CASO GÜRTEL :  LOS TRAJES DE CAMPS

 

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El Supremo respalda la absolución del jurado a Camps en el caso de los trajes

El fallo ha salido adelante por cuatro votos a favor y uno en contra
El voto particular argumentará que la sentencia carecía de la motivación mínima exigible
Un jurado muy dividido declaró a Camps no culpable de aceptar 22 prendas de la 'trama Gürtel'

Ni “arbitrario” ni “irrazonable” ni “ilógico”. Según cuatro de los cinco miembros que componían la Sala del Tribunal Supremo que ayer decidía sobre la suerte judicial del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en relación con el caso de los trajes, el veredicto del jurado fue correcto. El 25 de enero de 2012, por un estrecho margen de cinco votos frente a cuatro, un jurado popular absolvió a Camps y al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusados del delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de la trama Gürtel mientras la red lograba contratos a dedo de la Generalitat por cerca de ocho millones de euros.

La absolución fue una decisión polémica —y cuestionada por el numeroso material probatorio que se había presentado—, que ayer fue ratificada por los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Carlos Granados, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. El quinto miembro de la sala, Joaquín Giménez, presentará un voto particular.

El avance del fallo —la sentencia aún no ha sido redactada— indica que se han desestimado los cuatro argumentos fundamentales de los recurrentes, el Partido Socialista del País Valenciano: el error en la apreciación de la prueba (por ignorar decenas de elementos incriminatorios); la contradicción entre los distintos hechos considerados probados por el jurado; la arbitrariedad en el funcionamiento de los poderes públicos; y la supuesta necesidad legal de que hubiera una mayoría más amplia (de siete votos en lugar de cinco) para considerar como “no probados” hechos desfavorables para los acusados.

El único recurso contra la sentencia absolutoria fue el presentado por los socialistas valencianos. La Fiscalía Anticorrupción no recurrió. La decisión se produjo poco después de que el recién creado Ejecutivo de Mariano Rajoy nombrara al nuevo Fiscal General del Estado.

El magistrado discrepante en la decisión de ayer, Joaquín Giménez, anunció un voto particular que tampoco está aún elaborado, a la espera de los argumentos concretos de la sentencia. Fuentes jurídicas consideran que no entrará a valorar si hubo o no arbitrariedad o error en la apreciación de la prueba, sino que previsiblemente se aludirá a un argumento previo: la falta de motivación de la sentencia de 30 de enero de 2012 que absolvió a Camps y que se limitaba a levantar acta de lo que dijo el jurado sin cubrir, según algunas opiniones, las exigencias mínimas de motivación que requiere toda sentencia y que en este caso obligaban a desarrollar los argumentos que había proporcionado el jurado. Según esta línea de argumentación, una de las soluciones jurídicas del recurso habría sido devolver la sentencia al tribunal para que la motivara y, a partir de aquí, poder valorar otras cuestiones.

Los argumentos de los cuatro magistrados del alto tribunal que han respaldado al jurado y que fueron avanzados ayer son dos. Por un lado, la motivación del jurado, según la sala, no ha sido “arbitraria, ilógica o irrazonable al individualizar las pruebas y elementos de convicción que le han llevado al veredicto de no culpabilidad”.

No se aceptan, por tanto, los argumentos de los recurrentes de que el jurado no tuvo en cuenta en su decisión una serie de pruebas “esenciales” y que existía contradicción en el caso porque había cuatro personas acusadas y dos de ellos (Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de turismo) reconocieron los hechos y su culpabilidad. “No tiene sentido que los otros dos que no lo aceptaron finalmente fueran absueltos”, argumentaban los socialistas valencianos.

Por otro lado, relación con el argumento sobre el número de votos por el que se adoptó la decisión, los cuatro magistrados consideran que “concurrían las mayorías necesarias para declarar no probados los hechos desfavorables del objeto del veredicto”. El artículo 59 de la Ley del Jurado dispone que los jurados votarán si estiman probados o no los hechos y que, “para ser declarados tales se requieren siete votos, al menos, cuando fueren contrarios al acusado, y cinco votos cuando fuesen favorables”.

La decisión de Camps se tomó por cinco votos frente a cuatro. Por ese número de votos se decidió tanto aceptar como probados los hechos favorables a Camps y a Costa como asumir como no probados los desfavorables. El recurso de los socialistas valencianos consideraba que los hechos desfavorables que se consideren “no probados”, según la interpretación que hacían de ese artículo 59 de la Ley del Jurado, necesitaban de un apoyo de al menos siete votos. Pero, según el Supremo, bastan los cinco votos para cualquier decisión que sea favorable al reo.

Camps dimitió del cargo en julio de 2011, solo unos meses antes del juicio, y se declaró víctima de una campaña personal contra él. Al igual que Ricardo Costa, es diputado del PP en las Cortes Valencianas, aunque apenas acude al hemiciclo. Como expresidente de la Generalitat, también es miembro del Consejo Jurídico Consultivo, del que cobra su sueldo.

El alto tribunal reabrió el caso después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, que entonces presidía un buen amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, lo archivara en agosto de 2009 en contra del criterio del juez instructor, José Flors. El Supremo observó indicios de delito al reabrir el caso en mayo de 2010 y reprochó al tribunal valenciano una interpretación del cohecho pasivo impropio (aceptar dádivas que se ofrecen en atención al cargo) que implicaba en la práctica suprimir la figura de ese delito.

La Sala del TSJ consideró que para que el delito se consumase era necesario que el receptor de los regalos, en este caso Camps, desplegase a cambio alguna actividad. En el juicio, el jurado también llegó a la conclusión de que, incluso en el supuesto de que hubiera aceptado trajes de la trama, estos no se realizaron “en función de su cargo”, por lo que le absolvieron. Los socialistas valencianos interpusieron entonces un recurso de casación argumentando que hubo una “manifiesta ausencia de motivación” del veredicto y una errónea valoración de las pruebas por parte del jurado.

El letrado Virgilio Latorre destacó en el recurso que para concluir que los regalos no existieron, los cinco jurados que apoyaron la absolución se limitaron básicamente a remitirse al testimonio de Isabel Jordán, exempleada de la trama. Jordán, que declaró en Valencia como testigo estando imputada en otras ramas del caso Gürtel y que corría el riesgo de autoinculparse, dijo desconocer si había habido sobornos. Una afirmación que contradecía lo que había afirmado años antes, cuando fue grabada sin saberlo.

La acusación popular ahondaba en el hecho de que el jurado se apoyó básicamente en las palabras de Jordán, que hablaba de lo que le habían contado y desechó sin motivación las declaraciones de una decena de testigos directos, la mayoría empleados de las tiendas (incluido el sastre José Tomás), que coincidieron en que Camps y Costa recibieron la ropa, y que los pagó Pablo Crespo, lugarteniente de la red que lideraba Francisco Correa. Los testimonios ignorados por el jurado proclamaron que Camps recibió una veintena de trajes y prendas adquiridos por Gürtel en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young.

A estas declaraciones se sumaron grabaciones policiales telefónicas entre Camps y El Bigotes en plenos Reyes Magos de 2009. En una de ellas Pérez recordaba a Camps el tarjetón navideño que le acababa de enviar, y zanjaba el distendido diálogo con un “fíjate si te debo [presidente]”. Varios testigos coincidieron en que Crespo liquidaba las cuentas que la trama tenía abiertas en las tiendas, en las que figuraban también el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Entre los cuatro, Gürtel se habría gastado algo más de 40.000 euros en prendas de vestir entre 2005 y 2008. Campos y Betoret admitieron los hechos cinco meses antes de que empezara el juicio a Camps y Costa. El Supremo se ha mostrado de acuerdo con el tribunal valenciano y cree que ni el expresidente valenciano ni su ex número dos cometieron un delito.

https://politica.elpais.com/politica/2013/04/09/actualidad/1365502448_047833.html

El jurado absuelve a Camps y Costa

Un tribunal popular dividido falla que no se puede probar el cohecho impropio

El expresidente y el ex ‘número dos’ del PP valenciano, inocentes por cinco votos a cuatro

La decisión no tuvo en cuenta la autoinculpación de Víctor Campos y Rafael Betoret

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, del PP, fue absuelto ayer por un jurado, con cinco votos a favor y cuatro en contra, del delito de cohecho pasivo impropio del que estaba acusado desde hacía tres años por haber aceptado trajes y otras prendas de vestir de la trama corrupta Gürtel. También fue absuelto el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, por la misma mayoría.

El anuncio provocó un estallido de alegría de los fieles de los acusados en la sala, que fueron desalojados por orden del juez. La alegría de los campistas se mezcló con los cánticos críticos que llegaban de la calle, donde coincidía una concentración de apoyo al juez Baltasar Garzón, juzgado estos días, entre otros procesos, por autorizar la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de Gürtel en la cárcel.

El jurado motivó la absolución de Camps sobre la base de buena parte de los argumentos que ha utilizado la defensa del expresidente durante todo el juicio. La primera de ellas, las contradicciones en las declaraciones hechas antes y durante el juicio por el sastre José Tomás, testigo de cargo de la acusación; las dudas de Isabel Jordán, exempleada de la trama, imputada en el caso Gürtel, a la que en una grabación aportada a la causa se le oía decir: “He pagado 30.000 euros de trajes para Camps”, pero que en el juicio matizó que no sabía exactamente qué había pagado su empresa y que en la conversación grabada señaló al expresidente debido, dijo, a la presión que vivía en aquellos días; y la declaración de los funcionarios de la Generalitat que afirmaron que Camps, como jefe del Gobierno valenciano, “no tenía influencia alguna en materia de contratación”, según leyó el portavoz del jurado.

Las motivaciones del jurado incluyeron algunas afirmaciones llamativas. Señaló, por ejemplo, que la relación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Camps (que le llamaba “amiguito del alma”) había sido meramente “comercial”.

La mayoría del jurado que estableció la absolución de los acusados destacó igualmente la falta de concreción de los peritos que declararon en la sala, que en varios casos afirmaron no poder reconstruir inequívocamente el itinerario completo de las prendas desde su encargo hasta la recepción por parte de Camps y Costa. En su veredicto también recordaron que la encargada de la empresa de transportes que trasladó cajas con varios kilos de ropa desde las tiendas de Milano y Forever Young a casa o a la oficina de El Bigotes, no pudo decir, en cambio, qué contenían los fardos ni a quién iba destinado su contenido.

Respecto a algunos de los documentos incriminatorios, como la lista manuscrita elaborada en una de las tiendas (en las que figuran los acusados junto a prendas y precios), o las incautadas a la trama con anotaciones similares, el jurado consideró que carecían de valor mercantil y no le atribuyeron “ninguna credibilidad”.

Los cinco jurados que declararon a Camps y Costa inocentes (es el mínimo que exige la ley, mientras que la condena requiere siete votos) no tuvieron en cuenta que dos de los imputados en su día en la causa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, fueron condenados tras aceptar que cometieron el delito. Ni que el propio abogado de Camps, Javier Boix, llegara a presentar en el tribunal un escrito de conformidad con las acusaciones en la semana de julio de 2011 en la que el expresidente acabó dimitiendo.

Tampoco les convenció la declaración de cinco empleados de las tiendas de las que salieron las prendas, aparte del sastre José Tomás, que declararon que, sin lugar a dudas, se hacían prendas para Camps y Costa y que las pagaba el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo, junto a las suyas propias, las de Álvaro Pérez y las del expresidente de Radio Televisió Valenciana Pedro García.

El jurado sí que dio peso, y así argumentó otra de sus respuestas al cuestionario entregado por el juez, a la declaración del escolta de Camps, que afirmó haberle prestado unos 200 euros para que el expresidente comprara una chaqueta que estaba rebajada. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación popular le acusaban, sin embargo, de haber aceptado como regalo dicha prenda. El llamado caso de los trajes llega de este modo a su fin tres años después de ser destapado por el juez Garzón. El veredicto, que el magistrado convertirá en sentencia en los próximos días, puede ser recurrido ante ese Tribunal y ante el Supremo.

https://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327485124_753203.html

 

 

EL TSJCV CONDENA A 9.600 EUROS A BETORET Y CAMPOS POR EL CASO DE LOS TRAJES

La decisión dificulta la defensa de Camps, al que se le acusa de los mismos hechos que a los condenados.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana ha condenado al pago de una multa de 9.600 euros a al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, por el conocido como 'caso de los trajes' derivado del caso Gürtel.

En sendas sentencias, la Sala de lo Civil y Penal condena también a Campos y Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor "en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados".

Tanto a Betoret como a Campos se les acusaba de los mismos hechos que al expresidente de la Comunidad de Valencia , Francisco Camps: aceptar trajes regalados por la trama Gürtel. Durante ese periodo, las empresas de la trama corrupta cosecharon numerosos contratos millonarios de la Administración valenciana.

Al ser condenados, Camps tendrá más difícil sostener ante el jurado su versión: que todo es un infundio, que él mismo pagó sus trajes y que, en suma, es inocente.

Ambos fallos, contra las que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), llegan después de que el ministerio fiscal y el PSPV —acusación particular— aceptasen una sentencia condenatoria contra Campos y Betoret por este caso, después de que ellos admitiesen su culpabilidad por haber recibido regalos de la trama. Por su parte, el expresident de la Generalitat Francisco Camps y ex secretario general del PPCV y actual responsable de Economía del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa, decidieron no conformar y someterse al juicio abierto contra ellos por estos hechos, en fecha aún por determinar.

Trajes, americanas, abrigos...

Según se declara probado en ambas resoluciones judiciales dictadas hoy por el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Juan Climent, durante los años 2005 y 2008, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo actuaron con el fin de ganarse la amistad y favor de "algunos funcionarios públicos y autoridades de altas instituciones y organismos de la Comunitat Valenciana". De este modo, realizaron las "gestiones necesarias" para hacer llegar a estas personas, de forma continuada y en consideración de su naturaleza y rango, determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida y otras prendas de vestir.

Por lo que respecta a Víctor Campos, según la sentencia, éste aceptó "en varias ocasiones" a lo largo del año 2006 varias prendas de vestir, "al menos" dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué adquiridos en Milano, por un importe total de 5.529 euros.

Ambos aceptaron los regalos a sabiendas de que eran por su cargo público

Además, Campos aceptó esos regalos "sabedor de que le eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercía", desde el que "podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias" en relación con las cuales Correa, Crespo y Pérez mantenían "importantes intereses económicos".

Por su parte, Rafael Betoret recibió "en varias ocasiones" a lo largo de 2006 "al menos" dos americanas, tres trajes y un abrigo por un importe total de 3.549 euros, y una americana, tres trajes y un pantalón por un valor total de 3.250 euros, adquiridos todos en Milano.

Asimismo, entre finales de 2006 y principios de 2007, aceptó una americana, cinco trajes y un abrigo por importe total de 6.700 euros adquiridos en Forever Young.

Al igual que Campos, el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo aceptó estos regalos a sabiendas de que le eran entregados por su condición de cargo público y con el fin de favorecer a las personas que los regalaban.

www.publico.es 16.09.11

DOS EXCARGOS DEL PP INSISTEN EN PEDIR UN FALLO DE CULPABILIDAD POR ACEPTAR TRAJES

El exvicepresidente de la Generalitat valenciana Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, ambos imputados en la llamada causa de los trajes del caso Gürtel, presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un escrito en el que reclaman que se dicte una sentencia anticipada en ambos casos y como consecuencia de los escritos de conformidad que firmaron en julio. Los dos excargos mantienen así su estrategia jurídica de aceptar los hechos que se les imputan, aceptar regalos de la trama Gürtel, y evitar el juicio. El magistrado presidente del tribunal del jurado designado para la causa, Juan Climent, debate ahora si aceptar la solicitud, lo que supondría que solo el expresidente valenciano Francisco Camps y el exsecretario del PPCV, Ricardo Costa, serían juzgados.

Esto dejaría al jurado ante una situación en la que dos de los "protagonistas" estarían condenados, mientras los otros dos defenderían su inocencia.

Campos y Betoret presentaron en julio su escrito de conformidad, es decir, su asunción de los hechos de los que se les acusa, recibir regalos de la trama Gürtel. Así, se mostraron conformes con la pena que se les reclama, una multa de 49.500 euros y una sentencia que les declarara culpables de cohecho impropio.

Marcha atrás

La estrategia inicialmente marcada era la de que los cuatro imputados presentaran su escrito. Sin embargo, Camps dio marcha atrás y decidió no aceptar la culpabilidad y presentar su dimisión como presidente de la Generalitat. Tampoco Costa presentó asumió su culpabilidad, después de mostrarse reacio a esta opción, esperó a que lo hiciera Camps, momento que nunca se dio, pese a que su letrado sí llego a registrarlo, sin firmar por el encausado, en el TSJCV.

El TSJCV podría haber dictado ya una sentencia anticipada para Campos y Betoret. Sin embargo, el hecho de que no fueran los cuatro imputados quienes se acogieran a esta posibilidad provocó que el tribunal únicamente aportara a la documentación de la causa los escritos, pero no los tuviera en cuenta, ya que el artículo 50 de la Ley del Jurado, en cuya aplicación aún no existe una amplia jurisdicción, dice que se disolverá el jurado si las partes reclaman una sentencia de conformidad que ha de estar "suscrito por todas" las partes.

www.elpais.es 06.09.11

RAJOY DICE QUE CAMPS HA ACTUADO "CON GRANDEZA"

"En política, hay que tomar muchas decisiones. Cuando se conoce a la gente con grandeza es en los momentos difíciles. Y Camps lo ha hecho con grandeza. Ha estado a la altura de las circunstancias y es una persona que tiene futuro donde quiera". Así se acaba de pronunciar el máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, sobre la dimisión de Francisco Camps tras ser procesado por el caso Gürtel. Lo ha dicho en el Paseo de los Tristes de Granada, donde ha visitado al alcalde y al nuevo presidente de la Diputación.

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha instado a Rajoy a “tomar decisiones” tras la dimisión del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Blanco ha enmarcado, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la decisión de Camps en la cadena de dimisiones relacionada con la trama Gürtel.

  • El señor Camps está procesado. Va a haber un juicio ya, seguro, y no creo que haya ningún socialista en esas condiciones

Por su parte, Rajoy ha reforzado su estrategia de, una vez que Camps ha dimitido, ahora le toca el turno al PSOE por los casos Faisán, el supuesto aviso a ETA de una acción policial, y ERE, el fraude detectado en Andalucía con los fondos para expedientes de regulación de empleo y de los que se beneficiaron personas que no tenían derecho a ello.

"Una explicación de los superiores es lo mínimo. No puede ser que un responsable político no diga nada”, ha dicho en relación a la imputación de tres mandos policiales por el supuesto chivatazo y sobre el que el candidato del PSOE y ex ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se ha querido pronunciar esta mañana.

"¿Qué pasaría si en cualquier otro país europeo el jefe de la Policía estuviese imputado por colaboración con banda armada. ¿No tendrían que dar explicaciones sus jefes políticos? Pero aquí dicen que no saben nada", ha añadido.

“Lo mismo pasa con los ERE de Andalucía. Se han aprovechado de mucho dinero. Es necesaria una explicación política y una investigación en el Parlamento”, ha asegurado sobre el fraude andaluz que está en manos de la justicia, pero sobre el que no se ha aprobado la creación de una comisión en la Cámara regional.

También se ha referido Rajoy a la medida aprobada ayer por el Parlamento andaluz que pretende cambiar la norma para que los alcaldes no puedan ser diputados autonómicos. "La ley electoral es una regla de juego y debe ser pactada con el acuerdo de todos. No se puede cambiar por mayoría y menos en el último minuto. No tiene explicación que un alcalde pueda ser eurodiputado y no diputado en Sevilla", ha afirmado.

El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, se ha sumado al discurso de Rajoy y ha aprovechado para volver a reclamar el cese del presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, por el caso ERE. “Le exijo a Griñán que presente su dimisión porque en torno a él merodea la presunta prevaricación y la presunta malversación de fondos”.

El presidente de la Junta ha respondido a Rajoy y a Arenas desde Sevilla. "El señor Camps está procesado. Va a haber un juicio ya, seguro, y no creo que haya ningún socialista en esas condiciones". También ha destacado que, como ha manifestado Rajoy, "para el PP, Camps es un ejemplo".

Por último, Arenas también se ha referido a la propuesta para excluir a los regidores de la Cámara. “Es una gran cacicada echar a los alcaldes y hay que combatirla por tierra, mar y aire. Es una venganza por no haber ganado las elecciones municipales”.

Mientras, en Valencia, su alcaldesa, Rita Barberá, ha manifestado que Francisco Camps, "se ha fiado de quien no debía y se han aprovechado de él", algo que ha achacado a su "bonhomía" y a que tiene el "defecto" de que "se fía demasiado de demasiada gente", tal como ha explicado. Barberá mantiene su tesis y su posición y se ha mostrado "convencida, a título personal, de que Camps es inocente", a la vez que ha señalado que si se demuestra su inocencia en el juicio "será uno de los políticos más brillantes y con más futuro del PP". Ha destacado también que Camps es "una buena persona, honesta, honrada y trabajadora" que aúna "brillantez en la gestión política y bonhomía en su calidad humana", al tiempo que ha resaltado que "ha prestado un gran servicio al partido".

www.elpais.es 22.07.11

FABRA HEREDA UN GOBIERNO HECHO A MEDIDA Y UN PP DESCABEZADO

Cargos del partido ven con preocupación que el expresidente siga de diputado

La dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat el pasado miércoles, justo un mes después de jurar su cargo, fue ayer recibida con alivio por la sociedad valenciana, pero agrava la crisis política en la comunidad autónoma.

Cotino compara al líder dimitido con Galileo, "obligado a confesar"

El sucesor designado por Génova para sustituir a Camps al frente del Gobierno de la Generalitat y de la organización regional del PP, el actual alcalde de Castellón, Alberto Fabra, tendrá que gestionar una herencia envenenada, de la que se enteró el pasado miércoles mientras comía con su mujer. "Soy consciente de que estaba en las quinielas, pero uno no cree que pueda producirse", confesó ayer Fabra en Onda Cero.

Fabra parte con un serio problema de legitimidad, dado que no es el candidato que el PP presentó a los valencianos como presidente de la Generalitat. Sin embargo, esta situación no es nueva para él, ya que asumió la alcaldía de Castellón en 2005 tras la renuncia forzada de su antecesor José Luis Gimeno y no tuvo problemas para ser elegido en 2007.

Sin embargo, en esta ocasión, el escenario es mucho más complicado. Alberto Fabra asumirá ahora un Gobierno hecho a la medida de Camps, integrado fundamentalmente por tecnócratas y cargos intermedios del partido con los que ha tenido muy poca relación, en el mejor de los casos. Y además, en una situación de emergencia. Desde que estalló el caso Gürtel en 2009, la parálisis en la que han estado Camps y su Administración han impedido adoptar las medidas necesarias para afrontar la grave crisis económica y han dejado exhaustas las arcas de la Generalitat.

La situación en el PP valenciano no es menos compleja y ayer ya se notaron las primeras tensiones. En privado, se oyeron voces que reclaman que Camps renuncie a su acta de diputado y evite condicionar la gestión de Fabra. De hecho, el expresidente recibió elogios hiperbólicos de los suyos. El presidente de las Cortes, Juan Cotino, llegó a comparar en su blog a Camps con Galileo Galilei que, "aún teniendo razón, fue acusado, obligado a confesar y condenado a arresto domiciliario de por vida".

Fuentes del PP valenciano no ocultan su temor a que el expresidente pueda seguir influyendo en un grupo parlamentario y un Gobierno confeccionados a medida de Camps. "Es una locura que se quede", señaló un diputado. "Sería una situación muy incómoda", reconoció otro.

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, evidenció ayer públicamente su disgusto por no haber sido consultado sobre el sucesor de Camps. "Me enteré por la prensa, como Felipe González", confesó. Según fuentes populares, Rus, uno de los pocos referentes sólidos del partido, confía en que el futuro presidente ejerza una dirección más colegiada que Camps. En la estructura del PP en la provincia de Alicante, Fabra tendrá que superar el recelo de los propios campistas, que desconfían de un presidente de Castellón. Aunque los restos del zaplanismo, tras la defenestración de José Joaquín Ripoll como líder provincial, confían en que Fabra sea capaz de restañar las heridas internas. La exconsejera Gema Amor -hoy fuera del PP y clave en la gobernabilidad de Benidorm- señaló que "Fabra es un buen político que entiende a todas las sensibilidades del partido".

En Castellón, tras la retirada de Carlos Fabra y el nombramiento de Javier Moliner como presidente de la Diputación, el problema para Alberto Fabra es que ha pasado a ser el hombre fuerte de la provincia sin tener estructura propia en el PP.

www.elpais.es 22.07.11

EL SUSTITUTO DE CAMPS ESQUIVÓ LA TRAMA PERO SU SUCESOR APARECE EN LA LISTA DE OBSEQUIADOS

El futuro presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, hubo de dar explicaciones sobre su relación con la trama Gürtel, desde su puesto de alcalde de Castellón y líder del PP local, después de que en la documentación de las sociedades que lidera Francisco Correa aparecieran varios apuntes sobre la realización de servicios al "Grupo Popular Castellón" y al PP castellonense. La conclusión fue que el Ayuntamiento nunca contrató con la trama.

También hubo de responder por una foto en la que aparece, durante la celebración del ascenso del CD Castellón a Segunda división (ahora está en Tercera) junto a Álvaro Pérez, El Bigotes. El evento tampoco fue contratado por el Ayuntamiento.

Pero los dos primeros quiebros no bastaron cuando aparecieron los indicios de la presunta financiación irregular del PP valenciano, que también está en los juzgados. La supuesta financiación, según la instrucción, se realizó a través del endoso a cinco empresas de varias facturas que tenían que haber pagado los populares por los servicios prestados por una de las empresas de la trama, Orange Market. Tres de las cinco empresas, cuyos responsables están imputados, son importantes adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón. Los socialistas pidieron la creación de una comisión de investigación que analizara los contratos, Fabra no se amilanó y aceptó la comisión, la única admitida por el PP. La comisión se cerró con discrepancias pero con un dictamen claro: "No existe base argumental ni jurídica que permita sostener indicio alguno de implicación de una supuesta financiación irregular del PP a cambio de adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Castellón".

Lo que sí desveló el examen de la documentación fue que una de las empresas a las que se le atribuye la financiación ilegal, Piaf, facturó al Ayuntamiento más de 19 millones de euros al margen del contrato de mantenimiento, de 820.000 euros, que tiene con el Consistorio. Es decir, que facturó 19 millones, en siete años, por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria, ni una contratación reglada.

Alberto Fabra ha logrado esquivar cualquier implicación con la trama. De hecho, aunque aparece en el listado intervenido por la policía en Orange Market, en el que se detallan los cargos a los que la trama hacía regalos en Navidad, su nombre aparece con un "no" evidente. No ocurre lo mismo con el que será su sucesor en la alcaldía de Castellón, Alfonso Bataller, que aparece en el mismo listado, hasta en tres ocasiones y en las fechas en las que era subsecretario de la Consejería de Sanidad. Bataller aparece mencionado tres veces. En dos de ellas, junto a su nombre y la dirección de su puesto de trabajo, aparece un "OK".

www.elpais.es 22.07.11

LA SOMBRA DEL BIGOTES ES ALARGADA

LA SOMBRA DEL BIGOTES ES ALARGADA

Álvaro Pérez, El Bigotes, también rondó a Alberto Fabra, alcalde de Castellón y próximo presidente de la Generalitat valenciana. Así lo muestra esta imagen tomada el 27 de junio de 2005, en la que Fabra aparece con Marta Gallén, su número dos en el Ayuntamiento, celebrando el ascenso del Castellón a Segunda A con Pérez a su espalda.

www.elpais.es 22.07.11

RUBALCABA VE DETRÁS DE LA TRAMA DE LOS TRAJES UNA GRAN CORRUPCIÓN

El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiso ayer destacar que la causa de los trajes oculta una trama mucho mayor: "Gürtel es infinitamente más complejo y duro, han dimitido alcaldes, concejales, consejeros, el extesorero del PP, aquí hay un caso de corrupción muy grande", argumentó Rubalcaba durante una entrevista en la televisión pública catalana TV3.

El diputado socialista hizo ayer referencia a la estrategia de la dirección del PP de obligar a Camps a confesarse culpable. Para el exministro del Interior, la decisión de dimitir "es mejor" que la que le proponía el líder del PP de declararse culpable y quedarse. "Debió pensar, si me declaro culpable me tengo que ir, con lo cual prefiero declararme inocente y marcharme". Rubalcaba también afirmó que "el caso Gürtel y el caso Faisán no tienen nada que ver", y tildó de "dislate" que se le relacione con el chivatazo. De este modo respondió a la demanda del secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, que ayer le pidió que siga el ejemplo de Camps por haber "traicionado a la Guardia Civil y a la policía con su mayor enemigo, ETA", y le pidió que le diera "una chupadita al bote de la medicina que ayer tomó Camps".

En referencia a las palabras de Pons, el vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, afirmó que la "salida de tono" de Pons ha "sobrepasado todos los límites de la ética política y de la pura educación ciudadana".

www.elpais.es 22.07.11

EL PP DESTILA EUFORIA TRAS LANZAR LA DIMISIÓN DE CAMPS CONTRA RUBALCABA

Rajoy calla mientras su equipo pide la renuncia del candidato del PSOE por Faisán

Durante dos años, cuatro meses y un día, los que pasaron desde que EL PAÍS avanzó que la fiscalía implicaba a Francisco Camps en el caso Gürtel hasta que dimitió, el PP ha ido acumulando mucha presión interna. Cuando más tiempo pasaba, más evidente era el escándalo, más declaraciones absurdas protagonizaba Camps, menos comprensible se hacía para buena parte del PP que Rajoy no hiciera nada. Esa olla a presión se destapó el miércoles, cuando Camps dimitió, y después del enorme alivio, quedó la euforia.

Todo el PP, pero en especial la dirección que arropa a Mariano Rajoy, destilaba ayer una indisimulable euforia. Había división entre los veteranos sobre la forma de gestionar la crisis del líder, algunos se avergonzaban de que hubiera llegado hasta el extremo de aceptar mantener al primer presidente autonómico con antecedentes penales de la historia -esa era la consecuencia de declararse culpable- pero la política es un juego de resultados, y todos insistían en que el resultado es inmejorable.

La mayoría de los dirigentes insisten en que el caso Gürtel y la corrupción no tienen consecuencias electorales, como se vio el 22 de mayo. Pero sí creen que Camps era una piedra en el zapato que dificultaba la estrategia de Rajoy de hablar solo de economía y le daba una baza al PSOE para atacar la debilidad del líder a la hora de tomar decisiones. Muerto el perro, se acabó la rabia; así que el PP está convencido de que el camino de Rajoy hacia La Moncloa ha quedado despejado.

El jefe de la oposición, por su parte, mantiene su estrategia ocultista. Sigue huyendo de la prensa. Ayer llegó al extremo de no acudir al Congreso a votar nada menos que la mayor reforma de las pensiones de los últimos 25 años para no cruzarse con las cámaras. La semana pasada se perdió otra votación importante, el techo de gasto y la ley de víctimas del terrorismo. La palabra "ausente" cada vez se repite más en el listado de votaciones de Rajoy.

Su afán por esquivar a los periodistas no implica que no esté encima del caso Camps. Ha seguido la evolución al minuto y habló con el presidente valenciano varias veces, aunque nunca le pidió que se fuera. Y desde que dimitió, ha diseñado una estrategia para aprovechar esa buena noticia.

La dirección del PP puso en marcha ayer mismo, por todos los canales, ese plan que implica lanzar el cadáver político de Camps contra el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rajoy evita el choque con él, pero su equipo está concentrado en atacar todos los flancos posibles del que era, hasta que lo dejó, el ministro mejor valorado del Gobierno. Esteban González Pons tiró con artillería pesada: "Rubalcaba debería darle una chupadita al bote de la medicina que ayer tomó Camps". Y Soraya Sáenz de Santamaría remató: "Si Camps ha tomado esta decisión por tres supuestos trajes, yo espero que Rubalcaba y [Antonio] Camacho [nuevo ministro del Interior] actúen en consecuencia por colaboración con banda armada". Desde el PSOE contestaron inmediatamente que ni Rubalcaba ni Camacho están imputados en el caso Faisán, mientras Camps estaba procesado por cohecho.

González Pons tiró por extensión, y pidió la dimisión de José Antonio Griñán, el presidente andaluz, por el caso de los ERE, en el que tampoco está imputado. González Pons, Sáenz de Santamaría y Javier Arenas salieron a alabar el gesto de Camps y a insistir en su inocencia. Arenas y González Pons llegaron a decir que podrá volver a la política si es declarado inocente. Fuentes del PP explican que Rajoy podría ofrecerle algún puesto simbólico, pero en ningún caso volvería a la Generalitat ni tendría un cargo importante en un futuro Gobierno.

www.elpais.es 22.07.11

EL ARGUMENTARIO OFICIAL POPULAR FALSEA DATOS DEL PROCESO PARA ACUSAR AL PSOE

Los dirigentes del PP reciben cada mañana un argumentario breve con el asunto central del día, para que puedan responder ante la prensa. El de ayer, centrado en la dimisión de Francisco Camps, va incluso más allá de lo que se atrevieron a trasladar algunos dirigentes en sus intervenciones ante la prensa. De hecho, va tan lejos que falsea algunos datos sobre el proceso por cohecho impropio contra Camps. "La acusación está promovida por el Partido Socialista y la fiscalía del Gobierno socialista", llega a decir. Lo cierto es que la investigación inicial, dirigida por el juez Baltasar Garzón, se inició con una denuncia de un exconcejal del PP y fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Antonio Salinas, que fue nombrado durante el Gobierno de José María Aznar.

"Tras ser archivado, fue reabierto por orden expresa del Gobierno socialista a la fiscalía", insiste el argumentario. Los populares aseguran que María Teresa Fernández de la Vega ordenó a la fiscalía reabrir el caso. Sin embargo, la fiscalía estaba casi obligada a recurrir después de una enorme polémica por un archivo que contó con un voto particular de un magistrado conservador y fue decidido por un juez, Juan Luis De la Rúa, amigo de Camps. Además, fue el Tribunal Supremo, por unanimidad de cinco jueces, y no la fiscalía, quien decidió reabrir el caso en un durísimo auto contra el tribunal de De la Rúa.

El argumentario remata: el ejercicio de responsabilidad de Francisco Camps deja sin discurso al PSOE. El presidente Camps dimite en un ejercicio de responsabilidad y generosidad. "El PSOE debe explicar ahora por qué Bono, Chaves y Griñán no han dimitido todavía. Rubalcaba tiene que explicar por qué no ha dimitido por traicionar a la policía y a la Guardia Civil con el chivatazo a ETA".

www.elpais.es 22.07.11

EL PRESIDENTE NO ACEPTA LA PENA Y EL JUEZ LLEVARÁ ANTE EL JURADO A LOS CUATRO REOS

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Climent sentará en otoño en el banquillo ante un jurado popular a los cuatro acusados por el regalo de los trajes de la trama Gürtel, incluido el aún presidente Francisco Camps. Esto implica que también irán a juicio por cohecho impropio (que castiga a la autoridad que recibe dádivas aunque sea a cambio de nada) su exvicepresidente Víctor Campos y el exasesor de la Consejería de Turismo de esa comunidad Rafael Betoret.

Los vaivenes del miércoles de Camps sobre si aceptaba su culpa en el regalo de los trajes ha dejado en la estacada a Betoret y Campos, puesto que ambos (obedeciendo la estrategia del PP de que los cuatro reos aceptaran la pena y librar así a Camps del paseíllo judicial) se presentaron el miércoles en el tribunal y aceptaron que eran culpables de recibir regalos del jefe de la red Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. El más avispado fue el ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, otro de los acusados, que optó por no ir al tribunal a aceptar la pena si no lo hacía antes el propio Camps.

La mañana del miércoles fue especialmente tensa en el PP. Todo estaba previsto para que los cuatro reos fuesen al tribunal y aceptasen la pena para evitar el juicio. Betoret y Campos cumplieron. Pero Camps se reservó un as en la manga. Mandó a su abogado al tribunal con una carta de aceptación de culpa, pero incumplió la obligación legal de ir personalmente ante el secretario judicial y ratificarse en su contenido. Conclusión, el escrito no vale. Costa ni mandó carta ni fue. Ayer, Camps, tras su dimisión, envió de nuevo a su abogado al tribunal, pero con otro escrito en el que se opone a la pena. Al no haber unanimidad, finalmente el juez Climent sentará a los cuatro en el banquillo ante el jurado.

www.elpais.es 22.07.11

EL PP ABRE LA PUERTA A QUE CAMPS DEJE SU ESCAÑO COMO DIPUTADO

Blasco dice que el expresidente debe decidir "en los próximos días"

Mantener al dimisionario presidente de la Generalitat Francisco Camps presente o ausente, según si decide asistir o no a los debates, parece una perspectiva incómoda para el PP en las Cortes Valencianas. Pese a que Francisco Camps, según todos los indicios, quiere conservar su condición de diputado tras su dimisión como jefe del Consell el pasado miércoles, el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, abrió ayer la puerta a que abandone también su escaño. "Es una decisión personal", dijo Blasco, tras señalar: "Camps debe resolver su situación dentro del grupo parlamentario popular y esperamos que lo haga, en un sentido u otro, en los próximos días".

El expresidente acusó a portavoces de la oposición de usurpar sus puestos

A la pregunta de qué funciones desempeñaría el expresidente, el portavoz popular, que no ha recibido indicación alguna desde el Palau de la Generalitat, se limitó a responder: "Las funciones que estimemos desde el grupo y que él esté dispuesto a asumir en su responsabilidad como diputado". Blasco puntualizó que "a todos los efectos él es diputado y sigue siendo presidente en funciones de la Generalitat".

En efecto, Camps estará en funciones hasta el próximo jueves, cuando tome posesión del cargo Alberto Fabra. La fecha la decidió ayer la Junta de Portavoces de las Cortes tras las consultas de su presidente, Juan Cotino, con los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El calendario que inicialmente pretendía el PP, con el debate de investidura el lunes y la jura o promesa del presidente el miércoles, se vio ligeramente modificado porque la Coalició Compromís anunció que decidirá, en un Consell Polític que se celebrará mañana, si presenta o no candidato propio. Eso ha obligado a retrasar al martes, día 26, el pleno de investidura y al jueves, día 28, la toma de posesión. Compromís podrá, así, formalizar el lunes la presentación de un candidato que quedará inmediatamente descartado.

El mantenimiento del escaño tiene para Camps efectos judiciales, ya que su condición de aforado y la de Ricardo Costa hacen que el caso de los trajes, que lo ha llevado a la dimisión, se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia, pero también implica efectos políticos para su grupo y para su sucesor.Tanto a los motivos judiciales como a los políticos se refería ayer el portavoz socialista, Jorge Alarte -cuyo grupo reclama que sean apartados los diputados implicados en casos de corrupción-, cuando señaló que, antes de pronunciarse sobre la continuidad de Camps, le gustaría que explicara "las razones para no renunciar al cargo". "Ayer intentó decir por qué se va de presidente, hoy debería explicar por qué se queda de diputado", dijo Alarte.

La permanencia del expresidente como diputado, aunque su escaño quedara vacío en las sesiones parlamentarias, ofrecería a la oposición una referencia permanente para subrayar la continuidad de la etapa que se dispone a iniciar Alberto Fabra con la precedente y de los problemas de corrupción que han lastrado la política valenciana los últimos años.

Camps, además, en su resistencia numantina a asumir responsabilidades por los escándalos de corrupción, no dudó en atacar a la oposición poniendo en duda la legitimidad de sus portavoces. Así, en varios debates acusó al exportavoz socialista Ángel Luna de haber "usurpado el puesto" a Joan Ignasi Pla, que dimitió a finales de 2007. Según Camps, que afirmó que eso era un fraude a los electores, él era el único portavoz elegido directamente por los ciudadanos, ya que también Glòria Marcos fue apartada y dimitió más tarde. Como le replicó la diputada de Compromís Mònica Oltra, confundía la elección del presidente de la Generalitat, por toda la Cámara, con la de los síndics, que escogen sus respectivos grupos parlamentarios.

Ahora es el PP el que se ve en la tesitura de sustituir al candidato que presentó a las elecciones del 22 de mayo por otro diputado. Alberto Fabra llegará, así, a la presidencia de la Generalitat sin haber pasado por las urnas, como le ocurrió en 2005, cuando asumió la alcaldía de Castellón por primera vez tras la dimisión de José Luis Gimeno. Y eso ocurre con una legislatura prácticamente completa por delante.

El portavoz del PP, Rafael Blasco, negó que la condición de presidente sobrevenido sea un fraude al electorado o reste legitimidad a Alberto Fabra, cuya candidatura presentó ayer formalmente a la Mesa de las Cortes. "Todo se ha hecho dentro de la legalidad más escrupulosa", explicó. "Cualquier diputado puede ser presidente de la Generalitat. No hay fraude ni déficit de legitimidad".

"Ha sido una época muy convulsa y la verdad es que necesitamos normalizarla", dijo Alberto Fabra en declaraciones a Punto Radio, antes de "tender la mano" a todos los partidos "para volver a presentar una imagen de la Comunidad Valenciana fuerte y potente". Fabra reconoció haber hablado el miércoles con el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, sobre la posibilidad de trabajar conjuntamente para restituir la imagen de confianza en la Comunidad Valenciana.

www.elpais.es 22.07.11

BARBERÁ: ´CAMPS SE HA FIADO DE QUIEN NO DEBÍA´

La alcaldesa califica de "tsunami" y "trauma" la dimisión y no ve "nada grave" en las quejas de Rus

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy que el "defecto" del expresident de la Generalitat Francisco Camps, procesado en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel, ha sido que "se ha fiado de quien no debía y se han aprovechado de él".

Barberá, quien ha hecho estas declaraciones tras firmar en el aeropuerto de Valencia el convenio de creación del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas, ha añadido que Camps ha sido un president "brillante en su gestión política", una persona con "bondad humana", "honesto, honrado, íntegro y trabajador".

Según la alcaldesa, Camps "ha rendido servicios muy importantes" al Partido Popular, se ha visto "inmerso en un proceso que ha tenido importantes dosis de carácter mediático y político", y su defecto es "fiarse demasiado de demasiada gente".

Se ha mostrado convencida de que "el señor Camps es inocente" y, cuando esa inocencia se demuestre, será "uno de los políticos más brillantes y con más futuro del PP".

Barberá, que ha recordado que el president se ha ido tras ganar nuevamente las últimas elecciones autonómicas con mayoría absoluta, ha señalado que ese apoyo electoral "no borra responsabilidades, si las hubiera".

Ha dicho, además, que Camps "ha prestado el último servicio, y no quiere ser el menor obstáculo" para que Mariano Rajoy llegue a la presidencia del Gobierno.

Camps, de quien ha destacado su "gran fortaleza mental y anímica y un gran control de sus emociones", forma "parte importante" del proyecto del PP y del que encabeza Rajoy y al que ha contribuido "para que vaya adelante", ha afirmado.

La dimisión del president ha hecho "más fuerte" al partido porque, a su juicio, ha abierto un camino de dignidad para otros que tienen que rendir "muchas cuentas y muchas responsabilidades por su mala gestión".

"Saben cuál es el delito que se le imputa a Camps", ha dicho a los periodistas para afirmar que hay otros delitos "terribles" como el de "connivencia de la Policía con los terroristas", un caso en el que aún no se han producido dimisiones, ha apuntado en alusión al caso "Faisán".

Según ha recordado, en su primer mandato como alcaldesa un concejal dejó su cargo al "olvidarse" de incluir en la lista de bienes "una birria de acciones" de un aparcamiento de Valencia.

Por contra, "hay quien se ha olvidado de poner una hípica, por decir algo, y hay quien ha firmado cheques y cheques a empresas relacionadas con sus hijos, que han consentido ERE de cientos de millones de euros que eran mentira".

Estas personas tienen que tomar "responsabilidades ya" y seguir "la autopista de la dignidad" que ha enseñado Camps.

Preguntada por quién se ha aprovechado de Camps, ha zanjado que en alguna emisora de radio "lo han dicho muchas veces" pero no ha querido concretar más.

Ha hecho referencia que en el proceso judicial se ha invertido la carga de la prueba porque no era Camps quien tenía que sacar las facturas de los trajes sino "los otros que acusaban, los que tenían que sacar las facturas", como han dicho "dos ilustrísimas personalidades de la Justicia", uno de ellos el exrector y catedrático Gustavo Villapalos.

Barberá ha reconocido que la dimisión del president de la Generalitat ha sido un "tsunami" y un "trauma" y sus dos años "de sufrimiento", desde el inicio de la "causa de los trajes", han servido para algo: "Para cohesionarnos mucho más, fortalecernos y unirnos en torno a él".

Sobre su opinión respecto a las declaraciones del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, sobre cómo se produjo la dimisión de Francisco Camps y la posterior elección de Alberto Fabra como su sucesor, la alcaldesa ha calificado de "normal" que haya "alguna sensación discrepante" dentro del partido, pero que no lo ve "nada grave".

www.levante-emv.com 22.07.11

"¿SI SALIMOS AHORA NOS ESPERAN?"

El presidente valenciano dimite tras plantar en dos ocasiones al juez, que le esperaba para firmar su confesión

El despacho del ya dimitido presidente de la Generalitat, en el centro de Valencia, ha sido en los últimos dos días una olla a presión, llena de indecisiones, advertencias, consejos y, sobre todo, impotencia para salir de la vía muerta en la que Francisco Camps estaba metido desde que el 19 de febrero de 2009 se supo que estaba implicado en el caso Gürtel. En octubre de ese año fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, el encargado de comunicarle a Camps que había llegado la hora de prescindir de su mano derecha, Ricardo Costa, para atajar los escándalos motivados por las conversaciones con Álvaro Pérez, El Bigotes.

- Martes por la tarde. Rajoy llama a Camps. Federico Trillo, amigo personal de Camps, es el hombre que ha diseñado la estrategia del PP en el caso Gürtel y quien se reunió con el dueño de Forever Young para rebatir la versión del sastre José Tomás. Trillo, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino -también miembro del Opus Dei- y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron las personas que trataron de convencerle durante la jornada del martes de que tenía que mover ficha. Una llamada de Mariano Rajoy a Camps esa misma tarde-noche fue determinante. Camps pareció convencerse de que valía la pena asumir el coste de la condena y mantenerse al frente de la Generalitat. Solo había un obstáculo: su antiguo número dos, Ricardo Costa, era reacio a declararse culpable sin garantías de que iba a ser rehabilitado por el partido. Para evitar el juicio es necesario que los cuatro imputados asuman la culpabilidad. El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, deseoso de acabar con un pleito que lastra su vida apartada de la política, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret no ponían ninguna objeción.

