CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY / CAJAS B

LAS NOTICIAS 2009-2018

SENTENCIA PS 1999-2005 PINCHA AQUÍ
SENTENCIA PS FINANCIACIÓN IRREGULAR PPCV Y ORANGE MARKET. PINCHA AQUÍ
REAPERTURA CAJA B. PINCHA AQUÍ

2018

noticias n 88. Caso Gurtel. Del 17 de mayo al 21 de junio 2018
noticias n 87. Caso Gurtel. Del 16 de abril al 16 de mayo 2018
Noticias n 86. Caso Gurtel. Del 01 de marzo al 15 de abril 2018
noticias n 85. Caso Gurtel. Del 01 al 28 de febrero 2018
NOTICIAS REAPERTURA PS 22510/13 CAJA B PP
NOTICIAS PS 1-2-6. FINANCIACIÓN PPCV Y ORANGE MARKET

 

PRIMERA SENTENCIA FIRME DE LA 'GÜRTEL': EL SUPREMO CONFIRMA LAS PENAS DE HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN POR AMAÑOS EN FITUR

LA AUDIENCIA NACIONAL RECUSA AL JUEZ DE LA CAJA B, GONZÁLEZ, POR SU AFINIDAD AL PP

REBAJA EN LA PETICIÓN DE PENAS PARA CORREA Y COSTA POR CONFESAR LA FINANCIACIÓN DEL PP PERO INSUFICIENTE PARA ELUDIR LA CÁRCEL

LA CONDENA AL PP POR LUCRARSE CON LA GÜRTEL QUIEBRA AL TRIBUNAL

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL AFLORA DISCREPANCIAS QUE PRONOSTICAN UN FALLO DURO PARA EL PP

EL PP TEME UNA VENGANZA DE BÁRCENAS SI EL INMINENTE FALLO DE LA GÜRTEL ENVÍA A SU MUJER A PRISIÓN

FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

EL MAGISTRADO PROGRESISTA JOSÉ RICARDO DE PRADA ABANDONA EL ‘CASO GÜRTEL’ Y SE VA A LA HAYA

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"

CAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES

LA FISCALÍA DEL SUPREMO MANTIENE LAS PENAS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL EN EL CASO FITUR

DOS APUNTES EN LA CONTABILIDAD B DEL PP 'PERSIGUEN' DESDE 2013 AL MARIDO DE COSPEDAL

CINCO AÑOS DE LA “QUERELLA BÁRCENAS” Y 1.826 DÍAS DE AMENAZAS DEL PP

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIARÁ SI APARTA A JUAN PABLO GONZÁLEZ DEL TRIBUNAL QUE JUZGUE LA CAJA B DEL PP

LA FISCALÍA PIDE APLICAR LA DOCTRINA BOTÍN AL PP Y LIBRARLO DEL CASO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

UN JUZGADO IMPUTA A FRANCISCO CAMPS POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN 2006

DOS DE LOS TRES JUECES DE GÜRTEL QUIEREN CONDENAR AL PP Y ENCARCELAR A LA MUJER DE BÁRCENAS



PRIMERA SENTENCIA FIRME DE LA 'GÜRTEL': EL SUPREMO CONFIRMA LAS PENAS DE HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN POR AMAÑOS EN FITUR


La Sala de lo Pena suscribe íntegramente la sentencia del TSJ de Valencia que condenó a los 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama corrupta El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último

Francisco Correa en una imagen de archivo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a penas que oscilan entre los 3 y los 13 años de prisión para los 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.

Al desestimar los recursos de los acusados, el alto tribunal acaba de emitir la primera sentencia firme del caso Gürtel diez años después de que empezara a investigarse la trama de corrupción.

De este modo, el Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el cabecilla de la trama, Francisco Correa; de 13 años y 3 meses para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo; y de 12 años y 3 meses para Álvaro Pérez el Bigotes. Además, confirma los nueve años de cárcel impuestos por el TSJV a la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez.

Además, la sala confirma la condena para otros tres funcionarios de la entonces Agencia Valenciana de Turisme y un alto cargo de la conselleria: Isaac Vidal (siete años de prisión); Rafael Betoret --exjefe de Gabinete de la consellera y que se conformó al pago de una multa de 9.600 euros en el conocido como 'caso de lo trajes'-- (seis años de cárcel); Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Gra, excoordinadora de Ferias (tres años).

Los otros tres condenados guardan relación con las empresas del grupo Correa: Isabel Jordán, exadministradora de algunas de las sociedades (seis años); Cándedo Herrero, exempleado de oragen Market (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños, exempleada de la sociedad de El Bigotes (tres años).

El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último. Según la sentencia, la exconsellera cometió malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Sobre la asociación ilícita, considera el Supremo que son responsables Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Magariños y Herrero, ya que entiende que en el relato fáctico se describen los elementos del tipo penal, es decir, un "entramado de sociedades, estructurado y jerarquizado, para participar en licitaciones públicas con vulneración de la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa".

La sala rechaza así cada uno de los recursos planteados contra el fallo por los condenados –entre dos motivos alegados por Magariños y hasta 31 por Pablo Crespo– quienes sostenían que se había producido vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, ausencia de motivación de los hechos considerados probados; vulneración del derecho al secreto de las comunicación, entre otros.

Grabaciones de Peñas

Asimismo, rechaza la petición formulada por algunos de los condenados de nulidad de las grabaciones realizadas en su día a los miembros de la trama por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron origen al proceso. Las defensas sostenían que se había producido vulneración al derecho a la intimidad, pero la sala recoge su propia doctrina para indicar que ninguna lesión se produce "cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales".

Añade que se trata de una conversación grabada por un particular de los sucesivos encuentros que mantuvo con los acusados. "Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación, pues con independencia de su valoración ética y moral, lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos de investigación sin observancia de las garantías legales y constitucionales", añade la sala.

Otra cuestión distinta, según el tribunal, es la relevancia que se deba dar en la prueba de los hechos a esas grabaciones, cuya valoración dependerá en cada supuesto de la corroboración de las testificales oídas en el juicio.

Además, entre otras multas, Correa, Crespo y Pérez deberán abonar 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias. Además, la sentencia confirmada establece que ellos tres más Isabel Jordán, Milagrosa Martínez, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.

El 8 de febrero del pasado año el TSJCV dictó la sentencia en la que condenó a la exconsellera y funcionarios de su departamento y a las empresas del grupo Correa por las irregularidades cometidas para adjudicar a Orange Market los contratos para la concurrencia en ferias de turismo en las anualidades de 2005,2006, 2007, 2008 y 2009.

La sentencia expone que las relaciones del grupo de empresas con la administración eran tan fluidas, antes y durante la adjudicación de los contratos, que se produjo un "desembarco" y de hecho una 'sustitución' de la administración por las empresas de Gürtel, pues eran ellas las que confeccionaban y redactaban los contratos, siempre admitidos por la administración, realizaban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas.

Esa situación fue posible por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, "por el conocimiento personal derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/08/primera_sentencia_firme_gurtel_supremo_confirma_las_penas_hasta_anos_prision_por_amanos_fitur_82599_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL RECUSA AL JUEZ DE LA CAJA B, GONZÁLEZ, POR SU AFINIDAD AL PP

Impartió cursos en FAES y fue nombrado vocal del CGPJ por los senadores 'populares'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recusado por la mínima (nueve votos a ocho) al juez Juan Pablo González, quien ya no formará parte del tribunal que juzgará la caja B del PP por su afinidad a los populares. De esta manera, González ha transitado por los mismos derroteros que Concepción Espejel y Enrique López, magistrados apartados también de varias piezas del entramado gürteliano.

González fue el magistrado seleccionado para redactar hasta cuatro piezas separadas en el seno del caso Gürtel: los Papeles de Bárcenas (caja B), la visita del Papa a Valencia, el caso Jerez y AENA. El juez ha sido apartado por dos motivos que no son más que dos caras de la misma moneda: cursos FAES y cercanía al PP.

La propia Fundación, otrora think tank del PP, admitió las informaciones desveladas en exclusiva por El Plural. FAES pagó por conferencias a González. Concretamente, el montante ascendió a 765 euros por cuatro seminarios celebrados entre los años 2003 y 2005, momento en el que la simbiosis entre la formación popular y FAES alcanzó su punto álgido.

Pero su estrecha relación no se reducía a los seminarios. González le debe al PP su meteórico ascenso. En el año 2001 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por obra y gracias del Partido Popular. En concreto, por obra y gracia del voto de 223 senadores gracias a la mayoría absoluta de los populares. De hecho, en la votación que cambió el devenir de Juan Pablo González participaron varios senadores salpicados por la trama gürteliana o por alguna de sus muchas aristas.

El ascenso meteórico del nuevo juez de Gürtel de la mano del PP

Una de las más ilustres fue Esperanza Aguirre, quien fue citada a declarar durante la instrucción y para el juicio. Con una enorme “T” de “testigo colgando del pecho, la exlideresa explicó el fraccionamiento de las facturas en contratos de la Comunidad de Madrid e insistió en su mantra por antonomasia: “Yo destapé la Gürtel”.

El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, también participó en la votación y, al igual que Aguirre, fue citado a declarar en calidad de testigo. Su declaración se celebró el mismo día que la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, García Escudero presidía el PP de Madrid y FUNDESCAM, fundación vinculada con la financiación irregular.

