La portavoz
socialista en el
Ayuntamiento de
Valencia, Carmen
Alborch, ha pedido
hoy que la
alcaldesa, Rita
Barberá, aclare las
posibles
irregularidades en
la permuta del solar
del nuevo Mestalla,
tras conocerse hoy
el informe de la
Fiscalía de la
Audiencia Provincial
de Valencia que
apunta a podría ser
constitutiva de
delito.
El Ayuntamiento de
Valencia cedió el
solar del nuevo
estadio del Valencia
por casi 30 millones
menos de su valor,
ya que mientras que
Hacienda cifra en 75
millones de euros el
valor del terreno,
la permuta se cerró
por 45.
Además, en esas
informaciones
también se recoge
que la Fiscalía de
la audiencia
Provincial de
Valencia ve indicios
de delito contra los
responsables del
Consistorio por
"malversación y
prevaricación".
Alborch, a través de
un comunicado, ha
instado a Barberá a
dar "explicaciones y
actuar con una
transparencia que
muchas veces falta
en una ciudad, en la
que a menudo se
confunden los
intereses públicos y
los privados".
La portavoz del
grupo municipal
socialista estima
que esta posible
irregularidad se
enmarca dentro de
otras actuaciones
similares del
Consistorio, ya que
cree que "demasiados
casos relacionados
con el urbanismo y
el Ayuntamiento han
acabado en los
tribunales".
Alborch ha asegurado
que su demanda "no
es una crítica al
Valencia CF ni a su
afición", sino que
se centra en "el
equipo de gobierno y
el Partido Popular",
al que recuerda que,
de haber "escuchado
a vecinos y
oposición, no habría
generado estas
sospechas ni habría
conducido a la
situación de
parálisis -de las
obras del estadio-".
En opinión de la
edil socialista, la
presumible actuación
con el solar del
nuevo estadio es
"consecuencia de que
el equipo de
gobierno no siempre
da prioridad al
interés general y
gobierna de espaldas
a los intereses de
la ciudad y a los
deseos de la
ciudadanía".
En ese mismo
sentido, el
coordinador de EUPV
en Valencia, Amadeu
Sanchis, también ha
pedido explicaciones
a Rita Barberá y su
equipo de gobierno
sobre las
diligencias abiertas
contra ellos por
parte de la Fiscalía
de la Audiencia
Provincial de
Valencia.
Sanchis cree que el
Ayuntamiento debe
responder por "el
trato de favor al
Valencia CF en la
recalificación del
suelo de uso
deportivo público a
uso deportivo
privado", así como
por "las diligencias
abiertas por
malversación de
dinero público y
prevaricación".
www.levante-emv.com
21.06.09
Los jueces paralizan
la operación urbanística del Valencia CF
El Tribunal
Superior de la Comunidad Valenciana ha ordenado la
paralización cautelar del Plan Parcial Masía de
Porxinos, en Riba-roja, en el que se incluye la futura
ciudad deportiva del Valencia CF, por carecer del
informe sobre abastecimiento de agua que debía haber
emitido la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Un juzgado investiga si el alcalde cobró de un
constructor para agilizar sus licencias.
La Comisión
Técnica de Urbanismo de la Generalitat Valenciana aprobó
en junio pasado el Plan Parcial de Mas de Porxinos de
Riba-roja (en el área metropolitana de Valencia) que
incluye 2.800 viviendas y la ciudad deportiva del
Valencia CF, con pronunciamiento negativo de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. La Abogacía del
Estado, en representación de la CHJ, presentó un recurso
de paralización cautelar, a través de la Delegación de
Gobierno, por inexistencia del preceptivo informe sobre
el abastecimiento de agua.
La sección
primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJCV ha dictado un auto por el que paraliza de forma
cautelar el plan. Considera que dicho informe debía
haberse aportado y que el emitido por la entidad
colaboradora Acuagest (concesionaria y suministradora de
agua potable en Riba-roja) es claramente insuficiente.
La
suspensión cautelar de esta actuación urbanística
aprobada por la Generalitat valenciana se suma a las ya
dictadas sobre otras en Ador, Parcent o Gilet.
Acuagest
defendió la "suficiencia y disponibilidad de caudales de
agua potable para abastecer 2.800 viviendas más con la
adecuación de nuevas infraestructuras para el
suministro", según recoge el auto. La Delegación del
Gobierno consideró que a ese informe "no puede
reconocérsele el valor pretendido por la Generalitat
valenciana de sustituir los pronunciamientos que
corresponden a la Confederación Hidrográfica". Esta
argumentó que existía "falta de la evidencia de
disponibilidad de agua para la ejecución de las
viviendas proyectadas".
