ISABEL DÍAZ AYUSO, EL PP DE MADRID Y EL CORONAVIRUS
"Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer que mejor se quede ahí yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".
Isabel Díaz Ayuso. El Mundo.10.05.20
ESPECIAL RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN
LAS NOTICIAS. 07.08.20
SANIDAD O EL SILENCIO SOBRE EL BROTE DE ALCORCÓN
LOS JUECES OBLIGAN A MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN POR SEXTA VEZ
EL SUPERIOR REITERA A SANIDAD QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN
NUEVO VARAPALO JUDICIAL A AYUSO POR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN
ALCORCÓN LLEVA DE NUEVO A AYUSO ANTE LA JUSTICIA POR INCUMPLIR UN AUTO JUDICIAL
LOS JUECES OBLIGAN AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN
UN JUEZ INVESTIGA LA FALTA DE PERSONAL EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE ALCORCÓN
SANIDAD O EL SILENCIO SOBRE EL BROTE DE ALCORCÓN
La alcaldesa Natalia de Andrés pide por carta al consejero Ruiz-Escudero datos sobre un contagio en el municipio
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha remitido una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, en la que le solicita información sobre el brote registrado en el municipio el pasado fin de semana. Hasta el momento, el Ayuntamiento alcorconero solo ha recibido el silencio por respuesta, pese a haber requerido datos y haber ofrecido todos sus medios para combatirlo.
El domingo por la tarde la Consejería de Sanidad, a cuyo frente está Enrique Ruiz-Escudero (PP), envió un comunicado de prensa en el que informaba que se habían registrado tres nuevos brotes en la región en las últimas 24 horas y que ya se habían notificado al Ministerio de Sanidad. Uno de ellos se encontraba entre Madrid y Alcorcón, con tres positivos y 33 contactos en seguimiento. Este brote pertenece al ámbito social, según Sanidad.
La concejal de Salud de Alcorcón, Victoria Meléndez, intentó contactar con el responsable territorial de Salud Pública, pero este se encuentra de vacaciones. Todas las gestiones realizadas resultaron infructuosas, por lo que la propia alcaldesa decidió llamar la mañana del lunes al consejero. Este le cogió el teléfono, según De Andrés, y le dijo que no podía atenderla porque tenía varias reuniones. Después, se comprometió a devolverle la llamada.
El tiempo pasó y el responsable de la cartera de Sanidad no se puso en contacto con la alcaldesa, por lo que esta le mandó este martes una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación de un brote en nuestra ciudad, y tras intentar contactar con usted telefónicamente en el día de ayer [el lunes], sin éxito, me dirijo una vez más a esa Consejería por escrito para solicitar información detallada sobre la situación epidemiológica actual de Alcorcón”, comienza la misiva.
Profunda preocupación
La alcaldesa también le expresa su “profunda preocupación” sobre los recursos sanitarios y de vigilancia epidemiológica “para contener un posible incremento en la transmisión de los casos positivos de la Covid-19”. De Andrés se pone en el escrito a disposición de Ruiz-Escudero “con el objetivo de afrontar este hecho [el brote] lo más eficaz y coordinadamente posible”, así como “para cualquier asunto de nuestra competencia que pudiera ser útil”.
La regidora alcorconera mostró este martes su enfado por el trato recibido desde hace meses por la Comunidad de Madrid y más concretamente por la Consejería de Sanidad desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma. “No se logra entender cómo la máxima responsable de un municipio no tiene información sobre el brote que ha habido y que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso siempre permanezca en el silencio y en el oscurantismo. Encima, cuando le hemos puesto sobre la mesa todos los medios que estén a nuestro alcance para solucionarlo”, protestó De Andrés. “La situación se repite desde hace meses y, por lo que se ve, no tienen ninguna intención de solucionarlo”, añadió.
Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, la versión de la Consejería de Sanidad.
La del lunes es la segunda carta que De Andrés manda al consejero en menos de 20 días, en las que pide, sin respuesta por el momento, información sobre la situación del coronavirus en Alcorcón. La primera se produjo a mediados de julio y también requería datos sobre los contagios y personas positivas en la Covid-19. El Ayuntamiento de Alcorcón decidió la semana pasada contratar a un epidemiólogo para controlar el avance de la pandemia y para que elabore informes de salud pública, entre otras funciones.
