CASO ARROYO
A un tal Juan Vicente
Herrera, ese desconocido Pte de C y León ,se le acumulan
los problemas
EL PP NO SEPARARÁ DE CARGOS AL
EDIL Y DIPUTADO GARCÍA GALVÁN TRAS SU IMPUTACIÓN JUDICIAL EN EL 'CASO ARROYO'
El Partido Popular no separará de
sus cargos al concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial
Jesús García Galván, que ha sido llamado a declarar como imputado en el llamado
'caso Arroyo'. Así lo manifestó ayer el responsable del PP vallisoletano y
presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, quien declaró que su partido
sigue el asunto «con prudencia y no vemos necesidad de tomar medidas, porque el
procedimiento judicial está en su fase inicial». Añadió que «tenemos respeto y
confianza máxima en las actuaciones judiciales y en las aclaraciones que Jesús
pueda ofrecer al fiscal».
Por su parte, el portavoz del PSOE
en la Diputación, Juan José Zancada, señaló «desde el respeto a la presunción de
inocencia» que «lo que queremos es que se agilice un procedimiento judicial que
lleva cuatro años y que se aclare para saber la verdad de lo que ha ocurrido en
Arroyo».
El Juzgado de Instrucción número 1
investiga las recalificaciones en ese municipio y un supuesto trato de favor a
la constructora gallega Mahía en 2003, cuando Galván era delegado de la Junta de
Castilla y León y presidía la Comisión Territorial de Urbanismo. Entonces se
aprobó el actual PGOU de Arroyo de la Encomienda, que declaró urbanizable el 70%
del término de este municipio.
(www.nortedecastilla.es,
08/09/10)
EL CONCEJAL GARCÍA GALVÁN
DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR EL 'CASO ARROYO'
El concejal del Ayuntamiento de
Valladolid y portavoz del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván,
ha sido citado a declarar en calidad de imputado por el magistrado de
Instrucción número 1 en el llamado 'caso Arroyo', donde desde hace 4 años se
investigan las recalificaciones en ese municipio y un supuesto trato de favor a
la constructora gallega Mahía.
La citación de Galván, a través de
una providencia judicial de fecha del pasado 31 de agosto que se ha dirigido a
su domicilio particular o en su caso a la Diputación, se ha formalizado tras
admitir el juez la petición de la Fiscalía de Valladolid que pretende que García
Galván explique detalles de la compra que hizo de un chalé en el municipio
costero coruñés de Mugardos, cerca de la ría del Ferrol.
La edificación en el llamado 'Pazo
de las condesas' fue construida en 2003 por Mahía, y adquirida en abril de 2004
por el entonces delegado territorial de la Junta en Valladolid, quien firmó la
operación de compra-venta ante un notario de Zamora con el propio presidente de
la constructora, Ramón López Casal, que figura también como imputado en las
diligencias abiertas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico
de influencias.
El chalé, que tiene una superficie
de 148 metros cuadrados declarados, repartidos en cuatro dormitorios, dos baños,
bajo cubierta, garaje para dos coches y un jardín privado, fue adquirido por
148.000 euros declarados, aunque expertos inmobiliarios lo tasaron en junio de
2006 en unos 210.000. En esa fecha ésta era la única propiedad que García Galván
tenía a su nombre y estaba a más de 500 kilómetros de distancia donde trabajaba
y residía, en la capital vallisoletana.
Sin embargo, en agosto de 2007, el
hoy concejal en el Consistorio de Valladolid vendió el chalé de Mugardos por
190.000 euros a la compañía Entorno de Publicidad SL, cuyo representante es su
antiguo socio Enrique Alonso, según figura en el Registro de la Propiedad.
García Galván tomó posesión como
delegado territorial de la Junta en abril de 2001, tras renunciar a su acta de
concejal en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana. Como máximo responsable
de la Junta presidía la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), organismo
encargado de tramitar todas las recalificaciones urbanísticas en la provincia.
Durante su etapa, en 2003, se produjo la aprobación del actual Plan General de
Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda, que supuso la declaración de suelo
urbanizable del 70% del término de este municipio, propiedad en un 90% de la
familia Ibáñez.
Entre el año 2003, cuando José
Manuel Méndez accedió a la alcaldía por el PP, y el 2005 se produjeron también
las autorizaciones de edificabilidad en el SAU 13 y SAU 9, propiedad ambos
sectores de Mahía. Los 2.984 pisos en esta última fueron frenados por la
Consejería de Fomento tras judicializarse el 'caso Arroyo'.
La petición para que García Galván
declare a comienzos del mes de octubre se produce también después de que el juez
pidiese en mayo a la Policía Judicial que investigase todas las cuentas
bancarias del hoy portavoz de la Diputación, entre los años 2000 y 2006.
La instrucción del 'caso Arroyo' se
retomó ayer con la declaración como testigo de uno de los socios y empleado de
la mujer del alcalde de Arroyo. Se trata de Miguel Ángel García, vinculado con
empresas del juego y de importación participadas por José Manuel Méndez.
