
sobre el caso a mediados de este mes. Sin
embargo, la "complejidad" y el tamaño de la
causa, que ya suma
72 tomos más los
de las piezas separadas especiales, le
han hecho prorrogar la medida un mes más. Es lo
que acaba de hacer el Tribunal Supremo, por
sexta vez, respecto a los aforados nacionales de
cuya investigación se encarga, el senador y ex
tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del
mismo partido Jesús Merino. Así se evitan
"interferencias o manipulaciones" encaminadas a
interferir la investigación.
El juez ve necesario trabajar en secreto
para evitar "Interferencias"
En
el auto de prorroga del secreto, Pedreira se
justifica en el "desmesurado volumen de la
documentación requerida e intervenida, así como
la práctica de nuevas diligencias y ampliación
de las practicadas o pendientes de practicar".
Así, concluye, es
"imposible" analizar "con precisión y
suficiencia los datos contenidos" en el proceso
que puedan afectar a personas ajenas a la causa
y que deben ser retirados de las actuaciones
antes de que tengan acceso las partes.
Vunerar su intimidad
No
retirar estos datos sobre ciertas personas e,
incluso, los relativos a las empresas no
vinculadas a la investigación que aparecen
circunstancialmente en el sumario, vulneraría su
derecho a la intimidad.
El TSJ confía en hacer pública la totalidad
del sumario en marzo
La
anterior vez que se levantó el secreto, el
pasado mes de octubre, se procuró retirar todos
los documentos relativos al ocio de los
imputados, entre los que figuraban hasta algunos
episodios sexuales. La mayor polémica que se
creó entonces todavía colea. Es la relativa a
las transcripciones de conversaciones que
mantuvieron imputados con sus abogados en la
cárcel. En el DVD facilitado a las partes con
17.000 folios del sumario se incluían
algunas que el primer instructor del caso,
Baltasar Garzón, había ordenado destruir.
Precisamente, la próxima semana está previsto
que Pedreira resuelva los recursos que
presentaron ante él dos abogados, uno de ellos
el de José Luis Izquierdo, el contable de la
trama en cuyo poder se encontró el lápiz de
memoria que ha sido clave para desmantelar la
trama de corrupción, al contener detalladamente
quiénes habían cobrado comisiones de las
empresas de Francisco Correa.
El
resto de letrados, incluido el de Correa, José
Antonio Choclán, prefirieron saltarse a Pedreira
y recurrir directamente ante la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. No en vano el actual instructor del
caso Gürtel ha mantenido las intervenciones
acordadas en su día por Garzón.
Resolverá la próxima semana sobre la validez
de las escuchas
Una
vez resuelto el recurso y después de que el
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana se
pronuncie en relación a las investigaciones
hechas en Madrid sobre la supuesta financiación
irregular del PP de Francisco Camps, lo que se
espera para principios de la próxima semana,
Pedreira fijará nuevas declaraciones de
imputados. La última comparecencia se produjo el
pasado 12 de enero. Fue la de la última imputada
que se ha producido en el caso: la edil de
Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el PP Yolanda
Estrada.
Concretar responsabilidad
Con
ella el número de imputados en uno de los
principales casos de corrupción destapados en
los últimos tiempos se elevó a 65, aunque esta
cifra podría reducirse de cara al próximo
levantamiento del secreto de las actuaciones.
Fuentes del TSJM señalaron que la intención de
Pedreira es reducir su número como ya hizo en
febrero, cuando citó a 71 personas para
entregarles una copia de la parte del sumario
sobre la que se había levantado el secreto; unos
días después redujo la cifra de imputados a 64.
El objetivo es depurar y concretar las
responsabilidades de los implicados en el caso.
En
el procedimiento, el juez Antonio Pedreira
investiga los delitos de blanqueo de capital,
defraudación fiscal, tráfico de influencias,
cohecho, falsedad en documento público, oficial
y mercantil, revelación de secretos,
prevaricación y tráfico de influencias.
