PRESENTAN QUERELLA EN EL TSJ CONTRA EL PRESIDENTE VALCÁRCEL POR EL CASO DE LA BALSA JENNY

El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera han presentado querella en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, como presidente del Consejo de Gobierno, que aceptó la donación de los terrenos de la balsa Jenny y por su posición jerárquica en la estructura administrativo-política de la institución donde se gestaron los hechos, de la cual se infiere jurídicamente que, salvo prueba en contrario, es principal autor, según la querella.

Se trata de una ampliación de la querella presentada hace cinco meses por la misma causa contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Economía, Juan Bernal, y que se encuentra en una situación extraña en la actualidad, dada algunas contradicciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En el texto de la querella, los denunciantes argumentan que el querellado era el Presidente del Consejo de Gobierno que el 23 de noviembre de 2001 aprobó la aceptación de la donación de los terrenos donde se ubicaban los residuos tóxicos de la balsa Jenny a sabiendas de dicha condición o carga a cargo de los fondos públicos que iban a ser malversados.Por tanto el querellado era, a título indiciario, presunto autor y no debe ir la querella solo contra los que van a la zaga, dejándonos fuera del proceso de responsabilidad, al máximo responsable”.

Advierten en el texto jurídico, al que ha tenido acceso VMPress, que “el ahora nuevo querellado o tal vez personas de su grupo político ubicadas en altos niveles, están desplegando las máximas cautelas para que no se reconozca la realidad y se decidan las actuaciones en forma contraria al principio de legalidad aunque sea causando un escándalo. Indicio de ello es la incomprensible postura de la Fiscalía Anticorrupción emitiendo un informe donde se desfiguraba y tergiversaba tanto la realidad como el marco jurídico para hacer exentos los hechos de la debida responsabilidad jurídico penal, por lo que nos vemos obligados reservarnos, llegado el caso, las acciones contra tan arbitraria posición de la citada Fiscalía.

Si los Fiscales del caso Gürtel han sido imputados por la Sala II del TS, por no oponerse a la decisión del juez Garzón de espiar los locutorios de los abogados, los intervinientes en este proceso pueden llegar a contraer gravosas responsabilidades.

Según fuentes periodísticas de toda solvencia, la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales entonces al cargo, vieron materia para ir contra Valcárcel y otros Consejeros pero “la superioridad” decidió dar el carpetazo por criterios políticos que a posteriori ha intentado justificar jurídicamente de forma injustificable”.

Además, añaden, “en las actuaciones del Tribunal de Cuentas podemos decir tres cuarto de lo mismo, que el querellado o sus protectores de partido han logrado que el TCU haga lo insignificante importante y lo importante insignificante, con pérdida de credibilidad para el citado órgano institucional, controlado en sus nombramientos, no lo olvidemos, por los partidos políticos PP y PSOE ya que se trata de nombramientos políticos temporales para habituales simpatizantes y servidores de sus respectivas filas”.

Según el documento presentado en el TSJ, a última hora del pasado viernes, “ los Consejeros querellados no podían tomar ellos solos la decisión de implicarse en tan burda e irracional operación “Jenny”. Parece que, según nuestras informaciones, los dos máximos ejecutores de la presunta malversación y prevaricación, fueron el jefe, Valcárcel, y su hombre de confianza, Cerdá, y que el Consejero Economía fue empujado por su superior. La investigación que se abra debe de aclarar este punto”.

La denuncia de Mazón y Cano Vera se presentó hace cinco meses en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y la autoridad judicial todavía no había tomado una decisión al respecto.

Desde el despacho del letrado mantienen serias dudas acerca de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y se preguntan por el auto de archivo que debiera estar en alguna parte desde hace tres años.

Asimismo, fuentes del bufete afirman que llevarán las actuaciones del caso Jenny a todos los niveles que sean necesarios para que se depuren responsabilidades.

TSJ PIDE AL GOBIERNO QUE CERTIFIQUE QUE ANTONIO CERDÁ ES CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

En una providencia dictada ayer por el Tribunal Superior de Justicia, firmada por el presidente Juan Martínez Moya, y por los magistrados Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero, la sala de lo Civil y lo Penal ha remitido comunicación a la Fiscalía contra la corrupción y la Criminalidad organizada para que remita la resolución que tomó en las diligencias 2/2007.

