CASO GESCARTERA
LA
BANDA DE GESCARTERA
EL PAÍS.7.10.01
I ) TRAYECTORIA Y COMPLICIDADES DEL MAYOR ESCÁNDALO OCURRIDO DURANTE LA GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR.
II ) EL DISPAR DESTINO DE UN EQUIPO DE 'BUENOS PROFESIONALES'
III )LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV Y LOS PADRINOS NECESARIOS . MISTERIOS, SOSPECHAS Y OCULTACIONES
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I ) TRAYECTORIA Y COMPLICIDADES DEL MAYOR ESCÁNDALO OCURRIDO DURANTE LA GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR.
Los Camacho, protagonistas estelares del 'caso
Gescartera', el mayor escándalo político durante el Gobierno del PP, eran
personajes poco recomendables. Varias sociedades de Bolsa que operaron con ellos
los definen como 'kamikazes' bursátiles'. Pero con el apoyo de importantes
padrinos políticos, padre e hijo consiguieron convertir su pulga en un elefante
La estafa de Gescartera se pudo consumar gracias
al trato de favor que la agencia recibió de la Comisión Nacional de Mercado de
Valores (CNMV) tras la intercesión de Enrique Giménez-Reyna, entonces
secretario de Estado de Hacienda y hermano de su presidenta. Sin la sucesión
encadenada de apoyos, favores, recomendaciones y dádivas que llegaron hasta
Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, la historia de lo que nació como un
minúsculo chiringuito y se convirtió en un gigante con los pies de barro
-18.000 millones desaparecidos- hubiera sido muy distinta, según se desprende
de la investigación judicial. Su crecimiento vertiginoso, de 98 millones a
18.000 millones en una década, coincidió en el tiempo con el ascenso político
de Enrique Giménez-Reyna, un experimentado asesor fiscal, imputado en esta
causa, que asegura que se limitaba a preguntar: '¿Cómo va lo de mi hermana?'.
¿Sabían el entonces secretario de Estado y los
consejeros de la CNMV que se opusieron a la intervención a quién estaban
apoyando? ¿Conocían el oscuro perfil de sus propietarios y su atrevido modo de
operar en Bolsa? Ellos aseguran ser los primeros sorprendidos, pero para muchos
profesionales del sector bursátil la historia de los Camacho era un secreto a
voces. La catastrófica gestión de su sociedad estaba más que cantada.
Hasta el 19 de septiembre de 1999, fecha en la
que José Camacho Rodríguez fue enterrado en el madrileño cementerio de la
Almudena, él y su hijo Antonio, propietarios de Gescartera, caminaron de la
mano por el filo de una navaja. Eran dos de los más significados kamikazes
de la Bolsa de Madrid. Operadores suicidas muy mal vistos en el parqué porque
arriesgaban demasiado el dinero de sus clientes, más de 2.000 millonescuando el
pasado mes de julio se intervino la compañía. Tan osados y peligrosos, que
varias sociedades de valores de Madrid se negaron a operar con ellos. En 1990,
poco después de que crearan una diminuta empresa llamada Bolsa Consulting, SL,
la pulga de la que nació Gescartera, la arriesgada operativa bursátil del
padre encendió la alarma en la sociedad de valores con la que comenzaron a
trabajar. Un directivo de ésta última, un viejo correcaminos del parqué con
el que Camacho padre operaba a diario, fue tajante: 'Pepe, como amigo eres
formidable, pero como cliente no te quiero ni ver. Vamos a zanjar está relación
antes de que sea tarde'
Pepe Camacho, cordobés, vecino del barrio de
Usera, localidad al sur de Madrid, había aterrizado en la Bolsa como ordenanza
de Banesto. Entonces los bancos tenían sus mesas de operaciones en el parqué y
el diligente recadero del banco, controlado en aquella época por la familia
Garnica, llevaba en mano las órdenes de compra y venta a velocidad de vértigo.
A los 40 años colgó el uniforme de ordenanza y entró en el despacho de
agentes de cambio y bolsa de Manuel de la Concha, donde trabajó en el área de
liquidación. De allí pasó al de José María Otamendi, otro conocido agente
al que el Banco Popular compró su ficha, por lo que Camacho padre pasó a
depender de Europea Popular de Inversiones. Pepe cuidaba en el parqué de las órdenes
del banco. Pero en 1989 Pepe Camacho, fanfarrón, buen comedor y bebedor, simpático
y conversador, decidió volar solo y creó junto a su hijo Antonio, el que ahora
duerme en prisión, Bolsa Consulting, SL, que comenzó a operar un año más
tarde. Uno de los directivos de la sociedad de valores con la que operaba Bolsa
Consulting lo define asi: 'Era un especulador genético. Un verdadero kamikaze
de la Bolsa. Hacía operaciones al descubierto. Vendía 100.000 o 200.000 teléfonos
(telefónicas) sin tenerlos y los recompraba en operaciones intradía (en
el día) arriesgadísimas. Trabajar con él no era recomendable. Tuvimos que
cortar'.
