La defensa del exdiputado del PP por Segovia y exconsejero de Fomento de la
Junta Jesús Merino Delgado ha pedido hoy que testifique en el juicio de Gürtel
un hombre que comparte con su cliente el nombre y primer apellido al considerar
que podría tratarse realmente de la persona a la que se hace referencia en la
investigación.
En esta segunda jornada del macrojuicio, el abogado de Merino, Luis Rodríguez
Ramos, ha recordado que ya pidió en su día que se llamase a declarar a este
hombre -Jesús Merino Calvo- y que le fue rechazado, por lo que ha insistido en
que se trata de una prueba fundamental para su cliente para aclarar a qué Jesús
Merino se hace referencia en documentos y conversaciones intervenidas durante la
investigación a la trama de corrupción.
En concreto, según ha recordado el abogado, en una de esas conversaciones se
menciona a un organizador de eventos llamado Jesús Merino del que se dice podría
conseguir embolsarse un millón de euros de un evento en Valencia y por eso cree
que no se trata en absoluto de su cliente.
Merino, al igual que la mayoría de los acusados, se adherido a las peticiones de
nulidad de la causa basadas en la ilegalidad de las escuchas que destaparon la
trama y la de la intervención de las conversaciones de abogados e imputados en
prisión que derivaron en la condena al exjuez Baltasar Garzón, primer instructor
de esta causa.
También ha defendido, al igual que hizo ayer la defensa del número 2 de la trama
Pablo Crespo, que se invierta el orden del juicio y se celebre primero la prueba
antes de interrogar a los acusados.
La Fiscalía pide al exdiputado del PP por Segovia tres años y 9 meses de cárcel
por haber supuestamente recibido 317.810 euros en comisiones de Gürtel por
adjudicaciones públicas en Castilla y León.
El empresario y expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo ha
reconocido este martes los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción
en la vista en la que se le juzga junto a otros 36 acusados de participar en la
primera época de la trama Gürtel.
Además, ha apuntado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le confesó
en una ocasión que parte del dinero que abonó en concepto de comisiones
irregulares iba a parar a manos del extesorero del PP Luis Bárcenas.
García-Pozuelo, que sólo ha respondido a las preguntas formuladas por la fiscal
Concepción Sabadell, ha ratificado el escrito en el que mostraba su
arrepentimiento y que presentó en la Audiencia Nacional hace más de un año.
Su objetivo, conseguir una rebaja en la pena de cuatro años y medio de cárcel
por un delito continuado de cohecho que pide para él la Fiscalía Anticorrupción.
Así, el constructor ha reconocido ante el tribunal que abonó comisiones a Correa
para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir
adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la
etapa como alcalde del también procesado Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.
Según Anticorrupción, Sepúlveda percibió "como mínimo" 668.391 euros, parte de
ellos en viajes y otros servicios. También recibió regalos destinados a sus
hijos y a la que entonces era su mujer, Ana Mato, y se benefició de la
organización de cumpleaños de los menores y una comunión.
Constructora Hispánica obtuvo la adjudicación en 2008 del proyecto de
remodelación y acondicionamiento del camino de las Huertas y también de parte de
la operación Asfalto de 2004. Por la primera adjudicación, García Pozuelo pagó a
Correa una comisión de 49.591 euros, correspondiente al 3 por ciento del
contrato, y por la segunda de 15.900 euros.
Anticorrupción también refleja en su escrito de acusación provisional que parte
de los fondos entregados por García Pozuelo se "repartieron", presuntamente a
cambio de otras adjudicaciones.
Así en febrero de 2002, el empresario entregó 925.560 euros, de los que 270.000
euros fueron para Luis Bárcenas, 90.150 para el exdiputado del PP Jesús Merino y
471.245 euros para Correa. En diciembre de 2003, la entrega fue de un total de
600.000, que se repartieron entre Bárcenas (330.000) y Correa (270.000), precisó
Anticorrupción.
Jesús Merino Delgado recibió estas
cantidades de la trama corrupta entre 2002 y 2007 procedentes de supuestas
comisiones
Hacienda calcula que Gürtel pagó a un
exdiputado del PP 317.810 euros a cambio de adjudicaciones
La Agencia Tributaria ha calculado que
el exdiputado del PP Jesús Merino Delgado recibió 317.810 euros entre 2002 y
2007 de la trama Gürtel procedentes de supuestas comisiones recibidas por
adjudicaciones públicas en Castilla y León a empresas como Constructora
Hispánica, Teconsa y Sufi, una filial de Sacyr.
En el informe relativo a Merino (exdiputado del PP por Segovia y
exvicepresidente de la Junta de Castilla y León), la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria hace referencia a una
serie de comisiones percibidas por la trama Gürtel por adjudicaciones públicas
en Castilla y León, fundamentalmente a Sufi y Teconsa. Precisamente, a cuenta de
una adjudicación a Sufi de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de
Toledo, el juez Pablo Ruz imputó la semana pasada al gerente del PP de
Castilla-La Mancha en esa comunidad, Ángel Cañas.
La imputación de Cañas, que deberá prestar declaración el 6 de noviembre junto
al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y el actual presidente, Manuel
Manrique, se produjo a raíz de que el extesorero del PP Luis Bárcenas afirmara
haber entregado en 2007 a Cañas 200.000 euros de un donativo en B de Sacyr, en
pago por esa adjudicación, para la campaña electoral de la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal.
Según el informe de la ONIF sobre Merino, que está basado en informes de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y de la Agencia
Tributaria que obran ya en la causa, así como en los archivos extraídos del
pendrive incautado al presunto contable de Gürtel José Luis Izquierdo, Merino
percibió de la caja B de Correa 129.210 euros en 2002, 138.600 en 2003 y 50.000
en 2007.
En febrero de 2002, según anotaciones de la contabilidad B de Gürtel, JM (Jesús
Merino) percibió 90.150 euros del imputado Alfonso García Pozuelo, dueño de
Constructora Hispánica, más 12.020 de Plácido Vázquez, propietario de la empresa
Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial.
El 14 de junio de ese mismo año el exdiputado recibió 24.040 euros de Teconsa,
empresa que en esa fechas entregó a la trama 175.973 euros, que se repartieron
también entre LB (Luis Bárcenas), PC (Francisco Correa) y GG, tras obtener la
adjudicación en mayo de la variante conjunta de Villanueva de Mesa-Villasana y
Entrambasaguas, de la Consejería de Fomento de Castilla y León. El importe de la
adjudicación alcanzó los 5'8 millones, por lo que la ONIF calcula que el importe
repartido se hizo calculando el 3 %.
Además, según el pendrive de Izquierdo, el 18 abril de 2002 JM recibió 3.000
euros, la misma cantidad percibida por LB, cuyo origen inmediato se vincula a la
supuesta entrega de 30.000 euros que hizo a la trama el expresidente de Sufi
Rafael Naranjo.
El 28 de enero de 2003, Merino recibe otros 18.600 euros procedentes del
supuesto pago de 73.654 euros que hizo Teconsa a la trama Gürtel tras la
adjudicación del Tramo de Olleros del Alba por parte también de la Consejería de
Fomento castellanoleonesa por 2,8 millones, dinero del que también se
beneficiaron PC, L (que se cree también que es Bárcenas), G y T.O.
El 15 de mayo y 22 de mayo de 2003, el exdiputado percibió sendas cantidades de
60.000 euros cuya procedencia parece ser de la UTE (Unión Temporal de Empresas)
Sufi-Teconsa, ya que según concluyó la UDEF en un informe de 2010, por su
proximidad temporal, ese dinero puede estar vinculado a la adjudicación de la
construcción del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello (Salamanca), que
fue adjudicado a dicha empresa por parte de la consejería de Medio Ambiente de
Castilla y León.
En el pendrive de Izquierdo apareció además un archivo bajo el epígrafe Plácido
Vázquez que a través de su empresa Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial,
emitió a Sufi una factura del 19 de junio de 2003 en concepto de honorarios por
la realización de la campaña de comunicación de la planta de Gomecello: 386.127
euros. Finalmente, el 20 de diciembre de 2007, Merino percibió de la caja B de
Correa otros 50.000 euros.
José Juan Pérez-Tabernero, antiguo consejero de Castilla-La
Mancha, firmó como directivo de Banesto con empresas como Everland y Algaba
Consultores, de la esposa de Jesús Merino
Según documentos que el propio Banesto entregó a la Audiencia
Nacional, y a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, entre 2003 y, al menos,
hasta septiembre de 2010, el Banco Español de Crédito, a través del departamento
de Comunicación del banco y también de su Fundación, contrató diversos servicios
con varias empresas de Ana Gutiérrez, esposa de Jesús Merino, ex consejero de
Fomento del Gobierno de Castilla y León. Los contratos por parte de Banesto los
firma José Juan Pérez-Tabernero, que también fue consejero del Gobierno de
Castilla y León, en este caso de Economía.
Una amistad personal tras la firma de los contratos
Aunque no coincidieron en el mismo Gobierno, ya que
Pérez-Tabernero entró como consejero poco después de la salida del gobierno
castellanoleonés de Merino, ambos son amigos, igual que lo es Pérez-Tabernero de
Ana Gutiérrez. Jesús Merino está imputado en la investigación de la trama Gürtel
como sospechoso de haberse enriquecido con comisiones a cambio de facilitar
información privilegiada sobre adjudicaciones de obras públicas en Castilla y
León, así como por informes falsos o con contenido irrelevante y genérico por
los que se pagaban importantes cantidades de dinero que superaban en mucho su
valor real. Estos datos contra Jesús Merino han sido facilitados a la Audiencia
Nacional por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la
Agencia Tributaria (ONIF).
Los jueces que investigan la trama Gürtel comenzaron a pedir los
contratos y las facturas entre Banesto y las empresas en las que figura Ana
Gutiérrez como propietaria hace años, pero después de que llegara una
información escasamente concisa del banco, el juez Pablo Ruz mandó un exhorto
que obligó al departamento jurídico de Grupo Santander a enviar la documentación
solicitada y a la que ha tenido acceso este periódico.
La petición del juez está centrada en la relación entre Banesto y
las empresas Everland S.L., Algaba Consultores S.L., Serrano 50 Global
Consulting S.L., Dolthins S.L. y Fuentelavanda S.L., todas ellas empresas de Ana
Gutiérrez. La solicitud última de información que el juez realiza al banco, en
un tono ya conminador, coincidió, según ha sabido ELPLURAL.COM, con la llegada a
la Audiencia Nacional del informe de la Agencia Tributaria sobre el entramado de
empresas del matrimonio Jesús Merino y Ana Gutiérrez. Un informe en el que la
Agencia Tributaria anunciaría que continúa su investigación ante nuevos
indicios.
Los contratos siguen después del estallido de la ‘trama Gürtel’
En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico se
recogen las facturas solicitadas por Ruz entre Banesto y Everland, y que
concluyen en septiembre de 2010, un año y medio largo después de haber estallado
el escándalo Gürtel, y quince meses después de que el Tribunal Supremo hubiera
enviado el suplicatorio al Congreso para actuar contra Jesús Merino, entonces
diputado en el Congreso.
Los trabajos que Everland hacía para Banesto eran básicamente
análisis de información sobre programas radiofónicos dedicados a la agricultura,
y que patrocinaba el propio banco. Según se recoge en los conceptos de las
facturas, todas las factilitadas por Banesto a petición del juez Ruz son
idénticas, la colaboración se valoraba en 4.640 euros, IVA incluido, por la
“elaboración de informe técnico correspondiente al mes relativo a los contenidos
del patrocinio de “La Noticia de la Semana”".
Acciones sobre periodistas para ‘interesarles’ en campañas de
Banesto
También solicitó el juez Ruz, y ELPLURAL.COM ha tenido acceso a
ellos, los contratos entre Banesto y la Fundación Banesto con Algaba
Consultores, otra de las empresas de la esposa de Jesús Merino. Según ha sabido
este periódico, esos acuerdos tenían que ver con el seguimiento de diversas
acciones de Banesto en los medios de comunicación y algunas campañas específicas
del banco. Supuestamente, el trabajo de Algaba estaría destinado por un lado a
difundir las campañas de Banesto en medios de comunicación, especialmente
locales y autonómicos, así como lograr apoyo en los medios a esas acciones.
Estas facturas, las hay de diverso tipo conforme a las diferentes
acciones, contemplan conceptos y cantidades de pago diferentes, que oscilan
entre los 5.000 y los 25.000 euros por cada trabajo. Alguna de estas facturas
presentan en su concepto datos que, según ha sabido ELPLURAL.COM, son
‘erróneas’. En estos conceptos, como se puede ver en la facturas que se muestran
como ejemplo, aparecen los nombres de determinados periodistas que habrían sido
interesados sobre la acción concreta del banco para ayudar a su difusión. Al
menos algunos de estos periodistas con los que hemos podido contactar, niegan
haber sido objeto de tales acciones. Y en los listados figuran mayoritariamente
no periodistas de ‘a pie’, de los que acuden a cubrir ruedas de prensa, sino
muchos directivos de agencias y diarios, incluidos el director del diario
nacional de mayor tirada, alguno de grandes agencias y emisoras de radio, o
decenas de directores de cabeceras autonómicas y locales.
Las últimas facturas del acuerdo entre Banesto y su Fundación,
con Algaba Consultores son de junio de 2009, fecha que viene a coincidir, como
hemos dicho, con la decisión del Supremo de pedir el suplicatorio contra Jesús
Merino por su implicación en la trama montada por Francisco Correa. Fuentes
cercanas al proceso aseguran a ELPLURAL.COM que en el sumario aparecerían
contratos no sólo de Banesto, sino también de otras entidades de este y otros
grupos, con diversas empresas investigadas en la trama Gürtel.
Merino niega haber recibido dinero de
actividades vinculadas a ‘Gürtel’
El exdiputado del PP por Segovia asegura que los tribunales no han dirimido
acciones penales en relación con su actividad profesional
El exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino ha negado haber percibido 800.000
euros procedentes de actividades que sus empresas mantuvieron con sociedades
vinculadas a la red de corrupción 'Gürtel' y ha asegurado que "ni mucho menos"
repartió con el extesorero Luis Bárcenas porcentajes sobre obras en Castilla y
León.
En una nota de prensa enviada por el ex
político del Partido Popular a los medios de
comunicación, Merino precisó que la información que ayer difundían los medios de
comunicación "se basa en un reciente informe de la Agencia Tributaria
repetitivo de otros anteriores, referida a las relaciones entre mi actividad
profesional como abogado y empresas que no pertenecen a la 'Gürtel' o al señor
Correa".
Además, indicó que el Tribunal Supremo (TS) ya conoció esta información que
ahora vuelve a salir a la luz y que resolvió, según consta en un auto del 23 de
junio de 2009 que tanto él como sus sociedades "están al día en sus obligaciones
tributarias".
"Por si fuera poco el juez Pedreira, instructor del caso en el
TSJ de Madrid,
requirió a todas las empresas y administraciones que se citan en la información
periodística y, tanto las empresas como la Junta de Castilla y León y los
ayuntamientos requeridos, certificaron que no habían subvencionado plantas de
purines, ni se habían hecho adjudicaciones, ni concursos para plantas de ese
tipo, a esas empresas, por no ser subvencionable esa actividad", matiza en la .
Por otra parte, señaló que las empresas constructoras que se citan en la
información publicada ya fueron investigadas por el juez Pedreira e incluso
remitió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una "pieza
separada" respecto a la empresa Teconsa por si pudiera haber existido
prevaricación y cohecho. Al respecto, recordó que el TSJCyL archivó el asunto al
considerar que no había existido delito.
