CASO MOGÁN
"Ya tengo 300 votos", informó un implicado a la primera teniente
de alcalde
EL GRUPO EUROPA INFLABA LAS
FACTURAS
El ex gerente del grupo Europa
declaró ante el juez que, en contrapartida por costear el conciertos de Miguel
Ríos y el mitin de Rajoy en Mogán, el alcalde y la concejal Bueno les habían
adjudicado la construcción de 200 viviendas de protección.
El ingeniero industrial y ex gerente
del grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, imputado en el caso Góndola
por supuesto cohecho, declaró ante el instructor de la causa en noviembre de
2007 que la constructora dirigida por el también imputado José Manuel Antón
Marín financió irregularmente al menos dos actos organizados por el
Ayuntamiento, el concierto de Miguel Ríos el 14 de julio de 2005 y el mitin de
Rajoy el 8 de diciembre del mismo año. Los gastos superaron los 40.000 euros.
Benítez Cambreleng aseguró que, en
contrapartida, el alcalde Francisco González y la entonces concejal de vivienda
Onalia Bueno habían prometido a Antón Marín «participar en la ejecución de 200
viviendas de protección oficial en suelo urbanizable». El imputado agregó: «Una
forma de obtener dinero a corto plazo era inflar las facturas cuatro veces por
su importe real, ya que apretaba [Antón Marín] a los técnicos para que
facturaran a precios bajos por sus servicios, y luego facturaba según los
honorarios profesionales; incluso en Mogán», expuso, «facturó por encima de los
honorarios».
La declaración de Benítez Cambreleng
forma parte de los casi 8.000 folios desclasificados ayer por el instructor del
caso Góndola en la segunda fase del levantamiento del secreto de sumario que
pesaba sobre las actuaciones. Las partes tuvieron acceso ayer a 21 tomos de la
investigación que no fueron desvelados en el primer levantamiento parcial del
secreto, en abril pasado.
Cambreleng explicó que la estrategia
de Antón Marín, también imputado en el caso Faycán, era «entrar en los
ayuntamientos gobernados por el PP para «promover y construir viviendas
disfrazándolo de contrato de asistencia», y apuntó que el empresario había
accedido a las administraciones gobernadas por los populares «a través del
llamado Jorge Rodríguez». Afirmò que «la interlocutora para todo en Mogán» era
Onalia Bueno.
La Brigada de Información de la
Policía Nacional confirmó que tanto Francisco González, alcalde de Mogán como
Onalia Bueno, concejal de Urbanismo fueron informados en noviembre de 2006 que
estaban siendo investigados. Según averiguó la Policía, un inspector y un
subinspector del Cuerpo Nacional de Policía fueron las fuentes de los
principales imputados del caso Góndola. Al parecer, ambos agentes habían sido
«invitados» a abandonar la Brigada de Información, por lo que existía por su
parte un recelo hacia la unidad policial en general y al jefe de la misma en
particular. Además, ambos policías se jactaron en un bar de Telde, al día
siguiente de los registros en Mogán, de que «no habían pillado nada»,
manifestaciones que repitieron en la Comisaría de Telde sin pudor. El informe
policial llama la atención en que el despacho del alcalde y de la primera
teniente de alcalde de Mogán apenas hubiera documentación y la que había era de
la legislatura anterior, y sí un extenso informe sobre las pesquisas policiales.
El subinspector había sido propuesto para la Policía Local de Mogán.
El redactor del plan general de
Mogán, el ingeniero Francisco González González Jaraba, fue además el director
de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la
Urbanización Costa Taurito y el técnico que certificó, a petición del promotor
de Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, que la citada EDAR estaba situada en la
ubicación real que le correspondía con la aprobada inicialmente en el referido
Plan General de Ordenación de Ordenación Municipal (PGOM) moganero, subraya la
Brigada de Información en uno de los informes remitidos al juez instructor.
Como informó este periódico el
pasado 14 de enero, el juez del caso Góndola ha citado a declarar en calidad de
testigo a González Jaraba. El auto especifica que se le cita en esta calidad
junto a otros «sin perjuicio de que puedan ser llamados en calidad de imputados
alguno de ellos, a raíz de lo que resulte de la instrucción» del procedimiento
penal aún en fase de investigación.