Antonio Camacho, el hijo del intrépido barandillero
de la Bolsa convertido en empresario, no era más que la sombra de su padre, del
que aprendió a vivir colgado de un precipicio. Su primer trabajo relacionado
con la Bolsa lo consiguió a los 24 años, en octubre de 1989: seis meses de prácticas
como administrativo en la empresa catalana General de Valores y Cambios (GVC),
en la época en la que era propiedad de Juan Hortalá. Luego, enganchó en
Gaesco, otra pionera sociedad de valores de Barcelona, donde estuvo siete meses
en el mismo puesto y conoció a Pilar Giménez-Reyna, entonces una comercial a
comisión que pateaba las calles vendiendo fondos de inversión y que años más
tarde se convertiría en el más poderoso escudo y salvoconducto de los Camacho
con el Gobierno del Partido Popular. Antonio Camacho, tras su brevísimo
aprendizaje como administrativo de GVC y Gaesco, se incorporó con su padre a
Bolsa Consulting, SL, la pequeña empresa familiar que instalaron en un
apartamento en el número 15 de la madrileña calle Moreto, muy cerca de la
Bolsa y de la iglesia de Jesús de Medinaceli, junto al hotel Palace, frente a
cuyo Cristo se arrodillaba cada mañana Pepe y rogaba fortuna para sus
rocambolescas operaciones bursátiles.
Bolsa Consulting, la pulga bursátil de los
Camacho, tal como la definió Luis Carlos Croissier, ex presidente de la CNMV,
empezó con un equipo de comerciales dirigido por Pilar Giménez-Reyna y tres
experimentadas vendedoras -Eloísa, María Antonia y María Luz-, que habían
coincidido con ésta en el Consorcio Nacional del Leasing, en Gran Tibidabo,
negocio del empresario catalán Javier de la Rosa, y en Gaesco. Eran un equipo sólido
y compenetrado, que continuó unido hasta la reciente intervención de
Gescartera. En 1992 habían captado sólo 98 millones. Pero la pequeña sociedad
de Pepe y de su hijo Antonio, que sólo estaba autorizada para asesorar, saltó
desde el principio la barrera y comenzó a gestionar recursos de los clientes.
Algo que le estaba prohibido y para lo que necesitaba el permiso de la CNMV. El
chiringuito de los Camacho arrancó con la cartera de algunos de sus viejos
clientes del Popular, entonces el banco predilecto del clero, y con los fondos
aportados por el equipo femenino de Pilar, que desfilaba por todos los cócteles
que se celebraban en Madrid. Antonio convenció a su padre de que el dinero de
los clientes rentaba más fuera que dentro de España. Y así comenzó la
operativa exterior de los Camacho. Casi siempre, a espaldas de su clientela.
Cada mañana, tras arrodillarse frente al Cristo
de Medinaceli, el antiguo ordenanza y correveidile de Banesto volvía al
parqué madrileño vestido con trajes de Echeverría, su tienda de ropa clásica
preferida, una prominente barriga y el Winston pata negra colgado
de la comisura de los labios. 'Desde el punto de vista profesional, no era una
persona recomendable. Su operativa era descabellada. Mejor dicho, peligrosa. Lo
peor es que no compraba y vendía para él, sino para sus clientes. El padre y
el hijo estaban tremendamente unidos. Antonio era su sombra', señala un
directivo de una sociedad de valores que operó con Bolsa Consulting, SL. Otro
operador bursátil que trabajó con ellos va más lejos. 'Varios de los nombres
que han aflorado ahora, entre ellos el de un cura, a los que les aplicaban
millonarias minusvalías (pérdidas), ya los utilizaban en los años noventa
cuando empezaron con Bolsa Consulting. A veces, decíamos: '¿Pero cómo este
hombre puede perder siempre tanto? Estaba claro que aquello no era trigo limpio.
Si en la Bolsa hubiera una ruleta rusa, ellos la habrían probado'.
La mecánica sucia de Bolsa Consulting, SL, tardó
poco tiempo en aflorar. El 31 de marzo de 1993 la CNMV sancionó a los Camacho
con una multa de 128 millones de pesetas por captar fondos de clientes. Según
la auditoría del órgano supervisor, había captado 928 millones. El expediente
se había iniciado poco después del nacimiento de la compañía y coincidía
con la aparición, a principios de los noventa, de los chiringuitos financieros
en Barcelona de la mano de avispados alemanes disfrazados de gurus. A los
Camacho no les tembló el pulso con la sanción de la CNMV, un multa que
recurrieron inútilmente a la Audiencia Nacional y que suponía más del 10% de
su cartera, entonces unos 785 millones. Lejos de amedrentarse, padre e hijo
iniciaron la transformación del chiringuito en Gescartera Dinero (Sociedad de
Gestión de Cartera), que quedó inscrita como tal el 16 de junio de 1992, con
la autorización de la CNMV. La pulga de los Camacho, que parecía herida de
muerte, mantuvo el tipo y cogió músculo y fortaleza. Sobre todo, porque los
dos kamikazes bursátiles del madrileño barrio de Usera contaron a
partir de entonces con la ayuda de un cualificado asesor fiscal llamado Enrique
Giménez-Reyna, uno de los hermanos de Pilar. Según algunas fuentes, a la voz
de auxilio de su hermana éste, ex alto funcionario de Hacienda acudió a
arreglar el primer entuerto de la sociedad y diseñó la creación de
Gescartera, algo que niega. Lo que sí reconoce es su intento de vender a
Antonio la sociedad de bolsa Sefisur, sancionada por la CNMV, de la que era
consejero.
La presidencia de Gescartera Dinero recayó en
el padre; la vicepresidencia, en Pilar Giménez-Rey-na; Antonio ocupó el cargo
de consejero delegado. Al equipo se unió Javier de la Sierra Flor, vecino de
Antonio en su casa del barrio de Usera, ex peluquero y protegido de los Camacho.