La
Confederación denunció que tuvo que emitir un informe
negativo porque la Administración competente no le
facilitó los datos suficientes para poder elaborar un
informe técnico completo sobre el abastecimiento de agua
en la nueva urbanización.
Vicente
Soriano, consejero del Valencia C.F., afirmó ayer: "No
existe ninguna suspensión de ningún tipo, ni siquiera
cautelar". "No hay nada de nada, está todo en orden. Y
en cualquier caso, el Valencia no es parte. El Tribunal
no puede ir contra nosotros, sino contra la consejería
[de Territorio]", aseguró. El Valencia ha recibido de la
empresa Nozar, encargada de urbanizar el millón y medio
de metros cuadrados en Porxinos, 160 millones por la
venta de los terrenos en tres plazos, el último de ellos
hace tres meses. Y ya los ha invertido. El club ha
maquillado sus pérdidas anuales contabilizando como
beneficios extraordinarios los recibidos de Nozar en el
balance de cuentas de las dos últimas temporadas.
El auto es
un nuevo revés para el alcalde de Riba-roja, Francisco
Tarazona (PP), candidato para las próximas elecciones
municipales quien se enfrenta en los juzgados a varias
denuncias. La última la ha presentado un constructor que
asegura haber hecho un donativo al Ayuntamiento de
120.000 euros, certificado por el interventor, porque
así se agilizaban las licencias que pedía.
www.elpais.es
04.02.07
"Somos ricos de antes" de
Porxinos, dice la esposa del alcalde de Riba-roja
El caso Porxinos siguió ayer su curso con las declaraciones en
el juzgado de Llíria de una hija, un sobrino y un primo del
alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona. Al primer edil y a dos
de sus sobrinos, también concejales, se les imputan supuestos
delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias
en la operación Porxinos, calificada en su día de "pelotazo
urbanístico" por el presidente del Valencia CF, Juan Soler.
La mujer del alcalde, Asunción Moreno, que acompañó a los
declarantes, negó las acusaciones: "Nosotros, gracias a Dios,
somos ricos de antes, no de ahora".
La querella presentada por los socialistas de Riba-roja el
pasado agosto denunció una trama de intereses urbanísticos y uso
de información privilegiada en torno al alcalde y su familia con
el objetivo de obtener un "lucro personal". Parte de las
irregularidades provendrían de la aprobación, en 2005, del PAI
de Porxinos, una zona rústica donde el Valencia CF prevé
levantar su nueva ciudad deportiva y miles de viviendas. Varios
familiares de Francisco Tarazona, según la querella que
investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria, se
beneficiarán de la revalorización de terrenos que poseen en
otros PAI cercanos.
Los testigos que declararon ayer rechazaron tener conocimiento
de ningún delito, al igual que el alcalde y sus dos sobrinos. A
estos tres se les imputa, entre otros, una supuesta
prevaricación por haber votado el PAI. La madre del alcalde
tenía parcelas en Porxinos, y aunque se desgajaron a última hora
del proyecto, la querella dice que el interés personal no
desapareció, ya que existían opciones de compra de Soler sobre
unos terrenos que, además, se revalorizan. Los querellados han
entregado un documento de caducidad de una de las opciones. La
secretaria municipal y el interventor afirmaron ayer ante el
juez que desconocían la existencia de esas opciones de compra
cuando firmaron un informe sobre la posible incompatibilidad
para votar de los imputados. En ese documento, se declararon
incompetentes para dictaminar, aunque añadieron que si se
sacaban los terrenos del PAI podía desaparecer el motivo de
abstención.
Los imputados han puesto énfasis en negar que tengan relaciones
familiares estrechas. Los testigos también. El más convincente
ayer fue Ricardo Zaragozá, primo del alcalde, médico militar y
actual director clínico del Hospital General de Valencia, que se
limitó a saludar al resto. Más familiar se mostró Vicente Pinazo
Peñarrubia, sobrino del primer edil. Ambos rechazaron haberse
beneficiado de la posición del alcalde. Amelia Tarazona, hija
del primer edil, también negó las imputaciones contra su padre.
