CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY / CAJAS B

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NOTICIAS REAPERTURA PS 22510/13 CAJA B PP
NOTICIAS PS 1-2-6. FINANCIACIÓN PPCV Y ORANGE MARKET

INDICE

LOS INTENTOS DEL PP PARA TORPEDEAR EL ‘CASO GÜRTEL’

LA TRAYECTORIA DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTA A QUE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LA GRABACIÓN DE VILLAREJO SERÁ UN CARTUCHO MOJADO

UN ALCALDE CONDENADO POR 'GÜRTEL' PIDE SU EXCARCELACIÓN POR LAS ESCUCHAS DE VILLAREJO

CONDENADOS POR GÜRTEL ANUNCIAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LAS REVELACIONES DE VILLAREJO

EL ‘NÚMERO DOS’ DE GÜRTEL RECLAMA REFORZAR LA SEGURIDAD DE VILLAREJO

COSPEDAL JUSTIFICA EL ENCARGO A VILLAREJO DE UN DOSIER SOBRE ARENAS: “CUMPLÍA CON MI OBLIGACIÓN”

COSPEDAL ENCARGÓ A VILLAREJO INVESTIGAR A ARENAS

VILLAREJO DESVELÓ A COSPEDAL QUE HABÍA UN TOPO DE LA POLICÍA EN GÉNOVA

EL PP NO TIENE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS A VILLAREJO Y REMITE A COSPEDAL

COSPEDAL Y SU MARIDO OFRECIERON A VILLAREJO HACER “TRABAJOS PUNTUALES” EN SU CITA EN GÉNOVA

JUECES Y FISCALES: "COSPEDAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR" LOS SECRETOS REVELADOS POR VILLAREJO

COSPEDAL SE REUNIÓ EN SECRETO CON VILLAREJO EN SU DESPACHO DE GÉNOVA

LOS AUDIOS DE VILLAREJO LLEVAN A UNA DE LAS ACUSACIONES A PEDIR QUE EL MARIDO DE COSPEDAL DECLARE POR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

COSPEDAL ADMITE QUE VILLAREJO INFORMÓ A SU MARIDO DE INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN QUE AFECTABAN AL PP

LAS AMISTADES PELIGROSAS DE VILLAREJO CON EL MARIDO DE COSPEDAL POR EL CASO GÜRTEL

VILLAREJO: “COSPEDAL ME LLAMÓ POR SU PELEA A MUERTE CON LA ‘PEQUEÑITA”

EL PP CREE QUE LA SENTENCIA DE GÜRTEL VULNERA SU HONOR Y RECLAMA UN NUEVO JUICIO

EL PP RESPONSABILIZA ANTE EL SUPREMO AL JUEZ DE PRADA DE HABER AYUDADO AL CAMBIO DE GOBIERNO CON SU CONDENA EN 'GÜRTEL'

LA FISCALÍA PEDIRÁ ENDURECER LAS PENAS DE LA SENTENCIA DE GÜRTEL QUE TUMBÓ A RAJOY

EL PP FALLA EN SU INTENTO DE QUE LA AUDIENCIA RECTIFIQUE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y RECURRE AL SUPREMO

BÁRCENAS SEGUIRÁ EN LA CÁRCEL POR SU "ELEVADO RIESGO DE FUGA"

BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019

EL JUEZ QUE SE OPUSO A DECLARAR AL PP BENEFICIARIO DE LA 'GÜRTEL' Y QUE DEBÍA JUZGAR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' PIDE SU TRASLADO

EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ENCARGADA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' ESPERA JUZGAR LA PRESUNTA REFORMA 'EN B' DE LA SEDE DEL PP

EL CONSERVADOR FERMÍN ECHARRI, ÚLTIMA INCORPORACIÓN AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

VÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

LA AUDIENCIA PROTEGE A RICARDO COSTA ANTE LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR COLABORAR

EL ‘NÚMERO DOS’ DE CAMPS APUNTA A GÉNOVA POR LA CAJA B

RICARDO COSTA DENUNCIA ANTE EL JUEZ AMENAZAS DESDE QUE HABLÓ DE LA CONTABILIDAD B EN EL PP

VICENTE COTINO SE NIEGA A DECLARAR EN LA CAUSA DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

EL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO

35. EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

EL JUICIO SOBRE LA PIEZA AENA DEL CASO GÜRTEL YA TIENE FECHA

EL NÚMERO DOS DE 'GÜRTEL': "CREO QUE AGUIRRE SÍ SABÍA LO QUE PASABA EN FUNDESCAM"

ANA GARRIDO, DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL, GANA UN PREMIO ANTICORRUPCIÓN

EL DIPUTADO QUE DESCUBRIÓ LA TRAMA GÜRTEL CUATRO AÑOS ANTES DE QUE GARZÓN LA DESARTICULARA

UN TESTIGO RATIFICA ANTE EL JUEZ EL PAGO DE COMISIONES QUE DENUNCIÓ COSTA

EL IMPERIO MEDIÁTICO DE ULIBARRI OCULTA SU DETENCIÓN Y LA 'OPERACIÓN ENREDADERA' | ELPLURAL.COM

JOSÉ LUIS ULIBARRI: UN PODER FÁCTICO EN MANOS DEL PODER JUDICIAL

ULIBARRI CAE OTRA VEZ NUEVE AÑOS DESPUÉS DE SABERSE QUE ERA UNO DE LOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS POR 'GÜRTEL'

EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL RECURSO DEL MAGISTRADO JOSÉ RICARDO DE PRADA CONTRA LA NO INCLUSIÓN DE SU CANDIDATURA A VOCAL DEL CGPJ

EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y BLOQUEA ASÍ SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES

DURAS ACUSACIONES DEL JUEZ PROGRESISTA DE LA GÜRTEL CONTRA EL CGPJ

EL PODER JUDICIAL RECHAZA LA VUELTA DEL JUEZ DE GURTEL A LA AUDIENCIA NACIONAL POR NO ACREDITAR SU CESE EN LA HAYA

EL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' PIDE SU REINGRESO PARA QUE EL SUPREMO NO LE CIERRE EL PASO HACIA EL PODER JUDICIAL

EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'GÜRTEL' A QUIEN EL PP ACUSÓ DE ESTAR EN SINTONÍA CON LOS PROETARRAS

LAS ASOCIACIONES JUDICIALES PIDEN AL CGPJ QUE DEFIENDA A LOS MAGISTRADOS TRAS LOS ATAQUES DEL PP

EL PP PIDE EN EL CONGRESO QUE EL CGPJ VIGILE E INVESTIGUE A LOS JUECES ENCARGADOS DE SUS CASOS 'GÜRTEL' Y 'BÁRCENAS'

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GÜRTEL SALVA AL JUEZ DENUNCIADO POR DORMIRSE: DICE QUE NO LE VIO

PRIMERA SENTENCIA FIRME DE LA 'GÜRTEL': EL SUPREMO CONFIRMA LAS PENAS DE HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN POR AMAÑOS EN FITUR

LA AUDIENCIA NACIONAL RECUSA AL JUEZ DE LA CAJA B, GONZÁLEZ, POR SU AFINIDAD AL PP

REBAJA EN LA PETICIÓN DE PENAS PARA CORREA Y COSTA POR CONFESAR LA FINANCIACIÓN DEL PP PERO INSUFICIENTE PARA ELUDIR LA CÁRCEL

LA CONDENA AL PP POR LUCRARSE CON LA GÜRTEL QUIEBRA AL TRIBUNAL

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL AFLORA DISCREPANCIAS QUE PRONOSTICAN UN FALLO DURO PARA EL PP

EL PP TEME UNA VENGANZA DE BÁRCENAS SI EL INMINENTE FALLO DE LA GÜRTEL ENVÍA A SU MUJER A PRISIÓN

FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

EL MAGISTRADO PROGRESISTA JOSÉ RICARDO DE PRADA ABANDONA EL ‘CASO GÜRTEL’ Y SE VA A LA HAYA

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"

CAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES

LA FISCALÍA DEL SUPREMO MANTIENE LAS PENAS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL EN EL CASO FITUR

DOS APUNTES EN LA CONTABILIDAD B DEL PP 'PERSIGUEN' DESDE 2013 AL MARIDO DE COSPEDAL

CINCO AÑOS DE LA “QUERELLA BÁRCENAS” Y 1.826 DÍAS DE AMENAZAS DEL PP

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIARÁ SI APARTA A JUAN PABLO GONZÁLEZ DEL TRIBUNAL QUE JUZGUE LA CAJA B DEL PP

LA FISCALÍA PIDE APLICAR LA DOCTRINA BOTÍN AL PP Y LIBRARLO DEL CASO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

UN JUZGADO IMPUTA A FRANCISCO CAMPS POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN 2006

DOS DE LOS TRES JUECES DE GÜRTEL QUIEREN CONDENAR AL PP Y ENCARCELAR A LA MUJER DE BÁRCENAS



01. LOS INTENTOS DEL PP PARA TORPEDEAR EL ‘CASO GÜRTEL’

Los populares trataron repetidas veces de impedir que se investigase la red de corrupción que envolvía al partido

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se encuentra en el ojo de la tormenta política. En unas conversaciones grabadas en 2009 y hechas públicas esta semana, el policía retirado y actualmente encarcelado, José Manuel Villarejo, adelanta a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, detalles de operaciones policiales relacionadas con el caso Gürtel—una extensa red de corrupción tejida en torno del PP durante años—. No es la primera vez que al partido de Mariano Rajoy se le acusa de haber entorpecido o torpedeado la investigación.

Ataques al juez, fiscales y policías. Cinco días después de las primeras detenciones por el caso Gürtel, el por entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, lanzó una primera acusación: “Nunca, ni con el Gobierno de Suárez, González o Aznar se hizo un uso tan partidista de la Fiscalía”. El ataque continuó, 24 horas después, con la recusación al juez instructor, Baltasar Garzón, por supuesta enemistad. El problema no era la corrupción que golpeaba a muchos dirigentes del PP, sino quienes investigaban el caso.

Un testigo crucial, despedido de su empresa. José Tomás, jefe de ventas en una tienda de ropa a la que acudía con frecuencia la trama corrupta, declaró ante Garzón el 11 de marzo de 2009. La red Gürtel, según contó a EL PAÍS cuatro días después, regalaba trajes al presidente valenciano Francisco Camps. La administración que presidía Camps adjudicó a la trama corrupta decenas de contratos a dedo o amañados. El exministro Federico Trillo, autor intelectual de la defensa jurídica del PP en el caso Gürtel, visitó el 17 de marzo al dueño de la tienda donde trabajaba Tomás. Después, lanzó una campaña de desprestigio contra el vendedor de ropa: “Ni es testigo ni es sastre, está imputado por falsedad y estafa y ha sido despedido disciplinariamente de la empresa para la que trabaja”. Los compañeros firmaron una declaración contra José Tomás. Uno de esos empleados contó más tarde que le amenazaron con perder el trabajo si no firmaba. José Tomás recurrió su despido. Los tribunales le dieron la razón y obligaron a la empresa a indemnizarle.

El topo Villarejo entra en acción. El comisario José Manuel Villarejo era un viejo amigo de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. El agente entró por el garaje de Génova, 13, sede central del PP, en la tarde del 21 de julio de 2009. Durante hora y media, conversó con López del Hierro y Cospedal. Villarejo, que grabó toda la reunión, ofreció detalles del caso que tanto daña al PP. Durante las siguientes semanas, Villarejo avisó al marido de la dirigente popular de registros policiales y de investigaciones que afectan a cargos del PP.

El primer archivo a Camps. Villarejo presumía en septiembre de 2009 de que habían retrasado un informe policial sobre pagos en b que acreditaría el trato de favor a la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP valenciano. El informe llegó el 31 de julio de 2009 al Tribunal Superior, pero los magistrados no lo tienen en cuenta el 3 de agosto cuando archivan la causa abierta a Camps por cohecho impropio. El recurso ante el Supremo de la Fiscalía reabre la causa. Camps resulta absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro).

Bárcenas pidió la baja, y dejó su escaño, pero siguió a sueldo del PP. El tesorero pidió la baja en el partido y dejó su escaño en el Senado en abril de 2010. Pero el PP, por indicación de Rajoy, le mantuvo el sueldo (uno de los más altos de la organización), la secretaria y el coche con chófer. La causa donde estaba imputado pasa del Supremo al Tribunal Superior de Madrid. El juez instructor era Antonio Pedreira. Un exdiputado del PP, Jorge Trías, abogado, conoce al magistrado y retomó ese contacto. Bárcenas se acercó a Trías y albergó esperanzas de que su causa acabe archivada.

Bárcenas, desimputado. El 29 de julio de 2011, el juez Pedreira archivó la causa contra Bárcenas por “falta de indicios sólidos”. El magistrado comunicó su decisión el 1 de septiembre cuando aún no había llegado de Suiza la información reclamada sobre cuentas del tesorero en ese país. Trillo acusa a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, de ser “director del montaje”, pide el cese de Juan Antonio González, el jefe policial que dirigía la investigación y cargó contra las dos fiscales —Concepción Sabadell y Miriam Segura— encargadas del caso. El PP ganó las elecciones dos meses después y recuperó el Gobierno.

El Gobierno del PP destituyó al jefe policial que investiga el caso Gürtel. Enero de 2012. Juan Antonio González tenía una brillante hoja de servicios contra el crimen. Dirigía la investigación del caso Gürtel desde agosto de 2008 como comisario jefe de Policía Judicial. Cuando el PP recuperó el poder en diciembre de 2011, tardó unos días en destituirlo. “En enero me llamó el señor Cosidó [entonces director general de la Policía, hoy portavoz del PP en el Senado] a su despacho y me dijo que me cesa porque no tengo su confianza (…) El señor Cosidó dijo en el Congreso que yo era el policía de Rubalcaba, que si hacía las pruebas preconstituidas… Después de oírle decir esas cosas, algo tendría que ver, pero no lo sé”, explicó González en la comisión de investigación correspondiente del Congreso, ya en noviembre de 2017. Manuel Morocho, inspector que investigó el caso, afirmó que el PP pretendió “desestabilizar la investigación” y presentó “siete denuncias” contra los policías encargados del caso; todas fueron rechazadas.

Presiones al ministro para cambiar a las dos fiscales. Rajoy nombró ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien a su vez eligió como fiscal general a Eduardo Torres-Dulce. Ambos recibieron llamadas de dirigentes del PP molestos con las dos fiscales, Miriam Segura y Concepción Sabadell, que investigan el caso desde 2008. Anticorrupción recurrió el archivo de la causa contra Camps y se reabrió el proceso. Ahora recurrió la desimputación de Bárcenas y el caso resucita el 15 de marzo de 2012. El ministro Gallardón recibió mensajes de su partido para que cambie a las fiscales anticorrupción. Pero no puede. El escándalo sería mayúsculo. Bárcenas se quejó al entorno de Gallardón e intentó, sin éxito, hablar con el ministro. Ni Gallardón ni Torres-Dulce cedieron a las presiones. El proceso siguió.

El PP demanda a EL PAÍS por publicar la caja b. La publicación en EL PAÍS de la caja b del PP el 31 de enero de 2013 desencadenó una reacción similar a la que produjo la desarticulación de la trama Gürtel por Garzón. En aquella ocasión, el PP se querelló contra el juez. Ahora, el PP demanda en marzo de 2013 a EL PAÍS por una supuesta “vulneración del derecho al honor”. El PP llama a Bárcenas para exigirle que haga un desmentido. El tesorero acepta: “Esos manuscritos son una chapuza, es un libro de tenderos, un colmado del siglo pasado, no hay quien se lo crea”. Solo cuatro meses después, Bárcenas confiesa al juez que los papeles son suyos y ciertos: reflejan el funcionamiento de una caja b desde 1990 hasta 2009. El PP retira su demanda contra EL PAÍS.

El PP, expulsado por mala fe procesal. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decide expulsar al partido de la causa el 23 de abril de 2013. Sugiere que ha existido mala fe procesal del PP para tapar esa corrupción. Mientras desempeñaba la función de acusador popular, el PP defendía la inocencia de Bárcenas “negando los múltiples indicios de criminalidad que pesaban sobre el tesorero por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales”, según Ruz.

Borrado y destrucción de los discos duros de Bárcenas. Entre mayo y junio de 2013, el PP borró y destruyó los discos duros de los dos ordenadores que usaba Bárcenas. El 19 de agosto, los dirigentes populares entregan al juez los ordenadores de Bárcenas, inservibles para la investigación. Uno, de marca Toshiba, carece de disco duro. El otro, Apple, guarda, según Bárcenas, algunos datos clave para la investigación. El disco duro de ese ordenador ha sido borrado a conciencia. “[El abogado y la tesorera del PP] acordaron la destrucción física de los discos duros con aplicación de técnicas drásticas”, escribió la instructora del caso. Nueve años después, el Estado de derecho sobrevive a casi todos los obstáculos y ha vencido de momento a las cloacas del PP que intentaron tumbar el caso Gürtel.

https://elpais.com/politica/2018/11/03/actualidad/1541274944_119696.html

02. LA TRAYECTORIA DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTA A QUE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LA GRABACIÓN DE VILLAREJO SERÁ UN CARTUCHO MOJADO

El comisario, en prisión desde noviembre, se grabó a sí mismo asegurando que había "preparado" el caso con el juez un día antes de la apertura de diligencias

El auto que dio inicio a las pesquisas lleva fecha del 6 de agosto de 2008, dos días después de la denuncia formulada por Anticorrupción tras la denuncia que en noviembre de 2007 ya había efectuado el arrepentido José Luis Peñas

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción y chantaje, ha facilitado a los condenados del caso Gürtel una carta que ciertas defensas presumen ganadora y que otras cualificadas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran abocada de antemano al fracaso. Esa baza es el audio donde se oye cómo Villarejo –supuesto autor de la grabación y consciente, por tanto, de que sus palabras quedarían almacenadas– asegura que él mismo y otros policías se reunieron con Baltasar Garzón en agosto de 2008 para "preparar" el caso Gürtel un día antes de que el entonces juez de instrucción 5 de la Audiencia Nacional dictara el auto de apertura de diligencias.

Tomando como base ese audio, al menos el abogado de Pablo Crespo, lugarteniente de la trama, y el del exalcalde del PP Guillermo Ortega se preparan ya para interponer una querella contra Baltasar Garzón. Lograr la nulidad de la causa, en la que sus clientes han sido sentenciados a 37 y 38 años de cárcel respectivamente, vuelve a ser el leitmotiv que les guía. Durán llegó a deslizar en una entrevista radiofónica y en una información publicada este martes por elindependiente.com que "hay materia" para que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional investigue cómo se incoaron estas diligencias previas. Según el abogado, “la grabación de Villarejo corrobora que Garzón se apropió espuriamente del caso”.

"No veo esa posibilidad", responde una cualificada fuente de la Audiencia que tampoco cree factible que el audio de Villarejo ofrezca elementos de consistencia para que el Tribunal Supremo anule la causa. "Incluso en la lejana hipótesis de que el tribunal apreciase que hace diez años hubo un error o un vicio en el reparto, la sentencia contiene argumentos muy sólidos y no parece que esto pudiera ser motivo de nulidad". "Y el Supremo –tercia otra fuente conocedora del caso y ajena a la Audiencia– ha sido ya tan claro al confirmar la sentencia del caso Fitur [la primera pieza del tronco Gürtel que fue a juicio] y avalar las grabaciones y toda la instrucción que muy, muy difícilmente puede provocar un vuelco el audio de Villarejo".

Supuestamente –el audio está pendiente de análisis por los investigadores del caso Villarejo–, el excomisario hizo esa afirmación durante el almuerzo de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo, aquel en que participaron Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado,. Pero –dice moncloa.com– el policía abordó ese tema cuando el entonces juez y la entonces fiscal ya se habían ido.

Ni la grabación ni la web que la publicó hacen mención a la cronología de los hechos documentados que marcaron el arranque del caso Gürtel: el auto de apertura lleva fecha de 6 de agosto de 2008 [puedes consultarlo pinchando aquí] y se sustenta en la denuncia interpuesta dos días antes por la Fiscalía Anticorrupción [puedes leerla aquí] . A su vez, esa denuncia de la Fiscalía tuvo su origen en la declaración que, el 6 de noviembre de 2007, ya había prestado ante la Policía el exedil del PP José Luis Peñas [puedes verla pulsando aquí], el hombre que grabó en secreto a Francisco Correa y destapó así los entresijos de la trama.

Fuentes de las defensas han asegurado a infoLibre que "no descartan" presentar su querella contra Garzón ante el Supremo ante la posibilidad de que "algún aforado estuviera concernido". ¿Quién y por qué? Las fuentes callan y no dan ninguna explicación.

Garzón fue inhabilitado como juez en 2012 por el Tribunal Supremo tras la denuncia del abogado de uno de los principales empresarios implicados en la trama corrupta, José Luis Ulibarri, ahora protagonista estelar del caso Enredadera. El Supremo dictaminó que el primer instructor de Gürtel había prevaricado al interceptar conversaciones mantenidas en prisión por los principales cabecillas de la red y sus abogados. Las escuchas fueron luego prorrogadas por el segundo instructor de la causa, el ya fallecido Antonio Pedreira. Ninguno de los imputados emprendió acciones legales contra Pedreira.