Por todo ello, concluye que "han sido tres altos tribunales los que han
estudiado a fondo en estos últimos cuatro años las presuntas irregularidades que
pudiese haber cometido, sin que hasta la fecha se hayan resuelto en su contra
imputación penal alguna en relación con su actividad profesional o la de sus
sociedades!.
Merino concluye su comunicado asegurando que "ni el Partido Popular ni ninguna
administración gobernada por ese partido, han tenido relación profesional alguna
con sociedades consultoras y de asesoramiento profesional" vinculadas a él.
El PP en Segovia ha apelado presunción de inocencia para el exdiputado por la
provincia Jesús Merino; y ha descartado que existan cuestiones "extrañas"
vinculadas a estos cobros, pues "aparentemente éstos fueron declarados a la
Agencia Tributaria".
Por su parte, el secretario general del PSOE en Segovia y diputado socialista en
el Congreso, Juan Luis Gordo, aseguró ayer que la trama Gürtel no es solo una
trama del PP
nacional sino también de ese partido en Castilla y León y pidió al presidente de
la Junta, y presidente regional de los populares, Juan Vicente Herrera, que
ofrezca explicaciones sobre la actuación del exconsejero y ex diputado por
Segovia Jesús Merino.
Jesús Merino cobró entre los años 2002 y 2008 un total de 805.300 euros
procedentes de actividades que sus empresas mantuvieron con sociedades
vinculadas a la red de corrupción 'Gürtel', según consta en un informe de la
Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El exdiputado del Partido Popular (PP) Jesús Merinocobró entre los años 2002 y
2008 un total de 805.300 euros procedentes de actividades que sus empresas
mantuvieron con sociedades vinculadas a la red de corrupción'Gürtel', según
consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que Merino percibió
estos ingresos a través de las sociedades Serrano 50 Global Consulting, Algaba
Consultores, Everland y Fuentelavanda, de las que era propietario junto a su
familia o estaban controladas por supuestos testaferros.
Casi la mitad de estos ingresos procedía del Grupo Ros-Roca, dedicado al sector
de bienes de equipo e ingeniería medioambiental y miembro de la Asociación de
Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP). Según el informe,
el grupo abonó facturas a sociedades de Merino por importe de 150.800 euros en
2006 y por valor de 193.430 euros en 2008.
El Grupo Ros-Roca abonó facturas a sociedades de Merino por importe de 150.800
euros en 2006 y más de 190.000 en 2008
Los inspectores detallan en las conclusiones de su informe que en la
investigación "no resulta acreditada la prestación de servicio al que se
refieren las facturas" y que Merino aparece en las comunicaciones entre el Grupo
Ros Roca y la organización liderada por Francisco Correa.
En los registros de la trama montada por el presunto cabecilla de 'Gürtel',
Merino es citado con las denominaciones 'Jesús Merino', 'J. Merino', 'Jesús' y 'J.M.'.
De igual modo, el exparlamentario fue "partícipe en la distribución de
beneficios" por este negocio junto a 'PAC' (sin identificar) y los perceptores
identificados con las siglas 'LB', 'GG', 'JS' y 'PC'.
En los registros de la conocida como trama Gürtel, el exdiputado del PP es
citado con las denominaciones 'Jesús Merino', 'J. Merino', 'Jesús' y 'J.M.'
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que forma
parte del sumario, Bárcenas, Merino y otros imputados favorecieron los intereses
del grupo empresarial Ros Roca tanto en Españacomo en el exterior. El grupo
empresarial creó la sociedad Langa Duero Enercorr XXI para adjudicarse una
planta de purines en Soriay el grupo de Correa y Bárcenas participó a través de
la sociedad Spinaker, a la vez que hicieron las gestiones necesarias para
asegurarles el contrato.
Facturas pactadas
La Agencia Tributaria también ha detectado que las sociedades de Merino
emitieron facturas que previamente habían sido pactadas por el presunto número
dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, con las empresas Copasa y Viviendas y
Obras Civiles S.A., por las cuales "tampoco ha quedado acreditada la prestación
del servicio". El importe ascendió en 2008 a un total de 143.260 euros.
Además, la contabilidad B de la trama 'Gürtel', que fue incautada en un pen
drive al contable de la red, José Luis Izquierdo, en un piso de la calle Serrano
de Madrid, detalla que bajo las denominaciones 'Jesús Merino', 'JM' o 'J', el
exdiputado percibió 129.210 euros en 2002, 138.600 en 2003 y 50.000 más en 2007.
colaborador de Sáenz de Santamaría cobró 800.000 euros de
Gürtel El exdiputado Jesús Merino, imputado en el caso, percibió
el dinero entre los años 2002 y 2008. En ese último año se incorporó a la
dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
El exdiputado del Partido Popular Jesús Merino cobró entre los años 2002 y 2008
un total de 805.300 euros procedentes de actividades que sus empresas
mantuvieron con sociedades vinculadas a la red de corrupción 'Gürtel', según
consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz.
Merino fue un estrecho colaborador de la actual vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría. Fue nombrado en 2008 miembro de la dirección del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que dirigía Sáenz de Santamaría. En
ese año, 2008, emitió facturas pactadas con el número dos de la trama, Pablo
Crespo, por importe de 143.000 euros.
El informe de Hacienda, de 42 folios, detalla que Merino percibió los ingresos
de Gürtel a través de las sociedades Serrano 50 Global Consulting, Algaba
Consultores, Everland y Fuentelavanda, de las que era propietario junto a su
familia o estaban controladas por supuestos testaferros.
Casi la mitad de estos ingresos procedía del Grupo Ros-Roca, dedicado al sector
de bienes de equipo e ingeniería medioambiental y miembro de la Asociación de
Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP). Según el informe,
el grupo abonó facturas a sociedades de Merino por importe de 150.800 euros en
2006 y por valor de 193.430 euros en 2008.
Los inspectores detallan en las conclusiones de su informe que en la
investigación "no resulta acreditada la prestación de servicio al que se
refieren las facturas" y que Merino aparece en las comunicaciones entre el Grupo
Ros Roca y la organización liderada por Francisco Correa, presunto cabecilla de
'Gürtel', con las denominaciones 'Jesús Merino', 'J. Merino', 'Jesús' y 'J.M.'.
De igual modo, el exparlamentario fue "partícipe en la distribución de
beneficios" por este negocio junto a 'PAC' (sin identificar) y los perceptores
identificados con las siglas 'LB', 'GG', 'JS' y 'PC'.
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que forma
parte del sumario, Bárcenas, Merino y otros imputados favorecieron los intereses
del grupo empresarial Ros Roca tanto en España como en el exterior. El grupo
empresarial creó la sociedad Langa Duero Enercorr XXI para adjudicarse una
planta de purines en Soria y el grupo de Correa y Bárcenas participó a través de
la sociedad Spinaker, a la vez que hicieron las gestiones necesarias para
asegurarles el contrato.
La Agencia Tributaria también ha detectado que las sociedades de Merino
emitieron facturas que previamente habían sido pactadas por el presunto número
dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, con las empresas Copasa y Viviendas y
Obras Civiles S.A., por las cuales "tampoco ha quedado acreditada la prestación
del servicio". El importe ascendió en 2008 a un total de 143.260 euros.
Además, la contabilidad B de la trama 'Gürtel', que fue incautada en un 'pen
drive' al contable de la red, José Luis Izquierdo, en un piso de la calle
Serrano de Madrid, detalla que bajo las denominaciones 'Jesús Merino', 'JM' o
'J', el exdiputado percibió 129.210 euros en 2002, 138.600 en 2003 y 50.000 más
en 2007.
De igual modo, los inspectores señalan que Merino y su esposa colaboraban con la
organización de Correa para que sus empresas participaran en concursos públicos
aunque no han logrado determinar si, al igual que en Spinaker, el exdiputado
llegó a participar en los beneficios de Tango, otra de las sociedades vinculada
a la trama.
El PP paga el alquiler
de un piso donde vive
González Pons a una
empresa vinculada a la
Gürtel
Esteban González Pons
vive en Madrid en un
piso alquilado que paga
el PP a Everland SL, una
empresa de la mujer del
exdiputado Jesús Merino,
que está imputado en el
caso Gürtel. La vivienda
cuesta 1.455 euros al
mes.
Según la investigación
de la Audiencia
Nacional, Merino
utilizaba Everland SL
para el cobro de
comisiones por obras y
recalificaciones
"Es un piso que tiene
alquilado el partido
para quien lo necesite
en la organización",
asegura un portavoz del
PP. "El partido ha
pagado el alquiler de
otros vicesecretarios en
razón del trabajo que
desempeñan para el
partido en Madrid"
El Partido Popular
paga desde hace
varios años el
alquiler del piso
que ocupa en Madrid
uno de sus
vicesecretarios
generales, Esteban
González Pons. La
vivienda está
alquilada a una de
las empresas
investigadas en el
sumario de la
Gürtel: Everland SL,
una compañía
dedicada a la
asesoría y vinculada
con Jesús Merino,
exdiputado del PP y
uno de los políticos
imputados en la
trama de corrupción
que investiga la
Audiencia Nacional.
El piso cuesta 1.455
euros al mes.
Los pagos a Everland
SL por el alquiler
del piso de Esteban
González Pons
aparecen reflejados
en la contabilidad
oficial del partido,
que está
investigando la
Audiencia Nacional.
El total de los
pagos a Everland SL
suma 17.457 euros al
año y están
detallados en el
extracto de cuentas
del PP bajo el
epígrafe "Alquiler
otros locales", a
pesar de que se
trata de una
vivienda y no de un
local. Los pagos
mensuales aparecen
al menos desde el
año 2009 y, según ha
confirmado el PP,
continúan en la
actualidad.
A través de un
portavoz oficial, el
PP ha reconocido el
pago por el alquiler
este inmueble y que
su actual inquilino
es Esteban González
Pons: "Es un piso
que tiene alquilado
el partido para
quien lo necesite en
la organización".
Desde el PP no
aclaran si ha habido
otras personas que
utilizasen esa
vivienda con
anterioridad, pero
admiten que este
tipo de pagos no son
inusuales. "El
partido ha pagado el
alquiler de otros
vicesecretarios en
razón del trabajo
que desempeñan para
el partido en
Madrid", afirma este
mismo portavoz. Sin
embargo, nada dice
el partido que
preside Mariano
Rajoy sobre la
empresa elegida,
Everland SL, y sus
vinculaciones con la
trama Gürtel.
La redacción de
eldiario.es se ha
puesto también en
contacto con Esteban
González Pons, que
no ha querido
aclarar si este pago
en especie está
declarado ante
Hacienda, ni tampoco
por qué no está
detallado de manera
específica en
su declaración de
bienes ante el
Congreso.
Ante las preguntas
de esta redacción,
Pons ha repondido
con un SMS en el que
se ha limitado a
señalar: "Publica lo
que tengas". Sin más
comentarios.
A pesar de que el
partido paga su
vivienda en Madrid,
González Pons es uno
de los diputados que
cobra las dietas por
alojamiento:
1.823 euros
mensuales
que compensan a los
diputados de fuera
de Madrid por los
gastos que les
genera la residencia
en la capital.
Everland, bajo la
lupa de la Audiencia
Nacional
Everland SL es una
de las empresas que
está investigando la
Audiencia Nacional
dentro del enorme
sumario de la
Gürtel. La
administradora única
de la sociedad es
lsabel Gutiérrez
Benito, la mujer del
exdiputado del PP
Jesús Merino. Según
el sumario, Everland
era una de las vías
que utilizaba el
imputado Jesús
Merino para cobrar
comisiones de las
empresas de la trama
por la concesión de
contratos públicos.
Jesús Merino y su
mujer llegaron a
cobrar 8,44 millones
de euros
por asesorar a
empresas entre 2002
y 2008, según un
informe de la
Agencia Tributaria.
Tras su imputación
en la trama Gürtel,
Jesús Merino entregó
su acta de diputado
y abandono el
escaño. Además,
pidió la suspensión
en militancia en el
Partido Popular. Sin
embargo, esta
circunstancia no fue
impedimiento para
que Génova siguiese
haciendo negocios
con Everland.
Jesús Merino, el comisionista de
Gürtel protegido por el PP
Nuevas facturas
incorporadas al sumario
señalan que las empresas
relacionadas con el
exdiputado del PP
cobraban comisiones sin
disimular apenas lo
ficticio de los
contratos en los que
amparaban esas
transacciones
El PP fue expulsado de
la acusación en el caso
Gürtel por defender los
intereses de Merino en
vez de actuar como
acusación contra él
Facturas que
demuestran que
las empresas
relacionadas con
Jesús Merino
cobraban
comisiones de
manera reiterada
a empresas que
recibían
contratas de los
gobierno del PP
El
exdiputado del PP
Jesús Merino se
sentaba en las
próximidades de
Rajoy, formaba parte
de la dirección del
grupo parlamentario
popular y trabajó
mano a mano con
Soraya Sáenz de
Santamaría en la
oposición. De él, la
sala cuarta de la
Audiencia Nacional
ha dicho esta semana
que el PP se ha
encargado de
defenderle durante
su falsa posición
como acusación,
cuando en realidad
actuaba como
defensa. A
consecuencia de ese
mimo judicial para
quien, hasta la
fecha, ha sido su
primer diputado
nacional imputado,
al PP se le ha
impedido ejercer la
acusación en el
proceso.
A
Merino se le
investiga por el
cobro reiterado de
comisiones a
empresas que
recibían contratas
de los gobiernos del
PP. Es el caso de
SUFI, S.A. Esta
empresa está
especializada en
prestación de
servicios de
limpieza en
ayuntamientos. Según
el sumario del caso
Gürtel, Merino
cobraba a través de
la empresa de su
mujer por trabajos
no realizados.
La
empresa donde Merino
recibía
presuntamente los
pagos de SUFI
responde al nombre
de Everland. Esta
consultora,
administrada por la
mujer de Merino,
recibía pagos de las
empresas a las que
el PP contrataba
para la prestación
de servicios.
Según
dos facturas,
incluidas en el
sumario, la empresa
de la familia Merino
facturaba varias
veces por el mismo
concepto. Es el caso
de dos pagos
recibidos de SUFI
S.A., por supuestos
asesoramientos
jurídicos para un
proyecto de gestión
eléctrica
sostenible. En esas
dos facturas
emitidas en años
diferentes, con
numeración e
importes diferentes,
el concepto en el
que se relataba el
trabajo era
exactamente el
mismo.
La Audiencia asume la investigación
de la red Gürtel en Castilla y León
El magistrado de la Audiencia ve indicios de
cohecho en la adjudicación del proyecto de construcción de la Variante Olleros
de Alba
La
inhibición llega tras haber prescrito el presunto delito de
cohecho y prevaricación que afectaba al ex presidente de las
Cortes, el popular José Manuel Fernández. En un auto, al que ha
tenido acceso la Cadena SER, el juez Ruz mantiene la imputación
al exdiputado del PP Jesús Merino, Francisco Correa, Pablo
Crespo y el contable de la red.