La policía reproduce en las
diligencias el contenido de al menos cuatro conversaciones telefónicas
intervenidas entre Santiago Santana Cazorla y González Jaraba que, a juicio de
la Brigada, «demuestran la existencia de una gran amistad, clara y manifiesta
[entre ambos interlocutores] y de la que obtienen beneficios recíprocos», expone
un extenso informe elaborado el 21 de febrero del año pasado.
Así, detallan los investigadores que
el 19 de diciembre de 2006 Jaraba se puso en contacto con la oficina de Santana
Cazorla, interesado en hablar con el empresario porque éste se presentaba al
concurso de la obra de la autopista de Puerto Rico hasta Mogán y, según la
policía, el ingeniero «quiere hacer el reformado del proyecto». Le pregunta a un
subalterno de Santana, Jaime Pereira. Este «aprovecha para meterle un poco de
prisa con un modificado de la EDAR de Taurito» .
(www.canarias7.es,
16/01/09)
El caso
Mogán implica ahora al portavoz del PP en el
Parlamento Canario
La empresa
implicada en supuestos casos de corrupción en los
municipios de Telde y Mogán (Gran Canaria), salpica cada
vez a más cargos del PP. El último implicado es el
portavoz popular en el Parlamento de Canarias,
Jorge Rodríguez Pérez que cobró comisiones ilegales en
dinero negro del Grupo de Cooperativas Europa. Según
informó el diario digital Canarias ahora, Jorge
Rodríguez actuaba como presentador de José Manuel Antón
Martín, administrador único del grupo e imputado en el
caso Faycan de Telde. A cambio, la empresa empleaba
grandes cantidades de dinero “para pagar los favores
políticos”.
Uno de los principales implicados
del Grupo Europa, implicado en los supuestos casos de
corrupción en municipios como Telde y Mogán, fue, según
informa
Canarias ahora,
el portavoz del PP en el Parlamento de las isals, Jorge
Rodríguez Pérez. A partir de 2002, cuando el popular
conoció a José Manuel Antón Martín, se convirtió en su
mejor relaciones públicas, ayudándole a vender su
política ficticia de creación de viviendas de protección
oficial por gran cantidad de ayuntamientos, el de Las
Palmas de Gran Canaria incluido.
Honorarios en efectivo
A cambio de sus favores, Rodríguez Pérez recibía
cuantiosos honorarios del administrador del Grupo
Europa, que le pagaba con dinero en efectivo precedente
de una promoción inmobiliaria en Madrid. Este flujo de
dinero negro se produjo, al menos, entre 2003 y 2005. A
partir de esa fecha, Antón Martín extraía directamente
el dinero de su cuenta corriente en una sucursal de Caja
Madrid en Las Palmas. Las cantidades se justificaban
“como pago de la nómina de Antón, que estaba sobre los
6.000 euros, y que realmente destinaba al pago de los
servicios prestados por Rodríguez”, según la
investigación de Canarias ahora.
La nómina de Rodríguez
Incluso el propio Antón Martín se jactaba en esos años
de que Jorge Rodríguez estaba en su nómina. Y es que el
administrador único de Grupo Europa nunca antes había
tenido una nómina por su cargo, sino que comenzó a
declararla de esa manera al cesar la llegada de dinero
en efectivo desde Madrid.
Carta de presentación del Grupo Europa
Según el diario digital, Rodríguez actuó como carta
de presentación del Grupo Europa en una decena de
municipios, repitiendo siempre el mismo guión: acudía al
primer contacto entre Antón Martín y el Gobierno de la
localidad, describía las grandes líneas de actuación de
la empresa y señalaba la confianza del Partido y la suya
propia en el grupo. Posteriormente, era el propio Antón
Martín quien negociaba con políticos y técnicos
municipales las condiciones de sus acuerdos.