Igualmente, el TSJ requiere al Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que certifique si Antonio Cerdá es en la actualidad consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Esta actuación de los magistrados de la Sala del TSJ se produce tras la demanda y querella presentada por el abogado murciano José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera, en la que acusan al consejero de presuntos delitos de prevaricación, estafa, tráfico de influencias y asociación ilícita, en la marco del caso conocido como Balsa Jenny, en donde se habría beneficiado desde el gobierno regional de forma irregular a una empresa con más de 8 millones de euros.

El abogado murciano José Luis Mazón, y el periodista José Juan Cano Vera, han presentado una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el ex consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán, y otros altos cargos del gobierno regional, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa y asociación ilícita, en el marco del caso conocido como “Balsa Jenny”.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso VMPress, los denunciados se confabularon desde sus altos cargos para costear la limpieza de desechos mineros de una empresa particular que competía solo a ella, con fondos públicos, 5,4 millones de euros. Y luego, siempre según el documento, enriquecieron aún más a la entidad particular, pagándole 2,7 millones a la antigua propietaria de la balsa por recibir esos mismos residuos en terreno próximo.

La balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de 1.089.925 metros cúbicos, era una propiedad de Portman Golf S.A, que fue “cedida gratuitamente” por sus propietarios a la Comunidad Autónoma el 3 de octubre de 2001 para que con cargo al erario público se descontaminase con unos costos de limpieza que han resultado ser de 5.452.121, euros, unos 800 millones de pesetas aproximadamente. Costos que por ley debía soportar la entidad propietaria y no el erario público. Según la denuncia de Mazón y Cano, “no pareciéndoles suficiente el regalo de los 5,4 millones de euros a Portman Golf, se le adjudicó a los denunciados la subcontrata de la limpieza y además se le pagaron unas sumas importantes, 2,7 millones de euros, por permitir que los desechos mineros se alojasen en parcelas suyas”.

Por Decreto del Consejo de Gobierno 84/2001, de 23 de noviembre, se aceptó la cesión gratuita "con destino a realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestal y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". El propio Decreto reconoce que la propiedad cedida contiene un pantano de residuos minerales. El expediente de la cesión fue gestionado y decidido en la Consejería de Economía y Hacienda que entonces dirigía el denunciado Juan Bernal Roldán.

La Consejería dirigida por el denunciado Antonio Cerdá, con fondos propios y de la UE, costeó las labores de limpieza de la parcela (ya en 2005) que correspondían a la entidad propietaria Portman Golf, desembolsando de las arcas públicas la suma de 5.452.121 de euros. No quedó la cosa en el regalo del levantamiento de la carga de limpieza sino que además y como se ha dicho antes, posteriormente se le pagó por la Comunidad a Portman Golf 2.4 millones de euros por permitir el depósito de los desechos mineros en una parcela de su propiedad, próxima a la balsa, propósito de beneficiar a particulares que “es puro acto de locura o temerario desprecio de la legalidad”

El Ministerio de Medio Ambiente requirió en 10 de marzo de 2005 a la Comunidad Autónoma para que se exigiese a Portman Golf el pago de la limpieza, requerimiento que fue desatendido (presunta prevaricación).

Según la denuncia, los hechos no han prescrito porque para las penas que corresponderían a la malversación y prevaricación, el plazo sería de diez años desde que el dinero se malversó (2005) y se consumó la ostensible arbitrariedad. Los hechos relativos a la asociación ilícita tampoco han prescrito.

Además, ningún juzgado o tribunal ha conocido hasta la fecha de los presentes hechos. El Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, López Bernal, ordenó en su tiempo una investigación sobre el “affaire Jenny” que remitió a la Fiscalía Anticorrupción; allí los fiscales apreciaron indicios de delito de malversación de fondos públicos y de prevaricación, se tomaron declaraciones a los Consejeros de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y al de Economía y Hacienda y se archivó el caso porque “de instancias políticas se rechazó presentar querella contra miembros del Gobierno Regional para evitar un conflicto con el PP”.