El Ayuntamiento de Alcorcón presentó en abril un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por el abandono que sufrían las residencias de la localidad, en las que se registraron decenas de muertos. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la medida cautelarísima solicitada por el Consistorio y obligaron a la Consejería de Sanidad a que medicalizara los geriátricos y a que informara a los jueces semanalmente. El letrado de la Comunidad ha recurrido hasta en seis ocasiones este auto y siempre ha recibido el rechazo de los magistrados. Estos le han recordado que la población mayor es la más vulnerable por el coronavirus y que necesitan protección especial. Además, le han reiterado que el Ejecutivo autonómico sabe perfectamente lo que es medicalizar un espacio, como ya lo hizo en los hoteles utilizados para la covid-19 y en el propio hospital de campaña de Ifema.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-05/sanidad-o-el-silencio-sobre-el-brote-de-alcorcon.html?prm=enviar_email
LOS JUECES OBLIGAN A MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN POR SEXTA VEZ
Los magistrados del TSJM recuerdan que la situación no ha cambiado y que hay riesgo para los mayores
Los intentos de acabar con la medida cautelar de medicalizar las residencias de mayores de Alcorcón por parte del Letrado de la Comunidad de Madrid han chocado de nuevo con el muro de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJM). Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo han tumbado por sexta vez en tres meses el último recurso presentado por el abogado regional. Los jueces ya en su auto de 10 de julio recuerdan que las medidas cautelares —en este caso, que haya médicos y enfermeras en los geriátricos— se podrán extender todo el tiempo que sea necesario para garantizar la salud de los residentes.
El abogado de la Comunidad de Madrid recurrió el auto dictado por los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM de 23 de junio y una providencia del 26 de ese mes. En su escrito, solicitaba dejar sin efecto la medida cautelar aprobada por los magistrados a mediados de abril, cuando el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés (PSOE) a la cabeza, presentó un recurso ante el Tribunal Superior. El escrito municipal pedía la intervención médica con carácter urgente y cautelar de las cuatro residencias de mayores de la localidad, dado el alto número de mayores fallecidos por coronavirus. Y todo ello, sin que ni la Consejería de Políticas Sociales, con Alberto Reyero al frente, ni la de Sanidad, con Enrique Ruiz-Escudero, tomaran medidas para solucionarlo.
El letrado de la Comunidad de Madrid entendía que se debía revocar la medicalización de los centros de mayores y dejar vigente tan solo la obligación de “informar periódicamente de la situación de los residentes”. Basaba su petición en que las residencias “no demandan medidas extraordinarias”. Estas se encontraban “cubiertas por su personal, apoyadas por el hospital, y sin que precisen significativamente refuerzo material”, según consta en el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El auto judicial, de la que es ponente la magistrada María del Pilar García Ruiz, es más escueto que los redactados con anterioridad. En tan solo cinco folios se ventilan la cuestión, ya que en sus fundamentos jurídicos recuerdan todos y cada uno de los puntos que han ido reiterando al abogado autonómico durante los escritos anteriores. Escritos en los que no ha conseguido ninguna rebaja en las medidas cautelares y en los que incluso se le ha apercibido de que informase a la mayor brevedad de lo que estaba ocurriendo en los geriátricos. En caso contrario, los magistrados estaban dispuestos a tomar medidas contra la autoridad —en este caso, el equipo de Ruiz-Escudero por ejercer el mando único en las residencias— que contraviniera la orden.
Este último auto mantiene de nuevo que las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme con el que concluya el procedimiento judicial o este concluya de manera anticipada por las causas recogidas en la ley, como la retirada del recurrente. “Entiende la sala que el auto de fecha de 23 de junio de 2020 debe confirmarse por sus propios fundamentos ya que los mismos, que son de plena aplicación al caso, no han sido atacados de modo efectivo”, mantiene el escrito del TSJM. “Lo que en realidad vierte la parte actora [la Comunidad de Madrid] en el recurso es una mera disconformidad con el criterio adoptado por este órgano jurisdiccional para decidir como lo hizo sobre la denegación de lo solicitado”, añade.
Los jueces dan también un pequeño tirón de orejas al letrado regional, que argumentó en su escrito que el estado de alarma se levantó en el territorio español el 9 de junio, “no siendo hasta el 21 de junio cuando quedó efectivamente levantado”, añaden los magistrados.
De todas formas, reiteran que su medida no está vinculada con el estado de alarma, sino con “la continuación de la situación de riesgo ante la falta de certeza de la evolución de la situación sanitaria”. En concreto, desde que se habían puesto en marcha las distintas fases de desescalada y, en especial, “el levantamiento de la prohibición de visitas a las residencias de mayores en esta Comunidad Autónoma”.
Los jueces son incluso más taxativos: “En cualquier caso, el argumento relativo a la pérdida de vigencia del estado de alarma (en reciente fecha de 21 de junio de 2020) así como de las Órdenes que cita del Ministerio de Sanidad carece de relevancia a los efectos pretendidos”. Y mantienen que la medida cautelar de medicalizar las residencias de Alcorcón ya fue explicada en autos anteriores. En ellos, se puso como ejemplo lo realizado por el Ejecutivo autonómico en el hospital de campaña de Ifema o en los hoteles cedidos en la región.