A Tarazona y a su esposa, que ayer hizo alarde de su patrimonio,
se les conocía en Riba-roja por ser los propietarios de una
carnicería, así como de numerosos terrenos.
www.elpais.es 16.12.06
Ventas sin
informe
La
querella socialista contra Tarazona y sus dos
sobrinos y concejales sostiene que su gestión
urbanística ha despojado de patrimonio a Riba-roja
por la vía de vender a los agentes urbanizadores el
10% de aprovechamiento que recibe la población en
los PAI e incorporar la ganancia a gastos
corrientes, en vez de invertir en patrimonio
municipal de suelo para vivienda protegida. La
denuncia destaca que el alcalde se ha desprendido
del aprovechamiento a precios por debajo de lo que
podría haber alcanzado y no ha publicitado esas
ventas para una mayor concurrencia de ofertas, como
exige la ley. Por ello, los socialistas imputan a
los denunciados de malversación y fraude. Las
ofertas de los urbanizadores, en al menos un caso,
se han aprobado sin informes de la secretaria y del
arquitecto municipal, como admitió ayer la primera
ante el juez, según fuentes judiciales. Las
propuestas de los urbanizadores del PAI de Mas de
Baló -aprobado antes del de Porxinos y en el que
actuaron un hermano de Juan Soler y un directivo del
Valencia CF- se llevaron al pleno, pero no fueron
informados por la secretaria y el arquitecto. El
alcalde, ante las quejas de la oposición, pidió un
estudio posterior.
www.elpais.es 16.12.06
El alcalde de Riba-roja justifica
intereses familiares en el 'pelotazo' del Valencia
El alcalde
de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, admitió ayer
que no hay proyecto urbanístico que pueda aprobar el
Ayuntamiento de esta localidad valenciana (17.000
habitantes) sin que afecte a terrenos de algún familiar
suyo, pero negó irregularidades urbanísticas. El alcalde
declaró como imputado ante el juez por el pelotazo
de Porxinos, el plan con el que el Valencia CF se
aseguró en 2005 una nueva ciudad deportiva y ganó 80
millones de euros al vender la edificabilidad de 2.700
viviendas.Tarazona rechazó que en sus 11 años de mandato
su entorno haya participado en operaciones especulativas
con vistas a reclasificaciones urbanísticas en la zona
de expansión del plan de Porxinos, como denuncia la
querella de dos concejales socialistas con datos
registrales de compraventas de suelo. El alcalde rechazó
las imputaciones de tráfico de influencias y uso de
información privilegiada, y aseguró que aprueba "todos"
los proyectos con informes técnicos "favorables". La
querella también acusa a Tarazona -y a sus sobrinos y
concejales José Vicente Tarazona Campos y Cristina
Vázquez Tarazona- de prevaricación por votar el plan de
Porxinos. El proyecto incluía parcelas de la madre del
alcalde hasta días antes de la aprobación y la querella
sostiene que el interés familiar del alcalde al votar el
proyecto seguía vivo, ya que los terrenos se han
revalorizado y la empresa del presidente del Valencia CF,
Juan Soler, mantiene opciones de compra sobre el
terreno.El
alcalde no ve incompatibilidad alguna y ayer al
abandonar el juzgado enfatizó que "nadie" de su familia
"tiene ni un palmo de tierra" en Porxinos, aunque
admitió que una allegada heredó suelo en 1995 adquirido
por el club. El edil José Vicente Tarazona también negó
las acusaciones ante el juez.
www.elpais.es 01.12.06
IMPUTADOS UN ALCALDE Y DOS EDILES DEL PP POR DELITOS URBANÍSTICOS LIGADOS AL
VALENCIA
El
Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria (Valencia) ha citado a declarar como
imputados al alcalde de Riba-roja, el popular Francisco Tarazona, y a otros dos
ediles del PP, sobrinos suyos, por supuestas irregularidades relacionadas con el
proyecto urbanístico de la futura ciudad deportiva del Valencia CF. La
imputación se produce tras la presentación de una denuncia de dos concejales
socialistas de contra los imputados por prevaricación, delito contra la
ordenación del territorio, tráfico de influencias, fraude y uso de información
privilegiada.
El
auto del juez en el que llamó a declarar como imputados al alcalde popular de
Riba-roja, Francisco Tarazona, y los ediles su grupo José Vicente Tarazona y
Cristina Vázquez Tarazona, se basó en una denuncia presentada el pasado 2 de
agosto.
La
denuncia se formalizó tras la aprobación del Programa de Actuación Integrada
(PAI) de Porxinos, en cuyos terrenos tiene previsto el Valencia CF levantar su
futura ciudad deportiva. Los socialistas afirman en su denuncia que "alrededor
de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y
empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de
inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más
directos de éste".
El
PAI de Porxinos -calificado de "pelotazo" por el propio presidente del Valencia,
el promotor Juan Soler, que reconoció haber ganado 130 millones de euros en la
operación- prevé la construcción de la nueva ciudad deportiva del club y la
edificación de una zona residencial con 2.700 viviendas sobre 1,2 millones de
metros cuadrados agrícolas. El PAI es, por ahora, el único que ha aprobado el
nuevo consejero de Territorio, Esteban González Pons, que ratificó el pasado mes
de julio el acuerdo que había alcanzado su antecesor, Rafael Blasco, con el
presidente del Valencia y el alcalde de Riba-roja (17.000 habitantes a 20
kilómetros de la capital).
