El primero, a principios de agosto, fue Alfonso
Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid, a quien el juez ha embargado
un apartamento en el edificio Apolo, en primera línea de mar de Calpe, tasado
por los peritos en 275.800 euros. Y una vivienda unifamiliar en San Lorenzo del
Escorial (Madrid), valorada en 330.000 euros. La fórmula para llevar a cabo el
embargo ha sido la de fianza hipotecaria. A Bosch, acusado de blanqueo de
dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento
público y mercantil, revelación de secretos y prevaricación, el juez le impuso
una fianza de responsabilidad civil de 750.000 euros.
El mismo procedimiento se ha seguido contra dos
propiedades del exconsejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo: otro
apartamento en el edificio Apolo de Calpe y un chalé en Madrid. La fianza para
hacer frente a su eventual responsabilidad asciende a un millón de euros. López
Viejo está también imputado en el caso Guateque por tráfico de influencias.
El tercer afectado por los embargos es César Tomás
Martín Morales, que fue jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del
Monte (Madrid) y estrecho colaborador de su exalcalde Arturo González Panero,
conocido en la trama Gürtel como El Albondiguilla. El juez ha ordenado, en su
caso, que se proceda a valorar por parte de la oficina de peritos de la
Audiencia Nacional una casa ubicada en el municipio de Jávea, en segunda línea
de playa, y un local comercial en el barrio de Salamanca de Madrid. La
investigación apunta, según fuentes jurídicas, a que Martín Morales participó en
la elaboración de pliegos de convocatorias públicas a las que se presentaba la
trama, como la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia en 2006. El
juez le exige 1,5 millones de fianza.
EL JUEZ INVESTIGA EL MACROFESTIVAL SUMMERCASE DE MADRID
Ruz requiere el expediente al Ayuntamiento de Boadilla, donde se celebró
El juez Pablo Ruz, que instruye la causa central del caso Gürtel, ha empezado a
investigar el Summercase, el macrofestival de música indie y electrónica que se
celebró en Madrid entre 2006 y 2008 con decenas de miles de asistentes. Ruz ha
requerido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal
tuvieron lugar los conciertos, toda la documentación relativa a la primera
edición del festival. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional, el mismo del que era titular Baltasar Garzón, tomó la
decisión el 21 de junio tras solicitárselo la Fiscalía Anticorrupción.
El alcalde de Boadilla del Monte —uno de los núcleos de la trama Gürtel— era
entonces Arturo González Panero, a quien la red corrupta apodaba El
Albondiguilla. Y una de las personas que intervinieron en la organización del
festival, actuando formalmente como agente entre la empresa promotora de los
conciertos, Sinnamon, y compañías patrocinadoras fue Elena Sánchez, por entonces
esposa del exministro de José María Aznar y exdiputado Juan Costa.
Los documentos suscritos entre la productora y la empresa de Sánchez, Free
Handicap, revelan que esta recibía hasta el 20% de lo que aportasen los
patrocinadores. Solo en una de las ediciones, los documentos indican que ese
porcentaje habría alcanzado los 700.000 euros. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que una de las peculiaridades del Summercase era que se celebraba
simultáneamente en Madrid y Barcelona —aunque el juez solo se ha interesado por
el de Boadilla— y que los anexos firmados por Sánchez y el representante de
Sinnamon hacían referencia a que el patrocinio se extendía a todos los
conciertos que la productora hiciera ese año en España.
Fuentes jurídicas sostienen, sin embargo, que esa fue la fachada utilizada para
cobrar comisiones. Y que en realidad, como declaró un testigo, exfuncionario de
Boadilla, ante el anterior juez instructor, Antonio Pedreira, el Summercase cayó
en la misma dinámica que los negocios en los que intervino la trama Gürtel.
Correos electrónicos aportados a la causa por este testigo indicarían que el
festival fue diseñado con anterioridad por la empresa de Sánchez y altos
responsables del Ayuntamiento de Boadilla, y luego se buscó una productora para
llevarlo a término (Sinnamon), que pagó generosos porcentajes por el patrocinio.
Y que, siempre según estas fuentes, la decisión del juez tiene como objetivo
averiguar si lo aportado por el testigo se corresponde con la realidad.
El Summercase de 2006, que llevó a Madrid a grupos como Chemical Brothers, Rufus
Wainwright, Belle & Sebastian y Primal Scream, levantó polémica en el municipio
por el lugar elegido para los conciertos —muy cerca de viviendas— y porque el
Ayuntamiento no cobró la correspondiente tasa a los promotores por la cesión del
espacio. Al tratarse de 70.000 metros cuadrados, los ingresos que el Consistorio
dejó de percibir superaron, según las fuentes consultadas, los 350.000 euros
anuales.
Free Handicap, la empresa de Sánchez, también trabajó para el PP. En 2008, como
publicó este periódico, se encargó del montaje del congreso nacional del partido
celebrado en Valencia, en el que el presidente, Mariano Rajoy, fue ratificado en
el cargo. En aquel congreso también tuvo una participación menor Álvaro Pérez,
El Bigotes. En 2009, tras el estallido del caso Gürtel y la dimisión de González
Panero, el Summercase dejó de celebrarse.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/04/actualidad/1341432967_621943.html
EL JUEZ RUZ CITA AL EXDIPUTADO MARTÍN VASCO Y A SU
HERMANO
El exdiputado regional imputado en el Caso Gürtel es
sospechoso por la compraventa de una parte de un piso con la intención de
eludir el pago de una fianza
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Pablo
Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha citado a declarar al exdiputado
regional del Partido Popular Benjamín Martín Vasco y a su hermano, Joaquín
Martín Vasco, por haber realizado la compraventa de una parte de un piso que
estaba a nombre del primero con la intención de eludir presuntamente el pago
de una fianza, según un auto hecho público el pasado miércoles.
Los hermanos Martín Vasco declararán el próximo 11 de
julio como posibles autores de un delito de insolvencia punible o, lo que es
lo mismo, por permitir que el primero se hiciera pasar por insolvente para
evitar hacer frente a un posible embargo. El 3 de marzo de 2010 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impuso al exparlamentario regional del
PP madrileño —uno de los tres imputados inicialmente por el exmagistrado
Baltasar Garzón en el caso Gürtel— una fianza de 950.000 euros para
garantizar sus eventuales responsabilidades pecuniarias. Pero Martín Vasco
no abonó la cantidad requerida, por lo que el 5 de mayo de 2011 el
magistrado del TSJM Antonio Pedreira acordó el embargo de sus cuentas y de
un inmueble de su propiedad en Arganda del Rey.
"El 12 de noviembre de 2009, Benjamín Martín Vasco y su
hermano, con el fin de eludir la traba y la posterior ejecución del
inmueble, otorgaron escritura pública por la que se procedía a su venta a
Joaquín Martín Vasco por un precio de 42.000 euros que se decía haber
recibido por el vendedor en efectivo entre los años 2005 y 2008. Los hechos
podrían ser constitutivos de un delito de insolvencia punible", explica el
magistrado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/madrid/1340918969_610390.html
LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ A AGUIRRE GASTOS DEL
RESTAURANTE DE LÓPEZ VIEJO
El exviceconsejero derivó a su negocio familiar
dinero público de la Comunidad
"Solo preguntarte que si los costes de lo del
restaurante de Alberto ¿los divido en tres y los imputamos a distintos
actos de la CAM como hicimos la otra vez?". "Lo de La Hacienda
Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir
en nuestros costes".
Con esa soltura, los trabajadores de las empresas de
la trama Gürtel exponían en sus correos electrónicos cómo se iba a pagar
un trabajo realizado para el restaurante del que era propietaria la
esposa del entonces viceconsejero de Presidencia de la Asamblea de
Madrid, Alberto López Viejo. La trama realizaba servicios para el
establecimiento, dividía el coste de estos y los repartía y endosaba en
diferentes facturas que emitía la propia trama a la Comunidad de Madrid,
por la celebración de distintos eventos. Así lo refleja la policía en un
informe que remitió hace apenas unos días al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.
La red corrupta endosó costes de publicidad y
azafatas del local
"Los 1.000 tarjetones van a: Plza. Pontejos.
Viceconsejería de Presidencia", señala otro de los correos electrónicos
intervenidos. "Hola Alberto. Te llevan esta mañana los tarjetones a la
Plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba lo
mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color", dice otro de
los mensajes analizados que lleva a la policía a concluir que "del
contenido de los datos reflejados en los distintos correos se puede
inferir que el llamado Alberto López Viejo, es el destinatario de un
trabajo encargado previamente relacionado con un negocio vinculado al
"Restaurante La Hacienda Argentina (Tarjetones con publicidad y servicio
de azafatas)".
El acuerdo en correos electrónicos
De: Rocío, de Servimadrid
A: Isabel Jordán, de Easy Concept
Asunto: La Hacienda Argentina y otros
Hola Isabel. Sólo preguntarte que si los costes de
los del restaurante de Alberto los divido entre tres y los imputamos a
distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?
De: Isabel Jordán, de Easy Concept
A: Rocío, de Servimadrid
Asunto: Re: La Hacienda Argentina y otros.
Sí, ok a imputar los costes a diferentes actos.
De: Rocío, de Servimadrid
A: otras dos trabajadoras de Servimadrid
Asunto: Hola Chicas. Lo de la Hacienda Argentina, hay
que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros
costes cada una de 971,08 euros. Besos
De: Rocío de Servimadrid
A: López Viejo, Alberto
Asunto: Re: argentina
Hola Alberto.
Te llevan esta mañana los tarjetones a la plaza de
Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba los mismo que
hacerte 700 más. Espero que te guste el color. Un abrazo, Rocío.
Ese trabajo, según añade la policía, fue encargado a
Servimadrid, una de las empresas que componían la trama Gürtel. Y,
posteriormente, y tras previa autorización, se cargaron los costes de
los servicios prestados, "referidos al restaurante de Alberto, tras
dividirlos entre tres, en distintos actos de la CAM". Además, el informe
hace hincapié en el hecho de que en los correos hablan de "tal y como
hicieron la otra vez" de lo que la policía concluye que "se puede
inferir que no es la primera vez que utilizaban dicha práctica".
El informe también llama la atención sobre el hecho
de que los encargos se remitieran directamente al despacho oficial del
viceconsejero, lo que no deja lugar a dudas de su destinatario. Además,
entre los correos intervenidos se encuentra uno del propio Alberto López
Viejo a una de las trabajadores de la trama en la que le reclama uno de
los servicios encargados a la red que lideraba Francisco Correa. "Me
dice Esteban, el gerente del restaurante que las azafatas llevan
esperando un buen rato la llegada de la publicidad, ¿Sabes algo?",
indica el mail remitido por el viceconsejero que, al parecer, se hacía
cargo también de hacer gestiones del restaurante.
En el caso de uno de los gastos analizados, la
confección de unos tarjetones y un servicio de azafatas, el trabajo fue
realizado realmente por dos empresas ajenas a la trama y su coste
ascendió a cerca de 3.000 euros. Pero, tal como sostiene el informe, la
contabilidad de la trama corrupta no lo sumó como deuda del verdadero
cliente "de lo que se desprende la intención inicial de no facturar el
acto al destinatario final". Y así, la policía concluye que "de esta
forma el acto genera un coste a la organización que enjuga imputándole
el mismo a distintos actos realizados para la CAM.".
La investigación se dirigió entonces a intentar
comprobar si esos costes se repercutieron realmente en facturas a la
Comunidad de Madrid. Y la policía encontró documentación de tres actos
en los que se "refleja el coste repercutido". Uno de ellos fue una
presentación de rallies, por el que la Comunidad de Madrid pagó los
primeros 1.359 euros, cantidad semejante a la que se coló en la factura
de los "Premios tolerancia 2006" y en la de "Entrega diplomas rumbo al
sur".
Cartas de restaurante, carteles, más tarjetones y el
reparto de estos son otros de los servicios prestados entre julio de
2006 y febrero de 2007.
El informe analiza otro documento que refleja una
relación detallada de actos efectuados para la Comunidad de Madrid y
unas cantidades de dinero asociadas a cada uno de ellos, que se
corresponden con un porcentaje del coste de cada uno de los eventos. La
policía apunta que se trata de las comisiones a "ALV" cuyo resultado
asciende a 76.389,74 euros. En esa relación se descuenta una cantidad
correspondiente a trabajos hechos para el restaurante que López Viejo no
pagó pero que sí que provocó que se le rebajara el cobro de comisiones,
según la policía.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/madrid/1339608449_228777.html
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE MADRID EXPEDIENTA AL JUEZ QUE INSTRUYÓ GÜRTEL
Vieira atribuye a Pedreira no haber tramitado ante
el Supremo un incidente jurídico
La Sala registra numerosos votos particulares
contra decisiones de Vieira
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Francisco Vieira, ha abierto “un expediente” a quien durante casi tres
años ha sido el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, una de las
causas de corrupción más complejas y voluminosas que se instruyen en España en
los últimos años.
Entre otros argumentos, Vieira fundamenta el
expediente en la no tramitación por parte de Pedreira de una cuestión de
competencia negativa ante el Tribunal Supremo para dilucidar qué órgano —si el
Tribunal Superior de Madrid o el de Valencia— debía investigar el cohecho que
Anticorrupción atribuye a Pedro García, exdirector general de Canal 9. Este
cohecho tiene relación con los contratos fraudulentos de la visita del Papa a
Valencia en 2006, que depararon comisiones a las empresas de la red Gürtel por
casi tres millones de euros, de los que 500.000 fueron supuestamente para
García.
El principal delito que se imputa a García, el
cohecho, habría prescrito el pasado 8 de enero, según entiende la Fiscalía
Anticorrupción. La Sala de lo Penal, en una decisión de Vieira y su colega
Emilio Fernández Castro, rechazó imputar a Pedro García a pesar del voto
particular en contra del tercer juez de la Sala, José Manuel Suárez Robledano,
que alertó sin éxito a sus colegas sobre la prescripción del delito.
Discrepancias judiciales
Francisco Vieira fue nombrado presidente del
Tribunal Superior por el actual Consejo del Poder Judicial, tras haber presidido
la Audiencia de Madrid y, antes de eso, la Sección que condenó el asunto de los
fondos reservados del Ministerio del Interior en época del PSOE, caso que fue
denunciado por el dirigente del PP Federico Trillo.
Para llegar a la presidencia de la Sala Civil y
Penal Vieira contó con el aval del grupo conservador del Poder Judicial y el del
varios vocales progresistas, entre ellos Margarita Robles, según fuentes de este
órgano. Mientras Pedreira ha instruido Gürtel no formaba parte de la Sala, lo
que permitía a Vieira y su colega Emilio Fernández Castro imponer sus criterios
(por mayoría de dos a uno) al tercer magistrado, Suárez Robledano. Al dejar
Pedreira el caso Gürtel, ha vuelto a la Sala como titular. En esta Sala, las
decisiones las toman tres jueces que se van turnando con el cuarto, por lo que
es factible que en algunas decisiones la postura de Vieira quede en minoría si a
su lado están Pedreira y Robledano.
En este contexto, Vieira envió el pasado 13 de
marzo la incoación de su expediente contra Pedreira a los servicios de
inspección del Consejo del Poder Judicial. Y, además, pidió un informe a la
secretaria de su tribunal, Julia Fabián, para que explique por qué no se tramitó
esa incidencia, subsanada sin mayor problema hace poco más de un mes por el
actual instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Fuentes jurídicas sostienen que detrás de
expediente se halla un intento de Vieira de apartar a Pedreira de la Sala de lo
Penal y Civil que preside para poder ejercer sobre ella un mayor control, dadas
las fuertes desavenencias que existen entre los cuatro magistrados que la
conforman: el propio Vieira, Suárez Robledano, Pedreira y un juez de apoyo
nombrado por el anterior Consejo del Poder Judicial, pero que no es titular de
la misma: Emilio Fernández Castro. Estos jueces son los que tramitan las causas
en las que hay aforados (diputados autonómicos madrileños o miembros del
Gobierno regional) y también la que enjuicia las querellas que se interponen
contra los jueces de la región. Según estos medios, apartando a Pedreira, Vieira
trata de exhibir su poder de presidente en la Sala. Y evitar así los constantes
votos particulares a que son sometidas muchas de las resoluciones que ha
adoptado junto al juez de apoyo Fernández Castro.
Casi todos los votos particulares han sido
emitidos por el magistrado Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y se han hecho más patentes
durante el tiempo en que Pedreira estuvo fuera de la Sala instruyendo el caso
Gürtel. Decenas de resoluciones adoptadas por mayoría entre Vieira y Fernández
Castro se han topado con votos particulares de Suárez Robledano. Uno de esos
votos particulares fue, por ejemplo, el que formuló en la resolución en la que
Vieira y Fernández Castro decretaron anular las escuchas que mantuvieron en la
cárcel los cabecillas de la red mafiosa Gürtel con sus abogados. Y que supuso un
precedente para la posterior condena por el Supremo del juez que ordenó esas
escuchas, Baltasar Garzón.
Detrás del expediente incoado a Pedreira, los
citados medios jurídicos atisban la siguiente jugada: Pedreira es magistrado de
elección autonómica. Es decir, por acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial tras optar entre una terna de candidatos propuesta por la Asamblea de
Madrid. Lleva 20 años en el Tribunal Superior, al que accedió tras ocupar la
jefatura de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, cargo al que
accedió por oposición y obtuvo el número uno. Si Pedreira tuviera que marcharse
de la Sala Penal y Civil, la asamblea madrileña, controlada ahora por el
Gobierno de Esperanza Aguirre, sería la encargada de nombrar la terna con sus
posibles sustitutos, todo ello en un momento de especial convulsión.
Robledano advirtió sin éxito de que uno de los
cohechos iba a prescribir
Fuentes jurídicas señalan que Vieira y Fernández
Castro han pedido verbalmente a Pedreira, de 66 años, que pida la baja médica y
deje el tribunal debido a su problema de movilidad física, lo que daría luz
verde a la Asamblea de Madrid para proponer una terna de sustitutos. De ahí
extraen las citadas fuentes el expediente abierto ahora por Vieira a Pedreira
luego de casi tres años instruyendo el caso Gürtel, causa que Pedreira remitió a
finales del año pasado al juez Ruz con más de medio millón de folios.
El expediente se debe a que Pedreira no tramitó
ante el Supremo una cuestión de competencia negativa. Es decir, cuando empezaron
a salir implicados en el caso políticos y funcionarios de Valencia, Pedreira
remitió a sus colegas de esa comunidad una parte de la causa al entender que los
delitos se habían cometido allí. Pero Valencia rechazó investigar esa parte y la
devolvió a Pedreira. Al ver que le llegaba devuelta la causa, Pedreira, con
fecha 20 de septiembre de 2011, firmó una resolución, que ocupa 20 folios, en el
que eleva este incidente ante el Supremo. Sin embargo, el escrito no llegó al
alto tribunal. Hecho ya subsanado por Ruz.
La secretaria judicial del Tribunal Superior de
Madrid, Julia Fabián, ha comunicado a Vieira que Pedreira solía despachar con la
oficial encargada de tramitar Gürtel, y que ella no tuvo conocimiento de esa
resolución. Vieira ha pedido también a Fabián información sobre dos
colaboradores que tuvo Pedreira en el tramo final de la instrucción de Gürtel.
Según los citados medios, se trata de un asistente del magistrado para ayudarle
en su problema de movilidad y de un funcionario judicial que le fue designado
como apoyo por la Consejería de Justicia de Madrid.
Al periodo de tensión que vive ahora la Sala de lo
Penal se une el hecho de la posible prescripción del delito de cohecho que se
atribuye al exjefe de Canal 9 por la visita del Papa, Pedro García. Vieira y
Fernández Castro desatendieron un voto particular de Suárez Robledano en el que
les advertía que había que actuar contra García antes del 8 de enero pasado o el
delito prescribiría. Pasó esa fecha y no se hizo nada. El pasado viernes el juez
Ruz acabó por fin con la nebulosa que se cernía sobre García y le imputó cinco
delitos, incluido el de cohecho. Si ha prescrito o no se verá en el juicio.
www.elpais.es 02.04.12
SALTA A LOS JUZGADOS
DE ALCALÁ, QUE INVESTIGARÁN AL CONSISTORIO
Un juez de instrucción examinará la adjudicación
de un contrato de cinco millones
Un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares
será el encargado de investigar si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
gobernado por el popular Bartolomé González, cometió alguna ilegalidad al
adjudicar el servicio de pavimentación municipal por cinco millones de euros a
la empresa Constructora Hispánica, relacionada con el caso Gürtel. El magistrado
que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido que
la competencia para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del
Ayuntamiento complutense la tienen los juzgados de Alcalá, por lo que ha
acordado la inhibición parcial en favor del juez decano de este municipio. Y lo
hace después de comprobar que no hay ninguna relación con el presunto cerebro de
la trama Gürtel, Francisco Correa.
De esta forma, la pieza separada en la que se
investiga el expediente de contratación para la conservación y reforma de los
pavimentos de Alcalá, “así como el eventual pago de comisiones ilegales
derivadas de su adjudicación”, según la denuncia del funcionario municipal Juan
Antonio Camargo, se desgaja del tronco principal del sumario, que seguirá en la
Audiencia Nacional.
Esta pieza separada contiene importante
documentación, entre la que destaca un informe de la Intervención General del
Estado (IGAE) que sostiene que la tramitación y adjudicación de este contrato a
la empresa Constructora Hispánica se hizo de manera "arbitraria" y "subjetiva".
El documento resalta el Ayuntamiento ha pagado a Hispánica unos 500.000 euros
más de lo previsto en dos contratos, siendo el desembolso total de 10 millones
de euros. Además, explica que dos ofertas idénticas han sido valoradas de forma
diferente, lo que ha provocado que al final Hispánica adelantara a las otras
empresas que optaban a los servicios municipales ofertados por Alcalá.
“Esta oferta no vale ni las pastas”
“¿Quien le dijo que lo hiciera así, según dice en
el escrito, fue Francisco Javier Fernández Abad?”, preguntó en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una de las fiscales al funcionario de
Alcalá Juan Antonio Camargo, que contestó: “Exactamente. Es mi jefe directo, el
concejal de Obras y Seguridad”.
“¿Lo que dice en ese escrito es que le dijeron que
adjudicara las obras a Construcciones Hispánica a pesar de que la mejor oferta
era la de la empresa API?. ¿En qué momento del expediente se encontraban?”,
preguntó de nuevo la representante del ministerio público.
Este fue el momento en el que Camargo explicó todo
el operativo: “Una vez que se abren las plicas ya se sabe cuales son las mejores
ofertas. Vemos que la oferta de Api es la mejor. Todos estamos de acuerdo en que
es la mejor. Pero me hacen volver de un curso en Salamanca y me dice primero que
a Api ni hablar. Que bajo ningún concepto se le adjudique a Api las obras. A
pesar de que él es consciente de que es la mejor oferta. Y nos dice que ya nos
dirá a qué empresa hay que adjudicarlo”. Al poco tiempo, según Camargo, el
concejal le dijo que la empresa adjudicataria era FCC, la tercera. “Di
instrucciones a Juan María y a los demás. Estudia la oferta de FCC que parece
que finalmente va a ser la que va a resultar adjudicataria”, explicó Camargo,
que prosiguió: “No parecía una mala oferta aunque no era la mejor. Y bueno, nos
dicen que no, que esa tampoco y que era la de Constructora Hispánica. Y yo le
digo: esa oferta es tan mala que no vale ni las pastas, es que es espantosa, es
como mucho la peor de todas”, declaró este funcionario.
Precisamente, la declaración del funcionario
municipal Juan Antonio Camargo añade todavía mayor credibilidad al informe de la
Igae. En la misma, explica cómo su jefe directo, el concejal de Obras y
Servicios, Francisco Javier Fernández, le dijo a qué empresa tenía que otorgar
el servicio: “Nos hizo una indicación de que debíamos adjudicar el contrato de
mantenimiento de pavimentos a la empresa Constructora Hispánica”.
En su testificación, Camargo explica también que
la decisión de sus jefes de utilizar una fórmula novedosa para adjudicar el
servicio fue decisiva para que Hispánica lograra el contrato. “Normalmente hay
un concejal responsable y luego esta Héctor Bárez, que es el que abre las
ofertas y el que lleva todo el asunto. Esta [fórmula] me la ha dado Gustavo
Severián y me la tienes que aplicar. Y yo le pregunto: ¿Y esto …esta novedad.
Esto no está en ningún sitio”. Para Camargo la aplicación de esta fórmula es la
clave de la operación irregular del Consistorio: “Efectivamente minimiza el
impacto del precio. De manera que una baja por encima del 20% prácticamente no
tiene importancia”. “La formula que él me da, que yo lógicamente aplico, abre la
posibilidad de que ese concurso acabe donde se quiere. Yo veo lo que está
pasando”.
En el sumario de la operación Gürtel se mantiene
la investigación sobre el segundo de los servicios municipales que analizó la
Intervención General del Estado en Alcalá de Henares: la construcción de un
parque de bomberos. Y seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional porque uno
de los apuntes de la contabilidad de Correa recoge que la organización recibió
78.899 euros por el parque de bomberos. El PSM a través de su abogado ya ha
pedido en el TSJM la imputación de los ediles del PP Javier Fernández Abad y
Marta Viñuelas.
www.elpais.es 04.03.12
EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA DESVIÓ 28.000 EUROS A
SU CUENTA
Ortega envió el dinero público a una firma de
Gürtel que, a su vez, pagó los relojes que había comprado en una joyería, según
la policía
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega pidió en 2001 al
Ayuntamiento que dirigía 28.000 euros para pagar un vídeo. Recibió el dinero,
pero en vez de pagar el trabajo audiovisual ingresó el dinero en una de sus
cuentas. Y después le envió el dinero a una de las empresas del presunto cerebro
de la red Gürtel, Francisco Correa, que se encargó de pagar una factura que
había generado el propio Ortega, que había comprado relojes en una conocida
joyería madrileña por un importe de 28.000 euros. Estas son las conclusiones que
se desprenden del último informe realizado por los agentes de la policía
judicial que investigan el caso.
"El exalcalde recibió un cheque nominativo a su
nombre"
El dinero era supuestamente para pagar un vídeo
promocional
Correa, el cerebro de la red Gürtel, sufragó las
compras de joyas del edil
El último informe policial destapa el 'modus
operandi' de la trama
El informe, con fecha del 26 de enero, y que tiene el
magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la mesa, explica que el 29
de agosto de 2001 el propio Guillermo Ortega solicitó al Consistorio un total de
28.571,51 euros. Supuestamente era para pagar la confección de un vídeo en el
que se iban a reflejar los proyectos abordados por el equipo de Gobierno
majariego. Pero la realidad, según la policía judicial, era muy distinta:
"Francisco Correa crea una operación económica ficticia, como es el servicio
prestado al Ayuntamiento de Majadahonda, para dar cobertura al trasvase de
fondos", sostiene el informe remitido a Ruz, magistrado titular del Juzgado
Central Número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que
fue quien inició la investigación tras la denuncia presentada por el exconcejal
de Majadahonda José Luis Peñas, asesorado por el letrado y concejal de Boadilla
del Monte Ángel Galindo.
La investigación de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF-BLA) pone de manifiesto que días después de que Ortega
solicitara el dinero, el exalcalde recibió "un cheque nominativo a su nombre"
con fecha de 20 de septiembre del mismo año y con cargo a las cuentas del
municipio. E ingresó el dinero en una de sus cuentas. Seis días después una de
las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa,
concretamente Special Events, recibió un cheque por el mismo importe: 28.571,51
euros. En este punto, las pesquisas policiales argumentan que Ortega transfirió
el dinero a Special Events, ya que ese mismo día la firma de Francisco Correa
efectuó el pago de 27.117,66 euros a una joyería de Madrid. La misma de la que
Ortega se había llevado relojes por el mismo precio.
Tres meses después, Ortega trató de regularizar la situación,
algo que finalmente no logró, pues el interventor municipal acabó por oponerse a
los presuntos tejemanejes del exalcalde de Majadahonda: "Con la finalidad de
justificar el libramiento de fondos por parte del Ayuntamiento de Majadahonda a
nombre de Guillermo Ortega, Special Events confecciona una factura pagada por el
Consistorio por un importe de 28.571,51 euros". En la memoria de la factura,
Francisco Correa indicó que el cobro del dinero está justificado por la
realización del vídeo Creciendo en calidad de vida.
Pero hubo un problema, y la factura fue anulada, ya que el
montante era superior a los 6.000 euros. Y cualquier adjudicación municipal
superior a esta cantidad debería haber obligado a Ortega a convocar un concurso
público, que no se había celebrado. Por eso la firma de Correa envió en lugar de
la factura anulada otras cinco, con importes similares, que no superaban los
6.000 euros. Pero la Intervención municipal se opuso a esta operación, al
considerar que se había fraccionado el contrato, tal y como consta en un informe
del 11 de febrero de 2002.
www.elpais.es 07.02.12
BOADILLA FICHA A UN ACUSADO DE TROCEAR CONTRATOS A
CORREA
El exfuncionario regional trabaja ahora en el
Consistorio
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado como
funcionario al exempleado de la Comunidad de Madrid Gerardo R. C., acusado por
los socialistas madrileños de favorecer desde su anterior puesto a las empresas
de la red Gürtel encabezada por Francisco Correa. En concreto, y según consta en
el sumario del caso Gürtel, el nuevo funcionario municipal participó en
la adjudicación a la empresa Easy Concept de un contrato para la inauguración
del curso escolar de 2004 en 11 colegios de la Comunidad de Madrid. "De acuerdo
con la naturaleza de estos servicios consideramos que ha habido un
fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros
procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han
vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", asegura el informe de la
Unidad de Auxilio Judicial que analizó las cuentas de la Comunidad de Madrid
relacionadas con las empresas de Correa. En dichas cuentas se halla la
adjudicación en la que participó el ahora funcionario de Boadilla del Monte. De
esta forma, y según el sumario, Gerardo R. C. participó desde su cargo de
secretario general técnico de la Consejería de Educación en ese fraccionamiento
realizando por un mismo trabajo dos facturas de 11.990 euros y 11.984 euros.
Ambas facturas no superan el límite de los 12.000 euros, algo que hubiera
obligado a la Comunidad de Madrid a sacar a concurso público la organización del
inicio del curso escolar, que acabó engrosando las cuentas de las empresas de
Correa.
Cuatro ediles de la época de Panero, reubicados en
otros Ayuntamientos
En el escrito de acusación de los socialistas, que más de un
año después no ha sido contestado por el magistrado Pedreira, se solicita la
imputación de numerosos cargos del Gobierno regional, incluido Gerardo R. C.,
atribuyéndole tres y no dos fraccionamientos, como asegura el sumario, del
contrato del inicio del curso escolar. De esta forma, el beneficio de Correa
gracias a la gestión del mencionado funcionario sería de 5.432 euros, superando
entonces los 29.300 euros.
La contratación de este funcionario choca con las anteriores
iniciativas desplegadas por el nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, quien ha manifestado su intención de dotar de transparencia su
gestión después de que en la pasada legislatura dos alcaldes, Arturo González
Panero y Juan Siguero, tuvieran que abandonar el cargo tras ser imputados en el
caso Gürtel. Por decisión del nuevo primer edil, todos los gastos serán
enviados al Tribunal de Cuentas para que fiscalice los presupuestos municipales,
al mismo tiempo que ha creado un órgano de control de las adjudicaciones
municipales.
Por otra parte, un sector de los exconcejales del PP que se
presentaron en la lista que hace cuatro años encabezó el exalcalde Arturo
González Panero, imputado en el caso Gürtel, y que no resultaron
implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos
adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de al menos cuatro
integrantes del equipo de González Panero, como por ejemplo la que después fuera
alcaldesa Mercedes Nofuentes: tras aceptar el cargo, al dimitir Juan Siguero,
fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una
retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). Los
socialistas también solicitaron que Nofuentes declarase como imputada en el caso Gürtel, algo que el juez Pedreira dejó sobre la mesa.
La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también
fue nombrada asesora en Las Rozas pero con un sueldo menor: 37.654 euros.
Fernández de Guzmán fue citada a declarar como testigo por Pedreira por la
gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla, un servicio
adjudicado por González Panero a una de las empresas de Correa por más de dos
millones de euros. La oficina fue cerrada por su sucesor, Juan Siguero, tras
reconocer que su funcionamiento había sido irregular. Otras de las recolocadas son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y
Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.
www.elpais.es 26.10.11
LA RED GÜRTEL FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE
MAJADAHONDA
Un informe
policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa
pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento
lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"
El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó
a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el
periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el
caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un
reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario
del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo
democrático ligada a un partido político: el PP.
El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego,
gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía
en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete
Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas
concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos
presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó
adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20
millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero
obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda,
de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de
campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.
"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de
facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica
el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special
Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a
terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el
Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la
recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE
Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a
sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la
firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía,
que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos
de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas
relativas a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda.
Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la
cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por
ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de
Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió
una factura de servicios profesionales de asesoramiento.
También utilizaban el dinero de la caja b de Correa
para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al
exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen
Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco
Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta
directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las
empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas
concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa
Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y
de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre,
junto con su esposa, hasta 39 vehículos).
Llama la atención que en uno de los que la policía denomina
"servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda
que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de
alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo
García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el
albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP
de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa
de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que
aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42
euros.
Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha
puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de
los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy
jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no
desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna
ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y
García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del
partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se
fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se
alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te
lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal
que prefiere no citar su nombre.
El informe policial hace especial hincapié en la figura del
popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes
de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio
profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de
este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.
El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas
emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña
publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de
la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid",
"diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que
ver con el trabajo desempeñado en realidad.
En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas
para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por
parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría
entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de
dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio
Ayuntamiento y del PP.
www.elpais.es 03.10.11
EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24
MILLONES DE EUROS
La policía cree que cobró comisiones de Martinsa y de
otros dos empresarios
Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer
destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada
una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red
Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas
por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El
documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por
parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora
Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey
con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de
2004, de origen desconocido.
"Martinsa se portó conmigo", asegura el líder de la trama
Gürtel en una cinta
El resguardo de uno de los pagos en Suiza lo identifica
como "comisión"
La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel
Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta
comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira.
La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de
Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si
ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el
beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de
Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24
millones de euros. Por el momento son cuatro los imputados del caso
Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés
López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás
Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan
Fernández Caballero.
Según consta en un documento incluido en el informe
remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de
12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando
Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como
comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de
Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió,
según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red
corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio,
gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de
Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por
un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en
100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por
73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que
fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el
terreno.
Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de
junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés
López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en
dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del
Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico
concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció
Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los
técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora
la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la
solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
El establecimiento de la conexión entre las dos
comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida
por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya
se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que
otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel
Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad
Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios
fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que
se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el
verdadero motivo de esta comisión.
El informe policial aporta la transcripción de
conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el
exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma:
"Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis
meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
www.elpais.es 29.06.11
2) CASO GÚRTEL: LA EXESPOSA DE PANERO SE NIEGA A DECLARAR
ANTE EL JUEZ
Pedreira mantiene imputada a la que fue mujer del
exalcalde de Boadilla
La exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero se negó ayer a declarar ante el magistrado que instruye el
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que la había citado como
presunta autora de un delito contra la Hacienda pública. Elena Villarroya
rechazó testificar al entender que el juez no era competente tras inhibirse
de la investigación del caso a favor de la Audiencia Nacional, según
explicaron ayer fuentes del caso, que especificaron que el magistrado ha
decidido mantener su imputación. También estaba prevista la declaración de
González Panero, pero esta se ha aplazado hasta el 14 de julio.
En su comparecencia ante el TSJM, Villarroya resaltó,
además, su intención de no prestar declaración hasta que concluya la
inspección de Hacienda a la que está sujeta.
La decisión del juez de imputar la semana pasada a
González Panero, conocido como El Albondiguilla, y a su exesposa ha
alejado la posibilidad de que el delito contra la Hacienda pública que el
magistrado les atribuye prescriba, al haber pasado seis años, ya que fue el
28 de junio de 2005 cuando se abrió la cuenta en Suiza. Tanto Villarroya
como González Panero fueron imputados como presuntos autores de un delito
fiscal al poseer una cuenta no declarada al fisco en un banco suizo.
El fraude del que se les acusa asciende a 365.000 euros.
En la cuenta, abierta a nombre de Longridge Internacional, SA, Villarroya
aparecía como apoderada y González Panero como gestor. En declaraciones a EL
PAÍS, González Panero negó tener ninguna relación con la empresa, asegurando
que la figura de "gestor" no existe en relación con las cuentas bancarias.
Asimismo, indicó que si el juez considera que la cuenta era propiedad de los
dos ya no podrían ser acusados de un delito fiscal. No obstante, en la
actualidad el límite para ser considerado delito fiscal es de 120.000 euros.
www.elpais.es 30.06.11
EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO
El juez del
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar
el próximo 30 de junio al presidente de la constructora Martinsa, Fernando
Martín, al que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra
Hacienda.
Pedreira le preguntará por un desembolso de casi 13 millones de euros que acabó
en Panamá en manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez
investiga si estos millones tienen relación con una operación inmobiliaria
desarrollada por Martinsa en Arganda del Rey (Madrid) en la que Correa habría
actuado de intermediario ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ginés
López, del PP, otro de los imputados.
En el marco de esa operación, Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones por unas
parcelas tasadas en 100 y se comprometió a abonar otros 11 millones, pero ese
dinero nunca llegó al municipio. Fuentes de Martinsa negaron ayer haber pagado
comisión alguna a la red.
www.elpais.es
14.06.11
EL JUEZ SEGUIRÁ MESES CON EL CASO ANTES DE ENVIARLO A LA AUDIENCIA
Los recursos de dos imputados ante el Supremo frenan el traspaso del sumario
El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el
caso
Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los
recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas
y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la
instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros
seis meses.
Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala
Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en
favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay
imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de
capitales compete a la Audiencia.
Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la
investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los
dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del
sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de
sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para
ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal
Superior valenciano (TSJCV).
Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en
esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho,
el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios
bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno
de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de
Martinsa en Arganda (Madrid).
Otro imputado por soborno
Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández
Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una
gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen
amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y
prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que
siguió el criterio de "los técnicos". Su declaración llegó al culmen cuando,
pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas
hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas
presentadas al concurso.
Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario
Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue
el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de
la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta,
alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído.
www.publico.es
16.06.11
LA TRAMA PREPARÓ UN NEGOCIO PARA UN UN MIEMBRO DEL GRUPO
DE TAMAYO
La red guardaba copia de un contrato de venta de acciones
a Dionisio Ramos, a quien el escolta del tránsfuga señaló como quien le
encargó proteger al diputado
Un documento hallado por la Policía en los ordenadores de
Luis de Miguel, imputado en el sumario Gürtel como uno de los
presuntos blanqueadores de la trama, amenaza con dar una vuelta de tuerca al
caso. Porque el documento, datado en 2002, es la copia informática de un
contrato de venta de acciones de una sociedad del grupo de Correa, Gestión y
Equipamientos Deportivos SL, creada según la propia trama para hacer
negocios con la Universidad Complutense. Y quien figura como comprador es
Dionisio Ramos, el exgerente de esta universidad a quien el escolta de
Eduardo Tamayo señaló ante un juez en 2005 como persona vinculada al encargo
que recibió para proteger al diputado tránsfuga tras el tamayazo, el
golpe que el 10 de junio de 2003 impidió al PSOE gobernar la Comunidad de
Madrid y abrió la puerta de la victoria a Esperanza Aguirre.
El agente de seguridad privada que protegió a Tamayo,
José Antonio Expósito, se retractó de su versión judicial sobre el papel de
Dionisio Ramos tras ser contratado por Intereconomía, informó entonces la
cadena SER. Según Ramos, cambió su relato por otro motivo: "Porque provoqué
un careo". Expósito fue condenado en 2010 por fingir que era agente del CNI.
El exgerente de la Complutense niega tajante que el
contrato sea real
Público
localizó a Ramos a través de una empresa donde comparte cargo de
administrador con la esposa de José Luis Balbás, jefe de filas de Tamayo en
la corriente socialista Renovadores por la Base hasta la fulminante
expulsión de ambos. El ex alto cargo del PP fue secretario general de
Educación en Madrid y de la Complutense negó rotundo la existencia de ese
contrato, anunció acciones legales contra este diario y remachó que Gestión
y Equipamientos Deportivos jamás trabajó para la universidad mientras él fue
gerente. "Ya demandé a una periodista de El País y eso se va a
repetir", espetó en referencia a cómo actuó después de que el citado
rotativo informase en 2006 sobre la caja B con que la Complutense hizo pagos
opacos durante la etapa de Ramos, gerente hasta 2003. Fuentes de la
universidad madrileña confirmaron el viernes la existencia de ese "fondo de
reptiles", así como que el escolta Expósito cobró de la universidad días
después del tamayazo. Y corroboraron que el caso, denunciado por el
Rectorado, continúa en manos de un juez.
Integrado por tres folios, el contrato de venta de
acciones a Dionisio Ramos consta incorporado al sumario Gürtel junto
con los restantes archivos informáticos incautados en el despacho de De
Miguel. Fechado el 8 de mayo de 2002, su contenido refleja cómo Spinaker
2000, empresa largamente investigada por el juez Antonio Pedreira, declara
haber vendido al entonces gerente universitario 1.800 de sus 5.990
participaciones en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. El precio, 1.800
euros.
Vehículo de pagos ilegales
La sociedad de la que habla el documento buscaba
contratos con la universidad
Un informe policial del sumario Gürtel
presenta a
Spinaker 2000 como una de las sociedades que, con estructura de muñeca rusa
sus títulos pertenecían a una compañía radicada en un paraíso fiscal utilizó
la trama para canalizar pagos ilegales a varios dirigentes del PP. El
informe cita como supuestos receptores al exdiputado Jesús Merino, el
exsecretario de acción electoral y exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, el
eurodiputado Gerardo Galeote y el extesorero Luis Bárcenas, todos ellos
salvo Galeote ya imputados. Bárcenas y Merino niegan todo vínculo con
Spinaker.