Jesús Sepúlveda, imputado en Gürtel, exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, quien habría recibido viajes, regalos y fiestas pagados por la trama, también votó al magistrado. Sepúlveda, ahora está procesado y pendiente de sentencia. Le podrían caer 15 años de cárcel, no por votar a Juan Pablo González, sino por blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.

También votó Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga y cuyo nombre figuraba en los Papeles de Bárcenas. El senador admitió haber cobrado en negro.

Pero el PP, partido agradecido donde los haya, prosiguió con el impulso de su carrera. El Consejo de Ministros del 24 de marzo del año 2012, con Mariano Rajoy ya en La Moncloa, el Ejecutivo le nombró juez enlace en París en sustitución de Manuel García Castellón, que recaló en Roma. Ya en 2015, Javier Gómez Bermúdez es enviado a la capital gala para sustituirle (justo cuando apuntaba a ser el magistrado al cargo de la Caja B) y González regresa para ocupar, a su vez, su plaza en la Audiencia Nacional. Cinco meses después es Carmen Lamela, la juez que envió al Govern cesado por el 155 a prisión, quien se hace con este puesto tras el sorteo. Entonces, Juan Pablo González relevó a Lamela. Un cambio de cromos cuyo beneficiario siempre era el mismo: el PP. No obstante, la suerte de los populares parece haber tornado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/27/audiencia-nacional-recusa-juez-caja-b-gonzalez-afinidad-pp

REBAJA EN LA PETICIÓN DE PENAS PARA CORREA Y COSTA POR CONFESAR LA FINANCIACIÓN DEL PP PERO INSUFICIENTE PARA ELUDIR LA CÁRCEL

La Fiscalía reduce de 22 años a 7,3 las condenas solicitadas y de siete años y nueve meses para el ex número 2 del PP de Valencia Anticorrupción reclama ahora para el ex número 2 del PP de Valencia a 4,3 años frente a los 7,9 que demandaba

La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir una rebaja drástica en las penas aplicables a los dos acusados de mayor relevancia mediática y política -Francisco Correa y Ricardo Costa- en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia gracias a la trama Gürtel y a la ayuda de grandes adjudicatarios de la Generalitat. Ambos confesaron en el juicio que el PP se nutría de dinero negro y que parte de los gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008 fueron sufragados por empresarios afines mediante facturas falsas abonadas a Orange Market.

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, Anticorrupción solicitaba 22 años que ahora se ven reducidos a 7,3 años mientras que para el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, reclama cuatro años y tres meses, casi la mitad de lo que originalmente pedía. No obstante, la reducción no permitiría eludir la prisión a Costa -Correa ya cumple condena por el primer juicio de la serie, el de los contratos de Fitur- la sentencia resulta finalmente condenatoria y aplica las penas solicitadas por Anticorrupción. Y no lo permitiría porque las penas superan el umbral de los dos años. En medio de la sesión, y justo cuando acababa de terminar su informe la fiscal, el juez que dirige la vista, José María Vázquez Honrubia, ha informado de que ya ha llegado la transferencia de Suiza con 2,2 millones de Correa, que busca así mostrar su cooperación con la justicia.

La declaración de Costa en este juicio asestó el mazazo definitivo al PP valenciano, al que, paradójicamente, la Fiscalía no lo considera en esta causa beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los delitos atribuidos a los acusados. "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro", admitió el que fue secretario general del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps.

La fiscal ha argumentado que no incluyó al PP como presunto partícipe a título luctrativo porque ni el delito electoral ni el de falsedad documental "no generan" responsabilidad civil. En el momento en que se produjeron los hechos -ha remarcado- la financiación irregular no estaba tipificada como delito. Hoy, lo que ocurrió en las campañas de 2007 y 2008 constituiría "un delito del artículo 304 bis del Código Penal". Es decir, un delito de financiación ilegal.

Costa señaló a Camps como la persona de la que procedía "el encargo" de recaudar dinero negro de empresarios que tenían adjudicaciones públicas de la Generalitat. Lo supo, según sus palabras, en 2005. Pero aquel era "un sistema preestablecido ya anteriormente". Esta mañana, la fiscal ha hecho la que parece una alusión inequívoca a por qué Camps nunca estuvo imputado en este caso: "Habría sido muy de agradecer que algunas cosas se contaran en 2010".

En relación con falsedad o electorales se han puesto de manifiesto también la posibilidad de que hubiera un partícipe

Los otros dos miembros de la cúpula de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, también han visto reducidas las respectivas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía. Para Crespo, la fiscal Miriam Segura solicita ahora 13 años y seis meses frente a los 22 originales; para El Bigotes reclama 16 años y seis meses en lugar de los 27 iniciales. Ambos admitieron igualmente durante las sesiones del juicio que el PP se benefició de una financiación opaca.

Una deuda "inconfesable"

En la exposición de su informe de conclusiones, la fiscal Miriam Segura ha relatado cómo los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano generaron "una deuda muy elevada que se fue pagando con dinero negro y facturas". Una "deuda inconfesable", ha abundado la fiscal.

La investigación concluyó que esa deuda ya ascendía a un millón de euros tras los comicios autonómicos y locales de 2007. En caso de duda sobre las cifras, ha remarcado la fiscal, la Fiscalía siempre acudió a la más baja. Es decir, aquella que más beneficiaba a los acusados.

La falsedad documental que se atribuye a los acusados -19 en total, de los que 13 han admitido total o parcialmente los delitos- no fue coyuntural, ha enfatizado la representante del ministerio público. "Lo que se ha construido ad hoc es un conjunto de facturas en A que complementan los pagos en B". Esas facturas falsas en A son las que abonaron los empresarios que en este juicio han compartido banquillo con cinco antiguos políticos del PP valenciano y con cinco miembros de la red Gürtel.

La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo que por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley fuese admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema.

En esta causa han sido juzgados nueve empresarios, que confesaron a cambio de aceptar el pago de una multa para conjurar así el peligro de prisión. Los nueve asumieron el pago de facturas falsas por 1,2 millones de euros. Todas ellas ocultaban servicios prestados por Orange Market al PPe 2007 en las campañas de las autonómicas y las municipales de 2007, así como en las generales de 2008. Entre los actos que se financiaron de forma opaca figuran dos mítines de Mariano Rajoy en la plaza de toros de Valencia.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/09/anticorrupcion_82588_1012.html

LA CONDENA AL PP POR LUCRARSE CON LA GÜRTEL QUIEBRA AL TRIBUNAL

El redactor de la sentencia, Ángel Hurtado, discrepa de la mayoría en lo que respecta a la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, y deja la redacción de esa parte del texto en manos de los otros jueces. La decisión retrasará hasta mediados de mayo la publicación del texto, que cuenta ya con 1.400 folios

El presidente del tribunal que ha juzgado la primera época del caso Gürtel, el conservador Ángel Hurtado, ha redactado una resolución en la que muestra su discrepancia con los otros dos miembros de este órgano judicial, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, respecto a una parte de la sentencia cuya elaboración tenía aquél encomendada. En la misma resolución, Hurtado expone que deja en manos de sus otros dos compañeros de tribunal la redacción de esa parte de la sentencia de la que discrepa.

Según confirman fuentes jurídicas a la Cadena SER, fundamentalmente, el principal motivo de la discrepancia es la condena al Partido Popular por haberse lucrado con la trama Gürtel. Tanto Julio de Diego como José Ricardo de Prada consideran probado que la formación conservadora ha obtenido beneficios con los delitos cometidos por la trama. También hay otros motivos, entre ellos la condena a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, que todavía no han trascendido.

Las mismas fuentes dicen que la mayoría del tribunal “solo discrepa en un 5%” del texto, pero “desde luego es relevante”.

La decisión de Ángel Hurtado de dejar en manos de sus compañeros la redacción de esa parte de la sentencia va a provocar un retraso en su publicación. El texto, que cuenta ya con 1.400 folios, no verá la luz pública hasta “el 15 de mayo”, según confirman las mismas fuentes.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/20/tribunales/1524226729_885198.html

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL AFLORA DISCREPANCIAS QUE PRONOSTICAN UN FALLO DURO PARA EL PP

El magistrado Ángel Hurtado ha quedado en minoría en algunos aspectos de la sentencia que redactarán los otros dos miembros de la Sala, partidarios de una amplia condena.

Ángel Hurtado, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los delitos atribuidos a la trama Gürtel entre los años 1999 y 2007, ha comunicado este viernes a las partes que, "dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos" de la sentencia, estos aspectos serán redactados por los otros dos miembros del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

La comunicación de Hurtado, a quien corresponde la ponencia del caso -que no ha declinado-, permite deducir que en el seno del tribunal que juzgará un proceso por corrupción que compromete gravemente al PP se ha impuesto la línea 'dura' de De Prada y De Diego, partidarios desde el principio de una extensa condena, incluidas las de Jesús Merino y Rosalía Iglesias, esposa del extesorero Luis Bárcenas, sobre las que había controversia.

Fuentes de la Audiencia señalaron, no obstante, que el presidente del tribunal va a decidir su postura final a la vista de la concreta redacción que le propongan sus compañeros.

Hurtado invoca en su escrito los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen que "cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular". El hecho de que Hurtado conserve la ponencia, salvo en esos concretos aspectos en los que ha quedado en minoría, significa que el tribunal ha llegado a un amplio acuerdo sobre la sentencia, que se espera para las próximos días. El ponente ha entregado esta semana a sus colegas el borrador de la resolución ya ultimado.