Para
esclarecer cómo operaba la trama de Correa,
Pedreira cursó 15 comisiones rogatorias a
distintos países, entre ellos, varios paraísos
fiscales. En su auto de ayer el juez se queja de
que algunos de ellos no son colaboradores, lo
que ha "agravado" la dificultad que de por sí
conlleva este tipo de diligencias por la
variedad de leyes de cada país. "Estas
circunstancias hacen que el aseguramiento de las
diligencias entrañe una enorme dificultad",
señala el magistrado.
www.publico.es
23.01.10
EL DENUNCIANTE DE LA
GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE RAJOY
Pasadena Viajes,
una de las empresas de la
trama Gürtel, pagó las vacaciones de
Mariano Rajoy y su familia en Canarias después de que el PP perdiera
las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José Luis Peñas,
el ex concejal del PP que grabó al cabecilla de la trama, Francisco
Correa, y denunció el escándalo de corrupción, declaró ante el
magistrado Antonio Pedreira que el viaje fue un regalo del propio
Correa, según le reconoció este personalmente.
Está previsto que el
juez Pedreira levante en los próximos días el secreto de una segunda
parte del sumario del caso Gürtel, donde es muy probable que esté la
declaración de Peñas en la que asegura que el viaje de Rajoy lo pagó
Correa. Se trata de una comparecencia de unas cinco horas que tuvo
lugar en mayo de 2009, la segunda a la que acudió el ex concejal la
primera fue ante Baltasar Garzón, citado por el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La versión oficial dada
por el PP es que ese viaje era un regalo del partido a Rajoy (un
auto-regalo, entonces, pues Rajoy era el secretario general) para
que descansara tras las elecciones generales de 2004, en las que el
PP perdió el poder a favor de José Luis Rodríguez Zapatero tras una
campaña agotadora física y, sobre todo, anímicamente, pues estuvo
marcada por los atentados del 11-M.
Público ha preguntado al
Partido Popular si abonaron el viaje y, en caso afirmativo, si
pueden mostrar la factura. Un portavoz se limitó a responder de
forma tajante que no tenían "nada que decir al respecto". El
presidente del PP viajó a la isla de Gran Canaria junto a su mujer,
Elvira Fernández, y el hijo mayor de la pareja.
Hasta las elecciones de
2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, Correa era el
proveedor oficial del partido a nivel nacional, en lo que se refiere
a viajes y organización de eventos. De hecho, el conseguidor se
había adentrado años atrás en los círculos del Partido Popular
gracias a una pequeña agencia de viajes que ofrecía sus servicios a
unos precios inmejorables. Nadie conseguía billetes más baratos.
Poco a poco se fue
ganando a varios dirigentes conservadores hasta convertirse en
alguien esencial en las entrañas del partido, una de las figuras no
públicas más importantes de la formación. En su despacho de la calle
de Serrano, 40, en Madrid, tenía una bandera de España y otra del
PP.
Un modo muy habitual de
engrasar las relaciones con aquellos que le podían conceder jugosos
contratos fue regalarles viajes, como hiciera con Arturo González
Panero, el ex alcalde de Boadilla del Monte, al que llevó varias
veces a Miami. En concreto, Pasadena Viajes solía utilizar la
compañía Iberia. Compraban billetes de turista, pero un directivo de
la aerolínea y concejal de Boadilla del Monte por el PP modificaba
el billete para pasar a los pasajeros a primera clase ocupando
plazas que quedan libres. Se trata de una medida habitual de las
compañías con los grandes clientes, como era Pasadena, y más
teniendo en cuenta que los pasajeros solían ser de renombre.
Después de las
elecciones de 2004, Correa cayó en desgracia con Mariano Rajoy y su
círculo más íntimo, que dejaron de contratarlo. El principal
imputado del caso Gürtel se refugió entonces en las comunidades de
Madrid y Valencia. Aunque dejó de prestar servicios al partido a
nivel nacional, Correa guardaba toda la documentación de Pasadena
Viajes en una nave del Polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón
(Madrid).