El
juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, asume la
investigación de la trama Gürtel en Castilla y León después
de que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad se
haya inhibido a favor del Alto Tribunal. En un auto, al que
ha tenido acceso la Cadena SER fechado a 13 de septiembre,
el magistrado recuerda que los hechos de la derivación
castellanoleonesa del caso Gürtel "se referían al eventual
pago en 2002 y 2003 de una comisión vinculada a la
adjudicación del expediente de la "variante de Olleros de
Alba" (León)" al que fuera, en esa época, consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León y procurador de
las Cortes de dicha comunidad, José Manuel Fernández
Santiago. En el pago y cobro de esa comisión, habrían
intervenido, según recuerda el auto, Francisco Correa, el ex
diputado popular Jesús Merino y el popular José Gerardo
Galeote.
En su día, la causa
fue a parar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, ya que
la investigación por prevaricación y cohecho afectaba al
expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago.
El pasado mes de abril, este tribunal dictó el
sobreseimiento libre al considerar que el delito de
cohecho habría prescrito y el de prevaricación no había
quedado probado. Una decisión que recurrió Anticorrupción
instando a practicar una serie de diligencias que quedaban
pendientes. Fernández Santiago, relegado de sus cargos
anteriores, actualmente es procurador por Ávila.
El juez de la
Audiencia Nacional, Pablo Ruz mantiene la imputación por los
delitos de cohecho a los ya imputados, el ex diputado
popular Jesús Merino, el cabecilla de la red Francisco
Correa y Pablo crespo, además del contable de la trama, José
Luis Izquierdo.
Archivada de forma
definitiva la causa de la variante de Olleros y la imputación a Teconsa
El exconsejero Fernández Santiago y los responsables de Teconsa actuaron
conforme a la ley
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha archivado
definitivamente las actuaciones que se seguían contra el expresidente de las
Cortes, José Manuel Fernández Santiago, por una presunta irregularidad en la
adjudicación de la variante de Olleros de Alba en su etapa como consejero de
Fomento. Las actuaciones se iniciaron como consecuencia de la remisión por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de unos antecedentes desglosados del
denominado ‘caso Gürtel’ relativos al posible pago de una comisión vinculada
a la adjudicación a la empresa Teconsa del proyecto de construcción de la
variante de Olleros, llevado a cabo entre diciembre de 2002 y enero de 2003.
El auto del TSJ de Castilla y León, fechado el 16 de julio y sobre el que no
cabe recurso, absuelve a Fernández Santiago y a los responsables de la
empresa adjudicataria Teconsa, José Martínez Núñez, José Luis Martínez Parra
y Rafael Martínez Molinero, y concluye que actuaron conforme a la legalidad.
En el auto inicial del instructor se sobreseían las actuaciones por el
delito de prevaricación mientras que respecto del de cohecho –el otro por el
que el exconsejero estaba imputado– se acordaba el sobreseimiento por
estimarlo prescrito y ser un hecho aislado ocurrido entre los años 2002 y
2003. Sin embargo, sí se mantenía la posibilidad de que se emprendieran
acciones desde la Abogacía del Estado por el posible enriquecimiento injusto
de Fernández Santiago, una posibilidad que ha descartado ahora de forma
definitiva el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
De este modo, el nuevo acuerdo ha estimado el recurso de apelación
interpuesto por el exconsejero de Fomento de la Junta dejando sin efecto la
reserva de acciones civiles a la Abogacía del Estado y también desestima en
su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía inicialmente consideró que los hechos podrían ser constitutivos
de los delitos de prevaricación y cohecho, en la medida que la adjudicación
a Teconsa de la variante de Olleros de Alba se habría producido de manera
arbitraria. Sin embargo, en el apartado de los fundamentos de derecho del
auto se concluye que el instructor ha dispuesto del material probatorio
suficiente para llevar a cabo la valoración jurídica del expediente
administrativo y la conclusión de que en el mismo no se observan
ilegalidades severas y dolosas que constituyen el núcleo del delito de
prevaricación se halla plenamente acreditada.
También se desestiman los recursos de apelación interpuestos por Jesús
Merino Delgado y José Gerardo Galeote Quecedo. El tribunal remitirá por
tanto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional
las actuaciones relativas a los hechos imputados en este procedimiento a
Merino Delgado y Galeote Quecedo, así como a Francisco Correa Sánchez, Pablo
Crespo Sabaris, José Luis Izquierdo López, Andrés Bernabé Nieto y Domingo
Magariños Domínguez, ya que no están comprendidos en el sobreseimiento
acordado respecto del delito de prevaricación ni en la prescripción
decretada respecto del delito de cohecho.
Por otro lado, con fecha 4 de junio el instructor dictó un auto en el que sí
estimaba el recurso de reforma interpuesto por Luis Bárcenas Gutiérrez
sobreseyendo libremente las actuaciones en cuanto a los hechos presuntamente
constitutivos de cohecho.
El TSJ también ha archivado definitivamente las imputaciones contra el
director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto
Solís Villa, y a los funcionarios José Muñoz Catalina, Ignacio Asín Alonso,
Ángel Encalado Iglesias, Ángel Vaca Gutiérrez, Antonio Ruiloba Errandonea,
Javier Marqués de la Cruz, Jesús Martín Almeida, Belén González González,
Julio González Arias y José Antonio Fernández Sainz.Además, anula la
imputación a los responsables de la empresa Teconsa y ratifica su inocencia
por los hechos comprendidos en esta causa.
ANTICORRUPCIÓN RECURRE EL SOBRESEIMIENTO EN CASTILLA Y
LEÓN
El fiscal afirma que no se han realizado las diligencias
indispensables para comprobar o descartar los delitos de prevaricación y
cohecho
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de
apelación contra el sobreseimiento del caso Gürtel para José Manuel
Fernández Santiago, ex presidente de las Cortes de Castilla y León, quien
fue imputado en 2002 por presunta prevaricación en la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba (León). El fiscal también solicita en su recurso
que se vuelva a imputar en la trama a Rafael Martínez Molinero, José
Martínez Núñez y José Luis Parra, responsables de la empresa Teconsa.
El auto de 10 de abril pasado del Tribunal Superior de
Castilla y León, contra el que se dirige el recurso del Fiscal, sobreseyó
"parcial y provisionalmente" las actuaciones respecto a Fernández Santiago y
otros 11 funcionarios y técnicos imputados, entre los que se encuentra el
director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto
Solís.
Anticorrupción señala en su escrito que para dar por
concluida la instrucción tendrían que haberse realizado diversas diligencias
que, al no haberse practicado, han impedido comprobar o descartar la
comisión de los delitos objeto del procedimiento.
La Fiscalía añade que las diligencias de instrucción
pendientes eran necesarias para la correcta calificación jurídica de los
hechos y el instructor, al denegar la práctica de la diligencia pericial del
Interventor, "ha impedido que e pueda investigar y por ende justificar si ha
existido o no un delito de prevaricación, así como la clase de cohecho
cometido".
El fiscal interesa que se tenga por interpuesto recurso
de apelación dejando sin efecto el sobreseimiento y acordando la
continuación de la instrucción al entender que no está con concluida.
www.elpais.es
17.04.12
LA AUDIENCIA
NACIONAL REABRE EL 'CASO GÜRTEL' CONTRA BÁRCENAS, MERINO Y GALEOTE
Anulado el auto de sobreseimiento del Tribunal
Superior de Madrid sobre los tres dirigentes populares
La Audiencia Nacional ha reabierto el caso Gürtel
contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas; el senador Jesús Merino y el
exeurodiputado y exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. El
tribunal ha anulado el auto del Tribunal de Justicia de Madrid del pasado 1
de septiembre, que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la
causa respecto a los citados. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal
ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, que por lo tanto
retoman su condición de imputados, y argumenta que la decisión de archivo
que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable".
El tribunal ha aceptado los recursos presentados
por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del anterior
instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
Antonio Pedreira, de retirar la imputación contra los tres dirigentes del
PP. Esta decisión fue adoptada el pasado 1 de septiembre, al considerar que
no había pruebas suficientes para acreditar la existencia de un delito.
El auto de la Sección Cuarta establece que cuando
el juez Pedreira decretó el archivo carecía de "competencia objetiva" puesto
que el TSJM ya hacía decidido la inhibición de la causa, que recayó
finalmente en la Audiencia Nacional. Esta decisión, añade, "no era ni
urgente ni inaplazable".
Y entiende que no era ni urgente ni inaplazable
puesto que el auto de Pedreira se dictó el 1 de septiembre de 2011, dos
meses después de que el TSJM se inhibiera en el caso Gürtel en favor de la
Audiencia Nacional. Entiende por tanto el tribunal que el instructor carecía
de competencia objetiva para dictar en ese momento ambos sobreseimientos.
El auto del tribunal de Madrid fue recurrido por
la fiscalía, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y Ángel Luna,
este último en representación de los socialistas valencianos. La apelación
de estos, a su vez, fue contrarrecurrida por los imputados y por el Partido
Popular.
El pasado 23 de febrero la Fiscalía
Anticorrupción, que se opuso en su día al archivo de la causa, envió un
informe policial que aporta nuevas pruebas que vinculan al exsenador y
extesorero del PP Luis Bárcenas con la trama corrupta.
Se trata de unos apuntes hallados en registros
“que atribuyen a ‘Rustfield LB’ la misma inversión que en un documento
manuscrito por el imputado Luis del Miguel”. Alude a una inversión
inmobiliaria en Majadahonda (Madrid) en la que Bárcenas, según el informe
policial, participó a través de su esposa con 150.000 euros mediante un
préstamo participativo. El dinero fue canalizado a través de la sociedad
Rustfield Jones. El documento es un reconocimiento de deuda de Rustfield
Jones a favor de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, quien también
llegó a estar imputada.
Otro de lo documentos incriminatorios que la
policía entiende abundan en la vinculación de Bárcenas con la red fue
descubierto en una nave de Alcorcón (Madrid). E incluye “servicios pagados
en el año 2000 por el Partido Popular a Special Even [una de las empresas de
la red], en el que, a mano, se refleja ‘entregado a L.B. recibo
extracontable’”. La fiscalía infiere de estos nuevos documentos, y de lo que
ya consta en la causa, que “Luis Bárcenas Gutiérrez aparece como uno de los
principales contactos entre el Partido Popular y la sociedad Special Event
en la fecha de los servicios a que se refiere la factura”.
LA ANTIGUA CÚPULA DEL PP DE CASTILLA LEÓN IMPUTADA
Las declaraciones en el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León comenzarán dos días después de las elecciones
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha citado
a declarar a parte de los imputados en la 'Trama Gürtel' en relación con la
adjudicación en 2002 de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) ante
la existencia de indicios de que pudo mediar el pago de comisiones.
En el auto del magistrado que instruye este asunto, al que ha
tenido acceso la Cadena SER se ordena también a la Policía y a la Guardia Civil
que practiquen una investigación entre las empresas que optaron en su día a la
adjudicación para a averiguar el grado de conocimiento que tenían sobre la
"mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su
tramitación y resolución".
Además, se pide un informe a la Intervención General de la
Administración del Estado sobre la "similitud o singularidad" del procedimiento
seguido para la adjudicación de la variante de Olleros del Alba respecto de
otras realizadas también por la propia Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León en esa época". Las declaraciones de los 17 imputados ante el
magistrado del Tribunal Superior que instruye este asunto en la trama de
Castilla y León del Caso Gürtel comenzarán el próximo martes, sólo dos días
después de las elecciones.
Los tres primeros serán el expresidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y los exparlamentarios del PP
Luis Bárcenas y Jesús Merino, que lo harán los días 23 y 24 de este mes. El juez
investiga el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de la variante de
Olleros de Alba, en León en 2002. En el auto emitido por el magistrado
instructor el 2 de noviembre se apunta que la adjudicación de esas obras a la
empresa Teconsa podría ser constitutiva de delitos de cohecho y prevaricación.
Entre los imputados figuran otras 14 personas. Entre los más
destacados el exparlamentario europeo del PP, Gerardo Galeote, citado para el 28
de noviembre, y los considerados máximos responsables de la trama Gürtel,
Francisco Correa y Pablo Crespo, que declararán el 30 de noviembre.
Los últimos en declarar en esta primera fase serán dos
responsables de la empresa Teconsa y varios funcionarios de la Junta de Castilla
y León, entre ellos el, todavía hoy, director general de Infraestructuras y
Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís Villa. Las obras
de la variante de Olleros del Alba fueron adjudicadas por algo menos de 3
millones de euros a Teconsa, supuestamente a cambio de una comisión a Francisco
Correa, quien a su vez la habría repartido con Fernández Santiago, Bárcenas,
Merino y Galeote, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
www.cadenaser.com 17.10.11
ANTICORRUPCIÓN VE INDICIOS "FIRMES" CONTRA JESÚS MERINO
El fiscal censura el archivo de delitos fiscales y cohecho
del exdiputado del PP
La Fiscalía Anticorrupción ha impugnado el archivo del
caso Gürtel para el exdiputado del PP Jesús Merino por considerar que
existen indicios "firmes y numerosos" de su implicación en un delito de cohecho
de 50.000 euros que habría recibido en atención a su cargo de parlamentario,
además de delitos contra la Hacienda pública.
Anticorrupción ya ha impugnado el archivo de la causa para el
exconcejal Ricardo Galeote y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas y en
el recurso contra la exoneración de Merino utiliza el mismo tono de censura
contra el juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira,
Al fiscal le sorprende que el juez Pedreira considere
imposible relacionar el nombre "Jesús Merino", aparecido en el pen drive
del contable de la trama, con el del diputado Jesús Merino Delgado, cuando el
propio instructor mantuvo el criterio contrario ante el Tribunal Supremo, y este
avaló la presencia de indicios de cohecho.
Según el juez Pedreira, la declaración prestada por Izquierdo
"desvirtúa" los indicios contra Merino. Por el contrario, el fiscal
anticorrupción cree que los documentos intervenidos en un inmueble de la red de
Correa en la calle son el soporte físico de los apuntes del archivo informático
que, de modo muy gráfico, se denomina "Caja B Actual". El fiscal infiere de las
pruebas y los apuntes del contable de la trama la entrega de 50.000 euros a
Jesús Merino con cargo a la Caja B del cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Otro de los delitos archivados se refiere a un presunto
fraude fiscal que la Agencia Tributaria cuantifica en una cuota defraudada de
más de 120.000 euros en los años 2004 y 2005, sin descartar que del examen de la
documentación resulten delitos fiscales en otros ejercicios.
www.elpais.es 09.09.11
EL JUEZ ARCHIVA TAMBIÉN LA CAUSA CONTRA EL EXDIPUTADO MERINO
El magistrado indica que la acusación de cohecho se ha
desvanecido
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Antonio Pedreira ha vuelto a acortar la lista de imputados en el caso Gürtel.
En un auto dictado el jueves y notificado ayer, el juez archiva la causa abierta
contra el exdiputado por Segovia Jesús Merino, acusado de un delito de cohecho
por haber recibido varias cantidades de la trama corrupta que lideraba Francisco
Correa, en 2002, 2003 y 2007.
Pedreira cree que las notas con su nombre se refieren a otra
persona
En su auto, Pedreira utiliza, en parte, la misma base que
aplicó para el sobreseimiento provisional de la causa contra el extesorero del
PP Luis Bárcenas. Entiende que la existencia de siglas coincidentes con el
nombre y apellido del exdiputado no es suficiente para mantener la imputación,
decretada hace más de dos años. Además, en el caso de Jesús Merino, nombre que
aparece completo en parte de la documentación incautada a las empresas de la
trama, estima que "debe considerarse correspondiente a otra persona distinta de
Jesús Merino Delgado".
