www.losgenoveses.net : Caso Gürtel y la trama Valenciana.2014

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE LOS DOS MAGISTRADOS APARTADOS POR SU RELACIÓN CON EL PP JUZGUEN CUALQUIER PIEZA DE ‘GÜRTEL’

La Fiscalía aduce que ni Enrique López ni Concepción Espejel deben participar en ninguna porque "las dudas iniciales sobre su parcialidad se comunican a todas las piezas de la misma causa"

El intento de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel por mantenerse en los tribunales que deben juzgar distintas piezas del caso Gürtel pese a que la Audiencia Nacional ya los ha apartado de dos por la relación de ambos con el PP topará de nuevo en breve con la Fiscalía Anticorrupción. Porque, según el ministerio público y justamente para preservar la "apariencia" de imparcialidad en todo el proceso, ni López ni Espejel deben participar en ninguna de las piezas en que se divide el caso Gürtel.

Mientras que ambos persisten en que no hay causa para apartarles como miembros de los distintos tribunales que deben enjuiciar las distintas ramas del tronco Gürtel, este lunes por la noche se ha conocido una noticia de consecuencias todavía imprevisibles: Ángel Hurtado, el magistrado conservador designado para suceder a Enrique López como ponente del primer macrojuicio, el de la Época I, que debe comenzar el 4 de octubre, y de la vista donde se juzgarán los papeles de Bárcenas, para la que todavía no hay fecha, ha pedido no emitir el informe que se le había solicitado para decidir quién debía ser ponente. Varias acusaciones habían impugnado su nombramiento como ponente -redactor- de la futura sentencia sobre los papeles de Bárcenas, es decir, sobre la presunta financiación ilegal del PP.

López y Espejel se oponen ahora a ser apartados de otras dos piezas de Gürtel, la de los contratos otorgados por AENA y la de los adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez. Todo indica, por tanto, que también se negarán a apartarse voluntariamente del juicio sobre la visita del Papa a Valencia, donde la Generalitat y los socialistas de esa comunidad (PSPV) ultiman sendas recusaciones.

"Mantener un solo criterio"

Pero Anticorrupción entiende que ni en esas tres -la de AENA, la de Jerez y la de la visita del Papa- ni en ninguna otra deben participar. "Es imprescindible -argumenta la Fiscalía- mantener un único criterio coherente (...) de modo que la apariencia de independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales (...) no se aprecie como algo tan voluble, inconstante y caprichoso que solo dependa de que nos encontremos ante una u otra pieza separada de la causa".

Pero hay más. Según la Fiscalía, "el enjuiciamiento de cualquiera de las piezas separadas de las DP [Diligencias Previas] 275/08 [el caso Gürtel] por los dos magistrados ya apartados en otras dos piezas separadas dimanantes del mismo procedimiento hará que, dada la íntima cohesión entre todas ellas, resulten ilusorias las decisiones ya adoptadas por el pleno de la Sala [de lo Penal de la Audiencia Nacional]". ¿Por qué? Pues porque, "desde luego, las dudas iniciales sobre su parcialidad o interés también se comunican a todas las piezas derivadas de la misma causa".

Los entrecomillados anteriores pertenecen a las alegaciones elevadas por Anticorrupción tras la recusación planteada por una de las acusaciones populares contra López y Espejel en la pieza separada sobre los contratos que AENA facilitó a la trama de Francisco Correa.

Sobre esa recusación, así como sobre la formulada en la pieza relativa a los contratos otorgados por el Ayuntamiento de Jerez, se pronunciará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el próximo día 23.

Para entonces, habrá sobre la mesa una quinta recusación: la ya mencionada que la Generalitat y el PSPV -la federación valenciana socialista- ultiman contra López y Espejel en el caso por la visita del Papa a Valencia, cuyo principal acusado, Juan Cotino, acumula en su currículum tres cargos públicos de gran relevancia: director general de la Policía con Aznar, vicepresidente valenciano con Francisco Camps y presidente de las Cortes autonómicas con Alberto Fabra. El plazo para elevar las recusaciones por la visita del Papa expira el día 9.

En contra de lo que fuentes jurídicas de muy distinta tendencia pronosticaban una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia los apartó por primera vez en octubre de 2015, ni López ni Espejel han optado por abstenerse en las sucesivas piezas de Gürtel para cuyos tribunales han sido nominados por cuestión de reparto.

La Fiscalía nunca ha cuestionado la independencia en sí de López ni la de Espejel, en cuyos respectivos ascensos profesionales tuvo una intervención directa el PP. Pero fue Anticorrupción la que, con mayor nitidez incluso que las acusaciones populares, subrayó en su día que fueron los votos del PP los que auparon a Enrique López al Tribunal Constitucional (TC), del que dimitió tras ser interceptado en moto sin casco y con una tasa de alcohol superior a la permitida; y que fueron esos mismos votos los que condujeron a Espejel al Poder Judicial antes de que desembarcara en la Audiencia Nacional. En ambas votaciones participaron algunos de los que ahora se sentarán en el banquillo en una o varias de las ramas del caso Gürtel.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/08/30/recusaciones_lopez_espejel_54032_1012.html

PSOE Y GENERALITAT RECURRIRÁN LA DESIGNACIÓN DE DOS MAGISTRADOS QUE JUZGARÁN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Son Enrique López y Concepción Espejel, dos jueces que en su día ya fueron apartados del caso Gurtel y del caso Bárcenas por su cercanía ideológica al Partido Popular

Enrique López y Concepción Espejel, apartados del tribunal que juzgará el caso de la 'caja B' del PP.

El PSOE anuncia que recurrirá la designación de dos de los tres jueces que se encargarán de juzgar en la Audiencia Nacional la Visita del Papa a Valencia. También la abogacía de la Generalitat Valenciana recurrirá este punto.

En concreto la designación de Enrique López y Concepción Espejel, dos magistrados que en su día fueron apartados del juicio del caso Gurtel y del caso Bárcenas por su cercanía ideológica al Partido Popular.

En el PSOE no entienden que se asigne de nuevo, a esos dos magistrados, un juicio en el que se sienta en el banquillo destacados miembros destacados del PP, en este caso Juan Cotino.

Los socialistas, que son acusación particular en esta causa están muy molestos con esta decisión y no descartan elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial para que le afee al pleno de la Sala de lo Penal esta nueva designación de jueces.

Ya en el caso Bárcenas las acusaciones populares promovieron una denuncia ante el CGPJ en contra de la designación de los magistrados López y Espejel. Entonces también criticaron que ambos no se apartaran de forma voluntaria del caso.

En el PSOE no entienden que se asigne de nuevo, a esos 2 magistrados en un juicio en el que se sientan en el banquillo destacados miembros del PP, en este caso Juan Cotino. El president Ximo Puig, líder también de los socialistas valencianos, ha expresado su deseo de que ese asunto lo juzguen magistrados independientes que no contaminen el proceso.

http://cadenaser.com/m/emisora/2016/08/26/radio_valencia/1472202201_040097.html

LA PIEZA VALENCIANA DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN QUE AFECTA AL PARTIDO DE RAJOY LES VUELVE A TOCAR A AMBOS MAGISTRADOS

A los jueces Espejel y López les espera otra recusación por el juicio Gürtel de la visita del Papa Benedicto XVI

Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López se ven abocados a una petición más de recusación por otra pieza Gürtel que ha llegado a su Sala. Esta vez se trata de la pieza quinta del caso de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y los fastos empleados para su agasajo. Se trata de averiguar si una cantidad de 7,5 millones de euros para megafonía y pantallas se adjudicaron a la trama Gürtel. Según ha podido averiguar ELPLURAL.COM desde la acusación ya se está preparando una nueva recusación contra ambos, como en casos anteriores, por su aparente proximidad al partido de Mariano Rajoy. El asunto no se verá hasta el año 2020. No hay que olvidar que el CGPJ tiene abierta una causa contra ambos jueces por no abstenerse con anterioridad.

La verdad es que a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López les toca ser el aliño de todas las salsas Gürtel. La suerte, el destino, el reparto o una combinación de todo lo anterior llevan a que ambos jueces de la Audiencia Nacional se encuentren siempre con un caso Gürtel en su Sección II. Y automáticamente con las recusaciones correspondientes que hasta la fecha han sido admitidas por sus colegas de la Audiencia Nacional.
En marcha la recusación

El asunto instruido por el juez José de la Mata ya está en la Sección II. En la composición del Tribunal que ya se ha notificado, además de la presidenta Concepción Espejel según ha podido saber este digital, resulta ponente con mucha probabilidad Enrique López. La acusación estaba preparando ya –por los plazos- la recusación pues hay pocas esperanzas de que los jueces en cuestión se abstengan dado que no lo han hecho en las ocasiones anteriores.

Sin embargo, aunque hay que seguir las fechas que marca el procedimiento, lo cierto es que es posible que hasta el año 2020 no se pueda juzgar esta quinta pieza del caso Gürtel ante los juicios previos de las piezas anteriores que deberán verse en la Sala. Es decir, hay al menos cuatro años por delante hasta conocer la sentencia.

