La Guardia Civil implica a dos ediles del PP en las torturas a detenidos en
Torrevieja
Un Alcalde de lo más comprensivo
La Guardía Civil
ha ampliado la acusación en el caso de las supuestas torturas de agentes de la
Policía Local de Torrevieja a detenidos a dos concejales del equipo de gobierno
local, en manos del PP con mayoría absoluta. Los agentes interrogaron en la
tarde de ayer al edil de Sanidad, Hipólito Caro, y al de Seguridad y Tráfico,
Pedro Valero. La investigación policial acusa al primero de falsear partes de
lesiones a arrestados. La juez tomó ayer declaración a otros dos agentes. Los
seis policías locales imputados hasta ahora han sido suspendidos de sus
funciones.
El responsable de
Sanidad del Ayuntamiento de Torrevieja, Hipólito Caro, acudió ayer al cuartel de
la Guardia Civil en compañía de su abogado. Tras la declaración de Caro, la
Guardia Civil interrogó al edil de Seguridad, Pedro Valero, que también
compareció con abogado. Tras tomarles declaración, la Guardia Civil aprecia que
los concejales participaron en los hechos, por lo que acordó su puesta a
disposición judicial como imputados.Hipólito Caro, médico de profesión,
compagina el cargo público con su actividad laboral. Hasta hace dos meses, el
edil era el responsable de un centro de salud y, recientemente, ha sido
designado por la Generalitat valenciana director del Área de Salud 22, que
engloba a Torrevieja y seis poblaciones vecinas. Pese a no tener la
exclusividad, Caro percibe 2.000 euros mensuales por el cargo. La investigación
policial considera que Caro, como director del centro de salud, "amañó" partes
de lesiones de arrestados por la Policía Local, entre ellos, un inmigrante
centroamericano que resultó herido en su detención por los agentes.
El responsable de
la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Pedro Valero, goza de dedicación
exclusiva, con un sueldo de 2.790 euros al mes. Valero ha habilitado su despacho
oficial en las dependencias de la Policía Local.La juez que dirige la
investigación, la magistrada Juana López, tomó ayer declaración, como
denunciados, a dos nuevos agentes. En total, son ya seis los policías locales
imputados en la causa. El fiscal ha pedido prisión para los seis agentes, pero
la juez no lo ha aceptado, los ha dejado en libertad con cargos y los ha
suspendido de sus funciones. La juez instructora seguirá en los próximos días
interrogando a nuevos agentes, hasta un total de 14.
La espoleta que
encendió la alarma se activó el pasado año. En una persecución policial, un
delincuente fue abatido a tiros en el municipio murciano de Cieza cuando
circulaba en un turismo con otros dos malhechores. Éstos lograron burlar el
control policial y huyeron. Sin embargo, los fugados fueron arrestados por
agentes de la Policía Local en Torrevieja. En su declaración ante la juez, los
apresados denunciaron malos tratos por parte de la Policía Local.Este episodio,
sumado a la existencia de múltiples denuncias anteriores por agresión a otros
detenidos, que nunca llegaron a prosperar judicialmente por falta de pruebas,
llevó a la juez decana, Juana López, a ordenar la apertura de una investigación.
En paralelo, la Dirección General de la Guardia Civil acordó el envió a
Torrevieja de un destacamento de Policía Judicial para investigar en exclusiva
las supuestas ilegalidades cometidas por la Policía Local.
El último caso de
maltrato a un detenido se destapó en junio, cuando un ciudadano guatemalteco
sufrió la rotura de tres costillas, hundimiento de los pómulos y la extirpación
del bazo a causa, presuntamente, de una paliza.
Hermanos mellizos del jefe
Fuentes
judiciales corroboran que dos de los imputados, dos hermanos del jefe de la
Policía Local, Alejandro Morer, han protagonizado otros episodios de agresiones
a detenidos. Ayer se presentó a las puertas del juzgado un hombre, Manuel
Ferrandis, que mostró fotos en las que aparece con signos de violencia,
provocados, según él, por la Policía Local de Torrevieja.
Morer presentó
ayer su dimisión al alcalde, Pedro Ángel Mateo, que no la aceptó por considerar
que el asunto no es de "gravedad".
El primer edil [imputado por la
Fiscalía Anticorrupción por una millonaria plusvalía en la compraventa de una
finca] dijo no entender el "alboroto que se ha montado".
Hoy continúa la
toma de declaración a otros tres agentes. Al igual que los ya interrogados, los
dos policías acuden ante la juez sin citación formal previa y, por tanto, sin
saber si lo hacen como imputados o testigos. Según fuentes judiciales, una vez
en el juzgado y antes de comenzar el interrogatorio, la magistrada les lee los
delitos que se les imputa.
