CONCENTRACIÓN DE APOYO A FUNGAIRIÑO

Un millar de personas se concentró ayer en el monumento a la Constitución, en Madrid, en apoyo de Eduardo Fungairiño, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El homenaje estuvo organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que preside José Alcaraz, y cuya delegada en Madrid es Irene Villa

http://elpais.com/diario/2006/02/08/espana/1139353223_850215.html

España envía cinco informes a Chile por el "caso Pinochet"

El Gobierno español ha remitido cinco documentos a las autoridades chilenas, referidos al "caso Pinochet". Se trata de cinco informes, cuatro de ellos enviados desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada de Chile en Madrid el día 8 de julio de 1999. El quinto es un informe del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en el que se opone a la solicitud de extradición del senador formulada por el juez Baltasar Garzón.

Los documentos enviados por Asuntos Exteriores son:

- Informe interno del Ministerio de Asuntos Exteriores (asesoría jurídica internacional) sobre los aspectos jurídicos de un posible arbitraje internacional.

- Informe interno del Ministerio de Asuntos Exteriores (embajador J.A. Yañez-Barnuevo) sobre la eventual invocación por Chile del Tratado de Arbitraje de 1927.

- Nota interna del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la eventudalidad de una posible consulta al Tribunal Constitucional.

- Nota interna del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la eventualidad de una posible consulta al Tribunal Supremo.

- El quinto documento, que ha sido remitido desde el Ministerio de Justicia, es un informe del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, con los "fundamentos de suposición en el asunto del Senador Pinochet", fechado el 21 de octubre de 1998.

Este quinto informe recoge la oposición de Fungairiño a que el juez Baltasar Garzón solicitase, a través del Ejecutivo español, la extradición de Pinochet, detenido en Londres cinco días antes.

Baltasar Garzón dictó el 18 de octubre un auto por el que imputaba al ex dictador 94 asesinatos y los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y al día siguiente solicitó a la Fiscalía y a las acusaciones que informasen sobre la conveniencia de solicitar al Reino Unido la extradición de Augusto Pinochet. Eduardo Fungairiño se opuso a la orden extradicional por entender que el detenido gozaba de la condición de senador vitalicio.

El fiscal basó su disconformidad con la extradición en varios argumentos. El primero es que sólo el fiscal y el juez pueden solicitar dicha petición, al no estar legitimadas para ello las partes acusadoras, y en el caso concreto de Pinochet, "no están todavía tenidas como tales, porque el Fiscal presentó recurso contra la admisión de querella".

Además, el fiscal jefe sostuvo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena al juez de Instrucción abstenerse de dirigir el procedimiento contra un senador y le obliga a obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador al que pertenezca.

La Fiscalía también recordaba que para solicitar la extradición del ex dictador no puede apelarse al Convenio Europeo de Extradición, porque los hechos denunciados ocurrieron entre 1976 y 1983, y España no ratificó dicho convenio hasta 1982, y el Reino Unido, hasta 1991.

Como en anteriores escritos, el fiscal defendió que Pinochet no puede ser juzgado en España, porque no es de nacionalidad española y se ha refugiado en un país extranjero; los delitos que se le imputan se cometieron fuera de España; y las víctimas de los secuestros y asesinatos de los que se le acusa son argentinas, brasileñas, chilenas, británicas, españolas y norteamericanas, entre otras nacionalidades.

Según el fiscal, no es posible sostener que los hechos relatados en los autos del juez Baltasar Garzón contra Pinochet constituyen un delito de genocidio, porque no se tenía el propósito de acabar con una etnia común, raza, religión o nación, sino de eliminar individualizadamente a disidentes políticos.

La Fiscalía entendió además que tampoco se puede solicitar la extradición de Pinochet por el delito de terrorismo, porque el convenio europeo al respecto se ratificó por España y Reino Unido con posterioridad a los hechos que se imputan, y además, no se refiere a extradiciones y no autoriza a establecer jurisdicción respecto de los que no se encuentran en un Estado. "Es decir, sería hipotéticamente el Reino Unido el que podría formar causa contra Pinochet, pero no España: pues precisamente Pinochet no ha sido encontrado en España", explica el informe. En cuanto al delito de torturas, la Fiscalía sostuvo lo mismo.

Exteriores asegura que "no cabe" pedir un dictamen al Constitucional

En una de las notas internas remitidas al Chile, el Ministerio de Exteriores advierte de que "no cabe" la posibilidad de que el Gobierno español solicite un dictamen al Tribunal Constitucional en el asunto Pinochet, en relación con la posibilidad de que se acudiera al Tratado de Arbitraje entre España y Chile, de 28 de mayo de 1927.

Exteriores explica en este informe, fechado el día 4 de junio, y remitido al Gobierno chileno, que la única competencia consultiva del Tribunal Constitucional está prevista en relación con los tratados internacionales y comprende tan sólo aquéllos respecto de los cuales no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.

