JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ : UN CACIQUE FRONTERIZO
NOTICIAS VARIOPINTAS SOBRE EL SUSODICHO
CORRUPCIÓN EN MELILLA: SEIS
IMPUTADOS EN EL GOBIERNO
ÓPERA, TOSCA Y LISBETH SALANDER: CERCO A LA CORRUPCIÓN EN MELILLA
DIMITE GARBÍN, DIPUTADA AUTONÓMICA DEL PP EN MELILLA, TRAS CONFIRMARSE SU
CONDENA A DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN
IMBRODA RECONOCE QUE NO LE HA GUSTADO EL FALLO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MÁLAGA CONTRA GARBÍN Y REMARCA QUE TIENE TODO SU APOYO Y EL DEL PP
MELILLA DA UN PASO MÁS PARA DIFICULTAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS
MARROQUÍES
IMBRODA DICE QUE HABLÓ "EN SENTIDO FIGURADO" CUANDO DIJO QUE EL PSOE LLEGÓ
"POR LAS BOMBAS" AL GOBIERNO EN 2004 Y 2018
IMBRODA DICE QUE EL PSOE LLEGÓ A LA MONCLOA “POR DOS BOMBAS” Y ROJAS LE
INSTA A QUE LO RETIRE
IMBRODA HACE UN LLAMAMIENTO A PABLO CASADO A INTEGRARSE EN LA LISTA DE
SANTAMARÍA "POR EL BIEN DEL PP Y ESPAÑA"
CAZANDO A LISBETH SALANDER EN MELILLA: CINCO AÑOS DE INTRIGAS Y SIETE VIDAS
ROTAS
IMPUTADOS TRES CONSEJEROS DE MELILLA POR LA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
'TOSCA'
JUAN JOSÉ IMBRODA ACUSA AL PSOE DE "DAR UN GOLPE DE ESTADO"
IMBRODA HNOS. S.A.: TU A MELILLA, YO A MÁLAGA; YO A C,S, TU AL PP
IMBRODA, DOS MINUTOS DE TRABAJO, 17.175 EUROS DE PLUS
CLAVES DEL JUICIO DEL ‘CASO ABOGADOS’
LA GUARDIA CIVIL VINCULA LA TRAMA DE LOS IPADS CON PRESUNTOS CASOS DE FRAUDE
ELECTORAL
IMBRODA : EL BARÓN DEL PP, PROTEGIDO DE RAJOY, QUE ESQUIVA TODOS
LOS JUICIOS
IMBRODA SE SUMA A LA CATARATA DE INSULTOS A PEDRO SÁNCHEZ
IMBRODA NOMBRA A SU MUJER VICECONSEJERA DE ACCIÓN SOCIAL EN MELILLA
EL PRESIDENTE DE MELILLA DISPONE 'DESIGNAR A MI MUJER VICECONSEJERA'
EL FISCAL ACUSA A IMBRODA DE ‘DESPRECIAR LA LEY’
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA IMBRODA EN EL TS POR LA
CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO
EL SUPREMO ARCHIVÓ EL ‘CASO IMBRODA’ SIN ESPERAR A QUE LA FISCALÍA SE
PRONUNCIARA
EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA IMBRODA
EL ABNEGADO APOYO DEL
MINISTRO CATALÁ A IMBRODA, CANDIDATO IMPUTADO POR MELILLA
EL FISCAL ACUSA A IMBRODA DE ‘DESPRECIAR LA LEY’
IMBRODA NIEGA EN EL SUPREMO QUE HICIERA UN CONTRATO IRREGULAR
EL GOBIERNO DEL PP EN MELILLA, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN
EL SUPREMO INVESTIGA AL PRESIDENTE DE MELILLA POR UN CONTRATO A DEDO
IMBRODA DICE ESTAR 'LA MAR DE TRANQUILO' TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL SUPREMO
LA FISCALÍA PIDE QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A IMBRODA POR POSIBLE
PREVARICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO
UN JUEZ PIDE AL SUPREMO EL SUPLICATORIO DEL PRESIDENTE DE MELILLA
LOS SINDICATOS DE ESTUDIANTES CALIFICAN DE “IMPRESENTABLE” LA CONCESIÓN DE
UNA BECA A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE MELILLA
MELILLA DA UNA BECA UNIVERSITARIA DE 1.000 EUROS A LA HIJA... DEL PRESIDENTE
IMBRODA
DETENIDOS EL CONSEJERO Y OTROS DOS ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE DE MELILLA
LA MELILLA DEL PP CONDECORA A UN ASESOR 'ORGULLOSO' DE HABER ESTADO EN LA
EJECUCIÓN DE PUIG ANTICH
EL "MAMONEO" DE LOS 'JÓVENES' DEL PP DE MELILLA: "SE REPARTÍAN LOS DINEROS Y
LAS SUBVENCIONES ILEGALES"
ALGO HUELE A PODRIDO EN MELILLA: LOS IMBRODA, UNA FAMILIA MUY PERO QUE MUY
BIEN AVENIDA
IMBRODA SE LLEVA A SU MUJER DE DIPUTADA A LA ASAMBLEA DE MELILLA POR DELANTE
DE VARIOS COMPAÑEROS DE LISTA
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA MANO DEL PRESIDENTE DE MELILLA
ACTUACIONES SOSPECHOSAS DE MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA DE MELILLA
¿POR QUÉ ARCHIVAN TODAS LAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA IMBRODA?
CONSEJERO GENERAL PARA UNICAJA
CORRUPCIÓN EN MELILLA: SEIS IMPUTADOS EN EL GOBIERNO
El Ejecutivo autónomo adjudicó sin concurso más de seis millones de euros a
empresas investigadas
El Gobierno del PP en la ciudad autónoma de Melilla —86.000 habitantes y un
presupuesto público de 273 millones de euros en 2018— mantiene en sus
puestos a seis altos cargos imputados desde hace varios años en causas
relacionadas con corrupción. Además, el Ejecutivo ha adjudicado al menos
seis millones de euros a una decena de empresas imputadas en los denominados
caso Tosca y caso Ópera, que investiga el amaño de contratos públicos, según
el análisis de las adjudicaciones realizado por EL PAÍS en colaboración con
la Fundación PorCausa..
Entre los investigados que el presidente Juan José Imbroda mantiene al
frente del Gobierno de Melilla se encuentran el vicepresidente y consejero
de Economía, Daniel Conesa; y el consejero de Educación, Antonio Miranda,
además de los viceconsejeros de Administraciones Públicas, Hacienda, y
Festejos —María Ángeles Gras, Guillermo Frías y Francisco José Díaz—.
También José Pastor, director general de Gestión Económica Administrativa de
Medio Ambiente.
Otros seis ex altos cargos melillenses siguen imputados en otros procesos.
Entre ellos, María Antonia Garbín, que ocupaba la cartera de Bienestar
Social, ha dejado su acta como diputada tras ser condenada en firme a 10
años de inhabilitación por el caso Abogados —contratación irregular de
varios letrados por parte de la consejería— el pasado enero.
Los procesos abiertos por corrupción en Melilla, entre ellos el denominado
caso Tosca que investiga el amaño de contratos públicos, afectan a empresas
privadas acusadas de colaborar en la supuesta trama delictiva. Según las
sospechas de la Guardia Civil, toda esta supuesta red delictiva estaría
adjudicando esos contratos principalmente a cambio de otorgar empleos a
personas cercanas al Gobierno melillense (no solo familiares), tejiendo así
una posible red clientelar.
Algunas de estas firmas siguen todavía recibiendo contratos a dedo o por
procedimiento negociado —con un margen de discrecionalidad grande por parte
del Gobierno de Melilla—. Estos contratos sin concurso público se mantienen
a favor de estas empresas pese a que están investigadas en los tribunales
por corrupción. El grupo Eulen y su filial de seguridad han conseguido desde
2015 hasta 61 contratos discrecionales (59 menores y dos negociados sin
publicidad) pese a su situación procesal. En total, el Ejecutivo les ha
adjudicado por esta vía 5,2 millones de euros.
En los últimos años, el PP nacional ha reaccionado a la imputación de altos
cargos autonómicos exigiéndoles en muchos casos que dejaran sus actas o
cesarán en sus cargos públicos. Por razones parecidas a las que se dan en
Melilla dimitieron dos diputados autonómicos del PP en la Comunidad de
Madrid imputados en el caso Púnica; cesó el presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez; o se vieron forzadas a pasar al grupo mixto del Senado la
exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya fallecida; o Pilar Barreiro,
exalcaldesa de Cartagena, cuya causa archivó hace unos meses el Tribunal
Supremo.
El PP se defiende
Miguel Marín, secretario general del PP de Melilla y presidente de la
Autoridad Portuaria, considera que las causas abiertas “no tienen
absolutamente nada que ver con la corrupción”. “Las cuestiones que se han
planteado se refieren a procedimientos judiciales inventados por la
oposición, denuncias totalmente surrealistas, cuestiones totalmente
administrativas para nada relacionadas con la corrupción política. La
práctica totalidad de ellas han sido sobreseídas o archivadas. Y, en lo
referente a las que están en curso, estamos hablando de cuestiones que no
tienen absolutamente nada que ver con la corrupción. Es decir, aquí nunca
nadie ha dudado de que se haya llevado un solo euro ningún compañero del PP
de Melilla, ninguno, eso no está en duda. Nosotros estamos convencidos de
que son procedimientos administrativos ajustados a derecho y, por tanto, no
entra en colisión con el propio código ético del Partido Popular nacional”.
Por su parte, la oposición denuncia la opacidad en la contratación pública
de Melilla, dado que “el 85% son contratos menores que no salen a concurso
público”, y cuestiona los procedimientos judiciales en marcha por su
lentitud. “En Melilla”, afirma Dionisio Muñoz, ex secretario general del
PSOE, “hay un dicho que funciona y es que el derecho acaba en el Estrecho.
Aquí no dimite nadie. Imbroda lleva un estandarte y es que con él no va a
salir nadie”.
El presidente de Melilla llegó a confirmar que María Antonia Garbín,
exconsejera de Bienestar Social y diputada en Melilla, repetiría en las
listas para las elecciones que se celebrarán en mayo. Pero la Audiencia
Provincial confirmó la condena por prevaricación contra Garbín, lo que
provocó su dimisión como parlamentaria.
Rachid Bussian, diputado de Coalición por Melilla, asegura que “las
adjudicaciones a empresas imputadas por corrupción se han multiplicado en
este tiempo”. “Es una forma de financiar ilegalmente al PP de Melilla. Es su
forma de seguir en el poder otros cuatro años”, añade.
En 2015, la Guardia Civil llevó a cabo la desarticulación de las tramas
corruptas que operaban en Melilla. En aquella operación detuvieron a más de
15 personas, entre ellas cargos públicos y funcionarios del Gobierno de
Melilla, y apuntaron a la existencia de una red de contratación ilegal
mediante el fraccionamiento de contratos para su adjudicación directa.
Colocación de familiares
La investigación judicial analizó adjudicaciones millonarias supuestamente
fraudulentas del Ejecutivo presidido por Juan José Imbroda mediante el amaño
de contratos. Uno de los principales beneficiarios, el grupo Eulen, también
está siendo investigado por la colocación en sus empresas de personas afines
al Partido Popular o familiares del Gobierno melillense como pago por las
adjudicaciones conseguidas.
El secretario general del PP de Melilla considera que no pueden vetar a
determinadas empresas que no han sido condenadas aún. “Lo que el Gobierno de
la ciudad no va a hacer es actuar de juez y, por tanto, si no hay sentencia
sobre esas empresas, la Administración está incapacitada para vetar a una
empresa en concreto si no hay una sentencia firme. Ninguna Administración
pública puede vetar una empresa por el mero hecho de que puedan existir
indicios o que pueda haber en marcha un procedimiento judicial determinado.
No puede. Ninguna Administración pública tiene la capacidad para poder
llevar a cabo esa discriminación. Sería manifiestamente ilegal”.
Más de seis millones a dedo a empresas investigadas
El Gobierno de Melilla adjudicó seis millones de euros entre 2015 y 2017 en
contratos a dedo a 13 empresas imputadas en Ópera y Tosca, las dos grandes
causas que investigan una posible trama corrupta por supuestos delitos de
prevaricación, cohecho, falsificación documental y malversación de fondos
públicos, entre otros, según se desprende del análisis de las adjudicaciones
de la ciudad.
A pesar de su situación judicial, las compañías implicadas consiguieron en
dos años, 93 contratos que no pasaron por concurso público abierto. Los seis
millones incluyen solo contratos adjudicados por el procedimiento negociado
sin publicidad, el más discrecional que existe, o como contratos menores, de
menos de 15.000 euros en el caso de servicios o menos de 40.000 euros en el
caso de contratos de obra —respectivamente, 18.000 y 50.000 antes del cambio
legislativo efectivo desde marzo de 2018—.
Las firmas con más contratos adjudicados son la empresa de servicios Eulen y
su filial Eulen Seguridad, con más de 600.000 euros acumulados en 59
contratos menores adjudicados sin concurso, que van desde encargos de un día
a trabajos de siete meses. Desde que está imputada, esta empresa cuenta
también con dos adjudicaciones en procedimiento negociado sin publicidad, el
más opaco permitido legalmente por valor de 4,6 millones.
Las pruebas obtenidas por la Guardia Civil en el marco de Tosca revelan que
Eulen y su filial Eulen Seguridad habrían incurrido en fraccionamiento de
contratos, duplicación de contratos, confección de pliegos, desvío de fondos
públicos por trabajos no realizados, uso de sociedades pantalla y
malversación. Según la Guardia Civil, el Gobierno de Melilla actuó de forma
“deliberada, planificada y orientada a beneficiar arbitrariamente” a Eulen,
“sorteando concursos públicos” y en connivencia con el interventor de
Melilla, nombrado por el Gobierno local. Preguntada por EL PAÍS, la empresa
ha declinado hacer comentarios.
Un ejemplo de ello, según las pesquisas del instituto armado, es una serie
de contratos que Eulen recibió en 2015. Se trata de cuatro adjudicaciones a
dedo y con un importe idéntico (15.496 euros cada una) para la gestión de
cuatro instalaciones deportivas. De haberse tratado de una adjudicación en
bloque, el Gobierno melillense habría estado obligado a convocar un concurso
público. Esta dinámica también se repite, por ejemplo, en el contrato para
el mantenimiento de las zonas verdes del Fuerte Rostrogordo: el Ejecutivo
melillense divide en dos contratos esta tarea sin justificar por qué. De ir
juntos, estos dos contratos, de 18.000 y 14.298 euros respectivamente,
habrían sido ofertados por procedimiento abierto (concurso público).
Trabaja en otro sector Huracán producciones, la segunda empresa que más ha
facturado entre las imputadas en el marco de las operaciones Ópera y Tosca.
A finales de 2010, la compañía costeó un viaje a Milán con todos los gastos
pagados a varios cargos de la Comisión de Festejos y al viceconsejero de
Festejos, Francisco Díaz, hoy imputado en un proceso judicial. Uno de los
invitados al viaje fue José Imbroda Domínguez (fallecido en 2014), miembro
de dicha comisión, vicepresidente de la Autoridad Portuaria y primo del
presidente de Melilla. La Guardia Civil considera que en este viaje se dan
“firmes indicios de cohecho” por constituir “una dádiva a funcionarios”.
Fue adjudicataria de 26 contratos menores por valor de 158.000 euros entre
2015 y 2017. Entre los contratos adjudicados a dedo llaman la atención los
de la cabalgata de Reyes del mismo año que ascienden a 9.820 y 14.500 euros,
por lo que sumados habrían obligado a licitar en procedimiento abierto.
También hay un concierto de Gospel en el que Huracán obtiene tres contratos
a dedo y con un concepto similar, por valor de 18.000, 6.405 y 9.672 euros.
Sociedades bajo sospecha
Otras sociedades también se encuentran bajo sospecha. Por ejemplo, Carmelo
Martínez Lázaro, SL, en cuyas actuaciones la Guardia Civil ha rastreado
posibles delitos de prevaricación y concierto con otras compañías para
obtener contratos públicos de diversa índole, desde limpieza y mantenimiento
de parques públicos y dependencias del Gobierno, hasta labores de salvamento
en las playas de la ciudad, campañas de sensibilización y realización de
encuestas. Entre 2015 y 2017, esta empresa fue adjudicataria de 65 contratos
menores o negociados, que suman 415.000 euros. Según los investigadores,
esta empresa se habría puesto de acuerdo con otras para licitar en concursos
públicos sin que hubiera una concurrencia real. Precisamente fue Abdelkader
Kasem, propietario de una de ellas, el que dio inicio a la Operación Ópera
tras confesar que la Consejería de Medio Ambiente le pedía fraccionar sus
facturas.
La Guardia Civil investiga también los contratos de Lunamar, que facturó
217.000 euros a Melilla en el periodo señalado en contratos menores. Los
agentes creen que esta empresa se estaría presentando a concursos públicos
sin relación con su objeto social para favorecer la adjudicación a otras
compañías. Según la documentación del instituto armado, los contratos que le
fueron adjudicados de forma directa tienen las cantidades a percibir
escritas a lápiz
https://elpais.com/politica/2019/02/24/actualidad/1551033894_777771.html
ÓPERA, TOSCA Y LISBETH SALANDER: CERCO A LA CORRUPCIÓN EN MELILLA
En el marco de este operativo se investigan todo tipo de delitos de
corrupción, desde adjudicaciones fraudulentas hasta malversación de caudales
públicos y fraude fiscal
La Ciudad Autónoma de Melilla, donde Juan José Imbroda (PP) gobierna desde
el año 2000, ha sido objeto de varias investigaciones anticorrupción.
Destacan los llamados caso Arquitectos, Fianza, y, más recientemente,
Abogados, pero las de mayor envergadura y que todavía están pendientes de
finalizar instrucción -y sin avances notables en los últimos años- son las
operaciones Ópera, Tosca y Montecristo (también conocida como ‘Lisbeth
Salander') y relacionada con las dos primeras. El PAÍS y PorCausa desvelan
hoy que varios imputados en esos procedimientos siguen ocupando cargos de
peso en el Gobierno de Melilla.
Ópera, que debe su nombre a la película de los hermanos Marx Una noche en la
ópera, arrancó en 2009 aunque se hizo pública en 2013, cuando la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró las dependencias del
Gobierno de Melilla. Las pesquisas empezaron a raíz de la admisión, por
parte de un pequeño empresario, de que las autoridades le habían pedido
fraccionar fracturas para eludir el concurso público en un contrato. De esta
forma, el Ejecutivo le habría asignado a dedo varios contratos pequeños que,
en realidad, eran todos parte de uno más grande que habría necesitado ser
adjudicado por la vía más transparente.
En el marco de este operativo se investigan todo tipo de delitos de
corrupción, desde adjudicaciones fraudulentas hasta malversación de caudales
públicos y fraude fiscal, según los autos judiciales.
A raíz de esas primeras investigaciones empezó la Operación Tosca en 2015.
Investiga adjudicaciones millonarias y presuntamente fraudulentas del
Gobierno melillense. La principal protagonista de este operativo es Eulen,
empresa acusada de alterar pliegos y funcionar como agencia de colocación
para personas afines al Partido Popular de Melilla e incluso familiares del
equipo de Gobierno melillense. En las redadas y operaciones de la Guardia
Civil efectuadas en 2015 llegaron a ser detenidas al menos quince personas
en la Ciudad Autónoma.
En 2014 arrancó también la Operación Montecristo, aunque no investigaba
ningún caso de corrupción. Llevada por la comandancia de la Guardia Civil de
Melilla, esta operación intentó desenmascarar el perfil de Facebook que,
bajo el seudónimo de Lisbeth Salander (nombre de la hacker justiciera e
icono feminista en las novelas de Stieg Larsson), difundía detalles en la
red social de los amaños detallados en los sumarios de Ópera y Tosca. A
pesar de las detenciones de los presuntos dueños de la página, el caso se
archivó en 2018 sin ninguna condena.
https://elpais.com/politica/2019/02/24/actualidad/1551036722_845091.html
DIMITE GARBÍN, DIPUTADA AUTONÓMICA DEL PP EN MELILLA, TRAS CONFIRMARSE SU
CONDENA A DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN
La diputada autonómica del PP en la Asamblea de Melilla y portavoz adjunta,
María Antonia Garbín, ha presentado este martes su dimisión después de que
la Audiencia Provincial haya rechazado su recurso a la condena de diez años
de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
Así lo ha anunciado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del PP,
Juan José Imbroda, quien ha defendido la honradez de la ya ex parlamentaria
popular, quien tuvo que dejar en 2015 el cargo de consejera de Bienestar
Social después de que se conociera en primera instancia esta sentencia y
mantuviera el acta de diputada hasta ahora, tras hacerse público que la
Audiencia Provincial ratifica la pena de diez años por la contratación
irregular de abogados en su área.
La primera autoridad melillense ha asegurado que el principal motivo por el
que Garbín ha tomado esta decisión, a pesar de su expresada intención de
recurrir a otras instancias judiciales, "es su deseo de evitar que la
oposición ataque el PP" por su pertenencia al Grupo Parlamentario Popular en
la Asamblea.
Desde que el fin de semana se conociera la sentencia de la Sala VII de la
Audiencia, varios partidos, como PSOE, Ciudadanos y Podemos, han exigido la
marcha de María Antonia Garbín, a lo que se ha opuesto en principio el PP al
destacar que la condena se refiere a irregularidades administrativas y no a
asuntos de corrupción, pero este martes ha decidido aceptar la renuncia de
su portavoz adjunta y diputada autonómica.
Juan José Imbroda ha subrayado "el gran trabajo que ha hecho María Antonia
Garbín en el PP" desde que pertenece a esta formación en 1991 y ha dicho de
ella que "es una política de raza que ha dado mucho al PP", por lo que ha
lamentado su marcha. Su puesto en la Asamblea de Melilla será ocupado por
Nassera Al-lal, viceconsejera de Integración Cultural.
SENTENCIA
La Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha
rechazado el recurso presentado por la ex consejera de bienestar Social de
Melilla y diputada del PP María Antonia Garbín y mantiene para ella la
condena de diez años de inhabilitación por prevaricación en el llamado 'Caso
abogados', por el que se habrían contratado irregularmente por la
administración a abogados. En cambio, ha decidido absolver al resto de
condenados, todos ellos funcionarios y letrados.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, María Antonia
Garbín, en su calidad de consejera de Bienestar Social y Sanidad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla desde 2003 hasta 2013, "suscribió
un total de 91 contratos de consultoría y asistencia en materia de
asesoramiento jurídico" con los letrados también acusados, lo que supuso un
gasto público ascendente a la suma de 1.114.510'91 euros.
