CASO FUNERARIA

1. LOS HECHOS

1992 .Diciembre.  El Ayuntamiento de Madrid aprueba la venta del 49 por ciento de la empresa funeraria a Funespaña por un precio simbólico de 100 pesetas y un compromiso de ampliación de capital por 1,2 millones de euros.

1994 . El grupo municipal de IU presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la forma en que se privatizó la empresa funeraria madrileña y atribuye a José Ignacio Rodrigo, presidente de Funespaña, un supuesto delito de información privilegiada.

1998 .30 de enero. El Tribunal de Cuentas detecta diversas irregularidades e incumplimientos en la adjudicación y la gestión de la privatización. Entre los incumplimientos, el TC destaca la falta de informes que justifiquen que la privatización era la fórmula idónea para la mejor gestión de los servicios públicos. Además señala que no se fundamentó la forma más aconsejable para la integración del capital privado.

1999 . 23 de abril.- El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, anuncia que no ordenará una investigación "porque no existen irregularidades".

1999.16 de setiembre. La Fiscalía presenta una querella ante el TSJM contra 14 personas, entre ellas dos concejales del actual equipo de Gobierno del PP -Simón Viñals y Antonio Moreno-, el consejero de Sanidad de la Comunidad y entonces técnico municipal -Ignacio Echániz-, varios ex concejales -Luis María Huete, en la actualidad diputado autonómico, Angel Larroca y Venancio Mota- y la directiva de Funespaña. El fiscal consideraba que en dicha operación los representantes públicos incurrieron, en diverso grado, en los supuestos delitos de prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas), malversación y falsedad documental. Según su criterio, esta privatización constituyó "una vasta operación de enriquecimiento" de los adjudicatarios en perjuicio de las arcas municipales. Como se recordará , el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, en diciembre de 1992, la venta del 48,9% de las acciones de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, que sólo pagó 100 pesetas. Este precio vino dado por el hecho de que la mayoría del consistorio, considero que el patrimonio de la funeraria era negativo. Pero ya entonces el interventor del Ayuntamiento alertó de que el precio se había calculado a la baja. De hecho, existía al parecer, una deuda de la funeraria con el Ayuntamiento de 2.274 millones que, según el  interventor, debería haber sido saldada antes de la venta. La empresa, que se privatizó por su presunta situación ruinosa, ha generado desde entonces más de 4.000 millones de beneficios.

Para el fiscal " el acuerdo entre Rodrigo y Valdivia' consistió en que el primero aportaría los fondos necesarios para hacerse con la funeraria, haciendo valer su capacidad de influencia en los concejales acusados para que la adjudicación se hiciera a favor de Funespaña'. A cambio, Rodrigo se aseguraba 'una importante participación en el capital social de Funespaña, participación que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de la enajenación, dada su condición de asesor de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid'.

Rodrigo 'emitió un informe sobre las distintas ofertas y concluyó a favor de la presentada por Funespaña, de la que habría de adquirir un importante número de acciones pocas fechas después y en ejecución de un acuerdo anterior en el tiempo'. Funespaña carecía de la suma con la que había garantizado ampliar el capital de la empresa mixta (1,2 millones de euros). Tanto el juez como el fiscal tienen claro quién aportó esa suma en febrero de 1993, dos meses después de que el Ayuntamiento declarase vencedora a Funespaña: 'Provino en su mayor parte de una cuenta en el extranjero de Rodrigo'. A cambio éste se convirtió, según juez y fiscal, en destacado accionista de Funespaña, de la que es presidente desde 1995.

Ambos sostienen que, para 'ocultar' su participación en Funespaña, Rodrigo simuló que la compra de acciones se produjo en 1998, y no en 1993, y utilizó empresas pantalla. El juez resume los indicios: Rodrigo mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, aportó su ampliación de capital, compró gran número de acciones de Funespaña tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, y cobró por la gestión a través de empresas pantalla en paraísos fiscales. El juez relata que Huete y Viñals, entonces presidentes de la funeraria, decidieron privatizar en 1992 la mitad de las acciones, cuyo capital y gestión eran íntegramente municipales. (El fiscal incluye a Moreno en este núcleo privatizador). Huete y Viñals para justificar la venta de la funeraria, invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'.

Los tres concejales, según el fiscal, obviaron las peticiones del gerente de la empresa, Francisco Yáñez, para mejorar la situación financiera de la misma. De todas las iniciativas aprobadas en el pleno del 28 de julio de 1992, el edil Moreno eligió una y dictó un decreto 'de manera caprichosa y parcial', en septiembre de 1992, descartando las demás sin justificación. Eso permitía vender el 49% de las acciones al capital privado mediante concurso público. 'Mientras tanto, y ya durante el verano de 1992, Huete había iniciado contactos personales y directos, al margen de cualquier previsión legal o reglamentaria, con los representantes de una serie de empresas que, según su particular opinión, podrían estar interesadas en hacerse cargo del monopolio funerario en Madrid', según el fiscal. Viñals y Rodrigo 'colaboraron activamente en el establecimiento y desarrollo de estos contactos que, obviamente, permitieron a los concejales acusados tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la operación de cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad efectiva de libre competencia'. Durante esos contactos, o antes, 'pero en todo caso no después de ellos', Rodrigo alcanzó su pacto con los responsables de Funespaña. Estos contactos le posibilitaron, además, 'una posición de ventaja'. En octubre de 1992, Moreno logró que el grupo del PP aprobara el pliego de condiciones que, según el fiscal, 'vulneraba de manera frontal y palmaria los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965'. La propuesta fue aprobada 'por mayoría gracias a la disciplina de voto del grupo popular', añade. El precio orientativo fijado de la funeraria era de unos 8,8 millones de euros. Pero, señala el juez, el contenido era tan ambiguo que en realidad permitía cualquier oferta. Ni estaba claro el objeto enajenado ni su precio. Y se tramitó por vía de urgencia, cosa que 'carecía de justificación legal'. Según el fiscal, los concejales imputados necesitaban tal premura para 'acabar cuanto antes el proceso que, además, ya daban por resuelto a partir de los contactos privados'