Cobertura jurídica
A ello se une que “la pérdida de vigencia del estado de alarma y de las reiteradas Órdenes Ministeriales a partir del 21 de junio pasado no perjudica el hecho de que el recurso que se resuelva habrá de serlo conforme a la normativa vigente cuando el mismo se interpuso, y, más aún, que, pese a que las normas en cuestión ya no estén vigentes la medida cautelar adoptada no pierde su cobertura jurídica”. La magistrada ponente le da otro tirón de orejas al abogado regional al final de los razonamientos jurídicos, al citarle que los jueces pueden adoptar las medidas cautelares “que sean adecuadas” al fin que se pretende, es decir, “para evitar o paliar dichos perjuicios”.
Este correlato de autos contra el letrado regional se suma a otros similares dictados por la misma sala a favor del Ayuntamiento de Leganés, con su alcalde Santiago Llorente (PSOE) al frente, que tomó la misma decisión que su compañera de partido y vecina de municipio, Natalia de Andrés.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-17/los-jueces-obligan-a-medicalizar-las-residencias-de-alcorcon-por-sexta-vez.htmlEL SUPERIOR REITERA A SANIDAD QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN
Los jueces recuerdan al Ejecutivo de Díaz Ayuso que ya lo hizo en hoteles de la región
Los jueces han tumbado de nuevo el intento de la Comunidad de Madrid de no medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón. Un auto dictado ayer por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reitera la obligación en los dos escritos anteriores y añade una nueva obligación. Da un plazo de tres días naturales para que la Consejería de Sanidad informe de todo lo que ha hecho en las últimas semanas.
Los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaron un auto el 21 de abril en el que aceptaban la medida cautelarísima pedida por el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés (PSOE) a la cabeza. El recurso pedía que se medicalizaran de inmediato las cuatro residencias de mayores de la localidad, ante la cantidad de personas mayores que estaban muriendo. El Letrado de la Comunidad de Madrid recurrió la decisión de los magistrados, pero no se aceptaron sus alegaciones. Un nuevo auto con fecha de 30 de abril reiteraba a la Consejería de Sanidad la obligación de medicalizar los cuatro geriátricos.
Los jueces hicieron en ese último escrito una férrea defensa de que los mayores eran los más vulnerables por la covid-19 y que la Comunidad de Madrid tenía que poner todos los medios para preservar su salud. Pese a ello, el letrado regional lo apeló. Utilizó para ello el argumento de que no quedaba claro cuál era la petición exacta del Ayuntamiento de Alcorcón al pedir “la medicalización” de las residencias. Según la opinión del letrado, debían haber concretado a qué medidas se estaban refiriendo.
Los jueces de la Sección Octava responden en el auto fechado ayer que se trata de dotar a los centros “del personal sanitario necesario (médicos y enfermeras) y de materiales precisos para llevar a cabo los tratamientos y pruebas diagnósticas”. Además, se trata de cumplir lo establecido por el Ministerio de Sanidad en una orden publicada el pasado 19 de marzo. “Esto fue exactamente lo que se pidió a esta sala, en correspondencia con la ‘medicalización’ requerida en la vía administrativa (...) y esto fue exactamente lo que se concedió”, recuerdan los jueces en su escrito.
El ejemplo de los hoteles
El auto recuerda que también cabe la opción de medicalizar solo una parte de las residencias y no la totalidad del centro. Añaden que el concepto no le debe resultar extraño a la Comunidad de Madrid ya que hizo esta intervención en “uno o varios hoteles”. “Un ejemplo con el que es fácil entender y asumir que quien habrá atendido allí a los enfermos de coronavirus, con los medios sanitarios necesarios con los que se les habrá dotado sin duda, será el personal sanitario (médicos y enfermeras) proporcionado por la Administración sanitaria autonómica”, ironizan los magistrados del TSJM, “y no el personal de hostelería del propio establecimiento, a quien incumbe otras funciones, ciertamente relevantes, pero radicalmente distintas”.
El escrito judicial rechaza que se haya producido indefensión por parte de la Comunidad de Madrid, ya que su abogado ha recurrido en dos ocasiones la decisión de la Sala.
El abogado regional también esgrimió como punto para frenar la solicitud “un abuso” del Ayuntamiento de Alcorcón al pedir ante los jueces que se actuara de manera inmediata en las cuatro residencias de su municipio. Los jueces son también duros en este aspecto y mantienen que la medida cautelar obliga a la Comunidad de Madrid a hacer lo que ellos dictan. Ya verá en el procedimiento legal posterior y en la sentencia si el Ejecutivo regional actuó o no con “pasividad o dilación en el cumplimiento de sus obligaciones”.