El departamento que dirige Abel Matutes argumenta para justificar su posición, un precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del 3 de octubre de 1979, donde se precisa que el Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir la opinión al Alto órgano jurisdiccional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional.

No obstante, se precisa que, para recabar esta opinión, el texto debe estar definitivamente fijado, pero al que no se hubiera prestado aún el consentimiento del Estado.

Una vez prestado el consentimiento del Ejecutivo al tratado internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que se debería aplicar el artículo 96 de la Constitución, donde se indica que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte de su ordenamiento interno.

Estas disposiciones, según este artículo, sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

Finalmente, Asuntos Exteriores precisa que esta ley orgánica también contempla la vía de actuación en relación con los tratados internacionales respecto de los que ya se ha prestado el consentimiento por parte del Estado, y añade que "cabrá la presentación respecto de los mismos de un recurso de inconstitucionalidad en los plazos y con arreglo al procedimiento expresamente previsto a tal fin".
 

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/agosto/13/internacional/pinochet.html

LAS OPINIONES DE FUNGAIRIÑO SOBRE PINOCHET Y LA TREGUA UNILATERAL DE ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa del general Pinochet coinciden en los argumentos jurídicos. El fiscal Ignacio Peláez pide, en un recurso presentado contra el auto del juez Baltasar Garzón del 30 de abril, que se plantee un nuevo proceso de extradición contra el dictador chileno, a la vez que afirma que la ampliación de casos pedida por Garzón no se ajusta a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Idéntico argumento aporta la defensa de Pinochet en el recurso que presentará en Londres. El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez estima que Garzón ha tramitado mal la extradición y que ha tratado de camuflar como complementos informativos, lo que son ampliaciones de extradición, que requieren la repetición estricta de todo el proceso. Ello llevaría a un nuevo pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre lo procedente o no de la extradición de Pinochet por delito de torturas. Y es ahí donde tanto la Fiscalía española como la defensa de Pinochet utilizan la inexistencia de españoles en los casos de tortura a partir del 8 de diciembre de 1988: "España no tiene competencia para reclamar la extradición de personas inculpadas por delito de tortura cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles". Con ello se pretende impedir, por parte de la Fiscalía, que el Consejo de Ministros español autorice una nueva petición de extradición. Estos argumentos han sido utilizados ya en tres recursos presentados por la Fiscalía, de los cuales sólo a uno de ellos, contra la ampliación de una querella contra Pinochet, se ha dado curso hasta el momento. Otro ha sido rechazado de plano y el tercero está pendiente de resolución.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, considera poco probable que la actividad terrorista de ETA acabe de una manera definitiva. Así lo indica en la Memoria de la Fiscalía que dirige el propio Fungairiño. En su opinión, la tregua que ETA declaró en septiembre no tiene sentido si no va acompañada «del abandono total y definitivo de las actividades terroristas en todos los ámbitos, con entrega del armamento, con señalamiento específico del lugar donde se encuentran los depósitos de explosivos, con la devolución de las cantidades dinerarias obtenidas mediante la extorsión y con la indemnización de las muertes y lesiones durante tanto tiempo producidas, sin que tuvieran que ser asumidas por el Estado». Sólo en esas condiciones, según la Memoria, sería posible estudiar medidas de gracia individuales (indultos) para los etarras que hubiesen colaborado a la terminación de las actividades terroristas. «Si no es así», precisa el fiscal, «la llamada tregua constituye un descanso o repliegue táctico para el terrorista que, repuestas las fuerzas y si no ha perdido el hábito, (puede darse un "proceso de oxidación"), puede volver a asesinar. El fiscal jefe afirma que sí ha habido tregua durante los últimos meses en lo referente a los asesinatos, pero que no ha existido en lo que se refiere a los actos de aprovisionamiento y preparación de la organización terrorista, así como en el terrorismo urbano y callejero. «Nos repudia la denominación de "baja intensidad". Mucho más repudia al que tiene que abandonar la vivienda, porque entran los humos provocados por el incendio del cajero automático de la planta baja», añade, en referencia a los atentados contra entidades bancarias que obligan a desalojar a los vecinos que viven en los pisos superiores. En este tipo de actividad terrorista el problema principal, para los fiscales, es recopilar las pruebas necesarias para acusar a un detenido que niega su intervención en los hechos. «Quizá la vigilancia por videocámaras o la utilización de la técnica del "agente encubierto"», apunta Fungairiño, como solución a estudiar, «pueda proporcionar en el futuro elementos probatorios suficientes». Entre enero y septiembre de 1998, hasta que ETA decretó la tregua, hubo 32 atentados terroristas con un total de seis muertos (cinco de ellos, miembros del Partido Popular) y siete heridos. Esas cifras representan una «drástica disminución» en el número de víctimas mortales respecto al año anterior, según la Memoria. Pero, pese a ello, y a la desarticulación de varios comandos durante los dos últimos años, el fiscal Fungairiño afirma que «no cabe el optimismo, sino el realismo». Explica que en Francia hay entre 30 y 40 personas pertenecientes a comandos de reserva, que podrían cometer muchos atentados. (Mayo 1999)

