" Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
( C. E.1978. Art. 16.3 )

LAS NOTICIAS ECLESIÁSTICAS + PPOPULARES

CUANDO LOS SUYOS GOBERNABAN

LA IGLESIA ENSEÑARÁ EN LOS COLEGIOS "EL DIVORCIO Y SU PROBLEMÁTICA"

Los contenidos que estudiarán los alumnos que elijan la clase de Religión Católica a partir del próximo curso incluyen, según una orden publicada  en el BOE, "el divorcio y su problemática", "la finalidad básica de la sexualidad" (en 1º de ESO, a los 12 años) y la "manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo" (en 3º de ESO y en los Programas de Iniciación Profesional).

Los alumnos podrán elegir entre esta opción "confesional" y otra "no confesional" (denominada Hecho Religioso) a partir del próximo curso, según se establece en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), aprobada hace un año.

La opción confesional será impartida por profesores escogidos por la Iglesia y la orden señala que esta alternativa "desarrolla especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitando una propuesta de sentido último para su vida". Será obligatorio estudiar Religión Católica o Hecho Religioso desde 1º de primaria (a los 6 años) hasta 1º de bachillerato (17 años), además de en los dos cursos de los Programas de Iniciación Profesional, a los que accederán a partir de los 15 años los alumnos que vayan peor. También podrán estudiar religión voluntariamente los niños de infantil. Éstos son algunos de los contenidos de la opción confesional:

- Primaria. Incluyen, aparte de la figura de Dios, Jesucristo y las figuras y celebraciones religiosas, "el pecado, el hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo mismo", "los milagros de Jesús" y el estudio de otras religiones.

- ESO. A los 12 años se enseñará a los niños desde el punto de vista confesional, entre otras cuestiones, "el sentido y la finalidad básica de la sexualidad" y "el divorcio y su problemática". A la hora de evaluarles tendrán que saber, según el texto, "dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con Él en la creación", así como "deducir del sacramento del matrimonio los valores de la entrega total, el compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación".

Los cursos 3º y 4º están más centrados en la historia de la religión católica, aunque también incluyen, por ejemplo, "el proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el islam". Pero en 3º llaman la atención otros contenidos, que también se han incluido en los Programas de Iniciación Profesional (destinados a los alumnos que no superen la ESO): "Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo".

- Bachillerato. Se estudiarán aspectos como "las religiones en la Constitución Española", "la fe ante el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia" y "las relaciones Iglesia-Estado".

- Infantil. En esta etapa (de los 3 a los 6 años) se empieza por enseñar: "La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios". Y se prosigue con aspectos como "el amor a Jesucristo", "el diálogo con Dios" y "expresiones de agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia” (Diciembre 2003).

LA IGLESIA CATÓLICA RECIBIRÁ DEL ESTADO 138,7 MILLONES PARA EL CLERO EN 2004  

La Iglesia católica española recibirá el próximo año 138.695.761 euros de los Presupuestos del Estado, según anunció el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez. De esa cantidad, Hacienda obtiene una parte (en torno a 78 millones) de las aportaciones de los católicos mediante su declaración de la renta anual, y el resto es un complemento gracioso que entrega el Estado tras un acuerdo entre los obispos y el Gobierno para completar unas previsiones de autofinanciación -que la Iglesia acordó con el Ministerio de Hacienda en 1987- que nunca se vieron cumplidas. El descenso en casi un 15% de las aportaciones de los católicos a su Iglesia mediante el IRPF tampoco afectará este año a los obispos porque, al margen de lo ingresado por ese capítulo fiscal, reciben una cantidad fija anual, que este año se ha incrementado un 2% con respecto al ejercicio anterior. Una reciente propuesta del Grupo Socialista en el Congreso solicitando que se suprima esa aportación para la religión católica, única que recibe dinero estatal directamente, fue comentada con displicencia por Herráez. "Llevo aquí muchos años y siempre han estado esas críticas sobre el tapete. Pero el Estado cumple con los acuerdos con la Santa Sede, también cuando gobernó el Partido Socialista", dijo (Noviembre 2003). 

CIEN SACERDOTES DE MADRID CONSIDERAN UN "ESCÁNDALO" LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO Y LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN   

"¿Se atreverán a valorar positivamente los resultados de 40 años de enseñanza privilegiada y obligatoria de la religión?". Se lo preguntan a los obispos cien sacerdotes de la diócesis de Madrid, entristecidos por la nueva regulación de la asignatura religiosa aprobada por el Gobierno del PP con el beneplácito de los prelados católicos. "Frente a la alegría episcopal, no podemos sino manifestar nuestra tristeza ante el espectáculo de una Iglesia que no parece creer en Jesús crucificado, ajeno a todo privilegio, muerto por su crítica al poder. Una Iglesia que, por el contrario, se arrima al poder y en él confía decisivamente", afirman los presbíteros en un manifiesto firmado, entre otros, por Máximo Oguiza Juan, Rafael Rojo Sastre y Carlos Fernández Barberá. El centenar de curas que suscribe la declaración está integrado en el Foro Fernando Urbina. Madrid tiene 1.600 sacerdotes diocesanos. La Conferencia Episcopal saludó como "un momento importante" la reforma que convierte la asignatura de religión en evaluable a todos los efectos, al igual que su alternativa, pero al Foro Fernando Urbina le parece un error. "Los obispos llegan pertrechados con el apoyo del aparato del Estado y la Iglesia aparece así semejante a cualquier otro grupo de poder, que busca privilegios en su propio beneficio", dicen. También tachan de "sencillamente un escándalo" la situación laboral de los profesores de catolicismo. "No cumple con la doctrina social de la Iglesia ni con la ley constitucional que protege al resto de los ciudadanos", afirman (Septiembre 2003). 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID FALLA CONTRA ROUCO EN EL CONFLICTO DE LOS DOCENTES DE RELIGIÓN  

Los reiterados problemas de algunos obispos con el profesorado de catolicismo contratado y pagado por el Estado adquieren desde ahora la categoría de "conflicto colectivo" en la archidiócesis de Madrid, según sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de la Comunidad, presidida por el juez Miguel Moreiras. El fallo da la razón al Comité de Empresa del profesorado y concluye que "la única instancia competente" para regular sus tareas es la Consejería de Educación, no el arzobispado del cardenal Antonio María Rouco, ni los obispos de Getafe y Alcalá de Henares.

Manda quien contrata y paga. Y, además, la norma de aplicación es el Estatuto de los Trabajadores, pues eso es lo que son los docentes de catolicismo por mucho que quien los propone al Estado cada año sean los obispos de cada diócesis. Esta es la teoría de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, en una sentencia dada a conocer. .El fallo se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se une a una veintena de sentencias dictadas este año por tribunales superiores de otras regiones, además de por numerosas magistraturas. La demanda "ejercitando acción de conflicto colectivo", presentada por el letrado Pedro Gete Castrillo "en nombre del Comité de Empresa de las Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid", estaba dirigida contra el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, por "dejación de funciones", pero también contra el arzobispado de Madrid y los obispados de Getafe y Alcalá de Henares, integrados en la archidiócesis que lidera Rouco.

¿Por qué un conflicto colectivo si los problemas con cada obispo los tienen sólo determinados profesores? La pregunta del letrado ante el tribunal resultó evidente, por retórica. "Los docentes de catolicismo padecen, en ocasiones, un auténtico mobbing [acoso] laboral y tienen miedo a presentar individualmente estas reclamaciones", explicó el sindicato promotor de la demanda, la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER). "La actitud denunciada, por acción u omisión de la Administración, no ha sido nunca pacífica, sino muy contestada-unas mil sentencias desde que la normativa entró en vigor, en 1979-", añaden. La sentencia del Tribunal Superior "condena a las demandadas [Educación y las tres diócesis de la Comunidad] a estar y pasar" por la solemne declaración de que "la Autoridad administrativa competente en materia educativa en Madrid es la única instancia laboralmente competente para efectuar la designación o concreta adjudicación a centro educativo y puesto de trabajo como profesor de religión de las personas que resulten contratadas de entre aquellas que el Ordinario diocesano haya propuesto para ejercer esa enseñanza". Dice también que es "la única competente para organizar, dirigir y resolver cualquier cuestión suscitada", como cambios de jornada, horarios, etc. ¿Qué le queda a los obispos? "El requisito previo de la propuesta" [de profesores que debe contratar el Estado cada año], dice el tribunal citando los pactos suscritos en 1979 entre España y la Santa Sede

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, calificó hace dos años de "error grave" el que algunos obispos mandaran al paro a profesores de religión por causas como divorciarse o participar en una huelga legal. Los sindicatos le replicaron que también la Comunidad de Madrid "estaba tolerando esos atropellos".Lo recordó el vicepresidente de la FEPER, Luis Guridi. "Es hora de que terminen esas injerencias y que la Administración termine con esa clara indefensión. Pedimos que cumpla la sentencia, que ponga en marcha un sistema de provisión de puestos de trabajo y que abra un concurso de traslados", dijo Guridi. La Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USITe.p.) recibió la sentencia "como un golpe de aire fresco" para un colectivo "sometido a injustas limitaciones de sus derechos laborales" (Octubre 2003). 

EL TEÓLOGO TAMAYO CONSIDERA QUE "EN ESPAÑA COGOBIERNAN LA IGLESIA Y EL PP 

"España es hoy el país más secularizado de Europa y el que, a la vez, tiene la jerarquía eclesiástica católica más conservadora y neoconfesional", dijo el teólogo Juan José Tamayo-Acosta, secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos. "En España cogobiernan la Iglesia y el PP. Estamos asistiendo a una nueva alianza entre el trono, entendido como Gobierno, y la Iglesia", añadió. También mostró su perplejidad por el hecho de que los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, firmados en Roma el 3 de enero de 1979, se negociaran paralelamente a la elaboración de la Constitución y al margen del consenso entre partidos. "Hemos pasado de una Iglesia que en los últimos años del franquismo fue una comunidad abierta, lugar de encuentro donde cabían todos sin preguntar por sus creencias o procedencia, donde las parroquias fueron el lugar de la resistencia, de una Iglesia como sacramento del pueblo, a una Iglesia de exclusión", explicó Tamayo. "La Iglesia católica se ha convertido en una comunidad imposible, de tendencias claramente sectarias y excluyentes, donde se ha colgado y se practica el cartel de 'reservado el derecho de admisión'. Estamos en la etapa de la edad de hierro de la Iglesia católica porque en su seno se están transgrediendo derechos fundamentales como el de reunión y asociación, la libertad de expresión, la de imprenta y la de cátedra", añadió el teólogo (Noviembre 2003). 

Los obispos de Madrid entran en campaña con citas al divorcio, el aborto y la eutanasia  

El cardenal y los seis obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, que guardaron silencio en las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo, publicaron  una nota para "iluminar la conciencia a la hora de emitir el voto" en las nuevas elecciones del 26 de octubre en la Comunidad de Madrid, convocadas tras el escándalo del transfuguismo de dos diputados socialistas. En una "exhortación a los católicos y a los que tienen a bien atender" [sus requerimientos], los prelados introducen temas de reflexión ajenos a las competencias autonómicas, como divorcio, aborto, eutanasia o terrorismo, cuando piden a los fieles que no voten "propuestas políticas" que ignoren tales criterios eclesiásticos. "En cumplimiento de nuestra misión de pastores, tenemos el deber de recordar algunos principios elementales de la moral política", escriben los prelados antes de aludir a las "propuestas concretas" rechazables por causa de valores morales y religiosos del catolicismo. La llamada "nota" episcopal está firmada en primer lugar por el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, al que acompañan los prelados de las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares, Francisco José Pérez Golfín y Jesús Esteban Catalá, respectivamente, además de sus obispos auxiliares. El segundo párrafo de la nota da a entender que, "de cara a las elecciones municipales y autonómicas" de mayo pasado, fue el propio papa Juan Pablo II, de visita en España en plena precampaña electoral, quien "contribuyó sin duda a iluminar y orientar con palabra autorizada" en la dirección que ahora reiteran los prelados madrileños (Septiembre 2003).

EL OBISPO DE CANARIAS MUESTRA PRIMERO SU DESACUERDO CON LA OBLIGATORIEDAD DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  Y LUEGO RECTIFICA

El obispo de Canarias, Ramón Echarren, expresó  su desacuerdo con la obligatoriedad de estudiar religión o historia del hecho religioso que impone la nueva ley educativa española. Debe respetarse el parecer de los padres al respecto, declaró el prelado poco antes de asistir a un homenaje que le ofrecieron los alumnos del instituto de secundaria Franchy Roca, de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha creado un grupo de trabajo que promueve la solidaridad y la integración de razas y culturas. Echarren recordó que la Carta de los Derechos Humanos de la ONU "reconoce el derecho de todo ciudadano de elegir la educación que quiera para sus hijos". "Es un derecho fundamental, no lo inventó la Iglesia, sino que está aprobado por 160 naciones; y ahí está bien claro", dijo. El obispo de la provincia de Las Palmas señaló que este derecho de elegir la educación de los hijos es inalienable a la condición humana. "Da igual que sea un agnóstico, un ateo, un católico, un musulmán, un hindú o un bahai; tienen el mismo derecho". Por esta misma causa, matizó que la enseñanza de religión "no es una reivindicación de la Iglesia, sino de todas las religiones, todas las confesiones y todas las ideologías" (Septiembre 2003).  

CIEN SACERDOTES DE MADRID CONSIDERAN UN "ESCÁNDALO" LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO Y LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN   

"¿Se atreverán a valorar positivamente los resultados de 40 años de enseñanza privilegiada y obligatoria de la religión?". Se lo preguntan a los obispos cien sacerdotes de la diócesis de Madrid, entristecidos por la nueva regulación de la asignatura religiosa aprobada por el Gobierno del PP con el beneplácito de los prelados católicos. "Frente a la alegría episcopal, no podemos sino manifestar nuestra tristeza ante el espectáculo de una Iglesia que no parece creer en Jesús crucificado, ajeno a todo privilegio, muerto por su crítica al poder. Una Iglesia que, por el contrario, se arrima al poder y en él confía decisivamente", afirman los presbíteros en un manifiesto firmado, entre otros, por Máximo Oguiza Juan, Rafael Rojo Sastre y Carlos Fernández Barberá. El centenar de curas que suscribe la declaración está integrado en el Foro Fernando Urbina. Madrid tiene 1.600 sacerdotes diocesanos. La Conferencia Episcopal saludó como "un momento importante" la reforma que convierte la asignatura de religión en evaluable a todos los efectos, al igual que su alternativa, pero al Foro Fernando Urbina le parece un error. "Los obispos llegan pertrechados con el apoyo del aparato del Estado y la Iglesia aparece así semejante a cualquier otro grupo de poder, que busca privilegios en su propio beneficio", dicen. También tachan de "sencillamente un escándalo" la situación laboral de los profesores de catolicismo. "No cumple con la doctrina social de la Iglesia ni con la ley constitucional que protege al resto de los ciudadanos", afirman (Septiembre 2003). 

LOS LEGIONARIOS DE CRISTO COMPRAN UN COLEGIO LAICO CON EL CURSO EMPEZADO  

La congregación religiosa Legionarios de Cristo ha comprado, con el curso escolar empezado y sin que hubiera aviso previo a los padres, el colegio Virgen del Bosque, un centro laico situado a las afueras de Madrid. Una de las medidas que tomará la nueva dirección a partir del próximo curso será empezar, a partir de 1º de primaria, a separar en aulas distintas a niños y niñas. Así lo ha manifestado el nuevo director, quien ha asegurado que este curso no variará el programa y que "se irán introduciendo progresivamente" los cambios, tales como la comunión voluntaria en el recreo, la construcción de una capilla y el poner un sacerdote a disposición de los estudiantes. Numerosos padres de alumnos se mostraron indignados por el cambio.

El colegio Virgen del Bosque, ubicado en una urbanización de lujo de Villaviciosa de Odón, tiene 635 alumnos y, antes de la venta, pertenecía a una cooperativa formada por 30 profesores. Según las "pautas de estilo" del colegio, que aún se podían leer en su página web, el centro es "una institución docente privada con más de 30 años de experiencia, independiente de cualquier confesión religiosa o política".  

Los alumnos empezaron sus clases con normalidad el pasado 8 de septiembre, pero cuatro días después el centro pasó a manos de la congregación religiosa Legionarios de Cristo, según explicó el miembro de esa organización que se presentó como el nuevo director del centro, Manuel Galiot.  