Las escuchas de Villarejo amenazan con derivar en una cascada de denuncias cruzadas. Garzón ya ha anunciado sendas querellas contra el medio que las lanzó, la ya citada web moncloa.com, y contra elconfidencial.com.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/05/la_trayectoria_del_caso_gurtel_apunta_que_querella_contra_garzon_por_grabacion_villarejo_sera_cartucho_mojado_87418_1012.html

03. UN ALCALDE CONDENADO POR 'GÜRTEL' PIDE SU EXCARCELACIÓN POR LAS ESCUCHAS DE VILLAREJO

El ex alcalde popular de Majadahonda Guillermo Ortega ha solicitado a la Audiencia Nacional quedar en libertad de inmediato como consecuencia de las grabaciones del primer instructor de la causa con el comisario José Manuel Villarejo conocidas recientemente. Ortega ha remitido un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que destaca que «han aparecido más y nuevos indicios solventes -ya denunciados en fase de instrucción y juicio oral- respecto de la nulidad de todo lo actuado por el magistrado Baltasar Garzón». «Garzón presuntamente urdió, previamente a recibir la querella proveniente de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de agosto de 2008, con la Fiscalía y altos mandos policiales la forma y manera de construir una causa penal contra el PP, utilizando para ello las relaciones de este partido político con las empresas de Francisco Correa».Cabe recordar que en las nuevas grabaciones difundidas por Moncloa.com queda constancia de una reunión mantenida días antes de que se iniciara el procedimiento de Gürtel con Garzón, Villarejo, el ex jefe de la UdefJosé Luis Olivera y Juan Antonio González, ex comisario general de Información, para preparar el caso. «En el 2008 comimos Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual», señala Villarejo en el citado audio.

Baltasar Garzón, sobre Villarejo: "Yo de ti me fío, coño, eres un profesional"

En ese momento Garzón se encontraba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 y fue el instructor del caso Gürtel. El letrado de Ortega, Marcos Molinero, arguye que su cliente, condenado a 38 años y tres meses de prisión, «no ha tenido ni un proceso ni un juicio justo». En este sentido subraya que la preparación del caso Gürtel, antes de que Garzón fuera designado oficialmente el juez instructor, vulnera «el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen al juez ordinario predeterminado por la ley». «Lo que, en este caso, en síntesis significa que un juez no puede hacerse cargo de una investigación si no le es encomendada conforme a las reglas de reparto establecidas». «Con ello se persigue evitar que los jueces se hagan cargo de investigaciones siguiendo un interés personal o de terceros que buscan en ese juez un trato de favor prevaricador para la investigación del asunto del que se hace cargo».«Las grabaciones de Villarejo vienen a abundar en lo que llevamos denunciando los abogados hace años: Garzón, con la colaboración de la cúpula policial de la época, siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió la instrucción de la Gürtel para garantizar un golpe contra el PP».

http://www.elmundo.es/espana/2018/10/03/5bb3c4c3e2704ed59e8b45df.html

04. CONDENADOS POR GÜRTEL ANUNCIAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LAS REVELACIONES DE VILLAREJO

Los defensores consideran que el exjuez pudo prevaricar al 'cocinar' el asunto, antes de ser competente, con el comisario como agente encubierto y con colaboradores de Rubalcaba.

Villarejo se jactó de que "preparó" el 'caso Gürtel' con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba

Defensores de condenados del caso Gürtel estudian la presentación de una querella contra Baltasar Garzón tras conocerse el contenido de una grabación en la que el comisario José Villarejo, hoy en prisión, revela que "preparó" el arranque de ese procedimiento judicial con el exjuez y con Juan Antonio González, policía de la confianza del entonces ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Comimos Balta, Juan Antonio, el Oli [José Luis Olivera, jefe de la Udef] y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto [de 2008], o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema", se oye decir a Villarejo en esa grabación, al final de una comida celebrada en octubre de 2009 y en la que participaron la fiscal Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, y el propio Garzón.

Estos últimos ya se habían marchado cuando Villarejo habla de Gürtel con el entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, y dos mandos policiales adjuntos al DAO, Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, y Gabriel Fuentes.

Villarejo relató que en esa comida de agosto de 2008 con Garzón, González y Olivera "me dijo Juan Antonio: 'muy importante que tú le cuentes todo el tema de (ininteligible) al juez, porque es muy importante, porque ahora mismo es un hombre muy importante para este país, no sé qué y cuál'. Y le digo: 'macho, a mi no me cuentes nada, que yo siempre [Garzón] me ha caído de puta madre".

La intervención de Villarejo en el origen del caso Gürtel era desconocida hasta ahora y la grabación no desvela en qué consistió. Pero sí pone de manifiesto que la información "muy importante" en poder del agente encubierto era un hecho conocido por Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial y uno de los principales colaboradores de Rubalcaba.

De la estrecha relación entre el que era ministro del Interior cuando se inició el caso Gürtel y el comisario González da fe la vehemente defensa pública que Rubalcaba hizo del mando policial cuando éste atravesaba uno de sus peores momentos, tras aparecer en el caso Malaya unas anotaciones de Juan Antonio Roca en las que consignó un pago de 200.000 euros a favor de J.A.G. "No es que exista presunción de inocencia [a favor de Juan Antonio González], es que hay inocencia", dijo Rubalcaba.

"Fíate de González"

En la grabación también se escucha decir a Villarejo que durante la comida de agosto de 2008 Baltasar Garzón le cogió en un aparte y le dijo que de él se fiaba pero de Juan Antonio González no.

"Y, entonces, en un aparte y no sé qué me dijo, Balta me dijo 'yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras y tal cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos'. ¡Coño, no me jodas! 'No, no, hombre, no es así, tal'. Y dice 'nooo, no, además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual', dice 'pero no me fío de Juan Antonio'. Me lo dijo, ¿eh? Me dijo. 'Y ¿por qué?' 'Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice: ''fíate de él y tal y cual'. Y me dice 'porque tu amigo Alfredo…'. 'Yo no conozco a Alfredo'. Y dice '¿serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!'. Y yo 'no le conozco'. Y él 'así me gusta, así me gusta, que lo niegues'".

Los defensores de los condenados del caso Gürtel consideran que esa grabación, adelantada por el web Moncloa.com, "confirma las sospechas que siempre hemos tenido sobre la irregular asunción de la competencia del caso Gürtel por Garzón", afirma el letrado Miguel Durán, que representa a Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa.

Los letrados creen que las relevaciones de Villarejo ponen de manifiesto que este comisario estuvo en el origen del procedimiento y aportó información relevante, hecho que fue ocultado a las defensas y que no consta en las diligencias.

También ponen en evidencia, aseguran, que Garzón estuvo al corriente del caso antes de asumir formalmente la competencia, lo que se produjo el 6 de agosto de 2008, cuando abrió diligencias previas. Los letrados creen que Garzón "se quedó con el caso Gürtel" por una irregular aplicación de las normas de reparto de la Audiencia Nacional.

Además, esa "preparación" del caso antes de haber asumido la competencia se hizo con mandos policiales de la confianza de un ministro del PSOE, adversario político de los dirigentes del PP contra los que a la postre se dirigió el procedimiento. Más aún, a tenor de la grabación, Garzón y Rubalcaba habrían tenido conversaciones extraprocesales sobre el caso Gürtel, lo que hasta ahora no se conocía.

Para las defensas, estos datos "deben ser investigados por un juez para saber si configuran un escenario de prevaricación en el origen del caso Gürtel".

Este procedimiento judicial, que ha acabado provocando la pérdida del Gobierno para el PP, fue sentenciado el pasado 24 de mayo por la Audiencia Nacional, que condenó a 29 de los 37 acusados. La sentencia fue durísima para el PP, ya que declaró la existencia de una trama de "corrupción institucional" en el partido y su financiación ilegal a través de una caja B.

El proceso se encuentra ahora pendiente de que la Sala Penal del Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos contra el fallo de la primera instancia, y los defensores pretenden encontrar en la grabación de Villarejo y en otros incidentes -como el de la denuncia interpuesta contra el magistrado Julio de Diego y en la que se asegura que se durmió con frecuencia durante la vista oral- una apoyatura para lograr la nulidad de la condena.

El fantasma que persigue a Garzón

El caso Gürtel ya supuso la tumba de Garzón en 2012, cuando, por unanimidad, el Tribunal Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por escuchar ilegalmente las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados y sus abogados, accediendo así de manera ilícita y contraria a la Constitución al conocimiento de sus estrategias de defensa. La condena supuso la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de Garzón contra el fallo del Tribunal Supremo. El TC rechazó la impugnación del exjuez por la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho constitucional tutelable en amparo", mientras que el TEDH declaró su demanda inadmisible.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181001/condenados-gurtel-anuncian-querella-garzon-revelaciones-villarejo/342215839_0.html

05. EL ‘NÚMERO DOS’ DE GÜRTEL RECLAMA REFORZAR LA SEGURIDAD DE VILLAREJO

Pablo Crespo se querella contra Baltasar Garzón por el contenido de uno de los audios del comisario y solicita asegurar "la integridad física" del policía jubilado en prisión

Pablo Crespo, condenado como número dos de la trama Gürtel, ha presentado este lunes en los Juzgados de plaza de Castilla (Madrid) una querella por prevaricación judicial contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor del caso de corrupción. El antiguo dirigente del PP gallego considera que uno de los audios grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, conocido recientemente, revela graves irregularidades en el inicio de la investigación que supuso su ingreso en prisión. En su escrito, Crespo solicita que se refuercen las medidas para asegurar la "integridad física" de Villarejo mientras continúe recluido en la prisión de Estremera (Madrid), donde entró el pasado noviembre como cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operación Tándem.

El considerado lugarteniente de Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, entiende que el audio de las conversaciones mantenidas en un restaurante de Madrid en 2009 entre Villarejo y diferentes interlocutores —entre ellos el propio Garzón y la entonces fiscal de la Audiencia Nacional y hoy ministra de Justicia Dolores Delgado— "ponen de manifiesto una presunta confabulación instrumentada por el exmagistrado" junto a diversos altos mandos de la Policía para iniciar la investigación "con la finalidad de perjudicar al Partido Popular". Crespo considera que el hoy exjuez "amañó presuntamente todas las circunstancias que estuvieron a su alcance, para poder hacerse con el caso Gürtel y convertirse así en el juez instructor. Hay indicios que determinan que el querellado, entonces magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción 5, pudo confabular y canalizar judicialmente un complot que arrancaría procesalmente con su auto del 6 de agosto de 2008", añade.

Por todo ello, reclama que se admita a trámite la querella y se tome declaración como investigado a Garzón. También pide que acudan al juzgado como testigos el policía jubilado y otros tres comisarios que, según los audios, participaron en aquella comida de 2009: Juan Antonio González —entonces comisario general de Policía Judicial—, José Luis Olivera —máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)— y Gabriel Fuentes —entonces adscrito a la cúpula de la Dirección General de la Policía—. Además, pide que se incorporen como documentación un auto del sumario del caso Gürtel y el audio de la conversación entre todos ellos.

Como último punto de su querella, el abogado defensor de Pablo Crespo destaca "la especial situación de vulnerabilidad" de Villarejo dentro de la cárcel y reclama que la justicia reclame al centro penitenciario "que se adopten cuantas medidas sean necesarias para asegurar y, en su caso, reforzar la integridad física del testigo". Como argumento, esgrime "la extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados" y que, en su opinión, "pueden afectar a la propia estructura y funcionamiento de las instituciones del Estado". También, "el hecho notorio" de que el comisario jubilado aún posee "información relevante de personas de interés público" que la querella no concreta.

https://elpais.com/politica/2018/10/08/actualidad/1539020825_011262.html

06. COSPEDAL JUSTIFICA EL ENCARGO A VILLAREJO DE UN DOSIER SOBRE ARENAS: “CUMPLÍA CON MI OBLIGACIÓN”

La ex secretaria general del PP preguntó al comisario jubilado por la relación del político andaluz con Bárcenas

Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, encargó al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, elaborar un dosier sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir y en la que también participaban el extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote.

López del Hierro le pide recopilar "todo lo que pudiera averiguar" Villarejo en un trabajo que sería "pagado". "Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos", asegura el empresario sobre los gastos para "indagar" la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote, según los últimos audios publicados por moncloa.com. "Arenas... está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB [Luis Bárcenas] a muerte, pero a muerte", se escucha decir al comisario jubilado en una primera conversación con López del Hierro, quien insiste sobre el exministro: "La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote...".

La ex secretaria general del PP ha asegurado este viernes en la cadena Cope que ella cumplía con su “obligación” cuando pidió información sobre Arenas en la reunión que mantuvo con Villarejo. “Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. No sé si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenía la obligación de recabar información”, ha explicado Cospedal. La ex secretaria general de los populares ha asegurado que "no se le llegó a pagar dinero”. Al ser preguntada sobre si consideraba que dicha reunión fue correcta, Cospedal se ha defendido insistiendo en que “no hubo ningún pago ni tampoco ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. Esta persona tenía una agencia de investigación autorizada por la policía”, ha afirmado. La exministra de Defensa también ha asegurado que se siente respaldada por el líder del PP, Pablo Casado.

Villarejo, que está acusado de encabezar una red de corrupción policial que elaboraba informes confidenciales para extorsionar a empresarios y políticos, aseguró en la conversación que no iba a cobrarle al PP por esta investigación. "Cómo le voy a cobrar al partido", señala el comisario, ahora encarcelado, en las grabaciones. Este, ante la insistencia del marido de la diputada popular, sugiere que le consiga otros trabajos o pagos de empresarios. "Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, en un momento determinado digáis: "Oye, contratad a este que es de confianza". Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que...", se puede escuchar a Villarejo en las grabaciones.

Este encargo llegó después de que en una grabación previa, publicada también este viernes, se escuche como en la reunión mantenida entre los tres en 2009 (Cospedal, López del Hierro y Villarejo), el comisario jubilado comenta a la dirigente del PP que el nombre de Arenas aparece en la investigación del caso Gürtel. Villarejo asegura que negocios de Bárcenas están "muy acreditados" con Arenas y le cuenta a Cospedal que el nombre del dirigente andaluz aparece en "anotaciones y en pagos". Villarejo explica a Cospedal que "hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con..., momento en el que la exdirigente popular apunta: "Galeote". Arenas ocupó la presidencia de la Fundación de Estudios Europeos antes de cederle el testigo a Jaime Mayor Oreja. A mediados de 2009, cuando se grabaron los audios, la vicepresidencia de esta entidad la ocupaba Galeote mientras que el puesto de tesorero recaía en Bárcenas.

El presidente del PP, Pablo Casado, que esta mañana ha estado en un acto del partido en Málaga no ha querido pronunciarse sobre las nuevas revelaciones de los encuentros entre Cospedal, su marido y Villarejo, informa Nacho Sánchez. El jueves, en Huelva, se refirió por primera vez a las grabaciones y marcó distancias con la exministra de Defensa. Tras sostener que la antigua dirigente popular había dado explicaciones y que "no había mentido", en referencia al caso de los audios entre el excomisario y la ministra de Justicia Dolores Delgado, aseguró que su "único compromiso era con los afiliados" que le apoyaron para dirigir a la formación. Casado también se mostró seguro ante la posibilidad de que aparecieran nuevas informaciones sobre los contactos entre Cospedal y Villarejo, como así ha sucedido. "Desde la dirección nacional no hay nada que ocultar ni que temer por ninguna revelación que se pueda hacer. No estoy seguro de que otros partidos puedan decir lo mismo", zanjó.

Esta semana también se conoció que Cospedal y López del Hierro ofrecieron al policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. A cambio, Villarejo pidió que le pagaran esos posibles trabajos y, sobre todo, hizo hincapié en que la relación entre ellos se mantuviera discreta, algo que Cospedal le garantizó. La filtración de estos audios ha provocado que la actual dirección del partido muestra un tibio apoyo a la ex secretaria general del partido. Varios dirigentes populares opinan que el escándalo "se veía venir" y que les devuelve al lugar del que pretendían salir. "Pablo tiene que deshacerse de ella, establecer un cordón sanitario, pero es difícil porque le debe todo: es presidente del PP gracias a Cospedal"

https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541143992_530957.html

07. COSPEDAL ENCARGÓ A VILLAREJO INVESTIGAR A ARENAS

López del Hierro le encomendó hacer un "dossier" sobre Arenas que sería debidamente "pagado" pero "baratito que estamos tiesos".

El encargo fue averiguar si Gürtel salpicaba a Arenas a través de la Fundación de Estudios Europeos.

Villarejo confesó al marido de Cospedal que el dirigente andaluz defendía a Barcenas "a muerte".

Dolores de Cospedal encargó al comisario José Manuel Villarejo investigar a su compañero del PP Javier Arenas. El trabajo se lo encomendó su marido Ignacio López del Hierro el 21 de septiembre de 2009, dos meses después del encuentro secreto de los tres en Génova, la sede nacional del PP.

El encargo consistió en investigar el paso de Arenas por la Fundación de Estudios Europeos ya que esta entidad –creada por el PP en 1994, que se nutría de las donaciones de los eurodiputados ‘populares’ y que terminó fagocitada por FAES– aparecía en los primeros compases de la investigación judicial de Gürtel.

Arenas había ocupado la presidencia de la Fundación de Estudios Europeos antes de cederle el testigo a Jaime Mayor Oreja. A mediados de 2009 la vicepresidencia de esta entidad la ocupaba el eurodiputado Gerardo Galeote mientras que el puesto de tesorero recaía en Luis Bárcenas.

Tanto Galeote como Bárcenas eran amigos de Arenas y el caso Gürtel ya les afectaba de lleno, sobre todo al segundo. De ahí que Cospedal y su marido se mostrasen muy interesados en saber si a Arenas también le podía salpicar Gürtel.

La primera vez que Arenas aparece en los audios de Villarejo es el 20 de julio de ese 2009, en la reunión que tiene el comisario con López del Hierro en una cafetería junto a la Torre Picasso y de la que saldrán los detalles de cómo realizar la cita secreta del día siguiente en el despacho de Cospedal en Génova.

María Dolores de Cospedal encargó investigar las actividades de Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos

López del Hierro cree que alguien está protegiendo a Arenas y pone el ejemplo de una foto que había publicado unos días antes El Mundo, en la que habían “cortado” al dirigente andaluz para que no apareciese jugando al pádel junto a Barcenas, Galeote y Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato y que también estaba implicado en Gürtel por su gestión como alcalde de Pozuelo (Madrid).

Villarejo le confiesa a su interlocutor que Arenas, por aquel entonces portavoz del PP en el Senado, está apoyando “a LB (Bárcenas) a muerte” y que maneja sus “intereses” a través “del despacho (de abogados) Arenas Bocanegra” -en la actualidad se llama Arenas&Medina-, dirigido por su hermano Eduardo y cuya sede se encuentra en Sevilla.

Ignacio López del Hierro: ¿Qué pasa con (Javier) Arenas? Porque hay un mosqueo ahí de cojones.

Villarejo: Arenas… está de informador, filtrando cosas… Lo que está claro es que está apoyando a ‘LB’ (Luis Bárcenas) a muerte. Pero a muerte.

ILH: Sí.

V: Y él tiene sus intereses a través del despacho de su hermano (…) que habían hecho. Ahí tienen un pupurrí montado varios del PSOE con el despacho del hermano. El despacho Bocanegra y tal. …ni un duro. Tu sabes. Ahí no se da cuenta el gilipollas que le tienen trincado por los huevos. Por eso…

LH: Le tiene trincado la gente del PSOE

V: Pero si tiene menor… hay temas legales… fíjate que cuando llegan algunas querellas tira para atrás. Tira para atrás y la mete descafeinada y light. No no no, eso es un dato muy… A mi por ejemplo en dos o tres ocasiones que he hecho alguna gestión y tal con algunos juzgados, me han dicho no no, esto lo trae el despacho de Bocanegra y tal. O sea que ahí ya… Si si si porque él tiene línea directa con mengano, zutano y… sobrevivir solo, cada uno se ha instalado en su… Y están todos mamoneando. Lo que no quiere es que cambien las cosas.

Un rato después, en la misma reunión, López del Hierro vuelve a la carga con la Fundación de Estudios Europeos y Villarejo vincula a esta entidad con las corruptelas que se están conociendo de Gürtel: “Ahí está el negocio, ahí está el business”, dice.

López del Hierro: La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote…

Villarejo: Ahí está el negocio, ahí está el ‘business’.

LH: Son los tres (refiriéndose a Arenas, Galeote y Bárcenas).

Villarejo: Ahí está el ‘business’. Claro, y le han dicho: ‘Macho, esto no lo quites que se nos va a tomar por culo el ‘business’.

LH: Claro… Está haciendo gilipolleces…

V: No, no, no. Todas.

Dolores de Cospedal recibió en secreto al comisario Villarejo en su despacho oficial en el número 13 de Génova, la sede nacional del PP. La entonces secretaria general organizó junto a su marido, Ignacio López del Hierro, el encuentro el 21 julio de 2009, en plena tormenta por el caso Gürtel.Cos...

La situación de Arenas sale al día siguiente en la reunión secreta de Génova por iniciativa de Villarejo, cuando desvela a la entonces número dos del PP que “hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas” a través de esta fundación… de la que no atinan a dar con el nombre.

Villarejo: Les dijimos dos o tres datos mucho más graves. Uno, que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con…

Cospedal: Galeote.

V: Y con Galeote. En la fundación ésta, cómo se llama…

C: La Fundación… por el Sur, o por… cómo se llama esto…o por Europa…

V: Por lo que sea.

C: ¿Algo de esto, no?

V: Un tal Sepúlveda, que no sé quién es.

C: El alcalde de Pozuelo.

V: Con un tal Sepulveda… Y ahí salen ya unas anotaciones duras.

Villarejo lleva la conversación a las pesquisas de Valencia, pero Cospedal le interrumpe al minuto inquiriéndole de nuevo por su compañero de partido y su papel exacto en la Fundación de Estudios Europeos. El comisario pone al mismo nivel a Arenas y Bárcenas en cuanto a datos comprometedores.

Cospedal: ¿Y Arenas que está en esa fundación? ¿O de lo que tienen (los investigadores) es de Bárcenas?

Villarejo: Uffff. Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, tienen de… O sea, de todo lo que…

C: En anotaciones…

V: En anotaciones y en pagos.