1999 . 23 de septiembre.- El TSJM admite a trámite la querella, en la que hay tres frentes abiertos: las supuestas irregularidades en la privatización parcial, las facilidades que el Consistorio ha dado a Funespaña para que afronte la deuda pendiente con la Administración local, y la gestión de Funespaña.

1999 .28 de octubre.- El magistrado del TSJM que instruye la querella comienza a tomar testimonio a los querellados.

1999 .5 de noviembre. Este tribunal acepta en su integridad la ampliación de la querella que, contra varios concejales que participaron en la privatización de la Funeraria, presentó el 26 de octubre anterior el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid. En ésta, IU acusa al edil de Hacienda, Pedro Bujidos, al ex concejal José Antonio García Alarilla y a tres ejecutivos de la empresa, y pide que declare otro ex edil, Angel Matanzo.

2000 .20 de septiembre. El TSJM sobresee el caso seguido por supuestas irregularidades en la venta de la funeraria municipal de Madrid respecto al consejero Echániz y el ex gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSFM), Francisco José Yáñez.

2002 .18 de abril. El juez que tramita el caso en el TSJM, José Luis Quesada, dicta un auto por el que se acusa formalmente a Luis María Huete, actual diputado del PP en la Asamblea, a Simón Viñals, concejal de Sanidad, y a Antonio Moreno, concejal de Patrimonio, de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas. La acusación se amplía a José Ignacio Rodrigo y a los hermanos Valdivia.

2002. 24 de septiembre.- El juez decreta la apertura del juicio oral e impone una fianza de 9 millones de euros a los tres cargos del PP imputados y 4,5 millones a tres empresarios considerados los principales socios de Funespaña: José Ignacio Rodrigo, contratado por Viñals en 1992 como asesor en los temas relacionados con la funeraria municipal, y los hermanos Juan Antonio y Angel Valdivia.

2003. 28 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que anula el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno municipal, del PP, para vender a la empresa Funespaña el 49% de las acciones de la funeraria madrileña por 100 pesetas (0,6 euros). El tribunal no entra en si fue o no correcto el precio de las acciones o la adjudicación a Funespaña de la gestión parcial (el Ayuntamiento se reservó un 51% del capital), pero lo que sí hace es declarar nulo el acto administrativo previo -el pliego del concurso- por la falta de claridad de sus cláusulas. Esa ambigüedad, según la sentencia, vulneró los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

 

2. LOS IMPLICADOS

Simón Viñals. concejal de Salud y Consumo.En 1992 desempeñaba el mismo cargo y era además presidente de la funeraria municipal. La Fiscalía le acusa de complicidad en maquinación y alteración del precio de las cosas -"por suscribir junto al principal autor del delito el contrato"-, prevaricación y malversación de caudales. Solicita una pena de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación.

Antonio Moreno, concejal de Régimen Interior, Patrimonio y del distrito de Latina. Está acusado de maquinaciones para alterar el precio de las cosas por ser "responsable directo de la propuesta de dicho pliego de condiciones [documento que sirvió para que Funespaña se alzara frente a otras empresas con las acciones]". También está acusado de dos delitos de prevaricación. A juicio de la fiscalía, la decisión de otorgar a Funespaña el 49% de las acciones de la funeraria "no sólo fue consciente y deliberadamente injusta, es decir, algo más que meramente ilegal, sino absolutamente infundada y arbitraria [...]. Las condiciones hacían imposible una motivación basada en criterios objetivos e imparciales". También deberá responder del delito de malversación de caudales. . Solicita una pena de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación.

Luis María Huete, diputado autonómico. Primer teniente de alcalde en 1993.  Acusado de supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público. La querella sostiene que, "haciendo constar y suscribiendo en el documento citado que la adjudicación se había producido con estricta sujeción al pliego y que el precio del contrato era de 4.058 millones de pesetas, faltó palmariamente a la verdad en la narración de los hechos [...] y dejando constancia con su firma de hechos manifiestamente mendaces que eran parte esencial del contrato". Solicita una pena de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación.

José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña. Fue contratado por Viñals como asesor del Gobierno municipal en el proceso de privatización de la funeraria. El fiscal calcula que Rodrigo logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria y en las sociedades que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.

Ángel Valdivia, consejero delegado de Funespaña

Juan Antonio Valdivia. Hermano del anterior. Vicepresidente.