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25.08.06
La juez que investiga en Torrevieja
casos de tortura aparta de sus cargos a ocho policías
La juez del caso
de las presuntas torturas a detenidos por parte de la Policía Local de
Torrevieja imputa también al jefe del cuerpo, Alejandro Morer, un delito contra
las administraciones territoriales por contratar agentes a dedo. La
magistrada ha suspendido de sus funciones a los ocho agentes que ya ha
interrogado. La Guardia Civil acusa a seis policías más y a dos ediles del PP,
el de Seguridad, Pedro Valero, y el de Sanidad, Hipólito Caro, que comparecerán
ante la juez la próxima semana. A Caro se le acusa de falsear partes médicos a
agentes teóricamente lesionados en servicios.
Alejandro Morer,
jefe de la Policía Local de Torrevieja, accedió al cargo en 1994. Desde
entonces, según denuncia la oposición, prácticamente cada año se contratan al
menos cinco agentes nuevos sin mediar concursos ni oposiciones y sin respetar el
sistema de promoción interna. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local
de Torrevieja la integran 170 agentes, de los cuales 60 son interinos, según las
mismas fuentes de la oposición municipal. Además, en muchos casos, con informes
en contra del secretario y del interventor, se prorrogan los contratos
eventuales por encima de los plazos legales.
En concreto, a
finales del 1998, Morer firmó un escrito en el que apoyó la continuidad de tres
agentes interinos, cuando sus períodos de contratación ya habían expirado. El
alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, dio el visto bueno a la propuesta,
que también era irregular, según los técnicos municipales.Juana López, titular
del Juzgado número 2 de Torrevieja y decana de ese partido judicial, abrió las
diligencias por supuestas torturas por parte de la Policía Local a principios de
este año, a raíz de la detención de dos delincuentes en el municipio alicantino
que habían tiroteado a un Guardia Civil en Cieza (Murcia). Hace dos meses, un
súbdito guatemalteco también denunció presuntas torturas por los agentes durante
su detención, al perpetrar un robo en la casa uno de los policías ya imputado
[un hermano del jefe del cuerpo].
Escuchas telefónicas
En las
diligencias previas, la magistrada incluyó la intervención de los teléfonos de
los mandos de la Policía Local. Fruto de esas escuchas telefónicas, la juez
amplió la lista de supuestos delitos a los de lesiones, falsedad en documento
público, omisión del deber de perseguir el delito y el de contratar las
administraciones territoriales. Este último delito recae exclusivamente sobre el
intendente Morer, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas a la
investigación.
La magistrada ya
ha interrogado a ocho de los agentes implicados en el caso. Los dos últimos
comparecieron ayer en el juzgado. La juez ha dejado a todos en libertad con
cargos y también, según fuentes de la investigación, ha acordado suspenderlos
cautelarmente en sus funciones. Otras fuentes judiciales rechazan este extremo y
alegan que, hasta ayer, los agentes imputados no habían recibido ninguna
notificación del juzgado en ese sentido.
El alcalde
también negó esa posibilidad y aseguró que todos los policías continuaban en sus
puestos. Hernández Mateo insistió en que el "asunto no es de gravedad". El
primer edil rechazó además la propuesta de dimisión que le presentó el jefe de
la Policía Local, Morer, nada más declarar en el juzgado. La oposición pide,
ahora, la dimisión de Hernández por no aceptar la propuesta de Morer y mantener
a los policías imputados en sus puestos.
Los
interrogatorios a los implicados en la trama de torturas a arrestados
continuarán la próxima semana. El lunes y martes comparecerán el resto de
agentes acusados por la Guardia Civil. Mientras, el miércoles lo hará, en
calidad de imputado, Hipólito Caro, concejal de Sanidad. Caro, médico de
profesión, compagina el cargo público de concejal con su actividad laboral.
Hasta hace dos meses, el edil era el responsable de un centro de salud y
recientemente ha sido designado director del área de salud número 22, que
engloba a Torrevieja y otras seis poblaciones vecinas.
La investigación
policial considera que Caro, como director del centro de salud, "amañó" partes
médicos a agentes en los que certificaba que se habían lesionado en actos de
servicio, especialmente en aquellos casos relacionados con las detenciones en
las que supuestamente algunos detenidos fueron torturados.
El concejal de
Seguridad, Pedro Valero, comparecerá ante la juez la jornada siguiente, el
jueves 31. Valero, que se negó a declarar ante la Guardia Civil en la tarde del
jueves, también ha sido imputado en el curso de la investigación policial. El
edil, que goza de dedicación exclusiva, con un sueldo de 2.790 euros al mes, ha
habilitado su despacho oficial en las dependencias de la Policía Local.Por su
parte, la acusación pública, que asume el fiscal jefe en funciones de la
Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, espera la conclusión de los
interrogatorios de todos los implicados para decidir qué medidas cautelares
solicita para cada uno de los imputados.
El caso de las
supuestas torturas por parte de policías locales de Torrevieja suscitó ayer un
debate vecinal subido de tono a las puertas del palacio de justicia del
municipio. Pasadas las diez de la mañana, decenas de curiosos se acercaron a
conocer de primera mano la resolución de la juez sobre los agentes citados a
declarar. Un asunto que, tras saltar a la luz pública, ya ha traspasado el
ámbito judicial y ha pasado a engordar las tertulias cotidianas de los vecinos
sobre la seguridad.La cuestión no es baladí en esta población, castigada desde
hace años por la delincuencia. No en vano, Torrevieja tiene el deshonor de
encabezar el listado de municipios con mayor incidencia de la criminalidad de
España. Además, durante años, esta localidad costera, con cerca de 100.000
habitantes censados, ha sido santuario de organizaciones de redes mafiosas,
preferentemente de países del Este.