Telde y Mogán
A pesar de sus visitas a múltiples ayuntamientos, los
contactos sólo cuajaron en Telde y Mogán,
escenario de las posteriores operaciones policiales por
presuntos delitos de corrupción en los miembros de sus
respectivos equipos de Gobierno, ambos del PP.
www.elplural.com
19.05.07
El juez del 'caso Mogán' pide al
Tribunal Superior canario que investigue al presidente Adán Martín
El juez que intruye el 'caso Góndola' remitió esta mañana al
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una pieza
separada con escuchas telefónicas entre el empresario Santiago
Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el presidente
del Gobierno de Canarias, Adán Martín, con el consejero de Medio
Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, y con el jefe
del gabinete de presidencia, Salvador Iglesias.El juez que
instruye el caso Góndola, de Mogán, José Alexis Reyes
Negrín, remitió esta misma mañana a la presidencia del alto
tribunal una pieza separada de la investigación con diversas
escuchas entre el empresario Santiago Santana Cazorla y el
presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, así como con
el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo
Berriel y con el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno,
Salvador Iglesias. Según ha podido saber este periódico, las
escuchas remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias
por el juez que instruye la causa están relacionadas con la
declaración de interés general de la urbanización turística Anfi-Tauro
que el Gobierno debía remitir, para su tramitación y aprobación,
al Parlamento de Canarias.El magistrado que instruye el caso
dictó ayer un auto de remisión de las actuaciones al presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro,
en el que justifica el hecho de que dos de las personas que
aparecen en las conversaciones son aforados, y por tanto
corresponde a este tribunal decidir sobre la continuidad de las
investigaciones. Será ahora la Sala de lo Penal y de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que deba
decidir sobre la continuidad de las actuaciones, y en todo caso,
si debe ser el juez natural el que prosiga con las mismas o el
propio Tribunal Superior de Justicia.
www.canarias7.es
09.02.07
Cuatro nuevos
detenidos en Mogán por compra de votos y corrupción urbanística
La
investigación judicial del caso Mogán sigue
avanzando con cuatro nuevas detenciones -el portavoz
municipal del PP y tres empresarios, entre ellos un gran
promotor- que se registraron en el citado municipio
grancanario de 15.000 habitantes. Los dirigentes del PP
pretenden relativizar este caso de corrupción -Mariano
Rajoy declaró el pasado viernes: "Me tranquiliza que
el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"-
y atribuyen intencionalidad política a las detenciones
-José Manuel Soria, presidente del PP canario y
candidato a presidente regional declaró: "O me detienen
o no ganan las elecciones"-.
Por
añadidura, el alcalde de esta localidad, Francisco
González (PP), detenido el pasado jueves por los
supuestos delitos de prevaricación, tráfico de
influencias, omisión del deber de perseguir delitos,
contra la ordenación del territorio y medioambiente,
negociaciones prohibidas a las autoridades y
funcionarios, y malversación de caudales públicos,
acudió a Fitur en Madrid para rechazar las imputaciones
de la investigación judicial.
En dicha
feria turística, el regidor popular de Mogán proclamó
que frente a las imputaciones y datos sumariales, no se
creía que su primera teniente de alcalde y compañera de
partido, Onalia Bueno -también acusada de media docena
de delitos, incluido la compra de votos-, hubiera
espiado a la comisaria que dirigió la investigación
policial que desarticuló la trama de corrupción
municipal que presuntamente dirigían hasta su arresto.
Nueve
detenidos
La redada de
ayer eleva a nueve el número de detenidos bajo mandato
judicial por este caso. La operación se inició temprano
con el arresto a las 8.20 en el aeropuerto de Las Palmas
del empresario Santiago Santana Cazorla en el momento en
que se dirigía a Tenerife. Santana es vicepresidente del
Grupo Anfi, al que supuestamente privilegió el alcalde
de Mogán con unos convenios urbanísticos por los que
debía entregar al Ayuntamiento tres parcelas (valoradas
en 12 millones de euros) que nunca hizo efectivas. De
esa operación urbanística arrancó la investigación a
resultas de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
que presentaron dos ex ediles del PP, Carmen Delia e
Isabel Santiago.