La condena afectó también a otras 13 personas, entre funcionarios y
abogados, que recibieron inhabilitaciones de entre cinco y nueve años. Todos
los condenados interpusieron recursos contra la sentencia. La defensa de
María Antonia Garbín pidió la nulidad de la sentencia alegando que el juez
del penal 1 no fue imparcial, la impertinencia de la acusación popular, y
que las contrataciones objeto de denuncia habían sido previas al acceso de
Garbín al cargo de consejera de Bienestar Social.
El Tribunal resolvió fallar a favor de los recursos de todos los acusados a
excepción de Garbín, declarando la nulidad de la sentencia, entre otros
motivos, porque el juez se había "limitado a calcar el relato de hechos
contenido en la conclusión primera del escrito de calificación del
Ministerio Fiscal", cuya narración estaba "plagada" de consideraciones
jurídicas predeterminantes del fallo.
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1300372/dimite-garbin-diputada-autonomica-pp-melilla-confirmarse-condena-diez-anos-inhabilitacion
IMBRODA RECONOCE QUE NO LE HA GUSTADO EL FALLO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MÁLAGA CONTRA GARBÍN Y REMARCA QUE TIENE TODO SU APOYO Y EL DEL PP
El presidente de la Ciudad ha reconocido que “no le ha gustado” el fallo de
la Audiencia Provincial de Málaga que inhabilita durante diez años a María
Antonia Garbín, exconsejera de Bienestar Social, por el llamado ‘Caso
Abogados’.
Juan José Imbroda, que remarca que respeta a la justicia, subraya que Garbín
tiene tanto su apoyo “incondicional” como el del Partido Popular, al creer
que “ha trabajado mucho por el Gobierno, por la ciudad y por el PP”.
El jefe del Ejecutivo local ha asegurado también que María Antonia Garbín
“tiene un futuro dentro del Partido Popular”. Defiende que “el mundo no se
acaba ahí, en un cargo concreto”. Insiste en que “hay muchas más cosas”.
Tras lamentar que una compañera de partido, como es María Antonia Garbín,
haya tenido que sufrir mucho por todo este asunto, Imbroda ha aclarado que
seguirá siendo diputada de la Asamblea y portavoz del Grupo Popular ya que
el juez solo la inhabilita para que sea consejera. Hacer lo contrario,
remarca, sería castigarla doblemente.
http://copemelilla.com/actualidad/imbroda-reconoce-que-no-le-ha-gustado-el-fallo-de-la-audiencia-provincial-de-malaga-contra-garbin-y-remarca-que-tiene-todo-su-apoyo-y-el-del-pp/55916
MELILLA DA UN PASO MÁS PARA DIFICULTAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS
MARROQUÍES
El objetivo es dificultar las solicitudes de nacionalidad de los marroquíes
que nacen en los hospitales de las dos ciudades
La Asamblea local de Melilla, el equivalente a un pleno municipal, aprobó
ayer elevar al Congreso una modificación del Código Civil para endurecer el
acceso a la nacionalidad española a los extranjeros residentes o nacidos en
la ciudad autónoma. La medida, presentada por el Gobierno local del PP y
aprobada con la mayoría absoluta de los populares tras varios meses
defendiendo la propuesta públicamente, propone crear una excepción tanto en
Melilla como en Ceuta. El objetivo es dificultar las solicitudes de
nacionalidad de los marroquíes que nacen en los hospitales de las dos
ciudades.
“Tenemos que parar que vengan tantas marroquíes a dar a luz a Melilla, a
llenar los servicios de obstetricia y ginecología, y tenemos que parar el
aluvión de propuestas de solicitud de nacionalidad española cuando cumplan
estos chicos 18 años”, dijo el presidente melillense, Juan José Imbroda, en
referencia a las madres que acuden desde la vecina Nador para parir en el
Hospital Comarcal.
Los diputados de los tres partidos en la oposición votaron en contra de una
medida que la secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, tachó de
“electoralista”.“¿Por qué no se ha hecho antes? Leo la propuesta y la
pregunta que me hago es por qué tienen de pronto esa preocupación”, señaló
Rojas tras el pleno.
“[El PP] ha girado su discurso hacia los inmigrantes precoces (menores
extranjeros no acompañados), hacia las parturientas o el posible acceso a la
nacionalidad a los 18 años”, protesta Rachid Bussian, diputado por Coalición
por Melilla (CPM). Según Miguel Marín, secretario general del PP melillense,
se trata de “adaptar la normativa vigente a la situación actual de las
ciudades de Ceuta y Melilla”.
“DISCURSO RACISTA”
El PP justifica las medidas que propone en su lucha contra una supuesta
“marroquinización” de melilla. “Queremos hacer una Melilla más española y
más europea y menos marroquí”, comentó a EL PAÍS Miguel Marín, secretario
general del PP en la ciudad. Para el diputado de CPM Rachid Bussian, se
trata de elevar el “discurso racista” ante el posible avance de Vox. Tanto
en Melilla como en Ceuta, el PP perdería en mayo sus mayorías absolutas,
según los sondeos publicados por la prensa local.
Melilla es la ciudad española con mayor tasa de natalidad (15,8 nacimientos
por cada 1.000 habitantes en 2018, según el INE, casi el doble que la media
nacional), con la peculiaridad de que en torno a la mitad de los nacimientos
registrados son de madres extranjeras (un 46% en 2018, según datos del
Registro Civil; el PP lo eleva al 61% en 2017, según datos del Hospital
Comarcal). Le sigue Ceuta, que comparte la misma problemática. Ambas
ciudades están, sin embargo, a la cola de las concesiones de nacionalidad
por residencia, tanto de nacidos en España (19 concesiones en Melilla, en
2017; 24 en Ceuta) como de nacidos en el extranjero (71, en Melilla; 82, en
Ceuta), según datos de la Secretaría de Estado para las Migraciones.
En la actualidad, todos los hijos de extranjeros nacidos en España pueden
optar a la nacionalidad si al menos uno de sus padres hubiese nacido también
en territorio nacional. Los demás solo deben acreditar un año de residencia
continuada para solicitar ser españoles. La propuesta del Gobierno
melillense pide ampliar ese plazo hasta los 10 años de residencia para los
nacidos en Melilla y Ceuta, igualando los requisitos a los de los
extranjeros no nacidos en España.
Menores
Otra polémica medida aprobada por el PP pide enmendar el texto de la Ley de
Protección del Menor y la Ley de Extranjería para considerar a los menores
extranjeros no acompañados como “inmigrantes económicos”.
La medida abre la puerta a que los menores (según Bienestar Social,
alrededor del 95% procedentes de Marruecos, con quien España tiene varios
tratados de repatriación) sean devueltos a sus países de origen y no
acogidos por los servicios de la ciudad autónoma como menores en desamparo.
Imbroda mantiene que los menores que no puedan ser devueltos, por falta de
referencias familiares en sus países, sean trasladados a la Península en un
plazo de tres meses.
“Según los últimos datos del Ministerio de Interior, a finales de enero
había registrados en los centros asistenciales de Melilla 1.127 menores, un
9,09% del total nacional, para un techo de 260. La cifra es ligeramente
superior a años anteriores (917 en 2017 y 999 en 2016, según el Informe
Anual de la Fiscalía del Estado), cuando el PP estaba en La Moncloa. La
misma propuesta aprobada ayer fue registrada en el Congreso por el Grupo
Parlamentario Popular a principios de año, tras la visita del líder
nacional, Pablo Casado.
https://elpais.com/politica/2019/02/18/actualidad/1550520008_985649.html
IMBRODA DICE QUE HABLÓ "EN SENTIDO FIGURADO" CUANDO DIJO QUE EL PSOE LLEGÓ
"POR LAS BOMBAS" AL GOBIERNO EN 2004 Y 2018
El presidente de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, ha aclarado
este lunes que cuando dijo en el último pleno sobre el estado de la Ciudad
que el PSOE había llegado dos veces al Gobierno de la Nación "por las
bombas" hablaba "en sentido figurado" por la incidencia que tuvieron en los
comicios de 2004 los atentados del 11-M y el referéndum ilegal en Cataluña
de 2018.
El presidente de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, ha aclarado
este lunes que cuando dijo en el último pleno sobre el estado de la Ciudad
que el PSOE había llegado dos veces al Gobierno de la Nación "por las
bombas" hablaba "en sentido figurado" por la incidencia que tuvieron en los
comicios de 2004 los atentados del 11-M y el referéndum ilegal en Cataluña
de 2018.
En rueda de prensa, Juan José Imbroda ha señalado que si medios de
comunicación de ámbito nacional se han hecho eco de estas declaraciones "es
porque alguna formación política ha tenido especial interés en que eso
ocurriera".
La primera autoridad melillense ha manifestado que el "PSOE y Coalición por
Melilla (el principal partido de la oposición en la Asamblea) se rasgan la
vestiduras ante un sentido figurado a la hora de usar las palabras para
destapar sus vergüenzas. Y aunque se puntualice la realidad de los
acontecimientos, a esos medios de comunicación no les ha interesado. La
televisión pública ha dejado de ser el medio imparcial que era para
parecerse mucho más a La Sexta".
El presidente ha dejado claro que "tanto el PP como el Gobierno de la Ciudad
sienten como el que más los sucesos acontecidos en marzo de 2004, cuando un
grupo de canallas malditos mataron a muchas personas", en referencia a las
192 muertes registrados el 11 de marzo de año en varios trenes de Madrid.
Asimismo, ha insistido en señalar que "en sentido figurado", recordó como
"días antes de las elecciones (de 2004), los socialistas culparon de lo
sucedido al PP, un hecho del que el PSOE no quiere oír hablar por mala
conciencia y por haberse aprovechado de la situación para acceder al
Gobierno de la Nación, cuando ese año estaba claro que las elecciones las
iba a ganar el PP".
Por último, y respecto a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al
Gobierno en 2018, señala que "ésta salió adelante sin el apoyo
constitucionalista, con el respaldo de los separatistas y los amigos de los
pro-etarras". "Legítima sí, pero inmoral", ha concluido.
http://www.gentedigital.es/melilla/noticia/2565803/imbroda-dice-que-hablo-en-sentido-figurado-cuando-dijo-que-el-psoe-llego-por-las-bombas-al-gobierno-en-2004-y-2018/
IMBRODA DICE QUE EL PSOE LLEGÓ A LA MONCLOA “POR DOS BOMBAS” Y ROJAS LE
INSTA A QUE LO RETIRE
El presidente aclaró que no dijo que fuera culpa del 11M, sino a que
rodearon la sede del PP y “por eso, quizá, se trasladó el sentido del voto”
El cambio en el Gobierno central tras la moción de censura estuvo muy
presente en el Debate del Estado de la Ciudad, y especialmente cuando llegó
el turno de intervenir de la portavoz del PSOE, Gloria Rojas, y el de
replicar del presidente melillense, Juan José Imbroda. Ambos protagonizaron
uno de los momentos más tensos del pleno cuando el mandatario local dijo que
el PSOE había llegado al Gobierno “por dos bombas, una el 11 de marzo y
ahora con el apoyo de los catalanes separatistas, los de Bildu y todo lo
peor que no quiere España”. Rojas le instó a que lo retirara, algo que
Imbroda no hizo.
Rojas, muy seria, ofreció la posibilidad a Imbroda de retirar lo que había
dicho del libro de actas sobre el 11M porque le parecía “una verdadera
vergüenza”. “Me parece una falta de respeto a todas aquellas personas que
fallecieron”, dijo la líder socialista, que advirtió a Imbroda de que esto
ya le ocurrió al exsenador del PP Carlos Benet, quien terminó pidiendo
disculpas.
Imbroda no lo retiró, pero aclaró sus él no había dicho que la entrada del
PSOE al Gobierno fuera “por culpa de la bomba”, sino por lo que sucedió
después, cuando “rodearon la sede del PP en todos los sitios para que no se
votara a quienes eran culpables de la bomba. Por eso, quizá, se trasladó el
sentido del voto”, puntualizó el presidente melillense.
También recriminó al PSOE que “se ha ido a fumar un puro con los enemigos de
España” y también “hizo el Pacto del Tinell, un cinturón de seguridad
preventivo contra el PP”. “Tienen ustedes, realmente, una historia
deplorable en el tema catalán separatista. Usted es libre de estar en el
PSOE y apechugar con eso. Yo no”, agregó Imbroda.
Moción de censura
Rojas señaló que “la moción de censura le molestó mucho al PP, pero es
totalmente legítima”. Además, aclaró que el PSOE “no ha pactado con ese tipo
de partidos” que Imbroda mencionó, sino que dieron su apoyo a que Pedro
Sánchez fuera presidente “porque una sentencia judicial los había declarado
como partido corrupto”. Y remató con un ataque que generó otro momento tenso
en la Asamblea: “El PSOE no tiene ninguna foto firmando nada con estos
partidos. Ustedes tienen una foto en Andalucía firmando con Vox, ese partido
que es prácticamente inconstitucional, heredero del franquismo, como son
ustedes también”, dijo al PP.
La respuesta del portavoz del PP, Daniel Conesa llegó minutos después: “Es
una desvergüenza que Rojas ponga al mismo nivel a Vox, un partido que no ha
hecho nada por métodos que vayan contra la Constitución y que con más o
menos fortuna defiende unas posturas por las vías legales, y a Bildu, unos
amigos de unos asesinos”. Para Conesa, se trata de “una falta de decoro”
para justificar “la posición de Sánchez”.
https://www.melillahoy.es/noticia/114696/asamblea-/imbroda-dice-que-el-psoe-llego-a-la-moncloa-por-dos-bombas-y-rojas-le-insta-a-que-lo-retire.html
IMBRODA HACE UN LLAMAMIENTO A PABLO CASADO A INTEGRARSE EN LA LISTA DE
SANTAMARÍA "POR EL BIEN DEL PP Y ESPAÑA"
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del PP local, Juan José
Imbroda, ha hecho este sábado un llamamiento a Pablo Casado para que se
integre en la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría de cara al Congreso
extraordinario del PP, porque los afiliados del partido han decidido que sea
ella la nueva presidenta del PP y porque "es lo mejor para el partido y para
España". En declaraciones a Europa Press, Juan José Imbroda ha manifestado
que "creo que, por el bien del PP y por el bien de España, lo que conviene
ahora es una lista integradora" con Soraya Sáenz de Santamaría al frente.
El también senador del PP ha señalado que, "para mí, las bases del partido
ya han votado, y yo creo que, por esa conveniencia para el bien del PP y de
España, Pablo Casado debería integrarse en la lista de la ganadora, que ha
sido Soraya Sáenz de Santamaría". "A Soraya Sáenz de Santamaría es la que le
corresponde presidir el partido, y a Pablo Casado tener un papel importante
también con las condiciones que sean", ha subrayado Imbroda, quien ha
admitido que él personalmente votó por la candidatura presentada por la ex
vicepresidenta del Gobierno de la Nación porque es la mejor opción para el
PP. "Yo apuesto totalmente por la unidad y la integración, y los afiliados
ya han votado a través de un voto directo, no como el de compromisarios, y
por tanto yo le doy mucha importancia a ese voto de la militancia".
QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA
Juan José Imbroda ha resaltado asimismo que el PP siempre ha defendido que
debe gobernar la lista más votada, y así lo han expuesto públicamente
siempre que se han originado este tipo de situaciones en diversos comicios
electorales que se han producido en España. "Si decimos a los demás que
gobierne la lista más votada porque está en el fundamento del PP, poco se
compadece con hacer todo lo contrario", ha reconocido Imbroda, que no
comparte afirmaciones en las que señalan que "las listas perdedoras van
contra la ganadora" porque "eso no tiene sentido". El dirigente de los
populares melillenses ha confirmado que el propio Pablo Casado le ha
anunciado que visitará la ciudad antes del congreso de los días 20 y 21 de
julio, y ha asegurado que le transmitirá esta petición para que se integre
en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría. Imbroda ha significado que "no es
la primera vez que Pablo Casado visitaría Melilla, porque es un amigo y un
compañero" al que pedirá se integre en la "lista de ganadora" de las
primarias del PP.
MUJER QUE GANARÁ A SÁNCHEZ Y CS
En Melilla, Soraya Sáenz de Santamaría ha quintuplicado el número de votos
logrados por Pablo Casado, entre ellos el respaldo del propio Juan José
Imbroda, que se dirigió por carta a todos los inscritos para adelantarles el
sentido de su voto. La primera autoridad melillense ha sostenido que la ex
vicepresidenta del Gobierno "es la mejor opción para presidir el PP y sobre
todo para ganarle las elecciones a Pedro Sánchez y a Ciudadanos". En este
sentido, ha recalcado que "no solamente debemos pensar en el PP, también
debemos pensar en España y Soraya Sáenz de Santamaría es la que va a ganar
las elecciones generales; a mí -ha añadido- no me cabe la menor duda por
preparación, capacidad, experiencia". El presidente del PP melillense
también ha puesto el énfasis en el hecho de que la próxima presidenta del
partido sea una mujer. "En España podemos tener una mujer presidenta del
Gobierno por primera vez en la historia, y este es un elemento que también
debemos tener en cuenta", ha concluido Juan José Imbroda.
https://www.20minutos.es/noticia/3389014/0/imbroda-hace-llamamiento-pablo-casado-integrarse-lista-santamaria-por-bien-pp-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
CAZANDO A LISBETH SALANDER EN MELILLA: CINCO AÑOS DE INTRIGAS Y SIETE VIDAS
ROTAS
Se cierra en falso la inverosímil investigación con la que se intentó
destapar una cuenta de Facebook que puso en jaque a Imbroda. Por primera
vez, los imputados hablan del caso
Xavi y su mujer acababan de llegar a casa con la compra de la semana cuando
alguien tocó a la puerta. Eran dos agentes de la Guardia Civil y una
secretaria judicial. “Nos dijeron que estábamos detenidos por pertenencia a
una organización criminal, por injurias, calumnias y revelación de
secretos”. Mientras los agentes procedían a registrar el domicilio, el hijo
adolescente de la pareja no paraba de llorar. “Todavía no había llegado el
abogado de oficio y revolvieron la casa entera: abrieron los cajones,
miraron debajo de los colchones, se llevaron todos los dispositivos, los
móviles, los ordenadores portátiles, el módem de casa y todos los papeles”.
Era el 19 de diciembre de 2014.
Xavi y su mujer pasaron todo el día detenidos, desde las tres de la tarde
hasta las once de la noche, a pesar de que en el auto ponía explícitamente
que no se contemplaba la detención. En algún momento de esas ocho horas, les
confirmaron el motivo de su arresto: estaban acusados de ser Lisbeth
Salander. En las novelas de Stieg Larsson, Salander es una 'hacker' pequeña
y delgada, con un dragón tatuado en la espalda, aficionada al boxeo,
alcohólica y bisexual, que ejerce de justiciera en los márgenes de la
legalidad y que ha sido descrita incluso como icono del nuevo feminismo. En
Melilla, Salander es el perfil de una cuenta de Facebook que ha
convulsionado la vida pública de la ciudad autónoma desde su aparición a
mediados de 2012.
Con acceso a información privilegiada, incluidos sumarios policiales
enteros, la Salander de Melilla llegó a convertirse en el gran azote del
gobierno de Juan José Imbroda, intercalando documentos comprometedores con
insultos y acusaciones veladas en cientos de interacciones en redes
sociales. Con los meses, acabó cargando también contra empresas influyentes
y partidos de la oposición. Los melillenses aseguran que no ha habido ningún
periodista, político o activista tan influyente como esta cuenta anónima, en
la que se llegaron a publicar exclusivas como el auto judicial de las
operaciones Tosca y Ópera, una ofensiva anticorrupción llevada a cabo en la
ciudad autónoma en la que se imputó a la mitad de los consejeros del
Imbroda. Tosca y Ópera: quédense con esos nombres porque son parte
importante de la historia.
Los melillenses aseguran que no ha habido ningún periodista, político o
activista tan influyente como esta cuenta, en la que se publicaron
exclusivas
Varias horas antes de que llamasen a la puerta de Xavi, la prensa local ya
estaba informado de su arresto. Las crónicas de aquel día explicaban que la
Guardia Civil había identificado a cinco personas responsables de controlar
la célebre cuenta de Facebook del 'whistleblower' local. Por fin se iba a
saber quién era Salander, perfil tras el cual, decían, se ocultaba una red
con intereses políticos organizada y liderada por Xavi, exempleado de una
compañía que encadena contratos públicos en Melilla (Eulen), un hombre a
quien se retrataba como cargado de rencor contra su antigua empresa.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOJP), correspondiente a la
Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, llevaba desde finales de 2012
investigando a Salander, después sumar demandas de consejeros del gobierno
autónomo, políticos, empresarios y representantes de Eulen, hasta llegar a
la conclusión de que el principal objetivo era desprestigiar al gobierno de
Imbroda. Fuentes conocedoras del caso aseguran que “se decidió que había
llegado la hora de silenciar una cuenta que estaba haciendo mucho daño a
gente muy importante al publicar muchos escándalos que eran ciertos”.
La caza de Salander se bautizó como 'Operación Montecristo' y es
probablemente la mayor acción policial llevada a cabo nunca en España para
destapar una identidad escondida tras un perfil de redes sociales. El
sumario -un tocho de ocho tomos y miles de páginas- se documentó durante
meses y los detalles acabaron desplazando la atención de la opinión pública
de las dos grandes operaciones anticorrupción en curso, de Tosca y Ópera, a
cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Melilla.
En definitiva, cuanto más se hablaba de la Salander de Melilla, menos eco
tenía la trama que denunciaba en su cuenta anónima.
“Una cosa tapó la otra y a nosotros simplemente nos ha arruinado la vida”,
explica Xavi, hoy desplazado a la península y temeroso de volver a Melilla,
donde dice sentirse amenazado. La misma noche de la detención, recuerda, su
mujer acudió a trabajar al turno de noche en la oficina. A los pocos minutos
de entrar entendió que ya estaba al tanto todo el mundo. “Fue despedida
menos de dos meses después. Aquello era una pesadilla. El editor de un
periódico que se llama 'Melilla Hoy' empezó a publicar día sí y día también
nuestras fotos y nombres, aún estando la operación bajo secreto de sumario.
Nos acusaban de revelar secretos de sumario en la misma noticia donde ellos
revelaban secretos de sumario”.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-09/melilla-lisbeth-salander-imbroda-montecristo_1576254/
IMPUTADOS TRES CONSEJEROS DE MELILLA POR LA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
'TOSCA'
El juez tomará declaración a Daniel Conesa, José Ángel Pérez y Francisco
Calderón, imputados en el marco de una operación que investiga una presunta
adjudicación de contratos públicos corrupta
Xavi describe los días que siguieron como un 'thriller': miradas por la
calle, cuchicheos, gente señalando, insultos en redes sociales, amenazas de
muerte… “Se publicó información personal e íntima sacada de nuestros
ordenadores. Por ejemplo fotos de mi padre, una deuda con American Express,
una noticia diciendo que me estaba buscando Hacienda. Denunciamos cuatro
veces a la Guardia Civil y nunca nos hicieron caso”, abunda, aportando un
sinfín de pruebas documentales.
