EL FISCAL AFIRMA QUE EL ALCALDE
BLAYA HACÍA LOS PAGOS A VALERA PARA ASEGURARSE SU VOTO
El susodicho Alcalde
Domingo Valera, portavoz del Partido
Independiente por Mazarrón (PIxM), sólo votó una vez en contra del alcalde
popular, Francisco Blaya, durante la anterior legislatura, según señaló ayer el
fiscal. Fue en el Pleno en el que este último se proclamó alcalde. Valera, ex
alcalde que perteneció anteriormente al PP de la localidad, aseguró que ambos
acordaron ese día «subir a Mazarrón lo más alto que pudieran». El fiscal, sin
embargo, considera que entre ambos existió un acuerdo menos altruista. «Estas
actas de voto y la ausencia de justificación ante los anticipos podrían estar
relacionadas». ¿Cedía Blaya anticipos de fondos públicos a Valera para que le
proporcionase su apoyo incondicional?
«Nunca ha existido un acuerdo de ese
tipo». Con apariencia tranquila, e incluso en algunos casos sonriente, llegaban
ayer a la Audiencia Provincial Francisco Blaya, Domingo Valera y el interventor
municipal, Pedro Sánchez. Todos ellos debían de responder por los 33.000 euros
que el entonces edil Valera recibió de los fondos del Ayuntamiento de Mazarrón
en forma de supuestos anticipos. El alcalde negó contundentemente ante el juez
que hubiese autorizado el pago de este dinero. «Nunca he dado orden de que se
hagan», señaló. Pese a su convencimiento, Blaya prefirió guardarse las espaldas
y recordó la inexistencia de una norma que regule (y por lo tanto que prohíba)
los anticipos a políticos.
Esta teoría no pareció convencer al
Ministerio fiscal. «Los fondos públicos no se pueden coger con la ligereza con
la que lo ha hecho el alcalde». El fiscal considera que los tres acusados han
incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos. Las penas
que el Ministerio solicita pueden, dependiendo de la convicción a la que el
Tribunal llegue sobre la forma en que manejaron el dinero, alcanzar los seis
años de prisión, de inhabilitación para cargo público o una simple multa. El
fiscal retiró ayer la acusación inicial por prevaricación, aunque mantuvo la de
malversación. La defensa solicita la plena absolución.
Conocer el destino que Valera había
dado a los 33.000 euros que, a lo largo de tres años, cobró de las arcas
municipales en forma de anticipo era una de las grandes incógnitas que ayer se
resolvieron. «Yo tenía problemas económicos derivados de una separación y del
tratamiento psicológico que estaba siguiendo por depresión», relató.
Blaya ya conocía esta situación
cuando, a finales del verano del 2004, Valera le comentó que necesitaba un
anticipo de su recién estrenado sueldo de concejal liberado. «Sólo le dije que
se acercara al Ayuntamiento y que si se podía hacer, que se hiciese», aseguró
Blaya. Tesorero e interventor sostuvieron, sin embargo, que tanto ése como los
24 anticipos restantes contaron con el beneplácito expreso del primer edil. «A
nosotros no se nos habría ocurrido autorizar algo así sin consultárselo a él»,
apuntó el primero de ellos. «Se telefoneaba al alcalde y éste daba su
autorización verbal», comentó su compañero.
A medida que Valera iba solicitando
anticipos, la deuda que éste contraía con las arcas municipales y la
preocupación de los dos técnicos ganaba volumen. El interventor aseguró ayer
que, en varias ocasiones, se había dirigido al edil de Hacienda para
transmitirle su desacuerdo con esta situación. «Rara era la semana que no
tocábamos el tema con el concejal», apuntó. La solución del alcalde, según
Sánchez, siempre era la misma: se resolvería pronto.
«Hablé con Valera y le dije que la
deuda era muy grande y que había que reintegrarla», relató el alcalde. Ambos
acordaron que el edil comenzase a devolver 300 euros mensuales. Paradójicamente,
Valera pese a estar pagando su deuda, siguió cobrando anticipos.
En agosto de 2005, Valera cobró su
último anticipo. Debía 33.000 euros al Ayuntamiento. No fue hasta 2006 cuando,
«ante la aparición de la noticia en la prensa», realizó una colecta entre
familiares y amigos y depositó un sobre en tesorería que saldaba su deuda.
«Tanto el alcalde como yo sabíamos que había que devolverlo», recalcó ayer en el
juicio.
El fiscal, sin embargo, no lo tiene
tan claro. «Pagó porque supo que el proceso penal estaba en marcha».