La cuestión de si
los agentes se excedieron o no en sus funciones no resulta en absoluto ajena a
sus habitantes. "Lo que no se puede hacer es que una esté trabajando para que
luego vengan y nos roben. Al final vamos a conseguir que los policías no puedan
tocar a los ladrones, y entonces éstos campen a sus anchas", le dijo en tono
airado una vecina a otra. "Vale, entiendo que si los pillan in fraganti
les den; pero no que entre siete u ocho policías les metan una paliza, porque
son personas", replicó la otra.Entretanto, otra vecina, a gritos, defiende ante
los medios la "honestidad" de estos agentes porque "gracias a ellos se puede
vivir". La crispación subió de revoluciones a medida que a lo largo de la mañana
se acercaban supuestos agredidos; entre ellos, Jan Louis Rosa. Este portugués de
60 años fue presuntamente apaleado por agentes el 13 de julio de 2003, según
consta en una denuncia presentada ante la Guardia Civil, documento que exhibió
acompañado de un parte de lesiones.
A ojos vista, el
escándalo policial por hipotéticas torturas ha abierto dos frentes en
Torrevieja: el judicial y el social.
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26.08.06
Dos juzgados de Torrevieja
investigan en paralelo las torturas de policías a detenidos
El caso de las
torturas de la Policía Local de Torrevieja se investiga en dos juzgados. La
magistrada Iris Valero, titular del Juzgado número 1 de esa ciudad, abrió hace
un año un sumario por una denuncia de un detenido supuestamente maltratado. Seis
meses después, la decana Juana López, titular del número 2, abrió otra causa por
omisión de perseguir el delito (no denunciar los malos tratos). Esta magistrada
ordenó intervenir los teléfonos de la Policía Local para investigar un caso de
narcotráfico. Las escuchas destaparon las torturas y demás delitos imputados a
policías y concejales del PP.
Fuentes del caso
de las torturas de policías de Torrevieja han expresado su sorpresa por el hecho
de que sendos juzgados investiguen en paralelo los hechos. Esas fuentes
calificaron de "paradójico" que una juez, en este caso la decana Juana López,
decida abrir un sumario por omisión del deber de perseguir el delito (los malos
tratos de los agentes), cuando otra magistrada ya tenía abierto medio año antes
un sumario precisamente por un caso de torturas.
Al inicio de su
investigación, la decana autorizó a la policía judicial de la Guardia Civil la
intervención de los teléfonos de los mandos de la Policía Local para esclarecer
un caso de narcotráfico. Las escuchas no aportaron pruebas, pero destaparon
otros supuestos hechos delictivos en los que estaban implicados al menos 14
agentes, incluido el jefe del cuerpo, Alejandro Morer, y dos concejales del PP
en gobierno de la localidad: el responsable del área de Sanidad, Hipólito Caro,
y el de Seguridad, Pedro Valero.
Basándose en las
pruebas recabadas por la intervención de los teléfonos, la magistrada López
amplió la lista de supuestos delitos a los de lesiones, malos tratos, falsedad
en documento público y contra las administraciones territoriales (contratar a
agentes a dedo).
Por estos
supuestos delitos la juez ya ha imputado a ocho policías. La magistrada imputa
también al jefe de la Policía Local el delito contra las administraciones
territoriales. La juez acusa al máximo responsable del cuerpo, en el cargo desde
1994, por contratar a nuevos agentes sin mediar concurso ni oposición y sin
respetar el sistema de promoción interna.
La juez del
número 2 retomará a partir de mañana el interrogatorio al resto de agentes
denunciados. El concejal de Seguridad comparecerá, en calidad de imputado por el
delito de encubrimiento, el miércoles. El edil tiene habilitado su despacho
oficial en las dependencias de la Policía Local. El responsable de Sanidad lo
hará la jornada siguiente para declarar sobre supuestas falsedades en documento
público. Hipólito Caro, médico de profesión, era hasta hace dos meses
responsable de uno de los centros de salud de Torrevieja, precisamente el que
está de guardia por las noches. La investigación le acusa de "amañar" partes
médicos, de detenidos y de agentes lesionados en sus servicios.v
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27.08.06
El jefe de la Policía Local de
Torrevieja, imputado en el caso de torturas, carece de la titulación que exige
la ley
El jefe de la
Policía Local de Torrevieja, Alejandro Morer, imputado en el caso de las
torturas en ese municipio junto a otros siete agentes y los concejales de
Seguridad y Sanidad, carece de la titulación exigida para ocupar su puesto. La
Ley de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, aprobada en 1999, obliga a
los municipios con más de 100 agentes -Torrevieja tiene 170- a cubrir esa plaza
con un titulado universitario, pero Morer llegó al cargo con estudios de
Formación Profesional.La ley valenciana de policías locales establece que al
frente de los cuerpos de las poblaciones de más de 100.000 habitantes o que
tengan más de 100 agentes en plantilla, como Torrevieja, debe encontrarse un
"intendente general" cuya titulación debe corresponder a la de "doctorado,
licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente", según la Ley de la Función
Pública Valenciana, a la que se remite.
