Ángel Sanchis, ex tesorero de Alianza Popular (AP), aseguró ayer en el Congreso que la patronal CEOE, "como tal, nunca dio un duro" a su partido, pero sí "actuó de correa de transmisión" para recaudar fondos entre los empresarios. "AIgunas personas físicas o jurídicas, en vez de entregar directamente el dinero al partido lo hacían a través de terceros", afirmó el antiguo responsable de finanzas de Manuel Fraga, quien compareció ante la comisión de partidos políticos para informar sobre el caso Naseiro, de presunta financiación ilegal del Partido Popular.

Al contrario que su sucesor, Rosendo Naseiro, que el viernes negó en el Congreso haber pedido "ni una sola peseta a empresa o particular alguno" para su partido, Sanchis admitió haber enviado millares de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para "esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos". "No sé dónde está el problema", argumentó. "Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca".Sanchis se expresó en todo momento con vehemencia y desparpajo, recriminando a los diputados el uso de documentos que, por basarse en un procedimiento judicial anulado por el Supremo, tildaba de ilícitos. Consiguió indignar a la comisión cuando, por tres veces, acusó de mentiroso al representante de IU, Felipe Alcaraz.

Si bien admitió haber recaudado dinero de particulares y empresas, negó rotundamente haberlo hecho a cambio de algún favor político, lo que hubiera constituido cohecho o prevaricación. "La posibilidad de agradecer la tenían ustedes", le dijo al responsable del PSOE. "Era a ustedes a quienes daban dinero, a nosotros sólo nos caían algunas migajillas", apostilló.

Cuando se le recordó que la ley marca un límite máximo a las donaciones privadas para los partidos, contestó: "Yo querría que hubiese habido un límite, pero por abajo, no por arriba". Sanchis ratificó implícitamente la autenticidad de un informe, que dirigió a Manuel Fraga en julio de 1986, en el que se decía que "es urgentísimo que el resto que falta de la financiación empresarial (87 M/de los 600 M/) llegue, para con él hacer frente a los últimos pagos de campaña", al declarar que dicho documento "nos fue robado y publicado con posterioridad". [EL PAÍS reprodujo el citado informe el 27 de abril de 1990].

Fernando Gimeno le recordó que, aquel año, AP sólo informó al Tribunal de Cuentas de "una donación anónima de 394.000 pesetas, a lo que el ex tesorero replicó que "debe haber lan error" en la interpretación del documento interno de AP, añadiendo que lo que vale es lo declarado oficialmente.

A preguntas de Josep López de Lerma (CiU), se mostró partidario de prohibir las donaciones anónimas y empresariales a los partidos, "porque muerto el perro se acabó la rabia". Sanchis confirmó que, desde hace un año, trabaja como asesor del grupo parlamentario popular, percibiendo una retribución, aunque, en el campo de la financiación es en el único que no asesoro". Esto sirvió a la mayoría de los comisionados para confirmar su sospecha de que el PP "nunca depuró responsabilidades políticas por el caso Naseiro", en palabras de la representante del Grupo Mixto, Pilar Rahola, y que un informe interno de Alberto Ruiz-Gallardón, en el que se tipificaba como falta grave la conducta de Sanchis, quedó en papel mojado.

Cuando estalló el escándalo, Sanchis se dio de baja en el PP "momentánea y circunstancialmente", pero no renunció al escaño ni dejó el grupo parlamentario, sino que siguió hasta el final de la legislatura como "diputado stand-by". Sanchis, dueño de múltiples bienes en España y Argentina, dijo que, mientras fue parlamentario, realizó la obligatoria declaración de actividades y patrimonio, pero no creyó necesario remitirla al Congreso.

Jaime Ignacio del Burgo, del PP, dijo que el llamado informe Gallardón, que aprobó la dirección del partido, "no ha sido rectificado, pero tampoco cumplido", y criticó al fiscal del Estado por no haber actuado de oficio ante la conducta "claramente prevaricadora" del juez Manglano, instructor del caso Naseiro.

el país. 20 DIC 1994

2. Sanchís admitió en sesión secreta del Congreso que era "práctica habitual recibir dinero de quien lo da"

· El ex tesorero de AP se opuso en 1990 a su suplicatorio alegando que todos actuaban igual

MIGUEL GONZÁLEZ / CAMILO VALDECANTOS 19 DIC 1994

Ángel Sanchís, tesorero de Alianza Popular desde 1980 hasta 1989 y ex diputado del PP, que hoy debe comparecer ante la Comisión de Partidos del Congreso para informar sobre el denominado caso Naseiro, aseguró en 1990, en una sesión secreta de la Comisión del Estatuto del Diputado:"Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan ha sido práctica habitual recibir dinero de particulares". Este testimonio, que consta en los archivos del Congreso, contrasta con el que prestó el viernes el sucesor de Sanchis en la tesorería del PP, Rosendo Naseiro, quien dijo solemnemente que no recibió ni pidió "a ninguna persona o empresa una sola peseta para financiar" a su partido.

La comparecencia de Ángel Sanchis ante la Comisión del Estatuto del Diputado, el 20 de noviembre de 1990, fue un trámite previo a la concesión del suplicatorio solicitado por la Sala Segunda del Tibunal Supremo, que el pleno del Congreso aprobó nueve días después, con la oposición de su partido. En su encuentro con los miembros de la Comisión del Estatuto, cuyas reuniones tienen carácter secreto, Sanchis pidió que se denegara el suplicatorio, argumentando: "Yo estoy aquí por la financiación de los partidos políticos, no por otra cuestión; y política es toda la actuación. Por tanto, no es una cuestión personal".El alegato de Sanchis tuvo, en ocasiones, un tono dramátíco. "Estoy siendo gravísimamente perjudicado. He sido espiado ilegalmente. He sido masacrado. Si no hubiésemos sido políticos, no habría actuado la policía como actuó, ni tampoco habría actuado el juez como actuó. [...] Y a mí no me ampara nadie. La Cámara no me ampara. [...] Yo Me siento perseguido políticamente", dijo.

"Ejercicio de cinismo"

La última parte de su intervención, con la que intentó ganarse el apoyo a su causa de los diputados de los restantes grupos parlamentarios-, fue la de mayor calado político.

"No he hecho nada que no hayan hecho otros miembros [de otras formaciones] en la financiación de partidos políticos. A mí me parece que es un ejercicio de cinismo estar acusándome así, porque nada hemos hecho en el partido político que yo. representaba en ese momento que no hubiese hecho otro cualquiera, porque nadie hemos hecho ninguna ilegalidad, ni nosotros, ni supongo, por mis conocimienios, tampoco los demás partidos."

"Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan, pero nunca a cambio de nada [sic], nunca por una motivación concreta, nunca por nada que pudiese ser cohecho. Por tanto, acusarme a. mí, y hacerme pasar este calvario por algo que ha sido práctica habitual, porque, repito, ha sido práctica habitual recibir dinero de los particulares... No ha sido práctica habitual, no lo ha sido nunca, recibirlo a cambio de nada", concluyó.

Según el informe aprobado en 1990 por la dirección del PP sobre elcaso Naseiro, del que fue ponente Alberto Ruiz-Gallardón, "el diputado nacional Ángel Sanchis, sin competencia orgánica o estatutaria alguna, pretendió participar junto a Salvador Palop [concejal popular de Valencia] en operaciones de recaudación de fondos [aportados por empresas], utilizando para obtener su confianza los nombres del Presidente Fundador [Manuel Fraga] y del Presidente Nacional del Partido [José María Aznar]".

ELinforme interno del PP consideraba que la conducta de Sanchis podía tipificarse como falta grave, según los estatutos del partido, pero agregaba. más adelante: "Dada la baja en la militancia del diputado nacional Ángel Sanchis Perales, no procede la- exigencia de responsabilidades disciplinarias".

Sigue como asesor

Sin embargo, según el diario Levante, el ex diputado milita todavía en el PP y ejerce como asesor del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y del propio presidente Aznar. En unas declaraciones publicadas el pasado día 25 por el citado rotativo valenciano, Sanchis dijo que asesora al PP "siempre que me lo piden, porque sigo siendo militante del partido".

Levante asegura que Sanchis se incorporó al equipo de asesores del PP tras dejar su escaño en el Congreso, al final de la pasada legislatura, y que cobra por su trabajo unas 200.000 pesetas mensuales, extremo que el, afectado no quiso confirmar ni desmentir, aunque sí indicó que en su relación con el partido no media ningún contrato.

EL PAÍS intentó ponerse en contacto con Sanchis, pero personas allegadas al mismo indicaron que se encontraba fuera de España hasta el día de hoy. Fuentes del PP indicaron que el ex diputado no es asesor de José María Aznar, pero no pudieron precisar si trabaja para el grupo parlamentario.

3. Las cifras del PP "no concuerdan"

El Tribunal de Cuentas ve contradicciones en los gastos de las elecciones gallegas

EL PAÍS 17 DIC 1994

El PP acusó ayer a EL PAS de publicar datos "conocidos desde hace años" y "tergiversados" en la información titulada "Naseiro entregó 363 millones a Fraga y sólo declaró 199 al Tribunal de Cuentas". Esta información se basa en el informe del Tribunal de Cuentas del pasado 10 de febrero. Su publicación ayer por EL PMS, coincidiendo con la comparecencia de Naseiro en la comisión de partidos, se debe a que, el 23 de mayo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordó "dar traslado" de este informe a la citada comisión "para su consideración y estudio".

Las imputaciones del PP encuentran las siguientes respuestas en el referido informe del Tribunal de Cuentas (TC):

Primero. La información del diario EL PAÍS que cita el PP se refiere al informe del TC sobre la campaña de las elecciones gallegas de 1989, aprobado por dicho tribunal el 7 de noviembre de 1990, Esa información no podía referirse al informe del TC sobre contabilidad de los partidos políticos de 1989, porque éste se aprobó el 10 de febrero de 1994. Es, lógicamente, en el segundo informe en el que se aprecian las contradicciones con el anterior.

Segundo. La contradicción es apreciada por el propio TC que, en su informe sobre la contabilidad del PP en 1989, señala: "Las cifras de gastos electorales que se incorporan a la cuenta de resultados en la rúbrica Actividades propias Partido no concuerdan con los datos incluidos en las contabilidades específicas de dicha campaña [se refiere a tres: europeas, generales y gallegas] rendidas al Tribunal de Cuentas " [Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Sección Cortes Generales. V Legislatura. Serie A: Actividades Parlamentarias. Número 25. 8 de junio de 1994. Página 87].

Tercero. Tras constatar una deficiencia por importe de 2.240.000 pesetas en la contabilidad de las elecciones al Parlamento Europeo, el TC dice respecto a las elecciones gallegas: "En cuanto a las elecciones al Parlamento de Galicia de 17 de diciembre de 1989, en la cuenta de resultados no figura partida alguna que refleje las operaciones de la contabilidad de dicho proceso rendida por el administrador general de este tribunal, si bien en las cuentas de funcionamiento ordinario de la tesorería nacional se incluye la rúbrica 67802 Precampaña gallega con un saldo deudor de 363.353.012 pesetas, que refleja tanto las transferencias en efectivo entre aquélla y las sedes de Galicia, como las operaciones reconocidas y pagadas directamente por la propia tesorería nacional".

Cuarto. El TC se pregunta si esta partida corresponde a los 11 gastos ordinarios de funcionamiento del partido", como sostiene el PP en su nota, y su respuesta no es positiva: "De las verificaciones realizadas sobre la documentaci6n en poder de la tesorería nacional y su contraste con la contabilidad de las elecciones al Parlamento de Galicia de 17 de diciembre de 1989 y con los resúmenes de operaciones de las sedes provinciales y regionales, se deducen los siguientes hechos:

a) El 5 1 % de las remesas de la tesorería nacional no aparecen reflejadas en la contabilidad específica de esta campaña electoral ni abonadas en la cuenta corriente abierta para aquélla ni, alternativamente, tampoco se contabilizan por las sedes regionales y provinciales en sus operaciones de funcionamiento corriente. Las anotaciones en la tesorería nacional y la contabilidad específica de la campaña electoral reflejan una diferencia de 185.140.000 pesetas de exceso del importe de aquéllas sobre ésta.

En cuanto a la posible alternativa de abono de los 185.140.000 pesetas en las cuentas de funcionamiento ordinario de las sedes regionales y provinciales, en los estados normalizados rendidos por éstas a la centralno se recoge ninguna de aquellas transferencias".

Quinto. Afirma el PP que puso a disposición del Tribunal de Cuentas toda la documentación y que fueron los auditores de dicho tribunal quienes no consideraron oportuno comprobarla.

La versión del Tribunal de Cuentas es diferente: "Respecto a estas deficiencias, se informa por el Partido que obedecen a la existencia de cuentas o centros logísticos que recogían los flujos financieros de la campaña de elecciones al Parlamento de Galicia. Requerida justificación documental específica sobre el movimiento de estas cuentas o centros logísticos y sobre las operaciones de las sedes regional y provinciales, el Partido no ha aportado documentación alguna al respecto". (BOCG. Ejemplar ya citado. Página 88)

Sexto. Respecto al talón de 50 millones que, según la nota del PP, cita EL PAÍS como "no contabilizado en las cuentas de campaña", dicha apreciación no corresponde a este diario sino al Tribunal de Cuentas que dice:

"b) En la cuenta de la central 67802 Precampaña gallega se refleja un ingreso, el día 15 de diciembre de 1989, de 50.437.044 pesetas en concepto de Ingreso talón Galicia 89. Esta operación no figura contabilizada ni cargada en el extracto de cuenta corriente de la contabilidad específica de dicha campaña electoral, aun cuando su fecha es anterior a la de cierre de la campaña electoral (17 de diciembre, según las previsiones del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General), por lo que no se justifica su procedencia (l8)".

Séptimo. Asegura el PP que puso en conocimiento del TC la devolución de los fondos sobrantes de dicho talón. Sin embargo, el TC en una nota al pie de la página 87 del mismo boletín afirma al respecto: "(18) En las verificaciones realizadas en la Sede CentRal del Partido no se ha aportado la documentación referenciada en alegaciones, pese a su explícita y reiterada solicitud. Esta documentación tampoco se aporta en alegaciones".

4. "Para hablar, que traiga un donativo"

EL PAÍS 16 DIC 1994

"A veces, en reuniones del partido a altos niveles, se pide explicación de en qué sentido se va a votar y qué es lo que más conviene políticamente. Con éso obtengo una información privilegiada que me permite poder decirle a alguna empresa que, seguramente, le van a adjudicar determinada obra con el fin de aparentar que se le apoya [ ... ] para que cuando, en tiempo electoral, si se les hace alguna petición d e dinero [ ... ] hagan algún donativo".El testimonio de Naseiro ante el juez, el 13 de abril de 1990, evidencia el sistema empleado por el PP para recolectar fondos, aunque la ley electoral prohibe expresamente aportaciones "de empresas que prestan servicios o realizan obras o suministros con las Administraciones Públicas", entre las que obviamente estaban las citadas por el ex tesorero.

El empeño de Naseiro era subrayar que no se trataba de comisiones: "Como dirigente del partido a veces da instrucciones políticas a otros cargos de inferior rango para que voten en un sentido o en otro, pero sin que ello suponga nunca la existencia de beneficios económicos por tales órdenes"

De la constructora OCISA dijo que "era tarde para pedir ayuda, cuando antes no había dado ni un solo duro", aunque, agregó, "en periodo electoral les trajo el clásico paquetito, cree recordar que con 500.00 pesetas, que son muy tacaños". Respecto a Huarte, declaró: "Cuando dijo que 'para entrar por la puerta que traiga algo', se refería a que, para hablar o conversar, era conveniente que trajera un pequeño donativo para el partido".

En junio de 1992, el Tribunal Supremo abortó el caso Naseiro al anular las escuchas telefónicas en que se basó el juez.

5. Naseiro entregó 363 millones a Fraga y sólo declaró 199 al Tribunal de Cuentas

· Indicios de delito electoral en la campaña gallega del PP de 1989

MIGUEL GONZÁLEZ / CAMILO VALDECANTOS 16 DIC 1994

Rosendo Naseiro, que hoy debe comparecer ante la Comisión de Partidos Políticos del Congreso para informar sobre el caso de presunta financiación ilegal del PP que lleva su nombre, gastó 363 millones de pesetas en apoyar la candidatura deManuel Fraga a la presidencia de la Xunta en diciembre de 1989, pero sólo parte de este dinero, 199 millones, fue declarado al Tribunal de Cuentas, según se deduce de la lectura comparada de los informes de dicho organismo sobre Ias elecciones gallegas y sobre la contabilidad del PP de aquel año.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PP en 1989, aprobado el 10 de febrero de este año, descubre la existencia de una partida de 363.353.012 pesetas, bajo la rúbrica "67802-Precampaña Galicia".Esta partida, que se incluye "en las cuentas de funcionamiento ordinario de la tesorería nacional", refleja "tanto las transferencias en efectivo entre aquella [la sede central del PP] y las sedes [del partido] en Galicia, como las operaciones reconocidas y pagadas directamente por la tesorería nacional" para las elecciones gallegas de diciembre de 1989, en las que Fraga se alzó con la presidencia de la Xunta.

El tesorero del PP era entonces Rosendo Naseiro, quien dimitió del cargo tras su detención por el juez Luis Manglano, en abril de 1990.

"El 51% de las remesas de la tesorería nacional [a Galicia]", continúa el informe, "no aparecen reflejadas en la contabilidad específica de esta campaña electoral ni en la cuenta corriente abierta para aquélla", como obliga la ley, "ni, alternativamente, tampoco se contabilizan por las sedes regionales y provinciales en sus operaciones de funcionamiento corriente", lo que hubiera debido hacerse si se tratara de pagos ajenos a la campaña.

"Las anotaciones en la tesorería nacional y la contabilidad específica de la campaña electoral reflejan una diferencia de 185.140.000 pesetas de exceso del importe de aquéllas sobre ésta", constata el tribunal.

Exceso de gasto

Las razones de esta omisión son fácilmente imaginables. En el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones gallegas, aprobado el 7 de noviembre de 1990, hace ya cuatro años, el PP declaró gastos por 224.512.276 pesetas, inferiores en sólo 22 millones al máximo legal de la campaña, 247.178.398 pesetas.

Si en vez de declarar "envíos de la sede nacional" por 199.520.000 pesetas, hubiese declarado las 363.353.012 efectivamente enviadas por la tesorería central, los gastos se habrían disparado hasta 388.345.288 pesetas, superando en más del 50% el tope legal e incurriendo en un posible delito electoral.

Cuando el Tribunal de Cuentas se dirigió al PP para que explicase estas "deficiencias" el partido adujo que "obedecen a la existencia de cuentas o centros logísticos que recogían los flujos financieros de la campaña de elecciones al Parlamento de Galicia". No obstante, agrega el informe: "Requerida justificación documental específica sobre esas cuentas o centros logísticos y sobre las operaciones de las sedes regional y provinciales, el partido no ha aportado documentación alguna al respecto".

El Tribunal de Cuentas no detalla las fechas de los pagos, dato clave para determinar la existencia de delito, pues el límite de gasto abarca desde la convocatoria de las elecciones, el 23 de octubre, hasta su celebración, el 17 de diciembre. Sólo se detalla un caso, el ingreso de un talón de 50 millones de pesetas para las elecciones gallegas, que no se contabilizó en las cuentas de campaña, aunque, por la fecha y por el objetivo, debió hacerse. El órgano fiscalizador concluye que "no se justifica la procedencia" de ese dinero.

También el informe sobre las elecciones gallegas señalaba que "en los fondos procedentes de la tesorería nacional no se especifica su procedencia, circunstancia contraria a. lo dispuesto en el artículo 126.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

La hipétesis de que este dinero procedía de aportaciones de particulares la abonó el propio Rosendo Naseiro en su declaración del 13 de abril de 1990 ante el juez.

Preguntado por sus conversaciones con el concejal del PP en Valencia Salvador Palop, afirmó: "Que cuando habla del patrón de Galicia se refiere a don Manuel Fraga y quiere significar que los dineros que se entregaron al partido debían estar centralizados en Madrid, sin que debieran entregarse en Galicia, significando que se refiere a donativos, aclarando que cuando menciona los 300 millones se refiere a que en Galicia, ya tiene cubiertos los 300 millones de gastos del partido en esa región". Se trata de la misma cantidad que la sede central del PP remitió a Fraga.