La venta de participaciones a Dionisio Ramos quedó
fechada 20 días después de la constitución de Gestión y Equipamientos
Deportivos, cuya titularidad real pertenecía a la trama. Así lo reconoce el
propio Luis de Miguel en un escrito recibido por el juez Pedreira. "La
sociedad dice ahí el abogado de De Miguel fue constituida pensando en que
sería utilizada por el grupo empresarial del Sr. Correa. Por ello, se
confirieron poderes a Pablo Crespo Sabarís", considerado el número dos de la
red corrupta. En ese mismo texto, el defensor de De Miguel reconoce que
también Spinaker fue creada a petición de Correa.
A lo largo de dos conversaciones, el exgerente
universitario negó con reiteración haber hecho ningún negocio con Luis de
Miguel, a quien dijo no conocer, o con cualquier otro miembro de la red
Gürtel. Y anunció "una querella o una demanda" contra este diario en
el momento mismo en que se ligara su nombre a la trama corrupta. Público
le ofreció enviarle una copia del contrato para que pudiese estudiarlo y
comprobar que la foliación lo identifica como un documento sumarial. En la
primera llamada telefónica, el exgerente accedió a recibirlo mediante fax o
correo electrónico. Una hora más tarde había cambiado de opinión: ya no
estaba interesado en ver los papeles.
Ante la insistencia del diario en saber si, a su juicio,
la única explicación posible es entonces la de que alguien hubiese
suplantado su identidad, Ramos terminó por responder así: "Yo no le digo
nada. No tengo ni idea de si han suplantado mi personalidad o de si se lo ha
inventado usted [el contrato]".
Con este, son ya dos los nexos entre la
Gürtel y
el grupo de Tamayo que destapa el sumario. El primero se relaciona con una
anotación en la agenda de Pablo Crespo, quien en el otoño de 2005 escribió
un apunte sobre la creación de un nuevo partido valenciano destinado a
debilitar a los socialistas. El apunte se hizo en las mismas fechas en que
irrumpió el Partido Social Demócrata (PSD), que nació con el objetivo
confeso de atrapar votos del PSPV y cuya sede oficial coincide con la del
despacho de José Luis Balbás. Ramos participa en numerosas sociedades
inmobiliarias y de servicios 27, según sus datos, en parte de las cuales
comparte gestión con ejecutivos ligados a Balbás.
www.publico.es 02.05.11
CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER A
UNA EMPRESA AFÍN
La directora de Comunicación adjudicó contratos
públicos valorados en más de 400.000 euros a la compañía de un socio de su
hermano- Teresa Alonso-Majagranzas trabajó para una empresa relacionada con
Gürtel
La directora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas
(PP), Teresa Alonso-Majagranzas, presentó ayer su dimisión tras haberse hecho
público que desde 2008 y hasta marzo de 2011 concedió a la empresa Simple Part
of Design Place, SL (SPD), contratos de publicidad por un valor cercano a los
400.000 euros, según informó ayer la cadena SER. SPD es una empresa de Roberto
Guitián Yustas, socio en otra compañía del hermano de Teresa Alonso-Majagranza.
Los dos son los dueños de una compañía de publicidad que compartía el mismo
objeto social; la misma dirección y el mismo teléfono que la firma beneficiada
por las adjudicaciones del Consistorio. La responsable de estas adjudicaciones
fue presuntamente Teresa Alonso-Majagranza, quien ayer no respondió a las
llamadas de este periódico para aclarar estos términos. La denominación de esta
segunda empresa, en la que aparece el hermano de la empleada municipal es
Adquiere Publicidad. Esta firma fue creada un mes antes de la llegada de Teresa
Alonso-Majagranza al Consistorio de Alcobendas, en agosto de 2007.
El Consistorio dice que volverá a contar con la
empleada expulsada
Tal y como consta en la documentación que obra en poder de EL
PAÍS, a lo largo de 2008 la sociedad SPD realizó varias campañas institucionales
de publicidad en Alcobendas, con unos ingresos de 118.252 euros. En 2009 fueron
120.932 euros; en 2010, 127.000 euros; y en lo que va del presente ejercicio
11.275 euros. El Ayuntamiento difundió ayer una nota en la que tras defender la
"honestidad" y "profesionalidad" de este cargo de confianza anunció su
"suspensión" como empleada del Consistorio.El Ayuntamiento de Alcobendas
sostiene que la exdirectora de Comunicación, Teresa Alonso-Majagranzas, presentó
su dimisión por la sensibilidad que rodea al periodo preelectoral: "Con el ánimo
de no perjudicar ni a la candidatura conformada por el actual equipo de Gobierno
del Ayuntamiento ni a la propia institución".
El Gobierno local mantiene su total confianza en la
exempleada, de la que destaca su "generosidad". Pese a ello, el Consistorio ha
decidido suspenderla: "Con la intención de preparar la documentación precisa que
demuestre que los procedimientos llevados a cabo durante su gestión han sido, en
todo momento, transparentes, conformes a los procesos existentes, y siempre en
la mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento". Por todo ello, el
Consistorio explica que una vez aclaradas las circunstancias por las que se
suspende a Teresa Alonso-Majagranzas, esta se reincorporará de nuevo a su
puesto: "Para poder seguir ejerciendo en un puesto clave para la promoción de la
buena imagen de la ciudad de Alcobendas".
El miércoles, la cadena SER adelantaba que Alonso-Majagranzas
había reconocido que fue ella quien encargó el diseño y la maquetación del
folleto de las Navidades de 2007 a una empresa de la que había sido apoderada.
La factura por estos servicios ascendieron a 3.364 euros. Esta mercantil es
Traci Comunicación, una sociedad limitada que en 2007 tenía el mismo domicilio
social; el mismo número de teléfono y de fax que Over Marketing y Comunicación.
Esta última mercantil está presuntamente implicada en el caso Gürtel y
Palma Arena.
Además, en declaraciones a la misma emisora, Teresa
Alonso-Majagranza dijo que en el momento en el que fue nombrada en el
Ayuntamiento de Alcobendas, abandonó el cargo de directora de comunicación en
Over MC y dejó de ser apoderada de Traci. Este cargo de Alcobendas también
reconoció que la cuantía de la factura reflejaba un trabajo menor: un folleto
del que se realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios
del municipio.
En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios
suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over MC hizo la
campaña del exministro de Medio Ambiente y presidente balear, Jaume Matas, en
2003. Asimismo, Over MC fue beneficiaria de un contrato de creatividad
publicitaria del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), por un valor de dos
millones de euros. Según declaró Isabel Jordán, empleada de la red Gürtel, Over
MC fue una de las sociedades pantalla de las empresas del cerebro de la trama,
Francisco Correa.
En una de las conversaciones interceptadas a la trama entre
Correa y Pau Collado, otro de los empleados de la red, el cabecilla llega a
preguntar por "lo de Alcobendas", a lo que Collado contesta: "Lo de Alcobendas
ya está, ya está cerrado, en marzo empezamos". "En marzo empezamos, lo que pasa
es que, claro, no son los presupuestos que había antes". Ante lo que Correa le
responde: "Lo que hay que hacer es la campaña", contestándole Collado:
"Alcobendas ya está, ya está facturada una parte".
www.elpais.es 19.04.11
LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN AL
TRIBUNAL DEL CASO
Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza a
cuenta de las grabaciones en prisión
La división y la tensión son totales entre los tres
magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que dirime los recursos del caso Gürtel.
Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar
libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido
ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente del
tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza al instructor del
caso, Antonio Pedreira.
Robledano considera "innecesarias e impropias" las
críticas al instrutor
Este auto, que revoca una decisión de Pedreira sobre los pasos
a seguir para eliminar de las diligencias las
grabaciones de las conversaciones entre los
cabecillas de la red y sus abogados en la cárcel, emplea términos
casi insultantes y aleccionadores sobre cómo debe abordar el instructor el
incidente de
nulidad de las citadas escuchas.
Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel Suárez
Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a Pedreira y
sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte son "innecesarias,
inadecuadas e impropias del funcionamiento ordinario y regular de las
instituciones del Poder Judicial, y que además no responde a la realidad de lo
ocurrido en el caso".
Fernández Castro recrimina a Pedreira una supuesta demora en
la instrucción del proceso, y trata de darle clases sobre cómo debe tramitar la
anulación de las escuchas. Suárez Robledano le replica recordando la complejidad
de un sumario que acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas",
comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados". La propia
Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados por las partes, lo que
da idea de la enorme actividad de las investigaciones que desarrolla Pedreira
desde hace casi dos años.
Fernández Castro y Vieira dejan entrever que Pedreira no ha
escuchado todas las conversaciones grabadas. Le instan pues a hacerlo y a
eliminar, palabra por palabra y anotando periodos concretos del diálogo,
aquellos pasajes que atenten contra el derecho de defensa, así como cuestiones
referidas a la intimidad.
Suárez Robledano sugiere que los firmantes del auto, que suman
mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las grabaciones.
El auto de Fernández Castro estima tres recursos presentados
por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del Gobierno madrileño de
Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso Bosch, contra una decisión de
Pedreira que ordenaba eliminar en bloques las grabaciones entre abogados y
clientes en la cárcel, así como todos aquellos pasajes que afectaran a su
intimidad.
Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la formulación de los
tres citados recursos de apelación ha puesto antes que nada de manifiesto la
singular forma en que el instructor, sin acompañar o exponer, como es
imprescindible en derecho, sin motivación alguna al respecto (...)".
En su voto particular, Suarez Robledano rechaza esta
afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la motivación" que
marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de ocho folios- los pasos a
seguir para eliminar las partes del sumario afectadas por la nulidad.
Los abogados de los tres procesados afirman que Pedreira ha
hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen tener acceso a ellas
íntegramente.
El auto de Fernández Castro da la razón a los apelantes y
señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea que se espera del
instructor. Es, por el contrario, preciso que este, digámoslo con propósito no
solo didáctico, sino en estricto ejercicio de la potestad funcional que a esta
Sala incumbe, lea detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones
intervenidas".
A continuación, en una suerte de ejercicio pedagógico, trata
de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea actuar así, implicará una
persistencia en el error y una pérdida de tiempo tan lamentable como
insubsanable".
www.elpais.es 20.04.11
PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN ALTO
CARGO DE ARGANDA
Es Juan Fernández, presidente de la Sociedad
Municipal para el Fomento que, según la investigación del 'caso Gürtel',
contrató a las empresas de Correa
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de mayo al presidente
de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández
Caballero. El juez accede a la petición realizada por la Fiscalia
Anticorrupción, a la que recientemente se adhirió la acusación popular ejercida
por los concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación del
caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el organismo público
que contrató a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Entre
2005 y 2008 adjudicó contratos por valor de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda
ha exigido el "cese fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas
argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su vez presidente
de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las responsabilidades que
correspondan".
Además de a Fernández Caballero, Pedreira también cita a
declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los responsables del informe técnico
que determinó la adjudicación de la Ciudad del Deporte a una de las empresas de
la trama: Constructora Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de
testigo la concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de
Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández de Guzmán.
El efecto electoral
El antecesor de Fernández Caballero en el cargo, Benjamín
Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como
el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP).
En contra de la doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el
escándalo de corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato-
el PP
ha mantenido como candidato en Arganda
al actual regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.
El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el imputado
Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa
Martinsa, que había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente
de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín
Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP,
cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero delegado desde 2006.
Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de euros por
intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por
Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893
euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy
cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de
la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago,
de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la
empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.
"Martinsa se portó conmigo"
Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo
principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó un total de 66
millones comprometiéndose a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero
nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa
levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a
construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha edificado ningún.
Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha constado
que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros
procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia
helvética, procedían de Martinsa.
La información de las autoridades suizas demuestra la
veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de
Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la
instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un
centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como
la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas
grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se
portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo,
todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de
Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la
operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el
negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de
Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama
corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.
El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado
por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó;
y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de
2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El
Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de las opiniones
de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas
privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique
Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre
en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su
antigua empresa).
www.elpais.es 20.04.11
PEDREIRA CITA AL EXTESORERO DEL PP ROSENDO NASEIRO
El juez indaga si Bárcenas pidió un crédito de
325.000 euros para cuadros
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio
Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al
extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un
escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP. La Fiscalía
Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el
destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas
-sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000
euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra.
Bárcenas fue forzado a dimitir en abril de 2009 como tesorero
del PP tras verse implicado en el escándalo Gürtel por haber recibido
supuestamente más de un millón de euros de la trama que dirigía Francisco Correa
por mediar para la red corrupta en la consecución de contratas de obras
públicas.
Préstamo fallido
Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro
después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado
29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen,
Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista
de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el
dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de
Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.
La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en
realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una
operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la
contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan
cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que
supuestamente pidió como préstamo.
El juez Pedreira también ha citado para el día 4 de mayo a
Miguel Granados, el experto en cuadros al que supuestamente acudió Bárcenas para
desarrollar la frustrada operación de los cuadros.
Naseiro tuvo problemas con la justicia en 1990, siendo
tesorero del PP, tras aparecer su nombre en grabaciones telefónicas judiciales
vinculado con operaciones de financiación ilegal del PP. Pero pudo esquivar
aquella investigación gracias a que el Tribunal Supremo anuló las escuchas
interceptadas.
www.elpais.es 16.04.11
EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP QUE
DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO
El Tribunal Constitucional estimó el pasado lunes la cuarta
demanda de amparo de las 112 presentadas por el exconcejal del PP de Majadahonda
José Luis Peñas. Este exedil recurrió al Alto Tribunal al negarle el equipo de
Gobierno del PP, encabezado por su alcalde, Narciso de Foxá, la participación en
las comisiones informativas municipales. Según la fiscalía, el Consistorio del
PP vació de contenido el derecho político a participar de los recurrentes, ya
que se les convocaba pero no se les dejaba votar. Además, el primer edil impidió
que José Luis Peñas constituyera el Grupo Mixto municipal junto a otro edil que
también había sido obligado a abandonado el PP: Juan José Moreno Alonso. Ambos
fueron expulsados del partido el 29 de julio de 2005, y al no poder formar el
Grupo Mixto tuvieron la consideración de concejales no adscritos.
Peñas fue quien asesorado por el letrado Ángel Galindo,
concejal de Alternativa por Boadilla (APB) en este municipio, presentó la
denuncia inicial que dio paso al caso Gürtel, que ha destapado la mayor
trama de corrupción conocida en la democracia española ligada a un partido
político: el PP. El mencionado abogado recurrió al Constitucional tras ver cómo
la Sección Octava y Novena de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba los recursos que había
presentado contra las sentencias de los juzgados de lo
Contencioso-administrativo de Madrid.
Estos exediles argumentaban en sus recursos de amparo que el
equipo de gobierno del PP de este municipio había vulnerado sus derechos
constitucionales. Precisamente el primero de los cuatro amparos concedidos por
el Tribunal Constitucional, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), declara, tras reconocer su derecho a la participación política en
condiciones de igualdad, la nulidad de la comisión informativa de 24 de enero de
2006 de asuntos económicos del Ayuntamiento de Majadahonda recurrido por Peñas.
Este fallo del Tribunal Constitucional pone de manifiesto que
el equipo de Gobierno de Narciso de Foxá vulneró los derechos constitucionales
de los dos ediles al prohibir su participación en las comisiones informativas.
La decisión del Tribunal Constitucional se produce después de
que el fiscal Alfredo Ramos solicitara al Alto Tribunal que unificara sus
criterios, con la intención de que se admitieran a trámite todos los recursos
presentados por los exconcejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan
José Moreno. Y lo hizo al constatar que no todas las demandas se admitían a
trámite. Hasta el momento, el Constitucional ha admitido 45 recursos, de lo que
cuatro ya han sido estimados. Por el contrario, inadmitió 11, lo que provocó las
quejas del fiscal del Constitucional, que ha recurrido esta decisión, tratando
de guardar la homogeneidad en las decisiones.
www.elpais.es 20.04.11
LA LISTA DE
BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL
El pasado 23
de marzo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió disculpas ante “el
70% de los ciudadanos de Boadilla del Monte que votaron al PP en las elecciones
municipales de 2007 por haber defraudado su confianza" y aseguraba que a su
partido "nunca le ha temblado el pulso para cortar todas las cabezas
necesarias", incluso antes de que los presuntos responsables hayan sido
condenados.
Lo dijo en un acto en Boadilla para apoyar a su
candidato a la Alcaldía, Antonio González Terol, donde prometió que
se produciría una renovación en la lista popular en ese municipio.
Sin embargo, fuentes cercanas al PP local han denunciado a ELPLURAL.COM que la
presidenta madrileña no ha conseguido “borrar el rastro de Gürtel” dejado
por el ex alcalde Arturo González Panero (El Albondiguilla), imputado por
corrupción.
Suárez y
Muñoz
En la lista del
PP de Boadilla a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se mantienen
antiguos miembros del equipo de El Albondiguilla, como como Natalia
Suárez, que aspira a un puesto de concejal. El padrino político de Suárez
fue Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid que dejó el PP tras ser
imputado en el caso Gürtel. Bosch manejaba los hilos en la EMSV, la
empresa municipal de suelo donde introdujo a Suárez con un contrato blindado que
aún mantiene. También irá en las listas Trinidad Muñoz, la jefa de gabinete de
Juan Siguero, el hombre que sustituyó a Panero como alcalde cuando estalló la Gürtel, aunque después también tuviera que dejar el cargo al ser imputado en
el caso de corrupción.
Manuel Malavé de Cara
Así mismo, cabe
destacar la presencia de Manuel Malavé de Cara, exsecretario de Comunicación en
la etapa del exalcalde, y exconsejero de la Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda en las etapas de Tomás Martín Morales y Bosch, ambos acusados de
recibir sobornos por presuntas adjudicaciones irregulares de la entidad pública.
Los
disidentes no están en la lista
Sin embargo,
las mismas fuentes denuncian que no estarán en la lista electoral los cargos
María Jesús Díaz, Francisco Pastor y Francisco Sánchez Arranz, que se
enfrentaron a Panero por sus presuntas irregularidades.
Un
procesado, miembro del comité electoral
En el actual
comité electoral aparece el nombre de José María de la Mata, ex concejal de
Hacienda en la época de Panero, procesado por malversación de fondos y
prevaricación.
El equipo de Comunicación de Panero
El gabinete de
Comunicación del grupo popular que acompaña a la nueva apuesta del PP en
Boadilla, Antonio González Terol, es también el mismo equipo de González Panero.
Entre estas personas se encuentra Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid y candidato popular a Alcorcón, David Pérez, y persona
de confianza de El Albondiguilla y de su sustituto Juan Siguero, también
implicado en el caso Gürtel.
www.elplural.com 09.04.11
PEDREIRA
DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO
El instructor
del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han
sido sus primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón “es
inocente, los tribunales se pronunciarán” y ha precisado al respecto que él
presume “de la inocencia” del juez. Pedreira ha anunciado que decretará la
apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.
El magistrado
ha contestado a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, antes de tomar declaración como imputados al exsecretario general del PP
de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri.
A continuación
de las elecciones regionales
El instructor
del caso Gürtel ha explicado que la prueba “ya está terminada” y que cree
que el procedimiento “se terminará” con la legislatura madrileña actual “y se
celebrará el juicio a continuación” de las próximas elecciones autonómicas.
Cree que el
Supremo lo está haciendo bien
Pedreira ha
valorado positivamente la actuación del Tribunal Supremo contra Garzón por
ordenar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por los
cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus
abogados.
Le ha caído una
buena encima
Sobre el
caso Gürtel, el juez ha admitido que le ha caído “una buena encima”, aunque
ha agregado que está “contento”. Pedreira investiga la parte más importante de
este proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar Garzón,
entre varios juzgados.
www.elplural.com 13.04.11
LA COMUNIDAD NO ENVÍA FACTURAS DE GÜRTEL PEDIDAS
HACE SEIS MESES
Asegura en un escrito a Pedreira que es normal que se dilate
El letrado de la Comunidad de Madrid Roberto Pérez Sánchez ha
remitido un escrito al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, en el que asegura, seis meses después de ser requeridos por el juez,
que es normal que el proceso de localización y recopilación de los documentos
pedidos se dilate "algo" en el tiempo. Así justifica el letrado que pese a
solicitarlo por primera vez el juez el 1 de septiembre las facturas pagadas por
el Gobierno regional al Grupo Rafael, cuyas empresas ejercían de pantalla para
Francisco Correa, no se hayan enviado todavía. "La detección y recopilación de
las facturas lleva una ingente labor de búsqueda y clasificación en los archivos
administrativos de las diferentes consejerías", recalca el letrado del Ejecutivo
de Esperanza Aguirre.
El juez Pedreira no se ha quedado de brazos cruzados y, un día
después de recibir el escrito de la Comunidad, dictó una providencia en la que
solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) que le informara sobre la
existencia de facturas de la Comunidad al Grupo Rafael.
La falta de colaboración del Ejecutivo regional, que niega el
abogado, ya fue objeto el 16 de diciembre de 2010 de una providencia de
Pedreira, en la que el magistrado advertía de la responsabilidad penal de la
persona que no colaborara. Por eso el PSOE solicitó la declaración como imputado
del secretario general técnico de la Comunidad, Héctor Casado López, al
considerar que esta forma de actuar ponía en evidencia la "intención manifiesta"
de ocultación de los datos solicitados por el tribunal. Además, el abogado
defiende en el escrito la labor realizada por el Ejecutivo popular en relación a
las peticiones judiciales: "La Comunidad de Madrid ha atendido, con plena
exactitud, todos y cada uno de los requerimientos cursados por los órganos
judiciales que, de forma sucesiva, se han ocupado de la instrucción".
Pero el funcionario regional hace también una valoración
política de la petición de los concejales socialistas: "Resulta triste que el
ansia de perjudicar a toda costa al adversario electoral, el deseo de obtener
rédito político por cualquier medio, lleve a algunos a hacer pasar por auténtico
aquello que no lo es".
LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA
DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID
El exconsejero López Viejo otorgó
concesiones a una empresa ajena a Correa.- "Pillé a López Viejo dándole trabajo
a otro; dice que se lo pidió la presidenta"
Una empresa constituida en enero de 2006,
Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses después en el reparto supuestamente
ilegal de contratos por cientos de miles de euros para la organización de actos
institucionales de la Comunidad de Madrid en los que participaba la presidenta
Esperanza Aguirre.
El cerebro político de esta trama corrupta,
según la investigación del caso Gürtel, era Alberto López Viejo,
exconsejero de Aguirre y encargado por orden de la presidenta de organizar todos
sus eventos.
Durante la primera mitad del primer mandato de
Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos fueron encargados por López Viejo,
aunque no tuviera responsabilidad ni mando sobre la consejería que los
convocaba, a empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
A partir de 2006, la cosa cambió un poco, según
el último informe policial fechado el pasado 2 de marzo de 2011 e incorporado al
sumario del caso Gürtel, donde se hacen públicos los correos electrónicos
que se cruzaban entre sí los directivos de la red Gürtel para tratar las
incidencias en la actividad de sus empresas.
En mayo de 2006, los responsables de la trama
corrupta estaban preocupados porque López Viejo había diversificado el reparto
de actos institucionales de la presidenta y, por tanto, de un negocio que podía
alcanzar varios millones de euros al año.
Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la
empresa de la red Gürtel encargada de los actos de Aguirre, escribe a su jefe,
Pablo Crespo, número dos de la trama para trasladarle algunos motivos de
preocupación respecto a una firma que organiza actos para Aguirre: "He hablado
con Alberto [supuestamente López Viejo] de la empresa Ilusiona y, según él, no
son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo los
trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son cuatro actos que hemos
hecho con ellos".
Jordán se refiere, y la cita por su nombre en
el correo electrónico, a la empresa Ilusiona, que por entonces tenía como
administrador único a Javier Fernández Verea, vinculado a un amigo de López
Viejo y propietario de la discoteca Gabana, según la investigación.
Entre la documentación incautada a la trama
corrupta figuran 23 trabajos por actos institucionales de la presidenta de la
Comunidad de Madrid entre abril y julio de 2006 por 345.190 euros facturados a
nombre de Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la empresa Servimadrid
Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los facturaba Ilusiona, según
la documentación que aporta en su informe la policía.
En junio de 2006, la desconfianza de la trama
corrupta en López Viejo había aumentado. Isabel Jordán remite entonces otro
correo electrónico a Pablo Crespo: "Este señor (en referencia supuestamente al
exconsejero autonómico Alberto López Viejo) está haciendo cosas raras. Le he
pillado dándole trabajo a una empresa que se llama Ilusiona para la cual
nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta [Esperanza Aguirre] quien
le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he informado a través de cierto
alcalde, que este chico es amigo de él... A nosotros nos sigue dando trabajos
pero está diversificando, porque todo el mundo habla de él y de sus chanchullos
(...)".
www.elpais.es 23.03.11
JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A
ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"
Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la
empresa de la trama Gürtel que organizaba todos los actos institucionales
presididos por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006, tenía contactos con Alberto
López Viejo, el consejero del Gobierno regional que le adjudicaba a dedo la
mayoría de los contratos de la Comunidad de Madrid.
De esta relación con el consejero daba cuenta
Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y
lugarteniente de Francisco Correa.
En uno de los correos electrónicos que envía
Jordán a Crespo y que este responde, se produce un curioso intercambio de
informaciones en base a tres de los seis puntos que abordan en la siguiente
conversación.
Isabel Jordán. (...) "2. Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo para
comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no pagar tantos
impuestos".
"4.
Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a Alberto López
Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".
"6.
También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo sobre la
Asamblea de Madrid".
Pablo Crespo. "(...) 2. Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben comentar
por e-mail (todavía menos que por teléfono)".
"4.
¿Quién es Alberto López Viejo? No le conozco".
"6.
Sigo sin saber quién es ese señor".
www.elpais.es 23.03.11
EL PSOE PIDE QUE DECLAREN LOS JEFES DEL PP EN LA CAMPAÑA DEL 'TAMAYAZO'
Los socialistas citan un informe policial sobre la financiación de la red Gürtel
al PP
El PSOE ha solicitado al magistrado que instruye el
caso Gürtel, Antonio
Pedreira, que cite a declarar como imputados a los responsables de la
organización y de la financiación de los actos de la campaña electoral del PP en
2003, como presuntos autores de un delito de cohecho. Esa campaña fue la primera
en la que Esperanza Aguirre se presentó como candidata a la Comunidad, y en la
que se produjo la espantada de dos diputados socialistas, conocida como el
tamayazo, que impidió un pacto de gobierno del PSOE con IU. Los máximos
responsables del PP en Madrid eran Pío García Escudero, ahora portavoz en el
Senado, y Ricardo Romero de Tejada.
-
Según el escrito de
la policía, la red pagó a Mato y a su hija un viaje a Suiza
-
El PSM considera que
hubo una concertación previa con la red corrupta
El PSOE ha tomado esta decisión tras conocer el contenido de un informe de la
Policía Judicial que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de
2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de
11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la
red Gürtel. Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de
la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión
ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.
Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos, el protagonizado por
Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el
Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los
abonos realizados por las empresas privadas al cerebro de la red corrupta,
Francisco Correa, según el informe.
Un apartado de los pliegos de la adjudicación de la basura en Boadilla obligaba
a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de
comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Ayuntamiento. Y en
todos los casos, Correa cobraba por esas campañas que no se realizaron. Así, la
trama facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP en Boadilla, lo
que demostraría la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. El
pasado jueves, Pedreira dictó una providencia en la que solicita a los
Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Madrid información sobre las campañas
de publicidad desarrolladas por la empresa Special Events, de Correa, con las
que se financiaron al menos cinco actos del PP en Boadilla.Los socialistas
reclaman en su escrito al juez que solicite al PP que certifique el nombre de
los responsables del partido en la campaña de 2003, y señalan que para abonar el
acto electoral de Esperanza Aguirre sobre el Metro ligero tuvo que haber una
"concertación previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" de
Aguirre sobre el PP de Boadilla del Monte. La petición considera necesario que
se "aclaren" los términos en los que fue financiado dicho evento y el grado de
participación de las personas que intervinieron en el mismo: "Por eso
consideramos esencial la declaración de los responsables de la campaña electoral
del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, pues es dicha
organización política la que resultó beneficiada por la irregularidad manifiesta
cometida por el alcalde de Boadilla".
El informe policial remitido al juez hace dos semanas, y que sirve de base para
que los socialistas pidan la imputación de los responsables de la campaña
electoral del PP madrileño, no es el primero que la policía entrega al juez
sobre la presunta financiación ilegal de los populares. A mediados de 2010, otro
exhaustivo documento ofrecía múltiples indicios de financiación ilegal de las
campañas electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del
PP que recibía fondos de numerosas empresas privadas contratistas de la
Comunidad de Madrid, donde gobiernan los populares desde 1995. "Estos fondos,
obtenidos por la Fundación, provienen de empresas privadas a las que se le ha
adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
Administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores", relata el texto policial, que cita de
forma expresa los nombres de importantes empresas y algunos particulares.
Y como
conclusión, el informe indica que existen un conjunto de facturas emitidas por
Special Events al PP por actos relativos a campañas electorales o al congreso
regional, en las que se ha producido un cambio de entidad y/o de concepto. "Es
decir, por actos realizados al PP de Madrid o al PP Nacional con motivo de las
elecciones realizadas en 2003 y 2004 se emiten facturas con conceptos ficticios.
Asimismo, por actos realizados al PP de Madrid, europeo o nacional con motivo de
las elecciones autonómicas de 2003, al Parlamento Europeo o generales de 2004, o
por el congreso regional del PP de Madrid de 2004 se emiten facturas cambiando
la entidad, que pasa a ser Fundescam, y el concepto de la misma". Precisamente
en una de estas facturas interceptadas a la trama, uno de los empleados de
Correa anotó a mano que el concepto de la misma se cambiaría tras hablar "con el
gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez".
La Fiscalía Anticorrupción ya expresó en su día que los hechos eran
constitutivos de delito pero que este había prescrito y que salvo que en el
curso de la investigación se descubrieran conductas semejantes en años más
recientes no podía apoyar la imputación de los dirigentes del Partido Popular.
Por otra parte, el PSOE también ha solicitado a Pedreira que testifique como
imputada la parlamentaria del PP Ana Mato, que en 2003 estaba casada con el
también imputado Jesús Sepúlveda, como presunta autora de un delito de cohecho
al recibir dádivas por parte de las empresas de la trama de corrupción mientras
ejercía como cargo público. Según el informe policial, la red de Correa le pagó
a ella y a su hija un viaje a Suiza y la estancia en un hotel de lujo.
La factura con la que se abona el viaje de Ana Mato, según el escrito de los
socialistas que manejan un informe policial, así como otras facturas a nombre de
su exmarido se pagaban mediante ingresos en metálico con origen en la denominada
caja B de Francisco Correa. Por su parte, Ana Mato aseguró que ella misma había
abonado estos gastos.
Los socialistas recuerdan que en esas fechas Ana Mato era miembro destacado del
comité nacional del PP, diputada nacional hasta junio de 2004 y eurodiputada a
partir de esa fecha, habiendo ocupado desde 2003 a 2004 el cargo de julio de
coordinadora de Organización del PP.
www.elpais.es
15.03.11
EL JUEZ DECIDIRÁ SI CITA A LA ALCALDESA DE BOADILLA
El abogado de la acusación popular en el
caso Gürtel, ejercida por el
PSM-PSOE, ha pedido al magistrado que investiga la trama presuntamente
encabezada por Francisco Correa que cite a declarar como imputada a la nueva
alcaldesa del PP de Boadilla del Monte, Mercedes Nofuentes, y a la concejal
Belén Húmera. De tener en cuenta el juez esta petición, Nofuentes sería el
tercer alcalde de Boadilla imputado en la trama Gürtel.
Los socialistas consideran que ambas deben declarar por su participación en la
adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora
Hispánica, por 30 millones de euros, en una junta de gobierno extraordinaria de
la que se ausentó el ex primer edil Arturo González Panero. Según los
socialistas, el contrato se adjudicó días antes de la campaña electoral de las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, con la asistencia de solo
tres concejales y la ausencia de otros cinco. Los ediles que asistieron a la
junta fueron: como presidenta accidental Mercedes Nofuentes; así como el
exalcalde Juan Siguero, también imputado, y Belén Húmera, además del interventor
y de la secretaria general.
El escrito enviado al juez destaca que en un archivo interceptado a la trama se
explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la
contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente
será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de
gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de
Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de
la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de
Organización del PP gallego.
Los socialistas piden también al juez que cite como testigo al empleado
municipal Juan Carlos Rey Rico, quien se encargó de uno de los dos informes que
constan en el expediente de la Ciudad del Deporte, la adjudicación de mayor
cuantía de la historia de Boadilla del Monte.
www.elpais.es
15.03.11
DINERO OPACO AL FISCO
Antonio Pedreira, juez instructor del
caso Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, encargó ayer a la Agencia Tributaria que realice las
"liquidaciones" correspondientes a 13 de los imputados en la investigación. Es
decir, que diga cuánto dinero ingresaron los cabecillas de la trama de forma
opaca, sin pagar impuestos a Hacienda. Lo hizo a petición de la Abogacía General
del Estado, que lo reclamaba en nombre de la Agencia Tributaria.
Los imputados señalados por el fisco son dos supuestos jefes de la trama
-Francisco Correa y Pablo Crespo-; la esposa de Correa; los exparlamentarios del
PP Luis Bárcenas y Jesús Merino; y ocho exdiputados o exalcaldes populares de la
Comunidad de Madrid. El juez insta a establecer el dinero defraudado siempre que
las cantidades superen los 120.000 euros por impuesto y año. Los informes que
Hacienda ha hecho hasta la fecha ya apuntan a que Correa defraudó presuntamente
18 millones de euros entre 2002 y 2007, y Crespo, 500.000 euros en 2006.
El juez ha vuelto a pedir también de forma "urgente" a varios países que
localicen el dinero blanqueado por la trama.
www.elpais.es
15.03.11
MANUAL DE CORRUPCIÓN DE CORREA
En una grabación recogida en el sumario, el jefe de la trama Gürtel asesora al
exviceconsejero Carlos Clemente para hacer negocios turbios en ColombiaClemente
pide una participación "y no un sueldo" a la red Gürtel en un negocio
Francisco Correa.
Yo no creo que debas ser transparente. Yo creo que deberías ser opaco. Porque
siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás
haciendo business, ¿entiendes?
Carlos Clemente.
No, bueno, pero los hace mi mujer. No, si lo que yo te he dicho es la primera
opción, que la ponga alguien a su nombre y yo compraré las participaciones.
F. C.
Tienes que ser opaco, tienes que ser opaco, Carlos.
C. C.
O sea, entonces hago que la monte uno y yo le compro las acciones...
F. C.
Y no la registras.
C. C.
Y no la registro. Eso es. La llevo al notario y ya está [...].
F. C.
Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría
que fueras opaco...
Esto es un extracto de una conversación telefónica entre el presunto cerebro de
la trama Gürtel y el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid
Carlos Clemente Aguado. "Configura", según el juez instructor Pedreira, "una
estrategia apta para el blanqueo de capitales: asesoramiento legal
especializado, opacidad en la constitución de empresas, empleo de testaferros,
uso de información privilegiada, control indirecto de las empresas y transmisión
de una imagen exterior de legalidad".
Correa asesora a Clemente, según un auto del juez del 2 de marzo, para hacer
negocios aprovechando la posición que va a tener en Colombia. Meses antes,
Clemente había dejado el Gobierno de la Comunidad por voluntad propia para
presidir la fundación privada Alas, en sus palabras, "gracias a la recomendación
de [el exministro de Justicia de Aznar José María] Michavila".
Correa, tras comprobar que Clemente había dejado "todo pagado", le ofrece
participar en sus negocios en el país sudamericano. En otra de las
conversaciones recogidas en el sumario, Clemente interrumpe al cerebro de la
trama porque, resalta el juez, "se iba a recoger a la Comunidad la medalla por
los servicios prestados".
3El exviceconsejero de Inmigración Carlos Clemente -imputado en la trama como
presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación
de fondos públicos- se había preocupado de mantener contactos con dirigentes de
Colombia, meses antes de recibir la llamada de Correa para intermediar en un
negocio allí. En julio de 2008, participó junto al consejero Javier
Fernández-Lasquetty en un viaje al país sudamericano, cuya finalidad era conocer
in situ el destino de la inversión de la Comunidad en cooperación para el
desarrollo de 212.670 euros. En ese viaje ambos se entrevistaron, entre otros,
con altos cargos del Gobierno colombiano y con el alcalde de Bogotá, Samuel
Moreno.
Precisamente, en Bogotá Carlos Clemente Aguado logró hacer amistad, según el
juez Pedreira, con el secretario de alcaldía, Yuri Chillán Reyes, al que
Clemente trató de recurrir para extender los negocios de Correa en Colombia.
Correa ya estaba relacionado con empresas de la energía gracias a su socio
Miguel Uriel Hernández Navarro. Pero el exviceconsejero fue muy ambicioso y,
según la conversación que consta en el sumario, quiso más: "le pregunta a Correa
que, si sale bien la llamada, podría meterse a participar. No un sueldo, una
participación. Correa le contesta que sí, y que su mujer podría estar trabajando
en una de las empresas".
Pedreira llega a la conclusión de que Correa asesora a Clemente para que este
cree una estructura empresarial opaca en Colombia con la que podría operar y
rentabilizar la "información privilegiada" obtenida de su posición, y que
consiste en: "asesoramiento legal especializado por abogados de su confianza;
constitución de empresas por terceros; compra de las participaciones sociales
sin registrarlas; opacidad en el conocimiento del beneficiario real de las
operaciones desvinculándose de ellas; empleo de testaferros; control directo de
las empresas; transmisión de una imagen exterior de legalidad; y uso de la
información y de los contactos para obtener negocios".
En el auto de Pedreira, que mantiene la fianza contra Clemente en 37.000 euros,
decisión que confirmó el pasado martes, se explican otras presuntas relaciones
del excargo madrileño. En la cuenta de la caja B de Correa, según el juez,
consta un apunte de la entrega de un sobre de dinero por orden de "don Vito" -es
decir, de Correa- que el empleado de este Andrés Bernabé debía realizar a Carlos
Clemente. Además, Isabel Jordán, una de las empleadas de la trama, reconoce en
su declaración ante el juez que han hecho regalos a Carlos Clemente y que, antes
de las Navidades de 2006, le entregaron un sobre con 6.000 euros.
Asimismo, la propia Isabel Jordán explicó que estos regalos coincidieron en el
tiempo con la concesión de eventos de la Consejería de Inmigración a las
empresas de Francisco Correa. Clemente, antes de salir del Gobierno regional,
"agilizó" el pago de las deudas pendientes con las empresas de la red corrupta.
En otra conversación, un empleado tranquiliza a Correa, asegurando sobre los
contratos con la Consejería tras la salida de Clemente: "todo sigue igual, están
contentos con nosotros. [...] No va a haber grandes cambios. Todo es gente de la
casa".
El magistrado Antonio Pedreira considera que la imputación en el
caso Gürtel
del excargo de Esperanza Aguirre es "clara", ya que, explica en su auto, "trata
de trasladar su conducta delictiva a Colombia, pese a que la mayor parte de los
hechos imputados se cometieron en España".
Algunos consejos
- "Yo no
creo que debas ser transparente. Hay que ser opaco. Porque siendo gerente de una
fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo business, ¿entiendes?".
- "Me parece
bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría que
fueras opaco, y que no salieras porque me imagino que ahí generarás muchos
enemigos a medida que vas manejando temas y presupuestos... envidias y enemigos
e irán a por ti".
- "Has hecho
muy bien [dejando la Comunidad], como ciudadano colombiano te saldrán 500.000
oportunidades".
www.elpais.es
18.03.11
EL TRIBUNAL DE MADRID DEFIENDE JUZGAR A CORREA Y EL BIGOTES JUNTO A CAMPS
Los jueces dejan en manos de la justicia de Valencia decidir si hay delito
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer que sean
sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama
Gürtel deben ser juzgados junto a Francisco Camps en relación con el regalo de
los trajes y joyas que hizo la red al presidente valenciano y a otros altos
cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).
La Sala ratifica en gran parte la decisión del juez instructor de Gürtel,
Antonio Pedreira, quien en el tema de los trajes se inhibió a favor del Tribunal
Superior de Valencia por entender que tanto el cabecilla de la red, Francisco
Correa, como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes,
debían ser enjuiciados junto a los citados altos cargos del PP por ser ellos
quienes les sobornaron con esas dádivas.
La Sala Penal de Madrid analizó ayer el recurso del PP contra la decisión de
Pedreira en el tema de los trajes y en la que sostenía que no es posible juzgar
de forma aislada a Camps y los otros altos cargos como receptores de los regalos
sin enjuiciar paralelamente a quienes les sobornaron. El PP actúa en Gürtel como
acusación particular, aunque a juzgar por sus constantes recursos más bien
parece ser una defensa.
La decisión de la Sala Penal de Madrid puede demorar el previsible juicio contra
Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel, a pesar de que este asunto ya está
instruido por el juez de Valencia José Flors, quien solo está pendiente de
recibir los escritos de dos imputados antes de tomar una última decisión. Salvo
que su Sala dictamine otra cosa, la intención inicial de Flors es sentar en el
banquillo a Camps y a los otros altos cargos pero no a la cúpula de Gürtel.
Cohecho pasivo
En julio de 2009, Flors dio por instruida la causa de los trajes y dictó un auto
en el que reveló que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas
por Camps en diferentes tiendas de Madrid fueron pagadas por sociedades
vinculadas a Orange Market. También consideró que los hechos "eran constitutivos
de un delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal", que determina
que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le
fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto
no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
Pero el asunto quedó entonces paralizado porque Camps y los otros imputados
recurrieron la decisión de Flors ante la Sala de lo Penal de Valencia, que acabó
archivando el caso de los trajes con el voto a favor del expresidente de este
órgano Juan Luis de la Rúa. La Fiscalía Anticorrupción apeló el archivo ante el
Tribunal Supremo, que un año después tumbó la decisión de la Sala y ordenó
reabrir la causa para juzgar a Camps y los otros imputados. Como el objeto de
ese recurso era el archivo decretado en Valencia, el Supremo no se pronunció
sobre si la cúpula de Gürtel debía ser enjuiciada junto a Camps. Anticorrupción,
que pide para Camps, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros, es
partidaria de que el presidente de la Comunidad Valenciana y los otros altos
cargos se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la
conexión entre los donantes de los regalos y sus receptores.