Durante la tramitación del polémico PAI se descubrió que la madre del alcalde
era titular de cuatro parcelas, lo que obligó a Francisco Tarazona a desgajarlas
de la operación urbanística. Los socialistas aseguran que otros familiares del
alcalde habrían utilizado información privilegiada sobre los planes urbanísticos
para comprar terrenos en el área de influencia de Porxinos, parte de los cuales
recaerían dentro de otros PAI que todavía no habían sido adjudicados.
En la
denuncia se relata también que la esposa del sobrino del alcalde y concejal
denunciados, José Vicente Tarazona Campos, es administradora única de una
inmobiliaria (Van Tres Servicios Inmobiliarios, SL) que realiza habitualmente
sus operaciones en Riba-roja. Tarazona Campos fue designado miembro de la
asamblea de Bancaja el pasado jueves por las Cortes Valencianas a instancias del
PP. La hermana de la otra concejal denunciada, Cristina Vázquez Tarazona, es
empleada de la mercantil Mafort, SA, adjudicataria de uno de los PAI del
municipio.
El
PAI de fue Porxinos fue homologado por la Generalitat con los informes en contra
de la Confederación del Júcar, que no garantizó el abastecimiento de agua.
www.elpais.es 18.11.06
Camps avala el 'pelotazo' de
Mestalla
El presidente de
la Generalitat, Francisco Camps, avaló ayer el pelotazo del Mestalla, que
permite a la directiva del Valencia CF computar la superficie de las calles
adyacentes para determinar la edificabilidad de la parcela. Camps, al término de
una reunión con empresarios, fue interpelado sobre si compartía la opinión de su
consejero de Territorio, Esteban González Pons, partidario de dar un trato de
favor al club en sus operaciones inmobiliarias. "No sé de nadie que haya dicho
que no se cumple la ley", dijo Camps. El Levante UD estudia ahora pedir también
la reclasificación urbanística de su campo.
El jefe del
Consell manifestó que "se trata de una apuesta y una propuesta interesante que
se ha estudiado a lo largo de todos estos años y que todavía se está estudiando
con la tranquilidad y reflexión que corresponde".
El responsable
del Gobierno valenciano defendió que el proceso de recalificación de Mestalla y
la cesión de la parcela municipal en la avenida de Cortes Valencianas a cambio
de otras parcelas menores es un "proceso que debe continuar conforme a la
legislación". "Hay que aplicar la ley en una propuesta que se va a hacer sobre
el Valencia CF que tenía, en principio, el respaldo de todo el Ayuntamiento, así
como el apoyo generalizado de la sociedad valenciana", sentenció el presidente
de la Generalitat. En su argumentación, el responsable del Consell y dirigente
popular acusó a los socialistas de politizar la cuestión. "Lo que tiene que
hacer el PSPV es no politizar una cuestión como ésta", sentenció Camps.
Los socialistas y
Esquerra Unida votaron en contra, en el pleno municipal del pasado día 27, del
PAI que permitirá edificar en la parcela de Mestalla. Decisión que salió
adelante con los votos del PP. Los socialistas han presentado un contencioso
administrativo contra el convenio firmado por la alcaldesa Rita Barberá y el
presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que fija las bases de las
operaciones inmobiliarias.
El Valencia
presenta este viernes en el Museo Príncipe Felipe la maqueta del nuevo estadio y
su pelotazo urbanístico ha abierto la puerta para que otras entidades
deportivas valencianas reclamen el mismo trato de favor. El segundo club de la
ciudad, el Levante, quiere subirse al carro y estudia solicitar a las
instituciones políticas la recalificación del terreno de su estadio, el Ciutat
de València, en el barrio de Orriols, para construir con los beneficios de su
venta un nuevo campo en una zona cercana. La intención del club es contar con
una nueva instalación para 2009, año en que celebra su centenario, y para ello
piensa reclamar las mismas condiciones que el gobierno ha concedido al Valencia.