El sumario de 'Montecristo' trató de demostrar la conexión entre Salander y
los nueve imputados, todos relacionados con un pequeño partido político
extinto llamado PPL, una escisión del PP liderada por el expresidente de
Melilla, Ignacio Velázquez. Él y su hija, Paz Velázquez, actual
vicepresidenta de Melilla tras hacer las paces con el PP local, empezaron
como denunciantes y acabaron siendo imputados por filtrar información a la
cuenta de Salander.
Después de todo el ruido mediático, de páginas y páginas en la prensa local,
de rogatorias internacionales para conseguir información de los servidores
de Facebook y Microsoft, la causa acabó disolviéndose. La verdadera
identidad de Salander nunca ha sido desvelada y, de hecho, la cuenta
continúa abierta en Facebook, aunque silente. Tanto la juez encargada del
caso como la Fiscalía decidieron archivar el caso a principios de este año,
asegurando que no había ninguna prueba de que Xavi, su mujer, así como
ninguno de los otros imputados, estuviese detrás de la cuenta anónima. Sobre
el matrimonio, en concreto, la Fiscalía concluyó que “no hay elemento ni
indicio alguno para atribuirle un delito de descubrimiento y revelación de
secretos. No se ha intervenido material a ambos en el que se hayan
encontrado elementos o conductas que tengan encaje en el delito
anteriormente descrito”.
La pareja insiste en el que el daño es ya irreversible y que ha arruinado la
vida de al menos siete personas. Cuando la mujer de Xavi perdió su empleo,
el domicilio familiar dejó de percibir ingresos y tuvieron que recurrir a
amigos y familiares para pagar los gastos básicos, incluso para comer.
Arrastran deudas y amenazas de embargo.
¿Persecución de testigos?
Xavi dice que es imposible entender su detención sin hablar de su último
trabajo en Melilla, el que se vio obligado a abandonar en 2012. “Yo era
supervisor provincial de Eulen y gestionaba todos los contratos de la
compañía, una cuenta de entre tres y cuatro millones, con 200 personas a mi
cargo”. Los problemas, relata, empezaron cuando se enfrentó con sus
superiores, alertado por “el trasiego de pliegos, de cómo contraban gente a
petición del gobierno de Imbroda, de cómo se decidían los salarios por
órdenes políticas, de los contratos a cambio de favores políticos, de todos
los delitos que se cometieron”. La situación desembocó, abunda, en una
bronca con el director de la empresa, con Juan Antonio Morales. “Le dije que
no estaba dispuesto a seguir firmando y hacer las cosas que estaban
haciendo. Me respondió que si le buscaba las cosquillas no iba a trabajar en
mi puta vida en Melilla. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió”.
La madeja de corruptelas, que Xavi describe, fueron parte fundamental de las
investigaciones abiertas en Tosca y Ópera, en cuya instrucción él declaró
como testigo. “Estoy seguro de que me acusaron de estar detrás de Lisbeth
Salander para acallar las investigaciones, en las que estaban imputados el
propio Juan Antonio Morales, Victor Manuel Ramírez, que eran mis superiores,
así como otras tres personas de la oficina. Con la excusa de Lisbeth
Salander consiguieron convertir a los testigos en imputados. No es
casualidad que los instructores tienen familiares trabajando en Eulen”,
alega.
Me acusaron de estar detrás de Lisbeth Salander para acallar las
investigaciones en las que estaban imputados mis superiores
Su versión es secundada por casi todos los imputados, incluido otro
matrimonio: el formado por un policía nacional (suspendido durante 14 meses
en empleo y sueldo y que ahora espera a que le ingresen todas las nóminas
sin cobrar un vez archivado el caso); y por una simpatizante del PPL que
trabajaba en una juguetería y que asegura que perdió su empleo cuando la
'Operación Montecristo' empezó a salpicar las portadas de la prensa local.
Acusados en 2015, en una segunda fase de la Montecristo, decidieron poner
una querella contra los responsables de su arresto, una acción judicial que
fue admitida a trámite en febrero de 2017 y por la que varios agentes de la
Guardia Civil están siendo ahora citados a declarar en calidad de
investigados por detención ilegal. Al policía nacional acusado de formar
parte de la ‘red Salander’, le cruzaron un coche en mitad de la carretera
cuando iba camino del fisioterapeuta y se lo llevaron detenido. Desde las
diez de la mañana hasta las 14:20 permaneció en comisaría. La querella que
ha puesto plantea presuntas irregularidades y, más en general, se queja de
una “injusticia” que ha perjudicado gravemente su vida personal y
profesional.
Seis años después de la creación de la cuenta anónima, la identidad de
Lisbeth Salander sigue siendo un misterio en Melilla, la Operación
Montecristo está archivada y las investigaciones de Tosca y Ópera cogen
polvo en un archivo a la espera de que los juzgados decidan qué hacer. En
Melilla hay un viejo dicho que sale a relucir en todas las conversaciones
con quienes aseguran ser víctimas del caso: el Estado de derecho nunca cruza
el Estrecho.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-09/melilla-lisbeth-salander-imbroda-montecristo_1576254/
JUAN JOSÉ IMBRODA ACUSA AL PSOE DE "DAR UN GOLPE DE ESTADO"
Juan José Imbroda, el presidente de Melilla y miembro del Partido Popular,
ha acusado este viernes durante una asamblea regional al PSOE de "dar un
golpe de Estado" al ganar la moción de censura a Mariano Rajoy.
"Más que preguntarme a mí, que no voy a estar en el Gobierno entre comillas,
pregúnteles a sus socios de golpes de Estado y digan a ver que qué van a
hacer", ha respondido Imbroda a una pregunta de uno de los miembros de la
Asamblea.
Ante las inmediatas críticas que ha recibido en la Cámara, el presidente de
Melilla ha matizado que "sabe perfectamente de lo que está hablando" y que
ha hecho referencia al término en "sentido figurado".
https://www.eldiario.es/politica/DIRECTO-Pedro-Sanchez-presidente-Gobierno_13_777752218_20812.html
IMBRODA HNOS. S.A.: TU A MELILLA, YO A MÁLAGA; YO A C,S, TU AL PP
Juan José Imbroda: 39 años sin bajarse del coche oficial; Javier Imbroda,
"fichaje" de Albert Rivera
Los hermanos Imbroda, Javier y Juan José, melillenses y famosos. Javier ha
sido seleccionador nacional (un año, de varios equipos nacionales entre
ellos el Unicaja de Málaga y el Real Madrid (una temporada). También ha sido
empresario, comentarista e incluso y asistente en el equipo nacional de
Lituania.
De UCD a UPM y de ahí al PP
El otro hermano, Juan José, es político de larguísimo recorrido. No conoce
lo que es el trabajo que no sea de la cosa pública. De hecho lleva siendo
cargo institucional desde la Transición. Juan José Imbroda es actualmente
presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Elegido en las listas de la UCD,
fue primer teniente de alcalde y portavoz en el Ayuntamiento de Melilla
entre 1979 y 1983. En 1985 se une a la formación local Unión del Pueblo
Melillense y es elegido concejal en las municipales de 1987. Más tarde, en
1995 y en 1999, fue elegido diputado de la asamblea de Melilla.
40 años sin bajarse del coche oficial
En el 2000 llega a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla mediante
una moción de censura de su partido, la Unión del Pueblo Melillense. También
es elegido en ese mismo año senador por este partido pero en coalición de
nuevo con el PP. Otra vez en coalición con el Partido Popular en 2003 fue
reelegido presidente de la Ciudad Autónoma. En 2003 se afilia y se integra
definitivamente en el PP su partido. Desde el 2000 y hasta ahora es
presidente de la Ciudad autónoma. Toda una vida de “entrega” a la política
con 39 años sin bajarse del coche oficial.
Albert Rivera “ficha” a Javier Imbroda
Parece que la vena política fluye por la vena de los Imbroda y ahora parece
que le toca el relevo al ex entrenador de baloncesto, a Javier. Tras sus
muchas responsabilidades en el basket español y extranjero, ahora ha sido
ungido por el dedo cooptador de Albert Rivera para que haga política, no
desde el partido de su hermano, sino desde la formación naranja. Este pasado
sábado 16 de junio, fue presentado por el propio Rivera en un acto en Málaga
de la plataforma “España Ciudadana” junto al escritor peruano. Constituyó
toda una sorpresa, especialmente para los miembros del partido naranja en
Málaga que desconocían que los planes de Rivera pasan porque Imbroda sea un
peso pesado de Ciudadanos Málaga. Así se anunció y así lo dejó caer el
propio ex entrenador en posteriores declaraciones. Reconoció Imbroda que
simpatiza con la causa naranja, que es un fichaje personal del líder
nacional con el que mantiene contactos y que no se sometería a primarias en
ningún caso.
En estos momentos Imbroda se halla estudiando una oferta del propio Albert
Rivera para incorporarse a la política activa. Se trataría por tanto de uno
de esos fichajes que Rivera anunció que vendrían después de la del ex primer
ministro francés Manuel Valls. Y es que Imbroda, Javier, también ha tenido
sus acercamientos a la política. De hecho fue cargo de confianza del PP en
el Ayuntamiento de Málaga que lo nombró Director de Deportes y Eventos entre
2011 y 2012. Pero esa cercanía se rompe ahora al optar por la formación
naranja y no por el partido que lo nombró cargo de confianza o en el que su
hermano milita. Ahora está a la moda conservadora y ha decidido abrazar la
causa de Ciudadanos.
Cargo pero sin primarias
Javier Imbroda ha ido más lejos que revelar solo que está en contacto con el
propio Albert Rivera desde hace meses sino que ha desvelado que quiere
“tener responsabilidades en las que se exijan resultados a corto plazo”.
Además indicó -creando malestar en la dirección regional y provincial de C´s-
. que si da el paso no se someterá a ningún proceso de primarias que si
rigen para algunos procesos en los afiliados de Ciudadanos. Las
especulaciones hablan de que Alber Rivera habría pensado en el melillense
para que sea el cabeza de lista al Parlamento andaluz, unos comicios
refgionales que tal vez Susana Díaz podría adelantar a octubre o noviembre
de este año.
Partidario de echar al PSOE de Andalucía de la mano del PP y C,s
Y aunque con este paso se aleja del PP, sus antiguas simpatías no las olvida
porque uno de sus deseos es que en Andalucía haya un cambio que implique “un
gobierno del PP y Ciudadanos” en Sevilla que desaloje a los socialistas de
San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía
https://www.elplural.com/politica/imbroda-hnos-s-a-tu-a-melilla-yo-a-malaga-yo-a-c-s-tu-al-pp_130883102
IMBRODA, DOS MINUTOS DE TRABAJO, 17.175 EUROS DE PLUS
Como presidente de la Comisión de Comunidades tiene un suplemento de
1.431,32 euros mensuales.., la Comisión se reunió una sola vez en el año
Este martes, 24 de enero, se reunió la llamada Comisión General de las
Comunidades Autónomas (CGCCAA) del Senado. Lo hizo con mucha pompa, y la
presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Trataban el resultado de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada
la semana pasada. Hasta aquí nada anormal. Pero en realidad, se trataba de
un acontecimiento que, con unas gotas de ironía, podría calificarse de
acontecimiento cósmico y que saca a la superficie una de las vergüenzas del
funcionamiento de la llamada Cámara Alta.
Nos explicamos. Esta Comisión, a pesar de que el Senado es conocido como la
cámara territorial, tiene una actividad cercana al cero absoluto. Es más, a
lo largo de 2015, último año de la X legislatura (la última que puede
calificarse de regular), se reunió una única vez. Lo leen bien: una. Tan
poca actividad no impidió sin embargo que su presidente, Juan José Imbroda,
que lo es otra vez en la nueva legislatura, cobrara cada mes el suplemento
correspondiente a su cargo: 1.431,2 euros al mes. En efecto, 17.175,84 euros
al año.
Esa cantidad es la que percibió quien también es presidente de Melilla. Pero
la cosa aún resulta más escandalosa si se tiene en cuenta que esa única
reunión consistió, según hemos podido comprobar, para cubrir la vacante
existente de la vicepresidencia segunda en la Comisión. Duración del
encuentro, poco más de dos minutos. O lo que es lo mismo, un suplemento
anual de más de 8.500 euros el minuto.
Y, por si alguien se lo pregunta, lo que pasó en 2015 no es, lo advertimos
ya, algo excepcional. Es más, durante toda la X legislatura la CGCCAA se
reunió únicamente en 9 ocasiones. Pero aún hay más, de ellas, en 6
ocasiones, para tratar exclusivamente cuestiones procedimentales menores de
ordenación de la propia Comisión, como la que les llevó a reunirse en 2015.
Para debatir cuestiones de fondo, tan solo se reunió en 3 ocasiones a lo
largo de la X legislatura, concretamente:
El 8 de mayo de 2014, para dictaminar la Propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha.
El 26 de noviembre de 2013, para debatir el Informe acerca del contenido
autonómico del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
El 29 de octubre de 2013, para debatir el Informe acerca del contenido
autonómico del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad
educativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 b) del
Reglamento del Senado.
Estas dos últimas sesiones fueron impulsadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, y secundadas por el resto de grupos parlamentarios, a excepción,
no sorprenderá, del Popular. Iniciativas ambas cuyo desarrollo y desenlace
procedimental fue muy similar. En los dos casos, la propuesta de informe
socialista, que explicitaba, de manera prolija y detallada, la vulneración
competencial que ambas normas suponen, fue rechazada, casi en exclusiva
soledad, por el Grupo Popular, que aprobó con su mayoría un informe que
argumentaba exactamente lo contrario.
Haciendo un cálculo rápido, para calcular la correspondencia entre
'actividad' y 'pluses', se descubre lo siguiente: Imbroda fue nombrado
presidente de esta Comisión el 24 de enero de 2012; hasta enero de 2017 han
pasado 5 años, o lo que es lo mismo, 60 meses, que multiplicados por el plus
de 1.431,32 euros, ofrece la considerable cifra de 85.879,02 euros por
trabajar apenas unas horas. En realidad se puede ir más allá, y mirando la
ficha de actividad parlamentaria del presidente de Melilla, ver que en los 4
años de la X legislatura, la actividad de Imbroda se resume a una pregunta
escrita, una intervención en comisión y una moción en pleno. En la anterior
legislatura, la IX, tampoco trabajó mucho más: cuatro preguntas orales en
pleno y una en comisión, junto a 55 preguntas escritas registradas. Como
remate, sólo recordar que con ésta, Imbroda lleva 5 legislaturas en el
Senado.
Es triste, pero lo cierto es que hay que reconocer que la actividad
desarrollada por la CGCCAA durante toda X legislatura expresa a la
perfección la estrategia de abandono y narcotización de la misma, y del
Senado en general, que ha desarrollado el Gobierno, apoyado por su partido y
su grupo parlamentario, durante toda esa legislatura, cuando su peso le
permitió mostrar su verdadera cara en lo que respecta a su aprecio por el
Parlamento.
https://www.elplural.com/politica/imbroda-dos-minutos-de-trabajo-17-175-euros-de-plus_98935102
CLAVES DEL JUICIO DEL ‘CASO ABOGADOS’
El juez rechaza declarar la nulidad de pruebas en el ‘caso Abogados’
El próximo lunes comienzan a declarar los acusados de esta supuesta
contratación irregular de letrados
1 Presunto delito de prevaricación
El pasado lunes comenzó el juicio por el ‘caso Abogados’. En este proceso se
juzga un presunto delito continuado de prevaricación, consistente en la
contratación por parte de la Consejería de Bienestar Social de cuatro
letrados externos a la Administración local sin que se siguieran los
procedimientos establecidos para ello. La citada consejería formalizó 91
contratos menores con esos cuatro abogados. Estos hechos ocurrieron cuando
era titular de Bienestar Social María Antonia Garbín, que ejerció el cargo
entre 2003 y 2015.
2 ¿Quiénes son los inculpados y qué penas les piden?
Garbín es la principal acusada en este proceso. El Ministerio Fiscal
solicita que se le impongan diez años de inhabilitación especial para empleo
o cargo público. Aparte, hay otros nueve funcionarios de la Ciudad que han
sido inculpados (desde ayer, ocho, pues la fiscal retiró la acusación para
una de ellos al estimar que ha prescrito el delito). Se les reclama la misma
pena de inhabilitación, pero entre ocho y nueve años, según su papel en los
hechos enjuiciados. Aparte, la acusación pide reclama que se condene a
cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público a los cuatro
letrados supuestamente contratados de forma irregular.
3 ¿Quién ejerce la acusación?
El Ministerio Fiscal ejerce la acusación contra nueve de los 13 acusados, en
concreto, Garbín y los ocho funcionarios de la Ciudad. Aparte, la Asociación
Libre de Abogados (ALA), que desempeña la acusación popular, culpa de
prevaricación, además de a los imputados por la fiscal, a los cuatro
abogados que han dado objeto a esta causa judicial.
4 Defensa de los acusados
Seis abogados han asumido la defensa de los 13 encausados en este proceso.
Aunque cada uno de ellos representa a acusados determinados, los letrados
han mostrado una estrategia común en el juicio.
5 Cuestiones previas del juicio
El pasado lunes, se celebraron las cuestiones previas del juicio. En esta
fase del proceso, los letrados plantean la nulidad de pruebas practicadas en
la fase de instrucción o proponen otras. Lo más destacado en este aspecto
fue la solicitud de nulidad de unas declaraciones que los cuatro abogados
que ahora se sientan en el banquillo efectuaron ante la Guardia Civil. Lo
hicieron en calidad de testigos, cuando, según la defensa, debieron de
hacerlo como investigados. Aparte, la defensa pidió al juez que no aceptase
a la ALA como acusación popular por no tener la condición de “utilidad
pública”.
6 Rechazo a la nulidad de pruebas
Tanto la fiscal como el juez rechazaron la pretensión de la defensa de
declarar la nulidad del testimonio de los acusados ante la Benemérita. El
juez aceptó la tesis del ministerio público, que defiende que los informes
de la Guardia Civil se basan “de forma mínima” en esas declaraciones.
7 ¿Qué es la ‘teoría del fruto del árbol envenenado’?
La defensa hizo alusión a la llamada ‘teoría de los frutos del árbol
envenenado’. La usó en referencia a la declaración ante la Guardia Civil de
los cuatro abogados en calidad de testigos, en lugar de hacerlo como
investigados. La Fiscalía se opuso a esa teoría mencionando una sentencia
del Tribunal Supremo de 1996, que sentó el “precedente” de “la
independencia de unas pruebas respecto de otras”.
8 ¿Qué es la ‘doctrina Botín’?
En las cuestiones previas, la defensa reclamó al juez que no aceptase a la
ALA como acusación popular. Para ello, invocó la ‘doctrina Botín’. El origen
de la misma está en 2007, cuando el Tribunal Supremo archivó una causa
contra el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, porque
la Fiscalía pidió el sobreseimiento, mientras que la acusación popular
reclamaba seguir adelante con el juicio. Si en el ‘caso Abogados’ se
aplicase la ‘doctrina Botín’, se retiraría la acusación contra los cuatro
letrados que fueron contratados supuestamente de forma irregular por
Bienestar Social cuando Garbín era la titular de esta área. Sin embargo, el
juez ha optado por aplicar la llamada ‘doctrina Atutxa’.
9 ¿Qué es la ‘doctrina Atutxa’?
Básicamente, establece lo contrario a la ‘doctrina Botín’. Es decir, permite
que un proceso penal siga adelante si una acusación popular así lo quiere,
aunque el Ministerio Fiscal haya manifestado que no ejercitará la acción
penal. Así sucedió en 2008, cuando se llevó al Tribunal Supremo a Juan María
Atutxa (presidente del Parlamento vasco entre 1998 y 2005) por un delito de
desobediencia (se le acusaba de no disolver en la cámara vasca al grupo
parlamentario de Batasuna, denominado Sozialista Abertzaleak). Entonces,
bastó que la acusación popular del sindicato Manos Limpias sirviera para
enjuiciar a Atutxa.
10 Comienzo de las declaraciones
El próximo lunes, a las 10:30 horas, comenzará en la sala de la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede permanente está en
Melilla, la declaración de los acusados en el ‘caso Abogados’. Aunque el
órgano que enjuicia es el Penal 1, las vistas son en la sala de la Audiencia
porque dispone de más espacio.
https://elfarodemelilla.es/claves-del-juicio-del-caso-abogados/
LA GUARDIA CIVIL VINCULA LA TRAMA DE LOS IPADS CON PRESUNTOS CASOS DE FRAUDE
ELECTORAL
Los agentes relacionan la red de Melilla con incidentes en las campañas de
2011 y 2015
La trama de los supuestos regalos recibidos por cargos del Gobierno de
Melilla abre un nuevo frente al PP. Según consta en el sumario al que tuvo
acceso EL PAÍS, la Guardia Civil relaciona al matrimonio de empresarios
detenidos en la Operación Tosca, al responsable municipal de Festejos,
Francisco Díaz, y a su esposa y secretaria del presidente de la ciudad
autónoma, Trinidad Unzueta, con denuncias de presunto fraude electoral en
los comicios de 2011 y 2015. Los agentes, en base a la declaración de
diferentes testigos, trasladan al juez las acusaciones de que miembros del
entramado concedían puestos de trabajo a terceras personas a cambio del voto
para el PP.
Los investigadores destacan que Benaisa Ahmed, empresario detenido por
recibir contratos de Díaz a cambio de obsequios, se encuentra imputado por
delito electoral en otro proceso judicial. "Existen publicaciones en
distintos medios de comunicación que apuntan a que habría ofrecido dinero y
promesas de trabajo a cambio del voto en 2011", dice la Guardia Civil, que
añade a la causa el testimonio de un nuevo testigo que obtuvo uno de los
empleos bajo sospecha: "Cuando había elecciones, Benaisa se encargaba de
controlar a votantes y a los partidos relacionados con la población
musulmana. Los coaccionaba en beneficio del PP".
En este sentido, el testigo afirma que Ahmed actuaba "en los barrios
marginales de Melilla como un matón". "Cuando llegaba la campaña electoral,
era un sentir general de los dirigentes de la ciudad autónoma y del PP que,
si no se auxiliaba en la campaña y precampaña con tareas como repartir
propaganda, montar escenarios y otras cosas, luego no te facilitaban
trabajos eventuales", continúa este testigo.