- 23.00 del martes. Cospedal llama a Costa y le convence. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de desbloquear el acuerdo con Costa a las 11 de la noche del miércoles. Costa reclamó garantías al partido de que su sacrificio tendría compensación pero advirtió, según fuentes populares, que solo se declararía culpable cuando ya lo hubiese hecho Camps, del que ya no se fía.

- 8.20 de ayer. El plan está en marcha. Los abogados van al juzgado. El día amaneció con un sol plomizo, capaz de trastornar a cualquiera. Y los implicados en el acuerdo pusieron en marcha su plan. A las 8.20 Víctor Campos acudió acompañado de su abogado, Vicente Grima, y del letrado de Camps, Javier Boix al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ante el juez Juan Climent, presidente del tribunal con jurado designado para juzgar el caso de los trajes, los dos abogados presentaron el escrito de conformidad de sus representados con la condena más alta, solicitada por la acusación popular del PSPV-PSOE. Víctor Campos la firmó y, apenas una hora después, sin esperar a Camps, abandonó el tribunal.

- 9.30. A Camps le entran dudas. No va al juzgado. A las 9.30 el presidente valenciano ya había cambiado de opinión: tenía dudas y no pensaba acudir. ¿Y si se declaraba culpable y luego lo echaban? A las 10.30, mientras Rafael Betoret entraba en el TSJ para firmar su culpabilidad igual que Víctor Campos, los diputados tomaban sus escaños en el pleno de las Cortes Valencianas. Lo hizo Cotino, lo hizo Barberá, lo hizo Costa y todo el Gobierno, excepto Camps. Y la alarma empezó a crispar los rostros de los populares, pegados a los teléfonos móviles y blackberrys. A las 11.40 salió Betoret por una puerta lateral del TSJ y desapareció. Minutos después era el abogado de Camps, harto y hastiado de esperar a su cliente, el que dejaba el tribunal.

- 12.00. La presión crece. Al filo del mediodía el pleno se dio por concluido y Costa se marchó sin hacer declaraciones. Tampoco Barberá, mientras el socialista Jorge Alarte, la diputada de Compromís Mònica Oltra y la portavoz de Esquerra Unida Marga Sanz, empezaban a cargar con virulencia contra el escándalo que supondría un "presidente delincuente" si Camps asumía que se había dejado sobornar por una trama de corrupción.

- 14.10. Le convencen y llama al juzgado. El círculo de confianza de Camps decidió realizar el último esfuerzo para convencerle de que fuese al juzgado. Y a punto estuvo. A las 14.10 llamaron de Presidencia. "¿Si salimos ahora nos esperan?" El TSJ, que cierra a las 14.30 y ya había cerrado la puerta principal, volvió a abrirla. Se anunció la llegada de un coche oficial con Camps a bordo y dispuesto a declararse culpable.

- 14.35. Se arrepiente y llama para decir que no va. Fue un espejismo. A las 14.35 una nueva llamada anunció que no acudiría. Camps había cortado el nudo gordiano. Su honorabilidad, por encima de las pretensiones de Rajoy. Iría a juicio, aunque para ello tuviese que dimitir. Decisión que anunció públicamente a las 17.05.

www.elpais.es 21.07.11

DUDAS POR LA GESTIÓN DE RAJOY DE LA CRISIS

Hay una pregunta que se repite mucho en los pasillos del Congreso. La plantean sobre todo sus rivales, los que se sientan en la izquierda. Pero también la dejan caer en voz baja algunos de sus compañeros de la bancada popular. ¿Será capaz Mariano Rajoy de gestionar en el Gobierno las crisis constantes a las que se va a enfrentar y en 24 o 48 horas, como suceden últimamente la mayoría de los problemas en Moncloa, en especial la vorágine de los mercados?

Los marianistas creen que su jefe ha demostrado que es un 'killer'

Los marianistas más convencidos señalan que sí, que Rajoy siempre fue conocido cuando era ministro y después vicepresidente por su capacidad para resolver crisis. Pero tanto algunos compañeros como los rivales de la bancada de enfrente, a la vista de cómo resuelve sus problemas internos, creen que no, que se limitará a dejar pasar el tiempo. Eso puede valer en la oposición, dicen, pero no en el Gobierno. Insisten en que Rajoy no es un líder, es un segundo con mucha capacidad para "matar los problemas", como hizo con el Prestige, pero que siempre ha necesitado un número uno que tomara las decisiones, como era José María Aznar.

Su gestión de las crisis internas, en especial de las del caso Gürtel, ha animado a los pesimistas sobre sus posibilidades de ser un buen gobernante. La pésima imagen del esperpento valenciano alienta las críticas. Algunos incluso ironizan con la idea de una de las leyendas más conocidas de Francisco Franco, esa que cuenta que en su despacho tenía dos montones de papeles, en uno los problemas que el tiempo resolvería y en otro los que el tiempo no resolvería. Y claro, no se ocupaba de ninguno de los dos, porque era mejor esperar.

Los marianistas estaban ayer eufóricos. Sostienen que su jefe, una vez más, ha demostrado que es un killer y que acaba con los enemigos. Tarda mucho, admiten, pero todos acaban cayendo. Salvo Esperanza Aguirre, con la que ahora parece reconciliado.

Sus silencios a veces son cómodos. Como ayer, cuando en vez de ofrecer una explicación pública y aceptar preguntas, envió un comunicado, superando su propio límite. Pero a veces esos silencios buscan mantener toda la presión en su rival interno, esperar a que cometa errores y se vea obligado a rendirse. Tarde lo que tarde.

Sin embargo, muchos otros dirigentes, sobre todo los más veteranos, están obsesionados con una idea. No basta con vencer, algo que todos dan por hecho. Hay que convencer, ilusionar. Todos ven que Rajoy insiste en ganar todas sus partidas por agotamiento. Y eso, explican, en La Moncloa ya no vale.

www.elpais.es 21.07.11

CAMPS DEJA EN LA ESTACADA A LOS DOS ACUSADOS QUE AYER ACEPTARON LA PENA

Víctor Campos y Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán 49.500 euros

La negativa del todavía presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, a aceptar la pena y su anuncio de que quiere mantener intacta su honorabilidad y defenderse del delito de cohecho impropio que le atribuye el juez José Flors genera un batiburrillo procesal. Y su decisión, además, deja a priori a los pies de los caballos a dos de los acusados que estaban llamados a compartir banquillo con él por el caso de los 59 trajes y prendas que todos ellos habrían recibido de la trama Gürtel; la mayoría, del jefe de la red en Valencia, el "amiguito del alma de Camps", el hombre al que en una grabación policial confiesa querer "un huevo", Álvaro Pérez, El Bigotes.

Se enfrentan a una condena de la que se derivarían antecedentes penales

Pese a su reconocimiento, aún no está claro si se librarán del juicio

Los dos implicados que quedan en una situación comprometida son su exvicepresidente Víctor Campos y al exasesor de la Consejería de Turismo de Valencia Rafael Betoret. Ambos, ayer por la mañana, siguiendo la estrategia diseñada por el PP para librar a Camps del paseíllo judicial que se le avecinaba, se presentaron ante el juez del Tribunal Superior de Valencia que presidirá el juicio del caso de los trajes, Juan Climent, y le dijeron que aceptaban su culpabilidad y que pagarían la multa más grave de las que les piden las partes de ese proceso. Es decir, la suma de 49.500 euros (9.000 más que la Fiscalía Anticorrupción) por cohecho impropio que demanda el PSOE de Valencia.

El PP ideó que la única forma legal de evitar el paseíllo judicial de Camps previsto para otoño, después de que el juez Flors abriera juicio contra él, era que los cuatro implicados se conformaran con la pena. Betoret y Campos cumplieron el plan por la mañana. Pero por la tarde todo se fue al traste. Tenía razón el ex secretario general del PP Ricardo Costa, el cuarto acusado, en desconfiar y no precipitarse en ir al tribunal a aceptar la pena si antes no lo hacía Camps. Y acertó. Todos estos sobresaltos han propiciado que lo que debía ser un proceso judicial normal ante un jurado se haya complicado.

¿En qué situación quedan ahora Betoret y Campos? ¿Pueden ahora arrepentirse de haber aceptado la culpa ante el juez? Lo que hicieron ayer, salvo que el juez les permita retractarse, supone para ellos una condena firme de la que derivan antecedentes penales, aunque tampoco está claro si, pese a su reconocimiento, se librarán del juicio. Si el juez les deja arrepentirse y finalmente comparten banquillo con Camps en otoño, ¿cómo piensan convencer al jurado de que son inocentes tras haber reconocido justo lo contrario?

Todo esto tendrá que desmadejarlo ahora el juez Climent, el presidente del tribunal del jurado al que le ha correspondido la celebración del juicio. Para evitarlo, el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, a la que están sometidos Camps y los otros tres implicados en el caso de los trajes, considera indispensable que todos los acusados se conformen con la pena. Pero ahora resulta que dos lo han hecho (Betoret y Campos) y otros dos, no (Camps y Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia).

Según fuentes jurídicas, el tema es complejo y hay lagunas legales. Cabe la opción, señalan, de que el juez esquive para los que ya han aceptado la pena el proceso normal de la Ley del Jurado y, con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les dicte en los próximos días una sentencia condenatoria por la pena máxima que se les pedía, es decir, el pago de la multa que solicita el PSOE de Valencia, personado como acusación particular en el caso de los trajes. Si, por el contrario, el juez se ciñe a la Ley del Jurado, puede obligar a todos ellos (dado que no hay unanimidad en la aceptación de penas) a ir al juicio y que allí manifiesten si mantienen su aceptación de pena o se retractan. En este último caso, quedarían en una situación delicada, porque ya se encargarán el fiscal y los abogados de la acusación (el PSOE) de recordarles ante los ojos del jurado que ya en su día aceptaron su culpabilidad. Hasta que el juez no despeje las dudas procesales, lo único diáfano es que a Camps y Costa, que de momento son los que batallarán por su inocencia, se les aplicará la Ley del Jurado y se sentarán ante nueve vecinos de Valencia convertidos en jueces al menos durante la semana que puede durar la vista.

Otro paso que debe dar ahora el juez, según la ley, es elaborar "un auto de hechos justiciables". Es decir, definir el objeto del proceso, las pruebas y el delito al que las partes deben ceñirse, en este caso cohecho impropio -aceptar dádivas en función del cargo: dinero, pagos en especie o cualquier trato de favor-, para el que el Código Penal prevé penas de multa, no de cárcel ni de inhabilitación.

El cohecho impropio, el establecido para este juicio, se dirige contra la autoridad o funcionario que acepta dádivas a cambio de nada.

Después, hay que seleccionar a los miembros del jurado. Cada uno o dos años, los tribunales extraen del censo a varios miles de ciudadanos susceptibles de ser llamados a formar parte de un jurado. Inicialmente se cita para cada caso a 40 personas, que tras un proceso de selección y posibles recusaciones quedará reducido a 11 personas (9 titulares y 2 suplentes). Al final del juicio, el juez redactará una sentencia acorde con los hechos que el jurado haya declarado probados.

Pero para Costa y otros altos cargos del PP (y no cabe descartar que Camps al final también pudiera verse implicado) en el horizonte se sitúa otra de las variantes judiciales que ha destapado el caso Gürtel, la financiación ilegal del PP valenciano por parte de grandes empresarios de Valencia que recibieron sustanciosas contratas del Gobierno de Camps.

Dos leyes y un caso

- El artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el juez, antes de la vista, y si las partes se conforman con la pena y así lo manifiestan ante el secretario, que da fe, pueda eludir el desarrollo del juicio y dictar una sentencia condenatoria acorde con la culpabilidad admitida. A este artículo pueden acogerse los dos ex altos cargos valencianos que ayer reconocieron su culpa.

- El artículo 50 de la Ley del Jurado, en puridad la aplicable al caso de los trajes, también permite al juez, ya en el acto del juicio, disolver al jurado si los acusados se conforman con la pena más grave de las que les pidan.

www.elpais.es 21.07.11

UN LEGADO DE ESCÁNDALOS Y CORRUPCIÓN

El PP de la Comunidad Valenciana se encuentra implicado en múltiples tramas y sometido a investigación judicial por presunta financiación ilegal

Francisco Camps dimitió ayer como presidente de la Generalitat valenciana debido a su implicación en el llamado caso de los trajes, una de las vertientes del caso Gürtel. Este sumario incluye otra investigación que afecta de plano a otros cargos de los Gobiernos que Camps ha presidido desde el año 2003, así como a diversos integrantes de la cúpula del PP valenciano, que el presidente dimisionario ha dirigido desde poco antes de ser elegido por primera vez para presidir el Consell. Los jueces indagan una supuesta financiación ilegal del partido mediante un entramado de empresas.

El juez acusa a seis altos cargos populares por delito electoral

Pero ese no es el único legado de supuestas irregularidades de Camps al frente del PP valenciano. A la sombra del poder absoluto que le otorgaron las urnas, en las instituciones públicas en manos de los conservadores se ha sucedido una catarata de escándalos de corrupción que han puesto a los pies de los tribunales a destacados cargos populares, entre ellos, líderes de la envergadura como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y su homólogo en Alicante, José Joaquín Ripoll, o alcaldes de calado, como Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi en la alcaldía de Alicante, ahora diputado autonómico.

Las supuestas tramas que afectan al PP pivotan a la sombra del negocio del urbanismo y de las contratas públicas. El primer caso que hizo tambalear los cimientos del PP fue la imputación por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal del exlíder del PP de Castellón Carlos Fabra.

Después se han sucedido las imputaciones: el pasado 16 de junio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ratificó la imputación de la cúpula del PP regional por supuesta financiación ilegal del partido. El tribunal confirmó la imputación por delito electoral del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla; del ex secretario general del PP y diputado autonómico Ricardo Costa; de David Serra, vicesecretario regional; Yolanda García y Cristina Ibáñez, tesorera y administradora regional del partido, respectivamente. Y junto a ellos, el extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas.

La supuesta financiación ilegal del PP se recoge en sendos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales. La policía concluye que el PP se financió ilegalmente a través de varias constructoras, utilizando como tapadera a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, que constituía la cabeza de puente en Valencia de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Las empresas que hicieron los pagos fueron Facsa, Piaf, Sedesa, Lubasa y el empresario alicantino Enrique Ortiz.

La segunda trama de envergadura gestada a la sombra del Gobierno de Camps se descubrió en el caso Brugal, que investiga supuestos sobornos de empresarios a cargos del PP por negocios vinculados a la basura y el urbanismo en Alicante. En este sumario hay 25 imputados, entre ellos, Ripoll, y el empresario Ortiz. El fiscal también acusa a Castedo y Alperi.

Junto a los casos Gürtel y Brugal, otro escándalo de relevancia es el de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juez investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros. Un último sumario indaga obras ilegales en el jardín de Monforte de Valencia, adjudicadas a Ortiz, y en el que está imputado el concejal y diputado autonómico Jorge Bellver.

www.elpais.es 21.07.11

VALENCIANO: "RAJOY QUIERE QUE LA RENUNCIA SEA UN CORTAFUEGOS PARA EVITAR EXPLICACIONES"

Tras la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat valenciana, ayer hubo numerosas reacciones políticas. La directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, dijo que el líder del PP, Mariano Rajoy, "quiere que la renuncia sea un cortafuegos". "No solo en relación con las elecciones generales, sino para frenar la ola de esta trama de corrupción y evitar dar explicaciones", añadió.

También se refirió a Rajoy el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. Apuntó que el presidente del PP "envió" primero al coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, para "conseguir" que el presidente valenciano se declarase culpable en la causa de los trajes y después señaló en un comunicado que "confía en la presunción de inocencia de Camps". "Debe aclararse el señor Rajoy", comentó. Otro ministro, el de la Presidencia, Ramón Jáuregui, consideró que la dimisión de Camps es un acto "congruente, la consecuencia más lógica de admitir una responsabilidad penal". Jáuregui dijo que en lo personal le deseaba lo mejor.

Desde Valencia, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció que su grupo en las Cortes Valencianas facilitará la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y no presentará candidato, pero advirtió de que cambiar a las personas sin una "regeneración democrática" y sin cambiar las políticas, "no servirá de nada". Lamentó que la "historia" les haya dado la razón "después de dos años de caso Gürtel y el discurso "no realista" de Camps.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara manifestó su satisfacción por la dimisión y recordó la "defensa cerrada" realizada a lo largo de los últimos meses por Mariano Rajoy al político valenciano. A su parecer, "defendiendo a Camps, Rajoy realmente defendía la presunta trama de financiación ilegal del PP". En su cuenta de Twitter, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, se manifestó en línea similar. "Es una buena noticia para la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática", dijo, y añadió que el caso de Camps "es solo la punta del iceberg".

El grupo del PNV en el Congreso afirmó asimismo que Camps "hace mucho que tenía que haber dimitido" puesto que "la ética y el sentido común se lo exigían". La forma en la que Camps decidió irse "solo contribuye a seguir desgastando y perjudicando la maltrecha imagen pública de la clase política".

Crítico fue también el portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, quien tachó de "gravísima" la irresponsabilidad del PP por presentar a Camps en las listas electorales: "El daño a la democracia española ya está hecho". "Parece mentira que en un país tenga que haber un enjuiciamiento a un presidente para que al final tenga que dimitir", denunció.

La postura de los compañeros de partido de Camps fue totalmente diferente. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, lamentó que el político valenciano haya dimitido "por tres trajes que no le regalaron" y retó al candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que haga lo mismo por "traicionar" a la Policía y a la Guardia Civil en el caso Faisán. "Camps es un hombre honrado, lo he dicho muchas veces y lo sigo creyendo", señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La diputada del PP en el Congreso Celia Villalobos, mostró a Europa Press su desacuerdo con la decisión de Camps. "No había ninguna razón" porque es "inocente, inocente, inocente".

www.elpais.es 21.07.11

PRESIDENTE AL DESNUDO

Las imágenes que se creó el dimitido mandatario de la Generalitat valenciana se han derrumbado

Uno de los libros que más han marcado a Francisco Camps es Tiempo de silencio, del psiquiatra Luis Martín-Santos. Lo confesó en una recepción navideña ante un grupo de periodistas, tratando de aparentar normalidad mientras ardía por dentro. Camps había aprendido que el silencio no consistía solo en callar, sino que tenía otra expresión no menos feroz: el monólogo interior, uno de los procedimientos narrativos con los que Martín-Santos innovó el panorama literario español.

Mariano Rajoy le ayudó a llevar su deriva hasta el paroxismo

Con los adversarios ha excedido los límites sin ningún complejo

Durante los dos últimos años, con los jueces en los talones y su cartel de presidente honrado arrugado, esas dos expresiones del silencio han sido el mástil que le permitía navegar mientras la realidad zarandeaba su nave. Camps ha vivido en un mundo paralelo que no solo ha sido producto de su imaginación. Le ayudó sobre todo Mariano Rajoy, que le permitió llevar su deriva hasta el paroxismo. Pero también sus preceptores: Juan Cotino y Rita Barberá, que le han estado haciendo creer que de este laberinto se podía salir por la puerta grande. Ayer, esas dos expresiones entraron en contacto y se pusieron incandescentes como un filamento de tungstato antes de fundirlo.

Camps, pese a su tenebroso fondo de armario, quedó ayer desnudo ante sí mismo. Había llegado a la presidencia de la Generalitat en 2003 para moralizar la institución después de los sospechosos años de Eduardo Zaplana y ahora sale de ella apestando a corrupción. Y no solo por el hedor que le ha impregnado Gürtel, que se le metió hasta la médula de su casa y la farmacia de su esposa, Isabel Bas. Bajo su mandato, además de esta trama, que salpica a la cúpula del PP valenciano, también han engordado los casos Fabra y Brugal o el saqueo de la empresa pública Emarsa, en la que el juez investiga el pago de 15 millones por trabajos no realizados.

Tampoco ha sobrevivido la imagen de hombre afable, tolerante y liberal que ha intentado transmitir estos años. Camps se ha demostrado como un hombre implacable de partido que ha preferido la fulminación a la integración. Ha logrado la unificación del partido en la Comunidad Valenciana con mano dura, a costa de aplastar el zaplanismo y marginar a los herederos de Carlos Fabra.

Pero si ha sido implacable con los suyos, con los adversarios ha excedido los límites sin ningún complejo. Dejó frío el hemiciclo el día que recuperó el lenguaje de la Guerra Civil ante el acoso parlamentario al que lo sometía la oposición. Le espetó al entonces portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, que lo que lo que les gustaría a los socialistas sería recogerlo en una camioneta al amanecer y que luego lo encontraran en una cuneta. Incluso en privado se refería a ellos como "las hordas marxistas".

En ese sentido, Camps mantuvo una gran sintonía con el difunto arzobispo Agustín García-Gasco, azote de Zapatero y considerado por los sectores progresistas de Iglesia valenciana como un obsoleto nacional-catolicista. Nunca como en los ocho años de Camps al frente del Consell, la Iglesia ha obtenido tantas prebendas de la Administración valenciana. En virtud de esa cordialidad, Camps involucró a la Generalitat en la organización y financiación de la visita del Papa a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, en 2006, parte de cuya gestión está siendo investigada por los tribunales porque de los 14,5 millones de euros que Canal 9 adjudicó para cubrir ese acontecimiento, sin mediar concurso, más de la mitad fueron para una empresa tapadera de la trama Gürtel.

Camps también había llegado al Palau de la Generalitat tocado con el yelmo dragonado de Jaime I. Para ello se leyó el libro gordo del padre Robert Ignatius Burns sobre el monarca y acomodó su agenda a la estela del conquistador, cargando de significado y solemnidad cada acto que protagonizaba. Sin embargo, esa imagen también se le ha estropeado en el transcurso de su mandato. Una de las primeras medidas de la legislatura que no terminará fue liquidar la Ley de Uso y Enseñanza, una norma nacida del consenso en 1983 y que ha servido para encauzar la enseñanza del valenciano sin fricciones.

En estos años ha reducido, asimismo, su valencianismo primario y expansivo a un victimismo irritante contra el Gobierno central, que ha explotado en todos sus frentes hasta la extenuación. Con Camps, la afirmación de la Comunidad Valenciana se ha producido más en la confrontación que en la puesta en valor de sus capacidades y posibilidades. El abuso de ese discurso ha forjado la imagen de una Generalitat reducida a organismo subalterno y menesteroso (incapaz de lograr sus prestaciones sin un Gobierno central del mismo color) que tuviera más responsabilidad que pedir y quejarse.

Y lo más grave: todos lo que no se ajustaran a ese concepto no eran valencianos, sino enemigos de la Comunidad Valenciana. Todas las imágenes que Camps se ha creado para su propio escaparate se derrumbaron ayer ya solo perviven en la pantalla de Canal 9.

www.elpais.es 21.07.11

EL "AMIGUITO DEL ALMA"

Los silencios y críticas del PP a las informaciones de EL PAÍS sobre la trama valenciana de la red Gürtel  

Algo más de dos años han pasado desde que EL PAÍS -en medio de fuertes presiones y el silencio inicial, cuando no críticas de los medios afines al PP a su labor informativa- empezó a tirar de los hilos de la mayor trama de corrupción que sacude España desde el advenimiento de la democracia.

Una red con epicentro en Madrid -dirigida por Francisco Correa- y con su mayor tentáculo corrupto fuertemente anidado en la Comunidad de Valencia. Desde el primer momento, el PP arremetió con fiereza contra este periódico, descalificando o restando valor a las informaciones, la mayoría exclusivas, que iba ofreciendo EL PAÍS sobre la podredumbre que afectaba al Gobierno y al partido de Camps en esa comunidad. También puso a caldo a los jueces y fiscales que investigaban la trama. Camps, por su lado, se limitaba a tachar de falsas e insidiosas, sin más, las informaciones que le concernían. Así lo dijo, por ejemplo, cuando este diario empezó a describir el evidente trato de favor (40 contratas a dedo) de su Gobierno y el PP a la empresa Gürtel Orange Market. Y se hartó de afirmar, incluso con sonrisas, que apenas conocía a Álvaro Pérez, el ya famoso El Bigotes.

Pero aquellas sonrisas públicas de aparente indiferencia se desvanecieron un 23 de abril de 2009. La portada de El PAÍS daba en exclusiva ese día una información que le desmentía totalmente, y que revelaba, no ya amistad, sino la estrechísima relación que le unía a El Bigotes. Este periódico reproducía dos conversaciones que figuraba en el sumario de Gürtel entre Camps y El Bigotes y entre este y la esposa del presidente valenciano, Isabel Bas. Interceptadas por la policía bajo mandato judicial, en una de ellas Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes y, aparte de confesarle que le quería "un huevo", le emplazaba a verse ambos "para hablar de los nuestro, que es", definía Camps, "muy bonito".

Aquella primicia informativa fue un punto de inflexión en el caso Gürtel. Los medios afines al PP, en lugar de investigar los trapos sucios que iba aflorando este periódico, se limitaban a descalificar las informaciones tachándolas, sin pruebas, de "filtraciones"; otros medios, en cambio, aunque con tibieza, empezaron a hacerse eco del asunto. Y es que aquella conversación era muy reveladora no solo de la amistad que unía a ambos; también fue una clamorosa evidencia de la retahíla de dádivas con los que la red Gürtel tenía sobornados a decenas de altos cargos del Gobierno valenciano, empezando por el propio Camps y su familia. En esa grabación, Isabel Bas, la esposa del presidente, decía a El Bigotes sobre los regalos que le había hecho a ella y su hija una navidad. "Con el mío, te has pasado 20 pueblos".

Pero aún entonces seguía escondida mucha corrupción. E iban decreciendo los recelos a los autos del juez Garzón (primer instructor del caso Gürtel) que apuntaban que Camps había podido cometer un cohecho por aceptar regalos de trajes de la red. Terrible era la campaña del PP contra este juez cuando El PAÍS, en marzo de 2009, publicó una entrevista con José Tomás, el sastre que confeccionaba los trajes de Camps. Tomás aseguró que lo trajes del honorable se los abonó la red Gürtel. Camps zanjó que era mentira y que los había pagado él de su bolsillo. Hace tan sólo unos días, admitió finalmente, a través de su abogado, la posibilidad de que se los hubieran regalado. Pero, además, no eran tres simples trajes, como trató de hacer ver el PP. El sumario revela que son 12, entre otras prendas, valorados en 14.000 euros.

Otra de las noticias que adelantó El PAÍS y que cayó como un jarro de agua fría en Valencia, fue el espectacular saqueo que hizo la trama Gürtel con la visita del Papa en 2006. La televisión pública Canal 9, dependiente de Camps, pago siete millones por las instalaciones visuales y acústicas para la retransmisión del evento. La mitad se lo quedó la red en comisiones. Y no solo eso, El PAÍS avanzó también cómo el PP valenciano, a través de la empresa de El Bigotes, se financiaban con dinero que proporcionaban bajo cuerda grandes empresas valencianas adjudicatarias de suculentas contratas públicas. La dimisión ayer de Camps revela que El PAÍS nunca fue descaminado.

7 de febrero de 2009

El juez Garzón destapa una trama de corrupción vinculada al PP. Detenido el cabecilla, Francisco Correa.

19 de febrero de 2009

La Fiscalía Anticorrupción halla indicios de que Francisco Camps está implicado en la trama de corrupción

6 de marzo de 2009

Garzón desvela sobornos al presidente valenciano y altos cargos. La trama les regaló 30.000 euros en trajes.

15 de marzo de 2009

El sastre José Tomás asegura que la red Gürtel pagaba los trajes de Camps con billetes de 500 euros.

23 de abril de 2009

Una conversación entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, desvela la intensa amistad entre ambos.

23 de abril de 2009

"Amiguito del alma", es alguna de las expresiones que usa Camps para referirse a Álvaro Pérez, El Bigotes.

11 de octubre de 2009

Las grabaciones de la trama evidencian el poder que la red de Correa tenía en Valencia.

16 de octubre de 2009

La red Gürtel también sacó tajada del viaje del Papa a Valencia. Correa cobró un millón de euros en comisiones.

4 de abril de 2010

El sumario del caso destapa que nueve cargos populares defraudaron hasta 3,8 millones de euros.

Las mejores perlas de Rajoy en defensa de Camps

Desde que estalló el caso de los trajes, Mariano Rajoy, líder del PP, ha multiplicado sus declaraciones en defensa de Camps.

- "Camps es un político honrado, que se encuentra en un estado de indefensión". (febrero de 2009)

- "Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes"- (abril de 2009)

- "Paco, estamos contigo como siempre, y la historia será una historia feliz. Y nos vamos a llevar una alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI que no tienen razón ni corazón". (mayo de 2009).

- "Querido Paco, yo creo en ti, en lo que haces. Te he visto actuar muchas veces. La inmensa mayoría de los españoles creen en ti, siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual". (junio 2009)

- "La pena por el cohecho impropio son 2.500 euros. Es evidente que Camps lleva cuatro meses pagando una pena mucho mayor, y la pena de banquillo es aún mayor que esos 2.500 euros. Pero yo soy hijo de juez y creo en la Justicia". (julio de 2009)

- "Camps no me ha mentido, mantengo en Camps el mismo nivel de confianza que en los años que he sido presidente del partido. Mi voluntad es que sea presidente y vuelva a ser candidato a la Generalitat" valanciana. (octubre de 2009)

- "Todos los imputados [ex alcaldes implicados en el caso Gürtel] han abandonado sus cargos [...] Si hay nuevas imputaciones, el PP actuará de la misma manera". (abril de 2010)

- "Voy a apoyar a Camps y va a ser el candidato del PP en las elecciones en Valencia, porque usted comprenderá que eso de los tres trajes, yo no me lo creo". [...] Diga la Justicia lo que quiera. La Justicia no va a condenar al señor Camps". (mayo de 2010)

- "Dije que no iba a acabar con la carrera de Camps solo por los trajes, y lo mantengo, yo no doy bandazos". (febrero de 2011)

- "La dimisión es un ejercicio de ejemplaridad política". (comunicado emitido por el líder del PP, Mariano Rajoy, tras la dimisión de Francisco Camps, ayer, 20 de julio de 2011).

www.elpais.es 21.07.11

JUAN COTINO COMPARA A CAMPS CON GALILEO GALILEI

El presidente del Parlament valenciano ve el proceso como algo "absolutamente menor" y cree que "es inocente"

Para Juan Cotino, miembro del Opus Dei y presidente del Parlament valenciano, Francisco Camps es lo más parecido al Galileo Galilei del siglo XXI. 

Tal y como explica Cotino en su blog, en referencia a la acusación de herejía a Galilei por decir que la Tierra se movía alrededor del Sol, "la historia nos ofrece ejemplos de injusticias y de personas humildes y sacrificadas por sus ideas que sólo el tiempo les da la razón". Uno fue Galilei y otro, para el presidente del Parlament valenciano, "Paco Camps".

Camps dimitió ayer de su cargo como president de la Generalitat valenciana tras la decisión del juez Flors de procesarle por un supuesto delito de cohecho impropio al recibir trajes de la trama Gürtel. "Un tema absolutamente menor", escribe Cotino, "del que todos sabemos que es inocente".

Pero Juan Cotino no se queda en Galileo a la hora de hacer comparaciones con Camps. También tiene un hueco para Adolfo Suárez. "Hay hombres que pasan a al Historia por su dimisión a favor del bien común, y en esta etapa democrática en nuestro país hay dos personas al menos que así lo han hecho: el President Camps y el Presidente Suárez".

No deja de ser curiosa además la fotografía de Camps que elige Cotino para ilustrar esta última entrada: una del periódico Las Provincias, que ayer, junto a RTVE, denunció que la Presidencia de la Generalitat impidió que retransmitiese en directo la dimisión del dimitido Camps.

www.publico.es 21.07.11

UN PRESIDENTE NI GRIS NI BRILLANTE

El bagaje de Alberto Fabra en la alcaldía de Castellón no deslumbra

Nacido en 1964, Alberto Fabra cursó estudios de Arquitectura técnica en Valencia. Casado y con dos hijos, se afilió a Alianza Popular en 1982 y, ya como miembro del PP, en 1991 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Castellón, donde ocupó las áreas de Juventud, Medio Ambiente, Servicios Públicos y Urbanismo, hasta que en 2005 dio el salto a la alcaldía, apadrinado por Carlos Fabra, que forzó la renuncia del entonces alcalde, José Luis Gimeno. Fue un golpe del entonces presidente de la Diputación y del PP en la provincia de Castellón, que sustituyó a Gimeno, con quien siempre había mantenido notables diferencias, por Alberto Fabra, a quien proclamó como nuevo delfín.

De carácter afable y trato correcto no se ha distinguido por su gestión

Heredó una ciudad con pleno empleo y la deja con una tasa de par del 25%

Los Gobiernos de Camps no han cumplido los pactos con Castellón

Fabra ha exigido a Zapatero el corredor mediterráneo y los accesos al puerto

Desde entonces, el alcalde favorito de Fabra ha logrado dos victorias por mayoría absoluta en el Consistorio, aunque con una sensible pérdida de votos respecto a su predecesor.

De carácter afable, trato correcto e incluso cercano en ocasiones, no se ha distinguido sin embargo por su gestión ni por el cumplimiento de sus compromisos electorales. Heredó una ciudad con pleno empleo y la ha dejado con una tasa de paro superior al 25%.

No ha conseguido concluir la ronda de circunvalación, prometida por el Partido Popular desde 1991, ni el nuevo Ayuntamiento, ni la línea del transporte público TRAM. Este proyecto se ha convertido en uno de los caballos de batalla del hasta ahora alcalde de Castellón, quien anunció que el pasado mandato estaría conectada la línea del bus guiado entre la Universitat Jaume I y el Grao de Castellón. En cambio, solo está concluido un pequeño tramo entre la UJI y el Parque Ribalta, mientras que se encuentra en obras la plataforma reservada en la avenida del Mar. Falta por resolver toda la conexión del bucle por el centro de la ciudad, que es el que presenta los problemas más graves y mayor complejidad. De momento, ni siquiera hay fecha para el inicio de los trabajos.

El problema del intenso tráfico en una ciudad caótica tampoco ha sido resuelto por Alberto Fabra, a pesar de los diversos planes de choque presentados. El único aspecto positivo en el haber de Fabra en este asunto ha sido la implantación del Bicicas o servicio de préstamo de bicicletas, que ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios.

El urbanismo, a pesar de su formación y experiencia, tampoco ha sido el punto fuerte de Alberto Fabra, ya que el Plan General de Ordenación Urbana fue anulado por el Tribunal Supremo, y mantiene litigios con asociaciones vecinales por el planeamiento urbano. De hecho, la asociación de vecinos Mestrets ha llevado al Supremo la decisión de Alberto Fabra de cargar en los terrenos de unos pocos propietarios el suelo dotacional que correspondía por la ejecución de varios de sus proyectos "estrella" como el Centro de Convenciones de Calatrava, el nuevo rectorado de la VIU del arquitecto Frank Gehry o la ejecución de más de 3.000 viviendas protegidas. Ninguna de estas promesas se ha materializado todavía.

Otro proyecto que tampoco ha visto la luz ha sido la Ciudad de Las Lenguas, prometida desde 2005 y que debe construirse en los terrenos del aeródromo de Castellón, frente a la fachada marítima.

Tampoco ha destacado Alberto Fabra en política social, porque 10 años después de que fuera anunciado el proyecto, aún no ha sido abierto el centro Gran Vía para dependientes, que debe dar servicio a 268 personas entre pacientes de Alzheimer y enfermos de daño cerebral sobrevenido u otras enfermedades mentales. Las instalaciones fueron concluidas hace ya dos años, pero la Generalitat las mantiene cerradas por falta de presupuesto, y han sido escasas las ocasiones en las que Fabra ha reclamado con energía al Consell su puesta en marcha. Sin embargo, el Gobierno de Camps no cumplió muchos de sus compromisos con la ciudad de Castellón.

El hasta ahora alcalde también ha fracasado a la hora de iniciar los proyectos conjuntos con la UJI del Edificio de Hacienda, cuya propiedad cedió el Estado, o el antiguo palacio de Justicia de la plaza del Juez Borrull, que iban a ser aprovechados por los universitarios, asociaciones de vecinos y delegaciones de las consejerías. Durante su último mandato también ha recibido críticas de los colectivos vecinales por subir los impuestos por encima del IPC real a pesar de la situación de crisis.

Alberto Fabra tuvo también la oportunidad de retirar la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco y a otros seis cargos franquistas, pero votó en contra en los dos plenos en los que se solicitó.

"Ni gris ni brillante", con "escasa iniciativa" y un discurso "poco profundo" según coinciden tanto muchos sus defensores como la mayoría de sus detractores, se ha caracterizado durante el último mandato por mostrarse reivindicativo ante el Gobierno central a cuenta del AVE, el Corredor Mediterráneo, los accesos sur al puerto o el desvío de la N-340, pero su nivel de exigencia ha sido prácticamente nulo con la Generalitat. Siempre a la sombra de Carlos Fabra, le ha defendido públicamente en reiteradas ocasiones cuando se conocieron sus imputaciones judiciales por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, o si ha surgido alguna novedad sobre el proceso. Incluso después de anunciar su retirada, el todavía presidente provincial del Partido Popular fue tentado después de las pasadas elecciones por Alberto Fabra para que formara parte de la actual Corporación como concejal no electo por Castellón. Alberto Fabra dijo entonces que la participación y experiencia de Carlos era "fundamental" para luchar contra la crisis gracias a sus "contactos" con otras Administraciones, o su capacidad para atraer "inversiones" y "generar empleo". Carlos Fabra acabó rechazando la oferta, alegando que todo había sido "una broma".

Ungido por el todavía presidente provincial del PP como candidato, Alberto Fabra es diputado autonómico por Castellón desde 2007 y, desde 2009, coordinador general del PP valenciano. Alberto Fabra ha designado como sucesor en la alcaldía de Castellón al vicealcalde Alfonso Bataller, que es el número cinco en la lista del PP y carece de experiencia alguna en la gestión municipal o de peso orgánico en el partido. La incorporación de Bataller no fue casual, según fuentes del Partido Popular. Hace semanas Alberto Fabra comentó a empresarios y allegados la posibilidad de sustituir a Camps, y ha querido contar con aquél para el relevo en la alcaldía.

www.elpais.es 21.07.11

CANAL 9 NAUFRAGA MIENTRAS TEJE INFORMATIVOS A LA MEDIDA DEL PP

La televisión ocultó la implicación de Camps en la trama de corrupción

La televisión valenciana ha sido para el ahora expresidente de la Generalitat Francisco Camps una prolongación de su Gobierno y de su partido. Así quedó claro, tanto de forma simbólica como en la práctica diaria, cuando en junio de 2004 puso de director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a Pedro García, hasta entonces secretario autonómico de Comunicación en Presidencia, y que convirtió a la televisión en su principal herramienta de propaganda. Y así ha vuelto a quedar cuando la maniobra ha sido inversa, cuando hace un mes nombró consejera de Turismo y Cultura y portavoz del Consell a Lola Johnson, hasta el momento directora de Canal 9 y responsable directamente de los informativos. El mensaje parece claro, si le sirven en su Gabinete valen para la tele y si le sirven en la tele valen para su equipo.

La deuda de la tele es de 1.300 millones y la audiencia ha caído al 5,6%

La censura de ayer a todas las televisiones, a las que impidió la emisión en directo de su dimisión, tal y como ayer denunció la Unió de Periodistes Valencians, es solo una vuelta de tuerca más. Era claro que en un día convulso y con muchos focos informativos perjudiciales para el PP, la televisión pública no iba a informar. El siguiente paso era impedírselo al resto de cadenas.

De hecho, Canal 9 ha ocultado, o en su caso relegado, minusvalorado y suavizado, la gravedad de las acusaciones que estos dos años y medio han salpicado a Camps. Y sigue haciéndolo de forma cotidiana. Tras la marcha de Johnson, la tónica ha sido la misma con Luis Redondo como responsable de la cadena. La manipulación de los informativos ofrece casos clamorosos, como cuando el pasado viernes relegó la información sobre la apertura de juicio a Camps hasta el minuto 19 de su informativo. Una noticia, la de que Camps tendría que sentarse en el banquillo, que abrió informativos en toda España, se despachó sin mencionar al presidente. O cuando saca conclusiones disonantes como que los peritos del caso aseguran que es imposible afirmar que el presidente no pagó los trajes.

Una fórmula con la que Camps no solo pretende aislar informativamente a los valencianos sino que le aísla a él mismo, que ha declarado que los de Canal 9 son los únicos informativos que sigue. Incluso al parecer solo se fía de periodistas como Isabel Durán, Mamen Gurruchaga o Iñaki Zaragüeta, habituales tertulianos de programas de debate de la cadena como DBT, y que hasta han comido reiteradamente en el Palau de la Generalitat antes de acudir al plató de Canal 9.

Y mientras las denuncias de manipulación de la oposición y hasta de los sindicatos en RTVV se han multiplicado, Camps ha dejado que la televisión se fuera hundiendo. Desde que el PP alcanzó el poder en 1995, la deuda del ente se ha multiplicado por 40, hasta sumar unos asfixiantes 1.300 millones de euros (257 por cada valenciano). Cuando Camps llegó a la Generalitat hace ocho años, Canal 9 debía 501 millones. Y sin visos de mejorar. A falta de los datos de 2010, que RTVV todavía no ha facilitado, el año 2008 se saldó con unas pérdidas de 211 millones y 2009 con otros 278. Mientras, la plantilla no ha dejado de crecer hasta alrededor de 2.000 empleados, según los sindicatos, mediante designaciones a dedo de trabajadores afines al PP.

Sobre el naufragio de la tele, las cifras de audiencia hablan por sí solas: si en 2003 era del 18,2%, en mayo pasado cerró con un mínimo histórico, el 5,6%.

www.elpais.es 21.07.11

CAMPS DEJA LA GENERALITAT PARA DEFENDER SU INOCENCIA 

Camps deja la presidencia de la Generalitat. "Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", ha dicho al abandonar el cargo por su implicación en la causa de los trajes. El presidente valenciano ha afirmado en una comparecencia en el palacio de la Generalitat que se presenta como víctima de una "campaña" personal. "Me voy con menos de lo que vine", ha asegurado Camps, quien también se ha declarado inocente en el caso que investiga su relación con la trama Gürtel. 

Francisco Camps, que ha hablado delante de todos los miembros de su Ejecutivo, ha anunciado también, en la Junta directiva regional convocada esta tarde, su dimisión como presidente del PP valenciano, que ha elegido por aclamación a Antonio Fabra, actual alcalde de Castellón, nuevo líder regional y sucesor de Camps al frente de la Generalitat. Su nombramiento, de todas formas, tendrá que ser ratificado por las Cortes. 

El presidente saliente ha defendido al final de su comparecencia, en la que no ha admitido preguntas ni retransmisión en directo, a su formación política. "El PPCV es el mejor partido de España", ha dicho antes de dar las gracias por el título de Molt Honorable (tratamiento del presidente de la Generalitat). 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha calificado de "muy dura" la decisión de Camps y, en un comunicado difundido justo después del anuncio, ha asegurado que ha sido adoptada "pensando en el beneficio de las instituciones y de los ciudadanos de su comunidad". Además, según Rajoy, esta opción "no prejuzga en absoluto su presunción de inocencia, ni menoscaba su ejecutoria intachable al frente de la Generalitat que los valencianos acaban de revalidar democráticamente".  

"Su renuncia", prosigue el líder del PP, "no empaña ni contradice la opinión que siempre he tenido de Camps y su honorabilidad; opinión que claramente comparten la mayoría de valencianos, como se acaba de poner de manifiesto en las elecciones del pasado mes de mayo. Antes al contrario, creo que supone un ejercicio de responsabilidad y de ejemplaridad políticas que le ennoblecen". 

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE, ha asegurado en cambio que Rajoy "sabía que Camps había mentido" y ha hecho referencia a las maniobras de la dirección nacional del partido para que dimitiera antes del inicio de la campaña electoral y al papel de negociador desempeñado por Ricardo Costa. "Luego ha intentado que se declare culpable y ahora vuelve a decir que es inocente", ha agregado antes de acusarle de  operar "como cortafuegos" de la "profunda" trama Gürtel y le ha advertido de que tras la dimisión de más de 20 altos cargos del PP, es él el que debe dar explicaciones. 

La dimisión del presidente de la Generalitat deja ahora en el aire el pacto que habrían alcanzado todos los procesados en la llamada "causa de los trajes" para aceptar los hechos, pagar la multa y evitar así el juicio por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret han firmado esta mañana la conformidad; sin embargo, la dimisión de Camps y su afirmación de que se siente "liberado" para defenderse "donde corresponda de estas infamias y estas insidias", hace pensar que el presidente no aceptará la conformidad.

La renuncia de Camps se produce después de que el pasado viernes el juez José Flors, instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la llamada causa de los trajes y que ha encontrado indicios de un delito de cohecho impropio en la actuación del dirigente popular, dictase un auto que confirmaba que el jefe del Consell se sentaría en el banquillo. La decisión conllevaba la estampa de ver a la máxima autoridad autonómica declarando ante un juez en otoño, coincidiendo con la precampaña de las generales, en el escenario de un eventual adelanto. 

Desde el viernes, el presidente había suspendido todas sus comparecencias oficiales. Se esfumó tras conocer el auto y dejó la carga de sus comparecencias en la portavoz de su Gobierno, Lola Johnson. El líder del PP, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado al respecto en este tiempo, aunque –de forma soterrada- el PP ha puesto en funcionamiento toda su maquinaria para propiciar la dimisión del presidente autonómico. Ayer, el responsable de Justicia e Interior popular, Federico Trillo, mantuvo un encuentro con Camps. 

Camps ha centrado este miércoles todas las miradas. Tras unas horas de confusión, el presidente había decidido a última hora de la mañana no acudir al TSJ valenciano para presentar el escrito de conformidad, con el que oficialmente aceptaría la condena para eludir el juicio por la causa de los trajes. La llegada de Camps parecía inminente, después de que Ricardo Costa, el principal escollo de la operación diseñada por Mariano Rajoy para permitir que Francisco Camps siga en el cargo y a la vez evite el juicio, cediera. El exsecretario general del PP valenciano, después de múltiples presiones de la dirección nacional, ha decidido declararse culpable en la causa de los trajes, según fuentes de la dirección. Pero el ex número dos del PP valenciano aún no ha firmado la conformidad porque esperaba a que lo hiciera Francisco Camps. 