(www.laverdad.es,
05/12/08)
CESARON AL INTERVENTOR CUANDO IBA
A PONER AL EDIL AL DESCUBIERTO
Pedro Sánchez García apenas llevaba
un día disfrutando de sus vacaciones como interventor al frente del Ayuntamiento
de Mazarrón cuando escuchó los primeros rumores de que iba a ser cesado. «Se
había dado orden de que se cambiara la llave de mi despacho y las claves de mi
ordenador», relató ayer este funcionario, ahora vicesecretario general del PSOE
en la localidad (ya estaba ligado al partido en aquellos momentos,). Una llamada
le confirmaba días después, en noviembre de 2005, estas sospechas. «Ni mi cese,
ni el traspaso de funciones, fue el normal», aseguró Sánchez ayer;«era una
situación violentada».
Meses antes de su cese, el
interventor del Consistorio asegura haber redactado un escrito, que se adjuntó
con un grapa a la nota de pago del último anticipo que Domingo Valera recibió.
En ella, Sánchez trasmitía al alcalde su «preocupación» por el volumen de la
deuda que Valera estaba adquiriendo con el Ayuntamiento y que ascendía ya a los
33.000 euros. El agujero en el papel y la nota de Con Observaciones es el único
resquicio que, a día de hoy, queda de esa supuesta nota.
El mismo destino ha corrido
presuntamente el certificado de descubierto para Valera que el funcionario,
asegura, tenía ya redactado en su despacho en el momento del cese. «Yo sabía que
en la nómina de Valera había suficiente dinero para cobrarse». El alcalde de
Mazarrón, Francisco Blaya, coincidió ayer con su edil de Hacienda, Segundo
Muñoz, en apuntar que el cese del interventor se había debido a que otra persona
de mayor preparación había requerido la plaza. «El cese fue consultado con la
Comunidad».
Sánchez, primo hermano del portavoz
de la corporación socialista en Mazarrón, reconoció ayer que había sido él quien
había confirmado a la oposición la existencia de estos anticipos. «Simplemente
tuve que ratificar lo que ya era vox populi», señaló. Aun así, el interventor se
negó a facilitar a los socialistas el expediente de los anticipos cuando estos
se lo solicitaron en 2004. Fue una setencia judicial la que les permitió acceder
a esa información.
(www.laverdad.es,
05/12/08)
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El fiscal pide seis
años de cárcel para el
alcalde
de
Mazarrón un delito de prevaricación
El
fiscal ha pedido seis años de prisión para el
alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del
Partido Popular, que será juzgado el 4 de
diciembre en la Audiencia Provincial acusado de
un delito de prevaricación en concurso con un
delito de malversación de caudales por los pagos
anticipados hechos al concejal Domingo Valera.
El
Ministerio Público acusa también por los mismos
delitos al propio Valera y al interventor
municipal, Pedro Sánchez García, para quienes
pide cinco años y cinco meses de prisión.
En
los tres casos, el fiscal solicita a la Sala que
se condene a los tres a diez años de
inhabilitación absoluta, según conclusiones
provisionales.
Tras
las elecciones municipales de mayo de 2003 el
Ayuntamiento de Mazarrón quedó compuesto por
nueve concejales del Partido Popular, ocho
concejales del Partido Socialista, uno de
Izquierda Unida y tres del Partido Independiente
por Mazarrón (PIxM), del que era portavoz
Domingo Valera.
En
sesión extraordinaria del pleno celebrada en
julio del mismo año se acordó, con los votos
favorables de los ediles del Partido Popular y
del Grupo Independiente y los votos en contra de
los socialistas, conceder la dedicación
exclusiva a Valera, con un sueldo bruto de
31.365 euros anuales.
Asimismo, y al margen del pleno, Francisco Blaya
acordó con Valera "la entrega de las cantidades
que en cada momento requiriera de la
Corporación, que habrían de disfrazarse, para
darles apariencia de legalidad, como anticipos
de su sueldo de concejal".
Para
el Ministerio Fiscal, los pagos "no tuvieron
nunca este carácter, sino el de meros regalos
realizados con dinero público, tanto por el
hecho de que las entregas de las cantidades no
obviaban el que mensualmente recibiera su sueldo
íntegro como por el hecho de no existir
normativa legal alguna que las amparase".
Según los datos que se aportan en el escrito de
acusación, Valera llegó a percibir, entre el 15
de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005,
un total de 33.300 euros.
Además, "el señor Valera mantenía desde el año
2000 una deuda con el Ayuntamiento por el impago
de impuestos municipales que en julio de 2005
alcanzaba la cifra de 4.113 euros, sin que se
procediera a embargarle parte del sueldo hasta
marzo de 2007.