El auto es contundente y rememora las graves circunstancias que sufrieron las cuatro residencias de Alcorcón, en las que fallecieron 116 personas entre el 29 de marzo y el 15 de abril. Además, estaban contagiados el 50% de los 579 residentes de las mismas. Los ingresos hospitalarios de los residentes prácticamente se duplicaron desde que esta Sala dictó el primer auto en fecha de 21 de abril. En las semanas anteriores (del 3 de marzo al 21 de abril) fueron trasladados al hospital de Alcorcón 32 mayores. “Mientras, en el breve espacio de tres días desde la fecha de notificación de nuestro auto de 21 de abril hasta el siguiente de 24 de abril, el número de ingresos prácticamente se duplicó, pues fueron trasladados al hospital otros 28 residentes”, añade el escrito judicial. Por tanto, el número de pacientes no solo se redujo sino que aumentó, lo que lleva a los magistrados a confirmar la medida cautelarísima.
El auto va más allá y recuerda que, si la Comunidad no lo aplica, podrá dar lugar a “los apercibimientos legales” —sanciones, incluidas— y obliga “al funcionario o autoridad que corresponda” emitir en el plazo improrrogable de tres días un informe de todo lo actuado por la Consejería de Sanidad. Tendrá que repetirlo cada semana, mientras dure la medida cautelarísima. Contra este auto cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Un muerto menos de una semana a otra
¿Puede una residencia tener un muerto menos por coronavirus de una semana a otra? Aunque la lógica indica todo lo contrario, ese hecho se ha producido en un centro de mayores de Alcorcón, según los partes remitidos a la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Si la residencia Campodón tuvo hasta el 8 de mayo 13 muertes por la covid-19, justo una semana después, el 16 de mayo, la cifra se redujo a 12. Eso sí, por otras causas, fallecieron 40 internos. En el resto de los geriátricos fallecieron por el coronavirus 96 mayores y “por otras causas” 64.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-21/el-superior-reitera-a-sanidad-que-medicalice-las-residencias-de-alcorcon.htmlNUEVO VARAPALO JUDICIAL A AYUSO POR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN
El Tribunal Superior de Justicia reitera a la Comunidad de Madrid la obligación de medicalizar los cuatro centros de mayores y le requiere un informe semanal
El Gobierno regional, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha recibido un nuevo varapalo judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han tumbado el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, que pretendía dejar sin efecto el auto de 21 de abril por el que obligaba a medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón. Los jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo recuerdan la necesidad de dotar de medios a estos centros y además añaden una nueva imposición. La Consejería de Sanidad deberá informarles cada semana de las medidas concretas adoptadas. El auto puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
El Letrado de la Comunidad de Madrid recurrió el 27 de abril el auto de la Sala Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el que ordenaban la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés al frente. El escrito judicial obligaba a medicalizar las residencias ante el elevado número de muertos e infectados que había en los centros.
El abogado regional pidió el levantamiento de la medida al entender que no había existido “inactividad” por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso en las residencias de Alcorcón. Para ello, aportó diversos informes de la Consejería de Sanidad para intentar demostrar que ese departamento estaba actuando. Destaca que el Hospital Universitario Fundación Alcorcón había adscrito a estos centros un geriatra, dos enfermeras y un médico interno residente (MIR), además los ambulatorios en los que se hallan las residencias habían enviado a un médico de familia y a una enfermera. También les habían mandado test rápidos y test tipo PCR. El 22 de abril –día siguiente al auto- los facultativos realizaron seis visitas a estos centros en las que valoraron 68 ancianos. Ese día estaban ingresados en el citado hospital 89 mayores.
El Letrado de la Comunidad de Madrid también alegó que el Ayuntamiento de Alcorcón no realizaba “una reclamación concreta” de las medidas, por lo que no se podía evaluar si la actuación de la Consejería de Sanidad era adecuada.
Si el primer auto de la Sala Octava era duro en sus términos, este le supera en concreción y en argumentos jurídicos y legales. Los jueces inician todo su razonamiento con un detalladísimo informe de toda la normativa aprobada por el Gobierno central durante el estado de alarma, además de las órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad para desarrollarlas. Recuerdan entre otro el real decreto e 14 de marzo sobre la gestión sanitaria de la crisis: “Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”.
Los magistrados también reiteran un extremo que ya dejaron muy claro en su primer auto: los mayores, y en especial los que tienen patologías previas, son los que más riesgos tienen con la covid-19. Además, una orden del Ministerio de Sanidad de 3 abril facultad a intervenir las residencias por parte de las comunidades autónomas “atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad”. En especial, si cuenta con casos confirmados de coronavirus, como ocurrió en los centros de Alcorcón.