El último informe de la policía, que analiza una carpeta
titulada "caja B", identificaba, al igual que hicieron tres informes anteriores,
a J y JM con Jesús Merino y como persona receptora de siete entregas de dinero
por un total de 246.210 euros, entre febrero de 2002 y mayo de 2003. Sobre estas
cantidades, el juez indica que, al igual que en el caso de Bárcenas, si no se
hubieran declarado los ingresos a Hacienda, el delito fiscal que le sería
imputable está prescrito.
Respecto a otra anotación de entrega, en 2007, de 50.000
euros a "Jesús Merino", el magistrado sostiene que "la sospecha rala pero
suficientemente fundada para generar la imputación se ha desvanecido tras las
investigaciones realizadas, en particular por la ausencia de nuevos indicios
incriminatorios que convierten en atípica incluso la hipotética conducta de la
recepción de dicha cantidad".
El juez abunda sobre el origen de ese posible pago y porqué
la trama podría haberle pagado dicha cantidad hasta concluir que "no aparece
indicio alguno de conexidad entre el cargo de diputado de Jesús Merino Delgado y
la adjudicación de obras u otros contratos. Se desconocen las razones por las
que Jesús Merino Delgado debería haber percibido el dinero que se le imputa",
señala en el auto. "Un diputado de las Cortes en el ejercicio de su actividad no
puede adjudicar contratos públicos, ni convocar concursos públicos, ni tiene
capacidad de gestión de Presupuestos, ni de influir en ellos", asegura Pedreira
en su auto, que es recurrible.
De esta manera, el magistrado concluye que la afirmación que
se hace sobre la "capacidad para influir" que se atribuye a Jesús Merino en
todas las Administraciones públicas "constituye un ataque, en parte, contra el
honor personal y profesional". Y añade, tras una imputación que ha durado más de
dos años, que Jesús Merino "no aparece en ninguna lista de regalos", ni se le
menciona en las numerosas conversaciones telefónicas intervenidas.
Los archivos provisionales también se han dictado para los
procedimientos abiertos a Bernabé Nieto, empleado de Francisco Correa y Pablo
Crespo y Juan Fernández Canseco, que gestionaba mercantiles de los cabecillas de
la trama.
En cambio, Antonio Pedreira ha rechazado el sobreseimiento de
la causa abierta a José Galeote, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de
Boadilla y padre del exeurodiputado popular también implicado en la trama
Gerardo Galeote.
www.elpais.es 03.09.11
MERINO, ANTE EL JUEZ
El exdiputado del PP Jesús Merino, imputado por cohecho, blanqueo de
capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal en el caso Gürtel,
declaró ayer durante dos horas y media ante el juez Antonio Pedreira.
Aseguró que es inocente, que conocía a Francisco Correa "de vista" y que
nunca recibió dinero de la trama. Aportó, para defenderse, 16 documentos,
entre ellos varias declaraciones de la renta. Los informes policiales
sostienen que Merino recibió más de 250.ooo euros de la red corrupta.
EL PAÍS
- Madrid - 12/03/2011
EL INSTRUCTOR DE LA 'GÜRTEL' PIDE DATOS DE EMPRESAS DE JESÚS MERINO
Esas dos empresas son Serrano Global Consulting SL y Fuentelavanda SL
El juez Antonio Pedreira, que investiga la parte principal del caso Gürtel, ha pedido a los
ayuntamientos de Zaragoza, Logroño y Ador (Valencia) que le envíen todos
los expedientes que posean en relación a 18 empresas vinculadas a la
trama corrupta y entre las que figuran dos propiedad del ex diputado del
PP al Congreso por Segovia Jesús Merino. Esas dos empresas son Serrano
Global Consulting SL y Fuentelavanda SL.
El requerimiento del juez afecta también de manera especial al grupo
empresarial Ros Roca, investigado por sus presuntas conexiones con la
red que supuestamente dirigía Francisco Correa.
De hecho, Pedreira ha solicitado a la Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Economía la remisión de todos los contratos
adjudicados a las sociedades del grupo Ros Roca, que en el último
mandato de José María Aznar obtuvo créditos de ayuda al desarrollo (FAD).
El juez ordena igualmente al Instituto de Crédito Oficial que le
facilite los contratos suscritos con mercantiles pertenecientes a Ros
Roca.
La solicitud de Pedreira, contenida en un auto dictado el pasado día
27, se sustenta en los informes de la policía y la Fiscalía
Anticorrupción sobre la presunta ligazón entre el grupo de Francisco
Correa y diversas empresas pantalla, categoría en la que estaría
encuadrada Ros Roca, así como la empresa Asian Deluxe Group SL.
El juez, que espera cerrar la instrucción en los próximos meses, ha
comenzado ya la criba de imputados. En un auto notificado ayer, Pedreira
levanta provisionalmente la imputación a los abogados Manuel Delgado
Solís y José Antonio López Rubal, a quienes hasta ahora se atribuía un
delito de blanqueo. Ambos prestaban servicios a Correa.
VARIOS
CLIENTES DE
MERINO
TRABAJARON
CON LA 'GÜRTEL'
La mayoría
de los
clientes de
las
consultoras
vinculadas
al ex
portavoz
adjunto del
Partido
Popular en
el Congreso
Jesús
Merino, que
renunció a
su escaño en
abril
por su
imputación
en el
caso Gürtel,
había
cerrado
antes
operaciones
económicas
con miembros
de la trama
o con
imputados en
la causa.
Según un
informe de
la Agencia
Tributaria
incorporada
al sumario
del caso
Gürtel, los
despachos
vinculados a
Merino o a
su esposa
ingresaron
8,4 millones
de euros más
IVA entre
2002 y 2008,
todos
declarados a
Hacienda. El
documento
detalla
operaciones
con una
decena de
empresas, la
mayoría de
las cuales
ha tenido
trato con la
trama.
Un portavoz
del despacho
que Merino
compaginó
con su tarea
de diputado
una
posibilidad
legal si no
afecta a
temas
relacionados
con la
actividad
parlamentaria
asegura que
todos los
ingresos
fueron por
asesorías
sin relación
con el
Congreso ni
con la trama
Gürtel y
declaradas a
Hacienda.
Merino
siempre ha
negado su
vinculación
a la trama.
El fiscal
pidió su
imputación
porque en la
caja B del
grupo de
Francisco
Correa
aparece en
2007 un pago
de 50.000
euros a
"Jesús
Merino
Serrano
50".
Una de las
empresas de
Merino se
llama
Serrano 50
Global
Consulting.
Entre 2004 y
2007, el ex
diputado
facturó 1,2
millones a
Fomento
Territorial,
consultora
que gestionó
dos
polémicas
operaciones
urbanísticas
en Castilla
y León La
Rosaleda, en
Ponferrada,
y Segovia
21,en las
que también
participó el
constructor
José Luis
Ulibarri,
imputado en
el caso
Gürtel.
Este, a su
vez, pagó en
2008 a
través de
Aralia
52.000 euros
a
Fuentelavanda,
administrada
por la
esposa de
Merino.
Serrano 50
Global
Consulting,
que en 2007
abonó 50.000
euros al ex
tesorero del
PP Luis
Bárcenas,
también
imputado,
ingresó
asimismo en
2006 un
total de
296.000
euros de
Enercorr XXI.
Esta empresa
impulsó
Langa Duero
Enercorr XXI,
un proyecto
al que en
2001 se sumó
Spinaker,
empresa
clave en el
blanqueo de
capitales de
la trama,
administrada
primero por
Luis de
Miguel y
luego por
Pablo
Crespo,
lugarteniente
de Francisco
Correa. En
2004,
Spinaker aún
conservaba
el 10% de
las acciones
de este
proyecto
conjunto.
En el auto
en que el
Supremo
admitió la
causa contra
aforados
nacionales,
en junio de
2009 en
aquel
momento,
Merino lo
era, en
tanto que
diputado la
jueza hizo
constar que
en el
informe de
Hacienda "no
se refieren
datos
concretos
que permitan
la
imputación
de una
conducta
ilícita". El
informe se
limitaba a
divulgar un
listado de
los clientes
sin
investigar
las
eventuales
conexiones
con la
trama.
Varios de
los clientes
de Merino
cerraron
también
operaciones
en Pozuelo
durante los
años en que
Jesús
Sepúlveda,
imputado en
la Gürtel,
era alcalde.
Sepúlveda
fue socio de
Merino y
Bárcenas en
Astrolago de
Inversiones,
sociedad
disuelta en
2008 que
nunca
declaró
actividad.
Algunas de
las
operaciones
en Pozuelo
fueron
denunciadas
en su día
por la
oposición
socialista
como
"pelotazos"
o "poco
claras". Por
ejemplo, la
compra a
Sigla SA por
parte del
consistorio
del centro
comercial El
Torreón por
19,1
millones de
euros en
2005. Entre
2005 y 2007,
Sigla SA
declaró
pagos a
Merino por
un total de
477.000
euros a
través de
Algaba
Consultores,
la sociedad
de Merino
que desde
2006
participaba
también en
Astrolago
junto a
Sepúlveda.
Otra
operación
polémica en
Pozuelo fue
la permuta
de terrenos
entre el
Ayuntamiento
y Parquesol
a principios
de 2005. La
oposición
advirtió de
que el
ayuntamiento
salía
perjudicado
con el
cambio al
estar el
terreno que
recibía en
una zona con
menos
potencial
que la del
que
entregaba a
esta
empresa.
Entre 2004 y
2007,
Parquesol
abonó
354.595
euros a
Everland,
administrada
por la
esposa de
Merino,
quien está
autorizado
en una de
sus cuentas.
Parquesol
declinó
explicar los
pagos al
haber sido
realizados
antes de la
entrada del
Grupo San
José en la
empresa.
Finalmente,
el Grupo
Ortiz, que
junto con
Hispánica es
la
constructora
que más
trabajó con
el
Ayuntamiento
de Pozuelo
durante el
mandato de
Sepúlveda,
pagó a las
distintas
sociedades
vinculadas a
Merino 2,1
millones de
euros entre
2006 y 2008.
Lo hizo a
través de
tres de sus
sociedades:
Compañía
Internacional
de
Construcción
y Diseño,
Agrícola El
Casar y
Ortiz
Construcciones
y
Proyectos.
El Grupo
Ortiz es el
único que ha
detallado a
Público los
motivos de
los pagos:
375.000 por
asesoría en
la
adquisición
de Cosfesa,
empresa de
servicios
ferroviarios;
202.000 por
una asesoría
para un
proyecto de
energía
renovable en
Badajoz; un
millón por
la compra de
una finca
con viñedos
en Gumiel de
Izán
(Burgos),
propiedad de
Algaba
Consultores,
y 529.000
euros por
asesoría en
la compra de
dos empresas
eléctricas
en
Guadalajara.
Pagos en la
caja B
Otro de los
clientes de
Merino que
tuvo
relación con
la trama es
Sufi SA.
Esta
empresa,
especializada
en medio
ambiente,
logró
importantes
contratos en
Boadilla del
Monte y
Majadahonda,
el epicentro
de la trama
en Madrid,
ya sea en
solitario o
en UTE con
Aqualia.
Directivos
de Sufi y
Aqualia
aparecen
supuestamente
aportando
ingresos a
la caja B
del grupo de
Francisco
Correa en
2002, según
la
documentación
que se
incautó la
policía en
el pen drive
del
contable:
Gonzalo
Naranjo,
cuya familia
controlaba
entonces
Sufi,
157.000
euros en
febrero;
Enrique
Carrasco (Aqualia),
105.000
euros en
enero.
Los pagos de
Sufi a
empresas de
Merino
declarados a
Hacienda
sumaron
429.172
euros entre
2004 y 2007
y se
realizaron a
través de
Everland,
administrada
por la
esposa del
ex
diputado.
La empresa
forma parte
hoy de Sacyr
Vallehermoso
y los
actuales
gestores
declinaron
explicar los
pagos a
Everland al
realizarse
todos antes
de su
adquisición
de la
compañía, en
2005.
DE
CASTILLA Y
LEÓN AL
‘APARATO' DE
LA CALLE
GÉNOVA
Conexión con
Sepúlveda
La relación
de Jesús
Merino y
Jesús
Sepúlveda,
ambos
imputados en
el ‘caso
Gürtel', es
muy estrecha
desde hace
más de 20
años.
Sepúlveda
era entonces
gerente del
PP de
Castilla y
León, y su
esposa, Ana
Mato, jefa
de Gabinete
del
presidente
de la Junta,
José María
Aznar. En
1991, con
Aznar ya
instalado en
Madrid,
Merino fue
nombrado
consejero de
Fomento por
Juan José
Lucas. En la
siguiente
década,
Merino y
Sepúlveda
coincidirían
de nuevo en
el aparato
de Génova .
Los dos
formaron
parte de la
ejecutiva y
del comité
electoral
nacional. La
esposa de
Merino, Ana
Isabel
Gutiérrez,
era la
abogada
familiar del
matrimonio
Sepúlveda-Mato.
Vínculo con
Bárcenas
En 2006, ni
Sepúlveda ni
Merino
estaban ya
en el
‘aparato' de
Génova. El
primero era
alcalde de
Pozuelo y el
segundo,
diputado.
Ambos
impulsaron
junto con
Luis
Bárcenas,
entonces
tesorero del
PP,
Astrolago de
Inversiones.
La sociedad
no declaró
jamás
actividad y
fue
liquidada
formalmente
en 2009,
tras el
estallido
del ‘caso
Gürtel',
aunque en la
práctica se
había
disuelto ya
en 2008. Sus
promotores
aseguran que
se creó para
una
inversión
concreta que
nunca llegó
a
materializarse.
Pagos en la
caja B
Varios
informes
policiales
del sumario
'Gürtel'
consideran
que
Sepúlveda,
Merino y
Bárcenas
aparecen
como
receptores
de fondos en
la caja B de
la trama.
Según la
policía,
Merino y
Bárcenas
recibían
supuestamente
el dinero
siempre la
misma fecha.
Los dos
rechazan
haber
recibido
fondos de la
trama. La
última vez
que Merino
aparece
supuestamente
en el
listado de
la caja B es
en 2007,
donde consta
el pago de
50.000 euros
para "Jesús
Merino
Serrano 50".
Una de las
consultoras
que Merino
ha
compaginado
con su
trabajo de
diputado
-una
posibilidad
legal si no
afecta a la
tarea
parlamentaria-
es Serrano
50 Global
Consulting.
Dimisión
Jesús Merino
ha ido
renunciando
a todos sus
cargos
políticos
por su
vinculación
con el ‘caso
Gürtel',
siempre con
mayor
celeridad
que
Bárcenas. En
2009,
dimitió como
portavoz
adjunto del
PP en el
Congreso y,
el pasado
abril, dejó
el carnet
del partido
y abandonó
el escaño
con el
objetivo,
dijo, de
demostrar su
inocencia.
Con su
dimisión,
dejó de ser
aforado y su
investigación
recae en el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid.
EL GESTOR
DE DOS
PELOTAZOS
PAGÓ 1,2
MILLONES A
MERINO
El gestor de
dos de los
grandes
proyectos
urbanísticos
más
controvertidos
de Castilla
y León La
Rosaleda, en
Ponferrada,
y Segovia
21, el
empresario
Elías
Benatar,
pagó entre
2004 y 2007
un total 1,2
millones más
IVA a las
consultorías
de
Jesús Merino,
diputado del
Partido
Popular (PP)
por Segovia
hasta abril
de 2010,
cuando
dimitió por
su
imputación
en el
caso Gürtel.