La policía dio con el
lugar y se incautó de varias cajas que contenían cientos de facturas
y otra documentación donde aparecen reflejados varios años de viajes
oficiales y privados de cargos del partido, entre ellos el ex
tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Varios
dirigentes acudían a Pasadena para contratar viajes personales que
"no siempre se cobraban", según una fuente cercana al cabecilla de
la red corrupta.
Entre los muchos
agasajos, figura un viaje de novios "espectacular", según fuentes de
la investigación, que Francisco Correa dio como regalo de boda a un
alto cargo de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria puso este dato
en conocimiento de la policía. El juez Antonio Pedreira está
investigando seis años de viajes privados de distintos dirigentes
del PP realizados a través de Pasadena.
José Luis Peñas se ganó
la confianza de Correa gracias a su cargo de concejal y mano derecha
de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid) e imputado
en el caso Gürtel.
Peñas salió del PP en el
año 2005, pero mantuvo su relación con Francisco Correa a través de
un nuevo partido y aprovechó su relación para grabar las
conversaciones con Don Vito, que han supuesto el estallido del mayor
escándalo político de los últimos años.
(www.publico.es,
22/01/10)
EL JUEZ DE GÜRTEL
INVESTIGA SEIS AÑOS DE VIAJES PRIVADOS DE CARGOS DEL PP
El caso Gürtel, el mayor
escándalo de corrupción ligado al PP desde 1989, cuando estalló el
caso Naseiro, sigue extendiendo sus tentáculos. La minuciosidad con
la que la red dirigida por Francisco Correa llevaba la cuenta de
todos los regalos con los que, supuestamente, agradecía los
contratos que le facilitaban los dirigentes del PP, el partido para
el que hacía prácticamente todos los actos y viajes, está dando
mucho trabajo a la policía pero a la vez ofrece muchísimos datos de
cómo operaba la red.
El juez principal del
caso, Antonio Pedreira, está analizando a través de los
investigadores policiales una ingente documentación sobre viajes
privados de diversos dirigentes del PP. Cuando inspeccionaron las
empresas de Correa, los investigadores dieron con las señas de una
nave industrial en Alcorcón (Madrid), concretamente en la calle de
Arganda del polígono Ventorro del Cano. Allí estaba prácticamente
toda la documentación de la actividad de Pasadena viajes, la agencia
de Correa que se convirtió en la proveedora oficial del PP durante
años. Pasadena organizaba todos los viajes del partido y del
presidente, José María Aznar, e incluso las campañas electorales con
los periodistas.
Lo más relevante de esa
documentación son los viajes privados de dirigentes del PP, que
aprovechaban esta agencia para contratarlos. Algunos de ellos
aparecen como no pagados, esto es, como regalos de Pasadena al
partido para ganarse su confianza.
Entre la documentación
incautada hay una fotocopia del carné de identidad de Mariano Rajoy,
el líder del PP. Uno de los últimos encargos que Pasadena tuvo con
el PP, antes de que rompieran relaciones porque Correa utilizó el
nombre del partido para obtener ventajas en distintas adjudicaciones
en la sierra de Madrid, fue el de un viaje a Canarias que, según la
versión oficial, el partido le regaló a Rajoy para que descansara
después de la campaña electoral de 2004, en la que perdió frente a
José Luis Rodríguez Zapatero. Ese viaje aparece como no pagado. El
PP sostiene que sí se pagó, pero no aporta ninguna documentación que
acredite ese hecho. En cualquier caso, portavoces oficiales del PP
señalan que si Pasadena no cobró ese viaje cuando liquidó deudas con
el PP, al romper la relación, es su responsabilidad, y creen que el
asunto es, en cualquier caso, menor.
De las personas que, en
la época en que Correa lo era todo en el PP, se encargaban de
labores de organización, algunas siguen en la cúpula del partido.