La “devastadora” visita del Papa Benedicto

El juez José de la Mata asumió la investigación de este caso en relación con los contratos suscritos con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El caso procedía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, que acordó devolverlo a la Audiencia Nacional ante la ausencia de aforados.

Entre los 27 imputados figura Juan Cotino expresidente de Les Corts y exconseller del PP. También los supuestos cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez “El Bigotes” por la empresa que se cree vinculada a la trama valenciana, Orange Market.

Se ha investigado asimismo a un conjunto de diferentes directivos de la cadena pública Radio Televisión en relación a la contratación con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del Papa en julio de 2006. A Cotino se le señalaban presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho".

La Gürtel deteriora la relación entre jueces

El auto de apertura de juicio oral acordado por el juez de la Mata a finales de mayo incluía a 23 personas físicas y 13 jurídicas en base a la investigación sobre la contratación de las pantallas y megafonía realizada para el V Encuentro Mundial de las Familias al que acudió el pontífice. El magistrado fijó fianzas superiores a los 200 millones de euros y consideraba a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias en la que se integró el Arzobispado de Valencia como partícipe a título lucrativo.

Como primer efecto de esta quinta pieza Gürtel de nuevo Concepción Espejel y Enrique López se ven abocados a pasar por el desagradable trago de la recusación y sus compañeros de Audiencia a la no menos poco agradable papeleta de tener que decidir si se les aparta del asunto. La Gürtel además de devastar la confianza ciudadana en los políticos y sus intereses, está deteriorando de forma sensible la relación entre magistrados.

Denuncia pendiente ante el CGPJ

Es importante recordar que ambos magistrados ya fueron denunciados ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ por no abstenerse en los dos asuntos cuya recusación está pendiente de resolución y que se espera se produzca en septiembre cuando el Pleno de la Sala se reúna para ello.

En aquella ocasión la denuncia fue archivada por el Promotor, pero en el caso de que la recusación pendiente prospere no parece muy fácil para estos magistrados justificar su “obstinación” en no apartarse voluntariamente para éste y los otros procedimientos desgajados de la Gürtel. Según definen fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM: “Dichos procedimientos forman una unidad perfectamente interconectada, aunque procesalmente por diversas razones, se hayan tramitado en piezas separadas que no en procedimientos separados”.

http://www.elplural.com/2016/08/01/la-pieza-valenciana-de-la-trama-de-corrupcion-que-afecta-al-partido-de-rajoy-les-vuelve

EL JUEZ RESPONSABILIZA A LA GENERALIDAD VALENCIANA DE LOS DELITOS DE GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA

El instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha rechazado el recurso presentado por la Generalidad Valenciana para no ser responsable de las presuntas irregularidades cometidas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Un acto dónde se habría llevado a cabo un “desembolso ilícito” superior a los 7 millones de euros.

En un auto del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se rechaza el recurso de reforma presentado por la Abogacía General de la Generalidad Valenciana, en nombre de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y la considera heredera de la FVEMF como responsable de ser “partícipe a título lucrativo”.

De la Mata afirma que la FVEMF “se benefició de la conducta delictiva amañada por todos los acusados” de la trama Gürtel. Destaca que “los acusados urdieron presuntamente un plan para conseguir que Radio Televisión Valenciana (RTVV) asumiera sin motivo ni razón alguna formalmente un gasto multimillonario que correspondía a FVEMF, y precisamente en su beneficio”.

Según el juez, “bajo la aparentemente inocente firma de un convenio entre RTVV y la FVEMF que asignaba a RTVV la producción y distribución en exclusiva de la señal institucional y radiofónica de los actos del Encuentro Mundial de las Familias, resultó que el ente público valenciana asumió la cobertura audiovisual necesaria en la zona de celebración de los actos (sonorización, elementos audiovisuales, etc.), cuando tales gastos correspondían a los organizadores del mismo, Generalidad o la FVEMF”.

De la Mata concluye que se suscribió un convenio que en realidad era un “contrato de servicios remunerado”, que vulneraba las normas y que conllevó “un ilícito desembolso para RTVV de 7.493.600€ (IVA incluido), sin contraprestación alguna” y por tanto, la FVEMF “se benefició de las consecuencias económicas de un delito en cantidades material y económicamente valorables, siendo así que su incorporación al proceso en calidad de partícipe a título lucrativo está justificada”.

http://okdiario.com/investigacion/2016/06/30/juez-responsabiliza-generalidad-valenciana-delitos-gurtel-visita-del-papa-241706

RICARDO COSTA ALEGA QUE SUS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS PARA EVITAR EL BANQUILLO

El juez rechaza archivar la causa en su contra por dos delitos electorales y otro de falsedad en documento mercantil.

Ricardo Costa alega que sus delitos electorales están prescritos para no sentarse en el banquillo. El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana y ex número dos del partido a nivel autonómico está a la espera de juicio desde que el pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional decretara la apertura de juicio oral en su contra. El juez instructor le considera autor de dos presuntos delitos electorales y otro de falsificación continuada en documento mercantil. Sin embargo, la defensa de Costa mantiene que los actos, en caso de ser delictivos, estarían prescritos. Un argumento que el juez José de la Mata ya ha rechazado.

Costa -que ya resultó absuelto en el juicio de los trajes de Francisco Camps- está acusado de dos presuntos delitos electorales, por incumplir el límite de gasto gracias a la empresa Orange Market, vinculada a Francisco Correa. Además, la Audiencia Nacional le atribuye también un delito continuado de falsedad en documento mercantil ya la empresa investigaba modificaba los conceptos de algunas de sus facturas para que el partido no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, a juicio de la defensa de Costa, los delitos que se le imputan, en caso de existir (algo que niegan con rotundidad) prescribieron el 27 de mayo de 2010. Por eso, el ex responsable popular solicita a la Audiencia Nacional el archivo de las actuaciones.

Rechazo del juez

Sin embargo, su petición no ha sido atendida por De La Mata. El juez encargado de la trama Gürtel mantiene una postura completamente contraria y en un auto del pasado 9 de junio rechaza de plano la petición de Ricardo Costa. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene que el procedimiento comenzó a investigarse en 2008 y que por lo tanto, pese a que Costa fue imputado tres años después en una de las piezas separadas, sus presuntos delitos no han prescrito. La Fiscalía pide para él siete años de prisión.

En un escrito anterior, el ex secretario general del PP valenciano ya señaló directamente a la cúpula nacional del partido como presunta responsable de las manipulaciones y los pagos en B dentro de las campañas electorales- si se produjeron- ya que de Génova depende en última instancia el control de las cuentas de toda la organización.

http://www.elespanol.com/espana/20160629/136237058_0.html

JUAN COTINO IMPLICA AL VATICANO Y A UN CARDENAL FALLECIDO EN EL 'PELOTAZO' DE LA VISITA DEL PAPA

El ex director general de la Policía, ex conseller y ex presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha señalado en la Audiencia Nacional a la Santa Sede y al cardenal Agustín García-Gasco, quien falleció en 2011 en Roma, como los responsables del acuerdo por el que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) se quedó con la señal de la retransmisión de la visita del Papa, un evento por el que la trama Gürtel cobró 7,4 millones de euros pese a que el servicio se valoró en poco más de tres. Así consta en un escrito entregado al juez José de la Mata, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que Cotino también rechaza que fuera el «factótum» del presunto pelotazo, tal y como coinciden la Policía, la Fiscalía y el magistrado. Respecto a la contratación con RTVV, la defensa del ex dirigente subraya en su documento de alegaciones que «la decisión de que fuera el ente público Canal 9 u otra televisión le correspondía al Vaticano, como así consta en el informe del profesor de Derecho Canónigo de la Universitat de València José Landete».

El ex dirigente del PP explica que «la decisión de que fuese Canal 9 la encargada de la señal para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias y proponerlo al Vaticano la tomaron el cardenal López Trujillo -fallecido en 2008-» y al entonces arzobispo de Valencia «García-Gasco, que era quien tenía la última palabra».Juan Cotino, quien se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos, mantiene en sede judicial que «esta visita se había planificado desde el Arzobispado para que estas personalidades del Vaticano dieran el visto bueno a los acuerdos con Canal 9» tras visitar las instalaciones. Más tarde, el 23 de febrero de 2006, se reunió el patronato de la Fundación V Encuentro «para tomar las decisiones, entre otras, sobre Canal 9, ya que los representantes del Vaticano habían dado su conformidad».Así, respecto a la decisión de derivar a RTVV la contratación de las pantallas y el servicio de megafonía, Cotino, dirigente del Opus Dei en España, desvela que el cardenal López Trujillo, en una visita a Valencia en 2005, sugirió al Arzobispado que llamara «a un grupo de personas voluntarias para ir preparando el viaje del Papa a Valencia» y «de esta forma ver in situ la organización de un evento de esas características».