Donativos y otros

El PP sólo declaró 20.134.127 pesetas en donativos durante el año 1989 y ninguno para la campaña gallega. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas constata que, aunque no cuenta con los justificantes de algunas sedes provinciales y regionales, en la información que aquéllas rinden a la central "figuran donativos por 84.058.383 pesetas y, además, otros ingresos por 45.158.971 pesetas, de los que no se explica su origen". En total, 150 millones sin justificar.

El Tribunal de Cuentas otorga también la categoría de donación a la condonación de una deuda, de 48.044.021 pesetas con la Caja de Ahorros de Plasencia y destaca, que la misma "es muy superior a la cuantía máxima que la ley fija como límite para este tipo de aportaciones", 10 millones de pesetas por persona y año, sin que se acredite "que su autorización se haya adoptado por el órgano competente".

6. El PP rehabilitará como militantes a los implicados en el 'caso Naseiro'

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ Madrid 19 AGO 1992

El comité de disciplina del Partido Popular (PP) rehabilitará el próximo mes de septiembre como militantes de base, sin amenaza de sanciones disciplinarias sobre ellos, a los implicados en el caso Naseiro: Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP; Ángel Sanchis, ex tesorero de Alianza Popular, y Salvador Palop, ex concejal de Valencia. El PP se basa en la decisión del Tribunal Supremo, que señaló en junio que no podía procesarles por falta de pruebas, según indicó ayer el presidente del comité de disciplina, Alberto Ruíz Gallardón.El órgano disciplinario del PP acordará en su próxima reunión no promover ninguna sanción contra los implicados en el caso Naseiro. Esa decisión supone que Naseiro y Palop se encuentran "sin cuentas pendientes con el partido", en expresión de Ruiz Gallardón, y permite la reincorporación de Sanchis. Con todo, los tres acusados no recuperarán previsiblemente los cargos internos que ocupaban en el PP al estallar el escándalo.

Sanchis abandonó el PP por voluntad propia poco después de que fuesen divulgadas sus conversaciones con Salvador Palop para el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obras municipales. Sanchis, quien ha permanecido como diputado en el Grupo Popular, manifestó tras la decisión del Supremo su intención de regresar al PP, cuyo carné no llegó a devolver.

Ruíz Gallardón declaró ayer que "no cabe reproche disciplinario alguno" contra Naseiro, Sanchis y Palop y por tanto que da excluida la posible apertura de un expediente sobre su actuación.

Naseiro, elegido tesorero nacional del PP en marzo de 1990, permaneció varios días detenido en abril de ese año por orden del juez valenciano Luis Manglano, por presunto cohecho. Las cintas magnetofónicas grabadas por la policía y que recogían conversaciones entre Naseiro y Palop, y de éste último con Sanchis, aportaron indicios de un presunto cobro ilegal de comisiones a empresas beneficiarias de obras municipales.

El Supremo desestimó el pasado junio la validez de esas cintas magnetofónicas como pruebas en el caso.

7. Trillo elogia que se aplique la doctrina sobre el derecho a la intimidad

EL PAÍS Madrid 19 JUN 1992

"El auto del Tribunal Supremo es un verdadero alarde en la recepción de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre escuchas telefónicas". En estos términos valoró ayer Federico Trillo, diputado del Partido Popular y responsable de su asesoría jurídica, la decisión de anular el valor probatorio de las cintas en el caso Naseiro.Trillo añadió que "es la primera vez que el Tribunal Supremo ha razonado de manera tan profunda sobre la protección del derecho a la intimidad y al secreto de las conversaciones telefónicas". Por su parte, el presidente del partido, José María Aznar, se limitó a señalar su alegría tanto por la resolución judicial como por las personas han sufrido por esta situación", informa Efe.

En opinión de Federico Trillo, se trata de una decisión "muy importante" para el Estado de derecho pero insistió, en numerosas ocasiones ante un grupo de informadores, que "por respeto al tribunal, a los acusadores y a la defensa y puesto que el auto no es firme porque hay un plazo de tres días para recurrirlo" no deseaba hacer ninguna valoración sobre el fondo del pronunciamiento.

Respecto a si el PP pensaba rehabilitar a los acusados, Trillo mantuvo que su partido ha sostenido siempre para ellos la presunción de inocencia y, en consecuencia, no juzga necesario ningún tipo de rehabilitación, aunque precisó que es necesario esperar a que el proceso concluya y haya decisiones firmes.

Trillo, terminada la conferencia de prensa, se extendió en explicar algunos aspectos del auto del Tribunal Supremo y subrayó en tono muy elogioso la minuciosidad con que el tribunal ha estudiado la doctrina europea, recogiendo hasta nueve casos del Tribunal de Estrasburgo y aplicando principios de normas y declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

Anguita: "Hay que seguir"

El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, declaró ayer tarde que es imprescindible continuar con el proceso por entender que la justicia debe emplear '"todos los medios a su alcance para lograr la resolución de un caso de tanta gravedad como éste, que ha contribuido a dañar la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y en la limpieza y transparencia de su columna vertebral". Anguita, tras mostrar "acatamiento y respeto" por la decisión del Tribunal Supremo, se mostró convencido de que "favorecer que los asuntos sucios se escondan bajo la alfombra, directa o indirectamente, es una de las vías más importantes para fortalecer la inseguridad de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones".

8. Sanchis dice que hubo persecución política en el 'caso Naseiro'

AGENCIAS 8 JUN 1992

El diputado del Grupo Popular Ángel Sanchis, implicado en el juicio sobre el caso Naseiro que comenzará el miércoles, mantiene que en el inicio de las actuaciones del juez valenciano Luis Manglano hubo una "trama y una persecución política". Sanchis, ex tesorero nacional de Alianza Popular, abandonó el PP en 1990 al quedar implicado en el escándalo por presunto cohecho, pero es aún miembro del Grupo Popular.Sanchis ha declarado a Europa Press que está "absolutamente seguro de que el Supremo absolverá a todos" los involucrados en elcaso Naseiro, es decir, Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP, Salvador Palop, ex concejal popular en Valencia, y él mismo. Sanchis pronosticó que el Supremo admitirá la solicitud de nulidad del procedimiento, que reclama la defensa. Esta sostiene que las grabaciones policiales de las conversaciones entre los acusados se realizaron irregularmente.

Sanchis ha agregado: "Estoy seguro de que esto se va a archivar de inmediato, pero tampoco me preocuparía que se celebrase el juicio porque jamás se podrá deducir que cometimos ningún cohecho ni intención de cometerlo". "Estoy orgulloso de haber pedido dinero para financiar el partido, pero nunca prometí nada a cambio ni chantajeé a nadie", concluye.

9. Sanchis adujo en su defensa que los particulares no donan dinero a los partidos "a cambio de nada"

· El Congreso concede la autorización al Supremo para poder procesar al ex tesorero de AP

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ Madrid 30 NOV 1990

Ángel Sanchis, diputado del Grupo Popular y ex tesorero de AP, adujo el pasado día 20, en su comparecencia ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que nunca ha sido práctica de los partidos políticos en general recibir dinero de los particulares "a cambio de nada". Así consta en las alegaciones hechas por Sanchis y recogidas en el acta de la reunión, que se celebró a puerta cerrada. El pleno del Congreso aceptó ayer, por 167 votos a favor, 87 en contra -de ellos, 67 del Grupo Popular- y cinco abstenciones, la petición del Tribunal Supremo para poder procesar a Sanchis, si llega a ser encausado por su presunta relación con el caso Naseiro.

Aunque los dirigentes parlamentarios del Partido Popular arroparon ayer a Sanchis, quien no asistió al pleno de la Cámara, en su deseo de conseguir la devolución del suplicatorio al Supremo, sus argumentos se centraron en los presuntos defectos formales y en el propósito que atribuyen al Gobierno de haber intentando 11 amedrentar y dividir al primer partido de la oposición".Pero Sanchis, en su comparecencia ante la comisión del estatuto del diputado, no sólo adujo los mismos argumentos para que la petición de procesamiento fuese desatendida, sino que relacionó los motivos por los que le investiga la justicia con la financiación del PP, algo que su partido había insistido en desmentir.

El ex tesorero de AP, según sus alegaciones, relacionó directamente con "la financiación de los partidos políticos" sus conversaciones telefónicas con el concejal popular en Valencia Salvador Palop por las que el fiscal le imputa una presunta conspiración para el cohecho.

En su defensa, Sanchis se explayó sobre las donaciones de dinero realizadas por particulares, que en el caso de sus negociaciones afectaban a empresas constructoras. "Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan, pero nunca a cambio de nada, nunca por motivación concreta, nunca por nada que pudiese ser cohecho", dijo. "Por lo tanto, acusarme a mí y hacerme pasar este calvario por algo que es lo que ha sido práctica habitual, porque repito, ha sido práctica habitual recibir dinero de los particulares( ... ) No ha sido práctica habitual, no lo ha sido nunca, recibirlo a cambio de nada [sic]".

Al explicar el carácter preeminentemente político de las acusaciones a que se encuentra sometido, Sanchis precisó: " ... Y política es la financiación de los partidos, porque yo estoy aquí por la financiación de los partidos políticos, no por otra cuestión ( ... ) No he hecho nada que no hayan hecho otros miembros en la financiación de partidos políticos. A mí me parece que es un ejercicio de cinismo estar acusándome así, porque nada hemos hecho en el partido político que yo representaba en ese momento [en el momento de sus conversaciones con Palop, Sanchis ya no era tesorero, aunque sí diputado nacional] que no hubiese hecho otro cualquiera, porque nadie hemos hecho ninguna ¡legalidad". Un comentario que implícitamente arroja sombras de duda por el comportamiento de otros miembros del Partido Popular para la financiación del partido.

Los dirigentes parlamentarios populares, si bien habían proclamado que dejaban a sus diputados votar en conciencia, lograron ayer que casi todos los presentes se pronunciasen en contra de permitir el procesamiento de Sanchis. Pero las ausencias fueron abundantes. Según un testigo presencial -este tipo de votaciones se realizan a puerta cerrada- sólo se encontraban en sus escaños 67 de los 107 diputados populares.

No acudieron a votar, entre otros, el presidente nacional del PP, José María Aznar, quien adujo que tenía que celebrar varias reuniones y un mitin en Alicante el pasado miércoles, si bien también estuvo presente en alguno de esos actos el diputado Federico Trillo y llegó ayer por la mañana a tiempo de emitir su voto: Isabel Tocino, asistente a una reunión interparlamentaria europea en Roma; y Miguel Herrero y Javier Rupérez, desplazados a Londres para participar en una reunión de la OTAN.

El portavoz popular en el Congreso, Rodrigo Rato, disculpó estas ausencias por responder "al cumplimiento de otras obligaciones", justificación que complementó así: "Nosotros no tenemos que estar demostrándonos todos los días nuestra solidaridad".

El 'caso Juan Guerra'

Especialmente enojado e incisivo contra los socialistas, Rato afirmó que en el caso Sanchis "hay una historia política por la que se ha intentado amedrentar y dividir al primer partido de la oposición, aunque no se ha conseguido". "Cuando se estaba realizando la votación del suplicatorio, yo me preguntaba", agregó Rato, "cuándo el Gobierno va a proceder contra los familiares del poder; estamos esperando a ver con qué diligencia actúa el Ministerio de Hacienda con las denuncias públicas de fraude fiscal y dinero negro que existen sobre personas que son familiares del vicepresidente del Gobierno", es decir, Juan Guerra.

La autorización al Supremo para poder proceder contra Sanchis es la decimotercera de este tipo concedida por la Cámara Baja desde la aprobación de la Constitución de 1978.

[Salvador Sanchis, hermano de Angel Sanchis y a su vez diputado en las Cortes valencianas, dijo ayer que "los rojos han quitado la inmunidad" a su hermano, informa Efe].

10. Sanchís pide que el Congreso no conceda el suplicatorio para procesarle

ANABEL DÍEZ Madrid 21 NOV 1990

El diputado del Grupo Popular Ángel Sanchis, ex responsable de finanzas del PP, compareció anoche ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el socialista Alvaro Cuesta, para explicar las razones por las cuales estima que el Congreso debe rechazar la petición de suplicatorio enviada al Congreso por el Tribunal Supremo por si hubiera lugar a un encausamiento. La comisión no votará hasta mañana aunque la última palabra la tiene el pleno del Congreso que votará a puerta cerrada la próxima semana una vez haya escuchado el dictamen que emita la comisión.

Ángel Sanchis esgrimió ayer sus razones ante esta comisión utilizando las propias alegaciones que el día anterior había entregado por escrito. Los criterios formales que esgrimía Sanchis serán desatendidos, al menos por los socialistas, al considerar que la comisión no puede juzgar esos extremos, ya que en todo caso debían ser expuestos ante el Tribunal Supremo al ser ése el órgano que se había solicitado el suplicatorio.

Sanchis pretende que no se conceda la autorización para su posible encausamiento porque aún no se ha resuelto su propio recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita que sean declaradas nulas las actuaciones del juez Luis Manglano.

11. El Supremo pide al Congreso vía libre para juzgar a Sanchis en el 'caso Naseiro'

· La decisión del instructor se basa en las acusaciones de cohecho

JULIO M. LÁZARO / BONIFACIO DE LA CUADRA 29 SEP 1990

El magistrado Luis Román Puerta, instructor del caso Naseiro, ha decidido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pida autorización al Congreso para inculpar al diputado del Partido Popular (PP) Ángel Sanchis Perales, "como trámite necesario" para poder celebrar el juicio contra éste, los también miembros del PP Salvador Palop y Rosendo Naseiro y el empresario José Balaguer. La decisión se fundamenta en la acusación de cohecho del fiscal y las dos acusaciones populares.

En los fundamentos jurídicos de su resolución, el instructor del Supremo recuerda que, según el artículo 71.2 de la Constitución, los diputados y senadores "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva", por lo que en el caso de abrir juicio oral por el caso Naseiro, tal acuerdo "implicaría la inculpación del referido diputado". En consecuencia, estima "procedente" que la sala solicite del Congreso de los Diputados tal autorización y, mientras resuelve, se suspende el procedimiento.El magistrado instructor explica que, dado que contra el acuerdo de apertura del juicio oral "no cabe recurso alguno, antes de dictar la resolución pertinente y con el fin de evitar toda posible indefensión a las personas contra las que se han formulado los mencionados escritos de acusación ( ... ), procede conceder a las mismas un plazo de tiempo razonable para que puedan alegar cuanto a su derecho convenga, en relación con lo solicitado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares". El plazo común concedido a los cuatro acusados es de cinco días.

Las tres acusaciones contra Sanchis guardan relación con el delito de cohecho. Para el fiscal, los hechos que se imputan a Sanchis constituyen un delito de cohecho tipificado en el Código Penal, entre otros artículos, en el 391 ["los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a los funcionarios públicos"] y el 390 ["el funcionario público que admitiere regalos que fueren presentados en consideración a su oficio o para la consecución de un acto justo que no deba ser retribuido"].

Sanchis convenció a Palop

Según la acusación del fiscal, Sanchis y Naseiro -sucesivos tesoreros del PP- convencieron a Palop -concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de sus comisiones de cuentas y compras- "para que como método de financiación de dicha organización política, bien a través de las informaciones que obtuviera en tal condición, o en sus relaciones con otros concejales de poblaciones limítrofes, bien por sus contactos con empresarios que ejercen actividad en dicha comunidad [Valenciana], solicitara de dichas empresas determinadas cantidades de dinero, en proporción a la cuantía de los importes de las obras o servicios a las que concurrieran, a cambio de prestar su apoyo a tales proyectos mediante la indicación del sentido del voto a los concejales que dicho grupo político posee tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en otros municipios".

El fiscal detalla las operaciones concretas en las que se aplicó esta estrategia y señala que con ocasión de tales actividades, "el acusado don Ángel Sanchis convence al acusado don Salvador Palop para quedarse con alguna de las cantidades obtenidas por tal procedimiento". En el escrito del fiscal se relata que una de las entregas de dinero planeadas, tras varios aplazamientos, "se realiza por fin en Madrid el 1 de febrero de l990" por parte de Sanchis a Palop.

La acusación del fiscal del caso, Juan Martín Casallo, fue avalada por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, como anunció en su día en el Congreso de los Diputados.

12. El fiscal del Supremo acusa a Sanchis, Naseiro y Palop y pide su inhabilitación para cargos públicos

· IU solicita un total de 13 años de cárcel para tres implicados del PP en diversos cohechos

BONIFACIO DE LA CUADRA Madrid 19 SEP 1990

El ministerio fiscal pidió ayer la apertura de juicio oral contra tres implicados en el caso Naseiro, a los que acusó de conspiración para el cohecho en relación con la financiación del PP. El fiscal solicita un total de nueve meses de cárcel y 31,5 millones de pesetas de multa para Angel Sanchís, Salvador Palop y Rosendo Naseiro, así como nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión para cada uno de los dos primeros, y cuatro años de inhabilitación para Naseiro. IU del País Valenciano acusó también ayer a los tres políticos y al empresario José Balaguer, y pidió un total de 13 años de cárcel y 34 años de inhabilitación.

El fiscal del caso Naseiro ante el Tribunal Supremo, Juan Martín Casallo, presentó su escrito de acusación en el último día del plazo concedido por el magistrado instructor Luis Román Puerta, tras consultar con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, quien dio el visto bueno, a pesar de la opinión adversa manifestada por algunos fiscales en la junta celebrada, la semana pasada bajo la presidencia de Emilio Vez Pazos, fiscal jefe del Tribunal Supremo. Con. anterioridad, en conversaciones privadas durante los últimos meses, Martín Casallo y Torres manifestaron que los indicios de criminalidad hallados por el juez Luis Manglano no se confirmaban.La acusación formulada ayer despeja las dudas de la fiscalía sobre la responsabilidad de los implicados, si bien las penas solicitadas para ellos son notablemente más reducidas que las pedidas por las acusaciones populares de Unitat del Poble Valenciá (veáse EL PAÍS de ayer) e Izquierda Unida (IU) del País Valenciano, como puede apreciarse en el cuadro adjunto. Para el acusador público, la responsabilidad criminal de Sanchis, Palop y Naseiro se circunscribe a la conspiración para el cohecho, delito para el que las penas se reducen en uno o dos grados.

Dos grupos de delitos

En el escrito del fiscal se diferencian dos grupos en la comisión de este delito, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados. En el primero se solicita tres meses de arresto mayor para cada uno de los tres acusados y multa conjunta de 30 millones de pesetas, así como 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público a Sanchis y Palop. En el segundo grupo se pide 4 años de suspensión a Sanchis, diputado del PP, y Palop, concejal del ayuntamiento de Valencia y 4 años de inhabilitación a Naseiro, y 500.000 pesetas de multa para cada uno de los tres.Los acusadores de IU del País Valenciano, en el escrito de acusación presentado ayer por su letrado Antonio Díaz, diferencian también la responsabilidad de los implicados, de acuerdo con la diferente participación en los hechos de los que le acusa. La acusación de IU -que se contiene en 21 folios- califica algunas de las imputaciones como delito de cohecho "en grado al menos de conspiración", mientras que califica otros como cohechos consumados. En virtud de estas calificaciones, IU pide para Palop cinco años de cárcel y 10 años de inhabilitación; para Sanchis 4 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación; para Naseiro 3 años de cárcel y 8 años de inhabilitación, y para Balaguer, 6 meses de cárcel y seis años de inhabilitación. IU pide para los tres políticos multas del triplo de las dádivas negociadas o percibidas y para el empresario Balaguer el duplo de las dádivas negociadas o entregadas.

Uno de los cohechos consumados, según IU, guarda relación con el cambio del sentido del voto de los representantes del PP en el Ayuntamiento de Valencia a propósito de una indemnización solicitada por la empresa

Huarte respecto a las obras de construcción de un polideportivo en la calle doctor Lluch. IU acusa a Palop y Naseiro de este delito. Otro se refiere a la adjudicación de un aparcamiento subterráneo promovido por el Ayunta miento de Valencia en la zona Glorieta-Paz. IU afirma que Sanchis insistió a Palop, presidente de la comisión municipal de compras, que le remitiera copia del acuerdo para gestionar el cobro de las cantidades acordadas, "que efectivamente cobró y que compartió con Palop". Ambos son acusados de este delito.