Como primer cambio, el nuevo director ha anunciado que el próximo año escolar los niños y las niñas de 1º de primaria estudiarán en aulas separadas. "Es que los niños y las niñas asimilan las materias de forma distinta", argumentó Galiot. "Ojalá los niños y las niñas que estudian en nuestros colegios se casasen entre ellos, porque eso significaría que habría menos separaciones y divorcios", añadió el nuevo responsable, como explicación de la eficacia de sus métodos de enseñanza.  

Además, progresivamente se introducirán otras medidas, según dijo el director: la congregación construirá una capilla en el colegio y un sacerdote estará "a disposición de los alumnos que lo deseen" y se ofrecerá a los niños la posibilidad de comulgar en el recreo, como ya hacen en otros colegios que pertenecen a los Legionarios de Cristo. A pesar de los cambios, Galiot recalcó que quería transmitir un mensaje "de tranquilidad a los padres, y pedirles un voto de confianza".  

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, ha anunciado que abrirá "diligencias informativas" para conocer antes de que acabe el año los pormenores de la compra de este colegio.

LA FACULTADES PÚBLICAS DE MEDICINA PERDERÁN 50 PLAZAS EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU  

De las 4.100 plazas para estudiar medicina en España -número cerrado para intentar adecuarlo a las necesidades del mercado de trabajo-, 180 eran para una universidad privada, la de Navarra y, a partir del próximo curso, serán 50 más en la San Pablo CEU de Madrid. El presidente de los decanos de Facultades de Medicina, José Paz Bouza, y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Nogales, expresaron en conferencia de prensa, su "rechazo" a la concesión, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la universidad privada de las 50 plazas para la implantación de dicha licenciatura en su centro. "Se abre la veda", afirmó Bouza, para la creación de nuevos centros de enseñanza de medicina. "Hemos hecho mucho esfuerzo para que haya un equilibrio entre titulados y necesidades sociales, que se puede romper".

Hasta ahora, el CEU ofrecía los tres primeros cursos de la carrera como centro adscrito a la Complutense. Los tres cursos siguientes, esos alumnos se unían a sus compañeros en la pública. Nogales afirma, por ello, que esas plazas pertenecen a la Complutense. Asimismo, señala que es "incomprensible" que, habiendo plazas limitadas en esta licenciatura, se concedan más a la empresa privada. Estos argumentos han sido apoyados también por el Consejo Social de la Universidad Complutense y por el Consejo Estatal de Estudiantes de dicha materia. El CEU afirma, por su parte, que la autorización "se ajusta a derecho", ya que en el último convenio de adscripción, firmado el año pasado, se señaló la intención de la privada de crear su propia licenciatura. Nogales criticó que el momento elegido por la Consejería de Educación para llevar a cabo el proceso ha provocado que los alumnos que creían haber sido admitidos para hacer medicina en el CEU, como centro adscrito, se han encontrado con que tendrán que matricularse en una nueva licenciatura totalmente privada.

Ramón Rodríguez Pons, director general de Universidades de la Consejería, asegura que, si se ha hecho ahora, ha sido por los problemas de interinidad provocados por la crisis en la Asamblea de Madrid.( Julio 2003 )

LA IGLESIA DESPIDIÓ A DOS PROFESORES EN TENERIFE POR NO DARLE EL 0,6% DE SU SUELDO   

La cosecha de reproches judiciales contra los obispos españoles por determinados comportamientos con sus profesores de Religión ha aumentado con dos nuevas sentencias de un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife en las que se condena al Gobierno de Canarias a readmitir a dos docentes desalojados de su trabajo por su obispo por no haber pagado ese "donativo voluntario" del 0,6% del sueldo. Esta vez se trata de los donativos "voluntarios" que algunos prelados reclaman a esos docentes de la escuela pública contratados y pagados por el Estado pero seleccionados anualmente por cada diócesis. A estas sentencias se unen otras tres que critican otros despidos de docentes.

La Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) denunció, en septiembre de 2001, que tales donativos se habían vuelto "obligatorios" y que en muchos casos el docente que no atendiese a las peticiones episcopales corría el riesgo de ser despedido al curso siguiente. La Iglesia rechazó la denuncia con estrépito. Algunos obispos negaron que existiera tal práctica en su diócesis, y otros, el que fuera de obligatorio cumplimiento. "El donativo es voluntario", proclamó entonces el Obispado de Getafe, en Madrid, uno de los aludidos. En cambio, docentes de numerosas provincias confesaron sufrir la situación y que entregaban cada mes el 0,6% de su salario, incluso el 1% en algunas diócesis.

En el caso del Obispado de Tenerife, su delegado de Enseñanza, José Hermógenes Martín, recordó a sus morosos mediante una circular que lo mejor, para evitar olvidos e incomodidades, era dar la orden a su banco "para que haga una transferencia periódica". "Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%", decía el oficio eclesiástico.

En dos sentencias, la magistrada María del Carmen García Marrero, del Juzgado de lo Social número 4 de Tenerife, declara probado que el desalojo de sus empleos de los profesores Santiago López Ayala y Antonio Ángel Acosta Cáceres, que se negaron a pagar ese "impuesto o aportación económica a la Delegación Diocesana de Enseñanza", tuvo que ver con esa situación de morosos y con el hecho de pertenecer a la Asociación de Profesores de Religión y Moral Católica (Apreuca).

López Ayala y Acosta Cáceres llevaban varios años en sus puestos de trabajo como docentes de religión a propuesta del obispado local, pero éste los eliminó de su lista de profesores para el curso 2002-2003 en un oficio por el que el representante del prelado comunicaba a la autoridad educativa la relación de docentes a contratar para el citado curso y quiénes habían perdido su carácter de "idóneos". Las sentencias recogen como hecho probado que el obispado justificó la marginación de los citados en que no reunían "los requisitos de idoneidad", pero subraya que el obispado no daba "más explicaciones".

Después de aceptar el criterio de que la Iglesia puede prescindir cada año de esos profesores de Religión con un simple oficio a la Consejería de Educación -por ser la suya una relación de carácter especial a causa del convenio internacional entre España y el Estado de la Santa Sede-, la juez advierte de que, sin embargo, esos docentes gozan de los mismos derechos fundamentales que el resto de los españoles, entre ellos el de asociación. También reprocha al obispado que no intentase demostrar la "no idoneidad" de los despedidos con motivos como "una indisciplina, la pérdida de la fe o una actitud inconveniente", concluyendo que la pérdida del empleo se debió a sus actividades sindicales y a no acceder a dar el 0,6% de su sueldo.

La misma juez propinó el pasado 23 de abril otro varapalo judicial a la Iglesia y el Gobierno canario, esta vez por despedir al profesor Francisco Javier Ruiz Tintore, legalmente "liberado para el ejercicio de actividades sindicales de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza" y convenientemente sustituido por otro docente. La juez declaró probado que la decisión episcopal de despedirlo al año siguiente por pérdida de su "idoneidad para enseñar religión" atentó contra un derecho fundamental -el de participar en unas elecciones sindicales (Julio 2003). 

LA COORDINADORA LAICISTA RECLAMA QUE LA RELIGIÓN SALGA DE LA ESCUELA PÚBLICA  

Contra el adoctrinamiento religioso en la escuela con dinero del Estado. Ésa es la voz principal del III Encuentro por la Laicidad, celebrado en Albacete con la presencia de dirigentes de una veintena de organizaciones europeas. Los dirigentes laicistas concluyeron sus trabajos haciendo especial hincapié en la defensa de la laicidad en la enseñanza pública española. Entre otras medidas, el encuentro acordó exigir a las fuerzas políticas que recurran al Tribunal Constitucional contra la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que regula la enseñanza de la religión en la escuela, e incluso la realización de una "campaña de desobediencia civil" si finalmente se mantienen los proyectos de "adoctrinamiento religioso" acordados por el actual Gobierno y la Conferencia Episcopal Española.

Los representantes de las 18 organizaciones reunidas en Albacete, agrupadas en la llamada Coordinadora Laicista, llaman también "al conjunto de la sociedad a defender la enseñanza pública, laica y de calidad, por encima de los estrechos y limitados intereses religiosos particulares, de una determinada confesión, la Iglesia católica". Para ello, las organizaciones laicistas van más allá de los Grupos Parlamentarios de las Cortes. También piden que se impliquen en el problema las asociaciones, los sindicatos y el resto de las instituciones estatales, especialmente las comunidades autónomas, que también pueden promover los recursos legales pertinentes, en particular de inconstitucionalidad, contra las disposiciones legales y reglamentarias que convierten al Estado español en "confesional".

Además, los laicistas proponen y reclaman de las organizaciones civiles y sociales españolas "el lanzamiento de una campaña activa de información y movilización contra tales normas". Respecto a las comunidades autónomas, con competencia en la materia, el III Encuentro por la Laicidad les recuerda que tienen en sus manos "la posibilidad de eliminar, moderar o limitar los perniciosos efectos" de las disposiciones pactadas entre el Gobierno de Aznar y los obispos.

Pero los dirigentes laicistas saben que el destino de su reclamación no tiene camino fácil. alzaron la voz contra la actuación de algunos gobiernos regionales, como el de Castilla-La Mancha, que ha suscrito un acuerdo con el Arzobispado de Toledo "para la extensión y difusión del adoctrinamiento religioso en las escuelas públicas" de esa comunidad autónoma. "Deben ser denunciados", concluye la Coordinadora Laicista. Según sus datos, esos acuerdos entre la Iglesia católica y el Gobierno castellano-manchego "permiten impartir religión en la enseñanza, incluso en preescolar, a los niños desde los tres años, y conceden derecho de inspección sobre los centros públicos a los obispos y al Arzobispado de Toledo".

La Coordinadora Laicista acordó también en Albacete la creación de un Observatorio de la Laicidad en España que "vigile y denuncie las violaciones de la libertad de conciencia", además de promover con sus pares de la UE la fijación de un Día Europeo de la Libertad de Conciencia (Julio 2003). 

EL CONSTITUCIONAL ADMITE OTRO CASO SOBRE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE  

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre si el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en materia de enseñanza y cultura vulnera o no algunos artículos de la Constitución. Es la segunda vez que el Constitucional admite una cuestión semejante. La primera también la planteó el Tribunal Superior de Canarias, por conflictos planteados tras los despidos de varios profesores de religión.

Estos trámites judiciales se iniciaron cuando la profesora Carmen Galayo Macías fue expulsada de la docencia por las autoridades eclesiásticas, al comprobar que vivía con un hombre que no era su marido. Ha habido más denuncias por despidos de la Iglesia a profesores de religión. Y recientemente la Consejería de Educación de Canarias tuvo que readmitir a dos de estos profesores.

Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede podrían vulnerar, según el tribunal canario,  ocho artículos de la Constitución. Entre ellos los referidos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, a la garantía de que ninguna confesión tenga carácter estatal, al principio de legalidad y al acceso en condiciones de igualdad a la función pública (Julio 2003). 

DENUNCIAN AL GOBIERNO POR FAVORECER A LA IGLESIA CATÓLICA

Maurizio Turco, Presidente de los diputados radicales en el Parlamento europeo electos por la "Lista Emma Bonino", ha presentado dos interrogaciones parlamentarias a la Comisión europea pidiéndole de actuar frente a la violación del Estado español del estado de derecho, de la democracia y de la libertad religiosa por favorecer a la Iglesia católica.
Los hechos que Maurizio Turco ha señalado son:

- el "Acuerdo de Asuntos económicos", según el cual la Iglesia católica goza de beneficios y exenciones fiscales que ninguna otra confesión religiosa goza en España, produciéndose así una discriminación por razón de religión con las otras confesiones religiosas inscritas en España;
- el "Acuerdo de Asuntos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales", según el cual a través de leyes como la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, vulnera el artículo 16.2 de la Constitución Español y el artículo 3.2 del RD 2438/1994 según ha constatado la sentencia Nº 153/2003 del TSJC, además de generar la violación del derecho fundamental protegido en el artículo 14.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE y el artículo 27.3 de la Constitución Español.

Además Maurizio Turco evidencia algunos aspectos del caso Gescartera ligados a los privilegios de los que goza la Iglesia Católica. Turco indica que de los quince primeros clientes de Gescartera por volumen de ganancias, seis son entidades religiosas. Lo Arzobispado de Valladolid, uno de los clientes que más dinero ha confiado a Gescartera y por ello, uno de los principales beneficiarios de plusvalías artificiales, es una de las entidades que accede a las exenciones previstas por la Ley 49/2002 "de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo" que deja exento el Rendimiento del capital inmobiliario de estas entidades. De hecho las cuentas del arzobispado resultan oscuras y contradictorias, así, el arzobispado se negó a colaborar cuando la juez instructora le solicitó la contabilidad entre 1996 y 1999, cuando llegó a acumular una inversión en Gescartera de 6.641.184 euros, (que recuperó tras saber que la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- estaba investigando a Gescartera), así como la del ejercicio 2001, cuando invirtió 150.253 euros; la Conferencia Episcopal Española apoyó esta no-colaboración alegando que los documentos eclesiásticos son inviolables en base al "Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos" que reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos y reconoce que "son inviolables"
Por todo ello, Maurizio Turco ha pedido a la Comisión europea si considera que un acuerdo internacional bilateral entre un estado miembro y un país tercero, que viola las normas comunitarias y el derecho internacional, pueda ser sometido a la consideración, a la evaluación y si es el caso, a la denuncia de parte de las instituciones comunitarias. Declaración de Maurizio Turco: "Estas leyes son la enésima genuflexión de parte del Estado con respecto a la Iglesia. Y la peste Vaticana avanza. Como termitas capaces de vaciar árboles seculares dejando intacta la corteza, así los mercenarios vaticanos vacían las instituciones dejando intacta la apariencia laica y democrática. Es necesario reaccionar contra esta situación y no resignarse a padecer la contrarreforma, política y religiosa, en curso" (Julio 2003).  

LOS CONTRIBUYENTES QUE CEDEN UN PORCENTAJE DEL IRPF A LA IGLESIA BAJAN DEL 39% AL 33% 

2001, el año de Gescartera y de los escándalos por pederastia en el clero estadounidense, pasa factura a la Iglesia católica. La cruz religiosa en la declaración del IRPF sufre una caída del 15% (la marcó un 33% de los contribuyentes, frente al 39% del año anterior), mientras que la equis en la casilla de "otros fines de interés social" aumenta ligeramente, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales correspondientes al ejercicio fiscal de 2001, la declaración que se efectúa en 2002. Quienes no llenaron ninguna de las casillas suben del 30,8% al 35% (Julio 2003).  

EL GOBIERNO EQUIPARA LA RELIGIÓN AL RESTO DE ASIGNATURAS CON EL APLAUSO DE LA IGLESIA  

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que la asignatura de Religión y su nueva alternativa, Hecho Religioso, computarán para repetir curso y para hacer la media para el acceso a la Universidad. El ministerio ha creado con la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) un área para integrar estas dos materias, con lo que les ha dado la misma entidad jurídica que al resto. El portavoz de la Conferencia Episcopal manifestó su "satisfacción" por que se dé una "relevancia real" a esta materia.

El Consejo de Estado había recomendado, en su informe sobre la legalidad de los desarrollos de la LOCE, que se otorgue la misma entidad jurídica a las asignaturas integradas en la nueva área de Sociedad, Cultura y Religión -formada por las asignaturas de Religión y Hecho Religioso- que al resto de las materias. Basándose en ese informe, no vinculante, enviado al ministerio el pasado viernes, y en otro anterior del Consejo Escolar del Estado, Pilar del Castillo, anunció que esta área tendrá "las mismas consecuencias académicas que cualquier área en la ESO y el bachillerato". Esto significa que la Religión y el Hecho Religioso contarán para la repetición de curso en la ESO y el bachillerato, para obtener la nota media para el acceso a la Universidad, pero no para acceder a becas en el bachillerato.

En la actualidad existen variadas materias alternativas a la Religión (como actividades de estudio o prácticas de informática) que son computables a la hora de hacer la nota media, pero no para pasar de curso. Con la aplicación de esta reforma (en el curso 2004-2005), los alumnos de ESO y bachillerato tendrán que repetir curso con más de dos materias suspensas, una de las cuales podrá ser la Religión o el Hecho Religioso.