Domingo Valera, fue alcalde del PP entre 1995 y
agosto de 1997, cuando la oposición municipal le
presentó una moción de censura, y repitió en el
cargo de primer edil en las elecciones de 1999 a
las que se presentó como candidato del Partido
Independiente por Mazarrón (PIxM) creado por el
mismo, y en la que obtuvo tres concejales.
Un juez investiga al alcalde de
Mazarrón por pagos a un concejal que votó el Plan General
El juez titular
del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana (Murcia) investiga el pago de
33.000 euros por parte del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), al
concejal Domingo Valera, cabeza de lista del Partido Independiente por Mazarrón
(PIXM), cuyos tres concejales han permitido con su apoyo la reclasificación de
más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico que pasarán a ser
urbanizables. El 26 de septiembre, el alcalde aprobó con los votos de su partido
y de los tres ediles localistas el avance del Plan General de Ordenación Urbana,
que hace posible que se puedan construir hasta 43.000 viviendas en la zona
norte, según la edificabilidad prevista por el Ayuntamiento.
Principalmente,
son tres las empresas beneficiadas: Polaris World, con más de 7 millones de
metros cuadrados; Euromarina, seis millones; e Iniciativas Urbanísticas de
Mazarrón (alrededor de 5 millones). Esta última sociedad fue creada en noviembre
de 2005 en Madrid, y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida
públicamente, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros que ha
contraído el Ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos del ex alcalde Domingo
Valera y del actual, Francisco Blaya, ambos del PP, con la empresa que presta
los servicios de la limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas
labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos
pagos ilegales a varios ediles.
Si las empresas
favorecidas por la reclasificación de los terrenos rústicos logran su objetivo
en Mazarrón, municipio en el que hay unos 32.000 habitantes empadronados y unas
28.000 casas, se podrían construir hasta 43.000 nuevas viviendas, según el
estudio realizado por la oposición socialista, cuyo secretario general en
Mazarrón, Francisco García, no tuvo acceso a las cuentas municipales hasta que
el Tribunal de Cuentas obligó al alcalde a hacerlas públicas.
Preservar el litoral
El alcalde
investigado rechazó, tras aprobarse el avance del plan general, las críticas de
la oposición, al tiempo que explicó que uno de los objetivos generales de la
revisión del plan general "es preservar el patrimonio cultural y medioambiental
del municipio, especialmente el litoral, donde no se propone ni un solo metro de
suelo urbanizable". En este sentido, Francisco Blaya remarcó que protegerán una
zona denominada Puntabela. El primer edil resaltó, asimismo, que el plan general
se presenta con "total transparencia y coherencia y como una propuesta abierta
al debate de las opiniones de los ciudadanos mazarroneros".
Mientras tanto,
el juzgado de instrucción de Totana investiga de esta forma la querella
presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)
contra el alcalde de Mazarrón y el concejal Domingo Valera, del Partido
Independiente por Mazarrón (PIXM), por presuntos delitos de prevaricación y
malversación de fondos públicos.
Según la
querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del Ayuntamiento acordó, con los
votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a
Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 euros en
catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIXM.
La querella se dirige también contra el interventor y tesorero del Ayuntamiento,
Pedro Sánchez y Juan Martínez, respectivamente.
Según el fiscal,
"al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera la entrega de las
cantidades que en cada momento requiriera de la corporación, que habrían de
disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo".
Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros
regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas a
favor de Valera no obviaban que mensualmente Valera recibiera su sueldo íntegro,
sin detraérsele las cantidades supuestamente anticipadas, como por el hecho de
no existir normativa legal alguna que amparase la entrega de anticipos".
Valera recibió
33.000 euros entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según
indica la querella, que destaca que el dinero fue entregado por el interventor,
con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del alcalde".
El documento del
fiscal indica que cada vez que Valera pedía dinero al tesorero del Ayuntamiento,
"le llamaba por teléfono al alcalde para ponerlo en su conocimiento y éste
autorizaba el pago, que se documentaba en Tesorería mediante recibos manuscritos
por el tesorero". Posteriormente, "Blaya firmaba la orden de pago justificado
como anticipo de pagos al personal".
El fiscal
recuerda que "para ocultar la ilegal concesión de anticipos el alcalde se negó a
facilitar la documentación a los concejales del PSOE", y sólo fue obligado a
informar de la situación por sentencia judicial en julio de 2005.
El portavoz del
grupo socialista en Mazarrón, Francisco García, asegura que hubo meses que el
alcalde concedió a Valera hasta 5.500 euros en 20 días, además de los 1.500
euros del sueldo que éste tiene asignado, "como es el caso de junio de 2004. O
como en noviembre de 2003 [recibió] 4.300 euros más sueldo, y en diciembre de
ese mismo año 4.900 euros más sueldo y paga extra".
www.elpais.es 30.10.06
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