Pasado un cuarto de hora de estos últimos detalles, Cospedal vuelve a preguntar por la citada fundación y si hay rastros documentales de las graves acusaciones que le ha contado Villarejo. Éste desliza que dichas anotaciones y pagos se encuentran en el ‘pen drive’ del contable de Francisco Correa, la piedra angular que permitió la investigación de la Gúrtel.

Cospedal: Y el tema de la fundación con Galeote, con Arenas y tal… eso está…

Villarejo: Está, está, está escrito…

C: ¿Está en un disquete de estos que tienen?

V: Este… O sea, lo han arrancado de una de las carpetas que han tirado.

La reunión acaba con la propuesta de Cospedal y su marido de que Villarejo les haga “trabajos puntuales”, a lo que el comisario se aviene, aunque no se concretan los encargos.

“Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Pero baratito, porque estamos tiesos”

Es el 21 de septiembre cuando López del Hierro le pasa un encargo muy concreto. Elaborar un “dossier” de Arenas que será debidamente “pagado”, aunque el marido de Cospedal le pide una tarifa “baratita” y dando a entender que el PP correría con los gastos.

Ignacio López del Hierro.- Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es.

Villarejo.- Lo que yo te dije, sí, sí, no recuerdo nombres, que es un gabinete de influencia, sí.

ILH.- No, el gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

V.- Sí, sí, de Arenas Bocanegra, pero ellos tenían una fundación.

ILH.- (…) todo lo que puedas sacar de ahí…

V.- Vale

ILH.- (…) Y luego un tema que quería, era todo lo que pudieras averiguar.. y hazme un informe y esto está pagado ¿eh? Osea esto es un dossier y pagado.

V.- Ignacio, yo al partido (PP) cómo le voy a cobrar….

ILH.- Que sí…

V.- No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, da igual, y que en un momento determinado digáis ‘oye, contratad a este que es de confianza’. Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que….

ILH.- No hombre, pero esto va en serio.

V.- No no. Pero si…

ILH.- (…) Y vas a estar indagando ahí.

V.- Sí, sí, sí, eso no pasa nada.

ILH.- Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos.

V.- Qué te voy a decir yo, qué te voy a decir.

Cuando va a concluir la reunión a solas entre López del Hierro y Villarejo, hacen un repaso a lo hablado y vuelven a salir los términos del encargo acordado. El comisario parece desesperarse ante los pocos datos que le da el marido de Cospedal, más allá de la obsesión por encontrar vínculos entre “Arenas, Galeote y Bárcenas”.

Ignacio López del Hierro.- ¿Y lo de la fundación?

Villarejo.- Sí, sí, lo de la fundación, vamos a ver… voy a… vosotros de la fundación, ¿qué sabéis?, ¿nada más que existe?, ¿pero ni siquiera el nombre? Era una cosa de los pueblos de España…

ILH.- No lo sé, miradlo bien (en) el registro de fundaciones…

V.- ¿En el registro de fundaciones?

ILH.- (…) Arenas, Galeote y Bárcenas.

V.- ¿Ni siquiera el domicilio social dónde estaba?, ¿nada?

ILH.- (…)

V.- Vale, pues vamos a…

ILH.- Si me entero de algo…

V.- Claro, claro, para facilitarme, todo lo que sea facilitarme. Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada.

Tras esa cita del 21 de septiembre de 2009, Villarejo y López del Hierro, amigos desde hace 30 años, volvieron a reunirse al menos en otras tres ocasiones hasta mediados de noviembre, pero en esos encuentros grabados de forma subrepticia por el comisario, y a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, no hablaron de Javier Arenas ni de la citada fundación.

https://www.moncloa.com/cospedal-villarejo-investigar-arenas/

08. VILLAREJO DESVELÓ A COSPEDAL QUE HABÍA UN TOPO DE LA POLICÍA EN GÉNOVA

El excomisario José Manuel Villarejo desveló a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, que la Policía contaba con un topo en su sede central de la calle Génova, en plena investigación del caso Gürtel. En la reunión, en la que también está presente el marido de Cos...

La reunión acaba con la propuesta de Cospedal y su marido de que Villarejo les haga “trabajos puntuales”, a lo que el comisario se aviene, aunque no se concretan los encargos.

“Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Pero baratito, porque estamos tiesos”

Es el 21 de septiembre cuando López del Hierro le pasa un encargo muy concreto. Elaborar un “dossier” de Arenas que será debidamente “pagado”, aunque el marido de Cospedal le pide una tarifa “baratita” y dando a entender que el PP correría con los gastos.

Ignacio López del Hierro.- Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es.

Villarejo.- Lo que yo te dije, sí, sí, no recuerdo nombres, que es un gabinete de influencia, sí.

ILH.- No, el gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

V.- Sí, sí, de Arenas Bocanegra, pero ellos tenían una fundación.

ILH.- (…) todo lo que puedas sacar de ahí…

V.- Vale

ILH.- (…) Y luego un tema que quería, era todo lo que pudieras averiguar.. y hazme un informe y esto está pagado ¿eh? Osea esto es un dossier y pagado.

V.- Ignacio, yo al partido (PP) cómo le voy a cobrar….

ILH.- Que sí…

V.- No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, da igual, y que en un momento determinado digáis ‘oye, contratad a este que es de confianza’. Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que….

ILH.- No hombre, pero esto va en serio.

V.- No no. Pero si…

ILH.- (…) Y vas a estar indagando ahí.

V.- Sí, sí, sí, eso no pasa nada.

ILH.- Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos.

V.- Qué te voy a decir yo, qué te voy a decir.

Cuando va a concluir la reunión a solas entre López del Hierro y Villarejo, hacen un repaso a lo hablado y vuelven a salir los términos del encargo acordado. El comisario parece desesperarse ante los pocos datos que le da el marido de Cospedal, más allá de la obsesión por encontrar vínculos entre “Arenas, Galeote y Bárcenas”.

Ignacio López del Hierro.- ¿Y lo de la fundación?

Villarejo.- Sí, sí, lo de la fundación, vamos a ver… voy a… vosotros de la fundación, ¿qué sabéis?, ¿nada más que existe?, ¿pero ni siquiera el nombre? Era una cosa de los pueblos de España…

ILH.- No lo sé, miradlo bien (en) el registro de fundaciones…

V.- ¿En el registro de fundaciones?

ILH.- (…) Arenas, Galeote y Bárcenas.

V.- ¿Ni siquiera el domicilio social dónde estaba?, ¿nada?

ILH.- (…)

V.- Vale, pues vamos a…

ILH.- Si me entero de algo…

V.- Claro, claro, para facilitarme, todo lo que sea facilitarme. Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada.

Tras esa cita del 21 de septiembre de 2009, Villarejo y López del Hierro, amigos desde hace 30 años, volvieron a reunirse al menos en otras tres ocasiones hasta mediados de noviembre, pero en esos encuentros grabados de forma subrepticia por el comisario, y a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, no hablaron de Javier Arenas ni de la citada fundación.

https://www.moncloa.com/cospedal-villarejo-investigar-arenas/

09. EL PP NO TIENE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS A VILLAREJO Y REMITE A COSPEDAL

En declaraciones a ElPlural.com, se desvinculan de la reunión: "Es la protagonista de la historia quien puede opinar, salvo que trascienda al resto del partido, que no es el caso"

El Partido Popular ha negado tener las facturas de los pagos al comisario retirado José Manuel Villarejo por los “trabajos puntuales” encargados por María Dolores de Cospedal y descargan toda la responsabilidad sobre ella. En declaraciones a ElPlural.com, el PP ha señalado que se trata de una “conversación privada” y “se lo tienen que preguntar a ella” porque “nosotros no tenemos nada de eso”.

Precisan que es “la protagonista de la historia” y, en consecuencia, “es quien puede opinar de una reunión privada, salvo que trascienda al resto del partido, que no es el caso”.

Ante la pregunta de si tienen las facturas de los “trabajos puntuales” que Cospedal encargó a Villarejo, dicen que “no tenemos nada de eso” e insisten en que “es la persona que estuviera allí” la que debe opinar “de lo que hablaron”.

Pablo Casado ha evitado valorar las informaciones puesto que ha salido a toda prisa del Congreso y ha remitido a los periodistas a la “rueda de prensa de mañana”.

María Dolores de Cospedal ha sido la última diana de las grabaciones de Villarejo. La exministra de Defensa ha sido la diana de la nueva entrega del serial. Tras conocerse que se reunieron con nocturnidad y alevosía en Génova 13 junto a su marido, Ignacio López del Hierro, Moncloa.com ha desvelado que la pareja le pidió “trabajos puntuales” -con su correspondiente remuneración-. Estos encargos, para los que Villarejo garantizaba "discreción", podrían suponer un delito de revelación de secretos puesto que consistía en el intercambio de información sobre inestigaciones en proceso y bajo secreto de sumario.

Silencio sepulcral

La estrategia de defensa del PP con respecto a las grabaciones de Cospedal pasa, hasta el momento, por no pronunciarse y remitirse a la exsecretaria general del PP. El pasado martes, la vicesecretaria nacional de Comunicación, Marta González, explicó que “nos remitimos al comunicado” de Cospedal. González aseguró que la dirección del partido ha tenido conocimiento del comunicado a primera hora de la mañana, antes de hacerlo público, pero “desconozco” si se lo ha trasladado personalmente a Pablo Casado.

La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP argumenta que nunca han negado ni ella ni su marido que conocieran a Villarejo y se escuda en que se trata temas que están judicializados y “no cambiaron nada”. No obstante, estas explicaciones fueron aportadas antes de las nuevas grabaciones en las que ya se conoce el objeto de la reunión.

https://www.elplural.com/politica/espana/el-pp-no-tiene-las-facturas-de-los-pagos-a-villarejo-y-remite-a-cospedal_205596102

10. COSPEDAL Y SU MARIDO OFRECIERON A VILLAREJO HACER “TRABAJOS PUNTUALES” EN SU CITA EN GÉNOVA

El comisario jubilado alardeó ante la exministra de que intentó destruir el 'pendrive' clave del 'caso Gürtel'

María Dolores de Cospedal ha sido, pese a su ausencia del pleno, la gran protagonista de la sesión de control al Gobierno tras la publicación de las grabaciones de su reunión con el comisario Villarejo. El presidente Pedro Sánchez ha pedido a Pablo Casado que regenere al PP y que explique los audios del encuentro de la ex secretaria general de su partido con el policía.

Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, ofrecieron al policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. A cambio, Villarejo pidió que le pagaran esos posibles trabajos y, sobre todo, hizo hincapié en que la relación entre ellos se mantuviera discreta, algo que Cospedal le garantiza, según las últimos audios publicados por moncloa.com. Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado noviembre como máximo responsable de una trama policial desmantelada en la Operación Tándem, alardeó en el encuentro de que intentó destruir el pendrive clave del caso Gürtel.

En los audios difundidos, el comisario jubilado revela que avisó al exalcalde de Boadilla del Monte en Madrid, imputado en el caso Gürtel, Arturo González Panero, del comienzo de la investigación y propone una estrategia ante la imputación —que considera segura— del extesorero del PP Luis Bárcenas, hoy en prisión: "Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por tanto él ya está amortizado...". El comisario jubilado también asegura que Bárcenas "ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados", a lo que Cospedal afirma: "Se ha llevado menos de lo que ha dicho".

Otro de los asuntos que tratan en la reunión es sobre un pendrive con documentación que se incautó la policía durante la investigación de la trama Gürtel. Villarejo, a preguntas de la exdirigente popular, dice que en el lápiz USB "hay mucha chicha" y que han hecho todo lo posible por "romperlo".

"¿Qué favores debe usted a algún diputado o diputada de su grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el PP?", ha preguntado Sánchez a Casado, que le ha emplazado a "romper" con los independentistas. "El tigre que está alimentado puede acabar devorándole", ha aseverado una semana después de llamar golpista al Gobierno por su gestión de la crisis territorial en Cataluña. El presidente ha recalcado a Casado que el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy fue por no "asumir su responsabilidad en los casos de corrupción" de su formación. El propio PP nacional, como persona jurídica, resultó condenado como beneficiario de lo que en la sentencia de la Audiencia Nacional se define como un “sistema de corrupción institucional”.

La tensión entre las bancadas del PP y del PSOE se ha avivado en la siguiente ronda de preguntas dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno. "Hoy es un mal día para usted. Hoy usted y todo su grupo nos tendrían que dar respuestas de lo que han oído todos los españoles. Hoy en vez de preguntar tendría que responder", ha replicado Calvo a la portavoz del PP, Dolors Monserrat, que ha afirmado que el Gobierno está "liquidando las instituciones del Estado", "ha tomado RTVE como si fuera La Bastilla" y "mantiene ministros que mienten", en alusión a la comida que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mantuvo hace una década con Villarejo. Delgado, que ejercía como fiscal antiterrorista en la Audiencia Nacional antes de dar el salto a la política, ha afirmado en sede parlamentaria que solo ha coincidido tres veces con Villarejo en 25 años. "La segunda preocupación de los españoles es la corrupción y la identifican con su partido, un Gobierno saliente y un modelo, el del señor Aznar, que tiene tres exministros en la cárcel", ha contestado Calvo a Monserrat. La bronca entre PP y PSOE se barruntaba desde el momento en que la portavoz popular ha formulado su pregunta a la número dos del Ejecutivo. "¿Conoce el Gobierno lo que piensan los españoles?", ha requerido Monserrat. "Hace usted una pregunta oceánica. Tendría que tener facultades paranormales y las mías son normalitas", ha sido la respuesta.

Los audios de Villarejo han vuelto a salir a colación en el turno de pregunta de la diputada Beatriz Escudero a la vicepresidenta del Gobierno. "¿Es culpable Cospedal de no mentir, de decir la verdad desde el primer día? ¿Es culpable de haberse reunido con un comisario a las órdenes de Rubalcaba?", ha expresado la parlamentaria del PP en referencia al dirigente socialista, que en 2009 ministro del Interior. "No me hable de cloacas, pregunte a Rubalcaba que sabe mucho. Hay unos que utilizan la información para luchar contra la corrupción y otros para taparla como Chaves, sentado en el banquillo por corrupción", ha concluido Escudero sacando a colación el juicio de los ERE de Andalucía. Calvo ha salido en defensa de la ministra de Justicia, "una ciudadana particular en una comida privada de hace nueve años". "La diferencia es que Cospedal era la responsable de un partido político en la sede de su partido político intentado pagar para obstruir a la justicia. Mire el abismo que hay entre una cosa y la otra", ha incidido la vicepresidenta del Gobierno.

https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1540974547_857835.html

11. JUECES Y FISCALES: "COSPEDAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR" LOS SECRETOS REVELADOS POR VILLAREJO

Magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional afirman que la exsecretaria general del Partido Popular "delinquió" al no denunciar "inmediatamente a la Fiscalía o el juzgado" las filtraciones de sumarios secretos por parte el entonces comisario José Manuel Villarejo

La diputada y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha admitido este lunes en un comunicado que tuvo conocimiento a través de su marido, Ignacio López del Hierro, de investigaciones bajo secreto de sumario relativas a los casos Gürtel y Brugal entre otros, a las que hacen referencia los audios difundidos en el día de hoy.

Para los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER, que prefieren conservar el anonimato, el reconocimiento de Cospedal supone "asumir la comisión de un delito".

En este sentido, recuerdan que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción, y en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".

Se da la circunstancia además de que María Dolores de Cospedal no es “lego en la materia” sino que “se le supone un profundo conocimiento de las leyes” por su formación como abogada del Estado.

A favor de Cospedal “podría jugar” que el intermediario entre ella misma y Villarejo era su marido, y la política no tiene por qué incriminarle. Pero esta excepción contemplada en la ley “queda rota”, recuerdan las mismas fuentes, porque tal y como queda reflejado en los audios, “es la propia Cospedal quien parece enviar a su marido” para obtener información de Villarejo.

Las conversaciones grabadas por el excomisario tuvieron lugar en 2009, pocos meses después de que estallara el caso. En aquellos momentos, María Dolores de Cospedal era senadora, diputada autonómica y secretaria general del Partido Popular. El delito de revelación de secretos fue cometido por Villarejo, pero la política, según estas fuentes, “también delinquió al incumplir su obligación de denunciarlo”. El delito atribuible a Cospedal “habría prescrito”, concluyen las fuentes consultadas por la SER

http://cadenaser.com/ser/2018/10/29/tribunales/1540848828_656424.html?int=masinfo&int=masinfo

12. COSPEDAL SE REUNIÓ EN SECRETO CON VILLAREJO EN SU DESPACHO DE GÉNOVA

La entonces número dos del PP citó al comisario el 21 de julio de 2009 por mediación de su marido.

Villarejó entró por el garaje en un coche camuflado del PP, con el edificio casi vacio y subió directamente a la séptima planta de Génova.

El comisario y Cospedal se exigieron "discreción". Cospedal utilizaba el pseudónimo 'Pepe Pérez' para referirse a él.

Dolores de Cospedal recibió en secreto al comisario Villarejo en su despacho oficial en el número 13 de Génova, la sede nacional del PP. La entonces secretaria general organizó junto a su marido, Ignacio López del Hierro, el encuentro el 21 julio de 2009, en plena tormenta por el caso Gürtel.

Cospedal se ocupó de que el comisario entrara de la manera más secreta posible en el edificio, en un coche oficial del PP y directamente acompañado por su personal privado a su despacho, en la séptima planta de Génova. Villarejo y Cospedal tuvieron una conversación de más de una hora y media. El encuentro se celebró en un momento en el que el esa planta estaba casi vacía, garantizándose que nadie le viera por los pasillos.

Ignacio López del Hierro fue el encargado de organizar el encuentro secreto entre su mujer y el comisario Villarejo. El marido de Dolores de Cospedal llevaba más de un mes entrevistándose discretamente con Villarejo en una cafetería de Madrid. En estas conversaciones López del Hierro recibía información privilegiada del policía sobre las pesquisas del caso Gürtel y diversos chivatazos, como informó MONCLOA.COM ayer.

En el encuentro clandestino de más de 1 hora Cospedal y Villarejo se exigen confidencialidad mientras él lo graba todo

En vista del progreso en la información, fue López del Hierro quien tomó la iniciativa para que hubiera un encuentro entre su mujer y el policía. En una charla que tuvo lugar el 20 de julio, Villarejo advierte al marido de Cospedal de que Rubalcaba tuvo conocimiento previo de Gürtel y de la necesaria precaución para usar “el canuto” (el teléfono) porque está intervenido por el CNI. Tras media hora de conversación, el marido de Cospedal lanza su propuesta:

–Ignacio López del Hierro: Yo antes o después quiero preparar una reunión tuya con ella.

–Villarejo: Lo que quieras. Lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía, de la manera más discreta.

Entonces el comisario explica que está teniendo reuniones secretas con personalidades como Juan Cotino en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte, una propiedad aislada en medio de un paraje natural, en el que es más fácil evitar los seguimientos. E incide en la necesidad de que el encuentro sea secreto: “Macho, si me queman, la fuente se seca”.

La entrevista se precipita y queda fijada para el día siguiente, seguramente porque Cospedal encontró un hueco en su agenda. López del Hierro y Villarejo quedan un cuarto de hora por la mañana del día 21 para concretar los detalles de seguridad. El marido de la entonces secretaria general del PP expone su plan: un coche camuflado del PP recogerá a los dos. Al entrar por el garaje al despacho no quedará registro de la visita.

–López del Hierro: Yo re recojo en un coche camuflado del PP cuando tú digas, vamos a Génova, entramos en el garaje y de ahí a un ascensor al despacho de María Dolores. Luego sales por el garaje, el coche te lleva donde tu digas, y punto.

-Villarejo: Bueno, pues….

Ese día se suceden las llamadas hasta que finalmente la cita se cierra a las seis menos cuarto de ese martes, 21 de julio de 2009. Curiosamente, esa mañana Cospedal ha recibido en su despacho a los portavoces de los sindicatos policiales, esa visita sí registrada con luz y taquígrafos:

–ILH: Sabes lo que vamos a hacer: seis menos cuatro en la puerta de Torre Europa (que es donde tiene su despacho profesional privado el comisario Villarejo).

–Villarejo: En la puerta de Torres Europa, perfecto. Sí, sí y así…

–ILH: Te veo llegar, estás tú allí, pum, te subes y nos vamos.

-Villarejo: Nos subimos y ya está, y luego me devolvéis aquí.

-ILH: Luego de devolvemos, sin duda.

A la hora prevista, Villarejo se sube a un coche del Partido Popular en el que le está esperando López del Hierro. En la radio el conductor lleva sintonizada Onda Cero y hablan Luis Rendueles y Manuel Marlasca sobre sucesos. Ajenos a la radio, Villarejo y Del Hierro mantienen una conversación sobre un incidente reciente entre Villarejo y varios policías con Luis Bárcenas en el restaurante Rianxo.

El coche, con el tráfico fluido de las tardes de verano en Madrid, llega en pocos minutos a la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova. La entrada al garaje está en la calle Zurbano, en una de las fachadas de la enorme sede ‘popular’. Cuando llega el coche, Ignacio López del Hierro se sobresalta al ver un coche extraño:

–ILH: ¿Quién es el del Volvo este?

–Conductor: No lo sé, porque no es conocido. Debe ser de la casa, pero vamos.

–ILH: Dependiendo de quien sea, esperamos a que suba.

El coche toma la dirección de una planta inferior y el vehículo de Del Hiero y Villarejo llega a la puerta del ascensor, donde una secretaria de confianza de Cospedal, Mariví, les está esperando.

Sin embargo, al llegar a la séptima planta, donde está el despacho de Cospedal, se les indica que esperen apartados para que alguien no les vea. Finalmente se despeja, y acceden al despacho de la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal.

–Villarejo: Puntuales. Prusiano total.

–Cospedal: Ya está, perdón.

–Villarejo: ¿Qué tal, cómo estás?

–Cospedal: Encantada. Muchas gracias, ¿un café o algo?