Y repite, «el viaje lo organizó el Arzobispado de Valencia a través de la Conferencia Episcopal Española y ésta con la alemana».Entre ese grupo de voluntarios estaba Cotino, quien habría asesorado en materia de seguridad por haber dirigido la Policía durante el Gobierno de Aznar. El ex conseller recuerda al juez que Henar Molinero, ex directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, declaró en instrucción que «Juan Cotino no tenía funciones específicas, sólo supervisaba, se sentaba en el Patronato y solía escuchar más que hablar, hablaba de cosas como conseguir patrocinadores para el evento».También cita la declaración de Esteban Escudero, actual obispo auxiliar de Valencia, quien dijo que «la Fundación entregaba la señal de audio y vídeo a TVV, y TVV a cambio se comprometía a poner la megafonía y pantallas LED.

No se hicieron gestiones previas sobre megafonía y pantallas antes de cederlo a Canal 9» por lo que la defensa del ex conseller alega que «quizás la decisión no se tomara desde la Fundación», sino desde Roma.

El papel de Barberá Juan Cotino no la nombra en su escrito pero sí cita partes del sumario de esta pieza de la Gürtel valenciana que ponen el foco sobre la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Su escrito recoge otro extracto de la declaración de Esteban Escudero en la que mantuvo que la decisión de derivar a RTVV la contratación de las pantallas la «avaló la alcaldesa. Nunca se valoró la posibilidad de que la propia Fundación se encargara del tema pantallas y megafonía».Los abogados también recuerdan que monseñor Escudero declaró que Cotino «advirtió a la alcaldesa de que Álvaro Pérez no era de fiar», una afirmación «completamente incompatible con querer adjudicar el evento a Alvaro Pérez».

Califica las manifestaciones de la Udef de «mendaces» y puntualiza que cuando asistió a las reuniones del «Patronato de la Fundación (...) fue como invitado por el arzobispo -García-Gasco-, al igual que otros más. Se pueden comprobar que las manifestaciones de las acusaciones son gratuitas e infundadas».Respecto al chaquetón que habría recibido del denominado grupo Correa, valorado en 375 euros, su defensa traslada al juez De la Mata que «consta en el informe de la Udef, que Cotino, aunque su nombre aparece en el listado de personalidades, no ha recibido ningún regalo».

El sumario de la visita del Papa, incluida en Gürtel, apunta a que Correa se escondió en la constructora leonesa Teconsa para obtener este contrato. A cambio habría pagado 500.000 euros en comisiones al ex director de RTVV, Pedro García, que se blanquearon a través de empresas.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/06/21/57682c3ee2704e77068b456c.html

LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA COSTÓ 14 MILLONES EN URINARIOS, MOCHILAS Y PUBLICIDAD

La investigación sobre la vertiente valenciana de la trama Gürtel desvela los gastos ocultados por la Generalitat por el V Encuentro de las familias

El levantamiento del secreto de sumario de una de las piezas de la trama Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana está desvelando los gastos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, que la Generalitat había ocultado a la opinión pública.

Según las investigaciones de la policía, la Generalitat invirtió 2,6 millones en urinarios, 7,7 millones en publicidad y hasta 3,5 millones en la compra de 500.000 mochilas. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) de la policía nacional ya había desvelado que la organización supuestamente criminal –el líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha estado en prisión más de 3 años y sigue imputado- se había apropiado de 4 millones de Canal 9 coincidiendo con la visita de Benedicto XVI.

Por ese asunto está imputado un exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, por la presunta apropiación de medio millón de euros. El evento, según los investigadores, costó alrededor de 22 millones de euros. Estos son algunos de los gastos, a priori llamativos, de la visita del Sumo Pontífice.

2,6 millones en urinarios

La Generalitat invirtió 2,6 millones en urinarios en espera de dos millones de fieles que acudirían a la llamada del Papa. En realidad, la ciudad, abandonada por muchos de sus vecinos ante el temor de una avalancha de visitantes y los cortes de tráfico y medidas de seguridad desplegadas ante la llegada de un personaje ilustre, apenas recibió gente. En los últimos años, el Ayuntamiento de Valencia, en Fallas, la fiesta mayor de la ciudad, apenas habilita entre 250 y 300.
7 millones en publicidad

La visita del Papa, considerada como un acontecimiento casi planetario por la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps, un hombre religioso, necesitó de 7,7 millones en inversión publicitaria. Ahí se incluyen casi un millón de euros en fabricación de stands. «No se nos escapa que la señora alcaldesa pretendía la promoción de la ciudad y un deseo de la Generalitat de aumentar el turismo», declaró, justificándose, Esteban Cuesta, obispo de Palencia y presidente de la Fundación que organizó el acontecimiento. Declaró como testigo, según El Mundo.

3,5 millones en mochilas

La Fundación también decidió acometer la compra de medio millón de mochilas -110.000 para niños y adolescentes- con abalorios conmemorativos: banderita, plano, mapa, camiseta o gorra. La mochila junior se valoró en 4,50 euros y la de adulto en 7,60, según El País. En total, 3,5 millones de euros. Los voluntarios, eso sí, tendrían 12.000 mochilas gratis. Juan Cotino, el presidente de las Cortes Valencianas señalado por testigos como cerebro de la organización, dice que tan sólo fue un voluntario más.

7 millones en las pantallas para la retransmisión

La Fundación encargó a Canal 9, la televisión autonómica valenciana, la contratación de la cobertura de audio y vídeo de la visita de Joseph Ratzinger. Costó 7 millones de euros y fue subcontratada a una empresa constructora castellano-leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en la materia. Según la UDEF, la Gürtel se quedó 3.5 millones y Pedro García, entonces director de Ràdio Televisió Valenciana, otros 500.000 euros. García, ex jefe de prensa de Camps y Eduardo Zaplana, otro expresidente valenciano, está imputado por cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal.

http://m.eldiario.es/cv/Papa-Valencia-millones-urinarios-publicidad_0_226777344.htm

ANTICORRUPCIÓN PIDE 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA COTINO POR “IMPULSAR Y GESTIONAR” PARA LA GÜRTEL LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

La Fiscalía Anticorrupción presenta su escrito de acusación por el amaño de los contratos de pantallas y megafonía de la visita del Papa en 2006, adjudicada a la Gürtel por 7,5 millones, de los que la trama "sustrajo" 3,3 millones

El expresidente de Las Cortes con Camps, Juan Cotino, fue quien "impulsaba activamente y gestionaba de facto" la contratación para la trama, a pesar de que carecía de cargo alguno en la fundación responsable, según la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional su escrito de acusación por la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia, en la que se juzgará la adjudicación a la trama Gürtel del servicio de megafonía y pantallas para la llegada de Benedicto XVI en 2006 por un precio "desorbitado", según el juez, de un total de 7,5 millones de euros, de los que el entramado robó 3,3 millones.

En su escrito, tal y como sostuvo el juez José de la Mata, la Fiscalía destaca el papel capital del exconsejero de Agricultura y expresidente de las Cortes valencianas con Camps, Juan Cotino, quien también fue director general de la Policía Nacional con José María Aznar.

Afirma el fiscal que Cotino, a pesar de que carecía de cargo alguno en la Fundación para el V Encuentro Mundial de las Familias que decidió las contrataciones, "impulsó activamente y gestionó de facto" la contratación a la trama de los actos de la visita del Papa. Cotino decidió esas contrataciones en las reuniones que presidió en otoño de 2005 dentro del "grupo de

trabajo irregular" de la fundación y en las que decidieron amañar las adjudicaciones para la Gürtel.

Cotino libró a la Iglesia de pago alguno en detrimento del erario público

Cotino y la Fundación para el V Encuentro Mundial de las Familias presidida por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, lo tenían muy fácil: alquilar para la visita del Papa directamente las pantallas y altavoces a la empresa que había organizado en 2005 el Día Mundial de la Juventud en la ciudad alemana de Colonia.

En cambio, Cotino, con su cómplice Pedro García Gimeno, director de Canal 9, decidieron subcontratarla a través de la Gürtel y que los pagos fueran asumidos la televisión valenciana. Así podían imponer sobrecostes escandalosos que fueron abonados con dinero público, y evitaban que la Iglesia afrontara pago alguno.

Constan regalos en especie a los que era asidua la trama como trajes, para Pedro Gimeno, o un chaquetón de 375 euros para Cotino.

El Ministerio Público también pide penas de cárcel para otros 22 acusados. La mayor petición de condena es para Pedro García Gimeno, el exdirector de Canal 9, a quien Anticorrupción solicita 40 años de prisión. García Gimeno se embolsó una comisión de 500.000 euros con el amaño para la trama del contrato. Por lo que respecta a los principales cabecillas de la organización criminal, la Fiscalía reclama 38 años y tres meses para Francisco Correa; y 37 años y tres meses de cárcel tanto para su número 2, Pablo Crespo, como para Álvaro Pérez El Bigotes.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción se une al ya presentado por la acusación popular del partido socialista valenciano, que solicita 15 años y ocho meses de cárcel para Juan Cotino; así como 31 años y cinco meses para Francisco Correa, más de 22 años para Álvaro Pérez 'El Bigotes'; y más de 23 para el exdirector general de RTVV, Pedro García.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/13/tribunales/1463136236_168144.html

EL PSOE PIDE 15 AÑOS DE CÁRCEL A JUAN COTINO POR LA VISITA DEL PAPA

La acusación popular del partido socialista valenciano solicita 15 años y ocho meses de cárcel para el expresidente del parlamento en la comunidad y exdirector general de la Policía por asociación ilícita, malversación, fraude, cohecho, falsedad en documento y prevaricación. También reclama más de 30 años a Correa; y 22 y 23 respectivamente para El Bigotes y el exdirector de Canal 9, Pedro García Gimeno

El “elemento nuclear” y “factótum” según el juez, del fraude en la visita del Papa a Valencia en 2006, Juan Cotino, se enfrenta a una petición de condena de 15 años y ocho meses de cárcel por parte de la acusación popular del partido socialista valenciano.