Los bienes de Sanchis y Palop

Los acusadores de IU del País Valenciano solicitan que, antes del juicio oral se practiquen una serie de pruebas, entre ellas que se obtenga certificado de la declaración de bienes prestada al tomar posesión de su cargo por Sanchis en el Congreso de los Diputados y por Palop en el Ayuntamientos de Valencia, así como que se recabe información sobre los posibles pagos al exterior realizados por Sanchis, Naseiro y Palop y los datos bancarios no suministtados al juez Manglano. Igualmente piden que se registren las voces de los implicados y se determine por los peritos la identificación de las mismas en las cintas magnetofónicas que contienen sus conversaciones telefónicas.Para el acto del juicio oral, además de otras pruebas documentales y periciales, IU solicita el testimonio de 25 personas, la mayoría de ellas directivos de las empresas adjudicatarias con las que se negociaron los cohechos. A diferencia de UPV, IU no pide el testimonio de Manuel Fraga ni de José María Aznar, pero sí el de políticos del PP como Arturo Moreno, Enrique Villoria y María Isabel Díaz de la Lastra.

En su escrito de acusación, IU lamenta que haya de recurrirse al delito de cohecho relacionado con funcionarios públicos, por no haberse tipificado un delito específico para casos de corrupción "en el casó de cargos de elección pública". Los acusadores de IU describen el ángulo creado por Sanchis y Naseiro, con Palop como vértice, para acaparar la captación de fondos provenientes de las empresas para la financiación del PP.

13. El fiscal del Estado resolverá el empate de la junta de fiscales sobre si acusa o no en el 'caso Naseiro'

· IU pide que se abra una causa penal contra Sanchis y su abogado por difamar al juez Manglano

BONIFACIO DE LA CUADRA Madrid 14 SEP 1990

La decisión del ministerio fiscal de acusar o no en el caso Naseiro será tomada antes de que termine el plazo el martes próximo, por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, tras el empate producido en la junta de fiscales de la Sala Segunda del Supremo, a la que consultó el fiscal del caso, Juan Martín Casallo. Mientras tanto, los acusadores populares preparan sus escritos de acusación, y los de Izquierda Unida (IU) han pedido que se abra causa penal a Ángel Sanchis y su ahogado por difamar al juez Luis Manglano.

El magistrado Luis Román Puerta, instructor del caso en el Supremo, ha cerrado definitivamente el paso al intento de las defensas de que se declaren nulas las actuaciones investigadoras dirigidas por el juez Manglano, al reiterar en una nueva resolución que dicho juez instructor observó "los requisitos más esenciales de las actuaciones procesales". Román Puerta considera que la decisión sobre pretendidas irregularidades procesales corresponde "a la competencia propia del tribunal sentenciador", por lo que resolver sobre las mismas "implicaría una indebida intromisión" del instructor.Además, los acusadores de IU de la Comunidad Valenciana han pedido al Supremo que Sanchis y su abogado, el letrado Luis Rodríguez Ramos, respondan de las "acusaciones difamatorias y calumniosas", dicen, vertidas contra el juez Manglano, por lo que solicitan el traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para que inicie las acciones penales correspondientes.

En su escrito al Supremo, el letrado de IU, Antonio Díaz, estima "de extrema gravedad" las afirmaciones de Sanchis y su abogado al calificar a Manglano de "juez aparentemente parcial, con enemistad manifiesta de tipo ideológico frente a los imputados" y "con interés directo o indirecto en la causa".

El archivo sería "espantoso"

En cuanto a las posibilidades de que se celebre juicio por el caso Naseiro, un magistrado del Tribunal Supremo manifestó a este periódico que, tras los preparativos del instructor Román -que tiene atribuciones para archivar la causa de oficio- "sería jurídicamente espantoso", dijo, "que se archivara el caso por falta de acusación del fiscal".

La sala del Supremo a la que corresponderá juzgar el caso Naseiro está integrada por su presidente, Enrique Ruiz Vadillo, y los magistrados José Luis Manzanares, ponente, y José Moyna Ménguez, este último designado en sustitución de Ignacio Sierra, nombrado presidente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar la sala, a propuesta del instructor, será pedir al Congreso autorización para seguir el procedimiento contra el diputado Sanchis.

Tanto los acusadores populares de IU como Unitat del Poble Valencià (UPV) coinciden en acusar inicialmente de conspiración para el cohecho a Ángel Sanchis y Rosendo Naseiro -sucesivos secretarios nacionales de finanzas del PP-, Salvador Palop -concejal valenciano del PP y presidente de la comisión municipal de compras- y José Balaguer, presidente de ETRA, grupo de empresas dedicadas a la instalación eléctrica.

Previamente al escrito de acusación, IU ha pedido que se registren las voces de Sanchis y otros implicados y se realice una prueba pericial sobre la identidad de las voces que se escuchan en las cintas. Solicitó también que se pregunte al director general de Transacciones Exteriores y al Servicio Ejecutivo de Vigilancia y Control de Cambios sobre posibles pagos al exterior de Sanchis, Naseiro y Palop. UPV pide el testimonio de nuevos implicados, encabezado por el de Manuel Fraga y José María Aznar.

El fiscal Martín Casallo, reconoce que sería "socialmente duro" no acusar en este caso, pero mantiene su criterio sobre la endeblez jurídica de los indicios de criminalidad existentes, posición de la que también se ha hecho eco privadamente el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres (veáse EL PAÍS del 28 de mayo último). Martín Casallo confirmó ayer a EL PAÍS que todavía no se ha tomado una decisión y anunció que "se agotará el plazo".

Un fiscal amigo de Fraga

El empate entre los fiscales sobre la decisión de acusar o pedir el archivo se adoptó en una reunión de fiscales presidida por Emilio Vez Pazos. Se da la circunstancia de que el fiscal Emilio Vez tiene lejanas relaciones de parentesco con Carmen Estévez, esposa de Manuel Fraga, fundador del PP.

Según confirma desde Santiago de Compostela Xosé Hermida, ambas familias están unidas por una estrecha amistad, vinculada al pueblo de Verín (Orense), de donde es originario el fiscal del Supremo y en donde residen algunos parientes de Carmen Estévez. En esta localidad ejerce como fiscal un hermano de Emilio Vez, Alfonso, quien se reúne con frecuencia con la esposa de Fraga y presume de la amistad entre Áambas familias. Según vecinos de Verín, Alfonso Vez y Carmen Estévez han sido vistos en numerosas ocasiones almorzando juntos en restaurantes de la localidad. Emilio Vez es, en cambio, poco conocido en Verín, localidad que visita muy esporádicamente.

14. El fiscal proyecta pedir el archivo del 'caso Naseiro' al no haber comprobado la existencia de delito

· El Supremo devolverá la causa al juez Manglano si no hay acusación contra el diputado Sanchis

BONIFACIO DE LA CUADRA 13 JUL 1990

El fiscal del caso Naseiro proyecta solicitar el archivo de la causa para todos los implicados por no haberse comprobado los indicios delictivos. Sin embargo, el magistrado Luis Román Puerta, designado instructor del caso por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, preguntará en las próximas semanas al fiscal si encuentra indicios de criminalidad en el diputado del PP Ángel Sanchis para pedir al Parlamento que autorice la prosecución de la causa contra él. En caso negativo, el Supremo devolverá el caso a Valencia, en donde completaría la instrucción Luis Manglano, el juez que la inició.

Por el momento, el fiscal de la sala, Juan Martín Casallo, se muestra contrario a informar favorablemente la petición de nulidad de actuaciones formulada por los abogados de los implicados y, con especial énfasis, por el letrado de Sanchis, Luis Rodríguez Ramos. El fiscal Martín Casallo entiende que en el procedimiento abreviado por el que se tramita el caso Naseiro no existen propiamente "actuaciones", ya que su objetivo no es preparar el juicio, como ocurre en el procedimiento ordinario, sino "preparar la acusación", mediante la "acumulación de fuentes de conocimiento de los medios de prueba disponibles".La estrategia jurídica proyectada por Martín Casallo y avalada por el fiscal general del Estado Leopoldo Torres, es la petición del archivo del caso Naseiro por falta de pruebas, o dicho más técnicamente, por falta de motivos suficientes para acusar. Sin embargo, otras fuentes de la fiscalía general consultadas por este periódico consideran que la petición de archivo plantearía "una situación delicada'.

En cambio, Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y abogado de Salvador Palop -concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de su comisión de compras- estima muy verosímil el archivo del caso por falta de acusación. Asimismo, el letrado Rodríguez Ramos se anticipó ayer a solicitar el archivo, por no haber resultado "ningún indicio de criminalidad en las diligencias practicadas hasta ahora", según el escrito remitido a la sala.

"Apatía acusadora"

Por su parte, un magistrado del Tribunal Supremo que ha seguido de cerca las diligencias practicadas, declaró a este periódico que ante la sala se ha constatado "apatía acusadora". El mismo magistrado echó en falta, entre las diligencias propuestas hasta el momento por la fiscalía, la citación a los dirigentes del PP José María Aznar y Manuel Fraga, a quienes repetidamente se menciona en las conversaciones telefónicas intervenidas en Valencia por orden judicial. "Incluso aunque no tengan nada que ver en el caso, habría que haberles llamado, para darles ocasión de lavar su buen nombre", señaló.

Entre las escasas diligencias practicadas por el instructor Román Puerta, el pasado martes 10 de julio se efectuó una sobre la concesión municipal de las obras de un aparcamiento subterráneo en la Glorieta, de Valencia, en la que el representante de Promoción de Infraestructuras, la empresa adjudicataria, declaró no conocer a Sanchis ni a ninguno de los demás implicados. Manifestó que la concesión de las obras, de las que era el único ofertante, se produjo por unanimidad de la corporación el 14 de diciembre de 1989 y le fue comunicada por el concejal de circulación Alfonso Goñi, a quien tampoco conocía. En las diligencias previas remitidas por el juez Manglano, esta operación carece de relevancia penal.

El magistrado del alto tribunal antes mencionado justificó la escasa investigación realizada por el instructor Román Puerta en que el objetivo de la misma es averiguar, "a ser posible antes de agosto", dijo, "Ia implicación o no de Sanchis", a fin de, en caso negativo, devolver el asunto a Valencia. Otras fuentes jurídicas hicieron notar, en contraste con la lentitud y pasividad de la instrucción del Supremo, la diligencia con que el fiscal jefe de Valencia Enrique Beltrán ha calificado y solicitado la apertura del juicio oral de un asunto similar, el caso Calpe, sobre el que es inminente la decisión de Manglano.

Por su parte, el fiscal Martín Casallo ha comentado a juristas de su entorno que sólo pedirá el suplicatorio contra Sanchis "si es para sentarle en el banquillo". En todo caso, tras las infructuosas comprobaciones de los iniciales indicios, Martín Casallo estudia el procedimiento para impedir que prosiga la causa tanto contra Sanchis como contra el resto de los implicados.

Mientras tanto, Unitat del Poble Valenciá, partido que ejerce la acusación particular, y que podría suplir la "apatía acusadora" de la pública, no ha propuesto ninguna diligencia al juez y permanece 'Jurídicamente desorientada", según fuentes valencianas, "y con un asesoramiento deficiente".

Pasividad de Izquierda Unida

Por su parte, Izquierda Unida, a pesar de su inicial voluntad de personarse en la causa, no lo ha hecho hasta el momento. Fuentes parlamentarias indican que el reciente triunfo electoral socialista en Andalucía, a pesar del caso Guerra, ha terminado desanimando a los dirigentes de IU sobre la rentabilidad política del intento.

En cambio, los implicados en el caso Naseiro cuentan con prestigiosos abogados, a los que hay que unir la ayuda de las corporaciones a las que pertenecen, de modo especial la del presidente del Consejo General de la Abogacía Antonio Pedrol. Precisamente ayer, la asamblea de decanos de colegios de abogados propugnó, según informa Efe, la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que los detenidos incomunicados puedan ser defendidos por un abogado de su elección.

Cabos sueltos sin investigar

La línea de comprobación de los indicios del caso Naseiro emprendida por el fiscal Juan Martín Casallo se ha centrado en cuestiones superfluas y no ha ahondado en "los cabos sueltos" que el juez y los fiscales de Valencia no pudieron completar, por la necesidad de remitir la causa al Supremo, según informaron a este periódico fuentes jurídicas profundamente conocedoras de la investigación dirigida por el juez Luis Manglano.Entre los cabos sueltosde la investigación del caso Naseiro, las fuentes indicadas señalaron la actuación de Manuel Romillo, consejero delegado de Dragados y Construcciones; la función de enlace de María Isabel Díaz de la Lastra, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante; "el papel clave" de Javier Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Cullera (Valencia); la función de Ángel Couso, director gerente de ETRA, empresa de electricidad aspirante a la concesión de la contrata de alumbrado y señalización en el área de Fuencarral / El Pardo (Madrid), o la implicación de los dirigentes del PP Arturo Moreno y Eduardo Zaplana, repetidamente mencionados.

Preguntas a Fraga y Aznar

Las mismas fuentes estiman lamentable que el fiscal no haya propuesto, en la actual fase instructora, algunas preguntas claves a Manuel Fraga y José María Aznar. En concreto, estiman esencial para el caso preguntar a Aznar y Fraga sobre el organigrama de la financiación del PP y su conocimiento de las operaciones de captación de fondos en cuyo contexto fueron citados.

Asimismo, consideran que Aznar debería contestar si es verdad que felicitó a Salvador Palop por su labor en la financiación del partido y que Fraga debería decir si había recibido de algunas empresas donaciones no incluidas en la contabilidad del PP. Igualmente, creen interesante para la investigación que Fraga sea preguntado sobre la afirmación de Rosendo Naseiro de que se llevó 300 millones a Galicia y que trató de quitarle empresarios a Madrid.

15. Los presidentes del PP, según Sanchis, hablaron con él de cómo recaudar fondos

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ Madrid 7 JUN 1990

El diputado del Grupo Popular y ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis reiteró en conversaciones privadas que tanto Manuel Fraga como José María Aznar no sólo conocían sino que participaron en reuniones reservadas organizadas por él para recaudar fondos para el primer partido de la oposición.Sanchis dijo que presentará una querella, por presunta prevaricación, contra el juez Luis Manglano y los dos policías que intervinieron en la investigación del caso Naseiro si finalmente el Tribunal Supremo no le procesa a él por falta de pruebas, según manifestó ayer a este diario.

El ex dirigente aliancista no oculta, en concreto, a sus compañeros de grupo parlamentario, su enojo con las afirmaciones hechas por Alberto Ruiz Gallardón en el informe que elaboró sobre el caso Naseiro al destacar que Sanchis realizó gestiones para captar fondos para el PP sin autorización ni legitimación para ello. El ex tesorero desmintió de nuevo ayer esta versión. "No había ningún motivo", dijo, "para que no conocieran esas gestiones porque se trataba de cosas perfectamente legales. Yo nunca he cometido en eso un delito. Nunca he recibido ni aceptado dinero para el partido procedente de una sola empresa, sino siempre de personas particulares que realizaban la donación a título personal".

Un colaborador del ex tesorero de AP expresó ayer su extrañeza ante la versión de Ruiz Gallardón de que el PP recibió desde la primavera a finales del año pasado unos 20 millones de pesetas en donaciones privadas cuando sólo Sanchis aportó el triple de esa cantidad.

"Muy nerviosos"

Asimismo, fuentes muy próximas a éste han indicado que el ex tesorero puede poner "muy nerviosos" a algunos de los dirigentes populares que ahora le atacan si él revela cómo se han financiado las campañas electorales en que ellos han participado, así como sus verdaderos ingresos como cargos políticos.Sanchis ha comunicado a algunos de sus compañeros de grupo parlamentario que está dispuesto a pedir una comparecencia en la comisión del estatuto del diputado para responder a las acusaciones que pesan sobre él, así como a llevar hasta el Tribunal Constitucional una reclamación de indemnización por lesiones a su honor en el caso de que no sea ni siquiera procesado por el caso Naseiro.

Sanchis, que acudió ayer al Congreso de los Diputados, tiene intención de continuar todavía durante varios meses en el Parlamento, por recomendación de su abogado, y renunciará a su escaño en una fecha todavía no determinada, según su propia versión.

16. Sanchis dice que los líderes conocían sus gestiones

EL PAÍS 22 MAY 1990

El diputado del Partido Popular por Madrid y ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchis, ha afirmado que las gestiones que él llevó a cabo para captar fondos para su partido no sólo eran conocidas por Manuel Fraga y José María Aznar sino que ambos han acudido a su domicilio particular para conversar sobre aspectos concretos de la financiación de AP y del Partido Popular. Sanchis ha llegado a ironizar con que los militantes que en adelante se encarguen de recibir donaciones de empresas para sufragar la labor de oposición tendrán que exigir un documento notarial donde se deje constancia de que tienen la autorización del partido.Con estas palabras, Sanchis sale al paso precisamente de las acusaciones vertidas contra él por Alberto Ruiz Gallardón acerca de que se ha atribuido funciones que ningún órgano del PP le había atribuido e incluso ha invocado sin permiso el nombre de Aznar y de Fraga.

Tras haber sido uno de los primeros recaudadores de fondos para AP, Sanchis no está dispuesto a ser sancionado del PP y anunció hace varias semanas que dejará su escaño en cuanto exista un pronunciamiento de la justicia.

17. Ruiz Gallardon niega que Fraga y Aznar conocieran los intentos de dirigentes del PP de cobrar comisiones

· No habrá sanciones hasta que el Tribunal Supremo dicte su resolución sobre el 'caso Naseiro'

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ 22 MAY 1990

El informe de Alberto Ruiz Gallardón acerca de la investigación que ha realizado en el Partido Popular sobre el caso Naseiro exculpa a José María Aznar y Manuel Fraga, presidente nacional y presidente fundador, respectivamente, de las iniciativas de los ex tesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis y del concejal Salvador Palop para cobrar comisiones para el partido a empresas adjudicatarias de obras municipales. La junta directiva del PP -máximo órgano del partido entre congresos-, que aprobó ayer por unanimidad el informe, acordó posponer posibles medidas disciplinarias hasta que el Tribunal Supremo dicte una resolución sobre el caso Naseiro.

Ruiz Gallardón destaca entre sus conclusiones políticas que el ex vicesecretario general Arturo Moreno y el concejal Salvador Palop promovieron una corriente organizada en el seno del partido, con la aspiración de ocupar importantes parcelas de poder, entre ellas la tesorería del PP en Valencia. Palop y Moreno, que planearon "una progresiva ocupación de cargos", pretendían aglutinar a varios militantes y dirigentes del PP socios del Grupo Futuro Financiero, sociedad dedicada a inversiones en bolsa. El autor de la investigación sostiene que dicha sociedad no ha sido utilizada para financiar al PP, si bien reconoce que los socios de este grupo -que son también dirigentes o militantes populares, como son Salvador Palop, Arturo Moreno y el diputado por Valladolid Miguel Angel Cortés- formaron una "comunidad de intereses".Ruiz Gallardón, no obstante, ha evitado formular acusaciones contra ellos con el argumento de que "no consta" que accedieran a formar una corriente organizada. De este modo, Aznar consigue que Carlos Aragonés pueda continuar, al menos por el momento, como secretario de Estudios y Programas; Miguel Ángel Cortés corno parlamentario y Guillermo Gortázar, también citado por Arturo Moreno en cuanto a su afinidad con "el "grupo", como secretario de Formación.

Ruiz Gallardón, fiscal en excedencia, reconoce que ha percibido indicios de responsabilidad política en el comportamiento de Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro, Salvador Palop y Arturo Moreno, por lo que recomendó el envío de los resultados de su investigación al comité de disciplina Pero, a la vez, exige que no sea abierto ningún expediente hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia en firme.

Responsabilidad política

A juicio de Ruiz Gallardón, Palop y S anchis han podido incurrir en una falta grave al atribuirse competencias que nadie les ha otorgado para captar fondos para el partido, y Arturo Moreno por promover una corriente organizada. Una falta grave puede ser castigada, según los estatutos del PP, con la expulsión del partido o la inhabilitación durante cuatro años para cargos públicos u orgánicos.

En el caso de Naseiro, considera que ha podido cometer una falta grave o leve, según estime el comité de disciplina, por haber actuado en contradicción con directrices del partido o de forma negligente en el ejercicio de su cargo de tesorero. La falta leve puede ser sancionada con un mero apercibimieinto o la suspensión de militancia por un año. Ruiz Gallardón defiende que Naseiro -amigo y defendido de Manuel Fraga- intervino siempre a instancias de Palop, al cual conoció por mediación de Arturo Moreno.