Fuentes jurídicas de Valencia creen que es factible juzgar a Camps, Costa,
Campos y Betoret como receptores de regalos sin necesidad de enjuiciar en la
misma causa a los donantes de los trajes. Estos medios señalan que el delito de
cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal es un tipo residual y diferente
del activo, y que va dirigido solo contra los funcionarios que aceptan regalos
en función de sus cargos, no contra los donantes.
Fuentes jurídicas de Madrid entienden, en cambio, que el tipo base, el de
cohecho propio, castiga a receptor y dador, y entienden que separar a unos de
otros cara al juicio rompe los principios de "economía procesal" y el de no
ruptura de la continencia de la causa, por lo que lo normal es que se juzgue a
Correa, el Bigotes, Camps y al resto de los imputados en un mismo procedimiento.
www.elpais.es
18.03.11
EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DE GÜRTEL
DESTAPA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Correa organizó, según el documento
remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los
facturó a las concesionarias de la basura
El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en
Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para
construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un
coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC,
concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las dos firmas
abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red
Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este
para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según
indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el
pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel,
la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada
a un partido político: el PP.
El folio de la izquierda es un
manuscrito interceptado a la red, en el que aparecen los gastos generados en
Boadilla por el PP y González Panero. También se ve el reparto que se hace entre
las empresas. Los otros dos documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos
coinciden con la cantidad que abonan FCC y Sufi.-
Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas
a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras
pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización
de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel
Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un
evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de "alcaldía", del 25 de
febrero de 2003 ( 4.475 euros).
La organización de Correa, según las conclusiones
de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de la operación mediante
la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que
encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad,
Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe: "Correa presta los servicios
turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las
compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a
través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi
por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que
cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special
Events por unos supuestos servicios prestados".Las facturas por el pago de los
servicios, según la policía, son "ficticias"y su "único fin es el de hacerse
cargo de distintos servicios de carácter particular [...], así como a gastos
relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha
localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros".
En el registro efectuado en una nave de un
polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de
Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía
considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma del
importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por
los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La suma
de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el
IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido
el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a
nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas
dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.
Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno
de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo
a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de
hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a
Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la
basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar
campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del
Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban
por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta
forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que
demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid.
El modus operandi de los populares madrileños es
muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco
Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido
organizados por la sociedad de Correa Orange Market.
El informe policial que tiene el juez sobre la
mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante
la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el
contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800
euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses
después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo
González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y
al propio Correa.
El informe de la Policía Judicial también indica
que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser
imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la
basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte,
también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.
Asimismo, los investigadores consideran que Correa
utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González
Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones
públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente
pagaran el producto. Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto
de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho
años de Gobierno de José María Aznar.
www.elpais.es 07.03.11
UN EMPRESARIO ADMITE PAGOS DE 1,6
MILLONES EN SUIZA A GÜRTEL
Sufi recibió de López Viejo una
contrata de 48 millones
El presidente de la empresa Sufi, SA, Rafael
Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6 millones de
euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red Gürtel, según
explicaron ayer fuentes jurídicas conocedoras de su declaración. Este dinero
correspondía supuestamente al pago de una comisión del 3% por la adjudicación en
2002 del servicio de recogida de basuras en el distrito de Moratalaz (Madrid)
por 48 millones de euros. El encargado de la concejalía de Limpieza entonces era
Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia
del Gobierno de Esperanza Aguirre. López Viejo está imputado en el caso
Gürtel por el cobro de comisiones de la red corrupta a cambio de la
adjudicación de numerosos contratos a dedo para organizar los actos
institucionales en los que participaba Esperanza Aguirre.
Naranjo dice que algunos Consistorios
pedían dinero para publicitar proyectos
Naranjo, uno de los empresarios imputados en
Gürtel por pagos a la trama para conseguir contratas, no especificó la cuenta ni
el banco de Suiza en los que depositó el dinero, según explicaron ayer fuentes
jurídicas. En una anterior declaración ante Pedreira, Naranjo había admitido
pagos de comisiones del 3% pero lo había vinculado a las obligaciones que
imponía el Ayuntamiento de Madrid para dedicar ese dinero a publicidad
institucional. Tras su declaración de ayer, el dueño de Sufi se convierte en el
primero de la decena de empresarios imputados que reconoce abiertamente haber
pagado comisiones ilegales a cambio de contratos.
Otro empresario también imputado, Alfonso García
Pozuelo, ha reconocido implícitamente haber pagado comisiones a la trama de
Correa, ya que recientemente regularizó su situación con Hacienda pagando 23
millones de euros por cuotas defraudadas en los últimos años. Hacienda le pidió
ese dinero por delitos fiscales antiguos y también contabilizó en ellos, a la
hora de fijar la deuda tributaria, todas las anotaciones de dinero negro que
constan en el sumario de Gürtel como entregadas por García Pozuelo a Correa.
Preguntado ayer por las partes, Naranjo reconoció
que conocía al todavía diputado autonómico Alberto López Viejo pero negó que
tuviera relación con los cabecillas de Gürtel.
Informes policiales que constan en el sumario que
instruye Pedreira acreditan pagos de Naranjo a la red, basados en anotaciones
halladas en la contabilidad B de Correa, por importe de al menos 1,2 millones.
En su primera declaración ante el juez, efectuada
hace varios meses, Naranjo justificó el pago de comisiones en que entonces había
Ayuntamientos del PP que exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el
abono de unas partidas del 2% o 3% para publicidad e información de sus
proyectos.
www.elpais.es 04.03.11
EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' IMPUTA
CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA
Siguero reconoce ante Pedreira que
envió pliegos de contratas solo a la trama
El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló
ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira,
instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas
con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la
red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no
recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes
al interrogatorio.
El instructor no fijó ninguna medida
cautelar contra el imputado
Tras dos horas de declaración, Siguero salió del
Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro
delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y
posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su
predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su
implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira
no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.
Un informe policial atribuye a Siguero haber
facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a
concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el
concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una
empresa Gürtel por más de 600.000.
Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción,
Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la
oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le
envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta
2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si
remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su
respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a
Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.
A Siguero se le preguntó también sobre la
adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las
elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación
fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000
euros.
El polideportivo fue adjudicado en una comisión
municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- .
Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de
la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En
el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo,
quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los
redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de
total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no
recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.
www.elpais.es 25.02.11
PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN
SIGUERO TRAS TOMARLE DECLARACIÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'
El exalcalde de Boadilla reconoce que
envió pliegos de contratas solo a una empresa de la trama de corrupción
El ex alcalde de la localidad madrileña de
Boadilla del Monte
Juan Siguero ha declarado esta mañana durante
dos ante el magistrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio
Pedreira, que instruye el
caso Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones
prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como
cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo,
Arturo González Panero, también dimitido e imputado en la trama de corrupción.
Tras la declaración, el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas
cautelares.
Un documento de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) denominado Informe sobre Boadilla del Monte
acusa al exregidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de
contratas que luego sacó a concurso el Consistorio". En este informe, la UDEF
asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc
para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese
adjudicado a una de las empresas de la organización". Además, señala que "existe
una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano
contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco
Correa". La adjudicación de la oficina se hizo por más de 600.000 euros y un
periodo de 14 años. A preguntas de la fiscalía al respecto, el ex alcalde ha
reconocido que participó en la elaboración del pliego de licitación de la
oficina y que se lo entregó tan solo a una empresa de la trama. En concreto, ha
admitido que envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la
red de corrupción y hasta el 2006 fue asesor del concejal presidente del
distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP). También ha dicho que González
Panero, alias El Albondiguilla, fue quien le presentó a Nombela y a
Isabel Jordán, ejecutiva de la trama Gürtel y una de las principales imputadas.
Alega que no se acuerda
También se le ha preguntado sobre la adjudicación
de
un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes
de las elecciones municipales celebradas ese año, a la firma Constructora
Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa
realizada por el Consistorio de Boadilla y, al parecer, la trama recibió en
concepto de comisiones 1.050.000 euros. El polideportivo fue adjudicado en una
comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él
mismo, entonces edil de Boadilla-, pero no el alcalde González Panero.
Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de
la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En
el primero, Constructora Hispánica lograba la mayor puntuación, mientras que el
segundo la consideraba la tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que
ejerce la acusación particular, por qué se lo acabó llevando Constructora
Hispánica, el ex alcalde ha respondido, como casi en todas las ocasiones, que no
lo recuerda y se ha remitido a los informes técnicos.
La citación responde a una providencia en la que
Pedreira
imputaba a Siguero en la trama el pasado día
10. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla
presentaba su dimisión. También
solicitó la baja del PP. El ex alcalde González
Panero, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos
de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad,
acusó el pasado junio a Siguero de haber
intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el
sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él
que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo
era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y
fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero
del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel
en febrero de 2009, el PP regional optó por dar
la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la
dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.
González Panero afronta una de las fianzas más
altas impuestas a los imputados, de 1,8 millones de euros por los delitos de
asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de
capitales y falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este municipio de 42.430
habitantes
nombró a su tercer regidor en dos años el
pasado día 18. Se trata de Mercedes Nofuentes, la número cinco del PP en en
municipio. La oposición, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) abandonó el pleno
en protesta por no poder intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que
asisterion a la comisión en la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.
www.elpais. 24.02.11
EL CONTRATO POR LA VISITA DEL PAPA EN
VALENCIA LO PREPARÓ UN ALTO CARGO DE BOADILLA DEL MONTE
El imputado Tomás Martín Morales, ex director
general del consistorio madrileño, adaptó los pliegos del concurso de la visita
del Papa a Valencia desde el Ayuntamiento de Boadilla, adjudicados a Teconsa,
por lo que cobró comisión, según la investigación
Novedades judiciales del caso Gürtel. Según un
auto, el magistrado Antonio Pedreira reclama al Ayuntamiento de Boadilla los
expedientes de todos los contratos investigados, acusa a los responsables
municipales de ocultar información, y acusa a quien fuera gerente de la EMV en
ese municipio de asesorar a las empresas de Correa en la elaboración de pliegos
para concursos que después ganaba, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
En un extenso auto centrado en Boadilla, al que ha
tenido acceso la Cadena Ser, el juez instructor Antonio Pedreira solicita de
nuevo al Ayuntamiento todos los expedientes de los contratos investigados por
los que la policía señala que cobraron comisiones el ex alcalde Arturo González
Panero, el ex concejal popular José Galeote y otros altos cargos. En especial,
solicita las operaciones, contratos menores, facturas y expedientes completos
del consistorio y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda con el
entramado de sociedades de Francisco Correa.
Los más señalados son la Ciudad del Deporte de la
constructora Hispánica; 140 viviendas sobre una parcela municipal por parte de
la empresa UFC de José Luis Ulibarri y los proyectos de reparcelación de
Narcisos 22 de Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense. Los supuestos
pagos en B de los cargos del Ayuntamiento, según el auto, figuran documentados
en la contabilidad de Correa y sobre los que los imputados no han dado
explicación al juez.
Pedreira mantiene que Tomás Martín Morales, ex
consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y ex director general
del ayuntamiento, asesoró a las empresas de Francisco Correa desde el
Ayuntamiento de Boadilla. Martín Morales adaptó los pliegos de condiciones de
contratos que luego se adjudicaban en la Generalitat Valenciana.
Es el caso del contrato de Radiotelevisión Valenciana a Teconsa por la visita
del Papa en el V Encuentro Mundial de las Familias y por lo que Martín
Morales habría cobrado una parte de la comisión ilegal.
El auto, del 22 de febrero, resuelve la negativa
de Tomás Martín Morales a entregar su agenda municipal, alegando que era
personal, requerida en su día por el juez y los fiscales anticorrupción.
El magistrado Pedreira se queja de una reitera
conducta municipal que impide el avance de la investigación, así como el hecho
de que los responsables municipales oculten a la justicia expedientes
investigados.
www.cadenaser.com 24.02.11
NUEVAS FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PP EN BOADILLA
Un auto del juez Pedreira asegura que dos empresas
privadas pagaron a Correa varios actos que organizó la trama corrupta para los
populares
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el
pasado viernes un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y
transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada
por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del
municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos
del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por
FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus
operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo
de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de
esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos
públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la
empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda acreditado,
de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue financiado mediante
"entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico
real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por
esta empresa a la formación política y abonadas por esta".
-
Panero recibió como
regalo una televisión de más de 4.000 euros
-
El sastre acudió a la
sede del Consistorio para tomar medidas al exalcalde
En el auto, de 30 páginas, Pedreira resuelve una petición del
exalcalde de Boadilla Arturo González Panero en la que solicitaba que se le
rebajara la fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener
la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red como El
Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en diferentes partes
de España, Marruecos, Estados Unidos y en el paraíso fiscal caribeño de las
islas Caimán. En el caso de que Arturo González Panero no consigne el dinero, se
procedería al embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se
describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por Arturo
González Panero, y que se encuentran en el sumario del caso Gürtel,
resalta que tras encontrar nueva documentación, como albaranes, facturas y
justificantes de transferencias bancarias, que complementan los datos reflejados
en un informe policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex
primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las empresas FCC y
Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de las basuras.
Toda esta nueva documentación se encontraba en los apuntes de
la cuenta personal del exalcalde en la contabilidad b de las empresas de
Francisco Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya
incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la organización
delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes efectuados por Arturo González
Panero, uno de ellos a Miami (Estados Unidos), que fueron prestados por una de
sus empresas del cerebro de la trama (la agencia de viajes Pasadena). También
FCC y Sufi pagaron las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde
de Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias
facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña de
publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso relativo a la
recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi por parte del
Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros", explica el magistrado
Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre las facturas hechas efectivas por
la UTE de estas dos empresas también se cargan diversos actos realizados por
Special Events al PP de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el
magistrado que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción
destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el Partido
Popular.
La adjudicación de los servicios de las basuras de Boadilla se
encuentra en el punto de mira de Pedreira, que ordenó registrar los
Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la
documentación de ambas concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que
tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un
precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las basuras se
modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años
después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en
707.523,2 euros. Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la
interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de
las modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la gestión
de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a 3,97 millones.
En este sentido, el auto incluye la declaración de Rafael
Caballero Mateos, el sastre que realizaba de forma habitual la ropa a Correa,
que de forma voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que
confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien le explicó
que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se sabe vestir". El sastre
testificó que los encargos los abonaba uno de los empleados de la trama,
concretamente José Luis Izquierdo, que le encargaba que pusiera en las facturas
conceptos que no tenían nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su
declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events por un
importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y colocación de
tejidos en el stand de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de
Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar la venta de tres americanas, dos
trajes completos y cinco pantalones para Arturo González Panero, que es lo que
realmente se confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración
del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión González Panero
le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla del Monte.
En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero
de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la
contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos
como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034
euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta
cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006
por un importe de 124.000 euros. "Dicha cantidad podría tratarse de la comisión
cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado
a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano", explica el auto
del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000,
24.000, 12.000 y 30.000 euros. El exalcalde también es propietario de un piso en
Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.
www.elpais.es 22.02.11
FUNDESCAM Y REPARTO DE SOBRES
El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que
el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del
PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama
los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP
Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de
este partido.
Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que
Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco
Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social
(Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para
el partido.
Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está
incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros
de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece
una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las
elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría
recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín
Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González
Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel
Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba
dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González
Sánchez.
Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio,
en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había
ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.
www.elpais.es 22.02.11
¿PASARÁ FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?
Los expertos y los propios candidatos coinciden en
que la crisis mitigará los efectos electorales de la corrupción en los
municipios afectados por la trama
La concejal del PP de Boadilla del Monte Mercedes Nofuentes
fue investida ayer como alcaldesa en un atípico pleno municipal en el que la
regidora no recibió ni un aplauso. Ni tan siquiera de los ocho cargos de
confianza que se sentaron entre el público. Antes de la votación, los ediles de
la oposición abandonaron sus asientos, tras comprobar que la alcaldesa en
funciones, Belén Húmera, volvía a impedirles tomar la palabra. Con Nofuentes,
Boadilla ya ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años, después de las renuncias
de Arturo González Panero, de Juan Siguero y de Belén Húmera. Nofuentes
participó en una adjudicación a la trama de Francisco Correa.
La situación límite que viven en estos momentos Boadilla y
otros Ayuntamientos ha obligado al PP a eliminar de las candidaturas para las
próximas elecciones a los relacionados con Gürtel. Sin embargo, esta doctrina no
se ha mantenido en un municipio como Arganda del Rey, en el que el candidato era
el número dos del primer edil imputado, Ginés López, y el resultado
electoral podría ser incierto. Al PP no le importa soportar el coste electoral
que le puede suponer recurrir a los paracaidistas en los municipios en
los que la ventaja es amplia, en detrimento de sus afiliados. Pero este partido
apuesta en los municipios con resultado más apretado por copiar la doctrina
Fabra, que ahora podría ser la del presidente valenciano, Francisco Camps: "Las
elecciones me absolverán".El resultado electoral de Boadilla del Monte, al igual
que el del resto de los Ayuntamientos relacionados con el caso Gürtel
(Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Las Rozas), va a ser mirado
con lupa por los sociólogos y los ciudadanos en general, que querrán saber si la
corrupción pasa factura o no a los partidos que la protagonizan. En este caso,
el más importante de la Democracia, afecta de forma directa al PP. "Está en
juego si triunfa o no la doctrina Fabra o Camps, que sostiene que un resultado
electoral positivo absuelve al presunto corrupto", argumentan Pablo Nieto,
candidato del PSOE en Boadilla, y Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla
(APB).
"Claro que vamos a hacer una lectura de los resultados
electorales. Es uno de los temas clave. Intentaremos saber cómo ha afectado la
corrupción: si da o quita votos. Pero no es fácil aislar la variable corrupción
de otras que también son importantes, como por ejemplo la crisis económica que
estamos viviendo", explica el catedrático de Ciencia Política de la Universidad
Rey Juan Carlos Manuel Villoria, uno de los investigadores sobre la corrupción
más prestigiosos de España.
Al contrario que en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad
de Madrid el PP ha optado, salvo casos excepcionales (Alcobendas, Coslada y
Pinto), por no presentar como candidatos a imputados. Pero no siempre ha hecho
limpieza total. En este sentido, el todavía alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado,
llegó a lamentar ante el juez que investiga el caso del parque del Arroyo de las
Cárcavas los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo, el
PP no presenta a candidatos que están imputados.
La reacción política del PP madrileño, que públicamente no
reconoce que la corrupción haya tenido un coste económico para los municipios
afectados por el caso Gürtel, se puede resumir en dos formas de actuar.
En los Ayuntamientos con amplia mayoría absoluta se opta por una limpieza total,
asumiendo un posible castigo por la incomprensión de los militantes, que no
entienden por qué un paracaidista tiene que ser el nuevo candidato del
PP. Por el contrario, en los Consistorios con un resultado para los populares
más incierto, como por ejemplo Arganda del Rey, donde dimitió el anterior
alcalde, Ginés López, se apuesta por negar la evidencia y se mantiene el actual
corregidor, Pablo Rodríguez Sardinero, como número uno, pese a que fue el
teniente alcalde de Ginés López.
El caso del alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, se puede
ubicar en el grupo de Ayuntamientos en los que el PP se ha planteado realizar
una limpieza a fondo, asumiendo los posibles costes electorales de la
desmovilización de los afiliados. Además, este caso tiene ciertas similitudes
con el del ya exalcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, a quien el partido
le comunicó que no iba a ser candidato antes de ser imputado por el juez. En sus
círculos más íntimos, Siguero considera que el magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, le ha imputado por una confabulación de la
oposición y de los medios de comunicación. A ellos culpa de que se hiciesen
públicos los informes de la policía, que llegó a solicitar su detención para que
no destruyera pruebas. Tanto en Pozuelo como en Boadilla, los militantes del PP
no están de acuerdo con la decisión de Granados, que ha optado por una limpieza
total de las candidaturas. Pero en el PP regional consideran que este cambio,
lejos de ser un problema, posibilitará que los simpatizantes del PP puedan votar
a este partido, sin necesidad de taparse la nariz. El coste interno no será
excesivo, según explican en el PP, al tiempo que están seguros de que de ninguna
manera se perderá la mayoría absoluta, ya que los resultados electorales en
Pozuelo y Boadilla de 2007 dejaron a una distancia sideral al ganador, el PP,
del PSOE e Izquierda Unida.
Sin embargo, los socialistas de Pozuelo y Boadilla están
seguros de que la corrupción pasará factura al PP, pero coinciden con los
populares en que será muy difícil romper las mayorías absolutas. El panorama que
se espera pasa por una leve bajada del PP y una subida de IU y los partidos
localistas. La incógnita es el PSOE, cuyas candidaturas sufren dos fuerzas
contrapuestas: la inercia nacional de la crisis -o hablando claro, la figura del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y el fuerte desgaste del PP con el caso Gürtel.
Llama la atención que todavía se desconozcan los candidatos
del PP en Las Rozas y Majadahonda, pese a que cualquier militante al que se le
pregunte considera que tanto Narciso de Foxá como Bonifacio de Santiago
seguirán.
Para el catedrático Manuel Villoria la incidencia electoral de
la corrupción es "obvia", ya que en las investigaciones se ha comprobado que
influye de forma negativa en la confianza en las instituciones, en los partidos
y en la calidad de la Democracia: "Pero habrá que ver la incidencia concreta en
estas elecciones. Creo que no será suficiente para generar cambios, ya que
existe otra factor, el de la crisis económica, que hará que muchos ciudadanos
prefieran castigar a los socialistas antes que al PP".
Tanto en Pozuelo como en Boadilla los militantes del PP
acudirán divididos a las elecciones en dos o más facciones: los partidarios de
que no se haga tabla rasa, y los que apuestan por empezar de cero, echando mano
de los paracaidistas Antonio González Perol y Paloma Adrados. Un sector
de los militantes del PP apostaría por cambiar las cabezas visibles, pero
manteniendo la presencia de los militantes de toda la vida. Los más realistas
consideran obligatorio hacer borrón y cuenta nueva para acabar con las familias
políticas. Pero la realidad se impone y los candidatos apostarán por limpiar las
listas y evitar posibles contaminaciones que den balas a la oposición.
El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel
Villoria entra de lleno en una de las principales controversias de los últimos
días sobre si la corrupción molesta más a los simpatizantes del PP o del PSOE:
"Considero que la relación de la izquierda con la corrupción no nos indica que
haya grandes diferencias. Y una prueba de esto es que los socialistas,
encabezados por Felipe González, perdieron por la mínima las elecciones de 1996,
pese a que cada semana se destapaba un caso nuevo".
En este sentido, este catedrático considera que no hay grandes
diferencias entre los partidos, aunque puntualiza: "Algo hay, en el sentido de
que en la izquierda los discursos éticos y de transformación social forman parte
de su tradición, por lo que una conducta corrupta puede ser más incoherente que
el discurso de la derecha sociológica, en el que prevalece el desarrollo
económico". Por eso Villoria advierte de que el candidato del PSOE madrileño,
Tomás Gómez, ha tomado una decisión errónea manteniendo en el partido a su
número dos, Trinidad Rollán, porque de esa forma legitima un discurso del PP que
podría ser demoledor, ya que al recibir cualquier tipo de acusación sobre su
presunta corrupción podría recurrir al y tú más. Por otra parte, el
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte de que, si Rajoy focaliza el
discurso solo en el desarrollo económico, se equivocaría porque, sin un discurso
ético, prevalecería la corrupción. "El problema de Rajoy, con esta actuación tan
permisiva con la corrupción interna, es que parece que está diciendo, aunque sea
sin querer, que cuando él gobierne va a ser mucho más fácil ser corrupto. Eso es
terrible y un peligro, por lo que debe reaccionar y pasar a la acción",
argumenta.
LICENCIAS EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, dictó el pasado jueves una providencia en la que solicita al
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que se informe de las licencias que se
han podido conceder en relación a una finca denominada El Valle y que,
presuntamente, pertenece a una de las empresas relacionadas con la trama.
Asimismo, Pedreira ha presentado un requerimiento al Área de Urbanismo y
Licencias Generales del Ayuntamiento de Madrid para que certifique si la
mercantil UFC,empresa de uno de los principales imputados en la trama, el
empresario José Luis Ulibarri, solicitó entre los años 2002 y 2004 alguna
licencia relacionada con varias fincas situadas en la Avenida de Aragón. Esta
licencia podría estar relacionada, según Pedreira, con la construcción de
apartamentos turísticos. El magistrado informa también de la petición de una de
las partes para que se tome declaración como imputada a una empleada de la
mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, propiedad de Francisco Correa y
Jacobo Gordon. Este último era amigo y socio de juventud de Alejandro Agag,
yerno del expresidente José María Aznar y, junto al propio Correa, uno de sus
testigos en su boda con Ana Aznar celebrada en El Escorial, en presencia de
entre otros mandatarios del presidente italiano, Silvio Berlusconi, y del ex
primer ministro británico, Tony Blair.
www.elpais.es 19.02.11
HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO
AL PP DE MADRID
El dinero es de comisiones por contratas amañadas
por Gürtel
La Agencia Tributaria
ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que
ordene investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000
euros procedentes de cinco países relacionados con la sociedad Special Events,
administrada por el número dos de Francisco Correa en la trama corrupta,
Pablo Crespo.
Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con
supuestos pagos de comisiones hechos por la firma Sufi a la red corrupta de
Correa a cambio de contratas vinculadas al PP de Madrid y a Alberto López Viejo,
exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Asimismo, Hacienda pide investigar "salidas y entradas de
divisas" en España que suman casi otros dos millones de euros y que también
estarían relacionadas con pagos "sin justificar" de Sufi a una extraña firma
llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador, Plácido Vázquez
Diéguez. La policía sostiene que Vázquez entregó a la trama 1,7 millones a
cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por
políticos del PP.
Hacienda destaca que Sufi "prestó fundamentalmente servicios a
los Ayuntamientos de Madrid" -cuando López Viejo era edil del área de Limpieza,
con José María Álvarez del Manzano en la alcaldía- y al de Majadahonda, en la
época del alcalde Guillermo Ortega, otro de los principales imputados en Gürtel
y a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero.
Moratalaz
Las entradas y salidas de divisas de Special Events se
produjeron, según Hacienda, entre 2002 y 2004. Fue precisamente en 2002 cuando
se adjudicó la limpieza del distrito madrileño de Moratalaz a Sufi por 48
millones y por un periodo de 10 años. Según consta en el sumario de Gürtel,
Sufi, entonces presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una
comisión millonaria (un 3% de la operación, 1,2 millones) entregada a la red de
Correa.
Otras contratas que recibió Sufi para tareas de limpieza
salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entonces regido por Arturo
González Panero, El Albondiguilla, imputado en Gürtel por haber recibido
sobornos de la red a cambio de adjudicaciones. Hacienda destaca que hay
"entregas de dinero" de Sufi "a la organización de Correa equivalentes al 3% del
monto total de la adjudicación de los servicios de limpieza". Y añade que López
Viejo, "que recibió dinero" de la red a través de Crespo, "obligaba a facturar
por debajo de dos millones de pesetas [12.000 euros]
para así adjudicar los contratos directamente". También da por
sentado la Agencia Tributaria, basándose en informes policiales, que las
entregas de dinero de Sufi a la trama no están justificadas en trabajos reales.
Hacienda explica al juez que, "teniendo en cuenta que el principal cliente" de
Sufi "en los años 2002, 2003 y 2004 fue el Partido Popular, y en 2005 empresas
vinculadas al Ayuntamiento de Madrid", es conveniente examinar el origen y
destino de los fondos y divisas que se canalizan a través de las cuentas
bancarias de Special Events.
GÜRTEL PROVOCA LA CAÍDA DEL SEGUNDO ALCALDE DE
BOADILLA EN DOS AÑOS
Juan Siguero, sucesor de Arturo González Panero,
deja el cargo tras ser imputado por el juez a petición del PSM, que ejerce la
acusación particular
La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el próximo miércoles al
alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a
este a anunciar su dimisión, según confirmó una escueta nota hecha pública ayer
por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430
habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual
legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo González Panero, fue
expulsado del partido pero siguió manteniendo el acta de concejal en el
Consistorio.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la instrucción del
caso Gürtel -la mayor trama de corrupción destapada en la democracia española
ligada al PP- el número de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados
Juan Siguero y Arturo González Panero (de Boadilla), Jesús Sepúlveda (de Pozuelo
de Alarcón) y Ginés López (de Arganda del Rey).
Pedreira ha comunicado en una providencia su decisión tras
recibir la petición de la acusación particular ejercida por los concejales del
PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomará declaración al
regidor como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias,
prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, así como por su posible
participación como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al
exalcalde del municipio Arturo González Panero.
A su vez, este último, conocido como El Albondiguilla
entre los miembros de la trama, está acusado de los delitos de cohecho,
asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio
Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los
contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él
que a mí", aconsejó el ex alcalde.En el comunicado hecho público por el
Consistorio, Siguero manifiesta también "su total y absoluta inocencia". "Con la
finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposición
judicial, toda vez que el escrito de la fiscalía se basa en una solicitud del
Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, recibió a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la
que le comunicó su intención de dimitir para no perjudicar al PP.
Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios
informes policiales en los que los agentes solicitaban su detención tras
constatar su "estrecha relación" con las empresas de Francisco Correa, el
presunto cerebro de la trama Gürtel. En uno de los informes se relata que el
regidor llegó a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su
mujer: "Retomando el favor que te pedí en su día acerca de la posibilidad de un
trabajo para Beatriz, (...), si sabes de algún cliente tuyo o conocido que
necesite contratar a alguien te agradecería que te acordases de ella. Espero tus
noticias y gracias de antemano", escribió Siguero en un correo electrónico.
La decisión del alcalde dimisionario se produce el mismo día
en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12
de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la
documentación del plan a miembros de la oposición. La sentencia, que no es
recurrible, estima un recurso de casación de lo contencioso-administrativo
presentado por un particular contra los acuerdos de la comisión de Urbanismo de
la Comunidad de Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero
de 2002, que se declaran nulos. En el orden del día de estos acuerdos se incluía
la aprobación de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y
que tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la
normativa, como es la declaración de impacto ambiental.
El particular inició el litigio porque estaba disconforme con
el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso
comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que
se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo.
www.elpais.es 11.02.11
EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS
SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'
Pedreira cita a Siguero a declarar por prevaricación y tráfico de
influencias.- También le considera presunto cooperador necesario de los delitos
de su predecesor, que también dejó el cargo tras ser imputado
Antonio Pedreira, el magistrado que investiga el caso
Gürtel, ha imputado al actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla
del Monte, Juan Siguero Aguilar (PP), por los delitos de negociaciones
prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación
necesaria en los delitos que a su vez se le imputan al anterior regidor, Arturo
González Panero, expulsado del PP y conocido como El Albondiguilla. Según
la resolución, conocida esta mañana y contra la que cabe un recurso de reforma
en un plazo de tres días o de apelación en cinco, Siguero Aguilar deberá
comparecer el día 16 a las 12.00.
Juan Siguero Aguilar, imputado
DOCUMENTO (PDF -
74,06Kb) - 10-02-2011
Unas horas después de conocerse el audio, Esperanza Aguirre ha
declarado esta tarde en la Asamblea de Madrid que Siguero Aguilar ha presentado
su dimisión. "Como no quiere perjudicar al partido presenta la dimisión para
defenderse, pero asegura que es inocente", ha explicado la presidenta regional,
informa J. Sérvulo González. Tras "agradecerle en nombre del PP de
Madrid" esa decisión al alcalde imputado, Aguirre ha sostenido que eso "es lo
que hay que hacer", sin que ello signifique "faltar a la presunción de
inocencia, que a todos nos tiene que afectar y que en este caso desde luego que
se la concedo al alcalde de Boadilla como a todos los demás", ha subrayado.
Pedreira ha decidido llamarle a declarar después de que un
informe policial solicitara su detención. La investigación realizada por la
policía puso de manifiesto que el regidor de Boadilla, que era concejal de
Hacienda con Arturo González Panero como primer edil, informó a las empresas de
la trama corrupta dirigida por Francisco Correa de las adjudicaciones. También
llegó a recibir instrucciones de la trama acerca de los precios de las
adjudicaciones, según los informes policiales. Con esta decisión ya son cuatro
los alcaldes del PP de Madrid que han sido imputados en el caso Gúrtel.
Los anteriores fueron el propio Arturo González Panero (Boadilla); Jesús
Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); y Ginés López (Arganda del Rey). Todos ellos
dimitieron y fueron expulsados del PP.
A la oposición no le vale con la renuncia. El portavoz de IU
en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que "cada día que aparece una noticia
nueva sobre la trama Gürtel hace más irrespirable la política en la Comunidad de
Madrid" y que "es una situación que está acorralando al PP en Madrid y está
acorralando a Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz del PSOE en la
Asamblea, Maru Menéndez, ha vuelto hoy a pedir a la presidenta del PP de Madrid
que "asuma la responsabilidad que tiene en el caso Gürtel".
El
ex alcalde de Boadilla Arturo
González, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos
de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad,
acusó el pasado junio a Siguero de
haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en
el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a
él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo
era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue
nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del
PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de
2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero
Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre
de confianza.
Así, el ex alcalde asegura que Siguero participó activamente
en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la
adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama
Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también
presidía él mismo". Además, Panero relaciona a su sustituto con otras dos
operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al
Ciudadano de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales.
"Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió
él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio
ordenador. Yo no intervine". La segunda es la cesión de terrenos municipales a
la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron
en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón
Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]".
www.elpais.es 10.02.11
LA COMUNIDAD OCULTA CONTRATOS
DE GÜRTEL
La Comunidad adjudicó a una firma implicada en
Gürtel por 39 millones
El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho
contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa
vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a
administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado
desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra
la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la
del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de
reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP
impide el acceso a los contratos.
La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a
Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes
instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones
(en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39
millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia
íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el
Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible
identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la
identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las
entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la
presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas
ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del
presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está
obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.
Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del
mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información
sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de
contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por
parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En
diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández
Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a
los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy
está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos
contratos después de que los socialistas lo exigieran.
Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las
obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante
porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso
Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el
sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta.
Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la
documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de
euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones
de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que
ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora
Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es
sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además,
apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les
adjudicó una obra de 15 millones.
Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se
haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y
sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley.
El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año
intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un
cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada
Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.
www.elpais.es 03.02.11
CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO
Francisco Correa, considerado el jefe de la
trama
Gürtel, cobró, en diciembre de 2004
y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del
grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca
Internacional. El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al
sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por
Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el
dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones
controladas por el PP. El envío de fondos se realizó desde Fairway
International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como
mandatario y beneficiario, explica Hacienda.
Este es el segundo pago multimillonario en el extranjero que
destapan las pesquisas ordenadas por el juez Antonio Pedreira. Hace 20 días, el
magistrado reveló en un escrito la existencia de otra comisión de 13 millones
abonada a Correa en 2006 por sus labores de conseguidor en un pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid) que
reportó no menos de 73 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa. Tanto el
ex alcalde de Arganda como el ex consejero delegado de la sociedad municipal
de suelo, ambos elegidos por el PP, permanecen imputados en el caso.
Salgar vendió suelopara un proyecto en Bárboles, donde gobierna el
PSOE
Golf y viviendas
Ayer, Público
intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89
años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas
adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira. El empresario
adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni
siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó
hacer declaraciones.
El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado
en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra
cauto sobre el origen de la comisión. Pero señala cómo Agrícola Ganadera La
Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación
de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300
habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que
preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe
aún.
Hacienda sospecha que el pago buscara saldar la deuda de "un
tercero"
Fuentes del Gobierno de Aragón subrayaron ayer que tanto la
Diputación de Zaragoza como el Ejecutivo regional vetaron el plan "por
descabellado". Sin embargo, el actual alcalde de Bárboles aseguró en noviembre
de 2009 a Heraldo de Aragón que
el proyecto, para 1.500 viviendas, seguía en marcha, aunque sus promotores,
impulsores de un convenio urbanístico presentado en 2006, ya no tenían "tanta
prisa como antes".
Cuando, en octubre de 2004, Agrícola Ganadera La Corona vendió los
terrenos de Bárboles a una sociedad en teoría ajena a Salgar Davalu, del grupo
Proconsol, la localidad estaba gobernada por la socialista Tomasa Joven. Este diario no logró anoche contactar con la ex regidora, a quien en
2007 relevó el también socialista José Ángel Subías.
Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis
para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa
aparente" para el traspaso de 12 millones a
Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador
vicario. Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con
Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué
se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.
El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a
Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el
27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro
millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba
Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso.
www.publico.es 02.02.11
AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA
FIRMA LIGADA A GÜRTEL
La policía envía al juez un informe del contrato
de los actos institucionales de 2006
La red Gürtel, la
trama de corrupción vinculada al PP, logró beneficios de hasta el 50% en el
contrato principal de los actos institucionales de la presidenta Esperanza
Aguirre durante 2006 aunque su nombre no apareció por ningún lado.
La adjudicación por 317.000 euros de ese contrato recayó en
Decoraciones CMR, una firma aparentemente nada sospechosa. La investigación
judicial del caso Gürtel ha puesto al descubierto cómo esta empresa
trabajaba al dictado de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa.
Hasta el punto de que, según el último informe aportado por la
policía al juez Antonio Pedreira, la proposición económica que presentó CMR al
concurso para montar todos los actos institucionales de la presidenta Esperanza
Aguirre fue redactada por empresas de la red Gürtel con los siguientes precios:
- Fondo de escenario: 224 euros por metro cuadrado.
- Escenario: 194 euros por metro cuadrado.
- Laterales de escenario: 306 euros por unidad.
Así se recoge en uno de los numerosos correos electrónicos que
forman parte de la documentación incautada a la trama que dirigía Francisco
Correa.
En la documentación recabada por el juez y analizada ahora por
la policía, se registran unos beneficios por cada acto montado para alguna de
los actos donde interviniera la presidenta autonómica de casi el 50%.
También presenta la policía en su informe un contrato privado
por el que Decoraciones CMR, la adjudicataria del concurso convocado por la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, subcontrata el servicio a
Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama corrupta.
Este contrato privado demostraría, según la investigación,
como la red Gürtel siguió recibiendo contratos de la Comunidad de Madrid a
través de sociedades pantalla que utilizaba para que se presentaran a los
concursos públicos.
No es la primera vez que, tras dos años de investigación
judicial, aparece documentación que acredita como la trama corrupta logró
contratos de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el que
trabajó casi en exclusiva, a través de empresas pantalla, como Decoraciones CMR.
El informe señala que esta pauta de actuación era dirigida
desde la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba
aquel año Alberto López Viejo, que fue la mano derecha de Aguirre en sus
actos institucionales. "La viceconsejería de Presidencia determinaba con quién
contratar, si se solicitaba presupuesto previo o no, a qué consejería había que
facturar y por qué importes".
La policía concluye que la trama corrupta pagaba a las
empresas pantalla una comisión de la factura a la Comunidad de Madrid. "Esto",
según la policía, "atenta contra uno de los principios de la contratación
administrativa seguida por la Comunidad de Madrid, como es el principio de
transparencia".Las empresas del grupo Correa que utilizaban como pantalla a la
firma Decoraciones CMR, SL, para realizar los actos en los que intervenía la
presidenta regional Esperanza Aguirre, tenían una contabilidad opaca al fisco.
Una doble contabilidad. Aunque Correa tenía todo un abanico de empresas para
conseguir actos o contratas de la Comunidad de Madrid sin que la competencia se
diera cuenta de que siempre resultaba él beneficiado, a veces pedía a empresas amigas que se presentaran ellas: les garantizaba la adjudicación y,
en contraprestación, les daba una comisión del 5% del abultado beneficio.
En realidad, tales empresas ni siquiera hacían ellas los
trabajos. Formalmente se los adjudicaban, pero los obreros eran los de Correa;
en concreto los de Servimadrid Integral, SL. Había tajada para todos. En
registros a las empresas de la trama Gürtel, los investigadores se incautaron,
por ejemplo, de un archivo consistente en una hoja de cálculo bajo el título Actos CMR 2005-2006. En esa hoja, la trama calcula el beneficio antes
incluso de realizar el trabajo. Por un acto relativo a la celebración de los dos
primeros años de Gobierno de Aguirre, en 2006, la trama factura a la Comunidad
"12.607 euros", cuando el coste real del evento era, según la citada hoja de
cálculo, 9.237. Obtuvo un beneficio de 3.370 euros, con un 27%.
El Grupo Rafael
Por el montaje de los actos del 2 de mayo del año 2005, la
trama facturó a las arcas públicas de la Comunidad 26.816,71 euros, cuando el
coste real era de 11.468,06. Es decir, Correa se llevó 15.348,65 euros de
beneficio (un 50,16% de margen). De esa cantidad, entregaba una comisión del 5%
a la empresa pantalla, Decoraciones CMR, SL. De ahí también salía dinero para
comisiones que supuestamente acababan en manos del responsable político que
autorizaba los pagos: en este caso, el ex viceconsejero de Presidencia, Alberto
López Viejo.
Correa no se sirvió solo de esta empresa para simular. Tenía
otras dos: el Grupo Rafael y la firma MQM. Con ellas hizo los mismos
chanchullos. El saqueo de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad
de Madrid le llevó a facturar en solo cuatro años más de cinco millones de
euros. Cuatro millones directamente y otro millón a través de las citadas
sociedades pantalla. Muchas de las adjudicaciones eran a dedo (menos de
12.020 euros).
www.elpais.es 31.01.11
ARGANDA DEJÓ DE
COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
Una valoración
privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso
El Ayuntamiento
de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó
una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No
obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según
consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el
Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín
Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP,
cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda.