Villarejo tomará “un cafelito”, Cospedal y su esposo prefieren agua. Del Hierro le cuenta a su mujer el incidente al acceder a su despacho y sus preocupaciones por la seguridad del encuentro. Cospedal da garantías sobre la misma:

–ILH: Nos han hecho un lío, porque nos mandaban a la sexta. Porque está en obras y nos podemos encontrar con Ana Mato.

–Cospedal: Que no, claro que no, yo no había dicho nada. Es que se supone que este señor se tenía que haber ido ya, estaba ahí con Fernando Jaúregui y no terminaba de irse, no terminaba de irse, y he dicho, no Mariví. Que me esperen ahí.

–Villarejo: No pasa nada.

–Cospedal: No, si no hay nadie ahora, porque como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie.

“Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie”

La confidencialidad de encuentro es clave para las dos partes. De hecho, López del Hierro y el policía usan un lenguaje críptico cuando hablan por teléfono, lleno de claves como “mi amiga”, “tu amigo”, “los falleros”, e incluso “tu tronca”. En una de las conversaciones que registró Villarejo, en una cafetería, antes del encuentro con Cospedal, Del Hierro interroga a Villarejo:

–ILH: Tú le has comentado a Cotino (Juan Cotino, consejero de la Generalitat Valenciana y exdirector general de la Policía) que tú y yo hablamos.

–Villarejo: Mmm, no.

–ILH: Cotino se lo ha dicho a María Dolores.

–Villarejo: No, no, no. Yo lo que le he dicho es que, del entorno…

–ILH: Exacto, del entorno.

–Villarejo: Sí, sí, porque me dice, me gustaría que hablaras con María Dolores, y digo, yo estoy hablando con el entorno.

–ILH: Sí, eso es lo que pasa. Es lo que le ha dicho.

–Villarejo: ¡Claro! ¿Por qué? Porque no hace falta. De todas maneras, hombre, dile que somos amigos.

Del mismo modo, López del Hierro le cuenta a Villarejo que con su esposa se refiere al policía con un nombre clave, “un pseudónimo”:

–ILH: Con ella te pongo con el pseudónimo. Voy a ver a ‘Pepe Pérez’, vengo de ‘Pepe Pérez’.

–Villarejo: Ah, muy bien, muy bien.

–ILH: Siempre con el pseudónimo. Y dice, Pepe Pérez debe ser del que me habla a mi Cotino, jeje, que me habla a mi Cotino, dice.

–Villarejo: Claro, claro, efectivamente.

En varias fases del encuentro, que dura más de una hora y media, Cospedal y Villarejo se exigen mutuamente confidencialidad en el encuentro.

–Villarejo: (…) Por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…

–ILH: No hombre, no.

–Villarejo: Te hago el matiz.

–Cospedal: Haces muy bien en decirlo, pero sí, desde mi punto de vista es igual, no puede trascender.

Al final de la reunión, antes de despedirse, Villarejo, que estaba grabando la conversación, insiste en una de sus grandes preocupaciones:

–Villarejo: Insisto, la discreción es fundamental.

–Cospedal: No te preocupes. Nada, por eso ni te preocupes.

–Villarejo: La buena suerte, como dicen, en tu casa o en la mía, y tal, nosotros tenemos la excusa absoluta. Ignacio y yo nos conocemos desde hace casi 30 años, mil años. Además hemos hecho maldades y bondades juntos ya se me han olvidado casi todas.

–Cospedal: Ya.

“Por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…”

Tras un problema con el teléfono móvil de Villarejo, que se queda sin batería y para el que aparece la secretaria de Cospedal, Mariví, con un cargador, la secretaria general del PP quiere tranquilizar a Villarejo:

–Cospedal: Mariví, es discreción absoluta, absoluta. Aparte que no saben ni tu nombre, pero bueno, es la discreción absoluta.

–Villarejo: Que te quiero decir que este sistema, cojonudo, el tal. O sea, todo lo que sea. ¿Por qué? Tú no te preocupes que si tú no entiendes y tal, yo tendría una excusa para salir adelante y porque además, en el último extremo, yo digo como he dicho siempre, como no me dejen preñado, yo ya… Otra maldad ya no puede haber. Yo hace muchos años que tengo mis negocios, mis cosas, y con lo que tengo mueven vínculos con la casa, pero nada más ¿no? Pero, hombre, mis contactos, mis buenas relaciones y tal.

–Cospedal: Que sí, que sí.

–Villarejo: Se nos vendrían todas para abajo. Entonces…

–Cospedal: Que no, que no. Que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo.

–Villarejo: Además, habrás visto que cada vez que yo le he dicho algo a Ignacio lamentablemente se ha cumplido.. (…).

La reunión acaba y Cospedal da órdenes para una salida discreta de su visitante.

–Cospedal: Que nos llamen al ascensor. Vamos directamente al garaje. ¿Lo tenemos ahí? ¡Venga, vamos!

Cospedal: “No debe saberse (el encuentro) Que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo”

Villarejo sale rápido y subrepticiamente de la sede de la calle Génova, cuya presencia nunca quedó registrada al evitar pasar por la puerta principal de ingreso. Vuelve a subirse al coche camuflado del PP. Le pide al conductor que le lleve hacia el centro comercial ABC de la calle Serrano. El trayecto es muy corto, porque al llegar a la glorieta de Rubén Darío, pide al conductor que le deje allí.

–Villarejo: Muchas gracias, buenas tardes.

En la radio seguía sonando el programa de Julia Otero, en Onda Cero.

https://www.moncloa.com/cospedal-secreto-villarejo-genova/

13. LOS AUDIOS DE VILLAREJO LLEVAN A UNA DE LAS ACUSACIONES A PEDIR QUE EL MARIDO DE COSPEDAL DECLARE POR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

Observatori Desc solicitará al juez que incorpore a las actuaciones las grabaciones donde se oye cómo el policía informó en 2009 a López del Hierro de la marcha de investigaciones que afectaban al PP, entre ellas la de 'Gürtel'

"Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b", le dijo el policía al empresario, cuyo nombre aparece en la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas

Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en los papeles de Bárcenas, ha confirmado este lunes que pedirá la citación como testigo del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a quien el excomisario José Manuel Villarejo informó en 2009 sobre la marcha de investigaciones que afectaban al PP.

Difundidos por la web moncloa.com, en uno de los audios se oye cómo Villarejo, ahora a punto de cumplir un año en prisión preventiva por graves delitos de corrupción, no solo le alerta en el verano de 2009 de que en el caso Gürtel había "más chicha" de la que Luis Bárcenas creía en ese momento sino que llega a pronunciar la siguiente frase: "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b".

Los apellidos de López del Hierro –y sus iniciales– figuran en los papeles de Bárcenas, es decir, en la contabilidad paralela que el extesorero llevó de forma manuscrita durante dos décadas. Tanto el empresario como su esposa, secretaria general del PP hasta junio de este año, siempre han negado su carácter de donante secreto. A través de un comunicado, Cospedal admitió este lunes la autenticidad de las grabaciones aunque minimizó su contenido al definirlas así: "Se trata de conversaciones en las que Villarejo cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP".

Fuentes de Observatori Desc confirmaron a infoLibre que la solicitud de citación de Ignacio López del Hierro ya está decidida. "Pediremos –asegura la asociación– al juez [José de la Mata, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional] que incorpore las grabaciones de Villarejo a las actuaciones y que llame a declarar a López del Hierro, y en función de lo que declare decidiremos nuestra posición sobre Cospedal". Otra de las acusaciones populares, la que aglutina a varias entidades y capitanea IU, estudia igualmente la potencial trascendencia de las grabaciones pero todavía no ha tomado una decisión.

Fuentes jurídicas y políticas pulsadas por este periódico destacan un hecho tras la difusión de los nuevos audios de Villarejo: que el mando policial pudo cometer un delito de revelación de secretos, mientras que en lo que respecta a López del Hierro las fuentes jurídicas exhiben mayor cautela. Porque se trata de un particular, porque se trata de hechos que se remontan a nueve años atrás y porque en última instancia su eventual responsabilidad "dependería" de lo que luego hiciera, directamente o tras comunicárselo a terceros –a Cospedal–, con esa información.

Una larga amistad y las conversaciones que "no cambiaron nada"

La relación entre Villarejo y López del Hierro afloró a comienzos de este año cuando infoLibre publicó el manuscrito secreto incautado a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal imputado en la Operación Lezo. Elaborado en 2012, González anotó estas palabras citando a Villarejo como su fuente directa: "Que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que le conoce". Según el político madrileño, el entonces poderoso comisario le informó de esa relación el mismo día en que el entonces poderoso comisario le puso al tanto de las pesquisas sobre su ático de Estepona.

Para Cospedal se abre un escenario incierto no ya por el temor que la divulgación de estas grabaciones ha desatado en el PP sino por cuanto su contenido cuestiona el papel que desempeñó, primero, como testigo del caso Gürtel obligada a declarar la verdad –agosto de 2013– y, luego, en mayo de este año, como compareciente ante la comisión que en el Congreso investiga la –presunta– financiación ilegal del PP. "Como testigo –dice una fuente vinculada al caso Gürtel– negó conocer nada de la contabilidad B y de lo que hacía el tesorero; si el juez hubiera sabido entonces que Villarejo había informado a su marido en 2009 de lo que estaba haciendo la Policía, como mínimo le habría dado otro valor a su testimonio".

En la misma comisión de investigación del Congreso donde Cospedal negó cualquier conocimiento sobre la contabilidad paralela, otro compareciente de muy distinto tenor ya había señalado a López del Hierro como donante del PP. " Fue Álvaro Pérez, la cara visible del entramado societario de Francisco Correa en Valencia y que ahora cumple condena por el caso Gürtel. Y lo que dijo de López del Hierro fue lo siguiente: "Venía a repartir el mondongo. Sale en los papeles de Bárcenas y no lo veo aquí sentado". El marido de Cospedal anunció de inmediato una querella contra El Bigotes. Ocurrió el 20 de febrero. Este lunes, infoLibre preguntó a la defensa de Pérez que ha sucedido con aquella denuncia: "Jamás –respondió el abogado– ha llegado ni un anuncio de querella ni una demanda de conciliación ni nada".

Ni rastro en los ordenadores del Ayuntamiento de Murcia

La ex secretaria general del PP eligió en su comunicado una fórmula deliberadamente ambigua que impide saber si admite o no que su marido le transmitió sus conversaciones con Villarejo. "Como es lógico –dice la nota– y por la relación que tiene conmigo, esa persona [su marido], recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte".

¿Y realmente no cambiaron nada esas conversaciones? Desde luego, no es eso lo que indica el contenido de las grabaciones, donde Villarejo le cuenta a López del Hierro que había informado a Juan Cotino, entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, de que su sobrino debía "limpiar todos los papeles" porque se avecinaba un registro.

El policía alertó igualmente al empresario de que en Murcia habría pronto una operación que afectaría al Ayuntamiento de la capital. En efecto, en el otoño de 2009 la Fiscalía ya investigaba en secreto la que luego se conoció como el caso Umbra. Pero el estallido del caso, centrado en manejos inmobiliarios y que arrasó con el entonces concejal de Urbanismo del gobierno local del PP en la capital murciana, Fernando Berberana, se retrasó nada menos que un año. Una fuente de la investigación rememora hoy lo sucedido: " La UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] tenía varios casos en marcha y tuvimos que esperar. Cuando entramos en el Ayuntamiento de Murcia no encontramos nada, ni siquiera en los ordenadores" ¿Les habían avisado? La fuente lo ignora.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/30/los_audios_villarejo_llevan_una_las_acusaciones_pedir_que_marido_cospedal_declare_por_los_papeles_barcenas_88281_1012.html

14. COSPEDAL ADMITE QUE VILLAREJO INFORMÓ A SU MARIDO DE INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN QUE AFECTABAN AL PP

Los populares temen nuevas grabaciones y lamentan que en los primeros 100 días de Casado la corrupción vuelva a marcar su agenda

La anterior secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha admitido este lunes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos, informó a su marido, Ignacio López del Hierro, sobre la investigación de casos de corrupción que afectaban al PP. Así lo reconoce en un comunicado difundido después de que el portal moncloa.com hiciera públicas unas grabaciones realizadas entre junio y noviembre del año 2009 de conversaciones entre López del Hierro y Villarejo.

Las grabaciones muestran, presuntamente, cómo el comisario suministraba información anticipadamente de operaciones policiales, como registros, para que los implicados pudieran destruir pruebas y dificultar las acusaciones por corrupción contra cargos del PP y torpedear las pesquisas en investigaciones como Gürtel, Brugal y Umbra. El comisario jubilado asegura en esas conversaciones que los planes que habían hecho habían funcionado. "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b", afirma. La página web también ha difundido otro audio en el que se recoge que Villarejo avisó al PP valenciano para que destruyese material que comprometía al partido y dice que le trasladó el mensaje al entonces consejero del Gobierno de Camps Juan Cotino. Según se escucha en los audios, Villarejo aconsejó al empresario que Cospedal supiese lo que estaban haciendo.

"Se trata de conversaciones en las que el comisario jubilado cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP", afirma Cospedal en su comunicado. "Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona [su marido], recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte", añade la ex secretaria general del PP, actualmente vocal en la ejecutiva de Pablo Casado.

Cospedal insiste en que las grabaciones "no aportan nada" y asegura que tienen el objetivo de "cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto". El PP pidió la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que se publicaran unas grabaciones suyas con el comisario retirado, también por parte de moncloa.com, un portal de información con menos de dos meses de vida.

Villarejo y Cospedal deslucen los 100 días de Casado

La vicesecretaria de comunicación del PP, Marta González, ha asegurado que no les preocupa "en absoluto" que Villarejo tenga grabadas conversaciones comprometidas con miembros de su partido; ha dicho que su formación está "satisfecha" con las explicaciones dadas por Cospedal y ha sugerido que no es una coincidencia que los audios salgan a la luz el mismo día que la fiscalía ha confirmado sus peticiones de pena contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE.

En privado, no obstante, varios dirigentes populares admiten su temor a que sigan apareciendo nuevas grabaciones que afecten a Cospedal y a otros cargos populares. "Habrá que ver cómo evoluciona, pero es un problema seguro porque volvemos a la dichosa corrupción", señala un dirigente popular. Preguntados por si las grabaciones afectan a las posibilidades de la exsecretaria general de ser candidata a las elecciones europeas, fuentes de la dirección responden: "Hay que esperar".

Los audios se han conocido cuando Pablo Casado cumple 100 días al frente del PP. De hecho, las grabaciones han deslucido la presentación de un vídeo y un documento en el que los populares querían presumir de los 30.776 kilómetros que ha recorrido el líder por España desde su nombramiento para reunirse con distintos colectivos. Todas las preguntas de la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP han sido sobre las grabaciones de Villarejo. El apoyo de la ex secretaria general fue clave en su victoria en las primarias del pasado julio.

https://elpais.com/politica/2018/10/29/actualidad/1540811212_188608.html

15. LAS AMISTADES PELIGROSAS DE VILLAREJO CON EL MARIDO DE COSPEDAL POR EL CASO GÜRTEL

MONCLOA.COM tiene acceso en exclusiva a los audios entre ambos que el comisario grabó en 2009.

Villarejo actuó como agente doble e informó a López del Hierro de movimientos policiales y escuchas al PP.

El comisario planificó con el marido de Cospedal estrategias para minimizar daños por Gürtel.

El comisario de Policía José Manuel Villarejo actuó como agente doble para el Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel. Su enlace principal con el PP era Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de los ‘populares’.

Villarejo, para ganarse su confianza, informó al PP por medio de López del Hierro de movimientos policiales, escuchas e, incluso, planificó conjuntamente estrategias para minimizar daños en la instrucción de este grave caso de corrupción.

A la vez, formaba parte del núcleo duro de los investigadores policiales y ayudaba al entonces juez Baltasar Garzón. Inclusó se jactó de haber preparado la instrucción el caso Gurtel con Baltasar Garzón, en una exclusiva publicada por MONCLOA.COM.

MONCLOA.COM ha tenido ahora acceso a las grabaciones de los encuentros entre López del Hierro y Villarejo desde junio a noviembre de 2009. “¿Cómo estás? Que me tienes abandonado”. Así de familiar empieza el primero de los audios que el comisario de Policía grabó de forma subrepticia al esposo de Cospedal.

López del Hierro y Villarejo tenían relación desde hacía muchos años: “Hemos hecho muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado je je je”, llega a decir el policía en una ocasión.

El caso Gürtel estalló en febrero de 2009

En esos casi cinco meses de 2009 se produce una actividad frenética de llamadas y encuentros entre ambos, que coinciden con uno de los momentos más delicados que vivió el PP durante la pasada década: el caso Gürtel había estallado oficialmente en febrero de ese año con las primeras detenciones ordenadas por el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El escándalo político le estalla en las manos a Cospedal, que en junio de 2008 había sido aupada por Mariano Rajoy al puesto de ‘número dos’ del PP como secretaria general del partido en el famoso congreso de Valencia.

A mediados de 2009 ya se otea en el horizonte que la trama presuntamente corrupta de Francisco Correa no sólo afecta a varios alcaldes de municipios madrileños, sino que tiene ramificaciones en Valencia y hasta en la mismísima sede nacional de Génova, donde un tesorero hasta entonces casi desconocido, Luis Bárcenas, empieza a salir en los medios.

Colegueo máximo entre López del Hierro y Villarejo: “Hemos hecho muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado jejeje”

El juez Garzón había enviado un suplicatorio contra él al Supremo –Bárcenas era senador ‘cunero’ por Cantabria– ante la sospecha de que había recibido más de 1,3 millones de euros a cambio de adjudicar contratos a las empresas de Correa.

Villarejo llama a López del Hierro el 18 de junio después de haber tenido un altercado el día antes con Bárcenas en el restaurante Rianxo con otros mandos policiales, un episodio ya relatado por El Confidencial. El comisario le advierte al marido de Cospedal que “Luisito”, que comía con Álvaro Lapuerta y un diputado de Lleida del PP, parecía estar “farlopeado” y “muy excitado” con su actitud intimidatoria ante los mandos policiales.

Villarejo recomienda a López del Hierro que se dé “un toque al Barbas (Rajoy) y que se tranquilice (Bárcenas) porque fíjate qué espectáculo”, y quedan en verse en unos días. “Menos mal que en la reunión estaban amigos, que afortunadamente toreamos como pudimos. Le pasa (a Bárcenas) sólo, con otro y le pega dos hostias y se monta un pollo de la hostia“, dice refiriéndose a José Antonio González, el comisario que recibió las invectivas del tesorero del PP en el Rianxo.

Sin embargo, al rato es el marido de Cospedal quien telefonea a Villarejo. De sus palabras se deduce que le ha comentado a su mujer el contenido de la anterior conversación y aborda al comisario con un tema en mente: averiguar cuáles van a ser los siguientes movimientos de la Policía y la Justicia en Gürtel.

Ignacio López del Hierro: Es que me preguntaba nuestra amiga… (refiriéndose a Cospedal)

Villarejo: Sí.

ILH: Dice (Cospedal), oye mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos.

V: Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe. De amplio contenido, je je je. El lunes cuando nos veamos y desayunemos, comentamos.

ILH: ¿Tú crees que van a más con esto?

V: Ehhh, sí. Hay chicha, hay mucha chicha.

ILH: ¿Hay mucha chicha?

V: Mucha más de la que él (Bárcenas) se cree. Él piensa que tiene controlado y justificado lo de aquí dentro, porque esto aquí, esto aquí, él tiene hechos cuatro números, porque piensa que le cuadran, pero hay muchos datos fuera (se refiere a datos de cuentas en Suiza), muchas cosas que están, ¿no? Hay mucha chicha, entonces… Ya te digo estaba en una buena línea y tal, pero ahora hay que volver dedicarle otro mes a comerle el tarro al pavo para decirle que no es tan borde como se ha presentado, jajaja.

ILH: Oye, ¿y tú crees que el juez le imputa?

V.- Eeeh, yo creo que sí.

ILH.- ¿Tú crees que sí?

V.- Yo creo que con lo que hay, como el Supremo acepte el tema, si lo acepta, va para adelante, ¿eh?

ILH.- ¿Sí?

V.- Si lo acepta va para adelante, porque hay chicha para eso.

ILH.- Bueno, bueno, bueno. El lunes nos tomamos un café.

V.- El lunes nos tomamos un cafelito.

ILH.- Vale.

V.- ¿Ya ha terminado el tema o todavía está en proceso? (se refiere a un tema de salud de Cospedal)

ILH.- Ya está acabando, pero vamos, bien.

V.- Bien todo, ¿no? Pues eso es lo importante, lo demás que le den por el culo.

ILH.- Así es.

V.- Un abrazo.

Villarejo era la persona idónea para dar información sensible a López del Hierro ya que formaba parte de la cúpula policial –era el adjunto al director adjunto operativo (DAO)– y tenía muy buena relación con el magistrado Garzón desde que en 1995 se negó a entregar al Gobierno socialista de Felipe González un dossier destructivo sobre la figura el juez estrella –el llamado informe Veritas que le habían encargado el ministro Juan Alberto Belloch y su número dos, Margarita Robles, la actual ministra de Defensa-.

Garzón ya se había inhibido en favor del Supremo pero se había quedado con una copia íntegra de las diligencias -tal y como le confiesa Villarejo a López del Hierro- por lo que guardaba mucha munición contra el PP.

La información que le suministra Villarejo a López del Hierro ese día es tan valiosa para el PP que este último recurre al comisario prácticamente cada semana, de ahí hasta noviembre, en busca de datos nuevos. Eso sí, siempre con un lenguaje en clave y sin citar expresamente a las personas concernidas, al menos por teléfono.