Un escudero fiel, de maneras bruscas, al que hicieron subdirector general. La
nueva sociedad siguió por la sinuosa y opaca senda marcada por Bolsa Consulting
y operó con la sociedad de valores Link Securities, propiedad de Rufino
Gallego, Rufo, de la que Antonio Camacho llegó a ostentar un 12%, que
vendió en 1999. Y con el Midland Bank, representado por Jesús Pantoja, que
posteriormente fue comprado por el Hong Kong and Sanghai Banking Corporation (HSBC),
considerado como el segundo banco del mundo. Ninguna de estas dos sociedades
hizo ascos a operar con los Camacho, que en San Isidro se exhibían en las
barreras más vistosas de las Ventas y frecuentaban Lucio, El Viejo Madrid y
otros conocidos restaurantes de la capital. 'Al padre y al hijo les gustaba la
gran vida. Pepe no conducía, pero Antonio ya se paseaba con cochazos desde la
época de Bolsa Consulting', asegura un conocido broker.
Para estrenar Gescartera Dinero los Camacho
alquilaron una planta entera en el edificio de la calle Moreto. Antonio, frío e
introvertido, se hizo pronto con las riendas de la nueva compañía de gestión
de carteras, bendecida por la CNMV, y comenzó a desplazar a su padre de día a
día. Siguió explorando lo que más le fascinaba: la operativa exterior, la de
los paraísos fiscales, por los que caminaba de la mano de sus enigmáticos
'asesores externos', que él atribuía al HSBC. Siempre, con la misma canción:
'El dinero rinde más fuera que dentro'. Hasta que en 1994 la sede de la calle
Moreto recibió una visita imprevista. La de José María Ruiz de la Serna, un técnico
de la CNMV que se había ganado a pulso el apodo de Mortimer, el
enterrador, con el que le bautizaron sus compañeros del órgano supervisor. Las
visitas de este cántabro, antiguo supervisor de Banesto, solían acabar con el
cierre de los chiringuitos que investigaba. El resultado de su inspección,
terminada en 1995, fue el segundo gran mazazo a la crecida pulga de los Camacho:
no se podía cuantificar ni el número de clientes ni el patrimonio exacto
gestionado; la viabilidad de la sociedad era una incógnita; se hacían las
aplicaciones a través de Link Securities, la sociedad con la que operaban en
Bolsa; se cargaban enormes minusvalías (pérdidas) a Pilar Friaza, la esposa y
madre de los propietarios, a personas inexistentes y a sociedades (Breston y
Promociones Andolini), que actuaban como basureros. La CNMV, presidida entonces
por Croissier, no hizo nada. La pulga de los Camacho gestionaba entonces unos
756 millones.
La inspección coincidió con el matrimonio de
Antonio. A sus 28 años se había casado, en 1994, con Nuria Rodríguez, una
joven conquense. El chico del barrio de Usera, que se crió en un piso humilde,
un segundo derecha sin ascensor, consiguió que el obispo franquista José
Guerra Campos oficiara la ceremonia en la catedral de Cuenca. Las relaciones de
los Camacho con la Iglesia eran excelentes. De la mano de Pilar, casada con un
teniente coronel del Ejército, la pareja de inversores suicidas ya jugaban con
los ahorros de curas y monjas. Antonio y su padre, entonces más apartado de la
gestión, no se amilanaron con el demoledor informe de la CNMV. Pepe seguía
comiendo a diario en los mejores restaurantes, no perdía su simpatía y
fanfarroneaba con sus amigos: '¿Qué te parece este traje? Me ha costado cien
mil pelas'. Antonio demostraba su extraordinaria habilidad para comprar las
voluntades de aquellos que se cruzaban en su camino. Sólo dos años más tarde
Ruiz de la Serna, el duro inspector de la CNMV, fichaba por Gescartera. Su
sueldo de 300.000 pesetas se multiplicó hasta 815.000. Y conoció el secreto
mejor guardado de los Camacho: 'El dinero de los clientes se coloca fuera', le
decía Antonio. Según su versión, nunca le confesó su arcaica estructura
exterior, que él creyó que descansaba en el HSBC.
Ruiz de la Serna no fue el único fichaje
interesado. Antonio se trajo también a Salvador Alcaraz, otro técnico de la
CNMV, y a Victoria Pastor, hermana de Salvador Pastor, uno de los responsable
del HSBC en España, entidad con la que actuaba como broker en sus
arriesgadas operaciones bursátiles y que le concedió un crédito personal de
500 millones para operar en Bolsa. Un gigante financiero, con filiales en todos
los paraísos fiscales del planeta, del que presumía como su principal asesor
en el exterior. Algo que el banco niega, pese a que en su sede londinense se
abrieron tres cuentas a nombre de la sociedad Stock Selection, que según Jaime
Galobart, uno de sus directivos, movieron en seis años unos 250 millones de
pesetas. Según la versión de Ruiz, número dos de Gescartera, un experto en
legislación financiera, el dinero que los clientes de Gescartera depositaban en
cuentas de La Caixa y de Caja Madrid, del que podían disponer él mismo,
Camacho y Javier Sierra, salía de inmediato de España y se colocaba en manos
de los enigmáticos asesores externos. El dinero aparcado fuera retornaba
mediante el denominado mecanismo de compensación contable y los beneficios se
repartían trimestralmente a los clientes con apuntes que reflejaban las
enrevesadas operaciones bursátiles intradía ( en el día), para las que
se contaba con un ejército de inmigrantes y parados a sueldo, reclutados desde
la época de Bolsa Consulting por un despacho de abogados y a los que se
aplicaban siempre pérdidas en favor de sus clientes. Las compras se hacían al
final del trimestre, pues estaban obligados a remitir en ese periodo el balance
de las cuentas a sus clientes.