En su escrito de acusación, atribuyen al exconsejero de Camps, expresidente de las Cortes valencianas y antiguo director general de la Policía Nacional con Aznar los delitos de asociación ilícita, malversación, fraude, cohecho, falsedad en documento oficial y prevaricación.

Tal y como reflejó el juez De la Mata en su escrito por el que propone juzgar a Cotino y al resto de implicados en la causa, el expresidente de las Cortes lideró las reuniones de trabajo de la Fundación para el V Encuentro Mundial de las Familias, que decidió contratar a la Gürtel los servicios de megafonía y pantallas de la visita del Papa a Valencia en 2006.

El coste de la adjudicación irregular fue de 7.5 millones de euros de los que la trama robó 3,3 millones a Canal 9, la televisión valenciana. Ese dinero procedente de fondos públicos fue utilizado para el enriquecimiento del propio director general de la televisión, Pedro García, y de

los integrantes de la banda Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Juan Cotino, quien no ha querido hacer valoraciones sobre la petición de condena de los socialistas valencianos ni sobre el auto judicial.

La acusación del PSPV también reclama que Cotino pague una multa de 324.000 euros. Así mismo, solicita 31 años y cinco meses de cárcel para el supuesto líder del entramado, Francisco Correa; un total de 22 años y 11 meses de prisión para su extensión en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes; y 23 años y dos meses de cárcel para el exdirector de la radiotelevisión valenciana, Pedro García Gimeno.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/10/tribunales/1462915543_513901.html?int=masinfo

CASO FITUR. LOS GASTOS DEL 'CAPO' CORREA EN EL BANQUILLO: HOTELES DE 4 ESTRELLAS, RESTAURANTES CHINOS Y UN CARAJILLO

El presunto cabecilla de la trama Gürtel ha enviado el gasto acumulado en 166 facturas a la Audiencia Nacional para que el tribunal desbloquee de sus cuentas bancarias 6.614 euros. Es el dinero que gastó cuando tuvo que asistir como encausado al juicio de Fitur en Valencia.

Un total de 166 facturas por el valor de 6.614,76 euros. Ésta es la documentación que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha presentado en la Audiencia Nacional donde detalla los gastos que afrontó cuando se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) por los contratos amañados que la Generalitat valenciana adjudicó a la red corrupta en Fitur.

Según informan fuentes jurídicas, el imputado quiere que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, el juez José de la Mata, desbloquee dicho dinero de sus cuentas y, por esta razón, ha enviado de forma pormenorizada todos los gastos que tuvo que afrontar durante su estancia en Valencia. Así se lo exigió en una diligencia de ordenación el pasado 4 de mayo el tribunal y así responde ahora el presunto 'capo'.

En ocasiones, 'Don Vito' gastó 105 euros en llenar el depósito de gasolina de su vehículo para acudir a la sede del TSJCV

Las facturas aportadas por 'Don Vito', como le gustaba que lo llamaran, reflejan que éste se alojó en hoteles de cuatro estrellas en la ciudad del Turia, uno de ellos con spa incluido, y que aprovechó su estancia en la ciudad para acudir con asiduidad a restaurantes chinos o italianos, y a alguna que otra arrocería, mientras era juzgado por delitos de corrupción. En total, entre el 30 de marzo del año pasado (el juicio se suspendió en la primera sesión que se celebró ese día y se retomó en junio) y el 11 de diciembre de 2015, Correa gastó 3.104 euros en gasolina,

1.555 euros en manutención y 1954 euros en alojamiento, según reflejan las facturas que ha enviado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y que obran en poder de Vozpópuli.

El principal gasto fue en gasolineras debido a que el encausado se desplazaba en su automóvil desde su lugar de residencia, la exclusiva urbanización Sotogrande en el municipio gaditano de San Roque, hasta Valencia. Una distancia de 726 kilómetros que hizo que el líder de la red Gürtel gastase en rellenar su depósito, en ocasiones, hasta 105 euros de una sentada.

Hoteles de cuatro estrellas

Por otro lado, Correa eligió dos hoteles de cuatro estrellas ubicados en el centro de Valencia para hospedarse durante los meses que se prolongó la vista oral. En concreto, el líder de Gürtel se alojó en el hotel Primus, un cuatro estrellas muy céntrico y con más de 800 metros espa, y en el moderno hotel Puerta Valencia de la cadena Silken, ubicado a escasos metros del río Turia. El precio de la habitación 50 euros la noche en ambos hoteles.

Además, en comidas y cenas el presunto cabecilla de Gürtel gastó 1.555 euros. En este caso, los establecimientos a los que el imputado fue son de lo más variopintos: restaurantes chinos, italianos, arrocerías, bares de carretera o distintos establecimientos de menús diarios de 18, 20 ó 22 euros. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2015 Francisco Correa gastó en el restaurante La Bodegueta del Cantó 36 euros en almorzar; el 10 de diciembre cenó por 23 euros en el restaurante Sabor Añejo y un día antes lo hizo en el Complejo Kabana por similar precio. Sin embargo, uno de sus sitios favoritos para comer era el restaurante chino Gran Muralla, ubicado en la plaza Puerta del Mar de Valencia, al que asistió más una decena de veces. La mayoría de las comidas acababan con una infusión y en alguna ocasión con un 'carajillo'.

Hace un año Correa pidió a la Audiencia que desbloqueara de sus cuentas 9.173 euros para afrontar los gastos del juicio de Valencia

En mayo del año pasado Correa remitió un escrito al magistrado José de la Mata, donde solicitaba el desbloqueo de 9.173,60 euros de sus cuentas corrientes para asistir al juicio de la pieza de Fitur en Valencia. La cuantía reclamada era la cantidad que el imputado estimaba que iba a gastar en gasolina, manutención y alojamiento para asistir sesión tras sesión al TSJCV. Lo cierto es que los cálculos realizados por el acusado se ajustan a lo que finalmente gastó mientras estuvo sentado en el banquillo. Para manutención pidió al instructor el desbloqueo de 2.133,60 euros, para costear las noches de hotel 2.000 euros más y para desplazamientos, principalmente para el pago de gasolina, solicitó que se le entregase 5.040 euros.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 14 de abril tras la celebración de 64 sesiones. Los 6.614 euros gastados que el imputado detalla ahora en la Audiencia Nacional son los correspondientes hasta el pasado mes de diciembre.

http://vozpopuli.com/actualidad/81470-los-gastos-del-capo-correa-en-el-banquillo-hoteles-de-4-estrellas-restaurantes-chinos-y-un-carajillo

RICARDO COSTA APUNTA A GÉNOVA EN LA FINANCIACIÓN DEL PP Y PIDE QUE RAJOY DECLARE EN EL JUICIO

El exsecretario general del PP valenciano acusado de financiar en negro tres campañas electorales elude toda responsabilidad y afirma que las cuentas dependían y eran gestionadas por la dirección nacional del partido. Además de la declaración como testigo de Rajoy, también reclama que declaren en el juicio María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas

El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento y por financiar con "al menos" 3.461.984,16 euros en negro tres campañas electorales en 2007 y 2008 junto a otros dirigentes de este partido nombrados por Francisco Camps, niega toda responsabilidad, apunta a la dirección nacional del PP y pide el archivo de su causa en el escrito de defensa que ha presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Anticorrupción sostiene que la cúpula en el PP y la Generalitat nombrada por Camps —Ricardo Costa y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Rambla—, "encargó" a la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, los actos del PP que se pagaron con los 3,4 millones en negro. Entre ellos, varios de Rajoy.

Parte del dinero negro fue abonado directamente por la formación conservadora y el resto, por contratistas con la Generalitat Valenciana, que camuflaban la financiación de los actos del PP con el pago a Orange Market por servicios no prestados.

Sin embargo, Costa sostiene en su escrito que en los tres comicios bajo sospecha en Valencia (las municipales y las autonómicas de 2007 y las elecciones generales de 2008) carecía de "responsabilidad en la gestión económica y administrativa de las mismas". Por el contrario, el exsecretario general del PP valenciano afirma que la financiación siempre fue "competencia del PP nacional", que incluso nombraba al responsable de las cuentas, el gerente regional valenciano, quien solo dependía "del secretario general nacional". En las elecciones de 2007 ese cargo fue ocupado por Ángel Acebes, y en las de 2008 lo seguía ostentando. Unos meses después le sucedió en el cargo María Dolores de Cospedal, cuyo entorno recuerda que los hechos investigados corresponden a una etapa en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el partido.