Ruiz Gallardón subraya reiteradamente que "en ningún caso llegan a concretarse o consumarse" las iniciativas para obtener dinero de las empresas constructoras beneficiarias de la adjudicación de obras municipales.

Tras analizar la contabilidad del partido, señala que el PP recibió donativos por importe de 20.134.127 pesetas, desde junio a diciembre de 1989, sí bien no proceden de ninguna de las empresas citadas en las conversaciones de Palop y Sanchis.

Ruíz Gallardón reconoce que no pueden ser aceptado desde el punto de vista ético los propósitos de solicitar dinero a empresas beneficiarias de obras municipales. A este respecto, y por iniciativa propia, presentó ayer 29 normas de conducta ética destinadas a formar un código deontológico de los dirigentes y cargos públicos del PP.

Entre esas propuestas figura la de que el propio PP obligue a que quienes ocupen cargos públicos o en el partido declaren a la organización sus bienes, actividades e intereses que sirva para detectar presuntas irregularidades o aprovechamientos ilegitimos. Asimismo, solicita "procedimientos extraordinarios de control efectivo del uso de fondos reservados".

El informe dió lugar a un largo debate en la Junta directiva nacional en el que participaron más de una docena de dirigentes, entre ellos Martin Villa, Marcelino Oreja, Federico Trillo y Juan Ramón Calero. El ex presidente de AP Antonio Hernández Mancha se limitó a proponer que el PP se persone en las actuaciones judiciales como "parte ofendida". Fraga no asistió a la reunión.

18. Dirigentes del PP planeaban negocios para obtener 2.000 millones de pesetas en comisiones

· Más de 40 operaciones mencionadas por los presuntos implicados en las diligencias del 'caso Naseiro'

ANDREU MISSÉ / JOAQUÍN PRIETO 13 MAY 1990

Las diligencias judiciales abiertas por el llamado caso Naseiro han puesto de manifiesto que la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular alcanzaba los campos más diversos de la actividad económica, y no sólo la clásica adjudicación de obras públicas. En el sumario se mencionan más de 40 operaciones de distinta naturaleza económica como instrumentos para obtener recursos. En total, las 10 operaciones de las que hay detalles implicaban comisiones por un valor aproximado de 2.000 millones de pesetas, según las cifras mencionadas por las personas a las que escuchaba la policía. La variedad de los negocios y el peso político de los protagonistas de este asunto apuntan a un sistema de financiación, más que a simples casos aislados.

En ocasiones se menciona sólo la comisión; en otros, la cuantía global de la operación en juego, y en la mayoría sólo existen alusiones genéricas a negocios de naturaleza no especificada. La información contenida en el sumario es insuficiente para cuantificar con certeza el volumen total de los negocios, si bien cabe apuntar cifras de decenas de millones de pesetas.Una operación importante es la adjudicación del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Alicante, que en las primeras conversaciones grabadas se cifraba en 10.000 millones. Posteriormente, el tesorero del PP, Rosendo Naseiro, dice que se acerca a 20.000 millones y da instrucciones a la portavoz popular, María Isabel Díaz de la Lastra para que negocie con Dragados y Construcciones, que después no obtuvo la concesión.

Este negocio iba a proporcionar comisiones por un valor total de 300 millones de pesetas, de los cuales el PP esperaba obtener entre 7 5 y 100. La mayor parte de esa comisión, presumiblemente, habría ido a manos del PSOE, fuerza principal -aunque no mayoritaria- en ese Ayuntamiento.

Dos grandes negocios

Pero existen otras dos operaciones muy importantes mencionadas en el sumario. Son las relativas a la promoción de solares industriales y a la creación de centros comerciales.

En el caso de los solares industriales, Ángel Sanchis, el antiguo responsable de finanzas y, actual diputado del PP, pide al concejal del Ayuntamiento de Valencia y coordinador de las finanzas de los municipios del PP en la Comunidad Valenciana, Salvador Palop, que investigué las necesidades de solares industriales en Castellón de la Plana, Valencia y Alicante. Sanchis le propone la compra previa de terrenos en las zonas en las que Posteriormente se acordará la instalación de los polígonos industriales. Sanchis asegura que cuenta con la financiación de algunos bancos y se plantea la obtención "de 800 a l.000" por esta operación. Se debe entender que se trata de 800 a 1.000 millones de pesetas: ellos mismos reconocen que "el asunto es importante; no estamos hablando de calderilla".

La otra operación grande es la instalación de un centro comercial de 32.000 metros cuadrados en la playa de Alicante, que despierta las máximas expectativas de Salvador Palop: "Ahí hay una animalada, ahí nos salimos por las nubes, macho", según le dice a Javier Domínguez, ex arquitecto municipal de Cullera.

Las otras operaciones que aparecen en las conversaciones con mayor precisión son las de un edificio en Cullera (se discute la forma de repartir 50 millones de comisión); el campo de fútbol de Cullera (100 millones de comisiones); la promoción de urinarios de una empresa de Sanchis en Toledo, Santander, Barcelona (500.000 pesetas de comisión por cada unidad instalada); mantenimiento de dependencias municipales (100 millones); adjudicación de luminosos, que se disputan las empresas Bacer, Imex, Sice y Urbaluz, y en la que se negocian 100 millones de comisiones por el procedimiento de pedirles dinero a todas; una adjudicación en Benidorm, 20 millones de comisión, y una operación no especificada, mencionada por Palop al vicesecretario del PP Arturo Moreno, de 50 millones, con la esperanza de elevar la cifra aún más. "Joder qué bien" exclama el alto cargo del PP, que añade: "Todo parece que va estupendamente, no?".

Diversidad de operaciones

Además se habla de una "operacioncita", relacionada con la sociedad de aparcamientos SAVE, en la que se barajan cifras globales por valor de 1.000 millones de pesetas, pero no se sabe cuál es la comisión; y la OPA con una sociedad controlada por un banco -"qué corrupción hay en ese banco, macho"- y que supone "comprar duros a dos pesetas y media", y que asciende a 1.500 millones de pesetas.

Entre las operaciones concretas también se cita la adjudicación de una licencia de construcción frente la iglesia de San Agustín, en Valencia, por la que la alcaldesa socialista, Clementina Ródenas, habría percibido 20 millones destinados al PSOE, que habrían sido negociados previamente por el concejal socialista Joan Ballester; todo ello según la versión del concejal popular Salvador Palop.

También se menciona la consecución de 300 millones de pesetas para las elecciones municipales en Galicia. Naseiro expresa su inquietud por el hecho de que esta financiación fuera negociada directamente por Manuel Fraga con empresas -teme que al patrón le hagan "una chapuza"-, al margen de la tesorería central.

Existen otras operaciones sin cuantificar, como las relacionadas con Invalesa, el by pass de Valencia, concesión de licencias diversas, negocios con el Plan Recta, planes en Mercadona, Ondara, Torrevieja, Expo 92 (en Sevilla), zona ajardinada en el río Turia (en Valencia) y la obtención de programas del Inem.

19. Sanchís afirma que el juez Román Puerta no le preguntó por implicaciones de Fraga o Aznar

JOSÉ MIGUEL LARRAYA Madrid 13 MAY 1990

Luis Román Puerta, magistrado delegado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como instructor del caso Naseiro, declinó ayer formular preguntas al diputado Ángel Sanchis sobre posibles implicaciones de Manuel Fraga o José María Aznar en los hechos origen del sumario, pese a las numerosas alusiones a ambos en las conversaciones intervenidas por orden del juez Manglano. Así lo aseguró Sanchis tras una comparecencia que se prolongó cuatro horas y durante la cual el juez le hizo escuchar las cintas magnetofónicas de las quince conversaciones sostenidas con Palop entre diciembre de 1989 y enero de 1990.La declaración de Sanchis fue "corta", según el declarante, ya que las tres cuartas partes del tiempo se consumieron en la audición de unas conversaciones cuyas transcripciones constan en poder de su abogado, Luis Rodríguez Ramos, desde la pasada semana.

Sanchis no quiso responder a preguntas puntuales de los informadores sobre el contenido de su declaración "por respeto al magistrado" Luis Román Puerta, si bien hizo hincapié en que ni Fraga ni Aznar fueron mencionados "nunca" por el juez a lo largo del interrogatorio. Previamente, a su llegada al Palacio de Justicia de Madrid, había opinado que las eventuales preguntas sobre Aznar serían "las más fáciles de contestar porque el señor Aznar no tiene nada que ver en estos temas".

Al término de su declaración, el diputado del PP dijo encontrarse tan "tranquilo" como cuando entró y calificó su declaración de "satisfactoria". Pese a ello, reiteró que cuando termine "este desgraciado asunto" dimitirá como diputado. Tampoco quiso responder a preguntas de cariz político sobre 'las dimisiones en el Partido Popular, alegando que había pedido la baja "y ya no es mi partido".

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado defensor de Sanchis, puso de relieve que el carácter de la citación fue "conocer las opiniones y manifestaciones" del diputado, como fórmula para "facilitar la instrucción".

"Desde el primer momento" dijo Rodríguez Ramos, "el magistrado instructor aclaró que el señor Sanchis no comparecía como formalmente inculpado, ya que eso requeriría la solicitud de un suplicatorio". Según el abogado, la declaración obedeció al contenido de su escrito de personación como defensor, en el que se consideró que el interrogatorio de Sanchis no tenía porqué consistir en "un acto expresamente inculpatorio". Sin embargo, Sanchis tampoco declaró en calidad de testigo y por tanto no le fue exigido juramento.

Según Rodríguez Ramos, Sanchis expresó "vehementes dudas" respecto al contenido de las cintas, puesto que "no se reconocía en todas".

20. Quién es quién en el sumario del 'caso Naseiro' / 1

Políticos y empresarios, mezclados en las diligencias remitidas por el juez Manglano al Supremo

EL PAÍS 11 MAY 1990

Altos cargos del Partido Popular, así como el arquitecto municipal de Cullera (Valencia), fueron mencionados por Ángel Sanchis y Salvador Palop en el curso de sus conversaciones sobre el intento de cohecho en el citado municipio valenciano. Ésta es la presunta operación ilícita sobre la que arrojan más detalles las conversaciones intervenidas por la policía. Las personas y situaciones mencionadas en relación con este asunto son algunos de los párrafos más importantes del sumario remitido por el juez Manglano al Supremo.

Decenas de personas figuran mencionadas en el sumario remitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia al Tribunal Supremo. En unos casos se trata de implicación en presuntas operaciones irregulares, y en otros, de situaciones confusas en las que se mezclan negocios particulares, comisiones para el partido y cuestiones políticas. Toda la información contenida en el sumario se basa en el pinchazo de esta única línea telefónica, si bien durante algunos días estuvo igualmente intervenido el teléfono del arquitecto Javier Domínguez, de quien se dice que la intervención no ha dado resultados.

Ángel Sanchis, diputado del Partido Popular

El diputado Sanchis habla numerosas veces con el concejal valenciano Salvador Palop para intentar que una comisión de 50 millones de pesetas, en principio destinada al PP, no se quede sólo en las arcas de este partido. La información sobre la existencia de esa comisión le fue proporcionada por Palop, quien dice a Sanchis que le ha visitado el arquitecto que lleva el plan general de urbanismo de Cullera -alusión a Javier Domínguez- y le dice que está dispuesto a emitir un informe favorable a una modificación que les interesa a ellos a cambio de 50 millones, con la con dición de que 25 sean para él y otros 25 para el PP. Sanchis censura a Palop que haya informado al tesorero del PP, Rosendo Naseiro sobre la posibilidad de obtener esos 50 millones del asunto de Cullera. Sanchis pide a Palop que trate de obtener más dinero, pero el concejal valenciano no ve más solución que negociar con el arquitecto una rebaja de su comisión, dejándola en 20 millones, y decirle que la del PP debe ser de 30 millones, de los cuales sólo se entregarán 25 a Rosendo Naseiro. El 13 de diciembre, Palop informa a Sanchis que el arquitecto de Cullera "ha tragado" con los 20 millones con lo cual el partido ingresaría otros 25 y el resto se quedaría para ellos.

El 19 de diciembre, Sanchis habla de nuevo con Palop sobre lo que él rriísmo considera "una operación muy gorda". Nuevamente se estudia la distribución de los 50 millones, porque Palop ya había mencionado aJosé María Aznar que todo ese dinero iba a ser para el partido, aunque de manera "nada clara", pero el tesorero Naseiro sí cree que los 50 millones van a ir íntegramente a las arcas del partido. Al final, Palop le dice a Sanchis que no merece la pena esa batalla, porque puede hacer sospechar a Naseiro que los otros 25 millones "se quedan en otro sitio" y contribuir a que el tesorero del PP desconfíe de Palop en el futuro. Y ade más el concejal valenciano explica a Sanchis que hay otra operación mucho más importante en perspec tiva, como si quisiera insinuarle que ahí pueden resarcirse.

Manuel Romillo, consejero delegado de Dragados y Construcciones

Es el hombre que, según Palop, le va a sacar adelante lo de Torrevieja "y no sé cuántas cosas más". Sanchis afirma que Romillo le ha pedido a Naseiro llevar directamente este asunto. Posteriormente, Palop informa a Luis Janini -delegado de la empresa en Valencia- que "Romilllo se quiere llamar a andanas y echar todo por ahí", no sólo el asunto de Alicante, sino "todo, todo". Palop atribuye al consejero delegado de Dragados haber desbaratado una operación a causa de .una putada" que aquél ha gastado a alguien. Janini dice a Palop que "como vosotros ahondéis, mezclándolo todo, la vais a cagar", y afiade que Romillo cumple todos sus compromisos: "¿Tu te crees que la casa mía es una casa de putas, o qué? ¡Es muy seria, Boro!".

José Balaguer, presidente de ETRA

Informa a Salvador Palop que alguien ha llamado a un delegado suyo (de la compañía ETRA) para decirle que no había nada seguro sobre una adjudicación de luminosos; que cada uno de los aspirantes hiciera la oferta que creyera conveniente, y que si ellos resultaban adjudicatarios pagarían "de 10 a 15 millones". Palop dice haberle pedido "25 por cada uno", y menciona a un intermediario que "sacaría 20". Balaguer, a su vez, menciona la existencia de otra persona -a la que no identifica- que habla de otra cifra. José Balaguer conectó con el PP como vía para adjudicarse contratas del Ayuntamiento de Madrid. Según su declaración ante el juez, Palop no le solicitó dinero a cambio de adjudicaciones, pero le preguntó qué ayuda podía dar al PP si obtenía concesiones.

De las conversaciones grabadas por la policía se deduce una versión más comprometedora. Balaguer decidió concursar al proyecto de mejora del alumbrado del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Al concurso se presentó Bacer, filial de ETRA, de la que Balaguer es presidente. También se presentaron Urbaluz, Imex y Site.

Palop habló con las cuatro empresas y pidió hasta 25 millones a cada una de ellas. El 4 de febrero, Palop pide a José Balaguer, de la compañía ETRA, que consiga 100 millones en lugar de los 80 que ofrece "el chulito de Eugenio" (persona que pertenece a Imex, una de las empresas aspirantes). Palop solicitó a Balaguer que, sin desvelar sus conexiones, convenciera a las otras tres empresas que subieran el precio de la donación de 20 a 25 millones. Bacer, filial de ETRA, no obtuvo la adjudicación.

José María Álvarez del Manzano, primer teniente de alcalde de Madrid

Palop y Balaguer estudian cómo lograr que el primer teniente de alcalde de Madrid intervenga a favor de sus intereses en el plan Recta. Palop dice que la solución es enviarle a Rosendo Naseiro para que hable con él. Se menciona también al concejal de Obras Públicas de Madrid,Enrique Vitoria, pero sin precisar en qué operación.

Richard Gautier, banquero y empresario

José Balaguer informa a Palop que ha llevado a Richard Gautier, "que tiene un banco en Suiza, la cadena de restaurantes Maxim`s y algo que ver con Cartier", a una fábrica de pollos en Sueca y que se ha entrevistado con Juan Roig, presidente de los supermercados Mercadona, para proponerle montar un supermercado en Moscú. También Balaguer quiere proponer a la Embajada soviética un negocio con ETRA para la visita de Gorbachov a España.

Eduardo Zaplana Hemández Soro, concejal del PP en Benidorm

Mantiene una conversación con Palop el 11 de febrero. Le anuncia a Palop que se va a Sevilla "a ver si hago unas cosas con la Expo", porque ahí esta Ruidera de jefe para hacer labores de intermediación. Y comenta en un contexto de broma: "Ahora que no está Juan Guerra, a ver si le sustituyo".

Según Zaplana, se va a quedar con un solar en Benidorm y le pide a Palop que haga de intermediario porque él no puede. "Tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh?, y luego nos la repartimos bajo mano". En esta conversación se habla de "un amigo" que después de cerrar un trato con Palop realizó otro con Balaguer y "lo pagaron a mano". Después confió con Balaguer y Alvarez Cascos. Posteriormente se habla de un tal Bosch como la persona que "ha vendido" a Palop.

Salvador Palop, concejal del Ayuntamiento de Valencia

El concejal valenciano se constituyó en el centro neurálgico de lasoperaciones de captación de fondos para el Partido Popular en la zona de Levante, aunque las investigaciones apuntan a una conexión con el diputado Ángel Sanchis para desviar el porcentaje de algunas comisiones hacia sus propios bolsillos.

Resulta muy significativa su opinión, manifestada ante el juez Luis Manglano, de que todos los partidos "ponen el cazo para recoger dinero para las elecciones". Partiendo de este axioma, Palop puso elcazo en múltiples y variados asuntos.

Respecto al llamado plan Recta, Palop dice que pedirá la intervención de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, para que lo hable con José María Alvarez del Manzano, primer teniente de alcalde de Madrid.

El 6 de febrero, Palop advierte a Sanchis de que al día siguiente va a producirse una adjudicación de 400 millones por subasta, pero le dice que sólo hay un postor y que ya está cubierta. Sanchis pregunta si se puede hacer algo para reformar el plan relacionado con el Jardín del Turia y Palop le dice que no.

Palop informa a Naseiro que espera obtener 100 millones de una operación en Alicante. Por otro lado, dice que está intentando contactar con Dragados y Construcciones, y asimismo dice que no han fructificado sus gestiones para negociar operaciones de comisión con los de KIO. Por otra parte, propone fastidiar a los de KIO allí donde se pueda, y cita la plaza de Castilla como el lugar donde se les puede castigar dificultando sus operaciones. Palop propone al tesorero del PP que hable con John Gómez Hall, "que es el que manda allí", en referencia al proyecto de las torres de la plaza de Castilla.

Palop le comenta a Naseiro el 3 de marzo que si esta compañía quiere algo en Valencia "que pasen por el camino, les he dicho. Y luego se abre la puerta de Valencia".

Se habla de una negociación que hay que hacer con un tal Sánchez, 31 Eduardo Zaplana propone a Palop que haga él de intermediario en una operación de un solar en lugar de que actúe Bosch. La "comisioncita" que Zaplana propone a Palop para la adjudicación de este solar es de "dos millones de pesetas o tres". Y le dice que le dé la mitad "bajo mano". Cuando Palop oye esto dice: "Si tenemos que repartir, macho..., tenemos que pedirle un poco más".

En la conversación entre Palop y Naseiro hacen referencia a la posible adjudicación a Dragados del contrato de limpieza de Alicante. Salvador Palop dice que son 10.300 millones de pesetas y que la comisión es el 2%. Insiste en que la comisión en Alicante siempre es el 2% y que "a los otros" (PSOE) es punto y medio, y a ellos, medio punto. Después comentan otra operación con la misma empresa en otro lugar (Madrid, posiblemente), en la cual esperan obtener la misma comisión, "claro, y medio para nosotros; luego si allí pagan dos, aquí (Madrid) no van a ser menos". Luego concretan que la comisión resultante es de 200 millones ("luego 10 por 2, 200, ¿no?). Más tarde advierte que no va a permitir un aplazamiento en el pago de la comisión "ni de coña", dice Palop, quien pregunta: "Con esto ya tenemos las andaluzas, ¿no?", y Naseiro dice: "Aún no".

21. Quién es quién en el sumario del 'caso Naseiro' / y 2

Las alusiones a Fraga sacan a la luz 300 millones de financiación en Galicia

EL PAÍS 12 MAY 1990

EL PAÍS El sumario del caso Naseiro recoge varias alusiones a Manuel Fraga, presidente de la Xunta, generalmente sin relacionarle -ni siquiera como mero conocedor- con las operaciones financieras concretas intentadas por Angel Sanchis, Salvador Palop y otros presuntos implicados. Se mencionan, no obstante, 300 millones con los que Fraga espera cubrir la campaña electoral de Galicia, al margen del control de la tesorería centralizada del PP.