El extraordinario crecimiento de la
insignificante pulga bursátil de los Camacho, que arrancó con 98 millones de
la mano del ex ordenanza de Banesto y se estabilizó en 756 millones en 1995, se
disparó a partir de 1996: 1.241 millones gestionados en el año en el que
Enrique Giménez-Reyna es nombrado por el PP director general de Tributos. En
1997 casi se triplica hasta los 3.117; en 1998 sube a 8.449; en 1999 baja a
7.500, y en el año 2000 se recupera hasta los 8.700. Siempre, según los datos
del dinero blanco que les auditó la CNMV. La pulga ya era un gigante muy bien
nutrido. Un animal desproporcionado porque la tesorería teórica de Gescartera,
el pasado 15 de junio, ascendía a 13.900 millones, según señala José María
Castro, director comercial. Y se elevaba hasta los 18.000 sumando los clientes
que aportaba a la agencia de valores la sociedad AGP, de Ánibal Sardón, entre
los que destacan la Mutualidad de la Policía y Construcciones Rico. Pero en
mayo, Antonio había liquidado todo la cartera de valores, unos 2.000 millones,
y el resto en apariencia era liquidez.
A los clientes de AGP se les vendía los
denominados 'depositados estructurados', que ofrecían una alta rentabilidad y
cuya existencia desconocía la red comercial dirigida por Castro. 'En la compañía
había murallas chinas, y los clientes especiales los gestionaba sólo Antonio',
señala el ex gerente del Domund. Sardón despertó hace un año la curiosidad
de la policía de Guernsey, el paraíso fiscal de las aseguradoras -una minúscula
isla del canal de la Mancha con una trepidante actividad financiera-, que
preguntó al Banco de España si tenía antecedentes penales. A partir de 1999,
el año en que Antonio se separó de su mujer, el gigante sufrió el acoso de
David Vives, supervisor de la CNMV, y el joven kamikaze de la Bolsa solo
-su padre estaba enfermo, yendo y viniendo de la Clínica Universitaria de
Navarra- siguió comprando voluntades. Como la de Jaime García Morey, el padre
de su novia, Laura, un 'florero' próximo al PP, y buscando el firme apoyo de
Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda. A Pepe Camacho le
despidieron con un funeral en la iglesia madrileña de Jesús de Medinaceli,
junto al Cristo que veneraba a diario. Antonio superó la arriesgada carrera de
su padre y saltó al precipicio: falsificó certificados, tampones bancarios y
pretendió engañar a la CNMV con unas falsas inversiones de 13.000 millones en
Martin Investment. Y lo hizo con su frialdad habitual y un señuelo dirigido a
Ruiz: 'No te preocupes. Me voy a Londres a por el dinero'. Pero volvió sin un céntimo,
convencido de que no devolver lo que había salvado sólo supone unos años más
de cárcel. En la lista de invitados de su fallida boda con Laura aparecía,
entre otros ilustres, Enrique Giménez-Reyna
II
) EL DISPAR DESTINO DE UN EQUIPO DE 'BUENOS PROFESIONALES'
RODRIGO RATO justificó el miércoles en el
Congreso sus nombramientos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) por la valía profesional y extenso currículo de los elegidos. La
evolución de ese currículo, para todos esos buenos profesionales que
participaron muy directamente en la no-decisión de no-intervenir Gescartera en
1999, cuando el agujero era de 4.500 millones, ha sido muy dispar. El entonces
director de Supervisión, David Vives, mantiene que el consejo extraordinario de
la CNMV del 16 de abril de 1999 no decidió intervenir Gescartera porque 'se
formaron dos bandos y medio'. Él situó en un bando a Pilar Valiente, José María
Roldán Alegre, Luis Ramallo y Antonio Alonso Ureba; en el otro, a Juan Fernández
Armesto, José Manuel Barberán y a él mismo, y en medio, a Miguel Martín. El
desmentido a ese resumen de la situación afronta un escollo colateral: la
mejora profesional de los allí reunidos y la de aquellos que, sin participar en
el consejo, también desempeñaron un papel clave en mantener o mejorar la
credibilidad de Gescartera también conforma dos equipos y medio. Valiente era
entonces consejera de Mercados Primarios en la CNMV. En octubre de 2000 fue
nombrada presidenta de la Comisión. El pasado septiembre tuvo que dimitir por
el escándalo de Gescartera.
Ramallo era el vicepresidente de la CNMV y, de
profesión, corredor de comercio. En octubre del año pasado tuvo que dejar la
CNMV, pero se benefició de una ley, de ese mismo mes, que fusionaba los cuerpos
de corredores de comercio y de notarios. Ahora es notario y presta sus servicios
en múltiples empresas ligadas al mercado de valores, desde Gescartera (hasta la
intervención) a Telefónica (desde la llegada a su consejo de Alonso Ureba). La
carrera de Antonio Alonso Ureba es, al menos en términos pecuniarios, la más
impresionante. En febrero de este año fue nombrado secretario del consejo de
Telefónica y consejero por César Alierta, quien le llamó sin conocerle de
nada. Alonso no dio pistas en el Congreso sobre quién pudo hablarle a Alierta
bien de él ni por qué, toda vez que subrayó que hasta su fichaje no tenían
el gusto de conocerse.
Roldán Alegre fue consejero de la CNMV hasta
octubre; el último semestre compatibilizó ese cargo con la de presidente de
turno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una agencia
internacional creada por el Grupo de los Siete para luchar contra el blanqueo de
capitales. Antes de su paso por la CNMV fue jefe del gabinete de Rodrigo Rato. Y
ahora es director general de Regulación del Banco de España, cargo en el que
sustituyó a Raimundo Poveda. Miguel Martín, quien se quedó 'en medio', según
Vives, era entonces gobernador del Banco de España. Sigue en el banco, pero ya
sólo en calidad de asesor áulico. Los tres que formaron, según Vives, el
bando a favor de la intervención están ahora en cierto retiro: Juan Fernández
Armesto, entonces presidente de la CNMV, proyecta montar un despacho de
arbitraje sobre conflictos de legislación entre distintos países. José Manuel
Barberán, entonces consejero de la CNMV, se ha tomado un año sabático. David
Vives salió de la CNMV, se reincorporó al Banco Popular y allí le dieron la
jubilación anticipada.