Concreción del Ayuntamiento
Donde mayor hincapié hacen los jueces del TSJM es en la supuesta falta de concreción del Ayuntamiento de Alcorcón. Lo niegan de plano y le pegan un tirón de orejas al letrado regional: El Consistorio alcorconero se basó en informe emitidos por los bomberos y el servicio de Protección Civil. Entre el 29 de marzo y el 15 abril ya habían muerto 116 residentes y el 50% de los 579 estaba contagiado. Los informes solicitaban que se dotara de personal sanitario, de medios materiales y de pruebas diagnósticas para los residentes de los cuatro centros. “Y ello ante la imposibilidad de derivar a los residentes a un hospital para haber sido tratados de esta grave enfermedad”, recuerda el escrito.
Pero además, el auto centra aún más la cuestión y rechaza la alegación del Gobierno regional, al recordar los escritos de la alcaldesa de Alcorcón y de su concejal de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez, de 3, 5 y 6 abril remitidos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. De hecho, los jueces transcriben una misiva íntegra en el auto para demostrar la concreción del Ayuntamiento alcorconero. “Queremos poner en su conocimiento el empeoramiento evidente en la situación de los centros residenciales de mayores Amavir y Sanitas de nuestra ciudad. Los datos de fallecidos, positivos en covid-19 y sospechosos se están incrementando dramáticamente. Por ello, le instamos de nuevo a que cumpla su competencia en esta materia e intervengan urgentemente medicalizando todos los centros de mayores de nuestra ciudad”.
Los jueces atacan el recurso regional: “Lejos de formular una solicitud genérica de intervención administrativa en las residencias afectadas según el Ayuntamiento de Alcorcón, lo que éste instó de la Consejería de Sanidad fue la medicalización, con todo lo que ello conllevaba: dotación presencial de equipos de profesionales sanitarios, suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida”.
Para atenazar aún más el auto, los jueces llegan incluso a analizar lo que significa en la actualidad el término medicalizar, “según el sentido propio de la palabra en relación con el contexto y la realidad social en que deben ser aplicadas”. Recuerdan que se trata de modificar el uso de los centros para “su utilización como espacios de uso sanitario”. “Medicalizar una residencia de mayores puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema”. Es decir, que los responsables de la Consejería de Sanidad sabían perfectamente lo que les estaba pidiendo el Ayuntamiento de Alcorcón y no les hicieron caso, pese a los escritos de la alcaldesa Natalia de Andrés y su concejal
Los jueces mantienen la medida cautelarísima impuesta en el auto de 21 de abril a la Comunidad de Madrid, como es medicalizar los cuatro centros de mayores y dotarlos de personal médico-sanitario y medios materiales “prestando in situ la asistencia sanitaria adecuada a cada uno de los residentes contagiados-positivos asintomáticos o enfermos por covid-19”. Además, la Consejería de Sanidad deberá informar cada siete días naturales “de las medidas concretas adoptadas para cumplir lo acordado en este auto”.
Las supuestas campañas de los socialistas contra la presidenta
Las residencias de mayores de Alcorcón llegaron al pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid del pasado miércoles. La presidenta regional acusó a algunos Ayuntamiento gobernados por socialistas de estar haciendo una campaña contra ella y de llevarla a sus medios de comunicación afines “y donde tienen más poder” para colocar sus mensajes contra ella. “¿Alcorcón contra Ayuso? ¿Seguro? ¿Seguro que los ciudadanos están en contra de Ayuso o realmente están en contra de lo que están haciendo sus socios de gobierno”, se preguntó desde el atril Ayuso con una ironía que rozaba el sarcasmo.
“Esa zona que ustedes siempre han considerado como el cinturón rojo [municipios de la zona sur gobernados por el PSOE] es gente luchadora, trabajadora, son héroes anónimos, taxistas, tenderos que están hasta las cejas de impuestos y aguantar tonterías, de tomar la política sin saber por donde avanzar y sin estrategias”, añadió la presidenta regional. “Eso sí, cuando las cosas van mal dadas, venga a agredir en público”, concluyó.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-03/nuevo-varapalo-judicial-a-ayuso-por-las-residencias-de-alcorcon.html
ALCORCÓN LLEVA DE NUEVO A AYUSO ANTE LA JUSTICIA POR INCUMPLIR UN AUTO JUDICIAL
El Ayuntamiento presenta un informe al Tribunal Superior en el que se recoge que la Comunidad de Madrid ha desoído la orden que le obligaba a medicalizar las residencias de mayores
El Ayuntamiento de Alcorcón va a acudir este lunes de nuevo a la justicia para pedir su amparo ante el posible incumplimiento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del auto judicial de la semana pasada que le obligaba a medicalizar y dotar de más personal y medios sanitarios a las cuatro residencias de mayores de la localidad. Los responsables de Servicios Sociales del Consistorio visitaron uno por uno todos los centros y comprobaron que no se ha seguido ninguna de las órdenes dictadas por los magistrados, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno regional mantiene por su parte que los residentes han estado bien atendidos y que han remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón (170.000 habitantes) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, tras haber mandado tres cartas a la Comunidad de Madrid a principios de abril. En ellas, se pedía que actuara a la mayor brevedad, dada la situación de las residencias de la localidad, en las que estaban muriendo gran cantidad de mayores por la falta de medios y de personal. Según los datos aportados, desde el 29 de marzo, han fallecido 116 residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron considerados positivos por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579 residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.