Costa defiende que el PP tenía "una estructura única en todo el Estado"
Costa insiste en su escrito en que el PP tenía "una estructura única para todo el Estado", y un informe de la ONIF de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del caso Gürtel abunda en la tesis de que las distintas federaciones territoriales del PP no eran independientes y alguien por encima decidía compensar los agujeros de cada caja regional con los remanentes del resto. En este sentido, la ONIF sostiene que las federaciones del PP de Cataluña, Madrid y Castilla León, asumieron los 80.453,08 euros de gastos en negro que correspondían al XVII congreso del PP de la Comunitat Valenciana, que escogió a Francisco Camps como presidente en 2004.

No obstante, las pruebas documentales y las conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez El Bigotes comprometen a Ricardo Costa, así como la confesión de tres de los empresarios acusados, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons, quienes han admitido a la Fiscalía que financiaron de forma ilegal al PP valenciano para rebajar su posible condena.

Rajoy y Cospedal como testigos y tres requerimientos al PP

Ricardo Costa pide en su escrito el interrogatorio de 32 testigos en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano. El primero que reclama es el actual presidente, Mariano Rajoy; y también María Dolores de Cospedal; el extesorero Luis Bárcenas; el exgerente nacional, Cristóbal Páez; la actual tesorera, Carmen Navarro; y otros antiguos cargos del PP valenciano como Serafín Castellano, Víctor Campos o Fernando de Rosa.

También solicita al tribunal que requiera al PP nacional para que acredite qué subvenciones repartió para las elecciones de 2007 y 2008; que especifique quién nombra a los gerentes territoriales, explicite sus funciones y determine su dependencia laboral y salarial; y, por último, que defina qué son gastos ordinarios y electorales en el Partido Popular y si entre los gastos ordinarios pueden ser incluidos aquellos correspondientes a los actos que no son de campaña.

http://cadenaser.com/ser/2016/04/24/tribunales/1461519039_441554.html

COTINO ERA EL "ELEMENTO NUCLEAR" DE LA GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

El magistrado José de la Mata propone la apertura de juicio oral contra el expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, y otras 32 personas físicas y jurídicas por adjudicar a la Gürtel el servicio de pantallas y megafonía de la visita del Papa a Valencia por 7.5 millones de euros de los que se "sustrajeron" 3.3 millones a Canal 9, la televisión pública valenciana

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha emitido un auto por el que propone juzgar el caso de la adjudicación a la Gürtel de los servicios de pantallas y megafonía de la visita del Papa a Valencia en 2006. En su escrito de 79 folios, el magistrado señala al exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas con Francisco Camps, Juan Cotino, como el "factótum y elemento nuclear" del entramado para amañar la adjudicación a la Gürtel.

El magistrado atribuye a Cotino la comisión de los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación.

En su escrito, el juez dice que Cotino, "de común acuerdo" con el también procesado Pedro García, director de Canal 9, consiguió su propósito de que se adjudicaran al grupo de Correa estos servicios con un coste para la televisión pública autonómica de siete millones y medio de euros; "desorbitado y notoriamente superior", dice el magistrado, al trabajo realizado. El juez De La Mata cifra en 3,3 millones el dinero robado a la televisión valenciana para la visita del Papa por este concepto. Un dinero procedente de fondos públicos que fue utilizado para el enriquecimiento del propio Pedro García, y de los integrantes de la banda Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín.

El magistrado ha encontrado indicios racionales de la comisión de al menos ocho delitos entre los investigados, entre ellos, los de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo y contra la Hacienda Pública.

El juez investigará otros delitos de la fundación bajo sospecha presidida por el Arzobispo de Valencia

La redacción de este auto no es la única mala noticia judicial para Juan Cotino porque por otra parte, José de la Mata ha abierto una pieza separada de este caso y ha decidido ampliar la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación de la Comunidad valenciana V Encuentro Mundial de las Familias presidida por el Arzobispo de Valencia y en la que tenía un papel relevante el expresidente de las Cortes valencianas, con motivo de la visita del Pontífice en las fechas investigadas. De hecho, Cotino presidía las reuniones del "grupo de trabajo irregular" que tomaba las decisiones de las adjudicaciones al entramado corrupto. Algunas de esas reuniones, dice el juez, tuvieron lugar con "representantes eclesiásticos", y en ellas se vulneró la ley al adjudicar de forma directa servicios, cuando esta fundación estaba sujeto al régimen de contratación de las administraciones públicas.

El juez José de la Mata dice que investigará los posibles delitos cometidos por la fundación en sus contrataciones desde que se constituyó en 2005, hasta que se extinguió en 2014. La fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias, estaba presidida por el Arzobispo de Valencia, y formaban parte de su patronato la Generalitat valenciana -Francisco Camps era el presidente de honor-; el Ayuntamiento de Valencia que dirigía Rita Barberá; y la Diputación de Valencia presidida por Alfonso Rus. Esta fundación, que según sus estatutos debió disolverse en cuanto se celebró la visita del Papa, continuó su actividad otros ocho años más, y dejó una deuda de más de 1.3 millones de euros que tuvo que asumir el Gobierno valenciano.

http://cadenaser.com/ser/2016/04/22/tribunales/1461333053_059437.html

OTRO EMPRESARIO ADMITE QUE FINANCIÓ DE FORMA ILEGAL AL PP DE FRANCISCO CAMPS

Se trata de Alejandro Pons Dols, presidente del Grupo Piaf, que busca rebajar su condena al admitir de forma íntegra los escritos de Anticorrupción y de la acusación del PSOE que le acusan de financiar dos elecciones del PP en Valencia y las segundas a las que optó Rajoy a la presidencia. Pons es el tercer empresario que reconoce los pagos ilegales al PP, tras Enrique Ortiz y José Francisco Beviá. La cúpula que nombró Francisco Camps en la Generalitat y el PP valenciano, se sentará en el banquillo

El empresario castellonense Alejandro Pons se suma a los alicantinos Enrique Ortiz y José Francisco Beviá, y alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que asume que financió de forma ilegal al PP valenciano en tres elecciones distintas y que falsificó documentos para dar apariencia de veracidad a los pagos fraudulentos.

En su escrito, Pons admite de forma íntegra las conclusiones del Ministerio Público y de la acusación del PSOE valenciano. Es decir, que junto a otros empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana presidida por Camps, "abonó de forma irregular" servicios electorales que la formación conservadora adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.

De este modo, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, empresarios como Pons se aseguraban las contrataciones con la administración pública.

Anticorrupción pedía para Alejandro Pons un total de seis años de cárcel por haber financiado con más de 30.000 euros al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008 - las segundas a las que concurrió Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno-, así como por falsedad en documento. Con este acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones, el empresario busca rebajar la condena hasta un año y nueve meses de cárcel.

Alejandro Pons es un viejo conocido en la Comunidad Valenciana y en concreto en Castellón. Adjudicatario de la mayor parte de concursos de mantenimiento de la Diputación que presidía Carlos Fabra por decenas de millones de euros, la oposición siempre censuró al mandatario provincial las contrataciones bajo sospecha.

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Vicente Rambla, quien fuera vicepresidente primero de la Generalitat de Francisco Camps, así como al secretario general que nombró en el partido, Ricardo Costa, y otros tres de sus antiguos cargos en el PP. También a diez empresarios y a los cabecillas de la trama. La Fiscalía pide hasta 27 años de prisión.

http://cadenaser.com/ser/2016/04/12/tribunales/1460448005_632410.html

EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ CONFIESA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE VALENCIA

El presidente del grupo Cívica, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, ha reconocido los hechos. Se trata del primer gran empresario que, siete años después de que estallará el caso Gürtel, en febrero de 2009, admite los delitos que implican al PP en prácticas corruptas.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión. El juez sostiene que los empresarios pagaron actos electorales a Orange Market, la empresa que tenía en exclusiva los actos de campaña de los populares. Pagos que se camuflaban con facturas falsas por servicios no prestados.

LAS CLAVES

Acusados: El juicio sienta en el banquillo a la dirección regional de Francisco Camps en Valencia. Él exvicepresidente, Vicente Rambla; el que fuera secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa; la gerente, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de organización, David Serra y la antigua tesorera, Yolanda García. Junto a ellos Díez empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Ramón Blanco y Cándido Herrero.

Penas: Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel, en el caso de Francisco Correa y sus lugartenientes. Hasta ocho años de prisión para los cargos públicos y entre dos y seis años de reclusión para los empresarios. Las fianzas impuestas suman 35 millones de euros.

Delitos: La investigación atribuye a los acusados delitos electorales, de fraude fiscal y falsedad documental.