La detención
de este promotor inmobiliario se produce por un presunto
delito de tráfico de influencias sobre el equipo de
Gobierno de Mogán. Su grupo empresarial tiene desde hace
años como administrador a Manuel Fernández González,
diputado del PP y que ocupa dentro del partido los
cargos de vocal de la junta directiva nacional y de
vicesecretario general en Canarias. Fernández explicó a
este diario que su presencia tenía su origen en la labor
de asesoramiento que prestó al fundador del grupo, el
noruego Bjorn Lyng, fallecido en 2006. No en vano, este
parlamentario popular -consejero canario de Industria y
Energía entre 1987 y 1991 y diputado autonómico en tres
legislaturas-, completó en Noruega sus estudios de
Economía Financiera. Fernández negó a EL PAÍS haber
mediado nunca entre su firma y su compañero de filas
Francisco González, el alcalde de Mogán, para lograr tan
beneficiosos convenios para Anfitauro. Esta firma, al
margen de otras del grupo Anfi con intereses en Mogán,
promueve en dicho municipio grancanario un proyecto
turístico que suma 7.500 camas, un centro comercial, dos
campos de golf, un puerto deportivo para 500
embarcaciones y una playa artificial.
También fue
detenido ayer el concejal popular de Mogán -tercero
imputado en este caso- Silverio Hernández, portavoz y
responsable de Hacienda, Mercadillos, Limpieza y
Patrimonio y Contratación. Desde su puesto, no sólo
habría incurrido presuntamente en un delito de tráfico
de influencias, sino en un delito electoral,
presumiblemente ligado a la compra de votos. La
investigación apunta que realizó favores a los
vendedores del mercadillo local a cambio de garantizarse
su voto para el PP en las elecciones municipales.
Campaña del
PP
También
fueron detenidos otros dos empresarios: Juan Melián
Ascanio, quien se presume que fue contratado
irregularmente por el alcalde de Mogán para ensalzar
desde su emisora local al PP y Juan Alvarado Canales,
empresario que precisamente intermedió para que la
citada campaña en favor del PP fuera sufragada con
fondos públicos del Ayuntamiento de Mogán. Igualmente,
según fuentes próximas a la investigación judicial,
cometió un delito de revelación de secretos. Tal
imputación nacería presuntamente de que, como
consecuencia de su conocimiento empresarial de la compra
de fincas en Mogán, investigó el patrimonio de la
comisaria responsable de la investigación policial para
intentar desacreditarla facilitando esa información al
PP.
El
secretario general del PP, Ángel Acebes, no evaluó las
imputaciones contra los concejales de su partido, que
siguen en sus cargos, y declaró: "Tomaremos alguna
medida cuando conozcamos por qué han sido detenidos y
cuando alguien nos explique la parafernalia de las
detenciones". Acebes criticó que Juan Fernando López
Aguilar mantuviera su condición de ministro y candidato
a presidente de Canarias "cuando están deteniendo a
concejales y alcaldes del PP" y añadió: "En Andalucía
hay más de 30 imputados del PSOE y ninguno ha sido
detenido".
www.elpais.es
06.02.07
El PP de Mogán espió a la comisaria de policía que investigó la corrupción
municipal
La concejal del PP Onalia Nieto, primera teniente
de alcalde de Mogán, municipio grancanario de 15.000 habitantes,
tuvo una intensa labor extramunicipal (e ilegal) hasta su
detención el pasado 23 de enero por supuesta corrupción, junto
con el alcalde de dicha localidad, José Francisco González (PP),
dos funcionarios municipales -el secretario general y el ex
redactor del Plan General de Ordenación Urbana, Ángel Sutil y
Marceliano Martín, respectivamente- y su asesor en la sombra,
Manuel de León.
La
número dos de este municipio turístico no sólo encargó a
su principal colaborador, Manuel de León, la compra de votos en
favor de su partido con vistas a las próximas municipales. En
esa tarea cosechó un mínimo de 300 sufragios ilegales de
turistas ajenos al municipio a cambio de empadronarlos
ilegalmente en Mogán, lo que les daba derecho a vuelos a precio
reducido a la Península en tanto que residentes canarios. Así lo
acreditan los indicios acumulados durante la investigación,
incluida una grabación con una explosiva confesión telefónica de
León: "Ya tengo 300 votos".