La relación de políticos y empresarios mencionados en el sumario del llamado caso Naseiro se completa con personas que aparecen citadas en contextos muy diferentes. Entre ellos figura el actual presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, quien, sin embargo, no tiene intervención personal en las numerosas grabaciones efectuadas por la policía. Lo mismo les sucede a muchos otros. Se excluyen de la relación publicada por este periódico personas a quienes algunos de los presuntos implicados citan a título meramente amistoso o como referencia a asuntos de mera actualidad durante los días en que se produjeron las conversaciones que fueron grabadas por la policía.

Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia

El ex tesorero Rosendo Naseiro es la persona que se refiere de manera más explícita a Fraga en las declaraciones ante el juez. Menciona, por ejemplo, que a veces los donativos para el partido los recibía Fraga y se los hacía llegar, "en presencia de los donantes y en forma de sobres, con dinero o cheques".

Pero antes de su detención y consiguiente declaración ante el juez, Rosendo Naseiro habló con el concejal Salvador Palop de su "patrón". El tesorero habla de una visita a Galicia y de que ha comprobado que Fraga "ya cubre sus 300 millones". Fraga le dijo que no iba a pedir dinero -se supone que a la tesorería del PP- para las elecciones municipales, porque se las iba a arreglar desde allí, lo cual no le gusta Naseiro, que quiere controlarlo todo desde su puesto en la estructura central.

Siguiendo la conversación con Palop, Naseiro alardeó de cierto ascendiente sobre "don Manuel". "Tan pronto pase el Congreso y sea José María Aznar ya el presidente" decía Naseiro, "voy a Galicia y entonces agarro y le digo: 'Mira don Manuel, aquí no puede pedir dinero a las empresas nacionales nada más que el tesorero nacional del partido".

Al preguntarle el juez Manglano por esta grabación, Naseiro concretó que el "patrón de Galicia era don Manuel Fraga" y precisó que su intención consistía en decirle que los donativos que se entregaran al partido debían estar centralizados en Madrid, sin que debieran entregarse en Galicia. También ofreció la versión de que la cantidad de 300 millones se refería a que en Galicia ya tenían cubiertos los 300 millones de gastos del partido en esa región.

CIementina Ródenas, alcaldesa de Valencia (PSOE)

Palop atribuye a la alcaldesa de 'Valencia el cobro de una comisión (le 20 millones de pesetas para el PSOE por una licencia de construcción, según dijo Palop al también concejal José Luis Oliva, en una conversación grabada el 25 de marzo. "Será para el partido, vamos", aclara Palop, quien añade: "Estos no se lo han llevado". Su interlocutor asiente: "No, no, ya... eso habrá sido para el partido". Salvador Palop, que ante el juez efectuó una declaración plagada de lagunas memorísticas, recordaba esta conversación a la perfección. Según dijo al juez, adujo que había recibido un soplo telefónico por el que le informaron de que Clementina Ródenas había percibido veinte millones de pesetas por la concesión de la licencia de obras en la plaza de San Agustín. Añadió que le constaba que la licencia era contraria al informe técnico.

Joan Ballester, portavoz socialista en Valencia

Su presunta intervención aparece ligada a la "negociación" para conseguir la licencia de obras en la Plaza de San Agustín. Palop, en su conversación con el concejal Olivas, señala que "los veinte kilos los ha negociado Ballester y los ha cobrado Clementina".

Emilio Fernández, consejero de RTVA

Según Sanchis, es empresario de Benidorm y no es miembro del PP. Es una de las personas a las que Sanchis quiere integrar en un grupo interno de naturaleza no especificada.

Miguel Ángel Cortés, diputado del PP por Valladolid

Ángel Sanchis le considera miembro del mismo grupo interno antes citado.

Carlos Aragonés, secretario de estudios y programas del PP

Muy vinculado al secretario de acción electoral del PP, Arturo Moreno, fue jefe de gabinete de José María Aznar cuando éste era presidente de la Junta de Castilla y León. Es otra de las personas a las que Ángel Sanchis trataba de captar para su grupo.

Pedro Agramunt, presidentedel PP de Valencia

Sanchis y Palop aluden a él como un peligro en potencia y dejan entrever que está en juego algo más que el poder político. "Agramunt tiene un montaje aquí, ¿eh? Estamos. Quiere montarse aquí el quiosco para él", dice Palop. Sanchis corrobora: "Yo ahí también veo mucho peligro ... en el aspecto económico". Palop se queja de que Agramunt había ido a Rosendo Naseiro y había sacado "tres o cuatro cosas, entre ellas el parking" [aparentemente una concesión del Ayuntamiento de Valencia], que Palop no quería darle.

Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones

Declara ante el juez que Palop y él hablaban de unos terrenos de alrededor de 600.000 metros cuadrados que el ayuntamiento quiere desarrollar a través de un programa de actuación urbanística, en los cuales su compañía tiene un 20%. Negó que él y su empresa hubieran solicitado dinero.

Carlos Bonet, delegado de Huarte en Valencia

Explicó al juez que Huarte había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Valencia en relación al polideportivo de la calle Doctor Lluch, acuerdo que se rompió al llegar el concejal Albuixech. En posteriores entrevistas se avanzó en la negociación teniendo como interlocutor a Pepe Selles, quien informó a Bonet de la oposición del PP a las intenciones de Huarte. Tras la intervención de Palop, se llegó al acuerdo inicial apalabrado con el equipo anterior, del concejal Puente. Este último acuerdo supuso para Huarte, supuestamente, un abono superior a 22 millones.

Ángel Couso, gerente de Bacer

En su calidad de gerente de Bacer, empresa Filial de ETRA, mantuvo reuniones con Naseiro y los concejales del PP por el ayuntamiento de Madrid Enrique Villoria y Carlos López Collado -éste último, antiguo colaborador de Aznar en el PP- para la adjudicación de contratas. También se reunió con concejales del PSOE e Izquierda Unida.

22. Un juez distinto a Manglano autorizó las 13 escuchas iniciales

· Los primeros 'pinchazos' ofrecieron datos clave

EL PAÍS 12 MAY 1990

La policía solicitó autorización al juez Luis Manglano para continuar la escucha del teléfono de la familia Palop cuando un grupo de la Brigada de Estupefacientes ya había efectuado la grabación de 13 llamadas en las que se apreciaban indicios de operaciones financieras presunta mente ilegales, cuyos principales implicados eran el diputado Ángel Sanchis y el cancejal valenciano Salvador Palop. Esas 13 llamadas habían sido escuchadas al airiparo de una primera autorización, concedida el 28 de noviembre de 1989 por el juez José Antonio Rodríguez Pedrero a causa de una cuestión de tráfico de drogas.

Luis Manglano comenzó a intervenir en el asunto un mes después (le esa primera autorización, cuando los datos iniciales de lo que se conoce comocaso Naseiro obraban ya en poder de la policía.Junto con Ias primeras grabaciones, la policía entregó también fichas de identificación de personas cuyos nombres aparecían mencionados en las conversaciones registradas durante el mes de diciembre, entre ellos los de Salvador Palop, Manuel Romillo, Arturo Moreno, Angel Sanchis y Rosendo Naseiro. La policía se centró, por tanto, en esas personas desde los primeros, momentos de la investigación.

El juez instructor ha incluido en la documentación remitida a. la Sala Segunda del Tribunal Supremo el resultado de todas las escuchas practicadas, tanto las autorizadas por él como las realizadas previamente.

Las comunicaciones intervenidas por la policía se produjeron, según el sumario, siempre a. través del teléfono instalado en el domicilio de 'a familia Palop, donde residen los hermanos Rafael y Salvadgor y sus padres. Transcurrió más de un mes hasta, que eljuez Manglano, a petición, de la policía, dio permiso para que se pinchara un segundo teléfono, inscrito a nombre del ex arquitecto municipal de Cultera., Francisco Javier Domínguez. Esta segunda escucha fue levantada por el juez ocho días después, ya que no había dado "resultados pos]tivos".

Más de cuatre meses

Las escuchas telefónicas que sustentan el llamado caso Nasei.ro se han prolongadz) durante más de: cuatro meses cle diligencias, que fueron incoadas, sucesivamente, por dos juzgados valencianos: el antiguo de Instrucción número 14, hoy número 3 de lo Penal, y el de Instrucción número 2.

El paso de uno a otro juzgado vino determinado por la entrada en vigor, el 28 de diciembre de 1989, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la llamada refirma Múgica, que dejó sinjurisdicción al primerjuzgado citado. Sólo por esta circuristancia el Juzgado número 14, convertido ya en Juzgado de lo Penal número 3, archivó el caso el 4 de enero de 1990, cuando ya estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 desde una semana antes.

El orden preciso de las actuaciones, según el texto de las diligencias previas remitidas al Supremo, es el siguiente:

El 28 de noviembre de 1989, el magistrado juez José Antonio Rodríguez Pedrero, titular del entonces Juzg ado de Instrucción número 14 de Valencia, abrió las diligencias "de Criminal Indeterminado número 155/8T', asolicitud de la Sección de Estupefacientes de la Brigada Provincia¡ de Policía Judicial, autorizando a dicha sección para la intervencíón y escucha del teléfono de Salvador Palop por un periodo de 30 días.

El 28 de cliciembre de 1989, cuando caducaba la autorización anterior y la reforma Múgica había suprimido el Juzgado número 14, el comisario jefe de la Sección de Estupefacientes valenciana remite al juzgado una nueva petición para intervenir el teléfono de Palop, debido a que en él 11 se están produciendo llamadas de interés policial, toda vez que se ponen en contacto individ uos pertenecientes a una organización internacional de traficantes de cocaína para establecer contactos y citas". Esta petición fue recibida el 29 de diciembre de 1989 por el Juzgado de Instrucción número 2, que aquel día estaba de guardia. El juez Manglano autorizó las escuchas por otro periodo de 30 días. Las diligencias pasan a ser referidas como "215/89".

El 4 de enero de 1990, el juez Rodríguez Pedrero, "habiéndose transformado el Juzgado de Instrucción número 14 en Juzgado de lo Penal número 3 en fecha 27 de diciembre últirno", ordena el archivo de las diligencias 155/89, ."previa nota en los libros de registro correspondientes".

El juez se entera del cohecho

El 19 de enero de 1990 comparece ante el juez Manglano el inspector jefe de Estup-efacientes para manifestar "que en virtud de la autorización judicial para intervenir el teléfono ( ... ) se han venido produciendo por parte de los comparecientes diversas grabaciones relativas a tráfico de estupefacientes, habiéndose también constatado, a través de la intervención telefónica, la comisíón de otro tipo de hechos delictivos que desean poner en conocimiento de la autoridad judicial". Ésta es la primera referencia que le llega al juez sobre un presunto delito de cohecho.

El 28 de diciembre de 1990, el juez Manglano abrió diligencias previas relativas al caso con el número 295/90 y, una vez más bajo el epígrafe de Criminal Indeterminado; es decir, sin referencia a ningún presunto delito concreto.

El 29 de enero de 1990, el comisario jefe de Estupefacientes solicita una prórroga de la intervención del teléfono de Salvador Palop Martínez, dado que "ac tualmente se está a espera de culminar la importación de una im portante cantidad de dicha sustancia estupefacientes [cocaí na]". Manglano autorizó en la misma fecha una prórroga por 60 días.

El 26 de marzo de 1990, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 autorizó la última prórroga de las escuchas a la Sección de Estupefacientes, por otros 60 días.

23. El PP preparaba un nuevo sistema de financiación empresarial

· Naseiro reconoció que trabajaba con información privilegiada

EL PAÍS 11 MAY 1990

Los dirigentes del PP estaban preparando un nuevo sistema de financiación empresarial, que incluía redes en varias comunidades autónomas, según se desprende del sumarlo. Además de la organización que operaba en Valencia, las diligencias contienen alusiones a Galicia y a Castilla y León. La estrategia de financiación se desvela en las conversaciones de Sanchis y Palop, así como en la declaración prestada por Naseiro ante el juez.

José María Aznar, presidente del Partido Popular (vicepresidente: hasta marzo de 1990), conocía el sistema de financiación del partido, según se afirma en una de las conversaciones grabadas entre Ángel Sanchis y Salvador Palop. Éste último dice haber hablado con Aznar en su despacho y añade que el alto dirígente del PP le dijo que esas cuestiones (supuestamente económicas) debía hablarlas con Rosendo Naseiro.Sanchis dice conocer la entrevista entre Aznar y Palop y pronuncia la siguiente frase: "Aznar está por la labor ele hacer lo que nunca ha hecho el otro (probable alusión a Fraga)". Palop replica que Aznar "está haciendo uno en cada comunidad. Uno en Galicia y otro en Castilla y León; yo sé quién es. Éste que iba a visitarme esta tarde (12 de diciembre de 1989) El de economía ese". (Posible referencia a un consejero de la Junta de Castilla y León.)

Por su parte, Rosendo Naseiro reconoce ante el juez que como alto cargo del partido, daba instrucciones políticas a otros cargos de inferior rango para que votasen en un sentido o en otro, aunque eso no suponía beneficios económicos.

A veces, en reuniones de alto nivel del PP, se pedían explicaciones, sobre lo que el partido iba a votar y lo que convenía más políticamente. Naseiro dijo al juez: "Con eso obtengo una información privilegiada, que me permite decirle a alguna empresa que seguramente le van a adjudicar una determinada obra, con el fin de aparentar que se les apoya. Incluso si se tiene inforrnación sobre tres o cuatro empresas, llamo a todas ellas para comunicarles la posibilidad de que se les adjudique la con trata".

"El clásico paquetito"

Y Naseiro añade, en esa misma declaración judicial: "En época electoral se les hace [a las empresas] alguna petición de dinero, siempre dentro de la normativa legal de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, para que hagan algún donativo". Por ejemplo, la empresa Ocisa le llevó en período electoral el "clásico paquetito" conteniendo dinero, "creo recordar que 500.000 pesetas".

Reconoció que habló con José Balaguer, presidente de ETRA e interesado en una contrata de alumbrado del Ayuntamiento de Madrid, quien le habló de un posible donativo de 25 millones al PP, "aunque nunca terminó de dar cantidad alguna".

En otra conversación con Salvador Palop, referente a la empresa Huarte, el concejal valenciano le indicó que "para entrar por la puerta, que traigan algo". Esta alusión indicaba que Huarte debía entregar "un pequeño donativo al partido". Tales donativos, según Naseiro, a veces "los recibía el presidente Fraga, en forma de sobre conteniendo dinero o cheques".

A propuesta de Palop, Naseiro dio el visto bueno para pedir a la empresa Dragados y Construcciones -los dragones- una comisión del 2% sobre la adjudicación de una contrata de 10.300 millones, lo cual suponía 200 millones.

"Boro [Palop] tenía mucha fantasía", explicó Naseiro al juez, "y al igual que pensaba pedir un 2% a Dragados en Madrid, también pensaba pedir a esa constructora un 0,50% de la contrata de recogida de basuras en Alicante. Debía pensar que con esos porcentajes podía tener los fondos para subvencionar las elecciones andaluzas".

24. El responsable electoral del PP dimite por sus implicaciones en el 'caso Naseiro'

· Rosendo Naseiro y Salvador Palop se darán de baja como militantes para intentar exculpar al partido

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ 11 MAY 1990

La cúpula del Partido Popular dará próximamente de baja como militantes a su ex tesorero Rosendo Naseiro y al concejal de Valencia Salvador Palop, a petición de éstos, en un nuevo intento de exculpar al conjunto del PP de la acusación de facilitar obras municipales a determinadas empresas a cambio de comisiones. Los dirigentes del PP consideran inevitable asimismo aceptar la dimisión que ha presentado Arturo Moreno, responsable electoral del partido, después de que el sumario judicial haya revelado conversaciones suyas con Palop sobre reparto de comisiones y su deseo de controlar las finanzas del PP.

Esta dimisión creará un grave problema de organización al Partido Popular ya que Arturo Moreno, vicesecretario general del PP, era el coordinador nacional de la campaña ante los comicios autonómicos andaluces del día 23 de junio. Pero José María Aznar, presidente del PP, parece haber optado por tomar decisiones drásticas antes de verse obligado a ello, o por petición de otros dirigentes, según la versión de colaboradores suyos. El líder popular advirtió ayer en Huelva que "nadie va a conseguir meter al Partido Popular debajo la silla".Mientras en Madrid se reunía el comité electoral para buscar una salida a la crisis organizativa planteada con la dimisión de Arturo Moreno, Aznar continuó su gira de precampaña electoral por Andalucía para apoyar a los candidatos de su partido, en la que tratará de impulsar a Gabino Puche como aspirante a la presidencia de la Junta.

Puche, antiguo hombre de confianza del ex presidente nacional de AP Antonio Hernández Mancha, no es un dirigente con mucho arrastre electoral, a la vez que no goza de la simpatía del propio Aznar. Pero éste tendrá que asumir los resultados electorales de Puche como propios y, por tanto, afrontar las críticas de quienes atribuyan un posible retroceso a las irregularidades cometidas por personas de su equipo de máxima confianza.

Para intentar amortiguar el perjuicio político de sus comentarios con Palop sobre adjudicaciones de obras a cambio de comisiones y el deseo común de controlar la tesorería del partido, Arturo Moreno ha presentado su dimisión como vicesecretario general encargado del área electoral. Moreno regresó ayer de Andalucía a Madrid con el propósito de reunirse con el otro vicesecretario general, Juan José Lucas, y el secretario general, Francisco Álvarez Cascos y preparar su íelevo en el cargo. El comité electoral del PP se reunió por la tarde sin que fueran dados a conocer sus acuerdos y Moreno declinó conversar con este diario.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rodrigo Rato, declaró que Moreno ha tenido a la dirección del partido "al corriente de todas las posibles confusiones que pudieran derivarse" de la divulgación, en el sumario Judicial, de algunas conversaciones suyas con Salvador Palop. Rato opinó que la investigación que lleva a cabo en el seno del partido Alberto Ruiz Gallardón "es seria y será conclusiva".

Los más estrechos colaboradores de Aznar han anunciado que el partido aceptará la propuesta de Rosendo Naseiro y de Salvador Palop de poner fin a su militancia en el PP. Una iniciativa que se ha dejado en manos de ellos pero que de hecho refleja el deseo de los máximos dirigentes del Partido Popular de "salvar" en lo posible al conjunto de la organización, máxime cuando falta un mes para unas elecciones.

Cúpula en lugar de minarete

El diputado popular Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que participó anoche en un coloquio de Antena 3, se mostró partidario de ampliar la participación en los cuadros directivos del PP en la toma de decisiones. "Cuando un partido en vez de cúpula tiene un minarete, es más vulnerable", afirmó.

El dirigente popular, que expresó su apoyo a José María Aznar, afirmó también que en los medios periodísticos se había exagerado la importancia de la dimisión de Arturo Moreno, y terminó asegurando que "al igual que se debería haber hecho en el PSOE, en el PP había que haber dimitido a algunos".

El presidente-fundador del PP, Manuel Fraga, advirtió ayer en Oviedo que no ha sido citado a declarar ante el Tribunal Supremo pero que si el tribunal le requiere acudirá "como un súbdito más del Estado". Fraga, que nombró a Naseiro como tesorero de AP, aseguró que no tiene nada que ver con "lo que haya podido haber" y que él nunca ha conocido ni autorizado métodos irregulares para captar fondos". Fraga arguyó que no había oído siquiera el nombre de Palop, aunque es posible que se encontrara con él en algún viaje a Valencia. Fraga subrayó que el fiscal del Estado, Leopoldo Torres, "quiso acallar a la prensa cuando salió el asunto Juan Guerra, y ahora quiere acallar al PP y a los que critican al juez Manglano".