Las pretensiones
urbanísticas del Levante no son nuevas, y se ha reforzado con las concesiones
inmobiliarias al Valencia. El club pidió en 2002 al Ayuntamiento dividir la
parcela inicial de 46.773 metros cuadrados de su estadio en dos, una destinada
al recinto deportivo y otra a zona terciaria, para construir en ella un complejo
hotelero y una galería comercial. El Ayuntamiento contentó después sus
peticiones a medias: dejó una parcela de 29.600 metros cuadrados para el campo
Ciutat de València y recalificó en zona terciaria una superficie de 15.000
metros a cambio de una concesión por parte del club. El Levante cedió 5.000
metros de su propiedad para destinarlos a aparcamientos y la superficie de zona
peatonal de las calles del perímetro del estadio, y recibió unos 52 millones de
euros por la venta a Gesfesa de la parcela de 15.000 metros, una superficie que
cuenta con una edificabilidad de 30.147 metros en una altura máxima de dos
plantas.
El club que
preside Pedro Villarroel entiende que no recibió entonces una recalificación
como la que ahora ha conseguido el Valencia, y considera que ha llegado el
momento de cobrar la deuda y equipararse a su vecino rico. La idea de partida
del Ayuntamiento era construir un gran estadio olímpico compartido por el
Valencia y el Levante, una propuesta de la que el club de Villarroel fue el
primero en desmarcarse. La transformación urbanística de la zona de Orriols, con
mejores accesos, abrió perspectivas de mejores ingresos para el Levante, que
rechazó la idea del estadio único. Las concesiones al Valencia y la coyuntura
política, con las elecciones a la vuelta de la esquina (27 de mayo), han llevado
al Levante a considerar la idea de exigir su trozo del pastel.
La entidad
azulgrana está además molesta con el trato del Valencia. Primero porque,
aseguran en el Levante, el Valencia les adeuda todavía 600.000 euros del
traspaso de Vicente en el verano de 2000. "Se han declarado insolventes",
afirman en el Levante. Y segundo porque el Valencia les ha asignado un guía
turístico para visitar la ciudad el viernes por la mañana, horas antes de la
presentación de la maqueta del nuevo estadio. www.elpais.es 09.11.06
Soler arrastra al Valencia a una
batalla política para salvar el 'pelotazo' urbanístico
"La guerra
empieza hoy", afirmó ayer un representante del Valencia CF en clara advertencia
a quienes critican el pelotazo urbanístico pergeñado por el presidente
del club, el constructor Juan Soler, y las Administraciones del PP. Soler ha
decidido llevar el Valencia CF a la confrontación, aún a riesgo de dividir a la
afición, contra todos aquellos que critican el trato de favor que el PP ha
decidido otorgar a los gestores de la sociedad anónima deportiva. Tanto el club
como el PP defienden un acuerdo que permitirá sustituir el viejo campo de
Mestalla por un estadio nuevo y lograr beneficios multimillonarios.
La tensión
presidió ayer el ambiente en la expedición del Valencia CF a Donetsk, Ucrania,
para jugar en la Liga de Campeones. El presidente, Juan Soler, viajó arropado
por los dos consejeros de su máxima confianza, Enrique Lucas y Agustín Morera,
además del presidente de la Agrupación de Peñas, Jaume Part, que se hospedó en
el mismo hotel del equipo, un lujoso local en el centro de esta ciudad ucrania
que se dedica básicamente a la minería y que tiene un millón de habitantes.
Tanto Soler como Part, que ha animado a las peñas a manifestarse en Mestalla
contra el PSPV, van juntos en esta cruzada contra los socialistas valencianos,
después de que éstos votaran en contra de la recalificación de los terrenos de
Mestalla. Aún así, un miembro de la dirección de la Agrupación de Peñas que no
quiso identificarse por miedo a la reacción de Part
expresó su
malestar: "No hay que mezclar política y deporte nunca, se han equivocado".
La operación
inmobiliaria auspiciada por Soler y las Administraciones gobernadas por el PP
consiste, a grosso modo, en autorizar una edificabilidad tal sobre la parcela de
Mestalla -propiedad del club- que permita pagar el nuevo estadio en la avenida
de Cortes Valencianas y obtener unos ingresos multimillonarios. El acuerdo
incluye la cesión al club de la parcela municipal en la que se ubicará el nuevo
estadio, a cambio de otros solares menores aún por determinar que tendrá que
aportar el Valencia CF.
La directiva del
club de fútbol propuso recientemente permutar, a cambio del solar donde se
levantará el nuevo estadio, una parcela que ya estaba comprometida por el
Ayuntamiento de Valencia con los artistas falleros para paliar la falta de
espacio de sus instalaciones. Este terreno, adquirido recientemente por el
Valencia CF para la operación inmobiliaria, está grafiado como huerta en el Plan
General de Ordenación Urbana.
La alianza entre
el presidente del Valencia y el de la Agrupación de Peñas -que con el apoyo del
PP han intentado lanzar a la afición contra los socialistas por poner pegas a la
operación inmobiliaria- ha empezado a generar rechazo entre amplios sectores del
valencianismo.