Además, la segunda
autoridad municipal de Mogán también urdió un plan para intentar desacreditar a
la responsable de la investigación policial que supuso su arresto y el de su
compañero de filas, el alcalde. Dicha comisaria de policía se había convertido
en la bestia negra del PP tras dirigir la investigación que desarticuló
la trama corrupta de Telde y que supuso la detención de la totalidad de su
equipo de Gobierno, también del PP, en la denominada Operación Faycán.
Asuntos turbios
Nieto, según la
investigación, pensó que la mejor manera de desacreditar a una policía
especializada en los últimos meses en la persecución de ediles corruptos era
enfangarla en algún asunto económico turbio. Algún medio de comunicación afín ya
se encargaría de empaquetar los datos para darles la apariencia más perversa. De
hecho, dicha comisaria ha sido ya objeto de dardos periodísticos sólo en función
de la biografía judicial paterna, un magistrado supuestamente próximo al PSOE.
Sus detractores, amén de dar por hecho que las simpatías políticas se heredan,
olvidaron, según señalan fuentes de la investigación, que aunque ella hubiera
querido manipular o forzar las pesquisas policiales contra ambos focos de
corrupción municipal, debería haber contado con tres poderosas complicidades, la
de la Fiscalía Anticorrupción, y la de los dos jueces distintos que asumieron y
respaldaron sus pesquisas en ambos casos, Telde y Mogán.
La guerra sucia
que, según la investigación judicial, entablaron dirigentes del PP contra esta
comisaria también orilla un dato que se ha dado en estas dos operaciones que ha
dirigido la agente policial: miembros del PP han confirmado en ambos casos las
corruptelas municipales investigadas.
En Mogán las
denuncias de corrupción municipal partieron de dos ex concejalas del partido
que, ante la pasividad de los dirigentes regionales de su formación, optaron por
acudir a los tribunales. Y en Telde, Francisco Gordillo, el principal recaudador
de la presunta cerebro de la trama, Toñi Torres, reconoció sin ambages
haber exigido comisiones ilegales a los contratistas municipales tanto para el
lucro personal de los ediles como para financiar al PP.
Nieto puso en marcha
semanas atrás un plan para desacreditar a la comisaria responsable de las
pesquisas que ya había percibido en su entorno. Y, para sorpresa de los agentes,
cuando la investigación ya tocaba a su fin y estaba a punto de materializarse la
detención de los implicados, la policía registró una llamativa conversación de
la primera teniente de alcalde con su colaborador León. Nieto le dio los datos
del DNI de la comisaria, su número de cuenta bancaria y el monto del pago del
IBI (impuesto de bienes inmuebles). La comisaria tenía un apartamento turístico
en dicha localidad y, a partir de ahí, la primera teniente de alcalde obtuvo sus
primeros datos. Después sugirió a León que consultase en el banco si había
recibido algún crédito o cualquier otro movimiento y que investigase la notaría
a través de la cual compró dicho apartamento, cualquier tipo de dato sobre dicha
transacción inmobiliaria o cualquier otra que hubiese efectuado.
León, según quedó
registrado en otra conversación grabada, trasladó los datos personales de la
comisaria a una tercera persona para que hiciese cuantas averiguaciones pudiese
sobre ella y su patrimonio. El flujo de datos era de ida y vuelta. Los tres
conspiradores se informaban mutuamente de los tropiezos o avances. En una
ocasión se localizó una finca que creían propiedad de la comisaria. Tras
advertir el fallo, Nieto les indicó que tenían que buscar algo que estuviera a
su nombre ya que ella pagaba personalmente el IBI.
La policía oía en
las grabaciones cómo contaban con un contacto en el banco para darles
información extraoficialmente. La comisaria, alertada de tales movimientos de
sus investigados, informó de este espionaje al juez y al fiscal
Anticorrupción del caso, y, como medida precautoria, pidió una protección
oficial para sus cuentas bancarias, ya conocidas por la trama de los corruptos,
mediante un blindaje especial que impedía acceder a ellas. Temía que pudieran
inyectarle cualquier ingreso para fingir una irregularidad en su economía, una
dádiva o un cohecho. En suma, un ingreso que no pudiera justificar.