La historia “de Jenny de los bajos fondos del mundo oficial murciano, es famosa”, aseguran los denunciantes. Afirman en su texto que “allá por el 2001, gobernando España el PP, altos directivos de la Comunidad Autónoma decidieron, con desprecio temerario de la legalidad (art. 27 de la Ley de Residuos "quien contamina paga"), cargar a los fondos públicos, los gastos de limpieza de unos residuos contaminantes, balsa Jenny, propiedad de una entidad particular, Portman Golf s.a. (1), relevando a la entidad propietaria de la finca, de sus obligaciones legales de pago de la descontaminación del sitio, ideándose (2)un subterfugio nunca antes ensayado, como era que primero los propietarios de Jenny cedieran la parcela de la balsa “gratuitamente” a la Comunidad Autónoma, y que esta, tragándose el anzuelo, la aceptaría y así se pagarían con los dineros públicos lo gastos de limpieza que debía de afrontar en exclusiva el propietario.

Lógicamente se preguntan muchos: “¿Y qué hay detrás de esta argucia? ¿Un acto de reparto secreto de beneficios entre los agentes intervinientes, públicos y privados? ¿Un mecanismo de ingeniería financiera clandestina del PP murciano a costa del erario público regional?. ¿Un pago de favores a Roca y Meroño?. Sea lo que sea es evidente que es un acto ilegítimo, profundamente arbitrario y desleal, además de infame”.

Las declaraciones del Portavoz del Gobierno Regional en su descargo aludían a que la balsa era un problema grave por las escorrentías sobre el vecino pueblo del Llano del Beal, lo que luego no se acompasa con los plazos de ejecución de las obras (2005). Además, señalan, “¿Qué tiene que ver la urgencia del problema con que no se le imponga el pago al dueño del terreno si la Administración puede por urgencia ejecutar una obra necesaria y luego repercutir sobre el obligado? ¿Qué hizo el Gobierno Regional cuando Medio Ambiente le exigió en marzo de 2005 que la obra la pagara Portman Golf? No hacerle caso, demostrando así su contumacia en gravar las arcas regionales con un desmán que esperamos no quede sin consecuencias”.

La cesión de la parcela, contaminada por los deshechos, al patrimonio regional para su lavado y descargo de sus cedentes del peso económico de su obligada por ley limpieza, “recuerda al cuento famoso de Blancanieves y los siete enanitos, en donde la manzana envenenada es la parcela Jenny con sus desechos tóxicos, la Blancanieves envenenada el dinero público, y la madrastra malvada los denunciados y los que falta por llamar”.

El 3 de octubre de 2001 se hizo por Portman Golf S.A. el ofrecimiento de cesión gratuita de la parcela-balsa Jenny (de unas 8 hectáreas como ya se ha dicho), “que es un mero trozo o despiece de la finca matriz”.

En el B.O.R.M. del 30 de noviembre de 2001 se publicó el Decreto 84/2001, de 23 de noviembre, aprobado en Consejo de Gobierno por el que se aceptó la cesión gratuita de la expresada parcela o recorte de parcela “con destino a realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona”.

El propio decreto reconocía la existencia de un pantano de estériles mineros, “por lo que no pueden alegar que no sabían de su existencia los denunciado”.

Según el Decreto el valor de la finca “cedida” era de 4.350.000 pesetas (cuatro millones trescientas cincuenta mil pesetas) y “¡¡aceptaron los denunciados una carga de más de 800 millones de pesetas!!, es decir un desvalor 200 veces superior al recibido, lo que constituye un verdadero acto de irracionalidad y abordaje institucional, así como consumada deslealtad hacia la legalidad, el interés general y el sentido de la decencia, nunca antes superado, que se sepa, en la corta historia autonómica de Murcia”.

Planes anteriores de limpieza

Muy curioso, según el abogado y el periodista en su denuncia, “y denotativo de que el regalo hacia los propietarios de Portman Golf estaba amañado desde muy al principio, es el anuncio que se publica en el BORM de 28 de mayo de 2001 (meses antes de la propuesta de cesión) de apertura de información pública relativo a Estudio de Impacto ambiental del proyecto de eliminación de vertidos de la balsa Yenny “a solicitud de la Consejería de Agricultura Agua y Medio Ambiente” ( y no de Portman Golf, entonces su propietario y obligado a instar el Estudio) lo que pone de relieve que mucho antes de la oferta de cesión (octubre de 2001) ya actuaba la Consejería como si el terreno de los vertidos tóxicos fuese suyo”.