Los escritos de acusación sostienen que "con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular". Una parte en efectivo y otra a través de los empresarios que se van a sentar en el banquillo. En ambos casos, añaden, "tales pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad". Los pagos de los empresarios, concluyen, "infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas". Además, "no podían hacer donaciones por tener contrato con administraciones públicas y por ello se materializaron por supuestos servicios a Orange Market que realmente no se habían producido". En el caso de este empresario confeso, las pesquisas han acreditado que pagó 348.000 euros al PPCV para la campaña de las elecciones generales de 2008.

Enrique Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en Valencia en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

http://cadenaser.com/ser/2016/03/31/tribunales/1459445497_622835.html

MALAS NOTICIAS PARA CORREA Y 'EL BIGOTES', UN JUEZ PROGRESISTA 'VERÁ' SUS CONTRATOS CON LA GENERALITAT

El magistrado progresista, José Ricardo de Prada, será el instructor de esta pieza de la trama Gürtel valenciana

Francisco Correa, Álvaro Pérez el Bigotes, y los otros 27 procesados por los contratos que se firmaron entre la trama Gürtel y diferentes consejerías de la Generalitat bajo la presidencia de Francisco Camps no han tenido suerte. Les ha ‘tocado’ como magistrado ponente para el jucio oral en la Audiencia Nacional a José Ricardo de Prada.., ‘la muestra’ de que hay jueces progresistas, muy pocos, eso sí, en ese alto Tribunal.

Los 'gurtel', tres 'exconsellers', altos cargos...

El caso, conocido como pieza separada número 5 del macro caso Gürtel, recoge en concreto todas las investigaciones sobre los contratos que firmaron entre 2004 y 2009 por la empresa Orange Market y otras sociedades de Correa, el Bigotes, y el resto de la trama, con las consejerías, exceptuando los contratos para Fitur que se ven en pieza aparte. Entre los procesados, nada menos que 27, ya no queda ningún aforado después de que dejara su escaño el exsecretario autonómico David Serra. Pero entre los afectados se encuentran tres exconsellers y varios antiguos altos cargos de consejerías.

La fiscalía anticorrupción ha pedido hasta nueve años de imputación para los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, así como para David Serra, y hasta diez para los capos de la Gürtel, Correa, el Bigotes y Pablo Crespo, y multas que superan el medio millón de euros para cada uno de ellos.

Un juez "incorruptible"

La ‘mala noticia’ para los procesados es que el magistrado de Prado, casi único progresista en la Sección II de la Sala de lo Penal, vaya a ser el juez ponente. Un juez que fuentes jurídicas definieron para ELPLURAL.COM como “muy profesional, muy experimentado.., un juez de sala incorruptible”, y al que los otros magistrados, conservadores, califican como “el magistrado del voto particular, porque no le importa disentir, sino más bien considerar incluso positivo cara a la sociedad que se conozcan el que los magistrados pueden tener opiniones jurídicas diferentes”.

Con el juez de Prada formarán sala en el juicio oral, la presidenta de la Sala, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. Las acusaciones no han presentado recurso contra Espejel en este proceso, al contrario de lo que hicieron en los casos de 'la caja B' o 'la primera parte del sumario de la Gürtel', en los que esta magistrada fue apartada tras recursos de las acusaciones, porque consideran que en este caso, al no estar a juicio la financiación del propio PP, no hay razones para hacerlo.

http://www.elplural.com/2016/03/31/malas-noticias-para-correa-y-el-bigotes-un-juez-progresista-ver-sus-contratos-con-la

ANTICORRUPCIÓN ACUSA A 'GÜRTEL' DE 'ASOCIACIÓN ILÍCITA' EN VALENCIA

Asociación ilícita. Es el tipo penal que ha incluido la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones respecto a la pieza de Gürtel que ha juzgado los contratos de la Generalitat Valenciana con las empresas de Francisco Correa para los expositores de Fitur. Según confirmaron fuentes jurídicas a esta redacción, el ministerio fiscal ha propuesto elevar tres años la petición de pena para Correa y Pablo Crespo, número dos de la organización, al incluir en su calificación el presunto delito de asociación ilícita. Mientras, para Álvaro Pérez y el resto de trabajadores de Correa, Anticorrupción propone 18 meses más de pena. En cambio, según puntualizaron estas fuentes, ha eliminado el delito de malversación de caudales públicos como agravante. Las conclusiones se leerán en las sesiones previstas para el mes de abril.

El 31 de marzo de 2015 arrancó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) el juicio por el llamado caso Fitur, el primero dentro del caso Gürtel tras el asunto de los trajes del que Francisco Camps y Ricardo Costa salieron absueltos. Se ha juzgado el presunto amaño de contratos públicos para que la red de Correa montara, entre 2005 y 2009, el expositor valenciano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La Generalitat contrató las ediciones anteriores a José Adolfo Vedri, presidente de Engloba y uno de los empresarios detenidos en la macroredada que desarrolló la Guardia Civil en Valencia contra los presunto cabecillas de la «organización criminal» que se investiga dentro del caso Taula.

La rama de Fitur es la pieza 3 del caso Gürtel en Valencia. Las otras cinco hacen referencia a la presunta financiación irregular del PP valenciano, los contratos de la visita del Papa en 2006, los contratos menores de la administración Camps con la trama y los delitos fiscales de Orange Market y se han remitido a la Audiencia Nacional, al no haber ya aforados imputados. La de Fitur esta es la primera pieza sobre la que el TSJ concluyó la instrucción, el resto de asuntos serán juzgados en la Audiencia Nacional tras las calculadas dimisiones de los aforados valencianos investigados. En esta pieza se han juzgado a 13 personas, entre ellos dos ex conselleras durante el gobierno de Camps: Milagrosa Martínez -a quien la trama llamaba La Perla- y Angélica Such. La primera fue consellera de Turismo entre 2004 y 2007 y la segunda entre 2007 y 2009. También se han sentado en el banquillo de los acusados Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción, Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.

Tras un año de sesiones, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas de once años de prisión para la ex consellera Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y de nueve años de inhabilitación para la ex consellera Angélica Such. Con las modificaciones planteadas ahora por la Fiscalía, Crespo se enfrenta a 14 años de cárcel; Correa a 13; y Pérez a más de once. El TSJ ya acordó el embargo de 636.500 euros a Milagrosa Martínez para asegurar su responsabilidad civil; mientras a Betoret le han embargado 645.000 euros y a Vidal 540.000. Las defensas han pedido la absolución de los acusados.

El juicio ha mostrado ciertas contradicciones en las acusaciones en el proceso e incluso la Fiscalía Anticorrupción cambió de fiscal durante las primeras sesiones del juicio. La sentencia podría conocerse a finales de este año.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/03/11/56e1c7cd22601d46028b45d9.html

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ LA VISITA DE BENEDICTO XVI A VALENCIA

El Supremo da la competencia sobre cuatro piezas centrales del caso Gürtel al juzgado central 5 en detrimento del tribunal superior valenciano

La Audiencia Nacional será la encargada de investigar a partir de ahora, entre otras causas, el caso de los contratos de la trama corrupta Gürtel para la preparación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El Supremo ha otorgado al Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por el magistrado José de la Mata, la competencia para investigar cuatro de las seis piezas separadas del caso Gürtel que hasta ahora se instruían en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal, que actúa contra el criterio de la Fiscalía, que abogaba por que las cuatro causas siguieran en Valencia, tiene en cuenta que en ellas ya no hay personas aforadas y no se ha ordenado aún la apertura de juicio oral.

La máxima instancia judicial desestima, asimismo, los recursos de varios imputados que argumentaban que la investigación de estas cuatro piezas separadas no correspondía ni a la Audiencia Nacional ni al tribunal superior valenciano, sino a los juzgados territoriales de Valencia.

En la pieza sobre la visita del Papa a la capital valenciana en 2006 se investigan los contratos de la trama con la Radio Televisión Valenciana para la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, en el que está imputado el expresidente de las Cortes Juan Cotino.

El Supremo confirma las resoluciones del tribunal superior valenciano que otorgaron a la Audiencia Nacional investigación y el enjuiciamiento de otras tres piezas separadas de Gürtel. Se trata de las piezas 1, 2 y 6. Las dos primeras se refieren a presuntos delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana y a un delito mercantil cometido en 2008 respectivamente. La pieza número 6 tiene que ver con delitos fiscales atribuidos a Orange Market y a otras sociedades del entramado de Francisco Correa. En estas piezas se encuentra imputados, entre otros, los exdiputados valencianos Ricardo Costa, Yolanda García, Vicente Rambla y Francisco Serra.

La Sala de lo Penal aplica los criterios que fijó en sendas sentencias de diciembre de 2014 y julio de 2015 sobre otras piezas –la 3 y la 5- de esta misma causa. En la segunda, referida a la pieza número 5 de la trama Gürtel en Valencia, ya acordó su envío a la Audiencia Nacional por no existir aforados. Sin embargo, en la primera sentencia, referida a la pieza 3, que investigó los contratos de la Generalitat valenciana con su expositor en Fitur, decidió que se juzgase en el TSJCV porque ya se había dictado auto de apertura de juicio oral cuando dos de las imputadas, que eran aforadas, renunciaron a sus escaños en las Cortes Valencianas.