Hasta el momento, solo dos de los cuatro imputados han presentado este escrito, que les permite eludir el juicio, pero les obliga a asumir la pena más alta. Son el exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que acudieron esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez fijará la pena para ellos en los próximos días.

Costa es el único de los cuatro imputados que no era miembro del Gobierno cuando se produjeron los hechos investigados, por lo que su defensa era más sencilla. Además, su declaración de culpabilidad, al admitir que ha mentido a un juez durante meses, y tener antecedentes penales, puede complicar su posición ante el proceso por financiación ilegal del PP valenciano en el que él está imputado y Camps no. Costa se arriesga ahí incluso a penas de cárcel. Por último, Costa ha sido prácticamente el único pagano político de Gürtel, ya que fue destituido y suspendido de militancia durante más de un año. 

Sin embargo, el exsecretario general ha decidido seguir adelante con la estrategia diseñada por Mariano Rajoy porque así se lo ha pedido el partido. El líder del PP ha enviado a Valencia a Federico Trillo para rematar una operación que implica aceptar mantener a un presidente condenado por cohecho para evitar un juicio en otoño, en plena campaña electoral. Rajoy no ha logrado que Camps dimitiera, como parecía ser su deseo aunque nunca llegó a pedírselo, y se conforma con este apaño. Costa no se fía ya de las promesas de Camps, que varias veces le garantizó que le pondría en el Gobierno valenciano y no lo hizo. Por eso la negociación se ha llevado directamente con la cúpula nacional. 

Costa reclamaba, a cambio de su decisión, una compensación política. Se hablaba de entrar en el Gobierno autonómico en el futuro o de dirigir la campaña de las generales en Valencia, pero sobre todo lo más importante, y que parece haber logrado, es un compromiso formal de la dirección nacional de que le apoyará, le rehabilitará y reconocerá su sacrificio por el partido.

A lo largo de la mañana, Ricardo Costa ha estado dando “gracias a todos” desde su cuenta en la red social Twitter. 

Por otra parte, la número dos del Consell, Paula Sánchez de León, ha ofrecido el "apoyo inquebrantable", en representación del Ejecutivo autonómico, a Francisco Camps. La dirigente ha asegurado que será el jefe del Consell quien decida lo que tiene que hacer en relación a que posiblemente acepte la acusación del delito de cohecho pasivo impropio. 

Dos escritos ya entregados

El exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, ha sido el primero en acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se ha instruido la causa de los trajes, a entregar el escrito de conformidad, que es el término jurídico que se utiliza para hacer constar que se asume la culpa. Los cargos que se le atribuyen al exvicepresidente son los mismos que al presidente Francisco Camps: cohecho impropio por haber recibido regalo de la trama Gürtel. Según la investigación, Campos recibió prendas de vestir por un valor de más de 5.500 euros.

Lo mismo ha hecho poco después Rafael Betoret, el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, otro de los procesados. Las diligencias señalan que sus regalos ascienden a algo más de 13.000 euros. Betoret tenía relación con la trama ya que una de las empresas que la conformaban, Orange Market, fue la adjudicataria del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria de Fitur entre 2005 y 2009. 

www.elpais.es 20.07.11 

RAJOY: "LA DIMISIÓN ES UN EJERCICIO DE EJEMPLARIDAD POLÍTICA" 

El líder del PP dice en un comunicado que la renuncia no contradice la honorabilidad de Camps 

Ricardo Costa asegura que Camps ha sido "una persona íntegra y honesta" 

Valenciano afirma que Rajoy defiende y ha defendido a los implicados en la trama Gürtel 

La decisión de Francisco Camps "supone un ejercicio de responsabilidad y de ejemplaridad políticas que le ennoblecen". Son palabras del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, después de que Camps anunciase su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. "Su renuncia no empaña ni contradice la opinión que siempre he tenido de Francisco Camps y su honorabilidad", ha afirmado Rajoy en un comunicado

El líder del PP ha añadido que esa opinión sobre Camps es "claramente" compartida por "la mayoría de valencianos, como se acaba de poner de manifiesto en las elecciones del pasado mes de mayo". La decisión "no prejuzga en absoluto su presunción de inocencia, ni menoscaba su ejecutoria intachable al frente de la Generalitat que los valencianos acaban de revalidar democráticamente". 

Principio del formulario

Rajoy añade en el texto que Camps le comunicó que dimite "para preservar la imagen y el prestigio de la Generalitat Valenciana". "Es una decisión muy dura, que ha adoptado pensando en el beneficio de las instituciones y de los ciudadanos de su comunidad", remacha. "Quiero reiterar el aprecio y el respeto por su persona; ha sido, es y será un extraordinario militante del PP y además un gran amigo. Quiero agradecer la labor que ha desarrollado en Valencia durante todos estos años, que ya forma parte de los grandes activos de nuestra formación política, y quiero, por último, reconocer públicamente su gesto de hoy porque su ejercicio de generosidad y responsabilidad contribuye a mejorar la imagen y el prestigio de las instituciones en la Comunidad de Valencia y en toda España”, concluye. 

El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, también ha apoyado a Camps. Costa ha asegurado que ha sido una persona "íntegra, honesta, honrada y un gran amigo". "Es el mejor presidente que hemos tenido", ha añadido. Costa ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión urgente de la Junta Directiva Regional del PPCV. 

Postura del PSOE 

La directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, ha comparecido en Ferraz. A su juicio, el líder del PP defiende a los implicados en la trama Gürtel y "no ha movido ni un músculo ni ha explicado nada". "Rajoy quiere que la renuncia sea un cortafuegos. "No solo de cara a las elecciones generales, sino para frenar la ola de esta trama de corrupción y evitar dar explicaciones", ha añadido. Pero es "demasiado tarde". Rajoy "sabía que Camps había mentido". "Luego ha intentado que se declare culpable y ahora vuelve a decir que es inocente", ha agregado Valenciano. 

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por su parte, ha considerado que la dimisión de Camps es un acto "congruente, la consecuencia más lógica de admitir una responsabilidad penal". Jáuregui ha realizado unas breves declaraciones a los periodistas tras participar en un curso de verano de la Universidad Complutense. El ministro ha dicho que solo le quería "desear en lo personal lo mejor" y en cuanto a la declaración de inocencia de Camps se ha limitado a señalar que "esa es su posición".

Otro ministro, en este caso el de Fomento y portavoz del Gobierno, ha apuntado que Rajoy "envió" primero al coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, para "conseguir" que el presidente valenciano se declarase culpable en la causa de los trajes y después ha señalado en un comunicado que "confía en la presunción de inocencia de Camps". "Debe aclararse el señor Rajoy", ha comentado. 

El lehendakari, Patxi López, ha valorado la dimisión y ha señalado que "la política necesita gestos y actuaciones para dignificarse" y más en un momento como el actual en el que vive un "alejamiento de la ciudadanía". Y desde Valencia, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado este miércoles que su grupo en las Corts facilitará la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y no presentará candidato, pero advierte de que cambiar a las personas sin una "regeneración democrática" y sin cambiar las políticas, "no servirá de nada". Además, ha lamentado "profundamente" que la "historia" les haya dado la razón" después de dos años de caso Gürtel y el discurso "no realista" de Camps.  

Compañeros de partido que le apoyan 

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, también ha hablado sobre la dimisión de Camps. Pons ha asegurado que es una de las situaciones más injustas que ha visto en la vida y le ha definido como "un buen político, un buen presidente y un buen hombre". Además ha augurado que "volverá" a la política una vez que resuelva "esta situación tan injusta". Pons ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la clausura de la escuela de verano de Nuevas Generaciones.Ya durante su ponencia, ha lamentado que Camps haya dimitido "por tres trajes que no le regalaron" y ha retado al candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que haga lo mismo por "traicionar" a la Policía y a la Guardia Civil en el caso Faisán. 

En este acto ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Camps es un hombre honrado, lo he dicho muchas veces y lo sigo creyendo", ha señalado Aguirre ante los medios, para decir a continuación que Camps "no se ha enriquecido con la política". "Creo que es positivo porque se ha elevado el listón de exigencia que los ciudadanos nos hacen a los políticos", ha sentenciado. 

De la misma opinión es el líder del PP de Andalucía, Javier Arenas. En declaraciones a Efe ha afirmado que a Camps "seguro que le quedan muchas cosas que hacer dentro del Partido Popular" y "sirviendo" a la Comunidad Valenciana y a España. 

La diputada del PP en el Congreso y ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su desacuerdo con la decisión de Camps. Desde su punto de vista, "no había ninguna razón" para esa dimisión porque es "inocente, inocente, inocente". 

Otras reacciones 

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha manifestado su satisfacción por la dimisión de Camps y ha recordado la "defensa cerrada" realizada a lo largo de los últimos meses por Mariano Rajoy al político valenciano. A su parecer, "defendiendo a Camps, Rajoy realmente defendía la presunta trama de financiación ilegal del PP". Lara ha subrayado que la "familia" del PP" conocía que en el juzgado había "algo más que indicios razonables y racionales sobre el caso, para que haya tomado Camps finalmente la decisión de renunciar al cargo". Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha señalado desde su cuenta de Twitter que la dimisión de Camps "es una buena noticia para la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática". Llamazares ha añadido, no obstante, que el caso de Camps "es solo la punta del iceberg". 

Esa misma expresión ha sido utilizada por el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, quien considera además que "ya era hora" de que Camps dimitiera por el caso Gürtel, el cual considera únicamente la "punta del iceberg" de un asunto en el que hay indicios de presunta financiación ilegal del PP. En declaraciones a Efe, se ha mostrado convencido de que nunca debió presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat,.

El grupo del PNV en el Congreso ha afirmado asimismo que Camps "hace mucho que tenía que haber dimitido" puesto que "la ética y el sentido común se lo exigían desde hace tiempo". Los nacionalistas vascos creen que si lo ha hecho es "estando ya acorralado y sin que le quedara otro remedio". A través de una nota de prensa opina que la forma en que Camps ha decidido marcharse, tras su procesamiento y en vez de haberlo hecho antes "solo contribuye a seguir desgastando y perjudicando la maltrecha imagen pública de la clase política". 

Crítico ha sido también el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Agustí Cerdà, quien ha declarado que la dimisión de Camps evidencia la "supeditación" del PP valenciano "a los intereses de Mariano Rajoy" y le ha acusado de haber dejado en "ridículo" a las instituciones de su comunidad. "La insensatez fue que el PP presentara un candidato tocado de muerte las pasadas elecciones. El señor Camps nunca debía haberse presentado candidato a la presidencia de la Generalitat al tener causas judiciales pendientes", ha insistido Cerdà. 

Desde UPyD, Rosa Díez ha calificado de "buena noticia para la democracia" la dimisión del político valenciano. Díez ha recordado a Efe que su partido había pedido sin éxito que no se presentaran imputados a las pasadas elecciones autonómicas y municipales, algo que hicieron tanto el PP como el PSOE, por lo cual, una vez procesado Camps, lo que ha hecho es "un gesto de respeto a los ciudadanos" que a su entender "está bien". Más severo ha sido el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos. Ha tachado de "gravísima" la irresponsabilidad del PP por presentar al a Camps en las listas electorales. "El daño a la democracia española ya está hecho", ha indicado. "Parece mentira que en un país tenga que haber un enjuiciamiento a un presidente para que al final tenga que dimitir", ha denunciado. 

Menos duro se ha mostrado el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias. "Es una decisión respetable y eso le honra", ha comentado, subrayando que a partir de ahora son los tribunales los que tienen que decidir sobre los "presuntos delitos" que se atribuyen al presidente saliente. "Y hasta que no se demuestre lo contrario, Camps seguirá siendo inocente", ha concluido. 

www.elpais.es 20.07.11

CAMPS SE PLANTEA PAGAR LA MULTA Y SEGUIR EN EL PODER CON ANTECEDENTES PENALES

Quiere admitir el delito pero, si no lo hacen los cuatro procesados, habrá juicio

Algunos dirigentes del PP afirman que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se está planteando aceptar las penas que le reclaman las acusaciones en la causa de los trajes y así evitar el juicio por cohecho impropio dictado por el juez José Flors el viernes. Optar por esta posibilidad significa no sentarse en el banquillo pero admitir que ha mentido durante los más dos años que ha negado haber aceptado los trajes como regalo, admitir que ha cometido un delito y aceptar los antecedentes penales que conlleva. Camps se plantea esta posibilidad para seguir en el poder, pese a que así asumiría una condena por cohecho y aunque pasaría a ser un presidente autonómico condenado y con antecedentes penales.

En cualquier caso, esta opción se ha encontrado con un imprevisto añadido en la negativa de otro de los procesados, Ricardo Costa, a asumir el delito, con lo que no se se evitaría la celebración del juicio, para cuya suspensión han de estar de acuerdo los cuatro procesados. Ricardo Costa es el único de los cuatro imputados que no ostentaba ningún puesto en el Gobierno de la Generalitat en el momento en el que la trama Gürtel les obsequió con ropa por varios miles de euros. Así, en el caso de que Costa se negara a asumir el delito, el juicio habría de celebrarse.

Si Camps opta por pagar la multa, evitaría su interrogatorio en el juicio con jurado e incluso estar presente en la vista que se celebrará, con toda probabilidad, en plena campaña de las elecciones generales. Esa es una de las posibilidades de garantizarle al líder del PP, Mariano Rajoy, que no será el protagonista incómodo de la campaña, en un momento en el que la presión de la dirección nacional es más evidente por el silencio que por las palabras. Y mientras Rajoy pretende que sea Camps quien dé la cara, ninguno de los dos lo ha hecho. De momento, las agendas del Ayuntamiento y de la Diputación de Castellón anuncian para mañana la visita del presidente de la Generalitat a la capital de La Plana. Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, ha dicho que "en su momento, se comunicarán las decisiones".

La otra posibilidad es dimitir y centrarse en la resolución de las acusaciones por recibir regalos de la trama Gürtel. Pero es una opción que no baraja, según los dirigentes del PP que han hablado con él y de él desde el viernes. La dimisión, incluso, podría ser temporal, cesando de su cargo como presidente, quedándose como diputado raso, dando paso a otro parlamentario o parlamentaria y reclamándole que le dejara volver a la presidencia una vez concluya el procedimiento, y en el caso de que fuera favorable para él. Sin embargo, esta opción resulta tan remota como la de delegar las funciones hasta que se resuelva el procedimiento judicial, debido al momento de crisis y a la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana y sus cuentas. Significaría una transición muy difícil de entender, por una dejadez más que una delegación de funciones.

“Esta semana es crucial”, señala un dirigente del PP valenciano, marcando este plazo como límite para la toma de una decisión: seguir hasta el juicio, dimitir o admitir los hechos.

Además de aceptar las penas que le reclaman las acusaciones, Francisco Camps también tiene la posibilidad de negociar para llegar a ese acuerdo de conformidad que supone declararse culpable. Las opciones se limitan a una rebaja de la multa –la fiscalía pide algo más de 41.000 euros y la acusación popular algo menos de 49.000‑ pero fuentes de los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular, han negado su intención de ceder ni un solo euro. De hecho, ha emitido un comunicado en el que sostiene que "ni ahora ni nunca transaccionaremos o negociaremos, ni directa ni indirectamente, para favorecer que eludan sus responsabilidades; o en su caso, que se reduzcan las penas de quienes hubieran cometido o confiesen haber cometido delitos de corrupción en esta causa o en cualquier otra causa".

El PSOE, como acusación popular, no se plantea rebajar ni un euro de la multa en una posible negociación

La situación de Camps es límite. Ha tratado de evitar el decreto de apertura de juicio por todos los medios y a la desesperada. Muestra de ello fueron las pruebas que pretendió que se admitieran en la vista preliminar a la decisión adoptada el viernes. El presidente de la Generalitat trató de que el juez aceptara como prueba un acta notarial con las fotografías de sus armarios, en los que cuelgan sus trajes etiquetados con distintivos de distintos establecimientos o las imágenes institucionales en las que aparece luciendo distintas prendas que, es de suponer, no fueron regaladas por la trama. También aportó un certificado de las compras realizadas en un gran establecimiento, a la vez que reclamó que fueran a declarar dos empleados del mismo para ratificar que había adquirido allí algunos trajes. Algo parecido a cuando quiso que declarara un sastre de Valencia para que dijera que sus medidas no coincidían con las que aparecen en las diligencias.

Camps ha solicitado la presentación de pruebas a la desesperada

PSPV-PSOE desea recordar con claridad su posición: nos ratificamos plenamente en el escrito de acusación presentado por nuestra representación procesal en todos sus términos y ni ahora ni nunca transaccionaremos o negociaremos, ni directa ni indirectamente, para favorecer que eludan sus responsabilidades; o en su caso, que se reduzcan las penas de quienes hubieran cometido o confiesen haber cometido delitos de corrupción en esta causa o en cualquier otra causa

www.elpais.es 19.07.11

González Pons: "Camps sigue siendo el mismo hoy que la semana pasada"


El vicesecretario de Comunicación del PP cree que el presidente valenciano "es claramente inocente"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que el presidente valenciano, Francisco Camps, "sigue siendo el mismo hoy que la semana pasada".

Pons se ha expresado en estos términos poco antes de participar en uno de los cursos de verano que organiza la Universidad Rey Juan Carlos en la localidad madrileña de Aranjuez.

Sus declaraciones a los periodistas han sido de las pocas que desde el viernes pasado, cuando se conoció el auto que llevará a Camps al banquillo por el llamado "caso de los trajes", ha efectuado la dirección nacional del Partido Popular.

Pons ha subrayado que el presidente de la Generalitat "sigue siendo el mismo hoy que la semana pasada", y no sólo para él como integrante de la plana mayor del PP, sino también para la Comunitat y para el partido del que forma parte.

Después, ha asegurado que Camps "tiene derecho a preparar y a articular su defensa" porque, ante todo, "goza de la presunción de inocencia".

El presidente valenciano ha suspendido su agenda pública desde el viernes y no se sabe aún cuándo la retomará, algo que ha levantado cierta expectación en la dirección nacional de los populares y preocupación en miembros del PP valenciano.

Pons ha zanjado el procesamiento de Camps de este modo: "Yo creo que es claramente inocente".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gonzalez-pons-camps-sigue-siendo-mismo-hoy-semana-pasada/csrcsrpor/20110719csrcsrnac_6/Tes

 

SANTAMARÍA, SOBRE CAMPS: “EN SU MOMENTO SE COMUNICARÁN LAS DECISIONES”

La dirección confía en que al menos reconozca el delito y evite el juicio en plena campaña

Rudi espera que el jefe del Consell tome la decisión "más acertada posible para su futuro"

Soraya Sáenz de Santamaría y Francisco Camps, en una imagen de archivo / Uly Martín

Todo el PP está haciendo esfuerzos para esquivar las preguntas de los periodistas con el objetivo de no hablar de Francisco Camps. Quieren que antes hable él, que sigue sin hacerlo. Mariano Rajoy evita a la prensa y sale por una puerta trasera en Galicia, ayer Dolores de Cospedal suspendió su habitual rueda de prensa de los lunes y hoy Soraya Sáenz de Santamaría también ha suspendido la suya de los martes y la ha sustituido por un discurso televisado, para evitar preguntas sobre Camps.

A la entrada, ante los periodistas, la portavoz parlamentaria ha lanzado una frase críptica que puede no querer decir nada o demostrar lo que muchos dirigentes señalan, que la dirección nacional espera un paso de Camps, que al menos reconozca el delito y evite un juicio en otoño que podría llegar en plena campaña electoral y perjudicar las expectativas de Rajoy.

Nadie habla de una posible dimisión de Camps, que parece absolutamente descartada. A Sáenz de Santamaría le han preguntado ¿Camps debe dimitir? Y ha contestado: “Estamos aquí para debatir sobre nuestro programa electoral, un asunto prioritario para el PP. El partido tiene mucho interés en este asunto, y Mariano Rajoy tiene mucho interés en las decisiones que se van a tomar aquí, como en otras decisiones que en su momento se comunicarán”. Ese “otras decisiones” solo podía referirse a Camps, aunque Sáenz de Santamaría, al estilo de Rajoy, ha huido por lo que no se ha podido aclarar a qué se refería.

El PP mantiene un silencio absoluto desde que se conoció el auto de Camps, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, donde al menos a través de comunicados se analizan los autos judiciales. Sáenz de Santamaría, que la semana pasada tardó una hora en comparecer de forma extraordinaria ante la prensa tras conocerse el auto del caso Faisán, no ha dicho una palabra sobre el durísimo auto que acusa a Camps de haber mentido y le manda a juicio por cohecho.

Ni ella, ni prácticamente ninguno de los dirigentes clave del PP. Sólo Esteban González Pons esta mañana ha pedido respeto a la presunción de inocencia de Camps y ha dicho que el PP está “convencido de que es inocente”.

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha indicado que espera que el presidente de la Generalitat tome la decisión "más acertada posible sobre su futuro, en su opinión", según informa Efe.

"Jamás intento subrogarme en la situación de otras personas", ha insistido Rudi, también presidenta del PP-Aragón, al ser preguntada por su opinión respecto al procesamiento de Camps.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Corts, Carmen Ninet, ha señalado esta mañana que "Camps será recordado, además de por los trajes y por haber puesto en manos de una trama corrupta más de treinta millones de euros, por haber cambiado para siempre el PP". Ninet se refería a la suspensión de la rueda de prensa de Cospedal el lunes y a la huida de Rajoy en Pontevedra por un garaje para evitar a la prensa.

La dirigente socialista se ha mostrado sorprendida de que "cinco días después de que se conociera el auto, no se sabe qué piensa Rajoy ni dónde está Camps". Esto demuestra, según Ninet, que "Rajoy no gobernará nunca. Este caso ha demostrado que es incapaz de hacer ni decidir nada; no tiene autoridad ni entre los suyos".

www.elpais.es 19.07.11

JUAN COTINO CULPA A RUBALCABA DE LA CACERÍA CONTRA CAMPS

El presidente de Las Corts acusa al exministro en su blog de "ir filtrando los papeles adecuadamente para que intoxicaran al juez y a la opinión pública"

En un artículo publicado hoy en su blog, el ex director general de la Policía y ex vicepresidente tercero del Gobierno valenciano se refiere así a la situación judicial del president de la Generalitat, contra el que el magistrado José Flors ha abierto juicio oral por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

"Un acoso y derribo que dura mas de dos años, una cacería en la que los hombres de Rubalcaba: el ministro Bermejo, el juez Garzón y el comisario González, diseñan, por orden del susodicho, un plan para difamar al presidente de todos los valencianos", señala Cotino para referirse al "Complot de Rubalcaba" que encabeza su artículo.

"El plan", asegura, consistió "en coger a un sastre que había declarado dos veces que Camps pagaba al contado las facturas y hacerle cambiar la declaración para que dijera todo lo contrario", en alusión al responsable de las tiendas Milano y Forever Young José Tomás.

"Muchísimas personas han pasado por los juzgados. Nadie ha avalado el plan diseñado por la cacería, pero la fiscalía y el PSOE, con el apoyo del Ministerio del Interior, han ido filtrando los papeles adecuadamente para que intoxicaran al juez y a la opinión pública", critica Cotino.

Según el presidente del Parlamento valenciano, "la decisión de condenar a Camps" fue "tomada por el gobierno socialista, por la vicepresidenta De la Vega, que nunca aceptó perder las elecciones en Valencia, y por un ministro del Interior que tenia que montar el 'todo vale' para tapar el caso Faisán".

A su juicio, "así se escribe la verdadera historia en este país" pues "de poco sirven los testigos o los informes periciales, de poco sirve la trayectoria profesional de una persona. La estrategia ya estaba diseñada y trazada previamente, antes incluso de que comenzara a conocerse el falso hecho".

Juan Cotino también lamenta que se hayan utilizado "todos los medios posibles" con el fin de "desprestigiar" al president de la Generalitat.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/07/19/juan-cotino-culpa-rubalcaba-caceria-camps/825827.html

EL PP DA UN RESPALDO TIBIO A CAMPS

El ánimo del líder valenciano preocupa a Barberá y alarma a su Gobierno

El que resiste, gana. Pero también puede acabar con la paciencia de quienes le rodean. El presidente valenciano, Francisco Camps, que será juzgado por aceptar regalos de la red Gürtel, ha tardado más de 24 horas en conseguir un tibio respaldo de la dirección nacional del PP.

"Es una persona honrada", aseguran Ana Mato y Cristóbal Montoro

Prácticamente desaparecido desde que el auto del juez José Flors ordenó la apertura de juicio oral por un delito de cohecho pasivo impropio -contra Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret-, el presidente valenciano logró ayer el respaldo de Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP nacional.

"Es una persona honrada", dijo Mato, "los valencianos le han votado mayoritariamente porque ha realizado una magnífica labor". Un escueto apoyo que fue coreado por el portavoz de economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro - "Camps es una persona honrada y hay que dejar que los procesos judiciales lleguen a término"-, y el presidente de Extremadura, José Antonio Monago -"no hay que hacerle un traje a quien hasta el día de hoy es inocente"-. Los tres participaron en Huelva en la escuela de verano del PP de Andalucía.

Nada que ver con la avalancha de comunicados de solidaridad y las decenas de declaraciones de cargos populares que arroparon a Camps en otros momentos del trance judicial.

Y es que las promesas repetidas por Camps de que todo quedará en "nada de nada" se han estrellado una y otra vez contra las sucesivas decisiones de la Justicia. Ya en mayo de 2010, cuando el Supremo ordenó al Tribunal Superior de Justicia valenciano reabrir la causa de los trajes, Génova mostró en privado su cansancio y advirtió al presidente de la Generalitat que tendría que asumir su propia defensa ante la opinión pública. La reacción no se hizo esperar y Camps se comparó con Juan sin miedo. "Nada temo responder", sentenció.

Desde entonces, el presidente valenciano ha intentado mostrarse un poco más elocuente ante los medios de comunicación, pero la decisión del juez Flors de abrir juicio con jurado ha vuelto a desarbolar al presidente valenciano, que por ahora no tiene previsto retomar su agenda pública.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoció ayer que el viernes estuvo "mucho rato" con el presidente de la Generalitat tras conocerse la decisión del TSJ. "Evidentemente, el hombre está sufriendo", dijo Barberá, que no quiso pronunciarse sobre si Camps debería dimitir.

Unas declaraciones cuyas consecuencias alarmaron a los miembros del propio Gobierno valenciano. Tanto que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, tuvo que sacar el capote y asegurar que "Camps está muy fuerte" y que la decisión judicial "no va a cambiar en nada, ni el Gobierno, ni la presidencia".

Por su parte, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sin mencionar la situación de Camps, aseguró en Mérida que "una vez que la gente ve un político que se corrompe, el mal está hecho". "Es insostenible e intolerable para una democracia", recalcó Rubalcaba.

www.elpais.es 17.07.11

SUCESIVOS CAMBIOS DE VERSIÓN

El proceso judicial desmonta las excusas del presidente

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, redactado por el juez José Flors, que ordena la apertura de juicio oral por el caso de los trajes, desmonta los principales argumentos utilizados por Francisco Camps desde que estalló el caso Gürtel.

"¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice?"

- Una falsa imputación. "En democracia, a diferencia de la dictadura, quien llama al albor de la mañana es el lechero y no una falsa imputación". Con esta grandilocuencia, Camps realizó el 19 de febrero de 2009 una declaración institucional para salir al paso de la edición de EL PAÍS que informaba que el presidente valenciano estaba implicado en la trama corrupta, según la fiscalía. Ese mismo día en sede parlamentaria, ante la petición de explicaciones de la oposición, replicó: "¿Cree, de verdad, que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días?"

- "Claro, yo me pago mis trajes". Un mes después de estallar el escándalo, el presidente de la Generalitat se desplazó a Madrid y arropado de toda la cúpula nacional del PP respondió la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Usted se paga sus trajes? "Claro, yo me pago mis trajes", respondió con una risa nerviosa. El auto del juez Flors, que ha excluido de la causa las prendas abonadas por Camps, considera que existen indicios más que suficientes de que el presidente valenciano recibió ropa de la trama Gürtel por valor de 14.000 euros "a sabiendas de quién la pagaba".

- "Nada de nada". En mayo de ese año, Camps se tuvo que someter a varias sesiones de control en las Cortes valencianas tras la decisión del TSJ de investigarle por el supuesto delito de cohecho. "Ya tengo un sitio para contar la verdad y acallar las mentiras", dijo Camps. Y una semana después añadió en sede parlamentaria: "La Justicia ha dicho que de trama, corrupción y financiación ilegal [del PP en la Comunidad Valenciana] nada. Y de lo otro [el supuesto delito de cohecho pasivo impropio], también dirá que nada de nada". El TSJ ha decidido que Camps sea juzgado por el caso de los trajes y se ha declarado competente para investigar la posible financiación ilegal del PP valenciano.

- "Todo esto se caerá por su propio peso". Esta afirmación la hizo Camps en el Parlamento a las puertas del verano de 2009, aunque añadió: "Lo que pasa es que todo tiene unos tiempos y unos plazos, y ya le he dicho que queda un ratito largo". El proceso se ha alargado por la decisión inicial del TSJ de archivar la causa, reabierta por el Tribunal Supremo con un auto durísimo hacia el tribunal que presidía Juan Luis de la Rúa, "más que amigo" del presidente valenciano. Los múltiples recursos de los imputados y del PP, personado como acusación particular, también han contribuido a dilatar la instrucción.

- "Desde Finisterre a cabo de Gata". El 12 de mayo de 2010, el TSJ valenciano reabrió la causa por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Ese día, Camps recurrió al argumento que ha hecho suyo el PP. "Nadie se puede creer que el presidente de una comunidad pueda venderse por tres trajes. Es absurdo y no solo lo creo yo, lo creen todos mis compatriotas desde Finisterre a cabo de Gata", dijo el líder del PP valenciano, que añadió: "No me preocupa nada, como Juan sin miedo, porque nada temo responder. El proceso es de risa, no se sostiene, no se lo cree nadie".

www.elpais.es 17.07.11

EL SILENCIO DE CAMPS DESMORALIZA AL PP

Alarte exige al presidente que salga a dar explicaciones de su juicio por cohecho - El Consell afirma que el jefe "está fuerte" mientras Barberá dice que "está sufriendo"

A medida que pasan las horas sin que Francisco Camps comparezca tras el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors que lo ha enviado al banquillo, acusado de un supuesto delito de cohecho impropio, la indignación aumenta en las filas de la oposición y el desánimo cunde en el PP. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, insistió ayer en que Camps salga a dar la cara. Pero la que desató las alarmas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que aseguró que el sábado estuvo con el jefe del Consell y le pareció que "evidentemente, el hombre está sufriendo". Poco después el Consell salió al paso de la impresión que generó Barberá, quien dejó en el aire muchas dudas al responder que no podía decir "nada más" cuando le preguntaron si, en su opinión, el presidente de la Generalitat debería dimitir.

Alarte dice que el silencio de Rajoy es "atronador y escandaloso"

"No importa el precio, un presidente no se puede vender", señala Oltra

Serafín Castellano, consejero de Gobernación declaró que Camps está "muy fuerte" y añadió que el hecho de que el jefe del Consell vaya a ser juzgado por actos cometidos en el ejercicio de su cargo "no va a cambiar nada".

"Nada cambia en la inocencia, en la credibilidad, en el liderazgo y en la gobernabilidad de Camps, en la que creo firmemente y, además, tiene un respaldo absoluto y total ¡de todos!", dijo Castellano, que volvió a repetir que la apertura del juicio oral "es un trámite".

Una opinión que no compartían la mayoría de los cargos del PP de la Comunidad Valenciana que desde el viernes han dejado sus mensajes de apoyo a Camps en la página web del partido, mientras en las redes sociales arreciaban las críticas contra el presidente valenciano. En los mensajes populares la palabra más repetida era "ánimo" y "amunt", aunque no faltaban quienes bajo la firma de " alcaldesa de Alicante" recurrían a la fórmula que ha funcionado hasta ahora: "Contigo siempre. Tiempo, es cuestión de tiempo". Aunque es poco probable que esta fórmula evite el juicio al que se tendrán que enfrentar Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret.Otros cargos, como el concejal de Valencia y diputado autonómico Jorge Bellver, que también espera juicio tras ser imputado por irregularidades en la construcción de un aparcamiento subterráneo, tacharon de injusta la situación de Camps. "Siempre ha salido más barato atacar al inocente, que acusar al malvado", indicó Bellver en las redes sociales.

En esta situación, con Camps en silencio y los cargos del PP desorientados, la dirección regional del partido intentaba aparentar una situación de normalidad. El secretario general, Antonio Clemente, emitió uno de sus comunicados habituales criticando la situación de los socialistas valencianos y procurando distraer la atención. Aunque la pesada losa del auto judicial era difícil de disimular.

La apelación de Clemente a la pretensión de Francesc Romeu de optar a la secretaría general del PSPV en un futuro no desvió a Jorge Alarte de su objetivo.

"Camps ha de presentar su renuncia como presidente de la Generalitat en el pleno de las Cortes que hemos solicitado con carácter urgente", dijo ayer el secretario general de los socialistas valencianos, que recalcó: "Respetamos la presunción de inocencia, pero no queremos que el presidente de todos los valencianos y valencianas sea juzgado por cohecho y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados".

La perplejidad de la oposición ante la desaparición de Camps de la escena pública también fue resaltada por el líder del PSPV-PSOE, que apuntó más alto en el PP a la hora de exigir responsabilidades y criticó que "24 horas después de que se haya conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que Camps deberá sentarse en el banquillo, el líder nacional del PP guarde un atronador y escandaloso silencio".

Alarte, que el mismo sábado, en sintonía con la dirección federal del PSOE, se mostró dispuesto a aceptar que Camps sea relevado en la presidencia de la Generalitat por otro dirigente del PP, se interrogó: "¿Por qué sigue sin pronunciarse públicamente?". Según el dirigente socialista, "Rajoy debe retirar a Camps de sus responsabilidades, debe decidir ya si consiente que el presidente de la Generalitat sea juzgado, debe esclarecer si le ha ofrecido su apoyo".

Mònica Oltra, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís, también criticó la actitud del jefe del Consell. "No podemos tener un presidente que ha de esconderse", señaló la diputada.

Para Oltra, si como explicó la alcaldesa de Valencia, Camps está sufriendo, la solución está en que renuncie al cargo. "No dio la impresión de que estuviese sufriendo cuando se probaba los trajes", dijo la parlamentaria de Compromís, que añadió: "Aunque el PP quiera minimizar lo sucedido, lo cierto es que Camps se va a sentar en el banquillo por un concepto tan fuerte como el de soborno". "No importa el precio, un presidente de la Generalitat no se puede vender", sentenció la diputada.

La portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, exigió directamente a Camps que salga de "su escondite" para dar "una explicación ante la histórica situación político-judicial en que se encuentra". Sanz instó al jefe del Consell a "dar explicaciones inmediatas a todos los valencianos ante la gravísima situación en que ha puesto, no solo a su persona, sino a la institución que representa y a su propio partido".

La dirigente de EUPV considera "indignante que esté callado, que no atienda a los medios de comunicación ni comparezca públicamente para dar explicaciones y, por descontado, que no haya dicho nada sobre lo que debería ser su inexcusable dimisión".

Camps será el segundo presidente de una comunidad autónoma en ejercicio que se siente en el banquillo en España, acusado en su caso de un delito continuado de cohecho pasivo impropio. El otro fue el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea.

Hormaechea fue presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, primero en las listas de Alianza Popular y más tarde con Unión para el Progreso de Cantabria. Además, ha habido otros presidentes autonómicos que fueron juzgados, pero habían dimitido o sido expulsados de su cargo con anterioridad.

www.elpais.es 17.07.11

FLORS ORDENA JUZGAR A CAMPS POR ACEPTAR SOBORNOS DE LA RED GÜRTEL

El juicio con jurado puede coincidir con la campaña de las elecciones generales

El juez José Flors dictó ayer un auto demoledor para Francisco Camps. El magistrado rebatió los argumentos de su defensa y ordenó la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana ante la acumulación de pruebas (Flors cita 14) de que aceptó sobornos de la trama Gürtel: 25 prendas de vestir por valor de 14.131 euros (2,3 millones de pesetas) obsequiadas a lo largo de cuatro años. La resolución judicial deja en una situación de extraordinaria precariedad política a Camps, que ha negado durante los dos años y medio que ha durado la instrucción haber aceptado regalos de la red corrupta sin ofrecer más explicaciones. Ayer, poco antes de conocerse la resolución, salió del despacho, se subió al coche oficial y desapareció. Por la noche, se le vio salir de su domicilio.

El Código Penal castiga el delito con una pena de hasta un año de prisión

Poco antes de la resolución, Camps se subió al coche oficial y desapareció

El auto también resulta peligroso para Mariano Rajoy, ya que el juicio por cohecho impropio, previsto para otoño, podría coincidir con la campaña de las elecciones generales. El juicio pone finalmente a prueba la coherencia de la dirección nacional del PP, que el año pasado pactó con el PSOE endurecer las penas por corrupción: el delito por el que serán juzgados Camps y tres de sus altos cargos (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) solo llevaba aparejado, cuando presuntamente se cometió, una multa, pero tras esa reforma, el Código Penal castiga la misma acción con tres años de inhabilitación y entre seis meses y un año de cárcel.

Camps deberá abonar una fianza de 55.000 euros para evitar que sus bienes sean embargados. En febrero, cuando se supo que la Fiscalía Anticorrupción le pedía una multa de 41.250 euros, un portavoz del PP valenciano, José Marí, afirmó que dicha sanción le condenaría "al hambre", dado su nivel de ingresos. Camps declaró recientemente 4.000 euros en sus cuentas.

La causa de los trajes es solo un fragmento de la actividad de la trama Gürtel en Valencia. La investigación policial avalada por los jueces ha revelado que la red de Francisco Correa corrompió a decenas de cargos del Gobierno valenciano; obtuvo contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat; metió la mano en los fondos públicos de la visita papal, y participó en la financiación ilegal del Partido Popular, hinchando con dinero de empresas constructoras sus campañas electorales.

Los regalos de la trama a numerosos cargos del PP tenían como objetivo, según los jueces, facilitar el funcionamiento de esa maquinaria corrupta. "No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente [Camps] y el vicepresidente [Campos] de una comunidad autónoma (...) puede ser de una influencia determinante" a la hora de conseguir contratos de esa Administración, indica Flors.

Es decir, no era necesario que Camps o los tres imputados dijeran a sus subordinados a quién conceder los contratos; "basta solo con que se conozca la estima que se les dispensa [por parte de sus superiores] para que pudieran verse favorecidos sus intereses económicos".

Frente a la versión de Camps (de que pagó las prendas en metálico con dinero que le preparaba su esposa) y las de Costa, Campos y Betoret (que dijeron al juez que los abonaron a plazos a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia), el juez se apoya en la "base fáctica plural, de contenido incriminatorio" incluida en el sumario, para inclinarse por lo contrario.

Las prendas las pagó Pablo Crespo, mano derecha de Correa, tanto en Milano como en la tienda Forever Young, mediante cheques y transferencias bancarias. Su finalidad era ganarse el favor de los cargos públicos. Los cuatro imputados las aceptaron "a sabiendas de quién las pagaría". Los obsequios fueron dádivas, en el sentido penal, "dada la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración de su entrega y su mismo valor", que no puede inscribirse en los meros presentes "que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles".

No se hicieron por amistad con El Bigotes: los pagos los hizo "materialmente" Crespo y fue asumido por las empresas de la red de Correa "que tenían importantes intereses económicos en sus relaciones con la Administración autonómica valenciana". Y es inútil argumentar que se entregaron en atención a sus cargos en el partido: teniendo esa doble condición en el PP y el Gobierno, no es factible que las dádivas "únicamente puedan influir en una faceta de su vida".

El juicio, que celebrará un tribunal del jurado presidido por un magistrado progresista (Juan Climent), será largo y Camps deberá sentarse en el banquillo el tiempo que dure. Por el Tribunal Superior de Justicia valenciano desfilarán decenas de testigos, entre ellos los líderes de Gürtel. Se oirán las conversaciones intervenidas por la policía. Y todo será público.

Empieza la cuenta atrás

La causa de los trajes se ha tramitado por el procedimiento de la ley del jurado. Dados los plazos que regula la norma, y al ser agosto un mes inhábil, no es probable que la fecha del juicio se conozca hasta septiembre y que la vista, según las previsiones, se celebre en otoño. Las partes tienen ahora 15 días para personarse y proponer las pruebas que desean que se practiquen durante el juicio, así como la inclusión o exclusión de algún hecho.

A partir de ese momento, comenzará otro plazo, de tres días, para alegar, aceptar o rechazar las pruebas solicitadas. Después, el magistrado que presidirá el tribunal del jurado, Juan Climent, redactará el auto de hechos justiciables y señalará el día del juicio. Nueve personas, elegidas de un total de 36 decidirán, si Francisco Camps es culpable o inocente.

www.elpais.es 16.07.11

LA CAUSA DE LOS TRAJES ES LA PUNTA DE UN SUPUESTO MODELO DE GESTIÓN CORRUPTO

El PP valenciano aún ha de enfrentarse a la acusación de financiación irregular

El PP se ha empeñado en minimizar las acusaciones de las que es objeto el partido en la Comunidad Valenciana que, sin embargo, son de las más graves que pueden atribuirse a una formación política democrática. "Son solo tres trajes" es una de las afirmaciones que reiteran sus responsables, obviando que este asunto -que va a llevar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a sentarse en el banquillo- es solo una muestra de la forma de proceder del PP de esta comunidad, según desvelan los datos que se desprenden de la investigación. La cúpula del partido y numerosos diputados están imputados por financiación irregular (delito electoral), falsificación en documento mercantil, cohecho y prevaricación.

La justicia investiga si endosaron pagos de gastos electorales a otras empresas

Los tribunales han rechazado, hasta ahora, acumular las dos causas que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la de los trajes, que está pendiente de fecha de juicio, y la parte más extensa, la que hace referencia a la financiación irregular. Los jueces han considerado que los regalos ofrecidos por la trama a los dirigentes del PP y de la Administración valenciana "denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo".

El hecho es que los cabecillas de la trama corrupta comenzaron a regalar trajes cuando sus empresas empezaron a lograr contratos con la Administración valenciana y la investigación habrá de determinar si estas adjudicaciones, que ascienden a unos 16 millones de euros, se realizaron de forma regular.

Al margen de estos supuestos sobornos en los contratos públicos, el PP valenciano también habrá de enfrentarse a la acusación de financiación irregular, ya que la justicia ha encontrado indicios de que fueron terceras personas las que pagaron diversos gastos realizados por el partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Según las diligencias, el PP encargó varios trabajos a la trama corrupta y esta se los cobró a cinco empresas, cuyos responsables son a su vez adjudicatarios de las Administraciones valencianas y también están imputados. Además, la Agencia Tributaria ha atribuido al PP que lidera Camps el haber ocultado al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros, es decir, toda una trama orquestada con un modelo de gestión corrupto.

De momento, la imputación en esta causa no incluye a Francisco Camps. Sin embargo, no se descarta que las imputaciones se amplíen y le salpiquen.

www.elpais.es 16.07.11

TRAJES CON TRES BOTONES Y SOLAPA NÁPOLI PARA EL FONDO DE ARMARIO

Contra lo que ha pretendido el PP, el juicio por cohecho (en castellano común, soborno) impropio contra el presidente Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no es cosa de tres trajes. Para ser precisos, los cuatro recibieron de la red mafiosa Gürtel, según la Fiscalía Anticorrupción: 29 trajes, nueve americanas, nueve pares de zapatos, cuatro corbatas, nueve pantalones, dos abrigos y un chaqué. Un fondo de armario de 59 prendas de vestir, por importe de 40.374 euros (6,7 millones de pesetas) que el juez José Flors considera incompatible con el mero detalle "inocuo o admisible".

Para abrir el juicio, Flors ha valorado una larga lista de pruebas. Las declaraciones del sastre José Tomás y otros empleados de las tiendas de ropa. Los tiques de caja en Milano y en Forever Young. Los inventarios de pagos pendientes en los establecimientos. Las hojas de encargo de la empresa que confeccionaba las prendas. Las hojas de confirmación de los pedidos. Las transferencias y cheques con que la red Gürtel los abonaba. Los archivos intervenidos a la trama (que anotaba cada regalo que hacía). Y parte de las conclusiones a las que llegaron los dos peritos de la Agencia Tributaria que analizaron los documentos.

No se trataba tampoco de regalos escogidos por terceros, sino de prendas encargadas al detalle por los cuatro imputados. Una de las pruebas que figuran en la causa, los documentos de confirmación de pedidos de Sastgor, la firma navarra que confeccionaba los trajes para Milano y Forever Young, refleja por ejemplo que Camps encargaba trajes rectos "de modelo italiano con solapa Nápoli". Y que quería que el plastrón (un tipo de corbata ancha) fuera para dos botones "aunque el modelo sea de tres".

www.elpais.es 16.07.11

CAMPS SE PLANTEA AGOTAR EL MANDATO AUNQUE EL JUICIO ACABE EN CONDENA

El mandatario valenciano transmite a través de su portavoz que no dimitirá

Faltaba poco para las once de la mañana. A esa hora, el juez José Flors convocó a los procuradores al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para entregarles, una hora más tarde, el auto que llevará a Francisco Camps al banquillo para ser juzgado de un supuesto delito de cohecho impropio. A esa hora, el presidente valenciano abandonaba apresuradamente la reunión de Gobierno que se celebraba en el Palau de la Generalitat y se volatilizaba antes de conocerse la decisión judicial.

"Yo no voy a echar al presidente Camps", advierte Rita Barberá

Consciente de las malas noticias que le deparaba el auto, Camps puso en manos de la nueva consejera portavoz, Lola Johnson, el encargo de transmitir su primera valoración de la decisión judicial. Y luego llamó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que fuese ella, un auténtico peso pesado tanto en el PP valenciano como en el nacional, quien saliese a reforzar la primera línea de defensa.