El magistrado
que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13
millones de euros por intermediar en esta operación urbanística.Entre los
contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de
Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael,
que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a
la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro
de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la
directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer
de Correa.
Pese a que la
adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el
empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en
especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio.
Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en
esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más;
en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.
La obra en la
que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha
después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira,
constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8
millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la
justicia helvética, procedían de Martinsa.
La información
de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas
por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia
constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen
imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que
es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político:
el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa
afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó
seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez,
en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel
Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó
con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000
euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de
950.000 euros.
El concurso que
dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo
contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el
caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres
empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las
ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte
de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta
última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director
general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar
planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).
Cada uno de los
tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y
Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de
forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando
los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en
entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución
técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el
concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a
peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.
www.elpais.es 13.01.11
EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR
INTERMEDIAR EN ARGANDA
Pedreira reclama a Mónaco información sobre la sociedad que hizo el
ingreso
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ha solicitado a las autoridades de Mónaco más información acerca de la
identidad de los accionistas de una sociedad mercantil de este pequeño país que
pagó una comisión de 13 millones de euros que, según la investigación realizada
por la Fiscalía Anticorrupción, acabó cuatro días después en poder del presunto
cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el ministerio público, que utiliza
nuevos documentos procedentes de Suiza, el pago se produjo a cambio de la
intermediación en 2004 de Correa en la adjudicación por parte del Ayuntamiento
de Arganda de unos terrenos urbanizables a la sociedad Martinsa. En el momento
de la adjudicación, el alcalde de este consistorio era Ginés López (imputado en
el caso). Además, otro presunto implicado, Benjamín Martín Vasco, ex diputado
del PP (ahora en el grupo mixto) en la Asamblea, era responsable de la empresa
municipal del suelo.
El pago fue posterior a una adjudicación a
Martinsa de terreno urbanizable
En la providencia, Pedreira solicita a Mónaco que complete la
documentación remitida en una anterior comisión rogatoria solicitada en mayo de
2009 a tenor de la aparición de nuevos datos procedentes de Suiza relacionados
con el cerebro de la trama corrupta. Esta nueva documentación atribuye a la
empresa Martinsa el pago de la comisión ilegal. Y es precisamente eso lo que
pretende determinar el juez, que solicita información del beneficiario económico
y de las personas con firma autorizada de la empresa Cedargrove. El juez quiere
conocer también el extracto de movimientos bancarios con sus soportes
documentales desde 2004 y el saldo actual de esta firma mercantil. De
confirmarse que la empresa Cedargrove está relacionada de alguna manera con
Martinsa, se demostraría que el pago a Correa se pudo haber producido a cambio
de su intermediación en la operación urbanística de Arganda del Rey.
Para tratar de acelerar la investigación de las autoridades
monegascas, Pedreira recuerda que tres de los implicados en este caso de
corrupción, el mayor ligado a un partido político: el PP, permanecen en prisión,
por lo que recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias.
Según el sumario, el Ayuntamiento del PP adjudicó en 2004 a
Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la
promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, lo que
demostraría que esta operación había sido muy ventajosa para esta empresa
privada.
Fuentes de Martinsa-Fadesa citadas por Europa Press insisten
en la "absoluta transparencia" de este proceso de adjudicación. Aseguran que no
hubo "ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".
www.elpais.es 12.01.11
UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE
GÜRTEL
El ingeniero acusa al Ayuntamiento de Pozuelo de
imponerle sobrecostes
El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo
García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de
los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la
recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por
dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo
podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y
en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de
inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que
pasó de 300.000 euros al año a más del doble.
El afectado calificó de "burrada" pagar un millón
de euros por cuidar un parque
Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se
adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el
empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso
Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra
pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había
aprobado.
El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el
juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente
disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no
estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también
porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del
Ayuntamiento".
Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve
de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se
oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito
entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos,
en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de
euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en
tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.
"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la
decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de
conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan
insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la
adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".
La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis
meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal
aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se
realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un
informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación
al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora
en concepto de mantenimiento del parque", añadió.
Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero
municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como
imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al
ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual
concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que
declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda
Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de
Contratación.
La investigación acerca de la construcción de esta obra
municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en
2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el
parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y
terminó costando 11 millones.
En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que
remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la
Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial
que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica
para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en
un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como
en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a
fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".
www.elpais.es 11.01.11
ANTICORRUPCIÓN DESCUBRE EL 'BAILE' DE EMPRESAS DE
CORREA
Anticorrupción denuncia el uso de las sociedades
de Correa
Las principales empresas del cerebro de la trama de corrupción
destapada con el caso Gürtel funcionaban como si se tratara de una sola,
según la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe reciente ha solicitado que
la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA de Servimadrid Integral,
Diseño Asimétrico, Good and Better y Easy Concept se efectúe considerándolas
como una única sociedad. "En definitiva, la utilización de cuatro entidades
diferentes con actividad indiferenciada tenía como objeto ocultar la identidad
de quienes se encontraban tras ellas y evitar el conocimiento de la vinculación
entre ellas en la contratación administrativa", según la fiscalía, que relata
que las cuatro empresas, que facturaban básicamente en la Comunidad de Madrid,
funcionaban "desde todos los puntos de vista" como una única mercantil con
idénticas actividades, trabajadores y administración. Estas cuatro empresas
están consideradas por su volumen de negocio como las principales del caso.
Hasta el momento, unas 130 personas están imputadas en el
Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un
partido político: el Partido Popular. El caso, inicialmente instruido por el
magistrado Baltasar Garzón, está en manos ahora del juez del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.
Las sociedades objeto del informe recibieron decenas de
contratos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos implicados en la trama,
todos ellos del PP, por más de tres millones de euros, según el sumario, que
amplía esta cantidad hasta los cuatro millones si se incluye el Grupo Rafael.
El empleo de estas cuatro sociedades mercantiles por parte de
Correa le habría permitido dificultar la identidad de las personas propietarias
de las mismas, y copar los concursos públicos con entidades del mismo grupo,
consiguiendo aparecer como entidades independientes "vulnerando así los
principios de publicidad y concurrencia", explica el ministerio público.
Un ejemplo que ilustra esta forma de actuación de las empresas
de Correa en Madrid se halla, según la Fiscalía, en la contratación pública
referida a Arganda del Rey. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la
contratación en este municipio del sureste madrileño pone de manifiesto el
fraccionamiento de expedientes utilizando las distintas empresas del grupo. Y el
informe destaca algunas de estas adjudicaciones: la VII Olimpiada Escolar, la
VIII Gala del Deporte y la X Olimpiada del Deporte. Pero la Agencia Tributaria
también detectó irregularidades como adjudicaciones a las que solo se pedían
presupuestos a tres empresas del grupo de Correa, tal y como ocurrió en el acto
de la colocación de la primera piedra de la comisaría del municipio y en la XII
Gala del Deporte.
Los fiscales aportan más evidencias de esta "unidad", como por
ejemplo que todas estas empresas estaban administradas por las mismas personas,
entre otras Isabel Jordán. Esta forma de controlar las cuatro empresas continuó
tras la salida de esta mujer, que fue sustituida en 2007 por Javier Nombela,
entre otros. Por encima de estos gestores siempre se encontraban el ex
secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris, y el propio
Correa.
Las cuatro mercantiles de la red corrupta también tienen una
composición accionarial semejante, pues los accionistas mayoritarios son desde
2005 Isabel Jordán y otra empresa, Hator Consulting (80%). Por eso, los
accionistas reales son, según la Fiscalía, además de Jordán, Francisco Correa,
Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, este último uno de los gestores de las
inversiones de la trama en los paraísos fiscales caribeños de las islas Nieves y
Curaçao. Aunque el porcentaje de Blanco Balín, un conocido empresario, podrían
ser los honorarios recibidos de Correa por su trabajo.
Lo que parece determinante para dar la razón a la Fiscalía,
que considera que se trata de una única empresa, es que las cuatro desarrollaban
la misma actividad con los mismos empleados y en la misma sede. Todos los
empleados admitieron en sus declaraciones judiciales que pese a la existencia de
diferentes sedes sociales, todos trabajaban a diario en la misma dirección de
Pozuelo de Alarcón.
Los registros realizados en las diferentes empresas han
permitido que el sumario incorpore datos que muestran también que la
contabilidad de las cuatro firmas se había unificado, algo que compartían con
otras empresas de la trama como las del Grupo Rafael, que de forma periódica
justificaban sus ingresos a las empresas de Correa.
La investigación de Anticorrupción se amplía con un análisis
de los cambios registrados en la red como consecuencia de las investigaciones
realizadas por distintos juzgados. En 2005, a raíz de unas publicaciones
periodísticas y de un procedimiento judicial relacionado con Luis de Miguel
Pérez
[uno de los gestores del dinero de Francisco Correa en los
paraísos fiscales], la trama se desvinculó de este abogado, transfiriendo la
gestión de las sociedades Kintamani y Caroki al despacho de Ramón Blanco Balín,
que continuó con su administración. Correa también se desvinculó de De Miguel en
otras empresas: Orange Market y Down Town Consulting, siendo esta última el
origen de Easy Concept, que pasó a controlar Isabel Jordán.
Aguirre no remite al
juez de Gürtel facturas de empresas de la trama
Pedreira apercibe a la Comunidad del deber de colaborar y advierte
de las posibles responsabilidades penales de la negativa
La falta de
colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza
Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la
instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a
firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a
los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid aporte de una vez por todas las facturas de
cualquiera de los departamentos autonómicos con las
sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen,
Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas
empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la
trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del
Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo,
y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran
utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en
concursos como relleno, y consiguiendo que solo se
presentaran las relacionadas con la red corrupta.
Además, el
magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del
deber de colaboración con la Administración de justicia
impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El
magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los
responsables de que esta documentación solicitada no se haya
enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez
serán las personas físicas que actúen en nombre y
representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir
en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo
31 del Código Penal.
La decisión del
magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a
la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación
se produce después de que los agentes de la UDEF encargados
de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una
comunicación en la que constataban la falta de cooperación
de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de
las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas
Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.
En este
documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro
intentos fallidos para obtener esta información, vital para
conocer la total implicación de las empresas de la trama
Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro
euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo
utilizando estas empresas pantalla.
El primero de
los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad
para conseguir esta documentación se produjo días después de
que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de
septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno
regional remite los documentos solicitados, pero de forma
incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación
relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros
relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour
200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las
que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante
este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13
de octubre con el secretario que firmó la contestación de la
Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría
estas facturas, tal y como consta en una grabación de la
Policía Judicial.
Pese a este, los
agentes no han recibido estos documentos, por lo que
volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de
noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no
logran contactar con el secretario, que se había
comprometido a buscar estos documentos vitales para la
instrucción del caso.
Ante esta falta
de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los
agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación
incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar
a los responsables de la Comunidad las posibles
responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de
colaboración con la justicia.
El Grupo Rafael
es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas
tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías
de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su
suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un
aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario
de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael
facturó más de un millón de euros a instituciones
municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo
periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un
poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa,
especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de
la documentación obtenida en los registros de las empresas
de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo
Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico
enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la
responsable de las empresas de la trama es claro al
respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".
Además de a los
organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael
llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de
Arganda del Rey.
www.elpais.es 18.12.10
"No
hay ningún informe donde se recojan dichos
datos"
El Gobierno regional que preside
Esperanza Aguirre tampoco informa en la
Asamblea a los grupos parlamentarios de
la oposición sobre los contratos
adjudicados a las empresas relacionadas
con la operación Gürtel, el principal
caso de corrupción destapado en la
democracia española ligada a un partido
político: el PP.
Una contestación por escrito a una
pregunta realizada por la diputada
socialista Rosa Alcalá pone una sombra
de duda en la facturación de la
Comunidad a las empresas del Grupo
Rafael, que Correa utilizaba como
pantalla. "En relación a la
interpelación se comunica que no es
posible facilitar la información
solicitada, ya que no obra en poder de
la Administración informe o documento
donde se recojan dichos datos", dice
este texto.
Esta contestación por parte de los
diferentes departamentos del Gobierno
regional es habitual ya, una y otra vez
dicen que no hay información acerca de
los contratos formalizados con empresas
como Easy Concept o Good and Better. Por
el contrario, los diferentes informes de
la policía aseguran que en total la
Comunidad abonó más de cuatro millones
de euros en adjudicaciones de menos de
12.000 euros a las sociedades de la red
Gürtel.
www.elpais.es
18.12.10
"NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE
UNA CONSEJERÍA A OTRA Y NO SE HACEN CARGO"
Cartas y correos electrónicos intervenidos por la policía
reflejan los tejemanejes entre la trama Gürtel y
ex altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre
para
lograr que el montaje de los actos de la Comunidad de Madrid recayese en
sociedades de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El último informe de
la Unidad de Blanqueo de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management
(MQM), utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la Comunidad,
concluye que el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre, Alberto López Viejo,
era la persona a quien acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con
las facturas.
López Viejo -el cargo público que organizaba en las
distintas consejerías los actos en los que intervenía la presidenta Aguirre- y
también su hombre de confianza en Vicepresidencia,
Pedro Rodríguez Pendas, no solo encargaban los actos
en que intervenía Aguirre. También daban instrucciones a la red, según el
informe policial, de cómo había que fraccionar las facturas e indicaban a qué
funcionarios de la Comunidad había que remitirlas.
Aun así, surgían problemas, dado que
algunas consejerías se daban cuenta de que las facturas llegaban troceadas, lo
que vulnera la ley, y ponían pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red
apelaba a López Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a
Rodríguez Pendas para que desbloqueasen los pagos.
Tras ser implicado en estos amaños,
Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira,
si bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito
exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las órdenes del ex
consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con qué empresa había que
contactar para cada evento, cuándo había que hacerlo, qué había que solicitar y
quién era la persona de contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos
del PP supuestamente sobornados por Gürtel.
El juez Pedreira le ha impuesto una
fianza de 750.000 euros. La UDEF ha incorporado al sumario un archivo
informático hallado en registros a sociedades de la trama bajo el nombre
"Estimado Alberto2.doc", que avala los amaños entre la red y quien fuera hombre
de confianza de la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo.
Empieza así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos
problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación te detallo
los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de facturas: "(...) Nos
hacen cambiar facturas de una Consejería a otra y ninguna se quiere hacer cargo
y les pasan la pelota a otras y así continuamente". "En la Consejería de Empleo
y Mujer estamos teniendo muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas
retenidas Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000
euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las facturas". "En
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil siempre nos dice que ya
están las facturas y es mentira"...
Al margen de estos contactos, el informe policial destapa,
además, que la principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar
sospechas de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007
casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría cobrado un
tercio menos que Correa. El informe evidencia el sobreprecio que se pagó, por
ejemplo, por la escenografía de
la entrega de la medalla de Madrid por parte de Esperanza Aguirre a los
Príncipes de Asturias, el 12 de septiembre de 2007, en
la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto
lo montó la empresa Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se
llevó por ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero
fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros de
beneficio).
MQM se ponía de escaparate para conseguir las contratas de
los actos de la Comunidad relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero
era la red Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos
cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a políticos y a
la empresa testaferro.
Correa tenía una veintena de sociedades, pero muchas
de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de actos de la Comunidad.
Por eso buscó empresas pantalla:
fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael, que facturó un millón a la
Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba de disimular, que en la competencia no
corriera la voz de que la Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las
mismas sociedades. Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de
Aguirre. Pero los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño
Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre un 5% y un
11,5% por actuar de testaferro.
Eran encargos a dedo, muchas veces a través de llamadas
telefónicas. Las facturas se troceaban por debajo de los 12.000 euros para escabullir la ley
que obliga a sacar a concurso cualquier obra que
rebase esa cuantía. Todo funcionaba así, según el informe policial: si Aguirre
participaba en un acto en la Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor
Rodríguez Pendas encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro.
Correa remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto. Pero a
veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo de 12.000 euros y
las consejerías ponían pegas para abonarlas, conscientes de que se vulneraba la
ley. Es cuando Correa o sus empleados, por orden suya, se ponían en contacto con
Rodríguez Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de
los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada de la firma
Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com):
"Hola, Pablo, te cuento cómo ocurrió
lo del acto de los Príncipes de Asturias. (...) Me lo contrató Pedro Rodríguez
Pendas por teléfono la semana anterior. Él expresamente me contó que como no
había dinero en el contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto
aumentó con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para que
MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín [funcionario] las paró y
no dijo nada a Julia López Valladares de Presidencia. Una vez que se lo dijo fue
cuando Julia le comentó que MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros
y el resto [del dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y
otra de Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que nosotros,
con nuestras empresas, también estamos facturando otras que MQM no quiere (...)
Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye el revelador correo.
(www.elpais.com,
13/12/10)
Un informe de la Unidad Central de
Policía Judicial (UDEF) concluye que
el ex consejero y diputado regional
Alberto López Viejo
y el ex asesor técnico Pedro
Rodríguez Pendas definieron
un sistema de actuación dentro de la
Comunidad de Madrid para
moldear la facturación con
la finalidad de realizar un
procedimiento administrativo
conforme a todos los principios de
contratación pública.
Así consta en un informe policial
fechado el 4 de junio de 2010, cuyo
contenido está incluido en el
sumario del 'caso Gürtel'. Estas
conclusiones se extraen tras
analizar la relación de la empresa
Marketing Quality Management (MQM)
con la Comunidad de Madrid.
Según el informe, MQM es una empresa
que concurre a concursos públicos
ofertados por la Comunidad de
Madrid. MQM recibía una
comisión por cada factura que ella
misma cobraba a la Comunidad de
Madrid por cuenta de Diseño
Asimétrico, una de las empresas de
Francisco Correa, entregando el
resto a ésta, la cual también emite
la correspondiente factura a MQM.
En las conclusiones, el informe
recoge que "existe un sistema de
actuación dentro de la Comunidad de
Madrid ordenada por los responsables
políticos Alberto López Viejo y
Pedro Rodríguez Pendas dirigido a
definir el sistema de contratación
público, indicando así mismo la
forma de facturación, número de
facturas, si estaban dentro o fuera
de contrato...etc"
"Con todo ello se otorgaría la
prestación final del servicio a una
serie de empresas, relacionadas con
la organización de Francisco Correa
Sánchez y se consigue
moldear la forma de facturación para
evitar un procedimiento
administrativo conforme a todos los
principios de contratación pública",
recoge el informe.
Asimismo, señala que la organización
de Correa desarrolló un conjunto de
mecanismos de ingeniería financiera
a fin de ocultar su verdadera
posición de prestador del servicio
público a través de una sociedad
pantalla mediante acuerdos privados
relativos a la forma de facturación,
cobro de comisiones, pago de los
servicios y asunción de la deuda.
www.elmundo.es
03.12.10
DECLARACIÓN DEL ALCALDE
DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'
"Me
ofreció 350 millones, pero callé a Correa inmediatamente"
El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó
en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye
el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al
cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le
ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros
(350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la
adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no
tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS
ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el
juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de
Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la
oferta.
"Los
concejales tienen autonomía con su presupuesto para
contratar"
La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio,
tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que
había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de
que este le ofreciera 350 millones de pesetas.
-
Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la
fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente
denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño
dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de
qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer,
porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra
contra la mía".
-
Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo
día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio
Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de
condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de
condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es
lo único que me ha votado a favor la oposición".
-
Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas
explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido
Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al
líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova",
donde el regidor trabajó durante 15 años.
-
"Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De
Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria
y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el
testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un
terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo
consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en
febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una
concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio
para los dos".
-
Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración
de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros):
"350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había
una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre
porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que
abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su
relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de
comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la
empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no;
pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del
asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la
adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por
lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de
obtener beneficio en Las Rozas.
-
"No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en
2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó
dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de
Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas
a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los
concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para
contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable
de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el
caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los
cauces del Ayuntamiento...".
Veinte días después de la declaración de De Santiago, la
concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que,
según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de
Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil
popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad
de Correa.
Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las
Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación
directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a
la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar
los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002
(24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).
La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes
inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas
adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el
gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta
municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para
poder realizar cualquier tipo de tramitación".
-
No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el
Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP
relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la
idea un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna
oficina de atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos,
ni la hemos necesitado, ni la necesitaremos", declaró el
alcalde.
www.elpais.es 29.11.10
AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD
INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL'
La austeridad se convirtió ayer en
el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el
Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública
refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007
a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma.
Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por
la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia
formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.
En su denuncia, la parlamentaria
Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el
Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las
elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría
absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente
dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM
cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality
Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que
formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red
corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla
para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.
Que la adjudicación a MQM está
siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando
Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de
Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito,
Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían
prescrito.
El Imade no es el único organismo
bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas
dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo,
Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su
imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al
igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró
pérdidas por 13,1 millones de en 2009.
En los últimos cuatro años,
Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de
euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe
de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008
(6,2 millones).
Ese informe de fiscalización sobre
el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el
funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de
Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000
euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000
euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM
la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la
agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos,
y no más, que MQM.
El mismo día en que MQM obtuvo ese
sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta
por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y
Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa.
Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso
Matas.
(www.publico.es,
12/11/10)
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS
CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE
La trama de corrupción masiva que
organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones
gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta
directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas
electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .
Mientras que el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la
competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la
investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir
que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam ,
y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las
cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para
conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según
explicaron fuentes de la investigación.
Aunque Fundescam es la fundación
madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la
documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los
dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los
gastos electorales, algo prohibido por ley.
El diario Público reveló que los
principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la
Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz
Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal
madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de
Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en
periodo electoral.
El PSOE, que competía por la
presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un
resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus
aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico
que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.
La Fiscalía Anticorrupción que
investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha
acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la
trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que
también ocurrió en la Comunidad Valenciana.
Anticorrupción quiere conocer ahora
si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo
a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta
prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.
"Los delitos [electorales y de
falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004]
mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más
profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de
octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes
policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes
no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".
Anticorrupción señala también que
"la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la
atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración
de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que
a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento
mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por
servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.
El Gobierno de Esperanza Aguirre,
que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una
contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento
obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó
reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre,
presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en
las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío
García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando
Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán
Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.
Los dos sistemas de financiación
ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios
que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las
comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en
Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este
caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los
empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios
pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.
De esta manera, los populares
pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la
presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley,
al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se
podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones
electorales.
Las fotografías que complementan
esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría
con fondos de Fundescam.
(www.elpais.com,
01/11/10)
20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la
trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a
Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y
los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en
Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún
otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa.
Cuatro grandes Ayuntamientos
(Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de contabilidad de
la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para
pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han
dejado fuera de juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre,
Ginés López (Arganda del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González
(Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los
que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le
organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.
La investigación avanzó mucho en
estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados
por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.
De hecho, los últimos informes
aclararon cómo había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de
Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los contratos con las
empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo ordenase la
Consejería de Presidencia.
El PSOE denunció a decenas de cargos
intermedios que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de
la trama corrupta.
La misma investigación ha destapado
que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los
concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos
públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a
una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el
año. Aguirre, que ha presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público
del PP al que más actos organizó la trama corrupta con un porcentaje de
beneficio que siempre rondaba el 50%.
(www.elpais.com,
01/11/10)
COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE
DE POZUELO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN
El Juzgado de Instrucción número 3
de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de
Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en las
legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario municipal, por presuntas
irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas.
El juez ha llamado a declarar al
actual alcalde, Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió
en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda, José
María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no adscrita Yolanda
Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la trama Gürtel; y al jefe del
Departamento de Contratación, Leopoldo Gómez. Este funcionario fue quien redactó
el proyecto e intervino en el concurso de adjudicación otorgado a una unión
temporal de empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones.
Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el administrador
único de EOC. Este empresario devolvió recientemente más de 20 millones de euros
a la Agencia Tributaria.
Preguntado sobre la legalidad del
expediente de las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL
PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra, sin duda".
Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En cuanto a la parte
técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo la responsabilidad de
redactar los proyectos y los modificados. Posteriormente, las certificaciones,
basándose en los aspectos técnicos, fueron competencia y responsabilidad
exclusivamente suya". Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que
cualquier pago del Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una
certificación de obra sin firmar por el director de obras correspondiente,
primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no podría autorizar
ese pago".
El proyecto del parque de las
Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más
tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y
modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en
el que señalaba algunas irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa
ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de
suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el
presupuesto final.
En el auto de citación el juez, que
inició la investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al Ayuntamiento
que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a
la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, "en especial con
relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles".
Respecto al viaje a este país, la
portavoz del PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo
participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir
arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que un árbol costara más
de 100.000 euros", relató.
Esta operación urbanística también
está siendo investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo
Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado Antonio Pedreira
que no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada dijo a la prensa que
ella fue concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su
concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en
contratación.
La presidenta de la Comunidad y del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre, restó importancia a los hechos,
asegurando que el origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras",
algo que, dijo, pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si la
imputación tiene trascendencia", porque ella es partidaria de que dimita "el que
esté imputado por haber usado su cargo político para enriquecerse", y "no todo
el que esté imputado".
(www.elpais.com,
30/10/10)
TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON
780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA
Arturo González Panero, ex alcalde
de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía
diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás
Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que,
presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la
Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de
Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos
municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y
al que ha tenido acceso Público.
El informe desvela cifras
exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de
propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el
informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A
Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero:
Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo
120.000 euros.
González Panero, El Albondiguilla
como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los
hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió
150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe
policial.
Los archivos de la contabilidad
secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del
hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls,
que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta.
La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la
referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el
cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los
tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace
constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla"
y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.
El soborno, argumenta la policía,
podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la
contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia:
"Neveras-2".
Según la policía, que se basa en la
contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el
11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica.
Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que
contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado
eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes
después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.
(www.publico.es,
27/10/10)
ANTICORRUPCIÓN NO DESCARTA MÁS
DELITOS DEL PP DE MADRID
La investigación sobre la presunta
financiación ilegal del PP de Madrid en combinación con la trama Gürtel no ha
agotado su camino. Así se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción ,
que considera prescritos los presuntos delitos electorales y de falsedad
derivados del uso de la fundación Fundescam como canal paralelo de financiación
electoral en 2003 y 2004.
"Los delitos mencionados -dice
Anticorrupción en referencia a los electorales y de falsedad que describe el
informe policial sobre Fundescam- se encontrarían prescritos". Pero -añade- ello
es "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación
intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la
participación de distintos imputados en estas".
La fiscalía abona con otro elemento
la tesis de que las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño no han
acabado. Anticorrupción recuerda que "están siendo investigados" los hechos que
la diputada de IU Reyes Montiel denunció en abril de 2010 tras lo publicado por
este diario sobre un contrato fantasma otorgado en 2007 a la empresa MQM, que se
coordinaba con la Gürtel.
MQM, siglas de Marketing Quality
Management, fue una de las adjudicatarias de la publicidad fantasma pagada por
la Comunidad de Madrid a cambio de campañas que nunca llegaron a realizarse. A
las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade) pagó un total de 4,5 millones de euros a tres agencias que se
coordinaban con la trama Gürtel: 1,3 millones a Swat SL, dos a Over Marketing y
Comunicación y 1,25 a MQM.
La fiscalía ya ha solicitado la
imputación del director de MQM. Esta empresa fue elegida por Alberto López Viejo
para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, también a las
puertas de los comicios de 2007.
Fuentes cercanas al PSOE sostienen
que, al hablar de "conductas semejantes no prescritas", Anticorrupción está
dejando la puerta abierta para investigar no otros delitos posteriores sino
conectados a los de 2003 y 2004. Con nombre y apellidos, el líder del PSM, Tomás
Gómez, expresó ayer esa sospecha: "Ya veremos si no hay otros presuntos delitos.
No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o
asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos", aventuró Gómez.
El informe policial de julio señala
que Fundescam, a la que la red endosó facturas del PP, recibió casi un millón de
euros en donaciones de empresarios. Seis de ellos obtuvieron luego de la
Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones.
El sistema de funcionamiento de
Fundescam, aduce la Brigada de Blanqueo en su informe, generó "una propensión al
intercambio de favores" con los donantes de Fundescam.
El documento policial traza un
triángulo sobre cómo funcionaba el sistema de financiación: en un vértice, se
situaría el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a quien la trama tenía
como "interlocutor"; en otro, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante
quien "reportaba" la red corrupta. Y en la cúspide estarían los archivos de la
contabilidad secreta de la red, que consignan la falsificación de facturas, y
aquellos que almacenó bajo el nombre de "pufos" del PP de Madrid. En ámbitos
socialistas se sostiene que la conjugación de los tres factores indica que hubo
un concierto previo para falsificar las facturas y cometer delito electoral. Y
ese concierto previo es lo que el Código Penal define como asociación ilícita
(www.publico.es,
26/10/10)
ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE
AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez
instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de
Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003,
el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas.
Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso
de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de
fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam
por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe
policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y
del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de
euros el valor de las facturas que
Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear
facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al
informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito
electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad
documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción
sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal
porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá
el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el
secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados
ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas
discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres
años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año;
y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando
presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes
jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo
de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó
tarde.
El primer informe policial sobre la
financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de
julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el
avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad
secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al
levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su
propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso
de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos
electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos
presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de
asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
El informe policial remitido en
julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un
delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca
que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar
las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el
PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de
euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de
euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe
de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos
"provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos
públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam,
entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000
euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones
se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004,
Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005,
ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos
por donaciones.
El informe policial de julio de este
año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y
lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor"
en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas,
entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables
entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios
autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid.
La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda
convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad
documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la
clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera
el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión
menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que
falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el
Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la
falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.
(www.publico.es,
25/10/10)
LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA
FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA
Special Events, marca de cabecera de la
trama Gürtel, endosó a la
fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en
realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de
2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores
madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del
congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días
después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño.
En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo
en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.
El falseamiento de la factura congresual consta en el
informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez
Antonio Pedreira y
cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El
informe cifra en 1,3 millones de euros las
facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en
supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como
fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo
organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino
que llevó toda su campaña.
Emitida con el número 04/099, la
factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por
la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de
Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente
leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a
Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la
fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe
correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones
durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.
Pero la anotación manuscrita no es
el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa
factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos
pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido
reproduce el informe policial.
Uno de esos tres archivos es una
hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella
se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre
diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas
bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una
última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo
Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En
la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en
la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional
P.P. Madrid".
La Brigada de Blanqueo subraya que
tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del
piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya
célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que
hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.
La factura del congreso regional
aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls",
cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo
casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que
lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto:
"Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario
1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día
1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para
exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de
Madrid".
"INTUYO CÓMO SIGUE FINANCIÁNDOSE
EL PP"
Campañas bajo sospecha
El secretario general del PSM y
candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez,
subrayó ayer que "haya prescrito o no, no significa que no hubiese financiación
irregular" en las campañas de su oponente, Esperanza Aguirre.
Posible recurso
Tomás Gómez aseguró que si el juez
Pedreira da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, el PSM tendrá que estudiar si
cabe o no recurso para mantener abierta la investigación sobre Fundescam y el PP
de Madrid. "Intuimos cómo puede seguir financiándose" el PP, avisó el líder de
los socialistas madrileños.
(www.publico.es,
25/10/10)
CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE
ADJUDICABA LOS CONCURSOS
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los
negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La
red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno
de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros.
Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales,
entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo
electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL
PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email
siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán
[responsable de las empresas de
Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el
Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente
forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con
concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".
Sigue el mensaje con las
instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los
pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de
los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera
los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la
construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733
euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura
Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de
prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el
diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los
empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la
organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una
adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las
sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los
concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de
Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.
El informe policial demuestra cómo
Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos
dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo
con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de
la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos.
Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado
Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el
encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.
Un portavoz oficial del Ayuntamiento
de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086
euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del
municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de
la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras
peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la
investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de
Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la
policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín
Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".
No obstante, el portavoz del
Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo
electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras
empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.
La persona que se encargaba de forma
habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces
concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos
trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero,
expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una
entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero],
ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de
Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a
las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la
detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información
privilegiada a las empresas de la trama.
Los grupos de la oposición, el
PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual
alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la
corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el
centenar.
(www.elpais.com,
25/10/10)
EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL
DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
La rapiña de la red Gürtel en todas
las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años
varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades
pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con
adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de
evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de
corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al
sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos
bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la
trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda
Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y
Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las
sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los
integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían
conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977
euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la
Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación
judicial.
El Grupo Rafael, vinculado a la red
Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo
de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza
Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto
universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores
jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un
coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que
fueron pagados a dos empresas pantalla.
También Presidencia abonó a seis
empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios
a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand,
Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña
denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario
público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.
La argucia de trocear los contratos
fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados,
el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la
policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás,
quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también
indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había
que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia
de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y
la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente
Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de
adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.
La relación económica entre las
empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación
entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad
y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi
de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la
trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo
de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban
Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las
cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.
Las gestiones de ambos lograron
alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se
saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones
presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna
ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de
contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas
al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario.
Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios
Siete Estrellas.
El propio Rodríguez Pendás, mano
derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó
cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía
ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la
facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con
rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo.
Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo.
Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".
Rodríguez Pendás explicó también que
no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que
realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que
contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y
quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus
eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la
presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la
organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.
El colaborador de López Viejo
sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo
normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por
supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo
acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento.
Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los
actos públicos de la presidenta".
Además, en su declaración asegura
haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se
formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido
siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la
contratación y la facturación de los eventos".
(www.elpais.com,
23/10/10)
QUEDA INAUGURADA LA PIEDRA UN
MILLÓN Y PICO
Nunca el concepto primera piedra fue
tan elástico. En primer término, Esperanza Aguirre, paleta en mano, realizando
un fino trabajo de albañilería -"¡qué arte, presidenta!", le gritó, arrebatado,
un vecino- para sellar con cemento una losa conmemorativa. Colocaba la primera
piedra del centro de salud Maqueda, en Latina, o eso decía la convocatoria de
prensa. Porque justo a su espalda se alzaba el edificio en cuestión, a medio
construir, con la primera planta ya perfectamente visible. Esa piedra debía de
ser, como poco, la número un millón.
A las arcas regionales hace tiempo
que se les ve el fondo. Pero las elecciones ya están ahí. Así que a falta de
nuevos edificios que inaugurar, buenas son las primeras piedras, o segundas, o
terceras. Aguirre repitió ayer la cantinela habitual: que ha construido 68
centros de salud desde que es presidenta. "Uno cada mes". El problema es que
lleva diciendo eso desde julio, cuando inauguró el último, en Guadalix de la
Sierra. El 68. Desde entonces, ha tenido que conformarse con primeras piedras,
como el centro del PAU de Carabanchel o Maqueda.
La visita de ayer empezó mal. En
cuanto Aguirre se bajó del coche oficial, una decena de vecinos de la asociación
de Aluche desdoblaron sus pancartas caseras -"Hospital, ya" y "Mentirosa",
decían- y empezaron a corear "¡Hospital de Carabanchel!", "Esperanza, cumple" y
a preguntar dónde está el centro que prometió construir en los terrenos de la
antigua cárcel de Carabanchel. "¿Cómo, hospital?", se sorprendió Aguirre. "Pero
si hoy venimos a este centro de salud, ¿es que no os parece bastante?". La
presidenta se encaró con dos o tres vecinos: "Pero si no me da el terreno
Rubalcaba", les repetía. La Consejería de Sanidad asegura que Interior aún no ha
cedido el solar al Ayuntamiento de Madrid, que a su vez debe cederlo a la
Comunidad. Lo que Aguirre no repitió ayer es que, después de firmar el convenio
para que el Gómez Ulla tenga uso civil, ya no tiene intención de construir el
otro hospital.
El acto siguió sin abucheos porque
la escolta de la presidenta impidió el paso a los vecinos que protestaban y
cerró con candado la entrada a la obra para dejarlos fuera. Se quejaban de que,
pese a ser de una asociación vecinal, no les habían invitado. "Si somos
nosotros, con nuestras manifestaciones, los que hemos conseguido que lo
construyan", decía Julián Rebollo. El actual centro de salud de Maqueda es,
probablemente, el peor de Madrid. Saturado, pequeño, sin ventilación, sin sillas
suficientes... El nuevo, que entrará en funcionamiento el próximo verano,
atenderá a los casi 29.000 ciudadanos de la zona en dos plantas y 23 consultas.
(www.elpais.com,
23/10/10)
EL EX ALCALDE DEL PP DE COSLADA
SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ
El caso Coslada, la desarticulada
trama de corrupción de los agentes municipales presuntamente liderada por Ginés
Jiménez, que estalló cuando gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin
embargo, su primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular
Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y malversación en
junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia
judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo.
El juez que instruyó este caso ha
concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de
la fiscalía para el ex alcalde popular es de cuatro años de prisión y nueve años
de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y
de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un
delito de prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de 21.639
euros para responder de las responsabilidades pecuniarias.
La querella contra el ex regidor
popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de Coslada, bajo
gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez, que ya ocupaba el puesto
de jefe de la Policía Local, con una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses
por seis faltas graves. Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el
expediente, salvo una falta.
Su castigo quedó reducido a
suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí
cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002,
salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas retribuciones del periodo
sancionado.
El anterior alcalde socialista, Juan
Granados, asegura que pidió a la justicia la ejecución de la sentencia. Pero
cuando llegó la respuesta, el nuevo regidor, Raúl López, solicitó al letrado del
Ayuntamiento, en junio de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia
en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó, "el
Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. Pero no
fue así. Según la denuncia que originó esta bola de nieve que amenaza con
prisión ahora a López, el ex regidor popular no realizó ninguna actuación
tendente al cumplimiento del fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular
imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la
Policía Municipal que debieron ser embargados.
La denuncia señalaba que al dejar de
transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)" evitó que
pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes.
"Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba al
jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la
denuncia socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige el
regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde popular una
prevaricación al "desistir del procedimiento judicial para posteriormente no
ejecutar ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción
impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria".
(www.elpais.com
, 22/10/10)
AGUIRRE SE DESMARCA DE LA
'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al frente del PP de
Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes policiales
apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos los actos de
las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata.
"Una vez que se sabe que todos los
actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red Gürtel, ¿mantienen en
el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones a Pío García-Escudero,
su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del
PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el
responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a Pío-García
Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y actual portavoz del
partido en el Senado.
No es la primera vez que la
presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa de su
predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de Fundescam, fue
contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en el partido]. O
sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no llegó a la
primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del PP de
Madrid, hasta noviembre de 2004.
Según ha informado este periódico,
Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar
todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se
desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado
por la policía en un ordenador de la trama Gürtel.
Las siglas E. A. se refieren a la
presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán Gutiérrez, gerente
del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales
de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para
ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace
unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea también
de la citada fundación.
Transcurridas las autonómicas, las
empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de actos de las diferentes
consejerías de la Comunidad de Madrid.
Una vez más, la presidenta madrileña
restó ayer valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de
Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de manifiesto
la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en todo momento".
Mañana, Esperanza Aguirre y Pío
García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz conservador en el
Senado será uno de los participantes en la convención regional del PP de Madrid.
Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio
de Madrid para debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación
local, economía e ideología.
El plato fuerte ha sido reservado
para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y
Mariano Rajoy.
(www.publico.es,
21/10/10)
PEDREIRA RASTREA LAS CUENTAS DE
14 EX CARGOS DEL PP
El juez instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con sede en España que en
el plazo de un mes informen sobre las cuentas y cualquier otra clase de activos
financieros vinculados a 38 sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos
14 ex cargos del PP.
El marco temporal sobre el que el
juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso
del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer así como de su círculo de
máxima confianza: su lugarteniente, Pablo Crespo; su delegado en Valencia,
Álvaro Pérez, El Bigotes, y su primo Antoine Sánchez.
Que el juez pida datos bancarios de
hasta diez meses después del estallido del caso sugiere que los investigadores
albergan una sospecha: que los implicados pudieron tener margen de maniobra para
mover el dinero incluso después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y
Sánchez permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que en
prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto.
Entre los 27 imputados sobre los que
el juez requiere información figuran 14 antiguos cargos del PP madrileño, entre
ellos Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado
el número dos de la trama corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta
en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo,
Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
El magistrado también solicita los
datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP madrileño a quienes se atribuye
el presunto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero
(Boadilla), Ginés López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega
(Majadahonda).
El ex viceconsejero madrileño de
Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director general del Govern balear
con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo y José Galeote (Estepona y Boadilla,
respectivamente), la ex edil de Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la
Empresa Municipal de Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales
completan la lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información.
La mayoría de ellos tuvo
participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la red
corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión al grupo
dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también información sobre José
Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel.
Por lo que respecta a Arturo
González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última militante del PP en ser
imputada, los requerimientos también alcanzan hasta diciembre de 2009.
Y entre las sociedades investigadas
se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y sus socios y las que
obtuvieron contratos de administraciones del PP, incluida la valenciana Orange
Market. También figura Astrolago de Inversiones, donde el ex tesorero del PP
Luis Bárcenas poseía acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde
Jesús Sepúlveda.
La solicitud del juez consta en un
auto dictado el martes. El redactado de la resolución sugiere que Pedreira no
está dispuesto a aceptar negativas o dilaciones como las que se han sucedido
desde el comienzo de la instrucción.