Además de la estructura del aparato, que apenas ha cambiado, se
mantienen el propio Rajoy, que fue vicesecretario de Organización;
Javier Arenas, que fue secretario general, y Ana Mato, entonces su
mano derecha.
El asunto de los
diversos regalos de la red a políticos del PP ha marcado el caso
Gürtel. Uno de los que más regalos habría recibido sería Jesús
Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el hombre
encargado por Aznar de organizar sus actos. Y otro, Luis Bárcenas,
entonces gerente y ahora ex tesorero. Ambos están imputados por
recibir supuestamente sobornos de la red.
En una de las
conversaciones que grabó a Correa el principal testigo, José Luis
Peñas, ex concejal del PP, el jefe de la red señala: "Le dije a
Bárcenas: 'Por cierto, dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el
Range Rover, que eran 14 millones, me iba a pagar una obrita o algo,
y no ha pagado los 14 millones, así como todos los viajes de los
últimos dos años".
En el auto del Tribunal
Supremo que imputa a Bárcenas, los jueces detallan que hay pruebas
de un posible regalo de viajes al ex tesorero. El más significativo
es un safari de lujo a Suráfrica y Zimbabue, cuyos datos han
aparecido en la contabilidad B de la red, con un coste mínimo de
15.000 euros por persona.
Entre la documentación
encontrada también se detalla un viaje a Venezuela de Alejandro Agag,
yerno de Aznar, en compañía de Francisco Correa. El viaje, que Agag
asegura haber pagado, figura consignado en la contabilidad que
guardaba José Luis Izquierdo, el hombre que apuntaba en la caja B de
la trama empresarial los pagos e ingresos que le decía Correa y su
lugarteniente, Pablo Crespo.
En la parte del sumario
que se ha hecho pública también figuran pruebas que, supuestamente,
acreditarían con documentos y testimonios el pago de regalos en
forma de viajes a los ex alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de
Alarcón y Boadilla del Monte, todos ellos del PP.
(www.elpais.com,
12/01/10)
SÁENZ DE SANTAMARÍA
EVITA EXPLICAR LOS VIAJES PRIVADOS DEL PP FINANCIADOS POR LA TRAMA
La portavoz del PP
en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esquiva la información
publicada hoy por EL PAÍS sobre la investigación del caso Gürtel que
analiza
seis años de viajes privados de cargos del PP
a partir de la documentación incautada a la trama corrupta. "Me
suena a otras informaciones idénticas que han salido otras veces. El
partido ha explicado cosas que se han apuntado antes y que no han
sido así", ha indicado en una entrevista en Telecinco. "La
corrupción es muy preocupante pero la mayoría de la gente que está
en política es honesta. Nosotros hemos aprobado un código ético", ha
añadido Sáenz de Santamaría.
Preguntada por las
palabras de ayer del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que
negaba que fuera a dimitir en caso de que se comprobara que se ha
producido financiación irregular en su formación, la portavoz
popular ha indicado que se está hablando de "hipótesis que no están
demostradas y no pasan de una elucubración". En su opinión. Rajoy ha
dejado claro que no acepta la corrupción. "Cada uno es responsable
de sus actos. La corrupción afecta a todos como el caso Pretoria al
PSOE", ha argumentado.
Sobre el hecho de que
Rajoy aparezca entre los nombres de las facturas intervenidas en la
empresa de la trama que financió viajes, Sáenz de Santamaría ha
pedido prudencia y ha vuelto a la carga con el discurso de la
persecución."Que se produzcan filtraciones es un desastre. Hay que
manejar estas cosas con más prudencia porque hemos visto a gente
esposada en telediarios y luego se ha demostrado que no han hecho
nada", según la portavoz del PP. "Esa información ha salido un
montón de veces y ha sido explicada con anterioridad, no es novedad,
son elucubraciones. No se pueden atribuir cosas si no están
probadas", ha subrayado.
Sáenz de Santamaría ha
respondido a las críticas del PSOE a Rajoy por fotografiarse en los
medios en un comedor social y en la cola de las oficinas del INEM.