Ambos
proyectos,
gestionados
por Benatar
a través de
Eyser y
Fomento
Territorial,
han contado
con la
participación
destacada
del
constructor
José Luis
Ulibarri,
imputado
también en
el caso
Gürtel. El
consejero de
Fomento que
dio luz
verde a la
operación de
Ponferrada
fue Manuel
Fernández
Santiago, de
quien la
policía
sospecha que
podría
tratarse del
Toti que
recibió
pagos de la
trama
Gürtel, algo
que el
actual
presidente
de las
Cortes de
Castilla y
León niega.
El pelotazo
de La
Rosaleda,
por el que
Ulibarri
obtuvo 2.016
parcelas a
un 20% del
precio de
mercado, ha
sido
declarado
ilegal por
los
tribunales,
pero
ejecutar las
sentencias
es imposible
al estar ya
todo
construido.
Y el de
Segovia 21,
que supuso
la cesión de
101
hectáreas de
terreno
público a
una sociedad
con
creciente
peso privado
liderado por
la misma
persona que
impulsó el
proyecto
desde la
diputación
Atilano
Soto,
presidente
de Caja
Segovia,
está en los
tribunales
desde 2007:
dos
denuncias
han sido
archivadas y
dos siguen
vivas, la
última de
las cuales
en un
juzgado de
Madrid, que
la admitió a
trámite el
pasado
abril.
La relación
profesional
entre Eyser,
Fomento
Territorial
y los
despachos
que Merino
compaginó
durante años
con su
actividad de
diputado de
2000 a 2010,
incluyendo
dos años
como
portavoz
adjunto del
grupo del PP
y de
dirigente
nacional del
partido
secretario
de Política
Autonómica
entre 2002 y
2005 y
miembro del
comité
electoral en
2004 es
antigua y
declarada a
Hacienda.
Los
diputados
pueden
dirigir
también
despachos
profesionales
privados más
de 30 lo
hacen
siempre que
no toquen
asuntos
relacionados
con su tarea
parlamentaria,
un marco que
deja mucho
terreno para
la
ambigüedad.
Benatar fue
el gestor de
los dos
polémicos
proyectos
urbanísticos
en Castilla
y León, el
feudo de
Merino. A
petición del
Ayuntamiento
de
Ponferrada
(PP),
redactó en
2001 la
reforma
urbanística
que iba a
permitir la
construcción
en La
Rosaleda de
más de 2.000
viviendas,
un encargo
que en 2004
le fue
renovado
para
encauzar el
proceso.
El proyecto
fue
declarado
ilegal de
cabo a rabo
por los
tribunales,
pero cuando
ya no había
marcha atrás
porque
estaba todo
construido
y, en parte,
vendido.
En 2006 el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Castilla y
León, en una
sentencia
ratificada
por el
Supremo el
mes pasado,
anuló la
reforma
urbanística
porque se
edificó tres
veces más de
lo permitido
y se eliminó
el 10%
exigido para
servicios.
En 2007, el
mismo
tribunal
anuló las
adjudicaciones,
que
beneficiaron
a Ulibarri,
por falta de
publicidad y
concurrencia.
En 2003,
Fomento
Territorial
recibió
también el
encargo de
gestionar el
proyecto de
Segovia 21,
que
culminará
previsiblemente
el año que
viene con la
entrega de
400
viviendas y
chalets
(estos
últimos se
están
vendiendo ya
a partir de
850.000
euros), un
hotel de
lujo, un
campo de
golf de 18
hoyos y un
centro de
negocios,
entre otros.
El plan fue
impulsado en
2001 por
Atilano
Soto,
entonces
presidente
de la
diputación y
también al
frente de
Caja
Segovia, que
ahora lidera
al grupo de
empresarios
que se ha
sumado a la
iniciativa.
Los
promotores
defienden
que el
proyecto
crea riqueza
y que la
diputación
no ha tenido
que pagar y,
en cambio,
ha ingresado
seis
millones.
Los críticos
denuncian
que se
aportaron
101
hectáreas de
terreno
público en
un paraje de
ensueño a un
precio
irrisorio
equivalente
a 16
millones, en
acciones de
Segovia 21
tras una
tasación
elaborada
antes de
definir el
proyecto en
su conjunto
y que el
beneficiario
último será
privado. Las
hectáreas
cedidas
Monte
Quitapesares
se fueron
descatalogando
por fases
pese a que
el proyecto
era único y
se fueron
aportando a
Segovia 21
sin subasta
pública.
El juzgado
archivó dos
causas en
Segovia,
centradas
sobre todo
en la
descatalogación
en sí. Pero
queda viva
una demanda
por la
cesión de
los terrenos
a Segovia 21
y otra por
estafa,
admitida a
trámite en
Madrid el
pasado
abril.
En
declaraciones
a Público,
Elías
Benatar
defendió su
relación
comercial
con Merino y
negó que los
pagos por
1,2 millones
de euros más
IVA tengan
nada que ver
con La
Rosaleda o
Segovia 21.
"Se trata de
operaciones
de carácter
privado
entre
empresas,
ajenas a
cualquier
organismo
público y
sin ninguna
relación con
el caso
Gürtel, y
cuya
información
supondría la
vulneración
del secreto
profesional",
afirma el
empresario.
Un portavoz
del despacho
de Jesús
Merino
afirmó que
el ex
diputado
nunca ha
trabajado
para Eyser o
Fomento
Territorial
en proyectos
en Castilla
y León y que
los pagos
obedecen a
consultorías
para
actividades
en otras
comunidades,
singularmente
un plan para
llevar
empresas a
Castilla-La
Mancha.
Los pagos
fueron
declarados
todos en el
denominado
modelo 347
que exige
Hacienda
para los
proveedores
que superen
los 6.000
euros y los
desveló un
informe de
la Agencia
Tributaria
incorporado
al sumario
del caso
Gürtel sobre
las
actividades
empresariales
de Jesús
Merino, que
entre 2002 y
2007 le
reportaron
8,4 millones
de euros. El
informe
destaca el
vínculo
entre
Segovia 21 y
Fomento
Territorial.
En el auto
en que el
Supremo
admitió la
causa contra
aforados
nacionales,
en junio de
2009, la
jueza hizo
constar que
en el
informe de
Hacienda "no
se refieren
datos
concretos
que permitan
la
imputación
de una
conducta
ilícita". El
fiscal
limitó su
petición de
imputación
al hecho de
que en la
caja B de la
trama
apareciera
que "Jesús
Merino
Serrano 50"
recibió
50.000 euros
en 2007.
Serrano 50
Global
Consulting,
que en 2007
declaró un
pago de
50.000 euros
a Luis
Bárcenas, ex
tesorero del
PP también
imputado,
recibió
220.000
euros más
IVA de
Fomento
Territorial.
Algaba
Consultores,
que poseía
el 33% de
Astrolago
sociedad
compartida
con Bárcenas
y Jesús
Sepúlveda
disuelta en
2008 sin
declarar
nunca
actividad,
ingresó
otros
372.215. Y
Everland,
administrada
por la
esposa de
Merino,
quien a su
vez contaba
con
autorización
en una
cuenta,
obtuvo
591.598.
JESÚS
MERINO: "EL
PP NO PUEDE
ESTAR
SOMETIDO A
UN DESGASTE
PERMANENTE"
El diputado
del PP por
Segovia
Jesús Merino
ha
renunciado
esta mañana
al acta de
parlamentario
en beneficio
de su
defensa,
según ha
dicho, ante
la
imputación
provisional
del Tribunal
Supremo por
su presunta
relación con
la trama
Gürtell.
Igual que el
ex-tesorero
del PP Luis
Bárcenas,
Merino no ha
acudido
personalmente
al registro
del
Congreso,
sino que la
renuncia ha
sido
presentada
por un
tercero.
Será
sustituido
por la
siguiente en
la lista,
Sara Dueñas
Herranz,
alcaldesa de
La Losa
(Segovia),
de 534
habitantes.
Consciente
de que le
perjudica
aparecer
junto a
Bárcenas,
hasta ahora
el otro
aforado
nacional,
Merino
sostiene que
su marcha de
la Cámara se
debe a una
decisión
estrictamente
personal,
para
alejarse de
los focos y
poder
trabajar en
una defensa
que le
permita
demostrar su
inocencia.
No obstante,
recuerda que
lleva un año
a
disposición
de su
partido y de
su grupo,
pendiente de
lo que debía
hacer con el
escaño.
Junto a una
defensa "más
tranquila",
Merino ha
reconocido
que
abandonar su
puesto de
parlamentario
traerá
consecuencias
positivas
también para
su familia y
para su
partido que,
a su juicio,
"no puede
estar
sometido a
un desgaste
permanente"
por esta
causa.
En relación
a las
críticas del
PSOE por
mantener el
escaño
Merino ha
afirmado que
este partido
"no está
legitimado
para dar
lecciones
contra la
corrupción"
y ha
recordado
que su
imputación
no es
formal.
Quien
también
fuera
diputado la
pasada
legislatura
-en la
actual
ejercía un
cargo en la
dirección
del grupo- y
vicepresidente
de la Junta
de Castilla
y León ha
anunciado
una
conferencia
de prensa,
mañana, para
explicar a
los
segovianos
las razones
que le han
llevado a
dejar el
cargo.
Tras
levantarse
el secreto
del sumario,
personas muy
cercanas a
Jesús Merino
han venido
insistiendo
en que un
auto del
Tribunal
Supremo
afirma que
"no se
refieren
datos
concretos
que permitan
la
imputación
de una
conducta
ilícita" a
través de
las
sociedades
de las que
es
accionista.
Además, el
auto,
fechado el
23 de junio
de 2009,
subraya que
tampoco hay
dato sobre
la
participación
de estas
empresas "en
el grupo de
actividades
objeto de la
investigación
que se sigue
ante el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid".
De otros
documentos
del sumario,
de acuerdo
con las
fuentes
próximas a
Merino, se
desprende
que el
supuesto
cabeza de la
trama,
Francisco
Correa,
niega
haberle
entregado
dinero y,
tanto el
contable de
éste, José
Luis
Izquierdo
López, como
quien
denunció el
caso, José
Luis Peñas,
aseguran que
no conocen
al hasta
ahora
parlamentario
segoviano.
Merino
presenta su
"baja
temporal"
como
militante
del PP
El diputado
por Segovia
está
implicado en
la
investigación
por el 'caso
Gürtel'
Más
de
cinco
horas
después
de
que
el
presidente
del
Partido
Popular,
Mariano
Rajoy,
afirmase
que
todos
los
implicados
en
el
caso
Gürtel
habían
cesado
ya
como
militantes
del
partido,
el
diputado
por
Segovia,
Jesús
Merino,
del
que
la
investigación
sostiene
que
ha
podido
percibir
de
la
trama
corrupta
más
de
200.000
euros,
ha
informado
a
través
de
un
comunicado
que
ha
presentado
su
"baja
temporal".
La
decisión
de
Merino
llega
el
mismo
día
que
Luis
Bárcenas,
ex
tesorero
y
gerente
del
PP,
y
todavía
senador
por
Cantabria,
ha
hecho
pública
su
baja
como
militante
tras
conocerse
el
contenido
del
sumario
que
instruye
el
juez
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid,
Antonio
Pereira.
"Desde
la
aparición
pública
de
este
asunto
-dice
Merino
en
la
nota
que
ha
publicado
la
web
del
PP-
siempre
he
manifestado
mi
disposición
a
aceptar
las
decisiones
que
tanto
el
Partido
como
el
Grupo
Parlamentario
considerasen
más
convenientes,
y en
consecuencia
adopto
esta
decisión
de
petición
de
baja
temporal
de
militancia,
para
no
perjudicar
los
intereses
del
Partido
Popular
del
que
formo
parte
desde
hace
casi
20
años
y de
mi
grupo
Parlamentario".
Al
igual
que
argumentasen
todos
los
cargos
del
partido
que
han
cesado
en
sus
funciones
y
militancia,
Merino,
uno
de
los
imputados
de
la
trama
aforado
por
su
condición
de
diputado,
ha
afirmado
que
su
"baja
temporal"
le
permitirá
defenderse
mejor
de
las
acusaciones
en
su
contra
presentes
en
el
sumario
que
investiga
la
red
de
corrupción
encabezada
por
Francisco
Correa.
En
la
contabilidad
B
de
Correa
figura
un
apunte
de
entrega
de
50.000
euros
"al
diputado
Jesús
Merino",
y
otras
entregas
que
totalizan
180.000
a
una
persona
cuyas
siglas
son
"J.
M.",
que
la
fiscalía
cree
que
se
trata
del
diputado
por
Segovia.
Renuncias
'sin
novedad'
"Todas
las
personas
se
han
dado
de
baja
de
militancia"
aseguró
Rajoy
poco
antes
de
las
14.00
desde
Sevilla
tras
conocer
el
cese
de
Bárcenas
como
militante
del
PP.
Pese
a la
declaración,
una
de
las
primeras
con
intención
del
presidente
del
partido
desde
que
el
juez
Pedreira
levantara
el
martes
el
secreto
de
sumario
del
caso
Gürtel,
hasta
las
20.00
de
la
tarde,
Génova
no
ha
distribuido
el
comunicado
en
el
que
Merino
anunciaba
su
solicitud
de
baja.
Durante
su
intervención,
Rajoy
ha
aclarado
que
la
instrucción
no
ha
probado
aún
la
financiación
irregular
del
PP y
ha
echado
mano
de
nuevo
del
argumentario
de
su
partido
para
descartar
novedad
alguna
en
la
parte
del
sumario
conocida
ahora.
Aún
así,
los
dos
aforados,
Bárcenas
y
Merino
han
decidido
hoy
abandonar
la
militancia.
Minutos
después
de
difundir
Génova
el
comunicado
de
Merino,
el
GrupoPopular
ha
distribuido
otro
en
el
que
agradece
la
"colaboración
ydisposición"
del
diputado.
Tanto
él
como
Bárcenas,
investigados
por
su
condición
de
aforados
en
el
Tribunal
Supremo,
mantienen
sus
actas
como
parlamentarios.
Sobre
este
último,
Rajoy,
preguntado
por
los
periodistas
en
Sevilla,
tampoco
ha
explicado
si
dejará
de
pagarle
el
abogado
o
retirará
el
despacho
que
el
ex
tesorero
mantiene
en
la
sede
nacional
del
partido
en
Madrid.
El
sumario
del
caso
Gürtel
sitúa
al
senador
por
Cantabria
en
el
centro
de
la
red
encabezada
por
Correa.
La
contabilidad
B
señala
a
Bárcenas
como
receptor
de
1,6
millones
de
euros
procedentes
de
la
trama.
Comunicado íntegro de Jesús Merino
En la tarde de hoy he comunicado a la dirección del Partido y del Grupo Parlamentario mi decisión de solicitar mediante escrito que presentaré de forma inmediata, mi baja temporal como militante del Partido Popular. Desde la aparición pública de este asunto siempre he manifestado mi disposición a aceptar las decisiones que tanto el Partido como el Grupo Parlamentario considerasen más convenientes, y en consecuencia adopto esta decisión de petición de baja temporal de militancia, para no perjudicar los intereses del Partido Popular del que formo parte desde hace casi 20 años y de mi grupo Parlamentario.
De esta forma considero que podré ejercer mejor mi derecho de defensa en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo ante el que demostraré mi absoluta inocencia. Quiero agradecer al Partido Popular y al Grupo Parlamentario, la confianza que han depositado en mí en las distintas responsabilidades políticas que he ejercido en estos años.