Los magistrados recuerdan que debe seguirse un criterio restrictivo en relación al enjuiciamiento de aforados, especialmente cuando se ha renunciado a esa condición sin que se haya dictado antes auto de apertura juicio oral. Añaden que la ley no exige que las piezas separadas de una misma causa sean enjuiciadas por el mismo tribunal.

De igual manera, rechazan la pretensión de varios imputados que pedían el envío de las investigaciones al juzgado territorial de Valencia correspondiente. Defienden que sea el juzgado central de instrucción número 5 por ser el órgano origen de las piezas del caso Gürtel que se remitieron al TSJCV y porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/03/actualidad/1449145128_745449.html

BLASCO EN EL JUICIO A GÜRTEL: “LOS FUNCIONARIOS SABÍAN QUÉ HACER SOLOS”

El exconsejero sale por primera vez de la cárcel de Picassent para declarar sobre las adjudicaciones a la red de Francisco Correa

Con buen aspecto, aunque un poco más delgado y más pálido después de cinco meses y medio en la cárcel de Picassent, el exconsejero valenciano Rafael Blasco ha reaparecido este viernes en público para declarar en el primer juicio a la trama Gürtel.

Blasco, que comparecía como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha afirmado que no tuvo conocimiento del fraccionamiento del contrato que su departamento pagó a la red de Francisco Correa para el montaje del expositor de la Consejería de Territorio y Vivienda en la feria turística Fitur en 2005. Y que los funcionarios "sabían lo que tenían que hacer sin que nadie se lo dijera".

Condenado a seis años y medio de cárcel por malversar fondos de cooperación al desarrollo, Blasco ha restado importancia al papel de la consejería que entonces dirigía, Territorio, en el certamen turístico de Fitur. "El nuestro era un stand dentro del de la Generalitat valenciana. Estaba en una esquina y lo que hacía era reproducir unos vídeos sobre parques naturales continuamente", ha dicho.

El exconsejero y exportavoz del PP en el Parlamento autonómico ha sido trasladado en un furgón de la policía desde el centro penitenciario a la sede del Tribunal Superior, situada en el centro de Valencia. La seguridad del edificio ha sido reforzada por la Guardia Civil. Además del juicio en el que fue condenado, Blasco está imputado en otras dos piezas separadas del caso que investiga el desvío de fondos de ayuda al Tercer Mundo. Y otro juez investiga su etapa como consejero de Sanidad.

En la sala del tribunal se han reunido tres exconsejeros que estuvieron juntos en el Gobierno valenciano en la etapa de Francisco Camps. Además de Blasco, en el banquillo estaban Milagrosa Martínez y Angélica Such, extitulares de Turismo, que se enfrentan a una petición de 11 años de cárcel y nueve años de inhabilitación respectivamente por parte de la fiscalía.

El pequeño expositor al que se ha referido Blasco tenía 18 metros cuadrados, costó 47.250 euros y fue pagado por la Consejería de Territorio en cinco facturas inferiores a 12.000 euros a otras tantas empresas de Correa. La red cobró de este modo al departamento de la Generalitat de forma separada por el "diseño, proyecto y dirección del stand"; por su "construcción"; "impresión de cartelería"; "supervisión, asistencia técnica y montaje", y por la "iluminación e instalación eléctrica".

"De esa manera", sostiene la fiscalía, "se conseguía tramitar formalmente cada factura por el procedimiento administrativo de los contratos menores". Y se eludía "un procedimiento de contratación administrativa que garantizara la publicidad y la concurrencia acorde con el importe del encargo". ¿Quién eligió la fórmula de pago y supervisó que los trabajos se hubieran realizado?, le ha preguntado Francisco de Antonio, abogado de la acusación popular que ejercen los socialistas.

-El servicio de gestión administrativa correspondiente.

-¿Cuál era?

-No lo sé.

Blasco ha afirmado que un consejero "no se ocupaba de ese tipo de cuestiones". Y ha dicho desconocer quién invitó a su departamento a participar con una caseta en el pabellón de la Generalitat. "Fitur se celebraba todos los años. Es como el día de la Constitución, no tiene que recordarte nadie que tienes que acudir a estos sitios. Imagino que hasta los funcionarios sabían lo que tenían que hacer sin que nadie se lo indicara".

El juicio que se está celebrando, el único de la trama Gürtel que tendrá lugar en Valencia después de que el resto de piezas hayan sido remitidas a la Audiencia Nacional, está centrado en la adjudicación entre 2005 y 2009 de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur entre los años 2005 y 2009, así como otros certámenes turísticos de menor importancia. Las adjudicaciones ascendieron a cinco millones de euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/04/valencia/1449234997_400182.html

ACUSADOS EN LA PIEZA DE FITUR VUELVEN A PEDIR LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO

Los abogados de los acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, han vuelto a pedir la suspensión del juicio, así como una instrucción complementaria con la documentación a la que hasta ahora no habían tenido acceso y que constaba en la causa matriz que se instruye en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

La mayoría de los letrados de los 13 acusados en esta pieza, entre los que se encuentran las exconselleras de Turismo del Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, han aprovechado el primer día de cuestiones previas señalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras suspender la vista el pasado mes de marzo, para insistir en la suspensión del juicio.

Así de contundente se ha pronunciado, por ejemplo, el letrado de uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, quien ha insistido en que la aparición de nueva documentación en Madrid, a la que hasta ahora solo había tenido acceso las acusaciones y las autoridades policiales y tributarias, "justifica una instrucción complementaria que permita que los escritos de defensa y de la acusación puedan experimentar las modificaciones pertinentes a la luz de las pruebas".

Precisamente fue esta nueva documentación la que obligó al tribunal valenciano a suspender la vista el pasado mes de marzo tras pedirlo también las defensas, al asegurar que se estaban vulnerando los derechos de sus representados al no poder enfrentarse al juicio con las mismas pruebas e informaciones que las acusaciones. El TSJCV les dio un plazo para instruirse de algo más de dos meses, aunque las defensas vuelven a alegar que no han llegado a tener acceso a estos documentos hasta la pasada semana. En concreto, para revisar los archivos informáticos han dispuesto únicamente de tres días -serían 6.000 gigas de documentación, según ha apuntado el letrado de Herrero--.

Ante esta nueva documentación y el "escaso" tiempo para estudiarla, el letrado de Crespo ha subrayado la "necesidad" de que se suspenda la vista porque los letrados necesitan "más tiempo": "Es literal y materialmente imposible estudiarse esta documentación en tan poco tiempo", ha dicho, y ello "afecta al derecho de defensa y a un proceso justo con todas las garantías". "Necesitamos más tiempo para escudriñar todo lo que hay", ha apostillado.

Junto a ello, ha abogado, al igual que otros letrados, por realizar una instrucción complementaria. De aceptarse esta solicitud, el tribunal valenciano podría perder la competencia para seguir con el enjuiciamiento de esta pieza, puesto que se retrotraerían las actuaciones al momento anterior a la apertura de juicio oral, y el encargado de seguir con el procedimiento, al no quedar aforados en la causa, sería un juzgado ordinario.

MODIFICAR ESCRITOS Y PRUEBAS

La letrada de Mónica Magariños, una de las exempleadas de la trama, ha insistido en esta instrucción complementaria y ha advertido de que la vista oral "no puede sustituir esta instrucción solicitada". "Debería permitirse que acusaciones y defensas pudieran modificar sus escritos y proponer nuevas pruebas", ha subrayado.

Por otro lado, ha advertido de que tan solo hace una semana que asumió la defensa de Magariños, puesto que anteriormente lo hacía otra letrada del turno de oficio, y ha señalado que en este tiempo no le ha dado a tiempo a ver y estudiar toda la documentación que obra en la causa. "Si el tribunal no accediera a darme un plazo razonable para instruirme adecuadamente, se estaría vulnerando el derecho de defensa", ha puntualizado. Ha solicitado, al menos, un plazo de 60 días naturales.

Así mismo, ha aludido a "vicios" en la fase de instrucción que "no son subsanables" como la "ocultación de documentos a los que sí han tenido acceso órganos policiales, tributarios, administrativos y la acusación pública".

Por su parte, el letrado de la exconsellera Milagrosa Martínez ha insistido en estos mismos extremos que han expuesto sus compañeros, y ha aludido a que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva y el control judicial. Además, ha reiterado la infracción del derecho de las comunicaciones al acordarse intervenciones telefónicas que carecían del requisito de temporalidad. En una de estas conversaciones se aludía a un supuesto regalo para Martínez, su representada.

"PISTOEO CONSTANTE"

El abogado de otro de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, se ha referido a otras "irregularidades" en el procedimiento como el hecho de que su cliente estuviera detenido durante cinco días o que no pudiera estar presente en los registros practicados en sus oficinas. "Este proceso está viciado desde el principio, y esto continua sin tener en cuenta un pisoteo constante", ha lamentado.