Garzón, según Villarejo, se quedó con una copia integra de las diligencias que iba filtrando para dañar al PP

Así, el 22 de junio quedan en una cafetería próxima a la Torre Picasso y Villarejo le confiesa a López del Hierro que Bárcenas es un “cretino” y le advierte, por primera vez, que el alcalde de Boadilla, “Arturito” González Panero, el ‘Albondiguilla’, tiene “mucha información” sobre el caso que se investiga y que conviene que esté callado. Además, sale a la palestra la investigación “de los trajes” en Valencia, un asunto que, en opinión del marido de Cospedal, “no le preocupa a Rajoy”.

Villarejo carga contra Bárcenas

Dos días más tarde, Villarejo llama escandalizado a López del Hierro porque El Mundo ha contado el altercado del Rianxo entre los mandos policiales y Bárcenas. El comisario acusa al todavía tesorero y a su antecesor, Álvaro Lapuerta, de estar detrás de la filtración.

El Supremo ha recibido ese 24 de junio el suplicatorio contra Bárcenas y el tesorero insinúa que renunciará a él para agilizar el trámite judicial, algo que finalmente no hizo. Villarejo le suelta al marido de Cospedal que tal asunto “no es malo” para el PP porque “cuanto antes se quite el lastre, mejor”. Además, le adelanta que Bárcenas admitió en Rianxo que era “LB” (escuchar audio de abajo) y que lo reconocía “el muy gilipollas”.

Por su parte, López del Hierro reconoce que en la cúpula del PP hay división al respecto: por un lado, Javier Arenas “defiende” a Bárcenas y, por el otro, “la persona de la que tú y yo hablamos de vez en cuando (Cospedal) dice que hay que ver cuál es la verdad”.

V.- “Vale, pero haz el comentario de que ha sentado muy mal (la actitud de Bárcenas en el Rianxo) y que además eso es un error, joder. Los que estamos intentando bajar el perfil de tensión, que siempre nos viene bien a todos”.

ILH: “Si ellos se empeñan en subirlo, qué vas a hacer, joder”.

V: “Pero macho, es que es un trabajo absurdo perdido”.

ILH: “Claro, claro”.

El 8 de julio es López del Hierro quien llama por teléfono a Villarejo y le pide quedar con urgencia. El comisario se encuentra fuera de Madrid, así que el esposo de Cospedal le advierte -utilizando palabras en clave- que un “amigo suyo está mandando mensajes, a través de alguien, que se quiere reunir” con la secretaria general del PP.

Tras varios circunloquios y como si temieran ser escuchados, Villarejo averigua que se trata de uno de sus superiores jerárquicos, el citado José Antonio González, conocido por el alias JAG y que por aquel entonces dirigía la Comisaría General de Policía Judicial a las órdenes del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

V: “¿Y ha transmitido mensaje que quiere hablar? Es que hay chicha en el horizonte.

ILH: ¿Hay chicha en el horizonte?

V: Sí, hay chicha jodida.

ILH: ¿Sí? ¿Jodida para quién?

V: Jodida para… para nosotros”.

ILH: Pero, ¿en general o para nosotros?

V: En dos o tres temas. Aquí en Madrid y en el otro sitio, donde… los chicos falleros (Valencia)”.

ILH: ¿Y con el otro que se armó en la comida (Bárcenas)?”.

V: Con ese también, pero ese es un tema… Pero sí, probablemente, al final esa es la esencia del tema. Ehh, de problemas financieros.

ILH: Si.

V: Ahora, me extraña que él (JAG) haya sido quien ha tomado la iniciativa. Y ¿qué quiere?, ¿hablar con alguien de confianza suyo o de alguien de confianza del entorno nuestro?

ILH: No, quiere hablar con alguien del entorno de mi confianza (Cospedal).

V: “Ahhh, bueno, eso es que como (JAG) está recibiendo hostias de todos los lados quiere vender la burra de que él es buen chico. Y no es mal chico pero obviamente está para determinados horizontes”.

El propio comisario opina que no cree que el intento de entrevistarse con la ‘número dos’ del PP sea iniciativa personal de JAG. “¿Qué venga del otro, del Alfredo?”, le inquiere López del Hierro.

V: Sí, que lo han mandado o bien el director de cine, ‘el Hitchcock’.

ILH: Je, je, je

V: Sabes, para hacer una pulsión previa a lo que van a pedir: una ‘subvención para el cine’ a cambio de tal. En fin, algo así”.

El comisario insiste al marido de Cospedal en que está surgiendo “mucha chicha” en la investigación de Gürtel, fruto de la “indiscreción” de varios de los investigados. En ese momento, le advierte por primera vez que hay pesquisas contra su “querido amigo” Juan Cotino -la amistad les viene del período en el que Cotino fue director de la Policía entre 1996 y 2000-, quien ha pedido ayuda al presidente valenciano, Francisco Camps.

V: Y luego por el otro lado, el amigo mío, ese querido amigo, también está…

ILH: Largando.

V: Sí, largando cosas.

ILH: Tu querido amigo, ¿el de la bronca del otro día? (Bárcenas)

V: No, no, no. Este que mandaba mensajes de querido amigo al otro, al curita (Camps).

ILH: Ah, ah, ah”.

Rubalcaba es un “perfecto cabrón, un Maquiavelo”

Ese acercamiento del comisario José Antonio González al PP monopoliza buena parte de la reunión que Villarejo y López del Hierro mantienen el 20 de julio en el bar en el que se reúnen habitualmente.

V: Yo, si te digo la verdad, este tío (JAG) es muy cagón como para tomar esa iniciativa tan importante, pero por otro lado es un agonía, es un egoÍsta, es un tío que ha estado siempre medrando con todo el mundo y no quiere perder la teta y está temeroso porque su amigo Bermejo ya no está.

ILH: Estos (los del PP), lo que creen es que viene de Rubalcaba.

V: Alfredo. Pero no es así del todo.

ILH: Creen que el instigador de todo es Alfredo.

Felipe González es el primero que está acojonado y se los quiere quitar de en medio (a Blanco y Zapatero)

V: Alfredo, que es un estratega, que es el 90% del partido (PSOE), que es un perfecto cabrón. Yo me lo conozco, sin embargo, acuérdate que Alfredo no era partidario de salir a (xxx). Acuérdate que cuando empiezan las primeras tensiones yo te digo por Alfredo va por ahí. Acuérdate que cuando habla María Dolores (de Cospedal) con él, el tipo baja la presión y de alguna manera, reestructura el tema. Porque en el fondo de todo, es más sensato, es la línea realmente pura del PSOE. Todos estos son unos advenedizos los que pasan por aquí. El (José) Blanco, el (José Luis Rodríguez) Zapatero… todos estos pasarán como una mala racha. Por eso es el propio Felipe González el primero que está acojonado y se los quiere quitar de en medio”.

Villarejo insiste en que el deseo de JAG por llegar a Cospedal es diferente al modo de actuar del “maquiavelo” Rubalcaba, por eso califica el movimiento de “línea radical troskista” por ser “demasiado evidente” un caso así: “se le ve el plumero a todos, desgasta mucho a todas las instituciones, jode el planteamiento democrático”, esgrime el policía.

V: No sé, no lo veo. El otro (Rubalcaba) es más sutil, mucho más hijo de puta, mucho más sibilino, más vaticanista, más de que te levanta el brazo y te clava el estocaje y luego te baja el brazo para que no te sangres”.

ILH: Sí.

V: ¿Sabes?, yo no veo a Alfredo”.

En ese momento, el comisario confiesa a López del Hierro que el entonces ministro del Interior supo de Gürtel antes de que el caso se judicializase:

Reproductor de audio
Villarejo: “En algunas de estas operaciones, que Alfredo sabía lo de Gürtel, no hay duda. Que se le preparó (el caso) a ‘Balta’, no hay duda. Yo estuve en las primeras reuniones, o sea que eso es así. Pero por eso no creo que le hayan mandado a este (JAG) aquí a ver qué le sacas (a Cospedal). Una polla, a ver qué le sacas, a tantearle a mandar mensajes de ver si no nos hacemos daño mutuamente si son ellos los que están.

ILH: Se habla con él (Rubalcaba) directamente.

V: Claro, por eso te digo.

ILH: Tiene a Trillo.

V: Con Trillo, que es su tronco y le puede decir de quedar a solas. Por eso te digo que me encaja más, como este tío (JAG) es un agonías, con lo cual vamos a ver si no nos lo quitamos de en medio”.

En ese punto Villarejo ofrece al marido de Cospedal un plan para lograr que el mando policial que dirige las investigaciones de Gürtel sea apartado del caso y el Gobierno de entonces se vea en la necesidad de buscar un sustituto:

V: “Porque, indiscutiblemente, si se filtra que el tipo (JAG) ha hecho esa… aunque luego después cuando se le pregunte, el tipo se intente explicar ‘no, es que a ver si tanteaba’. Pero eso corre que te cagas y, claro, este tipo es clave porque ponen (xxx), que es más nuestro que la polla, con lo cual sería acojonante. El tema (de Gürtel) cambiaría. ¿Sabes quién es el segundo (de JAG)? Te quiero decir que sería una jugada de puta madre”.

https://www.moncloa.com/lopez-hierro-villarejo-gurtel-pp/

16. VILLAREJO: “COSPEDAL ME LLAMÓ POR SU PELEA A MUERTE CON LA ‘PEQUEÑITA”

El comisario se jactó en 2017 ante dos clientes de haber recibido una llamada de la entonces ministra de Defensa para recabar su ayuda en su pugna con Sáenz de Santamaría

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se jactó en febrero de 2017 ante dos de sus clientes, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, esposo y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, de tener amistad con la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Así consta en una de las grabaciones del sumario de la Operación Tándem, en el que se investigan las presuntas actividades delictivas del policía y que fueron intervenidas en su domicilio.

En el diálogo, el policía asegura que la que fuera candidata a presidir el partido le había telefoneado para que la ayudase en su pugna política con su rival dentro del partido, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “Ya te digo, la Cospe me llamó... 'Pepe, tal, no sé qué' ... claro, la pelea a muerte que tiene la pequeñita [como se refieren peyorativamente a Sáenz de Santamaría algunos miembros del PP] contra ella... van ahí... sabes... ahora le están dando caña”, aseguraba.

Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado noviembre acusado de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsedad documental. En la grabación comenta que el entorno de la exvicepresidenta le estaba atacando a través del diario Público, que, sostenía, era controlado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Félix Sanz Roldán.

Un ataque en el que, aseguraba, le querían implicar en la que se bautizó como Operación Cataluña, supuestamente orquestada por la llamada "policía patriótica" durante la etapa del Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Villarejo llega a sugerir a sus interlocutores que le habían ofrecido un pacto para no seguir investigándole (ya entonces estaba bajo sospecha su amplio entramado empresarial) a cambio de señalar a Cospedal como responsable de dicha maniobra contra el independentismo catalán.

Así, en esa misma conversación —de más de dos horas e incorporada en el sumario dentro de la pieza Informe Pintor sobre el supuesto intento de extorsión a un empresario por parte de los hermanos Muñoz—, Villarejo vuelve a referirse a Cospedal y menciona a “Alicia”, en referencia a la dirigente del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho: “Sí, van a por Alicia, pero Alicia es tronca total de ella, de Cospe, y, claro, van a presentar de ella una imagen diciendo la Operación Cataluña la monta la Cospe y la caga... y ahora viene la pequeñita y con diálogo lo va a salvar, ¿sabes? Ese es el discurso para que todo el mundo se lo crea, ¿no? Y, claro, he dicho al final que como la Operación Cataluña yo la he diseñado... van a decir ¿y tú? Porque ya me lo han dicho, si tú derrotas [confiesas] que es la Cospe la que tal, contra ti, no vamos...”. EL PAÍS intentó durante la tarde del lunes obtener la versión de Cospedal sobre estos supuestos contactos, pero no pudo localizarla.

No es la primera vez que el nombre de Cospedal aparece ligado al del comisario jubilado en un sumario de la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó durante los registros de la Operación Lezo de unas notas manuscritas del expresidente madrileño Ignacio González en las que este aseguraba: "Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y le conoce". González fue grabado mientras mantenía con él una conversación sobre su polémico ático de Estepona. La difusión de esta conversación provocó que el PP prescindiera de él para encabezar la lista del partido en las elecciones autonómicas de 2015.

https://elpais.com/politica/2018/09/17/actualidad/1537211889_142086.html

17.EL PP CREE QUE LA SENTENCIA DE GÜRTEL VULNERA SU HONOR Y RECLAMA UN NUEVO JUICIO

El partido cuestiona la imparcialidad del juez De Prada por su amistad con Garzón

Rajoy durante su declaración en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel'. AFP
El Partido Popular considera que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama central del caso Gürtel, notificada el pasado 25 de mayo y que propició la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, supone una “lesión injustificada” a su “honor”, y reclama al Tribunal Supremo que la anule para que la causa “sea enjuiciada por un tribunal sin apariencia de parcialidad”. El PP, que fue condenado como persona jurídica como partícipe a título lucrativo –figura que define a quien se beneficia del fruto de un delito sin conocer su origen ilícito– centra su ataque en un miembro concreto del tribunal: José Ricardo de Prada.

La formación conservadora ha presentado su recurso de casación sobre aquella sentencia, que le condena a pagar 245.000 euros por los actos que las empresas del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, realizaron para el partido en las campañas de las elecciones municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid). El escrito, de 106 páginas, cuestiona la imparcialidad del magistrado progresista De Prada “por su conocida amistad” con el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor del caso y condenado por el Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación.

El recurso, redactado por el abogado Jesús Santos, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, también resalta la “circunstancia sobrevenida” de que De Prada ha sido elegido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para formar parte de la comisión para la restauración de la Justicia Universal. Antes del juicio, que se celebró entre octubre de 2016 y acabó en noviembre de 2017, De Prada fue recusado por los ahora condenados Luis Bárcenas y Pablo Crespo. Esta petición fue rechazada de plano por el magistrado encargado de examinarla, el fallecido Javier Martínez Lázaro.

El voto de De Prada, sumado al del magistrado Julio de Diego, fue decisivo, entre otros aspectos, para citar como testigo en el juicio de Gürtel a Rajoy en julio de 2017. El tribunal cuestionó en la sentencia la credibilidad del entonces presidente del Gobierno. “Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del PSOE”, señala el recurso del PP.

En aquella sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

Para el partido es “de una gravedad difícil de exagerar” que “a un responsable civil” como era la formación conservadora en el juicio “se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando”.

Tras la sentencia, De Prada se incorporó al llamado Mecanismo Residual para los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas -IRMCT- y al Tribunal que conoce de la sentencia de apelación del caso contra Radovan Karadzic. El Consejo General del Poder Judicial le impidió reincorporarse a su plaza en la Audiencia Nacional mientras no renunciara a ese tribunal internacional, lo que él interpretaba como una “sanción encubierta” que le impedía, de paso, optar a una plaza de vocal en el órgano de gobierno de los jueces. El PP, que está imputado penalmente como persona jurídica en el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, plantea al alto tribunal otros motivos para anular la sentencia de Gürtel. “El Partido Popular fue llamado a declarar en su condición de partícipe a título lucrativo sin que lo pidiera ninguna de las otras partes, como exige la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Además, el abogado Santos se queja también de varios “errores de apreciación” sobre el supuesto beneficio para el PP derivado del hecho de que la red corrupta pagara sus gastos de campaña. Por una parte, sostiene que no hay pruebas de que el dinero se destinara efectivamente a actos y suministros electorales, sino que en algunos casos encubrían servicios personales para el alcalde de Majadahonda en aquellos, Guillermo Ortega, condenado. Por otra, subraya que el Tribunal de Cuentas indicó que el PP podía haber accedido a más subvenciones públicas para sus actos de campaña.

https://elpais.com/politica/2018/10/19/actualidad/1539969971_134204.html

18. EL PP RESPONSABILIZA ANTE EL SUPREMO AL JUEZ DE PRADA DE HABER AYUDADO AL CAMBIO DE GOBIERNO CON SU CONDENA EN 'GÜRTEL'

El formación ha pedido al Tribunal Supremo que repita el juicio de la primera época de la trama Gürtel El PP cuestiona la imparcialidad del juez De Prada por su conocida amistad con el ex juez Garzón, primer instructor de la trama

El PP ha pedido al Tribunal Supremo que repita el juicio por la primera época de la trama Gürtel, en la que resultó condenado como partícipe a título lucrativo, porque el tribunal que juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y el extesorero del partido Luis Bárcenas, no tiene "apariencia de parcialidad", ya que uno de los jueces, José Ricardo de Prada, ha "coadyuvado" para el cambio de Gobierno a favor del PSOE.

En el recurso de casación contra esta sentencia dictada a finales del mes de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación política subraya además que este magistrado ha "sido elegido" por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal".

Asimismo, recuerdan que antes de la redacción de la sentencia ya "se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva" del juez De Prada por su "conocida amistad" con el ex juez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones por varios de los acusados.

Además, el PP hace hincapié en que la sentencia recurrida contiene afirmaciones sobre la "supuesta actuación" del partido político que "han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español".

Por todo ello, el partido considera necesario que el Supremo ordene retrotraer las actuaciones a antes de la vista oral "para que la causa sea enjuiciada por un tribunal sin apariencia de parcialidad" o que alternativamente se vuelva a dictar una nueva sentencia en la que "se omita todo hecho del Partido Popular y toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de su participación a título lucrativo".

Inmerso en un conflicto jurídico

El juez progresista José Ricardo de Prada, figura clave en el juicio de la pieza troncal de Gürtel, fue rechazado en su intento de aspirar a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue rechazado, con argumentos administrativos, por la comisión permanente del mismo organismo y la Junta Electoral de la judicatura, ambos órganos bajo control absoluto del sector conservador.

El magistrado emitió un comunicado público en el que calificó de "sanción encubierta" la denegación de su reingreso en el servicio activo. "Se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial", aseguró.

El otro magistrado firmante de la sentencia de Gürtel, Julio de Diego, está pendiente de la investigación abierta por el CGPJ después de que uno de los políticos condenados en el caso Gürtel presentara una queja bajo la acusación de que el magistrado se había "dormido" en varias sesiones del juicio, extremo del que a tenor de la queja se percató el condenado un año después. De Diego había pedido amparo al Consejo, que se lo denegó y abrió las citadas diligencias.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/19/el_responsabiliza_ante_supremo_juez_prada_haber_ayudado_cambio_gobierno_con_condena_gurtel_87916_1012.html

19. LA FISCALÍA PEDIRÁ ENDURECER LAS PENAS DE LA SENTENCIA DE GÜRTEL QUE TUMBÓ A RAJOY

La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel (1999-2005) para endurecer las penas. El fallo que condenó al PP como responsable civil a título lucrativo a pagar una multa de 245.000 euros derivó en la moción de censura en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy, que llevó al socialista Pedro Sánchez a presidir el Gobierno de España.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Anticorrupción ya ha anunciado su intención de recurrir en casación la sentencia ante el Supremo. A partir de este momento, la Fiscalía del Alto Tribunal será la encargado de elaborar el recurso. Dispondrá de un total de 40 días para formularlo por el volumen de la causa. Previsiblemente, al ser agosto un mes inhábil, el recurso no estará listo hasta el mes de septiembre.

Aunque el recurso no está aún elaborado, previsiblemente el Ministerio Público reclame el endurecimiento de algunas penas formuladas en su escrito de conclusiones finales durante el juicio el pasado mes de octubre. La Audiencia Nacional en su sentencia recogía gran parte de las peticiones planteadas por Anticorrupción, aunque en algunos casos las penas se reducen drásticamente.

La Fiscalía solicitaba 39 años de prisión para el extesorero del PP, Luis Bárcenas; 39 años y 6 meses para el exconsejero de Madrid, Alberto López Viejo; 125 años para el cabecilla de la trama, Francisco Correa; 85 años para el exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; o 5 años y 2 meses para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’.

Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional imponía al extesorero del PP, Luis Bárcenas, 33 años y 4 meses de prisión; 31 años y 9 meses al exconsejero madrileño, Alberto López Viejo; 51 años y 11 meses para el líder de la trama, Francisco Correa; 37 años y medio a su nº 2, Pablo Crespo; o 17 años y 7 meses para el contable del entramado, José Luis Izquierdo. Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ resultaba absuelto.

El PP en el caso Gürtel

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, concluyeron que el PP debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. Una opinión que no compartía el ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, que presentó un voto particular.

Según la sentencia, se “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión”.

El PP, que ya anunció su intención de recurrir el fallo, deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución.

La Fiscalía pedirá endurecer las penas de la sentencia de Gürtel que tumbó a Rajoy
magen capturada de la señal de vídeo que muestra al presidente del Gobierno,

Tras hacerse pública la sentencia, la Audiencia Nacional celebraba una vistilla de medidas cautelares el pasado 28 de mayo en la que decidía ordenar el ingreso en prisión incondicional de Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega en la cárcel madrileña de Estremera.

Días después, el 1 de junio, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ganaba la moción de censura en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy y se convertía en el nuevo presidente del Gobierno tras conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios para terminar con “la corrupción” del PP.

https://okdiario.com/espana/2018/07/09/fiscalia-pedira-endurecer-penas-sentencia-gurtel-que-tumbo-rajoy-2531288

20. EL PP FALLA EN SU INTENTO DE QUE LA AUDIENCIA RECTIFIQUE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y RECURRE AL SUPREMO

El tribunal dictamina que los cambios que pedía el PP se refieren "al enfoque" de cómo resuelve la resolución judicial "la responsabilidad por la que se condena" al partido y que eso no es materia de un auto de aclaración

La formación conservadora notifica que impugnará el fallo por "infracción de su derecho a un proceso con todas las garantías", a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia

El PP formalizó este lunes el primer trámite para impugnar ante el Tribunal Supremo la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, que no solo le condena como beneficiario económico de la trama corrupta sino que confirma la existencia de la caja B, describe un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" y duda del testimonio prestado por Mariano Rajoy. El escrito con que el partido comunica a la Audiencia Nacional su decisión de interponer recurso y al que ha tenido acceso infoLibre sostiene que se ha vulnerado su derecho constitucional a un juicio justo. O, lo que es lo mismo y citando la redacción literal del escrito, "a la tutela judicial efectiva", a "la presunción de inocencia" y "a un proceso con todas las garantías y entre ellas la de un juez imparcial".