Merino cobró 8,44
millones por
asesorar a empresas
El ex portavoz
adjunto del PP
en el Congreso y
aún diputado
adscrito al
Grupo Popular
Jesús Merino se
embolsó 8,44
millones de
euros
procedentes de
una docena de
empresas entre
2002 y 2008,
según un informe
de la Agencia
Tributaria
fechado en junio
de 2009 e
incorporado al
sumario. La
mayoría de estas
empresas de
varios sectores:
construcción,
energía,
servicios optaba
a contratos
públicos en
Castilla y León.
Merino, que fue
vicepresidente
de la Junta de
Castilla y León
hasta 1999,
antes de dar el
salto a la
política
nacional como
diputado por
Segovia desde
2000, declaró en
su registro de
actividades del
Congreso que es
"accionista de
tres sociedades
consultoras, sin
relación con el
sector público".
Sin embargo,
Hacienda le
relaciona con
cinco
consultorías,
además de la
sociedad de
inversión
Astrolago, de la
que es socio
junto con Luis
Bárcenas,
senador y
tesorero del PP,
y Jesús
Sepúlveda, ex
hombre del
aparato del
partido y
alcalde de
Pozuelo hasta su
imputación en el
caso Gürtel.
El diputado
del PP
controla
junto a su
esposa cinco
consultoras
El documento de
la Agencia
Tributaria obvia
Astrolago y se
centra sólo en
las sociedades
controladas por
Merino y su
esposa, Ana
Isabel
Gutiérrez:
Serrano 50
Global
Consulting,
Merino es
titular del 100%
de las
participaciones
desde 2007;
Algaba
Consultores, de
la que Merino
controlaba el
99,96% de las
acciones hasta
su liquidación,
tres semanas
después de que
estallara el
caso Gürtel;
Dolthins,
administrada por
Merino, que
cuenta con el
99% de su
capital social;
Everland,
administrada por
su esposa, y
Fuentelavanda,
propiedad en un
99,57% de su
esposa. Son
estas cinco
empresas las que
recaudaron 8,44
millones de
euros entre 2002
y 2008 por
servicios
deconsultoría a
empresas.
Clientes
repetidos
Los clientes de
estas firmas del
matrimonio
Merino-Gutiérrez
se van
repitiendo. Por
ejemplo, el
Grupo Ortiz
abonó al
entramado
familiar casi
1,4 millones
repartidos en
375.000 euros a
Algaba, 202.000
a Dolthins y
900.000 en dos
servicios a
Everland. Y eso
sin contar la
compra de un
inmueble a
Algaba por
594.000 euros.
Bárcenas,
Merino y
Sepúlveda
crearon
juntos
Astrolago de
Inversiones
Otro ejemplo es
Fomento
Territorial,
que repartió 1,2
millones entre
Serrano 50
Global
Consulting y
Everland. O el
grupo Ros Roca,
que destinó
300.000 euros a
contratar a
Serrano 50
Global
Consulting y
Fuentelavanda.
Aunque ninguna
de estas
consultorías
tiene como
objeto el trato
con la
Administración,
el informe de la
Agencia
Tributaria
desvela que la
mayoría de
empresas que
pagó por sus
servicios optaba
a contratos
públicos. Y la
mayoría en
Castilla y León.
Proyecto
en Segovia
El documento
señala que
Fomento
Territorial
coordinó "un
importante
proyecto de
construcción de
un parque
empresarial en
Palazuelos del
Eresma
(Segovia)"
promovido por la
sociedad
semipública
Segovia 21.Prointec,
controlado por
el grupo Indra y
que pagó 211.000
euros a
Fuentelavanda,
"intervino
prestando
servicios de
control y
vigilancia en
las obras de la
Autovía A-60
Valladolid-León".
Por su parte,
Aralia Servicios
Sociosanitarios
desembolsó
52.374 euros a
Fuentelavanda al
tiempo que
lograba la
adjudicación,
previo concurso
público de la
gestión de una
residencia de
ancianos
propiedad de la
Gerencia de
Servicios
Sociales de
Castilla y León,
que iba a
proporcionarle
13,1 millones en
diez años. Del
Grupo Ortiz, la
agencia recalca
que "tiene un
importante
volumen de
negocios con
Administraciones
Públicas".
El informe avisa
que Everland
pagó 400.000
euros a empresas
sin actividad
real, una de las
cuales es una
"presunta
emisora de
facturas
falsas", y
apunta indicios
de defraudación
fiscal superior
a 600.000 euros.
La sociedad fantasma del ex
VICE presidente de Castilla y León no
tenía actividad, pero sí ingresos
Seis de abril de 2009. El Plural
publica que Ana Gutiérrez, esposa
del ex vicepresidente de Castilla y
León y diputado popular por
Segovia, Jesús Merino Delgado, creó
en abril de 2006 una sociedad
fantasma en la que también
participaban el ex tesorero del
Partido Popular, Luis Bárcenas, y el
ex alcalde de la localidad madrileña
de Pozuelo de Alarcón, Jesús
Sepúlveda.
Un año después…
Asimismo, la abogada de Ana
Gutiérrez insistía en que
Astrolago “no tenía actividad
alguna", “por lo cual resulta
muy difícil que sirviera de `tapadera´
para nada”. Casi un año después
de aquella carta de
rectificación, y a raíz del
levantamiento del secreto del
sumario del caso Gürtel,
la sociedad fantasma del
ex presidente de Castilla y León
vuelve a estar de actualidad.
Sí tenía ingresos
Según adelanta la Cadena Ser,
y en base a un informe de la
Unidad de Delitos Económicos que
figura en el sumario, “Astrolago
era una sociedad fantasma sin
ningún tipo de actividad, pero
con ingresos”.
Bárcenas y Sepúlveda
El sumario también deja claro
que Luis Bárcenas y Jesús
Sepúlveda -ex marido de Ana
Mato, la número tres del Partido
Popular a día de hoy-, también
formaban parte de Astrolago.
Televisión Española va más allá
y explica que en el tomo XVII
del sumario consta que Bárcenas
y Sepúlveda hicieron una
operación de compraventa de esta
sociedad por importe de 3.000
euros.
Junto a los populares, tampoco se
perdieron la cita relevantes socialistas, como el alcalde de León, Francisco
Fernández; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; o el
secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López.
BÁRCENAS SUGIRIÓ AL SUPREMO QUE
EN CASTILLA Y LEÓN PUDO HABER SOBORNOS
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas
-que mantiene su despacho en la calle Génova y aún ejerce algunas funciones- no
incriminó sólo a Luis Delso, presidente de Isolux, en su declaración como
imputado provisional ante el Tribunal Supremo. Bárcenas apuntó a Delso cuando le
preguntaron quién es ese "Luis el cabrón" que aparece en la contabilidad b de la
red Gürtel. Y cuando el juez Francisco Monterde quiso saber quién era la "L" que
aparece como perceptor de sobornos en la adjudicación de la variante de Olleros
de Alba (León), que la policía cree que podría corresponder al ex tesorero,
Bárcenas también desvió el tiro incriminando a otras personas.
Los investigadores apuntan a
Bárcenas y a Jesús Merino, el otro parlamentario nacional del PP implicado, como
perceptores de sobornos. El ex tesorero le dijo al juez, según diversas fuentes
del PP, que para poner nombres a las varias iniciales que aparecen en la
contabilidad b sobre esta variante (L; G; J; TO), los investigadores deberían,
por el contrario, buscar entre las personas responsables de la adjudicación.
En ese momento, el consejero de
Fomento de Castilla y León era José Manuel Fernández Santiago, también conocido
como Toti, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, al que un informe
policial reciente sitúa como posible perceptor de sobornos de la red que dirigía
Francisco Correa, extremo que él niega rotundamente.
El organigrama de esa consejería en
el momento de la adjudicación a la empresa Teconsa de esa obra, por la que,
según la contabilidad b hallada por la policía, habría pagado un 3% de
comisiones en forma de sobornos, era el siguiente. Fernández de Santiago era el
consejero y máximo responsable de la adjudicación de la obra. La TO que aparece
podría corresponderle a él, según la policía. Luis Solís Villa era el director
general de Carreteras, por tanto, muy vinculado a la adjudicación. Y Jesús
Martínez Almeida era coordinador de servicios de la Dirección General de
Carreteras, también responsable de la adjudicación.
El Gobierno de Castilla y León
insiste en que el expediente de esa adjudicación fue impecable. Sin embargo,
este Ejecutivo niega información a la oposición sobre otras adjudicaciones a
otras empresas vinculadas con la red.
EL SUPREMO RECIBE LAS PRUEBAS QUE
IMPLICAN AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA RED GÜRTEL
Un informe policial de 22 folios y
tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo
implica al Gobierno de Castilla y León en la trama que dirigía Francisco Correa.
En concreto, al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento
castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago.
El citado informe fue remitido hace
15 días al Supremo porque recoge supuestos pagos de la trama Gürtel al senador
Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino como comisión por una obra pública, la
variante del municipio leonés de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de
Castilla y León. Barcenas y Merino, dada su condición de aforados nacionales,
están siendo investigados por el alto tribunal.
El informe policial arranca de una
documentación hallada en las oficinas de la trama corrupta sobre la adjudicación
de una carretera por 2,7 millones a la constructora leonesa Teconsa -en un fax
remitido a la trama corrupta desde la Consejería de Fomento de Castilla y León-
y del reparto de comisiones por el 3% de ese dinero entre altos cargos del PP y
el propio Correa. Teconsa, afín a Correa, fue la adjudicataria de la
sonorización de la visita del Papa a Valencia en 2006, de lo que la trama
también sacó tajada.
La policía señala: "Todos los
indicios permiten inferir que se produjo una adjudicación amañada de la obra en
la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa así
como de cargos públicos y responsables políticos con capacidad de influir en la
decisión de la Consejería de Fomento de Castilla y León de adjudicar el concurso
a Teconsa". Tras meses de pesquisas policiales para conocer quién se escondía
tras las siglas "T. O." o "TOTI", la policía concluye que se trata de Fernández
Santiago. "Todo parece indicar", indica el informe, "que el entonces consejero
de Fomento de la Junta y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel
Fernández Santiago (TOTI), podría haber tenido participación en los hechos".
En el reparto de las comisiones,
según un cuadro elaborado por la policía, destacan los 39.000 euros cobrados
supuestamente por Fernández Santiago y otros 18.600 que se atribuyen a Luis
Bárcenas, el ex tesorero del PP. "La persona que más dinero recibe de la
operación corresponde a quien tiene una capacidad directiva sobre la
adjudicación del concurso, es decir, al consejero de Fomento, cuyo departamento
convoca el mismo", señala el informe.
EL CONGRESO
APRUEBA EL SUPLICATORIO DEL DIPUTADO POPULAR JESÚS MERINO
Jesús Merino ya puede ser juzgado
por el Supremo por un supuesto delito de cohecho de 50.000 euros, que según los
investigadores podría haber recibido de la trama de Francisco Correa. El
diputado del PP, que ha querido acelerar los trámites para que su suplicatorio
fuera tramitado cuanto antes, logró con esa actitud que el pleno votara ayer
mismo este trámite.
Se votó en secreto, como es habitual
en este tipo de asuntos delicados, y casi todos los diputados lo apoyaron, salvo
ocho: tres votos en contra y cinco abstenciones.
En el Senado, hoy se reúne por
segunda vez la Comisión de Suplicatorios, donde los grupos expresarán su
posición sobre el caso de Bárcenas. El senador, que ayer acudió a votar a la
Cámara alta, se declaró "muy satisfecho" por la veloz tramitación de su
suplicatorio, que se aprobará el martes.
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
CONFÍA EN PODER VOTAR EL SUPLICATORIO DE MERINO LA PRÓXIMA SEMANA
La Comisión del Estatuto de los
Diputados quiere dar la mayor celeridad al procedimiento del suplicatorio del
diputado popular
Jesús Merino.
Intenta que pueda votarse en el Pleno de la próxima semana, mes y medio antes de
que expire el plazo para resolver toda la tramitación, el 31 de octubre.
Fuentes parlamentarias han señalado
que todos los miembros de la comisión, incluido el del PP, además del propio
afectado, están "muy interesados" en resolver cuanto antes esta cuestión para
que Merino "tenga la opción de defenderse" de los delitos de cohecho y fraude
fiscal que le imputan por su presunta relación con el caso Gürtel.
Se le imputan los delitos de cohecho
y fraude fiscal
Por este motivo, la comisión tratará
de que el jueves de la próxima semana, el 17 de septiembre, el Pleno del
Congreso vote -lo hará de forma secreta- el suplicatorio de Jesús Merino, un
requisito necesario para que el Tribunal Supremo pueda continuar con sus
investigaciones sobre él, al tratarse de una persona aforada, y poder
procesarle, si así lo estima.
La Comisión del Estatuto de los
Diputados ha celebrado hoy su primera reunión de trabajo para debatir si concede
o no el suplicatorio pedido por el Supremo y ha fijado un plazo de diez días
para que Merino formule sus alegaciones, que hará por escrito.
No obstante, se espera que el
diputado popular presente las alegaciones antes de ese plazo y será entonces
cuando la comisión vuelva a reunirse para analizarlas y emitir un dictamen.
Fue el pasado 1 de septiembre cuando
la Mesa del Congreso de los Diputados tramitó el suplicatorio del Supremo para
investigar a Merino por su presunta relación con la supuesta trama de corrupción
organizada por el empresario Francisco Correa, imputado en el caso y actualmente
en prisión provisional.
Según el Reglamento del Congreso de
los Diputados, la citada comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo
de 30 días, tras la audiencia del interesado, que podrá realizarse por escrito u
oralmente.
Además de Merino, el senador del PP
Luis Bárcenas también está pendiente de que la Cámara Alta autorice el
suplicatorio solicitado por el Alto Tribunal para imputar formalmente al
tesorero del principal partido de la oposición -suspendido temporalmente de sus
funciones a petición propia-.
La Mesa del Senado analizó hoy la
petición del suplicatorio contra Bárcenas, que a partir de ahora deberá recorrer
un proceso similar al de Merino en el Congreso antes de que sendas cámaras den
el visto bueno al Tribunal Supremo para que investigue a ambos.
Los nombres de Bárcenas y Merino
están incluidos en el sumario del caso Gürtel por su presunta participación en
la trama de corrupción del empresario Francisco Correa, quien habría entregado a
ambos grandes cantidades de dinero a cambio de adjudicaciones y contratos.
Todos los miembros de la Mesa han
aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino
La Mesa del Congreso ha aceptado este martes
tramitar el suplicatorio
del Tribunal Supremo contra el diputado del PP
Jesús Merino
por el caso Gürtel, con lo que la Comisión del Estatuto del Diputado se
reunirá en próximas fechas para iniciar los trabajos encaminados a decidir si
concede o no la solicitud.Tras el paréntesis estival, el órgano rector de la
Cámara Baja se ha reunido hoy por primera vez y
ha calificado el
suplicatorio remitido por
el Supremo a
últimos de julio, en el
que el Alto Tribunal pedía permiso para poder seguir investigando a Merino por
los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.
Fuentes parlamentarias han informado
de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio
contra Merino, paso imprescindible para que la Comisión del Estatuto del
Diputado comience los trabajos sobre la concesión del mismo, que podría ser
votada por el pleno del Congreso en octubre.
Una vez calificado el escrito, el
presidente del Congreso, José Bono, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara,
dispone de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto del Diputado.
30 días para escuchar a Merino
Este órgano es el responsable de
analizar la documentación pertinente y de escuchar al propio interesado, para lo
cual dispondrá de un plazo de 30 días, antes de que la concesión del
suplicatorio sea votada por el pleno de la Cámara.
