Murcia CONECTIONS : LIBRILLA
ESTO ES LO QUE HAY DE MOMENTO
BUENA ADAPTACIÓN A LA PRISIÓN DEL ALCALDE DE LIBRILLA
El alcalde de Librilla, José Martínez García y el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; se han adaptado bien a la vida en prisión y no están teniendo que recibir un apoyo ni una atención especial, según fuentes conocedoras de esta situación. Los dos políticos librillenses comparten la misma celda
(www.laverdad.es, 26/11/08)
IU PIDE AL PP QUE FUERCE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE LIBRILLA «POR DECENCIA»
IU de la Región de Murcia, a través de la dirigente regional y concejal de Murcia, Esther Herguedas, exigió ayer al presidente regional del PP, Ramón Luis Valcárcel, que fuerce, «por democracia y decencia», la dimisión del alcalde de Librilla, José Martínez García, y del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.
«La difusión de un nuevo caso de supuesta corrupción urbanística popular es un lamentable espectáculo», criticó Herguedas, quien añadió que «sólo con la dimisión inmediata de estos responsables municipales se evitará el espectáculo de un alcalde entre rejas que finge dirigir desde prisión su municipio». A este respecto, Herguedas calificó de «medida claramente insuficiente» la baja cautelar como militante del alcalde aprobada por el PP.
(www.laverdad.es, 25/11/08)
LA TRAMA DE LIBRILLA COMPRABA FACTURAS FALSAS PARA TAPAR EL PAGO DE COMISIONES
¿Cómo justificar la salida de importantes cantidades de dinero de la cuenta bancaria de una empresa, cuando tales cantidades están supuestamente destinadas a pagar comisiones a políticos y no se puede esperar que éstos, por supuesto, vayan entregando recibos por los cohechos? La respuesta: buscando sociedades legalmente constituidas que, a cambio de que se les pague el IVA y un poco más, se avienen a hacer facturas por servicios que no han prestado.
De esta forma parecían actuar los dos presuntos propietarios de la mercantil Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI) S.L., el funcionario de Presidencia en excedencia, José Luis Cano Valverde, y el ingeniero Domingo Peñalver Rojo, ambos detenidos como motivo de la Operación Biblioteca contra la corrupción. Las investigaciones judiciales apuntan a que esta empresa habría pagado elevadas comisiones (diversos abonos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros, según Peñalver) al alcalde de Librilla, José Martínez García y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Para justificar la salida de tales cantidades de la cuenta de ACADI, los responsables de esta firma habría buscado a un grupo de empresarios de Librilla para que les emitiesen facturas falsas, por servicios que en realidad no habían prestado, a cambio de dinero. Esta práctica, en el argot empresarial, se denomina comprar IVA.
De esta forma, ACADI lograría justificar el desembolso de tales cantidades en metálico, si es que se veía obligado a hacerlo por alguna razón, como una inspección o una investigación.
Clientes de una asesoría
La adquisición de facturas falsas fue confesada por el propio Domingo Peñalver en su extensa declaración ante el juez del pasado viernes. Los dos últimos detenidos de la Operación Biblioteca fueron sendos empresarios que habían emitido facturas falsas. Ambos han sido ya puestos en libertad. En sus autos, el juez apunta a que serán más los imputados por esa causa y señala que tendrá que tomar declaración muy pronto al abogado Cesáreo Gil de Pareja, detenido el jueves y puesto en libertad antes de ser puesto a disposición judicial. «Es un sujeto que mucha luz puede aportar sobre lo actuado por IDL y el Ayuntamiento de Librilla», afirma el juez. La mayor parte de los imputados arrojó gran cantidad de sombras sobre la actuación del letrado.
(www.laverdad.es, 24/11/08)
LA TRAMA DE CORRUPCIÓN LOGRÓ 7 MILLONES DE LAS ARCAS DE LIBRILLA CON CONTRATOS REALES Y FICTICIOS
Siete millones de euros. Cerca de 1.200 millones de pesetas. Tal es la cuantía total del dinero público que la supuesta trama de corrupción desmantelada este martes por la Guardia Civil, dentro de una amplia operación que llevó a sus agentes a registrar este martes el Ayuntamiento de Librilla y dependencias de la Dirección General de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, habría logrado amasar mediante diversos contratos con la administración pública.
Ésa es una de las conclusiones a las que han llegado los especialistas del Grupo de Delincuencia Urbanística, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, que vienen investigando este caso de supuesta corrupción urbanística y administrativa desde abril del 2007, cuando personas cuya identidad no ha trascendido presentaron una denuncia en la Guardia Civil.
Los agentes, que han actuado en todo momento bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, consideran que los funcionarios públicos presuntamente implicados en la trama abusaron de su condición para, en un caso, favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas de su propiedad o dirigidas por socios o testaferros suyos. Y, en otro caso, para informar favorablemente la adjudicación de obra pública a otras empresas, presuntamente a cambio de compensaciones económicas.
Hasta el momento han sido detenidas varias personas, que constituyen el aparente núcleo duro de la trama de corrupción. Se trata del funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, en excedencia desde junio del año pasado y que fue responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios; su esposa, María Josefa B.B.; el socio de Cano, ingeniero de caminos y administrador único de la empresa Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería (ACADI S.L.), Domingo Cabrera.