Los obispos terminan así imponiendo sus criterios al Gobierno, después de 26 años en que otros ejecutivos (de UCD, del PSOE e incluso el primer Gobierno Aznar) habían rechazado una interpretación tan beneficiosa para el catolicismo del convenio bilateral firmado entre España y el Estado del Vaticano en 1976. La tesis del cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es que la asignatura de Religión es científica y debe tener, por tanto, la misma consideración que, por ejemplo, las Matemáticas. Rouco cree además, que el convenio España-Santa Sede es supraconstitucional.

El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, que estrenaba su cargo, expresó su satisfacción por el nuevo tratamiento de esa asignatura y dijo que, con la nueva normativa, se da cumplimiento al acuerdo firmado entre los dos Estados, insinuando así que hasta ahora se estaban incumpliendo.

Los alumnos deberán estudiar estas materias durante 11 cursos, de 1º de primaria a 1º de bachillerato. La evaluación de estas asignaturas en 1º de bachillerato contará para la nota final de esta etapa que hará media con la de la futura reválida para obtener la nota de acceso a la Universidad. La nueva materia alternativa a la Religión es, según el Gobierno, "aconfesional" y, tal y como señalan los contenidos de los reales decretos, consiste en historia de las religiones en dos cursos (1º y 3º de la ESO) y en el resto trata temas como "la oración, la actitud religiosa, la persona ante el misterio y la fascinación de lo religioso". La ministra precisó que impartirán esta materia los profesores de Historia y de Filosofía. Los proyectos de real decreto señalan además que en la educación infantil (de 3 a 6 años), los padres podrán decidir si quieren que sus hijos estudien Religión, con lo que los centros que impartan estas etapas no obligatorias deberán ofrecerla y, por lo tanto, tener los profesores adecuados (Junio 2003).  

EL GOBIERNO ESTABLECE TRES HORAS DE RELIGIÓN POR CADA CINCO DE MATEMÁTICAS   

Todos los alumnos estudiarán, a partir del curso 2004-2005, tres horas de religión por cada cinco de matemáticas en primaria y ESO. Así lo ha establecido el Gobierno en la reforma de la religión introducida con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). En la actualidad, los alumnos y las familias pueden escoger cursar la materia de Religión, que imparten profesores elegidos por la Conferencia Episcopal, o alternativas no relacionadas con la religión, como prácticas de informática o actividades de estudio. Con la la reforma, el 9,6% del horario será de religión.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que la religión contará a todos los efectos en la educación obligatoria, incluso para repetir curso, como una asignatura más. En 1º de bachillerato, que no es una etapa obligatoria y, por lo tanto no gratuita, también puntuará para repetir curso, aunque no para obtener becas. Con esta medida, el Gobierno concede a la Iglesia una petición realizada a los sucesivos gobiernos democráticos españoles.

Esta iniciativa va más allá de la situación en la que se encontraba la enseñanza de la religión con la Ley General de Educación de 1970, (que establecía las etapas de preescolar, EGB, BUP COU y FP). Aquella ley fijaba la asignatura de Ética como única alternativa a la Religión. La norma fue reformada por los socialistas en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General de la Educación (LOGSE).

El Gobierno fija una carga horaria común para toda España, así como los contenidos comunes, que representan el 55% del total en las comunidades con una sola lengua oficial y del 45% en las de dos. Con la novedad introducida respecto a esas enseñanzas, todos los alumnos cursarán entre 1º y 2º de primaria, por ejemplo, 105 horas de Religión o Hecho Religioso (lo que supone una hora y media semanal por curso) frente a 175 de Matemáticas (es decir, dos horas y media semanales). En la ESO y el bachillerato la proporción es prácticamente la misma.

Los alumnos estudiarán además en toda la primaria las mismas horas de contenidos religiosos que de educación artística; y lo mismo sucede de 4º a 6º de primaria respecto a educación física. En la ESO aprenderán más religión que ciencias naturales y tecnología. Y, en general, la religión tendrá seis veces más peso que el de la Ética y mucho más que el de Música.

El Sindicato de Estudiantes dijo  que la asignatura de Religión se va a convertir en una maría (una materia fácil) para que el número de alumnos matriculados en esta asignatura sea mayor que en su alternativa, "y así la enseñanza doctrinaria seguirá teniendo un enorme peso en el sistema educativ”. La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) añadió que está en desacuerdo pues "la religión pertenece a la esfera íntima y personal y, por lo tanto, no es evaluable".

La patronal Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno (Junio 2003).

EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN MILITAR ARRESTADO POR NO IR A UNA PROCESIÓN  

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 100 euros a un sargento primero de Artillería por los daños morales que le causó sufrir dos días de arresto por negarse a portar el guión del Regimiento en un desfile de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebró en abril de 2001 en Melilla.

El alto Tribunal estima el recurso del sargento, que consideró vulnerado su derecho a la libertad religiosa, puesto que el jefe de su unidad no atendió su solicitud de ser eximido de participar en la procesión y le sancionó. Según la sentencia, el arresto produjo al sargento una "menor perturbación anímica, psíquica y personal en el derecho a la libertad, que es la limitación con permanencia en el domicilio", sin que consten otras singularidades que agravaran su situación. Por ello, el Supremo condena a la Administración pública a indemnizar al sargento con 50 euros por cada día de arresto.

El Supremo recuerda que la Constitución establece que los particulares deben ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos (Junio 2003). 

EL DESPIDO DE PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA VUELVE AL CONSTITUCIONAL

Hasta qué punto es "libre y no susceptible de control" un obispo católico para despedir a un profesor de religión de la escuela pública por la causa que sea? Se lo pregunta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acaba de plantear una nueva cuestión de inconstitucionalidad contra la legislación que permite a la Iglesia de Roma despedir a sus docentes en España por causas como casarse por lo civil, irse de copas, ser concejal de un partido de izquierdas o, simplemente, ejercer el derecho de huelga o a la libertad de expresión. El Tribunal Superior canario plantea al Constitucional que los acuerdos entre España y el Estado del Vaticano en materia de enseñanza religiosa, y la interpretación que los prelados dan a la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pactada entre la Conferencia Episcopal y el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, pueden vulnerar los artículos 9, 14, 16, 20, 23, 24, 28 y 103 de la Constitución Española.

Margarita Pérez Eguiagaray, profesora de catolicismo desde 1980 en diversos centros públicos de enseñanza secundaria, mediante sucesivos nombramientos efectuados a propuesta del Obispado de Canarias, y secretaria de la Asociación de Profesores de Religión de Enseñanzas Medias, perdió su empleo en agosto de 2002 después de escribir tres artículos en la prensa canaria y de participar en una huelga legal convocada por la Intersindical Canaria durante el curso 2000-2001. El largo pleito iniciado por la docente en defensa de sus derechos se saldó con reiteradas sentencias a su favor, pero tanto el Gobierno como el Obispado canarios recurrieron en suplicación al Tribunal Superior, que ahora ha decidido trasladar al Constitucional un problema que, a su juicio, está lastrado de varias sospechas de inconstitucionalidad.

Es la segunda vez que el TSJC eleva una cuestión de este tipo al tribunal de Estado encargado de interpretar al Constitucional. Hasta la fecha, tanto el Obispado de Canarias como el Gobierno de esa comunidad han cosechado una docena de reproches judiciales por su trato laboral a los docentes de religión, y varios tribunales de instancia están tramitando todavía otras muchas demandas, de próxima resolución (Mayo 2003).

 EL SUPREMO ACEPTA EL RECURSO DE CCOO A LOS CONCIERTOS CON CUATRO COLEGIOS DEL OPUS  

El Tribunal Supremo será el que finalmente dictamine sobre los controvertidos conciertos con colegios de élite vinculados al Opus (Aitana, Altozano, El Vedat y Guadalaviar) gestionados hace cuatro años por el que fuera consejero del área y hoy candidato del PP a la Generalitat, Francisco Camps, y aprobados el 26 de julio de 1999 por Manuel Tarancón. La admisión del recurso se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia lo desestimara en febrero al considerar que los sindicatos no tienen legitimidad para recurrir los conciertos. CC OO, sin embargo, considera que dichos conciertos "vulneran el artículo 3 que prohíbe a los centros concertados discriminar en el proceso de admisión por razón de sexo", ya que dichos colegios del Opus no tienen coeducación (algo que corrobora su propia matrícula).El secretario general de enseñanza de CC OO, Manolo Picó, indicó que, "los conciertos con colegios de élite perjudican al resto de centros privados que cumplen con la legislación" (Mayo 2003). 

UNA SENTENCIA MUESTRA LA DEBILIDAD LEGAL DEL ÁREA DE RELIGIÓN DE LA LEY DE CALIDAD

Puede la Administración obligar a los ciudadanos a pronunciarse sobre sus creencias con la excusa de planificar las clases de religión? Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no. La polémica está servida, porque la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) contempla la implantación obligatoria de clases de religión -confesionales o no- con la consecuente necesidad de solicitar a padres o alumnos su posicionamiento ante el hecho religioso.

El nuevo modelo de enseñanza de la religión que introduce la LOCE obliga a los padres o alumnos desde los 6 a los 17 años a escoger entre la materia de Religión confesional y otra cultural, es decir, no confesional, denominada Hecho Religioso, en la que se estudian cuestiones como la oración, los lugares de culto, las fiestas religiosas, "la estructura básica de toda religión" y "la razón y la fe". Ambas se han englobado en una nueva área denominada Sociedad, Cultura y Religión y están configuradas como una asignatura más del currículo escolar.

La sentencia del TSJC da la razón al sindicato USTEC-STES -la primera fuerza en la enseñanza pública en Cataluña-, que interpuso un recurso contra las instrucciones dictadas por el departamento de Enseñanza de la Generalitat sobre organización y funcionamiento de los centros públicos de infantil y primaria del curso 1998-1999, en las que se obligaba a los padres a definirse en el impreso de preinscripción sobre si querían que sus hijos recibieran enseñanza religiosa.

La sentencia considera que "el carácter imperativo de la elección para la formación religiosa o las enseñanzas alternativas (...) vulnera el artículo 3.1 del Real Decreto 2438/1994" que habla de que "padres, tutores de los alumnos o ellos mismos, si fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, (...) su deseo de cursar enseñanzas de religión". Según este tribunal, el mencionado decreto está en relación directa con el artículo 16.2 de la Constitución que establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

La Generalitat se ha apresurado a anunciar que el curso que viene cambiará los impresos de preinscripción en los que se obliga a los padres a escoger entre la asignatura de Religión -con las opciones de católica, judía, evangélica o islámica- o las enseñanzas alternativas. "Para el departamento, estas preguntas se realizaban exclusivamente con el ánimo de hacer una previsión del profesorado necesario, y no por ninguna otra razón", aseguran. Para el portavoz de USTEC, Carles Martínez, "el estudio de la religión se vuelve obligatorio, siendo únicamente voluntaria la elección de la modalidad". El cambio introducido por la reforma de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, añade Martínez, "consiste en integrar las enseñanzas alternativas a la religión en contenidos relacionados con la cultura religiosa, lo que supone de facto, la configuración de un área obligatoria de religión integrada por una modalidad confesional y otra aconfesional. La disposición adicional segunda de la LOCE es clara: impone a todos los alumnos la obligatoriedad de escoger entre una u otra, justo lo que rechaza la sentencia del TSJC".

María Jesús Larios, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), en la medida en que esta disposición "obliga a padres o alumnos a manifestar obligatoriamente la opción por una enseñanza confesional de la religión o no confesional, por tanto, indirectamente a declarar sobre sus convicciones religiosas, esta norma podría ser considerada inconstitucional. Nos encontramos ante un derecho, recibir enseñanza de la religión, que implica que los alumnos o padres que lo quieran ejercer han de manifestar indirectamente sus creencias religiosas, pero no puede significar que aquellos que no quieran recibir esta enseñanza -en ejercicio de su libertad ideológica y religiosa- hayan también de manifestarse sobre sus creencias".

Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, coincide con Larios en que la LOCE, en la medida que establece un deber de elegir entre dos opciones, una confesional y otra que no lo es, puede ofrecer motivos suficientes para cuestionar su constitucionalidad.

Pero Carrillo introduce además el principio jurídico del favor libertatis, según el cual, en caso de duda, la interpretación de una norma siempre ha de ser la más favorable a la garantía de la libertad. Al obligar a escoger entre dos enseñanzas de religión, la LOCE podría lesionar la libertad religiosa, "una libertad que tutela el que nadie puede ser obligado a declarar sobre las propias convicciones religiosas", concluye Carrillo, para quien, "los motivos de autoorganización y funcionamiento de los centros no es criterio suficiente, si la interpretación de estas normas puede poner en cuestión la libertad religiosa" (Abril 2003).

LOS COLEGIOS CONCERTADOS EXIGEN QUE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN HAGA MEDIA   

Las patronales de la enseñanza concertada y privada han exigido que las futuras asignaturas de religión, tanto confesional como no confesional, computen para la nota media y tengan el mismo carácter que el resto de las materias del currículo. Además, han criticado que la implantación de la gratuidad en la etapa de infantil (de tres a seis años), que las comunidades podrán establecer de forma voluntaria ya el próximo año, se vaya a retrasar un curso más de lo previsto.

"O no existe el área de Sociedad, Cultura y Religión [religión confesional y "hecho religioso"] o existe con todas sus consecuencias". Así de tajanse se mostró el presidente de una de las patronales de la enseñanza concertada Educación y Gestión (EyG), Néstor Ferrera. Y prosiguió: "No se entiende que después del desgaste político que ha sufrido el Gobierno del PP al instaurar el área de religión haya decidido en la recta final que no compute para la nota media".

El secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, apuntó también en este sentido: "Sería mucho mejor que la clase de religión tuviera el carácter de una clase normal, puntuable, donde se impartiesen contenidos religiosos pero también culturales, que los alumnos conocieran y se tomasen en serio".

La presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, estimó que impartir este área pero no evaluarla como las demás asignatura supone convertirla en una "maría" y "desmotivar" a los alumnos y a los profesores. Tanto Ferrera como de Castro defendieron que la materia de religión confesional "no significa catecismo ni adoctrinamiento, sino un aprendizaje cultural; es un aspecto más de la formación de los alumnos. Hay que darles referencias para que sean ellos los que elijan una opción de vida en el futuro" (Abril 2003).

 LOS PADRES LAICOS PIDEN EL BOICOT DE LA CLASE DE "HECHO RELIGIOSO" 

La confederación laica de padres Ceapa ha recomendado a las familias que rechazan una formación religiosa para sus hijos que éstos no asistan a la futura clase alternativa a la religión, dedicada al "hecho religioso". La Ceapa presentará un recurso para que se retire el área de Sociedad, Cultura y Religión que la reforma educativa del PP ha creado y que empezará a impartirse en 2004.

La retirada de la formación religiosa del horario lectivo en las escuelas es una vieja pelea de la Ceapa. Pero ahora la situación se agrava. El nuevo modelo de enseñanza de la religión que introduce la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) obliga a los padres o alumnos de primaria, ESO y 1º de bachillerato a escoger entre la asignatura de Religión, confesional (cuyos contenidos establece la Iglesia), y la del "hecho religioso", no confesional, en la que se estudian cuestiones como la oración, los lugares de culto, las fiestas religiosas, la estructura básica de toda religión, la razón y la fe. "La alternativa de la religión que impone el Gobierno va en contra de la libertad de conciencia y de pensamiento. El derecho de unos padres a que sus hijos reciban clases de religión no puede obligar a estudiar una asignatura alternativa para aquellas familias que no quieren que sus hijos reciban una formación religiosa en la escuela. Ni mucho menos a una alternativa como la que se propone", señala Francisco Delgado, miembro de la junta directiva y responsable de temas de laicismo de la confederación. Aún así, la Ceapa confía en que en los dos años que faltan para que se empiece a impartir el área de Sociedad, Cultura y Religión el Gobierno, hoy "obcecado con el tema religioso", la retire. Además, la Ceapa ha anunciado que está estudiando con distintos expertos "la forma de presentar recursos de amparo e ilegalidad, en el momento que proceda, ante las instancias que permita la normativa española y europea", según una nota difundida. La religión y su alternativa serán asignaturas evaluables, pero no computarán para la nota media, las becas y la promoción de curso. Ahora, la alternativa a la religión se escoge entre diferentes optativas o se dedica al estudio. La asignatura de "hecho religioso" se impartirá a partir de 2004 en todos los cursos excepto en 3º, 4º, 5º y 6º de de primaria y en 2º y 4º de ESO, cursos en los que empezará en 2005 (Abril 2003). 