El Congreso también ha pedido
seguir investigando a Bárcenas
Junto al suplicatorio de Merino, el
Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y
proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.
El proceso desde que se presenta un
suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende
que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el
plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones
desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.
Sólo pueden ser juzgados por el
Supremo
La Constitución establece que los
diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en
el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.Sólo
pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe
solicitar un suplicatorio a tal fin.La Comisión del Estatuto del Diputado cuenta
a su vez con un plazo máximo de 30 días para estudiar la petición y escuchar al
interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.
El trato que ha recibido el diputado
del Grupo Popular Jesús Merino por sus jefes, es decir, por la dirección del
Grupo Popular, encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría, al conocer la decisión
del Tribunal Supremo de pedir su suplicatorio para actuar contra él, ha sido
deferente y delicado. Merino ha dimitido de su puesto relevante dentro del Grupo
Popular, al frente de la coordinación de todas las comisiones, nada más conocer
la decisión del Tribunal.
Y que ha sido él quien ha dado el
paso sin que se lo tengan que pedir es lo que de inmediato transmitió la
dirección del grupo popular: "Desde el principio el diputado Merino había
manifestado que si se materializaba la solicitud del suplicatorio por parte del
alto tribunal, al Congreso, renunciaría a sus responsabilidades en el Comité de
Dirección del Grupo, en plena coordinación con éste", dice el comunicado oficial
del PP. El diputado popular realizará "su actividad como diputado por Segovia",
remacha el comunicado. Lo cierto es que se queda como diputado raso, sin tarea
concreta y deja de pertenecer al núcleo de dirección.
Sáenz de Santamaría dice que Merino
siempre ha estado a disposición del Grupo y se actuará cuando haya que actuar
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que
el diputado del PP Jesús Merino, imputado provisional en el caso 'Gürtel',
"siempre" ha estado "a disposición" del grupo parlamentario, en el que
desarrolla "una excelente tarea", y reiteró que se actuará "en el momento que
haya que actuar" con la "coordinación, normalidad y transparencia" que, según
dijo, los 'populares' han mantenido hasta ahora.
En declaraciones en los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Sáenz de
Santamaría se pronunció en estos términos al ser preguntada si tras la dimisión
anunciada ayer por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, también imputado
provisional por la trama, Merino, que forma parte de la dirección del Grupo
Popular, debería seguir sus pasos.
La dirigente del PP subrayó que tanto Merino como el Grupo Popular en el
Congreso han actuado "siempre" con "absoluta normalidad" y de manera
"coordinada" con respecto a esta cuestión y teniendo "muy presente" el derecho a
la presunción de inocencia de cualquier persona y también del citado diputado.
"Se abordará este tema, como dijimos desde un primer momento, teniendo presente
cómo iban las actuaciones judiciales y siempre buscando el mejor derecho de
defensa a la que este diputado como cualquier otro español tiene", sostuvo Sáenz
de Santamaría.
La portavoz 'popular' recalcó que Merino "siempre" ha manifestado que está "a
disposición" del grupo parlamentario, del que es portavoz adjunto, y que se
actuará "en el momento que haya que actuar con la misma coordinación, normalidad
y transparencia que hasta ahora".
ESPERA QUE LA SITUACIÓN SE SOLVENTE "CUANTO ANTES"
Preguntada sobre si comparte la valoración positiva que algunos compañeros han
realizado sobre la dimisión de Bárcenas, Sáenz de Santamaría defendió que es
"digno de reconocer" al ya dimitido tesorero del PP que ha actuado "siempre"
teniendo presente que forma parte de un partido al que quiere y por el que
trabaja.
Tras recalcar que la dimisión de Bárcenas se ha abordado de manera "coordinada"
con el partido y su presidente, Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría mostró su
deseo de que "cuanto antes" pueda solventarse esta situación.
Dicho esto, quiso trasladar el "respeto" y la "cercanía" a todos los militantes
y a todas las personas que, como Bárcenas, en un momento determinado pueden
verse afectados por una circunstancia de esta naturaleza.
Sáenz de Santamaría dice que
Merino siempre ha estado a disposición del Grupo y se actuará cuando haya
que actuar
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya
Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que el diputado del PP Jesús Merino,
imputado provisional en el caso 'Gürtel', "siempre" ha estado "a
disposición" del grupo parlamentario, en el que desarrolla "una
excelente tarea", y reiteró que se actuará "en el momento que haya que
actuar" con la "coordinación, normalidad y transparencia" que, según
dijo, los 'populares' han mantenido hasta ahora.
En declaraciones en los periodistas en los pasillos de la Cámara
Baja, Sáenz de Santamaría se pronunció en estos términos al ser
preguntada si tras la dimisión anunciada ayer por el tesorero del PP,
Luis Bárcenas, también imputado provisional por la trama, Merino, que
forma parte de la dirección del Grupo Popular, debería seguir sus pasos.
La dirigente del PP subrayó que tanto Merino como el Grupo Popular en
el Congreso han actuado "siempre" con "absoluta normalidad" y de manera
"coordinada" con respecto a esta cuestión y teniendo "muy presente" el
derecho a la presunción de inocencia de cualquier persona y también del
citado diputado.
"Se abordará este tema, como dijimos desde un primer momento,
teniendo presente cómo iban las actuaciones judiciales y siempre
buscando el mejor derecho de defensa a la que este diputado como
cualquier otro español tiene", sostuvo Sáenz de Santamaría.
La portavoz 'popular' recalcó que Merino "siempre" ha manifestado que
está "a disposición" del grupo parlamentario, del que es portavoz
adjunto, y que se actuará "en el momento que haya que actuar con la
misma coordinación, normalidad y transparencia que hasta ahora".
ESPERA QUE LA SITUACIÓN SE SOLVENTE "CUANTO ANTES"
Preguntada sobre si comparte la valoración positiva que algunos
compañeros han realizado sobre la dimisión de Bárcenas, Sáenz de
Santamaría defendió que es "digno de reconocer" al ya dimitido tesorero
del PP que ha actuado "siempre" teniendo presente que forma parte de un
partido al que quiere y por el que trabaja.
Tras recalcar que la dimisión de Bárcenas se ha abordado de manera
"coordinada" con el partido y su presidente, Mariano Rajoy, Sáenz de
Santamaría mostró su deseo de que "cuanto antes" pueda solventarse esta
situación.
Dicho esto, quiso trasladar el "respeto" y la "cercanía" a todos los
militantes y a todas las personas que, como Bárcenas, en un momento
determinado pueden verse afectados por una circunstancia de esta
naturaleza.
MERINO ALEGA AL JUEZ QUE EL
APUNTE "JESÚS MERINO" PARECE MANIPULADO
El diputado popular Jesús Merino
negó ayer ante el juez Francisco Monterde todas las acusaciones en las que
aparece implicado como receptor de fondos de la trama de corrupción que afecta
al Partido Popular y que presuntamente dirigía Francisco Correa.
El diputado rechazó que él fuera
J.M. tal y como figura en la contabilidad en negro intervenida en un lápiz de
memoria al supuesto contable de la red. Incluso llegó a negar que él fuera el
"Jesús Merino" que consta en otra de las anotaciones contables. El diputado, que
compareció a petición propia y en calidad de imputado provisional, puesto que no
se ha tramitado todavía un suplicatorio para proceder contra él, llegó a
explicar que la palabra Merino, que figura en la anotación, parece diferente de
las restantes tipografías que aparecen en el documento, por lo que aventuró que
posiblemente se habría añadido con posterioridad. Merino no llegó a decir quién
habría sido la persona que pudo añadir su apellido en el documento, pero sí
aseguró que el tal Merino no era él. Previsiblemente esta estrategia de defensa
dará lugar a la solicitud de una prueba pericial caligráfica para determinar si
la palabra Merino fue escrita por la misma mano que el resto de las anotaciones
o si pudo ser agregada con posterioridad.
A diferencia de Bárcenas, que estuvo
ampuloso, altanero y muy nervioso y tenso, Merino fue suave y tranquilo en sus
manifestaciones ante el juez. Negó una a una todas las imputaciones que figuran
en la exposición razonada del juez Antonio Pedreira.
Ante el Supremo, Merino sólo está
siendo investigado por cohecho -y no por delito fiscal, como Bárcenas- por un
supuesto soborno de 50.000 euros. En la contabilidad figuran otros supuestos
pagos, pero el Supremo no los analiza porque estarían prescritos. Por un lado,
el 14 de junio de 2002 una persona no identificada entregó al grupo de Correa
175.973 euros. "Esta cantidad se distribuiría entre diferentes personas,
resultando curioso que tres de ellas, reciben exactamente la misma cantidad:
Jesús Merino, L.B. [presumiblemente Luis Bárcenas] y G.G. [supuestamente Gerardo
Galeote], quienes reciben 24.040 euros cada una", según la exposición del juez
Pedreira.
"Aparte de esta cantidad, una
persona con las siglas J.M. habría recibido otras sumas de dinero en otras
fechas" y menciona: 2 millones de pesetas (12.000 euros) en febrero de 2002 y
60.000 y 6.000 euros en dos fechas diferentes de mayo de 2003.
Por otra parte, en el archivo
denominado "caja B actual" consta un apunte de diciembre de 2007 de 50.000 euros
precedido del concepto "ent. a Jesús Merino". El escrito del juez interpreta que
en dicha fecha "salieron 50.000 euros de la tesorería oculta del grupo Correa
para su entrega a Jesús Merino".
Merino alegó que conocía a Francisco
Correa y Pablo Crespo porque coincidía con ellos en una cafetería de la calle
Serrano, de Madrid, donde él tiene su despacho y ellos sus oficinas, pero negó
haber recibido ningún dinero de ellos.
Mientras, fuentes del PP señalaron
que durante su declaración el pasado miércoles, el juez Monterde metió a Luis
Bárcenas en un aprieto cuando le preguntó por el cuadro que presuntamente quería
adquirir y para el que había pedido un crédito de 330.000 euros, que devolvió en
billetes de 500 sólo un mes y medio después, cuando supuestamente se frustró la
operación. Bárcenas, que trató de ser convincente, llegó a decir que el cuadro
era de un pintor del siglo XVII y llegó a mencionar al autor del mismo.
Tras las declaraciones preliminares
de los dos aforados, parece evidente que a lo largo de la próxima semana el juez
instructor Francisco Monterde deberá pronunciarse sobre si archiva las
actuaciones o si solicita el suplicatorio para proceder contra Bárcenas y Merino
al Parlamento. Fuentes jurídicas precisaron ayer que en este momento el juez se
encuentra imposibilitado para avanzar en la investigación, ya que ni siquiera
podría tratar de contrastar la veracidad de los documentos aportados por
Bárcenas en su descargo, ya que se trataría de una investigación patrimonial que
está vedada por el artículo 71.2 de la Constitución. Si el juez Monterde cree
que hay cosas por aclarar, incluso sin prejuzgar sobre la verosimilitud de las
acusaciones, deberá tramitar el suplicatorio cuanto antes.
JESÚS MERINO LLEGA AL
TRIBUNAL SUPREMO SIN EL APOYO DE SU PARTIDO
Nada de recibimientos masivos,
ni aplausos o vítores. Jesús Merino ya ha llegado al Tribunal Supremo y, al
igual que le sucediera ayer a Luis Bárcenas, el diputado del PP no se ha
encontrado a ninguna marabunta de fieles esperándole a las puestas de la
sede judicial. Merino no es Camps y nadie del partido le ha acompañado.
El otro “imputado provisional”
del caso Gürtel ya está declarando ante el juez por los presuntos delitos de
cohecho y fraude fiscal. Su declaración es voluntaria, aunque haya fracasado
en su intento por aplazar la fecha, alegando que su abogado tenía que viajar
a Miami.
Merino, ese gran desconocido
Merino es uno de los grandes desconocidos del caso
Gürtel, pero uno de los dos aforados para
los que el Tribunal Supremo tendría que pedir el suplicatoria a las Cámaras
para poder imputarle. El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha
llegado esta mañana, a las diez y media, al alto tribunal para declarar,
acompañado únicamente por su abogado, Luis Rodríguez Ramos.
El viaje a Miami
Antes, el Tribunal Supremo había
rechazado su petición para aplazar la comparecencia, alegando que su abogado
debía viajar a Miami para preparar el caso Sintel, en el que también es
causa. Sin embargo, el instructor del caso, Francisco Monterde, no lo vio
razonable, ya que Merino podía presentarse con otro abogado. Finalmente,
Rodríguez Ramos ha acudido con él al tribunal.
230.000 euros
Jesús Merino recibió
presuntamente dinero de la trama liderada por Francisco Correa, aunque las
cantidades que se le atribuyen son mucho menos que las desorbitadas cifras
de Bárcenas (1.353.000 euros). Merino podría haber recibido entre 50.000 y
230.000 euros, en función de que algunos de esos presuntos pagos podrían
haber prescrito ya.
Su nombre ha pasado más inadvertido.
Jesús Merino, diputado por Segovia, se vio involucrado hace unos meses en
el caso Gürtel
. Según la investigación, pudo percibir de la trama de corrupción encabezada por
Francisco Correa más de 200.000 euros. Los focos de atención pública recayeron
desde el principio en el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y en el
europarlamentario Gerardo Galeote. Merino no era ni una figura tan simbólica
como el primero, ni una persona tan conocida como el segundo. Pero tampoco se
trata de un simple parlamentario.
Aunque su labor es desconocida para
la opinión pública, pertenece al Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario
Popular. Este equipo, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, está formado por
diez personas. Merino es el coordinador de Comisiones, un cargo más técnico que
político.
Precisamente por ello y porque
finalmente la causa se ha elevado al Supremo, para alguno de sus compañeros de
filas el dirigente conservador está también en el ojo del huracán. “Le pueden
llamar a declarar por posible cohecho y delito fiscal y está en primera línea
política. Sale en todas las fotos en la bancada popular junto a Rajoy”, resaltan
desde el Congreso.
En el partido hay quien juzga que si
es imputado formalmente tendría que abandonar de inmediato su cargo interno.
“Debería dar un paso atrás y quedarse como diputado de a pie para no dañar la
imagen del PP”, cuentan. Son los mismos que están exigiendo que se imponga un
“criterio único” para evaluar todos los casos y que se encuentran “despistados”
ante las distintas fórmulas que se manejan. Los que no ven necesario que deje de
ser coordinador defienden que Merino tiene un puesto “menos relevante” que el
del tesorero en la vida del partido.
Los que le conocen bien aseguran que
si se diera el caso nadie le va a tener que exigir una renuncia. “Es muy sensato
y antes de que le dijeran nada él se ocuparía”, afirma una amiga suya. Otro
amigo insiste: “No tiene interés por aferrarse a ningún cargo, pero sería
injusto después de una vida dedicado a la gestión pública”.
Nadie entra a valorar si en ese
supuesto tendría que ser también suspendido cautelarmente de militancia o
renunciar a su acta parlamentaria. No todos piensan que le convenga mantenerla
para seguir siendo aforado. “Al menos en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid podía recurrir ante otra instancia”, destacan.
Su círculo más estrecho asegura que
Merino ha hablado con Rajoy y que se encuentra “tranquilo y bien, dentro de lo
que significa verse en la diana”.
Todos coinciden en señalar que es
una persona “seria” y “muy trabajadora”. Recuerdan su perfil centrista como jefe
de gabinete de Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo durante el Gobierno de
UCD con Adolfo Suárez. Y varios dirigentes conservadores aseguran que “escucha a
los demás” y es bastante “campechano”. A sus 55 años disfruta con irse a su casa
del pueblo en Hontalbilla a descansar. “Cero apariencia de opulencia”, remarcan.