El juez pide a las entidades
bancarias "una relación comprensiva de las cuentas, depósitos, cajas de
seguridad y cualquiesquiera otros productos financieros, activos o pasivos,
existentes en la entidad o gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud
se extiende no sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los
imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los que figuraban
como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de intervención".
www.publico.es, 20/10/10)
'GÜRTEL' ASOMA EN LA POLÉMICA DEL
CURSO MUNICIPAL CON PRÁCTICAS DE TIRO
El curso de formación con prácticas
de tiro por el que la empresa pública Promoción Madrid pagó en 2009 más de
16.000 euros para potenciar el trabajo en equipo de su plantilla incendió ayer
la comisión del Área de Economía y Empleo, dependiente de Miguel Ángel
Villanueva. La oposición, especialmente IU, cargó contra el concejal y le acusó
de irregularidades en la contratación del curso de formación. Villanueva, que no
esperaba tales ataques, negó cualquier ilegalidad, aunque sí asumió que las
prácticas de tiro que realizaron los empleados de la televisión pública no eran
apropiadas.
El concejal de IU, Ángel Lara, tachó
a Villanueva y a su equipo de "irresponsables" por haber permitido la
contratación de ese curso que tuvo que suspenderse porque varios empleados se
negaron a disparar, a meterse una cuerda por el interior de la ropa o a
participar en actividades que consideraron machistas.
Lara defendió que Promoción Madrid,
dedicada a fomentar el turismo de la capital, nunca tendría que haber contratado
aquel curso porque la empresa que se lo ofreció, Megatraining, según publicó el
BOE, no estaba al corriente de pago con las Administraciones públicas, lo que la
"inhabilita legalmente" para contratar con la empresa pública.
Villanueva replicó que en contratos
inferiores a 18.000 euros -este costó 16.397 euros- no tiene obligación de
investigar la situación de las empresas que le prestan servicios. Unas horas
después, sin embargo, un portavoz envió un documento que se había solicitado a
la Agencia Tributaria de Barcelona, fechado en febrero de 2009, que certificaba
que Megatrainig estaba al corriente de pago.
"¿Sabe usted quién era el presidente
de la empresa [Fyrs] donde se impartió el curso?", le inquirió Lara a
Villanueva. "¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho sus compañeros?", continuó. "Pues
era un compañero de su partido que se llama Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde
de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel".
El concejal del PP, al que le pilló
por sorpresa la afirmación, aseguró desconocer "el accionariado" de las empresas
subcontratadas por otras y siguió: "Nosotros hemos contratado con Megatraining.
No tenemos ninguna relación contractual con Fyrs. Si Ortega es el presidente no
nos afecta. Y me parece que está montando una historia donde no hay tema".
(www.elpais.com,
20/10/10)
LA 'GÜRTEL' ORGANIZÓ TODOS LOS
ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003
"Relación actos E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato
excel creado con ese título y hallado por la policía en un ordenador de la trama
Gürtel prueba que la red corrupta organizó a través de
Special Events no algunos sino todos los actos
protagonizados por Esperanza Aguirre en la precampaña y la campaña de las
primeras autonómicas de 2003. E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán,
el nombre de pila de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en
esa época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor regional
en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP en el congreso
regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el cargo a Beltrán Gutiérrez.
Público intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del PP de Madrid.
Las revelaciones sobre el papel sustancial de la trama
Gürtel en esa campaña de Aguirre, aquella tras la que se produjo el tamayazo,
constan en el informe policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de
julio y al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de
euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y 2004. La
falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con la red de Francisco
Correa y gracias al uso de
Fundescam como canal opaco de financiación del PP.
Desde que, en mayo de 2009, este
diario informó del falseamiento de facturas electorales endosadas a Fundescam,
Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne. La presidenta
argumenta que, entonces y hasta noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían
como presidente a Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado.
Pero el hallazgo de un archivo en
formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los actos de la hoy
presidenta de Madrid pone en solfa la versión de Aguirre sobre su
desconocimiento de los entresijos financieros de 2003. En el estadillo archivado
con las iniciales de la presidenta se consignan relata el informe policial "el
conjunto de los actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología
del acto".
La trama clasificaba los actos de
Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos ellos figuran en el
archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de principio a fin: el estadillo
incluye el acto de apertura de la campaña para las elecciones del 25 de mayo de
2003, que contaba con su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña
Regional Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events
creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que se añadió un
complementario llamado "Extras.doc".
Special Events preparó incluso, y
así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con interventores y
apoderados y otro con agentes electorales.
Un año después de las autonómicas de
mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un aluvión de contratos a dedo
adjudicados por la Comunidad de Madrid, ya bajo la presidencia de Esperanza
Aguirre. El fraccionamiento de los contratos, táctica urdida para que el importe
de cada adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar
concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red: sus empresas
obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados
por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.
La versión oficial del PP sostiene
que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, quien maniobró para beneficiar a la trama con contratos a dedo.
Imputado desde el estallido del caso Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de
director adjunto en la campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas
de octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría absoluta. El ex
consejero de Deportes mantiene su acta en la Asamblea de Madrid como diputado no
adscrito. El informe policial, incorporado a las actuaciones secretas del
sumario Gürtel, señala a Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización
[la red corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la
campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.
Que entonces era el interlocutor de
la Gürtel queda claro por la existencia del documento "Temas a tratar Beltrán
Gutiérrez", incluido en el archivo "Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona
señala la policía en referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de
actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza
Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".
El apartado relativo a la
organización de actos no es el único del informe que otorga relevancia a Beltrán
Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número dos del PP de Madrid, Gutiérrez
es uno de los dirigentes a quienes escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente
de Francisco Correa. En sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con
Special Events, aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de
Madrid.
Los documentos de la trama
analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el PP como
Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso Gürtel: que las empresas
de ese grupo se convirtieron en la marca favorita del PP porque eran las más
baratas. Según el informe, que cita como fuente "los datos del archivo
Campaña.Madrid.xls.", Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada
acto de Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una
cuestión abierta.
A tenor de los documentos
requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un beneficio del
65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande, Special Events se hacía con
una ganancia del 50,2%. En otros casos, como el que aparece consignado como
"Acto Villaverde", la rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de
2003, aún en fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de
Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de Villaverde.
"Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente
del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la organización con el
Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña, así en el archivo
"Beltran Gutierrez.doc", bajo el título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez",
se establecen una serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña,
acto 22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea que las
facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él les va a pagar una
parte de la factura de 120.000 euros. A esta persona se le anotan el conjunto de
actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza
Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta
forma en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a fecha
14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y
tipología del acto".
(www.publico.es,
19/10/10)
GRANADOS SE DEFIENDE: "NO
ENTIENDO DE CONTABILIDAD"
El secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, desconoce a qué tipo de "pufos" se refería Pablo
Crespo, número dos de la Gürtel, en las dos cartas que le envió para reclamarle
que pagase la deuda contraída por el partido con la trama corrupta. Eso es, al
menos, lo que mantuvo ayer cuando fue preguntado por los periodistas.
"Evidentemente, no entiendo de
contabilidades de empresas y, por lo tanto, no sé a lo que se refiere". Una
respuesta llamativa teniendo en cuenta que Granados es licenciado en Económicas
y Empresariales.
Según desveló Público la semana
pasada, la red Gürtel tenía en sus ordenadores dos misivas que prueban que
Granados estaba al tanto de la existencia de una deuda con Special Events, una
de las empresas de la trama corrupta. El "pufo" ascendía presuntamente a 60.000
euros.
Las citadas cartas aparecen en un
informe realizado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, fechado el pasado 30
de julio y que ha sido incorporado al sumario de este escándalo de corrupción.
El informe recopila datos que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid.
Concretamente, según la policía, el PP de Madrid falseó
facturas electorales de las campañas de Aguirre del año 2003 por más de 1,2
millones de euros. Para ello, se sirvió de
Fundescam, una fundación perteneciente al partido.
Pese a desconocer supuestamente a
qué se refería la red en sus misivas un documento hallado en un ordenador de la
Gürtel se llama "Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc", el número dos de Aguirre
reconoció que "es verdad" que cuando el actual equipo llegó a la dirección del
PP de Madrid (noviembre de 2004) recibió "dos cartas de estos señores".
En estas, siempre según las palabras
de Granados, se reclamaba al PP de Madrid una "deuda" que el partido entendía
"excesiva". Para el secretario general del PP de Madrid, la demostración
"fehaciente" de que su formación "nada tenía que ver con estos señores" es que
el partido fue llevado a los tribunales para que hiciese frente a los pagos.
"Acudieron a los tribunales y en los tribunales se dictaminó que teníamos que
pagar mucho menos de lo que ellos decían", señaló Granados, que también aseguró
que el PP de Madrid "nunca" trabajó con esta trama.
Pese a estas declaraciones, este
periódico ha revelado, y así consta en los informes policiales incluidos en el
sumario, que el juicio, fijado para el 16 de mayo de 2006, nunca se celebró. Y
es que ambas partes llegaron a un acuerdo previo.
Tras las declaraciones de ayer de
Granados en las que aseguraba que el PP de Madrid "nunca" trabajó con la trama,
se halla la estrategia que el equipo de Esperanza Aguirre ha mantenido desde que
estalló el escándalo de Fundescam. Justo el día que se publicaron las primeras
informaciones, la presidenta madrileña intentó salir al paso apuntando a su
antecesor en el PP madrileño, Pío García-Escudero, ahora portavoz de los
conservadores en el Senado. "Pregunten a Pío, pío, pío", espetó.
No obstante, el sumario del caso
Gürtel ha desvelado que la Comunidad de Madrid, en manos de Aguirre, adjudicó a
la trama más de 300 contratos por un valor superior a los tres millones de
euros. Lo hizo entre los años 2004 y 2008, con la presidenta ya en la Puerta del
Sol. Menos dos, todos estos contratos fueron adjudicados a dedo.
Granados acudió ayer a Getafe, donde
el PP local presentó una oficina móvil de atención al ciudadano. Junto a él,
participaron Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, y Carlos González,
presidente de los conservadores de Getafe. Todos confiaron en arrebatar el
municipio al PSOE.
(www.publico.es,
19/10/10)
EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA
A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP
El juez Antonio Pedreira, que
investiga desde hace año y medio el caso Gürtel, la más extensa trama de
corrupción de la democracia, que salpica a más de 30 dirigentes del PP de varias
comunidades autónomas, ha solicitado a 79 bancos con sede en 30 provincias
españolas la información de 27 personas imputadas en la causa.
En el listado de los afectados por
esta investigación especial figuran 12 ex altos cargos del PP: los tres
diputados autonómicos expulsados del grupo popular que mantienen todavía su
escaño en la Asamblea, Alberto López Viejo (ex mano derecha de Esperanza Aguirre
para todos sus actos institucionales de propaganda), Benjamín Martín Vasco (al
que colocó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político
pagado con fondos de la Comunidad de Madrid), y Alfonso Bosch Tejedor. El juez
pide a los bancos que le faciliten todos los movimientos de dinero de sus
cuentas corrientes.
Reclama la misma información para
los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey y
para otros cargos intermedios del PP. En el listado figura Francisco Correa, el
cerebro de la trama que montó su red empresarial tras hacerse con los actos del
PP durante el mandato de José María Aznar, y sus principales colaboradores,
entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que tejió una red corrupta en la Comunidad
Valenciana con la complicidad del Gobierno de Francisco Camps, que le adjudicó
decenas de contratos sin concurso.
El auto del juez también solicita a
los 79 bancos información de 38 sociedades montadas durante más de diez años por
Francisco Correa para sus distintos negocios.
(www.elpais.com,
19/10/10)
LA 'GÜRTEL' INFORMÓ AL NÚMERO DOS
DE AGUIRRE DE LOS "PUFOS" EN MADRID
"Carta Granados-Pufos Reg.
Madrid.doc". Bajo ese título de significado inequívoco, la red Gürtel guardaba
en sus ordenadores dos cartas de relevancia para las indagaciones sobre la
presunta financiación ilegal de PP madrileño y que aparecen reseñadas en el
informe policial al que ha tenido acceso Público. Porque esas misivas prueban
que su destinatario, Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y
consejero de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue informado de
la existencia de una deuda con Special Events cifrada oficialmente en 60.000
euros. Tal deuda, reclamada a Granados por Pablo Crespo, a quien se considera el
lugarteniente de Don Vito, era el "pufo". En otras palabras: se trataba de una
deuda que, a criterio de la propia trama corrupta, poseía un carácter engañoso,
turbio o fraudulento. La palabra "pufo" se repite en el enunciado de cinco
archivos informáticos incautados por la policía, todos ellos referidos a la
citada deuda. Una portavoz de Granados confirmó que este recibió al menos una
carta de Crespo.
Fechado el pasado 30 de julio e incorporado a las
actuaciones secretas del sumario Gürtel, el informe de la Brigada de Blanqueo
aporta numerosos datos sobre la financiación ilegal del PP madrileño. El PP,
sostiene la UDEF, usó un sistema de "facturas ad hoc" cuyo concepto y
destinatario el PP o Fundescam variaba según "las necesidades del cliente".
Según la policía, el PP de Madrid
falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre
en 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros.
"Este sistema de facturación ad hoc
y de financiación irregular de los actos realizados por el conjunto de empresas
de Francisco Correa para el PP tiene una persistencia en el tiempo", dice el
informe. En otro momento, la Brigada de Blanqueo pone el dedo en la llaga de
Fundescam: "El partido ha canalizado a través de Fundescam recursos que han sido
empleados para financiar campañas electorales".
Por lo que respecta a la reclamación del "pufo", la
policía reproduce en estilo indirecto parte de una de las dos misivas de Crespo
a Granados: "Le indica [Crespo] la existencia de una deuda pendiente como
consecuencia de los trabajos realizados en beneficio de la formación política",
detalla el informe antes de precisar que esa carta obtuvo "acuse de recibo y
respuesta", y que todo ello quedó almacenado en los ordenadores del
conglomerado Gürtel.
En el apartado relativo al tráfico
postal entre la trama y los dirigentes del PP madrileño, el informe policial
introduce un elemento incómodo para el equipo de Aguirre cuando relata cómo
Crespo subraya en su carta a Granados que "ellos [la trama] han seguido las
instrucciones marcadas desde la primera planta de la calle Génova". En esa
primera planta se localiza el cuartel general del PP madrileño. Y, también, la
sede de Fundescam.
A preguntas de este diario, una portavoz de Granados negó
de manera tajante que la deuda pendiente con
Special Events incluyera facturas giradas a nombre de
Fundescam. La portavoz confirmó que Crespo se había dirigido por carta a
Granados y añadió que, dado que no hubo acuerdo, Special Events "planteó un
pleito". En efecto, la empresa que en esa época operaba como marca principal de
la trama Gürtel demandó al PP de Madrid. El juicio, señalado para el 16 de mayo
de 2006, no llegó a celebrarse, dado que las dos partes alcanzaron un acuerdo.
Como informó este periódico en mayo
de 2009, fue Crespo quien al final frenó el juicio cuando llevó a la sede del PP
de Madrid un documento que evidenciaba la falsificación de facturas. Fuentes que
conocen esa información de primera mano aseguran que Crespo esgrimió un archivo
Excel titulado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (PP de
Madrid)". Ese estadillo figura en el informe policial y está incorporado al
sumario Gürtel.
En ese juicio de Special Events
contra el PP estaban citados como testigos dos personajes clave en el caso
Gürtel: el ex concejal del PP José Luis Peñas, que grabó sus conversaciones con
Francisco Correa y denunció los hechos ante Anticorrupción, y José Luis
Izquierdo, el contable de la trama.
Así, se preguntó a Peñas. "Me consta que en el total de la
deuda que reclamaban había actos facturados a Fundescam", aseguró el ex edil de
Majadahonda, que permanece imputado en la causa. Peñasacudía a todos los actos
como miembro del equipo de organización del PP. Y, según pudo saber este diario,
Special Events planeaba aportar fotos de los
actos de Fundescam como prueba contra el PP. En
algunas de esas fotos se observa el logotipo de Fundescam en la esquina superior
izquierda de las traseras de los actos. El logo del PP aparece en la esquina
superior derecha.´
Las cartas a Granados no fueron las
únicas que escribió Crespo. El número dos de la organización de Don Vito remitió
una misiva a Salvador Victoria en su calidad de "secretario de la comisión
jurídica asesora del PP de Madrid". Victoria es actualmente viceconsejero de la
Vicepresidencia, a las órdenes de Ignacio González.
Otra carta igualmente remitida por
Pablo Crespo al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y reproducida
fotográficamente en el informe afianza la tesis policial sobre el falseamiento
contable. "Aprovecho la ocasión escribió Crespo para recordarte el asunto de las
facturas pendientes de los pueblos de Madrid de hace un año". "Recordarás dice a
renglón seguido que quedamos en encajarlas en esta campaña", la autonómica de
2003, según la policía.
Además de gerente del PP, Beltrán
Gutiérrez ya era en 2003 apoderado de Fundescam. Es su firma la que consta en
los certificados que Fundescam entregó a los empresarios que, con Gerardo Díaz
Ferrán en cabeza, aportaron a sus arcas casi un millón de euros entre 2003 y
2004. Al menos un tercio de ese dinero sirvió para sufragar gastos electorales
de Esperanza Aguirre, sostiene el informe policial, que incluye la lista de
facturas de Fundescam que fueron falseadas.
(www.publico.es,
16/10/10)
EL PP FALSEÓ FACTURAS PARA LA
CAMPAÑA DE AGUIRRE
El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas
electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de
euros. Lo hizo con la connivencia de
Special Events, entonces buque insignia de la
trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la
fundación Fundescam como canal de financiación
paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía.
El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del
tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre
la puerta del Gobierno de Madrid.
Las nuevas revelaciones policiales,
que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones
de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo
fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario,
concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se
hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Siempre según el informe, el monto
de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre
2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las
facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al
archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de
Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto
real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los
datos falsos utilizados a efectos oficiales.
Elaborado en formato excel, ese es
uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada
"PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas
emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El
análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha
permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la
financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía
reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control
de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas
fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.
Había un doble modus operandi y el
informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el
concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones
de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas
electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama
corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de
euros entre 2003 y 2004.
En otros casos, la empresa endosaba
la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la
fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o
seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó
así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP
madrileño.
Como norma, el concepto de la
factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume
así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter
provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a
cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al
cliente según las necesidades de este".
En referencia a los empresarios que,
con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam
entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el
Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada
orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han
adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros.
El informe policial, que evita
nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con
precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de
financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de
Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido".
(www.publico.es,
15/10/10)
LA POLICÍA PIDE DATOS SOBRE LAS
DONACIONES
El informe policial que ratifica los indicios de
financiación ilegal en el PP madrileño propone al juez una amplia batería de
pruebas para avanzar en las pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam
la lista de donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de
la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas". En esos dos
años, ambos electorales,
Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de
origen privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la fundación
ya no recibió un solo euro en donaciones.
Como ha venido informando Público a
lo largo del último año, las cuentas de esta misteriosa fundación ligada al PP
madrileño no aportan el más mínimo detalle sobre el destino de las donaciones.
Las memorias anuales de Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera
pormenorizan la relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino
dado a las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres de
negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba el todavía jefe
de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó en total 246.000 euros.
Fundescam centra el grueso de las
propuestas de actuación planteadas en su informe por la Brigada de Blanqueo. La
policía propugna que se requiera a la fundación para que facilite "toda la
documentación soporte de las relaciones comerciales" que haya podido mantener
con las empresas más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye
desde facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre ambas
partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con Fundescam se interesa
la policía es esta: Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid
Integral, Good and Better, Technology Consulting Management, Orange Market,
Pasadena Viajes, Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.
La policía propone igualmente que se
reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid los siguientes
datos sobre Fundescam: "Fundadores, patronato fundacional, cargos de
responsabilidad, estatutos, memorias y estados contables y toda la información
obrante en el registro desde su fundación y hasta el año 2004".
Respecto al PP de Madrid, la Brigada
de Blanqueo solicita que se le requiera "para que facilite la documentación
relativa a las operaciones llevadas a cabo con la sociedad Special Events
durante 2003 y 2004". Esa petición se hace extensiva al PP nacional, incluyendo
aquí la "justificación bancaria y contable" de los pagos.
En los dos meses hábiles
transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira, Anticorrupción no ha
solicitado la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Brigada
de Blanqueo .
(www.publico.es,
15/10/10)
LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP
MADRILEÑO SE FINANCIÓ ILEGALMENTE ENTRE 2003 Y 2004
El PP madrileño utilizó "un
mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y
la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido". Así de contundente es el informe policial incluido en
el caso Gürtel, que asegura que los populares en la Comunidad de Madrid
falsearon facturas de activides electorales de las autonómicas de 2003 por un
importe superior a 1,2 millones de euros y que para ello utilizaron la fundación
Fundescam a partir de donaciones de determinados empresarios.
El diario Público, que ha tenido
acceso al informe policial, asegura que la mayor de las donaciones (unos 649.255
euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados
socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, en
2004.
"Enmascarar la realidad"
La autoría del informe corresponde a
la Brigada de Blanqueo, y está fechado el pasado 30 de julio. En él se concluye
que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con
conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Special Events
La empresa que falseó presuntamente
las facturas que suman un montante de 1.316.103 euros fue Special Events, una de
las compañías del cabecilla de la trama Gürtel, entre 2003 y 2004. Estos datos
están recogidos en al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades
y/o conceptos (P.P. de Madrid)". La Policía halló en ese documento una columna
con datos bajo el epígrafe "Concepto real". Y, bajo el título "Concepto
factura", en otra columna, se alineaban los datos falsos utilizados a efectos
oficiales.
Facturas a medida
Special Events en ocasiones alteraba
el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, para que no quedara sujeta a las limitaciones de gasto que la ley
impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese
procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la
Policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. Al
respecto, la Policía establece que "el sistema de actuación consistía en
elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que
posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el
momento de ser enviada al cliente según las necesidades de ´éste".
Facturas a Fundescam con "conceptos
ficticios"
En otros casos, la empresa de Correa
elaboraba la factura a nombre de Fundescam, con conceptos “ficticios” ajenos a
la actividad partidaria, como jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del
informe y de los anexos, Fundescam pagó más de 300.000 euros que se
correspondieron, realmente, con gastos electorales del PP madrileño.
Las donaciones de empresarios
Sobre los empresarios que
presuntamente financiaron al PP madrileño, entre 2003 y 2004, con donaciones que
sumaron casi un millón de euros, está el todavía presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán(en la foto junto a Aguirre). "Estos fondos obtenidos por Fundescam,
vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros, según el informe policial, citado por Público.
La versión del Gobierno de Aguirre
Una fuente próxima a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que ha sido consultada por El Plural para la
elaboración de esta información, ha afirmado que en la noticia de Público, según
su criterio, no hay datos nuevos, y que sobre las acusaciones vertidas en la
misma, el juez que lleva el caso Gürtel no ha tomado medida alguna. El Plural ha
intentado, sin éxito, conocer la versión del PP madrileño.
(www.elplural.com,
15/10/10)
ASÍ FUNCIONABA FUNDESCAM
El sumario sobre el caso Gürtel
incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid
falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo
hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que
demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija
un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la
Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.
Fue durante un registro policial en
un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General
Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la
que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la
trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación
2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P.
Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre.
El archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas
con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última
sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002
y noviembre de 2004.
Entre los clientes que figuran en
esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento
de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional.
A la hora de citar el concepto, los
investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica,
como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre
octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP
Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número
1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se
hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo.
El archivo en el que aparece el
nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios
facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente
a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera
variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura".
Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las
fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid,
Fundescam y PP Nacional.
En cuanto al concepto real, se citan
"las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso
regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la
descripción del acto atribuido".
Los investigadores concluyen que
"existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes
genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número
1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación
2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como:
lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también
incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona
que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros de empresarios a través
de Fundescam. Con ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.
(www.publico.es,
15/10/10)
PRESIDENCIA PAGÓ A 'GÜRTEL' 45.534 EUROS POR UN ACTO DE
AUTOBOMBO
El 22 de noviembre de 2006, Esperanza Aguirre sacaba pecho
por su gestión al frente del Ejecutivo regional. Había ordenado celebrar un acto
en la sede del Gobierno autónomo, en el patio de la Real Casa de Correos,
situada en la Puerta del Sol, para recordar lo bien que lo había hecho. Una
pantalla trasera con el lema "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos"
y el logotipo de la Comunidad de Madrid decoraba un escenario montado para la
ocasión en el que se colocaron todos los miembros del Gobierno de Aguirre. El
Ejecutivo regional convocó a consejeros, viceconsejeros, directores generales y
demás cargos regionales. Un acto de autobombo que costó más de 45.534 euros y
que fue adjudicado a varias empresas pantalla del entramado de la red Gürtel,
según un informe policial sobre el Grupo Rafael.
La Comunidad de Madrid contrató a las empresas Fotomecánica
Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, pertenecientes al Grupo Rafael, para
la organización del acto. Estas empresas actuaron de pantalla de las sociedades
de la red Gürtel, que lideraba Francisco Correa, según el informe policial.
Todas las facturas fueron emitidas por un importe inferior a 12.000 euros para
evitar el concurso público y dificultar su control.
La investigación policial revela que la red Gürtel utilizaba
a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y prueba que la Consejería de
Presidencia de Madrid contrató, al menos en cuatro ocasiones, a compañías de
este entramado empresarial para organizar el acto de promoción de Aguirre. El ex
viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo está imputado por su presunta
participación en las operaciones de la trama corrupta. Según el sumario del caso
Gürtel, López Viejo ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo
de 12.000 euros para dificultar su control.
El informe policial confirma que el Grupo Rafael hacía de
pantalla a la red Gürtel: "Existe una estrecha vinculación entre las empresas de
la organización de eventos de Madrid de Francisco Correa y las del Grupo
Rafael". Y añade: "La emisión de facturas a la Comunidad de Madrid la realiza el
Grupo Rafael, luego es el grupo vinculado a Correa el que factura por esa misma
cantidad al Grupo Rafael [...], Correa emitía facturas a este grupo por los
mismos conceptos e importes para compensar contablemente las operaciones".
En un correo electrónico recibido por Felisa Jordán,
administradora de varias de las empresas de Correa, la policía halló unas hojas
de cálculo con la relación de facturas del Grupo Rafael a la Comunidad de
Madrid. En uno de estos archivos, correspondiente a "facturas pagadas", figuran
tres cuentas con empresas del Grupo Rafael de la Consejería de Presidencia [con
las siguientes numeraciones: 20070857 por importe de 11.629,09 euros; 20070003,
por 10.378,75 euros y 20071237, por 11.990,88 euros] para la organización del
acto de celebración de los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid. En otro archivo de "facturas pendientes" se incluye otra
cuenta del mismo grupo [20070002] por importe de 11.537,75 euros.
Las sociedades Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, del
conglomerado de empresas Rafael, emitieron facturas por un importe menor de
12.000 euros. De esta forma, eran consideradas como contratos menores y evitaban
que hubiera que concurrir a un concurso público.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid explica que el Gobierno
autónomo ya ha entregado toda la documentación necesaria al juez que instruye el
caso, Antonio Pedreira. Además, asegura, han participado en una comisión en la
Asamblea de Madrid y han realizado una investigación interna del caso.
El acto de autopromoción para celebrar los tres años de
gobierno de Esperanza Aguirre fue pagado íntegramente por el Ejecutivo regional
de Madrid. En otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, este tipo de
actos los paga el partido. Así ocurrió el pasado mayo cuando el presidente
valenciano Francisco Camps (PP) celebró los tres años de su victoria en las
elecciones a la Comunidad Valenciana. El acto de celebración fue sufragado por
el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El portavoz regional explica que
el evento organizado por la Comunidad de Madrid era un acto institucional de la
presidenta de la Comunidad de Madrid al cumplirse tres años de la toma de
posesión.
(www.elpais.com, 14/10/10)
POZUELO INVIRTIÓ 9,6 MILLONES EN
UN PARQUE BAJO SOSPECHA
La investigación judicial
abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por qué el ayuntamiento
decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en un parque presupuestado en 4,5
millones ha avanzado en una dirección que puede complicar más aún las cosas al
Gobierno del PP. Máxime cuando se trata de un municipio involucrado desde
primera hora en el caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción
resuena en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado como
el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas inmediaciones se construyó.
Por ahora, el único imputado es
el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex parlamentario autonómico
del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha contado al juez que en esa extraña
operación que benefició a dos filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex
presidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía
órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de Obras Yolanda
Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel (aunque el juez podría
levantar en breve la imputación contra Estrada). Y también seguía instrucciones,
sostiene el ingeniero, de Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado
sucedió a Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama
corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007 dimensiones
presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de Urbanismo.
El pasado viernes, la portavoz
municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció que su partido ya ha
pedido la imputación de Yolanda Estrada y exigió "responsabilidades políticas" a
Aguado. La apertura de diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz
de una denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó mal
desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre contratos
públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo importe supere el 20%
del contrato original debe someterse de nuevo a licitación. "Y eso se ha
incumplido, como se han incumplido todos los trámites de legalidad", se lamenta
la edil.
Ese año, los tres munícipes
citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas con una misión inusual
incluso para una localidad rica como Pozuelo: comprar árboles y plantas en un
vivero. De allí se trajeron un árbol que costó al erario municipal de Pozuelo
110.578 euros. El PP revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol
centenario de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal
al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo contó al
juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el umbral" para comprarlo de
forma legal.
El actual regidor de Pozuelo, a
quien se inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre aquel desplazamiento a
Bruselas, respondió por escrito que "desconoce" el coste de ese viaje. Pero el
periplo belga, y así lo aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión
Temporal de Empresas que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación
del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto Instalaciones y
Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras Civiles SA. Las dos primeras
pertenecían al grupo de Constructora Hispánica, que ha cambiado de nombre y de
accionistas.
Según Aguado, fueron a Bruselas
con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por mail no para comprar
un árbol sino diversas especies vegetales (flor, arbusto, árboles, etcétera) con
el fin de obtener vegetación ya consolidada para que los vecinos pudieran
disfrutar del parque en el menor tiempo posible". Dado que el alcalde de Pozuelo
no aceptó hablar fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba
poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a 1.600
kilómetros.
(
www.publico.es,
13/10/10)
CARGOS DE AGUIRRE DESTAPARON CONTRATOS ILEGALES DE LA RED
GÜRTEL SIN HACER NADA
Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen
numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de
empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos
altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la
ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de
la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no
lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjeron los hechos que relata el informe
policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González,
vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López
Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel
por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por
su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración
regional.
El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa
Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo
en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como
consejero de Deportes. Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos
los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades
que en realidad trabajaban para la red Gürtel.
Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la
mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio
en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros,
cantidad a partir de la que según la LCE habría que convocar un concurso.
La Intervención General del Estado, que ha examinado para el
juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid
entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se
incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley. Por este trato de
favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del
caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de
miles de euros en comisiones ilegales, según anotó el contable de la red.
A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la
trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza
Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel
se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores
de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre
organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.
En dicho informe se señala: "Lourdes Barreda [secretaria
general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería
no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve
claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir
estos costes tan elevados". Tras recordar que en la Consejería de Empleo no
están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas,
Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que
organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa,
Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la
Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de
que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que
lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".
Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He
hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he
comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero
[Alberto López Viejo]". Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas
reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras
sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según
sostiene la investigación policial.
Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de
un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000. La trama corrupta tuvo
más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el
informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas
consejerías.
- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta
factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi
(secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El
importes es de 3.734 euros".
"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer
cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El
importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo
he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que
contestarnos ella lo que tenemos que hacer".
- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las
facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y
tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas
facturas hacen un importe de 13.011 euros".
Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de
propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de
Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece
retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de
Navidad, por 36.907 euros.
Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos
altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía
López Viejo con la red Gürtel.
(www.elpais.com, 12/10/10)
UN CONSTRUCTOR DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA
UN VUELCO AL CASO
El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de
los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la
red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado
a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados
de Gürtel y otros conceptos.
Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de
euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de
tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo,
ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la
empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el
fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el
juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que
azota a España desde el regreso de la democracia.
Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la
Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel,
José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García
Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas
de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el
sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex
empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron
supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el
sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de
Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el
dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día
con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al
fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero
abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por
otros conceptos.
Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo
que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a
la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y
otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora
Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonesa
Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha
huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000),
incluso después de la venta a Assignia.
El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de
influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha
saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el
asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos
contra la Agencia Tributaria.
Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados,
nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña
de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que
contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente
sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de
promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y
entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa
inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la
Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó
en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para
juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su
decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso
alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en
el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar
todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero
que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7
millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha
puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria",
subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez
Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García
Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales
similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de
García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin
aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez
Pedreira.
Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo
apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado
fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170
millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la
trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego
Pablo Crespo.
(
www.elpais.com,
11/10/10)
OBJETIVO: RECUPERAR EL DINERO
Una vez que el constructor
Alfonso García Pozuelo ha entregado al fisco casi 20 millones de euros, lo
previsible ahora es que el juez Pedreira, instructor del caso Gürtel, retire el
delito fiscal que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha
pagado incluso las preceptivas multas. Hacienda ya no tiene nada contra él.
Fuentes de la investigación
están convencidas de que la acción de García Pozuelo reconfortará a Pedreira,
cuyo objetivo prioritario es "recuperar el dinero". "Desde el principio, más que
enviar a la cárcel a los acusados, su obsesión ha sido que el dinero defraudado
o robado vuelva al erario público", señalan.
En busca de los millones que aún
oculta el cabecilla de la trama, Francisco Correa, Pedreira ha enviado 15
comisiones rogatorias, con regular éxito, a una decena de países.
Fundamentalmente Estados Unidos, cuyas autoridades también están investigando
minuciosamente a Correa; Venezuela, Colombia, Suiza, Portugal... y varios
paraísos fiscales (Ver gráfico de la página anterior). No todos los países están
colaborando, aunque Pedreira ha logrado bloquear 17 millones de Correa y cuatro
más a su número dos, Pablo Crespo, en Suiza, además de inmuebles en Miami y
Colombia. Pero aún queda mucho dinero por aflorar. Correa lo llevaba a paraísos
fiscales, interponía sociedades opacas y lo blanqueaba en España pagando
sobornos a políticos.
No es Pedreira un juez propenso
a medidas carcelarias. Magistrados que le conocen le consideran "muy garantista"
con los justiciables. Durante más de un año ha mantenido las órdenes de prisión
que Garzón dictó contra los tres cabecillas de la trama Gürtel -Correa, Pablo
Crespo y Antoine Sánchez- y ha dejado libres, aunque imponiendo fianzas de
carácter civil -650.000 euros y 1,8 millones, respectivamente- a El Bigotes y El
Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, por ejemplo. Según estas
fuentes, Pedreira sostiene que la prisión provisional es una medida de
aplicación muy excepcional. Imputados como el ex vicepresidente de Repsol José
Ramón Blanco Balín, el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo o
los diputados populares de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco o Alfonso
Bosh, incluso el propio Bigotes, habrían estado muy cerca de la cárcel si la
investigación de Gürtel cae en manos de otro juez, subrayan estos magistrados.
Por otra parte, la apertura
total del sumario del Gürtel a las partes es inminente. Quizás a finales de esta
misma semana. La próxima como mucho. Y es que el Tribunal Supremo está
apremiando para que se levante el secreto y poder utilizar así los más de
100.000 folios que abarcan las diligencias. ¿La intención? Analizar si el juez
Garzón, primer instructor de Gürtel, cometió prevaricación al ordenar la
intervención de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los jefes de la
trama con sus abogados. El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro lleva este
asunto. Esas escuchas carcelarias fueron anuladas por la Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos abogados, tras los
encarcelamientos, hablaron con Correa de blindar el dinero en el extranjero para
eludir las comisiones rogatorias e impedir el bloqueo del dinero en cuya
búsqueda sigue obsesionado Pedreira.
(
www.elpais.com,
11/10/10)
AGUIRRE: "A MÍ ME LLEVARÍAN A LA
CÁRCEL POR COHECHO IMPROPIO"
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de Francisco Camps, relacionado
con el caso Gürtel por haber aceptado supuestamente trajes de una de las
empresas del entramado de Correa, el cerebro de la trama.
En una entrevista concedida a la
Cadena SER, Aguirre se ha escandalizdo con "ese nuevo delito llamado cohecho
impropio". "Cuando yo estudiaba derecho, el cohecho era aceptar una dádiva a
cambio de algo, pero ahora el impropio es aceptar un regalo en consideración de
la función, pero como no dice la valía del regalo, algunas 'pulseritas' podrían
ser cohecho impropio, de modo que me lleven a la cárcel ya", ha sugerido. "Con
el cohecho impropio me llevarían a mí a la cárcel", ha insistido, "porque a mí
me regalan toda clase de cosas sin valor".
La dirigente conservadora ha optado
por la línea del victimismo elaborada por su partido para defender la inocencia
de Camps al afirmar que los informes policiales, que "no condenan a nadie, de
momento", son fruto de "una camarilla en la que estaba un señor que participó en
una cacería con Garzón y al que acaba de nombrar Rubalcaba y que presuntamente
aparece en el caso Malaya".
Además, ha asegurado que los
ciudadanos "lo que no perdonan es que usemos nuestro cargo para hacernos ricos
de manera corrupta" para añadir que "cuando Camps llegó a la política tenía un
patrimonio y no le ha aumentado". Sobre este tema, Aguirre ha apuntado que su
Gobierno se vió afectado por la trama Gürtel y que las personas implicadas
"están todos fuera del partido". "Y creo que en Valencia también lo están", ha
afirmado.
Sobre su rival en las próximas
elecciones autonómicas, Tomás Gómez, la presidenta regional ha asegurado que se
trata de "un rival muy respetable" al que ha criticado por "hacer una oposición
que no ha resultado creíble para los madrileños". "Criticar por criticar no le
ha resultado efectivo", ha añadido.
Aguirre no se siente preocupada por
la elección de Gómez , aunque ha "seguido con interés
el proceso de primarias" en el que no ha visto "una sola idea en que los
candidatos hayan discrepado". "Eran cuestiones personales sobre si una es más
atractiva que el otro", ha ironizado.
Aún así, la conservadora no quiere
relajarse ni confiarse. "Todos los rivales me parecen duros y correosos y mi
peor enemigo es el exceso de confianza", ha afirmado.
Aguirre ha vuelto a repetir elogios
hacia Francisco Álvarez-Cascos, que aún no es candidato, aunque para la
presidenta regional es un apersona "que suma" para el partido y de la que "una
inmensa mayoría de ciudadanos" piensa que "podría hacer mucho por Asturias". "En
este momento en que Areces lo deja, es una oportunidad para el PP".
También ha echado un capote al
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pidió a las
Comunidades Autónomas un mayor control de las cuentas, llegando a proponer "un
límite de gasto". "No es ningún secreto que estoy de acuerdo con él", ha
afirmado la conservadora, que pide "imponer la ortodoxia financiera".
"España debería usar la crisis para
arreglar los problemas que tiene", ha continuado Aguirre que cree que "la
descentralización" tiene una parte "de incremento de gasto que hay que cuidar".
Por esa razón ha pedido que si se ceden competencias a los entes regionales, se
mantengan y no se dividan entre ayuntamientos y Gobierno central. "La crisis es
una buena base para comenzar las negociaciones", ha añadido después de pedir que
"los dos grandes partidos" aprovechen la situación de crisis "para arreglar lo
que tenemos que arreglar".
(www.publico.es,
07/10/10)
LO QUE AGUIRRE NO CUENTA DE LOS
ACTOS DEL 11-M: LA DERECHA PERMITIÓ QUE SUS AMIGOS GÜRTEL HICIERAN NEGOCIOS CON
LOS MUERTOS
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ya ve a Tomás Gómez como un peligroso rival de cara a
mantener su mayoría absoluta en Madrid. De hecho, este miércoles la líderesa del
PP no ha dudado en cargar contra su contrincante socialista por no haber “tenido
a bien” atender a las numerosas llamadas de teléfono que, según ha dicho, le ha
hecho para felicitarle por su victoria frente a Trinidad Jiménez.
No obstante, Aguirre ha indicado que
el comportamiento de Gómez es propio de alguien "que no acudió al homenaje a las
víctimas del 11-M" o que hizo un acto paralelo al de la Comunidad en la fiesta
del 2 de mayo de 2009. Sin duda, sorprende que la presidenta del PP madrileño
utilice los actos de homenaje a las víctimas del atentado de Atocha para atacar
a los socialistas cuando fue su gobierno el que permitió que la trama Gürtel
hiciera negocios con los muertos.
Negocios con el 11-M
En concreto, el Gobierno de
Esperanza Aguirre pagó. según el sumario, a Marketing Quality Management (MQM),
empresa proveedora de la trama Gürtel, facturas infladas al 400% por organizar
el homenaje a las víctimas del 11-M celebrado en 2008 en la Puerta del Sol. De
este modo, la empresa de la trama corrupta ligada al PP pudo embolsarse 118.595
euros por montar la escenografía de un acto que apenas duró 5 minutos.
Sin ética alguna
Pero esta no fue la única ocasión
que el Gobierno de Aguirre permitió que sus amigos Gürtel aumentaran sus
ingresos a costa de las víctimas del atentado más duro ocurrido en España. El 25
de marzo de 2004, dos semanas después del atentado, fue la terminal corrupta
Easy Concept la que se llevó 140.000 euros por el montaje. Dada la cuantía, la
entidad fraccionó los cobros en 15 facturas, todas inferiores a 12.000 euros (el
tope para no salir a concurso). Quien habría teledirigido esa operación sería
Alberto López Viejo, entonces asesor extraoficial de Aguirre. Dos meses después,
el protegido de la lideresa ingresó oficialmente en el Ejecutivo.