Pero también temía
que los investigados pudieran llegar a conocer su residencia oficial y hacerle
víctima de alguna represalia, en su persona o en sus hijos. En la memoria de los
agentes perduraba el mensaje mafioso lanzado con ocasión de la Operación Faycán.
Al más puro estilo Corleone, los cuatro perros de la denunciante originaria del
caso de corrupción de Telde amanecieron degollados en su chalé. La policía tiene
claro que no tiene que buscar como autores de tal fechoría entre habituales
maltratadores de animales, sino en mensajeros de los jefes de la trama corrupta
desarticulada.
El juez del caso
Mogán le ha brindado a la comisaria todo su apoyo y le ha ofrecido ejercer
las acciones penales oportunas. Sus ilegales investigadores, la primera teniente
de alcalde del municipio y León, han reconocido su espionaje ante el juez, que
les ha imputado un delito de revelación de secretos. Si la primera admitió haber
facilitado los datos, el segundo no tuvo empacho en reconocer que la finalidad
era desprestigiar a la comisaria.
www.elpais.es 01.02.07
La concejal planeaba filtrar el padrón municipal a su comprador
de votos
La compra de
votos en Mogán tenía varias componentes ilegales. La
primera es que se simulaban contratos de alquiler de
larga duración a meros turistas que ocupaban
apartamentos por un mes o una semana. Era la labor que
se permitía Manuel de León, el colaborador que atendía
las órdenes de la primera teniente de alcalde de Mogán,
Onalia Nieto, del PP. Esto se hacía a partir de los
apartamentos turísticos que regentaba León. Con las
llaves del apartamento, entregaba una jugosa oferta:
empadronar como residente en Mogán al cliente, que
ganaba con ello una reducción del 50% en sus vuelos
hacia la península, en su nueva condición de residente
oficial canario.
La exigencia
era simple: el cliente debía garantizar que emitiría su
voto en favor del PP en las próximas elecciones
municipales. El sistema que utilizaba León para
garantizar el empadronamiento al turista aún se está
investigando. Lo único conocido es que él se encargaba
de tramitarlo todo y de dar por resuelto el papeleo al
agradecido cliente.Pero de las grabaciones y de las
declaraciones judiciales no sólo queda claro que la
concejal Nieto le mandaba tal misión, que él cumplía,
sino que la primera teniente de alcalde llegó a
prometerle la entrega de una poderosa arma preelectoral:
el padrón municipal.Con ello, León podía comprobar y
demostrar el éxito de sus gestiones ante sus votantes
captados. Igualmente, podía intentar dirigir su labor
persuasiva en torno a las familias o direcciones que les
suministrara dicha guía electoral. La investigación
apunta que esta maquinaria ilegal electoral del PP no se
agotaba en Nieto y en su colaborador. Hay más
implicados. Esto hace difícil evaluar el monto real del
censo inflado por tales agentes de captación de votos.
León se jacta en una conversación intervenida que ha
logrado ya 300 votos ilegales en favor del PP. Falta por
determinar cuántos sufragios falseados pudieron haber
comprometido los otros miembros de esta trama. No
obstante, el pellizco ya conseguido, 300 votos, era ya
suficiente para garantizar una victoria popular en un
municipio de exiguo censo, apenas 8.600 vecinos.El
municipio tiene al menos tres antecedentes de presuntas
ilegalidades electorales: en 1979 se denunció el voto de
numerosos fallecidos, y se anuló la consulta; en 1999 se
investigó por qué el alcalde en funciones empadronó en
su domicilio a varios centenares de votantes, causa que
se archivó; y en 2003 se renovaron las acusaciones de
trasladar en coche a vecinos a las urnas a cambio de
pagar el recorrido con el voto.
www.elpais.es
01.02.07
La investigación
destapa la compra de sufragios para el PP en Mogán
La
investigación de la presunta trama de corrupción
municipal del Ayuntamiento grancanario de Mogán ha
arrojado indicios de un delito electoral a favor del PP.
Uno de los detenidos, Manuel de León Toledo, se dedicó a
la compraventa del voto de turistas a los que lograba
empadronar como falsos residentes a cambio de garantizar
su sufragio a favor del PP. En una charla intervenida
con la primera teniente de alcalde, Onailia Bueno (PP),
alardeaba de lo siguiente: "Ya tengo 300 votos. Yo esto
lo hago por el partido". El juez les imputa a ambos
delito electoral.