Los jueces aceptaron en un auto del pasado martes 21 de marzo la medida cautelarísima solicitada por el Consistorio alcorconero: el Gobierno regional debía dotar en el plazo máximo de tres días de medios sanitarios a los centros de Alcorcón. El escrito hacía máximo hincapié en que se les remitieran pruebas suficientes para todos los residentes y el personal. Además, debía haber un refuerzo de médicos, enfermeras y auxiliares, de forma que todos los mayores estuvieran perfectamente atendidos. Los magistrados recordaban que los ancianos son la población más vulnerable en la pandemia de la covid-19 y que la defensa de la salud es un derecho fundamental recogido en la Constitución española.
Visita centro por centro
Ante estos hechos, los responsables de la Concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón fueron una por una por todas las residencias de la localidad. Lo primero que se encontraron fue con un silencio informativo por parte de las mismas, según fuentes municipales. Si antes del auto, les detallaban todos los datos de los centros, el viernes este hecho se transformó en generalidades y en una mera notificación verbal. La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya había denunciado el miércoles en rueda de prensa ese silencio por parte de la Administración regional. De Andrés incluso invitó a otros alcaldes de la región a que tomaran iniciativas similares de acudir a los tribunales, ante la pasividad mostrada desde hace semanas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El informe que presentará este lunes el Ayuntamiento recoge que la situación actual en estas residencias es “de relativa normalidad” en cuanto la presión asistencial, la realización de pruebas de la covid-19 tanto a los trabajadores como a los residentes y la dotación adecuada de personal sanitario, como médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería.
Sin embargo, en el último párrafo del documento, se señala que los responsables de cada centro les informaron verbalmente “de que no ha habido ningún cambio organizativo, ni de aumento de pruebas diagnósticas tipo test de la covid-19 ni de refuerzos de plantilla en sus centros”.
Esto supondría que la Comunidad de Madrid ha desoído las órdenes dadas por los jueces en el auto del pasado martes, según fuentes municipales. Estos ya recordaron que era de obligado cumplimiento y que no cabía ningún tipo de recurso ni de aclaración, dado que se trataba de una medida cautelarísima.
Este periódico visitó también la mañana del viernes las cuatro residencias de Alcorcón y no vio casi actividad en ellas. Tan solo destacaba la presencia de dos vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, al sur de la localidad. Estaban desinfectando el interior. En el resto, no había movimiento, en especial en la de Campodón. Esta ha sido una de las más afectadas por el coronavirus, según fuentes municipales. Eso sí, se desconoce el número exacto de víctimas y de mayores contagiados.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha remitido un informe al TSJM en el que mantiene que la situación de las residencias es de estabilidad asistencial. En concreto, hace un desglose por cada centro.
La residencia Campodón está siendo atendida por los profesionales de atención primaria del centro de salud Miguel Servet y detalla que se le han mandado 11.600 productos sanitarios de protección como mascarillas, guantes, pantallas, buzos y batas.
Riesgo mortal
La directora del centro Amavir comunicó al Ayuntamiento, a los bomberos y a las familias que existía un riesgo mortal si no se trasladaba a los residentes de forma mayoritaria al hospital, según el Gobierno regional. Estos mayores están siendo evaluados “periódicamente” por el servicio de geriatría del Hospital Fundación Alcorcón, cuyos facultativos consideraron el pasado 20 de abril que los ancianos “se encontraban en situación estable sin ser necesaria su hospitalización”. Este centro ha recibido 13.850 productos sanitarios.
La residencia dependiente de la Comunidad de Madrid, la situada en la avenida de Esteban Márquez, tiene a todos los residentes “en situación estable”. Cuenta con la asistencia de sanitarios de atención primaria del centro de salud de la Ribota. Se le han remitido 9.942 mascarillas, guantes, gafas y batas, entre otros.
La otra residencia nombrada en el auto (Sanitas) también “se encuentra en situación estable y en seguimiento por parte de atención primaria”, según la Comunidad de Madrid. Fuentes de esta Administración mantienen que todos los centros han recibido “el apoyo clínico diario y presencial por parte de las enfermeras de preventiva, que forman parte del servicio de geriatría del hospital Fundación Alcorcón, y la visita periódica de la geriatra de enlace”.