Morer, también
imputado por un delito contra la administración por contratar presuntamente
varios agentes a dedo (dos hermanos suyos forman también parte del
cuerpo), no alcanza el nivel académico exigido. El alcalde, Pedro Hernández
Mateo (PP), tampoco ha iniciado el proceso para sustituirlo a pesar de que la
ley de policía, vigente desde hace siete años, le obliga a hacerlo,
manteniéndolo en su categoría sólo "a efectos retributivos", es decir,
conservando su sueldo actual.Los grupos de la oposición consideran que la
carencia de titulación puede tener relación con los excesos presuntamente
cometidos por los agentes. "Creemos que tiene que ver con que los policías se
hayan visto desbordados y, en algunos casos, se hayan extralimitado en algunos
de sus servicios", manifestó el concejal del PSOE Ángel Jiménez. "La falta de
formación incide en la profesionalidad de los agentes", afirmó por su parte José
Manuel Dolón, de Los Verdes. "Es como poner a un menor al volante de un
autobús", añadió.
Hoy continúan las
declaraciones de agentes en los juzgados de Torrevieja. El miércoles tocará al
concejal de Seguridad, Pedro Valero, que declaró ante la Guardia Civil por
encubrimiento; y el jueves, al de Sanidad, Hipólito Caro, acusado de amañar
partes médicos de policías y detenidos
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28.08.06
La juez imputa a otros cuatro
policías locales de Torrevieja por torturas
La juez que
investiga las torturas de la Policía Local de Torrevieja (Alicante) imputó ayer
a otros cuatro agentes. El número de policías ya acusados se eleva a 12, entre
ellos el jefe del cuerpo. La magistrada retomará la instrucción mañana, con el
interrogatorio al edil de Seguridad, Pedro Valero. El jueves declarará el de
Sanidad, Hipólito Caro. La Guardia Civil acusa a los concejales, del PP, de
encubrimiento y de falsedad en documento público, respectivamente.
Fuentes de la
investigación aseguraron el viernes que serían dos los agentes llamados a
declarar ayer al juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, cuya titular es
la decana Juana López, pero al final fueron cuatro los que comparecieron. La
juez los dejó en libertad con cargos, al igual que los otros ocho agentes que
declararon antes. A diferencia de dos de sus compañeros, que la semana pasada
acudieron al juzgado en coche patrulla y uniformados, los cuatro que llegaron
ayer vestían de paisano y alcanzaron los juzgados a pie. Fuentes judiciales han
asegurado que esos cuatro agentes cierran la lista de policías implicados en el
caso. A la declaración de los agentes asistieron también el fiscal jefe en
funciones de Alicante, Juan Carlos López Coig, que ha asumido personalmente el
caso, y el abogado de los 12 agentes.
La juez imputa a
los policías los delitos de lesiones, omisión del deber de perseguir el delito
(no denunciar los malos tratos) y falsedad en documento público. Al jefe del
cuerpo, Alejandro Morer, le imputa además un delito contra las administraciones
territoriales (contratar a agentes a dedo). La magistrada inició la
investigación hace seis meses tras la denuncia de dos detenidos.
Juana López
retomará las diligencias mañana con el interrogatorio al edil de Seguridad,
Pedro Valero. La investigación policial acusa a Valero de encubrimiento [el
concejal tiene el despacho oficial en las dependencias de la Policía Local]. El
jueves comparecerán ante la juez el concejal de Sanidad, Hipólito Caro, a quien
la Guardia Civil acusa de "amañar" partes médicos de delincuentes y policías
lesionados en acto de servicio. Caro, médico de profesión, fue hasta hace dos
meses responsable de un centro de salud de la población.
Por otro lado, el
Sindicato Profesional de la Policía Local de la Comunidad Valenciana defendió
ayer la "legalidad" del nombramiento de Alejandro Morer como jefe de la Policía
Local. Morer llegó al cargo con estudios de formación profesional, insuficientes
para cubrir la plaza de acuerdo con la Ley de Policías Locales de la Comunidad
Valenciana de 1999. La norma obliga a los municipios con más de 100 agentes
-Torrevieja cuenta con 170- a cubrir la plaza con un titulado universitario. Por
el contrario, el sindicato asegura que Morer fue nombrado al amparo de la
normativa entonces vigente, la ley de 1990, "superando una oposición y el curso
de capacitación de mandos de 400 horas en la Escuela de la Consejería de
Administración Pública", precisa una nota del colectivo.