Y en la declaración de Impacto Ambiental (BORM 19 de abril de 2002) se hace referencia a un “escrito de fecha de 25 de abril de 2001” donde el “promotor” (la propia Consejería y no Portman Golf) presentó la documentación descriptiva del objeto de la Declaración.

Se preguntan los denunciantes, “¿Qué pueden significar estos extrañas maniobras “anticipatorias”? "Pues en nuestra opinión significan que el primer proyecto de los asociados fue ir por lo derecho y sin tapujos, a limpiarle directamente a los señoritos de Portman Golf los desechos tóxicos con cargo al erario público regional y punto. Pero, muy probablemente, más tarde, algo o alguien les debió de advertir de lo extremadamente escandaloso y peligroso que era ese procedimiento sin base legal y sin precedentes y esto debió de generar la “más elaborada” idea de la “cesión gratuita”. La investigación permitirá aclarar este misterioso anuncio preludio”.

Tras este decreto de aceptación, la cesión se formalizó por escritura pública de 27 de diciembre de 2001, ante el notario Don Francisco José Higuera Garcia, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad de la Unión el 21 de marzo de 2002, como nueva finca registral 40.584.

El denunciado Antonio Cerdá, Consejero encargado de medio ambiente, dejó de cumplir en el caso de la parcela Jenny el deber de incluirla en el inventario de suelos contaminados (condición de contaminada que era pública y notoria máxime cuando más tarde se recibe en cesión gratuita), que le imponía el artículo 27.1 de la Ley 10/1998, de Residuos. Esto constituye una presunta prevaricación añadida.

Por tanto, con anterioridad a la cesión gratuita y estando la parcela Jenny en propiedad y posesión de Portman Golf, la propia Consejería del denunciado gestionó un expediente de evaluación de impacto ambiental como si ya fuera suya la parcela contaminada, lo que denota que el concierto de voluntades.

El periodista de El País Tono Calleja, siguió muy de cerca la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Jenny. Calleja cuenta que no solo se le exoneró a Portman Golf del pago de los 5.4 millones de coste de la limpieza sino que también cobró la cedente la suma de 2.72 millones de euros por permitir ubicar los estériles mineros en zona aledaña de su propiedad.

Hasta ahora el caso de la balsa Jenny en la modalidad de los dineros publicos empleados para su limpieza nunca ha sido objeto de examen por la Justicia, recuerda José Luis Mazón. La Fiscalía Anticorrupcion en el 2007 estuvo examinando el caso y no se presentó acción de la Fiscalía, según los denunciantes, por puros motivos políticos del Ejecutivo del PSOE, que decidió no meterse en una querella contra altos cargos murcianos del PP. "Esta increible e inaceptable omisión y dejadez de la Fiscalía Anticorrupción es subsanada ahora por la denuncia de dos particulares que hacen trabajo que le corresponde hacer al Ministerio Fiscal".

¿Qué puede hacer la Sala Civil y Penal competente para instruir el caso, tras la llegada de la denuncia?

B.-Archivar argumentando que no es delito a primera vista ("complicado es decir cosa tan fuera de realidad", asegura Mazón)

C.-Decir que hay indicios de delito pero que se comience a investigar en el Juzgado de Instrucción y cuando aprecie indicios contra algún aforado que eleve la causa a la Sala.

LOS FUNDAMENTOS LEGALES

INDICIOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y AUN DE POSIBLE ESTAFA COMETIDA POR FUNCIONARIO PUBICO

La conducta de los denunciados aforados constituye un supuesto prototipo de malversación de caudales públicos tal y como lo define el artículo 434 del CP:

Artículo 434. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Los fondos de la limpieza fueron desembolsados en marzo de 2005 según nuestras noticias, y los de los pagos a Portman Golf para la ubicación de los desechos mineros, posteriormente.

El Código Penal castiga el delito de estafa cometido por funcionario público y el ardid usado en este caso mediante simulación de cesión gratuita de finca, empuja al tipo al terreno de la estafa del 438 del CP:

Artículo 438. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

PREVARICACION DEL ARTICULO 404 CP.- APRECIAMOS UN POSIBLE DELITO CONTINUADO DE PREVARICACION.