"Aunque no hemos tenido tiempo de estudiarlo, la decisión del auto no la compartimos", anunció la consejera portavoz pasadas las 12.30, "ni este Gobierno, ni los valencianos que dieron su apoyo en las pasadas elecciones a un proyecto liderado por Francisco Camps".

Lola Johnson, que no supo adelantar cuándo recuperará Camps la agenda pública, fue tajante: "El presidente se plantea cumplir su mandato de cuatro años". Es decir, Francisco Camps está dispuesto a mantenerse en el cargo aunque lo condene un jurado por haber recibido regalos de la trama corrupta de Gürtel.

La consejera portavoz recurrió al argumento de las urnas, puesto en circulación por otro imputado célebre del PP -el presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra-, para justificar el enrocamiento de Camps pese a su situación judicial. "Se puede presidir una comunidad cuando los ciudadanos respaldan un proyecto", prosiguió Johnson, "los ciudadanos han dicho sí al proyecto del PP y sí a que el presidente Camps lidere ese proyecto".

Apenas dos horas después, Rita Barberá convocó a los periodistas en el Ayuntamiento de Valencia para respaldar a Camps y atajar cualquier especulación sobre un posible relevo. "Yo no voy a echar al presidente Camps, lo importante es atajar la crisis y que se vaya Zapatero", afirmó Barberá que, desde que estalló el caso Gürtel, en 2009, siempre fue el primer relevo en el que pensó Génova si la situación se hacía insostenible. "Comprendo que hay gente que quiere que Camps se vaya", continuó, "pero yo no y la mayoría de los valencianos tampoco". Tras Barberá, otros cargos del PP valenciano salieron a apoyar a su presidente. Entre ellos, Carlos Fabra, que aseguró que Camps sigue teniendo "toda" su "confianza".

De los otros tres cargos imputados en la misma causa, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret, solo se manifestó el primero. El exvicepresidente el Gobierno valenciano se declaró persona "honrada" y tachó de "injusta" la decisión judicial.

Los socialistas valencianos solicitaron la convocatoria de un pleno parlamentario urgente y su secretario general, Jorge Alarte, se mostró dispuesto a facilitar al PP la elección de otro presidente alternativo a Camps. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del Gobierno, José Blanco, pidieron a Mariano Rajoy que se pronuncie sobre la situación. Sin éxito.

www.elpais.es 16.07.11

CANAL 9 RELEGA AL MINUTO 19 LA INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO

Ni siquiera mereció un hueco en el sumario. La información sobre la apertura de juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por haber recibido, supuestamente, regalos de la trama Gürtel fue relegada al minuto 19 del informativo de mediodía que emite la televisión autonómica y se zanjó con una noticia de 30 segundos de duración.

La apertura del Notícies 9 fue para la rueda de prensa que ofreció ayer la atleta Marta Domínguez, tras ser exculpada de venta ilegal y suministro de fármacos en la Operación Galgo. El protagonismo fue luego para el inicio de la segunda fase de la operación salida de verano. La tercera noticia fue sobre el FIB, el festival de música que se celebra en Benicàssim, y más tarde siguieron temas como la ocupación hotelera en Benidorm o las nuevas comunicaciones del puerto de Valencia.

No fue hasta el minuto 19, "escondido entre un reportaje del tranvía nocturno de Alicante y la inauguración de una plaza en Puerto de Sagunto", como destacó UGT en un comunicado, cuando se hizo referencia al juicio al presidente de la Generalitat. En la información no se citó por su nombre a Camps ni a los otros tres altos cargos que se sentarán en el banquillo (el expresidente de la Generalitat Víctor Campos, el ex secretario general del PP Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret), que tampoco aparecieron en las imágenes elegidas para ilustrar la noticia. En su lugar, se seleccionaron planos de la comparecencia de la consejera portavoz, Lola Johnson, tras el pleno del Consell.

El 'caso de los trajes'

La Intersindical Valenciana, que también criticó el tratamiento ofrecido por la televisión autonómica, añadió que ni siquiera se aludió a "qué se juzgaba, qué se imputaba a los acusados o en qué consiste el delito" en la información, más allá de aludir a que se abría juicio oral "por el caso de los trajes". Este sindicato comentó que la noticia había sido "elaborada personalmente" por la responsable de información de Televisió Valenciana, Maite Fernández. En la emisora de radio autonómica, la apertura de juicio contra Camps sí apareció en el sumario del informativo de mediodía, aunque luego se emitió como novena noticia.

"Así no hacemos más que dar razones a los que piden el cierre o la privatización de la televisión pública", lamentó UGT. "Este tipo de manipulación no hace más que profundizar en la falta de credibilidad de esta casa y hundir los índices de audiencia", insistió la Intersindical.

www.elpais.es 16.07.11

Camps se sentará en el banquillo por un delito de cohecho por la causa de los trajes

El presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados, desde el que habrá de responder a la acusación de haber recibido regalos de la trama Gürtel. Así lo ha decidido el juez José Flors, que ha instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la llamada “causa de los trajes” y que ha encontrado indicios de un delito de cohecho impropio en la actuación del dirigente popular. De cumplir su reiterada intención de no dimitir, Camps se convertirá en el segundo presidente autonómico que se sienta en el banquillo de los acusados.

La decisión no es recurrible, así que el único tiempo que le queda al presidente de la Generalitat valenciana es el que transcurra hasta la fecha para la que se fije el juicio que, al estar sometido al procedimiento del jurado, no se eternizará y probablemente será el próximo otoño.

El PSOE está pidiendo ya a Mariano Rajoy que aclare si va a mantener a Camps en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Así lo ha reclamado el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, en declaraciones a la cadena SER. También el responsable de Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha insistido en esa petición durante una rueda de prensa y ha asegurado que hoy "comienza el calvario judicial del señor Camps". "Un acusado tiene derecho a defenderse, pero desde el punto de vista político es impresentable", ha afirmado sobre la posibilidad de que Camps se siente en el banquillo y mantenga la presidencia. "Debe ser Rajoy quien valore si no perjudica los intereses de los valencianos", ha agregado.

La Fiscalía Anticorrupción pide la imposición de una multa y la acusación popular tres años de cárcel

Hernando ha aclarado también que la petición que hace el PSOE se refiere a los cargos públicos, no a las responsabilidades de partido. Ha sido su contestación, después de que un medio le preguntara si el partido también iba a aplicar la misma vara de medir al ex director general de la policía Víctor García Hidalgo, procesado en el caso Faisán. "Hace muchos meses que ya no está en el cargo", ha respondido Hernando.

En su auto, el juez sostiene que los elementos indiciarios de la comisión del delito de cohecho "no permite calificar de irrazonables ni de carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras". Además, José Flors exige el depósito de una fianza de 55.000 euros (la suma de la multa que reclama la Fiscalía Anticorrupción, 41.250 euros, más un tercio de esta cantidad) para asegurar que harán frente a las penas que se les impongan en el caso de ser condenados.

Después de más de dos años de imputación y de instrucción, de que el juez ya encontrara, en una ocasión, indicios de delito, de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara el caso y que el Supremo lo reabriera, ha llegado el momento en el que Camps pasa a ser procesado. Durante todo este tiempo, el presidente valenciano ha negado haber recibido regalos de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Sin embargo, al final, en su última oportunidad antes de que el juez adoptara esta decisión, cambió su calificación y, en boca de su letrado, expuso la posibilidad de haberlos recibido, pero que las entregas habrían sido por su condición de presidente del PP regional y no por su cargo público. El juez, José Flors, no ha atendido esta posición, ya que considera ambos cargos indisolubles.

En el auto, el magistrado indica que "cuando una misma persona ejerce simultáneamente dos funciones de relevancia pública (...) no cabe excluir que los regalos que reciba de quienes tienen intereses económicos, no sólo con el partido sino también y sobre todo con la administración autonómica gobernada por ese partido, únicamente puedan influir en una faceta de su vida".

El juez ha entendido que existen suficientes indicios para encausar a Francisco Camps por la acusación de haber recibido regalos de la trama Gürtel: 25 prendas de vestir por valor de algo más de 14.000 euros. Para ello ha contado con un informe de la Agencia Tributaria, presentado tras analizar la contabilidad de las empresas de la trama, con el fin de desvelar si en ella aparecía el pago de las dádivas. También ha contado con la declaración de testigos, como el sastre que confeccionaba las prendas, que afirmaron que Camps nunca les pagó los trajes, así como documentos manuscritos y correos electrónicos en los que los integrantes de la red Gürtel hablaban de los regalos al presidente de la Generalitat.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Camps recibió, entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros; a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros y en 2008, otros dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros. Por ello, lo considera autor de un delito de cohecho impropio continuado y solicita el pago de una multa de 41.250 euros.

Peticiones de pena

La fiscalía ha recordado que el presidente se beneficia de la irretroactividad de las leyes penales. Los hechos ocurrieron supuestamente entre 2005 y 2008. En 2010, PSOE y PP pactaron endurecer las penas por corrupción y el Código Penal castiga hoy ese mismo comportamiento con tres años de inhabilitación y de seis meses a un año de cárcel.

La petición de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, es más grave, ya que reclama tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, ya que considera que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función de su cargo) sino de cohecho propio, ya que los recibió a cambio de adjudicar contratos.

Tanto la defensa de Camps como las de los otros tres imputados, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, pidieron el archivo de la causa.

Sin embargo, esta no es la única causa que afecta al PP de Camps. También en el TSJCV se instruye la parte más grave de la rama valenciana de la trama Gürtel, en la que están imputados varios miembros de la cúpula del PP valenciano por delito electoral (que incluye financiación irregular), falsificación mercantil, cohecho y prevaricación, una causa que podría acabar inculpando también al presidente de la Generalitat Valenciana.

www.elpais.es 15.07.11

UN TESTIGO ASEGURA QUE SE ALTERARON FACTURAS PARA PROTEGER A CAMPS

El informático de la tienda de trajes manipuló facturas por encargo del dueño del negocio, que presuntamente se había entrevistado con Trillo

Dos de los principales testigos del caso reforzaron ayer ante el juez la tesis de que Francisco Camps, president valenciano, recibió varios miles de euros en trajes de la trama corrupta de la Gürtel. De sus testimonios se deduce, además, que dirigentes del PP maniobraron para que la Justicia no llegara a descubrir este hecho. Según fuentes cercanas al caso, el que en el momento de los hechos era informático de las tiendas en las que las prendas de vestir fueron adquiridas, Francisco Ferri, afirmó ante el juez que él mismo manipuló tres facturas por orden del dueño del establecimiento, Eduardo Hinojosa.

Por su parte, el que era sastre y director comercial, José Tomás, recordó que Hinojosa dio la orden de falsear la contabilidad tres días después de recibir la visita de Federico Trillo, responsable del área de Justicia en el PP. El sastre recordó que así lo había declarado ante un juez Miguel Marqués, otro de los trabajadores de la empresa. Más tarde, a preguntas de los periodistas, Tomás dijo que Camps no pagó nunca "ni una peseta" de los trajes.

Estas declaraciones se produjeron en el transcurso de la vista preliminar que se celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde el llamado caso de los trajes se instruye desde hace dos años y tres meses. Durante todo el día, el juez instructor, José Flors, escuchó a los testigos que quedaban por declarar o que, habiendo comparecido anteriormente, tenían que añadir alguna otra información relevante para la investigación. También se revisaron las pruebas que habían quedado pendientes.

Camps está acusado de cohecho pasivo impropio. Se le acusa de recibir varios miles de euros en trajes de la trama corrupta. En el mismo periodo en el que el president recibió las supuestas dádivas, los empresarios que presuntamente le agasajaron recibieron contratos millonarios de la Administración autonómica. Después de la vista preliminar celebrada ayer, el magistrado tiene de plazo hasta el viernes para anunciar si Camps y los otros tres imputados en el caso -el diputado del PP Ricardo Costa, el exvicepresident de la Generalitat Víctor Camps, y un alto cargo vinculado al mismo partido, Rafael Betoret- son finalmente juzgados.

Ayer, el informático narró ante el juez cómo Hinojosa le indicó que había "errores" en varias facturas, y le pidió que alterara su contenido para subsanarlas. En concreto, lo que Francisco Ferri hizo, según su declaración testifical, fue borrar la palabra "Camps" de tres tiques que constaban como pendientes de pago. Precisamente esos tres tiques fueron los que luego, en su declaración antes el juez realizada dos meses más tarde, el president autonómico aseguró haber pagado en efectivo. En concreto, Camps dijo que había pedido prestado el dinero a su escolta porque, en ese momento no llevaba el importe necesario en metálico.

Después del informático, compareció el sastre. Ante el juez, según las fuentes citadas, llegó a mostrar las facturas tal y como eran antes de ser presuntamente manipuladas, con el apellido de Camps incluido. José Tomás explicó que estas facturas están incluidas en el sumario del caso, ya que, según su relato, la manipulación en el archivo informático se produjo después de que la Policía requisara la contabilidad de las tiendas, en las que estaban incluidos los tiques originales.

El juez decidirá en los próximos días si el president es juzgado por corrupto

La alteración de las facturas por parte del informático, después de recibir una orden de Hinojosa, se produjo en marzo de 2009. Ese mismo mes, Trillo acusó públicamente al sastre de haber falsificado facturas. El propio Hinojosa se sumó a esta acusación, hasta el punto de usarla como argumento para despedir a José Tomás. Sin embargo, la jueza que investigó el asunto llegó a la conclusión de que Tomás no había manipulado ningún documento contable, y por lo tanto consideró improcedente el despido. Más tarde, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira dio también la razón al sastre, ya que archivó la denuncia que Hinojosa presentó contra Tomás por el mismo tema.

En un auto emitido por el juez Flors en julio de 2009, el magistrado llegó a la conclusión de que había "una razonable base documental" para afirmar que el pago de las prendas de ropa se realizaba desde empresas que formaban parte de la trama.

La vista preliminar se extendió desde las diez de la mañana de ayer hasta las ocho de la tarde. Incluyó la intervención de dos peritos de la Agencia Tributaria que habían analizado la contabilidad de las tiendas de ropa. El informe dice que la documentación auditada "adolece de deficiencias" y retrata un panorama de caos contable. Concluye que la trama Gürtel pagó, como mínimo, cuatro trajes a medida encargados por Camps en noviembre de 2006 y que costaron 2.880 euros. También compareció el perito autor del informe sobre la contabilidad encargado por las defensas.

Ante el juez declaró, además, la asesora fiscal de Hinojosa. Los dos últimos testigos fueron el chófer y el escolta de Camps. Fueron llamados a petición de la defensa. Cuando el president compareció como imputado ante Flors en mayo de 2009, declaró que la razón por la que pidió prestado a estas dos personas la cantidad necesaria para pagar la ropa es que él sólo llevaba dinero para pagar otras prendas que había planificado comprar. Añadió que su esposa, Isabel Bas, le había facilitado el dinero justo para esa adquisición, ya que es ella la que administra la economía familiar.

Otra causa para el PP

Tras la declaración de los testigos, cada una de las partes personadas en el proceso formularon sus conclusiones. No hubo novedades respecto a las posturas que ya se habían hecho públicas anteriormente. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación y pide una multa de 41.250 euros para Camps. La acusación popular, ejercida por varios diputados del PSOE valenciano, solicitó una pena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público, aunque también pide alternativamente una pena de multa.

El TSJCV investiga al PP también por financiación ilegal y prevaricación

Las defensas de los cuatro imputados, por su parte, piden que el caso se archive. "No ha habido ningún elemento incriminatorio", afirmó a la salida del juzgado Ignacio Peláez, abogado de Rafael Betoret. También el abogado de Francisco Camps, Javier Boix, pidió en su momento el archivo de la causa porque su cliente, explicó, pagó todas las prendas de ropa que adquirió en esa tienda.

El llamado caso de los trajes no es el único proceso penal abierto contra dirigentes del PP valenciano. El TSJCV anunció recientemente que abrirá también una investigación por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y financiación ilegal. Estos delitos fueron presuntamente cometidos por varios dirigentes del PP valenciano.

La Fiscalía pide una multa de 41.250 euros para Camps y el PSOE, cárcel

Entre ellos, está el exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla; la tesorera del partido, Yolanda García, la expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa Martínez y el diputado y vicesecretario de Organización, David Serra. Los delitos se habrían cometido en la adjudicación de contratos públicos a la trama Gürtel de forma presuntamente irregular, y también en la captación de fondos para la campaña electoral de 2007, en la que grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat habrían financiado al partido a través de empresas de la trama.

El TSJCV rechazó unir esta investigación al caso de los trajes porque consideró que no hay ninguna prueba de que el president Camps haya participado de forma directa en los hechos de esta segunda investigación.

Camps se ampara en la crisis para esquivar sus trajes

Ya es habitual. Ante cualquier nuevo paso de la Justicia, el president valenciano se encuentra de viaje, generalmente en Bruselas. Ayer, Francisco Camps acudió a un seminario sobre el Corredor Mediterráneo, la red de infraestructura del transporte que debería conectar el País Valencià con Europa, en parte gracias a fondos comunitarios. Preguntado en repetidas ocasiones sobre lo que estaba pasando en el TSJCV, Camps se negó a contestar. “Lo importante hoy de verdad para todos los españoles es la situación económica en la que estamos, que es gravísima”, aseguró. “En estos momentos, todos los valencianos pensarán que debo hacer lo que estoy haciendo, que es defender la economía de nuestra comunidad”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

www.publico.es 12.07.11


Giro copernicano de Camps para evitar el banquillo


Los cuatro imputados explican al juez que si recibieron trajes de las empresas de la trama fue en calidad de dirigentes del PP o de amigos del empresario Álvaro Pérez

El juez José Flors ha celebrado la audiencia preliminar, el paso previo para que el presidente Francisco Camps y tres ex altos cargos del PP valenciano -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- se sienten en el banquillo acusados de un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por haber aceptado regalos que los empresarios investigados habrían realizado en consideración al cargo que ocupaban.

En un intento desesperado por evitar la pena de banquillo, los cuatro imputados le dijeron al juez que esas prendas de vestir no las recibieron por el cargo público que ocupaban, sino que fue por su condición de dirigentes del PP y la relación de amistad que les unía a Álvaro Pérez.

La pena de banquillo ha pesado como una losa para el presidente Camps y los otros tres imputados en la rama valenciana del caso Gürtel. Están acusados de un presunto delito de cohecho impropio por haber recibido prendas de vestir que las empresas de la trama les habrían regalado teniendo en cuenta el cargo público que ocupaban.

Por eso, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, sus abogados le han explicado al juez que Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret se pagaron sus trajes. De todas formas, si se diera el caso de que el juez Flors no se creyera esta versión, le han explicado que los regalos se los hicieron en su calidad de dirigentes del PP o de amigos del empresario Álvaro Pérez pero nunca como consecuencia del cargo público que ocupaban, con lo que no habrían cometido ningún delito.

Este giro copernicano sorprende fundamentalmente en el caso del jefe del Consell que siempre ha defendido que se había pagado los trajes y que negó ante el juez ser amigo de El Bigotes.

Exculpar a Camps

Durante la audiencia preliminar, el paso previo al juicio, ha declarado también un informático de la empresa Forever Young, donde se compraban las prendas de vestir. Según las fuentes jurídicas consultadas, el testigo ha reconocido que tuvo que modificar el número de cliente de Francisco Camps para que se incluyeran las facturas que habían generado sus compras en la cuenta del empresario imputado Álvaro Pérez y que lo hizo por orden de sus superiores.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/giro-copernicano-camps-evitar-banquillo/csrcsrpor/20110712csrcsrnac_30/Tes

El sastre: ´Nadie duda de que Camps no se pagó los trajes´

 El sastre y exempleado de las tiendas madrileñas Milano y Forever Young José Tomás ha dicho hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "no ha pagado ni una peseta" de los prendas de vestir que adquirió en este último establecimiento, algo de lo que "ya nadie duda, ni siquiera el juez".

Tomás ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que hoy alberga la vista previa en la que se decidirá si Camps es juzgado por un delito de cohecho impropio, al haber recibido supuestamente regalos de la trama Gürtel.

"A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó, ni siquiera el juez lo hace", ha reiterado.

Tomás, quien asegura que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para demostrar "ciertas irregularidades" relacionadas con el caso, ha expresado su deseo de que "de una vez por todas se sepa la verdad de todo y que cada uno pague el precio que tiene que pagar".

"Se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo, y veremos si después no lo hace en otro", ha dicho en alusión a Camps.

Asimismo, ha señalado que el president ha manejado "muy bien los tiempos" mediante continuos recursos judiciales y ha conseguido "su objetivo", que en su opinión era que el juicio no coincidiera con las pasadas elecciones autonómicas, si bien cree que no podrá eludir sentarse en el banquillo.

"Aquí nadie engaña a nadie. Llevamos tres años con esto y de nada sirve hablar muy bien, hay que demostrarlo", ha dicho para considerar que, "en la vida, no se puede abusar de ser fulanito o menganito".

La sesión, que se celebra a puerta cerrada, está presidida por el magistrado José Flors, instructor de una causa en la que también están imputados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Según las investigaciones iniciadas por el juez Baltasar Garzón y continuadas por Flors, todos ellos adquirieron prendas de vestir en diferentes establecimientos de Madrid que posteriormente fueron supuestamente abonadas por la trama corrupta.

La audiencia, fijada para las 10.00 horas y a puerta cerrada, ha comenzado con la comparecencia de los peritos, a los que han seguido los seis testigos que deben asistir, la audición de las grabaciones propuestas y el informe de los abogados de cada una de las partes que se encuentran personadas en este procedimiento.


El magistrado tiene un plazo de tres días para pronunciarse sobre si es procedente abrir juicio oral en esta causa. En el caso de que su resolución sea favorable, no existe para las partes posibilidad de recurrir esta decisión. En el supuesto de que se acuerde sobreseimiento, sí que se puede presentar recurso ante la sala civil y penal del TSJCV.

En el supuesto de que se acuerde la apertura de juicio, el instructor debe dictar una resolución con los hechos justiciables y las pruebas a practicar que considere pertinentes y se inicia el proceso de elección del jurado y la designación de su presidente, que en este caso corresponde, según el turno de la sala, al magistrado Juan Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio. El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebra como mínimo un mes antes de la celebración de la vista.

La fecha de la celebración de la audiencia preliminar se acordó la pasada semana tras haber decidido el TSJCV que las dos causas derivadas de 'Gürtel' que han entrado en el alto tribunal valenciano:
la de los 'trajes' y la presunta financiación irregular del PPCV, debían continuar de forma separada.

Seis testigos
En la audiencia comparecen como peritos, según acordó Flors, dos inspectores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y un censor jurado de cuentas y economista. Como testigos, declararán, por decisión del instructor, el sastre de Milano, José Tomás y dos personas más, solicitadas por el fiscal y PSPV, en relación con la posible manipulación de ficheros informáticos referidos a ventas de prendas de vestir.

Asimismo declararán, por decisión de la sala que aceptó un recurso en este sentido de Francisco Camps, su chófer, su escolta y Cándido Herrero, considerado uno de los presuntos 'cabecillas' de la trama Gürtel. En la parte documental, se procederá a la audición de archivos que había propuesto Víctor Campos, de conversaciones con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez.

La convocatoria de la audiencia preliminar es el paso siguiente a la recepción por parte del instructor de todos los escritos de conclusiones provisionales, según establece la Ley del Jurado. En este acto procesal, las acusaciones podrán modificar los términos de su petición de apertura de la vista pero, de acuerdo con la normativa, no se admitirán nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.

Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros para Camps, igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que solicita 35.000 euros para Víctor Campos. El PSPV eleva la petición, de acuerdo con su calificación provisional, hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.

Camps, por su parte, pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones ya que niega haber recibido ningún regalo y sostiene que pagó las prendas en metálico. Asimismo, Campos alegaba que las prendas de vestir las pagó a Álvaro Pérez para que a su vez las abonara en el establecimiento; Betoret argumentó que pagó el precio personalmente mientras que Ricardo Costa aducía la intrascendencia penal de los hechos investigados y destacaba que la relación con Orange Market y Pérez fue por razón de su cargo en el PPCV y no como diputado.

www.levante-emv.com 12.07.11

EL JUEZ DECIDE EL FUTURO DE CAMPS

Flors resolverá tras la vista de mañana si sienta al presidente en el banquillo

El futuro judicial y en gran parte político del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se decide mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juez José Flors presidirá la audiencia preliminar, un ensayo del juicio que, según todos los indicios, le espera por haber aceptado, junto a los otros tres altos cargos del PP imputados, 40.000 euros en regalos de la trama corrupta Gürtel a lo largo de cuatro años, lo que constituiría un delito de cohecho pasivo impropio continuado. Flors deberá decidir al término de la audiencia preliminar, o en el plazo máximo de tres días, si dicta o no la apertura de juicio oral. Nunca hasta ahora un presidente en ejercicio de una comunidad autónoma se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La pena aplicable por cohecho pasivo entre 2005 y 2008 es una multa

El probable juicio y la eventual condena pondrían a Camps en una situación muy difícil de sostener, aunque su entorno transmita que su intención es aguantar. Primero, porque una sentencia condenatoria establecería que el presidente lleva dos años y medio mintiendo. Segundo, porque el cohecho pasivo conllevaba solo una pena de multa cuando supuestamente sucedieron los hechos (entre 2005 y 2008) y esa es la normativa aplicable. Pero los socialistas y el PP pactaron el año pasado endurecer las penas contra la corrupción y ahora esa misma conducta (aceptar dádivas ofrecidas con motivo del cargo público que se ostenta) se castiga con un año de cárcel y tres de inhabilitación.

Y, finalmente, porque la Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de haber aceptado 12 trajes (no dos ni tres como arguyen en el PP), cuatro americanas y otras nueve prendas de vestir. Pero eso, según ha concluido la investigación y han avalado hasta ahora 10 jueces, constituyó solo la punta del iceberg de la mayor trama de corrupción política destapada en Valencia y España. Según ese relato, la red de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, utilizaba las dádivas a cargos públicos y a sus familiares (especialmente a las esposas) para engranar una maquinaria corrupta que le permitía saquear las arcas públicas.

El avance de la investigación judicial apunta a que en Valencia lograron su objetivo por importes millonarios. Y ha conducido a la imputación por un amplio catálogo de delitos de corrupción (financiación ilegal, falsificación en documento mercantil, prevaricación y cohecho) de nueve personas de la máxima confianza de Camps, que en el momento de los hechos ocupaban las principales responsabilidades en el partido y en el Ejecutivo autónomo.

En total: dos vicepresidentes (Vicente Rambla y Víctor Campos); una presidenta de las Cortes (Milagrosa Martínez, anteriormente consejera de Turismo); el portavoz parlamentario y secretario general del PPCV (Ricardo Costa); el director de la televisión pública valenciana (Pedro García, antes responsable de Comunicación de Presidencia de la Generalitat); el vicesecretario general del PPCV (David Serra); la tesorera del PPCV (Yolanda García); la administradora del PPCV (Cristina Ibáñez) y el jefe de gabinete de Turismo (Rafael Betoret).

Dos años y cinco meses después de que estallara el caso, algunos han abandonado completamente la Administración (Campos y García) y la mayoría de ellos han sido degradados por Camps a diputados rasos. Una condición que, sin embargo, les otorga aforamiento, lo que impide juzgarlos como a cualquier ciudadano (solo puede hacerlo el Tribunal Superior de Justicia).

Si, como han dicho hasta el momento los jueces, las acusaciones contra su círculo de confianza están fundadas, o bien Camps no supo que su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido mercadeaban favores con la trama corrupta; o bien lo conocía y, al menos, lo toleró. Ninguna de las dos opciones parece muy edificante.

Los procesos por los delitos más graves de la vertiente valenciana de la trama Gürtel tardarán probablemente varios años en resolverse. Parte de ellos se enjuiciarán en Valencia y otra parte (como el supuesto reparto de tres millones de euros en comisiones de los fondos que Canal 9 destinó a la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006) en la Audiencia Nacional. Si Flors dicta esta semana la apertura de juicio oral por el llamado caso de los trajes, en cambio, Camps será juzgado hacia octubre o noviembre por un tribunal del jurado.

La audiencia preliminar que se celebra mañana viene a ser un ensayo del juicio al que no es necesario que asistan los acusados. El juez analiza de forma sintética las pruebas y argumentos de las partes y a continuación decide si está o no justificado celebrar el juicio. Durante la vista, que quizá dure más de un día, se escucharán las explicaciones de los peritos; declarará una selección de los testigos (no estarán, por ejemplo, Correa, Crespo ni El Bigotes); se oirán las conversaciones grabadas que figuran en el sumario; los abogados presentarán sus conclusiones y se practicará alguna prueba.

www.elpais.es 11-07-11

CAMPS, MÁS CERCA DEL BANQUILLO POR LA CAUSA DE LOS TRAJES

El TSJ rechaza unir la causa de los supuestos regalos recibidos por el president con la financiación irregular del PPCV y fija la vista preliminar el próximo martes

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado acumular las causas que instruye por los supuestos regalos de la red Gürtel al president de la Generalitat, Francisco Camps, y por una presunta financiación ilegal del PPCV.

Así lo indica en un auto hecho público hoy en el que además fija para el próximo martes la audiencia previa del proceso por cohecho pasivo conocido como "la causa de los trajes", donde está imputado Camps junto a otros altos cargos de la Generalitat y del PPCV.

Según informa el Tribunal valenciano, los implicados están exentos de acudir a esta comparecencia previa que establece la Ley del Jurado, y además se celebrará a puerta cerrada ya que todavía forma parte de la fase de instrucción.

El magistrado del TSJCV José Flors instruye esta causa abierta contra Camps, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, por haber recibido prendas de vestir pagadas por los cabecillas de la trama Gürtel.

La causa por financiación ilegal del PPCV, que procede del Tribunal Superior madrileño, ha recaído por turno sobre el magistrado José Ceres, quien deberá investigar un supuesto delito electoral de este partido en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008.


También investigará si el Gobierno valenciano prevaricó y cometió cohecho en contratos con la firma Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez "El Bigotes".

El Ministerio Fiscal y varios diputados del PSPV se habían mostrado favorables a la acumulación de ambos procedimientos en una misma causa al entender, afirman los socialistas, que existe "íntima relación" entre las adjudicaciones públicas, la financiación del PPCV y los regalos que recibieron sus dirigentes "por una u otra razón".

La Sala estima pro el contrario que no hay una "concreta conexidad legal" que justifique esta medida, y señala que la unificación es de una "innegable complejidad".

Según el auto, no coinciden las mismas personas en las dos causas y, pese a las "peculiaridades" del estado de ambas -en la de la financiación queda por continuar la instrucción iniciada y en "la de los trajes" ya se han calificado los hechos-, no procede unirlas, aunque lo vería "razonable" si fuera el momento procesal inicial.

Respecto a la de "los trajes", indica que la duración de su instrucción, las diligencias practicadas y las conclusiones asumidas "aconsejan restringir la valoración sobre la acumulación pretendida".

Lo contrario afectaría "seriamente" al proceso y causaría una "posible no justificada dilación" de la causa en la que está imputado Camps que, "sin perjuicio de lo que resulte tras la audiencia preliminar -del próximo martes-", cuenta con "un objeto procesal ya conformado".

La acumulación, insiste la Sala, obligaría a reabrir la instrucción tras dos años de investigación judicial.

www.levante-emv.com 05.07.11

NINGUNO DE LOS ALTOS CARGOS DE CAMPS PUDO JUSTIFICAR HABER PAGADO LOS TRAJES

Costa, Campos y Betoret declararon que abonaron las prendas a un jefe de Gürtel

Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, altos cargos del Gobierno y el PP valencianos, compañeros de causa judicial del presidente Francisco Camps por aceptar presuntamente regalos de la trama mafiosa Gürtel, prestaron declaración ante el juez instructor, José Flors, y la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2009. Los interrogatorios, que hoy reproduce EL PAÍS en parte en estas páginas y de forma completa en su web (www.elpais.com), no parecieron convencer al juez, que rechazó archivar las acusaciones y ha conducido la causa hasta dejarla a un paso de dictar la apertura del juicio oral. Ni Camps ni los otros tres imputados pudieron justificar haber pagado los trajes.

La investigación policial y Anticorrupción consideran acreditado que los acusados recibieron prendas por valor de 40.374 euros entre 2005 y 2008. Y que ese era el método que la trama corrupta empleaba para ganarse a los cargos públicos cuyas arcas pretendía saquear. En Valencia, según la investigación, lo logró con creces: la red recibió contratos millonarios adjudicados a dedo, al tiempo que participaba en la financiación ilegal del PP.

Costa era secretario general del PPCV; Campos, vicepresidente de la Generalitat, y Betoret, jefe de gabinete en Turismo. Los tres dejaron, en cierta forma, en evidencia a Camps: reconocieron ser amigos de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia, y sostuvieron que le pagaron a él las prendas de vestir. El presidente negó ante Flors ser amigo de Pérez, a pesar de que en las conversaciones grabadas lo trata de "amiguito del alma", y mantuvo que abonó las prendas en efectivo con el dinero que le preparaba su mujer, aunque ningún empleado lo vio pasar por la caja.

www.elpais.es 27.06.11

RICARDO COSTA EX SECRETARIO GENERAL : "LE PAGUÉ EL TRAJE A ÁLVARO PÉREZ PORQUE IBA MUCHO A MADRID"

Juez. ¿Desde cuándo y qué relación tiene con él [Álvaro Pérez]?

Costa. Prácticamente creo que desde el año 1996, única y exclusivamente porque era una de las personas que organizaba los actos del partido por toda España, y lo veía en los actos del partido donde coincidíamos (...).

J. ¿Aparte de verle, tiene usted alguna otra relación de amistad?

C. A partir del año 2005, noviembre del 2004, que es cuando yo entro en la dirección del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, él era el proveedor habitual del partido, por tanto, sigue siendo el proveedor habitual del partido y por lo tanto esa relación de proveedor desembocó (...), una relación digamos de amistad (...).

J. Perdón, ¿a quién le entregó usted el precio del traje?

C. Al señor Pérez, por indicación del señor [José] Tomás. Porque creo que dijo que él iba mucho por Madrid y que no hacía falta que yo me desplazara (...).

J. ¿No efectuó usted ningún otro encargo?

C. Ningún otro encargo.

J. ¿Usted se explica que en un documento que apareció en Forever aparezca su nombre con una cantidad, como una deuda que usted mantenía con esa entidad?

C. Yo creo que ese documento, o esa cantidad o lo que refleja es absolutamente falso.

(El juez hace oír a Costa seis grabaciones hechas poco antes de que estalle el caso Gürtel: los cabecillas de la trama y el propio Costa expresan su preocupación porque una exempleada, Isabel Jordán, se ha ido de la lengua).

J. Álvaro, cuando se pone en contacto con usted, le dice que Pablo [Crespo] tiene que contarle algo importante. ¿Ese algo importante, en qué consistió? (...).

C. Me contaron que lo importante era que la tal Isabel Jordán (...) estaba criticando a la empresa de Álvaro Pérez por Madrid.

J. ¿Pero algún detalle concreto le diría? La expresión que utilizó ya la ha escuchado usted.

C. Sí.

J. [Jordán] "nos ha gastao un putadón".

C. Sí, pero el putadón...

J. Y es algo tan importante que (...) usted acude a las once pasadas de la noche a esa reunión (...). ¿Cuáles son los detalles de eso tan importante?

C. No hubo tiempo a dar ningún detalle porque la reunión duró 10 minutos (...)

www.elpais.es 27.06.11

RAFAEL BETORET: "NUNCA PIDO TIQUE. SOY BASTANTE DEJADO PARA ESAS COSAS"

Juez. ¿Con motivo de esa relación personal, que parece que había entre usted y el señor [Álvaro] Pérez, usted acudió a una tienda de prendas de vestir de Madrid llamada Milano?

Betoret. Sí. Me ha gustado siempre bastante la ropa, los trajes, y yo le había alabado en varias ocasiones los trajes y los abrigos que... Y él [Pérez] decía que me quedaría sorprendido, que un día me presentaría a su sastre. Y con motivo de un Fitur, estando yo en Madrid, él me llevó a la tienda de Milano, que estaba ubicada creo que enfrente de donde tenía el despacho.

J. ¿Y qué prendas de vestir encargó usted en esa ocasión? Sería en el año 2005-2006.

B. No lo recuerdo muy bien porque hace tiempo, creo que fueron dos o tres trajes.

J. ¿Dónde se los enviaron, aquí a Valencia, a su domicilio o al domicilio de Orange Market?

B. No, no, a mi domicilio.

J. A su domicilio. ¿Y cómo satisfizo usted el importe de estos trajes?

B. Yo pensaba (...) que debía ser bastante caro... Yo le decía [a Álvaro]: "Que yo no puedo". Y él decía: "No te preocupes". Entonces yo le dije a él si se los podía pagar más tarde o más adelante porque era enero. Me dijo que sí, que no había ningún problema, que [José] Tomás, el sastre, era una persona de su absoluta confianza y que no tenía ningún problema. Yo le dije a Álvaro que le preguntase cuánto era. Él me dijo. Y eso sí que lo recuerdo porque ahora, con este motivo, he mirado que le [pagué con] dinero en metálico a Álvaro para que él, que iba más frecuentemente a Madrid, se lo pagase. Y he mirado cómo sacaba dinero en efectivo, con la paga de junio realmente fue cuando pagué esos trajes, de ese año, dos mil euros le pagué.

J. ¿Le pidió usted el tique de compra de estos trajes?

B. ¡Pues la verdad es que no! No, nunca. Soy bastante dejado para este tipo de cuestiones.

www.elpais.es 27.06.11

VÍCTOR CAMPOS EXVICEPRESIDENTE: "APRECIO MUCHO [A EL BOGOTES]. ES UNA PERSONA MUY CARIÑOSA"

 Juez. ¿De qué le conoce usted [a Álvaro Pérez, El Bigotes]? ¿Desde cuándo? ¿Qué relación tienen?

Campos. Lo conocí, la fecha exacta no la sé, pero en torno de las elecciones de 2003, porque realizábamos muchas actividades para la campaña y en aquella campaña además de ser miembro de la ejecutiva regional [yo] era el cabeza de lista de mi formación política por la provincia de Castellón. (...) Luego fui coincidiendo con él en varias ocasiones, fundamentalmente por temas de partido y al final entablamos muy buena relación. Yo diría que una relación casi de amistad y, lo aprecio mucho, es una persona muy cariñosa y he mantenido y mantengo una buena relación personal con él.

J. ¿Le consta que él a través de una empresa que se llama Orange Market (...) ha sido contratado por (...) el Gobierno de la Generalidad?

C. Sí, lo comentamos que tenía suerte en algún concurso, y otros no, ¡y nada más!

J. ¿No ha ido usted a una tienda que se llama Milano, y ha hecho usted allí unos encargos de prendas de vestir?

C. No. El señor [José] Tomás era el sastre de la tienda a la que usted se refiere, vino un día aquí a Valencia, a mi despacho y entonces le hice un encargo desde aquí, no fui yo a la tienda de Milano.

J. ¿Cómo se pagaron estas prendas de ropa?

C. Se lo di yo también en dos, tres o cuatro veces, no recuerdo (...). A Álvaro.

J. ¿Pero, usted no había comprado a través de Tomás, que le había encargado?

C. Sí, pero me pareció natural (...).

J. ¿Usted ha realizado alguna vez en su vida alguna otra compra u operación de ropa por ese mismo sistema?

C. ¿De ropa? Pues seguramente no, pero a lo mejor me he comprado alguna otra cosa, pues seguramente sí. De algún amigo que tiene relación pues con no sé qué tipo de artículo que a lo mejor estás buscando y: "¡Oye, pues yo te lo conseguiré, porque te lo consigo del almacén y tal!"

www.elpais.es 27.06.11

EL TRIBUNAL ACELERA LA CAUSA POR COHECHO CONTRA CAMPS

El Tribunal Superior de Justicia valenciano respaldó ayer en un auto al juez José Flors, instructor de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps (PP), y tres altos cargos. Flors decidió en mayo no incorporar a la llamada causa de los trajes a los cabecillas de la trama Gürtel, que presuntamente regalaron prendas de vestir por valor de miles de euros a Camps y al resto de imputados mientras la red corrupta se enriquecía a costa de las arcas públicas. El motivo: el Código Penal castigaba en el momento de los hechos a la autoridad que recibía dádivas entregadas en atención a su cargo "pero no al particular que lo realiza".

La decisión acelera el procedimiento contra Camps: si los jefes de Gürtel hubiesen sido incorporados a la causa, esta se habría demorado varios meses. La apertura o no de juicio al presidente solo está ahora pendiente de que el tribunal decida si acumula el grueso de la vertiente valenciana de Gürtel (financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación) a la causa de los trajes, algo que las fuentes consultadas consideran poco probable.

A la Audiencia Nacional

Flors siempre ha rechazado transformar la causa por cohecho impropio (penado con multa) en otra por cohecho propio (cárcel e inhabilitación). La razón es que, pese a que la investigación ha acreditado que la trama obtuvo decenas de adjudicaciones a dedo violando las normas de contratación pública, Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no adjudicaron personalmente esos contratos.

El juez llamó a declarar como testigos a 35 cargos de la Generalitat en mayo de 2009 que sí intervinieron directamente en dichas contrataciones. Flors les preguntó si recibieron instrucciones de alguien para elegir a Orange Market o a otras empresas de la trama, y todos lo negaron.

El testimonio de esos 35 cargos evitó que Camps fuera encausado por un delito más grave. Pero ahora les dará problemas. Los 10 jueces que han conocido el asunto han avalado los numerosos indicios de que los contratos se adjudicaron de forma irregular y que, por tanto, alguien debe pagar por ello.

Buena parte de esos 35 cargos serán ahora imputados en la causa principal de Gürtel, que previsiblemente terminará en la Audiencia Nacional. Enfrentados a duras penas por prevaricación o cohecho, señalan fuentes jurídicas, quizá recuerden que efectivamente alguien les instó a contratar con la red corrupta.

www.elpais.es 11.06.11

LA OPOSICIÓN VE "INVEROSÍMIL" LA DECLARACIÓN DE CAMPS

El PP presentará hoy una denuncia por revelación de secretos

La declaración de Francisco Camps ante el juez que instruye la causa en la que está imputado por haber aceptado presuntamente regalos de la red Gürtel, que ayer publicó íntegramente EL PAÍS, generó reacciones en las fuerzas políticas. El portavoz socialista, Ángel Luna, calificó de "absolutamente surrealista" la explicación del presidente valenciano. EU insistió en que el PP debía cambiar a su candidato a presidir la Generalitat valenciana antes de la investidura. La dirección regional del Partido Popular consideró, en cambio, que la información era "aclaratoria e incluso positiva"; "lo que viene a decir es que el presidente se paga todo lo que compra". Aunque fuentes del PP anunciaron que hoy presentarán una denuncia por revelación de secretos.

En su declaración judicial, a la pregunta de por qué no conservaba justificantes de los trajes y otras prendas de vestir (22 en total, según la Fiscalía Anticorrupción) que supuestamente le obsequió la trama corrupta y que, según Camps, abonó en metálico, el presidente respondió: "Llevo muchos años no pidiendo ni tique ni factura cuando yo he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo de nada".

El juez José Flors preguntó a Camps por qué Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la red corrupta en Valencia, le decía el 7 de enero de 2009: "¿Has leído mi tarjetón?"; "pues fíjate si te debo". Camps respondió al juez: "La idea de una Comunidad fuerte y un PP muy fuerte". El magistrado no se conformó con la respuesta, y agregó: "Insisto en que no tiene usted el deber de contestar, puede negarse o contestar lo que desee, pero en el ámbito del discurso lógico, frente a un agradecimiento de muchísimas gracias y fíjate cuánto te debo, parece deducirse que esa deuda la está compensando con algo. Eso es por lo que yo le pregunto". Y Camps: "Yo no sé lo que me debe el señor Álvaro. Mucha gente me dice por la calle: ¡Cuánto le debemos, presidente!".

www.elpais.es 31.05.11

CAMPS: "NUNCA PIDO FACTURA NI TIQUE PARA QUE NADIE CREA QUE LO CARGO A PROTOCOLO"

El presidente valenciano: "Jamás hablé con Álvaro Pérez de actos del Gobierno"

El presidente valenciano, Francisco Camps, a un paso de sentarse en el banquillo por un delito de cohecho impropio relacionado con la red Gürtel de corrupción, se vio obligado a responder a las preguntas que el juez José Flors y la Fiscalía Anticorrupción le hicieron el 20 de mayo de 2009. Una explicación que, a la vista de los pasos dados por el magistrado desde entonces, resultó poco convincente y que hoy reproduce EL PAÍS en parte en estas páginas y en la página web (www.elpais.com) de manera íntegra.

  • ¿Qué le debe a usted?: "La idea de una Comunidad fuerte"

  • "En la farmacia de mi esposa pasaría Álvaro y le devolvería el regalo"

  • "Si nadie me reclama el traje, es que yo he pagado el traje que me llevo"

  • "Tenemos claro que hay cosas que no se nos tienen que regalar ni ofrecer"

Camps será juzgado por haber aceptado presuntamente regalos que le hacía Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe valenciano de la trama Gürtel. Una práctica que, según la investigación avalada por numerosos jueces en Madrid y Valencia, la red utilizaba para ganarse la confianza y el favor de los altos cargos de las Administraciones del PP donde concurría para conseguir contratos. En Valencia la trama logró adjudicaciones millonarias supuestamente amañadas y colaboró aparentemente en la financiación ilegal del PP regional. Por ambas cuestiones cinco jueces acaban de imputar al círculo de confianza de Camps en el partido y en el Ejecutivo autónomo.

Ese paso demorará algunas semanas, puede que un mes, la decisión de Flors de abrir o no juicio oral contra el presidente Camps. El Tribunal Superior de Justicia valenciano debe dilucidar ahora si los nuevos delitos se incorporan a la llamada causa de los trajes. Lo que sigue es un resumen de la declaración.

Juez. ¿Tiene alguna especial relación de amistad con Álvaro Pérez? ¿Frecuenta usted la amistad de este señor?

Camps. No, la relación ha sido de partido durante todos estos años, es el que ha organizado los actos del partido y mi relación ha sido siempre en los grandes actos del partido en la Comunidad Valenciana, porque me ha gustado siempre supervisar el ingenio, la innovación, los atriles, la iluminación, para dar un ritmo de modernidad a lo que eran los actos del partido. Y esa es la confianza que el partido depositó en él durante estos años y es la única relación que yo he mantenido con él.