Manuel de
León Toledo era un fontanero en la sombra de la
primera teniente de alcalde de Mogán, municipio
grancanario de 15.000 habitantes. Lo alternaba con sus
negocios de artes gráficas e inmobiliarios.
Aparentemente, según la investigación de la Fiscalía
Anticorrupción y de la policía, recibía encargos de
operaciones muy delicadas de la número dos del
Gobierno municipal, Onalia Bueno García, del PP.
Precisamente, merced a la gestión de una serie de
apartamentos turísticos por León, entre ambos pusieron
en marcha un ingenioso plan para allegarse votos
ilegalmente para el PP. León ofrecía a sus clientes
temporales de apartamentos -ya fueran a ocuparlos una
semana o un mes- empadronarlos oficialmente en Mogán.
Para dar cobertura a su artimaña, les simulaba un
contrato de alquiler no turístico, sino de larga
duración, lo que demostraba su arraigo en el municipio
y, por tanto, su derecho a votar. Entre ambos,
tramitaban todo el papeleo. El turista, ya fuera
extranjero o peninsular, aceptaba encantado, porque en
tanto que residente oficial en Canarias, lograba la
reducción del 50% en los vuelos a la península. Por
tanto, ahí obtenía un pago en especie el turista. Y qué
les exigía a cambio León: que emitieran su voto al
Partido Popular en las próximas elecciones. La operación
tuvo fortuna a tenor de las grabaciones registradas por
la policía durante los diez meses que ha durado la
investigación de esta presunta trama municipal corrupta
asentada en el Ayuntamiento de Mogán.
No en vano,
en una de ellas León hace alarde de sus progresos de
compra de votos en una charla con la primera teniente de
alcalde. "Ya tengo 300 votos. Yo esto lo hago por el
partido", proclamaba un eufórico León. Este puñado de
votos podía tener un papel decisivo en las elecciones
locales. Porque el último censo electoral de Mogán daba
una población con derecho a voto de sólo 8.600 vecinos.
Y esos 300 votos -o más de no haber sido detenido-
podrían decantar ilegalmente una mayoría popular.
León,
abrumado por lo evidente de la grabación citada, no ha
tenido empacho en reconocer en los interrogatorios tras
su detención que, efectivamente, realizó tal labor y por
encargo de la citada edil popular. El juez le ha
imputado un delito electoral con falsedad documental, al
igual que a su jefa. ¿Cuántos votos compró antes de que
su labor fuera vigilada por las fuerzas de Seguridad? No
hay datos aún definitivos en la investigación.
Por otro
lado, el titular del juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 6 de San Bartolomé de Tirajana decretó ayer
libertad sin fianza para el alcalde de Mogán, José
Francisco González (del PP), aunque le mantiene los
cargos por seis presuntos delitos de prevaricación,
tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir
delitos, contra la ordenación del territorio y del
medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y
funcionarios y malversación de caudales públicos.
El alcalde compareció ante el juez durante más de tres
horas, tras permanecer dos días custodiado por la
policía, ante la que se acogió a su derecho de no
declarar. Tras su comparecencia, el juez citó a la
primera teniente de alcalde, también del PP, Onalia
Bueno García, que también quedó en libertad sin fianza,
aunque con cargos de siete presuntos delitos:
prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones
prohibidas a autoridades y funcionarios públicos,
malversación de caudales públicos, posible delito
electoral relacionado con falsedad documental y, por
último, posible delito de descubrimiento y revelación de
secretos.
www.elpais.es 27.01.07
Detenidos los
principales ediles del PP en la localidad gran canaria de Mogán
La lucha
contra la corrupción sumó un nuevo capítulo ayer con la
detención del alcalde de Mogán (Gran Canaria), José
Francisco González (PP), gestor del urbanismo, área que
copa las irregularidades investigadas. Una de ellas
apunta a que el Ayuntamiento nunca recibió tres parcelas
valoradas en 12 millones de euros como pago por un
convenio urbanístico. El presidente del PP canario, José
Manuel Soria, interpretó la detención como una caza
política, pero esta denuncia partió de dos antiguas
ediles del PP que, ante la pasividad del partido,
acudieron a la Fiscalía Anticorrupción.