JUAN PABLO II CANONIZARÁ EN MADRID A UN CURA FUSILADO EN 1936   

Fiel a su idea de que España sufrió durante la II República (1931-1936) la mayor persecución religiosa de la historia, el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha logrado que Roma incluya en la agenda de la próxima visita del Papa a Madrid, en mayo próximo, la canonización de una víctima eclesiástica de la guerra civil. Se trata de Pedro Poveda Castroverde, asesinado en el madrileño cementerio de La Almudena el 26 de julio de 1936, una semana después del golpe militar del general Francisco Franco que desencadenó aquella guerra fratricida. Poveda, nacido en Linares (Jaén), tenía entonces 62 años.

Pedagogo de gran fama, el padre Poveda había sido capellán del rey Alfonso XIII y fundó en 1911 la Institución Teresiana, una asociación evangelizadora de fieles laicos encargada de evitar la difusión de la filosofía marxista. La Institución Teresiana está presente en 28 países y su fundador ya fue proclamado beato por el Papa en una ceremonia celebrada en Roma el 10 de octubre de 1993.

No es frecuente que el Papa salga del Vaticano para oficiar beatificaciones o canonizaciones, pero en esta ocasión se prodigará. Ayer, durante un consistorio para las causas de canonización celebrado en el Vaticano, tomó el acuerdo de aprovechar su visita de 48 horas a Madrid, los días 3 y 4 de mayo, para canonizar, además, a otros cuatro españoles. Se trata del jesuita José María Rubio y Peralta (1864-1929), conocido como el apóstol de Madrid, donde desarrolló su apostolado entre los más humildes; de la monja Genoveva Torres Morales (1870-1956), fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles, conocidas como las Angélicas; de María de los Ángeles Guerrero González (1846-1932), una sevillana conocida como sor Ángela de la Cruz y fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, y de María Maravillas de Jesús (1891-1974), de la orden de las Carmelitas Descalzas, la famosa fundadora del convento del Cerro de los Angeles.

Diez mil de los 13.000 mártires del siglo XX honrados por el Papa en una espectacular ceremonia celebrada en mayo de 2000 en el Coliseo romano son españoles, merced a una causa promovida e impulsada por la Conferencia Episcopal Española. Ese acaparamiento por la jerarquía española del catálogo de mártires que maneja Roma parte del principio de que España fue hace más de medio siglo la nación martirial por excelencia, como reza un documento hecho público por los obispos en mayo de 2000.

A pesar de que este Papa ha pedido perdón durante su mandato en más de cien ocasiones por errores pasados y recientes de la Iglesia católica, los prelados españoles, que durante cuarenta años respaldaron y bendijeron la dictadura franquista y su brutal represión, se han negado siempre a unirse a esa tendencia de reconciliación. Juan Pablo II ya ha santificado a dos centenares de eclesiásticos víctimas de aquella guerra ( Marzo 2003 )

C. FORAL DE NAVARRA. EL PARLAMENTO NAVARRO APRUEBA UNA DECLARACIÓN SOBRE LOS FUSILAMIENTOS DEL 36 QUE ACUSA A LA IGLESIA   

El Parlamento navarro ha desatendido la amenaza de una denuncia por injurias hecha por el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La declaración de reparación moral para los 3.000 republicanos fusilados en 1936 aprobada incluye la polémica consideración de que las ejecuciones se llevaron a cabo "no sólo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado Alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa".

La mayoría de la Cámara desoyó la advertencia del arzobispo, que había pedido por carta la retirada del citado párrafo al considerarlo "injurioso" con la Iglesia. Sebastián amenazó con denunciar ante la justicia ordinaria a quienes apoyaran tal pronunciamiento.

El PSOE, IU, CDN, EA-PNV, la disuelta Batasuna y Batzarre mantuvieron su apoyo a la declaración, redactada en su origen por una asociación de familiares de fusilados y desaparecidos de la comunidad. Sólo el partido en el Gobierno foral -Unión del Pueblo Navarro (UPN, la marca del PP en Navarra)- se desmarcó de la declaración de recuerdo y reconocimiento hacia los millares de republicanos (socialistas, ugetistas y nacionalistas vascos en su mayoría) fusilados por el régimen de Franco en una comunidad que no se llegó a ver afectada directamente por los enfrentamientos bélicos de la guerra.

UPN se negó a apoyar un texto que declara que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios". La abstención de sus 22 parlamentarios y la intervención del presidente navarro, Miguel Sanz, que justificó esta postura para no votar junto a Batasuna, provocaron los abucheos y las indignadas recriminaciones de los varios cientos de familiares de las víctimas que asistían invitados a la sesión parlamentaria.

El breve discurso de Sanz, que defendió las tesis del arzobispo Sebastián y pedía la inclusión de una mención expresa a ETA, fue interrumpido en varias ocasiones y generó incluso el abandono del hemiciclo de algunos familiares de los represaliados. (Marzo 2003 )

LA CLASE "NO CONFESIONAL" ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN SERÁ EL "HECHO RELIGIOSO"

La asignatura alternativa a la religión será religión. El desarrollo de la Ley de Calidad, enviado ya por el Gobierno tanto a las comunidades autónomas como a los editores, establece que los alumnos que no quieran estudiar religión católica (cuyos contenidos establece la Iglesia) tendrán que estudiar la "dimensión moral, humanística, histórica, cultural y científica" del "hecho religioso" en todos los cursos de la educación obligatoria y 1º de bachillerato. En la actualidad, la alternativa a la religión se escoge entre diferentes optativas o se dedica al estudio. Las nuevas enseñanzas comunes fijadas por el Gobierno establecen que todos los alumnos estudiarán más horas de religión que, por ejemplo, de Ciencias Naturales y Biología.

Como alternativa a la asignatura de Religión se puede elegir actualmente -según estableció la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990- entre diversas opciones: actividades de estudio, análisis de los medios de comunicación, cultura musical, prácticas de informática o teatro. Antes de esta ley, los alumnos que estudiaron con la Ley General de Educación, de 1970 (la antigua EGB y el BUP) debían escoger entre Religión y Ética. Con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), en vigor desde el pasado 13 de enero, todos los estudiantes deberán estudiar Religión o "el hecho religioso".

Para introducir este cambio, la LOCE crea el área Sociedad, Cultura y Religión en la que integra dos materias: una "confesional" y otra "no confesional". La "confesional" es la clásica asignatura de Religión, en la que se estudia exclusivamente la doctrina católica. Éstos son los nuevos contenidos comunes (la parte que fija el Gobierno, que representa el 65% en las comunidades con una lengua oficial y el 55%, en las que tienen dos) de la materia "no confesional" y el tiempo que se establece para el estudio de la religión en cualquiera de sus dos versiones:

- Contenidos comunes. Los borradores de los anexos de los reales decretos de desarrollo de la LOCE especifican que la opción "no confesional" se ocupará de encuadrar "el hecho religioso" dentro de cinco dimensiones: "moral, humanística, histórica, cultural y científica". Los contenidos de la asignatura "no confesional" son:

-Primaria. En esta etapa (que consta de seis cursos) hay dos clases semanales de religión que durarán tres cuartos de hora. Los alumnos estudiarán en los dos primeros cursos (a los 6 y 7 años): los espacios de la religión (los lugares de culto, de peregrinación y reunión); el calendario de fiestas religiosas ("las fiestas religiosas de cada semana" y "de cada año"); los periodos santos; los ritos y cultos; las imágenes y el arte religioso, los símbolos de las religiones más importantes y "las representaciones religiosas más frecuentes del entorno", así como los libros sagrados ("la Biblia, el Evangelio, el Corán y los libros sagrados de las religiones orientales").

En los cursos siguientes (a los 8 y 9 años) hay una parte específica dedicada a "las constantes de lo religioso": "La persona, la trascendencia y las mediaciones, estructura básica de toda religión" y "la expresión de lo religioso en el arte y en la cultura".

En los dos últimos cursos (a los 10 y 11 años) aprenderán el nacimiento de las religiones, los mitos y leyendas religiosas de la Humanidad, el mapa de las religiones en el mundo, el arte religioso, las religiones orientales y "las religiones actuales: judaísmo, cristianismo e islam".

-ESO. En esta etapa, los estudiantes cursarán en el primer curso historia de las religiones. En el segundo curso, los contenidos profundizan en el "hecho religioso" de esa manera: "Los componentes temáticos del fenómeno religioso", que integran "lo religioso y lo profano, politeísmo y monoteísmo, el mito, el rito, la oración y lo moral". También incluyen "la actitud religiosa: la persona ante el misterio, el temor y la fascinación de lo religioso" y "los grandes interrogantes: el origen de la vida, el sufrimiento y la muerte, las religiones y el sentido de la vida".

Los dos últimos cursos se dedican a historia y religión del pueblo de Israel, el cristianismo, el islam, las religiones en la Edad Media y el Estado moderno, el humanismo y las guerras de religión, y la religión en la Europa del siglo XIX y XX: "la ciencia y religión en el siglo XIX, los totalitarismos, el ateísmo de Estado, la catástrofe moral de los totalitarismo, el Holocausto, el islam contemporáneo y el judaísmo".

-Bachillerato. El temario comienza con el "hecho religioso" y sus formas y manifestaciones. Le siguen: "Dios y el hombre en la religiones monoteístas, la razón y la fe, la política y la religión, la sociedad y la religión, la ética y la religión, el hecho religioso en la Constitución Española, los valores cívicos y la comunicación social, y la responsabilidad antes un mundo interdependiente: concepto de solidaridad y humanitarismo".

- Horario escolar. Cada curso escolar, según dice la LOCE, tendrá 175 días lectivos. Éstos se reparten en 35 semanas. El estudio de la religión se llevará el 9,5% de las horas de clase que fija el Gobierno para primaria y el 10% en 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los estudiantes cursarán además el doble de horas de religión (dos a la semana) que de educación física (una a la semana) en 2º de la ESO (a los 14 años) y 4º (a los 16 años). En 1º y 3º, el mismo. La religión tendrá también más peso (210 horas) en toda la ESO que Ciencias Naturales y Biología (185 horas) y mucho más que Tecnología (125 horas).

La asignatura de Ética, que con la ley de 1970 era la alternativa a la Religión, sólo se estudia en 4º de ESO, durante una hora a la semana. En 2º de esta etapa, a partir de ahora todos los alumnos tendrán las mismas horas de religión (70 anuales, es decir, dos semanales) que de Matemáticas, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza, y el doble que de Educación Física y Música. ( Marzo 2003 )

VOCALES DE CAJASUR COBRARON DIETAS POR IR A MISA, A UN CONCIERTO DE ROSA Y AL CINE  

La denuncia de la Junta de Andalucía contra Cajasur, la caja cordobesa fundada por la Iglesia católica, revela irregularidades en la remuneración de vocales de los órganos de gobierno, que cobraron dietas por asistir a misa, ir al cine o acudir a un concierto de la cantante Rosa. También revela gastos sin justificar,una supuesta desviación de fondos de la obra social y la ocultación de la situación económica real de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. La denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción es consecuencia de la inspección de la Junta sobre los últimos tres ejercicios económicos de la caja.

La inspección autonómica iniciada en octubre pasado, finalizó "provisionalmente" el 20 de febrero por el "obstruccionismo" de Cajasur. Los inspectores hallaron indicios de apropiación indebida por valor de 10,3 millones de euros y ponen en duda que las cuentas de 2001 reflejen la situación real de la caja. Éstas son las irregularidades que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.

- "Exceso" de Castillejo. La inspección destaca la póliza de 2,9 millones suscrita a favor de Castillejo, de 73 años, que garantiza a éste una renta vitalicia cuando se jubile. La mitad de esta renta la heredarán sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor hasta que fallezca la última. La Junta entiende que la póliza no es más que una indemnización, prohibida por la Ley de Cajas andaluza. Además, refleja que, en 2001, Castillejo percibió una retribución directa de 427.658 euros, cuando el sueldo que aprobaron los órganos de gobierno era el del director general (209.083 euros) más 3.000 euros. Por tanto, Castillejo percibe un "exceso" de 218.575 euros. Castillejo cobró además otros 48.441 euros en dietas.

- Retribuciones encubiertas. La inspección entiende que la cuantía de las dietas que percibe el vicepresidente no ejecutivo de Cajasur, el canónigo Juan Arias, suponen "una auténtica retribución", cuando la ley prohíbe a estos cargos cobrar una remuneración directa. El informe apunta que el vicepresidente cobró dietas por su asistencia a proyecciones de películas, conciertos o un funeral, a razón de 240 euros por acto. "Es de resaltar la omnipresencia de este consejo", dice el informe cuando da fe de que cobró por su asistencia a tres actos que se desarrollaban simultáneamente (un concierto de violín, una mesa redonda y a la presentación de un libro). Para avalar su tesis de que se trata de una remuneración, los inspectores señalan el hecho de que Arias asiste cada mes "siempre al mismo número de reuniones por razón del cargo (22)". Los inspectores afirman que este canónigo cobró de modo irregular 133.663 euros.

- Dietas por misas o conciertos. La inspección detalla el cobro de dietas por vocales del Consejo de Administración (formado por seis canónigos, tres representantes del PSOE, dos del PP, uno de IU, cuatro de los impositores y uno sindical) "que no se corresponden con actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones". Algunos vocales pasaron dietas por misas (de año nuevo o pascua de resurrección), conciertos musicales (Rosa, de Operación Triunfo), proyección de películas o inauguración de exposiciones, sin que haya justificantes de su asistencia. Las dietas que no están acreditadas como actos representativos ascienden a 336.800 euros. En la Comisión de Control, el informe destaca que se suelen celebrar dos sesiones en un día, de modo que sus componentes doblan sus dietas (480 euros por reunión). En este caso, la inspección entiende que las dietas cobradas de modo injustificado ascienden a 186.073 euros en 2001.

- Falsedad del presidente de la Comisión de Control. El acta de la Asamblea de Cajasur que aprobó las cuentas de 2001 (las que incluían la póliza de Castillejo), refleja que el presidente de la Comisión de Control, el canónigo Juan Mairena aseguró ante la asamblea que este órgano, encargado de supervisar la legalidad de los actos de la caja, "después de examinar los informes de auditoría" sobre las cuentas de la caja, concluía que "los estados contables de ésta se ajustan a la normativa vigente (...) Por ello emite informe favorable y propone a la Asamblea General la aprobación de los mismos". Sin embargo, a una solicitud de información de la Junta, el propio Mairena confiesa en la Comisión de Control que el informe de auditoría lo conoció "de viva voz en la Asamblea general y previamente a su pronunciamiento". La Junta informa al fiscal anticorrupción de que, tras su labor inspectora, ha constatado que el presidente de la Comisión de Control incurrió en "falsedad" en esa asamblea ya que este órgano no había emitido ningún informe favorable previo. Una circunstancia que hace sospechar al Ejecutivo andaluz de que el balance de Cajasur de 2001, cifrado en 7.406 millones de euros, refleje fielmente su situación financiera y patrimonial.

- Irregularidad en la obra social. Tras constatar que varios consejeros se quejaron de la nula operatividad de la comisión de Obra Social y que "no se han facilitado informes sobre la labor de supervisión que corresponde a la Comisión de Control", el escrito de la Junta detalla "la aplicación de fondos de la obra social a proyectos en los que se han observado incidencias por no atender un fin social". En estas incidencias, el Gobierno andaluz incluye una inversión publicitaria en Diario Córdoba (256.552 euros), una aportación al foro empresarial Club Cámara 500 (108.182 euros), varias ayudas (511.466 euros) "decididas directamente por el presidente" que no tienen naturaleza de obra social (golf, motos, tesis, etc) o un viaje del Orfeón Cajasur (135.974 euros). La suma de las irregularidades detectadas en la obra social supera el millón de euros. ( Marzo 2003 )

CAJASUR DESTITUYÓ AL DIRECTOR GENERAL TRAS RECHAZAR UN AUMENTO DE SUELDO

Teófila se parte de risa con el susodicho sacerdote $ banquero Castillejo

El anterior director general de Cajasur, Ildefonso Pastrana, fue destituido en junio de este año tras meses de enfrentamiento con el presidente de la entidad cordobesa, el sacerdote Miguel Castillejo. Pastrana se negó a aceptar una oferta para incrementar un 20% su remuneración anual durante cuatro años. La póliza de seguro de vida suscrita por Cajasur a favor de su presidente establece que cuando éste deje la entidad cobrará de forma vitalicia el sueldo que

Según la poliza de seguros suscrita por Castillejo, la renta vitalicia que éste percibirá cuando se jubile será igual al sueldo del director general ese año más 3.000 euros. Con la propuesta de subida del 20% anual durante cuatro años, el director general pasaría a cobrar unos 420.000 euros como sueldo anual.