J. ¿Además de los actos del partido, parece ser que [Álvaro Pérez] ha organizado diversos actos para la Administración de la Generalidad Valenciana?

C. Si, eso es lo que parece...

J. ¿Le consta a usted?

C. Bueno me ha constado durante, fundamentalmente, estos días que he visto la petición, entre otras muchas cuestiones por parte de este tribunal, de la relación de actos que ha podido realizar para la Administración

J. ¿Y con anterioridad no sabía usted que este señor, a quien usted conocía y trataba por realizar actos del partido, también los organizaba para el Gobierno o la Administración de la Generalitat?

C. Podría tener alguna, más o menos, somera idea al respecto, pero tenga usted en cuenta que la Administración autonómica...

J. Perdone, ¿Él [Álvaro Pérez] nunca le ha comentado nada?

C. ¡No! ¡Nunca! Yo he tenido muy clara la división entre el partido y el Gobierno, yo de hecho he intentado siempre que las personas que estaban en el Gobierno no estuviesen en el partido, y que las personas que estaban en el partido no estuviesen en el Gobierno, y esa dicotomía la he mantenido para mí mismo también (...).

J. Lo que deduzco de lo que dice es que usted sí que ha hablado alguna vez con él por actos relacionados con el partido, pero no con actos relacionados ni con la Administración ni con el Gobierno de la Generalitat.

C. ¡Nunca!

J. Sin embargo, parece que ha tenido alguna intervención o pretendía tenerla con la organización de actos que sí que afectan al Gobierno, por ejemplo una visita institucional a Estados Unidos.

C. No, esta persona, supe que conocía, a través de otra persona, a un exembajador de Estados Unidos de Norteamérica en España, que conocía a un gobernador que tenía posibilidades de ser secretario de Comercio con la Administración Obama. Se puso en contacto, pero la realidad es que yo hice esa visita en diciembre y lo hice a través de un antiguo compañero mío, secretario de Estado para la UE de Exteriores, con quien hice la visita a este señor.

J. Lo que quiere decir usted es que sí que ha hablado con [Álvaro Pérez] respecto de organizaciones de actos que afectan al partido pero no respecto de actos que afectan al Gobierno. ¿Eso es lo que usted afirma?

C. Nunca he hablado con él de cosas que tienen que ver con el Gobierno. Ni con la Administración autonómica.

J. Parece ser que por indicación de este señor [Álvaro Pérez], o bien porque le acompañara, usted fue a hacer un encargo de prendas de vestir a un establecimiento de Madrid. ¿Esto es así?

C. Bueno, me habló en un momento determinado, sería en alguna reunión en el propio partido, que él conocía a alguien en una tienda en Madrid que tenía sastrería industrial y que acoplaba trajes ya hechos de confección que quedaban bien, y estaban a muy buen precio. Un día de los que fui por Madrid, me acerqué a la tienda, conocí al señor Tomás, y me presenté y esa es la circunstancia

J. ¿Y adquirió usted allí alguna prenda de vestir, en este establecimiento llamado Milano?

C. En este establecimiento no adquirí ninguna prenda. No hubo manera de que ninguna de las prendas que intentaba acoplarme me viniese bien.

J. Después de este incidente, parece ser que usted también fue a otra tienda regentada por el mismo señor, que se llama Forever Young, donde al parecer también encargó prendas de vestir.

C. Quien me llamó fue Tomás, me dijo que había cambiado de tienda, que estaba en un lugar fenomenal en el paseo de la Castellana, que, por favor, me pasara por allí, que estaba llamando a clientes de la anterior tienda, que había comprado un sistema de confección industrial, no de sastrería, que el precio de los trajes sería interesante. Y allí aparecí, a finales de 2006. Yo le llevé un traje mío, de los que tengo de sastrería, para ver si lo podía mirar, para no perder tiempo otra vez con la chaqueta, el pantalón, etcétera. Bueno, me hizo dos trajes en aquel momento, y luego fui a recogerlos, debió de ser a principios del 2007, recogí los trajes, le pagué al señor Tomás los trajes y me volví.

J. ¿Los pagó en efectivo?

C. Sí.

J. (...) ¿Ha comprado usted o ha encargado alguna otra prenda de ropa en Forever Young?

C. Sí, sí, sí. Cuando esos dos trajes ya me venían, unos trajes también relativamente baratos, pues fui por la tienda, recogí los trajes y me dijo: mira, si te parece, como la cosa va funcionando, bueno ahora le hemos cogido el aire, no sé cuantos... Al final terminé encargando un tercer traje.

J. ¿Cómo satisfizo usted el importe de este traje?

C. En efectivo

J. (...) Y aparte de estas prendas. ¿Ha adquirido usted alguna otra cosa en 2007 y 2008?

C. En el 2007, zapatos, que eran muy bonitos y estaban a muy buen precio.

J. ¿Y eso también lo abonó en efectivo?

C. Sí, en efectivo

J. ¿Y unos pantalones, parece decir Tomás que se llevó juntamente con los zapatos?

C. No, no, no, yo en la tienda solo he comprado trajes, este par de zapatos, y en el 2008 (...) yo fui por allí, estuve viendo prendas. Y lo único que me interesó de allí fue un bléiser azul marino. Recuerdo perfectamente que estaba rebajado a 150 euros (...).

J. ¿También pagó en efectivo?

C. Lo pagué en efectivo, y además no tenía la intención de llevarme la bléiser. No lo había comentado en casa, llevaba el dinero, que como siempre me había preparado mi mujer en efectivo para pagar. Mi mujer es la que lleva la economía doméstica de casa. Y recuerdo que no llevaba la cantidad para poderla comprar. Salí de la tienda y le pregunté al chófer y al escolta si habían [tenían] a bien, si llevaban dinero, dejarme dinero para poderme comprar pues no llevaba dinero suficiente. El escolta me dio 150 euros y pagué el traje y la bléiser, subí al coche y ya no volví nunca más.

J. Ahora escuchará usted el contenido de esta conversación que mantuvo usted con Álvaro Pérez el día 7 de enero de este año. ¿Reconoce ahí su voz?

C. Sí, y la de mi mujer.

J. ¿Y la de Álvaro Pérez?

C. Sí.

J. Habrá escuchado que al principio de la conversación se interrumpe, usted dice: '¡Oye, muchísimas gracias!' Y él le contesta: '¿Has leído el tarjetón?, ¡fíjate lo que te debo!' ¿Esto a qué responde? ¿Tuvo algún regalo?

C. No. Muchísimas gracias, es porque me decía que yo había hecho muy grande el partido político en la Comunidad Valenciana, y que yo sí que era un líder indiscutible del partido, etcétera... No sé si sabrá pero durante estos años viví las circunstancias internas del partido muy complicadas, y bueno, pues mucha gente entiende después de las elecciones autonómicas de hace dos años ganadas por mayoría absoluta...

J. Sí, pero al margen de estas incidencias en el partido, la expresión que utiliza este señor cuando usted le dice: '¡muchas gracias!' Le dice: '¿has leído mi tarjetón?, ¡fíjate si te debo!' ¿Qué le debe este señor a usted?

C. La idea de una Comunidad fuerte y un PP muy fuerte... porque es que en relación con él.

J. ¿Eso es lo que le debe el señor Álvaro Pérez a usted? (...) Insisto en que no tiene usted el deber de contestar, puede negarse o contestar lo que desee, pero en el ámbito del discurso lógico, frente a un agradecimiento de muchísimas gracias y fíjate cuánto te debo, parece deducirse que esa deuda la está compensando con algo. Eso es por lo que yo le pregunto.

C. Yo no sé lo que me debe el señor Álvaro. Mucha gente me dice por la calle: '¡Cuánto le debemos, presidente!' No lo sé, pero en cualquier caso nada que vaya mas allá de lo que es el convencimiento de que, bueno, que dirijo el partido, y lo dirijo bien (...)

J. En ese mismo contexto, el día siguiente al día de Reyes hay otra expresión que según ha dicho usted es de su esposa, que dice: '¡Con el mío te has pasado 20 pueblos!' ¿A qué se refería?

C. Posiblemente era con la pulserita de la niña.

J. ¡No, con el "mío"! Porque después hablan de la pulsera de la niña. ¿Le hizo algún regalo a su esposa, Álvaro?

C. Sí, sí, sí, el regalo que devolvió mi mujer.

J. ¿Qué regalo era?

C. Un reloj

J. ¿De qué características?

C. La verdad es que no lo sé, porque yo intenté ni verlo. Isabel lo tenía clarísimo también. Nosotros, como habrá podido comprobar en la conversación, entendemos que hay cosas que no se nos tienen ni que regalar ni que ofrecer ni que proponer, lo tenemos muy claro desde hace muchísimos años. Soy responsable público en muchas tareas mucho tiempo, y mi mujer conmigo ha compartido un criterio claro, de que no podemos recibir regalos de nadie, y que por tanto, de una manera o de otra, vamos devolviendo los regalos

J. ¿Y cómo devolvió el reloj?

C. Creo recordar que fue en la propia farmacia de mi mujer, que pasaría Álvaro por la farmacia y le devolvería el regalo.

J. ¿Qué regalo era el de la niña?

C. Creo, por lo que luego me ha contado mi mujer, porque yo no lo vi, que era una pulserita de estas de cuero con una medallita que ponía no sé qué lema.

J. ¿Y también eso se devolvió?

C. ¡Todo, todo se devolvió!

J. (...) ¡En la farmacia!

Fiscal. Dice que pagaba en efectivo. ¿Tiene algún recibo, factura o algún documento que acredite que hiciese el pago en efectivo?

C. El traje. ¡Yo pago y me llevo el traje! Y si nadie me reclama el traje es que yo he pagado el traje que me llevo.

F. En ningún caso reclamó un documento dada la posición que ocupa, la posibilidad de que pudiera...

C. Justo por eso, ¡fíjese! Yo llevo muchos años no pidiendo ni tique ni factura cuando yo he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo de nada. Justo por esas circunstancias tampoco utilizo la tarjeta de crédito nunca, la utiliza mi mujer; la tarjeta de crédito que tengo es una tarjeta que pago casi más de cuota que de gasto que hago con ella, porque he entendido siempre que como responsable político y dadas las circunstancias que recuerdo cuando era concejal en los años noventa, que era mucho mejor dejar claro que la tarjeta era de mi mujer, por tanto que es dinero nuestro, y que si yo pedía factura o tique... He cogido taxis en Valencia alguna vez y, jamás he pedido obviamente tique como sí que hacen muchos funcionarios o personas que trabajan para empresas, para que nadie crea que hay una especie de cuenta de protocolo que paga ni trajes, que paga ni cafés, que paga.

F. Pero precisamente para que constara que es un gasto personal que usted no imputaba a ninguna cuenta ni a ningún gasto. ¿No reclamó ninguna documentación justificativa del mismo?

C. ¿Pero que más justificación que el propio traje que yo me llevo de la tienda de forma pacífica? Es que nunca he pensado, jamás en mi vida, que comprarse algo en un sitio y llevárselo y pagarlo en metálico... Si fuese a reclamar luego. No me desgravo esas facturas, no las incluyo en ningún gasto de protocolo, mi mujer se fía de mí porque es la que me da el dinero, que es ante quien respondo, y ella ante mí, y no tiene sentido otra cosa, creo yo.

F. Cuando dice que su mujer es la que le da el dinero, la que gestiona la economía doméstica, ¿es la encargada de ir al banco a?

C. ¡Todo! ¡Todo, todo, todo!

F. Ese dinero en metálico que le da, ¿lo saca ella del banco?

C. Todo, todo. Lo saca del banco o de la caja de la farmacia, porque ella tiene una farmacia, y bueno, esa es nuestra vida.

F. ¿Y usted tiene los extractos del banco que acrediten que en esas fechas ha efectuado las [retiradas] de dinero?

C. Bueno, estamos hablando de cantidades, sí, hay un movimiento de dinero que sale del banco de ella, vamos, de la cuenta corriente que ella es la que maneja, pero en cualquier caso ya le digo que ella tiene una farmacia, tiene dinero en efectivo y compra ella porque tiene dinero.

Letrado de la defensa. ¿En alguna otra compra particular, a usted se le ha ocurrido pedir una factura de lo que compraba?

Camps. No

L. ¿Por qué no utiliza la tarjeta de crédito personal, podía ir a Forever y pagar con la tarjeta?

C. Porque no lo hago nunca, porque nos arreglamos mejor en mi casa así, y por lo que le he dicho antes, creo que quedó en el imaginario colectivo el uso de tarjeta por parte de políticos como si la tarjeta fuese a una cuenta corriente.

L. ¿Para que no le vean utilizar la tarjeta? ¿Por imagen?

C. Sí. Bueno, al final uno va tomando decisiones de imagen, ¿no? De la forma de vestir, de la forma de comportarse.

L. ¿Todo lo suyo lo paga en efectivo?

C. Sí, bueno, si voy con mi mujer, siempre paga mi mujer.

Juez. Ante esa costumbre de pagar en efectivo, normalmente quien así lo hace suele pedir el tique de compra, simplemente para que cuando pase con la bolsa por la puerta de salida si suena algún artilugio electrónico pueda justificar la compra. Usted, a pesar de eso, ¿no pide nunca tiques de compra?

Camps. Bueno, estamos hablando de una tienda en donde el encargado era el que me daba el traje y yo lo pagaba.

J. ¡Es que yo he entendido que su modo habitual de actuar es no pedir nunca tique de compra!

C. Nunca pido tique, efectivamente, nunca pido tique.

J. ¿Y lo poco que compra no pide nunca tique de compra?

C. Nunca.

J. ¿A pesar del riesgo de pasar con la bolsa por la puerta?

C. Bueno, vamos a ver, si es de ropa, si es por el lugar por donde se pasa por el lugar donde puede haber algún tipo de..., he ido con Isabel, he ido con mi mujer.

J. ¿Quiere usted decir algo que no se le haya preguntado y considere de interés para esclarecer estos hechos?

C. Sí, que niego la mayor. Esto sinceramente no tiene sentido alguno, a mí nadie nunca jamás me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría permitido. ¡Nunca, que me pagasen un traje! Qué sentido tiene que alguien me pague un traje. Y que he intentado siempre tener clara la diferencia entre mi vida personal y mi vida política. Y en la vida política, mi vida como presidente de la Generalitat, y como presidente del partido. Y que creo durante estos años haberlo conseguido.

LA GRABACIÓN QUE OYÓ EL PRESIDENTE

7 de enero de 2009, 22.38.

Álvaro Pérez. ¿Has leído mi tarjetón?

[la comunicación se interrumpe y continúa después].

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?

Á. Bueno, escucha, tú... ¿Has leído mi tarjetón?

C. Sí, sí, sí...

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

Á. Cuando tú quieras, y te dejen, y puedas...

C. Un abrazo, te paso con Isa .

Isabel. Con el mío te has pasado 20 pueblos.

Á. ¿Qué dices?

I. (...) No, en serio, no me lo voy a quedar.

www.elpais.es 30.05.11 

EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO

La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes de la red

Las fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por los regalos de los trajes con Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final dependerá del juez que tramita el caso de los trajes, José Flors, en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.

La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.

Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular, para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro procedimiento contra los cabecillas de la trama.

Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya: "Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos nuevos hechos".

Las "particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual causa contra Camps y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".

El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos fiscales.

www.elpais.es 27.04.11

ESCENARIOS Y PLAZOS A LA SOMBRA DE LAS ELECCIONES

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dejado "plena libertad de criterio" al instructor del caso de los trajes, José Flors, sobre si el presidente de Valencia, Francisco Camps, debe ser juzgado, o no, junto a los jefes de la trama Gürtel. Flors tiene varias opciones. Una de ellas -y, a la vista de los pasos que ha dado Flors en los dos años que lleva investigando el caso, es la más probable- es que opte por no incluir a los cabecillas de Gürtel en el caso de los trajes.

- Primera opción: el juez no acumula los casos. Si Flors rechaza sentar en el mismo banquillo a los supuestos sobornadores (los cabecillas de Gürtel) y a los supuestos sobornados (los políticos), la audiencia preliminar por el caso de los trajes se celebrará en los próximos días o semanas (antes de las elecciones de mayo, aunque el juicio sería en otoño). Este supuesto, indican fuentes jurídicas, implicaría que Flors se inhibiera a favor de un tribunal ordinario respecto al enjuiciamiento de la cúpula de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes), ya que, al no ser aforados, pueden ser juzgados por un tribunal normal. En ese caso, Camps y los otros imputados asistirían a ese otro juicio como testigos.

- Segunda opción: el juez sí acumula ambos procesos. Si el juez Flors se inclinara por acumular ambos procesos podría transformar la actual imputación de Camps por cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas en función de su cargo, aunque sea a cambio de nada) en otra por cohecho activo, que implica que los regalos se dieron a cambio de un trato de favor del Gobierno de Camps hacia la red. El cohecho pasivo se castiga con penas de multa; el activo o propio, con la cárcel. Si hay acumulación, la causa de los trajes se retrotraería a una fase anterior y es posible que los nuevos encartados, los jefes de Gürtel, pidan nuevas pruebas, que dilatarían la causa y pospondrían el juicio. Si todo sigue como está, el juicio contra Camps se celebraría el próximo otoño.

- Tercera opción: nueva imputación. El juez Flors podría igualmente, señalan fuentes jurídicas, sentar a sobornados y sobornadores en el banquillo manteniendo la imputación por cohecho impropio contra los primeros y la del propio contra los jefes de Gürtel. Y también cabe la opción de que abra dos procesos y modifique la situación y acusación que pesa sobre algún implicado. Por ejemplo, Betoret, quien sí dio contratos a la red como cargo público.

www.elpais.es 27.04.11

LUNA: "A EFECTOS PENALES EL PRESIDENTE ESTÁ EN LA TRAMA"

Todos los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana coincidieron en señalar que el auto del Tribunal Superior de Justicia era muy explícito a la hora de vincular a Francisco Camps con la trama Gürtel. Una opinión que no era compartida en la Generalitat, desde donde se insistía en que el auto no añadía nada nuevo a la situación procesal del presidente valenciano.

Ángel Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, aseguró que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal ponía de manifiesto "con meridiana claridad que, a efectos penales, Camps está en la red Gürtel. Y esto no es un montaje del Partido Socialista ni de ningún aparato extraño del Estado", dijo Luna, quien añadió: "Han sido muchos jueces y dos tribunales superiores de justicia los que están apreciando los indicios reforzados de que Camps ha cometido un delito de cohecho".

En una línea similar se pronunció la coordinadora y candidata a la presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, Marga Sanz: "Cada vez es más evidente la lógica que vincula el presunto delito de cohecho pasivo por el que está imputado Camps con el soborno activo por parte de quienes le ofrecían los regalos". Según Esquerra Unida, el auto del TSJ "cierra el círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama corrupta y los responsables políticos que, supuestamente, les daban cobertura". Enric Morera, candidato por Compromís, pidió la dimisión del presidente y su retirada como candidato del PP. La causa "no es solo por tres trajes, como han querido hacer creer desde el PP; la cosa es más complicada y va más allá".

Desde la Generalitat se insistió en que no hay cambios en la situación procesal de Camps y se hizo hincapié en el voto particular efectuado por el magistrado Juan Montero.

www.elpais.es 27.04.11

CAMPS PIERDE SU ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR EL JUICIO

El juez Flors decidirá si lo envía al banquillo por cohecho

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción.

La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret en el banquillo de los acusados.

En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.

La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".

La sala también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio legalmente establecido".

www.elpais.es 21.04.11

' AQUÍ, NO ES NADA", AFIRMA RAFAEL BLASCO

"El caso Gürtel, aquí no es nada", aseguró tajante el jueves el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. "El caso Gürtel no tiene absolutamente ninguna incidencia en la Comunidad Valenciana".

Entrevistado por Manel Fuentes para Catalunya Ràdio, Blasco se hizo un lío al responder primero que catalán y valenciano son "una lengua común con sus particularidades perfectamente diferenciadas" y añadir después que no, que se trata de lenguas parecidas y que los valencianos "estamos orgullosos de una lengua propia, que es el valenciano".

También respondió al cierre de emisiones de TV-3 que el Consell estaría "encantando" de que pudiera verse la televisión de Cataluña, pero echó la culpa al Gobierno de España por no otorgar un tercer multiplex y dijo que Acció Cultural del País Valencià tendrá que pagar la multa que le ha impuesto la Generalitat porque se trata de una sanción por "haber emitido ilegalmente".

Blasco reiteró que la imputación del presidente Francisco Camps es un asunto sólo de "tres trajes", que nadie ha podido demostrar que se los hayan regalado y que se trata de una "parafernalia mediático-política absolutamente desproporcionada".

www.elpais.es 22.04.11

EL PP RECURRE A LA DESESPERADA PARA EVITAR MÁS DAÑOS A CAMPS EN VALENCIA

Pide que se revoque un auto de Pedreira que agravaba los delitos del presidente

En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.

La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy

El PP alega en su recurso que el envío a Valencia le obliga a pagar un procurador

Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.

ACEPTAR AHORA EL DELITO O SENTARSE EN EL BANQUILLO EN OCTUBRE

Francisco Camps puede asumir el delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel y pagar la multa que lleva aparejada ese delito -con lo que evitaría el paseillo judicial-, o sentarse en el banquillo. En este caso, el juicio se celebraría en septiembre u octubre, calculan fuentes del Tribunal Superior de Valencia. Aceptar el delito y pagar la multa (que la fiscalía cifra en 41.250 euros) lo puede hacer en cualquier momento. Pero en el estado actual del proceso, si no hay aceptación del delito, Camps y los otros tres imputados (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos), están abocados a sentarse en el banquillo.

¿Qué pasos quedan? El fiscal ya ha presentado su escrito de acusación, el PSOE lo hará entre hoy y mañana, y las defensas, sucesivamente, tienen cada una cinco días. Todos los escritos estarán listos a comienzos de abril. Hecho esto, el juez José Flors deberá convocar una audiencia preliminar "de forma inmediata", previsiblemente en la primera quincena de abril. Inmediatamente después, tiene que decidir si abre juicio oral (contra esta decisión no cabe recurso) o archiva el asunto (en cuyo caso sí cabe recurso).

Selección del jurado

El juicio con jurado lo presidiría, por riguroso orden de reparto de causas, el magistrado Juan Climent, que ha estado al margen de los recursos y, por tanto, no se ha contaminado para celebrar el juicio. Entonces hay que seleccionar a los nueve jurados, más dos suplentes, que tienen que juzgar a Camps. Se convoca a cuarenta personas como posibles jurados. Cada dos años, del censo se extraen al azar varios miles de personas como candidatas a los juicios con jurado previstos. De ellas, y sin que repitan, para cada juicio se cita a unas cuarenta.

Después hay que fijar la fecha del juicio. En el Tribunal Superior de Valencia se da por hecho que el juicio con jurado no se celebraría hasta, al menos, septiembre. El día del juicio tienen que comparecer, de los 40 jurados inicialmente convocados, y hecha una primera purga, en torno a 26 candidatos. Antes del juicio, los abogados de las partes entrevistan a los candidatos y cada uno de ellos puede recusar a varios. Finalmente, tienen que quedar 11, nueve titulares y dos suplentes, que serán los que emitan veredicto.

La pena la estipula el presidente del tribunal en función de los hechos probados que fije el jurado. El cohecho se halla entre los delitos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Jurado.

www.elpais.es 21.02.11

FLORS TUMBA OTRO INTENTO DE DEMORAR EL CASO DE LOS TRAJES

Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le quedan cada vez menos recursos para retrasar el caso de los trajes, en el que está imputado junto a otros tres altos cargos del Consell y el PP regional por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Flors, instructor de la causa, ha rechazado, según se supo ayer, una nueva petición de suspender el procedimiento. El abogado de Camps había solicitado la comparecencia de varios peritos a fin de pedirles aclaraciones.

El magistrado recordó en su auto que según la Ley del Tribunal del Jurado esa diligencia deberá realizarse en la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión del juez de abrir o no juicio oral. Flors hizo hincapié en lo genérico de la solicitud: "No se concretó ningún extremo que debiera ser aclarado, ni se especificó cuál fuera la razón de necesidad por la que debiera alterarse la normal previsión normativa y resultara ineludible proceder a esas no precisadas aclaraciones con anterioridad a aquel momento".

www.elpais.es 19.02.11

"LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"

El ministerio público ha solicitado una sanción de 41.250 euros

Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia

Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.

Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.

El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".

Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.

"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.

El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".

En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"

"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.

www.elpais.es 17.02.11

BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"

Que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados es "una hipótesis; no un hecho real", dado que "no se ha planteado todavía", alegó ayer el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Para restar trascendencia a la situación judicial de Francisco Camps, Blasco descalificó la actuación de la fiscalía y trató de reducir el supuesto cohecho continuado del que se acusa al jefe del Consell a una cuestión "tonta y banal".

"Estamos convencidos de que acabará en archivo en el momento correspondiente", llegó a decir el portavoz popular sobre la investigación que afecta a Camps, aseguró que la acusación de la fiscalía "no empaña la honradez del presidente" y añadió que su apoyo social y electoral tiene "mayor peso político y moral que cualquier iniciativa judicial que esté sin probar".

"Camps será el candidato en la Comunidad Valenciana", vaticinó Blasco, que descartó cualquier falta de sintonía con la dirección nacional del PP y con su presidente, Mariano Rajoy. A la pregunta de si el Grupo Popular en las Cortes mantiene lo que dijo Camps en el hemiciclo, es decir, que se pagó los trajes, o resta importancia al hecho de haber recibido regalos, Blasco respondió que la acusación es infundada -"se trata de una acusación más política que judicial", dijo textualmente-, pero también calificó de "insignificante" la imputación. "Yo no aceptaría de una trama de corrupción ningún tipo de regalo", exclamó Blasco al responder si le parece digno que un presidente acepte que le regalen 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. "Pero no está demostrada esa acusación", puntualizó enseguida el portavoz popular, que insistió en reducir el caso a un problema sobre los recibos de "dos trajes" y tildó de "insustancial" la multa de 41.000 euros que solicita la fiscalía por cohecho pasivo impropio.

www.elpais.es 16.02.11

LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO 

La investigación ha destapado graves delitos de corrupción 

Las airadas protestas del PP por el trato "injusto" a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 

01. La financiación: 2,5 millones ocultos 

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. 

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por "terceros", advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron "siguiendo indicaciones" de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría "contrapartidas". 

02. El amaño: 14 millones en contratos 

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a "reiteradas irregularidades". Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas". En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.  

03. El saqueo: tres millones de Canal 9 

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.  

www.publico.es 15.02.11 

GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS 

Mientras Génova elude nombrar a Francisco Camps candidato oficial del PP para las próximas elecciones autonómicas, las manifestaciones públicas en apoyo al presidente valenciano de dirigentes del PP crecen. Este martes, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y ha asegurado que pondría "las dos manos en el fuego" por él.  

En una entrevista de Catalunya Ràdio ha aclarado que su designación como candidato, al igual que el resto, está a la espera de que el Comité Electoral Nacional lo ratifique, eso sí, no hay fecha para ello. Pons ha afirmado que "Camps es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat" valenciana, después de que ayer el comité electoral regional lo propusiera como candidato a la presidencia.  

Convencidos de su inocencia

Preguntado por la imputación del presidente valenciano en el caso Gürtel, ha subrayado: "Estamos convencidos de su inocencia", y ha manifestado que el hecho de que se le esté investigando no influirá en su designación como candidato. "Tomar una decisión en contra de esta convicción (de que es inocente) es arriesgarnos mucho a ser injustos", ha dicho.

Total, por cuatro trajes...

Siguiendo la línea argumental marcada por el PP, Pons ha restado importancia al proceso judicial y ha recordado que "está imputado porque le han regalado cuatro trajes y cuatro corbatas", a lo que ha agregado: "No creo que nadie considere creíble que por cuatro trajes y cuatro corbatas se venda un presidente de la Generalitat valenciana".

Desafío de Camps

Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo de dirigentes nacionales, Camps no parece estar muy convencido de que será finalmente el candidato y anoche, intentó forzar de nuevo su nominación convocando al comité electoral del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que aprobó por unanimidad que sería la cabeza de lista para el 22-M.

¿Buena sintonía?

Las aclaraciones del presidente del comité electoral del PPCV, Pedro Agramunt, y su secretario, Vicente Rambla, de que todo se había hecho en "plena sintonía" con Génova no han convencido a nadie. Tampoco las de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha explicado que la reunión en Valencia se convocó "a instancias" de la dirección nacional del PP. Esta coordinación y buena sintonía, sin embargo, no les lleva a incorporar en el orden del día del Comité Electoral Nacional la nominación de Camps y acabar así con las especulaciones.

www.elplural.com 15.02.11

BARBERÁ DUDA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y COSPEDAL HABLA DE "ATAQUE POLÍTICO"

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se ha convertido desde que estalló el caso Gürtel en uno de los grandes apoyos del presidente valenciano, Francisco Camps. Ayer, igual que otros colegas del PP, volvió a defenderlo y se mostró orgullosa de abrir un debate sobre la independencia judicial: "Es el mejor servicio que he hecho a España desde que estoy en política", subrayó, para después afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial".

A la vista de las críticas de la asociación Jueces para la Democracia, que ha pedido a la regidora respeto a los tribunales, Barberá negó que cuestione la imparcialidad de jueces y fiscales. "Dije que la mayoría de jueces y fiscales eran imparciales e independientes pero que podría haber algunos que no", recordó. Y aclaró que, si todos los días se debate sobre el poder ejecutivo y legislativo, "¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el judicial?".

Barberá insistió en que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables". "Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones... Y [los ciudadanos] lo tienen que saber", afirmó.

Esta ofensiva contra la justicia precisamente cuando Camps está a punto de sentarse en el banquillo -después de que cinco jueces del Tribunal Supremo dictaminaran por unanimidad que había caso- fue respaldada por la dirección nacional del PP. Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, apoyó a Barberá -aunque dijo que sólo se refería a fiscales y no a jueces, algo que no era cierto- y aseguró que Camps está siendo víctima de un "ataque político en toda regla". Insistió en que hay doble rasero en la fiscalía porque, mientras se pide el enjuiciamiento de Camps, en otros casos que el PP ve más graves, como el de los ERE andaluces, la fiscalía no hace nada.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, calificó de "terrorífico" que el PP cargue contra las instituciones para "amparar" a Camps ante la acusación de la fiscalía, que en su escrito pide 41.250 euros de multa al presidente valenciano por supuesto cohecho impropio.

www.elpais.es 15.02.11

UNA CARRERA CONTRA LOS JUECES

Deprisa y corriendo fue designado ayer Francisco Camps por los suyos, mientras los primeros espadas del PP valenciano arremetían contra jueces y fiscales. El 25 de enero saltó por los aires el calendario que manejaba el presidente de la Generalitat, confiado en dilatar, al menos hasta la disolución de las Cortes valencianas, la instrucción del caso de los trajes, ramificación del caso Gürtel que le afecta de lleno.

En esa fecha, el juez José Flors declaró concluida la instrucción sobre Camps y otros tres altos cargos del PP. Comenzó entonces la cuenta atrás para la apertura de juicio oral. El segundo revés se produjo el viernes, cuando la fiscalía concluyó que 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas regalados por la trama Gürtel suponen un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Ese mismo día, el TSJ rechazó recursos que intentaban frenar el procedimiento.

Camps se ha visto obligado a improvisar una estrategia para que Rajoy lo proclame oficialmente candidato. El nerviosismo cunde en la sede nacional del PP, donde hay temor a que la convención autonómica salte por los aires. También en la sede valenciana, donde aumentan las dudas sobre Rajoy y se teme una campaña electoral centrada en los problemas judiciales.

Camps mantuvo ayer un solo acto, de carácter protocolario, en su agenda pública. En su defensa salió la caballería. El vicepresidente del Consell Vicente Rambla dijo que "no es justo" el proceso al que está sometido. Y el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que el Gobierno de España "ha teledirigido de manera descarada a la fiscalía contra la soberanía popular de los valencianos".

www.elpais.es 15.02.11

COSPEDAL DEFIENDE A CAMPS Y ACUSA A LA FISCALÍA "DE SER UN ARMA DE ATAQUE POLÍTICO EN TODA REGLA"

Destacados dirigentes del partido vuelven a arremeter contra la justicia como respuesta a la petición fiscal de que el presidente valenciano se siente en el banquillo  

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la fiscalía "como un arma de ataque político en toda regla" contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces.

"Camps es un magnífico presidente de la Generalitat Valenciana"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la Fiscalía ?como un arma de ataque político? contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces.

Cospedal ha rechazado responder en varias ocasiones y a distintos medios si el presidente valenciano, Francisco Camps, será el candidato del PP en las elecciones autonómicas de mayo, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidiera para el presidente de la Generalitat una multa de 41.250 euros por un delito continuado de cohecho impropio pasivo.

El líder regional respondió a la petición de la fiscalía con un acto en el que fue aclamado por su partido. Hoy, sin embargo, Cospedal se ha negado ha confirmar si Camps será el cabeza de lista el próximo 22 de mayo y ante la pregunta de si preferiría que fuera él mismo el que tomara la decisión de retirarse ha asegurado que no sabe "que está en su mente" pero ha reiterado el mantra que se oye en Génova desde que surgieron las relaciones del PPCV y el caso Camps: "Es un magnífico presidente del PP en Valencia".

La respuesta de Cospedal ha venido precedida de la de otros líderes del PP de Valencia. El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, ha acusado hoy a la Justicia "de no ser justa con Camps". Según Rambla, "la Justicia debemos pretender que sea justa y en este caso creo que no es justo lo que está ocurriendo con el presidente Camps". Sin embargo, preguntado por qué es lo que se está haciendo de manera injusta con Camps, Rambla no ha respondido porque se había explicado "suficientemente".

Otro vicepresidente de la Generalitat, el tercero, aseguró en su blog el pasado sábado que "la fiscalía de Rubalcaba presiona al TSJ contra Camps" ya que "acusa sin pruebas". "Volvemos a la manipulación, a la mentira, a la falsedad", zanja Juan Cotino.

Finalmente, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó una entrevista con la agencia Efe para arremeter contra los jueces. Una entrevista que se realizó antes de que la Fiscalía remitiera al juez su escrito, pese a que la agencia fue distribuida el pasado sábado.

En ella, Barberá pidió plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?".

La asociación Jueces para la Democracia acusó a Barberá tras conocer las declaraciones de "sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

www.elpais.es 14.02.11

JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES

La alcaldesa insiste en pedir un debate sobre la justiciaJpD cree que las declaraciones de Barberá "evidencian su malestar partidista"

Jueces para la Democracia emitió ayer un duro comunicado sobre las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que solicitaba un debate sobre la independencia de la Justicia. La alcaldesa hizo estas declaraciones el miércoles a la agencia Efe, antes de que se conociera que la Fiscalía fuera a solicitar la apertura de un juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Efe no dio a conocer esa parte del contenido de la entrevista hasta el pasado sábado, coincidiendo con un acto del PP, pero ayer Barberá se reafirmó en su petición.

En el PP se procuraba ayer distinguir su posición crítica con los fiscales de la que mantienen con los jueces. Pero la alcaldesa de Valencia volvió a insistir en la posibilidad de plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?". Rita Barberá fue ayer más comedida que en sus declaraciones iniciales, en las que se había mostrado "profundamente sorprendida por la evolución judicial" del caso Gürtel y también por el que pesa sobre su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Son una muestra", dijo entonces, para que se piense "en darle una vuelta a la independencia de la justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos".

Estas manifestaciones, reiteradas ayer con algo de sordina, fueron las que motivaron la nota de Jueces para la Democracia (JpD), "pues llega [Barberá] a sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".

JpD asegura que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, "pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces que solo evidencia el malestar partidista de quien las emite". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

Jueces para la Democracia opina que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social de nuestros tribunales". JpD finaliza su nota haciendo constar su preocupación por la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales y reclamando una mayor responsabilidad por parte de "las autoridades valencianas" e instando a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial a intervenir "para recodar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".

Por su parte, los socialistas denunciaron que el único objetivo de las declaraciones de la alcaldesa era "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" contra Camps.

La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, lamentó que "la alcaldesa, de nuevo, invoca el Estado de derecho cuando su actuación coincide con sus intereses, pero no cuando le perjudican".

Contundente, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, tras mostrar su respaldo a la nota de JpD, aseguró que el "PP valenciano, con total seguridad, asumió gran parte del coste de la organización del congreso nacional o los actos de las elecciones generales de 2008. Aquí se pagaron los gastos y ni Rajoy ni Bárcenas pidieron las facturas ni nos las han enseñado. Por ese motivo Camps tiene cogido a Rajoy de la mano; si se lo lleva por delante se llevará también a Rajoy en su caída. El presunto delito por falsear la contabilidad de las elecciones generales prescribe a los tres años. Faltan unas pocas semanas. Ése es el principal problema para Rajoy: Que Camps tire de la manta y lo meta de lleno en Gürtel".

www.elpais.es 14.02.11

EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

González Pons: "Le persiguen porque dicen que le han regalado cuatro corbatas"

ayer a Francisco Camps en un multitudinario acto de aclamación de candidatos municipales en Alzira, a 35 kilómetros de Valencia, como respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público pidió el viernes una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel a cambio de decenas de contratos públicos.

El presidente del Gobierno valenciano augura una victoria electoral "épica"

Un millar largo de militantes populares aclamó al presidente valenciano cuando minutos después de las diez de la mañana entró en una sala de fiestas para compartir un almuerzo con sus compañeros de partido. Los periodistas que se acercaron al líder del PP en la Comunidad Valenciana cuando entraba en la sala para preguntarle sobre la solicitud del fiscal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo obtuvieron una respuesta: "Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes, que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos". A cada pregunta, la misma respuesta: "Estamos ante un éxito sin precedentes".

Los militantes de la organización provincial del PP de Valencia se tomaron una hora para almorzar. Ensalada, montaditos de lomo, agua y vino. No hubo café. Camps ocupó la mesa presidencial con cinco consejeros de su Gobierno, el presidente provincial del partido y su compañero Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional del PP.

Los primeros oradores insistieron en la honradez de Camps y solicitaron aplausos al presidente "por lo que está sufriendo". Nadie tuvo que hacer explícita la supuesta conspiración de todas las instituciones del Estado para derrocar al presidente valenciano. El auditorio ya la tenía asumida. Pero González Pons quiso aclarar algunos extremos: "Con los fiscales, los españoles no somos todos iguales ante la ley. No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas por el tesorero del PSOE en el ministerio de José Blanco, ni los ERE de lujo de Andalucía. Aquí, total, por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. Este no es el país que yo quiero".

En el arranque de su intervención, González Pons dio pie al discurso de Camps: "El PP es el único partido que puede decir que es de la Comunidad Valenciana".

El presidente de la Generalitat subió a la tribuna con tono exultante: "Valencia está orgullosa de ser Valencia y de ser del PP. Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor gestión que nunca se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho de esta tierra una tierra amable, abierta y potente". Camps auguró "una victoria épica el 22 de mayo" y evitó cualquier mención sobre sus problemas judiciales. Apenas deslizó: "Zapatero ha intentado ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra, porque sabe que si no gana en la Comunidad Valenciana no gana en España. Pero nosotros dijimos no, por aquí no pasarás. Y Rajoy ganará en la Comunidad Valenciana y en toda España".

El presidente valenciano insistió en presentar las próximas elecciones municipales y autonómicas como la antesala del relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno: "Este partido ha contribuido a parar a Zapatero, le quedan pocos meses. Hoy, más que nunca, todos nuestros compatriotas saben que en Valencia comenzó el éxito de una nueva manera de entender España".

Camps recurrió a la identificación de su proyecto con los intereses de la Comunidad Valenciana en el resto de su discurso, una dimensión regionalista que es tónica habitual en sus intervenciones: "Yo sé qué queremos, cómo queréis que sea la Comunidad Valenciana, porque somos de aquí, de esta tierra. Somos las líneas que dicta el corazón de los valencianos. Por eso somos un proyecto indestructible. Por eso estamos más fuertes que nunca".

www.elpais.es 13.02.11

EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA

El Partido Popular se movió ayer con extrema cautela tras conocer las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los trajes en el que se halla imputado Francisco Camps. El presidente de la Generalitat -de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada por el supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.

www.elpais.es 12.02.11

EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS

El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.

 Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía

El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".

Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".

Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.

La fiscalía pide pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.

Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.

Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.

La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública) contra las cúpulas del Gobierno y el PP valencianos, en los que también estaría implicado Camps.

El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.

Recursos rechazados

El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.

La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.

"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.

El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.

www.elpais.es 11.02.11

LAS CLAVES DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL FISCAL

El escrito presentado hoy por la fiscalía describe pormenorizadamente cómo la trama Gürtel agasajaba a "funcionarios públicos y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana" para favorecer a sus intereses. Este es el modus operandi que describe el fiscal.

Los agasajados

El auto cita a cuatro: el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; el jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa y el vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat valenciana, José Víctor Campos.

Los regalos

Francisco Camps: Según el auto, recibió al menos, los siguientes regalos: 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por un importe total de 14.021 euros.

Rafael Betoret: en atención a su cargo, recibió, al menos, cuatro americanas, 11 trajes, dos abrigos, y un pantalón. Todo por un valor de 13.499 euros.

Ricardo Costa: el auto asegura que recibió de la red Gürtel, al menos, cuatro trajes y seis pantalones por un importe total de 7.325 euros.

José Víctor Campos: en atención a su cargo fue agasajado con al menos dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por un importe total de 5.529 euros.

Los agasajados los recibían, bien en su domicilio, bien en Valencia. Previamente, se les habían ido a tomar medidas para calcular sus tallas.

Regalos e intereses económicos

Los cuatro agasajados, asegura el fiscal, "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez (cabecilla de la red Gürtel), Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos".

Dónde se compraban

Los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young en Madrid y se facturaban a las sociedades Easy Concept Comunicacion SL, Diseño Asimétrico SL, Good&Better SL, Servimadrid Integral SL y Orange Market SL, "todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris". Se pagaba en efectivo, en cheques o mediante transferencia.

El presunto delito

El fiscal considera a los acusados como autores de cuatro delitos continuados de cohecho.

Las penas

Francisco Camps: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

Ricardo Costa: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

Rafael Betoret: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

José Víctor Campos: multa de cuatro meses y 20 días y una cuota diaria de 250 euros

www.elpais.es 11.02.11

EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP

El TSJ espera la remisión de la parte valenciana de Gürtel mientras estudia los recursos contra la instrucción del juez Flors

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.

El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.

Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.

La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.

El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.

Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".

Mayor calibre

A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.

Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.

El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.

www.elpais.es 09.02.11

LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS

Los socialistas pedirán diligencias sobre el papel de Trillo en el caso de los trajes

 "Si la estrategia del señor Trillo no queda limitada a analizar qué artículos del Código Penal o qué eximentes se pueden o no aplicar, sino que además está dirigida a la manipulación de pruebas, hablaríamos de cosas extraordinariamente serias". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió ayer de la trascendencia de una prueba aportada por las Fiscalía Anticorrupción al caso de los trajes por el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

  • "Si fuese fiscal, me preguntaría qué hacía Trillo en la tienda", dice Oltra
  • "Hay visitas que se pueden evitar", indica el portavoz socialista sobre De Rosa

El documento aportado por la fiscalía especial probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young, donde Camps compró los trajes, fue manipulada en marzo de 2009, un mes después de estallar el escándalo, para sustituir la referencia al jefe del Consell por la de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El documento procede del abogado de José Tomás, el sastre que hizo los trajes a Camps. Días antes de que se produjera la supuesta manipulación -apoyada con archivos informáticos y correos electrónicos entre un directivo de Forever Young y el informático de la tienda- el diputado y portavoz de Justicia del PP Federico Trillo se reunió con el dueño de la cadena en sus oficinas.

"Si es cierto que se ha producido, y parece que hay algún elemento documental que así lo indica, una manipulación informática para destruir pruebas que podrían resultar determinantes para concluir que el señor Camps, como poco, ha incurrido en un cohecho pasivo impropio, estaríamos hablando de palabras mayores y de delitos extraordinariamente graves", dio Luna, que indicó: "Vamos a pedir alguna diligencia al respecto".

"Si yo fuese fiscal", comentó por su parte la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, "me preguntaría qué hacía Trillo con los propietarios de esta tienda, del mismo modo que me preguntaría por qué le regalaron los trajes a Camps, y por qué el presidente tenía tan buena relación con esa gente".

Las ventas de los trajes supuestamente regalados a Camps por una trama de corrupción que obtuvo adjudicaciones millonarias de la Generalitat y a la que se investiga por su intervención en una presunta financiación irregular del PP valenciano, se produjeron entre febrero y julio de 2008 y ascendieron a 2.680 euros.

La evolución judicial del caso, que está en puertas de que el juez instructor, José Flors, decida si sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat, ha vuelto a poner al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el centro de atención. La visita que la semana pasada hizo a la sede del tribunal el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y exconsejero de Camps, Fernando de Rosa, se ha interpretado como un elemento de presión. Ángel Luna dijo ayer al respecto que "hay visitas que se pueden evitar". El portavoz socialista señaló que alguien que como De Rosa ha tenido una relación tan cercana con Camps "debería ser extraordinariamente prudente", aunque añadió, en honor del vocal del poder Judicial por el PP, que ayer mismo por la mañana elogió en la radio la instrucción llevada a cabo por el juez Flors.

Una cuestión "banal" y una "auténtica tontería"

En opinión del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, lo que se reclama judicialmente al presidente de la Generalitat, imputado en un supuesto caso de cohecho pasivo impropio por haber aceptado regalos de una trama de corrupción, "es una auténtica tontería" en comparación con sus responsabilidades públicas. Según Blasco, "lo único que se pretende es demostrar si Camps guarda el tiquet de un par de trajes", lo que resulta "absolutamente banal" y obedece a "una ceremonia encaminada a descalificarlo". Blasco, que eludió responder a una pregunta sobre la implicación de Federico Trillo en la supuesta manipulación de pruebas denunciada por la fiscalía, atribuyó todo el asunto al "nerviosismo" de los socialistas ante las próximas elecciones y reiteró que Camps "continúa teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana". El portavoz popular llegó a asegurar que la acusación contra el jefe del Consell no pasará de una falta.

Unos minutos antes, en la propia sala de prensa de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís Mònica Oltra ya había advertido contra esa tergiversación. Se trata de un delito de cohecho impropio y no de una falta. Un delito que hasta hace poco se condenaba con multa de tres a seis meses pero que en la reforma del Código Penal del año pasado ya implica penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación. A Camps, llegado el caso, se le aplicaría la previsión más benévola.