Las discrepancias del tribunal ya se pusieron en evidencia con motivo de la citación como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente tuvo que ir a declarar por decisión de De Prada y De Diego y con la oposición de Ángel Hurtado.

Rajoy compareció el pasado 26 de julio ante el tribunal y lo hizo desde el mismo estrado en el que estaban situados los magistrados. Aseguró que el PP “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios que resultaron adjudicatarios de contratos públicos y negó los sobresueldos opacos que le atribuyen los llamados 'papeles de Bárcenas', la presunta caja B del partido, que no se juzga en este procedimiento.

Más de un año de juicio

El juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), que afecta a 36 acusados, terminó el pasado 17 de noviembre tras más de un año de vista oral, que comenzó el 4 de octubre de 2016, y se desarrolló a lo largo de 125 jornadas.

La Fiscalía pide la mayor pena para Francisco Correa, 125 años de prisión, seguida de los 85 años que solicita para el presunto número dos de la trama, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para Luis Bárcenas reclama 39 años de prisión.

El Partido Popular se enfrenta a una condena no por delito sino como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado, presuntamente, de la actuación de la trama. Para su defensor, Jesús Santos, sin embargo, la acusación no está justificada ni acreditada con pruebas.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180420/presidente-tribunal-gurtel-aflora-discrepancias-pronostican-pp/301220425_0.html

EL PP TEME UNA VENGANZA DE BÁRCENAS SI EL INMINENTE FALLO DE LA GÜRTEL ENVÍA A SU MUJER A PRISIÓN

"Si la mujer de Luis entra en la cárcel, se nos abre el suelo bajo los pies", afirma un veterano dirigente de la formación conservadora

Los principales cargos de Génova aseguran no estar informados: "Ese tema lo lleva Cospedal. Solo reporta sobre el asunto al presidente"

La cúpula del Partido Popular ha entrado en modo pánico ante la posibilidad de que la inminente sentencia del juicio de la primera época del Caso Gürtel suponga la entrada en prisión de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas. Fuentes de la formación conservadora reconocen su temor a que ese escenario impulse al extesorero a realizar nuevos movimientos incriminatorios con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como principales destinatarios.

"Si la mujer de Luis entra en la cárcel, se nos abre el suelo bajo los pies. Sabemos perfectamente que el tema de su mujer es sagrado", asegura un veterano dirigente de la formación conservadora. La preocupación ha llegado también a Moncloa, en donde se prevé que la sentencia pueda darse a conocer de manera inminente. El PP espera una sentencia dura.

La posibilidad de un acuerdo bajo mano entre el PP y Bárcenas siempre ha sobrevolado en los análisis sobre los cambios de actitud del extesorero durante los procesos judiciales en los que se ha visto inmerso junto al Partido Popular. El ejemplo más claro de ese cambio de actitud lo marcó la decisión de Bárcenas de retirar la acusación contra el PP por la destrucción de sus ordenadores, que a punto estuvo de acabar con ese caso concreto.

En el partido, sin embargo, niegan la existencia de ningún arreglo. Fuentes próximas a las dos partes aseguran que "si los independentistas se han creído que Rajoy puede descolgar un teléfono y decirle a Llarena lo que tiene que hacer, Bárcenas puede haber cometido el error de creerse también que el PP puede decidir qué hacen los jueces de la Audiencia Nacional".

Dirigentes del PP señalan a la secretaria general como la persona encargada de gestionar el escándalo para la formación conservadora: "Ese tema lo lleva Cospedal, con los abogados que ella ha querido y con la gente que le ha parecido oportuno. Solo reporta sobre ese asunto al presidente", asegura uno de los principales dirigentes de la formación. En el entorno de Cospedal han declinado hacer comentarios.

La prisión inmediata, en manos de la Fiscalía

Sea cual sea la sentencia, la suerte inmediata de la mujer de Bárcenas dependerá de la actitud que adopte la Fiscalía tras conocerse el fallo. El Ministerio Público tendrá que optar entre pedir el ingreso inmediato en prisión de los condenados o, por el contrario, permitir que sigan en libertad a la espera de que la sentencia sea revisada por el Supremo y, por tanto, considerada firme.

En la primera condena de Gürtel, la de Valencia, la Fiscalía pidió la entrada en prisión inmediata de los cabecillas y el tribunal aceptó: Francisco Correa, Pablo Crespo y ‘El Bigotes’ duermen en la cárcel desde entonces. La cúpula de Génova teme que se aplique el criterio impuesto en Valencia.

Si la Fiscalía pide el ingreso en prisión, la decisión quedará en manos del tribunal. Los jueces podrán decidir si decretan la prisión inmediata o esperan al recurso ante el Tribunal Supremo. Pesará, por ejemplo, el número de años de cárcel o la existencia de condenas anteriores. Rosalía Iglesias no tiene, así que cabe la posibilidad de que quede libre hasta que la sentencia sea firme.

La mujer de Bárcenas dice a la secretaria de su marido que Luis confiaba en ella, qué pena
La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, a la salida de la Audiencia Nacional EFE
El tribunal que tomará la decisión se encuentra dividido. Por un lado está el presidente y ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, y por otro los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El pasado 20 de abril Hurtado se dio por vencido y les pidió que redactasen ellos una parte de la sentencia, para luego intentar llegar a un acuerdo que hasta entonces había sido imposible.

La decisión responde a la imposibilidad de redactar por consenso la parte que afecta al PP, para el que Anticorrupción pide una condena por considerar que obtuvo un beneficio de la trama Gürtel. Fuentes jurídicas sostienen que este punto de la extensa sentencia de la primera época de Gürtel ha provocado una fractura en el tribunal, que ya ha mostrado sus discrepancias en otros puntos durante el proceso, como la citación a Mariano Rajoy como testigo.

Bárcenas defendió a su mujer: "Llevaba la casa"

La Fiscalía mantuvo hasta el final del proceso la petición de condena para Rosalía Iglesias: 24 años y un mes de cárcel. Sin embargo, abrió la puerta a que fuese rebajada si, en lugar de responsable de los delitos fiscales, fuese considerada solo cooperadora necesaria de haber evadido 11 millones de euros obtenidos "de modo ilícito". Durante el juicio, Bárcenas se esforzó en intentar convencer a la Fiscalía de que sus ingresos eran fruto de sus negocios legales.

Además, trató en todo momento de salvar a su mujer. Aseguró que nunca hablaba de trabajo con ella. "A mi mujer no le interesan estos temas; no le interesan, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", dijo, para luego añadir que su mujer se dedicaba a "llevar la casa". "Jamás" estuvo en su despacho de Génova, insistió. Bárcenas explicó que las operaciones bancarias eran cosa suya y llegó a decir que había falsificado su firma en algunos documentos, como las declaraciones de la renta.

Cuando Rosalía Iglesias tuvo que responder ante el Tribunal, solo contestó a las preguntas de su abogada y ahondó en la versión de su marido. Ella solo se ocupaba de la casa, dijo, aunque admitió que había firmado algunos documentos que le había pedido Bárcenas, quitándose responsabilidad: "Doy por hecho que era una cartera de valores que gestionaba a mi nombre. Pasaba por el banco, firmaba los documentos que fueran y me iba".

Iglesias también dijo que había dejado sus declaraciones de la renta en manos de su marido y que no sabía nada de las cuentas en Suiza: "Si no sabía las que había aquí (en España), muy difícil es que supiera las de Suiza". Sí admitió que había acompañado a Bárcenas en sus viajes al país helvético, pero dijo que en los bancos ella se quedaba en una "sala de espera" mientras su marido hacía las gestiones.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Barcenas-inminente-sentencia-Gurtel_0_772023376.html

FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

Las acusaciones populares insisten en pedir su recusación tras saber que Juan Pablo González cobró 765 euros por dar cursos en la fundación

La Fundación FAES ha confirmado que pagó por conferencias a uno de los jueces que componen el tribunal que juzgará cuatro piezas fundamentales de la trama Gürtel: la caja B del PP (papeles Bárcenas), la visita del Papa a Valencia, AENA y Jerez.

En concreto, la fundación pagó 765 euros a Juan Pablo González por participar en cuatro seminarios celebrados entre 2003 y 2005 -momento en el que FAES estaba plenamente vinculada al PP- sobre Euskadi y el futuro de los tribunales superiores de Justicia.

Su participación en estos cursos es una de las razones, entre otras relacionadas con la afinidad del juez con el Partido Popular, que han esgrimido las acusaciones populares para pedir la recusación del juez Juan Pablo González.

De hecho, tras conocerse el dato de los cobros de FAES por parte del magistrado, las acusaciones populares han registrado nuevos escritos en los que señalan la necesidad de recusar a Juan Pablo González porque "se confirma el vínculo personal existente entre el Magistrado recusado y las partes intervinientes en la presente causa". Además, los pagos señalan que "el juez participaba activamente en el diseño del bagaje ideológico del Partido Popular".

En el momento de la participación del magistrado en los actos de FAES eran patronos de la fundación varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, recuerdan las acusaciones populares, sobre los que tendrá que decidir, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Ya el pasado diciembre este periódico reveló que González había participado en estos actos de FAES e incluso en uno de ellos había llegado a compartir mesa con un imputado en el caso Gürtel, el mismo caso en el que ahora tiene que juzgar. Esto confirmaba sus lazos con el PP y servía de argumento principal para su recusación por parte de las acusaciones populares personadas en el proceso.