Además, han dispuesto de los fármacos y del tratamiento de oxígenoterapia que han necesitado. “Se han realizado las PCR solicitadas y se les han suministrado los test de diagnóstico rápido que han pedido. Se ha tramitado derivación hospitalaria a todos los residentes en situación de patología aguda, en coordinación con los médicos que los atienden y a los no se les podía ofrecer el tratamiento adecuado en la residencia”, afirma el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia por el Gobierno regional.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-26/alcorcon-lleva-de-nuevo-a-ayuso-ante-la-justicia-por-incumplir-un-auto-judicial.htmlLOS JUECES OBLIGAN AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento
Las cuatro residencias de mayores que hay en el municipio madrileño de Alcorcón, tendrán que recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el personal que trabaja en ellas. Así lo han decidido los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los jueces han adoptado esta medida cautelarísima y sin audiencia previa del Ejecutivo regional, tras la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón. Entienden que se debe cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis originada por la covid-19.
En concreto, las residencias afectadas son las cuatro que hay dentro del término municipal: la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, la residencia de mayores Campodón, el centro residencial de mayores Amavir y el centro residencial de mayores Sanitas. Según la demanda presentada por el Consistorio alcorconero por el que se inicia al procedimiento, existe “un inminente riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores de los centros”, así como “un riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”, según recoge el auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Este auto judicial llega en medio de la polémica que existe entre los dos socios del Gobierno regional (PP y Ciudadanos) sobre la medicalización de las residencias de mayores de la región y tras la retirada de las competencias de estos centros al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Este se quejó de que no había sanitarios en los geriátricos y que se mandaban a otras provincias —en referencia del Samur que remitió voluntarios a Soria y Segovia—. Le contestó al día siguiente el responsable regional de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero de que sí se había realizado esa medicalización y de que le resultaba chocante que lo desconociera.
En la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón, este solicita la medida cautelarísima ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, pese a haberse dirigido a sus responsables en tres ocasiones. Fueron remitidos los días 3, 5 y 6 de abril y firmados por la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) y su concejal de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez. En las cartas, pedían la intervención la intervención inmediata de los centros “para ofrecer la atención sanitaria completa, medicalizada, adecuada y eficiente que se precisa en estos momentos para atender al colectivo más vulnerable de la ciudad de Alcorcón”. De hecho, la propia regidora difundió el pasado 8 de abril un vídeo en su cuenta personal de Facebook ante la falta de respuesta del Ejecutivo regional de sus demandas.
La Sala de lo Contencioso ha tomado también en consideración para adoptar su decisión los dos informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil —de 7 y 15 de abril—, en los que se expone la situación de extrema gravedad en que se encuentran las citadas residencias. Del último se han extraído los datos más graves. Desde el 29 de marzo, han fallecido 116 residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron consideradas positivas por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579 residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.
“El necesario confinamiento y aislamiento de los residentes en cada uno de los centros hace que deban ser atendidos por una media de 20 personas y no solo dos enfermeras de media por residencia, que además desconocen el tratamiento adecuado de esta nueva enfermedad”, alega el Ayuntamiento de Alcorcón, que además recuerda que estas profesionales deben hacer curas, poner alimentación y realizar otros cuidados. Todo ello les lleva a “descuidar a las personas que requieren de mayor atención por su aislamiento y su necesario seguimiento”.
Los magistrados del TSJM recogen su auto de nueve folios que adoptan la medida cautelarísima pedida por el Consistorio, al entender que el número de personas afectadas no es sólo cuantitativamente significativo, sino cualitativamente relevante: “No se olvide que las personas que viven en centros o residencias de mayores se encuentran en esa franja de edad en la que la covid-19, notoriamente y según hemos aprendido con los datos diariamente ofrecidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, resulta más letal”. De ahí que también apelen al artículo 43.1 de la Constitución que recoge el derecho a la protección de la salud: “Debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda”.
Situación grave
Los jueces recuerdan que la sociedad se encuentra “en una situación sanitaria de extraordinaria gravedad con consecuencias fatales, especialmente para el colectivo de mayores”. El auto, que está escrito en unos términos bastante duros referidos a la Comunidad de Madrid y a la situación de las residencias, no admite recurso. Es de obligado cumplimiento. El Ejecutivo regional tan solo podrá apelar el escrito judicial de la sala para mantener o revocar su medida en los próximos días. Este periódico intentó recabar ayer, sin éxito, la versión del Gobierno autonómico.
La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, al sur del municipio, ya había sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En la primera, un mayor estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro se percatara del hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta de personal y las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas ocasiones, las demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos y los informes presentados por la Comunidad de Madrid.