25. El PP intentó financiarse con el cobro de comisiones, según el sumario

· La investigación desvela la relación de Aznar y Fraga con Sanchís, Naseiro y Palop

EL PAÍS 9 MAY 1990

Los ex tesoreros del Partido Popular Ángel Sanchís y Rosendo Naseiro, junto con el concejal valenciano del mismo partido Salvador Palop, mantuvieron, más de veinte conversaciones entre diciembre de 1989 y abril de este año en las que hablaron sobre fórmulas dedicadas a obtener comisiones en negocios que llegaban a su conocimiento. Según se desprende del sumarlo instruidu por el juez Luis Manglano, Naseiro trabajaba sólo como recaudador para el PP, pero Sanchís y Palop no excluían el beneficio personal y se planteaban marginar a Naseiro.En el curso de las conversaciones, que fueron grabadas por la policía con autorización judicial, se indica que de los citados manejos estaban informados Manuel Fraga, en unos casos, y José María Aznar, en otros. En los diálogos no se tratan más asuntos políticos o ideológicos que el diseño de maniobras para evitar que algún oponente se sitúe en terrenos que Sanchís y Palop consideran suyos. Por ejemplo, estudian cómo evitar que Pedro Agramunt, presidente del PP en Valencia, obtenga más poder, porque si lo consigue se queda con el "quiosco económico".

No sólo existía una estructura de recaudación irregular o ilegal, sino intentos de meter en vereda a empresarios que no colaboran económicamente con la estructura central del PP. Así, tras informar a Naseiro de la marcha de varias peticiones de dinero que ha hecho en Valencia y Alicante, Palop le comenta que "los moros se han llamado a andanas" (alusión a que KIO no da dinero al PP), pero también se ha enterado de que existe la posibilidad de resarcirse en una operación de la plaza de Castilla de Madrid" (torres de KIO).

En relación con el caso Naseiro, Aznar declaró ayer en Valencia: "José María Aznar sólo responde de lo que José María Aznar dice y de lo que hace". Así, el líder del PP negó tener responsabilidad política de los actos de Palop, Sanchís y Naseiro.

26. Sanchís ofreció al concejal "medio kilo" por urinario público

EL PAÍS 9 MAY 1990

Una de las primeras conversaciones telefónicas intervenidas es la mantenida entre Salvador Palop, concejal y presidente de la comisión de compras del Ayuntamiento de Valencia, y Ángel Sanchis, diputado y antiguo responsable de finanzas del Partido Popular, el 13 de diciembre de 1989. En esta conversación, Sanchis ofrece a Palop una comisión de "medio kilo" (en estos negocios se habla de kilos en vez de millones). Sanchis insiste frente a las dificultades que le expone Palop.

Angel Sanchis. Sí. Por otro lado, yo te voy a enviar ahí, a Valencia, a mi hijo y a otra persona.

Salvador Palop. Sí.

Á. S. Que somos accionistas de una sociedad que te dije, que se dedica a esto de los bañotos y a toda clase de mobiliario urbano. Nosotros hemos puesto ya bañotos en Madrid, ya nos han licenciado en Madrid y Toledo, y nos van a dar también en Barcelona y en otros sitios, ¿no? Ah, y en Santander, perdón Madrid-Valencia, Madrid, Toledo y Santander. Y vamos a poner prácticamente en toda España, aunque ahí los habéis quitado.

S. P. Es que en este tema lo tengo superjodido.

Á. S. El del bañoto, ¿no?

S. P. En todo eso del mobiliario.

Á. S. ¿Por qué?

S. P. Porque ahí hubo dos o tres intentonas, y salieron muy quemados, y con dimes y diretes, y follones, y líos.

Á. S. Ya. La otra cosa que podemos hacer es poner eso también en otros municipios, como, por ejemplo... Éstos lo están... En Santander lo han puesto en las playas. Por ejemplo, en la playa de Cullera, poner un par de ellos; en la playa de Mareny Blau...

Á. S. Bueno, ahí escúchame, en el bañoto, según el precio que podamos poner, hay medio kilo para ti, ¿eh?

S. P. ¡Joder!

Á. S. Vamos, para cada uno, ¿eh? Es decir, para tu comisión, para ti, para mí, para los dos, para repartirlo como tú quieras, para hacer lo que... Para que hagamos lo que queramos con el medio kilo.

(... )

Á. S. Pues ahí, lo que nos interesa saber simplemente... La misión tuya en este caso es muy sencilla y muy concreta, y muy pequeña. Simplemente que me digas: mira, en tal sitio no hay nada que hacer porque es todo de ellos; por tanto, ya iré yo por la otra vía... O que me digas: en tal sitio es nuestro, y tienes que ir a ver a fulanito de parte mía, y que tú les des una llamada para decirles: oye, irá a verte fulanito de tal, que es nuestro, que es patatín, que es hijo de fulanito de tal, que atiéndelo bien, etcétera. Que es lo que he hecho yo, llamar al alcalde de Toledo y nos ha atendido de maravilla, y siendo hijo mío y tal, pues nos ha atendido, fíjate tú, enseguida los ha comprado.

27. Indicios de responsabilidad de Fraga y Aznar

· La investigación del juez Manglano ofrece datos sobre la implicación de los dos dirigentes del PP

EL PAÍS 9 MAY 1990

Los "indicios racionales de criminalidad" apreciados por el juez Luis Manglano en "la conducta investigada (...) por parte de personas aforadas", y que provocaron su inhibición en la causa y su remisión a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, apuntaron a Ángel Sanchis, José María Aznar y Manuel Fraga, dirigentes los tres del PP en los últimos tiempos. La implicación en el caso Naseiro de estos dos últimos, que corresponde ahora investigar al Tribunal Supremo, aparece extensamente reflejada en las diligencias previas practicadas por el magistrado Manglano en Valencia durante 137 días.

Las conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial a los principales implicados reflejan una permanente preocupación por las adjudicaciones de contratas o las concesiones de obras a empresas afines, así como la pugna entre sectores del propio PP por controlar los métodos de engrosar las finanzas del partido. En este marco se produjeron una serie de conversaciones que, a juicio de los investigadores, muestran un conocimiento por parte de Fraga y Aznar de los manejos de Sanchis, Rosendo Naseiro y Salvador Palop.Así, la llamada telefónica de Sanchis a Palop registrada a las 15.42 horas del 12 de diciembre de 1989 contiene este diálogo:

Salvador Palop. ...El tema es que estuve con José María Aznar y José María me bajó... a Naseiro. Y...

Ángel Sanchis. Ya me lo acaban de decir. Te llamaba yo para ese. Pues metiste la pata con Naseiro, ¿eh?

S.P. ¿Por qué?

Á. S. Claro. Por que hay que ser más prudente. Es que yo acabo de comer con él, y me ha contado toda la entrevista, y yo le he tratado de calmar lo que fuese, ¿no? Pues no se fía de ti. Porque claro, tú por ejemplo le dijiste... "Yo soy legal y tal". Y éste me decía..., fíjate, a mí éstos que presumen de legal, son los menos legal, patatín, patatán. .. Claro, le dijiste varias cosas que a él le han hecho sospechar. (...)

S.P. (...) Pues a mí me cogió Aznar y me dijo: ¡Sube para arriba! Y a mí el que me obligó es Aznar.

Á. S. Me lo ha dicho él [Naseiro], me lo ha dicho él. Sí, sí, que tú estuviste hablando con Aznar y Aznar dijo pues todo estos temas... a Rosendo.

S.P. ¡No, no, no!... ¡Fue al revés! Rosendo te ha buscado un tío que te interesa mucho. Eso fue lo que le dijo por teléfono delante de mí. Y a mí me llamó.

Á. S. Un momento. Tengo que hablar contigo un momento. No me interrumpas. Tengo que hablar contigo... Lo que sea, icoño!, no seas tan impaciente déjame que acabe, si...

Encargo de Aznar

S.P. Entonces para mí es al revés. Y Rosendo lo llama Aznar y a mí Aznar me coge y me dice: bajo para la Comunidad Valenciana, encárgate tú. (...)

Á. S. (...) Sí, sí, sí. Porque Aznar, como todos muy bien saben aquí, te lo he dicho yo, está por la labor de hacer lo que nunca ha hecho el otro.

S.P. Está haciendo uno en cada comunidad. Si me lo ha explicado. Va un tal... Uno en Galicia y otro en... en Castilla León, yo sé quién es. (...) El de economía ese.

Á. S. Lo que pasa es que, claro, en el mismo instante en que tú des demasiadas informaciones entonces todo tiene que ser para Rosendo y nada para tí.

S. P. No, ya. ( ... )

Á. S. Hablaste demasiado.

S. P. No, no. Con Aznar, lo justo.

Á. S. No, no. Con Rosendo, con Rosendo. (...)

S.P. ¡Ah!, y me preguntó: ¿Y con Ángel has llevado algo? Y le digo, nada. Ángel lo único es que producto de comidas ha dicho teneis que portaros bien (...)

Á. S. ¿Cómo, cómo, cómo?, no entiendo eso.

S. P. Le dice: Que teneis que ayudar a unos amigos que son amigos nuestros.

Á. S. Pero eso lo dijo, ¿quién, Rosendo, o... ?

S. P. Sí. Con Ángel. Y yo digo, con Ángel yo no he hecho nada. No me ha dicho nada porque Ángel ni se ha enterado que sabía, lo que pasa es que llamaba al grupo y, decía: Oye, tenéis que compensar a estos amigos que acabo de hacer una comida y sacarles una comida con Fraga y tenemos que hacerles un favor, portaros bien y nada más. Es lo único que he dicho. (...)

Á. S.(...) De toda esta operación, lo bueno, lo único bueno que hay es que aún cuando le hayas infundido algún tipo de sospecha, o no le hayas caido de primeras bien, lo bien cierto es que te han encargado del tema y eso ya te da una pátina, ¿comprendes?

S. P. Y además, por Aznar.

Á. S. Exactamente, eso es lo que...

S. P. Que yo voy a Aznar y le digo: Éste es un burro, y Aznar me hace más caso a mí que a Rosendo.

Á. S. Exactamente, eso es lo que...

S. P. ¿Pero tú sabes que Aznar me hace más caso a mí que a Rosendo?

Á. S. Bueno, no, no, no te lo creas.

S.P. Mira, pues yo te digo una cosa, para que te... te voy a poner un ejemplo. El día que vino José María Aznar, ¿sabes lo que hizo? Se levantó allí delante de todos los candidatos y dijo: Borito, tú, te espero en el Astoria. Y el único que fue a comer y se sentó al lado de su mujer en la zona particular de él, de Valencia, fui yo, y no Agramunt.

Palop, "superapoyado"

Seis días después, el 18 de diciembre último, a las 18.26 horas se produce una conversación telefónica entre Palop y Javier Domínguez, arquitecto del ayuntamiento de Cullera (Valencia), con quien Palop deseaba cerrar una operación sin el control de Juan Antonio Montesinos, presidente de la gestora regional del PP.

Javier Domínguez. (...) Vale, vale... Oye, llamo a Montesinos ahora mismo y te llamo en seguida.

Salvador Palop. De acuerdo. Que no me toque a mí el regional que yo soy... dile..., dile..., tú dile que yo estoy super apoyado por Aznar, por la Biblia en pasta, por todo, ¿eh?, y él como no tiene ni puta idea. (...)

J. D. Ahora mismo le

llamo.

S.P. Fraga, Aznar, tú, ¿eh?.

J. D. Tranquilo, no digas nombres....

S.P. ...Agramunt, todos.

J. D. No digas nombres.

Al día siguiente, 19 de diciembre, Ángel Sanchis llama a Salvador Palop y hablan sobre el Plan de Ordenación Urbana de Cullera (Valencia), en el que estaba previsto que el PP se llevara 25 millones de pesetas.

Salvador Palop. (...) Esto, esto es una operación muy gorda, ¿eh?. La que se nos plantea (...).

Ángel Sanchis. Yo he hablado hoy con Rosen, ¿eh? Le he dicho... el tema que él me ha vuelto a decir es que éste tal, y le digo: Mira, ese chico déjalo de mi cuenta que yo me entenderé con él y tal. Así es que así hemos quedado, que ese tema lo llevaré yo contigo y tal. Ya le he dicho que eso son. Que tú estabas arreglando ese tema, que son 50. Me dice: Pero es que él ya le había dicho a José María 50, y digo: No, él no le ha dicho nada. Y dice, sí, sí. Y le digo: Bueno, a él no le ha dicho cantidad José María.

S. P. Yo a José María no le hablé nada claro.

Á. S. Exactamente.

S. P. Es que eso... es que claro éste tío es un liante, ¿eh?

Á. S. Claro, eso se lo he dicho cantidad de veces a José María, digo: esto son 50, efectivamente lo son; 25 para fulanito y 25 para tí. Y de los 25 de allí, le he dicho y le he dicho yo: Yo te sugiero que algo habría que darle a este chico. (...)

El 8 de enero de 1990, Arturo Moreno, vicesecretarlo general del PP, habla con Salvador Palop de los últimos éxitos económicos.

Salvador Palop. Pero tú eso también coméntaselo a José María [Aznar], para que sepa qué es lo que estamos...

Arturo Moreno. Que yo no le he dicho nada, pero lo sé porque a mí directamente, a través de José María, José María no me ha dicho nada, pero de otras personas que me han dicho, que sí. Que, ha hablado muy bien de nosotros y tal. Es que estuve comiendo el viernes con Luis Fraga, con el sobrino de Fraga, ¿no?, que trabaja ahí.

S. P. Sí.

A. M. Y que está muy... es también muy amigo de Naseiro, ¿no?, entonces me lo dijo, que rne ponía por las nubes y tal, o sea que ahora mismo, tenemos muy buena relación con este tío. Vamos a aprovecharla, macho.

S. P. Sí, pues por de pronto, cuando puedas se lo cornentas a José María lo que estamos consiguiendo.

A. M. Claro, claro, claro. Exactamente, a ver... Lo que pasa es que yo, lo de Luis [Janini, directivo de Dragados y Construcciones], el Jesús Balaguer, esto José Balaguer [directivo de ETRA].

En su declaración ante el juez Manglano del 12 de abril último, Palop manifiesta, según figura en las diligencias judiciales: "Que quiere aclarar que con José María Aznar no ha tenido más relación que cuando estuvo en Valencia con ocasión de las elecciones generales, comiendo entonces con dicho diputado el presidente del partido en el hotel Astoria. Sin que haya tenido con él ninguna reunión más, precisando que en la comida del Astoria estuvo también con periodistas, y nunca a solas".

Naseiro y "el patrón"

Por su parte, Rosendo Naseiro, en su declaración del 13 de abril de 1990 ante el juez Manglano reconoce que cuando en las grabaciones de conversaciones telefónicas habla del "patrón" de Galicia, "se refiere a don Manuel Fraga y quiere significar que los dineros que se entregaran al partido debían de estar centralizados en Madrid sin que debieran entregarse en Galicia".

Naseiro explica en su declaración "que se refiere a donativos, aclarando que cuando menciona los 300 millones, se refiere a que en Galicia ya tienen cubiertos los 300 millones de gastos del partido en esa región".

Naseiro agregó ante el juez Manglano que "todo era un farol para contentar a Boro [Palop], puesto que contándole eso a Boro, se quedaría contento con respecto al cariño del patrón".

28. El Partido Popular trata de atajar las consecuencias políticas que le supone el 'caso Naseiro'

· Ángel Sanchis se da de baja en la formación conservadora para "no perjudicar" al partido

EMILIO ALFARO 8 MAY 1990

La comisión permanente del PP, el máximo órgano entre congresos, se reunió ayer para estudiar una estrategia que contrarreste los efectos del llamado caso Naseiro sobre las principales figuras del partido. En este sentido, se considera que la baja como militante solicitada, también ayer, por el ex tesorero Angel Sanchis supone un intento de acotar las responsabilidades del caso en las personas incluidas en las diligencias que instruyó el juez Luis Manglano.

La tranquilidad y el cierto optimismo manifestados en los últimos días por la dirección del PP en relación al caso Naseiro se ha trocado en inquietud al conocerse los primeros detalles del sumario. La filtración de parte de las conversaciones mantenidas entre el concejal popular de Valencia Salvador Palop y los ex tesoreros del partido Angel Sanchis y Rosendo Naseiro ha puesto de manifiesto que, al parecer, tanto Manuel Fraga como el actual presidente del partido, José María Aznar, conocían o toleraban sus gestiones para obtener de forma irregular fondos para financiar el PP.Tras haber revisado el sumario, en la sede popular de la calle Génova se estima que del mismo no van a deducirse consecuencias legales para los implicados. Sin embargo, existe una indisimulada preocupación por las "repercusiones políticas" que puede tener el caso sobre la etapa propicia que se estaba abriendo para la formación de centro derecha con la dirección de Aznar.

En este clima se reunió en la tarde de ayer la comisión permanente del PP durante cuatro horas. A su término, el mutismo fue absoluto por parte de los asistentes, que rehuyeron las preguntas de los periodistas que esperaban a su salida. únicamente se facilitó un comunicado en el que ni siquiera se informa si se ha aceptado la baja de Sanchis, aunque se da cuenta de que Alberto Ruiz Gallardón y Rodrigo Rato explicaron la situación actual de las actuaciones judiciales.

En la nota de prensa se anuncia, por otra parte, la aprobación de una propuesta para crear un registro de intereses en el que los cargos directivos y electos del partido deberán declarar sus negocios y bienes patrimoniales. Para conocer los detalles de lo tratado se emplaza a la conferencia de prensa que da hoy José Maria Aznar en Valencia.

Para no perjudicar

Ayer a media mañana se supo que Sanchis, uno de los principales implicados en el sumario del llamado caso Naseiro, solicitó su baja como afiliado, para intentar salvaguardar la imagen del partido que preside José María Aznar y no crear divisiones internas, según sus propias palabras.

La petición de baja, que se produce un día después de conocerse detalles concretos de las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con el concejal valenciano Salvador Palop, no va acompañada con el abandono de su escaño en el Congreso. "Que nadie piense que tengo miedo a que me juzgue el Tribunal Supremo", declaró Sanchis.

Con su decisión, que comunicó ayer por escrito a José María Aznar, el antiguo tesorero del PP se adelanta a cualquier medida que pudiera adoptar la ejecutiva popular.

Varios dirigentes se habían manifestado favorables a incoar un expediente disciplinario a Sanchis y a los otros militantes que aparecen comprometidos en las actividades de cohecho investigadas por el juez Manglano, con el fin de atajar el daño causado a la imagen del partido.

Angel Sanchis negó que con su renuncia pretendiera evitar el expediente y subrayó que a su regreso de Argentina, hace dos semanas, ya había manifestado el deseo de retirarse de la vida política.

Rechazó también que el paso dado signifique un reconocimiento tácito de culpabilidad. "Lo he hecho para ver si con esto evito perjudicar al partido. No quiero que se produzca ninguna división en el partido que ha sido mío hasta hoy", manifestó a este periódico el número ocho de la lista del PP por Madrid, quien sentenció: "Muerto el perro, se acabó la rabia".

El ex tesorero del PP declaró estar convencido de no haber cometido ningún acto delictivo, pese a que las transcripciones publicadas de sus conversaciones con Salvador Palop parecen comprometerle en presuntos casos de cohecho. "Hoy estoy mucho más seguro que cuando llegué de Argentina, porque he leído el sumario", indicó Sanchis, quien cortó con contundencia cualquier réplica: "En las cintas no hay ninguna prueba. Sólo unas conversaciones en las que únicamente se habla de hechos futuros que no se han producido".

A la pregunta de por qué no ha presentado también su renuncia al acta de diputado, el político y empresario señaló que lo hará cuando "todo se aclare". "No tengo ningún miedo a que me juzgue el Tribunal Supremo", añadió. En el caso de que abandonara el cargo de diputado y no hubiera ninguna otra persona aforada, el sumario volvería otra vez a manos del juez Manglano.

Ni una queja

Sanchis declaró que de sus labios no iba a salir "ni una queja" sobre el trato que ha recibido desde su partido, y se mostró mucho más crítico con el comportamiento de los medios de comunicación. "Ya me han condenado", agregó. "Me siento más protegido por el juez Manglano que por la prensa. Aquél, por lo menos, me juzgaría por hechos, no por impresiones".

Antes de pedir la baja como afiliado en una carta dirigida a Aznar, Sanchis habló durante el domingo y la mañana de ayer con varios miembros del PP, entre ellos con Ruiz-Gallardón.

29. Sanchis abandona el PP para 'salvaguardar' la imagen del partido

· El Consejo General de la Abogacía critica con dureza al juez Manglano

EL PAÍS 8 MAY 1990

La Comisión Permanente del Partido Popular, máximo órgano entre congresos, se reunió a primera hora de la tarde de ayer, tras conocerse la baja del diputado Angel Sanchis como militante del partido y en medio de una discreción absoluta, para estudiar una estrategia que les permita hacer frente a la situación creada por la filtración de algunos detalles del sumario del llamado caso Naseiro.