La prueba clave

Los documentos enviados por FAES acreditando pagos al magistrado son la prueba clave para dicha recusación, teniendo muy presente el caso de Enrique López. La participación en los cursos de FAES fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional aceptó recusar a López y apartarle tanto del primer juicio de Gürtel como del caso que ahora llevará González, el de la Caja B del PP o Papeles de Bárcenas.

Según decidió por dos veces la Sala de lo Penal, con 14 votos a favor y cuatro en contra, la colaboración con la fundación del PP incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES.

El cambio de jueces orquestado

Juan Pablo González llegó al tribunal Gürtel el pasado 20 de noviembre cuando fue designado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a la vez que era apartado el magistrado Julio de Diego, uno de los dos responsables de haber citado a declarar a Mariano Rajoy en el primer juicio Gürtel.

Además, González sustituyó al otro responsable de esa citación histórica, José Ricardo de Prada, quedándose, si la recusación no prospera, como redactor de las sentencias de las piezas separadas de los papeles de Bárcenas, AENA, Jerez y la visita del Papa a Valencia dentro de la trama Gürtel.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/09/faes-confirma-pagos-juez-gurtel-corrupcion-pp

EL MAGISTRADO PROGRESISTA JOSÉ RICARDO DE PRADA ABANDONA EL ‘CASO GÜRTEL’ Y SE VA A LA HAYA

El juez forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas y está designado para estudiar la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic

El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, abandonará el tribunal que enjuicia el llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP. De Prada, que no se encarga de la ponencia (redacción) de la sentencia del juicio sobre la contabilidad paralela del partido desde el pasado noviembre, dejará su despacho en la Audiencia Nacional para incorporarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya, según han confirmado a este diario fuentes judiciales.

José Ricardo de Prada forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas (MICT, en sus siglas en inglés), y está designado para formar parte del tribunal que estudiará la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. Este caso entra en las próximas semanas en su fase decisoria.

De Prada forzó en julio de 2017 con su voto favorable, junto al magistrado Julio de Diego, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que testificar en persona el 26 de julio en el juicio central de la trama de corrupción del Partido Popular.

El pasado 20 de noviembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó unas normas nuevas de reparto de asuntos que forzaron que el magistrado Julio de Diego quedará apartado del tribunal que enjuiciará el caso Bárcenas. Las nuevas normas de reparto, acordadas por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la conservadora Concepción Espejel, con los presidentes de las cuatro secciones penales del tribunal implicaron también que de Prada no se encargase de la ponencia de la sentencia en el juicio sobre la contabilidad paralela del partido.

El pasado 3 de abril, una providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario— de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia fijaba que el tribunal del juicio de la caja b estaría presidido por los mismos tres magistrados que han enjuiciado el caso Gürtel: el presidente (y ponente) Ángel Hurtado, del sector conservador, y los jueces De Diego y De Prada. Las nuevas normas de reparto se tenían que aplicar a todos los casos excepto a aquellos en los que se haya iniciado el juicio oral. Al quedar apartado de Diego, se dejaba sin efecto la providencia de abril. También se provocó que el tribunal que juzga la caja b del PP tenga desde entonces una nueva composición.

Según fuentes jurídicas, este tribunal es mucho menos proclive a volver a citar al presidente Rajoy en caso de que lo solicitaran las acusaciones populares, como ocurrió en el juicio del caso Gürtel.

De Diego y De Prada presentaron un escrito en el que mostraban su conformidad, con carácter general, con las nuevas normas de asignación de ponencias y asuntos, pero en el que solicitaban que se mantuviera la composición de aquellos tribunales que estuvieran ya expresamente fijados con anterioridad, como es el caso del juicio de la caja b. También aducían la conveniencia de no modificar la composición de los tribunales en los procedimientos "especialmente sensibles".

Estas peticiones fueron desestimadas por unanimidad por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, de la que formaban parte, entre otros, el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y los presidentes de las salas de lo Social, Ricardo Bodas; de lo contencioso, Eduardo Menéndez, y de lo Penal, Concepción Espejel. Fuentes jurídicas destacan el hecho de que Espejel no se abstuviera de participar en la votación en la que fueron rechazadas las propuestas de De Prada y De Diego pese a haber sido apartada, cuando era presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, del enjuiciamiento de las diferentes piezas del caso Gürtel por falta de apariencia de imparcialidad por su supuesta cercanía al Partido Popular.

La Sala de Gobierno justificó entonces la adopción de las nuevas normas de reparto en las salidas de varios magistrados de la Audiencia y en las incorporaciones de Espejel como nueva presidenta de la Sala de lo Penal y de Rodríguez Duplá como nueva responsable de la Sección Segunda de lo Penal. "No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no contempla dicha distinción. Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. Si se hiciera así, sería necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que supondría prejuzgar sobre las mismas", señaló entonces la resolución unánime del órgano de gobierno de la Audiencia Nacional.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521475558_416327.html

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

El exalcalde de Majadahonda confirma ante el juez de la caja B que Álvaro Lapuerta presionaba en Madrid para que se beneficiase a empresas vinculadas al partido. El segundo testigo en declarar asegura que había una " guerra de tesorerías" entre el PP de Génova y el de Esperanza Aguirre.

El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien presionaba para favorecer a empresas "amigas".

Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia, según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.
El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del PP según los apuntes de Bárcenas.

Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004, Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías" fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio González como número dos, y el PP de Génova.

De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso Lezo.

A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".

Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financiación ilegal.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/03/tribunales/1522780856_582609.html

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

El magistrado rechaza citar como imputados a Esperanza Aguirre y al empresario Juan Miguel Villar Mir

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incorporado este jueves al caso Bárcenas, la pieza sobre la caja b del PP, la declaración como acusado del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal de esa formación, en el que apuntaba directamente como responsable de ella al expresidente valenciano Francisco Camps. El magistrado también incorpora a la investigación las declaraciones como acusados del cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, Francisco Correa, y de sus lugartenientes Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, que iban en la misma dirección de inculpar a Camps. La decisión anticipa la posible imputación de Camps en esta investigación, derivada del caso Gürtel de corrupción.

Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez José María Vázquez Honrubia que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convertía así en el primer alto cargo de la formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración, aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la caja b valenciana.

El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el 16 de enero que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.

La decisión del juez De la Mata de incorporar a la investigación del caso Bárcenas las declaraciones de los acusados en el juicio de la caja b del PP valenciano, que se celebra estos días en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, responde a una petición de la acusación popular encabezada por Izquierda Unida. Esta acusación reclamaba, entre otras medidas, la declaración como imputado del empresario Juan Miguel Villar Mir y como testigo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El juez ha rechazado esta última petición al considerar que “no es pertinente” y “carece de utilidad”.

El juez también incorpora a la causa sobre la caja b del PP las palabras de Francisco Correa en el turno de última palabra en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el cabecilla confeso de la red corrupta ofreció a la Fiscalía su “colaboración total” en las causas que faltan de juzgarse en el macrosumario a cambio de salir de prisión.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/15/actualidad/1521116251_849956.html

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

El extesorero del PP borró en la segunda versión una anotación que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M. Rajoy" en junio de 2008 pero no ocultó la existencia de la primera: le entregó las dos al juez Ruz

Quienes conocen la trayectoria de Bárcenas sostienen que el cambio obedeció a su deseo inicial de proteger al presidente tras el estallido del caso porque ese era el año que todavía no había prescrito a efectos tributarios

La constatación de que Luis Bárcenas rehízo una hoja manuscrita de la contabilidad B del PP para borrar un apunte de junio de 2008 que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M.Rajoy" ha puesto en guardia a las acusaciones personadas en el caso. Desvelada por El País, la existencia de dos versiones de los cobros y pagos del mismo periodo introduce, y así lo admiten juristas consultados por infoLibre, el temor a que el contenido de los llamados papeles de Bárcenas pueda quedar ahora en entredicho. Tanto los socialistas como la acusación que, encabezada por IU, agrupa a varias organizaciones creen que hay razones para la inquietud. "Habrá que observar qué pasa con cautela", opina uno de los abogados cuya opinión recabó este diario.

Lo peculiar del asunto, no obstante, es que Bárcenas, que en julio de 2013 y cuando ya había ingresado en prisión le entregó al juez Pablo Ruz los papeles a que ha dado nombre, no optó por esconder la versión auténtica para aportar al magistrado solo la corregida: le dio las dos. Ambas, como ha comprobado este diario, constan incorporadas a la causa. Son, exactamente, las hojas numeradas como 14 y 15 del lote [pincha aquí para verlas]. La entrega al juez Pablo Ruz, entonces instructor del caso, se produjo el mismo día en que Bárcenas declaró que había entregado "personalmente" cantidades en negro a Rajoy y a su número dos, la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Tanto el presidente y líder del PP como su número dos han negado de forma taxativa y con reiteración el cobro de sobresueldos en B.

Fuentes que aseguran conocer los pasos del extesorero del PP desde antes de que cambiara radicalmente su estrategia de defensa para atrincherarse en el silencio, oponerse a la declaración de Rajoy como testigo en el primer juicio de Gürtel y minimizar los papeles definiéndolos como meras "anotaciones extracontables", sostienen lo siguiente: que la primera versión, aquella que dejó anotada la entrega de 12.600 euros a Rajoy el 3 de junio de 2008, es la que realmente plasma las entradas y salidas de dinero opaco en aquel momento, junio de 2008 y el segundo semestre.