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29.08.06
Policías locales bajo sospecha
El respaldo
público que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), ha prestado a
los concejales y los cargos de la Policía Local imputados por presuntas torturas
viene precedido de supuestas irregularidades en la conformación de la cúpula del
cuerpo con las que el regidor se ha hecho un traje policial a medida. El ascenso
fulgurante de varios agentes, algunos de los cuales ya han declarado ante la
juez, fue promovido por el concejal de Seguridad, Pedro Valero, o el jefe de la
Policía Local, Alejandro Morer, ambos implicados en la trama. Varias
designaciones tuvieron la oposición de los técnicos municipales, que en algunos
casos advirtieron de que podían constituir un delito de prevaricación o fraude
de ley.
El primer caso
especial entre los mandos policiales es el del intendente jefe Alejandro
Morer. El jefe de la policía ocupa su puesto con un título de Formación
Profesional complementado con un curso de habilitación de la Generalitat
valenciana. La ley autonómica de policías locales, aprobada en 1999, obliga a
nombrar a un "intendente principal" en las poblaciones con más de 100 agentes,
como es el caso de Torrevieja. Tras siete años de vigencia de la norma, el
alcalde aún no ha iniciado el proceso para cubrir esa plaza, para la que se
requiere tener un título universitario.
Entre los agentes
imputados por torturas ascendidos con el rechazo de los técnicos se encuentra el
inspector Carlos Illán. Fue en su casa donde entró presuntamente a robar el
inmigrante latinoamericano que denunció los malos tratos policiales el pasado 23
de junio, después de que el policía lo sorprendiera. Esa denuncia, investigada
en el juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja, es la que ha dado lugar a la
detención de los 12 agentes que hasta el momento han declarado ante la juez.
Illán, con
categoría de oficial, ocupó un puesto de inspector (el segundo en la jerarquía)
en situación de interino (comisión de servicios) por un plazo de dos años que
finalizó el pasado abril. El alcalde, sin embargo, le permitió seguir en el
cargo en contra del criterio de la secretaria municipal y el interventor. La
primera advirtió en su informe de que la prórroga de esa situación perseguía "un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico" por lo que si el acto se
adoptara (como finalmente se hizo), sería "en fraude de ley". El interventor
expresó su disconformidad, con los mismos argumentos. Este inspector provisional
es la mano derecha del intendente jefe, según fuentes del cuerpo. Algunos de sus
compañeros lo consideran "un policía de acción" y destacan de él su carácter
violento y afición por las artes marciales.
Las supuestas
irregularidades en la prórroga de Illán se repitieron con el también inspector
Antonio Morer, uno de los tres hermanos del intendente jefe que están en
plantilla pero que, por el momento, no se ha visto relacionado en la causa. Bajo
la misma fórmula se autorizó la permanencia en el puesto de una sobrina del
concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y de otros cuatro agentes
más. La secretaria municipal advirtió de que permitirles ocupar esas plazas sin
proceso selectivo "vulneraría frontalmente los artículos 405 y 406 del Código
Penal", que tipifican la prevaricación.
En el tercer
escalón de la estructura de mandos se encuentra integrado por los oficiales,
ocho de los cuales también ocupan su puesto de forma provisional tras ser
ascendidos discrecionalmente por el alcalde a propuesta del jefe de la policía.
Dos de las plazas de ese rango pertenecen a los gemelos Julio y Ricardo Morer,
los dos hermanos del jefe y ambos denunciados por actos violentos en otras
ocasiones.
Una de las
víctimas de Julio fue Abdelfetlah Omi. El 8 de junio de 1992, mientras estaba en
su puesto de artesanía marroquí, dos agentes le exigieron la licencia de venta.
Al carecer de ella, el marroquí les facilitó su Número de Identificación de
Extranjeros (NIE). Morer y otro agente le obligaron a levantar el tenderete y
Omi acató las órdenes aunque se dirigió a ellos para que le devolvieran la
documentación. En ese momento se inició un forcejeo y el vendedor fue reducido
por otros policías. Sufrió lesiones en sus muñecas y en el cuero cabelludo que
le provocaron mientras lo introducían en el coche patrulla así como en las
dependencias policiales.
El juzgado de
Instrucción número 3 de Orihuela condenó en 1998 a Morer como autor de una falta
de lesiones. Morer tuvo que pagar 180 euros de multa e indemnizar con otros 450
a Omi. La juez consideró que las lesiones "fueron causadas por personas que,
extralimitándose en sus facultades y amparadas bajo el uniforme, emplean la
fuerza y la arrogancia en el ejercicio de sus funciones", según argumentó en los
fundamentos jurídicos de su sentencia.
La denuncia que
pesa sobre su hermano gemelo, Ricardo, la presentó Manuel Ferrandis, un vecino
del municipio al que requirieron la documentación del coche la noche del 9 de
mayo de 1999. Al no llevarla encima, fue conducido por Morer y otros agentes a
comisaría donde le hicieron una prueba de alcoholemia que, según la denuncia,
resultó negativa. Los policías no se conformaron y lo cachearon encontrando en
sus bolsillos "dos pequeñas piezas de hachís".