"No me imagino a Zapatero en una lista del paro porque no quiere
verla. Esa cola del paro es la realidad de muchos españoles", ha
asegurado la portavoz del PP, quien ha pedido al PSOE "que no
encubra la realidad".
(www.elpais.com,
12/01/10)
SÁENZ DE SANTAMARÍA
SIGUE ECHANDO BALONES FUERA SOBRE LAS IMPLICACIONES DEL PP EN LA
GÜRTEL
El PP sigue pasando de
puntillas sobre el caso Gürtel, sin llegar a aclarar apenas nada
sobre sus implicaciones con las empresas de Francisco Correa. La
portavoz parlamentaria de los conservadores, Soraya Sáenz de
Santamaría, volvió hoy a echar balones fuera sobre los viajes
privados que, presuntamente, el entramado corrupto regaló a
numerosos dirigentes del partido, y se limitó a decir que las
informaciones “no son nuevas” y ya han sido explicadas.
Soraya Sáenz de
Santamaría, entrevistada esta mañana en el programa de Ana Rosa
Quintana, en Telecinco, volvió a dar respuestas poco concretas sobre
las implicaciones de su partido en la trama de corrupción de la
Operación Gürtel y no dudó en restar importancia al asunto y echar
balones fuera. La portavoz parlamentaria del PP aseguró que la
información sobre los viajes que Correa habría regalado a miembros
del partido “no es en absoluto novedad” y “ha sido perfectamente
explicada” por los afectados, aunque el PP no ha presentado ningún
tipo de factura, por ejemplo, del viaje que Pasadena organizó para
Rajoy tras la derrota electoral de 2004.
"Hipótesis" sin
demostrar
La portavoz insistió en
que no se debe hablar de “hipótesis” que “en absoluto” están
demostradas y que solo llevan a “elucubraciones” infundadas. “Aquí
estamos adelantándonos muchísimo en hipótesis que no tienen ninguna
base”, reiteró.
Rajoy no debe dimitir
Además, rechazó hablar
sobre si hubo financiación irregular del PP a través de la trama, y
subrayó que incluso en ese caso, Rajoy no debería dimitir, ya que
“cada uno tiene que ser responsable de sus actos y de los que pueda
conocer”, y el líder del PP ya ha dicho que no está afectado por
esta responsabilidad.
"Una imputación no es
una acusación formal"
Tampoco quiso hacer
valoraciones sobre el imputado Luis Bárcenas, ex tesorero del
partido, y se limitó a asegurar que “una imputación no es una
acusación formal”. En este sentido, aprovechó para argumentar que la
mayoría de los políticos es gente “íntegra”, por lo que conviene
evitar las “penas de telediario” a las que en algunas ocasiones se
les somete.
Políticos "íntegros"
No obstante, Sáenz de
Santamaría apuntó que hay que ser “durísimo” con quien “haya metido
la mano en la caja” e insistió en que “los partido exigimos que [sus
integrantes] sean íntegros, porque a nadie nos gusta que puedan
aparecer cosas así de compañeros, perjudican a todos y a al
confianza de los ciudadanos en el sistema de la democracia”.
(www.elplural.com,
12/01/10)
ANTICORRUPCIÓN EXIGE
EXPULSAR A LOS POPULARES DEL CASO, PERO PEDREIRA SE NIEGA
Las dos fiscales del
caso Gürtel, Miriam Segura y Concha Sabadell, han exigido al juez
instructor, Antonio Pedreira, que expulse al Partido Popular del
procedimiento, en el que interviene como parte y en calidad de
acción popular. Pedreira ha rechazado la petición al considerar que
la expulsión sería desproporcionada y contraviene la Constitución.