El presidente del Consell, mientras tanto, eludió ayer, en una visita a la feria Cevisama junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los periodistas le preguntaran sobre el caso.

El PP se volcó en arremeter contra el socialista Ángel Luna por la investigación que el TSJ realiza sobre él, ahora por encubrimiento, tras una denuncia del PP. Blasco llegó a acusar a Luna de tener "una actitud reprobable e indigna" por mostrar en un pleno un documento del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El propio Luna negó haber incurrido en encubrimiento, dijo que recibe mucha información anónima y que su obligación como portavoz de la oposición es denunciar casos como el desvío a la trama de corrupción de al menos tres de los 14 millones que gastó RTVV en la visita del Papa.

www.elpais.es 09.02.11

UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS

El cerco judicial se estrecha sobre Francisco Camps en el caso de los trajes, la causa por cohecho pasivo impropio abierta contra el presidente valenciano por haber recibido regalos por valor de miles de euros por parte de la trama Gürtel que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al tribunal un documento que probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada en marzo de 2009, tras el estallido del escándalo, para sustituir el nombre del presidente de la Generalitat por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia.

"La manipulación habría consistido en sustituir el nombre del adquirente de las prendas (394 que corresponde a Francisco Camps, por 571 que corresponde a Álvaro Pérez)", señala el escrito de fiscalía. Las ventas se efectuaron entre febrero y julio de 2008 y sumaron 2.680 euros. Un importe que coincide con el que figura en una nota manuscrita dirigida a Pablo Crespo, número dos de la trama, por la compra de varias prendas destinadas a Camps, que ya está incorporada a los autos.

La fiscalía recibió la información del abogado de José Tomás, el sastre de Forever Young, que ha explicado cómo tomó medidas al presidente valenciano y le encargó trajes que fueron abonados después por la trama. Los documentos entregados por el abogado incluyen archivos informáticos y correos electrónicos cruzados entre Raquel Vázquez (mano derecha del dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa) y Francisco Ferre, el informático de la tienda, en el que se detallaban las ventas que debían ser manipuladas.

Las fechas son importantes. El caso estalló en febrero de 2009. Los correos para encubrir a Camps se enviaron el 21 de marzo. Pocos días antes (tras la publicación en EL PAÍS de una entrevista con José Tomás), Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, se reunió con el dueño de Forever Young en sus oficinas. El contacto, además de con la supuesta manipulación de la contabilidad ahora aportada, coincidió con el inicio de una intensa campaña contra el sastre en la que se destacó Hinojosa.

www.elpais.es 08.02.11

EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES

El juez José Flors rechazó ayer un nuevo intento de la defensa de intentar dilatar el caso de los trajes, en el que están imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del Gobierno autonómico y el PP regional. La causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha entrado en la recta final, después de que el magistrado haya pedido a las partes que fijen su posición antes de decidir si abre juicio oral. Y los defensores de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret han multiplicado la petición de diligencias y la presentación de recursos para frenarlo.

En el auto, Flors considera improcedente la solicitud de que se incorporen a la causa grabaciones de los principales cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) por ser reiterativa de lo ya realizado durante la instrucción y por asentarse "en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación, sino a una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Es decir, en perder tiempo.

www.elpais.es 08.02.11

ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP

La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas

La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.

El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.

También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.

www.elpais.es 07.02.11

CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado esta mañana que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado relacionadas con conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos cabecillas de la 'trama Gürtel'.

Camps, que ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha asistido en la 'Ciudad de la Luz' al homenaje al director de cine valenciano Luis García Berlanga, ha asegurado en este sentido que tiene el "soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos".

Al término del acto, el jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors. El jefe del Consell ha remarcado que tiene "el soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos" y que "es el PP el que continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/07/camps-parece-continuare-presidente/780717.html

RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´

 

González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un "trámite"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.

Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo.

Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado una decisión de esas características.

"Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP.

Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí".

El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas.

Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad.

"Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un daño injusto a una persona", ha añadido.

Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del presidente de una Comunidad.

DEFENSA DE PONS

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ya es el candidato" a la Comunitat Valenciana y ha subrayado que la ratificación de su candidatura por parte del Comité Electoral Nacional es sólo un trámite. Además, ha dicho que la dirección nacional no cree que se vaya a sentar en el banquillo por el llamado 'caso de los trajes' de la trama Gürtel.

"Creemos en la inocencia de Camps, creemos que un presidente de Comunidad Autónoma no se vende por cuatro trajes y nos parecería extraordinariamente injusto que esto llevara a algún sitio. Por lo tanto, en la medida en que apostamos por su inocencia apostamos por su candidatura", ha declarado Pons en una entrevista en Punto Radio, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado cuándo van a confirmar a Francisco Camps como cabeza de cartel para las próximas elecciones, el responsable de Comunicación ha reiterado que "ya es candidato". "Queda ser ratificado por el Comité Electoral pero es un trámite", ha añadido.

"CREEMOS EN SU INOCENCIA"

En cuanto a si el PP se puede permitir el lujo de llevar en sus listas a un candidato que se va a sentar en el banquillo, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que consideran que eso no se va a producir. "Pensamos que eso no va a ocurrir porque creemos en su inocencia", ha reiterado.

Preguntado si 'Génova' no creía en la inocencia del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', Pons ha explicado que el Partido Popular "no apartó" a Bárcenas sino que él mismo "se apartó voluntariamente". Además, ha aprovechado para recalcar que el ex tesorero "no está imputado de ningun delito que tenga que ver con la gestión del PP".

www.elplural.com 01.02.11

EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP

La portavoz del Consell atribuye las decisiones judiciales a una conspiración

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en llegar a disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones sin que el juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, hubiese cerrado la instrucción del sumario. La decisión de Flors de dar por concluida la instrucción de la causa abierta hace casi dos años por un supuesto delito de cohecho impropio -en la que está imputado Camps junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- ha añadido nuevas dosis de incertidumbre a su nominación como candidato y complica la campaña electoral del PP. Este es el único partido con representación parlamentaria que tiene pendiente de confirmar a todos sus candidatos, tanto autonómicos como municipales, así como la aprobación de la confección de las listas electorales.

Fuentes del PP reconocieron ayer el malestar existente en el entorno del presidente por la providencia dictada por Flors el pasado jueves, que da cinco días a la fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la celebración de un juicio oral por el caso de los trajes. Cargos del PP creen que si Flors fija fecha para celebrar el juicio oral con Camps como imputado, la campaña electoral se pondrá muy cuesta arriba.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró ayer: "Ante esta judicialización y el intento de hacer daño injusto, les digo que quien crea que Camps va a desfallecer en su defensa y en sacar adelante la Comunidad Valenciana es que lo conoce bien poco". Sánchez de León recuperó ayer, otra vez, la teoría de la conspiración para justificar los escándalos que afectan a los cargos populares: "Empezaron con Camps y están terminando con el concejal [de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge] Bellver", dijo la portavoz en referencia a la decisión de otro juez de abrir juicio oral contra el edil por un supuesto delito de prevaricación en los permisos para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que en una entrevista a Canal 9 calificó de "patraña de acusaciones orquestada" las actuaciones judiciales en las que el presidente de la Generalitat está imputado.

Los populares arreciaron ayer las críticas contra los fiscales, la policía y los socialistas sin que se hayan planteado adoptar ninguna medida para atajar los casos de corrupción que asolan sus filas. "Estamos presenciando una campaña orquestada y con tintes electorales en una Comunidad donde el PSOE no puede ganar las elecciones y pretende coger el camino de en medio", remachó Castellano.

Al coro se sumaron voces como las del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, que aseguró sin explicación alguna que "las diligencias policiales del caso Camps están viciadas por una visión política".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás y, junto a sus ediles, exhibió en el pleno municipal celebrado ayer su apoyo al concejal de Urbanismo imputado. Barberá indicó que ella hubiese firmado el mismo expediente que Bellver "con los ojos cerrados", ya que llevaba la firma del secretario general del área y del técnico. La alcaldesa no sólo achacó a los técnicos la situación del concejal popular, sino que acusó a los socialistas de someter a los funcionarios "a un temor continuado que les lleva a no querer firmar ni un papel". Junto a Bellver están imputados cuatro técnicos municipales por la concesión ilegal de la licencia para construir un aparcamiento subterráneo.

En medio de este clima, que ha obligado a la dirección nacional del PP a retrasar hasta finales de febrero la proclamación de candidatos, la tensión ha provocado las primeras escisiones locales en las filas populares. En Torrevieja, el hasta ahora vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante Domingo Soler ha decidido abandonar el PP para presentar una candidatura independiente. El PP también tendrá que confrontar sus listas con las de otros ex populares en ciudades importantes como Elche, La Vila, Villena o Calp.

En Elche, uno de los impulsores del Foro Popular, José Manuel Olmedilla, busca apoyos entre los partidarios del defenestrado Francisco Álvarez Cascos para presentar candidatura propia. En La Vila, el ex edil del PP Pedro Alemany presentará en breve su formación Gent per la Vila. Villena Centro Democrático es la denominación elegida por el ex edil popular Juan Carlos Pedrosa para enfrentarse al partido del que fue expulsado por votar en contra del criterio de la alcaldesa Celia Lledó. En Calp, Pedro Fernández decidió dejar el PP tras los escándalos relacionados con la contrata de basuras al estallar el caso Brugal y se ha lanzado a recoger el apoyo de los descontentos para lograr representación municipal.

En Orihuela, un grupo de ex alcaldes pedáneos y de barrio han solicitado que no se vuelva a presentar a la reelección la actual alcaldesa Mónica Lorente y apuestan por el diputado autonómico Andrés Ballester, que aspira a ser cabeza de cartel. En Benidorm, las tensiones entre la presidenta local, Gema Amor, y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll también siguen sin cerrarse a la espera de que se confirme quién será el cartel electoral.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reconoció ayer que, probablemente, los candidatos autonómicos y los municipales de las principales ciudades serán proclamados al mismo tiempo por la dirección del PP.

www.elpais.es 29.01.11

CAMPS INSTA AL FISCAL A QUE LE EXCULPE CON LA ´DOCTRINA BONO´

                                                                                               

Exhorta a la Fiscalía a que acabe "definitivamente" con su imputación por la causa de los trajes y no evidencie "una doble vara de medir" según la militancia política

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha instado hoy a la fiscalía a "aplicar la doctrina Bono o la doctrina Chaves" para "acabar definitivamente" con su imputación en la investigación de la rama valenciana del caso "Gürtel".

Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.

En declaraciones hechas durante la inauguración de una balsa en Museros, Camps se ha referido a la providencia dictada por el instructor del caso "Gürtel" en el TSJCV donde da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por Camps y otros cargos de la Generalitat y del PPCV para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.

Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo.

"Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.

www.levante-emv.com 27.01.11

LA CAUSA DE LOS TRAJES DE CAMPS, EN SU RECTA FINAL

 

El juez Flors concluye la investigación y da un plazo de cinco días a la partes para presentar su escrito de conclusiones provisionales - La resolución se acerca

El juez José Flors, que investiga a Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al aceptar trajes de la trama Gürtel, ha concluido su investigación y ahora da un plazo de cinco días a las partes para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, encargado de la rama valenciana del caso, da por concluida así la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, así como contra el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, que presentó la denuncia, supuestamente habrían aceptado regalos de Orange Market a cambio de contratos públicos.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor .

Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.

La semana pasada, el magistrado rechazó la solicitud de nuevas pruebas por parte de la defensa de Camps que, previsiblemente, recurrirá la decisión.

En cualquier caso, esta semana se conoció que los peritos de Camps han avalado que el caos contable impide saber quién pagó los trajes, apoyando así la tesis de la Agencia Tributaria al denunciar facturas falsas y alteración de la contabilidad.

www.levante-emv.com 27.01.11

LUNA CREE QUE EL JUEZ HA DADO 'UN PASO ADELANTE' PARA QUE 'SE SIENTE A CAMPS EN EL BANQUILLO

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado este jueves que el juez instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel' ha decidido "dar un paso adelante" en la instrucción del procedimiento ante los "intentos de dilatarlo" por parte de la defensa de Francisco Camps y los otros inculpados.

Luna se ha pronunciado así en los pasillos de las Cortes sobre la providencia del magistrado José Flors que da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president de la Generalitat para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.

El portavoz socialista, quien ha precisado que todavía no conocen la providencia, ha considerado que ante el "interés" de Camps de que "se alarguen los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" como candidato a la reelección a la Presidencia de la Generalitat, el juez "ha querido adelantarse y dejar muy clara su voluntad de concluir cuanto antes el procedimiento".

Luna se ha mostrado convencido de que se abrirá juicio oral y el presidente estará "sentado en el banquillo", ya que en su opinión existen "pruebas suficientemente contundentes para se siente" en él, aunque ha considerado que eso "no será seguramente antes de las elecciones".

A su juicio, Camps debería haber abandonado la Presidencia de la Generalitat "hace muchos meses", porque "lo que tensa la vida política de la Comunidad es un presidente que no quiere dar ni una sola explicación de todo lo que ha pasado", no sólo "el tema de los trajes", sino de las actividades de una trama que "se ha llevado mucho millones de euros de esta Comunidad".

www.elmundo.es 27.01.11

 

Rambla tilda de "infantiles" las acusaciones sobre los trajes

El socialista Ángel Luna exige a Camps que dé la cara

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, no ocultó ayer el malestar del Ejecutivo valenciano por la publicación en EL PAÍS del contenido del escrito de la Fiscalía Anticorrupción que detalla la existencia de documentos que acreditan el pago en regalos al presidente Francisco Camps por parte de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, al menos por importe de 7.393 euros. EL PAÍS "sabe más que el resto porque tiene acceso a una documentación que no tiene el resto de la sociedad", indicó Vicente Rambla.

"Sigo pensando como al principio. Es una investigación de marcado carácter político sobre acusaciones infundadas, que son infantiles", manifestó el vicepresidente primero del Consell, que acto seguido arremetió contra los socialistas. "Los socialistas saben mucho más de trajes que de afrontar la crisis económica y la gente está más preocupada de eso que de otras cosas", prosiguió Rambla, que insistió en dos ideas: "El presidente de la Generalitat se dedica a gobernar" y "seguiremos colaborando con la justicia". Y luego remachó: "Aunque seguramente seguiremos leyendo en algún medio de comunicación cómo está avanzando el proceso".

En la oposición, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, dijo tras conocer el contenido del escrito del fiscal que éste es un elemento más para que Camps dé la cara y rinda cuentas ante los ciudadanos. "El presidente no puede actuar como si de un ciudadano privado se tratase porque es un cargo público de primera magnitud y debe comparecer públicamente", reiteró.

Luna exigió respuestas al presidente no solo sobre los regalos recibidos de miembros de la trama, sino también sobre la coincidencia de que Orange Market se constituyera cuando él accedió en 2003 a la presidencia de la Generalitat. O sobre la relación de amistad "pública y notoria" que sostiene con Francisco Correa y Álvaro Pérez, así como la "increíble colección" de contratos públicos con organismos de la Generalitat.

"Alguien que no puede dar una explicación medianamente razonable de lo que sucede, no puede gobernar. Sólo puede acudir a recintos cerrados y controlados porque de lo contrario se expone a que lo abucheen", subrayó el portavoz socialista.

www.elpais.es 28.03.09

EL FISCAL ACREDITA REGALOS DE AL MENOS 7.393 EUROS DE LA RED CORRUPTA A CAMPS 

La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps. La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana. 

El mismo documento de la fiscalía anticorrupción, donde se detallan las conductas supuestamente irregulares de tres diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre; Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch), explica que la investigación ha recabado información de la Agencia Tributaria sobre estos implicados que sustentaría la acusación. 

Además, el escrito de la Fiscalía remacha la intensa relación del Gobierno de Aguirre con la trama corrupta: "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007". 

El PP ha destituido a los alcaldes de estos municipios -en el caso de Majadahonda, el imputado era ex alcalde y Aguirre le había colocado como gerente en una empresa autonómica-, aunque aún no ha tomado medidas contra los tres diputados autonómicos, que siguen ocupando su escaño en la Asamblea de Madrid. La Agencia Tributaria ha acreditado que la Comunidad de Madrid contrataba con hasta cuatro empresas distintas de la trama corrupta: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico. 

(www.elpais.com, 27/03/09)

LAS PRUEBAS PARA EL TRAJE DE CAMPS 

Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna. 

Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps. 

Antes de que Garzón llamara al sastre, el juez ya tenía pruebas para imputar a Correa y los suyos el supuesto delito de sobornar a políticos valencianos con regalos a cambio de contratos millonarios de esa administración autonómica. La trama se instaló en dicha comunidad en 2005, cuando Camps ya gobernaba y Mariano Rajoy, por desconfianza, había cortado relaciones con Correa. 

Correa creó para operar en Valencia Orange Market y logró en cuatro años más de cinco millones de euros en contratos de consejerías del Gobierno de Camps. El delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, se hizo amigo íntimo de Camps, a quien llevó hasta el sastre Tomás. En la investigación judicial hay numerosas pruebas sobre las relaciones entre la trama corrupta y el Gobierno de Camps. Son éstas: 

- Grabaciones. Un ex edil del PP de Majadahonda (Madrid) que trabajó para Correa grabó conversaciones comprometedoras con los directivos de la trama y las entregó junto a una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas, Isabel Jordán, subordinada de Correa que planificó la expansión en Valencia, admitía: "He hecho trabajos reales para la [Comunidad Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps. Vamos, que tengo yo la factura... que he pagado yo la factura". La investigación demostró que esta frase se basaba en datos reales. En la contabilidad de Easy Concept, otra firma de la red, figura un apunte de 63.220 euros bajo el título "entradas y salidas de Milano". Jordán explicó al juez que eran compras en Milano. 

- Pinchazos telefónicos. Los pinchazos telefónicos que ordenó Garzón revelaron que Álvaro Pérez hacía gestiones, algunas privadas, para Camps y Ricardo Costa, el número dos del PP valenciano. 

- Facturas. Garzón tiene en su poder documentos de empresas de la trama y de las tiendas Milano y Forever Young que dan pistas sobre lo ocurrido: 

- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps. 

- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps. 

- Declaraciones de Tomás. En su escrito al servicio de conciliación y arbitraje por su despido, el sastre señala: "A través de los directivos de Orange Market (...) entré en contacto profesional con altos cargos de la Administración valenciana, y así confeccioné trajes para varios, entre otros, el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Cada varios meses, y siguiendo la práctica habitual con clientes importantes, una persona de Orange Market se ponía en contacto con el responsable de facturación de la empresa y cuadraba los vales pendientes, que eran abonados por Orange Market mediante transferencias bancarias y, en algún caso, mediante pago en efectivo". 

Ante el juez, Tomás explica: "Camps es el destinatario de otras compras en 2008 pagadas mediante transferencia bancaria de 4.040 euros de Orange Market (Documento 31) a cuyo nombre se realizó también la factura (documento 30). Cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva barbour y una chaqueta fantasía por 2.689 euros". 

(www.elpais.com, 23/03/09)

1. A la caza del vendedor de trajes

El Partido Popular centra su estrategia en el caso Gürtel en desacreditar a José Tomás mientras Francisco Camps continúa sin mostrar las facturas que justifiquen que pagó los pedidos

El Partido Popular ha centrado su estrategia de defensa del presidente Camps en desacreditar al vendedor de trajes que reveló al juez Baltasar Garzón los supuestos pagos en las tiendas de Milano y Forever Young de la trama de Correa. El ex director de ventas de Forever Young, José Tomás, ha precisado esta semana en dos entrevistas a El País y La Gaceta de los Negocios detalles sobre los pedidos de trajes de Camps en Madrid y sobre las llamadas que recibió del presidente de la Generalitat cuando estalló el escándalo. Camps no ha mostrado las facturas que acrediten los pagos, pero su partido ha denunciado a Tomás ante la Fiscalía por revelación del secreto de sumario.

El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha cargado también contra su ex empleado, despedido el mismo día que declaró como testigo durante doce horas ante Garzón. Hinojosa ha denunciado ante un juzgado de Instrucción de Madrid a José Tomás, acusándole de falsificar las facturas que han llevado a Garzón -junto a otras cuatro evidencias- a remitir el caso al TSJ de la Comunitat Valenciana para que impute a Camps. Lo curioso es que Federico Trillo anunció antes de que se publicitara la denuncia de Forever Young cual iba a ser la línea argumental de la tienda.

Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, insinuó el 16 de marzo que Camps no tenía facturas y reclamó a la tienda que las buscara. A la pregunta de cómo se demuestra que el presidente de la Generalitat ha pagado la ropa, Trillo apuntó: "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es que la vigilaba especialmente el sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".

En el punto de mira

La investigación del caso Gürtel tiene de momento en su punto de mira a Camps, Ricardo Costa (número dos del PP valenciano), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo). El problema empezó cuando la unidad de delitos económicos informó a Garzón el pasado 31 de enero de que tenía conversaciones que comprometían a dirigentes valencianos. Isabel Jordán -una de las empresarias detenidas el viernes 6 de febrero, día en el que trascendió el caso Gürtel- señaló en una conversación telefónica pinchada: "Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para los trajes del presidente Camps. Te lo digo así abiertamente. Vamos que tengo yo la factura. Que la he pagado yo". La conversación circula por internet después de que un medio de comunicación nacional la colgara en su página web.

El vendedor de trajes José Tomás está poniendo la puntilla a los dirigentes valencianos. Tomás ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y dos veces ante Garzón aportando gran cantidad de indicios. Tras ser despedido y vilipendiado por los populares, ha pasado al ataque con dos entrevistas a sendos medios de difusión nacional. Mientras Camps continúa sin aportar ninguna evidencia, José Tomás ha detallado cómo era su relación con él y ha insistido en que jamás le vio pagar un euro en la tienda por los trajes.

Entrevistas

El vendedor de trajes indicó en la primera entrevista que recibió múltiples llamadas de Camps. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro -presidente de Orange Market- era un bocazas", según publicó El País.

Tomás precisó en la segunda entrevista: "Él me llama porque entonces sólo había salido a la luz lo de los trajes de Milano, y yo le digo: "los únicos trajes que yo le hice en Milano hubo que devolverlos porque no le quedaban bien". Él me preguntaba si había alguna factura hecha a su nombre en manos de alguien. Y de Milano no hay ninguna factura a su nombre porque él no ha comprado allí ni una sola prenda. Pero al día siguiente, la investigación descubre los trajes de Forever Young".

La respuesta del PP ha sido denunciar al supuesto sastre de Camps, pero ni rastro de las facturas que zanjarían el tema.

www.levante-emv.com 22.03.09

2. El contrato blindado y la denuncia

La tienda Forever Young contrató al vendedor José Tomás en verano de 2006 para aprovechar los contactos y clientes importantes que había conseguido en Milano. La empresa le ofreció un contrato blindado con una duración de cinco años para que dejara voluntariamente Milano. Según José Tomás, el negocio no está funcionando bien y la firma ha aprovechado el escándalo para despedirlo y evitar pagarle una indemnización de 300.000 euros que figuraba en su contrato.

Hinojosa acusa a su antiguo director de ventas de inventarse las facturas que implican a Camps y Costa en la trama. El empresario reconoce que su firma recibió pagos por valor de más de sesenta y seis mil euros de las empresas Servimadrid y Diseño Asimétrico, que según Garzón forman parte del entramado de Francisco Correa.

Hinojosa refleja en la denuncia contra su empleado que lo despidió porque elaboraba facturas falsas. La empresa niega que haya vendido trajes a Ricardo Costa, salvo que pagara al contado. La tienda mantiene que el documento 71 que maneja Garzón es falso, aunque el auto del juez precisa que fue la firma la que se lo entregó. El documento 71, como destacó Levante-EMV hace dos semanas, recoge facturas, papeles de la tienda y un listado de clientes en el que el aparece el nombre de Francisco Camps junto a la cantidad de 5.393,50 euros. El nombre de Camps también figura en varias hojas del "listado de encargos de sastrería".

www.levante-emv.com 22.03.09

3. FACTURAS DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG COINCIDEN CON PEDIDOS DE CAMPS Y COSTA QUE CITA GARZÓN 

El presidente de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha aportado al juez una relación de facturas de la contabilidad de su empresa para desmentir al sastre José Tomás y mantener que no figuran compras a nombre del presidente Francisco Camps y del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aunque sí del que fue director de gabinete en la Conselleria de Turismo e imputado en la causa, Rafael Betoret, y del director general de RTVV, Pedro García, no imputado pero del que el auto afirma que Pablo Crespo, uno de los jefes de la trama liderada por Francisco Crespo, pagó o autorizó el abono de prendas en Milano y Forever Young. El escrito exculpatorio de Camps y Costa no es óbice para que varias de las facturas mantengan coincidencias en las fechas o los importes con supuestos pedidos del jefe del Consell y del secretario general del PPCV que Garzón cita en su auto y que habrían sido abonados por empresas de la trama corrupta vinculada al Partido Popular. 

Cabe destacar que Garzón no relaciona los encargos con los responsables políticos únicamente por el llamado Documento 71 obrante en la causa y "elaborado/ordenado" por el sastre, en palabras del propietario de Forever Young, que acusa a José Tomás de haber falseado estos datos, sino que el magistrado alude también a hojas de pedidos y a patrones de medida de los cargos políticos. 

Listado de Encargos de Sastrería

Hinojosa niega que consten compras de Camps y Costa -de haber existido, las pagaron "al contado" en el momento del encargo, "exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés", pese a los arreglos posteriores-, pero entre sus facturas aparecen dos, con la referencia "Camps nuevo cliente", por importe de 720 y 2.160 euros, fechadas el 14 de noviembre de 2006. En el auto de Garzón se asegura que el nombre del presidente aparece en la relación de detalle de personas que figura en el Documento 71 "facilitado por la entidad Forever Young". Y añade: "Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54.416, 54.417 y 54.418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54.468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes (americana pantalón)". 

Como se aprecia, tres de los pedidos coinciden en la fecha, 14 de noviembre de 2006, con dos facturas citadas por Hinojosa. El cuarto pedido, el 54.468, es del 4 de enero de 2007, la misma fecha que dos de las facturas que Hinojosa atribuye al imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, por 1.472 y 347,50 euros. Algunos pedidos, según Garzón, habrían sido abonados o autorizados por Crespo. En otro momento, el juez apunta que la ropa encargada "es a medida, requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora".  

En cuanto a Costa, el presidente de la empresa niega que éste encargara nada y entre las facturas de Crespo incluye una de 4.925 euros, del 25 de mayo de 2007. El auto indica que Costa aparece en el Documento 71 con el importe de 4.925 euros, la misma cantidad.  

"Constan las medidas" de Costa

Pero además su nombre "figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54.464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007". La fecha también coincide. En total, fueron un traje, dos pantalones y otras prendas no detalladas. 

De este modo, el sastre, de ser falsa su declaración, no habría falsificado sólo facturas como le achaca Hinojosa, sino también las hojas de pedido e incluso los patronajes de los políticos. La comprobación de éstos se antoja factible. Por contra, Hinojosa, en su ampliación de la denuncia contra Tomás, afirma de Ricardo Costa que, "del estudio de toda la documentación obrante en la compañía, podemos afirmar que este señor no ha dejado jamás encargo alguno". El propietario, con todo, sólo alude a encargos hasta el 3 de julio de 2007, no hasta la actualidad.

En cuanto a los dos imputados, Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, no hay un detalle que relacione sus supuestos encargos con las facturas citadas por el dueño de Forever Young. 

(www.levante-emv.com, 20/03/09)

4. Los trajes que hicieron caer a Pilar Miró

Los populares forzaron a la cineasta a dejar su cargo por la compra de unos vestidos de protocolo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no está siguiendo los pasos de Pilar Miró, que dimitió tras el escándalo de la compra de trajes con dinero público. La polémica provocó un ataque sin tregua del grupo popular. Pilar Miró devolvió los casi 24.000 euros que se gastó en vestuario, y dejó que los tribunales resolvieran sin presiones. La directora de cine resultó absuelta. El asunto guarda muchas similitudes, aunque también diferencias con el caso Gürtel ya que Pilar Miró nunca negó que había comprado los trajes y defendió que eran para uso protocolario. El problema era que en los presupuestos de la radiotelevisón pública no estaban previstos ese tipo de gastos de representación.Pilar Miró llegó a la dirección de RTVE en 1986 de la mano del presidente Felipe González. El asunto estalló a finales de 1988 y fue avivado por el ex diputado popular Luis Ramallo. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Miró por gastarse 23.465 euros en trajes de Jesús del Pozo y por entregar regalos pagados con dinero público valorados en casi treinta mil euros.

El caso Pilar Miró fue uno de los más llamativos de la cruzada popular contra la "corrupción socialista". Ramallo presentó en el juzgado la denuncia por un delito de malversación de fondos público. El político popular, que 10 años después se vio salpicado por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con una "obligación" que le imponía su "dignidad como español y como político".

Miró se vio obligada a renunciar a su cargo ante la presión del PP (que todavía se llamaba Alianza Popular), de algunos dirigentes socialistas y de profesionales de la corporación pública. El Gobierno, a través de la Intervención General del Estado, forzó a la directora de cine a devolver el dinero.
La dimisión se produjo en 1989 tras meses de tensiones. Miró no quería dimitir porque consideraba que no había errado. Dejó el cargo decepcionada con los socialistas que creían en ella y que al final la dejaron desamparada ante la presión mediática y de Alianza Popular, que pidió oficialmente su renuncia a través de una moción presentada en el Congreso.

El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento de Miró y la sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios de que había cometido un delito de malversación de fondos públicos.La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió 14 años de prisión. El presidente de la mutualidad de trabajadores de RTVE también reclamó una condena de 12 años de cárcel.

Algunos dirigentes socialistas ironizaron con que se equiparaba el supuesto delito de la directora de RTVE con un homicidio, por la magnitud de las penas. Sin embargo, eran las previstas por el Código Penal para un delito de malversación de caudales públicos.

Luis Ramallo denunció inicialmente "obstruccionismo" en el control parlamentario. Ramallo sostuvo que el mantenimiento de Miró en su cargo era insostenible "por la reprobación pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo socialista". Sin embargo, cuando el caso llegó a juicio reconoció: "No vi que Miró fuera consciente de que cometía delito".

La Audiencia absolvió en 1993 a la ex directora general de RTVE al no encontrar probado que hiciera las compras para un uso personal. El tribunal incidió en que Miró adquirió la ropa por necesidades de "representación" en virtud de su cargo y que los vestidos se encontraban en un armario que mandó construir en su despacho. Miró falleció en 1997, cuatro años después de ver restituida su imagen.

(www.levante-emv.com, 20/03/09)

5. Camps sigue sin dar explicaciones sobre los trajes

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió por segundo día consecutivo al balcón principal del Ayuntamiento de Valencia para asistir a la última mascletà de las Fallas 2009. Camps eludió responder a los medios de comunicación en el balcón municipal y evitó la pregunta sobre su situación judicial. Camps se limitó a responder que estaba "disfrutando de un magnífico día de Fallas". Tampoco la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso referirse durante su visita a varias comisiones falleras de la ciudad a la implicación del presidente en la presunta trama corrupta. También el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, evitó referirse directamente a la polémica en una rueda de prensa en Elx en la que reclamó a los fiscales la misma vara de medir para PP y PSOE y una Justicia "neutral". A Pons le respondió el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien exigió al ex conseller que en vez de viajar a Valencia a pedir explicaciones a los socialistas se las reclame a los miembros de su partido investigados por supuesta corrupción.Hernando criticó que González Pons haya pedido explicaciones a la vicepresidenta y a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. "Lo que debería hacer es ir a Valencia a pedirle las facturas de sus trajes a Francisco Camps", aseguró.

(www.levante-emv.com, 20/03/09)

6. El dueño de Forever Young dice al juez que el director de RTVV encargó al menos 5.200 euros en ropa

Hinojosa acusa al sastre y afirma que no constan pedidos del presidente y Costa aunque luego cita un apunte «Camps nuevo cliente, 2.880 euros»

El director general de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García, realizó encargos de ropa en Forever Young, hasta el 3 de julio de 2007, por al menos 5.200 euros, según el recuento «realizado y revisado personalmente» por el presidente de la empresa, Eduardo Hinojosa. El dueño de la firma presentó el lunes al juzgado un escrito de ampliación de la denuncia contra el sastre José Tomás, tras la entrevista en la que éste insistía en que empresas de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón -algunas de ellas contratistas de la Generalitat y del PP- abonaron los trajes y otras prendas encargados por el presidente Francisco Camps;el número dos del PPCV, Ricardo Costa; el ex jefe de gabinete en la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret;y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, apartado de la política en abril de 2007.

El escrito, que acusa al sastre de falsificar facturas e inventarse pagos de trajes, viene a exculpar a Camps y a Costa al sostener que, en contra de lo que se mantiene en el «Documento 71» obrante en la causa y «elaborado/ordenado por José Tomás», no constan en las facturas existentes en la empresa compras a cargo del jefe del Consell y del portavoz del PPen las Corts. El citado «Documento 71» les atribuye prendas por 5.393,50 y 4.925 euros, respectivamente. De haber hecho compras, apunta Hinojosa, «es obvio que se habrían pagado en efectivo» y «al contado» en el momento del encargo, que es la única manera, añade, en que «no existen antecedentes», «exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés». Unos trajes que no dejaron rastro, pese a los arreglos.

Sin embargo, en el nuevo cuadro con los «datos obrantes» en la firma -en el que Camps y Costa aparecen con cero euros-, Pedro García pasa de encargos por valor de 3.284 euros a 5.200. Además, las compras se avalan mediante dos documentos referidos a una única fecha, el 26 de junio de 2007. El director de RTVV no está imputado por Garzón aunque el auto afirma que Pablo Crespo -uno de los jefes de la trama que lideraba Francisco Correa- pagó o autorizó abonos de trajes de García. Éste tiene amistad con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market e imputado por el juez. Tal como publicó Levante-EMV Orange Market y otros contratistas del Consell dieron a García una fiesta sorpresa en Marrakech en diciembre de 2007.

Además de Pedro García, en el nuevo listado verificado por Hinojosa aparece también Betoret, aunque con una reducción del importe, de 6.700 a 4.000 euros. De Víctor Campos nada se dice. La mayoría de los encargos se achacan a Álvaro Pérez, 12.103 euros, y a Crespo, 38.746 euros.

Datos no aclarados

Pese a todo ello, en el mismo cuadro aparece una referencia, «Camps nuevo cliente», con 2.880 euros, que deben aludir, aunque no se aclara en el escrito de Hinojosa, al jefe del Consell. Sin embargo, acto seguido el responsable de Forever Young asevera que «no se puede imputar al sr. Costa ni al sr. Camps ninguna compra», salvo, precisa, que las pagaran en el momento del encargo. En su auto, el juez refiere que las facturas se cursaban a nombre de las empresas de la trama. En otro momento, el auto alude a ropa destinada a los responsables populares incluida dentro de pedidos de Pérez. Precisamente, la oposición ha emplazado al presidente a enseñar las facturas para demostrar que pagó los trajes. Como la existencia de las prendas no se ha negado, el escrito da pie a pensar que, al igual que se apuntó de Costa, el presidente pagaba al contado sus compras. Unos desembolsos que podían superar los 1.000 euros por traje.

Los importes en trajes atribuidos por Garzón superan los referidos en el «Documento 71», ya que suman 12.783 euros en el caso de Camps; 7.325, en el de Costa; 4.850, de Campos; y 9.950 euros, de Betoret. El recuento de Hinojosa alcanzaría hasta julio de 2007, lo que dejaría fuera supuestos encargos de Camps como los que hizo para la Fórmula 1. Garzón cita a Camps como «destinatario» de compras «a lo largo de 2008» por 2.689 euros.

La ampliación de la denuncia, avalada «espontáneamente» con su firma por seis empleados de la tienda -entre ellos, Javier García, de quien Tomás dice que era el responsable de la facturación y quien cuadraba los vales con Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market y uno de los imputados por Garzón-, intenta rebatir los hechos descritos por el sastre. Hinojosa no sólo desmiente que se trate de un sastre -es «un vendedor»-, sino que lo acusa de hacer «facturas falsas», motivo, según dice, del despido. De ser cierta la acusación, el empresario evitaría la importante indemnización que Tomás pactó en su día.

www.elpais.es 19.03.09

SÁENZ DE SANTAMARÍA VE NORMAL PAGAR TRAJES EN METÁLICO Y DEFIENDE LA INOCENCIA DE CAMPS

Dado que Francisco Camps sigue eludiendo a los periodistas -no ha ofrecido una sola rueda de prensa en un mes desde que estalló el escándalo de los trajes- fue Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz y la única dirigente del PP que se ha sometido a la prensa esta semana, la que tuvo que responder por él sobre la polémica de las prendas regaladas por la trama de Francisco Correa.

Sáenz de Santamaría defendió la presunción de inocencia de Camps hasta que haya una sentencia firme -que puede tardar años-. La portavoz atacó sin miramientos al sastre, José Tomás, que ha declarado a EL PAÍS, y antes al juez Baltasar Garzón, que la red de Correa pagó los trajes de Camps con billetes de 500 euros y el presidente no entregó ni un euro a la tienda Forever Young.

Santamaría respaldó la nueva tesis del PP, según la cual Camps pagó en metálico, -y por tanto no tiene el registro de la tarjeta de crédito- y tiró las facturas. Se le preguntó si ve normal que facturas de centenares de euros -Garzón ha constatado con facturas un mínimo de 12.000 euros en trajes de Camps- se paguen en metálico por un funcionario como el presidente valenciano, que tiene un salario público, y si ella misma también paga en metálico cuando se compra un traje. Sáenz de Santamaría se mostró muy sorprendida: "Nunca pensé que tendría que responder preguntas como ésta en esta sala de prensa, pero una está preparada para todo", trató de esquivar.

Ante la insistencia, protegió a Camps: "Pues depende de si ese día he ido al cajero. Hay cosas que se pagan en metálico, otras con tarjeta, otras con transferencias, la vida misma", sostuvo. El apoyo del PP a Camps es tan cerrado que Mariano Rajoy viajará a Valencia para hacerse la foto con el presidente en el ayuntamiento durante la mascletá.

(www.elpais.com, 18/03/09)

EL PP INSINÚA QUE CAMPS NO TIENE FACTURAS Y EXIGE A LA TIENDA DE ROPA QUE LAS BUSQUE

Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto. Y en el relato oficial hay un hueco muy claro: si Camps pagó sus trajes, como dice, ¿por qué no tiene las facturas, ni siquiera el registro de la tarjeta de crédito con la que, por lógica, debería haber pagado varias cuentas que suman en total casi 12.000 euros? El PP ha buscado una respuesta a esta pregunta y creyó haberla encontrado Federico Trillo, portavoz de Justicia de los populares.

Trillo insinuó en Onda Cero que Camps no tiene las facturas, y exigió públicamente a la tienda de ropa que hizo los trajes, Forever Young, que sea ella la que las enseñe. Trillo aprovechó además para atacar con dureza al sastre, José Tomás, quien en una entrevista en EL PAÍS el domingo aseguraba que la trama de Francisco Correa pagó todos los trajes de Camps con billetes de 500 euros.

El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, aportó facturas y anotaciones en la contabilidad de las empresas de Correa y Álvaro Pérez, su socio y amigo de Camps, que probaban que éstos le regalaron los trajes, lo que para el juez es un soborno. Camps, por el contrario, no ha ofrecido hasta ahora ninguna evidencia para contrarrestar la documentación presentada por Garzón. Simplemente insiste en su inocencia -"yo me pago mis trajes", repite- sin aportar datos.

La dirección que encabeza Mariano Rajoy, agradecida por el apoyo que el valenciano le brindó en los momentos difíciles, tras la derrota electoral de 2008, ha decidido confiar en la palabra de Camps sin pedirle pruebas. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el líder no ha reclamado las facturas al presidente valenciano.

Pero Trillo necesitaba construir algo más que un acto de fe, y por eso redondeó el argumento sobre las facturas. Los periodistas le preguntaron por qué no conserva Camps, si no las facturas, al menos el registro en el banco del gasto de la tarjeta de crédito. "Conozco a Paco Camps hace muchos años y desde luego si él tiene que pagar algo, por ejemplo, al tomar algo en alguna gasolinera, paga en cash, es decir, este hombre no utiliza normalmente tarjetas de crédito", contestó Trillo.

Los dirigentes del PP preguntados estos días sobre las facturas de Camps siempre esquivan la cuestión con la idea de que "nadie guarda las facturas de los trajes que ha comprado". Claro que cuando se les recuerda que el banco sí guarda los movimientos de la tarjeta de crédito, aseguran sin más detalles que ellos creen a Camps. Sólo algunos, en privado, admiten que, a pesar de que ellos no ven el soborno por ninguna parte, sí es cierto que Camps ha mentido, porque dijo que Álvaro Pérez "nunca" le ha pagado un traje y Garzón ha demostrado con documentos lo contrario.

El PP, según fuentes de la dirección, está buscando la salida al embrollo en la tienda Forever Young. En su intento por exculpar al presidente valenciano, Trillo hizo un regate: si fue en cash, ¿cómo se demuestra que los ha pagado?, le preguntaron. Trillo dio muestras de haber hablado con la tienda. "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es la que vigilaba especialmente ese sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".

Trillo utilizó sesgadamente las declaraciones de Tomás a EL PAÍS para tratar de desacreditarle. "Dice que sus relaciones con Camps eran de año y medio y de 2005 a 2008, que yo sepa, van tres años, exactamente el doble". Tomás aclaró a EL PAÍS que, efectivamente, en 2005 a Camps ni le conocía; que en 2006 se encargó los trajes de Milano que Camps devolvió por estar mal hechos, y que es entre 2007 y 2008 cuando, desde Forever Young, se relaciona durante año y pico con Camps.

Otra de las supuestas contradicciones se refieren a que Forever Young se constituyó en septiembre de 2006, "y el sastre ha dicho que hay una facturación de 2005 de la trama corrupta ente 60.000 y 70.000 euros". Tomás aclaró que la facturación de 2005 no correspondía a Forever Young, sino que se refiere a pagos que hizo Pablo Crespo por trajes comprados tanto por otros políticos valencianos -Costa, Campos, Betoret- como por Álvaro Pérez y el propio Crespo.

(www.elpais.com, 17/03/09)

"CAMPS ME LLAMÓ MUY NERVIOSO PARA SABER SI HABÍA FACTURAS A SU NOMBRE"

El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.

  • "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería pantalones con un ceñidor detrás que hubo que traer de Italia"

  • "Le hicimos unos oche trajes. Los primeros costaban 800 euros; los últimos, 1.200"

  • Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a EL PAÍS. Éste es su relato de los hechos.

    La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.

    "Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".

    Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".

    El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140. "Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".

    Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas. "Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".

    Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".

    Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.

    Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".

    Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".

    El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.

    En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.

    La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.

    Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.

    Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.

    "Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".

    Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.

    El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".

    Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".

    Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin

    - Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.

    - La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.

    - El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.

    www.elpais.es 15.03.09

    10. "ME DESPIDIERON TRAS DECLARAR ANTE GARZÓN"

    José Tomás García, de 54 años, ha sido despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba por haber tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y ante el juez Baltasar Garzón sobre sus clientes. Entre ellos se cuentan el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros importantes políticos valencianos y empresarios vinculados a la Operación Gürtel, la trama de corrupción del empresario Francisco Correa que afecta a políticos del PP. José Tomás es el sastre de Milano y Forever Young que vistió a Camps y al secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, entre otros.

    El 11 de febrero, un día después de declarar ante el juez, Tomás recibió una carta de despido en la que su empresa, que se llama Castellana Inmuebles y Locales, le atribuye haber ordenado hacer facturas falsas para justificar los pagos de empresas de Correa, entre ellas Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. "Me despidieron tras declarar ante Garzón", protesta. Ha sido la excusa para justificar su destitución fulminante, pese a que las malas relaciones de Tomás con el dueño, Eduardo Hinojosa, vienen de lejos.

    El 10 de febrero, Tomás testificó durante nueve horas y media en la Audiencia Nacional. La carta de despido del día 11 menciona sin tapujos las comparecencias del empleado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante Garzón y afirma que, como consecuencia, se han percatado de la falsedad de esas facturas (aunque muchas de ellas tienen más de año y medio de antigüedad).

    El sastre niega haber falsificado facturas: "Yo no tuve nunca nada que ver con la facturación. Me limitaba a vender, a tomar medidas a los clientes, a mandar confeccionar los trajes, pero nunca vi esas facturas ni ordené que se confeccionaran, ni había oído hablar en mi vida de firmas como Diseño Asimétrico o Servimadrid", asegura.

    www.elpais.es 15.03.09

    11. GARZÓN INTERROGA OTRA VEZ AL SASTRE DE CAMPS

    El nombre de José Tomás García amenaza con convertirse en una auténtica pesadilla para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retomó la investigación abierta en torno a la trama de corrupción en la que estaría implicado el jefe del Consell. A su regreso de Guatemala, el magistrado interrogó de nuevo a José Tomás.

    Es la tercera vez que el sastre acude a dependencias judiciales o policiales para prestar declaración. En una de ellas, concretamente el pasado 9 de febrero, Tomás recibió a su número de móvil varias llamadas procedentes del número personal de Francisco Camps, que no atendió porque tenía el teléfono apagado.

    Otras fuentes conocedoras del caso apuntaron que sería el cuarto interrogatorio. A través de José Tomás habrían adquirido diferentes trajes y piezas de vestuario Camps, el secretario general del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, los dos últimos imputados en la causa.

    José Tomás declaró por espacio de una hora en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y lo hizo, según las fuentes consultadas, en calidad de testigo. El juez implica a Camps en la presunta trama corrupta que dirigía el encarcelado Francisco Correa por aceptar presuntamente sobornos a cambio de adjudicaciones en concursos públicos. El juez Garzón, que se ha inhibido ante el TSJ valenciano en los casos de Camps y Costa, que son aforados, mantiene que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, la empresa adjudicataria de millonarios contratos públicos en la Comunitat Valenciana, conocido entre los populares como El Bigotes, pagó al jefe del Consell vestimenta por importe de 12.783 euros.