El Consejo General de la Abogacía, que preside Antonio Pedrol Ríus, emitió también ayer un comunicado en el que critica duramente al juez Luis Manglano por no haber permitido que los detenidos eligieran libremente a sus abogados.Las conversaciones mantenidas entre el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palor, y los ex tesoreros del partido Ángel Sanchis y Rosendo Naseiro, parcialmente conocidas desde que se, levantara el secreto del sumario, han transformado el optimismo inicial manifestado por la dirección del PP en cierta preocupación.

Tras haber revisado el sumario, los dirigentes populares estiman que del mismo no se deducirán consecuencias legales para los implicados, pero crece la preocupación ante el coste político que todo el proceso pueda tener para el futuro del partido. La baja solicitada por Angel Sanchis constituye un primer intento de acotar las responsabilidades del caso en las personas incluidas en el sumario.

El diputado del Partido Popular aseguró ayer que con esta medida pretende "salvaguardar la imagen del partido y no crear divisiones internas". Sanchis, que no abandonará su escaño en el Congreso de los Diputados, al menos por el momento, subrayó que con su renuncia no pretende evitar el expediente. "Que nadie piense que tengo miedo a que me juzgue el Tribunal Supremo", manifestó.

30. El Supremo comprobara si Fraga y Aznar están implicados en el 'caso Naseiro'

· La fiscalía estará "vigilante para impulsar el proceso", afirma Leopoldo Torres

BONIFACIO DE LA CUADRA 7 MAY 1990

El magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, designado instructor del caso Naseiro, ordenará en los próximos días algunas diligencias para comprobar la implicación de José Moría Aznar y Manuel Fraga que refleja el sumario remitido por el juez Luis Manglano, según fuentes jurídicas. El fiscal general, Leopoldo Torres, informó ayer a EL PAÍS que estará "vigilante para impulsar el proceso".

Todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el Tribunal Supremo no ha excluido de su actuación a presuntos implicados distintos de Ángel Sanchis, ex tesorero del PP y actual diputado conservador. El alcance de la iniciativa del Supremo en relación con Sanchis es, según tales fuentes, asegurar la competencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo por tratarse de un implicado sobre quien el sumario arroja un copioso cúmulo de indicios.Una vez garantizada esta competencia, el magistrado instructor tendrá que completar la investigación realizada en Valencia, que, según fuentes que conocen a fondo la investigación realizada, se calcula en un 80%, por lo que sólo queda para el Supremo un 20%, que es probable que se centre en la comprobación de los indicios sobre personas aforadas.

Por otra parte, fuentes próximas al Supremo estiman que los integrantes de la Sala Segunda para el caso Naseiro -Enrique Ruiz Vadillo (presidente), Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta y José Luis Manzanares Samaniego- tienen una impresión inicial favorable a la continuidad de las actuaciones, y de ahí que desde el primer momento designaran ponente de la causa. Otras fuentes judiciales consideraron, en cambio, prematura tal designación -que recayó en el magistrado Manzanares-, y entendieron que, por el momento, era suficiente con nombrar instructor.

El papel del riscal

En cuanto al papel de la fiscalía, Torres reiteró ayer su disposición a impulsar el proceso, que se tramita por el procedimiento abreviado -a través de los fiscales Juan Martín Casallo o Emilio Vez-, a supervisar lo que ellos le propongan, y, en su caso, a re currir las decisiones del magis trado instructor.

Una circular de la Fiscalía General del Estado de 25 de marzo último sobre la función de los fiscales de impulsión y simplificación del procedimiento abreviado recuerda que el fin de las diligencias judiciales previas "es, fundamentalmente, no preparar el enjuiciamierito ( ... ), sino preparar la acusación". Asimismo indica que en tal procedimiento Ias diligencias de la investigación judicial no tienen finalidad probatoria (.. .), sino sólo de acumulación de fuentes de conocimiento de los medios de prueba disponibles.

Desde esta perspectiva, el fiscal general se opone a las diligencias "reiterativas y retardatorias" y estima que "a nada conduce la reiteración en la investigación judicial de las [fuentes de conocimiento] ya conocidas, debiendo rehuirse todo riesgo de burocratización del proceso".

Fuentes fiscales indicaron que, aplicando estas normas al caso Naseiro,corresponde ahora al instructor comprobar los indicios de responsabilidad en los que no pudo avanzar el juez Manglano, y en concreto la supuesta implicación de Sanchis, Fraga y Aznar.

Diligencias inminentes

Tales fuentes indicaron que, una. vez asegurada la competencia. del Tribunal Supremo para realizar diligencias relativas a Fraga, o Aznar, no es preciso indagar previamente su condición de afórados. Dada, la rapidez con que el Supremo quiere resolver esta causa -que le ha llevado a aplicar el procedimiento abreviado-, para esta misma semana es; muy probable, según las mismas; fuentes, que: el magistrado Román Puerta ordene, de oficio o a instancia del fiscal, las primeras diligencias.

En relación con las afirmaciones de algunos abogados de los implicados -y en concreto Luis Rodríguez Ramos, defensor de Ángel Sanchis- sobre que las conversaciones se refieren a futuras operaciones, fuentes fiscales insistieron ayer en que para que exista el delito de cohecho no es preciso que se consume la oferta o promesa realizada.

En la tipificación de este delito, el Código Penal se refiere a la aceptación, ofrecimiento o promesa de dádiva o presente, y en concreto el artículo 391 incluye en el delito de cohecho las conductas de Ios que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper", dice el precepto, "a los funcionarios públicos".

Cohechos en forma de "fotocopias"

El sumario del caso Naseiro recoge numerosos indicios en los que el juez Luis Manglano fundamentó su convicción de que Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Salvador Palop se encontraban implicados en diversos cohechos, algunos de ellos en forma de "fotocopias", clave para indicar cantidades de dinero a obtener en las operaciones presuntamente delictivas.Las diligencias judiciales recogen conversaciones en las que se empieza hablando de "fotocopias" y poco después se indica si se van a entregar "en efectivo o en cheques", y otras veces se pregunta si será necesario Ilevar el maletín".

En el caso de ETRA, la empresa eléctrica que trató, sin éxito, de obtener del Ayuntamiento de Madrid la adjudicación del alumbrado y la señal¡zación de las áreas de Fuencarral-El Pardo (veáse EL PAÍS de ayer), el sumario revela las intensas gestiones del directivo de ETRA José Balaguer para que Naseiro y Palop le echaran "un cable en Madrid".

Empresario agradecido

Balaguer prometía que sabría ser agradecido y cumplir con sus compromisos, según consta en el sumario. El 18 de marzo de 1990, Balaguer invitó en un casal fallero a miembros de la ejecutiva del PP de Madrid aunque Naseiro no acudió porque le molestaban los petardos

En sus declaraciones ante el juez Manglano, Balaguer explicó que si no hacía una donación al PP perdía el 100% de posibilidades de su oferta.

En otro caso, en que se trataba de desatascar la adjudica ción de las obras del tramo del Turia denominado Vetges-tó, el sumario revela que Naseiro preguntó a Palop si OFISA, la empresa adjudicataria, había pasado "por taquilla". Palop explicó que ocho años antes no era necesario, porque el PSOE tenía mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia.

El problema que existía ahora era que el PP había utilizado como arma electoralista las obras del Vetges-tó y favorecer su desatasco significaba dar marcha atrás en sus posiciones políticas. Las grabaciones reflejan que, a pesar de este problema político, si la empresa adjudicataria pasaba "por taquilla", cabía alcanzar una solución.

"El caminito"

En una de las grabaciones se escucha a Naseiro advertir que el que quiera negociaciones tiene que pasar por "el caminito" que lleva a las puertas de España [en referencia a Madrid].

También figura que Luis Janini, directivo de Dragados y Construcciones, se interesó por la adjudicación de los 600.000 metros cuadrados del Plan de Ordenación Urbana de la Avenida de Francia, en Valencia. El concejal Palop le dijo que estaba bien situada, pero que ya le informaría.

31. El sumario revela que Fraga y Aznar conocían el sistema de obtención de fondos para el PP

· El juez Manglano observó indicios de cohecho en el 'caso Naseiro' concentrados en cuatro operaciones

BONIFACIO DE LA CUADRA 6 MAY 1990

Los casi 1.000 folios del sumario "y sobre todo la escucha de las cintas, con el tono con que se realizan las afirmaciones y la rotundidad con que se planean los delitos", según esas fuentes, "junto al resultado de las declaraciones efectuadas por los principales implicados, evidencian una estructura de financiación en la que las irregularidades están asumidas como normales". Tal estructura aparece centralizada en Madrid, con termínales en cada una de las comunidades autónomas.Rosendo Naseiro., dimitido como tesorero del PP tras estallar el caso que lleva su nombre, figura como eje de esa estructura, y Salvador Palop como hombre en Valencia. El anterior tesorero y actual diputado, Angel Sanchis, aparece a los ojos de los otros dos implicados cimo protagonista de puenteos a Naseiro, a quien pretendió echar de la ejecutiva, según consta en el sumario.

El sumarlo incluye datos sobre la voluntad de Aznar de que Palop, inicialmente apadrinado por Sanchis, sea su hombre en Valencia, pero coordinado con Naseiro, quien también rclata las pruebas de confianza dadas por el actual presidente del PP a su persona y a la estructura de financiación que dirige.

Respecto al "patrón", es decir, Manuel Fraga, anterior presídente del PP, Naseiro comenta que si éste lleva a cabo su pretensión de llevarse a Galicia aportaciones de algunos empresarios, sería capaz de filtrarle información a un consejero ele la Xunta "para acabar con su fama de hombre lionesto".

Valencianos a Galicia

Naseiro recuerda que Fraga ya tiene bastante con los 300 millones de pesetas que utilizó, procedentes de denaciones, aunque en la contabilidad del partido sólo aparecieron menos de 100 millones por ese concepto. Una de las cintas recoge la risa de Sanchis cuando revela una llamada de Fraga "casi lloroso de emoción poi-que en las clecciones gallegas fue un tren de valencianos a Galicia".

Sanchis apostilla que Fraga cree que fueron espontáneos, pero que en realida.d le costó tres millones de pesetas que "habrá que sacarlos de alguna parte", y en concreto propone sacarlos de las fotocopias,contraseña para referirse a las cantidades captadas.

En las declaraciones ante el juez, Palop explica sus conversaciones diciendo que tenía miedo a Sanchis y por eso trataba de "darle bola", mientras que de las mantenidas con Naseiro dice no acordarse. Naseiro señala que no quería desilusionar a "este chico" y por eso le llevaba. la corriente.

Luis Janini, directivo de Dragados y Construcciones, al oir su propia voz negaba que lo fuera si decía algo jurídicamente grave y, en cambio, la reconocía cuando, por ejemplo, afirmaba que se iba de vacaciones.

Los cuatro casos principales investigados por el juez Manglano revelan, según figura en el sumario, presuntos delitos de cohecho, que se cometen con el simple ofrecimiento o propuesta de corrupción, aunque no se lleven a la práctica.

Así ocurrió con la contrata de recogida (le basuras de Alicante, que Naseiro intentó que se concediera a Dragados y Construcciones, empresa con la que estaban en contacto para captar unos 75 millones de pesetas en 10 años. Fue adjudicada a Construcciones y Contratas y Naseiro no llegó a tiempo.

Reparto de millones

Otro negocio previsto fue el del Plan de Ordenación Urbana de Cullera (Valencia). Puesto que la obra valía 150 millones (kilos en el argot de las cintas), Palop propuso presupuestarla en 200, a fin de dividir a partes iguales los 50 restantes entre el PP y el arquitecto.

Sanchis plantea: "¿Y nosotros7, y, Palop encuentra la fórmula: se le dice al arquitecto que el partido quiere 30 y al partido que el arquitecto quiere 30 y se le da a cada uno de ellos 20. Así quedarían 5 para Palop y otros 5 para Sanchis. El negocio se abortó al surgir el caso Blasco en Valencia.

Carlos Bonet, un directivo de Huarte, tras lograr una indemnización relacionada con las obras del Polideportivo de Valencia, habló con Palop, le dijo que leyera el diario Levante [era el 28 de marzo de 1990 y en el periódico aparecía destacada la noticia de la indemnización] y le propuso celebrarlo "con una mariscada y algún polvo".

José Balaguer, directivo de ETRA, una empresa de electricidad, pidió ayuda a Palop y Naseiro para obtener una contrata de alumbrado y señalización en el área de Fuencarral / El Pardo (Madrid). El negocio se frustró, porque el concejal del PP Enrique Villoria indicó que el informe técnico era desfavorable.

32. Las cintas del 'caso Naseiro' revelan presiones económicas a algunos militantes

EL PAÍS Valencia 3 MAY 1990

Las grabaciones telefónicas realizadas por orden del magistrado valenciano Luis Manglano, pruebas fundamentales en el denominadocaso Naseiro, incluyen conversaciones en las que se aclara la imposición de castigos a los militantes que se negaron a prestar su colaboración en el cobro de comisiones, según publicó ayer el diario Las Provincias, de Valencia.El concejal del Partido Popular (PP) Salvador Palop y el ex tesorero del mismo partido y diputado por Madrid Angel Sanchis comentan, en dichas cintas, que algunas personas del partido son reacias a participar en "manejos de financiación". Siempre según el citado periódico, Palop se queja a Sanchis de que Juan Antonio Montesinos, presidente de la gestora regional del PP, no quiere colaborar. Montesinos recibió inmediatamente una llamada de Ángel Sanchis que le hizo cambiar de opinión.

Montesinos aseguró ayer a este periódico que nunca en su vida ha mantenido una conversación telefónica con Palop, informa Menchu Illán. El presidente de la gestora regional del PP agregó que la última vez que habló con el concejal fue personalmente. Montesinos sí que reconoció haber hablado "un montón de veces" con Angel Sanchis, pero matizó: "claro que he hablado por teléfono con él, pero no de esos temas en los que quieren implicarme". Otro de los nombres que se cita en las conversaciones telefónicas es el de Maribel Díez de la Lastra, portavoz del grupo municipal del PP en Alicante y cuñada de Montesinos. A la portavoz municipal se le comunicó que si no participaba en las operaciones, no vería su nombre en las próximas listas electorales.

Las garbaciones recogen también una conversación dentre Rosendo Naseiro, ex tesorero del Partido Popular, y Palop, en la que el primero comenta que le parece inadmisible la decisión de Manuel Fraga de "querer llevarse a Galicia a todos los empresarios que yo he captado para el partido".

33. Aznar y Fraga conocían las prácticas investigadas en Valencia, según las cintas

· La remisión al Supremo no se ha debido sólo a la supuesta participación de Ángel Sanchis

ANDREU MISSÉ 27 ABR 1990

La decisión del juez Luis Manglano de remitir al Tribunal Supremo las investigaciones del llamado caso Naseiro, sobre prácticas irregulares de cobro de comisiones, obedece al hecho de que al menos cuatro dirigentes del Partido Popular aparecen presuntamente implicados en los hechos por los que se han producido las actuaciones judiciales, según fuentes vinculadas directamente a las investigaciones. Tres de ellos son diputados, Ángel Sanchis, Arturo Moreno y José María Aznar, y el cuarto es el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, cada uno de ellos en distinto grado de presunta implicación o conocimiento de los hechos.

ANDREU MISSÉHasta el momento, la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo se había relacionado únicamente con el diputado Ángel Sanchís, ex tesorero del PP.Las mismas fuentes aseguran que el elevado número de veces que Aznar y Fraga son mencionados en las conversaciones telefónicas -que fueron intervenidas por orden judicial- y los conocimientos de gran número de hechos, que se les atribuyen en las mismas, han sido elementos determinantes para la remisión de todo el asunto al Tribunal Supremo.

Las mismas fuentes aseguran que "la profusión de datos obtenidos en las conversaciones telefónicas intervenidas ponen de relieve que las principales operaciones financieras efectuadas por el responsable de Finanzas del PP, Rosendo Naseiro y el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, eran perfectamente conocidas por los máximos dirigentes del partido".

Uno de los investigadores ha precisado que toda la información obtenida conduce a pensar que las operaciones encaminadas a obtener fondos eran conocidas por la dirección del PP. "Lo contrario sería como pensar", añade, "que el presidente de una empresa no sabe lo que hace su consejero delegado".

En las conversaciones intervenidas a Sanchís, Palop y Naseiro, se da cuenta de una presunta orden de José María Aznar, presidente del PP, para el cese de todo este tipo de operaciones financieras, a excepcion de las de cuantía más elevada. En la misma conversación se afirma que Aznar aconsejaba la limitación de las operaciones a los bancos de la más estricta confianza.

La orden de Aznar fue una medida de cautela, motivada por el escándalo que provocó el cese del conseller socialista de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco. Este hecho se produjo a finales del año pasado, por irregularidades cometidas presuntamente por funcionarios a su cargo. Las investigaciones consiguientes se efectuaron sobre adjudicaciones anómalas de obras.

Según las escuchas telefónicas realizadas, también ha trascendido una reunión celebrada en el Hotel Astoria de Valencia, en la que Ángel Sanchís menciona la satisfacción de José María Aznar por el trabajo realizado por Salvador Palop en la consecución de recursos.

La investigación ha puesto de relieve que, además de su cargo de concejal y responsable de compras en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop actuaba como coordinador de los responsables de finanzas de los municipios controlados por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, lo que le da una relevancia en las investigaciones en curso, superior a lo que se pensaba con la información disponible hasta ahora.

Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, la experiencia de Valencia había sido considerada como ejemplar y se planeaba la aplicación de estos mecanismos a otras comunidades.

Referencias a Fraga

Las referencias a Manuel Fraga en las cintas son también numerosas. Pueden ser especialmente delicadas para el presidente de la Xunta de Galicia las que ponen de relieve un cierto enfrentamiento entre el líder histórico del PP y el equipo de Aznar, por el interés del primero de llevarse a Rosendo Naseiro a su equipo en la comunidad gallega. En estas conversaciones se alude a actuaciones anteriores en materia de financiación, cuando Fraga estaba al frente del partido.

Por otra parte, las mismas fuentes consideran que una hipotética renuncia de Angel Sanchís a su condición de diputado no significarían una vuelta de las diligencias al Juzgado de Valencia, ya que primero sería preceptivo averiguar las hipotéticas responsabilidades de los otros diputados por un órgano competente para ello, como es el Tribunal Supremo.

No obstante, Sanchís ha aclarado que, de momento, no piensa renunciar al escaño, aunque probablemente abandonará definitivamente la política cuando se aclare todo el asunto en que aparece presuntamente implicado.

34. Sanchis trasladó el equipo de gestión de sus empresas a la tesorería del partido

EMILIO ALFARO 27 ABR 1990

Angel Sanchis Perales llevó a la tesorería de Alianza Popular al equipo de personas que se ocupaba de gestionar sus empresas particulares, cuando se hizo cargo de las finanzas del partido de Fraga en 1980. Durante cerca de dos años, el ex tesorero del PP, presuntamente implicado en el caso Naseiro, siguió pagando de su bolsillo la nómina y la Seguridad Social de sus empleados, hasta que éstos pasaron a integrarse en la plantilla del partido, según diversas fuentes del PP. El propio Sanchis ha confirmado tal extremo, justificándolo en a mala situación económica que atravesaba por aquel entonces AP". Por el contrario, las fuentes consultadas consideraron "por lo menos, anómalo" el hecho de que el entonces responsable de las finanzas trasplantara en AP su equipo empresarial, al tiempo que achacaban a esa circunstancia la oscuridad" que ha rodeado a la financiación.

Dos de las cinco personas llevadas por Sanchis fueron Luis Gerardo López Delgado y Diego Moyano Clavijo, estrechos colaboradores suyos desde la etapa del Nuevo Banco, en los años setenta. Ambos llegaron a compartir el cargo de director general, a finales de esa década, en Corporación Industrial 25 SA, el sociedad tenedora de las acciones de Sanchis en otras empresas. Entre ellas se encuentra la finca de 34.000 hectáreas que posee en Argentina; Inmobiliaria Gordo SA, dedicada al alquiler de pisos en Madrid, e Hidronorte SA, una compañía creada en 1988 para instalar y explotar pequeñas centrales eléctricas.