El hermano del
jefe de policía y sus compañeros, siempre según la denuncia, obligaron al
detenido a desnudarse. Morer pisó su ropa y ante las quejas de Ferrandis, le
pegó un puñetazo en la cara. "Es en ese momento, cuando los otros dos agentes
agarran cada uno de un brazo al denunciante y el agente Ricardo Morer empieza a
propinarle puñetazos en la cara, en el torso, lo tira al suelo, le pisa el
cuello mientras los dos agentes le sostienen la cabeza contra el mismo y lo
arrastran, quedando el denunciante en un estado próximo a la pérdida de
conocimiento", continúa la denuncia.
Cuando se
recuperó un poco, los agentes lo lavaron, lo vistieron y le advirtieron de que
no presentara denuncia. "Las consecuencias van a ser peores", asegura que le
dijeron. Los agentes lo trasladaron al centro de salud de Torrevieja y desde
allí, una ambulancia lo condujo al Hospital de Orihuela. En su diagnóstico
figura "contusión en órbita izquierda, herida en zona malar izquierda que
requiere sutura, fisura en los huesos propios de la nariz que le provocan
desviación del tabique nasal, erosión en el cuello y el codo izquierdo, y
hematoma frontoparietal derecho".
El juzgado número
4 de Orihuela ha fijado la fecha del juicio en tres ocasiones, pero lo ha
suspendido por la inasistencia de los presuntos agresores. Ferrandis espera
ahora que gracias al nuevo caso de torturas, la cuarta notificación que reciba
sea la buenaVarios indicios señalan la gravedad de la trama de supuestas
torturas de Torrevieja. Los hechos que se imputan a 12 agentes y dos concejales
del PP se descubrieron tras cinco meses de escuchas telefónicas a los mandos del
cuerpo, una diligencia habitualmente acordada para delitos más complejos.La juez
que dirige la investigación encontró pruebas relacionadas con un caso de
torturas que instruía otro juzgado de la ciudad y que fue denunciado por un
inmigrante latinoamericano detenido tras entrar supuestamente a robar en la casa
del inspector Carlos Illán, ahora imputado.La juez ha solicitado al Ayuntamiento
el listado de los teléfonos móviles de todos los empleados de la corporación,
según informa Efe.El fin de la intervención de los teléfonos no ha trascendido
debido a que la investigación se mantiene secreta. Sin embargo, el fiscal jefe
en funciones de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha asumido la acusación.
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02.09.06
El interrogatorio a otros dos
agentes eleva a 15 los policías implicados en las torturas de Torrevieja
La Guardia Civil
interrogó ayer a otros dos agentes de la Policía Local de Torrevieja por las
supuestas torturas a arrestados. Con ellos se eleva a 15 el número de policías
implicados -12 de ellos ya han sido formalmente imputados por la juez- en este
escándalo policial. Los tres últimos agentes llamados a declarar por la Guardia
Civil pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja,
previsiblemente, mañana jueves.La magistrada Juana López, juez decana de
Torrevieja, también ha incriminado a los concejales de Seguridad y Sanidad,
Pedro Valero e Hipólito Caro, respectivamente, ambos del PP. El primero está
acusado de un supuesto delito de encubrimiento [el edil tiene su despacho
oficial en las dependencias de la Policía Local]. Mientras, Caro está imputado
por un supuesto delito de falsedad en documento público, derivado de la
manipulación de partes médicos de detenidos y policías en servicios. Caro fue
hasta hace dos meses director de un centro de salud de Torrevieja.Todos los
imputados permanecen en libertad con cargos. La juez instructora, que mantiene
declaradas secretas todas las diligencias, abrió la causa el 22 de agosto contra
agentes de la Policía Local de este municipio por los delitos de torturas,
falsificación documental y omisión del deber de perseguir el delito, y contra la
Administración territorial. Los interrogatorios de los agentes de la Guardia
Civil a los policías se retomaron el pasado lunes, después de que la juez
interrumpiera las diligencias a principios de mes para acudir a un curso de
formación.En este tiempo, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José
Antonio Romero, ha relegado al fiscal que inicialmente asumió la acusación, Juan
Carlos López Coig. Éste ha sido relevado por Antonio Rives, que todavía no ha
pedido medidas cautelares para los imputados.Publicado en www.elpais.es
13.09.06
EL JEFE DE LA
POLICÍA DE TORREVIEJA Y UN CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL, IMPUTADOS POR AMAÑAR UNA
OPOSICIÓN
El caso de las
torturas de la Policía Local de Torrevieja a arrestados alcanzó ayer una nueva
dimensión judicial al levantar la magistrada Juana López, titular del Juzgado
número 2, el secreto del sumario. La juez ha imputado al jefe de la Policía
Local, Alejandro Morer, a un agente del cuerpo, a un capitán de la Guardia Civil
del puesto de Torrevieja, cuya identidad no ha trascendido, y al hijo de éste,
por un delito contra la Administración pública, derivado del intento de amañar
una oposición para cubrir 5 plazas de policías locales en condición de interinos
estacionales. La oposición no ha llegado a celebrarse.