Sostienen también las fuentes que Bárcenas manipuló esa página y alteró las anotaciones originales cuando la publicación de los papeles en El País –enero de 2013– provocó un verdadero terremoto. ¿Por qué y para qué lo hizo? Porque, a efectos de un eventual delito fiscal, 2008 no había prescrito aún. Y Bárcenas –aducen las fuentes– quería proteger al presidente. Seis meses más tarde, cuando el juez Pablo Ruz ya le había enviado a la cárcel en una decisión que el imputado siempre había visto como una hipótesis remota, el propio extesorero entregó sus manuscritos contables.

Desaparece Rajoy

En la hoja manipulada por Bárcenas desapareció el apellido de Rajoy, así como el primero de los dos pagos vinculados a su nombre (12.600 euros) y quedó camuflado como "Mariano" un segundo pago de 2.400 euros. También el de Cospedal, que en la primera versión aparecía como "D. Cospedal" junto a la cifra de 7.500 euros y en la segunda, como "Dolores": según los papeles, ese es el dinero que se correspondía con la "regularización del tercer trimestre", el equivalente a "2.500 X 3". Es decir, 2.500 euros mensuales.

Bárcenas también alteró las notas concernientes a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que supuestamente cobró en negro por reformar la sede central del PP y que es uno de los cinco acusados –el sexto, el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, quedó exonerado por demencia sobrevenida– que compartirán banquillo en el juicio de los papeles. En la primera versión consta como "G.U." junto a dos pagos de 235.000 y 200.000 euros supuestamente abonados en octubre y diciembre. En la segunda, aparece como "Gonzalo Urquijo" junto a un solo pago de 200.000 euros, el de diciembre.

Después de que la Fiscalía y el juez Ruz concluyeran que no era posible establecer una conexión entre las donaciones supuestamente efectuadas por empresas al PP y los contratos públicos adjudicados a esas mismas empresas, la declaración prestada por Francisco Correa en el arranque del primer juicio de Gürtel forzó la reapertura de la investigación.

Para dentro de dos semanas, el nuevo instructor del caso ha citado a varios testigos a petición de IU. Y ha incorporado a la causa las confesiones realizadas en el proceso sobre la financiación del PP valenciano por los tres principales responsables de la trama Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– así como por el antiguo número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa. Todos ellos, al igual que nueve contratistas públicos de la Generalitat, han admitido en la Audiencia Nacional que el PP valenciano financió sus campañas con dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por los empresarios que ahora han confesado a cambio de recibir solo una multa como condena.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/23/la_aparicion_dos_versiones_del_mismo_apunte_los_papeles_barcenas_sobre_pago_rajoy_alarma_las_acusaciones_80977_1012.html

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.

El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.

Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.

Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.

Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita. Las demás lo están, a juicio de estos medios.

¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.

Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él aportó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos sean remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.

Reapertura de la causa

Esta pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a alimentar la caja B del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron a este partido comisiones. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por pago de comisiones y donaciones que más dinero ya ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.

El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles, no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).

Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.

Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.

Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.

El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.

Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.

El Supremo y las nulidades

Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.

Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.

El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.

Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.html

LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"

Nuria Romeral, ex jefa de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps ha testificado este jueves en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano "todo pasaba por Ricardo Costa", ex secretario general del PPCV y uno de los acusados.

La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) a través de pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunitat para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.La primera testigo en declarar ha sido Nuria Romeral que en 2007 era la jefa de prensa de Francisco Camps, que la nombró tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año secretaria autonómica de Comunicación.

Nuria Romeral, que actualmente es responsable de comunicación en una empresa privada, ha asegurado que conoce al acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, pero solo de verle en actos del partido y hablar ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias.

Ha aclarado que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con Álvaro Pérez sino con Ricardo Costa tanto en la campaña de 2007 como en la de 2008, cuando ya era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.

A preguntas de la fiscal ha dicho que no recuerda quién le dijo que hablara con Ricardo Costa incluso en 2007 cuando aún este no era secretario general de la formación.

No obstante ha comentado: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y todo pasaba por él en el partido".

Para apostillar su declaración al respecto el juez José María Vázquez Honrubia ha preguntado a la testigo "quién mandaba y quién controlaba el partido en Valencia en 2007 y 2008" y Nuria Romeral ha contestado: "Ricardo Costa sin ninguna duda".

Preguntada por la defensa del acusado Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano, ha señalado que "no era una persona del partido sino del Gobierno" y que su papel como director del comité de la campaña electoral de 2007 fue de estrategia de contenidos.

Esto ha sido corroborado por el otro testigo que ha declarado hoy, el ex secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Generalitat Rafael Ripoll, que ha indicado que en dicho comité Rambla no se encargó de asuntos económicos.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/08/5aa12539468aebab7c8b46bb.html

CAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES

El expresidente dice que Ricardo Costa le engañó y no le habló de la facturación falsa de Gürtel

El expresidente valenciano Francisco Camps ha escurrido hoy el bulto en la Audiencia Nacional y ha acusado a su antecesor en la Generalitat, Eduardo Zaplana, de haber enviado a Álvaro Pérez El Bigotes a la comunidad para hacer los actos electorales del Partido Popular y que "ya se quedó allí en Valencia".

Camps ha declarado hoy como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, donde ha contradicho la versión que aportó El Bigotes como acusado cuando dijo que conoció al expresidente valenciano a través del empresario y yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

En el mismo sentido, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, señaló que Orange Market se creó porque, cuando la trama dejó de trabajar para Madrid, el Bigotes conoció a Camps y éste les planteó trabajar en Valencia para el PP.

Sin embargo, hoy Camps ha negado que fuese Agag quien le presentase al Bigotes y ha dicho que le vio por primera vez en su presentación como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un acto de Alicante en 2002 que se celebró "en un pabellón deportivo". "Me lo enviaron desde Madrid", ha precisado Camps para después añadir: "El presidente del partido (en Valencia) dijo que esta persona es la que se encargaría de los temas de organización de los actos, de entarimados y todo ese lío".

"Apareció por allí", ha explicado Camps en relación con El Bigotes, con quien ha dicho que está "enfadadísimo" después "de este follón que ha organizado con el partido". Además, ha apuntado que no le consta que Zaplana tuviera una relación personal con El Bigotes y ha apuntado que no le preguntó por qué le recomendó para organizar los actos electorales porque él estaba pendiente de la campaña electoral.

Camps también se ha dedicado a contradecir la versión que hizo Ricardo Costa dio en el juicio y ha asegurado Gürtel que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.

"Niego la mayor. Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo", ha dicho Camps en su declaración como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, en la que ha desmentido la versión que aportó el acusado y entonces secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Camps ha dicho que el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, nunca le dijo que el partido estaba pagando la deuda contraída con la Gürtel con facturas falsas giradas a empresarios por servicios electorales que no habían realizado.

"No solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo llamé al señor Costa para decirle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades".

Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad".

Camps ha querido dejar claro que en el PP "nadie se ha enriquecido nunca jamás". En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente convencido" de que el presidente o el secretario general del partido, que eran "sus interlocutores", se lo hubiesen contado.

https://www.elplural.com/politica/2018/03/07/camps-echa-el-balon-zaplana-y-le-acusa-de-contratar-el-bigotes

LA FISCALÍA DEL SUPREMO MANTIENE LAS PENAS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL EN EL CASO FITUR

Los cabecillas de la Gürtel insisten en su indefensión y penas desproporcionadas ante el Supremo

Los líderes de la Gürtel denuncian penas de “desproporcionadas” y "vulneración de derechos” y de su “intimidad” lo que invalidaría, según sus defensas, las grabaciones origen de la causa

La Fiscalía se ha ratificado en la petición de penas para los once condenados

El Tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta han escuchado los argumentos de las defensas de los acusados y del ministerio Público. Los abogados de los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, han coincidido en calificar Gürtel de causa general que les ha impuesto penas desproporcionadas y la dilación indebida del procedimiento que les mantiene en prisión preventiva. Además, entienden que habrían vulnerado el secreto de las comunicaciones y su intimidad en referencia a las grabaciones que dieron origen a la apertura del procedimiento, más de 40 horas registradas por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas.

“Hacemos referencia a Gürtel y no a la pieza recurrida de Fitur porque esto deriva de un macroproceso” ha dicho el letrado de Correa, Juan Carlos Navarro. “Nos surge el problema con el delito continuado y la pena desproporcionada en la que deriva”, según Navarro.

"Puro veneno"

La defensa de Pablo Crespo, representada por su hija, la abogada Margarita Crespo, ha pedido al tribunal “que no hagan oídos sordos” ha continuado “Llevamos nueve años navegando a la deriva. Es mi deseo encontrar en este tribunal el dique frente a tantos abusos y descontrol de los derechos más fundamentales que hemos sufrido hasta ahora".

Según la abogada, “lo que hizo el señor Peñas al aportar las grabaciones fue plantar una semilla de la planta de la cicuta, puro veneno, plantó esa semilla y luego con ese árbol trabajó la Fiscalía, la Policía y los distintos instructores que ha tenido este procedimiento". El Ministerio Público, como había anunciado, ha impugnado los motivos de los acusados y mantiene la petición de las penas.