La Guardia Civil también destaca el papel de Unzueta, que supuestamente se
encargaba de seleccionar a aquellos que obtenían un trabajo a través de
compañías adjudicatarias. Entre otras, mediante la del matrimonio de
empresarios detenidos. "Parece que la designación de trabajadores [por parte
de Unzueta] podría estar directamente relacionada con algunos incidentes con
ocasión de distintos comicios electorales", recalcan los efectivos del
instituto armado, en un informe fechado en diciembre de 2015, donde apuntan
que la esposa de Díaz también aparece en un vídeo difundido en las
autonómicas de 2015, donde partidarios del PP y de la formación Coalición
por Melilla (CPM) se enfrentan en la sede de Correos porque dirigentes
populares estaban presentando "un tocho" de votos por correo. El partido de
la oposición denunció que el PP "compraba y manipulaba" votos.
Se está haciendo un daño importante a los implicados a nivel mediático
CRISTINA RIVAS, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE MELILLA
Los investigadores explican que Unzueta "instaba a proveedores habituales de
la ciudad para que estos contrataran a personas previamente designadas" por
ella. Pero, según concluyen en el sumario, los agentes apuntan más alto y
recalcan que ella no tiene "capacidad de contratación", así que sospechan de
la intervención de un funcionario o un cargo con "capacidad para influir en
varias consejerías" en este sentido. Unzueta, calificada como "persona de
confianza" del presidente de la ciudad, no quiso hacer declaraciones a EL
PAÍS.
El PP de Melilla ha negado, hasta ahora, la veracidad de los informes de la
Guardia Civil. Cristina Rivas, vicepresidenta de Melilla, ha afirmado este
miércoles que "lo de los iPads y teléfonos, nada de esto es cierto":
"Entendemos que no hay nada". Además, la dirigente popular también ha
considerado que "todo se va a aclarar", que la investigación "está siendo
muy lenta" y que "se está haciendo un daño importante a nivel mediático" a
los implicados. El presidente Juan José Imbroda ha respaldado a Díaz, que
sigue en su puesto.
https://elpais.com/politica/2016/03/09/actualidad/1457538835_853692.html
IMBRODA : EL BARÓN DEL PP, PROTEGIDO DE RAJOY, QUE ESQUIVA TODOS
LOS JUICIOS
El presidente melillense ha logrado otra victoria judicial: el Tribunal
Supremo no le sentará en el banquillo. Eso sí, en la ciudad autónoma hay una
docena de procesos abiertos sobre corrupción
Le resta, como máximo, tres años de legislatura. Y después se dedicará “a
pasear”. “Tengo ganas de retirarme; estoy cansado”, reconocía el senador
Juan José Imbroda, añada del 44, el pasado viernes por la tarde en
conversación telefónica con El Confidencial. Imbroda es el ‘barón’ del
Partido Popular que esquiva todos los juicios. Es presidente de la ciudad
autónoma desde el año 2000. Esta misma semana se ha librado de otro proceso
judicial. De nuevo, el Tribunal Supremo ha resuelto a su favor. Llegó a
tener siete de sus diez consejeros imputado. El año arrancó en Melilla con
al menos una docena de procesos abiertos sobre corrupción política. Y un
viceconsejero (el de Festejos) fue detenido y pasó varias horas en el
calabozo.
Imbroda, protegido de Mariano Rajoy al ser el único dirigente en activo que
presidirá una comisión en el Senado, la General de las Comunidades
Autónomas, estaba acusado de un delito de prevaricación y otro de
malversación por los convenios de publicidad institucional con medios
locales de Melilla. El Supremo dictaminó que si existiera delito no sería
por vía penal, sino por la del contencioso administrativo. El senador cobra
75.000 euros anuales, “unos 4.000 euros limpios al mes”, aclara. “Le salgo
muy barato a la ciudad”, sostiene, orgulloso. “Con lo mal que lo pasan
algunas familias me siento bien pagado”, admite.
El Alto Tribunal ya archivó en abril de 2015 la causa contra Imbroda por un
presunto delito de prevaricación en la contratación de un abogado externo
para determinados pleitos en materia laboral a partir de 2001. El letrado
cobró por estos servicios 395.000 euros hasta 2010. Un fiscal del Supremo
emitió un contundente informe pidiendo el suplicatorio para Imbroda. La
candidatura del presidente de la ciudad autónoma estuvo en el aire. Rajoy se
lo pensó, pero al final el veterano ‘popular’ consiguió librarse de la llaga
judicial que amenazaba su carrera política.
José María Ruiz, abogado de Manos Limpias, asegura a este diario que la
Intervención del Estado define “de una manera muy clara cuando un contrato
tiene naturaleza como tal y no de subvención. El Supremo justifica que el
Tribunal de Cuentas cree que las subvenciones son difusas y entienden que no
hay delito penal. Si das un dinero a alguien a cambio de darle algo, es
evidente que existe un contrato; se premia a unos medios frente a otros”.
Emilio Bosch es uno de los abogados más activos contra Imbroda. Fue el
denunciante de la causa de los convenios junto a Julio Liarte, ex diputado
de PPL, que dejó el partido cuando esta formación política inició
conversaciones para pactar con PP. Bosch fue teniente de alcalde y
secretario de organización del PSOE local. “Hace mucho tiempo que el Partido
Socialista está muy flojo en Melilla y así nos va. No hay manera de ‘tumbar’
a Imbroda políticamente”, asegura Bosch en declaraciones a El Confidencial.
El decano hermano... y su abogado
Liarte va más lejos y habla de “una serie de fenómenos” que influye en la
conducta de algunos magistrados. Se refiere a bajas por depresión y
traslados a la Península por ser incapaces de aguantar “las presiones
locales”. El decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda,
es hermano de Imbroda. “Él tiene una relación muy estrecha con la carrera
judicial”, apunta Liarte. Blas Jesús organiza con la UNED una jornadas
judiciales llamadas Enrique Ruiz Vadillo, que llevan 22 años, e invita a
magistrados nacionales, a vocales del Consejo del Poder Judicial, ponentes
del Tribunal Supremo, expresidentes del Tribunal Constitucional como Pascual
Sala, y exconsejeros del Consejo de Estado, Fernando Ledesma.
Imbroda no cree que los imputados deban dejar la política. Recuerda que uno
de sus viceconsejeros estuvo años imputado y no fue llamado a declarar
“Lo han elegido sus compañeros. Es un buen abogado. ¿Usted cree que un
abogado puede influir para que las cosas salgan bien? El que piense así es
muy… ¡Cómo va a influir mi hermano! Es un profesional brillante y nada más.
Creo en el Estado de Derecho y en la independencia judicial”, sostiene el
presidente de Melilla. Blas Jesús defendió a su hermano en el Supremo.
Emilio Lamo de Espinosa, exjuez decano de Melilla, magistrado del Juzgado de
instrucción número 2, fue el que elaboró la exposición razonada al Tribunal
Supremo contra Imbroda en el caso Abogados. Lamo de Espinosa también imputó
a guardia civiles y mandos del Instituto Armado por devolución de
inmigrantes en caliente. Lamo de Espinosa abandonó Melilla el pasado mes de
diciembre para trasladarse a Getxo (Vizcaya).
Imbroda no cree que los imputados –ahora investigados, según el Código
Penal– deban dejar la política. Recuerda que uno de sus viceconsejeros
–Guillermo Merino, de Medio Ambiente– estuvo cuatro años imputado y no fue
llamado a declarar. “Yo ya no condeno a nadie hasta que la justicia no tenga
pruebas objetivas. Estamos condenando a personas que luego son inocentes.
Tenemos el gatillo muy fácil y podemos salir a hundirlos”, razona el
presidente.
El senador no deja nadie ‘tirado’. Miguel Marín, consejero de Fomento y
vicepresidente de la ciudad, dejó el cargo porque PP y PPL llegaron a un
pacto en el que los procesados tenían que dejar sus puestos en el Gobierno.
Marín ahora es presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla. María
Antonia Garbín, exconsejera de Bienestar Social, también dejó el cargo.
Garbín, que está procesada en el 'caso Abogados', sigue de diputada y es
portavoz del grupo del PP en la Asamblea de Melilla.
"No tenemos ni Gürtel, ni Suiza, ni nada..."
“¡Aquí nadie se ha llevado un duro! No tenemos ni Gürtel, ni Suiza, ni nada…
El que lo haga que lo pague. Te puedes equivocar tomando decisiones, pero
una cosa es equivocarse y otra muy distinta meter la mano. Aquí nadie lo ha
hecho”, se defiende Imbroda, quien remarca a este diario: “Lo hacemos muy
bien. Llevamos 16 años gobernando porque somos gente sencilla y
trabajadores. Nos importa mucho Melilla por encima de las siglas. Han creído
en nosotros y estamos ligeros de equipaje”. En el Tribunal Supremo ya
declaró que tenía “la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos”.
Imbroda todavía no puede cantar victoria. Las operaciones ‘Ópera’ y ‘Tosca’,
impulsadas por la Guardia Civil, continúan abiertas. El director general de
Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, fue uno de los detenidos
en la operación desarrollada por la Guardia Civil que investiga una trama de
corrupción en la adjudicación de contratos públicos. El juez imputó a tres
consejeros. “Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse
producido una ‘concertación previa’ entre los responsables de las empresas
finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica
para determinar el resultado del concurso”, según la investigación.
¿Tiene relevo Imbroda? ¿Qué delfín político está mejor posicionado para
dirigir la ciudad, con una extensión de 13 kilómetros cuadrados? Uno de los
nombres que más suena es Manuel Ángel Quevedo, el actual vicepresidente y
consejero de Medio Ambiente. “Hay varios años vista por delante. No lo puedo
decir… hay varios. En la política te tienen que aceptar como líder tus
propios compañeros”, remata.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-02-14/imbroda-melilla-el-baron-del-pp-protegido-de-rajoy-que-esquiva-os-juicios_1151677/
IMBRODA SE SUMA A LA CATARATA DE INSULTOS A PEDRO SÁNCHEZ
El presidente de Melilla llama "payaso" al candidato socialista
Tras el cara a cara, las críticas a Pedro Sánchez por su tono bronco hacia
Mariano Rajoy llegaron en tromba desde el Partido Popular, pero la situación
se ha invertido totalmente. Si los conservadores se quejaban de que,
supuestamente, el líder socialista había insultado al presidente, ellos
ahora están haciendo lo mismo, pero sin ninguna medida.
El último en sumarse ha sido el presidente de Melilla y candidato al Senado,
Juan José Imbroda, llamando “payaso” a Pedro Sánchez. En declaraciones a los
periodistas, el político consideró que el PSOE debería buscar "un líder
capaz de representar a España, no a un payaso".
Rajoy no sabe nada
Al ser preguntado por estos ataques al líder socialista, Mariano Rajoy se ha
limitado a decir que prefería “no entrar en eso”. Todo lo contrario a
Imbroda, el cual "nunca había visto un aspirante a presidente del Gobierno
con tan poco nivel, clase y categoría, llegando a mostrarse grosero ante su
rival".
El presidente de Melilla considera además que "Pedro Sánchez durante todo el
debate se ha dedicado a insultar y ha estado completamente agresivo,
interrumpiendo en todo momento y sin respetar el turno de palabra. Frente a
un presidente avalado por un historial brillante de gestión se ha visto a un
Pedro Sánchez en crisis, con el único recurso de la demagogia y las
falsedades".
Pero Imbroda no se ha quedado solo en el “payaso”, también ha calificado de
"mezquina, miserable y deleznable" la postura de Pedro Sánchez "en su afán
de insultar e injuriar" al presidente del Gobierno tachándolo de
"indecente".
Suma y sigue
Los comentarios del presidente de la ciudad autónoma se suman a una larga
lista de descalificativos hacia Sánchez desde las filas populares. Muchos
son los dirigentes del PP que han salido en defensa de su jefe con Soraya
Sáenz de Santamaría, la que calificó al líder socialista de realizar “el
mayor ejercicio de macarrismo política a la desesperada”.
Cospedal comparó la “soberbia y mentiras” de Sánchez frente a la “dignidad”
de Mariano Rajoy, el ministro del Interior llegó a decir que Sánchez había
perdido “el debate, las elecciones y la dignidad” y el de Sanidad consideró
que no había tenido “modales”.
https://www.elplural.com/20d-candidaturas/imbroda-se-suma-a-la-catarata-de-insultos-a-pedro-sanchez_82597102
IMBRODA NOMBRA A SU MUJER VICECONSEJERA DE ACCIÓN SOCIAL EN MELILLA
El presidente de Melilla forma su nuevo Gobierno con una consejería menos y
cuatro viceconsejeros más, entre los que está su mujer, que tras las
elecciones no pudo repetir como diputada
Francisca Conde "no cobrará", no tendrá dedicación exclusiva y trabajará de
forma "altruista", según Imbroda
El Boletín Oficial de Melilla publicó este lunes el nombramiento de
Francisca Conde Ramírez como viceconsejera de Acción Social. Su designación
coincidió con la de otros 23 cargos, y habría pasado inadvertida de no ser
porque es la mujer del presidente de la ciudad, el conservador Juan José
Imbroda.
Ha sido él mismo quien les ha elegido –también a su mujer– de manera que ha
intentado contener las críticas asegurando que ella no tendrá dedicación
exclusiva, que "no cobrará" y que trabajará de manera "altruista", informa
Luz de Melilla. La designación de Francisca ocupa la última página del
boletín del 20 de julio y se ha hecho al margen del nombramiento de otros
viceconsejeros, incluso los de su propia consejería, la de Bienestar Social.
Francisca Conde fue diputada por el PP en la Asamblea de Melilla entre los
años 2011 y 2015. Aspiraba a repetir en las elecciones del 24 de mayo, sin
embargo, al ocupar el puesto 15 de la lista se quedó a tres de entrar en el
Parlamento autonómico.
Una consejería menos y cuatro viceconsejerías más
Aunque desaparecen la Consejería de Administraciones Públicas y tres
organismos municipales, el nuevo Gobierno de Melilla dará cabida a 14
viceconsejeros –cuatro más que antes–, que sumados a los nueve consejeros de
la ciudad integran una plantilla de 24 cargos, tres más que hasta ahora. De
ellos, ocho no habían tenido cargo anteriormente en el Ejecutivo melillense
y dos corresponderán a Populares en Libertad (PPL), el partido con el que
Imbroda ha tenido que negociar para garantizarse la mayoría absoluta en su
investidura.
Imbroga ha valorado que el ahorro que provocará la eliminación de una
consejería será superior a los gastos que se derivarán de los cuatro nuevos
viceconsejeros. Además, se ha felicitado porque los gastos en personal de
confianza "se reducirán un 32%", es decir, 450.000 euros.
Desde el PSOE de Melilla critican que "el PPL, que tanto había criticado el
macrogobierno y el nepotismo de Imbroda, ahora pasa a ser parte de él,
mientras que Miguel Marín y María Antonia Garbín —ambos diputados del PP
procesados judicialmente— no han dejado el acta de diputados y siguen
formando parte del Grupo Parlamentario Popular", ha explicado Gloria Rojas,
presidenta de la gestora socialista en Melilla.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/21/imbroda_designa_mujer_viceconsejera_accion_social_35706_1012.html
EL PRESIDENTE DE MELILLA (PP) DISPONE 'DESIGNAR A MI MUJER VICECONSEJERA'
En su primer día de nombramientos, Juan José Imbroda no se corta, y mete a
su esposa a la carrera en un gobierno con ¡9 consejeros y 14 viceconsejeros!
para 85.000 habitantes
Los melillenses se llevaron la sorpresa este lunes al leer el Boletín
Oficial de su ciudad. En él se recogía la creación del nuevo gobierno del
'popular' Juan José Imbroda. Aunque el PP había prometido en campaña que el
gobierno sería reducido, Melilla, con una población de menos de 85.000
habitantes, mantenía un ejecutivo con un presidente, dos vicepresidentes y
siete consejeros... Pero es que además, se añadían 14 viceconsejeros.., con
una guinda añadida, visto el propio Boletín, a última hora: el nombramiento
de la propia mujer de Imbroda como viceconsejera.
Melilla, 85.000 habitantes, gobierno de 24 personas... Extremadura,
1.1o0.000, seis
De entrada, merece la pena poner en valor (ELPLURAL.COM irá con más detalle
a este asunto en próximos días), el número de miembros de este gobierno. Y
para ello basta comparar la 'corte de Imbroda' con el Gobierno de alguna
comunidad autónoma. Elijamos, por ejemplo, Extremadura, que tiene 1.100.000
habitantes. Es decir, unas 20 veces más que Melilla... Y donde el Gobierno
se reduce a un presidente, cinco consejeros... y ¡cero viceconsejeros!. Es
decir, Melilla tiene para sus 85.000 ciudadanos, un gobierno seis veces más
grande que el de Extremadura para 1.100.000.
Pero lo que queremos llamar la atención en esta crónica es un
nombramiento.., el que 'remataba' la corte de este macrogobierno, y que
parece, leyendo el Boletín Oficial de la ciudad autónoma, un 'añadido' a la
carrera: el nombramiento de Francisca Conde Ramírez como Viceconsejera de
Acción Social. Quizás fuera de Melilla no sea muy conocido, pero sucede que
Francisca Conde es la actual esposa de Juan José Imbroda.
Nombramiento de último momento
Y decimos lo de cargo decidido, da la impresión, en último momento, porque
se puede ver cómo se suceden los decretos, el primero y el segundo para
cesar a los consejeros y viceconsejeros del gobierno anterior, el tercero y
el cuarto para nombrar a los nuevos consejeros y viceconsejeros..., y por
fin, un quinto, hecho específicamente para el nombramiento de una sola
viceconsjera, la de Acción Social, la señora Conde 'de Imbroda'.
Quienes conocen la política melillense aseguran a ELPLURAL.COM que este
nombramiento viene en realidad a desvelar mucho más claramente el enorme
peso que tiene Francisca Conde en la vida política de la ciudad. Y como
ejemplo, recuerdan cómo varios diputados autonómicos de la lista del PP
fueron dejando su cargo, alguno compensado con el nombramiento para alto
cargo, hasta que Francisca Conde ascendió en la lista y se hizo hueco en la
Asamblea local, donde ocupaba un escaño hasta ahora.., donde al escaño suma
un cargo en el Gobierno.
https://www.elplural.com/politica/el-presidente-de-melilla-pp-dispone-designar-a-mi-mujer-viceconsejera_28286102
EL FISCAL ACUSA A
IMBRODA DE ‘DESPRECIAR LA LEY’
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no se ha librado aún del
proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La
decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin
practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio
aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de
prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha
interpuesto un contundente recurso con el que intenta lograr que siga su
curso la investigación abierta a Imbroda por hechos que el Ministerio
Público considera “de una gravedad indudable” y que presentan “perfiles
inequívocamente delictivos”. “El desprecio por las formas y por el respeto a
la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, afirma.
Monterde cerró el pasado día 6 la causa contra el presidente de Melilla por
las irregularidades detectadas en la contratación de un abogado externo para
atender una serie de reclamaciones laborales, pese a la existencia de un
gabinete jurídico en la Administración de la ciudad autónoma. El instructor
tomó esa decisión el mismo día en que el fiscal presentaba un escrito
oponiéndose al archivo, solicitado por Imbroda nada más prestar declaración
el 11 de marzo.
El sobreseimiento del proceso -apenas dos meses después de que el Supremo
admitiera la exposición razonada del juez de Melilla Emilio Lamo de
Espinosa- se ha producido sin que la acción popular, ejercida por la
Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias, haya podido intervenir. Pese a
que la personación de ambas organizaciones fue aceptada por la Sala el 9 de
marzo, Monterde ha cerrado la causa sin haberles fijado la fianza, de manera
que la acusación popular no ha podido participar en la declaración del
imputado, proponer diligencias o formular alegaciones sobre la petición de
archivo.
Para Imbroda era esencial la celeridad en la clausura de un proceso que no
fue obstáculo para que el PP le volviera a designar candidato a la
presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones del próximo mes. El
presidente de Melilla, que convocó una rueda de prensa para celebrar el
archivo, asegura que Rajoy le llamó la pasada semana “para felicitarle”.
El recurso de la Fiscalía del Supremo adquiere en este contexto la máxima
importancia para los intereses de Imbroda y del PP. El escrito del fiscal
Salvador Viada comienza recordando que los Juzgados de Melilla tramitan en
este momento varios procedimientos que ponen de manifiesto que la
contratación de abogados externos por parte de la Administración de la
ciudad se realiza “de manera sistemática” incurriendo en “graves
irregularidades”.
Esa práctica no sólo afecta a letrados. “El presente caso”, relata el
fiscal, “no es más que uno de los investigados en varios Juzgados, de manera
que tan solo tres de los diez miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad
no están implicados en procedimientos judiciales. En los Juzgados se
investigan causas relacionadas con contratos irregulares concedidos a
empresas de seguridad, de concesión de licencias de submarinismo, de
financiación a la prensa local, relacionadas con el campo de golf, además de
la contratación de abogados externos”.
Omisión de información
Por lo que se refiere a la causa elevada al Supremo al aparecer implicado
Imbroda, la Fiscalía considera que los hechos “son claros”. El 15 de mayo de
2014, la policía judicial informa al magistrado Lamo de Espinosa que ha
analizado la contratación del abogado Juan Jesús Olivares conforme a la
documentación enviada por la Administración de la ciudad autónoma, que se
limitaba a tres contratos. “Pero cuando la Guardia Civil solicita la
relación de operaciones con terceros de todos los letrados externos que han
sido designados por el Consejo de Gobierno de 2002 a 2012, aparece que el
citado letrado fue contratado en numerosas ocasiones”, señala el recurso.
La investigación realizada en Melilla reveló que Olivares cobró de la ciudad
autónoma 340.362,50 euros, más 18.030 euros de provisión de fondos que no
constaban en la documentación recibida por la Guardia Civil. La designación
del abogado en un conjunto de procedimientos laborales se hizo mediante un
poder notarial otorgado por Imbroda sin seguir “ninguno de los trámites en
la contratación exigidos por la normativa administrativa: ni por el órgano
competente, sin informe de la necesidad de la prestación del servicio
jurídico, sin informe sobre las razones por las cuales el mismo no podía ser
prestado por los abogados de la ciudad autónoma, sin expediente alguno de
contratación ni objeciones algunas a los pagos”.
“Así”, añade el fiscal, “se abonan provisiones de fondos solicitadas por el
abogado, práctica no autorizada por la normativa administrativa, y todas las
cantidades que el letrado solicita mediante decretos del presidente de la
ciudad, tras haber sido solicitado el pago por el consejero de
Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos. Las facturas del abogado
importaron 750.704,93 euros, aunque el letrado condonó la cantidad de
400.345 euros”.
Melilla ¿ciudad sin ley?