    Tanto José Tomás como su abogado rechazaron realizar declaración alguna a la salida de la Audiencia Nacional. Fuentes de Presidencia aseguraron que el sastre ya ha declarado varias veces y lamentaron que vuelva a ser requerido por el juez a pesar de que éste ya se ha inhibido ante el TSJ de la Comunitat Valenciana por la condición de aforados de Camps y Costa. Además dijeron que Tomás ya ha dado diferentes versiones por lo que Garzón le habría llamado de nuevo para "aclarar" algunos puntos. Camps estuvo en las tiendas de ropa madrileñas Milano y Forever Young y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez, administrador de Orange Market, que era persona de confianza de José Tomás.

    El auto de Garzón señala que existe persistencia en la actuación y explica que en el momento de la adquisición de la ropa se genera un "a cuenta" que después se entrega al cliente y que las empresas de la trama abonan mediante transferencia, cheque y a veces en efectivo. Posteriormente Pérez solicita la emisión de una factura alterando el concepto para ocultar el verdadero titular, afirma en el auto.

    En el caso de la ropa adquirida en Milano, concretamente en la calle Serrano 29 de Madrid, el coste acreditado asciende a 4.700 euros (3.300 en una entrega y 1.400 en otra), dice el auto, mientras que la de Forever Young, en el Paseo de la Castellana 120 -firma a la que Tomás se traslada tras 20 años en Milano- es por valor de 8.083 euros y que en este caso el pago se hizo desde otras empresas de la trama como Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y también Orange Market. Según el auto, la ropa es a medida, aunque desde Milano aseguraron a Levante-EMV que no realizan trajes a medida, sólo arreglos y que el precio oscila entre los 175 euros y los 475, lo que no coincidiría con los precios que aparecen en el auto donde se asegura que hay un pedido del 26 de enero de 2006 a nombre de Camps por 1.400 euros y que se corresponde con dos trajes a medida. También consta un pedido de cuatro trajes que habrían sido devueltos. La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones de Tomás y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas.

    Según el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 5 de marzo, José Tomás aseguró en una de sus declaraciones que Camps le había dicho que el administrador de Orange Market, Álvaro Pérez, era un "bocazas".

    www.levante-emv.com 14.03.09

    12. CAMPS: "ESTOY PREPARADO PARA AGUANTAR"

    La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, los dos altos dirigentes del PP más directamente salpicados por la investigación de la trama corrupta en Administraciones del PP, tuvieron que afrontar la cuestión en los plenos de sus respectivos Parlamentos. Y los dos respondieron de forma parecida: el valenciano, defendiendo su honorabilidad y confiando en que todo pasará pronto; la madrileña, atacando a la oposición. Ella dijo que asumirá "responsabilidades políticas", pero no dijo cuáles ni cuándo. 

    Camps se negó a dar explicaciones sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa y que, según el juez Baltasar Garzón, pagó parte de su vestuario. En una tensa sesión de control en las Cortes valencianas, Camps afirmó: "Todas estas cuestiones serán desmentidas en sede judicial, todas y cada una". No aclaró si su confianza se basa en que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad no hallará elementos para procesarlo a él y a su portavoz parlamentario, o bien en que las explicaciones que negó al Parlamento las dará ante los tribunales para desmentir a Garzón. 

    El presidente valenciano se cerró en banda y aseguró, ante el estupor de la oposición, que "las filtraciones no han durado ni 24 horas en la opinión pública". Arropado por los diputados populares, insistió en que ya se han explicado "todos los procedimientos y todas las adjudicaciones" y negó haber recibido regalos a cambio de favores. Pese a todo, asumió la gravedad del asunto: "Queda un ratito largo pero estoy preparado personal y políticamente para aguantar". El presidente valenciano arremetió contra los socialistas y el grupo Compromís, a los que acusó de difamar por pedir explicaciones sobre el caso. El PP anunció al acabar la sesión que tomará "medidas" contra la "extralimitación" de la oposición. 

    Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que "por supuesto" que va a "asumir responsabilidades políticas" derivadas del caso. Pero el anuncio quedó un poco vacío de contenido, porque no precisó más y porque a continuación pasó a la ofensiva. "En esta bancada no hay ningún diputado imputado y en ésa hay tres", espetó Aguirre señalando al graderío socialista. Se refería a la imputación de tres diputados socialistas por causas ajenas a la investigación del juez Garzón. 

    "No somos como ustedes", prosiguió la presidenta. "Al PP le ha bastado que se hicieran públicas algunas cuestiones de un sumario secreto para que aquéllos que estaban en ese sumario hayan decidido presentar su dimisión". Es cierto que la trama se ha cobrado ya varias dimisiones en cargos municipales del PP -entre ellos, tres alcaldes-, pero en la bancada de Aguirre hay tres diputados que están implicados en el caso, según Garzón. La presidenta jugaba con la baza de que aún no han sido imputados, porque eso lo tiene que decidir el Tribunal Superior de Madrid. 

    (www.elpais.com, 13/03/09)

    13. EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA 

    El PP rechazó la posibilidad de que Francisco Camps, presidente del Consell, aclare ante el pleno de las Cortes su relación con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez Baltasar Garzón y en la que considera que existen indicios de responsabilidad penal del propio Camps y del secretario general de la organización regional del PP y portavoz popular, Ricardo Costa. El auto apunta que tanto Camps como Costa recibieron trajes confeccionados a medida por un sastre al que les introdujo Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, que fueron pagados con cargo a empresas de la supuesta trama corrupta. 

    La Mesa de las Cortes rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por el PSPV y por Compromís en favor de la comparecencia de Camps. Rafael Maluenda, portavoz del PP, alegó que la Mesa rechazó las iniciativas "por respeto a la justicia". "Es un tema sub iudice", añadió Maluenda, "las Cortes no pueden constituirse en un tribunal paralelo. Aquí se da la cara siempre, pero nosotros respetamos la división de poderes". 

    "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna en román paladino, "y aquí se está callando mucho". "No entiendo que una persona que tuviera algo que decir para defenderse no lo diga salvo que no se atreva a hablar porque lo que diga puede ser objeto de contradicción con lo que contiene el sumario", siguió el portavoz socialista, "nadie con sentido común puede entender que no haya respuestas, que ante tan graves acusaciones el presidente se esconda, que no haya más que organización de homenajes y no respuestas". 

    Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que fue el propio Camps quien empujó a todos sus consejeros a comparecer en comisión para explicar "con transparencia, responsabilidad y sentido de la lealtad" todas las dudas de la oposición sobre la relación de cada departamento del Consell con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Y se preguntó "por qué nadie desmiente las investigaciones detalladas por Garzón". "No entiendo por qué Camps y Costa no salen a la palestra a decir: 'He pagado los trajes'. No hace falta apelar a la limpieza de la justicia, solo hay que aclarar si se pagaron los trajes". 

    La Mesa de las Cortes admitió a tramite una serie de preguntas del Grupo Socialista relativas a las relaciones entre distintos departamentos de la Generalitat y las empresas Orange Market, la mercantil de Álvaro Pérez Alonso, y Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha sido adjudicataria de unos 200 contratos públicos por un coste de siete millones de euros desde 2000. 

    Sin embargo, rechazó tramitar 69 preguntas idénticas relativas al resto de empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El PP alegó que referían a "personas jurídicas sin trascendencia en la Comunidad Valenciana". El socialista Luna expresó su perplejidad y sugirió: "El PP da por perdidos a Álvaro Pérez y a Serafín Castellano. Y cuando no aceptan preguntas sobre empresas de Francisco Correa o José Luis Ulibarri parece que quisieran ocultar algo". 

    (www.elpais.com, 11/03/09)

    14. CAMPS SE CRECE RODEADO DE LA CÚPULA DEL PARTIDO: "YO ME PAGO MIS TRAJES" 

    Iba preparado para el aplauso, para el apoyo interno en un momento difícil, pero el día empezó bastante mal. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc. Los trabajadores de este diario, que ha presentado un ERE de 238 empleados, la mitad de la plantilla, le abuchearon a la entrada, y tuvo que ser protegido por dos furgones de la policía. Pero él no perdió la sonrisa. Ni fuera, ni dentro. Incluso cuando tuvo que hablar de los trajes. 

    "¿Usted se paga sus trajes?", le preguntó el director de Abc, Ángel Expósito. "Claro, yo me pago mis trajes", se rió tenso Camps. El moderador del acto no hizo repreguntas sobre las facturas que ha presentado el juez Garzón. Pero sí sobre si se siente víctima de una "cacería". Y él aprovechó el capote: "Yo tengo una tranquilidad absoluta. Son los 20 años dedicados a la política los que me dan la fuerza e ilusión para seguir trabajando por mi comunidad y por España", clamó mientras se oía el ruido de fondo de las protestas en la calle. 

    El toque a rebato que hizo la dirección nacional del PP con los políticos y la Generalitat con los empresarios tuvo su efecto inmediato. El Casino, uno de los más lujosos edificios de Madrid, se llenó de enormes coches blindados de políticos y empresarios. Todos recibieron su dosis de abucheo, pero dentro, Camps se mostró ufano del éxito de convocatoria y lo interpretó rápidamente como una declaración de inocencia. "Hay muchas personas que he ido conociendo que han venido aquí a decir: te he conocido, eres un buen tipo, vale la pena confiar en ti". 

    Había empresarios -el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, o Fernando Fernández Tapias, entre ellos- pero sobre todo muchos políticos. Para que quedara claro de qué iba el acto, y de forma totalmente inusual, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Dolores de Cospedal y Rita Barberá subieron al estrado para hacerse una foto oficial con Camps que es toda una declaración política de apoyo muy similar a la que hace tres semanas recibió Rajoy con todos los dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de corrupción que afecta al partido. 

    Camps no fue preguntado directamente sobre el asunto clave. ¿Por qué han dimitido todos los cargos implicados en Gürtel, incluidos algunos aún no imputados porque son aforados, menos él y Ricardo Costa? Se da la paradoja de que Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, ahora en la empresa privada, ha sido suspendido de militancia del PP valenciano por unas pruebas muy similares -sobornos con trajes- a las de Camps y Costa. Campos, muy enfadado por este doble rasero, según fuentes del PP, evitó sin embargo hacer sangre: "No voy a decir nada por recomendación de mi abogado hasta que todo esto acabe. Ahora estoy en la empresa privada, si estuviese en política igual actuaría de otra manera". 

    Sin embargo, cuando se le preguntó a Camps si había en el PP militantes de primera y de segunda, el presidente valenciano respondió: "Nunca ha habido militantes de primera y de segunda. Somos 800.000, y todos iguales". 

    Camps trató en todo momento de mantener la sonrisa y ofrecer una imagen tranquila, a pesar de que a las preguntas más incómodas respondió con algunos gestos nerviosos. Pero todo estaba pensado para que se convirtiera en un acto de cierre de filas, de desagravio. La dirección del PP le avaló con su presencia, y le presentó José Luis Olivas, que fue presidente circunstancial de la Generalitat desde que Eduardo Zaplana fue nombrado ministro hasta que Camps ganó las elecciones, en 2003, y pudo sucederle. Olivas, que ahora ha tenido un buen acomodo tras dejar la política, como presidente de Bancaja, aseguró: "Estoy convencido de que la amargura de este lamentable episodio le fortalecerá". 

    Y Camps también insistió en esa idea. "Cada piedra en el camino hace que uno siga trabajando con más fuerza e ilusión". El presidente recibió un aplauso tan largo de políticos y empresarios que el moderador les pidió que parasen: "Ya vale, ¿no?", ironizó. Después, el presidente recibió algunas preguntas amables, incluso sobre el posible fichaje de Villa por el Real Madrid, y se relajó. 

    Camps aseguró que no va a tocar su Gobierno, ni siquiera a Serafín Castellano, un consejero que ha concedido 200 obras a la empresa de un amigo. Insistió en que está tranquilo, aseguró que la gente le para por la calle para darle ánimos, dijo que eso es lo "más hermoso", y concluyó con una idea: que él sigue manteniendo lo que dijo cuando llegó a la presidencia en 2003, que con el PP "se ha acabado la España de los privilegios". 

    Y mientras Camps recibía este apoyo cerrado, la Mesa de las Cortes autonómicas, obedeciendo sus órdenes, rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por los socialistas y por Compromís, que pedían la comparecencia del presidente para explicar el escándalo de los trajes. El PP argumentó que el asunto está sub iúdice. "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna, "y aquí se está callando mucho". 

    (www.elpais.com, 11/03/09) 

    15. CAMPS NO EXPLICARÁ EN LAS CORTS LAS FACTURAS DE TRAJES DE 30.000 EUROS

    La Mesa de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor del PSPV, que el president de la Generalitat, Francisco Camps, comparezca en la Cámara para informar sobre la supuesta trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "por respeto a la justicia" y para que la Cámara no le someta a un "juicio paralelo".

    Los socialistas han considerado que sospechan que esa decisión se debe a que "Camps es responsable de todos los hechos" de los que le acusa Garzón, mientras que al aceptar preguntas parlamentarias del PSPV sobre la empresa Construcciones Taroncher, el PP pretende que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, termine por dimitir. La Mesa de Les Corts ha rechazado dos iniciativas del grupo socialista y del de Compromís en las que solicitaban la comparecencia de Camps, después de que el juez Baltasar Garzón haya encontrado indicios de su supuesta implicación en el caso "Gürtel".

    Los socialistas exigían la convocatoria de un pleno monográfico el día 13 en el que el jefe del Consell se sometiera a las preguntas de la oposición, por un tiempo mayor que el previsto en la sesión de control.

    El PP ha rechazado tanto esa propuesta como la de Compromís, que no concretaba una fecha para la comparecencia de Camps, "por respeto a la justicia", según ha explicado su portavoz adjunto Rafael Maluenda, al término de la Junta de Portavoces.

    Maluenda ha recordado que la investigación se encuentra "sub iudice" y que "Les Corts no pueden erigirse en un tribunal paralelo" ni "hacer un juicio paralelo" al president de la Generalitat.

    Además, ha puntualizado que el procedimiento de debate propuesto por el PSPV no está contemplado en el Reglamento de la Cámara, razón suficiente, según Maluenda, para rechazar su petición.

    "Camps está compareciendo en cada pleno ordinario y respondiendo a sus cuestiones" en Les Corts, mientras que "el PSPV tiene una doble vara de medir", ha denunciado el portavoz popular.

    Así,ha recordado que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, pondrá a disposición del diputado socialista José Camarasa "toda la información requerida" sobre la Sociedad Imagen y Promoción Estratégica.

    El portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ha manifestado su "íntima convicción de que Camps es responsable de todos los hechos que se contienen en el auto del juez Garzón", y de que ésta es "la única explicación" de la negativa de Camps a comparecer en Les Corts. "No puedo entender que una persona que tenga algo que decir para defenderse, no lo diga, salvo que no pueda hablar por miedo a ser contradicho por pruebas contenidas en el sumario".

    La Mesa también ha rechazado 69 preguntas del PSPV en relación con el auto, y únicamente ha aceptado dos en las que los socialistas preguntaban acerca de Orange Market y Construcciones Taroncher, propiedad de un amigo del conseller de Gobernación y adjudicataria de obras por su departamento.

    Luna cree que el PP ha aceptado esas preguntas para "ahorrarle a Camps la desagradable tarea" de destituir al conseller y ha dicho que: "han decidido que se cueza en su propia salsa y abrir la veda para contestar a las preguntas, a ver si, en una de éstas, un día a Castellano se le cae la cara de vergüenza y decide marcharse a su casa".

    www.levante-emv.com 10.03.09

    16. LA LARGA AMISTAD DE CAMPS Y EL BIGOTES

    El presidente estrechó lazos con Pérez en la sede de Madrid, años antes de ser jefe del Consell

    En el año 2000 Francisco Camps trabajaba en la sede central del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Colaboraba con Ana Mato en al área sectorial, antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas. Allí es cuando el ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, trabó relaciones con Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la rama valenciana de la supuesta trama corrupta investigada por varios delitos.

    Camps fue elegido vicepresidente del Congreso de los Diputados en el año 2000, cuando fue diputado como cabeza de lista por Valencia. Antes de aquel año, la empresa Special Events ya acaparaba la organización de la mayoría de actos del Partido Popular de José María Aznar, una relación consolidada a raíz de la "relación directa" del cabecilla de la supuesta trama destapada, Francisco Correa, y líderes del PP a nivel nacional, según dice Garzón en su auto.

    Pero en 2003, las empresas de Correa, que había estado en las campañas electorales de Aznar en 1996 y en 2000, comenzaron a perder predicamento en la dirección del PP. En ese momento, 2003, Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat, lo que coincide en el tiempo con el asentamiento de el Bigotes en Valencia, donde montó Orange Market.

    Desde entonces, la nueva empresa se convirtió en la firma de cabecera para los actos del PP de la Comunitat, obteniendo también algunos contratos de importancia con la administración autonómica, como el montaje de los pabellones valencianos para las ferias turísticas más importantes.

    Pero, ¿a qué se debió la ruptura definitiva de la dirección nacional de Mariano Rajoy con Francisco Correa? Al parecer, Rajoy sufrió una extorsión con una supuesta cinta en la que la que el propio Rajoy criticaba a Manuel Fraga en una conversación con un dirigente gallego, según publicaba El País. A Rajoy le hicieron llegar que una cámara había captado sus palabras -"El viejo [Fraga] está gagá"- y, según parece, Correa le trasladó a Rajoy que conocía el asunto de la cinta e insinuó que podía solucionarlo. Rajoy no cedió y concluyó que era Correa quien organizó el chantaje.

    www.levante-emv.com 09.03.09

    17. 'EL BIGOTES' PAGÓ LOS TRAJES DE COSTA, DINERO EN MANO

    El 'número dos' del PP no ha justificado cómo los abonó

    "La secretaria de [Ricardo] Costa me llamaba, me encargaba los trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Álvaro Pérez y pagaba. Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". La cita es de José Tomás, el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos figuran en el auto del juez Baltasar Garzón, junto a dos imputados, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que también se hicieron trajes con Tomás.

  • El PP valenciano ha anunciado una querella contra el sastre

  • Garzón relaciona el regalo de trajes con la adjudicación del 'stand' de Fitur

  • El sastre, al que fueron todos los cargos populares por recomendación de El Bigotes, confirmó que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, pagó, dinero en mano, la ropa de Ricardo Costa.

    Según fuentes del PP, el secretario general de los populares valencianos se puso a buscar en sus cuentas bancarias algún apunte que pueda justificar el pago de los trajes al sastre. Éste, según las mismas fuentes, tendría dificultades para justificar el pago, ya que supuestamente habría sacado dinero de su cuenta en metálico para dárselo a Álvaro Pérez, que supuestamente recibió el dinero de la secretaria del número dos del PP valenciano para pagar la deuda con el sastre en uno de sus viajes a Madrid. Según el entorno de Costa, éste dispone de un extracto bancario que confirma que sacó dinero para pagar al sastre.

    La versión, sin embargo, tiene contradicciones con la primera reacción de Costa tras conocer el sumario, que no supo explicar cómo abonó sus trajes. En el PP asumen ya que, al menos parte de los trajes mencionados por el juez Baltasar Garzón en el auto fueron pagados por Álvaro Pérez, aunque queda por aclarar el origen de ese dinero.

    El auto del juez Garzón explica que en la relación de pagos a cuenta de Orange Market en Milano "consta un pedido de fecha 26/01/2006 por un importe de 2.400 euros a nombre del señor Costa que corresponde a tres trajes a medida". Y añade: "Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en Barclays el día 20/09/06 con cargo a Orange Market".

    Y en cuanto a la compra de trajes en Forever Young señala que el nombre de Costa figura relacionada con una cantidad de 4.925 euros. "Su nombre", añade el juez en referencia a Costa, "figura en varias hojas del listado de encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona" y que hacen mención a "un traje (americana pantalón) y a dos pantalones, así como a otros pedidos de prendas". El auto resume que Costa gastó en ambas tiendas madrileñas un total de 7.325 euros -2.400 en Milano y 4.925 en Forever Young. Por lo que respecta a Francisco Camps, el juez detalla compras por valor de 4.700 en Milano y de 8.083 euros en Forever Young, también pagados por empresas de la trama de corrupción de la que forma parte El Bigotes. También aparecen como beneficiarios de trajes Víctor Campos y Rafael Betoret, que desde el día que se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional han guardado un silencio absoluto.

    Y todo ello Baltasar Garzón lo relaciona con el hecho de que Orange Market se ha adjudicado desde 2005 los concursos para montar los pabellones de la Generalitat en Fitur por un importe total superior a los cuatro millones de euros.

    La declaración de José Tomás parece haber sido determinante para que el juez Garzón implicara a Camps y Costa. De ahí que los populares valencianos se hayan apresurado a anunciar una querella contra el sastre, al igual que hicieran con otra implicada en la trama, Felisa Jordán, cuya declaración ante el juez también reveló numerosos detalles de la trama. Pero, a pesar de la presión, ni Jordán ni Tomás se han retractado de sus declaraciones a Garzón.

    www.elpais.es 08.03.09

    18. EL DOCUMENTO 71 LASTRA AL PP VALENCIANO

    Garzón basa su acusación contra Camps en cinco indicios que no han sido refutados

    El juez Baltasar Garzón se ha inhibido esta semana en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la operación Gürtel tras encontrar evidencias que incriminan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al número dos del PPCV, Ricardo Costa. Camps tiene en contra cinco pruebas a las que todavía no ha dado respuesta. El magistrado confirma en su auto de inhibición del jueves lo que apuntó cuando envió a prisión hace un mes a los tres principales responsables de la trama. El líder del grupo, Francisco Correa, montó un imperio entre 1996 y 2004 aprovechándose de sus contactos en la calle Génova. El entramado de Correa, formado por 23 empresas, dejó de trabajar para el PP nacional cuando Rajoy tomó el mando del partido. El grupo se adaptó a la nueva situación y trasladó sus negocios a la Comunitat Valenciana y a Madrid.

    El magistrado sostiene que el grupo dio dádivas en forma de trajes a Francisco Camps, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. Además, Baltasar Garzón sospecha que Francisco Correa entregó 420.000 al PP valenciano como comisión por adjudicaciones.

    El problema para el PP valenciano es que la investigación policial está en sus inicios en la Comunitat y ya apunta a los dos principales responsables del partido. La unidad de delitos económicos de la policía informó a Garzón el pasado 31 de enero -hace apenas cuarenta días- de que tenía en su poder conversaciones que comprometían a dirigentes valencianos, según consta en las diligencias judiciales. El 19 de febrero, el juez ya tenía en mente imputar a Ricardo Costa tras haber tomado declaración a Álvaro Pérez (alias El Bigotes y presidente de Orange Market), a Isabel Jordán (que aseguró en una conversación intervenida que el grupo había pagado los trajes a Camps) y al sastre José Tomás.

    La policía facilitó a Garzón el 24 de febrero el informe con las pruebas que supuestamente implicaban a los dirigentes populares valencianos.

    El magistrado explica en su auto de inhibición en favor del TSJ de la Comunitat Valenciana que ha encontrado cinco indicios que apuntan a que el presidente podría estar implicado. El auto recoge que son esenciales las declaraciones del sastre José Tomás y de la imputada Isabel Jordán, las facturas y papeles entregados por Forever Young clasificados en la causa como documento 71, las anotaciones de la contabilidad B del grupo manejada desde la calle de Serrano, 40 de Madrid (donde el entramado tenía su sede central), la documentación intervenida a Orange Market y las llamadas de Camps el 9 de febrero a su sastre mientras declaraba ante la policía.

    El documento número 71 contiene gran cantidad de datos objetivos aportados por la tienda de ropa donde Camps encargaba los trajes que, siempre según argumenta Garzón en base a la investigación policial, supuestamente pagaba la trama de Correa. La documentación entregada por Forever Young recoge un listado de clientes. El nombre de Camps aparece en el listado junto a la cantidad de 5.393,50 euros. Su nombre también figura en varias hojas del "listado de encargos de sastrería".

    El documento 71 está encabezado por la frase: a la atención de "Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)", siempre según contiene el auto de Garzón. Las facturas de los trajes de Camps y de otros presuntos implicados como Ricardo Costa tenían un importe total de 30.678,90 euros y se pagaron en su totalidad, según los datos facilitados al juez por la empresa Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las firmas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico del entramado de Correa.Según las declaraciones del sastre José Tomás, Francisco Camps es "destinatario de otras compras efectuadas durante 2008 cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market -documento 31 de la causa- a cuyo nombre se realizó la factura -documento 30-". El PP ha anunciado que se va a querellar contra el sastre, aunque el presidente Camps todavía no ha aportado facturas que demuestren que él pagó de su bolsillo los trajes.

    El documento 71 también implica a Ricardo Costa. En plena era de las transferencias bancarias y los abonos electrónicos por tarjeta, un medio de comunicación nacional defendió la teoría de que Ricardo Costa fue a su banco, sacó varios miles de euros en efectivo y se los entregó a Álvaro Pérez para pagar sus trajes en la tienda de ropa de Madrid. Garzón tiene otra hipótesis. El magistrado, recurriendo al documento 71, sostiene que los trajes de Costa los pagaron las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.

    Garzón incide en que los hechos relacionados con las conductas de Camps y Costa se apoyan en datos e indicios como "facturas, listas de clientes (de Forever Young), patronajes y declaraciones policiales y judiciales". El magistrado indica que "si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas""no puede eludirse la investigación penal en aras al cumplimiento de la legalidad".

    Garzón ha remitido el caso al TSJ, aunque en las próximas semanas podría acabar en el Supremo ya que los supuestos delitos se habrían cometido en Madrid y el Estatut obliga a que lo instruya el Alto Tribunal.

    www.levante-emv.com 08.03.09

    19. RAJOY FUERZA A CAMPOS A PEDIR LA BAJA EN EL PP POR LA IMPUTACIÓN DE GARZÓN

    El ex vicepresidente del Consell y actual vocal de la dirección del PP en Castelló, Víctor Campos, ha sido la primera víute;ctima políte;tica valenciana por el caso Gürtel. El código ético obliga a poner el cargo a disposición del partido si hay indicios de comisión de delito Según confirmó la dirección nacional del PP, todos los imputados por el juez Garzón que forman parte del partido "han pedido voluntariamente la suspensión de militancia". Esta afirmación señala directamente a Víctor Campos, puesto que el otro imputado valenciano, el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, no milita. A Campos se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad, por aceptar trajes pagados por firmas de la trama corrupta.

    Lo cierto es que esa renuncia voluntaria de Campos es más bien una imposición de la dirección de Mariano Rajoy. Preguntado por este periódico, Campos opinó que la decisión era de la dirección regional, de lo que no se desprende la voluntad de abandonar el partido. Precisamente, el viernes Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo, según recogía El Mundo. Por su parte, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, aseguró no saber nada del caso. Ante las dudas de Campos, fue la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, la que tomó cartas en el asunto y le reclamó la baja temporal.

    La imposición al ex vicepresidente de abandonar el partido supone un castigo al más débil de los implicados valencianos. Campos abandonó por sorpresa la política en abril de 2007, semanas antes de las elecciones autonómicas. Desde 2003 estuvo en elConsell junto a Francisco Camps. Víctor Campos, al que se consideraba el delfín de Carlos Fabra, fue repescado recientemente como vocal de la dirección provincial del PP.

    Aun así, la suspensión de militancia aplicada por el PP sobre militantes afectados por presunta corrupción no siempre se ejecuta con los mismos criterios. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, nunca ha sido cuestionado en el partido, pese a su imputación por varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Mientras tanto, los otros valencianos implicados en el caso Gürtel, el jefe del Consell, Francisco Camps, y el portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, han recibido muestras de apoyo de la dirección. Su condición de aforados les excluye de esa norma impuesta en esta ocasión, que obliga a los implicados a pedir la baja.

    Curiosamente, el código ético del PP dice que los cargos públicos deben ponerse a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". En este sentido, el auto del juez dice que los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas -Camps y Costa. "Si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas -en referencia a los trajes- al haber aparecido, después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción y en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal".

    www.levante-emv.com 08.03.09

    20. EL DIRECTOR DE RTVV TAMBIÉN RECIBIÓ TRAJES DE LA TRAMA

    Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente Francisco Camps, también aparece en el auto del juez Baltasar Garzón sobre la trama financiera que podría haber servido para financiar ilegalmente al PP y en la que varios altos cargos populares, entre ellos el propio Camps, recibieron dádivas de las empresas implicadas. Pedro García no está imputado, pero también, como Camps, como Ricardo Costa (número dos del PP valenciano), como el ex consejero de Justicia Víctor Campos y como el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, fue obsequiado con trajes.

    Los sindicatos pidieron explicaciones por el tratamiento del escándalo en RTVV. La Intersindical criticó que tanto Canal 9 como Ràdio 9 dieran a la noticia, especialmente escandalosa el jueves, tras conocerse el auto, en décimo lugar, sin salir en el sumario, camuflada en unas declaraciones de Costa sin antecedentes. El tratamiento informativo fue, afirmó el sindicato en un comunicado, un ejemplo de manipulación alejado de cualquier criterio profesional.

    CC OO pidió la dimisión de los directivos de Canal 9 y Ràdio 9, calificó la manipulación informativa de ambos medios como de "actuación de censores" y desvinculó esa práctica de los trabajadores. También UGT criticó el tratamiento informativo del caso Gürtel en términos similares.

    www.elpais.es 07.03.09

    21. LOS TRAJES DE MILANO INVESTIGADOS POR GARZÓN SE ENCARGARON DURANTE LA SEMANA DE FITUR

    Los trajes de Milano supuestamente pagados por la trama que investiga el juez Garzón a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret fueron encargados en la tienda de Madrid durante la semana de la feria de turismo Fitur del año 2006, según recoge el auto de inhibición del magistrado en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Garzón explica en el auto de inhibición que el jefe del Consell, Francisco Camps, acudió a Milano a instancias de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market. La Generalitat había concedido a Orange Market la instalación del stand de Fitur en 2006 por valor de 1.083.925 euros. Todos los trajes comprados en la tienda de Milano en Madrid entre el 24 y el 28 de enero de 2006 costaron 15.200 euros, casi la mitad de los 34.908 euros que supuestamente pagó la trama de Correa en ropa hasta 2008.

    En la relación de pagos de la trama, siempre según el auto de Garzón, constan dos pedidos en Milano a nombre de Francisco Camps. El primero tiene fecha de 24 de enero (un día antes de la inauguración de Fitur) y el segundo de 26 de enero. Francisco Camps estuvo en Madrid el 26 de enero porque se celebraba el día de la Comunitat Valenciana. El juez precisa que, según la investigación policial, el pedido del día 26 de enero corresponde a dos trajes a medida de Camps que pagó la concesionaria del stand de Fitur por 1.400 euros.

    El día de la Comunitat en Fitur también consta un pedido en la tienda de Milano en Madrid a nombre de Ricardo Costa. El encargo eran trajes a medida por un importe de 2.400 euros, que según Garzón pagó Orange Market.

    El auto refleja que existe un pedido del 28 de enero de 2006, el penúltimo día de Fitur, a nombre del ex vicepresidente Víctor Campos. El encargo que le ha costado la imputación a Campos eran tres trajes a medida, cinco pantalones y dos americanas, que supuestamente fueron pagados por Orange Market ocho meses después. La factura ascendió a 4.850 euros.

    Rafael Betoret, el cuarto político popular valenciano bajo sospecha, era jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo cuando supuestamente recibió los trajes regalados por Orange Market. Garzón precisa en el auto que en la causa figura una reserva a nombre de Rafael Betoret del 24 de enero de 2006, un día antes de la inauguración de Fitur. La compra son tres trajes a medida, una americana y un pantalón por valor de 3.250 euros. El juez explica en el auto que Rafael Betoret acudió al establecimiento de Milano en Madrid con Álvaro Pérez.

    Baltasar Garzón acusa a Camps, Costa y Betoret de recibir otras tandas de regalos de trajes de la tienda Forever Young durante los años 2006, 2007 y 2008. Los trajes que supuestamente pagó la trama a los tres políticos populares en Forever Young costaron 19.708 euros.

    Según el auto de Garzón, Camps recibió cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un smoking y un chaleco blanco. La segunda tanda de pedidos de Camps, siempre según Garzón, costó 8.083 euros y supuestamente fue abonada por las firmas Orange Market (que montó el stand valenciano en Fitur entre 2005 y 2009), Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.La segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana, la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, era consellera de Turismo en 2006. Martínez manifestó , en relación a las adjudicaciones del stand de Fitur a Orange Market durante los años en que ella fue consellera de Turismo (de 2003 a 2007), que "todo se hizo por concurso libre, abierto, con todo tipo de garantías, se ofertó a la mejor de las propuestas, con los preceptivos informes". "Luego, lo que cada uno hiciera, no voy a opinar al respecto", dijo, dejando claro que no pone la mano en el fuego por nadie más. El expediente que requisó la policía, el de 2009, se tramitó en cambio por procedimiento negociado sin publicidad. Martínez insistió en que "siempre se ha obrado con una transparencia exquisita y dentro del marco de la ley".

    La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el comportamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha sido "honorable" y criticó que el juez hable de "una trama generalizada de corrupción" "por unos trajes".
    En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Sáenz de Santamaría explicó que para que un ilícito penal se tendrían que haber recibido esos trajes "en contraprestación de algo" y añadió que en el auto de Garzón "no queda bien acreditado". Es más, señaló que en los autos de Garzón tampoco esta clarificada la recepción de tales trajes, "si se han recibido, si no y quién los ha pagado".

    Por eso, la dirigente popular considera sorprendente que se hable de trama generalizada de corrupción "sencillamente por cambiar de vestuario". "Una trama, que dicen generalizada de corrupción, de adjudicación de grandes contratos, por unos trajes", recalcó.


    Sáenz de Santamaría insistió en que Camps, ha tenido un comportamiento "honorable" durante toda su trayectoria política, y que para arremeter contra su honorabilidad son necesarias "más pruebas".

    www.levante-emv 07.03.09

    22. CAMPS NIEGA LOS HECHOS PERO NO OFRECE NINGUNA EXPLICACIÓN

    El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareció ante los medios de comunicación, nada más concluir la toma de posesión del Síndic de Greuges, para negar los graves hechos que el auto de Garzón le achaca. Sin embargo, ni Camps, ni el portavoz del Consell, Vicente Rambla, ofrecieron ninguna explicación sobre los presuntos regalos en trajes recibidos de empresas de la trama de Correa, en especial Orange Market, contratistas de la Generalitat por al menos 6 millones de euros. Ni negaron haber adquirido las prendas ni aportaron justificantes de los pagos. Ni por cuenta propia ni del departamento de Protocolo. Camps terminó su declaración, dio media vuelta y se fue, dejando a un periodista con la pregunta en la boca.

    "Obviamente estoy indignado por las cosas que se dicen y se proponen", fue el arranque de quien habría recibido, según el auto de Garzón, 12.783 euros en vestuario en pedidos de 2006 y de 2008. "Pero asumo con absoluta tranquilidad y paz el momento que corresponde", agregó para asegurar que confía "plenamente en la Justicia". "Estoy convencido de que hará justicia", proclamó solemne. La misma confianza expresó Rambla en su comparecencia.

    Hace apenas dos semanas, cuando el 19 de febrero trascendió que Anticorrupción implicaba al presidente en la causa, éste habló de campaña orquestada contra el PP y citó la célebre frase que atribuyó a Brecht sobre la persecución de los nazis. Ahora que la investigación se traslada al TSJ valenciano, los populares han recobrado su fe en el poder judicial. Camps espera que al final "todo acabe como creo que tiene que acabar". "Porque obviamente no hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda suscitar cualquier circunstancia de preocupación", dijo. El presidente aseguró que en la vida "hay circunstancias que hacen a uno estar más fuerte", para añadir que está "con la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas administraciones y con la fuerza que me da sentir el cariño y el calor de tantas personas". Por eso confesó sentirse "más acompañado que nunca", concluyó.

    Tanto Camps como el resto de los consellers y miembros de la dirección del PP que se dejaron ver hicieron esfuerzos por aparentar normalidad, pero los rostros los delataban. Tras la reunión del Gobierno autonómico, el vicepresidente Vicente Rambla compareció para, en nombre del Consell, "negar los hechos a los que hace referencia el auto". ¿El asunto de los trajes o los supuestos pagos al PP en negro? "Por supuesto que no a las dos cuestiones", sentenció Rambla. El portavoz denunció que se ha abierto un "proceso público, un juicio sumarísimo" a "las más altas instituciones de los valencianos". Para combatir los "hechos falsos" que cuestionan la "imagen y honorabilidad del presidente" y de los otros implicados, anunció que interpondrán "cuantas acciones judiciales hagan falta". ¿Contra Garzón también? "No se ha concretado se están viendo las posibilidades y vamos a estudiar todas las acciones", reiteró.

    Rambla permitió preguntas pero no dio respuestas. Se enrocó y en cada cuestión respondía que no pensaba entrar en aspectos de la causa para no alimentar un "proceso público abierto en la plaza pública". No contestó a nada. Tampoco a si Álvaro Pérez, de Orange Market, medió para lograr la entrevista con Bill Richardson, gobernador de Nuevo México.

    www.levante-emv 07.03.09

    23. EL PRESIDENTE VALENCIANO Y SU 'NÚMERO DOS' RECIBIERON 20.000 EUROS EN ROPA

    El juez Baltasar Garzón accedió por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región.

    La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros. Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young. El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps.

    Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros.

    Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.

    Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.

    Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".

    Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez.

    La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.

    www.elpais.es 06.03.09

    24. CUATRO FIGURAS DEL PP REGIONAL CON EL MISMO SASTRE

    El auto de Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana.

    - Francisco Camps. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, de 46 años, accedió al cargo en 2003 y fue reelegido en 2007. Su primer mandato al frente de la Generalitat estuvo marcado por su enfrentamiento con Eduardo Zaplana, lo que no impidió que potenciase la política de grandes eventos heredada de su antecesor. Su afición por los "actos potentes" con gran escenografía le hizo congeniar con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, convertido en una especie de asesor de cámara. Pérez fue quien le recomendó al sastre José Tomás, empleado de Milano y Forever Young. Orange Market ha organizado todos los eventos del PP regional y ha recibido sustanciosos contratos de la Generalitat.

    - Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes Valencianas, Costa, de 36 años, permaneció fiel a Camps cuando su hermano, el ex ministro Juan Costa, planteó la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el PP. Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.

    - Víctor Campos. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón.

    - Rafael Betoret. Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

    www.elpais.es 06.03.09

    25. AGUIRRE ACUSA A GARZÓN DE RECIBIR "REGALOS" DE MAYOR CUANTÍA QUE LOS DE CAMPS

    Este grupo empresarial "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", según el relato de Garzón. "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

    En el caso de Valencia, la financiación ilegal del PP llegaría a través de la adjudicación de contratos por parte de la Administración autónoma, gobernada por Francisco Camps, a la red de empresas de Correa. Éste, a su vez, devolvía supuestamente una parte del dinero recibido en forma de contratos mediante ingresos a favor del PP valenciano.

    En el auto de inhibición que Garzón firmó se relatan una serie de hechos, cuya investigación está sin concluir, que avalarían la tesis de la financiación ilegal del PP. Son los que siguen:

    "En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros".

    - Algo relacionado con el PP. "El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

    1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

    2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

    3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

    - Clave Bruja. "En el archivo Caja B Orange [en relación a la empresa Orange Market que operaba en la comunidad valenciana y que dirigían Correa y su socio Álvaro Pérez] de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la clave "Bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero de distintas procedencias, entre ellas consta el apunte de 31 de agosto de 2005 recibido de Pablo Crespo [otro socio de la red corrupta] entrada del PP de Valencia. El apunte del 23 de enero de 2007 refleja una entrega a Pablo Crespo para pago Milano [tienda de ropa] por 4.821 euros. Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

    - Congreso regional de Valencia. "En el pen drive [memoria portátil de almacenamiento de datos para su lectura en un ordenador] intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

    El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

    [El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

    Conclusión. "El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

    Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

    www.elpais.es 06.03.09

    26. ANTICORRUPCIÓN ULTIMA EL INFORME SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE FRANCISCO CAMPS 

    La Fiscalía Anticorrupción ultima el informe que el juez Baltasar Garzón le pidió sobre el caso Gürtel y su posible inhibición, según dijo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que se presentará o, en todo caso, a lo largo de esta semana. 

    El pasado día 25 Garzón dio a la Fiscalía 48 horas para que informara de si, ante la presunta implicación en el caso de parlamentarios nacionales del PP, debía remitir la causa al Tribunal Supremo. También hay, al parecer, diputados autonómicos madrileños y valencianos, entre los que podría estar el presidente Francisco Camps, que aparece citado en las grabaciones aportadas al sumario. 

    El fiscal general recordó que el asunto depende de Anticorrupción y de sus profesionales "altamente cualificados, absolutamente imparciales y objetivos", por lo que, para emitir su dictámen sobre el caso, requieren el tiempo necesario. 

    (www.levante-emv.com, 04/03/09)

    27. CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA 

    El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón. 

    Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto". 

    Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama. 

    El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano. 

    Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps. 

    Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.

    La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones. 

    (www.elpais.com, 27/02/09) 

    28. CAMPS ACUDIÓ EN MADRID AL SASTRE QUE LE RECOMENDÓ ÁLVARO PÉREZ 'EL BIGOTES' 

    El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió en Madrid al sastre que le recomendó el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, conocido en el partido como El Bigotes. Pérez, que está imputado por el juez Baltasar Garzón por formar parte, presuntamente, de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, era el responsable de organizar los actos de la dirección regional del PP. En especial, aquellos actos en los que aparecía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Orange Market logró, además, varios contratos de la Administración valenciana. 

    Fuentes de la Generalitat confirmaron que Camps acudió recomendado por Álvaro Pérez a un sastre llamado José Tomás en la tienda que Milano tiene en la calle Serrano de Madrid. Una relación que mantuvo con el sastre cuando cambió de trabajo y fichó por la franquicia Forever Young en Madrid. 

    Presidencia ya ha reconocido que Camps estuvo en la tienda Milano de Madrid, donde encargó cuatro trajes. Sin embargo, según las mismas fuentes, no le gustaron cómo estaban los arreglos de los trajes y los devolvió sin llegar a pagarlos. La compra frustrada tuvo lugar en las fechas en las que se preparaba la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que tuvo lugar en julio de 2006. 

    El presidente de la Generalita ha anunciado una querella contra la empresaria, imputada por el juez Garzón, Felisa Jordán, que en una de las grabaciones del sumario alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha investigado tres facturas, en especial una cuyo importe rondaría los 5.000 euros. Garzón también habría intentado averiguar si las empresas de la trama corrupta utilizaron facturas falsas para defraudar a Hacienda o blanquear dinero. 

    El sastre de Milano al que Álvaro Pérez acudía y que recomendó a Camps era el mismo al que le encargaba los uniformes de los grandes eventos, incluidos los de las azafatas del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un pabellón que Orange Market se adjudicó por primera vez en 2005 por importe de más de 1,3 millones de euros y que, desde entonces, ha ganado ininterrumpidamente. 

    Álvaro Pérez se instaló en la Comunidad Valenciana después de que el PP perdiese las elecciones generales en el año 2004. Su capacidad para montar actos y eventos visualmente potentes fue una de las razones para que el presidente de la Generalitat lo eligiese como escenógrafo de cabecera. Orange Market ha organizado la gran mayoría de actos del PP en los que participaba Camps. 

    La tensión del jefe del Consell a raíz de difundirse el pasado jueves que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama corrupta se hizo patente en la celebración del Día de Andalucía en la plaza de toros de Valencia. 

    Camps llegó alrededor de mediodía arropado por una impresionante comitiva en la que estaba la gran mayoría de los miembros del Consell, la dirección regional y provincial de Valencia del PP, diputados, secretarios autonómicos, diputados. 

    La entrada de Camps en la plaza registró, por primera vez en muchos años, una ostensible pitada, que se entremezcló con los aplausos de quienes querían expresar su apoyo al jefe del Consell. 

    Media hora antes de la entrada del presidente de la Generalitat había hecho su aparición la comitiva socialista, bastante menos numerosa y encabezada por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La gran afluencia de cargos populares provocó una discusión entre los servicios de protocolo, ya que los populares querían desplazar a los socialistas que habían llegado antes. Finalmente la cuestión se solución con la incorporación de dos sillas más para otorgar a Camps la presidencia del acto. 

    El presidente de la Generalitat tan sólo cruzo un breve y frío saludo con el secretario general del PSPV, que evitó realizar comentarios sobre los problemas que afrontan los populares. 

    El reparto de sillas hizo que, finalmente, se sentase junto a Alarte el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también inmerso en un escándalo por adjudicar obras de miles de euros a un constructor amigo suyo, con quien comparte la afición por el parany, un arte de caza declarada ilegal. 

    Bajo un sol de justicia, el jefe del Consell realizó una corta intervención ante los participantes del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, festividad a la que también acudió la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro. 

    Camps afirmó que lleva a Andalucía en su corazón y destacó las raíces comunes que unen a valencianos y andaluces. También recordó su vinculación afectiva con varias de las imágenes que se veneran en esa tierra, como la Virgen del Rocío o de la Estrella. 

    (www.publico.es, 23/02/09) 

    29. LA FISCALÍA IMPLICA AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, EN LA TRAMA CORRUPTA 

    Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó al juez Baltasar Garzón. 

    En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid). 

    El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación. 

    En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana. 

    Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos. 

    La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial. 

    Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia: 

    - Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero. 

    Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. 

    Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año. 

    El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones. 

    - Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". 

    En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". 

    Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio. 

    - Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago. 

    (www.elpais.com, 19/02/09)

    30. RAJOY DICE QUE CAMPS ES "UN DIRIGENTE EJEMPLAR" QUE TIENE "PLENO APOYO" DEL PARTIDO POPULAR 

    El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.  

    Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo". 

    Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado. 

    El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas. Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial. 

    (www.publico.es, 19/02/09) 

    31 .UNA DE LA IMPUTADAS PAGÓ UNA FACTURA DE 30.000 EUROS EN TRAJES PARA CAMPS

    La figura del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha salido a relucir en las grabaciones que investiga el juez Garzón sobre la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte. En una de estas conversaciones a la que ha tenido acceso El Plural, una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura haber "pagado una factura de 30.000 euros" para "pagarle los trajes al presidente Camps".

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    El diálogo registrado en la grabación refleja la preocupación de Jordán por las "presiones" sufridas, y por las deudas contraídas por la empresa Orange Market: "Ahora son 600.000, antes eran 900.000 euros de deuda, he hecho trabajo para la Comunidad de Valencia, Máster Open, FITUR y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas".