La tensión en la
expedición valencianista a Ucrania alcanzó ayer también a la prensa que acompaña
al equipo, dividida entre quienes han criticado la deriva política del
presidente Soler y quienes la aplauden. Éstos últimos tienen permiso para estar
el tiempo que quieran en el hotel de los jugadores y la directiva. El resto, no.
Sólo pueden echar un vistazo y largarse. "La guerra empieza hoy", le dijo un
representante del club a un periodista de un medio considerado hostil por la
entidad de Mestalla. Soler, además, se negó a contestar a una pregunta formulada
por ese mismo medio de comunicación. "A vosotros no os respondo, ni esto ni
nada", contestó el dirigente ante la demanda.
LA OPERACIÓN DEL ESTADIO
- El PP aumenta
de 55.800 a 89.380 metros cuadrados la edificabilidad de la parcela de Mestalla
al incluir en la misma las calles adyacentes y edificaciones consolidadas.
- Barberá
autoriza la permuta del solar de 90.000 metros donde se levantará el nuevo
estadio del Valencia a cambio de solares dispersos en la ciudad por determinar y
valorar.
- El Valencia CF
calcula entre 300 y 500 millones de euros el beneficio que obtendrá de la
'operación Mestalla'
- Juan Soler
cifra en 200 millones el coste del nuevo estadio en la avenida Cortes
Valencianas
- El Ayuntamiento
reclama al Estado que financie las infraestructuras viarias para evitar el
colapso circulatorio
www.elpais.es 01.11.06
Ex miembros de la Fundación y de la
agrupación de peñas critican la politización del club
Por segunda vez
en poco más de un año, Soler ha confundido deporte y política. Ya lo hizo en
octubre pasado, cuando obligó a los futbolistas del Valencia a jugar en Mestalla
ante el Sevilla con la camiseta de la senyera, en respuesta al
despliegue, en el Camp Nou, de una mapa de los territorios del dominio
lingüístico catalán que incluía a la Comunidad Valenciana. Soler recogió el
testigo del presidente del Barça, Joan Laporta, y respondió de igual modo pese a
la oposición de los jugadores. Un año después, la escena se repite con Soler de
nuevo como protagonista. Y las voces en contra se suceden.
"No me gusta nada
que se use el fútbol para fines políticos. El comunicado del Valencia no era
oportuno. Todo se ha politizado y me da miedo que esto se vaya de las manos",
advirtió ayer Carlos Pascual, ex presidente de la Fundación del Valencia. "La
política ha de quedarse fuera del Valencia. A Mestalla vamos gente de todos los
colores", añadió Enrique Asensio, presidente de la Agrupación de Peñas entre
1999 y 2002. Asensio criticó a Jaume Part por destilar "tintes racistas" y
aconsejar "a quién hay que votar", y a Soler por alejarse "de la neutralidad
política", y lamentó "que aquellos que nos representan no tengan en cuenta que
el Valencia no es un apéndice de ningún partido y que en su masa social conviven
aficionados de todo el arco político". "Nunca antes ningún consejo había ido tan
lejos", añadió.
"Hay mucha
interferencia política", expuso Carlos Pascual, "el Valencia tiene tal tirón que
unos quieren usar su éxito y otros minimizarlos. Los partidos han planteado
desde el inicio el juego de atribuirse méritos". Pep González, presidente del
Club 1919 y antiguo presidente de la Peña Politécnica, pidió a los grupos
políticos "que sepan quedarse al margen". "El PSPV debía haber intentado no
llegar a este punto, y el PP no capitalizar la construcción del estadio".
La Delegación de
Peñas Levantinista, que engloba a medio centenar de peñas del Levante, explicó
ayer que no se ha pronunciado sobre la construcción del estadio, un día después
de que la Asociación de Peñas asegurara que iniciará "una campaña para pedir que
no se vote al PP por favorecer los intereses partidistas". La asociación recordó
que el grupo popular ha ofrecido "plusvalías y dividendos de forma espectacular
a una sociedad anónima", en referencia al Valencia, y criticó a los gobernantes
del PP por obviar que "los valencianos también son seguidores de otros equipos".www.elpais.es
01.11.06
El PP
apoya una operación urbanística que permite ganar 100 millones al Valencia CF
El pleno del Ayuntamiento de
Valencia, que gobierna Rita Barberá, del PP, debate una de las operaciones
urbanísticas de mayor calado de los últimos años. El plan permitirá al Valencia
Club de Fútbol construir un nuevo estadio en una parcela que se privatiza e
ingresar más de 300 millones de euros por el aprovechamiento inmobiliario que
surgirá tras el derribo del campo de Mestalla. La doble recalificación
urbanística, que hoy iniciará su exposición al público para alegaciones,
enfrenta al PP con la oposición de socialistas y EU-L'Entesa, que denuncian que
el pacto entre el Valencia CF y el Ayuntamiento prima los intereses del club.