Tomás homenajeó a las víctimas
Asimismo, cabe aclarar que Tomás
Gómez fue elegido secretario general del PSM en julio de 2007. Todos los años,
excepto en 2009, acudió a las ceremonias de recuerdo a las víctimas celebradas
en la sede del Gobierno regional. Si ese año no acudió a Sol fue porque su
partido había decidido boicotear todos los actos presididos por Esperanza
Aguirre por su "falta de respeto institucional". Y es que los socialistas
estaban muy enfadados por el "carpetazo en falso" que el Gobierno del PP dio a
la polémica comisión de espionaje. Eso sí, Gómez suspendió su agenda ese 11 de
marzo de 2009 para reunirse a lo largo de todo el día con las víctimas del
terrible atentado perpetrado por Al-Qaeda.
(www.elplural.com,
07/10/10)
LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN
DEL PALACIO DE BOADILLA A LA SGAE
Los magistrados de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la
Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores
(SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión
administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo
González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del
procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso
Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude
fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP.
Para obtener esta adjudicación la
SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para
rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis,
construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de
Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a
albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el
Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla
del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía
el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y
mantener el edificio.
En ese sentido, el Ayuntamiento de
Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el
contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de
la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la
"inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones
técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que
consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en
los jardines.
Esta decisión judicial, que discrepa
de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del
abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un
nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la
corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la
mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el
Partido Popular.
A la postre, el TSJ ha terminado por
dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de
pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias
a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido
nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente
esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en
solitario".
La sentencia, que es firme y ante la
que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que
en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos
descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación
previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la
adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras
fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe
de la Comunidad de Madrid.
La SGAE emitió ayer un comunicado de
prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna
responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el
Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo
del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por
terminado.
(www.elpais.com,
05/10/10)
EL JUEZ INCORPORA LA FINANCIACIÓN
DEL PP DE MADRID AL NÚCLEO DEL 'CASO GÜRTEL'
El juez instructor del caso Gürtel
ha dado un paso clave en las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño a
través de Fundescam, fundación a la que la red corrupta endosó facturas de las
campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo. Antes de
las vacaciones de agosto, Pedreira decidió que lo relativo a Fundescam se uniera
al sumario en la parte que continúa secreta y que dejara, por tanto, de
instruirse como pieza separada. Fuentes del caso subrayaron ayer a Público el
significado de esa decisión: que el juez valora Fundescam como un elemento
indisolublemente unido a las pesquisas sobre la trama y no como una mera
derivada. Las piezas separadas se forman con asuntos conectados al sumario
original pero que, por su carácter colateral, se consideran ajenos al núcleo de
la investigación.
En fechas cercanas a aquella en que
Pedreira adoptó su decisión, la policía le envió un informe de 50 páginas que
recogía sus avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal
del PP madrileño a través de Fundescam. Un año antes, en julio de 2009, la
Brigada de Blanqueo ya había remitido al juez un dossier en el que desgranaba la
mecánica supuestamente delictiva que seguía la fundación.
Ahora, el balón está en el tejado de
la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse: es decir, pedir
declaraciones o nuevas pruebas. O no pedir nada sobre la fundación que presidió
la propia Esperanza Aguirre desde marzo de 2005 y hasta poco después de que, en
mayo de 2009, Público desvelase sus conexiones con la trama de Francisco Correa.
Su predecesor en Fundescam fue Pío García Escudero, ahora portavoz del PP en el
Senado.
Pero, al incorporarse a autos las
actuaciones sobre Fundescam, el juez puede mantenerlas vivas aun si
Anticorrupción posterga su pronunciamiento. Ahora bien, cuanto más tiempo
transcurra, mayores serán las posibilidades de que el PP madrileño alegue la
prescripción del presunto delito electoral, uno de los que, según las fuentes
consultadas, serían atribuibles a quienes dirigían Fundescam.
Entre 2003 y 2004, Fundescam captó
más de un millón de euros en donaciones procedentes de notorios empresarios, con
el todavía presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la cabeza.
Seis de las empresas donantes lograron luego de la Comunidad de Madrid más de
200 contratos cuyo importe global superó los 300 millones de euros.
Ferviente admirador de Esperanza
Aguirre, Gerardo Díaz Ferrán fue el donante más generoso: aportó a la fundación
del PP madrileño 240.000 euros. Su empresa Marsans obtuvo después cuatro
contratos sucesivos del Gobierno de Madrid para gestionar los viajes de mayores.
Y esos cuatro contratos le reportaron 16,7 millones de euros en el cuatrienio
2005-2008.
Fundescam endosó a Special Events,
entonces buque insignia de la red corrupta, más de 300.000 euros
correspondientes a deudas electorales del PP. Para ocultar que se trataba de una
deuda partidaria con la que el PP podía estar vulnerando el límite máximo de
gasto que marca la legislación electoral, Special Events camufló las facturas
como si tuvieran su origen en trabajos hechos para la fundación Fundescam. En el
registro a uno de los pisos francos de la red, la policía halló un archivo
encriptado de formato excel que acreditaba el falseamiento de facturas y
corroboraba las informaciones publicadas por este diario.
Esa información quedó consignada en
el informe que la Brigada de Blanqueo envió al juez Pedreira y al Tribunal
Superior de Valencia (TSJCV) el 31 de julio de 2009. En sus páginas, la policía
citaba de forma expresa dos hojas de cálculo de Special Events con los
siguientes nombres: "Facturación P.P.Madrid.xls" y "Cambios facturación
2003-2004.barcenas.xls".
Las fuentes consultadas ayer no
precisaron si Fundescam ha remitido ya al juez la contabilidad de los ejercicios
comprendidos entre 2003 y 2009. Tampoco desvelaron si el juez ha pedido a la
fundación que certifique quiénes eran sus rectores en 2003 y 2004, los dos años
que aparecen en el listado de facturas supuestamente falsificadas.
Las cuentas de Fundescam, a las que
este periódico logró acceder previo requerimiento notarial, muestran cómo los
ingresos de la fundación evolucionaron de año en año según hubiera o no
elecciones. En 2003, cuando el tamayazo impidió gobernar al PSOE y abrió a
Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid tras la repetición de las
elecciones autonómicas, Fundescam recaudó 649.255 euros en donaciones
empresariales. En el ejercicio siguiente, fecha de las primeras elecciones
generales que ganó Zapatero, la fundación obtuvo por esa vía 292.319 euros. En
2005, año en que no se celebraron comicios, la fundación anotó un cero en la
casilla de donaciones.
La Agencia Tributaria acaba de
remitir al juez Pedreira un listado con los informes realizados hasta la fecha y
aquellos otros que quedan pendientes. Entre estos últimos figura el relativo a
Grupo Rafael, cuyas cuentas solicitó investigar la fiscalía bajo la sospecha de
que había actuado como empresa pantalla de la red corrupta.
Como informó este diario en abril,
la contabilidad secreta de la ‘trama Gürtel' computaba la facturación de Grupo
Rafael como si se tratara de una empresa de su conglomerado.
Anticorrupción pidió a Hacienda que
investigara los contratos otorgados a Grupo Rafael por varias administraciones
del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid.
(www.publico.es,
05/10/10)
UN IMPUTADO DE LA GÜRTEL SE NIEGA
A DECLARAR PESE A COMPARECER A PETICIÓN PROPIA
El juez que instruye el caso Gürtel
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha confirmado
hoy la imputación por 11 delitos de Francisco Rodríguez Pendas, ex asesor del
diputado regional y ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid
Alberto López Viejo. Rodríguez Pendas ha comparecido hoy a petición propia ante
el magistrado aunque se ha negado a declarar amparándose en el artículo 24 de la
Constitución.
Pedreira ha decidido mantener las
imputaciones contra el acusado, aunque no ha decretado contra él medida cautelar
alguna, según informa el TSJ de Madrid en una nota.
Rodríguez Pendas es una de las
cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo
que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las
Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena
de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de
la red corrupta.
El imputado se ha negado a responder
hoy sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex
consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red
Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura
como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien
directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa
como pantalla desde 2004.
Por ejemplo, el acto de entrega de
la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de
septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno
de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades
corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que
nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como
adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera
se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.
(www.elpais.com,
30/09/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL CITA COMO
IMPUTADO A UN EX ASESOR DE ALBERTO LÓPEZ VIEJO
El juez Antonio Pedreira, instructor
del caso Gürtel en Madrid, ha citado para el próximo día 30, como imputado de 11
delitos, a Pedro Rodríguez Pendas, ex asesor del ex viceconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien supuestamente recibió de la
trama corrupta que dirigía Francisco Correa más de 250.000 euros a cambio de
adjudicarle a dedo contratos del Gobierno regional. Rodríguez Pendas es una de
las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en
lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las
Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena
de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de
la red corrupta.
Entre las personas cuya detención
también pedía la policía, e incluso el registro de su despacho, se halla el
actual alcalde de Boadilla, Juan Jesús Siguero, y otros dos asesores del
Gobierno de Esperanza Aguirre. Siguero accedió a la alcaldía de Boadilla, como
sustituto de Arturo González Panero, El Albondiguilla, con el respaldo del PP de
Madrid, pero dimitió tras acreditar la policía que había cobrado comisiones de
la red Gürtel que superan los 500.000 euros.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción
quieren interrogar a Rodríguez Pendas, que había pedido comparecer
voluntariamente, sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del
también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de
Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de
López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel
contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red
mafiosa de Correa como pantalla desde 2004. Por ejemplo, el acto de entrega de
la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de
septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno
de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades
corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que
nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como
adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera
se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.
En principio, el juez Pedreira iba a
tomar declaración hoy, viernes, a Rodríguez Pendas, pero el juez ha optado por
citarle en forma y con todas las garantías y por ello ha aplazado el
interrogatorio hasta el próximo día 30. En la citación le indica que acuda como
imputado de 11 delitos. Entre ellos destacan tráfico de influencias, cohecho,
asociación ilícita y blanqueo de capitales.
(www.elpais.com,
24/09/10
EL EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO, ANTE
PEDREIRA POR LA 'GÜRTEL'
El asesor técnico del ex consejero
de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendas, ya tiene
fecha para declarar como imputado ante el instructor del caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira. Pidió declarar voluntariamente después de que varias
informaciones le relacionaran con la trama corrupta y el juez le ha citado para
mañana.
Rodríguez Pendas, que fue asesor de
López Viejo mientras este fue viceconsejero de Presidencia de Madrid, aparece en
informes policiales como quien dio instrucciones a la red presuntamente dirigida
por Francisco Correa para trocear los contratos en cantidades inferiores a
12.000 euros, y así eludir la licitación pública de las adjudicaciones.
Se sospecha que era uno de los que
ayudaban a la trama a cobrar las facturas que les planteaban problemas con las
consejerías de Madrid. Tras hacerse público este dato, el PSM pidió su
imputación en la causa.
En 2007, López Viejo pasó de
Presidencia a la Consejería de Deportes, cargo del que dimitió al estallar el
caso Gürtel, en el que se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad.
(www.publico.es,
23/09/10)
LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO"
QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA
La Fiscalía Anticorrupción considera
que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa
Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad
Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una
cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el
representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del
cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios
renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de
garaje situados en el Residencial Siglo XXI.
Estas superficies fueron adjudicadas
por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón
Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores,
del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el
auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco
Correa, por lo que está intervenida judicialmente.
En un informe dirigido al magistrado
instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión
definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del
contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría
inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa
operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría
de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo
"con un menor coste" para Boadilla.
Anticorrupción considera, además,
que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de
la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los
inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago.
Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están
abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales
se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler.
Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal
del Suelo pagan un alquiler mensual.
Esta operación ha sido rechazada por
la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su
"disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición
(PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía
de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales)
participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la
que el PP dio el visto bueno a la operación.
El portavoz del PSM, Pablo Nieto,
asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de
las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar
5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea
otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los
tribunales".
Por otra parte, el PSM, como
acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al
alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas
quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que
están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su
detención.
(www.elpais.com,
21/09/10)
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE
BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA
La fiscalía anticorrupción se opone
a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa
Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad
financiera.
La última palabra la tiene el
magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la
decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio
de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la
zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas
Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe
tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez
Pedreira.
Los locales comerciales y
aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la
empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el
Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa
Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este empresario, también imputado
por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es
considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a
otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un informe de la Agencia
Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar
Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa,
aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín
Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del
grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon
anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a
84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la
investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha
llegado a pagar ni un solo euro por el canon.
El juez Pedreira está en espera de
recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado,
que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada
operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de
la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de
Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá
que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla,
Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal
confidencial a las empresas de la trama Gürtel.
Un portavoz del Ayuntamiento aseguró
ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una
de las zonas comerciales más importantes del municipio.
(www.elpais.com,
20/09/10)
EL FISCAL PIDE EXPULSAR AL PP DE
LA 'GÜRTEL' POR "FRAUDE DE LEY"
No es la primera vez que lo dice,
pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado
la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del
caso Gürtel por "claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa
amparándose en su condición de acusación popular". La fiscalía sostiene que, en
vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción,
el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, "plagados de descalificaciones
contra todos los funcionarios intervinientes en la causa", se infiere que lo que
busca "es realmente el archivo de los hechos".
Como ejemplo cita el recurso que el
partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia
dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una
resolución que "ninguna de las defensas ha impugnado", destaca la fiscalía.
Anticorrupción se adhiere en su
escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de
julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda,
como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende
ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido
Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos "que previsiblemente
podrían afectar directa o indirectamente" al PP.
Y así, ambas acusaciones y la que
ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única
alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento:
que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que
Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre.
En esa ocasión, el tribunal se basó
en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP "se trataba de una mera
hipótesis". Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que
planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que "la forma
de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente
en ilegítima".
"La actividad procesal y
extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente
reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el
de una defensa más", señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también
recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la
Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en
la Administración de su competencia.
ADADE asegura no haber encontrado
"ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su
condición". Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención
General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto "la continua y
reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública
en los contratos examinados".
ADADE, que dice haber realizado una
"exhaustiva investigación", asegura no haber encontrado "ningún caso en el que
un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera
objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la
organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen".
Esta acusación también afirma que
"el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la
acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud
adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como
acusador popular en el mismo".
Por otra parte, el ex tesorero y
senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a
interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús
Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la
condición de aforados que entonces mantenían.
(www.publico.es,
16/09/10)
ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL
PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO
La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto
a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del
proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede
verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
Anticorrupción entiende que la
investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la
trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende
evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el
PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del
traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados
en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.
Con su petición al juez, formulada
en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la
solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que
el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como
acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición
similar de la fiscalía.
(www.elpais.com,
16/09/10)
FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS
EMPRESAS IMPLICADAS
El juez que instruye el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha
pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan
Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados
en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de
favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las investigaciones
policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama
corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el
caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su
poder en Boadilla para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al
juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado
autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano derecha de la
presidenta Esperanza Aguirre.
Las tres personas trabajaban en la
Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos
institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a
los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En
esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de
intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.
Además, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en
la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta
financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El
juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y
diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de
responsabilidad civil que les impuso.
(www.elpais.com,
13/09/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL INTERROGA A UN
EX FUNCIONARIO DE MAJADAHONDA
El magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, tomará hoy declaración como imputados a un ex
funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda y a dos empresarios. Se trata de
Luis Valos San Román, ex director del área de Nuevas Tecnologías de este
Consistorio madrileño; del ex presidente de la sociedad Sufi, SA, Rafael Naranjo
Anegón, y José Luis Cortés Bañares.
Al ex funcionario de Majadahonda,
que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pedreira le acusa
de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una
adjudicación millonaria que benefició a las empresas del cerebro de la trama
Gürtel.
Este ex empleado de Majadahonda fue
el autor, según el sumario, de los pliegos y los informes técnicos que
condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de
Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a la
red corrupta.
Por su parte, el empresario Naranjo
está acusado de un delito de cohecho continuado, según el sumario instruido por
Pedreira, que especifica que Naranjo podría haber pagado "una comisión" de
1.232.074 euros por intermediar en una adjudicación de 48 millones de euros de
la Concejalía de Limpieza Urbana de Madrid de la que era responsable Alberto
López Viejo, también imputado. A la tercera persona que declarará hoy ante el
juez, José Luis Cortés Bañares, se le acusa de los delitos de falsedad y fraude
fiscal.
(www.elpais.com,
09/09/10)
EL JUEZ DEL 'EL CASO GÜRTEL' DESVELARÁ EL SECRETO DE SUMARIO EN
OCTUBRE. T
ambién se destapará el contenido de las piezas de Fundescam y la
relativa a los contratos de la Comunidad con empresas de Correa.
El juez Antonio Pedreira, que instruye el
'caso Gürtel' en Madrid, levantará a finales
de octubre el secreto del sumario que destapará la totalidad de la causa.
También revelará las piezas separadas del groso de la investigación, entre las
que se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con
las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del
PP a través de la fundación Fundescam, así informaron fuentes jurídicas.
Los flecos que quedan aún por resolver para que la investigación
penal concluya se refieren a la resolución de la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la inhibición a favor de Valencia de
la parte que alcanza a la cúpula del Gobierno de Francisco Camps, así como la
resolución de los recursos que se presenten en el incidente de nulidad por las
escuchas telefónicas realizadas en la prisión de Soto del Real.
El levantamiento del sumario incluirá el contenido de las piezas
separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las
comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados,
Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.
"Podría haber
pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 €"
El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal acordó anular
todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los
abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma
parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad
parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas
anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la
supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam
en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente
de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual
presidenta, Esperanza Aguirre.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esta pieza se desgajó
a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado
del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la
Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la
facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales
gobernadas por el PP con la facturación entre los años 2000 y 2009 con las
empresas que conforman el Grupo Rafael.
Niegan la imputación
Por otro lado, el juez ha tomado declaración al que fuera director
del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San
Román, y a José Luis Cortes Bañares. Ambos han negado su participación en la red
corrupta de Correa.
Estaba prevista la declaración también del empresario Rafael Naranjo
Anegón, que presidió la empresa Sufi, pero quedó aplazada al certificar éste un
problema de salud.
Según el juez, Sufi, a través de Naranjo, "podría haber pagado a la
organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 euros, que se
correspondería con un porcentaje del 3 por ciento del monto total de la
adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación ante un cargo
público con responsabilidad de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por
tanto, con capacidad de adjudicación de contratos públicos".
En su declaración, San Román negó su participación en el expediente
de 'consultoría y asistencia técnica para el diseño e implantación de la Oficina
de Atención al Ciudadano' de Majadahonda.
Así, aparece como la persona que elabora los pliegos y hace los
informes técnicos de la adjudicación inicial de Technology Consulting Management
S.L. Según el juez, "las irregularidades se hacen constar en el Informe emitido
por la Unidad de Auxilio de la Intervención General del Estado, de fecha 29 de
mayo de 2009.
www.publico.es 09.09.10
UN EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO PIDE
DECLARAR EN GÜRTEL
El abogado de Pedro Rodríguez
Pendás, que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de
Presidencia encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que
instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante
el tribunal de forma voluntaria.
La solicitud se realiza a
consecuencia de las informaciones publicadas que reflejan un informe de la
Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la
Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del
Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder
a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros
de la red como El Albondiguilla.
El documento, que se encuentra sobre
la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de
la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de
Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito
presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado
del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su
responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a
disposición del juez.
El sumario revela que tres empleados
de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente
rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se
cobraran.
El dossier elaborado por la Policía
Judicial transcribe un correo electrónico de la trama del 12 de septiembre de
2006 que demostraría que al menos seis facturas de la Consejería de Presidencia
de la Comunidad, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas
"después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo", uno
de los principales acusados por la mayor trama de corrupción de la democracia y
al que el juez Pedreira acusa de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal,
asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El informe explica que en 2006,
cuando la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar en varios
departamentos del Gobierno de Aguirre, por un valor de 362.903 euros, una
empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez
Pendás para interesarse por la situación
(www.elpais.com,
07/09/10
RAPAPOLVO DE PEDREIRA A LOS
LETRADOS DE LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS POR ENTORPECER EL CASO
El magistrado instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira Andrade, ha reprochado a la defensa de los diputados
regionales del PP de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch su estrategia de recurrir "una y otra vez" todas las resoluciones y de
exigir reiteradamente la nulidad de actuaciones para impedir que el juicio oral
pueda celebrarse, "como si los graves hechos ocurridos no hubiesen sucedido".
La defensa de los diputados
regionales impugnó un auto de Pedreira exigiendo que se les diese traslado de
todas las conversaciones intervenidas en prisión a los principales imputados con
sus abogados, pese a que dichas conversaciones no les afectaban a ellos.
En el auto, Pedreira permitía la
audición íntegra de las conversaciones intervenidas únicamente a los abogados de
defensores del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, su lugarteniente,
Pablo Crespo, y Antoine Sánchez, uno de los testaferros. El magistrado
instructor precisa que son los abogados de estos imputados los únicos que pueden
acceder exclusivamente a la integridad de las conversaciones grabadas.
Pedreira asegura que "un sector de
los recurrentes pretende paralizar el incidente de nulidad, interponiendo
constantemente toda clase de recursos". El juez lo considera "totalmente
improcedente", porque no resulta "factible ni ajustado a Derecho" y afirma que
"suscita perplejidad" que soliciten la nulidad de pleno derecho contra una
resolución que se limita a cumplir un auto de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal de Madrid.
El magistrado agrega que los
imputados formulan sustancialmente las mismas alegaciones, con "hipótesis
infundadas" y pretensiones "que deben ser rechazadas". El rapapolvo lo extiende
a las "contradicciones" en que incurren y a la "impropiedad en el manejo de los
tecnicismos" al confundir "una anulabilidad con una nulidad absoluta y de pleno
derecho", errores que para Pedreira resultan "paradójicos y sintomáticos".
El auto impugnado, concluye el juez,
es ajustado a derecho y el recurso contra el mismo parece responder "al afán de
que recurran todos contra todo". Pedreira termina desestimando todos los
recursos.
(www.elpais.com,
02/09/10)
PRORROGADA LA EXCLUSIVIDAD DEL JUEZ PEDREIRA AL 'CASO GÜRTEL'
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer
prorrogar durante tres meses la dedicación exclusiva del magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira como instructor del
caso Gürtel.
El pasado 15 de abril, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Madrid acordó eximir a Pedreira durante tres meses del reparto de
otros asuntos, dado el volumen alcanzado por las actuaciones judiciales en torno
a la trama corrupta de empresarios de la red Gürtel y sus implicaciones con
dirigentes del Partido Popular.
Al inicio del nuevo curso judicial, el magistrado instructor
del caso Gürtel tendrá que pronunciarse sobre la eventual imputación y
medidas a adoptar respecto al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, y otras
cinco personas del entorno del ex consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo.
www.elpais.es 18.08.10
SUBCONTRATAS DE CORREA COBRARON A LA COMUNIDAD UN MILLÓN DE EUROS
El Grupo Rafael
también facturó a Boadilla del Monte y Arganda del Rey
Documentos del sumario del caso Gürtel prueban que el
cerebro de la trama, Francisco Correa, subcontrató cuatro empresas englobadas en
el Grupo Rafael que facturaron entre 2005 y 2008 más de un millón de euros a la
Comunidad de Madrid, y a los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Arganda del
Rey, según un informe de Hacienda que consta en la parte del sumario desvelada
el 6 de abril.
Correa utilizaba estas empresas ajenas a su vasto conglomerado
societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones
que él tenía amañadas con la intención de tapar la certidumbre de que las
contratas siempre recaían en su grupo. Si se incluyen estas empresas pantalla,
la facturación de Correa a la Comunidad sería un tercio mayor de lo hasta ahora
conocido, pasando de 3 a 4,1 millones. La trama implica ya hasta ahora a más de
130 personas, en la que se considera ya la mayor red de corrupción ligada a un
partido político, el Partido Popular.
Las sociedades Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael,
Fotomecánica Doble M y Kilda Producciones Fotográficas mantenían "una estrecha
vinculación" con Correa, aclara la policía. Y esta relación, según los agentes,
se prueba con la existencia de distintos correos electrónicos interceptados por
la policía en los que la organización de la red les marcaba a los gestores del
Grupo Rafael unos objetivos en la facturación a la Comunidad de Madrid, a la que
cobró de forma directa 807.756 euros en cuatro años.
El informe de la policía judicial resalta además otro punto
que conecta a las empresas de la red con el Grupo Rafael, que era que este
último asumía "los importes correspondientes a la deuda y los cobros de las
empresas de Correa, como si fuera la suya propia, realizándole incluso la
gestión de cobro con los distintos organismos".
Un mensaje vital
Los agentes consideran vital el contenido de un mensaje que
probaría la relación de las sociedades con la trama. Enviado por "Carmen", del
Grupo Rafael, a "Javier", de Easy Concept
[posiblemente Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez,
El Bigotes'], dice: "Como verás la suma total fue de 752.179 euros, de la
que se han cobrado 658.881. Las facturas pendientes van por buen camino. ¡Confío
en haber alcanzado los objetivos esperados!".
Además del Gobierno regional, el Grupo Rafael facturó a la
Academia de Policía Local regional (16.670 euros), la Agencia de Información y
Comunicación regional (3.313), el Servicio Regional de Empleo (32.714), el Canal
de Isabel II (11.628), el Instituto de Administración Pública (16.809), la
Agencia Regional de Inmigración y Cooperación regional (10.624) y los
Ayuntamientos de Boadilla del Monte (95.839) y Arganda del Rey (48.893).Los
trabajadores de las empresas de la red Gürtel y las subcontratadas se valían de
la influencia de tres empleados de la viceconsejería de Presidencia, encabezada
entonces por Alberto López Viejo. Este ex cargo autonómico, que se encargaba de
la organización de los actos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es
uno de los principales acusados de la trama corrupta. El juez le acusa de los
delitos de cohecho [al menos cobró 250.000 euros en comisiones], tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad.
La policía judicial ha pedido al instructor del caso, Antonio
Pedreira, la detención de los ex empleados de Alberto López Viejo: Pedro
Rodríguez Pendás, María del Carmen García y Julia López Valladares. Según se
desprende del sumario, se encargaban de conseguir que las facturas problemáticas
se cobraran.
La influencia de estos asesores, especialmente la de Rodríguez
Pendás, les hacía capaces no solo de conseguir que se cobraran las facturas de
su departamento, Presidencia, sino también las de otras consejerías: Medio
Ambiente, Educación, Economía, Empleo y Mujer, Sanidad, Cultura y Deportes,
Inmigración, Familia y Justicia. Un correo electrónico interceptado a la trama
indicaba que al menos seis facturas de Presidencia, de un importe total de
62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas
con Carmen, secretaria de López Viejo. Se está encargando de ello Julia López
Valladares".
65 recibos sin cobrar
Cuando en septiembre de 2006 la organización corrupta acumuló
65 facturas sin cobrar, por un valor total de 362.903 euros, una empleada de la
empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para
interesarse por la situación en un correo del 12 de septiembre de 2006.
Rocío (Servimadrid): "Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Sabes algo
del tema de nuestras facturas? Te llamo y me cuentas". Este mensaje lo contesta
Pedro Rodríguez Pendás: "¿Qué tal con la factura de la remodelación de Santa
Cristina? ¿Esa ya os han dicho que os la pagan?". Una hora después, obtuvo
respuesta de la empleada de Correa: "Sí, esa va más o menos bien, me la pagan
dentro de un mes. La que me preocupa mucho es la de la primera piedra del Plan
de Vivienda Joven de Navalcarnero, que se lo facturamos a Asimut Travel. Pues
nada de nada, que no quieren pagar. Si pudieras hacer algo, te lo agradecería".
www.elpais.es 16.08.10
El PP de Madrid desliga
a Aguirre de la financiación ilegal de sus campañas
Argumenta que no presidía el partido en 2003, cuando Fundescam pagó
sus gastos electorales
El Partido Popular de Madrid intenta desligar a Esperanza
Aguirre de la presunta
financiación ilegal de sus campañas electorales en 2003 a
través de la fundación Fundescam. No es la primera vez. Nada más
estallar el escándalo, la propia presidenta regional respondió a
los periodistas con un: "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío",
en alusión a Pío García-Escudero, su antecesor al frente de los
conservadores madrileños hasta noviembre de 2004.
En un sentido similar, ayer el partido remitió una solicitud de
rectificación a Público al entender que es incorrecto
el titular del diario de ayer: "La policía busca más pruebas
sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre".
Informe policial
En dicho escrito, el PP de Madrid
no niega ni una sola de las
informaciones reveladas por
Público sobre la
presunta financiación irregular de los conservadores madrileños
a través de Fundescam. Este periódico ha revelado que la Brigada
de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
informe que recoge sus avances en la investigación de la
supuesta financiación irregular del PP de Madrid sirviéndose de
la mencionada fundación.
Fundescam, controlada por al PP de Madrid,
recibió entre los años 2003 y
2004 un millón de euros de donaciones procedentes de
empresarios. Estos, a su vez, recibieron después adjudicaciones
millonarias del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, el PP
de Madrid pagó con los fondos
recaudados facturas de las dos elecciones autonómicas
celebradas en el año 2003, las del 25 de mayo y las celebradas
en octubre tras el episodio del tamayazo. La candidata
del PP era Esperanza Aguirre.
Ahora, la policía ha entregado al juez un nuevo informe con
avances sobre el caso y le solicita que requiera los datos
contables del partido en 2003 y 2004.
En la citada nota de rectificación, el PP de Madrid argumenta
que "la presunta actividad irregular a la que alude su
información se refiere a un periodo de tiempo, anterior al 30 de
noviembre de 2004, en el que la Sra. Aguirre no ejercía la
presidencia del Partido Popular de Madrid, hecho éste que se
oculta en los titulares, y se relega en la información".
Como admite el propio PP de Madrid, este diario informa con
exactitud de todas las fechas. En este sentido, en la
información se menciona que Pío García-Escudero, actual portavoz
del PP en el Senado, presidía a los conservadores madrileños en
2003 y 2004 y que también presidió Fundescam hasta noviembre de
2004, cargo en el que le sustituyó Esperanza Aguirre. A
principios de este año Gádor Ongil, número tres del PP de
Madrid, tomó el testigo de la presidenta y preside ahora la
fundación.
www.publico.es 13.08.10
LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'
Entrega
al instructor del caso 'Gürtel' un nuevo informe sobre presunta financiación
irregular a través de Fundescam. Pide al juez que requiera los datos contables
del partido en 2003 y 2004
Noticias relacionadas
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al
juez instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la
investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de
Fundescam, una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros
entre 2003 y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno
de Esperanza Aguirre adjudicó contratos millonarios.
En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de
información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente
a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa
clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha
puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley
Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.
La policía indaga los vínculos del Gobierno de Madrid con Fundescam
Según
reveló
Público en mayo de 2009,
la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y
noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al
partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos
que no se corres-pondían con la realidad.
Campañas para Aguirre
Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid
en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el
tamayazo, la repentina deserción de
dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas,
propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de
Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.
Pide información del Registro de Fundaciones y de la Junta Electoral
Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña
electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP
habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que
uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y
último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar
también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento,
se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a
distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios
departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de
un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros,
límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a
concurso.
Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de
Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de
las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador
único era Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego,
que
continúa en la cárcel.
La fundación pagó 300.000 euros a una empresa de Correa en gastos
electorales
La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP
madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la
de-sencriptación de un pen drive
hallado en un piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha
sido fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red,
situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de
febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.
Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos
políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera
consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por
parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.
"Que le pregunten a Pío, Pío"
El juez Pedreira tiene el informe, de 50 páginas, desde hace dos
semanas
En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre
siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío
García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre
la
primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma
forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó
Fundescam entre los años 2003 y 2004.
El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo
a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones
hasta bien entrado el mes de septiembre
www.publico.es 12-08.10
LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE
AGUIRRE
La UDEF
atribuye al regidor de Boadilla maniobras a favor de la trama corrupta - La
Fiscalía Anticorrupción propone que se les cite como imputados
La policía ha descubierto
nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las
fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte
(Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de
Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del
cabecilla de la red, Francisco Correa,
para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.
-
Correa usó firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de
Aguirre
-
Una factura de un
acto de los Príncipes fue inflada para ganar un 40% más
La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un
informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan
la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten
pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama
Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio,
sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los
pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el
que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior,
Arturo González Panero, El Albondiguilla,
que
dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.
La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre
otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de
Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina,
instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las
fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las
peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que
rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a
los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid,
como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha
pronunciado aún, explican estos medios.
La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente
conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego
consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente
a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano
a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y
de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.
Los investigadores han analizado abundante documentación que
implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su
secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea
detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y
Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las
órdenes de López Viejo.
Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen
García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de
Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían
confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para
adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las
consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y
2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de
informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades
inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían
figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios,
cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes
justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se
hacían dentro de la legalidad.
La policía implica también a otra decena de personas en sus
nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como
testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que,
en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las
licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama
para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo
Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que
supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.
Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su
vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a
las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre
de que las contratas siempre recaían en su grupo.
La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez
Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y
ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez
Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.
Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral,
SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración
de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de
las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red
corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por
ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por
contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid
bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).
www.elpais.es 09.08.10
MUCHAS SOSPECHAS ANTES DEL GOLPE JUDICIAL
Muchos años antes de que el
juez Baltasar Garzón asestara, en febrero de 2009, el golpe judicial definitivo
a la trama corrupta de Francisco Correa, el PSOE denunció contratos irregulares
con las empresas de la red en el Ayuntamiento de Madrid, el de Majadahonda y en
la propia Comunidad de Madrid. El rodillo del PP, que gobernaba con mayoría
absoluta en estas tres instituciones, echó tierra sobre el escándalo.
En mayo de 2005, el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Madrid había contratado
en 2001 a una empresa que organizaba actos electorales del PP. Se trataba de
Special Events y la investigación del PSOE permitió acreditar que la empresa
pertenecía a sociedades radicadas en paraísos fiscales, estaba presidida por un
ex alto cargo del PP gallego, Pablo Crespo, y organizaba actos electorales para
este partido desde 1999. El PSOE denunció en aquel momento que Special Events
había contratado con diversas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas
Galicia. Los socialistas llevaban meses pidiendo sin éxito al Gobierno presidido
por Esperanza Aguirre que le dijera si había adjudicado algún contrato a esta
empresa. Un portavoz del Ejecutivo regional aseguró entonces a EL PAÍS: "La
Comunidad de Madrid nunca ha contratado absolutamente nada con la empresa
Special Events". Y era verdad, lo habían contratado todo con otras empresas de
reciente creación a las que facturaba Special Events y propiedad, como esta
firma, de Francisco Correa. Todo quedaba en casa. Los consejeros autonómicos que
adjudicaron contratos a la trama aseguraron que lo hacían por orden de López
Viejo, el consejero encargado de los actos de la presidenta autonómica.
En el municipio de Majadahonda, el grupo socialista denunció
una adjudicación aún más grosera. El alcalde había decidido encargar una campaña
para mejorar la imagen institucional del Ayuntamiento a una empresa de Francisco
Correa, para entonces casado con la jefa de gabinete de la alcaldía de esa
localidad. Todas estas denuncias socialistas quedaron en nada.
www.elpais.es 09.08.10
LÓPEZ VIEJO ALERTÓ A LA TRAMA EN 2006 DE QUE EL PSOE INVESTIGABA SUS CONTRATOS
Altos cargos
autonómicos mintieron en la Asamblea sobre las adjudicaciones
judicial del caso Gürtel,
la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido
político, el PP, ha permitido conocer a la Policía que los colaboradores del que
fue mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos
institucionales, el ex consejero Alberto López Viejo, alertaron a la red de
Francisco Correa en junio de 2006 de que el grupo parlamentario socialista
estaba investigando en la Asamblea de Madrid supuestas irregularidades en la
adjudicación de contratos por parte de distintos departamentos del Gobierno
autónomo.
La Comunidad falseó la solvencia de una firma de la red Gürtel
Los colaboradores de López Viejo, según la investigación policial, remitieron el
orden del día de una comisión de vigilancia de las contrataciones a los
responsables de la trama corrupta, que para entonces y desde la llegada de
Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid, se encarga de los actos
institucionales de la presidenta.
En esa comisión, el socialista Óscar Monterrubio intentó
conocer los motivos que habían llevado a distintas consejerías autonómicas a
encargar a dedo una serie de trabajos a empresas de la trama corrupta,
Boomerangdrive y Good and Better, cuya solvencia y experiencia eran más que
dudosas, pues habían logrado los trabajos sólo unos días después de haber sido
creadas.
Los secretarios generales técnicos de las consejerías de
Presidencia, Empleo e Inmigración respondieron como pudieron, en algún caso con
mentiras, para justificar las adjudicaciones, y se desvincularon de las mismas
aludiendo en sus respuestas a que alguien, nunca dijeron quién, había aconsejado
su contratación.
En la comisión de vigilancia, el PSOE se interesó por
numerosos contratos adjudicados a dedo para celebraciones del Día Internacional
de la Mujer o actos a favor de la Inmigración presididos por Aguirre y pagados
por las consejerías de Inmigración, Empleo o Presidencia. Lo que sigue es un
resumen de esa comisión.
Óscar Monterrubio
(PSOE): "Good and Better, la empresa a la que se adjudicó el contrato para
marzo, se constituyó el 11 de enero de ese mismo año; la persona que realiza el
acto se hace cargo de esa empresa el 3 de febrero. ¿Cómo la consejería, y la
dirección general, asigna a esta empresa creada en enero un contrato para
organizar un acto el 8 de marzo? ¿Qué criterios se aplican para buscar a esta
empresa o cómo aparece esta empresa encima de la mesa del órgano que hace la
contratación?".
Altos cargos regionales:
"No conozco la
información que me ha facilitado sobre las fechas de constitución, lo que sí me
han manifestado es que esta empresa ha debido desempeñar una labor muy activa,
pues ya contaba con una cartera de clientes en el ámbito privado, como podía ser
Repsol, el Banco de Santander o el Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si llegó a
través de referencias de actos que habían visto en la dirección general, que
participa en muchos foros y, probablemente, uno de esos foros lo habría
organizado esa empresa".
Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional,
todos ellos secretarios generales técnicos, estaban llenas de mentiras o
inexactitudes. Para cuando se adjudicó el contrato a Good and Better, esta
empresa no había hecho ningún trabajo para Repsol, el Banco Santander o el
Ayuntamiento de Zaragoza y, por otra parte, era muy difícil que alguien hubiera
participado en foros organizados por Good and Better porque el contrato de la
Comunidad fue, prácticamente, el primero que tuvo desde su creación, según se
deduce de las declaraciones de actividades de esta empresa que figuran dentro
del sumario del caso Gürtel. En 2006, la fama de Special Events, la
empresa con la que Francisco Correa empezó a hacer negocio con Gobiernos del PP,
había sufrido ya varios varapalos y estaba bajo sospecha porque el PSOE había
denunciado en los ayuntamientos de Madrid y Majadahonda adjudicaciones
supuestamente irregulares a esta firma, a la que vinculaban con el PP pues era
la que se encargaba de los actos electorales.
Correa decidió entonces crear nuevas empresas para que
hicieran el mismo trabajo que Special Events, que redujo mucho su facturación
hasta desaparecer prácticamente en 2008. Las empresas que sucedieron a Special
Events fueron Easy Concept, Boomerangdrive, Good and Better, Diseño Asimétrico y
Servimadrid Integral.
www.elpais.es 09.08.10
ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE
AL DIRECTOR DE MQM
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira, que cite a declarar "en calidad de imputado" al administrador
de Marketing Quality Managment (MQM), empresa que recibió
cuantiosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a
las puertas de las elecciones de 2007.
En su escrito, fechado el pasado 14
de junio, los fiscales solicitan que se aporte a la causa el historial del
Registro Mercantil relativo a dicha sociedad, administrada por Antonio Martín
Sánchez. También se pide que se llame a declarar como testigo a Reyes Montiel,
la diputada de Izquierda Unida (IU) que el pasado abril presentó un escrito en
la fiscalía instándola a investigar.
En una providencia del 30 de junio,
el juez solicitó que se una al caso toda la documentación aportada por Montiel.
La diputada de IU en la Asamblea
acudió a los tribunales tras descubrir que el Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), adscrito a Economía, adjudicó en septiembre de 2006 a MQM la
creatividad de una campaña de publicidad que no llegó a realizarse. Se llamaba
Made in Madrid y costó al erario público 1,25 millones de euros.
En marzo de 2007, a las puertas de
las elecciones autonómicas del 27 de mayo, el Imade exoneró por escrito a MQM de
realizar más del 80% de sus compromisos, pero le mantuvo intacto el pago. Ese
mismo año, MQM abonó 409.000 euros a las empresas de Francisco Correa, según las
declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.
La elección de MQM para
la campaña de publicidad fantasma fue una sugerencia
de Swat, consultora que en ocasiones se ha coordinado con la trama Gürtel para
acceder a contratos públicos. Y esta misma consultora eligió a Over Marketing y
Comunicación (Over MC) para otra campaña de publicidad fantasma del Imade que
supuso el desembolso de otros dos millones de euros antes de los comicios.
La relación entre estas empresas
entre sí y con la propia trama Gürtel la corroboró ante el juez Isabel Jordán,
ex administradora de Easy Concept empresa nuclear de la trama en Madrid que fue
contratada posteriormente por MQM: la imputada explicó que fue Over MC quien les
puso en contacto con MQM.
Reyes Montiel está recopilando
información para ampliar el escrito que dirigió a la fiscalía: "Desde entonces
han aparecido muchos otros indicios de presuntas irregularidades relacionadas
con esta empresa y del uso que han hecho de ella el PP y la trama", explica
Montiel.
En abril de 2007, con las elecciones
ya formalmente convocadas, MQM recibió otra adjudicación de la comunidad, esta
vez por valor de 250.000 euros, para organizar los actos de la presidenta. El
contrato, que fue una iniciativa del hoy imputado Alberto López Viejo, tiene
también muchos aspectos que en opinión de Montiel deberían investigarse.
Presidencia pagaba alguno de estos
actos por duplicado: a MQM y a la trama. Además, según consta en un documento
remitido por la propia empresa a Presidencia, en apenas dos meses facturó el
150% de lo presupuestado para todo el año, coincidiendo con la campaña
electoral.