Otros cuatro profesionales también participaron
en aquella no-decisión: Antonio Botella, quien no vio unos certificados falsos
de La Caixa en diciembre de 1999, pasó de subdirector de Inspección a director
de Supervisión en la CNMV. Juan Pérez Renovales, quien tuvo que preparar, según
la versión de Armesto, 'toda la maquinaria para la intervención' que nadie ha
visto, es ahora jefe del gabinete de Rodrigo Rato. Y en el otro equipo, Luis
Peigneux, entonces número dos de Vives, sigue en la CNMV, pero ahora en asuntos
internacionales
III
) LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV Y LOS PADRINOS NECESARIOS . MISTERIOS,
SOSPECHAS Y OCULTACIONES
En una sorprendente conjunción, Internet y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han conseguido algo desconocido
hasta ahora en España: elevar un correo electrónico al nivel de abrazo de El
padrino; conferir a un simple e-mail resonancias de drama
shakespeariano; documentar con detalle de fechas, horas y minutos la carrera
hacia el abismo emprendida por el organismo regulador, a partir del 16 de abril
de 1999, en el escándalo de Gescartera. En definitiva, ofrecer atisbos de una
inmensa conspiración para frenar un escándalo que acabará por estallar este
último verano. Por ese abismo, al que se aproximaba hace dos años la CNMV a
toda velocidad, se han despeñado ahora, de un solo golpe, 18.000 millones de
pesetas, la credibilidad del organismo regulador, la del Gobierno que lo conformó
y un buen puñado de carreras profesionales y personales, algo nunca igualado en
otros escándalos político-financieros que ha vivido España, con excepción
quizá del caso Banesto.
'Querido David'. Eran las 9.09 del 21 de mayo de
1999. Antonio Alonso Ureba, uno de los principales protagonistas de esta
historia, estaba sentado en su despacho de la cuarta planta de la CNMV, en el
paseo de la Castellana de Madrid. Es un hombre ordenado, tal como ha declarado
en el Congreso, y a esa hora solía despachar el correo pendiente del día
anterior. 'Ya sabes que sólo me mueve ayudaros, y me parecía que estabais en
un callejón sin salida del que cualquiera puede salir escaldado. Siento mucho
si lo entiendes de otra manera. Te equivocarías'. Pulsó la tecla de enviar.
Fracciones de segundo después, el texto llegó al ordenador de David Vives,
director general de Supervisión, una piso más abajo. La literalidad del
mensaje es quizá decepcionante. Ni siquiera aparece la palabra fatídica:
Gescartera. Pero el tono y el subtexto son claramente amenazadores. Hay un
conflicto en marcha del que alguien puede salir escaldado. Cuidado. Alonso Ureba
era secretario del consejo de la CNMV, director de sus servicios jurídicos y,
según todas las fuentes consultadas, uno de los hombres más poderosos del
organismo regulador, si no el que más.
Apenas 49 minutos más tarde, como mucho, Vives
leyó el mensaje. El entonces director de Supervisión sabía que estaba inmerso
en una batalla complicada. Unos meses antes, en diciembre de 1998, comenzó una
inspección más o menos rutinaria a Gescartera, una sociedad propiedad de un
hombre joven, Antonio Camacho, que tenía entonces 32 años. Aparte de las
numerosas irregularidades que parecía presentar, Gescartera tenía dos características
que la hacían especial: primera, un número elevado de sus clientes pertenecían
a la Iglesia (arzobispados, congregaciones religiosas...), y segunda, su
vicepresidenta, Pilar Giménez-Reyna, era hermana de un hombre poderoso,
Enrique, a la sazón director general de Tributos en el Ministerio de Economía,
a las órdenes del vicepresidente Rodrigo Rato. En tres meses de trabajo, Vives
había descubierto que Camacho le engañaba, que sus clientes (incluyendo al
principal, el arzobispado de Valladolid) ayudaban a ese engaño, que Gescartera
tenía casi con toda seguridad un agujero de 4.500 millones de pesetas y que había
empleados de los bancos que trabajaban con Camacho, que colaboraban en la gran
ceremonia de la ocultación.
Pero todo eso no le había servido para lograr
que un consejo extraordinario de la CNMV, reunido con urgencia el 16 de abril de
1999, se decidiese a intervenir Gescartera. Según todos los testimonios ante la
comisión de investigación del Parlamento (excepto, curiosamente, el de Alonso
Ureba), ese día se discutió la intervención. Unos dicen que Vives la propuso,
y otros, que no, pero todos aceptan que se discutió. Tras la discusión, no se
aprobó. Sí se coincidió en que la situación era muy grave y que había que
vigilar muy de cerca a Camacho y los suyos. La orden fue 'reforzar la
vigilancia' sobre Gescartera, en palabras de la propia CNMV.
A eso se dedicó desde el lunes 19 de abril
David Vives. Pero en el mes que transcurre entre ese día y el 21 de mayo, en
que leyó el correo de Alonso Ureba, la situación había dado un vuelco dramático.'Dear
Anthony', tecleó Vives a Antonio Alonso Ureba, 'creo que no me has entendido en
absoluto, quizá porque partes de una base falsa; lo mejor será hablar cara a
cara para que no quede ninguna duda y que todo quede claro para el futuro'. Ya
habían aparecido los primeros problemas. Si hasta el intento frustrado de
intervención del 16 de abril de 1999 Vives había investigado Gescartera con
total libertad, según su declaración ante el Congreso, a partir de ese día se
encuentró con un muro impenetrable, con trabas desde dentro de la comisión,
con una campaña de desprestigio. En definitiva, con una especie de conspiración
para proteger a Camacho, de cuya existencia daban cuenta innumerables detalles.