El fiscal se pregunta “cómo es posible que se realicen estas prácticas sin
que los mecanismos de control de gasto detecten estas anomalías”. La
respuesta la encuentra en el hecho de que el gobierno de Melilla se ha
acogido a un régimen especial conocido como “fiscalización limitada”, que
elimina ciertos controles previos a los gastos. Para que pueda utilizarse,
sin embargo, la Administración debe someterse a un conjunto de exigencias,
entre ellas que el régimen de fiscalización limitada se acuerde por el Pleno
de la Corporación, a propuesta del presidente y previo informe del
interventor. Además, los órganos de control interno que realicen las
fiscalizaciones con posterioridad deben emitir un informe escrito para hacer
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.
En Melilla se aprobó ese régimen especial “sin propuesta del presidente, sin
informe del interventor y de espaldas al procedimiento establecido por la
Ley”, subraya el fiscal. Es decir, “se eliminan los controles previos (y
también los posteriores) y esa eliminación se hace a instancia del imputado
al proponer el presupuesto al Pleno de la Corporación”. De esta forma, para
el Ministerio Publico “la supresión de las medidas de control ordinarias
establecidas por la ley para la aprobación del gasto público y para el
examen de la regularidad de la contratación administrativa es
responsabilidad directa del aforado”.
Decae así, a juicio de la Fiscalía, uno de los argumentos del archivo
decretado por el instructor del Supremo, Francisco Monterde, según el cual
Imbroda no tenía “clara conciencia de la ilegalidad” del procedimiento de
contratación ya que ningún órgano le avisó de irregularidad alguna.
Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los
pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos
“Esta alegación no puede sostenerse”, replica el fiscal, para el que se
trata de un típico caso de ignorancia deliberada o buscada por el propio
responsable de la situación. El recurso lo explica así: “Claro que no le
avisaron, él se encargó de descargar a quien tenía la obligación de avisarle
(por cierto, alguien elegido por él mismo). Cuando ordena pagar, el aforado
lleva ya varios años de alcalde del Ayuntamiento, sabe perfectamente, o debe
saber, cómo debe funcionar una Administración pública, en la que el dinero
no se puede manejar como si fuera propio. Ese dinero es de los
contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen
conforme a los procedimientos establecidos, de manera que se garantice que
el dinero no se va a derrochar o no se va a utilizar de manera irregular o
ilícita. Por el contrario, aquí es la voluntad del alcalde, soslayando las
obligaciones legales y el procedimiento administrativo, la que determina
cómo se debe disponer del dinero. Eso si, alegando luego que no sabía ni
nadie le advirtió que había nada irregular. En opinión del fiscal (y del
juez de instrucción, y de la Guardia Civil, y de la Intervención General de
la Administración del Estado), había muchas cosas irregulares, y había una
reducción intencionada de controles establecidos por la ley para evitar que
esas cosas irregulares se detectaran”.
Argumentos ‘increíbles’
El resto de los argumentos de Monterde son, para el fiscal, “increíbles”. A
su parecer, carece de consistencia afirmar que la contratación de letrados
externos era de naturaleza civil y dar relevancia al hecho de que Imbroda
haya asegurado que él no eligió a Olivares. El Ministerio Público afirma que
no se ha investigado quien contactó con este letrado y destaca que, si se
considera un dato trascendente, al menos se debería haber tomado declaración
al propio abogado.
“En todo caso”, añade el recurso, “lo importante es quién le contrató
omitiendo todos los trámites administrativos precisos” y ello apunta a Juan
José Imbroda, que fue quien otorgó el poder.
Para el fiscal, si la intervención del presidente de Melilla se hubiera
limitado a eso, “podríamos entrar a discutir si [Imbroda] no era más que un
eslabón de la maquinaria administrativa. Pero es que no fue así”.
“Por un lado”, afirma, “esa maquinaria se diseñó de manera deliberada para
que permitiera actuar al equipo de gobierno con una falta de sujeción al
derecho administrativo, a los requisitos legales exigidos para cada acto y
para cada contrato, y la implementación de ese diseño es responsabilidad
directa del aforado. Pero es que, además, Imbroda intervino de manera
decisiva en otras fases del contrato, singularmente en el pago [de las
minutas], y también de modo absolutamente ajeno a las exigencias legales”.
“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer
de dinero público es absoluto”, concluye el fiscal.
El cierre del proceso ha causado sorpresa en ámbitos judiciales de Melilla,
que encuentran dificultades para investigar las actuaciones del equipo de
gobierno de Imbroda. En esos medios se considera que en el Tribunal Supremo
no se ha realizado una verdadera instrucción. Si el instructor rechaza la
impugnación del fiscal, la última palabra la tendrá la Sala porque el
Ministerio Público ya ha anunciado que irá en apelación al tribunal
superior.
http://blog.elespanol.com/actualidad/el-fiscal-acusa-a-imbroda-de-despreciar-la-ley/
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA IMBRODA EN EL TS POR LA
CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado recurso de reforma
subsidiario de apelación contra el archivo por el Tribunal Supremo de la
causa abierta al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José
Imbroda, por presuntos delito de prevaricación administrativa al contratar a
un abogado con fondos públicos en 2001.
Con este recurso, la Fiscalía mantiene la postura que adoptó desde el inicio
de la causa, que fue favorable a la apertura de este procedimiento contra el
dirigente popular el pasado mes de octubre.
En otro escrito anterior, en respuesta a la petición de archivo presentada
por Imbroda, la Fiscalía ya insistía en la existencia de indicios
"suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que, a juicio del
Ministerio Público, presentan "apariencia delictiva", y que constituyen e
"al menos" u"n delito de prevaricación, "sin descartar obviamente la
existencia de otras infracciones penales", añadía.
El magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, acordó el archivo
el pasado martes a la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del
PP el pasado 11 de marzo y de los informes que obran en la causa. Entiende
que la contratación del letrado no surgió de Imbroda, sino de uno de los
consejeros de la ciudad autónoma.
En su declaración ante el alto tribunal Imbroda negó haber incurrido en un
delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos
públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a
dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no
tengo ningún tinglao raro", dijo.
El instructor consideró, tras analizar las pruebas existentes, que el
contrato por el que el abogado cobró de la institución 395.000 euros hasta
2010 no puede atribuirse a Imbroda, que ya solicitó el sobreseimiento de la
causa al juez Monterde el pasado 23 de marzo.
En su auto, Monterde explica que la iniciativa no partió de Imbroda y que
existen que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que
unía al letrado con la ciudad autónoma, y por tanto si era necesario o no
tramitar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Melilla, en su exposición razonada elevada al Supremo contra Imbroda,
destacó que el contrato era administrativo, que se obviaron para
establecerlo los requisitos legales para llevarlo a cabo, y que el letrado
fue contratado de manera directa por Imbroda.
Por su parte, el aforado sostenía que era un contrato de naturaleza civil de
arrendamiento de servicios. El instructor indica que estos elementos impiden
apreciar que hubo prevaricación en el caso, ya que para que se produzca este
delito no es suficiente con que haya una contradicción con el Derecho en la
actuación, sino que la misma sea injusta y arbitraria.
"En el presente supuesto no cabe apreciar una contradicción patente y
grosera con el Derecho, basada en la omisión palmaria de los trámites
procedimentales referidos a un contrato específico; en la medida en que se
discute y existen discrepancias interpretativas sobre cuál era la naturaleza
del contrato que se suscribió", señala el auto del alto tribunal.
FIRMÓ LO QUE INDICARON
Tampoco advertía el magistrado Monterde que concurra el elemento subjetivo
de este tipo penal, que exige que la resolución se adoptase "a sabiendas".
En ese sentido, Imbroda señaló durante su declaración que no fue consciente
de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para
pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los
servicios jurídicos.
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6620117/04/15/La-Fiscalia-recurre-el-archivo-de-la-causa-contra-Imbroda-en-el-TS-por-la-contratacion-de-un-abogado.html
EL SUPREMO ARCHIVÓ EL ‘CASO IMBRODA’ SIN ESPERAR A QUE LA FISCALÍA SE
PRONUNCIARA
El juez que investigaba por prevaricación al presidente de Melilla le
exoneró la misma mañana en que llegaron a su mesa las alegaciones del fiscal
del caso, contrario a que se le diera carpetazo
La instrucción giraba en torno a la contratación a dedo y por 400.000 euros
de un miembro de la junta del Colegio de Abogados de Melilla, que organiza
jornadas anuales con jueces del Supremo
El Tribunal Supremo dio cerrojazo el 6 de abril al caso por presunta
prevaricación contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, no
solo sin haber realizado más trámites que la toma de declaración del
imputado y sin haber permitido aún la personación de las dos acusaciones
populares que casi cuatro meses antes habían pedido incorporarse sino, sobre
todo, sin esperar a que se pronunciara el fiscal.
El juez instructor de la causa, el conservador Francisco Monterde, le había
dado cinco días de plazo a partir del 24 de marzo para rebatir la solicitud
de sobreseimiento planteada por Imbroda. Pero lo hizo en una providencia que
-aseguran fuentes del caso- el fiscal, Salvador Viada, recibió tarde porque,
con permiso de sus superiores, había viajado precisamente a Melilla para
completar la investigación.
La celeridad fue la nota dominante: Imbroda declaró el 11 de marzo y, menos
de un mes después, el juez ya había decidido eximirlo por completo de
responsabilidad penal. Tras el carpetazo, el fiscal, Salvador Viada,
recurrió en reforma –ante el mismo juez que dicta el archivo, aquí el
conservador Francisco Monterde - y subsidiariamente en apelación ante la
Sala Segunda del alto tribunal. Días después de presentar ese recurso, Viada
fue apartado de la causa.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre subrayaron su sorpresa
por el hecho de que el juez instructor del caso, el conservador Francisco
Monterde, considerase tan urgente el archivo que lo dictase el mismo día en
que, según quienes conocen el procedimiento, llegó a su mesa el escrito de
alegaciones del fiscal, cuya existencia -y mucho menos, sus argumentos- ni
siquiera menciona el auto de cierre. Las fuentes jurídicas consultadas
indican que esa coincidencia de fechas denota que la resolución judicial, de
19 páginas, ya estaba redactada cuando el texto de la Fiscalía llegó a manos
de Monterde. Y subrayan lo "extremadamente infrecuente, por no decir
inédito" de que el juez resuelva sobre un asunto de tal calibre sin conocer
la opinión del fiscal, incluso si ya ha transcurrido -como ocurrió aquí- el
plazo dado para las alegaciones.
En el escrito de Viada, de 13 páginas, fechado el 4 de abril y contrario al
archivo, el fiscal desplegaba multitud de datos obviados por Imbroda y
atribuía al político el protagonismo en la articulación de una estrategia
destinada a vulnerar la ley bajo una apariencia de inocente ignorancia.
La contratación de un abogado, a dedo, sin expediente previo y que cobró del
Gobierno melillense casi 400.000 euros, era el eje de la investigación.
El hermano, el tesorero y los cursos para magistrados
Ese abogado, Juan Jesús Olivares, ocupa el cargo de tesorero del Colegio de
Abogados de Melilla, cuyo decano es Blas Imbroda, hermano del presidente de
la ciudad y su abogado defensor ante el Supremo.
El Colegio melillense organiza cada año junto con la UNED unas jornadas de
derecho a la que acuden habitualmente magistrados del Supremo. Las de 2015
[consulta aquí el programa] se celebraron justamente la semana pasada.
El coordinador de las jornadas, Ángel Castro, afirmó el jueves en
declaraciones a este diario que la institución colegial de Melilla financia
“más o menos el 10% del coste” total, que se cifra en “unos 5.000 o 6.000
euros”, a razón de 500 euros por asistente. Sin detallar cuantía, explicó
que los ponentes –algunos de ellos, jueces- reciben una “pequeña
gratificación por conferencia” y negó tajante que este sea un escenario
propio de colisión o conflicto de intereses.
“Podríamos llevar entonces 22 años colisionando con todo tipo de partidos y
gobiernos y nunca nadie ha entendido que esto colisionara con nada”, resumió
la fuente al tiempo que aportaba otro dato: “Ahora hay, por ejemplo, un
asunto en el Supremo que afecta al Gobierno [de la ciudad] y los magistrados
que lo llevan no han venido”.
Desde luego, no participa en esas jornadas ninguno de los tres jueces de la
Sala Segunda –Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón
Soriano- que deben resolver los recursos de apelación de la Fiscalía y las
dos acusaciones populares personadas -la Asociación Libre de Abogados (ALA)
y Manos Limpias- contra el archivo del caso Imbroda.
Monterde no fijó la fianza que deben abonar las acusaciones populares hasta
un día después de haber dictado el auto de sobreseimiento, con lo que
tampoco pudieron elevar alegaciones sobre la solicitud de sobreseimiento
formulada por Imbroda. El sobreseimiento que dictó fue libre, es decir,
irreversible salvo que prospere el recurso de apelación. Podía haber dictado
un sobreseimiento provisional, que él mismo podría revocar en el supuesto de
que aflorasen nuevos indicios, pero eligió la vía del carpetazo definitivo.
Viada ha rehusado hablar con este diario bajo el argumento de que no puede
pronunciarse sobre ninguna causa viva. Y los portavoces oficiales de la
Fiscalía General del Estado no han atendido las llamadas de infoLibre.
Tampoco ha sido posible conocer la versión del juez Monterde sobre por qué
no esperó un día más –el que habría tardado en leer el escrito de
alegaciones del fiscal- antes de cerrar el caso. Ese escrito -este diario
ignora si Viada se pertrechó del visto bueno previo de sus jefes antes de
entregarlo, aunque esa es una pauta usual- está fechado el 4 de abril,
Sábado Santo. El auto del juez Monterde, el lunes 6 de abril.
Para decretar el cierre de la instrucción, que permitió a Imbroda lanzarse
sin cortapisas a la carrera hacia las elecciones del 24 de mayo, en las que
perdió la mayoría absoluta, Monterde dio por buenos los principales
argumentos del aforado: que el contrato del abogado que dio pie a la
investigación tenía carácter civil y no administrativo; que, al otorgarle
poderes a ese letrado dentro de un paquete de apoderamientos mucho más
amplio, él mismo hizo lo que siempre se había hecho en Melilla desde mucho
antes de su llegada al poder; y que nadie le avisó de que podía estar
vulnerando la legislación sobre contratos públicos.
Los argumentos del fiscal
En su escrito de alegaciones, así como en su recurso, el fiscal recalcaba
que no es este el único contrato con abogados presuntamente irregular que se
investiga en Melilla y que nadie discute que los otros –que están bajo la
lupa de un juez local- son contratos administrativos pese a que tienen el
mismo objeto; destacaba igualmente que fue el propio Imbroda quien eliminó
los controles previos y posteriores que habrían evitado que el tesorero del
Colegio de Abogados de Melilla prestara sus servicios irregularmente hasta
2010; y desbarataba, con datos, la tesis de que el contrato se hizo a las
bravas por razones de urgencia.
“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer
del dinero público son absolutos”, escribió Viada.
Fuentes del caso confían en que el recurso de apelación prospere por cuanto
han emergido nuevos indicios de delito en la parte del caso -la que no
afecta a aforados- que instruye un juez de Melilla. Una antigua consejera
del Gobierno local, Inés Urdiales, ha contradicho al completo la versión del
presidente. Y lo mismo ha ocurrido con el graduado social de la Ciudad
Autónoma, Enrique Javier Mingorance, quien ha declarado que no hacía falta
contratar a un abogado externo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/22/el_supremo_archivo_caso_contra_presidente_melilla_sin_esperar_que_fiscalia_pronunciara_34323_1012.html
EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA IMBRODA
El juez apunta que con su resolución no se concluye que la actuación del
presidente de Melilla "sea correcta desde el punto de vista administrativo",
pero recalca que "se entiende que su actuar no es delictivo"
En su declaración judicial, Imbroda negó haber incurrido en un delito de
prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos
en 2001 y rechazó que esta imputación le llevara a dimitir
El Supremo ha archivado este martes la causa abierta al presidente de la
ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, por presuntos delito de
prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos
en 2001.
El magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, adopta esta
decisión a la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del PP el
pasado 11 de marzo y de los informes que obran en la causa. Entiende que la
contratación del letrado no surgió de Imbroda, sino de uno de los consejeros
de la ciudad autónoma.
En su declaración ante el alto tribunal Imbroda negó haber incurrido en un
delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos
públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a
dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no
tengo ningún tinglao raro", dijo.
Ahora, el Supremo entiende que el contrato por el que el abogado cobró de la
institución 395.000 euros hasta 2010 no puede atribuirse a Imbroda, que ya
solicitó el sobreseimiento de la causa al juez Monterde el pasado 23 de
marzo.
En el auto dado a conocer este martes el magistrado Monterde explica que la
iniciativa no partió de Imbroda y que hay dudas interpretativas sobre la
naturaleza del contrato que unía al letrado con la ciudad autónoma y, por
tanto, también sobre si era necesario o no tramitar el correspondiente
procedimiento administrativo de contratación.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Melilla, en su exposición razonada elevada al Supremo contra Imbroda,
destacó que el contrato era administrativo, que se obviaron para
establecerlo los requisitos legales para llevarlo a cabo, y que el letrado
fue contratado de manera directa por Imbroda.
No hay prevaricación
Por su parte, el aforado sostenía que era un contrato de naturaleza civil de
arrendamiento de servicios. El instructor indica que estos elementos impiden
apreciar que hubo prevaricación en el caso, ya que para que se produzca este
delito no es suficiente con que haya una contradicción con el derecho en la
actuación, sino que la misma sea injusta y arbitraria.
"En el presente supuesto no cabe apreciar una contradicción patente y
grosera con el Derecho, basada en la omisión palmaria de los trámites
procedimentales referidos a un contrato específico; en la medida en que se
discute y existen discrepancias interpretativas sobre cuál era la naturaleza
del contrato que se suscribió", señala el auto del alto tribunal.
Tampoco advierte el magistrado Monterde que concurra el elemento subjetivo
de este tipo penal, que exige que la resolución se adoptase "a sabiendas".
En ese sentido, Imbroda señaló durante su declaración que no fue consciente
de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para
pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los
servicios jurídicos.
Para el instructor, tampoco es expresivo de ilicitud penal en su inicial
contratación el pago de las cantidades al letrado, ya que estuvo precedido
de control administrativo, y consta en la causa que la Intervención General
del Estado no puso reparos a ninguno de los abonos al abogado.
El auto subraya que "es verosímil deducir que" Imbroda "obró en la creencia
razonable de que había que dar una solución urgente a un problema puntual",
como fue la existencia de un elevado número de reclamaciones ante la
jurisdicción social por un elevado importe económico.
Monterde afirma que con su resolución no se concluye que "la actuación del
aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo o que se dé por
buena una de las interpretaciones contractuales discutidas en el presente
supuesto, sino que se entiende que su actuar no es delictivo".
Respecto a otras personas investigadas en Melilla y que no son aforadas, el
Supremo ya señaló el pasado día 12 que éstas sólo serán llamadas por el alto
tribunal si se apreciara una "conexión material imprescindible" con Imbroda,
lo que a juicio de la Sala no ocurre, de momento, en este caso. Por ello, de
momento, seguirán en la causa del Juzgado número 2 de Instrucción de la
ciudad autónoma.
La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento
contra Imbroda el pasado mes de octubre, ya que el alto tribunal es
competente para investigar esta causa por la condición de aforado del
senador y por entender que hay indicios "suficientes" para el
esclarecimiento de unos hechos que presentan "apariencia delictiva",
constitutivas de "al menos" un delito de prevaricación, "sin descartar
obviamente la existencia de otras infracciones penales.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/07/el_supremo_archiva_causa_contra_imbroda_30980_1012.html
EL ABNEGADO APOYO DEL MINISTRO CATALÁ A IMBRODA, CANDIDATO IMPUTADO POR
MELILLA
Abdeslam Ahmed, el padre de un joven apodado Pisly, está decepcionado e
indignado. Él y Driss Mohamed, el progenitor de Emin, otro chaval
veinteañero, solicitaron ser recibidos brevemente, el jueves 12 de marzo,
por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la visita que efectuó a
Melilla.
Querían pedirle que hiciera todas las gestiones necesarias para averiguar
las circunstancias de la muerte de sus hijos, ambos españoles, en aguas
marroquíes, cerca de Melilla. Fue hace ya casi 17 meses.
Ambos fueron acribillados por las 41 balas disparadas desde una patrullera
de la Marina Real marroquí. Sus padres siguen a la espera de recibir
información pese a que las autoridades de Rabat abrieron, en noviembre de
2013, una investigación y que ese mismo mes el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García Margallo, prometió que "el incidente" se
aclararía "muy rápido"..
Cuando ya estaba Catalá en Melilla, los padres recibieron una llamada de una
funcionaria de la Delegación del Gobierno. Les informó que "por problemas de
agenda" el ministro no podría recibirles, pero les invitó a remitirle una
carta explicándoles lo que querían.
"¡Cómo si no lo supieran de sobra!", se irrita Abdeslam Ahmed. Hasta el
cauto diario local El Faro de Melilla se preguntó en un editorial si "algún
ministro, de los que vendrán en el futuro, tendrá el valor suficiente de
coger el toro por los cuernos y hablar claramente con los padres". Hoy pasa
el día en Melilla el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
En la agenda de Catalá sí hubo tiempo para tres cosas: hacer una visita al
Ayuntamiento, que preside Juan José Imbroda; inaugurar la nueva sede del
Colegio de Abogados, cuyo decano es Blas Jesús Imbroda; y la recién abierta
Oficina Fiscal.
Catalá acudió al Ayuntamiento solo 24 horas después de que el presidente
Imbroda hubiese declarado como imputado en el Tribunal Supremo por haber
presuntamente prevaricado en la contratación irregular de un abogado por la
ciudad autónoma. Ocho de los once consejeros de Melilla están imputados,
algunos por partida doble o triple, y también lo están las esposas de dos de
ellos.
Pese a estar imputado, Juan Jesús Imbroda ha sido nombrado cabeza de lista
del Partido Popular en Melilla a las elecciones municipales de mayo. "A lo
mejor se archiva" la causa, respondió Catalá cuando la prensa le preguntó,
el 4 de marzo, por la designación de Imbroda. "¿Por qué no va a ir en la
lista si la causa que tiene se archiva?", se preguntó el ministro.
Catalá acudió también a la sede del Colegio de Abogados, que aún no está
operativa, 24 horas después de que su decano, Blas Jesús Imbroda, viajase
con su hermano Juan Jesús Imbroda a Madrid para asistirle como letrado en su
declaración ante el juez instructor Francisco Monterde.
Lucha contra la corrupción
Catalá acudió además a la Oficina Fiscal recién abierta en Melilla. Allí
resaltó ante la prensa, según la agencia EFE, que la lucha contra la
corrupción es no solo una demanda de la sociedad sino una "realidad social
porque el Estado de derecho y las instituciones funcionan".
Prueba de ello, según él, son los procedimientos judiciales en marcha.