Por eso mismo, para todos fue “una tremenda sorpresa” que apareciera implicado
en la supuesta trama de corrupción. Los que llevan años trabajando junto a él se
resisten a creer todo cuanto se ha publicado. Están convencidos de que es
“inocente” y destacan que no le ven ningún sentido a esta historia porque él ya
no ejercía “ningún cargo de poder e influencia”.
Tampoco quieren relacionarlo con el
despacho de abogados que mantiene en activo y que figura en su declaración de
actividades. El vínculo con Correa no saben determinarlo con certeza. Por las
fechas piensan que podrían haber coincidido durante la etapa en la que Merino
abandonó Castilla y León y se fue para la sede nacional.
Pero al igual que cuenta con apoyos,
a Merino tampoco le faltan los enemigos. Estos le tachan de “comisionista” e
“impresentable”. Y aseguran que siempre ha “serpenteado” entre la política y los
negocios. Palabras muy duras que los suyos tratan de borrar pidiendo que no se
le enjuicie anticipadamente y reconociendo que ellos confían plenamente en su
palabra. Dicen que cuando se conozcan los datos, dará “explicaciones”.
En Castilla y León existe cierta
“preocupación y nerviosismo”. Pero aún así, el secretario general del PP
regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado para él en público la
presunción de inocencia. Se da la circunstancia de que Mañueco es además el
presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano del partido
que vela por la ética de sus cargos y se ocupa de valorar si los suspende o no
de militancia.
En su tierra le siguen muy de cerca
porque ocupó varios cargos de responsabilidad. Entre 1991 y 1999 fue
vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta. También fue secretario de la
formación regional. Su carrera está muy vinculada al ex presidente del Senado
Juan José Lucas. Sólo en Segovia dicen que no despierta “muchas simpatías”
porque ha tenido sus más y sus menos en el partido. Merino fue senador durante
un año y aterrizó en Génova, donde desde 2002 se encargó del área de Política
Autonómica con Aznar en el Gobierno y Javier Arenas a las riendas del PP.
Fue él quien le dio el testigo a
Sáenz de Santamaría. Se cuenta que durante la pasada legislatura ambos
sintonizaron en plena tramitación de las reformas estatutarias. Pero no por eso
llegó a la dirección del grupo. “Fue como cuota castellanoleonesa, por petición
expresa de Juan Vicente Herrera”, matizan en el PP. A algunos les hace gracia
que Merino haya regresado con los años a las dependencias que un día pisó como
subdirector general del Banco de Crédito Industrial. Ahora ese inmueble es la
ampliación del Congreso y allí es donde Merino tiene su despacho.
LA ACUSACIÓN
Las iniciales J. M. // En los
documentos requisados a la trama corrupta figura un pago de 50.000 euros a
“Jesús Merino” y otras entregas que suman 170.000 euros a “J. M.”, iniciales
que, según la Policía, le corresponden. A esta información de El País respondió
Merino con un comunicado.
“Filtraciones interesadas” // Merino
dijo que “nunca” había recibido dinero de Correa y que tampoco había mantenido
“relación comercial o profesional” con sus empresas. Y lo denunció como
“filtraciones interesadas”.
EL DIPUTADO MERINO NIEGA QUE
COBRARA DE LA TRAMA
El diputado del PP por Segovia Jesús
Merino Delgado aseguró ayer, a través de una nota, que "nunca" ha recibido
"cantidad de dinero alguna del señor [Francisco] Correa" ni ha mantenido
"relación comercial o profesional de ningún tipo con sus empresas". La
declaración de Merino responde a la información publicada ayer por EL PAÍS de
que en la contabilidad B (dinero negro) de las empresas de Correa figura un pago
de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero por 170.000
euros a "J. M.", iniciales que la investigación policial identifica como
correspondientes a dicho parlamentario.
Merino explica que, desde 1999, no
tiene ningún cargo en la Junta de Castilla y León y que, como secretario de
Política Autonómica del PP desde 2002, ha desempeñado funciones "estrictamente
políticas". Añade que todas sus actividades están declaradas y autorizadas por
el Congreso. Merino cree que lo que llama "filtraciones interesadas de un
presunto informe policial" rompe la presunción de inocencia.
CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO
DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS
La investigación de la trama de
corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el
PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las
empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de
Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la
trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta
ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos
valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional
del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.
Esa contabilidad también registró
pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la
Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por
adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por
Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la
Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años
noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.
En los documentos requisados a la
trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino"
y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según
la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.
Merino es un veterano dirigente muy
conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años
después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002
fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable
de Política Autonómica del PP.
En aquellos años, en la dirección
del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso
Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús
Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política
Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que
tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.
De hecho, muchas de las
investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de
las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas
que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y
tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.
A Merino lo relevó en 2004 en la
dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin
embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió
recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella
incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz
adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que
toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.
Rajoy ha concentrado especialmente
sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por
lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la
semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por
este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por
el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones
policiales.
En el caso de Álvaro de la Cruz, ex
jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago
de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al
mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero
pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente
implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un
auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de
Madrid en varios concursos de seguridad.
"Luis Bárcenas es amigo mío y me
preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el
contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a
Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un
acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.
Su empresa consiguió el contrato de
la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó
más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico
en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a
Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que
debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio
del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de
Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el
contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.
Bárcenas y De la Cruz trabajaron
juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces
tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general,
Francisco Álvarez Cascos.
De la Cruz ocupó, entre septiembre
de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que
fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía,
donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy
breve, entre 1994 y 1995.
Gürtel
se cobra una nueva víctima en el PP: Jesús Merino
percibió más de 100.000 euros de Correa
La
investigación del caso Gürtel sigue dando
sorpresa. La presunta trama de corrupción en el seno del
Partido Popular no sólo parece ampliarse dentro de la
formación sino también extenderse a través del
territorio nacional. Las investigaciones de las últimas
semanas han implicado a Jesús Merino Delgado, diputado
nacional del PP por Segovia y ex vicepresidente de
Castilla y León. Merino habría recibido más de 100.000
euros en metálico de Francisco Correa.
La
fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder el
último informe policial sobre el caso Gürtel
con una novedad que trasladaría las sospechas de
corrupción al Congreso de los Diputados y aumentaría
la posible implicación de la cúpula nacional, ya
señalada con la implicación en el caso del tesorero
del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo
Galeote.
100.000 euros para Merino
El diputado nacional por Segovia y ex vicepresidente
de Castilla y León habría recibido más de 100.000
euros de la trama corrupta, según la contabilidad B
de las empresas de Correa y sus socios. Así lo
asegura hoy el diario La Vanguardia en su
edición escrita.
Astrolago Inversiones
El Plural ya
informó en su día de las sospechas que recaían sobre
Merino,
que podría haber creado junto a Bárcenas y el ex
alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, una empresa
fantasma (Astrolago de Inversiones) con el fin de
suministrar facturas falsas a la trama de Correa. Su
mujer, Ana Isabel Gutiérrez, envió a este medio
una nota de
rectificación
asegurando que la empresa no tenía actividad alguna,
"por lo cual resulta muy difícil que sirviera de
'tapadera' para nada".
En manos de la fiscalía
El documento que recoge estas últimas
investigaciones ya está en manos de la fiscalía
Anticorrupción, que ahora debe pronunciarse ante los
tribunales superiores de Justicia de Madrid y
Valencia, que son los que instruyen el caso, para
saber cómo proceder con esta nueva implicación.
Doble relevancia
La presunta aceptación de estos sobornos tiene una
gran relevancia por dos motivos. Por una parte,
apunta una vez más al sector nacional del PP y,
concretamente, a un aforado por su calidad de
diputado del Congreso. Por otra parte, extiende en
el espacio el alcance de la presunta trama corrupta,
que alcanzaría a una nueva comunidad: Castilla y
León. Hasta ahora, las sospechas en esta región
caían exclusivamente sobre el empresario José Luis
Ulibarri, quien por su parte sí tiene muy buenas
relaciones con el Gobierno castellanoleonés.
Nombres
vulgares
Según las cuentas secretas de Correa, Merino podría
haber recibido más de 100.000 euros. En las primeras
investigaciones realizadas por la Policía sobre la
caja B de las empresas implicadas aparecían gran
cantidad de nombres, algunos sin completar. Muchas
de estas personas contaban con nombre vulgares
que la Policía pasó por alto, pero que tras una
mayor profundización están destapando casos como
éste.
Astrolago "nunca tuvo
actividad alguna" por lo que
es difícil que sirviera de
"tapadera" de nada
La mujer del que fuera
consejero de Fomento y
vicepresidente de la Junta
de Castilla y León, Jesús
Merino Delgado, en la
actualidad diputado
popular por Segovia, ha
enviado una nota de prensa a
la redacción de El Plural en
la que aclara la información
publicada ayer por este
periódico en la que se
aseguraba que había montado
una sociedad fantasma
junto al tesorero del PP,
Luis Bárcenas, señalado por
Garzón en el caso Gürtel
y en la que también
participaba otro de los
imputados en la trama
corrupta, el ex alcalde de
Pozuelo Jesús Sepúlveda. Ana
Isabel Gutiérrez reconoce
haber ayudado, como abogada,
a ambos a crear la sociedad
y haber actuado como
Administradora Única de la
misma pero insiste en que
jamás tuvo actividad por lo
que recomendó a sus clientes
que la disolvieran. "A este
respecto, subrayar que el
propio juez Baltasar Garzón
en uno de sus autos deja
claramente explicitado que
dicha soedad 'nunca tuvo
actividad alguna' por lo
cual resulta muy difícil que
sirviera de 'tapadera' para
nada, ni mucho menos emitir
facturas falsas o realizar
pagos de tipo alguno",
asegura en su escrito de
rectificación, el cual
publicamos literalmente tal
y como nos solicita.
NOTA DE PRENSA DE LA
ABOGADA ANA ISABEL
GUTIÉRREZ EN RELACIÓN
CON ASTROLAGO DE
INVERSIONES, S.L.
En Madrid, a 7 de abril
de 2009
En relación con la
información por usted
publicada en su medio EL
PLURAL.COM, con fecha
del 7 de abril de 2009 y
acogiéndome a la
legislación precisa en
defensa de mi
honorabilidad
profesional y personal
que regula la ley de
Rectificación, y sin
perjuicio de acudir a
las instancias precisas
que considere necesario,
entre ellas la judicial
en busca de amparo, le
ruego publique
literalmente la
siguiente rectificación
a la "información" por
su usted difundida.-
1º.-El día 27 de abril
del año 2006 se
constituye ante Notario
la sociedad ASTROLAGO DE
INVERSIONES, SL.
2º.- D. Jesús Sepúlveda
encarga profesionalmente
a doña Ana Isabel
Gutierrez, que viene
ejerciendo como abogada
de su familia desde hace
años en asuntos tales
como testamentarías,
formalización y
ejecución de contratos
varios, etc..., la
adquisición de
participaciones sociales
a los socios iniciales
de ASTROLAGO, S.L. para
él y para D. Luis
Bárcenas. Al mismo
tiempo la solicitan que
actué como
Administradora Única de
la Sociedad hasta que
esta tuviera actividad
ordinaria.
ASTROLAGO, S.L. jamás
tuvo por tanto,
actividad alguna, y en
cualquier caso, el
despacho profesional de
la Sra. Gutiérrez
liquidó en tiempo y
forma todas sus
obligaciones fiscales y
administrativas
contempladas en las
leyes.
3º.-Al inicio del año
2008, dada la
inexistencia total de
actividad, desde el
despacho profesional se
aconsejó a los señores
Sepúlveda y Bárcenas, la
liquidación y disolución
total de ASTROLAGO, S.L.
opinión que fue aceptada
por los referidos
socios.
Inicialmente se procedió
a la compraventa de sus
acciones (4-4-2008) y
posteriormente a la
disolución (25-2-2009).
Por tanto los señores
Sepúlveda y Bárcenas
dejaron de ser socios de
la empresa exactamente
el día 4 de abril del
2008, como consta en la
correspondiente
documentación notarial.
4º.-Resulta
totalmente falsa e
injuriosa la afirmación
de que se trata de una
"sociedad fantasma",
además de perseguible de
oficio. Dicha empresa se
constituyó de acuerdo a
ley, liquidó y pagó sus
impuestos con
regularidad y se
disuelve con arreglo al
ordenamiento jurídico
más estricto y ante
Notario.
A este respecto,
subrayar que el propio
juez Baltasar Garzón en
uno de sus autos deja
claramente explicitado
que dicha sociedad
"nunca tuvo actividad
alguna", por lo cual
resulta muy difícil que
sirviera de "tapadera"
para nada, ni mucho
menos emitir facturas
falsas o realizar pagos
de tipo alguno, como se
ha dicho en alguno de
los medios de
comunicación. Es más,
nunca emitió NINGUNA
factura como se
desprende con toda
lógica de una empresa
que no tiene activad.
Todo lo aquí afirmado se
puede acreditar
fehacientemente con la
documentación existente
en el despacho
profesional de la señora
Gutiérrez ante cualquier
instancia, ya sea
judicial o
administrativa.
5º.-Finalmente, subrayar
que las actividades de
doña Ana Isabel
Gutierrez nada tienen
que ver y están
totalmente al margen de
la vida política de su
marido y aunque no es de
incumbencia de nadie,
informar también que
desde el momento mismo
de su matrimonio tienen
establecido un régimen
legal de separación
absoluta de bienes.
El ex
vicepresidente de Castilla y León y diputado popular
por Segovia, bajo sospecha por el caso Gürtel
Ana
Gutiérrez, la mujer del que fuera consejero de Fomento y
vicepresidente de la Junta de Castilla y León desde 1991
hasta 1999, Jesús Merino Delgado, creó en abril de 2006
una sociedad fantasma junto a Luis Bárcenas, tesorero
del Partido Popular al que el juez Baltasar Garzón acusa
de haber recibido por parte de Francisco Correa
1.353.000 euros.
La
sociedad en cuestión es Astrologo de Inversiones
S.L., sociedad inmobiliaria sin actividad ni
trabajadores que fue dada de baja el pasado 30 de
marzo, fecha en la que Ana Isabel Gutiérrez Benito
figuraba como administradora única de esta empresa
que podría haber servido como tapadera para crear
facturas falsas para justificar diferentes pagos.
También Sepúlveda
En Astrologo de Inversiones S.L. también participaba
Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad
madrileña de Pozuelo, ex marido de la número tres de
Mariano Rajoy, Ana Mato, e imputado en el caso
Gürtel.
Blanco Balín
Aunque el ex vicepresidente de la Junta de Castilla
y León (y diputado por Segovia a día de hoy), ha
asegurado a la Cadena Ser que su mujer y él tienen
“separación de bienes”, nadie pasa por alto que las
últimas investigaciones policiales sobre la trama
sitúan a Bárcenas como intermediario en un contrato
de la consejería de Fomento de Castilla y León a
favor de Teconsa, empresa de la que el también
imputado Blanco Balín era consejero.
Político con
capacidad de influir
Incluso, en las últimas investigaciones de la trama
se apunta a que la trama de Correa habría utilizado
a algún político con capacidad de influir en esa
consejería para amañar el contrato a favor de
Teconsa. Muchos piensan que ese político no es otro
que Jesús Merino Delgado.