La imputación de
esas cuatro es consecuencia de la intervención de los teléfonos de los mandos de
la Policía Local para investigar un delito de narcotráfico. La magistrada López
autorizó las escuchas telefónicas a raíz de la denuncia de dos individuos
arrestados por un robo. Los detenidos denunciaron que había visto "a un policía
local [el inspector Manuel Antonio Vera, según consta en el sumario] con dos
bolsas de cocaína". Las escuchas no dieron ningún fruto judicial en ese sentido
y la juez ha archivado las diligencias respecto al delito de narcotráfico.
No obstante, la
intervención de los teléfonos desveló otras prácticas ilegales. En concreto, un
supuesto amaño de unas oposiciones. Según fuentes del caso, el contenido de las
escuchas recoge una llamada telefónica del concejal de personal, José Sánchez,
al jefe de la Policía Local. El edil solicitó al jefe que le propusiera cinco
temas genéricos para la oposición para cubrir las cinco plazas de policías
interinos estacionales. El jefe encomendó el trabajo a otro agente. Días
después, el jefe [siempre de acuerdo al contenido de las escuchas] recibió otra
llamada de un capitán de la Guardia Civil de Torrevieja interesándose por la
temática de las preguntas de la oposición y sugiriendo a Morer que "echara una
mano" a su hijo, que iba a presentarse al concurso.
Un tercio de la
plantilla de la Policía Local de Torrevieja -170 agentes en total- son
interinos, entre ellos inspectores y oficiales. El alcalde, Pedro Ángel
Hernández Mateo, del PP, ha prorrogado el contrato de ocho de ellos, pese al
informe en contra de la secretaria municipal.
Estos cuatro
imputados se suman a los otros 11 agentes de la Policía Local, un auxiliar de
enfermería, y dos concejales del PP, los responsables de Seguridad y Sanidad,
Pedro Valero e Hipólito Caro, respectivamente, por un supuesto delito de
torturas a un arrestado durante un robo a la casa de un agente, el pasado 23 de
junio. El denunciante, un súbdito guatemalteco, denunció cuatro días más tarde
que durante el arresto [en la vía pública, según recogen la diligencias] los
agentes le propinaron varios golpes que le provocaron lesiones graves.
La investigación de
este caso de supuestas torturas la han llevado en paralelo la magistrada López y
la titular del Juzgado número 1, Iris Valero. Ayer, la primera, a instancia del
fiscal, se inhibió en favor de la segunda. Además del delito de lesiones, los
agentes imputados están acusados de omisión del deber de denunciar el delito.
Mientras, el concejal de Seguridad está imputado por encubrimiento y el de
Sanidad por falsedad documental, por amañar partes médicos de arrestados y
agentes lesionados en servicios. Publicado en www.elpais.es
23.09.06
"El detenido está reventado, y en el atestado no aparece
nada de resistencia"
"El detenido está reventado, y en el atestado no aparece
nada de resistencia". La frase forma parte de la
conversación entre dos policías locales de Torrevieja
(el inspector Manuel Antonio López Vera y el oficial
Carlos Illán) tras el arresto de un ladrón, recogida en
la grabación de las escuchas telefónicas ordenadas por
la juez del caso de las torturas. Las cintas revelan
otras supuestas ilegalidades, como "presiones" del
inspector López Vera y otros dos agentes a tres
delincuentes (dos ellos menores) para recuperar dos
kilos de cocaína de un narcotraficante colombiano.La
titular del juzgado número 2 de Torrevieja, acordó
pasado 28 de febrero la intervención del móvil del
inspector Manuel Antonio López Vera para esclarecer una
denuncia por narcotráfico. Las escuchas no dieron
resultado en ese terreno, y la juez ha archivado las
diligencias. Las grabaciones sí revelaron otras
prácticas ilegales como las supuestas torturas a un
detenido y el amaño de unas oposiciones a la Policía
Local.Las conversaciones del inspector hacen referencia
al arresto de un inmigrante guatemalteco el pasado 23 de
junio, cuando robada en la casa de Carlos Illán, oficial
de la Policía Local. El inspector habla primero con el
concejal de Sanidad, Hipólito Caro, del PP, para
preguntarle quién está de guardia en el centro de salud
las Lomas (el edil era director del mismo).Luego, el
inspector conversa con Pedro -la investigación no ha
determinado si se trata del alcalde, Pedro Ángel
Hernández Mateo, del PP, o del concejal de Seguridad,
Pedro Valero- . "El servicio se ha realizado bien, pero
el hombre no se puede poner derecho. Lleva dos costillas
rotas y no se sabe si alguna cosa más", dice el policía.
El interlocutor le pregunta: "¿Le han saludado [en
alusión a si le han pegado]?". Vera responde que sí:
"Tiene lesiones graves, pues lo han tenido en el
calabozo diez horas". El policía advierte de que en el
atestado no aparece nada de resistencia y que si lleva a
esa persona con esas lesiones tendrá problemas.López
Vera comunica a su interlocutor que, antes ha llamado al
concejal Caro, "para que el médico que reconozca al
detenido le llame lo antes posible antes de hacer nada
por si hay que rehacer el atestado deprisa y corriendo
para que por lo menos aparezca algo sobre que el
detenido ha ofrecido resistencia en descarga de los
agentes".