Los vecinos del futuro estadio alertan del aumento del tráfico y el ruido.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la oposición lo habían
avisado. La ampliación del estadio de Mestalla no era legal y la justicia la
invalidaría. Así fue. En octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia anuló
la modificación del plan general que permitió al Valencia CF en 1998 ganar
localidades, y marcó la salida de una carrera de fondo por construir un nuevo
recinto para la entidad deportiva más influyente de la Comunidad Valenciana. El
club necesitaba otro estadio y el Ayuntamiento, dirigido por Rita Barberá, del
PP, haría lo posible por conseguírselo. Y así ha sido. El gobierno local de
Barberá apoyará hoy con sus votos, los de la mayoría, un paso decisivo hacia ese
objetivo. El pleno prevé aprobar la exposición pública de los planes de una
doble operación urbanística de gran calado pactada con el presidente del
Valencia CF, Juan Soler: la recalificación del solar de Mestalla, donde el club
logra edificabilidad para construir 750 viviendas y una gran área comercial, y
la privatización de una parcela pública en la avenida de las Cortes Valencianas
para el nuevo campo, que el equipo espera estrenar en 2009.
La operación, denuncian EU-L'Entesa y asociaciones vecinales, es un traje a la
medida del accionista mayoritario del Valencia. Otro más, porque la
Generalitat, también del
PP, intervino para culminar lo que el propio Soler bautizó como "pelotazo
urbanístico" en Riba-roja, donde se levantará la nueva ciudad deportiva del
Valencia CF junto a 2.700 viviendas en suelo rústico. Los socialistas también se
oponen al plan. Los populares rechazan de plano un supuesto trato de favor; al
contrario, afrontan la aprobación del proyecto "con una absoluta tranquilidad y
serenidad" de que cumple la legalidad urbanística.
Pero, ¿la recalificación de Mestalla, tal como sale a exposición pública para
alegaciones, se ajusta a los intereses generales? No, responden socialistas y
EU-L'Entesa, que consideran que se han puesto por delante los del club
deportivo. Soler no ha ocultado que los ingresos inmobiliarios que aportará la
venta de la parcela de Mestalla como suelo residencial son sustanciosos, de al
menos 300 millones de euros que algún consejero eufórico y otras fuentes del
club han elevado en más de una ocasión por encima de los 500. El nuevo estadio
costará cerca de 200 millones, por lo que el club ganará al menos 100 millones
-aunque ayer elevó el coste del futuro campo-.
Un negocio redondo cuyos números se han cuadrado "a martillazos", asegura el
portavoz socialista, Rafael Rubio. El Valencia pretendía una edificabilidad de
90.000 metros cuadrados de techo y el Ayuntamiento le concede 89.380,44. La
parcela que ocupa Mestalla ronda los 31.000 metros cuadrados de superficie, por
lo que le correspondían, desde una perspectiva estricta, 55.800 metros cuadrados
de edificabilidad al recalificar -como campo deportivo no tiene
aprovechamiento-. Los socialistas hubieran considerado aceptable partir de esa
cifra, pero el PP rechaza el planteamiento y ha consensuado con el Valencia CF
un ámbito de actuación urbanística que incluye las calles adyacentes al estadio
y edificaciones consolidadas como el Nuevo Ayuntamiento y la Consejería de
Infraestructuras. El gobierno local defiende que es necesario reordenar esta
macroparcela, en la que se redistribuyen una zona verde y equipamientos, y de la
que resultan los metros cuadrados de aprovechamiento residencial y terciario
apetecidos por Soler.
Unas 3.000 personas vivirán en nueve torres de 16 alturas con un área comercial
de 13.471 metros cuadrados que puede casi triplicarse con entreplantas. En el
subsuelo, se ofertarán 1.600 aparcamientos. El desarrollo de la actuación se
retrasará hasta 2009, cuando el Valencia CF estrene estadio y la gestión la
asumirá la empresa pública Aumsa como agente urbanizador. El Ayuntamiento
adelantará así los costes de urbanización (7,5 millones de euros). Soler no
tendrá que esperar a la ejecución del plan para hacer caja: en cuanto la
Generalitat apruebe definitivamente el plan, el promotor podrá vender al mejor
postor el suelo con los derechos de edificabilidad logrados. Un bocado
suculento, como demuestra el hecho de que Soler ya vendiera, con opción a
recompra, 10.000 metros cuadrados de la parcela a la constructora Murcia y
Puchades en plena negociación del plan.