Las primeras diferencias entre Pastrana y Castillejo surgieron en 2001 cuando el ex director general diseñó un proyecto de modernización de la caja que chocó frontalmente con los planes del presidente. A partir de ese momento, las relaciones entre el presidente y el principal ejecutivo de la entidad fueron deteriorándose.

A mediados de 2001, el entonces director general estaba negociando la firma de un contrato de alta dirección con la caja, que inicialmente se acordó que crecería conforme a lo previsto en el convenio de la entidad. Tras el verano de aquel año Castillejo hizo una oferta a Pastrana para subirle el sueldo un 20% anual durante cuatro años, lo que éste rechazó.

A partir de ese momento, el presidente de la caja realizó distintas ofertas a Pastrana, algunas a través de un bufete de abogados que asesora a la entidad, que cayeron en saco roto. Las propuestas se intensificaron después de que la entidad financiera suscribiese, el 21 de septiembre de 2001, un seguro a favor de su presidente. Este seguro, por el que Cajasur pagó una prima única de 2,9 millones de euros, establece que cuando Castillejo abandone la entidad percibirá una renta vitalicia equivalente a la remuneración que en este momento cobre el director general (210.000 euros en 2001) más 3.005 euros. Además, la póliza suscrita con la aseguradora Caser establece que tras el fallecimiento de Castillejo, sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor, percibirán la mitad de esta renta hasta el fallecimiento de la última.

Desde principios de 2001, la entidad buscó una fórmula para que Castillejo percibiese una renta cuando abandonase la entidad y cuál podía ser su encaje legal, toda vez que la Ley de Cajas andaluza prohíbe las indemnizaciones para los presidentes ejecutivos. Finalmente optó por un seguro de vida, modalidad de rentas.  ( Noviembre 2002 )

LA REFORMA DE LA CLASE DE RELIGIÓN EN LA LEY DE CALIDAD AGRAVA EL CONFLICTO CON LOS DOCENTES

Polémica, algunos despidos extravagantes y la misma incertidumbre entre los 18.500 profesores de religión que prestan sus servicios en la escuela pública española. El curso 2002-2003 ha empezado para los docentes de catolicismo como acabó el anterior. En Cáceres y Badajoz, dos profesoras pierden sus puestos de trabajo en sendos colegios tras dar a luz. Otra docente es enviada al paro por estar casada sólo por lo civil, esta vez por orden del Obispado de Tenerife. Las profesoras Araceli Gómez Jaén y Nereida Díaz Mederos han perdido su empleo en la diócesis de Canarias a pesar de contar con sentencias judiciales que declararon radicalmente nulos sus despidos. Santiago López Ayala y Antonio Ángel Acosta, de Tenerife, se quedan sin contrato de trabajo por protestar contra el pago del 0,6% de su salario como cuota 'voluntaria' para las arcas de su diócesis y por hacer campaña en favor de una llamada Asociación de Profesores de Religión de Canarias.

Los representantes sindicales de estos docentes hacen el recuento de decenas de casos semejantes en toda España y pronostican ya otra oleada de nuevas sentencias judiciales, casi siempre contradictorias. Sólo durante el curso pasado y únicamente en Canarias los tribunales emitieron una docena de esos fallos judiciales, con tal contundencia en algunos casos que el propio Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma decidió finalmente plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite ese recurso, uno más de los que ya obran en su poder. La iniciativa del Tribunal Superior canario se produjo tras estudiar a fondo el caso de la profesora María del Carmen Galayo, desalojada de su empleo por la autoridad eclesiástica 'porque mantenía una relación afectiva con un hombre distinto a su esposo, del que se había separado'.

Los magistrados consideran lesionados derechos fundamentales de esa docente, como el principio de igualdad y de no discriminación por razón de estado civil y el derecho a la intimidad personal, y quieren que sea el Tribunal Constitucional quien determine de una vez si los acuerdos firmados en 1979 entre España y el Estado del Vaticano sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública española amparan esas actuaciones de los obispos, que son los únicos responsables de seleccionar a los docentes que deben impartir, pagados por el Estado, las clases de catolicismo en la escuela pública.

El acuerdo entre España y el Vaticano 'sobre enseñanza y asuntos culturales' se firmó en Roma el 3 de enero de 1979 y obliga al Estado a ofrecer clases de religión católica 'en todos los centros de educación'. 'La enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esas enseñanzas', dice el artículo III de esos acuerdos.

Durante años, bajo los gobiernos de la UCD y el PSOE, el Estado entregaba a la jerarquía católica, como empleadora de esos docentes, los fondos económicos necesarios para satisfacer sus salarios, pero en el curso 1998-1999, siendo ministro de Educación Mariano Rajoy, actual vicepresidente primero del Gobierno, se llevaron a cabo cambios esenciales en la configuración del estatuto jurídico económico-administrativo del citado profesorado. Así, el Estado se convirtió en contratador y pagador de los docentes -en definitiva, en su empleador-, pero cada prelado mantenía la prerrogativa de seleccionarlos y declarar su idoneidad por anualidades.

Desde entonces, no han parado de sucederse las reclamaciones judiciales por despidos improcedentes acordados por el Estado, el empleador, por mandato de un obispo, en su papel de seleccionador. Y aunque el asunto ha sido objeto de gran polémica, tanto en el campo judicial como en el parlamentario, la Ley de Calidad aprobada la semana pasada en el Congreso eleva a definitivo ese sistema de contratación laboral 'de duración determinada'. Lo hace en la Disposición Adicional Segunda del texto legal que, además, regula un modelo de clase de religión con su clase alternativa correspondiente, 'ambas opciones de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas', dice el nuevo texto legal. ( Noviembre 2002 )

EL CARDENAL ROUCO ALABA LA LEY DE CALIDAD UN DÍA ANTES DE LA HUELGA

El Gobierno del PP encuentra un aliado extraparlamentario de categoría en defensa de la Ley de Calidad de la Educación, que se aprobará, previsiblemente, esta semana en el Congreso. Se trata del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, y de su consejo de pastoral, que dieron a conocer sus optimistas 'reflexiones' sobre el polémico proyecto, con elogios al 'tratamiento que se da a la clase de religión y a la escuela católica', informó el Arzobispado de Madrid. Además de prelado de la mayor archidiócesis española, Rouco es presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Estas alabanzas del líder de los obispos se producen la víspera de la huelga y de una serie de manifestaciones contra la Ley de Calidad, convocadas en toda España por los sindicatos de clase y numerosas organizaciones de alumnos y profesores.

Para el Consejo de Pastoral de la Diócesis de Madrid, presidido por el cardenal Rouco, hay razones para el 'optimismo' por los contenidos de la Ley de Calidad. 'Aunque el anteproyecto es mejorable, satisface en su contenido de fondo', dice el arzobispado. El consejo diocesano se celebró el pasado día 19 con el objetivo de juzgar cómo trataba la clase de religión y la escuela católica el proyecto legislativo, dos asuntos sobre los que ya se conocía el grado de satisfacción de los prelados, pues la Iglesia católica ha logrado lo que venía reclamando del Estado desde 1979: que la religión sea una asignatura evaluable, que su clase alternativa, dentro de un área de 'sociedad, cultura y religión', sea también evaluable, y que la escuela católica tenga un tratamiento económico más generoso.

El proyecto del Gobierno recogió las peticiones que los prelados 'hicieron a las autoridades ministeriales', afirma el comunicado del arzobispado, que acusa de 'manipulación ideológica' a los 'distintos sectores contrarios a esta ley' por decir que es 'favorecedora de la escuela concertada en detrimento de la estatal'.

El 90% de los colegios católicos españoles están financiados por el Estado (que dedica a ese fin casi 2.400 millones de euros anuales). El Estado también paga a los profesores de catolicismo elegidos por los obispos tanto para la escuela pública como en la concertada (600 millones de euros). La 'nota de prensa' arzobispal defiende la legitimidad de esa financiación 'vía Presupuestos del Estado' y subraya el papel 'evangelizador' de sus centros. 'Si la escuela católica quiere ser significativa, no debe olvidar el carácter evangélico que debe presidir toda su tarea', dice. ( Octubre 2002 )

DESPEDIDA UNA PROFESORA DE RELIGIÓN EN VIGO TRAS SEPARARSE

El Obispado de Tui-Vigo rescindió a principios de curso el contrato laboral a una profesora de religión que poco antes se había separado de su marido. La afectada, Susana Loureiro, de 32 años, sostiene que perdió su trabajo por haber comunicado a la jerarquía eclesiástica que se había separado de su marido. Desde hace siete años Susana Loureiro impartía clases de religión en el colegio público de enseñanza infantil y primaria Coutada-Beade, en Vigo, aunque su relación laboral estable con el Obispado no se formalizó hasta hace tres cursos. Loureiro, casada y con una hija de tres años, se separó hace algunos meses de su marido y decidió ella misma comunicar su situación a las autoridades eclesiásticas porque, según explicó, 'quería ir con la verdad por delante'. Antes de comenzar el curso, el Obispado le transmitió que su contrato no se iba a renovar. Loureiro lo interpretó de inmediato como un castigo por su situación familiar.

Tanto el obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, como otros portavoces de la diócesis aseguran que no se prescindió de sus servicios por esa razón. Sin embargo, los representantes eclesiásticos declinan ofrecer una explicación. Dicen que el contrato se rescindió por 'razones privadas' que no pueden revelar. Aunque Loureiro había silenciado su despido hasta ahora, el claustro de su colegio envió una carta al Obispado a comienzo del curso para solidarizarse con esa 'excelente profesora'. En los últimos meses varios docentes de religión han sido despedidos por motivos de índole similar. ( Octubre 2002 )

CAJASUR GARANTIZA A SU PRESIDENTE Y A SUS HERMANAS UN ELEVADO SEGURO VITALICIO

El presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, de 73 años, tiene blindada su salida de la entidad con un seguro millonario que le cubre a él y a sus cuatro hermanas. En septiembre de 2001, la entidad suscribió una póliza de seguro de vida, modalidad de renta, con la aseguradora Caser cuya prima asciende a 2,9 millones de euros (484 millones de pesetas) y de la que son beneficiarios Castillejo y estos familiares. Cuando deje la entidad, Castillejo cobrará una pensión vitalicia equivalente a la remuneración anual del director general de la caja (unos 210.000 euros en 2001) más 3.005 euros.

La mitad de esta pensión anual, que se revisará conforme al sueldo que cobre el director general de la caja en el momento de la salida de Castillejo, la heredarán, en caso de fallecimiento del sacerdote, sucesivamente y de mayor a menor, sus cuatro hermanas, hasta que fallezca la última.

Castillejo, presidente de Cajasur desde hace 25 años, se mantiene al frente de la entidad gracias a que el Gobierno del PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas andaluza, que fija en 70 años la edad de jubilación. El Gobierno andaluz pretendía que Cajasur, controlada por la Iglesia católica, se rigiese por los mismos criterios que las otras cinco cajas de ahorro andaluzas, principalmente en la composición de sus órganos de dirección.

Además de lograr que el Gobierno recurriese la ley andaluza, Castillejo ha visto garantizada la singularidad de Cajasur con una enmienda del PP a la Ley Financiera por la que se despoja a las comunidades autónomas de varias competencias sobre las entidades fundadas por la Iglesia católica.

Pese a que Castillejo ha reiterado en infinidad de ocasiones su intención de mantenerse al frente de la caja, la entidad ya ha blindado su futuro: el 21 de septiembre de 2001, la caja suscribió un seguro de vida con Caser, aseguradora de 36 cajas de ahorro (entre ellas Cajasur), en el que figuran como beneficiarios Castillejo y sus cuatro hermanas. Una decisión que, según la entidad, se basa en un acuerdo del consejo de administración del 4 de mayo de ese año, aunque fuentes de dicho consejo niegan que se formulara en esos términos. Algunos consejeros pidieron a Cajasur, sin éxito, el acta de esa reunión.

La entidad pagó por este seguro una prima única de 2.908.796 millones de euros (484 millones de pesetas), una cantidad equivalente al 6% del beneficio neto de la matriz cordobesa en 2001 y al 15% de su obra social, según fuentes de la entidad. Como contraprestación, Caser garantiza a Castillejo el pago vitalicio de una renta anual cuando abandone, por voluntad propia o cese, la presidencia de la caja. 'El importe de la renta anual que recibirá el asegurado mientras viva será al menos la retribución bruta total que corresponda por el año 2001 al director general (210.000 euros) por todos los conceptos incrementada en 3.005 euros. Este importe será minorado en su caso con la prestación pública por jubilación que perciba el asegurado', reza el documento.

La póliza especifica que 'para que el asegurado pueda cobrar la renta inmediata deberá haber cesado, a iniciativa propia o de la entidad en el cargo de presidente ejecutivo de Cajasur'. En caso de fallecimiento del asegurado 'la renta anual será percibida por los beneficiarios determinados en la cláusula cuarta', esto es, las cuatro hermanas de Castillejo, nacidas entre 1925 y 1936. Las hermanas Purificación, Carmen, Dolores y Joaquina heredarán la mitad de esta renta, también con carácter vitalicio. Un informe de la subdirección de Recursos Humanos de Cajasur precisa que en caso de que Castillejo fallezca, cobrará la renta 'la hermana de mayor edad que le sobreviva, y al fallecimiento de ésta, la siguiente de mayor edad y así sucesivamente hasta el fallecimiento de la última'. ( Octubre 2002 )

MONSEÑOR ASENJO DIXIT SOBRE EL MALTRATO A LAS MUJERES

El portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Asenjo, señala que le parecía "lógico" el pronunciamiento del juez e instructor del Tribunal Diocesano de Mérida-Badajoz, José Gago, sobre que los malos tratos no son causa de nulidad matrimonial. "Entre las causas de nulidad que establece el Derecho Canónico no figuran los malos tratos, por ser asunto sobrevenido tras la celebración del matrimonio". Asenjo aseguró que ese matrimonio "probablemente" sea válido, pero que los malos tratos ulteriores "no lo anulan". ( Septiembre 2002 )

COMUNIDAD VALENCIANA : FESTEJOS DEL OPUS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS

La exposición Trabajo, mundo, creatividad que, organizada por la Fundación Mainel con la participación de 65 artistas, se inaugurará el 25 de septiembre en el Museo de la Ciudad de Valencia, con motivo del centenario del nacimiento del fundador del Opus, Jose María Escrivá de Balaguer se financiará con fondos públicos destinados por La Generalitat que aporta 1.804 euros a través del Consorcio de Museos y por el el Ayuntamiento que cede de gratis la sala.     ( Septiembre 2002 )

COMUNIDAD DE MADRID : LA CONSEJERÍA DE TRABAJO ADJUDICA A UN GRUPO ANTIABORTISTA UN CENTRO DE APOYO A EMBARAZADAS

La Consejería de Trabajo de la Comunidad ha adjudicado por concurso a la Asociación en Defensa de la Vida Humana (Adevida) la gestión de un centro de apoyo y atención para mujeres embarazadas sin recursos. Adevida arremete en su página web contra el aborto y el uso de anticonceptivos, y aboga por el reconocimiento de derechos a 'todo ser humano desde el momento de la concepción'. Esta ONG gestionará, hasta fin de año, un presupuesto público de 150.000 euros para proporcionar 'apoyo afectivo, psicológico y jurídico' a las mujeres que acudan al centro.

"Su ideología no nos preocupa en absoluto', explica el consejero de Trabajo, Luis Peral. Las mujeres gestantes sin recursos que acudan al centro para asesorarse y que pregunten por las posibilidades de evitar futuros embarazos no recibirán información sobre anticonceptivos, considerados 'antinaturales' y 'peligrosos para la salud' por Adevida.