Las fiscales quieren
echar de la causa al PP (partido al que pertenecen la gran mayoría
de los imputados de la trama corrupta) porque entienden que está
desvirtuando la figura de la acción popular hasta el punto de que,
en lugar de acusar, está sirviendo de parapeto y defensa de los
imputados. Sin embargo, el juez no lo ve así y rechaza la exigencia
de la fiscalía, que la considera desproporcionada porque vulneraría
el precepto constitucional que avala que ciudadanos e instituciones
puedan actuar como acción popular en un proceso, según fuentes de la
investigación.
El primer juez
instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, rechazó la pretensión
de los populares de intervenir como acusación particular en las
diligencias. Pero cuando se inhibió de este asunto en favor del
Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Javier Vieira, el
PP reiteró su intención de personarse en la causa. Pedreira aceptó
la personación en calidad de acción popular, pero no como acusación
particular.
El PP solicitó ser parte
del procedimiento alegando que el partido es ajeno a la trama
corrupta y que su imagen se ha visto deteriorada por las actividades
de los implicados.
(www.elpais.com,
12/01/10)
RAJOY AFIRMA QUE NO
DIMITIRÁ AUNQUE SE DEMUESTRE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
El presidente del PP,
Mariano Rajoy, ha asegurado que no dimitirá en caso de descubrirse
una trama de financiación irregular en su partido, relacionada con
el caso Gürtel y ha señalado que hasta donde él sabe los implicados
"jamás dieron un sólo duro" a la formación. En una entrevista a la
Cadena SER, el líder del principal partido de la oposición ha
rechazado cualquier posibilidad de dejar el cargo por esta razón:
"No, porque yo no lo he hecho; se me puede acusar de muchas cosas
pero por esa vía va a ser difícil acusarme", ha añadido.
Posteriormente, en el
primer acto con el que ha abierto el año tras reunirse con la
dirección de su partido, el presidente del PP ha destacado que su
formación "va bien" y practica "una oposición sensata" que hasta
ahora se ha traducido en encuestas favorables, pero ha advertido de
que habrá complicaciones y, por ello, ha pedido a los suyos
"inteligencia" para "no crear dificultades gratuitas".
Preguntado en la
SER por la
citación de la secretaria General del PP,
María Dolores de Cospedal, ante un juzgado para que ratifique las
acusaciones sobre supuesto espionaje del Gobierno a miembros de su
partido, Rajoy ha evitado pronunciarse directamente y ha asegurado
quese ha interpuesto una denuncia que "está en los tribunales". "Ha
habido un gran debate en los medios con temas como sobre Sitel. Si
se vulneran derechos fundamentales hay que presentar un proyecto de
ley orgánica", ha indicado. "Yo he sido ministro de Interior y ahora
hay cosas que no me han gustado y que a mi no me pasaron. Ha habido
personas esposadas. Yo tampoco tuve polémicas por escuchas
ilegales".
Rajoy considera
"demasiado dura" la
sentencia de un año y nueve meses de cárcel por revelación de
secretos contra los periodistas Daniel
Anido, director de la SER, y Rodolfo Irago, jefe de informativos de
esta cadena. Preguntado en una entrevista en esta emisora por si
considera que ambos son merecedores de tal condena, Rajoy ha
indicado que esa pregunta "habría que hacérsela al fiscal, que dice
que sí". "Lo tendrán que decir los tribunales. En principio no
parece haber proporción en la sanción que se ha impuesto. Hay un
caso de proporcionalidad cuanto menos discutible", ha explicado.
Medidas económicas
Rajoy ha repasado la
situación económica y ha insistido en las medidas que considera
necesarias para superar la crisis y mejorar los datos de empleo. En
su opinión, las tres grandes prioridades son poner en marcha una
política austera de gasto público, reformar el sistema financiero y
hacer unareforma laboral. Para Rajoy, debe apoyarse en algunos
principios como acabar con "el monopolio del INEM", una negociación
colectiva más flexible y acabar con una dualidad de los contratos
que convierten a España en uno de los países con mayor tasa de
temporalidad. Rajoy ha rechazado que ese nuevo tipo de contrato
implique un abaratamiento del despido. "Es abaratar el despido o no.