Prueba de que no es del todo así es que un ministro de Justicia da un
llamativo espaldarazo al candidato imputado, al día siguiente de su
declaración, y otro a su abogado en esa causa abierta por prevaricación.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2015/03/17/el-abnegado-apoyo-del-ministro-catala-a.html
CIUDAD DE MELILLA. EL FISCAL ACUSA A IMBRODA DE ‘DESPRECIAR LA LEY’
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no se ha librado aún del
proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La
decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin
practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio
aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de
prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha
interpuesto un contundente recurso con el que intenta lograr que siga su
curso la investigación abierta a Imbroda por hechos que el Ministerio
Público considera “de una gravedad indudable” y que presentan “perfiles
inequívocamente delictivos”. “El desprecio por las formas y por el respeto a
la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, afirma.
Monterde cerró el pasado día 6 la causa contra el presidente de Melilla por
las irregularidades detectadas en la contratación de un abogado externo para
atender una serie de reclamaciones laborales, pese a la existencia de un
gabinete jurídico en la Administración de la ciudad autónoma. El instructor
tomó esa decisión el mismo día en que el fiscal presentaba un escrito
oponiéndose al archivo, solicitado por Imbroda nada más prestar declaración
el 11 de marzo.
El sobreseimiento del proceso -apenas dos meses después de que el Supremo
admitiera la exposición razonada del juez de Melilla Emilio Lamo de
Espinosa- se ha producido sin que la acción popular, ejercida por la
Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias, haya podido intervenir. Pese a
que la personación de ambas organizaciones fue aceptada por la Sala el 9 de
marzo, Monterde ha cerrado la causa sin haberles fijado la fianza, de manera
que la acusación popular no ha podido participar en la declaración del
imputado, proponer diligencias o formular alegaciones sobre la petición de
archivo.
Para Imbroda era esencial la celeridad en la clausura de un proceso que no
fue obstáculo para que el PP le volviera a designar candidato a la
presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones del próximo mes. El
presidente de Melilla, que convocó una rueda de prensa para celebrar el
archivo, asegura que Rajoy le llamó la pasada semana “para felicitarle”.
El recurso de la Fiscalía del Supremo adquiere en este contexto la máxima
importancia para los intereses de Imbroda y del PP. El escrito del fiscal
Salvador Viada comienza recordando que los Juzgados de Melilla tramitan en
este momento varios procedimientos que ponen de manifiesto que la
contratación de abogados externos por parte de la Administración de la
ciudad se realiza “de manera sistemática” incurriendo en “graves
irregularidades”.
Esa práctica no sólo afecta a letrados. “El presente caso”, relata el
fiscal, “no es más que uno de los investigados en varios Juzgados, de manera
que tan solo tres de los diez miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad
no están implicados en procedimientos judiciales. En los Juzgados se
investigan causas relacionadas con contratos irregulares concedidos a
empresas de seguridad, de concesión de licencias de submarinismo, de
financiación a la prensa local, relacionadas con el campo de golf, además de
la contratación de abogados externos”.
Omisión de información
Por lo que se refiere a la causa elevada al Supremo al aparecer implicado
Imbroda, la Fiscalía considera que los hechos “son claros”. El 15 de mayo de
2014, la policía judicial informa al magistrado Lamo de Espinosa que ha
analizado la contratación del abogado Juan Jesús Olivares conforme a la
documentación enviada por la Administración de la ciudad autónoma, que se
limitaba a tres contratos. “Pero cuando la Guardia Civil solicita la
relación de operaciones con terceros de todos los letrados externos que han
sido designados por el Consejo de Gobierno de 2002 a 2012, aparece que el
citado letrado fue contratado en numerosas ocasiones”, señala el recurso.
La investigación realizada en Melilla reveló que Olivares cobró de la ciudad
autónoma 340.362,50 euros, más 18.030 euros de provisión de fondos que no
constaban en la documentación recibida por la Guardia Civil. La designación
del abogado en un conjunto de procedimientos laborales se hizo mediante un
poder notarial otorgado por Imbroda sin seguir “ninguno de los trámites en
la contratación exigidos por la normativa administrativa: ni por el órgano
competente, sin informe de la necesidad de la prestación del servicio
jurídico, sin informe sobre las razones por las cuales el mismo no podía ser
prestado por los abogados de la ciudad autónoma, sin expediente alguno de
contratación ni objeciones algunas a los pagos”.
“Así”, añade el fiscal, “se abonan provisiones de fondos solicitadas por el
abogado, práctica no autorizada por la normativa administrativa, y todas las
cantidades que el letrado solicita mediante decretos del presidente de la
ciudad, tras haber sido solicitado el pago por el consejero de
Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos. Las facturas del abogado
importaron 750.704,93 euros, aunque el letrado condonó la cantidad de
400.345 euros”.
Melilla ¿ciudad sin ley?
El fiscal se pregunta “cómo es posible que se realicen estas prácticas sin
que los mecanismos de control de gasto detecten estas anomalías”. La
respuesta la encuentra en el hecho de que el gobierno de Melilla se ha
acogido a un régimen especial conocido como “fiscalización limitada”, que
elimina ciertos controles previos a los gastos. Para que pueda utilizarse,
sin embargo, la Administración debe someterse a un conjunto de exigencias,
entre ellas que el régimen de fiscalización limitada se acuerde por el Pleno
de la Corporación, a propuesta del presidente y previo informe del
interventor. Además, los órganos de control interno que realicen las
fiscalizaciones con posterioridad deben emitir un informe escrito para hacer
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.
En Melilla se aprobó ese régimen especial “sin propuesta del presidente, sin
informe del interventor y de espaldas al procedimiento establecido por la
Ley”, subraya el fiscal. Es decir, “se eliminan los controles previos (y
también los posteriores) y esa eliminación se hace a instancia del imputado
al proponer el presupuesto al Pleno de la Corporación”. De esta forma, para
el Ministerio Publico “la supresión de las medidas de control ordinarias
establecidas por la ley para la aprobación del gasto público y para el
examen de la regularidad de la contratación administrativa es
responsabilidad directa del aforado”.
Decae así, a juicio de la Fiscalía, uno de los argumentos del archivo
decretado por el instructor del Supremo, Francisco Monterde, según el cual
Imbroda no tenía “clara conciencia de la ilegalidad” del procedimiento de
contratación ya que ningún órgano le avisó de irregularidad alguna.
Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los
pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos
“Esta alegación no puede sostenerse”, replica el fiscal, para el que se
trata de un típico caso de ignorancia deliberada o buscada por el propio
responsable de la situación. El recurso lo explica así: “Claro que no le
avisaron, él se encargó de descargar a quien tenía la obligación de avisarle
(por cierto, alguien elegido por él mismo). Cuando ordena pagar, el aforado
lleva ya varios años de alcalde del Ayuntamiento, sabe perfectamente, o debe
saber, cómo debe funcionar una Administración pública, en la que el dinero
no se puede manejar como si fuera propio. Ese dinero es de los
contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen
conforme a los procedimientos establecidos, de manera que se garantice que
el dinero no se va a derrochar o no se va a utilizar de manera irregular o
ilícita. Por el contrario, aquí es la voluntad del alcalde, soslayando las
obligaciones legales y el procedimiento administrativo, la que determina
cómo se debe disponer del dinero. Eso si, alegando luego que no sabía ni
nadie le advirtió que había nada irregular. En opinión del fiscal (y del
juez de instrucción, y de la Guardia Civil, y de la Intervención General de
la Administración del Estado), había muchas cosas irregulares, y había una
reducción intencionada de controles establecidos por la ley para evitar que
esas cosas irregulares se detectaran”.
Argumentos ‘increíbles’
El resto de los argumentos de Monterde son, para el fiscal, “increíbles”. A
su parecer, carece de consistencia afirmar que la contratación de letrados
externos era de naturaleza civil y dar relevancia al hecho de que Imbroda
haya asegurado que él no eligió a Olivares. El Ministerio Público afirma que
no se ha investigado quien contactó con este letrado y destaca que, si se
considera un dato trascendente, al menos se debería haber tomado declaración
al propio abogado.
“En todo caso”, añade el recurso, “lo importante es quién le contrató
omitiendo todos los trámites administrativos precisos” y ello apunta a Juan
José Imbroda, que fue quien otorgó el poder.
Para el fiscal, si la intervención del presidente de Melilla se hubiera
limitado a eso, “podríamos entrar a discutir si [Imbroda] no era más que un
eslabón de la maquinaria administrativa. Pero es que no fue así”.
“Por un lado”, afirma, “esa maquinaria se diseñó de manera deliberada para
que permitiera actuar al equipo de gobierno con una falta de sujeción al
derecho administrativo, a los requisitos legales exigidos para cada acto y
para cada contrato, y la implementación de ese diseño es responsabilidad
directa del aforado. Pero es que, además, Imbroda intervino de manera
decisiva en otras fases del contrato, singularmente en el pago [de las
minutas], y también de modo absolutamente ajeno a las exigencias legales”.
“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer
de dinero público es absoluto”, concluye el fiscal.
El cierre del proceso ha causado sorpresa en ámbitos judiciales de Melilla,
que encuentran dificultades para investigar las actuaciones del equipo de
gobierno de Imbroda. En esos medios se considera que en el Tribunal Supremo
no se ha realizado una verdadera instrucción. Si el instructor rechaza la
impugnación del fiscal, la última palabra la tendrá la Sala porque el
Ministerio Público ya ha anunciado que irá en apelación al tribunal
superior.
http://www.elespanol.com/actualidad/el-fiscal-acusa-a-imbroda-de-despreciar-la-ley/
IMBRODA NIEGA EN EL SUPREMO QUE HICIERA UN CONTRATO IRREGULAR
El presidente de Melilla: "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos
cristalinos"
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, negó ayer haber prevaricado al
contratar a un abogado, en 2001, con fondos públicos. “Tengo la conciencia
tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglado raro”,
aseguró Imbroda a los periodistas tras declarar durante hora y media ante el
magistrado Francisco Monterde, el instructor de la causa abierta por el alto
tribunal para investigar la actuación del también senador del PP.
El Supremo decidió abrir una causa contra Imbroda tras analizar la
exposición razonada que elevó el juez de primera instancia e instrucción
número 2 de Melilla, Emilio Lamo Espinosa. Este cree que existen indicios de
que Imbroda ha incurrido en delitos de prevaricación continuada,
malversación de caudales públicos y fraude en la contratación sin concurso
del abogado, al que pagó 357.000 euros con fondos de la ciudad autónoma.
El presidente de la ciudad autónoma, que acaba de ser confirmado por el PP
como candidato a la reelección para las elecciones del próximo 24 de mayo,
insistió ayer en que la contratación del abogado se hizo “sin ninguna
doblez” y confió en que el Supremo archive el caso. Pero Imbroda puso su
cargo a disposición del partido. “Si me lo piden estaré abajo limpiando,
porque aquí lo importante son los ciudadanos de Melilla, a los que lo que
menos les interesa es la inestabilidad”, afirmó.
“En ningún momento tuve una advertencia de ilegalidad”, sostuvo el senador
popular, que no quiso comparar su caso con el que afecta a los ex
presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426101706_349255.html
EL GOBIERNO DEL PP EN MELILLA, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN
La mitad de las consejerías involucradas en el amaño de contratos públicos,
ha habido diez detenidos, Imbroda acaba de ser imputado y el PP ignora el
escándalo
Mientras dos ministros del PP, el de Sanidad y el de Justicia, exigen al
PSOE que Chaves y Griñán dejen sus escaños a falta de que el Supremo les
impute un delito, ni una palabra sobre el escándalo que rodea al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, del PP. Su presidente, Juan José Imbroda fue
imputado la pasada semana por un presunto delito de prevaricación al
contratar a dedo a un abogado al que pagó con dinero público más de 300.000
euros. La dirección del partido ya ha dicho que no le van a pedir que
dimita, y no solo eso, lo van a volver a presentar de candidato. La
‘Operación Tosca’ realizada por la Guardia Civil se ha cerrado con diez
detenciones en Melilla y cinco consejerías de las diez del gobierno local
investigadas y registradas. El Ministro de Justicia no parece darse por
enterado.
La trama descubierta por la UCO consiste básicamente en una trama organizada
entre políticos del PP, funcionarios y empresarios que adjudicaban obras a
determinadas empresas presuntamente a cambio de ‘prebendas’ o puestos de
trabajo para sus familiares. En total han sido detenidas 15 personas, diez
en Melilla, tres en Madrid, una en Málaga y una en Lanzarote. Entre las
empresas implicadas están Eulen, Himosa, la filial del Canal de Isabel II
Hispanagua SAU, y la empresa pública del gobierno de Melilla Proyectos
Melilla SA.
Del tráfico de drogas a la corrupción
Todo este escándalo, que afecta ya a la mitad del gobierno de Melilla, se
descubrió de manera casual en el año 2012 cuando se investigaba a un
empresario de Melilla, Abdelkader Kassen, por un delito de tráfico de drogas
y blanqueo de capitales. La investigación de ese caso descubrió conexiones
con adjudicaciones de contratos públicos en Melilla, la Guardia Civil pidió
apoyo a la UCO (Unidad Central Operativa) que puso en marcha la llamada
‘Operación Opera’ que en 2013 provocó la detención, entre otras personas,
del Consejero de Medioambiente de Melilla, José Ángel Pérez Calabuig. En
aquella investigación se descubrió que para evitar sacar las obras o
proyectos a concurso público se fraccionaban en contratos pequeños que se
adjudicaban a dedo. La operación policial puesta en marcha ahora se denomina
‘Tosca’ y además de los 15 detenidos hay 20 personas imputadas, entre ellas
dos consejeros del Gobierno de Melilla.
Delitos graves
En las últimas horas han sido registradas las consejerías de Medio Ambiente,
Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la vice
consejería de Festejos. En los próximos días tendrán que comparecer como
imputados ante el juzgado número 4 de Melilla una veintena de personas,
entre ellos dos consejeros, a los que se les imputan los presuntos delitos
de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Por tanto, además del
Presidente de Melilla están imputados otros dos consejeros, sin embargo en
lo que a corrupción se refiere, Melilla no existe para el PP.
http://www.elplural.com/2015/02/18/el-gobierno-del-pp-en-melilla-cercado-por-la-corrupcion/
EL SUPREMO INVESTIGA AL PRESIDENTE DE MELILLA POR UN CONTRATO A DEDO
El tribunal se declara competente para abrir una causa contra el senador del
PP
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigará al presidente de Melila
y senador del PP, Juan José Imbroda, por un delito de prevaricación
presuntamente cometido en la contratación de un abogado por la ciudad
autónoma con fondos públicos. La sala ha decidido en un auto, de acuerdo con
el criterio del fiscal, declararse competente para dirigir la causa contra
Imbroda como aforado y designa instructor al magistrado Francisco Monterde
Ferrer. El Supremo también resuelve que el juzgado de instrucción número 2
de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados.
El tribunal ha adoptado esta decisión tras analizar la exposición razonada
que elevó el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla,
Emilio Lamo Espinosa, que apreció indicios de que Imbroda haya incurrido en
varios delitos al contratar a dedo a un abogado externo al que pagó 357.000
euros con fondos públicos.
El fiscal informó el pasado mes de octubre a favor de que el Supremo abriera
esta causa contra el senador del PP porque considera que "hay indicios
suficientes" de la posible comisión de un delito de prevaricación "sin
descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales" y
considera que se debe esclarecer la conducta de Imbroda. El Supremo
investigará los hechos y si aprecia indicios de la posible implicación del
presidente de Melilla. En ese caso pediría el suplicatorio contra él para
que acudiera a declarar.
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/12/actualidad/1423743719_125036.html
IMBRODA DICE ESTAR 'LA MAR DE TRANQUILO' TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL SUPREMO
Celebra poder hablar 'por fin', algo que, según dice, hasta ahora no le han
'dejado'
No tiene sentimiento de que se haya conculcado ninguna ley
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, está "la mar de tranquilo" a
pesar de que el Tribunal Supremo le haya imputado por un presunto delito de
prevaricación en el caso de la contratación de abogados externos en la
Ciudad Autónoma. En este caso también hay varios miembros de su Gobierno en
la misma situación, aunque el caso de Imbroda se ha ralentizado por el
aforamiento que le otorga su escaño en el Senado. El Supremo se acaba de
pronunciar abriéndole un proceso penal, una decisión por la que Imbroda ha
dicho estar satisfecho porque eso le dará la posibilidad de dar
explicaciones ante el juez.
Esta decisión ha pillado a Imbroda en Ceuta, donde este jueves ha
participado en una cumbre de las dos Ciudades Autónomas para hablar sobre
problemas comunes. Desde allí, Imbroda ha grabado una declaración de poco
más de un minuto para mostrar su tranquilidad por todo este asunto, como ya
hizo el pasado verano cuando estalló el caso a raíz de una denuncia
presentada por Populares en Libertad (PPL). Entonces ya afirmó que tenía
"cero preocupación" por este caso y que el Gobierno melillense había
intentado varias veces personarse en el caso, pero el Juzgado de Instrucción
número 2 de la ciudad autónoma, que estaba investigando el caso, no se lo
había permitido.
Con su imputación y la apertura de este proceso penal, Imbroda dice que "por
fin" tendrá la oportunidad de hablar y le podrán escuchar. "Hasta ahora no
me han dejado", ha lamentado el presidente melillense, que se ha puesto a
disposición del Tribunal Supremo para ir cuando le citen y para que le
pregunten. "Voy a dar mi versión, que es la que tengo, y la que tengo es la
verdad", ha asegurado Imbroda dejando claro que no tiene nada que ver "en
esta historia" ni tampoco tiene "ningún sentimiento de que se haya
conculcado una ley". Además, ha subrayado que, "como siempre", no se ha
llevado "ni un duro".
De este modo, Imbroda ha insistido en lo que ya dijo hace varios meses, y es
que ningún técnico de la Ciudad Autónoma le advirtió de que la contratación
de un abogado externo contraviniera la ley. Simplemente, ha dicho, firmó las
minutas de un abogado que hizo su trabajo porque éste cumplió con el encargo
que se le había hecho desde la administración pública melillense. El caso se
remonta al año 2000, cuando la Ciudad Autónoma de Melilla contrató al
abogado Juan Jesús Olivares para que colaborara en la defensa de los
intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas contra
ella por el despido de unas cooperativas ilegalmente contratadas.
"[La contratación del abogado] tenía todas las bendiciones legales, y nadie
me advirtió a mí nunca, ningún técnico ni ningún interventor, de que eso era
irregular", ha manifestado Imbroda. De hecho, ha insistido en que "abogados
se han contratado a decenas", otro argumento que ya esgrimió en verano ante
la prensa, recordando que todas las administraciones públicas, incluida la
del Estado, ha recurrido a abogados externos en casos como, por ejemplo, el
Prestige o el Odyssey, aun teniendo la Abogacía del Estado. También hace
unos meses negó que él haya incurrido en un presunto delito de
prevaricación, ya que para eso debe haber internacionalidad, y recordó que
el Supremo ya archivó una denuncia similar contra él en el año 2003.
La reacción de la oposición
En este caso, la denuncia fue presentada en 2011 por el partido PPL,
formación que integran numerosos antiguos militantes populares. Entre ellos
el presidente, Ignacio Velázquez, que fue primero alcalde y después
presidente de Melilla entre 1991 y 1998, época en la que también dirigía el
PP. El propio Velázquez ha pedido hoy decisiones "fulminantes" y que la
situación jurídica de Imbroda se tenga en cuenta de cara a las próximas
elecciones autonómicas, en las que éste se postulaba como candidato del PP
por cuarta vez consecutiva, dado el apoyo público que le han mostrado
numerosos dirigentes del partido en las últimas semanas.
El PSOE también ha coincidido en este punto, ya que considera que Imbroda
"debería dar un paso atrás y no ser candidato a las próximas elecciones".
Según la candidata socialista al 24-M, Gloria Rojas, Imbroda no está
capacitado para representar a los melillenses, como tampoco el resto de
miembros del Gobierno autonómico que también están imputados. Además, ha
dicho que si ella estuviera en el lugar del presidente popular dimitiría, y
le ha pedido que no ponga trabas a la investigación judicial "si no tiene
nada que esconder".
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/12/54dcae6522601d3e598b456b.html
LA FISCALÍA PIDE QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A IMBRODA POR POSIBLE
PREVARICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO
La pena aparejada a este delito es de siete a diez años de inhabilitación
Además, no se descartan 'obviamente la existencia de otras infracciones
penales'
La Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Supremo asuma la
competencia para investigar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por
indicios de delito de prevaricación en la contratación de un abogado.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público
ha considerado que la Sala de lo Penal es competente para investigar esta
causa y para nombrar a un magistrado instructor al entender que hay indicios
"suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que presentan
"apariencia delictiva", constitutivas de delito de prevaricación, "sin
descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales".
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo
Espinosa, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía
indicios de delito de prevaricación continuada, malversación de caudales
públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local.
La Fiscalía da el visto bueno al inicio de actuaciones penales para
esclarecer la conducta del aforado Juan José Imbroda "al menos y por lo
conocido hasta el momento" de un delito tipificado en el artículo 404 del
Código Penal, que castiga a la autoridad que dicta una resolución arbitraria
en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Sólo este artículo
lleva una pena aparejada de siete a diez años de inhabilitación.
Imbroda tiene 'cero preocupación'
El portavoz del Grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, puso de
relieve el pasado agosto de la remisión de la exposición razonada de esta
causa por posibles delitos relacionados con el pago de 350.000 euros a un
abogado externo.
Imbroda reaccionó afirmando que denunciaría al diputado liberal si ha
vulnerado un secreto de las actuaciones y manifestó que este asunto le
genera "cero preocupación".
Según dijo, el caso se remontaba al año 2000 cuando la ciudad autónoma
contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de
la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de
unas cooperativas ilegalmente contratadas.
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/29/5450efbf22601d3d748b457d.html
UN JUEZ PIDE AL SUPREMO EL SUPLICATORIO DEL PRESIDENTE DE MELILLA
El magistrado ve indicios de fraude y malversación de fondos públicos en la
contratación de un abogado
Además de la presión migratoria Melilla padece otros problemas. Un juez de
Melilla ha solicitado al Tribunal Supremo el suplicatorio del presidente
melillense, Juan José Imbroda, porque ve indicios de fraude, malversación de
fondos públicos y prevaricación en la contratación de un abogado por la
ciudad autónoma.
"(...) ya ha sido dictada exposición razonada para su elevación a la sala de
lo penal del Tribunal Supremo en fecha del 11 de agosto", escribe Emilio
Lamo de Espinosa, titular del juzgado de instrucción número 2 de Melilla, en
un auto del 18 de agosto aludiendo al suplicatorio que ha pedido para
Imbroda. Éste es aforado como senador, pero no como presidente de la ciudad
aunque los presuntos delitos los habría cometido como alcalde.