Adevida se fundó, según explica en su página web, en 1979, 'cuando, a raíz de la promulgación de la Ley del Divorcio, empezó a orquestarse la campaña a favor del aborto'. Y ¿por qué se fundó? Porque 'el egoísmo, la ignorancia, el miedo y la miseria, enemigos de la vida que empieza y de la que termina, han de combatirse con generosidad, solidaridad, educación y entrega, de forma organizada', afirman en Internet sus responsables. Se trata de una 'asociación civil sin ánimo de lucro' financiada con las aportaciones de los socios y, 'para proyectos concretos, con subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid'. A partir de ahora, también por el Gobierno regional.

Las mujeres embarazadas y sin recursos que acudan al centro público gestionado por Adevida para recibir apoyo encontrarán todo menos información sobre anticonceptivos que pudieran evitar otros embarazos no deseados. Porque la asociación cree que 'la anticoncepción es contraria a la ley natural, supone riesgos significativos para la salud, le inclina a uno al egoísmo y compromete la intimidad matrimonial'. Como alternativa propone la 'planificación natural', en el seno, por supuesto, de la 'unión marital', la única fórmula que según Adevida permite 'domesticar la ambición y la pasión'.

La asociación ganadora del concurso de la consejería descalifica también en su sitio web la píldora del día después (que evita el embarazo) y opina que la decisión de interrumpir la gestación no es de la mujer sino 'sólo de Dios'. Uno de los documentos de la ONG, titulado ¿Quién mató a Juanito?, cuenta la historia de un feto abortado. Y advierte: 'Si eres una jovencita, debes saber que el aborto es un asesinato'.

'Nosotros sabemos que hay supuestos legales para el aborto, pero el centro se pone en marcha no para dar información sobre eso, sino para apoyar a las mujeres que quieren seguir adelante con el embarazo. En cuanto a los anticonceptivos, ahí no nos metemos. En todo caso, a la mujer que pregunte le diremos que hable con su ginecólogo', explica Beatriz Rodríguez, directora de Adevida. Rodríguez no supo precisar cuántos socios componen la ONG, aunque matizó que las cuotas suponen el 15% de la financiación. El resto procede 'de subvenciones públicas'. ( Septiembre 2002 )

NUESTRO COLEGA EL OBISPO DE JEREZ DESPIDE SIN OFRECER EXPLICACIONES A UNA MAESTRA DE RELIGIÓN

Vuelven los despidos indiscriminados de profesores de Religión. Esta vez le tocó a una profesora del colegio público San Francisco de Arcos de la Frontera que, tras 15 años de ejercicio, 12 de ellos en el citado centro, ha sido despedida «sin motivo alguno y en el más puro estilo caciquil del siglo XVIII», según denunció Manuel González, director del colegio.

González explicó que la profesora recibió la comunicación de su despido en julio, tras lo cual se puso en contacto varias veces con los responsables del obispado, sin conseguir «explicación alguna ni de ellos ni del obispo», monseñor Juan del Río. La diócesis tampoco envió notificación al centro e incluso mandó a la nueva titular de la materia antes de que llegase al colegio la certificación de su incorporación al claustro. El director asegura: «No tenemos nada en contra de esta nueva profesora y así se lo hemos hecho saber, lo que ocurre es que estamos indignados porque la actitud y el comportamiento de la anterior, la profesora más antigua de Religión en Arcos, era intachable».

Manuel González sospecha que detrás del despido de la profesora se esconde la connivencia del obispado con «el cacique de turno del pueblo, al que no le gustaba la excepcional labor de la profesora».También criticó el «enchufismo» que practica la Iglesia a la hora de nombrar profesores de Religión.

LA IGLESIA PERDIÓ MÁS DE 2,5 MILLONES DE EUROS EN SUS INVERSIONES EN BOLSA. LA CÚPULA ECLESIÁSTICA Y EL OBISPADO DE ASTORGA INVIRTIERON LA MAYORÍA DEL DINERO EN RENTA VARIABLE

'El dinero de la Iglesia no puede estar en la Luna, sino en los mercados', declaró el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, cuando se informó de la existencia de una sociedad inversora en Bolsa creada por la cúpula eclesiástica en mayo de 1999: Umasges. Pero ni ese experimento bursátil ni Vayomer, una sociedad de cartera fundada en igual fecha por el obispado de Astorga, han dado buenos resultados. Ambas inversoras religiosas han causado a la Iglesia católica pérdidas superiores a los 2,5 millones de euros, al apostar por inversiones en renta variable. Este quebranto económico se suma a los 15 millones de euros de fondos eclesiales perdidos en Gescartera.

José Sánchez, presidente de la comisión de medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal, negó que la Iglesia corriera riesgos al invertir en Bolsa a través de una sociedad especialmente creada con este objetivo. 'Primamos más una producción mínima que una arriesgada, por eso no es mucho lo que nos pueden pillar', aseguró.

Sin embargo, el informe de gestión de Umasges revela que la Iglesia no ha sido precisamente conservadora en su política inversora: 'Umasges durante 2000 mantuvo un nivel de riesgo del 80%'.

En efecto, la auditoría de esta sociedad detalla que su cartera de inversión dedicaba 8,6 millones de euros a renta variable, mientras que apenas dedicó 1,3 millones a renta fija.

En definitiva, la sociedad de inversión colectiva de la Iglesia rehuyó lo que el propio informe califica como 'la protección del capital en el refugio de la renta fija'. Y, llevada de su 'apuesta por el riesgo de la renta variable', se topó con una dura realidad: 'Precios de acciones inconsistentes con la realidad de los beneficios empresariales'. Lo que se tradujo en el 'mal resultado cosechado en 2000'.

Por tanto, pese a la proclamada prudencia inversora de la Iglesia, Umasges acumula pérdidas, ejercicio tras ejercicio. Según las últimas cuentas de dicha sociedad de inversión colectiva, en el año 2000 perdió 448.923 euros.

No en vano, su informe de gestión calificaba dicho ejercicio como 'insatisfactorio'.

No hay cuentas registradas con posterioridad, pero la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) indica que la situación en 2001 fue aun peor: las pérdidas casi se triplicaron y ascendieron a 1.223.000 euros.

En los dos últimos ejercicios, la inversora de la Iglesia habría perdido en total 1,6 millones de euros debido a la merma de valor de los títulos que adquirió. El capital social de esta sociedad está situado en 8,7 millones de euros.

Umasges fue creada en mayo de 1999 con un 100% de capital eclesiástico. El capital fundacional -2,4 millones de euros, aunque se fijó un techo estatutario de 12 millones de euros- lo aportó en un 51,7% UMAS (Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija), sociedad privada que 'asegura las personas y bienes eclesiásticos', y cuyo consejo de administración está integrado por la cúpula eclesiástica.

El arzobispado de Burgos copó el 32,8% de las acciones de Umasges y el arzobispado de Madrid se reservó un 12,2%. La única novedad constatable en la evolución de Umasges desde su creación es que se le ha retirado su gestión a Inversafei y se le ha otorgado a Cajamadrid.

El obispado de Astorga también ha sufrido las consecuencias de la caída de los valores bursátiles. Vayomer es una discreta sociedad inversora mobiliaria de capital variable cuya mayor singularidad está en su accionariado: el 99,14% de sus acciones está, según su última auditoría (año 2000), en manos del obispado de Astorga. Su objeto social es 'la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros'. Posee un capital inicial de 2,4 millones de euros con un máximo estatutario de 24 millones de euros.

Su patrimonio neto contable se estimaba en 4,5 millones de euros en ejercicio de 2000, cuando cosechó unas pérdidas de 401.000 euros (más de 64 millones de pesetas). En el primer semestre de 2001, registró ante la CNMV aún mayores pérdidas: 440.000 euros.

Su política inversora también prefirió el riesgo a la seguridad de la renta fija. Así, invirtió poco más de un millón de euros en 2000 en renta fija, mientras le dedicó 3,7 millones a la renta variable. Con la primera ganó unos 24.000 euros; con la segunda perdió 677.613 euros.

Esta sociedad inversora del obispado de Astorga se creó en mayo de 1999, en el mismo mes en que la Conferencia Episcopal fundaba su sociedad para invertir en Bolsa (Umasges) y un mes después de que la CNMV ordenara vigilar a Gescartera tras destaparse un agujero de 24 millones de euros en la agencia de valores.

El obispado de Astorga era, precisamente, una de las entidades eclesiásticas que depositó su dinero en Gescartera. Arriesgó y perdió en el chiringuito financiero de Antonio Camacho un total de 312.048 euros. Los obispados y arzobispados han buscado distintas salidas para rentabilizar su dinero. El obispado de Bilbao, por ejemplo, deposito 1,3Millones de euros en una cuenta del bbva en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Otros han invertido en constructoras, editoriales, cadenas de televisión, salineras y diversas sociedades financieras.

• Arzobispado de Valencia. Esa es, sin mas adjetivos, la denominación de una sociedad registrada en la comisión nacional del mercados de valores en 1991. Esta entidad emitió obligaciones de renta fija a 10 años en 1992 por unos seis millones de euros (1.000 millones de pesetas), que han de ser abonadas el próximo mes de junio con un interés del 9%. Al menos desde 1995 no ha presentado cuentas en el registro mercantil.  

• Obispado de Pamplona. El registro mercantil da fe de la creación de una sociedad por el obispado de Pamplona con un capital suscrito de 18.030 euros, en el registro existen numerosas lagunas: se desconoce la fecha del inicio de operaciones y no consta tampoco el domicilio social. No hay cuentas ni mas datos sobre su actividad que los que su propio nombre evoca: "agrupación de obligaciones del empréstito del obispado de Pamplona".

• Arzobispado de Tarragona. Hercucaudal -antes denominada Tarragona CP Sincav- es tina sociedad de cartera fundada en 1991 en la que en 1994, según datos regístrales, poseía un 16,4% de sus acciones el arzobispado de Tarragona. Esta sociedad, en ese ejercicio, tuvo unos beneficios de unos 730.000 euros. Contaba con unos fondos propios de unos 4,5 millones de euros. En 2000, los fondos propios de la sociedad, trasladada de tarragona a Vizcaya, fueron de 5,4 millones de euros. En ese año registro unos beneficios de mas de 18 millones de euros.

( Mayo 2002)  

EL OBISPADO DE BILBAO TENÍA 1,3 MILLONES DE EUROS EN CUENTAS DEL BBVA PRIVANZA DE JERSEY. ( 14.05.02 )

 El obispado de Bilbao reconoce que entre 1998 y 2000 realizó inversiones financieras en acciones valoradas en 1,33 millones de euros (221 millones de pesetas). Las inversiones, según el obispado, se hicieron a través del BBV primero, y BBVA después, y se depositaron en Privanza Jersey "por razón de mejor gestión administrativa" aunque fueron contabilizadas en sus balances y presentadas al fisco. El Deportivo de La Coruña y una mutualidad de funcionarios de Álava, son otros de los clientes de BBVA Privanza Jersey. Sus movimientos están registrados en la lista entregada al juez Garzón. 

La inversión en productos financieros del obispado de Bilbao se ha hecho pública en medio de la polémica generada por la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El BBVA ha trasladado a este juez de un listado de operaciones superiores a 60.100 euros (10 millones de pesetas) de residentes en España, correspondientes a cobros y pagos de clientes de BBVA con BBVA Privanza Bank Jersey, "que fueron todas ellas comunicadas al Banco de España", según el BBVA.  

Esta es la segunda operación financiera polémica conocida de una diócesis, tras las realizadas por el obispado de Valladolid en productos financieros que ofrecía Gescartera. El obispado de Bilbao, cuyo titular es Ricardo Blázquez, asegura que no ha hizo "ninguna inversión en productos financieros fiscalmente opacos".  

El obispado indica que "en el periodo 1998-2000 realizó inversiones financieras en títulos reconocidos internacionalmente" por valor de 1,33 millones de euros. La inversión se hizo "a nombre del obispado de Bilbao y a través de BBV, entidad financiera con la que este obispado ha venido trabajando desde su creación"."Dichos títulos fueron depositados en BBV Privanza Jersey, por razón de mejor gestión administrativa", precisa. Y agrega que "todas estas inversiones fueron contabilizadas en las cuentas del obispado de Bilbao e incorporadas a los balances presentados a la autoridad fiscal competente".

 A esta inversión hay que sumar una cantidad no precisada que en el año 2001 "se le comunicó a este obispado". Al parecer, se le hizo beneficiario de una herencia que estaba depositada en el BBV Privanza Jersey. Esa herencia "se hace efectiva este año 2002, después de haberse declarado y liquidado" los impuestos. La administración de las finanzas del obispado está en manos de un Consejo Económico integrado por expertos, unos clérigos y otros seglares. Al frente se encuentra un gerente diocesano (ecónomo) que es un seglar. ( Mayo 2002 )

EL OBISPADO DE BARCELONA VE 'INSUFICIENTES' LAS EXPLICACIONES DEL DE BILBAO . 16.05.02

El obispo auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, calificar de 'insuficientes' las explicaciones que el Obispado de Bilbao ha ofrecido sobre sus inversiones depositadas en BBV Privanza Jersey. En declaraciones a Barcelona TV, Carrera criticó desde el punto de vista ético, 'de gusto', ha dicho, la falta de 'transparencia' de estas inversiones, si bien ha afirmado que, a su parecer, el Obispado de Bilbao ha ofrecido explicaciones que 'justifican' su actuación en el terreno de la 'legalidad estricta'. 'A mí me gustaría que las inversiones no solamente fuesen claras y legales, como espero, sino que fueran un poco más transparentes', afirmó Carrera, que ha exhortado a la comunidad eclesiástica a 'no caer en la doctrina social del beneficio, que la Iglesia critica en profundidad'. El obispo auxiliar de Barcelona señaló que la lista de inversores españoles en Privanza 'no es suficiente para inculpar' al obispado, de manera que 'no estamos ante un caso parecido al de Gescartera'.

LOS CENTROS CONFESIONALES CREEN QUE LA LEY REVALORIZA EL ÁREA DE RELIGIÓN

La Federación de Religiosos de la Enseñanza ( Fere ) asegura que la implantación de la asignatura alternativa a la de religión confesional servirá para revalorizar esta última. El presidente de esta federación, Manuel de Castro, explicó que la nueva área supondrá 'darle un empujón' tanto a la asignatura de religión confesional como a la asignatura alternativa, que antes no existía. 'Ambas tendrán más nivel, lo que será bueno para conocer el hecho religioso, aunque sea desde un punto de vista crítico y meramente cultural', dijo. El anteproyecto de la Ley de Calidad establece el área de Cultura y Religión que comprende dos opciones, 'una de carácter confesional' y otra 'de carácter no confesional'. Ambas serán de oferta obligada por los centros, evaluables y computables a efectos de cálculos de la nota media. También desde la confederación de padres católicos Concapa, su presidente José Manuel Contreras, valoró que se establezca una alternativa a la asignatura de religión para que no exista 'una competencia desleal entre alumnos'.( Mayo 2002 )

ROUCO AFIRMA QUE LA REFORMA DE LA CLASE DE RELIGIÓN ES LO QUE VENÍAN PIDIENDO LOS OBISPOS

Nunca es tarde si la dicha es buena, según los obispos, que llevaban 'más de una década' reclamando una profunda reforma de la enseñanza de la religión católica y su clase alternativa en las escuelas españolas. El cardenal Rouco expresó su alegría por la reforma de la clase de religión avanzada por el Gobierno. 'Se ha dado un avance muy significativo', dijo el prelado, incluso, según la lectura episcopal del proyecto de Ley de Calidad avanzado por el Consejo de Ministros, se ha optado por una regulación 'muy satisfactoria' ( Mayo 2002 )

AZNAR DICE ANTE DOCE CARDENALES QUE EL CRISTIANISMO 'POSEE INDISCUTIBLES TÍTULOS DE GRANDEZA'

Ante un centenar de eclesiásticos europeos y latinoamericanos, de los que doce son cardenales, reunidos en un congreso social en San Lorenzo de El Escorial, Aznar en su discurso inaugural señaló  que  “ El cristianismo posee sobrados e indiscutibles títulos de grandeza...Toda internacionalización es una fuente de oportunidades, y la de este siglo sobre todo', añadió antes de entrar en lo que él mismo calificó como 'asuntos religiosos', un territorio en el que ponderó 'la nítida separación Estado-Iglesia', alabó 'la cooperación' que debe existir entre ambos y, finalmente, piropeó a los presentes por 'el incontestable papel protagonista de la Iglesia en América'. Minutos antes, el cardenal Rouco había concluido su discurso confiando 'los frutos' del encuentro de los prelados en San Lorenzo de El Escorial 'al cuidado maternal de María, la Estrella de la Evangelización', y deseando a sus colegas latinoamericanos que 'cuando regresen a sus casas se sientan aún más, si cabe, gozosos de ser hijos de la Católica', en referencia a la reina de Castilla que impulsó la conquista y cristianización de todo un continente. ( Mayo 2002 )