La operación, denominada Biblioteca, parte de la sospecha algunos de los detenidos maniobraron para desviar a empresas de su propiedad o de las que eran socios diversos contratos públicos, como algunos correspondientes a asesoramiento técnico o a la elaboración de informes urbanísticos. En otros casos habrían conseguido que la obra pública fuera adjudicada a constructoras de confianza, a cambio de diversas cantidades de dinero que se habrían embolsado. Es aquí donde entra la sociedad Urvisán S.L., radicada en Los Alcázares, que se habría hecho con diversos contratos en Librilla en los últimos años. La sede de la constructora fue registrada ayer por los UCO durante largas horas.
Aunque los datos ofrecidos ayer desde fuentes próximas al asunto explicaron que se estaban investigando los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, La Verdad ha constatado que también se contempla la falsificación de documento público y el blanqueo de capitales.
Los investigadores se muestran satisfechos por el resultado de los nueve registros que fueron practicados anteayer en las dependencias del Ayuntamiento y de la Dirección General de Administración Pública, en la sede de tres empresas y en varios domicilios particulares. La abundante documentación intervenida, tanto en papel como en soportes informáticos, ya está siendo analizada y no se descarta que pueda provocar una ampliación de la operación, bien con la detención de nuevos sospechosos o bien extendiéndose a otras localidades en las que habría podido actuar esa trama.
Los investigadores están convencidos, por los datos obtenidos con las gestiones realizadas desde abril del 2007, de que parte de los contratos logrados por la trama, tanto del Ayuntamiento de Librilla como de la Consejería de Presidencia, son ficticios, no se corresponden con servicios prestados y tendrían por único fin el enriquecimiento personal.
(www.laverdad.es, 20/11/08)
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
Otro ayuntamiento murciano tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro consistorio de la Región en la primera página de todos los periódicos y en lugar preferente de los informativos de televisiones y radios de todo el país. Y van...
Fue la localidad de Librilla la que ayer se despertó con la desagradable sorpresa de encontrarse con las dependencias municipales bloqueadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva operación dirigida a desmantelar una presunta trama de corrupción urbanística. En esta ocasión, sin embargo, y al contrario que en anteriores ocasiones, las sospechas no se ciernen sobre el alcalde de la localidad ni sobre alguno de sus concejales, sino sobre altos funcionarios.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó que la intervención policial fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, quien mantiene abierto un procedimiento por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el marco de esta operación fueron detenidas varias personas, entre las que destaca un alto funcionario de la Comunidad Autónoma, que se encuentra en excedencia desde hace algo más de un año. Se trata del ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde. Junto a éste han sido arrestados su esposa, cuya identidad parece responder a las iniciales J.B.B., y un empresario y presunto socio de Cano, Domingo Peñalver Rojo.
La operación, que se completó con exhaustivos registros en el Ayuntamiento de Librilla, en dependencias de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en sedes de varias empresas y en domicilios particulares, tiene su origen en la denuncia presentada meses atrás por la Fiscalía del TSJ. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción, así como las dirigidas a posteriori desde el juzgado, apuntan a que los tres varones arrestados, constituyen las bases del supuesto triángulo de corrupción.
José Luis Cano jugaría, según fuentes próximas a la investigación, el supuesto papel de cerebro y organizador de la trama. Así, como responsable durante años del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios -esta oficina ofrece apoyo a los ayuntamientos con menos recursos-, Cano maniobraba para conseguir supuestamente que fuera la empresa ACADI (Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería S.L.), administrada por su socio y amigo Domingo Peñalver, ingeniero de 27 años, la que se adjudicara diversos contratos municipales.
Entre éstos figuran, además de labores de asesoramiento técnico y la elaboración de diversos informes urbanísticos y sobre obra pública, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, que le fue adjudicado por 110.400 euros (más de 18 millones de pesetas).
Según fuentes del PSOE murciano, que investigó esta trama el año pasado y que ha colaborado con la Fiscalía, a raíz de la redacción del PGOU por ACADI se negociaron 30 ordenaciones del suelo con sus propietarios, y a todos los firmantes de los convenios se les habría exigido que encargaran la transformación del suelo a la firma municipal IDL. La gestión consistiría en elaborar y tramitar el plan parcial, el proyecto de reparcelación, el proyecto técnico de urbanización y en llevar la dirección técnica de las obras.
Al margen de ello se habrían llevado al Pleno otros contratos por importe de más de seis millones de euros, que no habrían respetado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el PSOE.
Del mismo modo, se investiga si Cano también influyó para conseguir que la construcción de obra pública de Librilla le fuera adjudicada a la constructora Urvisán S.L. de Los Alcázares, cuyas instalaciones también fueron registradas ayer por la UCO.
Los detenidos estaban siendo ayer interrogados, por lo que no se conoce si hoy serán puestos a disposición judicial o los agentes agotarán las 72 horas de margen máximo de que disponen.
(www.laverdad.es, 19/11/08)
© Copyright. 1998 - 2014. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o
superior a 1024 x 768 píxeles )