El primero se produjo, sorprendentemente, la propia víspera del consejo
extraordinario de aquel 16 de abril de 1999. Luis Ramallo, vicepresidente de la
CNMV y ex diputado del PP, acudió al despacho de Enrique Giménez-Reyna en el
Ministerio de Economía, acompañado de su jefe de gabinete, José María Ramírez.
Se trataba de una reunión inusual. ¿Qué hacía el vicepresidente de la CNMV
reunido con el director general de Tributos?
Ramallo explicó en el Congreso que trataba de
buscarle empleo en la Administración a su jefe de gabinete. Pero fuentes próximas
a la CNMV aseguran que Ramírez, por problemas familiares, necesitaba un puesto
con más remuneración, algo que difícilmente iba a encontrar como funcionario.
De hecho, meses después abandonó el organismo regulador y pasó a trabajar
para un gran banco de inversión internacional. Y ese mismo día se produjo una
de las grandes y misteriosas coincidencias entre los acontecimientos que
comenzaban a desarrollarse en el seno de la CNMV y el dietario de Pilar Giménez-Reyna,
la vicepresidenta de Gescartera. 'Reunión urgente del consejo de CNMV,
aprovechando la ausencia del Vicep. y de los demás consejeros. Sólo estaba P.
Valiente, que avisa rápidamente'. De hecho, a la reunión sí asistieron el
vicepresidente y 'los demás consejeros', puesto que entre Ramallo, Pilar
Valiente y José María Roldán lograron frenar la intervención. La 'ausencia'
del vicepresidente se refiere a cuando se convoca la reunión, el día 15, que
es cuando Ramallo no estuvo porque se encontraba con Enrique Giménez-Reyna.
Existen, pues, dos puntos de conexión, de momento, entre Gescartera, y la CNMV
y el Gobierno. Además de la llamada de Pilar Valiente, Luis Ramallo se reunió
con Giménez-Reyna, hermano de la vicepresidenta de la sociedad de Antonio
Camacho. Enrique Giménez-Reyna, además, preguntaba a Pilar Valiente: '¿Cómo
va lo de mi hermana?'. Se paró la intervención. Y dentro de la CNMV todo,
lentamente al principio, y con más rapidez tal como transcurren los meses,
comenzó a cambiar.
Para mediados de junio, el ambiente se había
enrarecido hasta tal punto, que David Vives y su equipo comprendieron que se
encontraban frente a un caso muy extraño. Desde el servicio jurídico, dirigido
por Alonso Ureba, se bloqueaban requerimientos a clientes de Gescartera para
tratar de investigar con más profundidad. Lo mismo sucedía con los bancos. Los
inspectores comenzaban a desesperarse. El desánimo cundía. Los enfrentamientos
menudeaban. El 23 de junio, de nuevo a las 9.36 de la mañana, la hora a la que
solía despachar su correo, Alonso Ureba escribió lo siguiente: 'Además de
este tema, quiero aprovechar la ocasión para transmitiros que creo que es mejor
bajar tensiones, os noto en los últimos días muy tensos, y creo que en los
equipos no hay que crear fisuras, sino estar todos como una piña ayudando al
presidente; lo que sucedió la semana pasada no tiene ninguna gracia'. Los
destinatarios de este correo eran David Vives y el consejero José Manuel Barberán,
de quien dependía en última instancia Vives. Barberán fue el consejero que,
junto al presidente, Juan Fernández-Armesto, se había mostrado partidario de
intervenir Gescartera en el consejo del 16 de abril. Armesto también recibió
copia de este correo.
Pese a la conciencia del consejo de la CNMV del
peligro que se estaba corriendo con Gescartera, la investigación no sólo no
avanzaba, sino que, de hecho, quedó bloqueada. Alonso Ureba, un hombre de
confianza de Pilar Valiente cuando ésta fue nombrada posteriormente presidenta
de la CNMV, frenó inicialmente requerimientos de más información al
arzobispado de Valladolid. Aunque luego cedió, presionado por Vives, volvió a
oponerse a enviar cartas en el mismo sentido a otros diez clientes. También
advirtió del peligro de molestar a los bancos.
En mayo, Vives escribió a Alonso Ureba y a
Barberán un correo un tanto seco: 'Convendría que recordaras a Bankinter que, inter
alia [entre otros], han emitido certificados falsos'. Era la respuesta a
Alonso Ureba, que había advertido previamente que Bankinter se había quejado
de las tareas inspectoras. Sin dejarse impresionar, Alonso Ureba volvió a la
carga en un correo al consejero Barberán. 'Por ejemplo, dice David que
Bankinter ha emitido un certificado falso. Si eso fuera así [sí fue así], ¿qué
haríamos para probarlo? ¿Vamos a empezar en ese caso también una pelea con
Bankinter? ¿Con qué cobertura jurídica? Éstas y otras preguntas creo que hay
que hacérselas cuando empecemos un camino'. La situación se volvió
irrespirable, y Vives pidió que se le relevase del caso, ya que consideraba que
no tenía libertad para investigar a fondo a Gescartera. En ese caso, no deseaba
asumir la responsabilidad de lo que pudiese suceder. Así lo solicitó al
presidente Juan Fernández-Armesto en otro correo electrónico, el 15 de julio.