La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, ya había sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En la primera, un mayor estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro se percatara del hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta de personal y las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas ocasiones, las demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-21/los-jueces-obligan-al-gobierno-regional-que-facilite-medios-a-las-residencias-de-mayores-de-alcorcon.htmlUN JUEZ INVESTIGA LA FALTA DE PERSONAL EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE ALCORCÓN
Un grupo de 15 empleadas denuncia que no pueden atender a los ancianos de forma adecuada
Un grupo de trabajadoras de la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid en Alcorcón ha denunciado en los juzgados de la localidad la escasez de personal “crónica” que sufre el centro. Las empleadas aseguran que no logran atender a los 275 residentes y que se están produciendo numerosas bajas por problemas físicos y psicológicos. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha abierto diligencias y ha pedido al Gobierno regional que les remita toda la documentación de la residencia. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia niegan que existan “problemas de personal”.
La quincena de trabajadoras denunciantes son técnicos en cuidados de enfermería (TCAE) en la residencia de mayores de Alcorcón, situada en la avenida de Esteban Márquez. Pertenece a la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales (AMAS). En la actualidad, cuenta con 275 residentes, algunos de los cuales son grandes dependientes. Las empleadas argumentan en su denuncia que falta bastante personal y que son incapaces de poder atender todas las necesidades del centro, como “atender y realizar aseos, comida, reparto de medicación, cambio de pañales y vigilancia de los residentes”.
Aseguran que ha habido una sola trabajadora para 20 residentes en la planta 3ª A. La situación es tan grave que una TCAE ha estado al frente de día con 35 enfermos de alzheimer, al faltar dos días a la semana el terapeuta ocupacional. “Nos hacemos cargo del reparto y de la administración de la medicación, no pudiendo garantizar que se haga de forma segura”, añade la denuncia. También argumentan que no pueden hacerse responsables de la seguridad ni de una correcta atención de los residentes, “por la presión y el abandono” que viven y por “la falta tan abrumadora de personal”.
También denuncian “dejación de funciones” y “abuso de poder” al estar sometidas a “este estrés y lamentables condiciones” que les provocan lesiones físicas y psicológicas permanentes. “Y abusan también de los residentes, que por su estado físico y mental, están incapacitados para poder denunciar la situación en la que viven”.
Una de las denunciantes, Elena Romero del Moral, aseguró ayer a EL PAÍS que en la residencia no se cumple ni la ratio mínima exigida en una residencia de este tamaño. “Cada vez vamos a peor. No podemos dar ni calidad ni casi lo fundamental. Estamos recibiendo cartas donde se nos obliga a ir a trabajar por necesidades del servicio”, afirma la empleada. Según sus datos, han llegado a estar de baja 15 de las 36 personas del turno de mañana.
Algunos residentes consultados por este periódico confirmaron que notan desde hace tiempo la falta de personal, sobre todo en los turnos de mañana y de noche. Eso sí, no dan sus nombres por miedo a represalias. “Más de una vez nos dicen que no pueden levantarnos porque se han roto las grúas. Otras veces les faltan los pañales”, afirmó un mayor. “La comida es bastante mala y a veces pasa mucho tiempo entre que nos sirven un plato y otro”, añadió otro residente.
Oficio a Políticas Sociales
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, Agustín Carretero, ha admitido a trámite la denuncia con la apertura de diligencias previas y ha librado un oficio a la AMAS “a fin de que se informe sobre los hechos denunciados y, en su caso, de medidas adoptadas”.
El director de la residencia declinó hacer declaraciones sobre la denuncia y remitió toda la información a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Un portavoz de este departamento regional mantuvo que no se ha producido “esa falta de atención a los residentes”. También argumentó que el centro de Alcorcón “mejora ampliamente” la ratio establecida por la normativa estatal en lo referente al número de profesionales por residentes del centro: 0,9 en la residencia frente a la normativa que recoge 0,47. Pese a ello, la plantilla se incrementó en 17 nuevas plazas en 2018 y está previsto que este año crezca otros 13 más.
Según el portavoz, en esta legislatura se han gastado más de 30 millones de euros en la residencia en gastos de personal, corrientes e inversiones. “Se ha destinado más de 1,3 millones a la mejora de infraestructuras y climatización. En la encuesta de satisfacción de 2019, los residentes evaluaron los servicios del centro con más de 7,5 puntos sobre 10”, afirmó el portavoz regional.
EL PRECEDENTE DE UN MUERTO EN SOLEDAD
La residencia de mayores de ALCORCÓN ya fue investigada por el mismo juez hace dos años cuando un hombre de 82 años fue hallado sin vida en un banco del jardín. Pasó allí toda una noche sin que nadie le echara en falta.
El hombre salió a los jardines interiores el sábado 9 de abril de 2017 poco antes de la cena, tras haber estado jugando al dominó. Cuando sirvieron la cena, su compañero de mesa alertó de que no había acudido. Nadie le dio importancia. Tampoco le echaron de menos a la hora de acostarlo ni a la mañana siguiente, durante el desayuno.
El juez Agustín Carretero abrió una investigación y, tras llamar como imputadas a tres empleadas, lo archivó por ausencia de delito.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/31/madrid/1559319673_265046.html
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