El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza ha hecho referencia a cómo la exconsejera valenciana, Milagrosa Martínez, era consejera de Turismo, "quien autorizaba los pagos y partidas duplicadas o sobredimensionados" en los amaños de Fitur. Quien “tomó esas decisiones de carácter injusto y arbitrario a favor de las empresas de Correa”. Era responsable de la consejería y responsable de la Agencia Valenciana de Turismo y "la sustracción de los fondos era "consentida".

Zaragoza ha liquidado el debate recurrente sobre la legalidad del origen de las escuchas, ha recordado que "solo la escucha o grabación por un tercero no convierte en inutilizable ese medio probatorio, según ha fallado el Tribunal Constitucional: quien se graba tiene deber de reserva pero no de secreto". En las cintas "se identifica la voz de Correa, no plantea duda y debe ser rechazado"

Para el fiscal, "estamos ante una trama criminal con unos actores más relevantes, otros secundarios, pero cooperadores necesarios en esa trama, igual que los dirigentes de la consejería de Turismo y los representantes". La consejería “era dirigida desde fuera, por tanto, eran unos miembros más de esa trama criminal”.
Contratos Fitur

La acusación representada por el PSOE, Virgilio de la Torre, ha solicitado la confirmación de la sentencia. De la Torre, ha defendido la legalidad de las grabaciones de Peñas y el delito continuado, cuestionado por las defensas, “no es una cosa etérea, aquí no han sido juzgados con anterioridad” ha dicho. En cuanto a los amaños de Fitur “Se cambiaron los criterios de adjudicación, además Orange Market carecía de la experiencia para presentarse a estos concursos. Había sido creada en 2003” mantiene.

La connivencia era tal, ha recordado De la Torre, que “tenían las noticias antes de que salieran oficialmente” e “hicieron fraccionamientos de contratos y era tan flagrante que la Sindicatura de Cuentas advirtió de la irregularidad”. Es más, hasta presumían en as intervenciones telefónicas “Fraccionaban y presumían de ello, no te preocupes si me van a conceder el stand” ha recordado. Que no valgan las escuchas no quiere decir que no sirva el resto de la instrucción

Los once acusados en esta causa lo están por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación. Con la decisión que tome el Tribunal Supremo confirmará la primera sentencia en firme de la trama Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/04/tribunales/1522845929_042092.html

DOS APUNTES EN LA CONTABILIDAD B DEL PP 'PERSIGUEN' DESDE 2013 AL MARIDO DE COSPEDAL

El ataque lanzado este martes por Álvaro Pérez, El Bigotes, contra Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y a quien señaló en el Congreso como uno de los que "soltaban el mondongo", es decir, el dinero opaco para el PP, se sustenta en dos anotaciones de los llamados papeles de Bárcenas que desde hace cinco años persiguen al empresario.

Fechados respectivamente en julio de 1997 y en noviembre de 1998, esos apuntes se refieren a alguien a quien Luis Bárcenas registró en la contabilidad B del partido como "López H." y "López Hierro", donante de 15 millones de pesetas (90.151,82 euros) en la primera ocasión y de cuatro millones también de pesetas (24.040,48 euros) en la segunda. Cuando los papeles de Bárcenas vieron la luz a comienzos de 2013, López del Hierro negó que alguna de esas dos inscripciones se refiriese a él. Ahora, ha anunciado una querella contra el antiguo responsable de Orange Market, a quien Cospedal tachó este miércoles de "difamador" al tiempo que reiteraba que su marido "no aparece" en los papeles de Bárcenas.

Pero no solo Álvaro Pérez ha dado por buena la equivalencia entre el tal "López Hierro" e Ignacio López del Hierro. En abril de 2013 ya lo hizo la Policía. Un informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) identificó entonces al empresario como el donante de aquellos 19 millones de pesetas en dos entregas. El análisis policial citaba de forma extensa las compañías a cuyos órganos de administración o dirección pertenecía o había pertenecido López del Hierro. Desde 1991, precisaba la Udef, era apoderado de Constructora Continental SA, de la que había sido vicepresidente hasta 1994 con José Oriol Rabassa al frente de la compañía.

Durante su comparecencia ante la comisión que en la Cámara Baja investiga la presunta financiación ilegal del PP, Álvaro Pérez magnificó el número de veces en que, según su versión, aparece López del Hierro en los papeles de Bárcenas: porque sea quien sea "López H" o "López Hierro", solo figura dos veces y no "nueve o diez u once". Pero en lo esencial, y despojado de interpretaciones, sus datos eran correctos. El empresario jamás fue llamado por ningún juez: no ya a un banquillo sino a la silla donde durante meses declararon ante el juez Pablo Ruz los imputados y testigos convocados por su relación supuesta o real con los papeles de Bárcenas.

A la luz de lo que sobre los hipotéticos donantes del PP decía aquel informe policial de abril de 2013, la acusación popular ejercida por Izquierda Unida amplió su querella sobre la contabilidad B del PP. Pero basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) según el cual no era posible establecer un nexo entre entregas de dinero negro al PP y adjudicaciones de contratos públicos, Anticorrupción se opuso a que la ampliación de la querella fuese admitida en lo que a López del Hierro y otros empresarios concernía.

Y el 4 de diciembre de 2013, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que, alineándose con la Fiscalía, rechazaba investigar al marido de María Dolores de Cospedal. También Ángel Piñeiro, "amigo" y "edecán" de Rajoy, que fueron los términos empleados por Álvaro Pérez, se libró de desfilar ante el magistrado.

El juez no investigó

El auto dictado por Ruz ese 4 de diciembre desestimó la ampliación de la querella respecto de seis empresarios. Lo hizo guiándose por el siguiente razonamiento: "al no concurrir en los mismos, de forma indiciaria, indicio alguno de responsabilidad penal en relación a los hechos investigados y los puestos de manifiesto en el escrito de ampliación de querella, bien en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados, bien en atención a la escasa, vaga o en ocasiones inexistente (así ocurre respecto de los querellados Sr. Salado y Sra. Pulido) descripción complementaria de hechos comprendida en el texto de la querella y de la que pudiera extraerse suficiente notitia criminis".

El hecho de que el juez solo mencionase a dos de los querellados –Ángel Salado y Pilar Pulido– al argumentar la escasez o directamente inexistencia de indicios apunta a que el factor "antigüedad" fue el determinante en su rechazo a investigar los otros cuatro querellados: López del Hierro y Piñeiro, entre ellos.

A comienzos de 2013, exactamente el 1 de febrero, el diario El País, que acababa de desvelar el contenido de los papeles de Bárcenas, publicó la versión de López del Hierro. El empresario, se lee en esa información, "negó rotundamente que ese apunte pueda ir referido a él. Aseguró que jamás ha realizado una aportación al Partido Popular, subrayó que en esas fechas [1997-1998] aún no se había incorporado a Bami y era un ejecutivo de la ONCE sin capacidad para hacer desembolsos semejantes y que no tenía vínculo alguno con el PP ni conocía entonces a Cospedal".

Varios meses más tarde y en un momento en que todavía no había virado en su estrategia de defensa, el autor de los papeles, Luis Bárcenas, compareció de nuevo ante el juez Pablo Ruz. Lo hizo el 18 de octubre. Y en esa declaración hizo un detallado relato de su relación con Cospedal, con quien desde años atrás mantenía un duro enfrentamiento. Cuando Ruz preguntó a Bárcenas por otro de los donantes, el empresario Antonio Vilela, de Construcciones Rubau y que para entonces ya había admitido un pago de 63.000 euros al PP "a título personal".

El extesorero respondió así: Vilela "era además una persona a la que utilizaba Álvaro Lapuerta para pedirle estudios sobre determinados temas, y que colaboraba activamente con el partido, en una fase determinada, fue asesor del Ministerio de Fomento, yo creo que en la época de Francisco Álvarez Cascos, y nosotros lo conocimos a través de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. que trabajaba con él en la... Ignacio López del Hierro trabajaba para Antonio Vilela, que era el consejero-delegado de la constructora de la ONCE, que me parece que se llamaba CGS, o algo así, era el consejero-delegado y López del Hierro fue el que presentó a Álvaro Lapuerta, Antonio Vilela.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/22/dos_apuntes_contabilidad_del_persiguen_desde_2013_marido_cospedal_75601_1012.html

CINCO AÑOS DE LA “QUERELLA BÁRCENAS” Y 1.826 DÍAS DE AMENAZAS DEL PP

Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción, hacen balance de lo conseguido hasta la fecha

Un 28 de febrero, de hace cinco años, varias organizaciones presentaban ante la Audiencia Nacional (AN) una querella criminal contra distintos responsables del PP y un buen número de empresarios de la construcción por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados Papeles de Bárcenas, publicados en la prensa justo un mes antes.

La decisión en 2013 de la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción de llevar a los tribunales esta supuesta trama corrupta y su inmediata admisión a trámite, evitó que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, parando así “el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias”, reconocen en un comunicado las acusaciones populares personadas en el caso que se sigue en la AN.

Pagos ilícitos y licitación de obra pública

Para los querellantes, los supuestos pagos ilícitos al PP que aparecen en los conocidos como Papeles de Bárcenas se tradujeron en licitaciones de obra pública, “que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda”.

En este sentido, Ecologistas en Acción, junto al resto de las acusaciones populares ponen de ejemplo las autopistas radiales de peaje, “quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos”, al mismo tiempo que recuerdan que “todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras”.

Protección de los presuntos delincuentes

Durante los cinco años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes aseguran en el comunicado haber tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos “que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles”, recordando, además, las “amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron”.