Por su parte, el letrado de Cándido Herrero ha manifestado que la solicitud de la suspensión del juicio "no es gratuita" y se justifica en la "gravedad" de la causa y para "evitar la desigualdad entre las partes". "Nos interesa a las defensas que se haga el juicio ya, pero con garantías", ha destacado, al tiempo que ha agregado: "Toda la instrucción se ha practicado sin que las defensas hayan tenido oportunidad de examinar toda la prueba". Ha afirmado que con tres meses para estudiar la nueva información, "sería suficiente".

Así mismo, la representación de otro supuesto cabecilla y responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha señalado que los acusados tienen derecho a un proceso "con todas las garantías" y ha denunciado la falta de imparcialidad objetiva del tribunal, así como una vulneración del derecho debido al despiece o formación de piezas en el proceso. Mañana se retomarán las cuestiones previas con el turno de réplica para las acusaciones: Fiscalía y PSPV --acusación particular--.

http://www.europapress.es/

EL ‘NÚMERO DOS’ DE CORREA: “ESTE JUICIO LO VAMOS A GANAR”

Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, han vuelto este jueves al banquillo por las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. El juicio se inició el 31 de marzo y fue suspendido por el Tribunal Superior valenciano en la segunda jornada para que las partes pudieran examinar toda la documentación del caso. Las defensas han vuelto a pedir este jueves una nueva suspensión. Los jueces decidirán mañana.

A la salida del tribunal tras la conclusión de la sesión, el considerado por la fiscalía como número dos de la red, Pablo Crespo, ha afirmado que la policía y el ministerio público "han dispuesto de documentación desde hace siete años" que a los acusados no se les ha permitido consultar hasta hace poco. Y ha reclamado más tiempo para estudiarla. "Tenemos las pruebas necesarias para desmontar las acusaciones. Este juicio lo vamos a ganar porque aquello de lo que se nos está acusando es absolutamente falso", ha agregado Crespo.

El abogado de Correa ha alegado que durante el procedimiento se ha producido un "pisoteo constante de los derechos fundamentales" de su cliente y un "vicio de principio", por lo que ha solicitado la nulidad del caso. El que fue letrado de Correa en Valencia en los últimos años renunció hace unas semanas a su defensa, y hoy le ha asistido uno nuevo. También ha advertido de una supuesta violación de derechos la defensa de Mónica Magariños, empleada de las empresas de Correa. En este caso se trata de una abogada del turno de oficio que ha alegado que se ha hecho cargo de la defensa hace una semana, y no ha tenido tiempo para instruirse al respecto.

Junto a Correa, Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y empleados de sus empresas se sientan en el banquillo dos ex consejeras de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, que también presidió las Cortes Valencianas y sigue siendo alcaldesa en funciones de Novelda, y varios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.

A su llegada al tribunal, Pablo Crespo ha negado que sus empresas hicieran regalos a políticos, y ha afirmado que si ganaban convocatorias públicas era porque eran "los mejores". La expresidenta de las Cortes Valencianas ha afirmado que confía "plenamente en la justicia", mientras que Álvaro Pérez ha señalado que se siente "inocente".

La Fiscalía y la acusación particular que ejercen los socialistas atribuyen a los acusados los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

A lo largo de la causa, los acusados han negado las acusaciones y han tratado de convertirla en un proceso político que había orquestado el ex secretario general socialista y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. También pidieron la recusación de uno de los jueces que integran el tribunal, Juan Climent, por haber formado parte a principios de los años ochenta del Gobierno autonómico que presidió Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Una solicitud que los magistrados consideraron infundada.

El Tribunal Superior valenciano atendió en el primer arranque del juicio la petición de las defensas de varios de los acusados, que advirtieron de que existía documentación en la parte original del caso, instruida en la Audiencia Nacional, que podía afectar a sus clientes y a la que no habían tenido acceso mientras que la Fiscalía Anticorrupción sí que había podido hacerlo. Los letrados pidieron tiempo para estudiar la documentación, afirmando que de lo contrario se produciría "una quiebra del principio de igualdad". Los jueces aceptaron posponer el juicio dos meses. Las defensas han reiterado este jueves los mismos argumentados, y han lamentado que a pesar del largo paréntesis hasta hace unos días no han tenido acceso a la documentación debido a la lentitud de la justicia.

La fiscalía contestará este viernes a las alegaciones de los acusados, y después probablemente los jueces decidirán si suspenden nuevamente las sesiones o llevan hasta el final el primer juicio a la trama.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/11/actualidad/1434011338_936413.html

ANTICORRUPCIÓN QUIERE JUZGAR A BÁRCENAS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO

El fiscal recurre a la Sala el archivo del juez instructor porque es “increíble” que el extesorero no conociera la “mendaz” contabilidad del PP valenciano para las elecciones y apunta a la existencia de “Cajas B” del PP en “todos los municipios y comunidades”

El juez José Ceres archivó el procesamiento contra el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente nacional del PP, Cristóbal Páez, en las piezas de la Gürtel valenciana por las que se va a juzgar por delito electoral a 19 personas, entre ellas Ricardo Costa o Vicente Rambla, y la Fiscalía Anticorrupción apela a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana, en el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER.

El fiscal, al contrario que el juez instructor, dice que "es increíble" o al menos “racionalmente cuestionable” que Bárcenas y Páez no conocieran las contabilidades supuestamente fraudulentas del PP de Valencia en las elecciones municipales de 2007 y las generales de 2008, porque las firmaron.

Cajas B del PP “en todos o en buena parte” de los municipios

Más bien al contrario, Anticorrupción dice que Bárcenas no solo pudo tener conocimiento de "la utilización de una 'caja B' del PP en Valencia para la campaña electoral", sino que tenía "conocimiento de la existencia en todos o en buena parte de los municipios y comunidades de su correspondiente caja oculta".

Por ello el fiscal exige que los dos antiguos responsables de las finanzas del PP se sienten en el banquillo.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/21/tribunales/1432222403_796242.html

LOS ABOGADOS DE FRANCISCO CORREA EN VALENCIA RENUNCIAN A SU DEFENSA

Los letrados alegan "discrepancias" con el supuesto cabecilla de la trama Gürtel

Los abogados del presunto cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, que le representan en el procedimiento que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), han renunciado a seguir con su defensa por "discrepancias en planteamientos".

Se trata de los abogados Juan Carlos Navarro y Francisco Miranda, que han adoptado esta decisión casi un mes antes de que se retome el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, que fue suspendido a primeros de abril para que las defensas tuvieran acceso a una documentación que obraba en la causa de Madrid. La vista se retomará el 11 de junio.

De esta forma, Francisco Correa se ha quedado sin estos dos letrados en Valencia, aunque conserva al abogado de oficio que tiene designado en la rama principal que se sigue en Madrid, han apuntado fuentes conocedoras a Europa Press.

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Navarro sigue representando en Valencia a otro de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Cándido Herrero, y al expresidente de las Corts Valencianes y exconseller Juan Cotino, imputado este último en la pieza 4 del procedimiento, relativa a la visita del Papa a Valencia.

La pieza 3 de Gürtel arrancó a finales de marzo en el TSJCV tras más de cuatro años de instrucción, con dos días dedicados a cuestiones previas que fueron aprovechados por las defensas para solicitar la suspensión del juicio al alegar, entre otros motivos, que había cierta documentación que sí había estado a disposición de la Udef y de la Fiscalía, pero no de la mayoría de las defensas.

En concreto, se referían a unos papeles que se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, y a la que las defensas que no están personadas en ese procedimiento no habían tenido acceso.

El TSJCV acordó en ese momento suspender la vista hasta el 11 de junio, y recientemente ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional las claves de acceso de la web Alfresco-cloud para que los abogados tengan acceso a la documentación requerida.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/valencia/1432140540_222354.html

EL TSJ VALENCIANO INTENTA BLINDAR LA REANUDACIÓN DEL PRIMER JUICIO A GÜRTEL

Los jueces critican al sustituto de Ruz en la Audiencia Nacional por dificultar el acceso a documentación de los acusados

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha solicitado a la Audiencia Nacional las claves para poder acceder a documentación del caso Gürtel que obra en la parte troncal de la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 del órgano judicial. Los magistrados pondrán después la clave a disposición de los acusados en el juicio sobre las adjudicaciones presuntamente amañadas de contratos relacionados con la feria Fitur.

Dar tiempo para que los acusados pudieran consultar dicha documentación fue el motivo principal por el que el TSJ decidió a principios de abril suspender el primer juicio a la trama de Francisco Correa, que se reanudará en junio.

Los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano critican en la providencia dictada al sustituto de Pablo Ruz al frente del juzgado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que rechazó permitir directamente que uno de los acusados en el juicio de Fitur de Valencia accediera a la documentación, señalando que la petición debía hacerla el TSJ.

"Aun cuando no se comparta el contenido de la referida resolución, dado que consideramos que a quien incumbe en cualquier caso" garantizar "el acceso a cualquier interesado a las actuaciones es al propio órgano ante el cuál se siguen", esto es, a De la Mata, los jueces aceptan solicitar las claves de la plataforma Alfresco a la Audiencia Nacional para facilitárselo posteriormente a los acusados en Valencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/valencia/1432120885_719516.html