Armesto contestó: 'Confirmo que la responsabilidad del tema Gescartera pasa al
equipo ad hoc dirigido por Antonio Botella. Como jurídico actuará
Jaime Pérez, y como técnicos, los que Antonio Botella designe'.
Se trató de un giro dramático. Vives, el
director de Supervisión, el hombre que más sabía de Gescartera dentro de la
CNMV, la persona que había descubierto los fraudes de Camacho, dejó el caso. A
partir de ese momento las cosas empezaron a ir mejor para el broker de
vida desenfrenada y su sociedad. Las alarmas en el consejo de la CNMV sobre
Gescartera seguían encendidas, pero la presión, de repente, aflojó. De
entrada, Antonio Botella, a quien se llamó de urgencia, interrumpió sus
vacaciones y volvió apresuradamente a Madrid, sabía poco de Gescartera. Era
jefe de Inspección y sólo más tarde, con el nombramiento de Pilar Valiente
como presidenta de la CNMV, ascendería a director de Supervisión, el cargo que
dejó libre precisamente David Vives al abandonar el organismo. La otra persona
citada en el correo electrónico era Jaime Pérez Renovales, que había
participado en el tema Gescartera como abogado del Estado en la CNMV y que a
partir de ese 15 de julio formó parte de ese equipo especial, aunque
brevemente. En octubre dejó la comisión y entró en el Ministerio de Economía,
donde en julio de este año el vicepresidente Rodrigo Rato le nombró jefe de su
gabinete.
Durante su responsabilidad, Botella tomó dos
decisiones que, vistas en retrospectiva, se revelan como catastróficas. La
primera fue cambiar lo que en la jerga de la CNMV se denomina fecha de corte. Se
trata del 30 de noviembre de 1998, la fecha sobre la que David Vives había
centrado toda su investigación. Vives estaba convencido de que si se apretaba
lo suficiente sobre esa fecha, se podía demostrar que el dinero no existía.
Cambiar la fecha puso el cuentakilómetros a cero y permitió a Camacho escapar
del cerco. Vives advirtió de que se estaba cometiendo un grave error. Botella
lo ignoró. Botella declaró en el Congreso que nadie le empujó a cometer este
error. Que lo decidió él sólo. Pero antes del 15 de julio, cuando asumió
formalmente la responsabilidad del caso Gescartera, ya había alguien que estaba
sugiriendo sutilmente que ése era el camino correcto. De nuevo, se trataba de
Antonio Alonso Ureba. 'Creo que lo más importante', escribe en su e-mail
del 23 de junio de 1999, 'es saber si con lo que han mandado cuadra o no el
balance de Gescartera. En cuanto a lo que pasaba en noviembre o diciembre [la
fecha de corte de Vives era 30 de noviembre de 1998], que no digo yo que no sea
importante, por favor entenderme [sic] bien, creo que es secundario'.
Ureba declaró en el Congreso el miércoles que jamás se había interesado, más
allá de sus responsabilidades jurídicas, por la inspección a Gescartera.
Botella asumió que lo que dijo Alonso Ureba,
efectivamente, era secundario, cambió la fecha de corte y Antonio Camacho logró,
por fin, después de meses de enfrentamientos con Vives, hacer que cuadrasen los
balances de Gescartera. Se había escapado. Pero a pesar de estas facilidades,
cortesía de la CNMV, la situación de Gescartera era tan grave que para
solventar el problema Camacho tuvo que recurrir, de nuevo, a falsificar
documentos bancarios. Ya lo ha hecho anteriormente. Vives le había pillado. Lo
sabía el consejo de la CNMV. Lo sabía toda la casa. El máximo órgano de
gobierno del organismo había ordenado vigilar estrechamente a Gescartera. Pero
sucedió lo inimaginable. Botella dio por buenos certificados falsos de La Caixa
entregados por Camacho, con los que se tapó un agujero de 4.000 millones de
pesetas. Era noviembre de 1999.
A partir de ahí, la suavidad de maneras de la
CNMV con Camacho y Gescartera se acentuó. Durante la mayor parte del año
siguiente las investigaciones prosiguieron sin descubrir nada grave. Camacho
estaba vaciando Gescartera a toda velocidad, pero nadie lo detectó. Las
irregularidades de Gescartera continuaron a todos los niveles. Fuera y dentro de
la CNMV. Fuera, el dinero seguía desapareciendo a velocidad de vértigo.
Dentro, dos procedimientos sobre la sociedad de Camacho corrían en paralelo a
buen ritmo: el expediente sancionador iniciado en 1999 y el ascenso a agencia de
valores, aprobado por unanimidad del consejo de la CNMV en julio de 2000. Antes,
en mayo de 2000, María Teresa de Miguel, una técnica de la comisión ascendida
posteriormente a subdirectora por Pilar Valiente, firmó una propuesta
surrealista de sanción a Gescartera en la que, contra toda lógica, rebajó la
calificación de 'muy grave' a 'grave', pese a considerar probados todos los
cargos y basándose en un simple 'cambio de actitud' de Camacho. Con este
informe encima de la mesa, el consejo aprobó en julio de 2000 una sanción
irrisoria de diez millones, decidió no hacerla pública y acto seguido elevó
Gescartera al rango de agencia de valores.
Mientras, lo que había desaparecido en la CNMV
era la discrepancia interna, el rastro de correos electrónicos de la etapa
anterior. Reinaba el silencio de los ordenadores. La historia se había reducido
a la historia oficial. La verdad era sólo la verdad de las actas. En la CNMV se
instaló la paz de los cementerios. A partir de ese momento resulta mucho más
difícil reconstruir lo sucedido, aunque los documentos conocidos muestran una
imagen espeluznante de los mecanismos de control de la CNMV. En octubre, el
Gobierno nombró presidenta de la CNMV a Pilar Valiente. Armesto dejó la comisión;
Vives, también. Barberán, el consejero que les había apoyado, es apartado.