Artículo 404.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

La resolución de aceptar la cesión de la finca conteniendo la balsa Jenny, adoptada por los denunciados como Consejeros de ramo responsables, constituye “prima facie” un delito de prevaricación o dictado de resolución arbitraria e injusta en asunto administrativo. La operación del fraude a los intereses públicos no pudo pasar por alto a ninguno de los denunciados; la condición de balsa contaminada aparecía en el propio decreto de aceptación.

Item, las resoluciones de limpiar la balsa con cargo a los fondos públicos, constituyen sendos supuestos de prevaricación.

La no inclusión de la finca en el censo de suelos contaminados, pese a saberlo, constituye otra modalidad de prevaricación administrativa.

La negativa a pedir a Portman Golf que pagase la limpieza, tras el requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente de 10 de marzo de 2005, encajaría en el tipo penal citado.

Estaríamos en suma, ante una prevariación continuada, al modo de la apreciada por reciente sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en un caso de esta Region, tramitado ante esta misma Sala.

Artículo 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.

Artículo 521. En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años.

El Tribunal Supremo consideró en el caso “Filesa” (STS 28-12-1997) la existencia de un delito de asociación ilícita.

La donación o cesión gratuita de una finca externa al patrimonio de la Comunidad Autónoma presupone una organización siquiera informal, pero efectiva, orientada a sacar de los fondos de la autonomía regional partidas a las que por ley no se tiene derecho, y ello exige un concurso de voluntades entre representantes de la empresa beneficiada y gestores públicos implicados, tan claro como el que se apreció en la trama Filesa, existiendo en este caso indicios de otra trama, la trama “Jenny” compuesta por coordinados de la firma Portman Golf y del Consejo de Gobierno regional.

Medio Ambiente advirtió al Gobierno murciano que no pagase la limpieza de la balsa Jenny

El Ministerio de Medio Ambiente ya avisó el 10 de marzo de 2005 al Gobierno de Murcia (PP) que la empresa propietaria de una balsa contaminada en El Llano del Beal (Cartagena) debería ser la que pagara los 5,4 millones de euros que costaba limpiar los estériles procedentes de las antiguas minas, y no las administraciones regional, nacional y europea, tal y como se produjo finalmente. Con esta decisión, el Gobierno de Murcia hizo caso omiso a la Ley de Residuos. El portavoz de la Comunidad de Murcia, Fernando de la Cierva, defendió ayer la legalidad de la operación.

Tras aceptar la cesión de una balsa contaminada de una empresa, Portman Golf, el Ejecutivo que preside el popular de Ramón Luis Valcárcel pagó a la sociedad estatal Tragsa 5,4 millones por limpiarla. Tragsa posteriormente adjudicó a dedo a la misma Portman Golf el depósito de los estériles, que al final fueron trasladados a un terreno cercano al anterior después de cobrar 2,72 millones de euros. Esta actuación, iniciada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga al Gobierno de Murcia por al menos dos presuntos delitos, de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El 10 de marzo de 2005 el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, envió una carta a su homólogo en la comunidad murciana, Antonio Alvarado, en la que le recordaba que en el caso de la balsa Jenny también rige el precepto de quien contamina paga, por lo que tenía que ser Portman Golf quien sufragara los 5,4 millones de euros que costaba la limpieza.Alvarado, según consta en la documentación del ministerio, contestó que la balsa ya no era privada, por lo que las administraciones públicas eran las que deberían pagar todo.

Comisión de seguimiento

Alejandre, tras conocer la investigación de la fiscalía, convocó para el 19 de diciembre pasado la comisión de seguimiento de las obras de limpieza de la balsa, en la que anunció a Alvarado que la fiscalía de Murcia le había pedido todos los datos del expediente. Según Alejandre, Alvarado dijo que no sabía nada de la investigación de la fiscalía, y rechazó que el Gobierno de Murcia hubiera hecho cualquier actividad irregular. Alvarado está imputado por dos jueces en los presuntos casos de corrupción de La Zerrichera y Puerto Mayor.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que el Gobierno murciano "ni ha sido requerido, ni notificado" sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está realizando por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por parte del Ejecutivo regional, en relación con la balsa Jenny. De la Cierva aseguró que "la actuación que se hizo en su día sobre la balsa Jenny es correcta desde el punto de vista legal".

www.elpais.es 01.05.05

Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación

La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.

El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.

El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.

Obligación eximida

Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.

El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.

La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.

La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".

La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.

Subvención retirada

El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.

Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.

La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.

Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.