ESPAÑA FINANCIA LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA CON MEDIO BILLÓN DE PESETAS AL AÑO

La Iglesia católica española es, al menos, una poderosísima potencia económica, cultural, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos, como es lógico, al Estado. La fuerza del catolicismo español, medida en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sociales y de caridad, no tiene parangón porque se nutre de complicados y, a veces, inescrutables mecanismos de ingresos privados y, sobre todo, de financiaciones y subvenciones públicas. Así, el Estado, a través de sus administraciones central, autonómica y municipal, aporta cada año en torno a 586.000 millones de pesetas a la Iglesia católica en sus diferentes y numerosísimas manifestaciones. De ese medio billón largo, sólo 21.750 millones proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado que aprueban las Cortes, de los que apenas 15.000 millones corresponden a la asignación tributaria que los fieles atribuyen a su religión mediante el 0,5239% de la cuota en la declaración del IRPF. El resto sale de las arcas de varios ministerios de Estado -Educación y Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales- y de los presupuestos de las consejerías equivalentes de los Gobiernos autónomos.Es en el campo de la asistencia social y de la caridad -donde Cáritas es el buque insignia, con 25.877 millones de recursos invertidos-, y en el sector de la enseñanza, donde las organizaciones católicas reciben más dinero del Estado. Por ejemplo: sólo en sueldos para pagar a los 33.440 profesores de catolicismo que actúan en el sistema educativo -de los que 15.600 imparten doctrina en los colegios públicos-, el Ministerio de Educación y las respectivas consejerías autonómicas gastan algo más de 100.000 millones por curso, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que todo el sistema de conciertos con las instituciones eclesiales alcanza los 420.000 millones en subvenciones, algo más del 85% de lo que el Estado aporta para toda la enseñanza privada concertada.En esos conciertos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. Por autonomías, a título indicativo, Asturias destinó el año pasado a esa partida 9.836 millones; Cantabria, 4.979 millones; y -ahora con datos de 1998, últimos oficiales- Cataluña gastó 82.220 millones; Andalucía, 54.340 millones y el País Vasco, 54.438 millones. Los profesores de religión del sistema público cobran 285.955 pesetas mensuales los de secundaria, y 214.625 pesetas, los de primaria, siempre, como es lógico, en cantidades brutas. Su salario es sensiblemente superior al de sus colegas en el sistema privado concertado, pero aquí el número de profesores se dispara, figurando en nómina, incluso, un denominado 'coordinador pastoral'.La imponente actividad educativa de la Iglesia se resume en: 45.240 aulas, 1.500.037 alumnos y 80.959 profesores en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y enseñanza universitaria, donde diferentes órdenes eclesiásticas son propietarias de seis universidades -la de Deusto, de los jesuitas; la de Navarra, del Opus Dei; la de San Pablo-CEU, en Madrid, de la Asociación Católica de Propagandistas; las pontificias de Comillas y Salamanca; y las universidades católicas de Murcia y Ávila- y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias -sobre todo, de Enfermería y de Magisterio-, y 72 institutos superiores.

Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, fuertemente respaldado por sus fieles y por los presupuestos estatales, además de la gran diaconía Caritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas y entidades tipo Hermanitas de los Ancianos Desamparados, subvencionadas este año por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 277 millones -Cáritas recibió por el mismo concepto 1.438 millones-, aunque esas ayudas suelen ser completadas por autonomías o municipios allí donde la institución cuenta con asilos y residencias.

Otra fuente de financiación de gran envergadura a cargo del Estado -por encima de los 6.000 millones de pesetas en conciertos y subvenciones- son los centros hospitalarios propiedad de la Iglesia (116), y los centros de caridad y sociales como ambulatorios y dispensarios (180); casas de ancianos, inválidos o disminuidos psíquicos (865); orfanatos (323); guarderías infantiles (417); centros especiales de reeducación (325) y 'otros centros de caridad y sociales' (717). El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (oficialmente, 510 capellanes a tiempo completo y 297 a tiempo parcial: en total, salarios por valor de 3.700 millones el año pasado), los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de vicario general.

Capítulo aparte, muy relevante, son las subvenciones o ayudas directas a la Iglesia para su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 130 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Para sostener ese patrimonio, las administraciones públicas han gastado en los últimos 20 años decenas de miles de millones. Cuatro ejemplos: el año pasado, la Generalitat de Cataluña presupuestó 377 millones para obras en edificios de propiedad eclesial, pero no incluyó en esa partida cuantiosos gastos en museos episcopales en cuyos patronatos participa la Generalitat, como el de Vic, al que el departamento de Cultura aportó íntegramente el coste de construcción de la nueva sede. Otro tanto pasa con Castilla-La Mancha: presupuesta este año 597 millones pero subvenciona, además, otras restauraciones o exposiciones de la Iglesia. O el caso de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños, que no sólo ayudaron en 1997 con unos 750 millones a la finalización de la catedral de La Almudena, sino que cada año añaden millones para otras propuestas episcopales (Septiembre 2001).

LA IGLESIA ESTÁ EXENTA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS: LA COMISIÓN EUROPEA YA HA LLAMADO LA ATENCIÓN AL GOBIERNO POR EL TRATO DISCRIMINATORIO CON OTRAS ASOCIACIONES

Cada año, la Conferencia Episcopal Española (CEE) envía a Roma un óbolo -de 16 millones de pesetas, en 2000- con cargo al único presupuesto público de la Iglesia católica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pontífice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religión y contrasta con la dispersión con que funciona su economía de ingresos y gastos.

La ventajosa relación de la Iglesia católica con el Estado queda resumida en el campo de la fiscalidad. El clero no declara a Hacienda sus sueldos, y la Iglesia, en sus múltiples manifestaciones, está exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados. De forma que, cuando se hace la suma global de lo que aporta, aquí y allá, el Estado a las arcas católicas, nadie puede calcular lo que habría que añadir por esa situación de paraíso fiscal. Algunos expertos señalan por alto: decenas de miles de millones más.

Lo curioso es que de esas ventajas fiscales no se benefician ni siquiera las otras religiones que gozan de la calificación de 'notorio arraigo' [protestantismo, judaísmo e islamimso], que también han firmado convenios de colaboración con España. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imam construyen su vivienda en un municipio, deberán pagar, lógicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, está exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.

Otro ejemplo, más gráfico si se quiere: la Cruz Roja, como asociación de interés público y sin ánimo de lucro, también tiene peor tratamiento que la Iglesia católica. Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, en apoyo del principio de igualdad que debería asegurar el Estado aconfesional, recordó que la Comisión Europea ya ha llamado la atención al Gobierno de España por permitir estas discriminaciones. Es cierto que tales ventajas fiscales tienen su origen en los acuerdos bilaterales entre España y la Santa Sede, pero, dice Llamazares, tal situación también se contempla en el acuerdo de integración de España en la Unión Europea: en esos casos excepcionales, señala el tratado, los Estados deberán hacer esfuerzos para eliminar tales desigualdades de trato, y 'eso no se está haciendo', añadió.

Otro pozo insondable del dinero público que recibe la Iglesia tiene que ver con el patrimonio histórico y sus bienes inmobiliarios, cuantiosos a pesar de haber sido sometida a dos severos procesos de desamortización en el pasado. La Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera potencia del Estado en patrimonio histórico, y es dueña de miles de inmuebles e incluso de varios latifundios rurales. Pues bien, cada año, las administraciones autonómicas presupuestan unos 10.000 millones para financiar proyectos de restauración o de mantenimiento de esos bienes -museos, archivos, catedrales, monasterios, iglesias, casas rectorales, campanarios, jardines-, e incluso para construir nuevos edificios eclesiales, sin que, a cambio, se exijan contrapartidas rigurosas de uso público, ajeno a caprichos de horario o prohibiciones por motivos, por ejemplo, de vestimenta. Respecto al dinero gastado por el Estado en actuaciones sobre ese patrimonio, se produce un hecho extravagante: las competencias están transferidas a las consejerías de Cultura, pero la Administración central también dedica decenas de millones a ese objetivo, incluso solapándose en las mismas partidas (Septiembre 2001).

NUESTRO ENAMORADIZO ALCALDE EN FUNCIONES DE MADRID CADA DÍA MAS RUMBOSO : REGALA 20.000 METROS A UNA FUNDACIÓN RELIGIOSA PARA HACER UN COLEGIO

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido -tras la presión del arzobispado-, gratuitamente y por 75 años, una parcela de 20.000 metros cuadrados valorada en 11,8 millones de euros ( 1.960 millones de pesetas ) a una fundación de inspiración religiosa para que construya un colegio concertado en Las Rosas ( San Blas ). La Consejería de Educación se mostró favorable a la subvención, a pesar de que en la zona sobran plazas en centros públicos y de que aquél aún no está construido.

El obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vega, se dirigió por escrito y 'por indicación del señor cardenal [arzobispo de Madrid]' Antonio María Rouco Varela al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, en tono familiar. En una carta del 25 de enero pasado, Herráez pedía su 'intervención' para agilizar 'los trámites' de la cesión por parte del Ayuntamiento a la Fundación Internacional de Educación, constituida hace poco más de un año, de una parcela de 19.127 metros en la Rosas (San Blas) para que dicha entidad construyera 'un colegio concertado'.

Menos de un mes después, el 21 de febrero, el pleno del Ayuntamiento aprobó, con la oposición de los social comunistas, la cesión gratuita por 75 años de este solar valorado por Urbanismo en 11,8 millones de euros a esta fundación sin ánimo de lucro y en la que, según indicaba por escrito Juan Manuel Albendea, parlamentario por Sevilla, al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, " los miembros fundadores son del movimiento Comunión y Liberación ". Esta asociación católica, de claro talante conservador, fue fundada en 1954 por el sacerdote milanés Luigi Giussani, y reconocida hace 20 años por la Iglesia como asociación de fieles.( Marzo 02 )

COMUNIDAD VALENCIANA: LOS COLEGIOS DEL OPUS DISCRIMINAN A LOS ALUMNOS EN FUNCIÓN DE SU SEXO 

El sindicato CC OO denuncia que los colegios privados Vedat y Guadalaviar, en Valencia, y los centros Aitana y Altozano, en Alicante, siguen segregando a los alumnos por motivos de sexo. El sindicato afirmó en un comunicado que después de tres años desde que la Administración concediera el concierto a estos centros, adscritos al Opus Dei, 'los femeninos siguen sin tener matrícula de chicos y los masculinos siguen sin tener matrícula de chicas', aseguró Manuel Picó, delegado de la Federación de Enseñanza. El sindicato se sustenta en datos facilitados por la Administración educativa en el proceso contencioso-administrativo que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por parte de esta Federación sindical para afirmar que estos centros 'siguen segregando por motivos de sexo'. Según los datos difundidos en el centro Vedat, en los tres últimos cursos en primaria se matricularon 286, 294 y 34 niños por año, respectivamente, y ninguna niña, mientras que en ESO, el número de niños fueron 298, 285 y 263 respectivamente y ninguna niña. En Guadalaviar, en primaria, las cifras de niñas fueron 312, 315 y 306 en los cursos 98/99, 99/00 y 00/01 y ningún chico. Los datos en la oferta de Enseñanza Secundaria ESO también son significativos: se matricularon 151, 220 y 220, todas chicas y ningún varón. En Alicante, en el colegio Aitana, hubo 242, 251 y 243 niños en el curso 98/99, 99/00 y 00/01 y ninguna niña en primaria y 111, 114 y 252 chicos en la ESO en esos años y tampoco chica alguna. En Altozano, las cifras fueron en primaria de 196, 203 y 195 niñas en este periodo y ningún chico y 133, 174 y 179 chicas y ningún niño. Para la Federación de Enseñanza de CC OO, esta situación 'es insostenible', ya que 'la opción de acogerse a los conciertos educativos es una posibilidad que libremente deciden los titulares de los centros, pero una vez realizada esa opción, están obligados a cumplir las condiciones establecidas en el decreto sobre admisión de alumnos, en que se prescribe que no puede haber discriminación alguna, entre otras, por razones de sexo'. ( Enero 02 )

LA FISCAL ACEPTA EL DESPIDO DE UNA DOCENTE DE RELIGIÓN POR SU MILITANCIA POLÍTICA

El ministerio fiscal considera evidente, tras escuchar la declaración de la profesora de religión Francisca Urbano, que su despido como docente en Monda (Málaga) fue discriminatorio y se debió a motivos políticos, concretamente a su 'militancia política' como concejal de IU. Aún así, la fiscal pidió que se desestime la demanda por despido improcedente contra el Obispado de Málaga con el argumento de que la decisión de la Iglesia está avalada -'nos guste o no'- por el tratado de España con la Santa Sede. La profesora Francisca Urbano exigió la nulidad del despido.La fiscal admitió la capacidad de la Iglesia para 'discriminar' en la elección del profesorado, después de reconocer, tras la declaración de la profesora despedida, que 'la motivación más evidente para el despido es su militancia política' en Izquierda Unida, formación que defiende el derecho al divorcio y al aborto. A pesar de que después de ser elegida concejal de IU continuó un curso más como profesora, Francisca Urbano aseguró que trabajó un año más porque la diócesis no conocía su condición de edil.

Durante el proceso celebrado en el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga, el representante del obispado, Francisco José González, en ningún momento negó que el despido fuera por motivos políticos. Se limitó a decir: 'Ella sabe las causas por las que no fue renovada'. A pesar de reconocer la discriminación, el ministerio fiscal avaló la tesis del obispado de Málaga, que se ampara en el acuerdo de 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede. Este pacto faculta a la Iglesia para elegir libremente al profesorado de religión sin explicar su decisión. La fiscal, sostuvo que, 'nos guste o no, la norma jurídica potencia esta discriminación y otorga al obispado una gran discrecionalidad'. Al igual que el resto de los demandados, solicitó la desestimación de la demanda presentada por la profesora contra la diócesis de Málaga, el Ministerio de Educación y la Consejería andaluza de Educación.

El representante del ministerio, Carlos García Manrique, esgrimió una relación laboral especial y concluyó: 'Resulta paradójico que la docente pida explicaciones ahora que no es propuesta y permaneció trece años sin exigir razones por su contratación'.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo ha declarado que “ ya hemos hablado bastante' de los casos de profesores de religión despedidos” . Según Del Castillo, el Gobierno no ha variado su posición en el sentido de que son los obispos quienes 'deciden las personas adecuadas para impartir la doctrina' en los colegios públicos. ( enero 2002 )

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN INCLUYE VALORES RELIGIOSOS EN LA ÉTICA DE LA REFORMA DE LA ESO

El Ministerio de Educación envía al Consejo de Estado los proyectos de reales decretos sobre enseñanzas mínimas, a los que se han incorporado la mayoría de sugerencias que ha planteado el Consejo Escolar del Estado entre ellas el barniz religioso que se le dará a la asignatura de Ética. Así, se sugiere como objetivo, entre otros, que los alumnos conozcan y comprendan «los rasgos específicos que fundamentan la moralidad en su práctica individual y social, valorando el significado de la dignidad personal, de la libertad de la recta conciencia, del bien y la verdad, y de los principios, valores y normas que orientan al bien obrar» (Diciembre 2000).

EL GOBIERNO SE INHIBE DEL DESPIDO DE LA PROFESORA DE RELIGIÓN EN ALMERÍA

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, evita en el Senado comprometerse a ayudar a la profesora de religión de Almería Resurrección Galera, quien perderá su puesto de trabajo el próximo curso, por decisión del obispado almeriense, al haberse casado por lo civil con un divorciado. La ministra explicó que 'el Gobierno no tiene competencias para fijar criterios de selección' de los profesores de religión. 'Ésa es la situación que hay', precisó la ministra. Del Castillo señaló que los profesores de religión deberían ser contratados en función de criterios de 'mérito y capacidad'. Sin embargo, y a pesar de que el sueldo de los profesores se paga con dinero público, la decisión de contratarles y renovarles cada año corresponde a los obispos (Junio 2001).