Fechado este lunes, el anuncio oficial de que habrá recurso ante el Supremo se produce seis días después de que la formación política que hasta hace menos de tres semanas llevaba las riendas del país haya fracasado en su intento para que la Audiencia Nacional hiciera "rectificaciones" en la aludida sentencia.

En un auto datado el día 12 y al que también ha tenido acceso este periódico, la Audiencia da al traste con las pretensiones del PP al dictaminar que lo que la formación conservadora pedía no era que se aclarase algún punto oscuro sino que se introdujesen en la resolución cambios que afectaban, por ejemplo, "al enfoque" utilizado para confirmar "la responsabilidad por la que se condena al PP". Y eso -señala el auto- es solo "una muestra de discrepancia, que excede de los límites propios de una aclaración de sentencia y propios del recurso que se interponga contra la misma". En este caso ante el Tribunal Supremo.

El auto está firmado por María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia y que sustituyó al progresista José Ricardo de Prada después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le excluyese del tribunal gracias al voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes; por el conservador Ángel Hurtado y por Julio de Diego.

El escrito donde el PP solicita que se tenga por preparada la casación ante el Supremo desvela cuál será el andamiaje argumental de esa impugnación aunque deja el desarrollo de los argumentos para el recurso en sí. Lo que en sus siete páginas anticipa el texto presentado ante la Audiencia es es que la formación conservadora, ahora embarcada en la búsqueda de un nuevo líder, se lanzará a degüello contra el tribunal que, el 17 de mayo y por dos votos frente a uno en lo que respecta al papel desempeñado por el PP, alumbró la histórica resolución judicial.

Esos dos votos fueron los de Julio de Diego y José Ricardo de Prada, a quien el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, definió durante el debate de la moción de censura como un juez "en sintonía con el mundo proetarra". Hurtado expresó su discrepancia con la sentencia mediante un voto particular.

Según el PP, la sentencia no solo ha vulnerado distintos preceptos legales relativos a quiénes están facultados para ejercer la acción civil en un proceso penal así como aquel otro que regula las condiciones necesarias para aplicar "la figura del partícipe a título lucrativo" (el beneficiario económico de un delito) sino los derechos regulados en el artículo 24 de la Constitución. Es decir, aquel que garantiza el derecho a un proceso justo sin riesgo de indefensión. Ha habido, alega el PP, "infracción de preceptos constitucionales y de los correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos".

El texto anticipa que el partido pondrá especial énfasis en que la sentencia se pronuncia sobre hechos que -esa es su tesis- no correspondía dirimir al tribunal encargado de juzgar la pieza troncal de Gürtel, la denominada Época 1. Hechos, viene a sostener su escrito, sobre los que ninguna parte había solicitado un pronunciamiento antes del inicio del juicio. En esa dirección apunta el siguiente párrafo, inserto en la nómina de motivos por los que acude al Tribunal Supremo: "Por infracción del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) y al derecho de un proceso con todas las garantías, y entre ellas la de un juez imparcial (artículo 24.2 CE) por la valoración extra petita de supuestas irregularidades".

A renglón seguido, invoca de nuevo la hipotética infracción de su derecho a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial "por el acuerdo de comparecencia del representante del PP".

Aunque el escrito no detalla en efecto a qué se refieren esos puntos ni los restantes, del redactado se infiere que el PP atacará no solo todo lo que la sentencia dice respecto de su condición de partícipe a título lucrativo sino sobre la existencia de la caja B del partido y sobre la citación fallida que el tribunal hizo para que su representante legal declarase como presunto partícipe a título lucrativo. La negativa rotunda del letrado del PP, designado a estos efectos como su representante legal, a someterse a interrogatorio tuvo un peso demoledor. Anticorrupción adujo lo que en términos coloquiales cabría traducir como que quien calla otorga. "Se le tiene como confeso", proclamó en la vista la fiscal Concepción Sabadell. El tribunal le dio la razón y dejó constancia de ello en la sentencia.

El cartucho de las "omisiones" y "rectificaciones"

La solicitud con que el PP intentó que la Audiencia Nacional hiciera "rectificaciones" en la sentencia de Gürtel fue el último cartucho antes de acudir al Supremo. El escrito presentado por su abogado no equivalía a un recurso ni pedía una absolución imposible salvo que una instancia superior -aquí, el Supremo- revoque la sentencia dictada. Lo que teóricamente sostenía el partido es que su objetivo era obtener "el complemento y la subsanación de las omisiones en que incurría dicha sentencia". Su letrado argumentaba que la sentencia "acuerda que se produjeron unos actos electorales de los que (...) se habría beneficiado el PP a nivel nacional y, sin embargo, no analiza qué se considera gasto electoral, cómo se sufragan los gastos electorales, quién puede realizar gasto electoral, etcétera".

Ese escrito arremetía igualmente contra el párrafo de la sentencia donde se afirma que "los responsables del PP sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo". "No se realiza en la sentencia -alega el abogado del PP, Jesús Santos- la conexión entre ese acervo probatorio que refiere y ese supuesto conocimiento del Partido Popular (a nivel nacional) más allá de acudir a la lógica, sin dar respuesta a las pretensiones aducidas por esta parte".

Y agregaba lo siguiente: "La sentencia refiere que «para valorar adecuadamente la responsabilidad del Partido Popular en la forma como se ha solicitado por las acusaciones como partícipe a título lucrativo (…) debemos acudir a los elementos de contexto que refieren lo (que) significó la formación de la trama Gurtel en el entorno de la actividad de este Partido». Pues bien, ni el contexto ni el entorno se puede considerar suficiente para sostener tal conclusión, debiendo, por tanto la sentencia debe completarse en el sentido de indicar en qué concretos hechos y motivos se acuerda dicha condena, más allá de lo que pone de manifiesto el escrito de acusación del ministerio fiscal".

Eso es lo que planteaba el PP. Pero la Audiencia Nacional le respondió fue que "cualquier modificación que suponga una alteración de fondo, como son las que precisan de una fundamentación complementaria, no caben dentro de esos estrechos márgenes en que se ha de mover" un auto de aclaración. "Si se pretende su variación -agrega el mencionado auto de 12 de junio- habrá de ser a través de la vía del recurso que proceda contra la sentencia, porque así resulta de la doctrina de nuestros Tribunales, en particular, del Constitucional"

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), y así lo subraya el auto, "se ha cuidado de señalar que por vía de aclaración no se pueden remediar defectos de fundamentación, corregir errores en la calificación jurídica, alterar conclusiones probatorias o anular y sustituir un fallo por otro".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/20/la_audiencia_tumba_intento_del_hacer_rectificaciones_sentencia_que_condena_por_caso_gurtel_84157_1012.html

21. BÁRCENAS SEGUIRÁ EN LA CÁRCEL POR SU "ELEVADO RIESGO DE FUGA"

Los condenados por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel' Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega seguirán en prisión hasta que el Tribunal Supremo confirme la sentencia dictada el pasado mes de mayo por la Audiencia Nacional que les envió a la cárcel, porque esta instancia entiende que persiste un "gran riesgo de fuga" en los tres casos.

Así lo recogen tres autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha ordenado que sigan encarcelados hasta que se pronuncie el Supremo o en su defecto, hasta que cumplan la mitad de la condena, que es el tope que permite la ley estar en prisión sin sentencia firme.

En concreto, sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel en la primera sentencia sobre la trama Gürtel, el juez entiende que "procede prolongar" el plazo máximo de duración de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la condena impuesta pues es "grande el riesgo de fuga" y "este se incrementa" a la luz de los hechos por los que fue sentenciado. No podrá salir, salvo que el Supremo se pronuncie antes y lo haga en su favor, hasta al menos el 218 de junio del año 2033.

Con las mismas razones argumenta el juez prorrogar la prisión del exconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que fue condenado a 31 años y 9 meses de prisión y que cumplirá la mitad de la pena el 5 de abril de 2034. Por último, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, sentenciado a 38 años de cárcel, alcanzará el 'ecuador' el 30 de junio del año 2037.

https://www.elplural.com/politica/espana/barcenas-seguira-en-la-carcel-por-su-elevado-riesgo-de-fuga_204068102

22. BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019

El extesorero invoca su derecho de defensa para solicitar a la Audiencia que no señale el inicio de la vista hasta que el juez termine la nueva instrucción sobre las donaciones de empresarios, cuyo plazo finaliza dentro de 14 meses

De la Mata ya comunicó a la sala hace dos semanas que la investigación sobre el pago de mordidas "en nada afecta" a los hechos que están pendientes de juicio desde mayo de 2015

Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019, cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de 2015.

En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas formula su solicitud después de que De la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, diera hace dos semanas vía libre al juicio. En su respuesta a la consulta que le había planteado la Sala de lo Penal de la Audiencia, el magistrado recalcó que la "instrucción complementaria" en torno a las donaciones opacas atribuidas a empresarios "en nada afecta" a los hechos por los que el extesorero Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y tres integrantes de la empresa que reformó la sede central del PP, Unifica Servicios Integrales SL, deben sentarse en el banquillo en cuanto la Sección Segunda de la Sala de lo Penal abra hueco en su calendario. El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, quedó excluido de la lista de acusados por "demencia sobrevenida".

Los abogados del hombre que durante dos décadas, de 1990 a 2008, anotó a mano los movimientos de una caja B donde se acumularon 7,5 millones y desde la que se pagaron desde gastos electorales a sobresueldos exponen así el porqué de su petición de aplazamiento: que no es su propósito "dilatar aún más el enjuiciamiento de unos hechos que vienen provocando de largo una elevada pena de banquillo" sino "garantizar el máximo respeto del derecho de defensa" de Bárcenas.

Y es –alegan los abogados– ese derecho el que "exige adoptar la mayor de las cautelas". ¿Para qué? Para "evitar una encubierta instrucción complementaria que pueda dar lugar a la sucesión de actos de investigación una vez agotado el trámite legal para ello, permitiendo que llegado el día de enjuiciamiento de la presente pieza, o aún celebrándose el juicio, se incorporen elementos traídos de la pieza que ahora se instruye y sobre la que, según el ilustrísimo magistrado instructor, no hay conexión ni afección".

Delitos de corrupción

En el juicio que ya se encuentra solo a falta de fecha, Bárcenas afronta la acusación por una larga ristra de delitos de corrupción que amenazan con añadir años de cárcel a los 33 a que fue condenado en mayo por el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y cuya sentencia ya certifica la existencia de la caja B. La nómina delictiva que le atribuye la Fiscalía en el juicio de los papeles queda así: organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y apropiación indebida. El PP ocupa solo la posición de responsable civil subsidiario. Pero una eventual condena por delito electoral a Bárcenas o al exgerente Cristóbal Páez colocaría otra pesadísima losa sobre el partido porque demostraría de nuevo que utilizó dinero ilegal en sus campañas.

En esa respuesta, De la Mata detallaba cuáles son los hechos que ya están en espera de juicio: la existencia y funcionamiento de una caja B en el PP; los trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13, ejecutados por Unifica Servicios Integrales SL entre 2005 y 2010 y supuestamente financiados parcialmente con dinero negro; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital.

Y señalaba también a quiénes afecta la investigación: "Está dirigida –explicaba– contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3". Y en ese epígrafe 3 quienes aparecen son los empresarios que ya habían sido investigados una vez los papeles de Bárcenas salieron a la luz en 2013. Pero aparece también el exministro Ángel Acebes, secretario general del PP hasta 2008. La imputación que pesaba sobre todos ellos quedó archivada provisionalmente en marzo de 2015.

El entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, adujo en apoyo del sobreseimiento dos cosas que De la Mata reproduce ahora en su respuesta a la Sala de lo Penal: la primera, "que existían datos para dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a las personas indicadas"; la segunda, que pese a ello "no resultaba posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".

La confesión de Correa

Para la reapertura del caso fue determinante la confesión de Francisco Correa al comienzo del primer gran juicio de Gürtel. A mantener viva la investigación ha contribuido el hecho de que tres empresarios de la lista –Alfonso García Pozuelo, de la antigua Constructora Hispánica; Rafael Palencia, de Degremont; y Vicente Cotino, de Sedesa– admitieran en un momento dado haber hecho pagos al PP, aunque ninguno de los tres ha accedido a declarar ante De la Mata en la nueva investigación sobre las donaciones.

Ahora, tomando como base su razonamiento sobre el derecho a la defensa y a no toparse en el juicio con nuevos e inesperados datos potencialmente incriminatorios, Bárcenas pretende que la Sala de lo Penal requiera a De la Mata y luego se la comunique a su defensa información sobre tres puntos clave: qué diligencias de investigación tiene en marcha y "cuál es el objeto que se persigue"; si existe algún informe policial o tributario por recibir; y "si está pendiente la decisión de imputación respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas que ya son objeto de acusación en la pieza pendiente de enjuiciamiento".

Es en previsión de que la Audiencia "no considere procedente" pedirle a De la Mata ese informe aclaratorio –extremo que se perfila como el más probable–, los representantes de Bárcenas piden a la sala "que acuerde no señalar el inicio de las sesiones del juicio oral hasta en tanto no concluya el plazo señalado al juzgado central de instrucción número 5 para concluir la instrucción denominada 'complementaria', fijado para el 31 de diciembre de 2019".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/31/barcenas_pide_aplazamiento_que_implicaria_posponer_juicio_caja_hasta_que_acabe_ano_electoral_2019_88209_1012.html

23. EL JUEZ QUE SE OPUSO A DECLARAR AL PP BENEFICIARIO DE LA 'GÜRTEL' Y QUE DEBÍA JUZGAR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' PIDE SU TRASLADO

El conservador Ángel Hurtado solicita una vacante en otra sección de la Audiencia Nacional distinta a la encargada de enjuiciar distintas piezas del caso Si logra la plaza, quedará bajo el mando directo de Concepción Espejel, la primera de los tres magistrados que ya fueron apartados por su cercanía al PP

Ángel Hurtado, el juez que se quedó solo en su intento por impedir que el PP fuese declarado beneficiario económico de Gürtel y a quien la Audiencia Nacional había encomendado redactar la sentencia en el futuro juicio de los papeles de Bárcenas, acaba de pedir su traslado. Adscrito al sector conservador, el magistrado pretende mudarse a otra sección de la Audiencia Nacional –la Primera– distinta a aquella -la Segunda- en la que se integra ahora y que es la que tiene encargados los juicios de Gürtel.

Su petición para emigrar a la Sección Primera, donde en septiembre quedará una vacante por jubilación, aparece fechada este miércoles 25 de julio. Es decir, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pulverizase sus esperanzas de verse aupado al Tribunal Supremo, al que aspiraba a incorporarse desde que finalizó el largo y decisivo juicio de la pieza troncal de Gürtel, el de la llamada Época I.

Presidente de la sala y ponente de la sentencia, Hurtado sufrió su primera gran derrota cuando trató de evitar la declaración de Mariano Rajoy como testigo. Y volvió a quedarse definitivamente solo frente a los otros dos miembros del tribunal -Julio de Diego y José Ricardo de Prada- cuando llegó la hora de dictar una resolución que en teoría debía redactar él mismo y cuyo contenido terminó siendo el detonante de la moción de censura que derribó al PP. Hurtado plasmó sus discrepancias en un voto particular.

El plan de Hurtado para hacerse con otro destino representa el último movimiento de una larga serie nucleada en torno al caso Gürtel y se produce cuando las aguas de la polémica siguen removidas. Una vez conocida la sentencia de Época 1, el progresista José Ricardo de Prada, ahora en servicios especiales fuera de España, se vio desalojado del tribunal por el CGPJ bajo argumentos administrativos cuando llegó el trámite de decidir si la mujer de Luis Bárcenas debía mantenerse en prisión provisional hasta que el Supremo revise la sentencia o quedar en libertad bajo fianza. Tras aquel episodio, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó a De Prada de estar "en sintonía" con los proetarras. El CGPJ rechazó salir en defensa del juez.

El otro magistrado firmante de la sentencia, Julio de Diego, vio hace una semana cómo el mismo CGPJ le denegaba su petición de amparo después de que uno de los principales condenados, el exalcalde del PP Guillermo Ortega, le acusara de quedarse dormido en varias sesiones del juicio. Ortega ha tardado un año en concluir que De Diego se durmió. Pero el Poder Judicial ha admitido su denuncia y ha decidido investigar a De Diego.

Si Hurtado logra la plaza libre de la Sección Primera, quedará bajo el mando directo de una de las más destacadas integrantes del sector conservador de la judicatura: Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Espejel es una de los tres jueces que desde 2015 ha ido apartando del caso Gürtel la Audiencia Nacional siempre por el mismo motivo: su cercanía al PP y el riesgo que esa proximidad implica no para su independencia pero sí para su apariencia de imparcialidad. Enrique López y Juan Pablo González son los dos otros recusados.

Para cubrir el puesto que la jubilación de Nicolás Poveda dejará en la Sección Primera de la Audiencia, Hurtado deberá competir con otros jueces en un concurso interno. Aún no es posible saber si algún otro con mayor antigüedad podrá hacerse con la plaza. Pero algo es seguro: si consigue emigrar y librarse por tanto de los juicios de Gürtel, quien lo sustituya tendrá la responsabilidad de redactar la sentencia de los papeles de Bárcenas cuando por fin se celebre el juicio, para el que ni siquiera hay fecha aún.

Las amenazas a Ricardo Costa

Una parte de esa pieza, centrada en la contabilidad B del PP, volvió a reabrirse tras la confesión de Francisco Correa sobre las mordidas que distintos empresarios pagaban para obtener contratos públicos. Este jueves, el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, se ratificó como testigo en lo que ya había admitido meses atrás: que el partido se nutrió de fondos opacos y de otros aportados por empresarios que, según la Policía -Costa citó de forma expresa ese informe–, se hicieron con 600 millones en contratos públicos.

Como adelantó infoLibre, el exdirigente conservador ha pedido protección al juez que investiga el caso, a quien ha relatado las amenazas recibidas desde que confesó la financiación ilegal. Aunque no ha trascendido la decisión que adoptará el magistrado José de la Mata, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que cuando un testigo denuncia amenazas "la justicia no mira hacia otro lado". En otras palabras, las citadas fuentes dan por seguro que el juez brindará algún tipo de protección al exdirigente conservador. Según Costa -y así lo aseguran personas presentes en su declaración-, este mismo miércoles fue amenazado por un individuo en un establecimiento de restauración muy próximo a la Audiencia Nacional, cuya sede se localiza frente al cuartel general del PP en la madrileña calle de Génova.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/26/el_juez_que_opuso_declarar_beneficiario_gurtel_que_debia_juzgar_los_papeles_barcenas_pide_traslado_85414_1012.html

24. EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP

Ángel Hurtado, el magistrado que se opuso a que Mariano Rajoy declarara como testigo en la vista oral de Gürtel y que consideró que el PP no debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por dicha trama, se encargará de redactar la sentencia del juicio de la caja b del PP. Así lo ha detallado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el pasado 9 de julio, donde confirma los componentes del tribunal al rechazar los recursos presentados por las acusaciones. Además de Hurtado, que ejercerá de ponente, la terna la completan María José Rodríguez Duplá, como presidenta; y María Riera, que sustituye a José Ricardo de Prada mientras este se encuentre de servicios especiales en el tribunal internacional de La Haya.

Esta decisión de la Sección Segunda llega después de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobase el pasado 20 de noviembre unas nuevas normas de reparto que supusieron que el magistrado Julio de Diego, que forzó la declaración de Rajoy en Gürtel, quedase apartado del tribunal. También, el juez De Prada dejaba de ser entonces el ponente de la sentencia. Todo ello, después de que una anterior providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario—, fechada el 3 de abril de 2017, fijase que el tribunal de la caja b estaría compuesto por los mismos jueces del caso Gürtel: el conservador Ángel Hurtado, el moderado Julio de Diego y el progresista De Prada.

Pero, tras aplicarse las nuevas normas de reparto, la terna pasó a estar formada por Rodríguez Duplá, De Prada y Juan Pablo González. Pero este último, que era el ponente, fue recusado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2001 y 2008. En su lugar volvió a entrar Hurtado.

Las acusaciones presentaron un recurso contra los componentes del tribunal. Pero la Sección Segunda rechaza sus argumentos en el auto del pasado 9 de julio: "Fueron correctamente designados". Aún no se ha fijado fecha de inicio para el juicio de la caja b.

Hurtado fue el magistrado que ejerció de ponente en la sentencia de Gürtel, pero que cedió la redacción de la sentencia a sus compañeros en aquellas partes a las que se oponía. De hecho, emitió un voto particular donde mantiene que el PP debería haber resultado absuelto y donde se rechaza las referencias del tribunal que sitúan a los populares dentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Hurtado consideró innecesarias las expresiones que afirman que entre la red de corrupción y el Partido Popular se tejió una "estructura de colaboración estable", así como que se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/09/actualidad/1531147757_247641.html?rel=str_articulo#1531481346440

25. LA AUDIENCIA NACIONAL ENCARGADA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' ESPERA JUZGAR LA PRESUNTA REFORMA 'EN B' DE LA SEDE DEL PP

La trama Gürtel y la "caja B" del PP han quedado acreditada, según el juez Ruz, desde al menos "hace 18 años"

La investigación podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y a la "abundante documentación" a analizar

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que juzgará la presunta "caja B" del PP, ha preguntado al juez instructor José de la Mata si ya puede señalar fecha para enjuiciar la parte relativa al pago en negro de la reforma de la sede del partido o si bien debe esperar a que termine la total investigación del caso, después de que éste fuera reabierto tras unas revelaciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa.