"Espero que la justicia llegue donde
es imposible llegar en la Asamblea como consecuencia del rodillo del PP", añade
Montiel, quien llama a investigar si el contrato sirvió "para financiar la
campaña electoral del PP".
(www.publico.es,
27/07/10)
AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA
'GÜRTEL' EL MISMO ACTO
El Gobierno de Esperanza Aguirre
pagó dos veces por un mismo acto de Presidencia a empresas distintas y lo hizo
en al menos seis ocasiones entre 2007 y 2008: un pago iba a Marketing Quality
Management (MQM), que tenía la adjudicación formal para organizar los actos de
la presidenta, y otro a empresas de la trama Gürtel.
Así se desprende de la documentación
remitida por la Comunidad de Madrid al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
sobre todos los contratos obtenidos por la trama.
MQM, que está siendo investigada en
la causa, declinó atender a Público. Un portavoz de Economía respondió por
escrito: "La Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información sobre el caso
Gürtel que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional
ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la
que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de
Contratos".
MQM firmó un contrato el 25 de abril
de 2007 con la Comunidad de Madrid para organizar los actos de Presidencia. El
concurso, de 250.000 euros al año, fue impulsado por Alberto López Viejo, hoy
imputado y entonces organizador de los actos de Aguirre.
MQM ganó tras competir con Marvá y
Easy Concept, una de las empresas clave de la trama que estaba administrada por
la hoy imputada Isabel Jordán, que luego se incorporaría precisamente a MQM. En
2007, esta empresa pagó a la trama 409.000 euros, según las declaraciones a
Hacienda incorporadas al sumario.
Tras ganar la adjudicación de los
actos de Presidencia, la trama siguió facturando para la Comunidad de Madrid por
actos que entraban dentro del contrato marco firmado por MQM y que en realidad
ya habían sido facturados por esta empresa.
No es que MQM subcontratara los
servicios a la trama, algo que hubiera sido posible dentro del contrato marco,
sino que empresas de Correa facturaban también a la Administración autonómica
por los mismos actos ya encargados y pagados a MQM.
El acto de entrega de medallas al
mérito ciudadano, en 2007, se llegó a pagar a tres empresas distintas, según la
documentación remitida al juez. MQM pasó a Presidencia facturas por un total de
46.000 euros. Pero por el mismo acto cobró también 11.162 euros Servimadrid,
otra de las empresas nucleares de la trama, y otros 10.296 euros Diseño
Asimétrico por la aportación del equipo audiovisual.
MQM había ganado el concurso marco
precisamente porque se valoró especialmente "las mejoras relativas a los medios
audiovisuales", según el informe del jefe de área de régimen interior, Alfonso
Peña. Fue la única concursante que puntuó en este punto, al ofertar dentro de su
propuesta seis pantallas de plasma.
El mecanismo de pagos repetidos se
repitió al menos otras cinco veces entre 2007 y 2008: Easy Concept pasó una
factura de 4.065 euros por un acto en la Real Casa de Correos; Good & Better
otro de 11.990 euros por la entrega de medallas a los príncipes y Servimadrid
tres facturas de 11.900 euros por el Belén, el Día de la Constitución y un acto
de balance de gobierno. Todos ellos entraban dentro del contrato marco ya pagado
a MQM.
Antes de lograr este concurso en
Presidencia, MQM ganó un contrato del Imade, vinculado a Economía, para una
publicidad de 1,25 millones de euros que se pagó pero no se hizo. La propuesta
de adjudicación la hizo Swat, consultora bien conectada con Gürtel.
La conexión de Marketing Quality
Management (MQM) con la trama ‘Gürtel' se hizo a través de Over Marketing y
Comunicación (Over MC), implicada también en el caso de la ‘publicidad fantasma'
del Imade.
Así lo declaró ante el juez la
imputada Isabel Jordán, ex responsable de Easy Concept, una de las empresas de
la trama para eventos en Madrid: "Nosotros conocimos a MQM a través de Javier
Rodríguez [directivo de Over MC]". Jordán añade que conversaron en ocasiones con
Over para coordinarse y que la relación con MQM fue una sugerencia de esta
empresa.
Over MC y MQM fueron beneficiarias
de sendos contratos de creatividad publicitaria del Imade de los que no existen
pruebas de que llegaran a realizarse pese a que el organismo público abonó 3,25
millones: dos a Over para una campaña dirigida a pymes y autónomos y 1,25 para
MQM por ‘Made in Madrid'. La consultora que les eligió fue Swat, que en
ocasiones trabajó coordinadamente con la ‘Gürtel'. En Baleares, la fiscalía
investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones
gobernadas por el PP. Over hizo la campaña de Jaume Matas en 2003.
El 25 de abril de 2007, la Comunidad
de Madrid firmó un contrato con Marketing Quality Management (MQM) para que esta
empresa organizara todos los actos insitucionales de Esperanza Aguirre. El
precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año.
Apenas dos meses después, MQM ya
había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del contrato por valor de
383.000 euros. Es decir, en apenas dos meses la empresa había facturado el 150%
de lo firmado para todo el año.
(www.publico.es,
26/07/10)
EL CONTRATO SE FIRMÓ DOS SEMANAS
ANTES DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DEL 27-M
¿Qué pasó en medio? Hubo elecciones
autonómicas. Esperanza Aguirre había firmado el decreto de convocatoria el 2 de
abril, tres semanas antes de la firma del contrato con MQM. La campaña electoral
se inició el 11 de mayo, los comicios fueron el día 27 y la presidenta tomaba
posesión para su nuevo mandato el 20 de junio.
Entre el 11 de mayo de 2007, primer
día de campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de Presidencia de
la Comunidad de Madrid un total de 20 facturas relacionadas con el contrato,
según consta en un documento con todos los actos organizados que la empresa
envió al Gobierno madrileño el 25 de noviembre de 2008, en el momento de
liquidación del contrato, que se extendió también a 2008.
Diecisiete de estas 20 facturas son
por importes inferiores a 12.000 euros. Y no se especifica ningún evento, a
diferencia del resto del listado.
La siguiente factura, ya el 30 de
noviembre, es por el acto de entrega de medallas a los Príncipes de Asturias. Y
las otras 45 que MQM remitió a Presidencia hasta que venció el contrato, a
finales de 2008, tienen perfectamente detallado el evento por el que prestaron
el servicio.
El documento de MQM forma parte del
expediente del contrato obtenido por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes
Montiel, que lo solicitó tras descubrir que MQM había sido adjudicataria de un
contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad, Made in Madrid, que
nunca se llegó a realizar.
La campaña del Made in Madrid la
había adjudicado el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por
Aurelio García de Sola, en octubre de 2006 por recomendación de Swat, consultora
que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.
En marzo de 2007, también justo
antes de la convocatoria electoral y de recibir el encargo de organizar los
actos institucionales de Aguirre, MQM fue exonerada de cumplir más del 80% del
contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción de sus ingresos.
El pasado abril, Montiel presentó un
escrito a fiscalía para que investigara las relaciones de esta empresa con la
Comunidad de Madrid. El fiscal remitió el dossier de la diputada a
Anticorrupción al observar que podría tener relación con el caso Gürtel.
Una compañía con muchos
interrogantes
1. Relación con ‘Gürtel'
La imputada Isabel Jordán, que
estuvo al frente de Easy Concept -empresa de la trama especializada en eventos-,
ha declarado ante el juez que se coordinaban con MQM para acceder a
adjudicaciones en Madrid. Ella misma acabó trabajando para MQM. En 2007, tras
ganar varios contratos, MQM pagó 409.000 euros a la trama, que además
cobró a la Comunidad por actos ya adjudicados a MQM.
2. Publicidad fantasma
En octubre de 2006, el Instituto
Madrileño de Desarrollo, adscrito a Economía, dio a MQM 1,25 millones para la
creatividad de la campaña ‘Made in Madrid'. Nunca se hizo. Economía explicó que
en realidad se integró en otras campañas para aprovechar "sinergias".
3. Actos de Aguirre
El 25 de abril de 2007, MQM obtuvo
la adjudicación para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre,
que estaban bajo la supervisión del hoy imputado Alberto López Viejo. El
contrato era de 250.000 y posteriormente se elevó más del 20%. La causa alegada
fue el "imprevisto" de las elecciones, pese a que el contrato se firmó con los
comicios ya convocados.
4. Facturas hinchadas
Algunas facturas presentadas por MQM
en los actos de Esperanza Aguirre se hincharon más del 400%. El homenaje a las
víctimas del 11-M en 2008, de apenas cinco minutos de duración, se facturó por
118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se adjudicó por 24.099 euros.
Algunos expertos sostienen que
algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas
el 1.000%.
5. Actividad electoral
Las elecciones autonómicas de mayo
coincidieron con movimientos en los contratos de MQM. Justo antes, en marzo, MQM
fue exonerada de cumplir el 80% del contrato publicitario de 1,25 millones. En
abril, firmó el contrato para organizar actos de la presidenta y en junio ya
había gastado el 150% previsto para todo 2007.
(www.publico.es,
26/07/10)
SOMBRAS SOBRE LA CAMPAÑA
ELECTORAL DE AGUIRRE, EN 2007
La Comunidad de Madrid vuelve a
estar en el ojo del huracán de la investigación del caso Gürtel, tras el envío
de los contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas
de Francisco Correa, cabecilla de esta trama, al juez Antonio Pedreira.
Los contratos remitidos al juez
instructor del caso Gürtel tienen fecha del periodo comprendido entre 2007 y
2008, coincidiendo con la campaña electoral por la presidencia de la Comunidad
de Madrid, que se inició el 11 de mayo de 2007.
El contrato anual, superado en dos
meses
El 25 de abril de 2007, la Comunidad
de Madrid firmó un contrato con la empresa Marketing Quality Management (MQM)
[relacionada con el entramado Gürtel] para que organizara todos los actos
institucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000
euros para todo el año. Resulta llamativo que sólo dos meses después, MQM ya
había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del mismo contrato por
valor de 383.000 euros. Lo que significa que, en apenas dos meses, la empresa
había facturado el 150% de lo firmado para todo el año, según la información a
la que ha tenido acceso Público.
Facturas sin conceptos
Entre el 11 de mayo de 2007, que fue
el inicio de la campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid 20 facturas relacionadas con el contrato.
Diecisiete de estas 20 facturas fueron hechas por importes inferiores a 12.000
euros, y no hacen relación a ningún evento en concreto.
La campaña fantasma de 1,25 milones
Con anterioridad, en 2006 MQM fue
adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad,
Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar, y que fue otorgado por el
Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), por recomendación de Swat, consultora
que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.
El pago de 409.000 a la trama
Gürtel
MQM había ganado el contrato de la
Comunidad de Madrid tras competir con Easy Concept, una de las empresas clave de
la trama Gürtel, que estaba administrada entonces por la imputada Isabel Jordán,
que luego se incorporó MQM. En 2007, esta empresa pagó al grupo empresarial de
Correa 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al
sumario.
MQM y una empresa de la trama
De acuerdo con la documentación
remitida al juez Pedreira, en 2007, para el acto de entrega de medallas al
mérito ciudadano se llegó a pagar a tres compañías distintas. MQM facturó
a Presidencia por un total de 46.000 euros, y al mismo tiempo una de las
empresas de la trama Gürtel, Servimadrid, cobró 11.162 euros, y Diseño
Asimétrico, 10.296 euros.
La exoneración misteriosa
En marzo de 2007, dos meses antes de
que se iniciara la campaña electoral y de que MQM resultara adjudicataria del
contrato por 250.000 por los actos institucionales de Esperanza Aguirre, la
empresa fue exonerada de cumplir más del 80% del contrato del Imade, sin que
ello supusiera una reducción de sus ingresos.
Facturas hinchadas en un 400%
Según los contratos remitidos al
juez Pedreira, se deduce que algunas facturas de MQM por actos de Esperanza
Aguirre pudieron hincharse en más del 400%. Por ejemplo, el homenaje a las
víctimas del 11-M, en 2008 se facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el
mismo acto se adjudicó por 24.099 euros. Algunos expertos, citados por Público,
sostienen que algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007
estaban hinchadas el 1.000%.
(www.elplural.com,
26/07/10)
EL PSM PIDE QUE SE INVESTIGUEN
LOS CONTRATOS CON LA EMPRESA SUFI
El portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha exigido al equipo de
gobierno madrileño que esclarezca su participación en las adjudicaciones
millonarias del Consistorio a la empresa Sufi, SA, implicada en la trama de
corrupción del PP del caso Gürtel. El presidente de esta empresa, Rafael
Naranjo, ha sido imputado por el magistrado instructor del Gürtel, Antonio
Pedreira, por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario
"numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y
autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la
intención de obtener contratos públicos para su mercantil".
Según los socialistas, esta empresa
es una de las adjudicatarias de los contratos municipales de limpieza de los 15
distritos. Este servicio tiene un coste total de 1.136 millones de euros en 10
años. Además, Lucas exige información acerca de uno de los apartados de los
contratos firmados por el Ayuntamiento en el sector de la limpieza, que se
refiere a "concienciación ciudadana". Este epígrafe afecta al 2% del monto total
de los contratos del Ayuntamiento en la limpieza (unos 54,5 millones de euros).
"El PSOE ya denunció en la anterior
legislatura que las adjudicaciones de limpieza en Madrid podían ser
irregulares", recordó Lucas, quien explicó también que mientras se llevaban a
cabo las adjudicaciones y se firmaban los contratos "se reservaba entre el 1,5%
y el 2,5 % del gasto total de esos contratos para gastos de concienciación". En
este sentido, Lucas y su partido esperan que el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, "dé detallada cuenta de en qué se gastó ese dinero", y, a partir
de ahí, analizarán los datos y exigirán responsabilidades. También lamenta que
el Gobierno local pueda estar implicado en la trama y espera "que se pongan en
marcha todos los mecanismos necesarios para ayudar a que se esclarezcan los
hechos".
Por otra parte, la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la decisión
del magistrado Pedreira de prorrogar el secreto de sumario en las diligencias
pendientes del caso Gürtel. No obstante, los magistrados instan al instructor a
que analice la documentación que permanece secreta con la mayor celeridad
posible.
(www.elpais.com,
23/07/10)
PEDREIRA IMPUTA A UN FUNCIONARIO
Y A DOS EMPRESARIOS MÁS EN GÜRTEL
El magistrado instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar a tres nuevos imputados: dos
empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, que en estos
momentos trabaja en una comisión de servicios en el Consistorio de Villaviciosa
de Odón.
Con estos tres nuevos implicados la
mayor trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político
salpica ya a más de 130 personas, 68 de ellas en la Comunidad de Madrid. Hace
menos de un mes, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía
(UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas, entre ellas el actual
alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El juez Pedreira todavía no ha
decidido si los va a acusar de forma definitiva.
Entre los tres nuevos imputados
resalta el ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Majadahonda, Luis Valor San Román. El magistrado le acusa de cooperación en un
delito de prevaricación por su intervención en una de las adjudicaciones
millonarias que se llevó una de las empresas del cerebro de la trama, Francisco
Correa. Este trabajador municipal fue el artífice, según el auto dictado el 19
de julio pasado, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la
adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la
empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa.
Esta decisión municipal se aprobó en
contra de un informe del secretario de este Ayuntamiento. Ello y el posterior
fraccionamiento de la contratación de los servicios que incluía la adjudicación,
a juicio de la investigación, "provocó que el Ayuntamiento de este municipio
abonara a los contratistas cantidades muy superiores, algo que pudo causar un
perjuicio económico a las arcas municipales". Presupuestada en 625.053 euros, el
coste de la OAC de Majadahonda se disparó hasta los 1,4 millones.Uno de los tres
nuevos imputados en el caso Gürtel es el empresario Rafael Naranjo Ane-gón,
presidente de Sufi, SA. Esta empresa resultó adjudicataria de la gestión de
basuras en el distrito de Moratalaz en 2002, cuando Alberto López Viejo, uno de
los principales acusados de la trama corrupta, era el concejal de Limpieza en el
Ayuntamiento de Madrid. La sociedad, presidida por Rafael Naranjo, obtuvo el
contrato de 48 millones de euros en un periodo de 10 años.
El magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, le imputa a Rafael Naranjo un delito de cohecho
continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a
funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para la
adjudicación de contratos a Sufi, SA.
En el auto, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, Pedreira indica que Naranjo podría haber pagado a la organización de
Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un 3% del total de la ad-judicación-
"por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos
públicos.
El juez recuerda en su auto que la
persona que se encontraba al frente de la concejalía de Limpieza Urbana en el
Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo que más tarde pasó a formar parte
del Gobierno de la Comunidad presidido por Esperanza Aguirre. Según consta en el
sumario, estos cargos en el Ayuntamiento y en la Comunidad le sirvieron a López
Viejo para ingresar 563.000 euros en concepto de comisiones recibidas por
empresas de la trama.
El propio Correa, cerebro de la red
corrupta, definió los actos públicos que sus empresas organizaron para López
Viejo como "chorizadas". El ex consejero les obligaba a trocear los contratos
por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar la obligación de someter los
eventos a concurso. Los responsables de la red lo agasajaron, según el sumario,
con regalos: corbatas, maletines, gemelos y trajes. La trama también organizó el
cumpleaños de la hija de López Viejo.
En el caso Gürtel también está
imputado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, a quien el juez acusa de haber
pagado comisiones ilegales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por
el PP. En los libros de contabilidad de la red Gürtel la policía identificó
entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo,
empresario "vinculado a la administración de Sufi, SA". Según el informe
policial, entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio
Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente del PP de Boadilla.
La empresa Sufi, SA, también ha
resultado salpicada recientemente por la Operación Brugal que investiga el pago
de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela
(Alicante).
El segundo de los nuevos empresarios
imputados por Pedreira en el caso Gürtel es José Luis Cortés Bañares, que
aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red. El juez le
acusa de falsedad y fraude fiscal en relación a unos supuestos servicios de
asistencia informática.
Por otra parte, el juez Pedreira ha
solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le remita la vida laboral
de 36 personas, entre ellas la de la concejal de Pozuelo Yolanda Estrada y la
del empresario Jesús Calvo Soria.
(www.elpais.com,
22/07/10)
PEDREIRA IMPUTA A UN EMPRESARIO
QUE PAGÓ 1,2 MILLONES A CORREA
Despacio pero sin pausa, el número
de imputados en el caso Gürtel sigue creciendo. Los tres últimos fueron citados
hoy a declarar por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Uno de ellos es Rafael Naranjo Anegón,
presidente de la mercantil Sufi, a la que en 2002 el entonces concejal de Madrid
y actual diputado en la Asamblea regional Alberto López Viejo adjudicó la
gestión del servicio de limpieza viaria del distrito madrileño de Moratalaz. Se
le acusa de haber entregado 1.232.074 euros a la trama de Francisco de Correa.
Esa cantidad es "el 3% del monto
total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación, ante
un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid,
y por tanto con capacidad de adjudicación de contratos públicos". El auto se
refiere a López Viejo, la primera víctima política que se cobró el caso, aunque
su imputación formal no se produjo hasta que el procedimiento llegó al TSJM por
su condición de aforado.
La resolución imputa a Naranjo
Anegón un delito de cohecho continuado, "al constar en el procedimiento
numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades,
por mediación de Francisco Correa".
Los otros dos últimos imputados en
la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción son José Luis Cortés Bañares
y Luis Valor San Román. Ambos, junto con Naranjo Anegón, comparecerán ante el
juez el próximo 9 de septiembre. El primero está acusado de los delitos de
falsedad documental y contra la Hacienda Pública, como cooperador. Por su parte,
la imputación de Valor San Román es como cooperador de un delito de
prevaricación.
Según Anticorrupción, José Luis
Cortés emitía facturas para las distintas empresas del grupo empresarial de
Francisco Correa. Oficialmente se dedicaba al mantenimiento de los servidores
informáticos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte
(Madrid), así como de la página web de la localidad. También aparece como el que
suministraba ordenadores a Pasadena Viajes. Sin embargo, la fiscalía considera
que en realidad no prestaba estos servicios y se limitaba a facilitar facturas
falsas al grupo de corrupción.
La acusación contra Valor San Román
se remonta a su etapa como director del Área de Nuevas Tecnologías de
Majadahonda. Hacía los pliegos y los informes técnicos del expediente de
contratación Consultoría y Asistencia para el Diseño e Implantación de la
Oficina de Atención al Ciudadano de la citada localidad madrileña.
Por su parte, la fiscalía se ha
opuesto a que vuelva a ser rebajada la fianza impuesta a Antoine Sánchez, el
primo y presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa.
La cantidad fue fijada por el juez
Pedreira el pasado 29 de junio en 75.000 euros. Previamente había descendido de
300.000 a 150.000 euros. Aún así, Sánchez volvió a pedir una rebaja al seguir
considerándola excesiva.
Anticorrupción apela al riesgo de
fuga existente, que en el caso de Sánchez se acentúa porque residía con su
pareja en Senegal antes de que estallase el principal escándalo de corrupción
del PP. Si se fugara, dicen las fiscales, la investigación de la trama se
complicaría aún más al participar en el blanqueo de capitales imputado a los
cabecillas de la trama.
(www.publico.es,
22/07/10)
SIN MATERIAL EN BOADILLA
El imputado José Luis Cortés facturó
a las empresas de Correa, según el magistrado, por el mantenimiento de los
servidores informáticos de los ordenadores de la Oficina de Atención al
Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte. Estos servicios fueron adjudicados por el
entonces alcalde Arturo González Panero a la sociedad Easy Concept. También
firmó facturas por el diseño y el mantenimiento de páginas web en Boadilla y por
el suministro de equipos informáticos a la empresa Pasadena Viajes.
Precisamente un informe realizado
hace un año por un funcionario municipal de Boadilla del Monte sobre la OAC de
este municipio reveló que, en comparación con lo previsto, esta oficina
gestionada por la empresa de Correa no disponía de todo el material recogido en
el contrato firmado tras la adjudicación municipal. En concreto, faltaban 8
impresoras, 2 escáneres y 12 discos duros de ordenadores, entre otros
materiales.
(www.elpais.com,
22/07/10)
PEDREIRA CITA A DECLARAR A TRES
NUEVOS IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL
La lista de implicados del caso
Gürtel lejos de adelgazar, engorda. El juez Pedreira ha imputado a otras tres
personas en esta trama de corrupción vinculada al PP que tendrán que declarar el
próximo mes de septiembre.
Se trata de Luis Valor San Román, ex
director del área de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda. San
Román ocupó ese cargo durante la etapa de Guillermo Ortega, otro de los
imputados en esta causa, al frente de la alcaldía. La investigación sostiene que
San Román elaboró informes favorables a una de las empresas de la trama, TCM,
para que obtuviera adjudicaciones de la oficina de atención al ciudadano.
El segundo imputado es Rafael
Naranjo a quien se atribuye un presunto delito de cohecho por haber pagado a
funcionarios a cambio de obtener una parte del contrato de limpieza adjudicado a
la empresa Sufi en Moratalaz. El tercero es José Luis Cortés, imputado por un
presunto delito de falsedad documental por defraudar a la Hacienda Pública.
(www.elpais.com,
21/07/10)
GÓMEZ SEÑALA AL GRUPO RAFAEL COMO
EL GÜRTEL 2 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los socialistas de Madrid están
seguros de saber dónde se esconde el Gürtel 2 en la comunidad que gobierna
Esperanza Aguirre. El líder del PSM, Tomás Gómez, aseguró ayer en rueda de
prensa que "el grupo empresarial Rafael ha ocupado el lugar del grupo Correa" en
la Comunidad de Madrid y por ello exigió a Aguirre que explique las
contrataciones con este grupo y pidió a los tribunales que investiguen las
relaciones que mantiene con su gobierno.
Conoció que, según un informe
policial, este conjunto de empresas actuó como pantalla para cobrar al Gobierno
de Aguirre facturas irregulares emitidas por la trama de Francisco Correa.
Gürtel 2
"Sabemos lo que preguntamos",
sugirió ayer Tomás Gómez. Según el socialista, “todo apunta a que siguen
haciendo lo mismo [contrataciones fuera de la legalidad] con empresas que tienen
otro nombre. Es decir: un Gürtel 2".
¿Quién y cómo?
Gómez lanzó dos preguntas a
Esperanza Aguirre: "¿Quién está montando en estos momento los actos de la
Comunidad de Madrid?", y "¿cómo se contratan estos actos?". El socialista
desafió a la presidenta de la Comunidad de Madrid al asegurar que Aguirre no
debería tener problemas en contestar a estas preguntas "si la contratación con
el grupo Rafael está limpia y no es como la del grupo de Correa y todo el
Gürtel".
Aparición en el sumario
El Grupo Rafael (un conjunto de
sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas) ya ha sido puesto en el
punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, al sospechar que el entramado
Gürtel se valió de ellos para emitir facturas a la Comunidad de Madrid, y los
ayuntamientos de Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey. En abril, el
juez Pedreira requirió a los cinco organismos citados todos los contratos
adjudicados a estas empresas.
Cobro de facturas
La clave de su vinculación está en
los correos electrónicos cruzados entre el Grupo Rafael y la empresa Gürtel Easy
Concept. En uno de estos mensajes hay información sobre 81 facturas giradas a la
Comunidad de Madrid de forma indistinta por las empresas de Correa y las del
Grupo Rafael. En total, según la Policía, el Grupo Rafael podría haber intentado
cobrar facturas por valor de 752.179 euros uniendo en un mismo monto las suyas y
las de la Gürtel.
(www.elplural.com,
20/07/10)
EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH
ch Tejedor, elegido
diputado regional por las listas del PP pero que ahora figura en la Asamblea
como no adscrito tras conocerse su vinculación con la trama Gürtel, no podrá
disfrutar este verano de su casa de Calpe (Alicante) ni de la parte que le
corresponde de su domicilio conyugal, cuya propiedad posee al 50% junto con su
ex esposa.
El magistrado
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido embargarle
todas sus propiedades con la intención de cubrir la fianza que le fue impuesta,
que es de 750.000 euros, y que todavía no ha abonado. El juez ha tomado esta
determinación tras varios meses de litigios judiciales del parlamentario. Bosch
tampoco podrá disfrutar de un todoterreno y una motocicleta de su propiedad.
Con estos bienes, el
juez considera que el imputado puede afrontar las responsabilidades económicas
que pudieran derivarse si resulta condenado por participar en la trama Gürtel.
No obstante, aunque Alfonso Bosch Tejedor se queda sin poder disfrutar de su
casa de Calpe, aún sigue cobrando 4.000 euros al mes por ocupar su escaño en el
grupo de no adscritos de la Asamblea regional. Según dos autos del sumario del
Gürtel, Bosch Tejedor percibió supuestamente de las empresas de la trama
liderada por el empresario Francisco Correa unos 255.562 euros.
Por otra parte, los
servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, personado como acusación
popular en el caso Gürtel, han solicitado finalmente al juez Pedreira la
imputación de 40 altos cargos de la Comunidad, entre ellos el ex consejero de
Cultura y Deportes Santiago Fisas, por un delito de prevaricación de
funcionarios, informa Europa Press.
www.elpais.es 10.07.10
NUEVO VARAPALO JUDICIAL A AGUIRRE
POR LA 'GÜRTEL'
El caso Gürtel ha vuelto a vapulear
a la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. El Juzgado de
Instrucción número 34 ha rechazado admitir a trámite la querella criminal que en
junio presentó el Gobierno regional contra Tomás Gómez, líder del Partido
Socialista de Madrid (PSM), por "denuncia falsa y revelación de secretos", al
pedir a la fiscalía la imputación de 44 altos cargos del Ejecutivo autonómico
por su relación con la presunta red de corrupción de Francisco Correa.
No hay tal delito, justifica la
jueza Coro Monreal en su auto, fechado el pasado 28 de junio y hecho público
ayer por el propio Gómez en rueda de prensa. Primero, para que haya denuncia
falsa tendría que haberse producido ya un hecho: que la fiscalía hubiera
archivado la denuncia del PSM contra esos 44 altos cargos de Aguirre entre
ellos, el vicepresidente, Ignacio González. Y eso no ha sucedido.
Tampoco ha habido revelación de
secretos, puesto que los datos constan en el sumario judicial, sobre el que ya
no pesa el secreto. Es "evidente", añade el auto, que Gómez no recabó los datos
registrados en ficheros informáticos de difícil acceso. Por último, la ley prevé
sanciones sólo para el abogado, procurador, juez o miembro del tribunal que
difunda detalles del sumario.
Gómez se mostró ufano con el auto
que rechaza la denuncia "mafiosa" del Gobierno. "Es la tercera querella que nos
pone el PP en su afán por amedrentar a la oposición, y quiero preguntar a
Aguirre si se están usando medios públicos, como el abogado de la Comunidad de
Madrid, para amedrentar a la oposición. No lo conseguirán", dijo.
El líder del PSM pidió el cese de
Granados y que pague las costas del proceso judicial. También acusó a la
presidenta de utilizar "de forma fraudulenta" a los letrados de la Comunidad
para frenar la investigación de la Gürtel, la red que tuvo en Madrid uno de sus
epicentros y que ya se ha llevado por delante a varios alcaldes y cargos de
confianza de Aguirre.
Fuentes de la Consejería de
Presidencia no precisaron ayer a Público si se recurrirá la decisión de la
jueza. Recalcaron que Granados presentó el escrito porque de él dependen los
funcionarios "vilipendiados" por Gómez, incluido uno fallecido en 2007, Matías
Morante de la Calle. "No es un tema personal. Quien denunció fue el Gobierno, no
el consejero", sostuvieron.
(www.publico.es,
06/07/10)
PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO
EN EL EXTRANJERO
El ex alcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero posee "un importante patrimonio en el extranjero" que
está "aún pendiente de bloqueo", según indica un informe de la Fiscalía
Anticorrupción, en el que se indica también que la investigación ha producido ya
"algún avance en su identificación" así como en las averiguaciones en torno a
las "frecuentes salidas al extranjero" del antiguo regidor. La Fiscalía
considera que la existencia de estas propiedades justifica su negativa a la
petición del abogado de Panero para que relajase las medidas cautelares
decretadas contra el implicado en la trama corrupta que afecta a numerosos ex
cargos del PP.
Las medidas impuestas contra Panero,
conocido también por el resto de los implicados de la trama como El
Albondiguilla, consisten en una fianza de 1,5 millones de euros, la retirada del
pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Anticorrupción justifica su mantenimiento por los "numerosos indicios" de
delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y malversación que
apuntan contra el imputado.
Estos indicios, según
Anticorrupción, aparecían desde el comienzo de la investigación del caso "y han
ido confirmándose con el avance de la instrucción". El Ministerio Público
subraya que el propio Panero "no discute en su escrito" la posible existencia de
dichos delitos.
La investigación de las propiedades
en el extranjero a la que alude el informe de la Fiscalía ha servido de base
para que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) e instructor del caso, Antonio Pedreira, haya desestimado en un
auto las peticiones de la defensa de Panero.
El Ministerio Público rechaza así la
petición del ex regidor de Boadilla para que se le permita la salida del país
"bajo autorización expresa" y, también, para que se elimine la obligación que
tiene de comparecer cada 15 días en el tribunal. El fiscal se muestra en
desacuerdo con las peticiones del acusado y llega incluso a sugerir la
posibilidad de solicitar medidas "más gravosas para la libertad de Panero".
El sustituto de Panero al frente de
la alcaldía, Juan Siguero, también está siendo investigado por sus relaciones
con las empresas de la trama Gürtel. En unas recientes declaraciones a EL PAÍS,
Panero pidió que se investigara antes que a él, a Juan Siguero a quien considera
el responsable de las adjudicaciones relacionadas con Francisco Correa
(cabecilla del entramado corrupto) en el Ayuntamiento.
La investigación realizada por el
juez Antonio Pedreira en el marco de la Operación Gürtel ha destapado el modus
operandi de los miembros de la trama en el Consistorio de Boadilla del Monte,
donde la investigación sitúa el epicentro de la corrupción. Por ello, tanto
Panero como Tomás Martín Morales, otro de los principales responsables
municipales durante el mandato del ex alcalde, hayan tenido que afrontar sendas
fianzas de 1,5 millones de euros para no ingresar en prisión.
(www.elpais.com,
01/07/10)
AGUIRRE PAGÓ A MQM FACTURAS
HINCHADAS HASTA EL 400%
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing
Quality Management (MQM),
empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que
está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los
que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas
al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a
las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada
de IU Reyes Montiel.
En algún caso, el sobrecoste llegó
al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año
y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol.
Por la escenografía de este acto,
que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama
desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue
adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.
Los que asistieron al acto de 2010
apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó
cinco veces menos.
En 2008, MQM había presentado a la
Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró
dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto
conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del
edificio".
La primera, por un total de 52.963
euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008.
Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de
Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas.
Este periódico preguntó el pasado
jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del
mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.
Ante otras facturas también
hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de
Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información
que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha
comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que
dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de
Contratos".
Entre estas otras facturas hinchadas
destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó
128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del
sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio
de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el
administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.
El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes
Montiel, diputada de IU.
Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la
campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a
realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la
causa Gürtel.
La adjudicación del IMADE fue en
octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios
regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente
después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos
de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía
el acto de homenaje a las víctimas del 11-M.
El concurso tomó como base de
licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en
62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya
administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que
se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.
(www.publico.es,
23/06/10)
LOS SOCIALISTAS Y ALTERNATIVA
PIDEN QUE SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
El secretario general del PSM, Tomás
Gómez, reclamó ayer a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que inicie los
trámites para la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414
habitantes) porque considera que el actual equipo de Gobierno popular es
"incapaz" de gestionar los intereses de los ciudadanos, que "no pueden fiarse de
los concejales del PP". Gómez hizo esta petición tras conocer por EL PAÍS que la
policía ha implicado en la trama Gürtel de corrupción a 20 personas más en
Madrid, entre ellos el actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP).
La policía considera que el regidor,
que sustituyó a Arturo González Panero cuando fue imputado en la trama Gürtel,
podría haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información de
las adjudicaciones municipales a los miembros de la trama de Francisco Correa.
También pide la disolución del
Consistorio el concejal Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), la
tercera fuerza municipal de la localidad. Galindo resalta que, previamente, el
presidente del PP, Mariano Rajoy, debería disculparse públicamente "por el
bochornoso espectáculo que está dando su partido en Boadilla".
El socialista Gómez solicitó a la
Comunidad de Madrid que inste a la Administración pertinente [el Ministerio de
Política Territorial] a la disolución automática del Ayuntamiento de Boadilla.
"Si pusieron al más honesto después de echar al alcalde y a un concejal, y
también resulta que está implicado, pues ya me dirán ustedes", explicó Gómez. El
portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pablo Nieto, abogó porque sean
profesionales independientes los que dirijan el Consistorio.
Por su parte, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adelantó que no actuará hasta que el
juez tome una decisión sobre Siguero. La presidenta señaló que el propio regidor
le ha dicho "que no hay absolutamente nada". La cosa sería distinta, añadió, "si
se demostrara que no es así y el juez que lleva el caso le llamara o le
imputara...".
El proceso para la disolución de un
Ayuntamiento está regulada en el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen
Local. Tiene que ser el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con
conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien la apruebe.
Pero los Ejecutivos autónomos también pueden pedir la disolución, tal y como
ocurrió en Marbella con la Junta de Andalucía. Antes de proceder a la disolución
debe recabarse el acuerdo favorable del Senado.
(www.elpais.com, 22/06/10)
LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20
PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF)
ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas
que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos
implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la
localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el
PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos
delitos en esta causa.
Según fuentes cercanas a las
pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía
Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que
implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya),
entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del
Gobierno de Esperanza Aguirre.
Los empleados públicos en los que ha
fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex
consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en
toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió,
que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años
2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.
El entramado tenía más de 20
empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de
confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en
Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red,
Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo
con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar
empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas
a cambio de comisiones.
Había dinero para todos, para
Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban
sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de
la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red
como pantalla fue Marketing Quality Management.
Con estos 20 nuevos implicados, el
caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de
Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las
pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes
policiales.
El más destacado de los nuevos
implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del
Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la
alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba
El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009
junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid
imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y
Arganda del Rey).
El Albondiguilla está imputado por
haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas
de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El
Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de
quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero
como su sucesor.
Siguero pudo incurrir, entre otros,
en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos
cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a
empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414
habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de
facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel
de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en
empresas corruptas, Antoine Sánchez.
Antes de implicar en el caso Gürtel
a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el
regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la
trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción.
La información en poder de la
policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió
contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de
este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que
investigarle [a él] más a él que a mí", dijo.
Siguero ocupaba el puesto número
cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007.
Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero
del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el
PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez.
Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su
hombre de confianza. Ya no.
González Panero explicó a EL PAÍS
que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa:
"Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la
trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también
presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos
operaciones Gürtel.
La primera es la adjudicación de la
Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept
por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de
contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo
personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".
Las acusaciones de Panero contra su
sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no
adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal
desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las
acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía.
(www.elpais.com,
21/06/10)
LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID
- Solo en su variante de Madrid, la
trama Gürtel tiene 65 personas implicadas. En la lista se hallan, entre los
cargos del PP más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre,
Alberto López Viejo, y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch.
- También se hallan salpicados en
Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo,
Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del
Monte, Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el sustituto de
este último, Juan Jesús Siguero, más otra veintena de personas, entre altos
funcionarios del Gobierno de Aguirre y directivos de empresas privadas que
trapicheaban con la red.
- El escándalo (con ramificaciones
en Granada, Valencia y Castilla y León) también ha afectado al ex senador y ex
tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús
Merino, así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel
Fernández Iglesias; al presidente de Valencia, Francisco Camps; y a varios
consejeros de su Gobierno.
(www.elpais.com,
21/06/10)
PANERO ACUSA AL ALCALDE DE
BOADILLA DE AMAÑAR CONTRATOS PARA LA RED GÜRTEL
El ex alcalde de Boadilla del Monte
(43.414 habitantes) Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel como
presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal,
blanqueo de capitales y falsedad, acusó ayer al actual regidor de Boadilla del
Monte, Juan Siguero (PP), de haber intervenido en todas las adjudicaciones de
ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción que instruye
el magistrado Antonio Pedreira. "Por eso tendrían que investigarle más a él que
a mí", dijo ayer en declaraciones a EL PAÍS.
El actual alcalde de Boadilla era el
número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado
concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local
y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el
PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero
exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de
confianza.
Hoy las cosas han cambiado y Panero
asegura que su sucesor nunca tuvo "capacidad" para ejercer el cargo. El ex
alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al
entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela
a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero
fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo".
Panero también relaciona a su
sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla a la empresa Easy Concept por
500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de
contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo
personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".
La segunda es la cesión de terrenos
municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla
que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una
empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]". El Ayuntamiento
acordó este mes cancelar esta adjudicación por la que nunca cobró y que ahora
investiga la Intervención General del Estado.El ex alcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero quiere que el Ayuntamiento de su municipio le pague el
sueldo que hubiera percibido como concejal con dedicación exclusiva desde que
dejó de ser alcalde el 10 de febrero de 2009. Por eso ha presentado un recurso
contencioso-administrativo contra el Consistorio que encabeza el primer edil
Juan Siguero (PP) en el que exige una indemnización de 50.499,8 euros (38.499,08
por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 euros por daños y perjuicios).
En la demanda, González Panero exige también que se le reconozca la dedicación
exclusiva y que se le integre en el Grupo Mixto, ya que, a pesar de haber sido
expulsado del PP local, en contra de la voluntad de su partido, decidió seguir
siendo miembro del Consistorio como concejal no adscrito.
En el recurso presentado en el
juzgado, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla en el sumario
Gürtel, carga contra los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Boadilla,
asegurando que existe "una maniobra desde el momento de la imputación". Y esta
maniobra consiste, según el letrado, en que se le vulnera su derecho de
presunción de inocencia: "Se le obliga a dimitir como alcalde, se le impide el
acceso a un despacho donde poder ejercer las labores propias de su cargo y se le
retira sin previo aviso su ordenador personal, con el que ha estado operando
nada menos que nueve años, sin descartar una posible manipulación del mismo".
Además, el abogado dice que los
actuales responsables del Ayuntamiento dieron de baja su número de teléfono
móvil "sin previo aviso" .
Para justificar estas peticiones,
Panero, quien según el sumario cobró más de 600.000 euros de la trama, incluye
varias sentencias que avalarían sus peticiones. Una de ellas es la que el pasado
21 de enero declaró la nulidad de los grupos municipales de Boadilla. "Panero no
puede ser expulsado de un grupo [el PP] que nunca ha existido", argumenta el
letrado del ex alcalde.
Antes de presentar el recurso,
Panero envió una carta a Siguero dándole un ultimátum que podría ser considerado
una amenaza. En el texto dice: "De no ser atendida esta petición tendrá que
acudir a los tribunales y solicitar información de todas las cuentas del grupo
[municipal del PP] en los últimos años para acreditar que estas facturas son
iguales a las de otras veces, ya que nunca he tenido acceso a esas cuentas, ni
siquiera mientras presidió el grupo, siendo siempre usted el que administró
estas cuentas".
Siguero fue tesorero del PP local y
del grupo municipal durante el periodo que afecta al Gürtel. En uno de los
registros se intervino documentación que indicaba que el responsable del PP
municipal en la campaña de 2007, Tomás Martín Morales, había recibido un sobre
con 30.000 euros para el pago de la campaña en Boadilla.
(www.elpais.com,
18/06/10)
LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL
DESTAPA MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la
trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido
político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados
con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos
registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en
el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando
como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se
recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias
empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y
MQM.
A través de estas sociedades y a
cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones,
entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años
adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco
Correa.