LA IGLESIA PRESCINDE, SIN DESPIDO FORMAL, DE LA PROFESORA DE RELIGIÓN CASADA CON UN DIVORCIADO

El Obispado de Almería comunica a la Subdelegación del Gobierno local la lista de profesores de religión que el Ministerio de Educación deberá elegir este año para sus colegios públicos, y Resurrección Galera no está en la relación. Contratada durante siete años consecutivos, Galera se casó hace un año con un divorciado, motivo por el que fue amenazada con el despido por un funcionario episcopal. No ha habido despido formal, pero la profesora se enteró por un periodista de que ha pasado a engrosar la lista de parados.

Después de siete años de contratos y de cumplir los requisitos exigidos por la Iglesia católica para ser profesora de religión en el colegio público Ferrer Guardia, de Los Llanos de La Cañada, Galera seguía creyendo que el Obispado de Almería le comunicará algo, 'por escrito o de palabra, sobre su futuro profesional'. Así ha sucedido en los siete años anteriores, uno tras otro, aseguró. 'Siete años de entrega total me dan derecho a alguna esperanza', dijo Resurrección Galera, de 36 años.

El contrato laboral que ha vinculado este curso pasado a Resurrección Galera con el colegio Ferrer Guardia lo emitió el jefe de personal de la Subdelegación del Gobierno en Almería en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, pero lo gestiona el Obispado de Almería por un acuerdo firmado en 1999 entre el Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal Española. La última nómina cobrada por la profesora Galera corresponde a este mes de agosto.

Por su parte, el PP, a través de su presidente en Almería, expresó su 'respeto'

Como se recordará, el 26 de febrero de 1999, la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el ministro de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior], firmaron con la Conferencia Episcopal un convenio que reformaba el régimen laboral y económico de los profesores de religión pactado por los obispos con el Gobierno de Felipe González. El nuevo acuerdo convirtió al Estado en 'empleador' de los citados profesores, que desde ese momento quedaron equiparados retributivamente con el resto del sector. Quien decide los nombres que debe contratar cada año el Ministerio son los obispos, pero la Iglesia ha cerrado filas ahora asegurando que no es ella quien contrata o cesa, sino el Ministerio de Educación.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, declara que lo que ha hecho la Iglesia a la profesora Resurrección Galera -enviarla al paro por casarse por lo civil- es 'legal' (Septiembre 2001).

LA IGLESIA CATÓLICA Y SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN LA DOCENCIA (VARIOS)

• EL ARZOBISPADO DE GRANADA AVALA A UN CURA CASADO COMO PROFESOR DE RELIGIÓN: La polémica sobre si la Iglesia católica puede despedir a los profesores de religión por su vida privada, apoyándose en el convenio bilateral entre España y el Vaticano, se extiende a otras provincias y tuvo una derivación en Granada, donde un cura casado cuenta este año con el aval del episcopado para enseñar esa materia y otro, ya jubilado, la ha impartido durante años. La Conferencia Episcopal insistió en que 'la naturaleza propia de la enseñanza religiosa reclama el testimonio personal del profesor acorde con lo que enseña'. Casarse por lo civil con un divorciado inhabilita a una mujer para la enseñanza de la religión porque, según la Iglesia, quien lo hace se sitúa fuera de ella por voluntad propia. Sin embargo, ser cura, dejarlo y casarse está perfectamente admitido para figurar en las listas de profesores de catolicismo que cada año los obispos facilitan al Ministerio de Educación para que éste contrate y pague como docentes en los colegios públicos. Pedro Talavera Arboleda, un ex sacerdote jienense de 65 años, pidió 'la reducción al estado laical' en 1976. Se casó, tuvo hijos, hizo un master en asesoría fiscal y trabajó en distintos quehaceres. Sin embargo, en 1993, por avatares de la vida 'como a tanta gente', dice, le llegó el paro. Un día pasó por el Arzobispado de Granada y pensó en la posibilidad de dar clase de religión. Entró y lo trataron 'como un hermano'. Muy pronto le ofrecieron un trabajo. Desde entonces ha trabajado en varios institutos de la provincia de Granada (Septiembre 2001).

• DESPEDIDA EN MÁLAGA POR 'NO IR A MISA Y TOMAR COPAS': Francisca Urbano, profesora de religión del colegio Remedios Rojo de Monda (Málaga), ha perdido este año su empleo 'por faltar de vez en cuando a misa y por salir a tomar copas con algunos compañeros'. Estos son los argumentos que la docente relató y que el Obispado de Málaga, responsable de la decisión, ni confirma ni desmiente. El prelado de Málaga es Antonio Dorado, que ya calificó como adúltera a la profesora cesada con anterioridad por la diócesis de Almería por casarse por lo civil en el Juzgado de Paz de Níjar. Fue en junio pasado cuando el obispado comunicó a la profesora Francisca Urbano que no contaría con ella para este curso, después de 13 años dando clases en Monda y en otros colegios de Fuengirola y Coín. Por no constituir un 'buen ejemplo de vida cristiana', le dijeron (Septiembre 2001).

LA IGLESIA Y SUS RELACIONES LABORALES (VARIOS)

• ALGUNOS OBISPOS PIDEN A SUS PROFESORES UN PORCENTAJE DEL SALARIO QUE PAGA EL ESTADO: Algunos profesores de religión, contratados y pagados por el Estado, deben contribuir con un porcentaje de su salario a las arcas de la Iglesia, según los documentos aportados por el presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Luis Guridi. 'Un impuesto revolucionario del que depende nuestro futuro trabajo', dijo en alusión al miedo que existe entre los docentes. El Obispado de Getafe (Madrid), uno de los señalados, replicó que la continuidad de los docentes no esté vinculada a ese 'donativo' que, como tal, 'es voluntario'. Quien propone a los profesores de religión es el episcopado, aunque quien firma los contratos y paga los salarios es la Administración. Pero la propuesta de cada prelado, por años y previa a la contratación, tiene condiciones tan arbitrarias como el pago anual a la diócesis de una cantidad en metálico, la cooperación con las parroquias o la contribución para algún regalo a un obispo recién ordenado, según la enumeración que hicieron los dirigentes de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, profesores de religión en Móstoles y Parla, en la Comunidad de Madrid. La FEPER demostró documentalmente la exigencia de ese 'impuesto' o cuota en las diócesis de Getafe (Madrid), Las Palmas y Tenerife, sobre una cantidad del 0,6% del salario de cada profesor. Por ejemplo, en el de Tenerife, el 'donativo irrevocable' asciende a 11.000 pesetas, y la profesora Resurrección Galera asegura que en el de Almería, cuyo obispo acaba de cesarla por casarse por lo civil, se exige -al menos el curso pasado- el 1% del salario. Resistirse a esa 'recomendación puede acarrear un disgusto, como que no te contraten al año siguiente, porque tienen una lista de quién paga o no paga', añade Galera. 'Al hacer balance hemos encontrado que tu no has aportado nada hasta la fecha de hoy. Si hay alguna causa, dínoslo con toda tranquilidad. Si ha sido despiste intenta hacerlo antes de que finalice el año. Si es error nuestro o que no has puesto en tu banco o caja quién hace el ingreso, llámanos. Lo mejor es que des orden en tu banco para que haga una transferencia periódica. Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%', dice una circular firmada por el delegado de Enseñanza del Obispado de Tenerife, José Hermógenes Martín, enviada a los profesores de religión de esa provincia el curso pasado. El Secretariado Diocesano de Enseñanza de Las Palmas, mediante circular titulada 'Asunto: Comunicación impago de cuota', escribe: 'No consta en este secretariado el pago de la cuota correspondiente al curso 2000-2001. Como sabes la cuota para el profesorado de Secundaria está establecida en 8.000 pesetas, y la de Primaria en 5.000 pesetas al año. Si tienes alguna duda o problema no dudes en ponerte en contacto con el Secretariado' (Septiembre 2001).

• EL CONSTITUCIONAL ANULÓ EN 1985 EL DESPIDO DE UNA PROFESORA POR SUS IDEAS RELIGIOSAS: Despedir a una profesora por su ideología o creencias íntimas merece no sólo una declaración de nulidad laboral, sino también una severa censura de inconstitucionalidad. 'Un despido sin causa y nulo de nulidad radical', proclama una sentencia del Tribunal Constitucional en 1985, que otorgó el amparo a Pilar Sala Ribalta, expulsada en julio de 1982 del colegio católico Lestonnac, de Mollet del Vallés (Barcelona), por no ajustarse al ideario religioso del centro. El ponente de la sentencia del máximo tribunal fue Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996.La Magistratura de Trabajo, en primera instancia, y el Tribunal Central del Trabajo sentenciaron a su favor declarando nulo el despido, pero Pilar Sala recurrió en amparo al Tribunal Constitucional en busca de una reparación que llegase al fondo del asunto, es decir, que no solamente proclamara la nulidad del despido, sino una nulidad de 'radical nulidad' por razones de 'discriminación ideológica'. Lo consiguió en 1985 con una unánime sentencia redactada por Tomás y Valiente, acompañado en sala por Jerónimo Arozamena, Francisco Rubio Llorente, Luis Díez-Picazo, Antonio Truyol Serra y Francisco Pera Verdaguer (Septiembre 2001).

• UN MILLAR DE TEÓLOGOS AFIRMA QUE EL DESPIDO DE PROFESORES VIOLA LA CONSTITUCIÓN: La voz de 1.200 teólogos católicos, reunidos en un Congreso y procedentes en su mayoría de organizaciones eclesiales de base, se alzó con severidad contra los obispos por su actitud 'inconstitucional' e 'intolerante' al no renovar los contratos a varias profesoras de religión (Septiembre 2001).

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN EXCLUIDOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Entre los compromisos arrancados al Gobierno del PP en 1998 por la Conferencia Episcopal Española se encuentra el de excluir a los profesores de religión de toda 'posibilidad de negociaciones de convenios colectivos', según la 'pro-memoria' redactada tras la reunión entre el obispo responsable de la negociación y el secretario general del Ministerio de Educación. En la misma reunión, el Ejecutivo comunicó a los prelados que sus exigencias sobre la asignatura alternativa a la religión no serían atendidas en ese momento por falta de apoyo de los nacionalistas catalanes. Sin el apoyo de 'todos los socios' no habrá decreto, respondió en septiembre de 1998 el Ministerio de Educación a los obispos cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) insistió, por escrito, en cambiar el carácter de la asignatura alternativa a la religión en los colegios públicos. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se había comprometido al cambio, elevando el rango de la materia a impartir a los alumnos en el mismo horario que la clase de religión -algo más serio y exigente que 'el parchís', resumió el líder del PP en la campaña electoral anterior-, pero su intención tropezó con los resultados de las urnas y la realidad educativa. Lo cierto es que, según la 'pro-memoria' que levantó acta de lo tratado aquel día, bajo el apartado de Nuevo decreto que regule la enseñanza de la religión, aparece la siguiente frase: 'El secretario general del MEC [Ministerio de Educación y Ciencia] afirma que no se ha producido compromiso de apoyo al proyecto de nuevo decreto de religión por parte de los socios de Convergencia. Necesitan la seguridad del respaldo de todos los socios para presentar el decreto'. Las negociaciones para cambiar radicalmente el régimen laboral y económico de los profesores de religión -fijado por los diferentes Ejecutivos de UCD y del PSOE- se concretaron el 22 de septiembre de 1998 por el obispo Antonio Dorado, en aquella fecha presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en la CEE [ahora lo es el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares], y el entonces secretario general de Educación, Eugenio Nasarre. Cuatro meses después, los ministros de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente primero del Gobierno], rubricaban un acuerdo que cambiaba la relación laboral y económica de los docentes de catolicismo, a partir de entonces contratados y pagados por la Administración del Estado, aunque designados cada año por el obispo de cada diócesis. El acuerdo fijaba un plazo de cuatro años para la equiparación salarial de ese profesorado con los del resto del sistema educativo, además de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.

Es el punto cuatro de esa 'promemoria', en su letra E, el que especifica como 'compromiso del Ministerio de Educación', que en la redacción del nuevo convenio 'se deben buscar las fórmulas jurídicas necesarias [para] que, al ser un convenio en cumplimiento del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, no tenga lugar la posibilidad de negociaciones de convenios colectivos para este profesorado' (Octubre 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LOS APARCAMIENTOS RELIGIOSOS

Un breve oficio religioso precedió a las palabras del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), en la inauguración del nuevo aparcamiento para residentes en el distrito Moncloa-Aravaca. El padre Isabelino, responsable de la parroquia de San Federico, bendijo las instalaciones con el siguiente discurso: " Bendícinos, Padre, porque en este lugar descansarán nuestros coches y nuestras preocupaciones por su seguridad y conservación. Bendito seas, Señor, porque nos permites, con ayuda de la técnica y de la ciencia, que tengamos medios y vehículos para hacer más eficaz nuestro trabajo, para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación, para hacer más agradable nuestra vida, para poder usar y conducir nuestros coches. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén" (Diciembre 2000).

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NO SE DESANIMA E INTENTA DE NUEVO LEGALIZAR UNA IGLESIA SOBRE LA QUE PESA UNA ORDEN DE DERRIBO

El Ayuntamiento de Madrid no ceja en su empeño de legalizar la situación de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, ubicada en el barrio del Pilar. Y ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le ha reiterado que no cabe legalizar el templo porque su ubicación contraviene el planeamiento urbanístico, y que la única salida factible a este contencioso es el derribo parcial de la iglesia. La última vez que el Consistorio intentó legalizar el templo, los magistrados de dicha instancia judicial anularon el acuerdo plenario tomado al respecto y dedujeron testimonio (abrieron diligencias penales por supuesta prevaricación) contra los 23 ediles del Ayuntamiento -incluido el alcalde, José María Álvarez del Manzano- que habían votado a favor de legalizar la iglesia. Tras ese acuerdo plenario, los cinco jueces del Tribunal Superior que llevaban el caso comunicaron al Consistorio, mediante un auto, que era ilegal usar la figura del estudio de detalle para adecuar la iglesia al plan general, y que sólo cabía cumplir la orden judicial de derribo que pesaba sobre ella. La orden de derribo del Tribunal Superior era la respuesta a los 10 años de pleitos que mantenían dos vecinos de la zona con el Arzobispado de Madrid, propietario del templo, por la ubicación de la iglesia. Parte del edificio religioso está tan cerca de las casas de los demandantes que les tapa la luz natural. Además, vulnera la separación mínima (siete metros) entre construcciones que establece el plan general de Madrid, según la sentencia dictada al efecto. El Ayuntamiento vuelve ahora a sacar a la luz la legalización de esta iglesia, sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo estudie el recurso que, hace seis meses, presentaron el Consistorio y el Arzobispado de Madrid contra la decisión del Tribunal Superior de anular el acuerdo plenario que dio luz verde al inicio de los trámites para legalizar la ubicación de la iglesia mediante un estudio de detalle (Marzo 2001).

EL ALCALDE DE MADRID INTENTARÁ EVITAR EL DERRIBO DE LA IGLESIA DE FUENCARRAL

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, advierte de que hará todo lo posible para evitar el derribo de una parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Fuencarral-El Pardo). El Tribunal Supremo, después de desestimar el recurso que presentó el Arzobispado de Madrid, ha dado luz verde para que la parte de la iglesia sea derribada porque es contraria a las normas urbanísticas del municipio ya que está a menos de siete metros de unas viviendas.

'Respetamos la decisión judicial, pero haremos todo lo posible para que la razón se imponga. No tiene sentido derribar una iglesia bien construida porque lo soliciten dos personas', afirmó Álvarez del Manzano, que todavía no ha visto la resolución del Supremo. Hace 10 años, dos vecinos de un edificio próximo a la iglesia denunciaron que el templo estaba muy próximo a sus casas y que les tapaba la luz natural. Los jueces declararon que una parte de la estructura de la iglesia era ilegal y que había que demolerla. Pero el Ayuntamiento no actuó para que así se hiciera a pesar de que los propios jueces del Tribunal Superior le recordaron al Consistorio que tenía que cumplir la sentencia que ahora ha sido ratificada por el Supremo (Enero 2002).

Volver

© Copyright. 1998 - 2007.www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 5 o superior  a 1024 x 768 píxeles )