Los magistrados María José Rodríguez Duplá (presidenta), Fermín Echarri y María Riera, se han dirigido al titular del Juzgado Central número 5, ya que "está llevando a cabo una instrucción complementaria". En este sentido, en una providencia han pedido conocer si la investigación que se está desarrollando de "los papeles de Bárcenas" "se encuentra directamente relacionada" con la parte que está pendiente de juicio, o bien no existe una "conexión" y pueden ya fijar una fecha para celebrar la vista oral y admitir las pruebas solicitadas por las partes.

En un principio, la Audiencia Nacional investigó el pago en negro a los populares que se destinaron para la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid, algo que el anterior juez instructor del caso, Pablo Ruz, dejó concluido en marzo de 2015. El magistrado concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros populares Luis Bárcenas, al fallecido Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida-, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Además, consideró al partido político responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica.

18 años de "caja B"

Ruz también aseguró en un auto que el PP "se sirvió durante 18 años -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas". Algo similar manifestó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), en la que afirmó que ha quedado acreditado que la formación política contaba, al menos desde 1989, con una "caja B".

Precisamente en este juicio, el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, declaró ante el tribunal que había mediado ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que algunas constructoras resultasen beneficiarias en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones de "entre el dos y el tres por ciento" abonadas al extesorero popular Luis Bárcenas. Estas afirmaciones llevaron al actual juez instructor José de la Mata a reabrir la causa e investigar los apuntes manuscritos por Bárcenas sobre las aportaciones y entregas al partido y políticos. Está previsto que la investigación dure hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y la "abundante documentación" a analizar.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/11/la_audiencia_nacional_encargada_los_papeles_barcenas_espera_juzgar_presunta_reforma_la_sede_del_pp_87673_1012.html

26. EL CONSERVADOR FERMÍN ECHARRI, ÚLTIMA INCORPORACIÓN AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

Magistrado de refuerzo en la Audiencia Nacional, Echarri cubre la vacante que deja Ángel Hurtado, que abandona la Sección Segunda de forma voluntaria Hurtado fue el presidente del tribunal de Gürtel que quedó en minoría al oponerse a la citación de Rajoy y a los aspectos más duros para el PP del fallo Echarri se opuso a la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal

La presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que refleja acuerdo del 11 de septiembre por el que "adscribe al magistrado de refuerzo D. Fermín Echarri Casi" a la Sección Segunda.

Espejel alega la aplicación de las "normas de designación de ponencias y formación de tribunales aprobadas por Acuerdo de la Sala de Gobierno datado a 20 de noviembre de 2017".

Aquel polémico cambio en las normas de reparto hizo que se deshiciera la mayoría del tribunal de Gürtel que posibilitó la citación de Mariano Rajoy como testigo en el juicio, y que formaron el progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego, frente al criterio de Ángel Hurtado.

Tras el enfrentamiento entre Hurtado y los otros dos magistrados, el primero se vio obligado a ceder en la redacción de la sentencia. Una vez dictada, solicitó la salida de la Sección Segunda.

La primera modificación del tribunal fue motivada por la decisión de la mayoría de la Sala de lo Penal de apartar a la propia Espejel -todavía no era presidenta de la Sala- y a Enrique López de todos los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Tanto Fermín Echarri como Ángel Hurtado votaron en contra de que fueran apartados.

https://www.eldiario.es/politica/conservador-Fermin-Echarri-incorporacion-PP_0_815769360.html

27. VÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

El juez José de la Mata contesta a la Sala que no tiene inconveniente en que fije fecha para juzgar la instrucción ya concluida sobre la contabilidad paralela del Partido Popular, mientras él sigue investigando las donaciones de 21 empresarios a esa caja negra a cambio de contratos públicos

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha emitido una providencia mediante la que contesta a la Sala de lo Penal, que la semana pasada le preguntó si tenía inconveniente alguno en que este tribunal estableciese fecha para el inicio del juicio a la caja b del PP, habida cuenta de que el magistrado mantiene una parte de la instrucción abierta.

El juez De La Mata entiende que los hechos que se tienen que analizar en el juicio de la caja b, que son su existencia, delitos fiscales por operar con dinero negro, la compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital y la construcción en negro de la sede central entre 2005 y 2010, no tienen relación con la pieza que permanece abierta y que el magistrado sigue investigando, relativa a las donaciones de empresarios a cambio de obras públicas, por lo que da su visto bueno a que la Sala fije el juicio oral de todo aquello cuya instrucción ya se da por concluida.

Así las cosas, la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional fijará en breve fecha para juicio oral de la caja b del PP, que tendrá lugar en 2019. Por cierto que el magistrado revela que no solo mantiene imputados a 21 empresarios como donantes en negro al PP al menos entre 1990 y 2008, sino al exsecretario general, Ángel Acebes.

Los empresarios que junto a Acebes, continúan imputados por las presuntas donaciones en negro al Partido Popular son José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero Asensio, Alfonso García Pozuelo-Asins, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Pablo Crespo Sabaris, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia Marroquín, Cecilio Sánchez Martín, Camilo José Alcalá Sánchez, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, Vicente Cotino Escrivá, Joaquín Molpeceres Sánchez, Antonio Pinal Gil, Ignacio Ugarteche González de Langarica, Ramón Aigé Sánchez, María Rey Salinero y Claudio Montero Santos.

El inminente juicio por la caja b del PP irá dirigido contra el extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, y Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, los representantes de la empresa de arquitectura Unifica, que construyó en negro la sede central del PP en la calle Génova. En su auto de apertura de juicio oral, el juez José de la Mata les atribuyó los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública. El Partido Popular es considerado responsable civil subsidiario por los delitos fiscales cometidos por sus dirigentes al no declarar en el Impuesto de Sociedades el dinero negro recibido, y por ello tuvo que depositar una fianza de 1.2 millones de euros.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/16/tribunales/1539685626_387137.html

28. EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

El magistrado da vía libre para celebrar el juicio de la segunda gran pieza de 'Gürtel' salvo en lo que concierne a las donaciones de empresarios, aún bajo investigación
José de la Mata detalla cómo el sobreseimiento provisional del que se beneficiaron los donantes y el que fue secretario general del partido, Ángel Acebes, quedó "sin efecto" tras la reapertura parcial de la instrucción

Un escrito con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da vía libre al juicio sobre la caja B del PP salvo en lo que concierne a los hechos que aún investiga –las donaciones de empresarios– ha dejado al descubierto un dato que había pasado inadvertido: que esa investigación sobre las donaciones, reabierta en febrero de 2017 tras la confesión de Francisco Correa en la vista de la pieza troncal del caso, también alcanza al exministro Ángel Acebes, número dos del PP bajo el mando de Mariano Rajoy entre 2004 y 2008 y persona muy cercana al actual tesorero de la formación conservadora, Sebastián González.

Acebes no ha sido imputado aún de manera formal, pero la providencia del titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional resulta inequívoca en cuanto al lugar que De la Mata asigna al ex secretario general del PP. El que fue sucesivamente ministro de Administraciones, Justicia e Interior ya figura entre los procesados que el 26 de noviembre se sentarán en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia.

En respuesta a la Sala Penal de la Audiencia, que días atrás le preguntó si la existencia de una instrucción en marcha era óbice a la hora de fijar ya fecha para el juicio de los demás hechos y presuntos delitos vinculados a la también llamada pieza de los papeles de Bárcenas, el magistrado escribe lo siguiente: "La instrucción complementaria, en proceso ahora en el Juzgado de Instrucción, investiga las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas; está dirigida contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3; y los delitos imputados son cohecho y tráfico de influencias (sin perjuicio de ulterior calificación)". Y la lista de las 22 personas nombradas en ese epígrafe se cierra, justamente, con Ángel Acebes.

Entre esas 22 personas que el juez menciona como relacionadas en el "epígrafe 3" de la providencia y algunas de las cuales ya han desfilado ante él como imputadas, hay tres empresarios –Alfonso García Pozuelo, Rafael Palencia y Vicente Cotino– que en algún momento han admitido pagos al PP. Luego han intentado diluir el efecto de su confesión o, simplemente, han optado por ejercer su derecho a no declarar en la pieza reabierta.

Pero hay más en lo que respecta a Acebes. Porque la providencia de De la Mata, que constituye una auténtica guía resumida de qué personas y por qué hechos irán ya a juicio en cuanto la Audiencia fije fecha y cuáles siguen todavía bajo investigación, ya había abordado de manera implícita la posición del exministro en un párrafo anterior. "La reapertura [la originada por las revelaciones de Correa sobre el pago de mordidas como "práctica habitual"] se acuerda, naturalmente, en cuanto a los hechos y personas en relación a las cuales se acordó el sobreseimiento provisional parcial, dejando sin efecto esta decisión".

Dinero aportado por empresarios para "pagar favores"

La existencia de una caja B ya quedó acreditada en la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel: de hecho, la condena a Luis Bárcenas por apropiación indebida, uno de los delitos que le han costado una pena de 33 años de cárcel, fue posible porque el tribunal consideró probado, y desarrolló sus argumentos en esa dirección, que el extesorero se apoderó de fondos de esa "bolsa" opaca que le había sido entregada por el partido como "mero custodio". Esa caja, dice la resolución judicial, se nutría no de "donaciones altruistas" sino de dinero aportado por empresarios para "pagar favores" o como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos".

No obstante y dada la magnitud de la causa, la caja B pasó a formar parte de una pieza separada tras la salida a la luz de los papeles de Bárcenas en 2013. Lo que se juzgará en esa pieza separada, previsiblemente en 2019, son los hechos que se relacionan con su creación, mantenimiento y funcionamiento. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo: el quinto, el mentor y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida".

Cuando, en marzo de 2015, el entonces juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, enfiló la recta final de la pieza de los papeles de Bárcenas, dictó el auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre los empresarios sospechosos de haber donado fondos al PP a cambio de contratos públicas. Y también la que pendía sobre Acebes. En línea con la posición de la Fiscalía, Ruz adujo que no había indicios que vincularan las donaciones con las adjudicaciones recibidas por los donantes.

Ese sobreseimiento es el que quedó "sin efecto" tras la reapertura de febrero de 2017. Así, la nueva "instrucción complementaria" se dirige contra los siguientes: José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir –fundador de OHL e imputado igualmente en Púnica y Lezo–, Luis del Rivero, Alfonso García Pozuelo –expresidente de Constructora Hispánica y que admitió pagos al PP–, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia –que también reconoció haber satisfecho comisiones ilegales–, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez, Vicente Cotino Escrivá –que en la pieza valenciana de Gürtel reconoció haber financiado al PP–, Joaquín Molpeceres –dueño de Licuas– Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Ramón Aigé, María Rey Salinero, Claudio Montero Pablo Crespo y Ángel Acebes.

¿Y qué irá entonces a juicio en cuanto la Audiencia le abra hueco en su agenda? La propia "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", que entre 1990 y 2008 acumuló 7,5 millones y desde la que se abonaron –supuestamente– sobresueldos y gastos del partido; para continuar, la reforma de la sede central de la madrileña calle Génova, parcialmente financiada con fondos opacos de esa caja; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital también con dinero B.

La caja B no constaba entre los episodios delictivos sujetos a examen en el juicio de la primera gran pieza de Gürtel, oficialmente denominada como Época I (1999-2005). Pero su carácter central, o troncal, hizo que el tribunal permitiese a las acusaciones interrogar a acusados y testigos sobre ese fondo de reptiles cuyos movimientos había anotado Bárcenas durante casi dos décadas. Para las acusaciones resultaba esencial demostrar que la red dirigida por Francisco Correa no había prosperado de manera gratuita al calor de las administraciones del PP sino porque se había tejido lo que la sentencia denomina "un sistema de corrupción institucional" con el que ambas partes salían ganando.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/17/el_juez_caja_desvela_que_investigacion_tambien_alcanza_exministro_angel_acebes_numero_dos_del_hasta_2008_87810_1012.html

29. LA AUDIENCIA PROTEGE A RICARDO COSTA ANTE LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR COLABORAR

El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional que dirige José de la Mata, ha aprobado conceder al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el amparo que ha solicitado ante las amenazas sufridas desde que ha empezado a colaborar con la justicia.

Fuentes jurídicas de este juzgado justifican la decisión en que "no se puede permanecer indiferente ante las amenazas o coacciones a un testigo que está colaborando".

Las amenazas que está recibiendo Ricardo Costa son cartas y mensajes anónimos en los que no solo se alude a él, sino también a otros miembros de su familia. En su escrito por el que solicitaba protección, Ricardo Costa expresaba que está recibiendo estas misivas desde hace meses. A partir de su confesión en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel, cuando aseguró que era “cierto” que el Partido Popular "se financiaba en negro", y apuntó como principal responsable de esta mecánica al expresidente Francisco Camps.

Las fuentes jurídicas consultadas no desvelan de qué forma será protegido Ricardo Costa frente a las amenazas recibidas. Se trata, afirman las mismas fuentes, de no dar pistas a los autores del delito.

http://cadenaser.com/ser/2018/07/25/tribunales/1532546037_744641.html

30. EL ‘NÚMERO DOS’ DE CAMPS APUNTA A GÉNOVA POR LA CAJA B

Ricardo Costa denuncia ante el juez que recibe amenazas desde que admitió la contabilidad irregular

El dedo de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y número dos de Francisco Camps, no apunta solo al expresidente de la Generalitat. El antiguo alto cargo popular ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el marco de la instrucción de los papeles de Bárcenas y ha señalado por primera vez a Génova en la causa que investiga la caja b de la formación conservadora. Según han explicado fuentes jurídicas presentes durante la comparecencia, Costa ha relatado al magistrado que los presidentes regionales y nacional del PP controlaban las finanzas.

A lo largo de casi dos horas de declaración, el ex secretario general ha insistido en que su cargo implicaba que tenía "competencias políticas y de gestión" de las cuentas. "Pero, por encima de mí estaba el presidente", ha subrayado, en referencia a Camps, a quien ya señaló en otras causas por la financiación ilegal, como la rama valenciana de la trama Gürtel y la abierta por el supuesto pago de comisiones por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia.

Esta estructura jerárquica además, según ha continuado este miércoles Costa, se repetía también en el PP nacional. "Se reproducía idénticamente tratándose de un partido absolutamente jerarquizado", ha dicho, según ha detallado Enrique Santiago, abogado de IU, que ejerce como acusación popular en la causa. Además, ha añadido que el gerente autonómico no dependía del partido regional, sino que lo elegían directamente en Génova y rendía cuentas ante el PP central.

"También ha dicho que era habitual que Camps tuviera multitud de sobres y que había una caja fuerte en un despacho donde habitualmente se guardaba el dinero en efectivo para los actos electorales", ha apuntado el letrado de IU sobre la declaración del ex número dos de los populares valencianos, que ocupó ese cargo entre 2007 y 2009, cuando Mariano Rajoy era el presidente de la formación conservadora.

Un relato que ha completado con otro episodio ocurrido en 2008. Según fuentes jurídicas, Costa ha contado este miércoles que José María Mayor Oreja, expresidente de FCC y hermano de Jaime Mayor Oreja —exministro del Interior durante la etapa de José María Aznar—, le entregó en mano 150.000 euros en billetes de 500. José María Mayor aparece en los papeles de Bárcenas. "Ese dinero era para la financiación de campañas electorales, concretamente para las generales de 2008", ha sentenciado Santiago sobre las presuntas aportaciones de empresarios que posteriormente conseguían adjudicaciones de los Gobiernos en manos del PP.

Esta declaración se ha producido este miércoles después de que Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, se negase el martes a declarar como imputado. El magistrado José de la Mata, que instruye la causa de los papeles de Bárcenas, lo citó después de la sentencia de la rama valenciana de Gürtel, donde fue condenado a un año y tres meses de cárcel tras alcanzar un acuerdo de la fiscalía por haber pagado comisiones al PP para lograr después adjudicaciones.

Costa, que también fue sentenciado en ese juicio a cuatro años, ha aprovechado su declaración de este miércoles como testigo para denunciar ante el juez que está recibiendo amenazas anónimas desde que admitiese ante la Fiscalía y en el juicio de Gürtel la existencia de una contabilidad b y empezase a colaborar con la justicia. Según explican fuentes jurídicas, el exdirigente del PP ha relatado que recibe mensajes y llamadas de desconocidos contra él y su familia. Según ha afirmado, cree que estas proceden desde sectores empresariales.

https://elpais.com/politica/2018/07/25/actualidad/1532520002_546375.html

31. RICARDO COSTA DENUNCIA ANTE EL JUEZ AMENAZAS DESDE QUE HABLÓ DE LA CONTABILIDAD B EN EL PP

Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, ha denunciado este miércoles ante el juez que está recibiendo presiones y amenazas anónimas desde que admitiese ante la Fiscalía y en el juicio de la trama Gürtel la existencia de una contabilidad b en el partido conservador y empezase a colaborar con la justicia. Según explican fuentes jurídicas presentes en su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el exdirigente del PP ha relatado que recibe mensajes y llamadas de desconocidos contra él y su familia. Según ha dicho, cree que estas proceden desde sectores empresariales.

El magistrado José De la Mata había citado a Costa en el marco de la instrucción de la causa abierta por los papeles de Bárcenas. Y, durante su comparecencia, ha apuntado otra vez a Francisco Camps. El ex número dos del PP valenciano ha relatado que el expresidente de la Generalitat conocía perfectamente el sistema de financiación ilegal. También ha descrito una estructura jerárquica, donde el líder regional de la formación controlaba la gerencia. Un sistema que, según su versión, se repetía también a nivel nacional. "Yo tenía competencias políticas y de gestión. Y por encima de mí estaba el presidente", ha afirmado Costa, según fuentes jurídicas.

Costa ha explicado que el gerente autonómico no dependía del partido regional, sino que los elegían en Génova y rendían cuentas ante el PP central. Además, el ex secretario general valenciano ha contado que José María Mayor Oreja, expresidente de FCC y hermano de Jaime Mayor Oreja —exministro del Interior durante la etapa de José María Aznar—, le entregó en mano 150.000 euros en billetes de 500. José María Mayor aparece en los papeles de Bárcenas.

Esta declaración se ha producido después de que Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, se negase este martes a declarar como imputado.

https://elpais.com/politica/2018/07/25/actualidad/1532520002_546375.html

32. VICENTE COTINO SE NIEGA A DECLARAR EN LA CAUSA DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

Ricardo Costa comparece este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional

"No voy a declarar". Así de tajante se ha mostrado este martes Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, cuando se ha sentado ante José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Según explican fuentes jurídicas, el empresario no ha querido responder a las preguntas de la fiscalía y del juez, después de que este lo citase como imputado en el marco de la investigación abierta por los papeles de Bárcenas.

Cotino fue condenado en junio a un año y tres meses de cárcel en la sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriores adjudicaciones. El empresario alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. Un hecho que el juez le ha recordado este martes para anunciarle que valorará ahora cuál es "el significado de esta negativa a colaborar". Sobre todo, según fuentes judiciales, porque en 2014 ya se le llamó a declarar y entonces negó el pago de comisiones fuera de las recogidas en la contabilidad oficial del PP.

Tras la comparecencia de Cotino le ha llegado el turno a tres testigos: José Luis Montesinos y Alfonso Hernández, exdirectivos de la empresa Constructora Hispánica; y Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP. Todos ellos han negado conocer cualquier ilegalidad y los presuntos pagos en b que se hacían a la formación conservadora. "Nunca hemos visto nada y nunca hemos sabido nada de eso", han repetido Montesinos y Hernández, según subrayan las mismas fuentes.

La toma de declaraciones continúa este miércoles. De la Mata ha citado a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Costa ya admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de comisiones y ha mostrado su predisposición a seguir colaborando con los investigadores de una instrucción que se prorrogó el pasado junio, después de que el magistrado considerara que quedaban pruebas por realizar y "abundante documentación" por analizar. "El caso involucra a gran cantidad de investigados", sentenció.

https://elpais.com/politica/2018/07/24/actualidad/1532455905_398238.html

33. EL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

De la Mata cita también a Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, a declarar como testigo

José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha imputado en la causa de Los papeles de Bárcenas al empresario Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios S. A. y sobrino de Juan Cotino (PP), expresidente de las Cortes valencianas. El juez toma esta decisión tras aceptar la petición de la Fiscalía e Izquierda Unida (IU) —personada como acusación particular—, después de la sentencia de la rama valenciana de Gürtel. Vicente Cotino fue condenado a un año y tres meses de cárcel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriormente adjudicaciones.

En un auto fechado este jueves, De la Mata cita al empresario el próximo 24 de julio a las doce del mediodía. El instructor también llama a declarar como testigo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, que admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de estas comisiones y que señaló que se hacía por órdenes directas del expresidente Francisco Camps, al que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves investigar en otra pieza de la Gürtel. La comparecencia de Costa se ha fijado para el 25 de julio a las doce del mediodía.

La investigación de Los papeles de Bárcenas sigue, por tanto, adelante con más pesquisas. De la Mata acordó el pasado junio prorrogar dos años más la instrucción, hasta agosto de 2020, en contra del criterio de la Fiscalía que pedía ya mandar la causa a juicio. El instructor consideró que todavía quedaban pruebas periciales por realizar y "abundante documentación" por analizar.

"El caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas. Y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias que implican el examen de abundante prueba", adelantaba el instructor en un auto emitido apenas un mes antes de citar a Cotino y Costa. En el escrito de este jueves, el juez también llama a declarar como testigos a José Luis Montesinos, presidente de la Constructora Hispánica, que aparecía en Los papeles de Bárcenas; al director financiero de dicha compañía entre 2006 y 2008; a Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP; y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). El magistrado rechaza, en cambio, que vuelva a comparecer Luis Bárcenas.