Y por si fuera poco, la Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron las anotaciones de Bárcenas, “sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados”, concretan.

“Sospechosos” cambios en la UDEF…

Para la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción, no deja de ser “sospechoso” los cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde ha habido hasta tres relevos del inspector jefe en estos 5 años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; “o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular”, comentan en su comunicado.

...Y el carpetazo de Ruz

La acusación popular tampoco está satisfecha con la forma en que el extitular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cerró la investigación. De esta forma, recuerdan que en las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país (Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr…) junto con altos responsables del PP.

Sin embargo, “en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la ‘donación’ se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE”, lamentan. Ruz rebajó a sólo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

La “extraña” libertad de Bárcenas

Los querellantes tampoco entienden los motivos de la puesta en libertad en enero de 2015 de Luis Bárcenas, que tras año y medio en Soto del Real y haberle sido denegada su salida de la cárcel hasta en seis ocasiones por los graves delitos imputados (apropiación de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y estafa en grado de tentativa), abandonaba la prisión a pesar de que “los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa y conocerse que acumuló 48 millones de euros en sus cuentas suizas”, puntualizan.

La mordida de los 200.000 euros

A pesar de “todas estas zancadillas”, la acusación popular recuerda en su escrito que ha llegado a promover más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio PP, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras a cambio de una supuesta mordida de 200.000 euros, según declaraciones en sede judicial del extesorero “popular”.

Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso.

Conexiones con Gürtel, Lezo y Púnica

Finalmente, reconocen que el recorrido por el desierto jurídico no ha sido en vano, ya que a todo lo dicho hay que añadir que las “conexiones de los papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la AN y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas”.

Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años (cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción) indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. “Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos”, concluyen, no sin esperar que su trabajo, “como expresión de la voz de la ciudadanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/papeles-barcenas-corrupcion-pp-amenazas

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

Además, exigen que se sumen a la causa las reveladoras declaraciones de los cabecillas de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez

Tras las reveladoras y llamativas declaraciones que dejó en la Audiencia Nacional el que fuera secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, sobre la financiación ilegal del partido regional; Izquierda Unida ha solicitado al juez que sean incluidas en otra causa: en la que investiga la caja B del PP a nivel Nacional.

Pero también quiere que se tengan en cuenta las palabras dichas en sede judicial por los tres cabecillas de la trama Gürtel: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Considera que con ellas se podría esclarecer gran parte de la investigación que trata de averiguar si en el Partido Popular a nivel nacional existía una caja B; es decir, si el partido de Mariano Rajoy se ha financiado irregularmente.

Según publica Loreto Ochando en Valencia Plaza, IU cree que estas declaraciones son de vital importancia para demostrar que el PP se financió de forma irregular gracias a aportaciones de empresarios.

Hay que recordar que durante el juicio de la Gürtel valenciana, uno por uno, los cabecillas de la trama fueron relatando como este sistema de financiación era una realidad en el PP de Valencia. Incluso apuntaron a que era Francisco Camps el que movía todos los hilos para que esto fuera así. Luego llegó Costa y ratifico, casi palabra por palabra, lo dicho anteriormente.

“Génova 13, era un centro de conspiración ”

Los letrados de IU explican en un escrito que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa han vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente, así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. “Además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”, sentencian.

Pero el letrado de Izquierda Unida ha sido aún más duro al afirmar que “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”.

Y señala a los culpables: “Lapuerta y Bárcenas se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/08/iu-pide-incorporar-la-confesion-de-costa-en-gurtel-al-caso-de-la-caja-b-del-pp

LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIARÁ SI APARTA A JUAN PABLO GONZÁLEZ DEL TRIBUNAL QUE JUZGUE LA CAJA B DEL PP

Acepta otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez

Anticorrupción emitió un informe a favor de que se estudiasen dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo del Partido Popular "fue decisivo" a la hora de impulsar la carrera del juez

La Audiencia Nacional estudiará si se debe apartar del tribunal que juzgue la presunta financiación ilegal del PP al magistrado Juan Pablo González por su vinculación con el PP, tal y como solicitaron las acusaciones populares, informa Europa Press.

También se han aceptado otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez. Ninguna de estas vistas orales tienen aún señalada fecha de celebración.

Sobre los denominados papeles de Bárcenas, la jueza de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado ha admitido a trámite el incidente de recusación contra González presentado por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE valenciano, Izquierda Unida, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio DESC. Concretamente, IU destacaba en su escrito la "amistad manifiesta" del juez con el PP, lo cual generaba "dudas más que razonables sobre su parcialidad".

Ahora, tras contar con el informe a favor de la Fiscalía de que se estudien dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo de este partido "fue decisivo" a la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado. En su escrito, el Ministerio Público señaló que, tras la correspondiente tramitación de la recusación, se debe estimar apartar al juez.

La jueza instructora tiene en cuenta que en la causa abierta por la presunta financiación ilegal de los conservadores se encuentra el partido como responsable civil en esta pieza y que las acusaciones denuncian que el magistrado tiene una "vinculación" con el PP y con "personas relevantes" del mismo, "a su vez relacionadas directa o indirectamente con la causa".

Solicitud a FAES

En este sentido, a petición del PSOE valenciano, la magistrada Fernández Prado ha solicitado al secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) que certifique los cursos o actividades en los que haya participado el juez recusado. También las remuneraciones que haya podido recibir por sus intervenciones.

Además, tienen en cuenta que Juan Pablo González fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado en 2001; en 2012, designado magistrado de enlace en Francia; y en 2015, magistrado en comisión de servicios de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, no considera oportuno solicitar información a los patronos de FAES, como pidió IU, porque "es público que se trata de una fundación presidida por José María Aznar y vinculada al PP" y que el nombre de los patronos aparecen en la página web de la fundación.

Además no considera relevante la testifical del exministro Jaime Mayor Oreja, aunque su hermano aparezca mencionado en la causa que se investiga sobre la presunta caja b del PP, aunque exista una amistad con él, pues no está acusado.

No se estudia la ideología del magistrado

Por otro lado, la instructora no ha admitido la solicitud hecha por Adade para que se aporte como documental la copia de los artículos de opinión escritos por González y que fueron publicados en prensa. "Pretender una recusación basada en la ideología del magistrado excede de las causas legales de recusación", subraya Fernández Prado.

Tampoco acepta pedir al Senado la copia del acta y del vídeo de la votación de 6 de noviembre de 2001, ni quiénes participaron en ella, cuando fue elegido por el PP como el vocal del CGPJ. Ni que declare el propio juez recusado —ni otras testificales— ya que consta en el caso su informe escrito en el que no aceptó ser apartado.

La jueza de la Audiencia Nacional rechaza que Juan Pablo González sea apartado porque su nombramiento como integrante del tribunal que juzgará la Gürtel haya sido promovido por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, apartada de algunos de los juicios contra la trama Gürtel. "Estas cuestiones no pueden ser objeto de una recusación, pues se trata de decisiones que tienen su propia vía de recurso, ajena a este incidente, y que la parte ya ha promovido", explica.

Varios magistrados instructores

La Audiencia Nacional designó a finales de enero a los magistrados instructores que deben pronunciarse sobre los incidentes de recusación presentados contra el magistrado Juan Pablo González en relación a la presunta caja b del PP, Jerez, la visita del papa y las irregularidades y sobornos en el seno de Aena. Aún queda por conocer si se admite a trámite la petición de apartar al juez en esta última pieza.

Los cambios de magistrados en el tribunal que juzgará las distintas piezas de la trama Gürtel, como los papeles de Bárcenas, se produjeron a raíz de las nuevas propuestas de reparto y composición que formuló la magistrada María José Rodríguez Duplá, cuando llega a la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

Ello supuso dejar fuera del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP a dos de los tres magistrados que han celebrado la vista oral de la primera época de la trama Gürtel, Ángel Hurtado y Julio de Diego.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/07/la_audiencia_nacional_estudiara_si_aparta_juan_pablo_gonzalez_del_tribunal_que_juzgue_caja_del_pp_75000_1012.html

LA FISCALÍA PIDE APLICAR LA DOCTRINA BOTÍN AL PP Y LIBRARLO DEL CASO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

Es el primer partido político que se sienta en el banquillo como responsable penal. Los delitos: daños informáticos y encubrimiento.

La Fiscalía ha pedido exonerar al PP de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas ya que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso.

Para el ministerio público, se debe aplicar la doctrina Botín en este caso. Esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito.

Luis Bárcenas se retiró de la acusación por la destrucción de sus ordenadores, cuando fue quien presentó la querella en los juzgados de Madrid a la que se sumaron las acusaciones populares. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre.

En su escrito de conclusiones, el ministerio público expone que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por esta destrucción, por lo que ha desaparecido la acusación particular. Y considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger.

La Fiscalía entiende que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento con el que las acusaciones populares acusan al PP.

El PP será el primer partido político de la historia reciente que se siente en el banquillo como responsable penal por estos delitos, después de que en el año 2012 el gobierno de esta formación introdujera dicha figura jurídica en el Código Penal.

A pesar de la petición de la Fiscalía, las acusaciones populares han solicitado al juzgado de instrucción 32 que lleva este caso que el PP se siente en el banquillo por ambos delitos. Las acusaciones son Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori de Drets Humans.

Además, la Fiscalía sostiene que el delito de encubrimiento no es aplicable a una persona jurídica como es el PP, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.

Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

Cuando Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad e incluso aportó un pen drive “sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012”.

La Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores; no se ha podido acreditar que la información contenida en el pen drive procediera de los citados ordenadores; no se ha acreditado que dicha información fuera relevante paras la investigación del caso Gürtel que realizaba la Audiencia Nacional (Papeles de Bárcenas) y tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichos discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al extesorero o “a ninguna investigación judicial”.

Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

http://www.publico.es/politica/fiscalia-pide-aplicar-doctrina-botin-discos-duros-barcenas.html

UN JUZGADO IMPUTA A FRANCISCO CAMPS POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN 2006

Un juzgado ha imputado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por la visita del Papa a Valencia en 2006 en una causa abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. Unas irregularidades que él niega.

El procedimiento, diferente del caso Gürtel, afecta también a otros antiguos dirigentes del PP, como Juan Cotino y Víctor Campos, además de al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero.

La magistrada María del Carmen Cifuentes Polo, del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, investiga la llamada Fundación V Encuentro de las Familias, creada en 2005 para preparar la visita del papa Benedicto XVI, los actos litúrgicos y la recepción de los cientos de miles de visitantes católicos que se esperaban en la ciudad.

Durante la larga instrucción que desarrolló el juez José Ceres sobre los contratos de Canal 9 para retransmitir el encuentro, que será juzgada en la Audiencia Nacional con Cotino y los cabecillas de Gürtel como principales acusados, el magistrado descubrió que el fraude había sido presuntamente mucho mayor, y alcanzaba a buena parte de los contratos realizados por la Fundación V Encuentro de las Familias.

La entidad había sido constituida por el Arzobispado, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. La presidía Esteban Escudero, ahora obispo auxiliar de Valencia. Pero la mayor parte de su presupuesto, de 22 millones de euros, fue proporcionado por el Gobierno autonómico.

Un año duro para Camps

El año 2018 está siendo muy duro para Francisco Camps. A principios de enero, la juez Beatriz Sobremonde, del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, lo citó para declarar como imputado por la organización del conocido como Gran Premio de Fórmula 1 de Europa. Un interrogatorio fijado finalmente para el 18 de mayo.

Ese mismo mes, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, los cabecillas de la trama Gürtel y el ex número dos del PP en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa lo implicaron en los manejos de la caja b del partido. Camps, que nunca ha estado imputado por esos hechos, calificó de falsas las afirmaciones, pero la Fiscalía ha anunciado que cuando concluya el juicio estudiará si lo investiga.

El 7 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia le tomó declaración como investigado también por la Fórmula 1, pero en una causa judicial distinta de la anterior, relacionada con presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano.

Y este viernes se le ha abierto un último frente con la Fundación V Encuentro de la Familia. Camps ha manifestado tras conocer la noticia que él solo fue presidente de honor de la entidad y no tuvo relación con su gestión diaria.

El origen público de la mayoría de los fondos, que después se gastaron al margen de las normas de contratación de las Administraciones, está en la base de la investigación.

El juez Ceres detectó indicios de posibles irregularidades en ámbitos tan dispares como el diseño y montaje del escenario preparado para Joseph Ratzinger en el Jardín del Turia, la contratación de grupos teatrales y de cantantes, la compra de las señales instaladas para guiar a los peregrinos y el alquiler de miles de váteres portátiles. Observó, además, que las empresas acordaban hacer una “donación” del 20% del importe del contrato a favor de la fundación que las contrataba.

Al cerrar la instrucción de su pieza de Gürtel sobre la visita del Papa, Ceres, del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, remitió también a la Audiencia Nacional el resto de indicios, que fueron trasladados desde allí a los Juzgados de Valencia para que profundizaran en los hechos. De aquella decisión nace la nueva causa en la que está imputado Camps.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 5 indaga si parte de las adjudicaciones de la entidad se realizaron "sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública", ha indicado el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

En declaraciones a Efe, Camps ha mantenido este viernes que está "completamente seguro" de que en la fundación se hizo todo correctamente.

La juez ha imputado en total a 10 personas a instancias de la Fiscalía. Además de Camps y sus vicepresidentes Cotino y Campos, en la lista figuran Henar Molinero, que fue directora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Antonio Ramón Corbí, secretario del arzobispado, Enrique Pérez Boada, entonces presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, y Francisco Javier Jiménez, secretario general de la fundación.

La magistrada también ha pedido la elaboración de informes periciales a varios organismos y ha reclamado documentación a empresas y Administraciones.

https://elpais.com/elpais/2018/02/23/actualidad/1519388642_456920.html

DOS DE LOS TRES JUECES DE GÜRTEL QUIEREN CONDENAR AL PP Y ENCARCELAR A LA MUJER DE BÁRCENAS

La sentencia, en abril, también condenará a Ana Mato

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las adjudicaciones a la trama Gürtel entre 1990 y 2003 tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de abril y se inclina por condenar al PP y a la exministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo e imponer penas de cárcel a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas. Este fallo haría saltar por los aires el pacto que Génova alcanzó con su extesorero para que no tirara de la manta a cambio de un trato favorable para su mujer.

El pasado mes de julio, Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente de Gobierno en activo de la democracia en declarar como testigo ante un tribunal. En una decisión histórica, el tribunal había acordado, por dos votos (los de los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego) contra uno (el del presidente del tribunal, Ángel Hurtado), la declaración del presidente. Esta misma mayoría es la que, en estos momentos, se mantiene para resolver el juicio con una sentencia que no augura nada bueno para el PP.

Tanto De Prada como Hurtado pasaron a integrar el tribunal que juzga la primera época de Gürtel tras ser admitidas las recusaciones para apartar a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por su aparente afinidad ideológica al PP. Y ha sido el primero quien ha terminado dejando en minoría al segundo, pese a presidir el tribunal.

De Prada, izquierdista sin disimulo

De Prada es un magistrado de largo historial mediático labrado a base de votos particulares, el camino que la ley permite a los jueces para ir por libre y expresar su visión particular sobre cada asunto. Así, por ejemplo, en abril de 2011, justificó en un voto particular el chivatazo a ETA del caso Faisán por el “contexto político” en el que se produjo.

Pero De Prada no solo habla a través de sus decisiones jurídicas. También se prodiga en sus reflexiones públicas. En 2007 se pronunció críticamente contra el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por su interpretación de la Ley de Partidos. En su opinión, no ayudaban en el ‘proceso de paz’ que Zapatero había abierto con ETA. En los cursos del verano de 2014 de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el magistrado calificó de «altas y desproporcionadas» las condenas a los etarras.

De Prada defendió también la tesis del juez Baltasar Garzón de que los crímenes del franquismo “no eran prescriptibles ni amnistiables” y criticó su procesamiento por el Tribunal Supremo, que terminó tumbando todos los argumentos esgrimidos por Garzón.

De Prada se ganó a De Diego

Julio de Diego es, como el presidente del tribunal, afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el único que permanece en el tribunal desde su constitución. De forma sorprendente, decidió inclinar la balanza del tribunal del lado de De Prada después de haber rechazado en dos ocasiones previas la citación de Rajoy. Desde entonces, la nueva mayoría del tribunal de la Gürtel (De Prada-De Diego) se mantiene y, a día de hoy, así parece que llegará al momento de dictar sentencia.

De Diego y De Prada asumen la tesis de la Fiscalía de condenar al PP y a Ana Mato como partícipes de la trama de corrupción a título lucrativo. Según la Fiscalía, el PP tendrá que responder con 245.492 euros por favorecerse en la trama de corrupción investigada en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, al igual que a la ex ministra, a la que le acusa de haberse beneficiado de 28.467 euros en concepto de regalos y servicios turísticos del Ayuntamiento de Pozuelo.

Sin embargo, lo más relevante será las penas de cárcel para Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, con quien Génova alcanzó un pacto de silencio. La Fiscalía pidió para ella 24 años y un mes de prisión, pero ofreció una alternativa: asignar a su marido la titularidad de todas las rentas de 2006, por las cuales se acusa a Rosalía Iglesias de tres delitos fiscales. De esta manera, quedaría como cooperadora necesaria, si bien Bárcenas asumiría las penas de su mujer.

Como adelantó OKDIARIO, Bárcenas retiró la acusación contra el PP en el denominado ‘caso de los ordenadores’ para conseguir un mejor trato para su mujer en virtud de un acuerdo alcanzado con el partido mediante la intermediación del exdiputado Arturo García Tizón. En su declaración ante el tribunal, Bárcenas no implicó a ningún dirigente del PP en la financiación irregular del partido. Antes de retirarse como acusación, Bárcenas aseguró que en uno de los discos duros borrados había datos sobre los manejos de la caja b del partido (donantes, agendas de reunidos, recibos de pagos con la contabilidad paralela, etc).

Las penas de cárcel que los magistrados De Prada y De Diego preparan para su mujer abrirán nuevos horizontes en la tormentosa relación que el PP mantiene con su extesorero desde que la Gürtel se convirtió en una pesadilla de la que no termina de despertar el partido del Gobierno. El caso por la destrucción de los ordenadores, en el que el PP se sentará como acusado, tiene ya abierto el juicio oral. Y queda por dilucidar también el caso de la financiación irregular del PP, los llamados ‘papeles de Bárcenas’, en cuyo tribunal se mantiene el polémico De Prada.

https://okdiario.com/espana/2018/02/22/dos-tres-jueces-gurtel-quieren-condenar-pp-encarcelar-mujer-barcenas-1861184

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