Este testigo fue interrogado por el
fiscal sobre un préstamo de unos 30.000 euros que se hizo en el año 2004 a la
mujer del actual regidor de Arroyo, y que sirvió para que ésta comprase acciones
en Promotora Ulmetum, que fue fundada por el albacea de los Ibáñez, Florentino
Rodríguez.
(www.nortedecastilla.es,
07/09/10)
Un juez investiga a
dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística
El juez de
instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la
Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los
últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva
regional del PP de Castilla y León: el secretario
regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes
y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para
investigar su posible participación con una trama de
corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda
(Valladolid). Pocas investigaciones de tramas
urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a
información fiscal de otras 13 personas y las
operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser
beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su
segundo están imputados por prevaricación y tráfico de
influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos
semanas.
Arroyo de la
Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos.
Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930
habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y
tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006,
el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias
de oficio para investigar las recalificaciones en el
pueblo a raíz de una información de El Norte de
Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo,
alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex
empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio
urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía.
María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio,
concejal del PP en Valladolid.
En ese
convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598
metros de suelo industrial a urbano para que la
promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía
daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho
menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de
beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A
ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el
consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más
de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal
Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos
sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su
presidente, Ramón López Casal.
El juez ya
imputó por delito contra la hacienda pública,
prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su
teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a
Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y
eleva el perfil político de los investigados. En un auto
fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la
Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del
resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de
los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre
ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP,
Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio
Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de
Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza
del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era
consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de
la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los
convenios urbanísticos del municipio. Su hija María
Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como
apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la
posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto
el estado de las presentes actuaciones". El magistrado
reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo
Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una
constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos
años después tenía 50 empleados.
El juzgado
también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario
de organización del PP regional, procurador en las
cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del
ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la
renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la
condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que
"certifique si la labor de asesoramiento abarca el
ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres
del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan
Vicente Herrera.
El
magistrado también reclama información del ex concejal
de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex
operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en
propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección
oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son
cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados
de baja del partido) en el punto de mira del magistrado,
más dos familiares directos.
El auto
refleja una compleja trama de vínculos familiares y
empresariales. El juez reclama las declaraciones de la
renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde
Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su
esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la
promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez
consejero de la empresa municipal de suelo Emuva,
Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga
los ingresos de éste y de sus socios en otras
promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús
Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En
total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso
que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también
a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia
Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo
originalmente rústico.
Por último,
reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe
sobre localización, sede, instalaciones y datos de las
empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba,
Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández
y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se
trata de las firmas relacionadas con los investigados y
que conforman una intrincada madeja.
Dimite un
edil del PP que tenía varios pisos de protección oficial
El concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), Francisco Javier Cruz, presentó ayer la
dimisión como miembro de la corporación municipal y
afiliado al Partido Popular. El detonante de su renuncia
fue la sanción impuesta por la Junta de Castilla y León
por tener en propiedad dos pisos de protección oficial
sin ocupar, además de poseer otras tres viviendas y
varios vehículos. Este municipio de apenas 7.000
habitantes ha sido bautizado por la oposición, PSOE e IU,
como la Marbella de Castilla.Tras el pleno
extraordinario en el que se hizo efectiva la renuncia de
Francisco Javier Cruz, el PSOE exigió también el cese
del alcalde, José Manuel Méndez, y responsabilidades al
presidente del PP en Valladolid, Tomás Villanueva, quien
ejerce el cargo de vicepresidente económico de la Junta
de Castilla y León.
Pero ni el concejal dimisionario ni el alcalde
ofrecieron explicaciones. Tan sólo señalaron que el
nuevo edil será Luis Busnadiego.
Justificó su marcha
El político popular había difundió un
comunicado en el que justificó su marcha del
Ayuntamiento vallisoletano en la necesidad de defenderse
"sin ataduras" de las críticas, el "linchamiento" y el
"injustificado acoso" al que se ve sometido. Asimismo,
aseguró que desconocía que las dos viviendas adquiridas
en su momento tuvieran algún régimen de protección. La
sanción acordada por la Junta de Castilla y León por
tener estas propiedades, así como varios vehículos
asciende a 6.500 euros.
Insuficiente
Los socialistas consideraron "insuficiente" esta multa,
al tiempo que reclamaron al Gobierno regional medidas
concretas para evitar la especulación con este tipo de
viviendas.
Mientras que el PSOE denunció la pasividad de las
administraciones gobernadas por el PP para controlar el
desarrollo urbanístico, los dirigentes populares
defendieron la presunción de inocencia de sus militantes
y cargos públicos. "Arroyo no es Marbella ni Seseña",
contestó el presidente provincial del PP, Tomás
Villanueva, quien recordó que tanto en la ciudad
malagueña como el municipio toledano existen políticos
socialistas involucrados en sendos casos urbanísticos.
Publicado en www.elplural.com
30.08.06
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