Juan José Imbroda, de 70 años, presidente de la ciudad y de la rama local
del Partido Popular (PP), gobierna Melilla, ahora con mayoría absoluta,
desde hace 14 años. A día de hoy las tres cuartas partes de los consejeros
de su Gobierno están imputados en diferentes escándalos de corrupción entre
los que destaca sobre todo la Operación Ópera.
Simy Chocrón, la consejera de Cultura y Festejos, también está imputada
desde 2013 por "prevaricación administrativa" por publicar con fondos
públicos un libro titulado Melilla y su judaísmo de cuya existencia la
oposición socialista duda. Ella, que pertenece a la comunidad judía, asegura
que se hicieron varias tiradas, hasta alcanzar los 4.000 ejemplares, y acusa
de "antisemitas" a sus detractores.
El 75% de los consejeros de la Ciudad Autónoma están encausados
La Asociación Libre de Abogados (ALA), que preside José María Pérez, se
querelló contra la ciudad en 2011 por la supuesta contratación irregular de
varios letrados pese a que esta poseía sus propios servicios jurídicos. Lamo
de Espinosa encargó entonces una investigación a la Guardia Civil, que actuó
como policía judicial, y un informe a la Intervención General de la
Administración del Estado.
Partiendo de ambos y de sus propias diligencias el juez instructor ha
solicitado el suplicatorio para Imbroda a la vez que, en una pieza separada,
ha imputado por prevaricación o complicidad en la prevaricación (artículo
404 del código penal) a, por ahora, otras seis personas. A todas ellas las
ha llamado a declarar el 12 de septiembre.
Preguntado por este corresponsal por el suplicatorio, Imbroda reiteró por
teléfono unas declaraciones que el jueves por la noche hizo a un medio
melillense. Afirmó que esta especie de "pre imputación" no le preocupa nada.
Recordó que es ya "la segunda vez" que intentan "deshacerse [de él] a través
de los juzgados" por ordenar el pago de la minuta de abogados que él no
contrató.
Entre los imputados por el juez en el auto del 18 de agosto figuran la
consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, el interventor
municipal, Francisco Javier Platero Lázaro, y cuatro letrados que se habrían
beneficiado de estas contrataciones "sin cumplir las previsiones legales".
Se asemejan "a un contrato entre particulares prescindiendo de todo
procedimiento que posibilitara la concurrencia de otros profesionales",
recalca.
En su investigación sobre los decretos firmados por Imbroda para pagar
350.359 euros -la minuta inicial era de 750.704 euros- a otro letrado, Juan
Jesús Olivares Amaya, contratado para que defendiera a la ciudad en un
juicio que la enfrentó a la sociedad Cooperativas de Trabajo, la Guardia
Civil señala que su labor fue "obstaculizada".
"Se pudo comprobar que la documentación remitida [por la ciudad] no se
corresponde con los datos solicitados por la autoridad judicial y que habían
sido confeccionados estos expedientes con las carpetas de los servicios
jurídicos de la ciudad autónoma de Melilla para su remisión al juzgado", se
queja el Instituto Armado. En un segundo intento sí obtuvo toda la
documentación requerida.
Los agentes que llevaron a cabo la investigación consideran en primer lugar
a Imbroda como "responsable de la contratación ilegal del letrado", señala
el informe. El presidente designó al abogado Olivares Amaya a pesar de
"existir unos servicios jurídicos y un letrado externo ya contratado por la
ciudad autónoma para estos fines" y lo hizo "sin que constase un informe de
necesidad que justificara tal contratación".
Subraya además la Guardia Civil que el presidente melillense designó a este
letrado "sin constar una aprobación de gasto previa" cuando la "ley prohíbe
que una administración pública adelante fondos públicos para una prestación
de servicios sin existir una contratación previa".
Por todas estas razones el magistrado Lamo de Espinosa duda de que al
recurrir a los servicios de Olivares Amaya se haya respetado el principio de
publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia que requieren estas
contrataciones. Si esto no fuera así la contratación "pudiera estar
expresamente prevista y penada en el código penal", advierte.
A pesar de tener solo 85.000 habitantes, un tercio de la población de, por
ejemplo, Granada, Melilla maneja un presupuesto (237 millones de euros en
2014) similar al de la ciudad andaluza. El Estado es generoso con ella a
causa de su singularidad: está alejada de la Península y es fronteriza con
Marruecos. Su presupuesto supera también con creces al de otras ciudades
peninsulares más pobladas como Badajoz (152.000 habitantes) o Almería
(190.350).
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/23/53f7b030ca4741c3568b458c.html
LOS SINDICATOS DE ESTUDIANTES CALIFICAN DE “IMPRESENTABLE” LA CONCESIÓN DE
UNA BECA A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE MELILLA
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) y la
Federación de Estudiantes Progresistas (Faest) calificaron hoy de
"impresentable" la concesión de una beca a la hija del presidente de
Melilla, Juan José Imbroda, por valor de 1.000 euros por parte de la
Consejería de Presidencia de esa ciudad autónoma.
La hija del presidente, Inés Isabel Imbroda Conde, que estudia Medicina en
la Universidad San Pablo CEU de Madrid, ha recibido la máxima ayuda
económica prevista en la convocatoria, pese a que el presidente Imbroda
percibe unos emolumentos anuales de 78.889 euros.
“No estamos de acuerdo con esta asignación. Las becas han de ser concedidas
atendiendo a los ingresos económicos de los posibles receptores sin tener en
cuenta el apellido de sus progenitores”, aseguró en declaraciones a
Servimedia María Rodríguez, presidenta de Canae.
Por su parte, Félix González, presidente de Faest, indicó a esta agencia que
"es impresentable que una persona con unos ingresos tan altos como los de su
familia haya recibido una beca. Más aún en un contexto de recortes
generalizados en el que un gran número de estudiantes no tiene acceso a una
ayuda”.
Servimedia ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la Presidencia de
Melilla para conocer su versión de los hechos.
https://www.lainformacion.com/educacion/estudiantes/los-sindicatos-de-estudiantes-califican-de-impresentable-la-concesion-de-una-beca-a-la-hija-del-presidente-de-melilla_IaB0HyQULrCUOnL9k7Fbv1/
MELILLA DA UNA BECA UNIVERSITARIA DE 1.000 EUROS A LA HIJA... DEL PRESIDENTE
IMBRODA
¿Han entendido algunos partidos el mensaje dirigido por buena parte de los
ciudadanos contra “la casta” el pasado 25-M? A algunos parece que todavía
les cuesta entender que cualquier cosa que sea considerada un privilegio
puede hacer explotar la mecha de la indignación popular. Veamos un caso en
apariencia efímero.
¿Necesita la hija del presidente de Melilla una ayuda económica para iniciar
sus estudios universitarios? Pues parece ser que sí. Aunque su padre cobre
del erario público 78.899 euros de sueldo, que no está nada mal.
Pues bien, la última convocatoria de becas universitarias concedida por la
Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma ha distinguido a la hija del
jefe con una ayuda económica de 1.000 euros, el máximo estipulado en la
convocatoria. Sirva de alivio, al menos, decir que, para ella, al igual que
para el resto de candidatos, no se han tenido en cuenta los ingresos de sus
padres.
El nombre de Inés Isabel Imbroda Conde aparece en el Boletín Oficial de
Melilla del pasado 26 de mayo como una de las agraciadas. La ayuda de 1.000
euros va dirigida, según las bases de la convocatoria, para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para
mayores de 25. Fuentes oficiales de la ciudad explican a El Confidencial que
es la primera vez que la hija de Imbroda solicita esta beca y restan
importancia a sus apellidos pues, alegan, se ha tratado a ella como al resto
de los aspirantes.
Aseguran, en este sentido, que el fondo para becas está dotado con 700.000
euros por parte de la ciudad y que, en ningún caso, se tienen en cuenta las
rentas familiares, sino sólo los méritos académicos aportados por los
solicitantes. La pregunta es… ¿era necesario?
https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2014-06-03/melilla-da-una-beca-universitaria-de-1-000-euros-a-la-hija-de-imbroda_140559/
DETENIDOS EL CONSEJERO Y OTROS DOS ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE DE MELILLA
Entre los arrestados está el propio el consejero, José Ángel Pérez Calabuig
También ha sido detenido el interventor, que ayer cumplió 10 meses en el
cargo
Se investigan presuntos fraudes en materia de contratación pública desde
2009
La Guardia Civil ha detenido a tres altos cargos de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla por su presunta relación con la
'operación Ópera', en la que el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla
investiga presuntos fraudes de ley en materia de contratación pública.
Fuentes policiales han confirmado que se trata del consejero de Medio
Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el director general de Gestión
Económica de la consejería, José Pastor, y el funcionario Carlos López
Rueda. Además, también ha sido detenido el interventor de la Ciudad
Autónoma, Francisco Platero, que fue designado de forma accidental en este
cargo en diciembre del año pasado, tras el fallecimiento de su antecesor.
Ayer, precisamente, cumplió diez meses como interventor de la Administración
melillense.
La Comandancia de la Guardia Civil ha informado de que desde primera hora de
esta mañana se está procediendo a la detención de varias personas y la
imputación de otras, sin especificar su identidad, las cuales serán puestas
a disposición judicial "tan pronto como finalicen las diligencias
policiales" que está tramitando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil.
Los tres detenidos se encuentran en la Comandancia de la Guardia Civil de
Melilla, donde se ha personado ya el abogado de alguno de ellos. También se
ha generado una gran expectación en las Torres V Centenario de la ciudad
autónoma, sede de la planta judicial, a la espera de que sean trasladados
hasta allí para prestar declaración ante la juez María José Alcázar, que se
encuentra de guardia esta semana.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha dicho esta mañana en una
comparecencia sin preguntas que lo único que sabe es que la Guardia Civil
"ha llamado a declarar" a Calabuig, Pastor y López Rueda ante la juez de
guardia, pero ha dicho desconocer el motivo. "No sabemos más nada, tampoco
estábamos avisados", ha apuntado antes de reconocer su sorpresa.
Además, ha confiado en que "las dudas" que pueda tener la juez respecto a
alguna actuación "se aclaren" tras escuchar a los tres altos cargos de la
Consejería de Medio Ambiente, de los que ha dicho que hace varios días
presentaron sendos escritos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla
para pedir que los llamaran a declarar sobre el auto de la 'operación
Ópera'.
Cabe recordar que Calabuig y Pastor aparecían en dicho auto judicial, al
igual que el ex consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, que al parecer
se encuentra fuera de Melilla. Según el acta de notificación de la Guardia
Civil, a la que ha tenido acceso este periódico, el ex consejero ha sido
citado a declarar ante la juez en calidad de imputado no detenido.
El actual consejero de Medio Ambiente, su antecesor y el director general
eran objeto de una de las líneas de investigación de la 'operación Ópera'
(obras en latín) para comprobar sus movimientos y patrimonio en los últimos
años. Aunque en el auto no aparecía ninguna imputación, sí aludía a que los
hechos investigados serían presuntos delitos de prevaricación, malversación,
tráfico de influencias, fraude y falsedad documental. También hay indicios
de blanqueo de capitales .
La 'operación Ópera' empezó en 2009, pero no fue hasta el 12 de septiembre
de este año cuando se destapó el caso por el registro de varias dependencias
públicas de la Ciudad Autónoma por parte de Unidad de Policía Judicial de la
Guardia Civil. Aquel día, además, fue detenido el empresario A.K.A., cuya
investigación por un presunto fraude fiscal es lo que originó la
investigación de la adjudicación de los contratos menores de la Consejería
de Medio Ambiente. Cumplidas las 72 horas de su detención, la juez envió al
empresario a prisión provisional.
Días después del registro, José Ángel Pérez Calabuig, Ramón Gavilán y José
Pastor dieron una rueda de prensa para negar los hechos investigados por el
Juzgado de Instrucción número 4, especialmente los relacionados con sus
respectivos patrimonios. Además, dijeron sentirse "condenados" en su vida
pública en Melilla tras la filtración del auto de la 'operación Ópera',
dadas las "falsedades" que éste contiene, según apuntaron.
Hoy, el presidente melillense ha confiado en la Justicia y en la
honorabilidad de sus compañeros "que están declarando". "Vamos a ver si es
todo un malentendido y que se solucione una vez que les pregunten esto o los
extremos que crea la Justicia que tenga que preguntar", ha agregado Imbroda,
que ha dicho no poder decir más nada porque lo desconocía al estar el caso
bajo secreto de sumario. De todos modos, ha asegurado que el Gobierno tiene
"muchísimas conciencias tranquilas", algo que a él le sobra "como para poder
dormir tranquilo todas las noches del tirón".
El PSOE ha pedido a Imbroda que convoque de forma urgente a la Junta de
Portavoces para explicar a los grupos parlamentarios de la Asamblea todo lo
que sepa en torno a este asunto.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/18/espana/1382097562.html
LA MELILLA DEL PP CONDECORA A UN ASESOR 'ORGULLOSO' DE HABER ESTADO EN LA
EJECUCIÓN DE PUIG ANTICH
El galardonado, Ramón Antón Mota, incluye como 'mérito' en su currículo
haber sido testigo del último ajusticiamiento por garrote vil del franquismo
Y es que el Gobierno melillense acaba de conceder, con la oposición de los
demás grupos políticos, una medalla de oro de la Policía Local a Ramón Antón
Mota, exConsejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, actual asesor del
propio Imbroda y que en su currículo, como mérito, incluye entre los
momentos más importantes de su trayectoria “el gran logro” de haber estado
“en comisión de servicios” en la última ejecución que ha habido en España
por garrote vil.
El “mérito” de haber asistido al ajusticiamiento de Puig Antich
En concreto, a la hora de glosar la trayectoria profesional como funcionario
del Ministerio de Interior, que imaginamos ha facilitado el propio señor
Antón Mota, se puede leer: “Ha estado en comisión de servicios en Bilbao,
Pamplona, Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona (con motivo de la última
ejecución que hubo en España, la de Puch (sic) Antich, a la que asistió el
Delegado Gubernativo)…".
El currículum no sólo tiene errores de bulto en el nombre del militante
anarquista Salvador Puig Antich, que fue ejecutado por medio del garrote vil
en marzo de 1974, sino que también se equivoca cuando afirma que esa fue "la
última ejecución que hubo en España), ya que a finales de 1975 se fusiló a
cuatro miembros del FRAP y a dos de ETA. Pero lo que ha llevado a oponerse a
los demás grupos presentes en el parlamento de Melilla es que se considere
esto mérito curricular como para conceder una medalla de oro que lleva el
nombre de la policía de la ciudad.
Otro mérito, haber vivido el estado de excepción en el País Vasco
En el mismo repaso al historial profesional del señor Antón Mota, el
Gobierno de Melilla subraya que “ingresa en el antiguo Cuerpo Superior de
Policía en 1970, siendo destinado al País Vasco (Irún), donde se declara por
primera vez estado de excepción”.
En fin, Melilla ha concedido 3 medallas de oro de la Policía Local. Las
otras dos fueron para condecorar al Cuerpo Nacional de Policía y a la
Guardia Civil. En este caso las concesiones fueron por unanimidad de todas
las fuerzas políticas. Pero no así en el caso de Antón Mota.
Un caso de juanpalomo
La medalla concedida por el Gobierno de Imbroda a su exConsejero de
Seguridad se ha encontrado con el voto en contra de PSOE, Coalición por
Melilla y Partido Populares en Libertad (escisión del PP). Estos grupos
políticos han rechazado la concesión de la distinción porque dicen no poder
aceptar que se premie “a quien incluye en su currículum como mérito
profesional un hecho tan aberrante como es una ejecución”.
Pero es que además se da el curioso caso de que la medalla que ahora el
Gobierno popular de Melilla concede a Ramón Antón Mota fue instaurada por el
propio Antón Mota durante sus años como Consejero de Seguridad Ciudadana. Es
decir, se trata de una nueva actualización del viejo dicho de juanpalomo
https://www.elplural.com/politica/la-melilla-del-pp-condecora-a-un-asesor-orgulloso-de-haber-estado-en-la-ejecucion-de-puig-antich_69137102
EL "MAMONEO" DE LOS 'JÓVENES' DEL PP DE MELILLA: "SE REPARTÍAN LOS DINEROS Y
LAS SUBVENCIONES ILEGALES"
La denuncia de una presunta trama de corrupción en torno a la viceconsejería
de Juventud de la ciudad autónoma parte de un militante ‘popular’
José Valdivieso, militante del PP y desde el pasado 3 de enero secretario y
tesorero de la plataforma de participación Consejo de la Juventud (CJML), ha
denunciado en los tribunales y ante el Defensor del Pueblo las
irregularidades detectadas en el organismo, que salpican de lleno al
Gobierno del popular Juan José Imbroda en la ciudad autónoma.
Unos 240.000 euros de subvenciones presuntamente ilegales
El denunciante explica que el Consejo funcionó con normalidad hasta 2003,
pero que a partir de entonces Imbroda llama al asalto de ese foro –integrado
en principio por asociaciones juveniles independientes- y para conseguirlo
empiezan a “contratar a gente a diestro y siniestro con Nuevas Generaciones
del PP", y a partir de ahí se politiza en torno a organizaciones afines a
los populares y a UPM. En una entrevista en la web melillense
Estoesdepelicula, Valdivieso advierte de que el CJML estuvo funcionando
ilegalmente entre 2004 y 2008 porque no adaptaron sus estatutos a la nueva
Ley Orgánica, y durante ese período no podían recibir por tanto subvenciones
públicas, pero sí les llegaron y en cantidad, cerca de 120.000 euros desde
el Gobierno del PP en la ciudad autónoma y otros 120.000 del Injuve. El
nuevo marco estatutario impedía por ejemplo que miembros de las Ejecutivas
de las asociaciones superaran los 30 años, una edad que sobrepasaban varios
de los miembros vinculados al PP.
Dinero se reparte entre asociaciones afines
Valdivieso advierte de que cuando investigó en el Injuve quien había dado el
visto bueno al CJML ilegal le enseñaron una carta firmada por el entonces
consejero de Fomento y Juventud del Gobierno popular de Melilla en base a la
cual pudieron recibir las subvenciones ilegalmente. A partir de ahí, ese
dinero ilegal se reparte entre las asociaciones afines: “No las han
justificado. La Ciudad Autónoma no les ha pedido que las justifiquen y no
les ha pedido que devuelvan el dinero. Es decir, que todo ese dinero que se
está dando en subvenciones a lo mejor se lo han gastado en comprarse bragas,
móviles...o vete tú a saber dónde. La Ciudad Autónoma se niega a facilitar
esa información".
Boicot de la investigación por parte del Gobierno del PP
Así, este militante del PP insiste en que avisó al Gobierno de la ciudad
autónoma de las irregularidades, y que en la actualidad la viceconsejera de
Juventud, Sofía Acedo, intenta vetar la investigación “por todos los lados”
y les impide acceder a la documentación del Consejo.
La conexión viceconjesería-CJML-contratos
Pero la toma del Consejo y el reparto de subvenciones presuntamente ilegales
es solo una pata de la trama que denuncia y que tiene como vértice la
viceconsejería de Juventud. Por ejemplo, en la propia sede de la
viceconsejería trabaja Mónica Benítez, presidenta de Futuro Joven, una de
las asociaciones que integra el Consejo y que ha recibido 500.000 euros en
subvenciones y en contratos para su empresa. “Con las subvenciones se
autocontrataban”, explica, e insiste en que los mismos nombres que aparecen
en la Ejecutiva del Consejo contaban con empresas privadas a las que luego
contrataba “a dedo” la viceconsejería, como Inca Rojas.
“Subvenciones ilegales entre un grupo de amigos”
Valdivieso también ha explicado este escándalo en Interviú, donde insiste en
que se trata de una “trama de corrupción” de este partido y sus jóvenes en
la Ciudad Autónoma: “El CJML era un ente muerto, pero en el que se repartían
los dineros y las subvenciones ilegales entre un grupo de amigos”.Y habla
directamente de "mamoneo" con adjudicaciones de contratos sospechosas. Por
ejemplo en 2008 Ecologistas en Acción concurrió a un concurso para organizar
los campamentos juveniles de la ciudad, y aunque obtuvo la máxima
baremación, los eliminaron alegando "inexperiencia", como recuerda el
responsable de la organización verde, Manuel Soria.
"La elección estaba hecha de antemano"
El contrato fue adjudicado a Proyecto Joven y a Melilla Espacio Joven -cuya
secretaria es Cristina Jiménez, sobrina de uno de los viceconsejores del
Gobierno del PP en la ciudad autónoma-, y al año siguiente y con el mismo
proyecto Ecologistas en Acción vieron como los conceptos que obtenían la
mejor nota posible ahora eran rebajados "por la cara" y los campamentos
recayeron en Melilla Activa y Melilla en Movimiento, también relacionadas
con la red juvenil del PP. Los ecologistas recurrieron conscientes de que no
serviría para mucho pero para que no les tomases "por tontos" ya que "la
elección estaba hecha de antemano".
https://www.elplural.com/politica/el-mamoneo-de-los-jovenes-del-pp-de-melilla-se-repartian-los-dineros-y-las-subvenciones-ilegales_47403102
ALGO HUELE A PODRIDO EN MELILLA: LOS IMBRODA, UNA FAMILIA MUY PERO QUE MUY
BIEN AVENIDA
El salón de plenos del Palacio de la Asamblea de Melilla acogió esta semana
el acto de toma de posesión de dos nuevos diputados del Grupo del Partido
Popular. Se tratan del musulmán Abdelaziz Mohamed, que ocupaba el puesto
número 19 en la lista electoral del PP en las elecciones del pasado mes de
mayo, y Francisca Conde, que ocupaba el puesto 20.
Lo llamativo de la noticia es que Francisca Conde es la esposa del
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. El nombramiento se
produjo de una forma harto curiosa dado que el pleno ordinario fue convocado
con un sólo punto del orden del día, concretamente la aprobación del
manifiesto del día Internacional de la Mujer.
La sorpresa fue grande al aparecer en el salón de plenos toda la parentela
del PP melillense al completo. La ocasión lo merecía: Había que rendir
honores a la mujer del jefe, número 20 de la lista electoral del PP, que iba
a tomar posesión del cargo de diputada. Hasta los periodistas desconocían la
buena nueva. “Se hizo de aquella manera por no dar bombo a una noticia tan
bochornosa”, señala una de las representantes del sector crítico del PP en
la ciudad norteafricana.