No le tengo miedo a las palabras", ha enfatizado.
Rajoy ha reclamado al
Tribunal Constitucional que haga pública cuanto antes la sentencia
sobre el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña, porque
"tres años y medio (deliberando) son muchos". El líder del PP confía
en que la sentencia y el resultado de las próximas elecciones
autonómicas catalanas permitan cambiar el escenario en esta
comunidad autónoma, con un "cambio político" que devuelva la
estabilidad a la región.
El líder del principal
partido de la oposición también se ha referido a la ley antihumo que
prepara el Gobierno y ha asegurado que lo que quiere es que se
presente la ley, porque "de momento no se sabe lo que pide el
Gobierno". En su opinión, es "obligación" del Gobierno "presentar un
proyecto cuando quiere algo", en lugar de "lanzar globos sonda".
(www.elpais.com,
11/01/10)
El PP cree
que lo peor del 'caso Gürtel' ha pasado
El
caso Gürtel y sus múltiples derivadas políticas
entran en la fase clave para el PP, afectado por
el mayor escándalo de corrupción desde 1989,
cuando estalló el caso Naseiro. El mes de enero
estará con seguridad plagado de noticias
judiciales y políticas sobre el asunto. Los
populares se preparan para las noticias con
preocupación, puesto que el asunto es delicado,
pero también optimistas. La dirección cree que
ha pasado lo peor. Además asegura en privado que
las encuestas favorables prueban que el asunto
no tiene un coste político real.
Lo
que más preocupa es la situación de Francisco
Camps. Los estrategas populares que siguen más
de cerca el caso están convencidos de que el
Supremo admitirá a trámite el recurso de la
fiscalía para que Camps se siente en el
banquillo por recibir 12.000 euros en trajes,
pero creen firmemente ?y tienen fuentes en el
Supremo que lo avalan? que el tribunal rechazará
finalmente el recurso y el presidente valenciano
se salvará de ser enjuiciado.
También preocupa, desde el punto de vista
mediático, el levantamiento del secreto del
sumario en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y en el Supremo. En el PP se apuesta a
que ambas cosas sucederán este mes. La última
apertura parcial del sumario generó un enorme
revuelo por las polémicas conversaciones
transcritas. Para enfrentarse a esta oleada, el
PP ha aprobado un nuevo código ético que el
lunes será aprobado por la Junta Directiva
Nacional.
También en este mes debe resolverse una derivada
de Gürtel: la suspensión de militancia de
Ricardo Costa, ex secretario general del PP
valenciano. La dirección tiene dos semanas para
explicar a Costa por escrito de qué se le acusa.
www.elpais.es
08.01.10
EL EX EURODIPUTADO GALEOTE SE LIBRA DEL 'CASO
GÜRTEL'
El
ex eurodiputado Gerardo Galeote puede estar
tranquilo. Los delitos que podría haber cometido
a través de la trama Gürtel han prescrito, por
lo que, salvo que aparezcan nuevos indicios
contra él, la Fiscalía Anticorrupción no
solicitará al juez del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, su
imputación en el caso. Y ello a pesar de que su
nombre apareció en el procedimiento el pasado
mes de febrero, cuando aún era aforado por su
condición de diputado europeo, junto al del
entonces tesorero del PP y senador, Luis
Bárcenas.
En
el auto de remisión de la causa al TSJ de
Madrid, el primer instructor del caso Gürtel,
Baltasar Garzón, cifró en 652.310 euros el
dinero que Galeote podría haber recibido de las
empresas de las que era propietario Francisco
Correa. El juez precisaba que recibió dicha
cantidad "directa e indirectamente", porque
había indicios de que parte del dinero (24.000
euros) se destinó a la adquisión de vehículos
"bien directamente o bien a través de su esposa,
Lourdes Semprún".