El juzgado
de Instrucción número tres de San Bartolomé ordenó ayer
la detención de cinco personas presuntamente integrantes
de una trama de corrupción política asentada en el
Ayuntamiento de Mogán, que pese a ser sólo el décimo
municipio por población de Gran Canaria (15.000
habitantes), es su segunda población turística, con un
gran desarrollo hotelero y consiguiente despegue
inmobiliario. Y del urbanismo arrancan precisamente las
graves sospechas de irregularidades que ayer
precipitaron la detención de su alcalde, José Francisco
González González (PP), que se reservaba para sí dicha
competencia.
También fue
detenida su primera teniente de alcalde, Onailia Bueno
García, que acumulaba las áreas de vivienda y protección
social. Igualmente fueron detenidos dos funcionarios
clave en las presuntas irregularidades cometidas: el
secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta, y
Marcelino Martín, ya jubilado pero que fue redactor del
Plan General de Ordenación Urbana. El quinto detenido,
Manuel de León Toledo, era una especie de recadero para
operaciones delicadas que utilizaba la primera teniente
de alcalde, pero ajeno formalmente al consistorio.
Las
detenciones parten de una investigación policial
originada en una denuncia de Anticorrupción de junio de
2006. Los denunciantes fueron dos concejales del propio
PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que, hartas de la
falta de respuesta interna a los indicios de
irregularidades decidieron abandonar sus puestos y el
partido y acudir a la justicia.
La sospecha
partió de las pesquisas que como responsable de Hacienda
y Patrimonio hizo Delia para registrar en 2004 tres
parcelas que debía haber recibido el Ayuntamiento de
Mogán de la promotora Anfitauro a cambio de un jugoso
convenio urbanístico que había recibido del consistorio.
Delia encargó a sus funcionarios que localizaran las
parcelas, pero no las hallaban. Finalmente, las
localizaron en un sitio imposible para destinarlas al
uso que el ayuntamiento pretendía: en medio de una
autopista.
Como creía
que aquello sólo podía ser un error, Delia, de buena fe,
empezó a perseguir a su alcalde para que exigiera el
pago de las parcelas y corrigiera tal despropósito, pero
éste le daba largas. Hasta que en 2006 le indicó que el
asunto había sido arreglado ya en un nuevo convenio.
Pero para
entonces, la paciencia de Delia se había agotado. El
alcalde había llevado a pleno para su aprobación
facturas extrapresupuestarias por valor de 240.000
euros. Unas facturas que la entonces concejal de
Hacienda había ordenado paralizar hasta que el
interventor las examinara tras denunciar la oposición la
existencia de cientos de irregularidades.
Tras
sentirse desautorizada, Delia dimitió del cargo y del
partido. Su amiga Santiago siguió sus pasos. Semanas
después, Delia leyó el texto final del convenio con el
que el alcalde decía haber resuelto el problema. Su
sorpresa fue mayúscula: las tres parcelas entregadas por
Anfitauro ya no estaban en medio de una autopista, sino
en pleno campo de golf. Por tanto, eran inservibles para
el Ayuntamiento. ¿Cómo hacer un centro social o una
plaza en medio de un campo de golf? Ambas ediles
llevaron copia de dichos convenios y el asunto de las
facturas a Anticorrupción, que les remitió a la policía.
La
investigación de la fiscalía y la policía durante estos
meses no sólo acreditó tan insólitos convenios, sino
"miles de prevaricaciones más", según fuentes
conocedoras de tales pesquisas, que se tradujeron en
lucrativas operaciones inmobiliarias realizadas bajo
información privilegiada, contratos municipales
adjudicados al margen de toda legalidad, y el cobro de
comisiones que llegaban a suponer hasta el 50% de las
cantidades facturadas. Delia se ha quedado pasmada:
"Tenemos la impresión de que lo que denunciamos era sólo
la punta del iceberg de la corrupción en Mogán. Había
mucho más". Los responsables de la investigación
confirman su diagnóstico.