En otra conversación entre el inspector Vera el oficial
Illán, el primero insiste en el grave estado del
detenido. "Esta reventado. El médico del centro de salud
lo ha enviado urgente para la Vega Baja (hospital
comarcal)". Y le repite que ya ha informado al edil
Caro: "Estamos esperando a que traigan el parte de
lesiones para rehacer las diligencias antes de
entregarlas en la Guardia Civil".
Dos costillas rotas
En otra cinta, Vera e Ilán, mencionan que al "detenido
le han hecho de todo y tiene dos costillas rotas, aunque
un cuñado del segundo trabaja en el hospital, ya le ha
contado a lo médicos y le dan el alta". Los agentes
subrayan que "los médicos no quieren intervenir para que
no haya problemas y lo van a hacer todo más liviano, así
como que dos costillas rotas es perfectamente compatible
con una caída".
Por estos hechos, la juez ha imputado a 13 agentes,
incluidos Vera e Illán, y los dos concejales.
Las diligencias por el delito de narcotráfico constatan
que Vera y otros dos agentes "presionaron" a tres
jóvenes detenidos por robo para averiguar el paradero de
dos kilos de cocaína que reclama un narcotraficante
colombiano, confidente policial. Los policías llevaron a
los jóvenes a la comisaría, "y el narcotraficante, en
presencia de los agentes, les amenazó con traer a dos
sicarios". La juez no ve delito, pero si irregularidades
como la detención de menores sin avisar a la Fiscalía.
Las escuchas recogen un intento de amaño de unas
oposiciones. Por estos hechos están imputados el Jefe de
la Policía Local, Alejandro Morer, el inspector Vera, un
agente y un capitán de la Guardia Civil. Vera responde
así a la llamada del capitán: "No te preocupes que los
dos inspectores que van a estar, y luego mi jefe
también, me van a pasar parte de las preguntas que van a
poner, y yo se las paso a mi hijo y al tuyo".
www.elpais.es 27.09.06
La Policía Local de Torrevieja barajó destruir pruebas
de las torturas
Tres policías locales de Torrevieja, implicados en las
torturas a arrestados, barajaron la posibilidad de
destruir las imágenes de las cámaras de la comisaría,
según recogen las escuchas telefónicas ordenadas por la
juez instructora. Los 13 agentes ya imputados por la
magistrada presentarán hoy sendas querellas por
supuestas ilegalidades en la instrucción policial y
judicial.Las conversaciones recogidas en las escuchas
hacen referencia al arresto de un inmigrante
guatemalteco el pasado 23 de junio, cuando robaba en la
casa de Carlos Illán, oficial de la Policía Local. Los
interlocutores son el inspector Manuel Antonio López
Vera, Carlos Illán y otro agente. La conversación gira
sobre un auto del juzgado que reclama la copia de las
cámaras de seguridad correspondientes a las estancias
del detenido en la comisaría. El oficial y el inspector
expresan su sorpresa por la iniciativa de la juez: "Cómo
es posible que la juez sepa todo lo de las cámaras".
Illán le sugiere a Vera que pregunte a otro agente, D.
G. C., también imputado, "si hay manera de recuperar las
grabaciones".Más adelante, el oficial y el agente
"hablan de la manera de destruir o cambiar el disco duro
del ordenador que controla las cámaras de seguridad y
los aspectos técnicos y si hay forma de recuperarlas".
"Se han ido de la boca"
En otro momento se oye una voz de fondo que la
investigación policial sospecha que pueda ser la del
jefe del cuerpo, Alejandro Morer, extremo que, a su
juicio, "deja patente en todo momento que está al tanto
de la conversación". A continuación, Vera e Illán
subrayan que "será el jefe de la policía el que dará las
órdenes oportunas al agente D. G. C. sobre qué es lo que
tiene que poner en el escrito de respuesta al auto de la
juez". Morer no está imputado por las torturas, pero sí
por un intento de amaño de unas oposiciones a la Policía
Local, detectado en escuchas. Los agentes concluyen
hablando sobre la posibilidad de que sus teléfonos
puedan haber sido intervenidos, "o que alguien se haya
ido de la boca".Mientras, los 13 agentes ya imputados
(11 por las torturas y dos por el amaño de las
oposiciones) presentarán hoy sendas querellas por
supuestas "ilegalidades" en la instrucción del caso.
José María Jiménez, secretario del Sindicato Profesional
de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, sostiene
que "la investigación es ilegal, porque no había motivos
para intervenir el teléfono móvil del inspector". Los
agentes denunciarán que a lo largo del proceso han sido
objeto, entre otros, de los supuestos delitos de
detención ilegal, falsa imputación, amenazas y
coacciones. El sindicato no precisó contra quién se
dirige la querella.Por su parte, el alcalde de
Torrevieja, Pedro Ángel Hernández (PP) también ha
anunciado que estudia la posibilidad de presentar una
denuncia contra el instructor de la policía judicial de
la Guardia Civil.
www.elpais.es 28.09.06
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