Pilar Valiente y Antonio Alonso Ureba almorzaron con Camacho y con Pilar y
Enrique Giménez-Reyna. Las últimas trabas se superaron sin problemas. Sin
problemas, pero violentando todas las normativas. Pilar Valiente fichó como
director de Entidades a Juan Carlos Basallote Ureba, primo de Antonio Alonso
Ureba. Basallote, que era director de publicidad de Ponche Caballero y no poseía
ninguna experiencia en entidades financieras, inscribió en el registro oficial
a Gescartera como agencia de valores, tras un proceso rocambolesco en el que
quedó claro, en papel con membrete de la CNMV, que Camacho no había cumplido
las condiciones exigidas. Los balances cuadran, los requisitos se incumplen sin
que suceda nada, la paz de las actas sigue reinando, hasta que el estallido del
escándalo en julio de este año destapa, finalmente y de forma brutal, la
verdad. La verdad que las actas nunca recogieron.
Es imposible establecer un perfil único de los
clientes de Gescartera. Los numerosos pequeños inversores -alrededor de 2.000-
que han perdido sus ahorros atesorados durante años han pasado a un segundo
plano por la relevancia de grandes y potentados clientes que acudieron a esta
pequeña sociedad gestora de cartera. Unos clientes que conforman el cuadro de
una España folclórica y rancia, donde sus extraños modos de actuar hacen
imposible establecer una diferencia clara entre víctimas y verdugos. La entrada
de estos grandes capitales, pese a lo avanzado del caso Gescartera,
continúa siendo una incógnita a despejar. Tropieza con la prudencia y la
seguridad con las que se mueven otros grandes inversores. La Iglesia, el
Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, el Servicio de la Seguridad Social
de la Armada, las empresas públicas Saes y Cetarsa, la Mutualidad de la Policía,
la Organización Nacional de Ciegos de España, varias ONG, Construcciones Rico
o la empresa de comunicación Asesores 2000 consiguen dar aún más misterio a
esta trama de engaños y connivencias entre sus administradores y el organismo
supervisor de los mercados, la CNMV.
Pocos de estos clientes se conformaron con
ostentar únicamente esta condición. En el caso Gescartera hay clientes
que a la vez se volvieron socios, como la ONCE; una docena que obstaculizó la
labor inspectora de la Comisión, y alguno que respondía con esas inversiones a
regalos y viajes gratuitos, como el Patronato de la Guardia Civil a través del
coronel José Giménez-Reyna (hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna).
El Arzobispado de Valladolid ha compartido otras características como cliente
iluminado que conseguía retirar a tiempo más de mil millones de pesetas,
aunque esta intuición parece más propia del soplo humano que del divino.
La ONCE hizo también doblete al ser pieza
esencial en la transformación de Gescartera en agencia de valores, de la que
ostenta un 10% de las acciones, según los requisitos exigidos por la propia
CNMV. Un accionista que no desembolsó dinero alguno por ese porcentaje del
capital y que, curiosamente, hoy en día pone en duda esa participación. Una
ONCE que asegura buscaba en Gescartera la creación de un gran fondo de
pensiones para sus asociados por el que a buen seguro hubieran peleado las
principales entidades financieras del país. También hay clientes salvadores
como la Mutua de la Policía -principal depositante, con 1.500 millones de
pesetas perdidos-, cuyo dinero fue providencial para que cobrase el mencionado
arzobispado, en la típica estafa piramidal por la que el nuevo dinero va
tapando los agujeros y la marcha de clientes mosqueados o avisados. La Armada
logró retirar a tiempo los 300 millones de sus empleados civiles colocados en
Gescartera. En este variopinto conjunto no falta tampoco un lobby del
mundo de la comunicación como Asesores 2000, que confiesa ser víctima, pero
que los principales implicados (Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna)
sitúan a su presidente, Roberto Santos, como clave en la evaporación de los
18.000 millones y en el cobro de intereses anuales superiores al 40%.
Y buena parte de ellos ocultaban tras esas
inversiones dinero negro -aspecto éste todavía pendiente de confirmar por
Hacienda- o una avaricia desmedida, habida cuenta de que la agencia, propiedad
de Antonio Camacho, prometía rentabilidades muy superiores a las que otras
empresas de servicios de inversión ofrecían a sus clientes. Unas gigantescas
ganancias que llegaron a ser del 3,85% en tan sólo 15 días, lo que significa
una rentabilidad anual del 108%. En este mosaico de grandes inversores destacan
dos sociedades ligadas al sector público. Saes, participada por Izar e Indra,
se ha dejado en este engaño 591 millones de pesetas, mientras que la Compañía
Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha perdido en Gescartera 150 millones de
pesetas. También hay que referirse al engaño puro y duro que sufrieron también
parte de estos grandes clientes, confiados en una agencia de valores
perfectamente legal y supervisada por la CNMV, y que además tenía al frente a
la hermana de nada menos que el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
Pilar fue decisiva en la captación de clientes de peso, así como en frenar
-apoyada en su hermano Enrique- el hostigamiento supervisor al que estaba
sometido la agencia. En esta tortuosa historia de Gescartera están pendientes
todavía los 'clientes especiales' a los que hizo referencia Antonio Camacho en
sus declaraciones ante la juez. Estos clientes le entregaban personalmente el
dinero en maletas y en cheques al portador por cantidades inferiores a las
500.000 pesetas. Éstos son la última incógnita de unos grandes clientes atraídos
por una pequeña gestora que en febrero de este año se hizo agencia.
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