La investigación había descubierto
hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto
López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de
Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban
a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba
comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según
demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de
las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las
oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de
contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y
nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de
los intereses de Correa. Documentación que
este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y
correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red
corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más
trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por
contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid
bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada
documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus
colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa,
reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y
denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le
sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas
para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su
grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS
adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid
a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007,
en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó
supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality
Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso
este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho
servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la
documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A
este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo
electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de
servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa
MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de
Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y
pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez
Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del
acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura
por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy
nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen
nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los
contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas
las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o
correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.
Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se
ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras
empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los
príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó
39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un
beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por
el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el
servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992
euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez
y está considerado fuera del contrato referente al concurso número
03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a
casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la
Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos
del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de
Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la
Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación
ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que
dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP
tiene recurrida esta resolución.
(www.elpais.com,
14/06/10)
LA FISCALÍA RASTREA NUEVOS
CONTRATOS GÜRTEL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel ha detectado nuevas
ramificaciones en la Comunidad de Madrid y en relación a los contratos
adjudicados por la Consejería de Presidencia para actos protagonizados por
Esperanza Aguirre. Tal y como cuenta el diario
El País, hay nuevos indicios sobre la colaboración
entre el ex consejero Alberto López Viejo,
otrora hombre de confianza de la presidenta, y la
trama corrupta. La red habría utilizado empresas pantalla para facturar nuevos
contratos irregulares que están siendo investigados ahora. Un ejemplo de este
modus operandi sería el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid
a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, un evento celebrado en
la sede de la Presidencia regional de la Puerta del Sol montado supuestamente
por Easy Concept con la tapadera de MQM (Marketing Quality Management). Esta
última empresa ya fue noticia por embolsarse 1,25 millones de euros por una
campaña publicitaria nunca realizada y adjudicada en agosto de 2006.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó
hace varios meses recabar documentación para saber si la Gürtel utilizó empresas
pantalla para trabajar con la Comunidad de Madrid, recoge El País.
El hombre clave, López Viejo
Gracias a esas sociedades, y
comisión mediante, la red corrupta estuvo cuatro años facturando diversos actos
al Ejecutivo regional. En este sentido, el papel de Alberto López Viejo,
viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, fue clave al ser él
quien decidió adjudicar todos los actos en los que participaría la lideresa a
entidades supuestamente corruptas. Estos servicios reportaron al ex niño mimado
de Aguirre 250.000 euros en comisiones según la investigación, los testimonios
de algunos ex directivos y la documentación contable incautada a la red.
Trabajando con pantallas
Anticorrupción ha destapado nuevos
indicios de prácticas irregulares en diversos contratos hasta ahora
desconocidos. Los pagos ascenderían, en consecuencia, a miles de euros pagados a
empresas intermediarias que ejercerían de testaferros de Francisco Correa,
supuesto cabecilla del entramado. Así consta en la documentación de Easy
Concept, una de las terminales corruptas: esa firma, que trabajó en actos de
Aguirre con facturas infladas hasta un 40%, a veces presentaba los cobros en la
Comunidad bajo una sociedad blanca o libre de sospecha, explica el rotativo
citado.
El acto de los Príncipes
En esta labor habría sido vital la
ayuda de López Viejo y uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás.
Francisco Correa haría confesado al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas,
que el propio López Viejo fue quien le aconsejó fraccionar contratos y
presentarlos a través de pantallas para evitar filtros administrativos y
sospechas de trato de favor. Así las cosas, el acto de entrega de la Medalla de
la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias celebrado el pasado 12 de
septiembre de 2007 en la Presidencia Regional se habría hecho de este modo: Easy
Concept lo montó con la tapadera de MQM.
Presupuestos por e-mail
Según el diario El País, el acto en
cuestión fue pedido expresamente por el ex consejero y Rodríguez Pendás, quien
recibió en un e-mail el presupuesto. Ese correo electrónico precisaba que el
evento no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía
con la Comunidad de Madrid, por lo que la factura de MQM se añadió al
presupuesto ya contemplado por petición expresa de Pendás. Las facturas
ascendieron a 65.475 euros, a pesar de que el acto costaba 39.143: los
beneficios fueron de 26.331 euros.
Prácticas irregulares
“Una vez finalizado el acto hemos
preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento,
nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM,
incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que
solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el
resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por
supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto”, dice un escrito de Easy
Concept recuperado por El País que detalla cómo los contratos eran encargados
por López Viejo y sus colaboradores sin atención a las normas de contratación:
todo se solucionaba con conversaciones privadas o e-mails.
Campaña fantasma
Ese mismo texto fue prácticamente
calcado por MQM en su informe sobre los servicios: "Presupuesto Total (IVA
incluido) 67.992 eruos. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por
Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso
número 03-at-6.6/2007". MQM ya había sido noticia por la actuación de la Gürtel
en la Comunidad de Madrid: en agosto de 2006, esa entidad se hizo con un
contrato adjudicado por la vía de urgencia para una campaña de la que no hay
ninguna prueba documental. La ya conocida como campaña fantasma, sin embargo,
reportó 1,25 millones de euros a la entidad.
(www.elplural.com,
14/06/10)
PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO
ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA
El instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha
decidido que la oficina judicial de la Intervención General del Estado
investigue una reciente operación de 7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte y una de las empresas de Francisco Correa, presunto
cerebro de la trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo
y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad Artas
Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de fraude fiscal y
evasión de capitales.
La iniciativa supone que la empresa
renuncia a una adjudicación municipal del uso de una treintena de locales
comerciales y más de 130 plazas de garaje en el residencial Siglo XXI de
Boadilla del Monte. A cambio, el consistorio se hace cargo de la hipoteca de
Artas Consultores que habían firmado los representantes legales de esta sociedad
por un total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la
decisión de Pedreira.
Esta operación fue rechazada en un
informe de la interventora municipal, que anunció "disconformidad" en el pleno
en el que los concejales del PP acordaron pedir un crédito para financiar el
acuerdo. Este trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y
Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de Padura (PP),
esposa del también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la
votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el
visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de Correa. El portavoz
socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la dimisión de la edil por haber
votado a favor de una empresa de la que había sido accionista su marido, según
un informe de la Agencia Tributaria.
Apenas unas horas después de haber
hecho pública el PSOE esta crítica en nota de prensa, el equipo de Gobierno
municipal difundió la reducción del 14% del presupuesto de personal. Entre los
dos concejales despedidos como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De
Padura, que dejó de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales.
Esta no será la primera vez que la
Intervención General del Estado haga un informe sobre Boadilla. El 29 de mayo de
2009 un funcionario de esta institución elaboró un documento en el que se
sostenía que los expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el
Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información que, teniendo
en cuenta el carácter de la misma y su reiteración, inducen a considerar que no
es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e
intencionada no se han remitido". Este documento de la Intervención analiza la
gestión de la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del
Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición de
Pedreira.
(www.pais.com,
11/06/10)
DE SANTIAGO RATIFICA QUE EL JEFE
DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE
Vestido con un traje azul claro, con
un talante serio y sin hablar con los periodistas. Así entró y salió ayer por la
mañana el alcalde de Las Rozas (83.600 habitantes), Bonifacio de Santiago, del
PP, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estaba citado como
testigo en el caso Gürtel tras revelar en un encuentro digital con los lectores
de EL PAÍS que el jefe de la trama, Francisco Correa, quiso sobornarle con 350
millones de pesetas (2,1 millones de euros). Le pidió, aseguró entonces el
alcalde y volvió a ratificar ayer, que le concediese a la red el contrato de
limpiezas.
De Santiago estuvo algo más de una
hora declarando ante el juez Antonio Pedreira durante cerca de una hora. A la
salida del TSJM, el alcalde de Las Rozas no quiso hablar a los periodistas: "Lo
que tenía que contar ya se lo he contado al juez. No voy a decir nada más porque
hay secreto del sumario". Fuentes judiciales confirmaron que el alcalde ratificó
la información que publicó este periódico el pasado 7 de mayo sobre el encuentro
celebrado en la Redacción. Según el relato de Bonifacio de Santiago, Francisco
Correa acudió a su despacho en febrero de 2003 y le ofreció el pago de 2,1
millones de euros si adjudicaba el contrato de la recogida de basuras y la
limpieza viaria a la empresa Sufisa. El propio Correa se quedaría con 300.000
euros.
El alcalde roceño invitó amablemente
a Correa a abandonar su despacho y dio órdenes a sus asesores para que no le
concertaran más citas con él. Según fuentes judiciales, De Santiago reunió días
después a la Corporación municipal e informó a sus miembros de lo ocurrido.
Cuando se abrió el concurso para el contrato de limpieza, la mesa de
contratación rechazó la oferta de Sufisa y lo adjudicó a otra empresa. "Salvo
algunas puntualizaciones, como el hecho de que no dio el nombre de la empresa
[Sufisa], se ha ratificado en todo lo publicado por el periódico", concluyeron
fuentes judiciales.
El abogado de Correa, José Antonio
Choclán, afirmó que el alcalde de Las Rozas negó la información publicada por EL
PAÍS. Este extremo fue desmentido en cuestión de minutos por fuentes judiciales
que estuvieron presentes en la toma de declaración al testigo. "No denunció el
caso ante la policía porque no le dio ninguna importancia", destacó el letrado
del supuesto jefe de la trama Gürtel.
Sufisa, la empresa para la que
supuestamente intermedió Correa, logró contratos de limpieza en el distrito de
Moratalaz, en la capital, Boadilla del Monte y Majadahonda, según el sumario del
caso.
(www.pais.com,
11/06/10)
EL ALCALDE DE LAS ROZAS DECLARA
ANTE EL JUEZ DEL GÜRTEL TRAS DENUNCIAR UN INTENTO DE SOBORNO
El alcalde de Las Rozas, Bonifacio
de Santiago, se ha ratificado esta mañana en la información que publicó el
diario EL PAÍS sobre el intento de Correa de sobornarle con 2,1 millones de
euros si concedía el contrato de limpieza del Ayuntamiento de Las Rozas a una
empresa implicada en la trama Gürtel. El regidor ha destacado que el encuentro
se produjo en su despacho y que fue él quien echó a Correa porque no estaba
dispuesto a aceptar ese tipo de soborno.
De Santiago también ha confirmado,
según fuentes judiciales, que informó a la corporación de lo ocurrido y que esta
decidió entregar el contrato de limpieza a otra de las adjudicatarias para
evitar cualquier riesgo de intento de soborno por parte de la trama Gürtel.
El alcalde ha entrado a declarar a
las 12.13 horas y ha salido de la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid pasadas las 13.30 y no ha querido hacer declaraciones: "Lo que tenía que
contar ya se lo he contado al juez y como es secreto del sumario no voy a decir
nada", se limitó a decir el regidor roceño.
El que si se paró a hablar con los
medios de comunicación fue el abogado de Correa, Juan Antonio Charlón, que
afirmó que Bonifacio de Santiago, en contra de lo informado por otras fuentes,
no se había ratificado en lo publicado por el diario EL PAÍS. El letrado
mantuvo, pese a que es falso, que Correa no intentó en ningún momento sobornar
al alcalde de Las Rozas. Fuentes del proceso lo han desmentido instantes
después.
(www.elpais.com,
10/06/10)
AGUIRRE INTENTA
OCULTAR QUE EL JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO
El PP de Madrid
redobló ayer su contraataque en el
caso Gürtel al negar ahora que el juez
Antonio Pedreira esté
investigando si el partido se financió a
través de la fundación Fundescam, presidida por
Esperanza Aguirre hasta finales de 2009 y cuyas campañas electorales
de 2003, el año del tamayazo, sufragó parcialmente mediante pagos a
empresas de la trama de Francisco Correa. "Eso de que Fundescam
tiene una pieza separada en el caso Gürtel es absolutamente falso",
proclamó David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
En realidad, el juez
Pedreira sí está investigando el asunto. El instructor del caso
Gürtel se encuentra a la espera de un informe encomendado a la
Unidad de Auxilio Judicial. El encargo se produjo después de que la
policía ratificase en un informe oficial de 31 de julio de 2009 que
Special Events endosó a Fundescam facturas del PP por importe de
300.000 euros, tal como ya había informado Público.
Entre 2003 y 2004,
Fundescam recibió un millón en donaciones de notables empresarios
que ya entonces poseían contratos con la Comunidad de Madrid. El
jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encabezaba la lista.
Fuentes jurídicas subrayaron ayer que la tardanza en el envío del
nuevo informe encargado por Pedreira obedece a que la policía se
centró primero en las averiguaciones sobre Valencia.
Si en el territorio de
Camps la red corrupta camufló facturas endosadas a empresarios
afines al PP, en Madrid falseó aquellas libradas contra Fundescam.
En ambos casos, la maniobra logró ocultar la cifra real de gasto en
que había incurrido el PP durante las campañas electorales. Y, como
durante meses hizo el equipo de Camps, el de Aguirre también niega
ahora que el juez investigue las cuentas del PP.
Pero los primeros
indicios ya quedaron reflejados en el informe policial de julio de
2009. Sus páginas reproducían algunos documentos informáticos
incautados a la trama. Archivado como "Facturación P.P. Madrid.xls",
uno de esos documentos era una hoja de cálculo de seis columnas
ordenadas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente,
importe, concepto real y concepto factura.
Esas dos últimas
columnas resultaron cruciales, al evidenciar que las facturas habían
sido falseadas. Un ejemplo: bajo el epígrafe "concepto factura"
aparece en una de las casillas la leyenda "Montaje Reuniones
Comisiones Estudio".
La columna denominada
"concepto real" constata que el verdadero trabajo estaba relacionado
con las "Elecciones Autonómicas 2003". Ese año, PSOE e IU sumaron
mayoría tras las autonómicas de mayo, pero la traición de los
diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez les impidió
gobernar. Los comicios se repitieron en octubre. Y Aguirre ganó
entonces por mayoría absoluta.
Siete años después, los
de Aguirre se aferran a que todo está en orden. "El PP tiene
absolutamente clarificada, transparente, acreditada y justificada su
financiación", dijo ayer David Pérez. El portavoz amenazó al
socialista Tomás Gómez, contra quien el PP ya anunció el lunes una
querella por pedir la imputación de quienes firmaron pagos a la
trama por contratos fraccionados. Uno de ellos es el número dos de
Aguirre, Ignacio González.
(www.publico.es,
09/06/10)
El
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, le da "un día
de plazo" al líder socialista para que rectifique o confirme las
acusaciones
El portavoz del PP en la Asamblea,
David Pérez, ha dado hoy
"un día de plazo" al líder de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, para
"acreditar su afirmación de que Fundescam tiene pieza
independiente en la investigación del
caso Gürtel
en la Comunidad de Madrid" o "rectificar" tal afirmación. Si no
hace ninguna de las dos cosas, el PP "adoptará las medidas
oportunas", según el portavoz parlamentario.
David Pérez, que ha hecho estas
declaraciones tras la Junta de Portavoces, ha asegurado que es
"falso radicalmente" que
Fundescam
tenga una pieza separada en la
investigación del caso Gürtel y que haya "indicios más que
serios de financiación irregular en el PP", como dijo Gómez
ayer. "Es falso y no consta en
ningún sitio, salvo que él tenga información privilegiada,
en cuyo caso sería aún más grave que la mentira y tendría que
explicar su origen", ha dicho Pérez.
Tras asegurar que ya le "empieza a irritar la mentira permanente
de Tomás Gómez", el portavoz popular ha defendido que su partido
tiene "absolutamente clarificada, transparente, acreditada y
justificada su financiación".
www.publico.es 08.06.10
CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL
ACUSADO
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en todos los charcos. Ayer
acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para interponer una querella
contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le
acusa de denuncia falsa porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44
altos cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el visto
bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la trama Gürtel.
Un informe de la Unidad de Auxilio
Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del caso, revela que
la Comunidad vulneró al menos 105 veces las normas de contratación para
favorecer a empresas de la trama corrupta. Entre las irregularidades destacan el
fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o
amañarlas haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez acusaba
a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos (entre los que figura
el vicepresidente Ignacio González, 15 directores generales, dos jefes de
gabinete, ocho secretarios generales, seis subdirectores generales y un
funcionario fallecido sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores
necesarios", y les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones
prohibidas a funcionarios".
Ante este panorama, a Granados, como
responsable de la función pública, le tocó presentar la querella del Gobierno
regional. El consejero defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo
irreparable, que es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45
funcionarios de Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno
regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya que no puede
ser que este señor establezca un manto de sospechas contra 45 personas
honorables".
Granados, el denunciante, acumula
varias acusaciones a sus espaldas. Una juez investiga a cinco empleados de su
consejería por el caso de espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios
dentro del partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar el
espionaje, un informe policial ha constatado que la letra manuscrita de los
partes de seguimiento se corresponde con la de un trabajador de su
departamento.
El consejero también fue
protagonista hace tres años cuando el coche de su esposa, un Mini Cooper,
apareció calcinado en el aparcamiento de su casa. El vehículo estaba a nombre de
una constructora. Poco después, Granados tuvo que aclarar los detalles de la
venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco
después le vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo
que responder de las visitas de su esposa a las obras de una vivienda de 1.000
metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó en 2008 a su mujer en el
Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, gestora de fondos de
pensiones.
"¿DEFIENDEN A LÓPEZ VIEJO?"
El secretario general del Partido
Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, convirtió ayer el contraataque judicial
de la Comunidad de Madrid en una oportunidad.
El dirigente socialista manifestó
que la querella que le ha puesto el consejero Francisco Granados puede ser para
"intentar lanzar una cortina de humo, intentar desacreditar una acción
judicial". "O", dijo, "puede tener una intención más malvada: ¿Intenta el señor
Granados fabricar la defensa jurídica para López Viejo [ex consejero de
Deportes, imputado en el caso Gürtel]?", se preguntó Gómez.
El líder socialista aseguró que en
cuanto la Fiscalía admita a trámite su denuncia contra 44 altos cargos de la
Comunidad de Madrid pedirá la dimisión de la presidenta regional, Esperanza
Aguirre. Gómez recordó que "sin la firma de estos altos cargos nunca, ni López
Viejo ni el resto de los imputados, hubiese podido cometer los delitos que
presuntamente han cometido".
(www.elpais.com,
08/06/10)
BAJO SOSPECHA
- Una juez investiga a cinco
trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige
Francisco Granados, por el caso del espionaje político a altos cargos del PP. El
consejer0, que fichó a dedo a tres de los imputados, niega el espionaje a pesar
de que hay pruebas que lo demuestran.
- En octubre de 2006, el Mini Cooper
de la esposa de Granados fue incendiado en el garaje de su casa. La policía
halló restos de combustible junto al Mini, que estaba a nombre de una
constructora. El caso nunca se esclareció.
- Pocos meses más tarde, el
consejero y ex alcalde de Valdemoro tuvo que explicar la venta de un chalé en
Marbella a un constructor afín. El actual alcalde también participó en la
operación.
- El mismo constructor al que le
vendió el chalé le compró cuatro parcelas en Valdemoro, que había heredado, por
una cantidad millonaria.
(www.elpais.com,
08/06/10)
La Comunidad
de Madrid se querella contra Tomás Gómez por sus
acusaciones sobre el caso Gürtel
La Comunidad
de Madrid ha interpuesto una querella contra el
secretario general del Partido Socialista de Madrid
(PSM), Tomás Gómez, por denuncia falsa al haber pedido
la imputación de 45 altos cargos del Ejecutivo regional
en el caso Gürtel con "muy escaso rigor" y
poniendo en duda su honorabilidad.
El
consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, ha presentado la querella este
lunes ante el juzgado de guardia de Plaza de
Castilla, unas semanas después de que el PSM
formalizara ante la Fiscalía la petición de
imputación de los altos cargos en el caso
Gürtel.
Defiende su honorabilidad
Granados ha explicado en la puerta de
los juzgados que Gómez relacionó "con muy escaso
rigor" a funcionarios y altos cargos con la trama de
corrupción vinculada al Partido Popular y el
Ejecutivo regional ha decidido interponer una
querella contra él "en defensa de la honorabilidad y
el buen nombre de todas estas personas, funcionarios
que han hecho su trabajo con absoluta rectitud". El
consejero ha precisado que la Comunidad no pide
"ningún tipo de indemnización, sino que se aclare la
cuestión", ya que "no puede ser que este señor
-Gómez- establezca un manto de sospechas contra 45
personas honorables".
Matías Morante
Granados ha incidido en que "el rigor con el que el
señor Gómez acusa a la gente se ha puesto de
manifiesto con el caso de la persona fallecida", en
referencia a Matías Morante, el funcionario que el
PSM incluyó en la lista de posibles implicados en la
trama Gürtel a pesar de que había fallecido en 2007,
y ha recordado que la familia de éste presentó
recientemente una denuncia por injurias y calumnias
contra Gómez.
Sin perdón
Granados ha dicho que, una vez interpuesta
la querella, la Comunidad no la retirará aunque el
líder del PSM pida perdón públicamente, ya que Gómez
"ha hecho algo que es irreparable, que es denunciar
de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios
de la Comunidad, y eso tiene que tener una respuesta
por parte del Gobierno y el responsable tiene que
asumir esa responsabilidad".
www.elplural.com
07.06.10
LA INTERVENTORA SE OPONE A QUE BOADILLA PAGUE LAS DEUDAS DE UNA
FIRMA DE CORREA
El
Ayuntamiento acepta hacerse cargo de una hipoteca de 7,1 millones de
euros
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla
del Monte asumirá la hipoteca de 7,1 millones de euros de la empresa
Artas Consultores. Esta sociedad es propiedad de Francisco Correa,
el supuesto cabecilla de la red Gürtel, según el sumario del caso.
El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la operación pese a contar con
la oposición de la interventora municipal, quien expresó su
"disconformidad" a la misma. La mayoría del PP hizo valer su rodillo
para imponer su criterio y sacar adelante la operación.
-
El
Consistorio acepta la deuda a cambio de anular una concesión
-
El pleno
retira a la SGAE la concesión del palacio del infante don Luis
A cambio, la empresa vinculada con Correa acepta anular la
adjudicación del contrato para gestionar 33 locales comerciales y
138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. Tras el
acuerdo, los inmuebles volverán a pertenecer a la empresa municipal.
La operación aún está pendiente del visto bueno del juez instructor
de caso Gürtel, Antonio Pedreira. El magistrado tiene la
última palabra sobre un acuerdo que afecta a una empresa intervenida
por la justicia, Artas Consultores.
La decisión del grupo del PP local se produjo pese a los
reparos de la interventora municipal, María José Fernández
Domínguez, y del viceinterventor, Juan Andrés Gil Martín; y de las
críticas encendidas de los partidos de la oposición local (PSM y
Alternativa por Boadilla). Los dos funcionarios presentaron un
informe en el que alertaban sobre la necesidad de volver a cálcular
el valor de los locales comerciales para que se pudiera conocer el
importe real de la liquidación entre la empresa de Correa y el
Ayuntamiento. La interventora municipal intervino en el pleno donde
señaló la posibilidad de que sea la sociedad la que tenga que abonar
dinero al Ayuntamiento.
La operación fue pactada previamente entre el actual gerente
de la EMSV, Alejandro Corral y el administrador de Artas
Consultores, Ramón Blanco Balín por un monto de 5,9 millones que
ayer se elevó a 7,1. El sumario considera a este último el supuesto
testaferro de Correa.
Una de las ausencias del pleno fue la edil Rosalía de Padura,
esposa de Tomás Martín Morales, ex consejero de la EMSV y uno de los
imputados en la trama. Martín Morales ha logrado eludir la cárcel al
pagar la fianza de 1,5 millones. Al ausentarse De Padura ha eludido
una posible incompatibilidad, ya que su marido fue accionista del
20% de la empresa que recibirá los 7,1 millones, según un informe de
la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la Operación Gürtel.
Sin embargo, su voto favorable en la comisión de Economía previa al
pleno fue criticado por la oposición.
El portavoz del PSM en Boadilla, Pablo Nieto, destacó que esta
adjudicación ha causado un grave perjuicio financiero al municipio,
ya que se cedieron unos locales comerciales "cobrando solo el 10% de
su valor de mercado". Además, criticó al actual alcalde, Juan
Siguero, asegurando que es "vergonzoso e indecente" que pretenda
pagar, pese a la disconformidad de la intervención municipal, otros
siete millones a esta empresa relacionada con la trama Gürtel. Ángel
Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), denunciará el acuerdo
del pleno, ya que lo considera "ilegal".
Un portavoz municipal explicó, al ser preguntado por este
periódico, que se ha demostrado que la operación "no es ilegal",
como argumenta la oposición.
El pleno de ayer también aprobó rescindir el contrato que
firmó en 2006 el Ayuntamiento con la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) para que el palacio del infante don Luis (del siglo
XVIII, obra de Ventura Rodríguez) acogiera la sede de la Fundación
Autor.
Esa fundación aseguró ayer en un comunicado que no le ha sido
notificada "fehacientemente" la rescisión del uso privativo del
palacio, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
"Una vez se estudie la resolución, la Fundación Autor tomará las
decisiones necesarias para su legítima defensa", prosigue el texto.
Y resalta que la entidad "no renuncia al proyecto, en el que ha
invertido considerables recursos humanos y materiales". El
Ayuntameinto alega que la SGAE ha presentado un proyecto inadecuado
para el recinto.
www.elpais.es 29.05.10
LA 'GÜRTEL' SE HA LLEVADO YA A 11 CARGOS DE AGUIRRE
La teniente de
alcalde y concejala de Educación de Las Rozas (Madrid), Gema Dolores
Matamoros (PP), presentó ayer su dimisión después de que se hiciera
público que podría haber recibido dinero de la
trama Gürtel. Con esta baja, son ya 11 los
cargos del PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, que se han
visto forzados a renunciar tras verse salpicados por este escándalo
de corrupción.
Matamoros, esposa
del ex alcalde de Majadahonda
Gillermo Ortega, imputado en el caso
Gürtel, aparece en el sumario como receptora de dos transferencias
de más de 50.000 euros realizadas por Special Events, una de las
empresas de la trama.
Precisamente ayer, antes
de conocer esta nueva dimisión en el seno de su partido, la
presidenta madrileña lanzó una advertencia: "Todo aquel que
perteneciendo al PP de Madrid, no solamente haya hecho algo ilegal o
irregular sino que existan indicios de que pudiera tener
responsabilidad penal, tiene que dimitir con carácter inmediato y
dejar el acta". Una vez más, se olvidó de precisar si ella piensa
asumir algún tipo de responsabilidad política como máxima
responsable del partido.
Otro de los flecos
pendientes de los conservadores madrileños es el relacionado con el
informe policial incluido en el sumario que apunta a la financiación
ilegal del partido a través de
Fundescam.
No obstante, las
palabras de Aguirre dejan en evidencia a Francisco Camps. El
president de la Generalitat Valenciana sigue aferrado a su cargo
pese a las sospechas de prácticas irregulares.
(www.publico.es,
27/05/10)
DIMITE LA EDIL DE LAS
ROZAS QUE COBRÓ 51.000 EUROS DE GÜRTEL
Su asiento quedó vacío.
La concejal de Educación, Gema Matamoros, no acudió al pleno del
Ayuntamiento de Las Rozas ayer, el día en el que EL PAÍS publicaba
que cobró 51.086 euros de una de las empresas de la trama de
corrupción Gürtel, Special Events. El alcalde, Bonifacio de Santiago
(PP), leyó la carta con la dimisión "irrevocable" de la edil casi al
final de un pleno que acabó con bronca. De Santiago explicó en la
sala que ese dinero proviene del pago de un Audi A8 que Matamoros
vendió a Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.
Aseguró que había visto la factura, un documento que EL PAÍS
solicitó al Ayuntamiento sin éxito. El alcalde, que dejó entrever
que fue él quien pidió su renuncia, culpó de su marcha a "su ligazón
familiar". "No es una concejal cualquiera, tiene un marido
imputado", señaló en referencia a Guillermo Ortega, ex alcalde de
Majadahonda. La oposición quiere más explicaciones.
El cobro de Special
Events aparece reflejado en un informe del Servicio de Prevención de
Blanqueo de Capitales (Sepblanc) incluido en el sumario que
investiga la trama Gürtel. Son 51.086 euros que, según la
explicación municipal, Correa le abonó a Matamoros por su coche, un
Audi A8. Ese modelo nuevo cuesta hoy entre 76.000 y 98.000 euros,
según la web oficial de la marca.
Matamoros, casada con
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (imputado por delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencia y blanqueo de
capitales) adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas por
41.306 euros también a Special Events para los actos de inauguración
de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Los troceó en importes
inferiores a 12.000 euros para no tener que sacarlo a concurso
público.
El alcalde contrapuso
ambas cantidades tras el pleno: "¿Usted cree que alguien le puede
dar a otra persona 51.000 euros por una cosa por la que ha cobrado
41.000?". Y ponía la mano en el fuego: "Ni Special Events ni ninguna
otra empresa del sumario ha contratado ni un euro más durante los
más de 20 años que he sido alcalde". Defendió la "honestidad
personal" de la ex edil, que no está "ni imputada ni condenada".
Pero, a pesar de sus
justificaciones, la dejó caer. Y para explicarlo, echó mano de la
historia clásica: "La mujer del César debe ser honrada y parecerlo".
"Ella se ha dado cuenta de que sin haber hecho nada su nombre estaba
en boca de todos y podía ser un prejuicio para el ayuntamiento y
para su grupo municipal y me ha dicho: 'No hay ningún problema,
alcalde yo me voy", según De Santiago. El posible sustituto es Pablo
Vives, siguiente en la lista del PP.
La explicación del
regidor a medio camino entre la honestidad y la apariencia no
convenció a la oposición, que pedirá responsabilidades más allá de
esta dimisión. "Lo del coche no tiene ninguna explicación: la
concejal que adjudica un contrato a una empresa fraccionándolo le
vende a continuación el coche al dueño de esa empresa, se lo podía
haber vendido a cualquier otro", reflexionaba tras el pleno el
concejal socialista Juan Antonio Candil. El edil protagonizó un
final tenso de pleno con el alcalde. De Santiago le llamó
"maleducado político". Candil le acusó de ser "demasiado lento" en
este caso.
El portavoz de UPyD,
Cristiano Brown, fue testigo de la subida de tono del pleno desde la
bancada de invitados, puesto que su partido no tiene representación
municipal: "Nos alegramos de que el ayuntamiento sea un poco más
higiénico, pero las explicaciones no son suficientes".
(www.elpais.com,
27/05/10)
GEMA MATAMOROS DIXIT:
"MI MARIDO ESTÁ IMPUTADO, PERO YO NO"
A las 15.00, Gema
Matamoros abandona la Concejalía de Educación con un grupo de
compañeras. Es de las últimas en salir de una sede a la que
previsiblemente ya no volverá con el mismo cargo. En el pleno de
ayer por la mañana, al que no asistió, el alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago, anunció su dimisión "irrevocable". Matamoros
se marcha "por presión", según el alcalde, que leyó una carta de la
ex edil en las que señalaba: "Soy una mujer fuerte y resistente,
pero no hasta el infinito".
En la entrada del
edificio municipal, los argumentos de ella son parecidos a los de su
alcalde. "Mi marido está imputado, pero yo no. Me voy porque no
aguanto más", señala la ex concejal de Las Rozas, que llevaba en el
cargo desde 1999.
Su marido es Guillermo
Ortega, ex alcalde de Majadahonda y uno de los imputado en la trama
de corrupción Gürtel. Pero la presunta relación de Matamoros con la
red que dirigía Francisco Correa, el dato que ayer provocó su salida
del Consistorio, no tiene nada que ver con su marido. Un informe del
Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) señala
que la ex concejal recibió 51.086 euros de la trama de Correa. Ella
fue además quien adjudicó dos contratos troceados a una de las
firmas de la red, Special Events.
"Le vendí un vehículo a
Correa en el 2003 o 2004, nada más", explica la mujer a punto de
subirse en su coche. "He presentado la factura al pleno", añade.
Habla con tono pausado, pero no admite preguntas. Lo suelta todo de
corrido. "Me han destrozado la vida a mí y a mis hijos", concluye.
(www.elpais.com,
27/05/10)
UNA EDIL DEL PP DE
LAS ROZAS COBRÓ 51.000 EUROS DE LA TRAMA GÜRTEL
La concejal de Educación
de Las Rozas, Gema Matamoros (PP), recibió 51.086 euros de la
empresa Special Events, propiedad del cerebro de la trama Gürtel,
Francisco Correa, según un informe del Servicio de Prevención de
Blanqueo de Capitales (Sepblac) incluido en el sumario. Este pago de
la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP
se efectuó en una fecha sin determinar entre los años 2003 y 2009,
según el documento.
La concejal Matamoros,
que se mantiene en el cargo desde 1999 y está casada con el ex
alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (imputado por los delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de
capitales en la Operación Gürtel) fue quien adjudicó contratos del
Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad
sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de
Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para
organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de
2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).
La edil troceó los
contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000
euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso
público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de
"urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo
sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier
tipo de tramitación". Tanto en 2002 como en 2003, el interventor
municipal puso reparos a la forma de actuar de Matamoros, pero la
sociedad de Correa cobró sin problemas. Las posibles irregularidades
por el troceamiento se subsanaron en un pleno en 2005, según un
portavoz municipal.
Según el sumario, Correa
llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas
para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González
Panero.
El cobro de 51.080 euros
por parte de la concejal se conoce dos días después de que el juez
instructor de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
citara para que declare en junio como testigo al alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de
semanas en una entrevista con este periódico que Correa había
intentado sobornarle en 2003 ofreciéndole 2,1 millones de euros a
cambio de un contrato municipal. De Santiago relató que le hizo
abandonar el despacho y prohibió a su equipo cualquier trato con
él.
La edil Gema Matamoros
no ha querido hacer declaraciones.El grupo municipal del PSM-PSOE en
Las Rozas preguntará hoy a la edil Gema Matamoros, en el pleno que
comenzará a las diez de la mañana, cuál es el motivo por el cual
percibió 51.080 euros de una de las empresas de la trama de
Francisco Correa, según anunció ayer esta formación política.
Los socialistas recogen,
de esta forma, las denuncias formuladas por Unión Progreso y
Democracia (UPyD), que en una nota de prensa resaltaba las presuntas
irregularidades relacionadas con la trama Gürtel. Cristiano Brown,
portavoz de esta formación política en la ciudad, aunque no tiene
representación en el Ayuntamiento roceño, aseguró a este periódico
que el alcalde, Bonifacio de Santiago, debe actuar "de inmediato y
con contundencia ante los gravísimos hechos que parecen relacionar a
Gema Matamoros con el entramado Gürtel". Para este partido, el
prestigio de las instituciones "es muy importante".
Precisamente Brown ha
denunciado otras presuntas irregularidades relacionadas con la
concejal de Educación, cuyo marido, Guillermo Ortega, logró eludir
su ingreso en prisión tras pagar los 300.000 de la fianza que
decretó el instructor del caso, Antonio Pedreira. Así, el 23 de
junio de 2008 el Ayuntamiento adjudicó por la vía de urgencia a la
empresa Lebrel Servicios para la Educación, SL, el concurso para
dirigir la gestión de la escuela infantil Juan Ramón Jiménez. Pero
esta sociedad, que se constituyó un mes antes de hacerse con el
concurso municipal con el objeto social de "explotación y gestión de
concesiones de restaurantes, cafeterías, hoteles y negocios de
hostelería, tanto de la Administración central como autonómica", no
podía acreditar experiencia en el ramo de la Educación. Su
propietario, José Luis Domínguez Sánchez, tal y como indica un
informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales
(Sepblac), que obra en el sumario, era socio del ex alcalde de
Majadahonda Guillermo Ortega, marido de la concejal de Educación
Gema Matamoros. Y lo era al menos en una empresa, además de ser
ambos los cotitulares de varias cuentas corrientes.
Por ello, UPyD de Las
Rozas responsabiliza directamente al equipo municipal "por no tratar
con especial atención la adjudicación de la escuela infantil Juan
Ramón Jiménez". Esta formación sostiene que este tipo de
actuaciones, "de dudosa legitimidad política, solo puede perjudicar
al sistema educativo", según explica con mucho énfasis el portavoz
de este partido en el municipio, Cristiano Brown.
(www.elpais.com,
26/05/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL
CITA AL ALCALDE DE LAS ROZAS POR EL INTENTO DE SOBORNO
El juez instructor de la
trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha llamado a
declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas en una
entrevista con este periódico que el cabecilla de la red corrupta,
Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de
euros a cambio de un contrato municipal. El próximo 10 de junio
tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno.
La citación se produce
una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez
Pedreira las declaraciones de De Santiago. El magistrado ha iniciado
la investigación y por eso ha citado al alcalde.
Según relató el alcalde
a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su
despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de
recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las
Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del alcalde, en un
momento de la conversación Correa le dijo: "Te ofrezco 350 millones
de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa
Sufisa".La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel
porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales
a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.
De Santiago ha relatado
que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su
equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales.
El regidor de Las Rozas relató a este periódico: "En febrero de 2003
el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar
el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi
respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse
en conocimiento de mis concejales".
La sociedad Sufisa logró
contratos en algunos municipios contaminados por la trama como
Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el
sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en
manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de
limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable
de la limpieza municipal era el ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado
la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el
sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel.
El juez Pedreira también
ha citado a declarar como testigos a los representantes legales de
C. de Salamanca, SA, y ALD Automotive, SA. Estas sociedades están
relacionadas con la compraventa de un Range Rover Sport por valor de
83.000 euros que la trama corrupta facilitó al ex alcalde de
Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Al que de momento no ha
citado el juez ha sido el ex concejal de Urbanismo de Las Rozas
Javier Espadas que también fue tentado por la red corrupta. La
organización liderada por Correa se puso en contacto con Espadas
para lograr la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano
de esa localidad. Según fuentes municipales, la red lo intentó en
varias ocasiones llegando a ofrecer como contrapartida un paseo en
yate y un fin de semana a todo trapo en un chalé de Marbella. El
alcalde del municipio, al conocer las intenciones de la red Gürtel,
le espetó a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me
entere de que te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de
inmediato". El edil de la localidad madrileña rechazó la oferta.
(www.elpais.com,
25/05/10)
PEDREIRA LLAMA A
DECLARAR AL ALCALDE DE LAS ROZAS TRAS ASEGURAR QUE CORREA INTENTÓ
SOBORNARLE
El alcalde de Las Rozas
(Madrid), el popular Bonifacio de Santiago, tendrá que declarar ante
el juez Antonio Pedreira sobre las declaraciones que hizo al diario
El País, donde aseguró que el líder de la trama Gürtel intentó
sobornarle en 2003 por 350 millones de pesetas a cambio de que le
dieran la contrata de basuras del municipio. Dijo en la entrevista
que lo echó de su despacho y ordenó que no se contratara a las
empresas de Correa. Sin embargo, no lo denunció a la Justicia, ahora
es la Justicia quien reclama su testimonio.
Según ha podido saber El
Plural tendrá que declarar el próximo 10 de junio. Su testimonio
podría ser clave en las investigaciones porque demuestra la manera
de trabajar de la trama corrupta en los municipios madrileños. La
Gürtel ya explotaba los servicios de limpieza de localidades como
Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares. En el famoso
pen drive incautado figuran apuntes de la Caja B de Correa con el
dinero entregado a dirigentes del PP a cambio de sus favores en las
administraciones que controlaban. Fuentes de la investigación creen
que el testimonio del alcalde de Las Rozas supone un importante
refuerzo a las pesquisas.
(www.elplural.com,
24/05/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL
CITA AL ALCALDE DE LAS ROZAS TRAS DENUNCIAR UN INTENTO DE SOBORNO DE
CORREA
El juez que instruye la
rama madrileña del caso Gurtel, Antonio Pedreira, ha llamado a
declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago (PP), tras las declaraciones del regidor en el que desveló
un intento de soborno del cabecilla de la red corrupta, Francisco
Correa.
De Santiago desveló hace
un par de semanas durante una entrevista en este periódico que
Correa le ofreció 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si
adjudicaba el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana del
municipio (87.000 habitantes) a Sufisa. Esta sociedad aparece en el
sumario porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones
ilegales a cambios de contratos en ayuntamientos gobernados por el
PP.
El regidor madrileño
prestará declaración el próximo 10 de junio, según la orden dictada
por Pedreira el viernes pasado. De Santiago aclarará el suceso que
se remonta a febrero de 2003 cuando recibió a Correa en su despacho
del Ayuntamiento y según su versión, este le dijo: "Te ofrezco 250
millones de pesetas si la que gana es Sufisa".
(www.elpais.com,
24/05/10)
Un edil acusa de
amenazas a un cargo del Ayuntamiento de Boadilla
El edil de
Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, presentó ayer
una denuncia a la Guardia Civil contra un cargo del
Ayuntamiento de esta localidad gobernada por el PP. Galindo
dice que fue objeto de amenazas por parte del gerente de la
Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de la
localidad, Alejandro Corral, que negó la acusación. El
denunciante es abogado del ex concejal de Majadahonda José
Luis Peñas, que denunció la trama Gürtel a la Fiscalía
Anticorrupción.
Según Galindo,
Corral acudió a su despacho en el Ayuntamiento para exigir
una rectificación de una nota de prensa de su partido. APB
se oponía a que el Ayuntamiento pagase 5,9 millones de euros
a una empresa que, según el sumario de Gürtel, pertenece a
Francisco Correa.
En la nota,
Galindo ponía en boca de Corral que Alfonso Bosch, imputado
en el caso Gürtel y antiguo gerente de la EMSV, se
había llevado documentación sobre el caso. Por esta razón se
inició una discusión en la que Corral llegó a decirle: "Ten
cuidado. Tú ten cuidado", según consta en el atestado y
corrobora el socialista Fermín Íñigo, que oyó la discusión.
Galindo también indicaba en la nota que el lunes pondría un
recurso al considerar incompatible el voto en la comisión de
Economía de la edil del PP Rosalía de Padura, esposa del ex
consejero de la EMSV Tomás Martín Morales, que según la
Agencia Tributaria fue accionista de la empresa Artas
Consultoría, que es la que recibirá los 5,9 millones del
Consistorio.
www.elpais.es 22.05.10