    Aparece Camps

    Por si esto fuera poco, Jordán saca a relucir la figura de Camps al afirmar lo siguiente: "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, tengo yo la factura, yo la he pagado".


    Orange Market

    La empresa Orange Market forma parte del entramado investigado por Garzón. En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizadora, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps, entre ellos la visita del Papa en 2006 o la Copa América en 2007. Además el pasado 26 de enero, El Plural del escándalo que supuso que el Gobierno regional valenciano hubiera concedido a Orange Market –cuyos principales gestores mantienen vínculos con Aznar- el diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Tal adjudicación se produjo por un importe cercano al millón de euros. El escándalo de corrupción sigue expandiéndose.

    www.elplural.com 09.02.09

    IV) AUTO GARZÓN A FAVOR DEL TSJCV

    JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

    MADRID

    DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275 /2008 V

    AUTO

    En MADRID, a cinco de marzo de dos mil nueve.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    PRIMERO.— Estas diligencias se incoaron en fecha seis de agosto de dos mil ocho.

    SEGUNDO.— La investigación se inició en virtud de denuncia presentada ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y Anticorrupción por BLANQUEO DE DINERO, DEFRAUDACION FISCAL, TRAFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, OFICIAL Y MERCANTIL, DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS, DELITO DE PREVARICACIÓN, DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, aportando en ese momento un conjunto de documentos y grabaciones de presuntos delitos que hacían referencia a Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, Antoine Sánchez, Álvaro Pérez y otros, que aparecen imputados en esta causa y que constan en el auto de fecha 09.02.09

    TERCERO.— El día 30.01.09 se informó por la UDEF que de las observaciones telefónicas acordadas podría inferirse la comisión de algún delito en el que podría aparecer relacionado con el mismo una Autoridad de la Administración valenciana.

    Ante tal información se dictó auto de fecha 03.02.09, ampliando la investigación, aportando la Fiscalía Anticorrupción las diligencias informativas que sobre esos hechos tramitaba, el día 10.02.09.

    CUARTO.— El día 03.02.09 la UDEF presentó un informe en el que tal como se refleja en el auto de prisión contra los imputados, los Sres. Correa, Crespo y Sánchez, de fecha 12.02.09, existía riesgo inminente de que el principal implicado, Francisco Correa, saliera de España por lo que, previo informe del Ministerio Fiscal de fecha 06.02.09, el Juzgado, atendiendo a la petición policial y de la Fiscalía, autorizó la práctica de los registros y detenciones policiales reclamadas.

    QUINTO.— En fecha 12.02.09 se acordó la prisión provisional incondicional de Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine SÁNCHEZ con base a los hechos que constituyen el núcleo de la investigación.

    SEXTO.— Las declaraciones de los diferentes detenidos e imputados más trascendentes: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, CARMEN LUIS CEREZO, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, JACOBO GORDON LEVENFELD, JOSE RAMON BLANCO BALIN, JOSE LUIS IZQUIERDO LOPEZ, ALVARO PEREZ ALONSO, CANDIDO HERRERO MARTINEZ, ANTOINE SANCHEZ, PABLO CRESPO SABARIS, FRANCISCO CORREA SANCHEZ y JOSE TOMAS GARCIA, concluyeron el día 19.02.09 con la del detenido ANDRÉS BERNABÉ NIETO.

    SEPTIMO.— Con fecha 12.02.09, el Juzgado dio traslado al Ministerio Fiscal, para que, ante las primeras referencias que iban apareciendo a personas que podían estar aforadas, informara sobre la procedencia de librar testimonios correspondientes a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, respectivamente, para que continuaran las investigaciones a que hubiere lugar.

    Mientras tanto la UDEF continuó practicando las primeras diligencias y análisis de la documentación intervenida que no han concluido en este momento, hallándose en un estado embrionario la investigación en bastantes ámbitos del proceso, en función de los datos y documentos que, en cualquier momento puedan aparecer, y, de hecho así sucede y que deben ser evaluados, analizados, resueltos o investigados con urgencia si no se quiere perjudicar gravemente la propia investigación (art. 13 de la LECRim.)

    OCTAVO.— Con fecha 18.02.09 y hora de las 13:00, el Ministerio Fiscal presentó informe en el que interesaba, dando cumplimiento al traslado ordenado por este Juzgado con fecha 12.02.09, que «se remitiera exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que por dicho Tribunal se pronuncie sobre la admisión de su competencia para conocer de la presente causa» e «idéntica remisión procede al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con la Pieza Separada a Francisco Camps».

    NOVENO.— Con fecha 18.02.09 se dictó providencia en la que literalmente se decía:

    «El anterior informe del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y quede en la mesa de S.Sª para resolver lo procedente.

    Dese traslado urgente al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si las diligencias judiciales acordadas, y que se encuentran señaladas, y aquellas otras que procedan al amparo del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben practicarse. Asimismo, dese traslado respecto de Ricardo Costa Climent, para que si, a la vista de la declaración policial y judicial de José Tomás García, procede también la inhibición al TSJ de Valencia, dado su posible carácter de aforado».

    DÉCIMO. Con fecha 19.02.09 se dictó providencia que dice:

    «Dada cuenta; y habiéndose concluido en el día de la fecha la declaración del último detenido, remítase oficio a la UDEF para que, con carácter de urgencia, elaboren informe sobre los extremos a los que se refiere el escrito del Ministerio Fiscal de fecha 18 de febrero de 2009, al objeto de resolver sobre la solicitud de inhibición planteada».

    DÉCIMO PRIMERO.— Con fecha 20.02.09 se dictó providencia que dice:

    «Dada cuenta, estando este Juzgado Central de Instrucción en funciones de Guardia y declaradas Secretas las actuaciones, líbrese con carácter urgente oficio al Servicio de Reprografía a fin de que efectúen 3 juegos de copias de las actuaciones y queden las mismas en poder del proveyente para resolver lo oportuno sobre la inhibición, una vez el Ministerio Fiscal de cumplimiento a los dos oficios cursados, uno de fecha 18 de febrero y otro del siguiente día 19, en relación con las personas aforadas y que guardan relación con la inhibición planteada».

    DÉCIMO SEGUNDO.- El día 23.02.09, el Ministerio Fiscal informó que por el momento no había elementos suficientes para ampliar la remisión de exposiciones razonadas respecto de los señores Gerardo Galeote, diputado del Parlamento Europeo y respecto del diputado autonómico en Valencia D. Ricardo Costa.

    DÉCIMO TERCERO.- El día 24.02.09, a las 15.30 horas, la UDEF presentó el informe referido a la investigación de las personas aforadas.

    DECIMO CUARTO.- El mismo día se dio traslado al Ministerio Fiscal para que a la vista del contenido de aquel informe, en plazo no superior a 48 horas emitiera su dictamen, si a su derecho convenía. El día 27 de febrero se presentó escrito por dicho ministerio indicando que no acordara sobre la competencia hasta que no emitiera su informe. El juzgado en la misma fecha, y, tratándose de causa con preso, en aras del impulso de oficio, acordó que quedaran los autos sobre la mesa para dictar la resolución sobre la Exposición Razonada sobre competencia. El día 04.03.09, el Ministerio Fiscal en lo relativo a esta parte de la causa en su dictamen conforma su informe anterior y además extiende la petición respecto al aforado D. Ricardo COSTA CLIMENT.

    HECHOS

    PRIMERO.- Tal como consta en el Auto de prisión de 12 de febrero de 2009, Francisco CORREA SÁNCHEZ, lideraba un grupo organizado de personas y empresas del que formaba parte en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo PABLO CRESPO SABARIS, ANTOINE SÁNCHEZ y otros imputados en esta causa cuya principal finalidad, a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, fue, hasta el día de la fecha realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado empresarial integrado por las siguientes empresas:

    -Parque Logístico Montalvo SL.

    -Intermedia Eja Comunicaciones Integrales S.L.

    -Easy Concept Comunicación S.L.

    -FCS Formación Comunicación y Servicios S.A. (sin actividad).

    -Orange Market S.L.

    -Good and Better.

    -Diseño Asimétrico.

    -Servi Madrid.

    -Pasadena Viajes.

    -Special Events.

    -Osiris Patrimonial S.L.

    -Cresva S.L.

    -Caroki S.L.

    -Proyectos Financieros Fillmores S.L

    -Inversiones Kintamani S.L.

    -Hator Consulting S.L.

    -Odisea Servicios 2001 S.L.

    -Rialgrenn S.L.

    -TCM S.L.

    -Forever Travel Group S.L.

    -Estudios Vesubio S.L.

    -Welldone S.L.

    -Castaño Corporate S.L.

    Estas sociedades son de inversión especulativa cuyo objetivo es la búsqueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, sociedades patrimoniales que gestionan el patrimonio personal de Francisco CORREA y empresas de gestión que prestan apoyo al resto de carácter administrativo o de organización de viajes. Sobre esta estructura nacional se superpuso una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España. Dichas sociedades ubicadas en el exterior están participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes. De tal forma que este conglomerado permitía a la organización incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones de las sociedades radicadas en Inglaterra y Holanda enmascarándolo como ampliaciones de capital de aquéllas, si bien en realidad los fondos procedían de las sociedades matrices que se encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal u otros territorios offshore.

    El diseño de la estrategia de ocultación que le permitió llevar el control de este entramado societario sin que él figurara, consistió en la constitución sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en las creación de estructuras fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en materia de transparencia financiera, con actuación sistemática de personas interpuestas tanto para la gestión empresarial como para la gestión de su patrimonio personal. Francisco CORREA colocó al frente de sus empresas en España a una persona de su confianza, Pablo CRESPO SABARIS, mientras que él, de forma prioritaria se dedicó a la valoración de posibles negocios en distintos sectores económicos fundamentalmente el inmobiliario, si bien ante la situación del sector buscó nuevas opciones en cualquier lugar del mundo y en sectores que le generaran alta rentabilidad y le permitieran la inversión directa. Su actuación consistió en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China, Azerbaiyán y Miami; en esta última capital invirtió en la construcción de tres edificios por valor de unos 4 millones de euros, aproximadamente, obtenidos del fondo inmobiliario que creó en España, y que habría perdido porque no los han escriturado.

    Así mismo ha adquirido cuatro apartamentos en un edificio colonial en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia) y ha negociado la posibilidad de entrar en explotaciones petroleras, como socio capitalista, desarrollando otros negocios en Panamá en donde trató de abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa con la que iba a trabajar en ese proyecto y que actúa en Miami, y, obtener la residencia en forma fraudulenta.

    Francisco CORREA daba instrucciones al resto de los integrantes de la organización; llevaba a cabo una supervisión directa de las actuaciones de la organización (ordenaba transferencias de dinero en Miami para que remitir fondos desde sus posiciones bancarias a Colombia o bien desde Suiza a Senegal); controlaba las cuentas que dispone en Suiza; y, ordenaba la contratación de productos financieros o la obtención de moneda extranjera.

    Francisco CORREA decidió directamente sobre los bienes que integran su patrimonio personal.

    Francisco CORREA da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirigía o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectaban a su patrimonio.

    Francisco CORREA definió la estrategia de defensa utilizando a Antoine SÁNCHEZ como instrumento. Para conseguir desvincular sus sociedades del procedimiento judicial y proteger su estructura patrimonial diseñó la colocación de su primo Antoine SÁNCHEZ al frente de dichas sociedades y le dio instrucciones a Antoine para la obtención del pasaporte y de la residencia en Senegal.

    Francisco CORREA, recibía los reportes de las adjudicaciones de contratos públicos de otras personas de la organización.

    Francisco CORREA, a través de sus sociedades patrimoniales, ha llegado a reunir un patrimonio inmobiliario en España que tiene un valor muy elevado considerando el lugar sonde están ubicados y las características intrínsecas de los bienes, y así posee inmuebles en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (San Roque-Cádiz), Ibiza, Tarifa, y, atraques de barco en Puerto Marina (San Roque), entre otras.

    Francisco CORREA ha adquirido una finca en Ibiza situada en el municipio de Sant Joan de Labritja, con referencia catastral: "8961904CD7286S0001ZW", de uso residencial, con una superficie de 4000 m2 de los cuales 406 m2 están construidos, edificados en el año 1992, siendo la propiedad al 100% de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA, CIF.:A84377902.

    Pablo CRESPO SABARIS es el segundo de la organización actuando como gerente de las empresas y a tal fin:

    Llevaba la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos,. Es el Consejero Delegado de las empresas; recibía las ofertas de proyectos económicos, concertaba las reuniones preparatorias y organizaba las reuniones de otros miembros del grupo, a la vez que supervisaba la gestión financiera.

    Pablo CRESPO ere el responsable de la gestión del patrimonio personal de Francisco CORREA SÁNCHEZ, y co-diseñaba con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo.

    Pablo CRESPO ejecutaba las órdenes de Francisco CORREA con el fin de desvincular las actuaciones tanto de su persona como de las sociedades de su conglomerado empresarial, y así utilizaban como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen. La organización disponía de un piso de seguridad donde además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas guardaban documentos sensibles que habían sacado de las sede de Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, y que se ubica en la calle Martínez Campos 32, 7º puerta sexta de Madrid; utilizaba a personas interpuestas para realizar determinadas actuaciones como la titularidad de los teléfonos; realizaba gestiones en nombre de las empresas del conglomerado; trasladaba documentos sensibles, y dinero en efectivo; creó empresas ad hoc para dar cobertura a sus actuaciones, tal como es el caso de PASADENA VIAJES SL que gestiona los desplazamientos de las personas de la organización y otras vinculadas, o Easy Concept o Orange Market, entre otras.

    Concertó y participó en la reunión entre Antoine y personas de Holanda para realizar el cambio de accionariado de OSIRIS PATRIMONIAL; gestionó la obtención de la residencia de CORREA en Panamá; realizó los cambios de administradores de las sociedades; negoció la nueva gestión de las empresas por la sociedad "ODISEA SERVICIOS 2001 SL y la venta de las sociedades; a la vez que diseñaba la estrategia para que los negocios de las sociedades no se vean afectados por el procedimiento.

    Hacía ejecutar las directrices de Francisco CORREA, para la realización de transferencias internacionales; remitía fondos a Brasil a través de la cuenta que tienen en Suiza, da órdenes a otro de los imputados para que hagan transferencias de dinero a favor de CORREA o entregas en efectivo a Antoine.

    Pablo CRESPO daba instrucciones al resto de los integrantes de la organización; autorizaba el libramiento de fondos de la tesorería del grupo tanto en España como en Suiza; establecía la forma de facturación; y, concertaba reuniones con los responsables financieros del grupo.

    Pablo CRESPO impartía instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo.

    Pablo CRESPO posee una sociedad patrimonial personal denominada CRESVA SL que es titular de diferentes bienes inmobiliarios en Sotogrande y de una embarcación deportiva.

    Por último, es integrante de los órganos de administración de alguna de las sociedades del grupo: PASADENA VIAJES SL, RIALGREEN SL, SPECIAL EVENTS SL, TCM SL, FOREVER TRAVEL GROUP SL, HATOR CONSULTING SL, STUDIOS VESUBIO SL, WELLDONE SL, CASTAÑO CORPORATE SL, PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE SL, INVERSIONES KINTAMANI SL, CAROKI SL, OSIRIS PATRIMONIAL SL, CRESVA SL.

    Antoine SÁNCHEZ, es pieza clave en la estrategia de desvinculación de CORREA de las sociedades gestionadas desde el despacho de uno de los imputados. Su participación es de carácter puramente instrumental y se concreta en su posición como:

    -Miembro de los órganos de administración de las sociedades KINTAMANI SL y OSIRIS PATRIMONIAL SL.

    -Titular de un porcentaje del capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España dividido en acciones, si bien realmente CORREA tiene el control de las mismas.

    -Titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes (offshore).

    Francisco CORREA sufragó todos los gastos generados por Antoine por: consumo telefónico, viajes, estancia en hotel, manutención, regalos, etc., y le ha ofertado hacerse cargo de algún negocio (actividad turística en Colombia, fibra óptica en Cuba).

    Para tratar de formalizar la posición de Antoine SÁNCHEZ, éste ha realizado diversos documentos de carácter mercantil como contrato de fiducia, poder general y diversos negocios jurídicos elevados a escritura pública ante notario, sin que hayan nacido de su voluntad sino de la aceptación de realizar este papel a cambio de la promesa de bienes y un trabajo. Dicha estrategia y la posterior materialización de la misma mediante la realización de los documentos mercantiles o privados con los que se trata de demostrar la propiedad de Antoine SÁNCHEZ sobre las sociedades patrimoniales y de eventos del conglomerado empresarial de Francisco CORREA, fue diseñada y puesta en práctica por éste con la aquiescencia de aquél.

    El objetivo perseguido es que fuera el responsable de las sociedades hacia el exterior desvinculando las actuaciones de dichas entidades del verdadero propietario de las mismas que resulta ser Francisco CORREA SÁNCHEZ.

    De esta forma Antoine SÁNCHEZ se convirtió en un elemento decisivo dentro de la estrategia de ocultación de la estructura societaria creada por Francisco CORREA SÁNCHEZ, para servir al objetivo de blanquear los fondos obtenidos de procedencia ilícita.

    SEGUNDO.- El conglomerado de empresas, creado y dirigido por Francisco Correa, centraba su actividad en el sector de la publicidad, organización de eventos, asesoramiento y diseño de campañas de promoción y sus principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones Públicas (locales, autonómica o estatal). Para la obtención de dichos contratos públicos utilizaba las relaciones personales con las personas que ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos de tal forma que conseguía, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones.

    En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaba a los responsables políticos compensaciones de naturaleza económica en la forma y en el lugar que le solicitaran.

    Por otra parte el grupo procuraba obtener negocio con adjudicaciones de suelo, construcción de inmuebles u obra pública, negociando previamente su concesión por parte de las Administraciones Públicas a la empresa avalada, para lo que presentaban a los concursos a empresarios afines a los que ofrecían dichos negocios previo ofrecimiento y entrega de una compensación económica.

    Así mismo, las sociedades integradas en el grupo realizaban operaciones financieras ficticias (emisión de facturas falsas) con objeto de acreditar una actividad con la que disimular los ingresos ilícitos obtenidos.

    El Sr. Correa, habría acudido a especialistas que le diseñaron una estructura de Blanqueo de Capitales, mediante la utilización de paraísos fiscales, la constitución de sociedades patrimoniales participadas por sociedades domiciliadas en el exterior que a su vez son propiedad de entidades domiciliadas en territorios no cooperantes, que le han permitido disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo.

    La organización dirigida y creada por Francisco CORREA, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la C/ Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa SPECIAL EVENTS SL en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política.

    Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Francisco CORREA desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del Partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco CORREA en la Administración que gobernaban.

    Para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos. De esta forma consiguió crear una relación estable con dichas personas ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas.

    Así, una vez que el responsable político alcanza un cargo dentro de una Administración (local o autonómica) comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados.

    Los cambios (2004-2005) dentro de la dirección del Partido Político provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Francisco CORREA, si bien ésta se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia, con un responsable, Álvaro PÉREZ ALONSO, forjado en la organización de los eventos para el Partido a nivel nacional a través de la entidad SPECIAL EVENTS, y con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el Partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat Valenciana. Ésta iniciativa abrió nuevas perspectivas a la organización permitiéndole mantener un nivel de negocio que se concretó, tanto en eventos del Partido como en adjudicaciones de contratos públicos. De tal forma que, se produjo una identificación entre ORANGE MARKET y la organización de actos para el Partido en la Comunidad Valenciana. Así una sociedad sin experiencia en esas actuaciones concursó y obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Felisa Isabel JORDÁN desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que posteriormente presentaría ORANGE MARKET como propio. Los tres años siguientes también obtuvo la adjudicación de ese mismo contrato.

    La organización ha evolucionado alcanzando un elevado nivel de especialización, basado en un reparto de tareas en cascada de tal forma que sólo el que se encuentra a la cabeza tiene una visión del conjunto de la realidad y amplitud de los hechos.

    En la documentación intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO figuran un conjunto de hojas donde consta la recepción de dinero y la distribución del mismo a través de su dispositivo en cajas de seguridad que son nutridas por la Caja B de la C/ Serrano 40, así como presupuestos de obra pública con las empresas adjudicatarias y en las que aparecen anotaciones manuscritas con cálculos de porcentajes.

    Del estudio de esos datos se puede inferir el circuito que seguían los fondos, y las comisiones pagadas por las empresas adjudicatarias, que eran entregadas al propio Francisco CORREA quién decidía la distribución entre los partícipes en el negocio. La parte que correspondía a la organización se distribuía en distintos conceptos incluyendo las aportaciones a la cajas de seguridad, desde donde se nutría la caja B que se utilizaba como dinero ajeno al sistema financiero para hacer frente a todo tipo de gastos y pagos a distintas personas que ostentan cargos públicos.

    Las aportaciones a la caja B de las oficinas de Serrano se producen desde EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL en Pozuelo de Alarcón y ORANGE MARKET SL en Valencia, y, la obtención de dinero ajena al sistema financiero proveniente de comisiones se genera desde todas las empresas vía elaboración de facturas falsas o ingresos por comisiones.

    TERCERO.- José Luis IZQUIERDO LÓPEZ empleado de la empresa TCM SL, y empleado de confianza de Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SÁNCHEZ era la persona que, dentro de las oficinas principales del conglomerado empresarial sitas en la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, ejercía como responsable del control del dinero existente en la caja B del grupo, así como de la contabilización de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizan con la misma, y, por orden de Pablo CRESPO llevaba un control de las cuentas de personas físicas y jurídicas así como de otros eventos. Para ello diseñó un sistema de archivos de hojas de excell personalizadas y a su vez otro archivo general enlazado con los anteriores que incluía los cambios efectuados en las cuentas particulares, de tal forma que es posible realizar consultas de la situación de los fondos de la caja B en un momento temporal determinado, sin mayor dificultad que la determinada por estar estos datos en una memoria externa de ordenador (pen drive) en poder del contable.

    El sistema de archivo de los apuntes contables consistía en la apertura por parte del Sr. Izquierdo de una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable; una cuenta de tesorería y las cuentas de las distintas cajas, y la cuenta general de la caja B donde se volcaban todos los apuntes de las distintas cuentas con el fin de obtener el saldo de las operaciones realizadas con la caja B y poder disponer de una visión de conjunto.

    Ese sistema de anotación de apuntes correspondía a pagos realizados con el dinero de la caja "B" existente en las oficinas de la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, centro de decisión del conglomerado empresarial investigado.

    Los datos de los apuntes a realizar eran facilitados directamente por Pablo CRESPO SABARIS ya fuera en forma verbal por teléfono o en su propio despacho. José Luís IZQUIERDO los anotaba en un papel para posteriormente traspasarlos a las cuentas destruyendo el papel con la anotación, seguidamente.

    La forma de alimentar la caja "B" era o bien mediante entrega en efectivo en la propia oficina por diversas personas, el propio Pablo CRESPO, Javier NOMBELA de la empresa EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, Álvaro PÉREZ ALONSO de la empresa ORANGE MARKET SL o bien mediante la recogida de efectivo existente en cajas de seguridad de las que directa o indirectamente tenía capacidad de disposición José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

    Este conjunto de elementos acreditaría la existencia de un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela, que se aumentaba con dinero en efectivo de origen desconocido, si bien, en el momento actual de la investigación, según la policía judicial, podría proceder de las comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares.

    La estructura de la cuenta se articulaba con carácter general en base a una serie de columnas que describen:

    Fecha, el momento en el que se realiza la operación

    Concepto, donde se describe la persona que realiza la operación y el motivo de la misma/ número de factura.

    Debe, que incluye las partidas de gastos realizadas como por ejemplo facturas pagadas o salidas de dinero.

    Haber, donde se ubican las partidas de ingresos o aportaciones realizadas

    Saldo, que se refiere a la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal determinado.

    En ocasiones las columnas son: Fecha, documento (número de factura), concepto (descripción de la factura o de la operación), importe (valor en pesetas, euros, u otra moneda), suma (adición de las cantidades).

    CUARTO.- El día 24 de febrero de 2009 a las 15.30, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó un exhaustivo informe en el que aparecen relacionadas diversas personas que, por su cargo actual, estarían aforadas a diferentes niveles, por lo que se precisa exponer los datos y elementos que existen, a efectos de elevar la correspondiente Exposición Razonada ante el órgano Judicial que corresponda, y, personas no aforadas, respecto de las que también debe valorarse los indicios, a efectos de su imputación en esta causa.

    En la causa existen datos y elementos que se relacionan con diferentes personas que tienen la condición de aforados de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía la Comunitat Valenciana y respecto de los cuales este juzgado, una vez que se han recogido los indicios indispensables, sólo valora para poder formular la Exposición Razonada ante el órgano judicial competente:

    1.- D. FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTÍZ, Presidente de la Generalitat Valenciana, desde mayo de 2003 y Presidente Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde abril de 2004.

    a) Sin perjuicio de los datos que la Fiscalía Anticorrupción acumuló en sus diligencias de investigación 13/08, una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del Entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos.

    Así, en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura "entradas y salidas de milan", que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Así mismo aparecieron sendas facturas núms. 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas.

    b) Compra de trajes en la tienda "MILANO"

    En la relación de pagos a cuenta constan dos pedidos a nombre de D. Francisco Camps, uno de fecha 24/01/´06 por un importe de 3.300 euros no localizado por la firma, y otro de fecha 26/01/´06 por un importe de 1.400 euros que se corresponde con 2 trajes a medida. Éste último pedido fue abonado mediante cheque librado por la entidad ORANGE MARKET SL, desconociendo hasta este momento la forma de abono del primer importe. Asimismo consta un pedido de 4 trajes por Francisco CAMPS, que al parecer fueron devueltos.

    c) Compra de trajes en la tienda "FOR EVER YOUNG".-

    El nombre del Sr. Camps figura en la relación de detalle de personas que aparecen en Documento número 71, facilitado por la entidad Forever Young, con una cantidad de 5.393,50 Euros. Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54416, 54417, 54418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes. (Americana Pantalón).

    Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007, cuyos documentos adjuntan.

    Igualmente, según declaraciones de José TOMAS, el SR. CAMPS es destinatario de otras compras efectuadas a lo largo del 2.008, cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 Euros, de la empresa Orange Market (Documento 31), a cuyo nombre también se realizo la Factura (Documento 30). Las compras que corresponderían a D. Francisco CAMPS, según las declaraciones y recibos de ventas, obrantes en autos son: 5 Pantalones, 1 Cinturón Piel, 1 Deportiva, 1 Chaqueta Austriaca, 1 Americana Sport, 1 Deportiva Barbour y 1 Chaqueta Fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 Euros. Así mismo Álvaro Pérez Alonso encargó para el Sr. Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano, dentro de un pedido que incluía prendas de Álvaro PÉREZ ALONSO y, al parecer satisfecho por éste.

    De esta información se puede concluir que:

    1.- Francisco CAMPS ocupa un cargo de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, concretamente es el presidente de dicha institución autonómica.

    Francisco CORREA a través de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur), habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009, por valor de 1.083.925 euros en 2006, 1.089.600 euros en 2007, 1.059.250 euros en 2008 y 915.820 euros en 2009.

    2.- Este responsable político acude a las tiendas de ropa de Madrid "MILANO" y "FOREVER YOUNG" a instancias de Álvaro PÉREZ ALONSO, administrador de ORANGE MARKET SL, con el fin que adquieran ropa ya que allí trabaja José TOMÁS, persona de su confianza. En ese momento se realiza el encargo generándose un "a cuenta", que posteriormente se entrega al cliente y que la organización se encarga de abonar mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO o de Álvaro PÉREZ alterando el concepto de la misma con el fin de ocultar a los verdaderos titulares.

    3.- En el caso de la ropa adquirida en MILANO cuyo coste acreditado hasta este momento asciende a 4.700 euros (3.300 una y 1.400 Euros otra), la compra correspondiente al importe de 1.400 Euros fue abonado mediante cheque bancario por la empresa ORANGE MARKET SL, no pudiendo acreditarse hasta la fecha el pago del pedido correspondiente a los 3.300 Euros, como se ha dicho antes. Por el contrario en el caso de la ropa adquirida en FOREVER YOUNG cuyo coste acreditado hasta este momento asciende a 8.083 euros, el pago se ha efectuado mediante cheque y/o transferencia bancaria desde las empresas DISEÑO ASIMÉTRICO SL , SERVIMADRID INTEGRAL SL., y ORANGE MARKET SL.

    4.-La ropa encargada es a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.

    5.- Las empresas DISEÑO ASIMÉTRICO SL, SERVIMADRID INTEGRAL SL y ORANGE MARKET SL pertenecen a Francisco CORREA SÁNCHEZ y son objeto de investigación en este procedimiento.

    6.- La elaboración de las facturas se realiza con conceptos que la tienda de FOR EVER YOUNG no comercializa como metros de tela, seda natural, seda rojo, batista suiza azul, oxford algodón, etc., y por cuantías que no se corresponden con los pagos ya que agregan diferentes pedidos a cuenta de ropa. Es decir la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización y así es ésta a través de Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ o Cándido MARTÍNEZ la que da las instrucciones del contenido de las facturas.

    7.- Existe una persistencia en este tipo de actuación como se pone de manifiesto en el hecho que ha acudido tanto a la tienda de la marca "MILANO" en la calle serrano 29 de Madrid como a donde posteriormente se ha trasladado José TOMÁS a trabajar en la tienda de la marca "FOR EVER YOUNG" en el Paseo de la Castellana, 140 de Madrid.

    8.- Señalar que durante la toma de declaración José Tomás en sede policial el día 9 de febrero de 2009 recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas procedentes del Sr. Camps que no atendió, señalando que había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas.

    9.- A lo largo de las intervenciones telefónicas se ha puesto de manifiesto que Álvaro Pérez realiza labores de intermediación para Francisco CAMPS como por ejemplo cuando trata de conseguir una entrevista con un candidato a ocupar un puesto en el gobierno americano, y, con ello obtener una ventaja.

    2.- D. RICARDO COSTA CLIMENT, ocupa el cargo de Diputado de las Cortes Valencianas y el de Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

    Hasta la fecha y después del análisis hecho por la policía judicial de la documentación intervenida, puede afirmarse, al menos provisionalmente que, en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura "entradas y salidas de Milán".

    Consta así mismo acreditado por la declaración de aquella que Álvaro PÉREZ se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo COSTA, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido. Una vez en Orange Market, a Álvaro le encargaron en la Generalitat la realización del proyecto de stand para FITUR con el fin de presentarlo al concurso, que resulta adjudicado.

    Respecto a la compra de ropa en la tienda "MILANO", en la relación de pagos a cuenta consta un pedido de fecha 26/01/06 por un importe de 2.400 euros a nombre del Sr. Costa que se corresponde con 3 trajes a medida. Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.

    En cuanto a la compra de trajes en la tienda "FOR EVER YOUNG", figura su nombre en la relación de detalle de personas que figuran en Documento número 71, con una cantidad de 4.925 Euros. Su nombre figura en varias hojas de listado de Encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007. En total, dichas Hojas de pedido hacen mención a 1 Traje (Americana Pantalón), y a 2 Pantalones, así como a otros pedidos de prendas desconociendo el desglose de las mismas pero si su importe total.

    Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007, cuyos documentos adjuntan.

    De lo anterior se desprende que:

    Ricardo COSTA ocupa puestos de responsabilidad dentro del organigrama de Partido Popular de la Comunitat Valenciana y es Diputado.

    Ricardo Costa, recibió la visita, a instancia de Álvaro Pérez Alonso, de José TOMÁS, responsable de la tienda de ropa "MILANO" de Madrid y persona de su confianza, en su despacho en la sede del partido popular, donde según la declaración de José TOMÁS obtuvo los datos precisos para el "patronaje" (medidas). En ese momento se realizó el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de efectuar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO y Álvaro PÉREZ.

    Concretamente el montante que al menos Ricardo COSTA ha gastado en dichas tiendas asciende a 7.325 euros desglosado de la siguiente forma 2.400 euros en la tienda "MILANO" y 4.925 en la tienda "FOR EVER YOUNG". Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de las empresas de Francisco CORREA: SERVIMADRID INTEGRAL SL, DISEÑO ASIMÉTRICO u ORANGE MARKET SL. Existen otros a cuenta con la denominación Comunidad Valenciana que no están individualizados, y que ascienden a 8.188 euros.

    La elaboración de las facturas se realiza con conceptos que la tienda de FOR EVER YOUNG no comercializa como metros de tela, de seda natural, seda rojo, algodón gabardina amarilla, etc. y por cuantías que no se corresponden con los pagos ya que agregan diferentes pedidos a cuenta de ropa. Es decir la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización y así es ésta a través de Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ o Cándido MARTÍNEZ la que da las instrucciones del contenido de las facturas. En el caso de MILANO la empresa no elabora facturas y éstas se realizaban artesanalmente con una plantilla existente en un ordenador de la tienda con las mismas características ya expuestas.

    A lo largo de las intervenciones telefónicas entre Álvaro PÉREZ y Pablo CRESPO se ha puesto de manifiesto que aquél realiza labores de intermediación para Ricardo COSTA como por ejemplo cuando se encargan de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles.

    Además de las personas aforadas, aparecen otras relacionadas con los mismos hechos, respecto de las cuales, pese a no ser aforados, no se ha tomado iniciativa alguna hasta tanto se pronuncie el Tribunal que corresponda sobre aquellos.

    En concreto, en esta situación aparecen:

    1.- D. JOSÉ VICTOR CAMPOS GUINOT, que fue Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007.

    En lo que según, Isabel Jordán era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura "entradas y salidas de milan".

    En la relación de pagos a cuenta en la empresa MILANO, consta un pedido de fecha 28/01/06 por un importe de 4.850 euros a su nombre que se corresponde con 3 trajes, 5 pantalones y 2 americanas todo ello a medida. Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.

    De esta información se puede concluir, según la investigación que:

    Víctor CAMPOS ocupó puestos de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, (Vicepresidente y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas) cuando ocurrieron los hechos.

    Francisco CORREA, a través de la empresa ORANGE MARKET SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo(FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur), habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009.

    Esta persona en el momento que ostentaba cargos de responsabilidad política recibe la visita a instancia de Álvaro PÉREZ ALONSO de José TOMÁS, responsable de la tienda de ropa "MILANO" de Madrid y persona de su confianza, en su despacho en la Generalitat Valenciana. En ese momento se realiza el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de realizar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO de Álvaro PÉREZ.

    La ropa encargada fue a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.

    Concretamente el montante que al menos Víctor CAMPOS ha gastado en dicha tienda asciende a 4.850 euros. Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de la empresa de Francisco CORREA, ORANGE MARKET SL. Existen otros a cuenta con la denominación Comunidad Valenciana que no están individualizados, y que ascienden a 8.188 euros.

    2.- D. RAFAEL BETORET PARREÑO, Jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana hasta el 27/07/´07, y, por tanto cuando acontecieron los hechos.

    En autos aparece que Rafael BETORET, cuando era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo habría recibido regalos, consistentes en prendas de vestir (trajes)del establecimiento MILANO de Madrid a donde iba con Álvaro.

    En la relación de pagos a cuenta consta un pedido de fecha 24/01/06 por un importe de 3.250 euros a su nombre que se corresponde con tres trajes, una americana y un pantalón todo ello a medida. Se abonaron junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.

    Por otra parte, figura su nombre en la relación de detalle de personas que figuran en Documento número 71 aportado por la empresa Forever Young, con una cantidad de 6.700 Euros. Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería, en concreto en las Hojas con número de pedido 54477, 54489, 54464, 54490, 54461, 54488, 54491 (El único que le consta alguna fecha es 54477, con el 20 Feb.). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 5 trajes (Americana Pantalón), 1 Americana y 1 Abrigo.

    Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007.

    De esta información se puede concluir, según la investigación, que:

    Rafael BETORET ocupó puesto de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, concretamente en la Consejería de Turismo, en el momento en que ocurrieron los hechos.

    Francisco CORREA a través de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo.

    ORANGE MARKET SL ha obtenido desde 2006 la adjudicación del paquete de cuatro de ferias de turismo que incluye a FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur, con el importe ya citado anteriormente.

    José TOMÁS, persona de confianza de Álvaro PÉREZ ALONSO y responsable de la tienda MILANO en la calle serrano 29 de Madrid, recibió el encargo de éste de viajar hasta Valencia para tomar medidas y enseñar tejidos a diferentes personas a las que debía confeccionar prendas de vestir a medida, entre ellas se encontraba Rafael BETORET, hecho que tiene lugar en el "mesón 5 jotas". En ese momento se realizó el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de realizar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO de Álvaro PÉREZ.

    La ropa encargada fue a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.

    Concretamente el montante que al menos Rafael BETORET ha gastado en dichas tiendas asciende a 9.950 euros desglosado de la siguiente forma 3.250 euros en la tienda "MILANO" y 6.700 en la tienda "FOR EVER YOUNG". Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de las empresas de Francisco CORREA, SERVIMADRID INTEGRAL SL, DISEÑO ASIMÉTRICO y ORANGE MARKET SL.

    3.- En la Contabilidad B de Serrano, aparece una Hoja de ingresos y su distribución, con un apunte de fecha 18/12/2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 € sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 €.

    El dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia.

    A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

    Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

    No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco CORREA se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

    Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco CORREA. Este extremo está pendiente de investigación.

    En el Archivo, CAJA B ORANGE, de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la Clave "bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero con origen de distintas procedencias entre ellas consta el apunte: 31/08/2005 recibido de Pablo CRESPO entrada del PP de Valencia, 15.000 euros. Es decir, Pablo CRESPO le da 15.000 euros procedentes del PP de Valencia. Apunte: 23/01/07 entrega a Pablo CRESPO para pago MILANO 4.821 euros.

    Conclusión: Figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de ORANGE MARKET.

    4.- En el pen drive intervenido al contable, imputado en esta causa, Sr. Izquierdo, aparece un ARCHIVO con el nombre de "Congreso regional de Valencia", Desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

    En fecha 10/12/2002 cobro en "A" por valor de 90.181.82€ y cuatro cobros en "B" en efectivo por importe total de 150.421€

    Es decir, figura un valor del congreso por 240.582,77 euros que se desglosa en facturación en dinero A por 90.151,82 euros, y en facturación por dinero B por 150.430,95 euros. Los cobros que constan son en A 90.151,82 euros, y en B por 150.421 euros recibidos en efectivo.

    El Congreso al que se refiere es el X congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28/09/02.

    Conclusión: El pago por los gastos de la organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por ORANGE MARKET SL y abonados por el PPV se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B, entiendo por dinero B fuera del control fiscal y en efectivo.

    QUINTO.- A modo de resumen se reproduce el cuadro elaborado por la UDEF que recoge los pagos presuntamente hechos, sin perjuicio de que estos puedan incrementarse una vez avance la investigación:

    PERSONA

    CANTIDAD EUROS

    OBSERVACIONES

    Francisco CAMPS ORTIZ

    12.783

    En especie

    Ricardo COSTA CLIMENT

    7.325

    En especie

    José Víctor CAMPOS GUINOT

    4.850

    En especie

    Rafael BETORET PARREÑO

    9.950

    En especie

    RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

    PRIMERO.- En el momento actual de la investigación y después de haber tenido entrada en este Juzgado, el día 24 de febrero, el informe de la UDEF, que constituye la base de esta resolución es procedente, cumplido el trámite que el mismo día se dio traslado al Ministerio Fiscal que ha presentado su informe el 04.03.09 resolver sobre la elevación de exposición razonada al órgano judicial competente, para que pueda valorar lo instruido y los indicios acumulados para a su vista, decidir, asumir la competencia o lo que corresponda en Derecho.

    A la luz de los datos, documentos, declaraciones policiales y judiciales e investigaciones de la policía, Diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, grabaciones y observaciones telefónicas, en los que se apoyan o de donde se extraen los indicios que relacionan las personas aforadas que se citan y a otras, que no lo son, con los hechos, la elevación de la Exposición Razonada debe ser, en este caso, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

    1) En la presente causa y, sin entrar en otras valoraciones constan documentos, testimonios e información policial suficientes que señalan en forma clara y contundente, aunque de manera provisional, y, con tal carácter se acogen por el Instructor, para plantear, a afectos de determinación de la competencia, la correspondiente Exposición Razonada.

    Así mismo, se plantea dicha Exposición a favor del T.S.J. de Valencia respecto de los aforados D. FRANCISCO CAMPS ORTIZ, Presidente de la Generalitat Valenciana y D. RICARDO COSTA CLIMENT, Diputado de las Corts Valencianas.

    2) Los hechos que se investigan en esta causa responde, desde su inicio, aproximadamente en 1996, hasta la fecha, a una sola dinámica delictiva diseñada por Francisco Correa y posteriormente por éste y otros, al amparo o nutriéndose de la obtención de eventos, concesiones y contratos con el Partido Popular a nivel nacional y luego, en forma principal, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia y a nivel local con los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón de Madrid, o, también en la Comunidad de Castilla León.

    3) Para garantizar ese desarrollo y obtención de beneficios, el entramado criminal investigado, desarrolló a través de Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabaris, principalmente, toda una red de presuntos sobornos, entrega de dinero con fines desconocidos o para provecho personal y en todo caso para obtener los contratos o eventos, en los ámbitos de competencia que, respectivamente, ocupaban los beneficiarios de las dádivas.

    4) La dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid en donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza, como ya se ha dicho, están Francisco Correo Sánchez y Pablo Crespo Sabaris.

    SEGUNDO.- De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, entre otros, en el Auto de fecha 15.10.04, Recurso 79/04 el Instructor tiene el deber <<de investigar todo lo relativo al hecho delictivo, entre ello lo concerniente a la individualización de las personas responsables de los delitos que pudieran haber cometido>>. El carácter excepcional de la competencia por razón de aforamiento <<justifica el que esta Sala venga exigiendo cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, no solo que individualice la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación (v. autos de esta Sala dictado en causas especiales: de 27/1/98 núm. 4120/97; de 7 y 29 de octubre de 1.999 núm. 2030/99 y 2960/99; de 2/1/2000 núm. 2400/99; de 5/12/01 núm. 6/01; de 6/9/02 núm. 36/02; de 23/4/03 núm. 77/03, entre otros).- De ahí que para que proceda declarar la competencia es menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada (v. art. 2 de la Ley de 9 de febrero de 1.912)>>.

    En la causa, los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas, especialmente tras la remisión del informe policial de 24.2.09 por la UDEF y del análisis de la documentación intervenida. El paso siguiente en la investigación tendría que ser indagar sobre la presunta participación concreta en la dinámica delictiva de la organización de aquellas personas y ello no puede hacerse al ser personas aforadas, ni tampoco se pueden acordar medidas cautelares reales o personales, ni decidir la práctica de diligencias que son o pueden ser esenciales, además del perjuicio que se puede producir a la instrucción si no se actúa con agilidad, teniendo en cuenta que se trata de causa con preso.

    TERCERO.- Los hechos relacionados con las conductas de D. Francisco CAMPS ORTIZ y Ricardo COSTA CLIMENT se apoyan en los mismos elementos, datos e indicios (facturas, lista de clientes, patronajes, declaraciones policiales y judiciales) y, si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas al haber aparecido, después de las Diligencias de Investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, y, en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal en aras al cumplimiento del principio de legalidad.

    En relación a estos hechos, que también afectan a otros personas no aforadas y que se relacionan en la resolución, los preceptos del Código penal que se valoran son los contenidos en los artículos 426 del Código Penal en cuanto al cohecho; el artículo 428 en cuanto al tráfico de influencias, y, el artículo 390 en relación con el 392 del mismo cuerpo legal, en cuanto a la falsedad de las facturas.

    En el caso presente, la dádiva en especie fue entregada en Madrid, según se desprende de las facturas intervenidas y testimonios obtenidos en la causa, y los importes con los que se pagaron las prendas entregadas, habrían sido satisfechos con cargo al grupo de empresas investigado incluida Orange Market (4.040,40 €), que pasó parte de las facturas a Valencia. Si bien en lo relativo a los pagos en Caja B y, de hecho, es controlada por los responsables del grupo, Francisco Correa y Pablo Crespo, siendo este último el que efectuó los pagos con los que se adquirieron las prendas y objetos, disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y en algún supuesto, en facturas por gastos de stand de Fitur, cuya concesión se había producido por decisión de la Consejería de Comercio de la Generalitat. Todas estas circunstancias avalan que la competencia podría corresponder a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

    En concreto, las partidas que se imputan con cargo a Cuenta B y pagadas por o con autorización de Crespo Sabaris son:

    En Milano, a favor de Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Pedro García; y

    En Forever Young y The Taylor, nombre comercial con el que actúa en el tráfico mercantil la mercantil la sociedad Castellana Inmuebles y Locales SA, a favor de los mismos.

    Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.3º 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que dice, <<Durante su mandato no podrá ser detenidos ni retenidos (los diputados de Les Corts) por actos delictivos realizadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en el caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, y, en su caso, juicio, al Tribunal Superior Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera del territorio- como es e caso- la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

    QUINTO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos, respecto de las demás personas citadas en esta resolución, y, no aforadas, José Víctor CAMPOS GUINOT y Rafael BETORET PARREÑO de posibles delitos de cohecho del art. 426 del Código Penal y/o tráfico de influencias del art. 428 del Código Penal, según los casos; y, en su caso, de un delito de falsedad de los art. 390 y 392 del Código Penal.

    Todo ello sin perjuicio de lo que disponga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

    A los efectos de garantizar todos los derechos de las partes y teniendo en cuenta que los datos en los que se apoyan las imputaciones que dan base a esta resolución constan documentalmente acreditados y no de dependen de otros nuevos, procede alzar parcialmente el secreto de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los efectos de la notificación de esta resolución a las partes personadas.

    Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación,

    DISPONGO

    1) REMITIR atenta Exposición al EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, a los efectos de que decidan sobre la asunción de competencia respecto de los aforados D. Francisco CAMPS ORTIZ y D. Ricardo COSTA CLIMENT y las demás personas no aforadas. A tal efecto, acompáñese copia testimoniada de la presente causa.

    2) DECLARAR IMPUTADOS en esta causa a D. José Víctor CAMPOS GUINOT y D. Rafael BETORET PARREÑO.

    3) ALZAR PARCIALMENTE EL SECRETO a los efectos de notificación de esta resolución a las partes y personas afectadas.

    Líbrense los oportunos despachos.

    Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el término de tres días ante este Juzgado.

    Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de MADRID .- Doy fe.

    DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.

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