El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos con este
doble plan? Nada, aseguran vecinos de Cortes Valencianas que compraron sus pisos
junto a un solar reservado a un polideportivo. De nuevo un estadio dentro de la
ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un
suelo dotacional público en zona urbana que será sustituido mediante una permuta
que se perfila parcialmente sobre terrenos de huerta -de adquisición más barata
para el club- que sólo verán su desarrollo con la revisión del plan general
urbano. El nuevo campo se asentará sobre 69.571,13 metros cuadrados, mientras
que en otros 14.679 metros que seguirán en manos públicas, el Valencia CF hará
un polideportivo.
"¿Acaso no es un beneficio para la
ciudad el disponer cuando lo necesite de un estadio sin que le haya costado un
céntimo? ¿Acaso eso no es interés general?", se pregunta el teniente de alcalde,
Alfonso Grau. Hoy defenderá que Valencia gana. La oposición asegura que pierde.
El partido no ha terminado
EL PAÍS - 27-10-2006
LA
“OPERACIÓN MESTALLA” DE LA ALCALDESA DE VALENCIA, RITA BARBERA, ABRE
LAS PUERTAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL Y UN GRAN CASINO EN LA
ACTUAL UBICACIÓN DEL ESTADIO
La
operación de cambio de ubicación del Mestalla y la recalificación
del suelo que pretende la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abre
las puertas a la construcción de un hotel y un gran casino en los
terrenos que ocupa el actual estadio del Valencia C.F., en la
avenida de Aragón, según indican fuentes internas del club de fútbol
a este confidencial. La actual directiva del Valencia C.F. se
comprometió, a finales del mes de mayo de este año, a reservar 7.000
metros cuadrados y venderlos a la cadena hotelera del empresario
catalán, Manuel Lao, para la construcción de un hotel de lujo al que
irá emparejado un gran casino, el primero en Valencia. Manuel Lao es
propietario de la empresa Cirsa, líder en España en el sector del
juego, propietaria de 58 salas de bingos y de numerosos casinos,
entre ellos el de Monte Picayo. Con la presentación del “ protocolo
de intenciones” sobre la operación de cambio del Mestalla, el
viernes 30 de julio, por Rita Barberá, el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps y el presidente del club, Jaime Ortí,
“el futuro hotel y el casino ya cuentan con la seguridad de que el
proyecto se llevará a cabo”, comentan las fuentes. La empresa HLG
hoteles Lao Garriga, participada por el empresario Lao a través de
su sociedad patrimonial familiar L&G y por el propietario de Hot
Hoteles, Jorge Garriga, recibió en mayo pasado la conformidad del
actual director del Valencia C.F., Manuel Lorente, tras someter el
proyecto de venta a la junta directiva, para la construcción del
citado hotel. El grupo catalán tiene el proyecto diseñado desde el
año 2001. Ya está bautizado como “Hotel Mestalla Palau”. Por esta
concesión, el Valencia C.F. percibirá 12 millones de euros, una
cantidad que –antes de publicarse el nuevo proyecto de cambio del
Mestalla -estaba destinada a cubrir parte del déficit (unos 28
millones de euros) con el que el club cierra esta temporada,
precisan las fuentes. El total de terreno a recalificar, según las
intenciones de la alcaldesa Rita Barberá, sería de algo más de
30.000 metros cuadrados. Jaime Molina, actual miembro de la directiva
valencianista, ha sido el vínculo con el grupo Lao Garriga ( socio
de la multinacional italiana Olivetti, en el segmento del juego)
para la adquisición de estos derechos de construcción, cuyo contrato
formal no han podido demostrar con pruebas suficientes quienes
desvelan la operación a este confidencial. Molina está vinculado al
sector del juego ( Codere S.L) y de las máquinas tragaperras desde
hace várias décadas, en España y en Hispanoamérica, donde es
propietario de una cadena de salas de juego y de casinos,
principalmente en Argentina, Venezuela, Brasil y América Central. El
mismo Jaime Molina intentó hace cuatro años montar un negocio
similar al del Cupón de la ONCE -en Buenos Aires- con el ex director
de la Organización de Ciegos. Miguel Durán ( catalán, como Manuel
Lao, y amigo), pero fue un fracaso, cuentan quienes conocieron de
cerca la intentona. Durán reside en tierras argentinas desde su
supuesta apropiación de 3.500 millones de pesetas por la
intermediación en la venta de acciones de Telecinco, entonces
participada por la ONCE. 02 agosto 2004.
http://hebdomario.typepad.com/confidencial_7d/2004/08/la_operacin_mes_1.html