El nombramiento de la esposa del jefe se debió a las renuncias de algunos
diputados, que pasarán a desempeñar sus nuevos cargos en direcciones
provinciales vinculadas al Gobierno nacional. De ahí que lista corriese
“accidentalmente” hasta la llegada de la esposa del Presidente. Para ello
fue necesario que se produjesen las renuncias de los dos candidatos que
concurrieron con el PP a las autonómicas en los puestos 9 y 16 de la lista
electoral. “Sus renuncias no han sido justificadas y se deben única y
exclusivamente a que esta señora pudiera entrar en la Asamblea a toda
costa”, precisa la misma fuente.
JUAN JOSÉ IMBRODA, EL HOMBRE DE LOS MIL CARGOS
Además de presidente de la Ciudad Autónoma, senador y presidente del PP en
Melilla, Juan José Imbroda Ortíz ocupa los siguientes cargos:
-Presidente de la Junta General de ENVISMESA
-Presidente de la Junta General de PROMESA
-Presidente de la Junta General de INMUSA
-Consejero General de UNICAJA.
-Presidente de la Comisión de CC.AA en el Senado
LA FAMILIA ES LA FAMILIA
1. Juan José Imbroda, (hijo del Presidente): Asesor del Grupo Parlamentario
del PP.
2. Blas Jesús Imbroda Ortíz (Hermano del Presidente): Decano del Colegio de
abogados de Melilla. Ha sido propuesto y excluido de la terna de candidatos
para el Tribunal Supremo por no poseer un currículum incontestable, aunque
en Melilla nadie lo sabe dado que los medios de comunicación no lo
publicaron. La noticia fue hecho pública por el periódico El Mundo.
El hermano del presidente fue el abogado de Mimón Mehamed, quien se pasó al
PP desde las filas del partido musulmán Coalición por Melillla (CPM). Mimón
Mehamed fue condenado en 2008 a un año de prisión por malos tratos a su
ex-mujer. Ha sido diputado autonómico del PP y viceconsejero de
Participación Ciudadana.
La versión oficial del Gobierno Imbroda fue que Mehamed ocultó la condena.
Blas Imbroda lo defendió en otras causas; en ésta no, aunque existen pruebas
que podrían probar cómo el hermano del presidente conocía los antecedentes
penales de su patrocinado. Cuando salió a la luz pública esta condena (abril
de 2011), dimitió de su cargo y fue expulsado del PP. Ello sin embargo no
fue óbice para que, tras las elecciones de mayo, fuera contratado a dedo
como asesor-monitor de confianza del Gobierno en el Instituto de las
Culturas. Tiene su despacho en el Ayuntamiento y en su currículum indica que
no tiene estudios superiores.
3. Francisca Conde: Mujer del Presidente Imbroda. Miembro del Comité
Ejecutivo del PP, secretaria de afiliación, miembro del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria y ahora también diputada en la
Asamblea de Melilla.
4. Alejandro Alcoba Conde: Hijo de Francisca Conde e hijastro de Juan José
Imbroda. Contratado a dedo en el Club Melilla Baloncesto (subvencionado por
la Ciudad Autónoma con 1,5 millón de euros) como técnico ayudante.
5. José Imbroda Domínguez (primo de JJ. Imbroda ): Miembro del Comité
Ejecutivo del PP como tesorero. Vicepresidente de la Autoridad Portuaria y
consejero de Promesa. También es asesor en Festejos y de la Fundación
Melilla Ciudad Monumental.
6. Blas Imbroda (hijo de José Imbroda Domínguez, sobrino del Presidente):
Implicado en un delito contra la salud pública. Posteriormente fue
contratado como policía portuario por la Autoridad Portuaria, siendo su
padre vicepresidente de la misma.
7. José Juan Imbroda (hijo de José Imbroda Domínguez, sobrino del
Presidente): Es director general de Deportes. Su plaza fue impugnada en los
tribunales y la CAM todavía no ha ejecutado la sentencia.
8. Mª de los Ángeles de la Vega (señora del anterior): directora general de
Bienestar Social.
9. Juan Imbroda (otro sobrino): colocado a dedo en el Centro de Reforma de
Menores perteneciente a la CAM.
10. Javier Imbroda Ortiz (hermano de JJ. Imbroda): Pese a su corta y pobre
carrera como entrenador profesional de baloncesto, da su nombre al pabellón
municipal de Deportes, pese a que dicha instalación fue inaugurada en el año
1997 como “Pabellón Ciudad de Melilla”. Es actualmente director general de
Deportes en el Ayuntamiento de Málaga.
11. María José Gómez, (novia de Javier Imbroda): Miembro del Comité
Ejecutivo del PP como presidenta del Comité de derechos y garantías.
Directora general de Administraciones públicas
http://www.alertadigital.com/2012/03/02/alho-huele-a-podrido-en-melilla-los-imbroda-una-familia-muy-pero-que-muy-bien-avenida/
IMBRODA SE LLEVA A SU MUJER DE DIPUTADA A LA ASAMBLEA DE MELILLA POR DELANTE
DE VARIOS COMPAÑEROS DE LISTA
El presidente 'popular' celebra el "hijo de puta" que un diputado ha lanzado
en Facebook contra 'Interviú' por revelar la información
Francisca Conde, la esposa del presidente de Melilla, Juan Jose Imbroda, era
conocida en la ciudad autónoma por el poder que tenia en el PP y en el
gobierno local. Desde el 29 de febrero ha conseguido además convertirse en
diputada de la ciudad a pesar de partir del puesto 20 en las listas
'populares', aunque para conseguirlo haya tenido pasar por delante de otros
cinco compañeros que se apartaron del camino mas o menos voluntariamente. La
información ha sido revelada por 'Interviu' y ha levantado ampollas en el PP
melillense, llevando a uno de sus diputados a tachar desde Facebook de
"hijos de puta", "maricones" y "cornudas" a la revista y a un partido de la
oposición. Insultos que han sido aprobados con un "me gusta" por el propio
Imbroda.
Conocida en Melilla como 'Paqui', la esposa de Imbroda ha pasado de poder en
la sombra a la hora de confeccionar las listas del PP -bautizadas de hecho
como las 'paquilist'- a ocupar un puesto de diputada desde el pasado 29 de
febrero. No lo tenía fácil, ya que partía en el puesto 20 de las listas en
las elecciones de mayo del pasado año, pero después de que obtuvieran 15
escaños en las urnas, diferentes renuncias de sus compañeros la han acabado
llevando a la Asamblea de la ciudad.
Hasta cinco candidatos por delante
Lo explica esta semana la revista Interviú, que apunta a la renuncia "más o
menos espontánea" de cinco de los candidatos que tenía por delante, algunos
ya con escaño: tras el 20-N, Abdelmalik El Barkani fue nombrado por Rajoy
delegado de Gobierno en la ciudad; José Manuel Calzado fue elegido como
director provincial de Educación; Mimunt Mohamed no podía compatibilizar el
escaño con su trabajo como intérprete en la Policía Local; Rafael Marín fue
llevado al Ministerio de Fomento). Mención aparte merece el caso
"especialmente sangrante" del número 16 de la lista, Faisal el Maimouni,
según explica José Valdivieso, uno de sus compañeros en Nuevas Generaciones.
Presiones del PP: "O diputado o la empresa"
A Maimouni se lo "dejaron claro" desde el PP tras las elecciones: "O
diputado o Promesa [una empresa pública]. Prefirió la empresa... y, al poco,
rescindieron su contrato. Le han utilizado". Otros de los puestos que
antecedían a Conde en la lista sufrieron presiones parecidas. El
'correturnos' permitió que entraran cinco nuevos diputados hasta el puesto
20 de la lista, el de 'Paqui'. En su toma de posesión el pasado 29 de
febrero la esposa de Imbroda provocó bromas al declarar que quería
"enriquecerme y aprender lo máximo posible", y es que aunque aludiera a un
crecimiento personal no pudo evitar los dobles sentidos. Otro de los
diputados del PP que tomó posesión aquel día, Abdelaziz Mohamed, tampoco se
mordió la lengua: "Me ha tocado la lotería al ser diputado".
Insultos a 'Interviú' y a la oposición con la aprobación de Imbroda
La información ha lenvantado ampollas en el PP melillense, y otro de los
diputados favorecido por el 'correturnos', Francisco Villena, ha insultado
desde su cuenta de Facebook a Interviú y al partido de la oposición PPL.
"Estos hijos d putata [sic] dl Interviú y sus compinches d Melilla.
Maricones y cornudas", ha escrito, un comentario que le ha valido un "me
gusta" del propio presidente Imbroda. Villena ha insistido con sus insultos,
corrigiendo las erratas de su frase inicial y justificándose en que "yo no
me menciono a nadie, pero habrá más de un aludido". También ha lanzado el
mensaje "HOY DE FIESTA EN EL PPL, DESPUES DE VER EL INTERVIU", comentario al
que ha adjuntado un vídeo de Los Morancos cantando 'Pluma, pluma gay'.
https://www.elplural.com/politica/imbroda-se-lleva-a-su-mujer-de-diputada-a-la-asamblea-de-melilla-por-delante-de-varios-companeros-de-lista_48484102
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA MANO DEL PRESIDENTE DE MELILLA
El presidente popular de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda,
no sólo tiene de su parte a un importante sector del poder judicial, como
informó elplural.com. También los medios de comunicación locales parecen
estar volcados con el dirigente, y es muy difícil encontrar alguna
información crítica con su gestión. Tal vez se debe a los generosos
convenios de publicidad que la ciudad mantiene con los medios más difundidos
en la región. Además de tener casualmente archivadas todas las querellas que
se abren contra él, como informó elplural.com, los medios de comunicación
locales son muy benevolentes con Juan José Imbroda, y es muy difícil
encontrar una publicación crítica con su gestión. Dados los convenios de
publicidad que el Gobierno regional tiene con los principales medios, es muy
difícil encontrar alguna publicación de carácter más o menos independiente
del poder político.
"Golpe de estado mediático"
Tras el escándalo de los impresos de los votos por correo, Imbroda aseguraba
que se había producido un “golpe de estado mediático” para desfavorecer a
los populares de Melilla. Parece que el presidente de la Ciudad Autónoma no
está acostumbrado a recibir noticias que perjudiquen a su persona en los
medios melillenses. Un rápido repaso a publicaciones como Melilla Hoy , El
Faro o El telegrama de Melilla bastan para comprobar como editoriales,
portadas e informaciones alaban a Imbroda y respaldan cada una de sus
acciones.
Convenios de publicidad
No es de extrañar. Estos diarios reciben trimestralmente en concepto de
“convenios de publicidad” cuantiosas cantidades de dinero. Melilla Hoy
recibe unos 81.140 euros cada tres meses, seguido del El Faro, al que la
Ciudad Autónoma otorga 72.120 euros, lo mismo que recibe El telegrama de
Melilla. Diario Sur completa el elenco de la presa subvencionada por el
Gobierno regional, y recibe más de 45.000 euros trimestrales. Similar es la
situación de las emisoras de radio, que reciben entre 54.000 y 30.000 euros
al trimestre. Y cerca de 9.000 euros destina el Gobierno autónomo a webs
como Meliya.com e infomelilla.com.
Imbroda, en convenio con los medios
Una publicación recientemente estrenada, Melillense.net, recogía en su
primer número un interesante análisis sobre esta situación en la Ciudad
Autónoma. El periodista Miguel Gómez Bernardí explicaba que “el Ejecutivo
que preside (Imbroda) se ha caracterizado por gobernar en convenio con los
media locales”. Además de recordar la financiación pública de prensa y
radio, Gómez Bernardí señala que el gabinete gubernamental “ha contado y
cuenta con el control de la emisora pública Televisión Melilla (TVM) a
través de la presidencia de su consejo de administración, órgano que elige
al director-gerente”.
Actividad propagandística
El artículo destaca también la enorme presencia de “actividad
propagandística” del PP melillense de cara a las próximas elecciones del 2l7
de mayo. Algo que el periodista considera “legal pero censurable” porque el
resto de candidatos “no disponen de los medios de la presidencia para
propagar ideas o promesas”. Este control sobre los medios hace que la
mayoría de los escándalos en los que se ha visto envuelto Imbroda no salgan
a la luz, o pasen muy desapercibidos entre los múltiples elogios que se
hacen al PP melillense desde el ámbito de la comunicación.
www.elplural.com 19.05.07
ACTUACIONES SOSPECHOSAS DE MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA DE MELILLA
La situación judicial en Melilla, como adelantó elplural.com, no siempre es
tan imparcial como sería deseable. Al margen de las múltiples querellas que
ha recibido el presidente de la Ciudad Autónoma, el popular Juan José
Imbroda, y que han sido archivadas sin mayores diligencias, en el mundo
judicial así como entre la ciudadanía, empiezan a levantarse voces en contra
del funcionamiento de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga con
Sede Permanente en Melilla y de las actuaciones de sus miembros. Las
sospechas de un mal funcionamiento de la Sección de la Audiencia Provincial
de Málaga que rige en Melilla fue uno de los temas más comentados en el
ambiente judicial de la Ciudad Autónoma, especialmente en el periodo en que
ostentó la presidencia el magistrado José Luis Ruiz Martínez. Éste abandonó
su cargo y se trasladó a Granda como titular de un Juzgado de Instrucción
(cargo más bajo), después de que en agosto de 2004 varios reportajes
periodísticos cuestionaran su independencia e hicieran tambalear su
reputación.
El hermano del presidente
De todos conocida es su amistad con Blas Jesús Imbroda, hermano del
presidente de la ciudad autónoma, quien desde la presidencia del Colegio de
Abogados fomenta sus relaciones con magistrados afines, que apoyan las tesis
de los Imbroda en sus embrollos judiciales y hacen lo posible por silenciar
las escasas voces críticas contra el presidente y su entorno. Así ocurrió,
por ejemplo, con el periodista Enrique Bohórquez, demandado en reiteradas
ocasiones y condenado a pagar indemnizaciones millonarias por las opiniones
vertidas en los editoriales de su diario, Melilla hoy.
Jueces perseguidos
Blas Jesús Imbroda tampoco ha dudado en perseguir a jueces como Luis Miguel
Álvarez López, quien ordenó el ingreso en prisión del ex consejero de
Economía de la ciudad, envuelto en una trama de blanqueo de capitales. El
Colegio de Abogados ejecutó una campaña contra Álvarez, que desembocó en una
sanción de seis días de suspensión interpuesta por el Consejo General del
Poder Judicial.
Jueces y narcotráfico
Además, el magistrado José Luis Ruiz Martínez ha mantenido estrechas
relaciones con otros jueces polémicos, algunos de ellos también
pertenecientes a la Sección 7ª de la Audiencia Provincial. Junto con los
magistrados Izquierdo Fraile y Mariano Santos Peñalver, quienes gozan de
fuertes vínculos con la familia del presidente melillense, protagonizó un
escándalo relacionado con el narcotráfico. La Guardia Civil, que investigaba
al narcotraficante Ouassani Mohamed, incautó unas conversaciones en las que
Izquierdo solicitaba al traficante un pago de 2.000 euros, y Santos le
recomendaba que atendiera a la petición. Pese a que los hechos se
demostraron probados, el juzgado que llevaba el caso archivó las diligencias
contra ambos jueces primero, y contra el resto de los imputados después.
Benítez Yébenes y la Administración de Imbroda
Un episodio parecido vivió el juez Juan Rafael Benítez Yébenes, sustituto de
Izquierdo. Al investigar al narcotraficante Mohamed Halifa, numerosas
grabaciones telefónicas ordenadas judicialmente sacaron a la luz la
existencia de una auténtica red de institucional de corrupción, y se detuvo,
entre otros al consejero de Economía del Gobierno de Imbroda, Francisco
Suárez. En el escándalo también estaban implicados Blas Jesús Imbroda,
Ernesto Rodríguez, presidente de la empresa municipal del suelo público, y
el propio presidente de la ciudad, a quien se le atribuían delitos de cobro
de dietas dobles como alcalde y senador. Tras un enfrentamiento del Gobierno
popular con los jueces, policías y fiscales que les resultaban incómodos, la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial dictó un oportuno auto, cuyo ponente
fue el magistrado Benítez, que decretaba la “nulidad de todas las
intervenciones telefónicas practicadas”, por lo que se procedió a la
destrucción de todas las grabaciones.
Plataforma Ya está bien
La situación judicial se ha vuelto escandalosa incluso para muchos
ciudadanos, que se han agrupado en la plataforma Ya está bien, que hace un
seguimiento de las actuaciones de la familia Imbroda y denuncia casos
relativos a la justicia, la cultura, la educación y el medio ambiente, entre
otros. Además recoge datos sobre las faltas de los Imbroda, así como de
otros miembros el Gobierno popular de Melilla.
www.elplural.com 18.05.07
¿POR QUÉ ARCHIVAN TODAS LAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA IMBRODA?
El escándalo de los impresos de solicitud de voto por correo que el PP de
Melilla imprimió de cara a las municipales no es la única causa relacionada
con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que queda
archivada sin apenas practicar ninguna diligencia. El líder de los populares
de la región se ha visto envuelto, desde su llegada al poder en 2000, en
numerosos procesos judiciales que, misteriosamente, se han archivado sin que
ninguno de ellos acarree consecuencias para Imbroda ni su círculo más
cercano. La situación judicial de Melilla está siendo cuestionada desde hace
algún tiempo, tanto por miembros del sistema jurídico, como por la
ciudadanía de la región en general. Y es que, al margen de otros
comportamientos poco comunes, la manera en que la Justicia de la Ciudad
Autónoma ha favorecido a la familia Imbroda no deja de ser, cuanto menos,
sorprendente. En una ciudad donde la mayoría de sus alcaldes democráticos
han sido condenados por diferentes delitos, el actual dirigente, Juan José
Imbroda es, estadísticamente, sobre el que más acciones penales se han
iniciado. En todos los casos salió indemne, al igual que sus colaboradores
más cercanos.
El voto por correo
La última causa en la que se ha visto envuelto el alcalde popular fue en la
relacionada con los supuestos delitos de falsificación de las solicitudes
del voto por correo. La jueza Julia Adámuz, que sustituía a la titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla, decretó el sobreseimiento libre
y archivo del caso sin practicar ninguna prueba, y dejando en una cómoda
postura a Imbroda y los suyo. No es la primera vez que se actúa de esta
manera en la Ciudad Autónoma.
Llegada a la alcaldía
La propia llegada a la alcaldía de Imbroda, en 2000, estuvo rodeada de
polémica. Abdelmalik Tahar, tránsfuga del PP, abandonó su escaño para evitar
que prosperase una moción de censura presentada por Imbroda contra el que
fuera alcalde entonces, Ignacio Velázquez. Con la asistencia jurídica de
Blas Jesús Imbroda (hermano del dirigente popular, Tahar aseguró que
Velázquez le había sobornado, prometiéndole 50 millones a cambio de su
dimisión. Estos hechos llevaron a la fusión entre UPM (formación a la que
pertenecía Imbroda) y el PP, e Imbroda asumió la alcaldía. El caso se
silenció, pese a que finalmente se demostró la inocencia de Velázquez.
El caso de Air Nostrum
En 2002, otra querella contra el presidente popular de Melilla fue archivada
sin más trámites. Se le acusaba de haber subvencionado con mil millones de
pesetas a la compañía aérea Air Nostrum, propiedad de la familia Serratosa,
con la que Imbroda había mantenido prósperas relaciones mercantiles. Con la
excusa de que dicho dinero iba destinado a abaratar los costes de los vuelos
a la península, la sentencia fue archivada, y la Audiencia Provincial
ratificó el fallo.
Más subvenciones sospechosas
Otro caso de subvenciones irregulares que puso a Imbroda en el punto de mira
tenía que ver con la empresa concesionaria de la limpieza de la ciudad, FCC,
a la que se le adjudicó un contrato en 2001, pese a haber hecho la peor
oferta. Así lo hizo constar el propio consejero de Medio Ambiente, sin que
el hecho tuviera ninguna consecuencia posteriormente.
Aisa Mohamed y Naveluna
El presidente melillense también se ha visto envuelto en casos de urbanismo.
Según constaba en la denuncia, Imbroda habría pagado unos 192.000 euros al
concejal del PP Aisa Mohamed para que se pasara al grupo mixto. La operación
fue supuestamente financiada por la empresa Naveluna -a cuyos socios se
relaciona con el narcotráfico-, que se vio recompensada con la permuta de un
solar situado en una zona pobre de la ciudad por otro propiedad del
ayuntamiento en pleno Paseo Marítimo. El juez Mario Alonso archivo el caso
sin llevar a cabo ningún trámite.
Blas Jesús Imbroda
El hermano del alcalde-presidente, Blas Jesús Imbroda, quien es decano del
Colegio de Abogados de Melilla, también ha salido de sus encuentros con la
Justicia sin recibir ningún castigo. Muy sonado fue el caso en el que la
empresa del suelo público Envismesa y la mercantil Llanos de Hidum, de la
que es socio el abogado se vieron envueltos en un escándalo urbanístico. El
asunto también se ha archivado, pese a que incluso existían grabaciones
telefónicas que admitían transacciones irregulares.
Blas Jesús también fue denunciado por la desaparición del libro de
enterramiento de la Guerra Civil, que él se había llevado a su despacho. Las
actuaciones fueron archivadas con una rapidez inusitada por la juez
sustituta Loreto Tárraga.
Amigos y enemigos del alcalde
Además de estos casos, consejeros y otros cargos del Gobierno de Imbroda se
han visto beneficiados por el sistema judicial melillense. Por el contrario,
algunos de los enemigos políticos del alcalde-presidente continúan con
procesos abiertos, pese a la dificultad de encontrar verdaderos motivos para
declararles culpables. Parece que en la Ciudad Autónoma justicia y política
van de la mano mucho más de lo deseable.
www.elplural.com 17.05.07
CONSEJERO PARA UNICAJA
Otro de los puntos esperados y polémicos del Pleno Extraordinario era el
referente a la designación del presidente local, Juan José Imbroda, como
representante de la Ciudad en el Consejo de la Asamblea General de Unicaja.
Una propuesta que salió adelante gracias a los votos del PP y que no fue
apoyada ni por cepemistas ni por socialistas por considerar que no se dio
opción a presentarse a ningún miembro de la oposición. De esta manera, la
diputada socialista dijo que no es conveniente proponer para el cargo al
presidente porque su representación durará seis años y quizá tras las
elecciones autonómicas Imbroda no siga siendo el máximo responsable del
Ejecutivo.
Sin embargo, Conesa aseveró que el voto en contra de CpM y del Grupo PSOE
responde «únicamente» a que a ninguna de las dos formaciones le agrada que
sea Imbroda quien les represente en la Asamblea General de Unicaja.
Además, el portavoz del Grupo Popular explicó a la oposición que el
nombramiento debe aprobarse antes del próximo 8 de noviembre y que, si se
produjera un cambio de presidente e mayo de 2007, «existe la posibilidad de
nombrar a un nuevo representante», matizó Conesa.
https://www.diariosur.es/prensa/20061020/melilla/consejero-para-unicaja_20061020.html