ITALIA RESPONSABILIZA A EL FISCAL FUNGAIRIÑO DE ANULAR MIL DETENCIONES DE MAFIOSOS.  EL FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL AFIRMA QUE SE LIMITA A DAR SU OPINIÓN A LA POLICÍA

El Ministerio de Justicia italiano responsabiliza al predispuesto de D. Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de la anulación en España de centenares de órdenes de detención de mafiosos condenados en ausencia en ese país y reclamados por la justicia de Italia para su extradición. A fecha 2 de Junio, las detenciones anuladas por la policía española a los jueces italianos eran 1.089. Ciento veinticuatro de ellos están en la lista de los 210 mafiosos más peligrosos de Italia. Cinco figuran en el cartel de los 27 criminales más buscados de ese país. La Fiscalía Antimafia italiana alertó a Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, de un plan para comprar a jueces y liberar al capo Paviglianiti. El pasado 15 de febrero, Giovanni de Donato, responsable de la Oficina de Extradiciones de la Dirección General de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia italiano, remitió una carta a Madrid para protestar por la anulación de las órdenes para detener y extraditar a lo más granado de la Mafia italiana, algunos de cuyos significados miembros se cobijan bajo el sol español. La misiva iba dirigida a Jesús Alarcón, subdirector general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, y a Rubén Jiménez-Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos, puntos de enlace de la Red Judicial Europea, organismo dependiente de la Unión Europea.

De Donato, que anteriormente ejerció como juez y fiscal, criticaba la anulación de todas las reclamaciones de los jueces italianos y decía: "Le recuerdo a propósito de eso que, caso único en Europa, el fiscal del Reino de España ante la Audiencia Nacional sugirió a la Oficina Sirene española que pusieran el flag a cualquier petición de detención preventiva con fines de extradición basada en una condena definitiva aunque no resultara haber sido inflingida en contumacia. Bastaba con que no constara lo contrario".

Al responsable de las extradiciones en Italia no le faltaba razón para señalar a Fungairiño. En las últimas reuniones internacionales del área Schengen, -acuerdo de libre circulación de personas firmado por todos los países de la UE, salvo el Reino Unido e Irlanda- los responsables policiales españoles se habían excusado ante él y le habían asegurado que no podían arreglar el problema si el señor Fungairiño "no estaba de acuerdo". Según señalan fuentes italianas, funcionarios de la policía española manifestaron en esos encuentros que se limitaban a seguir los consejos y pautas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, contraria a la concesión de extradición de italianos sentenciados en rebeldía. El fiscal les advertía de que, si no anulaban esas órdenes de detención, podían ser responsables de una actuación irregular.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional insiste en que no da órdenes ni puede darlas a la policía española, que, según él, actúa bajo su propia responsabilidad. "Cuando preguntan por escrito yo les contesto la postura que tiene la Fiscalía sobre este asunto: que no informamos favorablemente la extradición de italianos juzgados y condenados en rebeldía", explica Fungairiño. Y añade: "Se les contesta la opinión de la Fiscalía sobre la prosperabilidad de los casos. El consultar criterios no es imponer criterios. Quieren saber cuál es el nuestro, pero eso no significa que demos órdenes. La Audiencia Nacional cambió su criterio en 1996 sobre estos casos. Nosotros no cambiamos, seguimos estando contra esas extradiciones". Los jueces de la Audiencia Nacional mantienen una postura contraria a la Fiscalía que dirige Fungairiño y son favorables a conceder la extradición de los condenados en rebeldía por Italia. Estiman que se han garantizado sus derechos mínimos de defensa. ( Junio 2000 )

"Escenarios para un golpe de papel"

" Este poder en los medios de comunicación no le bastó para hacer frente a los problemas de Banesto. El 28 de diciembre de 1993, el Banco de España ordenó la destitución del consejo de administración del banco. Los problemas de Mario Conde no finalizaron ahí. El 16 de noviembre de 1994, la fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella contra él. Entonces echó el primer pulso, puesto que un grupo de fiscales de este departamento se opuso a la iniciativa. Las cabezas visibles de esta rebelión judicial eran Eduardo Fungairiño, nombrado jefe de la Fiscalía por el PP, y María Dolores Márquez de Prado, compañera sentimental del juez Javier Gómez de Liaño, cuyo hermano, Mariano, es el abogado de Conde. Se les bautizó como "los indomables", siendo su principal característica enfrentarse a su superior jerárquico, José Aranda". ( Publicado por La Vanguardia, el 22 de febrero de 1998 )

volver

© Copyright. 1998 - 2014. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior  a 1024 x 768 píxeles )