Cuentas ante Fraga Estas dos personas llegaron a figurar como poseedores de importantes paquetes de acciones en algunas de las sociedades, aunque Diego Moyano ha precisado: "Siempre fui un asalariado que cobraba mi sueldo a fin de mes". Destacados miembros de AP y actualmente del PP han manifestado que nunca supieron a ciencia cierta cúal era la función exacta que desempeñaban los hombres de Sanchis" en la tesorería ya que sólo rendían cuentas ante Manuel Fraga.

Incluso han llegado a expresar su sospecha de que el grupo seguía llevando los negocios privados del responsable de finanzas desde la sede del partido. Sin embargo, este extremo ha sido negado rotundamente por Angel Sanchis, quien ha declarado que en ese periodo dedicó todo su tiempo a AP: "La política me ha costado dinero. Hoy soy más pobre que cuando entré en ella hace diez años", aseguró.

La suerte corrida por sus hombres ha sido muy dispar. López Delgado, que era el segundo del gerente prefesional del PP, Luis Bárcenas, abandonó su puesto cuando la primera retirada de Fraga a finales de 1986, aunque fue recuperado luego como miembro del consejo de administración de RTVE. Diego Moyano vió cómo Hernández Mancha le rebajaba al puesto de contable y era despedido finalmente hace año y medio. "A mí", dice, "me echó Naseiro".

35. El Tribunal Supremo inicia los trámites para procesar al diputado del PP Angel Sanchis

· El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la solicitud

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ 25 ABR 1990

El Tribunal Supremo inició ayer los trámites parlamentarios para poder procesar al ex tesorero de Alianza Popular y actualmente diputado del Partido Popular (PP) por Madrid Angel Sanchís. Este hombre de negocios, amigo de Fraga desde 1979, está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, Luis Manglano, en relación con el denominado caso Naseiro. El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la presentación del suplicatorio para que Sanchís comparezca ante la justicia, según confimaron ayer varios miembros de la ejecutiva nacional del PP.

El Tribunal Supremo presentó ayer en el Registro General de la Cámara baja un escrito en el que requiere la confirmación de que Angel Sanchís Perales es diputado. Este es el trámite previo, e inequívoco, para la presentación por parte del alto tribunal de un suplicatorio para poder procesar a un parlamentario. Hasta ahora, sólo las insistentes insinuaciones del juez

Luis Manglano y del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, habían sustentado la sospecha de que la persona aforada que estaba sometida a investigación judicial por un presunto cohecho para la financiación de un partido político era el tesorero de AP entre 1981 y 1986. Sanchís es el interlocutor del concejal popular en el Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop en una conversación telefónica grabada presuntamente con autorización judicial y en la que ambos dialogan, al parecer, sobre el reparto de una comisión de unos 100 millones de pesetas.

Fuentes oficiales del Partido Popular han reconocido que de todas las conversaciones telefónicas grabadas y que se encuentran en poder del juez Luis Manglano, ésta es la más comprometida para Sanchís y Palop desde el punto de vista político y penal.

La dirección del Partido Popular ha iniciado un claro distanciamiento de Sanchís, si bien está dispuesta a facilitar a éste una salida lo más airosa posible. Los colaboradores del presidente del partido, José María Aznar, subrayan ahora que excluyeron a Sanchís de la comisión ejecutiva nacional en el congreso que celebró el partido a finales del pasado mes de marzo e incluso sugieren que su inclusión como candidato a diputado se debió a un compromiso con Manuel Fraga.

Sin embargo, la cúpula del PP permitió hace tan sólo cuatro meses que Sanchís, ex cónsul honorario de la isla de Granada en Lisboa y propietario de una empresa de exportación radicada en Argentina, fuese elegido vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Hace ahora poco más de un año, Sanchís formuló una batería de preguntas críticas al Gobierno en relación con un crédito de 57.000 millones de pesetas concedido a Venezuela.

Los dirigentes del PP le han sugerido que no aparezca por el momento por el Congreso de los Diputados, y de hecho ayer no acudió al primer pleno celebrado en la Cámara desde que regresó de Argentina a finales de la semana pasada. La cúpula del Partido Popular le ha asegurado que no va a colocarle contra las cuerdas, aunque de hecho se está desmarcando de las actividades que llevó a cabo como tesorero y recaudador de fondos para AP entre 1982 y 1986.

Destacados colaboradores de Aznar reconocen que Rosendo Naseiro, tesorero del PP y detenido e incomunicado durante cinco días por el juez Manglano, se encontraba en las últimas semanas buscando financiación para la campaña electoral de los próximos comicios autonómicos en Andalucía, a la vez que niegan haber realizado en el último año cualquier encargo semejante a Sanchís. Éste, consciente del giro iniciado por los máximos responsables de su partido, ha enviado, a su vez, a la sede del PP mensajes recordatorios de que muchas de sus gestiones fueron encargadas por el partido o tuvieron a éste como beneficiario principal. Con todo, Sanchís optó el pasado viernes por comunicar a José María Aznar su disposición a que el Parlamento permita que se le procese para así poder él defenderse ante la justicia, según su propia versión. Una sugerencia que ha tranquilizado a los dirigentes del PP y les ha decidido a votar efectivamente a favor de la presentación del suplicatorio, cuya tramitación parlamentaria comenzó ayer el Tribunal Supremo.

Financiación de los partidos

José María Aznar, por su parte, declaró ayer, mientras viajaba a Nicaragua para asistir a la toma de posesión de la presidenta Violeta Chamorro, que es partidario de que el caso Naseiro suscite una amplia reflexión entre las fuerzas políticas sobre la estructura y funcionamiento del aparato de la Justicia, la financiación de los partidos políticos y la acumulación de procesos electorales, informa desde Managua Luis Matías López.

El avión de la Fuerza Aérea en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Femández Ordóñez, voló a Managua para asistir al cambio de gobierno, ñie escenario de una cumbre inusitada. Además de Aznar, viajó a Nicaragua con el jefe de la diplomacia española el líder del CDS, Adolfo Suárez.

Horas antes de que el PSOE rechazara en el Congreso su propuest a de crear una comisión de investigación sobre el caso, Aznar afirmó: "Que ellos hagan lo que tengan que hacer. Nosotros haremos otro tanto".

36. La ejecutiva del PP acepta la dimisión de Rosendo Naseiro

· El diputado Ángel Sanchís, implicado en el caso

EL PAÍS 18 ABR 1990

La Comisión Ejecutiva del Partido Popular aceptó ayer la dimisión de su coordinador nacional de finanzas, Rosendo Naseiro, principal implicado en el presunto caso de cohecho que comenzó a investigar en Valencia el juez Luis Manglano. La medida se suma a la propuesta del PP de crear una comisión parlamentaria para estudiar el escándalo, pero implica la admisión por el partido que dirige José María Aznar de que su tesorero, amigo personal de Manuel Fraga, puede estar involucrado en actuaciones presumiblemente delictivas.

Naseiro, que continúa en el PP como militante, había presentado a Aznar la dimisión el pasado día 14, nada más ser puesto en libertad condicional por el juez Manglano. La noticia de que la ejecutiva aceptaba la dimisión fue difundida ayer antes de que concluyera la reunión.El PP emitió posteriormente una nota oficial al respecto. Su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, negó rotundamente al término de la reunión de la ejecutiva que aceptar la dimisión signifique reconocer la existencia de materia punible en las Investigaciones realizadas por el juez Manglano sobre las actividades de Naseiro. Añadió que varios dirigentes del PP destacaron en la reunión "la talla política. y humana" de Naseiro al poner su cargo a disposición del partido.

En, este sentido, subrayó las diferencias con respecto al caso Juan Guerra. "Alfonso Guerra presentó la dimisión porque sabía que había algo, mientras que en este caso se presenta aun sin saber de qué se le acusa a Naseiro".

Por otra parte, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, ha impartido instrucciones para que el caso Naseiro se tramite " con la mayor celeridad posible" Ayer mismo quedó nombrado ponente para la instrucción de la causa el magistrado José Luis Manzanares Samaniego.

El único aforado que figura en las actuaciones iniciadas por el juez Luis Manglano es Angel Sanchís Perales, diputado del Partido Popular y predecesor de Rosendo Naseiro como tesorero de Alianza Popular. Sanchís se encuentra actualmente en Argentina.

37. Una investigación antidroga en torno a un hermano de Palop destapó el 'caso Naseiro"

· El sumario remitido al Supremo incluye referencias genéricas a miembros del PSOE y de Unión Valenciana

ANA CHAPA 20 ABR 1990

Una investigación policial, todavía no concluida, sobre el tráfico de cocaína en Benidorm y otras localidades de la costa alicantina destapó accidentalmente el llamado caso Naseiro. La intervención judicial de¡ teléfono de¡ ahogado Rafael Palop, hermano de Salvador, concejal de¡ Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, vinculado con un &so de tráfico de cocaína, determinó que el juez Luis Manglano comenzara las actuaciones judiciales sobre el presunto delito de cohecho en el que están implicados algunos altos cargos del PP y directivos de empresas constructoras, según fuentes relacionadas con el caso y círculos allegados al Tribunal Supremo.

Las pesquisas realizadas por Manglano y por varios agentes de la Policía Judicial de Valencia durante aproximadamente cuatro meses provocaron la detención e incomunicación del ex responsable de finanzas del PP Rosendo Naseiro; del concejal del mismo partido en Valencia Salvador Palop; del delegado en Valencia de la empresa Dragados y Consitrucciones, Luis Janini; del delegado de Huarte, Carlos Bonet; del gerente de la empresa Etra, José Balaguer, y del arquitecto municipal de Cullera Luis Latorre.Diversas fuentes han manifestado que desconocen si Rafael Palop está relacionado con el tráfico de estupefacientes, pero aseguran que es un consumidor habitual de cocaína. Las mismas fuentes afirman que en el círculo de amistades en el que se mueven tanto Rafael como su hermano Salvador circula gran cantidad de cocaína. El abogado Rafael Palop manifestó a este diario que actualmente es asesor de diversas discotecas de la zona de Benidorm y reconoció que representa a unos clientes que están implicados en el tráfico de drogas, aunque no quiso desvelar su identidad. Asimismo, Rafael Palop aseguró que su única vinculación con los hechos es profesional.

De las grabaciones realizadas a través del teléfono de Rafael Palop, el juez Luis Manglano dedujo la comisión de un posible delito de cohecho en el que presuntamente están implicados altos cargos del Partido Popular. La brigada de estupefacientes de la policía ha paralizado de momento las pesquisas sobre tráfico de estupefacientes en las zonas de Benidorm y Alicante y ha comenzado a investigar los indicios de sobornos que aparecen en algunas de las conversaciones grabadas. Desde mediados del pasado mes de diciembre, el juez Manglano y varios agentes policiales de su absoluta confianza mantuvieron intervenido, por orden judicial, el teléfono de Salvador Palop. Pero la investigación se precipitó cuando el concejal del Partido Popular fue avisado de que la policía controlaba sus cuentas bancarias.

El concejal Salvador Palop, que ayer se reincorporó a sus tareas en el grupo municipal, manifestó que la empresa Grupo Futuro Financiero no tiene ninguna relación con la investigación del caso Naseiro. Con los ojos enrojecidos, Palop comentó en tono jocoso: "Es una empresa que se dedica al blanqueo de dinero negro".

Archivo de diligencias

Fuentes relacionadas con el Tribunal Supremo han confirmado que en el sumario del caso Naseiro aparecen referencias a miembros del PSOE y de la derecha regional, Unión Valenciana (UV), si bien no se citan nombres concretos. El municipio de Cullera, actualmente presidido por Alfredo Martínez Naya, de UV, es una de las zonas del País Valenciano donde se ha centrado la investigación del juez Luis Manglano.

Por otra parte, la alcaldesa de Valencia, la socialista Clementina Ródenas, calificó ayer de "falsedad" las acusaciones sobre la existencia de un pacto entre el PSOE y el PP para repartirse comisiones de los diferentes concesionarios municipales para financiar a ambos partidos políticos. Ródenas aseguró que tiene fundadas sospechas de que sus teléfonos han sido intervenidos por orden judicial.

El gabinete de información del Ayuntamiento de Valencia señaló ayer que en el Juzgado de Instrucción número 2 no existe ninguna investigación que afecte a miembros del equipo de gobierno. Al parecer, la declaración el pasado miércoles como testigo del concejal del PP José Luis Olivas guardaba relación con la labor de algunos concejales socialistas. Sin embargo, según informó el juez Manglano, estas diligencias han sido archivadas.

38. De la cocaína al tráfico de influencias

La policia descubrió hace un año el 'caso Naseiro' tras una investigación sobre droga

EMILI GISBERT 8 ABR 1991

La detención del abogado valenciano Rafael Palop el pasado 14 de enero, junto a otras siete personas de nacionalidades chilena y colombina -todos ellos acusados de traficar con cocaína-, ha supuesto el último capítulo de la trama del llamado caso Naseiro, que se inició hace un año. El 9 de abril de 1990, el juez Luis Manglano ordenó la detención e incomunicación del entonces tesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, y del concejal valenciano del mismo partido Salvador Palop, hermano del abogado acusado de narcotráfico y miembro de la ejecutiva provincial popular.

El delegado de la empresa Dragados y Construcciones en el País Valenciano, Luis Janini; el representante de la compañía constructora Huarte, Carlos Bonet; el arquitecto municipal de Cullera (Valencia), Luis Latorre, y el promotor inmobiliario de la misma localidad y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos, José Balaguer, completaron la nómina de detenciones ordenadas por el magistrado valenciano por un presunto delito de cohecho.

Indicios de delito

Este delito, que sanciona penalmente el soborno a funcionarios públicos, fue imputado a los detenidos, por el juez, que estimó la existencia de indicios de que los militantes del Partido Popular habían obtenido dinero ilegal para fínanciar su partido a cambio de decisiones políticas favorecedoras de determinados intereses empresariales. El caso provocó también el procesamiento del diputado del PP Angel Sanchis.Cuatro meses antes, el mismo magistrado había autorizado la intervención telefónica de la vivienda de los hermanos Palop, usada por ambos como despacho profesional, en relación con tina investigación policial por presunto tráfico de cocaína en la que aparecía implicado el abogado Rafael Palop.

Los policías valencianos encargados de las escuchas telefónicas trasladaron semanas más tarde al magistrado varías cintas grabadas en las que el hermano pequeño de la familia, el concejal popular del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop mantenía distintas conversaciones sospechosas. Las continuas comunicaciones del concejal con el entonces secretario de finanzas del Partido Popular, Rosendo Naseiro, y con los empresarios detenidos, en las que se hablaba habitualmente de dinero y "comisiones", en relación con los intereses de estas empresas, convirtieron la inicial investigación sobre un delito de drogas en un escándalo político.

Los agentes ofrecieron al juez pruebas suficientes para iniciar la instrucción de unas diligencias por el presunto delito de cohecho, que los medios de comunicación denominaron caso Naseiro. Varios meses más tarde los mismos funcionarios policiales encargados de las escuchas telefónicas continuaron la investigación para la que inicialmente habían sido designados. Rafael Palop ya no usaba, en aquellas fechas, su teléfono particular, pero seguía manteniendo contactos con personas sospechosas de dedicarse al narcotráfico desde un bar cercano a su domicilio.

El pasado 14 de enero la policía, casi un año después del inicio del llamado caso Naseiro, detenía a Rafael Palop y a otras siete personas acusadas de tráfico de cocaína. Los agentes encontraron 1,9 kilos de esta droga en un piso de Valencia y otros dos kilogramos camuflados en alfombrillas en Madrid.

El celo policial en esta operación coordinada por el fiscal antidroga de Valencia, Luis Sánz, tenía una segunda lectura. Los funcionarios adscritos al caso fueron acusados por dirigentes del Partido Popular de "servir" a los intereses políticos de una investigación ordenada por un juez progresista que, según estas afirmaciones, pretendía involucrar al partido conservador en un escándalo político.

La satisfacción policial al culminar esta última operación era una respuesta silenciosa a estas especulaciones y parecía demostrar que las escuchas ordenadas inicialmente habían tenido justificación. Rafael Palop y los otros detenidos ingresaron en prisión por orden del magistrado titular del juzgado de Instrucción número seis de Valencia, Francisco Blat, que el pasado 13 de marzo decretó su libertad, tras depositar una fianza de dos millones.

El fiscal antidroga recurrió el auto de libertad de Rafael Palop, que fue denegado por el juez, y posteriormente apeló ante la Audiencia de Valencia esta decisión, todavía pendiente de resolución Luis Sanz ha solicitado, por otro lado, la inhibición del juzgado en la instrucción del sumarlo y ha pedido que pase a la Audiencia Nacional.

Un año después del inicio del caso Naseiro los presuntos implicados esperan de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la convocatoria de la vista oral del juicio. En este intervalo de tiempo el magistrado Luis Manglano ha abandonado la jurisdicción penal por la contencioso administrativa, y Rosendo Naseiro ya no es responsable de las finanzas del Partido Popular. Salvador Palop, por su parte, continúa como concejal del Ayuntamiento de Valencia, aunque su dedicación política disminuyó de forma considerable y no repetirá en las listas del PP.

Los dirigentes empresariales valencianos inculpados, que han mantenido un absoluto silencio a lo largo de este periodo de tiempo, siguen asimismo en los puestos directivos que ocupaban en sus empresas. En el verano del año pasado el partido de izquierda nacionalista Unitat del Poble Valencià (UPV) ejercitó la acción popular y presentó una querella contra los inculpados, que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

Esta formación política justificó su decisión por la necesidad de oponerse a cualquier intento de archivo de las diligencias.

39. El Partido Popular pagó la defensa de Salvador Palop en el 'caso Naseiro'

· El PP asegura que lo que hizo fue concederle un préstamo

JUAN GONZÁLEZ IBAÑEZ 31 MAR 1995

El Partido Popular pagó, en 1990, la defensa de Salvador Palop, entonces concejal del PP en el ayuntamiento de Valencia, cuando fue procesado por un cohecho destinado a obtener comisiones para financiar el Partido Popular -el llamado caso Naseiro-. No fue la única ocasión, ni es el único caso de un partido de la oposición que costea la asistencia jurídica a militantes suyos implicados en procesos judiciales por su actividad política. También IU y el Partido Andalucista han pagado a abogados de militantes suyos.

El secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, se cuidó hace una semana de relizar la menor crítica al PSOE cuando este diario reveló que pagaba la defensa de José Barrionuevo, Rafael Vera y Juan de Justo en el caso GAL por su condición de militantes socialistas. Sus comentarios, en una rueda de prensa en el Congreso, estaban cargados de duras críticas al Gobierno. Hasta que fue preguntado sobre el pago de la defensa jurídica de Vera, De Justo y Barrionuevo por parte del PSOE. "El PP no ve ninguna incompatibilidad en que un partido pague, con cargo a sus gastos ordinarios, la defensa de un militante".No se trataba de una mera declaración de intenciones. El Partido Popular, de hecho, ha pagado en varias ocasiones la asistencia jurídica a cargos públicos del partido que se han visto acusados, o han actuado como acusadores, ante los tribunales. En 1990, el Partido Popular dio a Salvador Palop el dinero para que pagara su defensa, dinero que le fue entregado en concepto de crédito a devolver, según la versión defendida ayer por el PP. Un abogado que intervino en la defensa de Palop, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís aseguró que el pago realizado por el entonces concejal valenciano procedía de las arcas del Partido Popular..

El Partido Popular se ha encargado también de sufragar los gastos de una acusación contra un juez presentada por un miembro del PP en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Un portavoz del PP negó ayer rotundamente que el partido pagara directamente al abogado de Salvador Palop y aseguró que "Manuel Cobo del Rosal [el letrado defensor de Palop] no puede exhibir ninguna factura del Partido Popular a ese respecto".

El citado portavoz popular aseguró que el PP lo que hizo fue conceder un préstamo a Palop el 16 de mayo de 1990 para que pudiera pagarse su defensa. "Un préstamo como otros que concede ésta y otras empresas a sus trabajadores y que está siendo devuelto, aunque no lo ha sido todavía del todo". Agregó que "lo que es una risa es que el PSOE diga que le paga los abogados a Vera y Barrionuevo porque no tienen dinero, cuando están acusados de apropiación indebida de fondos reservados. Además, ellos eran altos cargos de la Administración, mientras Palop era un cargo electo del PP. Es totalmente distinto. El PSOE pretende que todos somos iguales, y no lo somos. La limpieza con que aquí se llevó el caso de Palop está a años luz del hedor que desprenden algunos asuntos del PSOE".