El juez Garzón le atribuyó haber recibido de
Correa 652.310 euros
El
procedimiento iniciado por Garzón se fue
desgajando en función de la condición de aforado
de los implicados en el caso: el TSJ de Madrid
se quedó con casi la totalidad de la causa,
salvo lo relativo a los aforados valencianos,
que se enviaron al TSJ de Valencia y lo archivó,
y los aforados nacionales, que correspondieron
al Tribunal Supremo.
Cuando el juez Pedreira envió la parte de la
causa referida a los aforados nacionales
implicados en el caso al Alto Tribunal incluía a
Galeote junto a Bárcenas y el diputado del PP
Jesús Merino. El Supremo aceptó la competencia
para investigar a estos dos últimos por los
delitos de cohecho y fraude fiscal. Galeote se
salvó porque su "próxima pérdida de la condición
de aforado [...] es un hecho notorio resultante
del reciente proceso electoral para el
Parlamento Europeo en el que no ha
participado".
La
Fiscalía del Tribunal Supremo no había
solicitado su imputación, pero cuando Galeote
dejó de estar blindado, tras constituirse la
nueva Cámara europea, la Fiscalía Anticorrupción
tampoco solicitó su imputación ante el TSJM. Por
eso no aparece en la relación de imputados en el
caso Gürtel.
Los
que sí aparecen son su padre y su hermano
Ricardo. El juez Pedreira impuso una fianza de
un millón de euros a José Galeote, que fue
concejal de Boadilla del Monte (Madrid) durante
12 años, cuando compareció ante él el pasado mes
de mayo. Se le acusa de haber cobrado de la
trama de corrupción 612.000 euros. Al hermano
del ex eurodiputado, que era concejal del PP de
Estepona (Málaga) cuando estalló el caso, se le
atribuye el cobro de 42.000 euros de Correa.
Gerardo Galeote ha tenido más suerte, porque los
últimos ingresos a su favor realizados por la
trama aparecen fechados en 2003, lo que
significa que habían transcurrido más de cinco
años cuando la investigación se dirigió contra
él. Por eso tanto los delitos fiscales como el
cohecho imputados por el Supremo a los aforados
nacionales ya habrían prescrito en su caso.
Con
posterioridad a 2003, en el auto de Garzón sólo
figuran un vehículo Land Rover modelo Freelander
y un Land Rover Discovery Serie II. Ambos
constan como transferidos a su favor el 5 de
octubre de 2005 y 26 de mayo de 2004,
respectivamente. Según los informes policiales,
al menos este último habría sido pagado por
Francisco Correa.
Los
primeros ingresos que constan en la contabilidad
B de la trama Gürtel a favor de Galeote se
remontan a 1996.
Rajoy volvió a darle ‘trabajo’ como asesor de
temas de la UE
Cuando su nombre apareció entre los de los
implicados del ‘caso Gürtel’, la dirección del
PP optó por excluir a Gerardo Galeote de su
lista de las elecciones europeas de 2009. Aunque
no se produjo su imputación formal, según
insistió el PP fue el propio Galeote el que
pidió no repetir como eurodiputado, cargo que
ostentaba desde 2005. Meses después, el ex
parlamentario ha visto confirmada la confianza
del líder del partido. Gerardo Galeote se ha
convertido en asesor de Mariano Rajoy en asuntos
europeos.
El
ex eurodiputado se ha integrado en el grupo de
análisis constituido para hacer un seguimiento
de la presidencia española de la UE en este
primer semestre del año. La noticia se conoció
el pasado martes, tan sólo dos días después de
que los conservadores presentaran su nuevo
código de buenas prácticas, que establece las
sanciones contra los miembros del partido que
sean imputados en casos de corrupción. El
responsable económico del PP, Cristóbal Montoro,
aseguró que la presencia del ex eurodiputado en
el grupo de análisis sobre la presidencia
europea no era, en absoluto, un incumplimiento
del nuevo Código. “Desde luego que no lo
contraviene”, afirmó el dirigente conservador,
“porque no se hace un código para incumplirlo al
día siguiente”, argumentó.
(www.publico.es,
08/01/10)
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