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/12/actualidad/1531398126_328175.html

34. UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO

Observatori Desc lleva a la Audiencia los datos que confirman cómo las "aportaciones de cargos públicos" se desplomaron tras la apertura de diligencias judiciales sobre la caja B La asociación reclama incorporar a la causa toda la información contable del PP entre 2009 y 2016 que obre en poder del Tribunal de Cuentas y que la actual tesorera y Bárcenas declaren como investigados

La asociación Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso de los papeles de Bárcenas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que indague si el PP infló su censo de afiliados para blanquear dinero "de la denominada y demostrada Caja B".

En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, la asociación solicita al magistrado que cite a declarar como investigados a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, así como al hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP y dejó constancia manuscrita de los movimientos de la caja B, el ahora encarcelado Luis Bárcenas. Y que reclame al Tribunal de Cuentas “el expediente completo” de la contabilidad declarada por el PP entre los ejercicios 2009 y 2016.

Observatori Desc basa su solicitud en los datos del Tribunal de Cuentas desvelados días atrás por este periódico y que certifican cómo los ingresos oficialmente atribuidos a sus militantes se desplomaron de forma dramática después de 2013, el año en que los papeles de Bárcenas salieron a la luz y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada sobre esa materia dentro del caso Gürtel. Los 9,4 millones que según el órgano fiscalizador obtuvo el partido ese año por "aportaciones de cargos públicos", un tipo de contribución adicional a las cuotas ordinarias de afiliación, se redujeron en 2014 a 2,3 millones para ya desde entonces mantenerse en ese nivel.

La cuenta de resultados publicada por el PP en su página web presenta sin embargo en 2013 una discrepancia de siete millones respecto del informe del Tribunal de Cuentas. En lugar de anotar en la casilla de "aportaciones de cargos públicos" los 9.429.406 constatados por el órgano fiscalizador tras examinar la documentación y los justificantes entregados por el PP, el partido reflejó 2.349.049,66 euros. Los siete millones restantes los colocó bajo un epígrafe cuyo significado exacto no se conoce –"otros ingresos"– y que se inscribe en el apartado reservado al dinero cuyo origen son los "afiliados, adheridos y simpatizantes".

Antes de su publicación, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado contable de los partidos políticos en 2013 había sido "asumido" y aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el órgano fiscalizador, cuyo presidente es un diputado del PP.

El informe del Tribunal de Cuentas para 2013 no ofrece resquicios para la duda en cuanto a su interpretación: "Los ingresos procedentes de la financiación privada –dice el texto– ascendieron a 18.339.797,54 euros". De ese total, añade el texto, el mayor volumen se correspondía a cuotas y aportaciones de los cargos públicos. Y a continuación detalla las cuantías: "Los importes correspondientes a las cuotas de afiliados y a las aportaciones de cargos públicos ascendían a 4.381.006,31 y 9.429.406,14 euros, respectivamente".

Cuotas anuales con decimales o números "muy anómalos"

El escrito de Observatori Desc hace también mención expresa a la información de este periódico sobre cómo el PP adjudicó durante al menos cinco años a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61 o 9,97 euros. Esos números, que la asociación califica de "muy anómalos", proceden de una kilométrica hoja de cálculo en formato Excel incorporada a la causa de los papeles de Bárcenas y que detalla las cantidades que el partido declaró entre 2008 y 2011 como aportaciones de los afiliados.

“Entendemos – aduce Observatori Desc en referencia tanto al desplome de ingresos por afiliados como a las peculiares cantidades que aparecen en el citado Excel– que toda esta información procedente del Tribunal de Cuentas debiera ser investigada, a fin de depurar responsabilidades en el presente procedimiento, pues, podría haberse cometido un delito continuado de blanqueo de capital y falsedad en documento mercantil, conexos con los delitos investigados en la presente causa”.

La asociación califica de “dato muy revelador” que de 869.535 afiliados oficiales sólo 66.384 se inscribieran para las primarias que el partido celebró este jueves. "Estaríamos hablando, indiciariamente, de una suma de afiliados –869.535– inflada artificialmente", sostiene el escrito de la asociación.

Antes de publicar la primera de las tres informaciones relativas a este asunto, infoLibre trasladó a los portavoces oficiales del PP los datos que obraban en su poder. El partido pidió tiempo para ofrecer una respuesta argumentada que finalmente no llegó. Tan solo una frase: que todo obedece a “un cambio de criterio contable”.

De forma verbal, fuentes autorizadas del PP añadieron que ese cambio se relaciona con los siete millones que, según el Tribunal de Cuentas, el PP contabilizó incorrectamente en 2014 como ingresos privados los proporcionados por distintos grupos municipales y por el grupo parlamentario de Navarra en lugar de como subvenciones de origen público. Este periódico hizo notar entonces a los portavoces del PP que el reproche y la advertencia del órgano fiscalizador se refiere en efecto a siete millones pero de 2014, no de 2013. El partido se aferró a su versión sobre el hipotético “cambio de criterio contable” y no accedió a ofrecer explicaciones detalladas ni a facilitar a este medio las cuentas de 2013, de las que solo se conocen las magnitudes reflejadas en la cuenta de resultados de 2014. La web del PP permite el acceso a sus cuentas anuales solo a partir de las de 2014.

Los 9,4 millones de 2013 marcaron la cima en el capítulo de “aportaciones de cargos públicos”. Pero el formidable peso de esas contribuciones no se limita a 2013. Al menos desde 2009 –el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas distingue entre las cuotas de afiliación y ese tipo de contribuciones extra–, su peso en los ingresos del PP había sido abrumador: 6.769.221 euros en 2009 (el 63,06% del total de los ingresos por afiliados); 6.972.199 en 2010 (61,8%); 7.831.037 en 2011 (64,8%); 8.083.603 en 2012 (64,6%); y por fin, 9.429.406 en 2013 (68,2%).

A partir de ahí, se despeñaron: 2.306.368 euros en 2014 (38,3% del total de ingresos por afiliados) y 2.350.462 en 2015 (42,2%). De 2016 aún no hay informe de fiscalización. Según las cuentas del PP, las aportaciones de cargos públicos representaron ese año 2.069.167 euros, el 41,2% de los ingresos por afiliados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/06/una_las_acusaciones_pide_juez_papeles_barcenas_que_investigue_si_inflo_censo_afiliados_para_blanquear_dinero_84798_1012.html

35. EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP

Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga

El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.

De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.

El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.

La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.

"No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado"

El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: "no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado".

"Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal", añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.

El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que "ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.

"Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)", añade el escrito.

Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata "no tiene cabida en Derecho", los abogados aseguran que "a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado".

Anticorrupción habla de "inseguridad y "confusión"

En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que "ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad", por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.

Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen "inseguridad y "confusión". El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. "La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza", añade.

Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa "tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción". Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.

https://m.eldiario.es/politica/PP-reformo-Gobierno-intentar-investigacion_0_783922643.html

36. EL JUICIO SOBRE LA PIEZA AENA DEL CASO GÜRTEL YA TIENE FECHA

Serán 15 sesiones entre el 10 de diciembre y el 14 de febrero

La Audiencia Nacional ya ha puesto fecha al juicio oral de la pieza separada AENA del caso Gürtel. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha señalado 15 sesiones que se celebrarán en el juzgado de San Fernando de Henares entre el 10 de diciembre de 2018 y el 14 de febrero de 2019.

Se juzgarán las presuntas adjudicaciones irregulares de AENA a la Gürtel a cambio de dinero y/o viajes. Los principales acusados son Ángel López de la Mota, exdirector de Comunicación; José María Gavari, subordinado del primero; el cerebro de la trama, Francisco Correa; y el contable de la red, José Luis Izquierdo.

Para De la Mota la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel, la misma pena que para Gavari. En el caso de Correa e Izquierdo piden 10 y siete años respectivamente.

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/el-juicio-sobre-la-pieza-aena-caso-guertel-ya-tiene-fecha_204431102

37. EL NÚMERO DOS DE 'GÜRTEL': "CREO QUE AGUIRRE SÍ SABÍA LO QUE PASABA EN FUNDESCAM"

El ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, condenado a más de medio siglo de cárcel, concede desde prisión una entrevista a 'Vozpópuli' en la que asegura que la expresidenta madrileña conocía que su partido se financiaba de forma irregular con una fundación

El 'número dos' de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, condenado a 56 años y cuatro meses de cárcel por los casos 'Gürtel- Época I', 'Fitur' y 'Valencia', asegura desde la cárcel de Valdemoro (Madrid), en una entrevista en exclusiva concedida a Vozpópuli, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que no está imputada en ninguna causa, sí estaba al tanto de la utilización de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para financiar la formación política que presidió durante más de una década (2004-2016).

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 'caso Púnica', de 1 de marzo de 2017, pone de manifiesto que la expresidenta madrileña figuraba como autorizada en la principal cuenta corriente de Fundescam, fundación de la que fue presidenta.

Varios autorizados

Otros de los autorizados en la cuenta eran Francisco Granados -vicepresidente del Partido Popular de Madrid y vicepresidente de Fundescam—; José Ignacio Echevarría Echániz —patrono de Fundescam y Beltrán Gutiérrez Moliner —por entonces gerente del PP de Madrid—".

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción trata de determinar el motivo por el que Fundescam ingresó de Caja Madrid al menos 1,32 millones entre 2003 y 2011.

Preguntado también Crespo sobre si el PP gallego presidido por Manuel Fraga, en el que fue secretario de Organización, se financió de forma ilegal, tal y como indican los documentos aportados por el extesorero del PP Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz, el número dos de Francisco Correa contesta de forma afirmativa: "Se financió de forma irregular, al igual que todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria".

En concreto, el extesorero del PP entregó al juez instructor un documento que hacía referencia a unas elecciones gallegas: "Es información que se nos traslada de la recaudación para la campaña de octubre, con una serie de empresas". Entre el listado de supuestos pagadores se incluían los nombres escritos a mano de Pescanova, San José, Copasa, OHL, Fdez. T. y FCC.

'Papeles de Bárcenas'
Bárcenas también escribió en el manuscrito el nombre de la empresa Necso. Al menos tres de las sociedades que aparecen, OHL, Copasa y FCC, fueron investigadas en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas', aunque todo acabó archivado. De forma reciente, el nuevo instructor de la causa, José de la Mata, reabrió la causa.

Precisamente, este periódico ha dirigido a Crespo una pregunta sobre el tráfico de drogas en Galicia, otro problema que salpicó al PP gallego durante el paso de Crespo por la secretaría de Organización de esta formación, tal y como refleja la serie 'Fariña', basada en la obra escrita por el periodista Nacho Carretero.

Crespo, en su respuesta rechaza categóricamente que la droga estuviera dentro del PP gallego: "No. Nunca", dice de forma escueta el que fuera número dos de Francisco Correa, a quien Suiza bloqueó 1,3 millones de euros.

Además, Crespo asegura que el gestor de las cuentas suizas de Correa, Arturo Fasana, es el único que puede aclarar si el rey Juan Carlos I tenía dinero en Suiza.

https://www.vozpopuli.com/politica/Crespo-Gurtel-Aguirre-sabia-Fundescam-PP-Ilegal_0_1183982596.html

38. ANA GARRIDO, DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL, GANA UN PREMIO ANTICORRUPCIÓN

La extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que denunció ante la fiscalía el caso Gürtel Ana Garrido Ramos ha sido distinguida hoy en Copenhague con el premio Anticorrupción 2018 de la ONG Transparencia Internacional (TI).

Garrido compartió el galardón con Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa asesinada en 2017 con un coche bomba tras sus investigaciones, que pusieron al descubierto varios escándalos de corrupción vinculados con poderosos políticos de su país.

El fallo del premio, entregado en la Conferencia Internacional contra la Corrupción, recalcó que Garrido descubrió un mecanismo de pagos irregulares a cambio de contratos públicos, que su testimonio ha sido clave para la "caída" del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018 y denunció una "insidiosa campaña de acoso" en su contra.

"Es una labor de reconocimiento a todas las personas que luchan contra la corrupción, y eso moralmente te da muchas fuerzas para continuar. Es un halo de esperanza para otros denunciantes", dijo hoy a Efe Garrido.

También lamentó que ninguna ley proteja a los denunciantes en España, "único" país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sin ella, y consideró "fundamental" que se proteja el anonimato de quienes desvelan la corrupción.

Su labor de activista la llevó en su día a reunirse con todos los grupos parlamentarios españoles en busca de un proyecto de ley, aunque critica que el proyecto esté parado, y centra sus esperanzas en la legislación en la materia que ultima la Unión Europea (UE).

El Tribunal Supremo confirmó hace once meses la condena al Ayuntamiento de Boadilla a indemnizarla por acoso laboral con más de 96.000 euros, aunque asegura que el 80 % se le ha ido en pagar deudas a abogados, impuestos y préstamos, y recuerda que estuvo años sin trabajo y tuvo que vivir de okupa una temporada.

Garrido, que se dedica a la venta de bisutería en mercadillos y por internet, un trabajo que aún no le da para vivir, agradeció el apoyo de la gente que compra sus productos al reconocerla, mientras prepara una demanda para limpiar su honor y por vulneración a la intimidad contra "medios afines al Partido Popular (PP)".

Para la galardonada que el PP haya pedido hace unos días al Supremo que anule la sentencia del caso Gürtel y hable de un juicio "parcial", es "el colmo de la desfachatez y de lo surrealista" e insta a esta fuerza política a asumir su responsabilidad.

Una década después de iniciar con su denuncia el caso Gürtel, asegura sin dudar que lo volvería a hacer, aunque de otra manera, evitando errores para que no perjudicara tanto su vida personal.

"He sentido que me he inmolado al denunciar, y se puede denunciar sin inmolarse", explicó Garrido, que no se arrepiente de su decisión porque no sabe ser de otra forma y porque carece de descendencia, "ya que si llego a tener hijos, habría tirado la toalla seguro".

Lanzado en 2000 como Premio a la Integridad, aunque cambió de nombre en 2016, este galardón distingue a personas y organizaciones excepcionales en todo el mundo, incluidos periodistas, fiscales, funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil.

https://www.lavanguardia.com/vida/20181022/452502537908/ana-garrido-denunciante-de-la-gurtel-gana-premio-anticorrupcion-de-ti.html

39. EL DIPUTADO QUE DESCUBRIÓ LA TRAMA GÜRTEL CUATRO AÑOS ANTES DE QUE GARZÓN LA DESARTICULARA

José Camarasa, ya retirado de la primera línea política, persiguió ya en 2005 los contratos irregulares de Orange Market por los que la Audiencia Nacional investiga ahora a Francisco Camps

El PP valenciano practicó un cerrojazo informativo pero Camarasa ya habló de financiación ilegal de los populares en sus intervenciones públicas hace ahora 13 años y mucho antes de que en febrero de 2009 el juez ordenara las primeras detenciones
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La reapertura de la pieza 5 del caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional para indagar si el expresidente de la Generalitat Francisco Camps fue quien ordenó la contratación del Gobierno valenciano con la trama Gürtel ha vuelto a poner en el punto de mira las dos primeras adjudicaciones que Orange Market consiguió en Valencia meses después de que el PP de Aznar perdiera el Gobierno de España. El germen de la trama de financiación irregular de los populares en la Comunitat Valenciana que también pagó actos de Mariano Rajoy.

Presidencia de la Generalitat adjudicó en 2004 varios contratos a dedo que superaron los 80.000 euros a Orange Market, una empresa recién creada y con excargos públicos del PP como Pablo Crespo entre sus accionistas. Los contratos, que "nacían del corazón de la administración valenciana", levantaron las sospechas del diputado del PSPV-PSOE José Camarasa gracias a las confesiones de una garganta profunda. "Me avisaron que era una empresa muy vinculada al PP de Madrid y con dirigentes del PP gallego y me puse a investigar", cuenta.

Este aviso hizo a Camarasa iniciar una batería de preguntas en las Corts valencianas. Pero eran otros tiempos. El diputado socialista se interesó por la trayectoria de Orange Market -la delegación de la Gürtel en Valencia-, por los expedientes de tramitación y por el número de contratos. La mesa del parlamento bloqueaba la mayoría de preguntas y el diputado solo obtuvo una contestación del Gobierno de Francisco Camps: "El contenido hace referencia a una persona física o jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la comunidad autónoma". Un verdadero cerrojazo informativo que muy pocos medios y periodistas se atrevieron a denunciar.

"Eran tiempos de vino y rosas y nadie se atrevía a toserles. Personas de algunos medios de comunicación nos criticaban por fiscalizar a Camps, porque la Comunitat Valenciana iba como un tiro económicamente. Era muy frustrante", relata Camarasa. Pero no fueron los únicos que avisaron al socialista del mal camino que llevaba. Según el exdiputado, el mundo empresarial también le presionó: "Un gran contratista me dijo: 'Está bien que hagáis política, pero cuando el tren va bien es mejor para todos que no se distraiga. ¡Pero si hay para todos!'", cuenta el exdiputado que todavía recuerda esta actitud con frustración.

Camarasa siguió reuniéndose con su garganta profunda, una persona del mundo de la comunicación que veía como los grandes contratos en la Comunitat Valenciana se los llevaba una empresa advenediza y ajena al sector local. "Me dijo que los primeros contratos eran un desembarco de distracción. Vendrán más", comenta que le alertó. Y así fue, Orange Market recibió millones de euros en adjudicaciones de diferente consellerias. Posteriormente, la empresa que lideraba Álvaro Pérez El Bigotes se convirtió en el instrumento para financiar irregularmente al PP valenciano.

Las pesquisas del diputado siguieron durante esos años pese a las presiones empresariales y mediáticas. Y en una entrevista estalló tras conocer la adjudicación del stand de Fitur a la firma de la trama: "Se podría pensar que Orange Market está financiando al PP", dijo el diputado en enero de 2007. Y no falló. En esa contienda electoral los populares valencianos recibieron de Orange Market a través de los empresarios más de un millón de euros.

El PP consiguió enterrar a duras penas el trabajo en la luz y en la sombra de Orange Market hasta que en febrero de 2009 el otrora juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones por la trama Gürtel. Antes, había realizado pinchazos telefónicos con importantes resultados y había investigado decenas de empresas. El tribunal ya ha sentenciado en 2018 como instruyó Garzón que el PP valenciano se financió de manera irregular. Como había vaticinado Camarasa en 2005.

https://m.eldiario.es/cv/diputado-descubrio-Gurtel-Garzon-desarticulara_0_821717929.html

40. UN TESTIGO RATIFICA ANTE EL JUEZ EL PAGO DE COMISIONES QUE DENUNCIÓ COSTA

El intermediario afirma que fue a la sede de una constructora valenciana en la que le dieron una caja con dinero

Un día Ricardo Costa decidió que iba a revelar las actividades delictivas del PP, organización de la que fue secretario general. El paso lo dio en el juicio en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del partido en busca de una reducción de los más de siete años de cárcel que pedía la fiscalía. Y lo consiguió. A cambio, más tarde, extendió su confesión al resto de asuntos que se investigaban en los juzgados. Sin embargo, sus declaraciones siempre han topado con un par de inconvenientes. Por un lado, la falta de concreción de su relato. El tiempo transcurrido no ayuda para apuntalar fechas y otros datos. También la falta de testigos ha sido un hándicap. Porque, al final, se necesita algo más que la palabra de uno contra la versión exculpatoria del resto.

Pero, en una de las últimas causas abiertas con el testimonio de Ricardo Costa, hay alguien más que corrobora su versión. Y eso ya supone un salto cualitativo frente al resto de instrucciones. Se trata de la pieza que abrió el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, en la que se recogen las acusaciones del exresponsable del PP de que el constructor alicantino Enrique Ortiz y otros empresarios como Rover Alcisa financiaron ilegalmente al partido con motivo de la campaña electoral de 2007 a cambio de adjudicaciones de la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa.

Un testigo confirmó posteriormente al instructor estos extremos. De hecho, se trata de un alto cargo de la Generalitat que se desplazó a la sede de la mercantil para recoger el encargo. Lo hizo por orden de Ricardo Costa. Su testimonio fue muy valioso para los investigadores ya que dio detalles precisos de las personas a las que vio y descripciones, minuciosas en algún momento, de algunas estancias. No ha trascendido el cargo que tenía este emisario en la Administración valenciana, pero entre sus responsabilidades no estaba la de reunirse con un directivo de la constructora. Así pues, sólo pudo ir allí y ser recibido porque alguien intercedió en esa operación: Ricardo Costa. El hombre admitió que le dieron una caja y que este la llevó posteriormente a Costa. El enfado fue considerable cuando se enteró que había sido utilizado para trasladar dinero con el que supuestamente financiar al PP.

El testigo, que acudió a la cita con el empresario por orden de Costa, aportó detalles precisos

Ricardo Costa denunció que durante la etapa de Francisco Camps en la Generalitat existía un método delictivo para llenar la caja B del partido. Los empresarios aportaban dinero en negro o pagaban con facturación ficticia los actos de las campañas del PP. Estas entregas las hacían a cambio de obtener luego adjudicaciones. Al parecer, no era por un proyecto en concreto sino por lograr -o conservar- un trato de favor del Gobierno valenciano. Así, siempre según el testimonio del exsecretario general, se pagaron comisiones por obtener obras de nuevos colegios, pero también por las actuaciones alrededor de la F-1 en Valencia.

Estas afirmaciones han impulsado la apertura de nuevas vías de investigación en diferentes juzgados, aunque el futuro de esta pesquisas es incierto. Ricardo Costa siempre ha defendido que él se opuso a un sistema que Francisco Camps conocía y donde tanto el vicepresidente Víctor Campos como luego Vicente Rambla ejercieron de contacto con diferentes empresarios para beneficiar al PP.

https://www.lasprovincias.es/politica/testigo-ratifica-ante-20180820002727-ntvo_amp.html?__twitter_impression=true

41. EL IMPERIO MEDIÁTICO DE ULIBARRI OCULTA SU DETENCIÓN Y LA 'OPERACIÓN ENREDADERA' | ELPLURAL.COM

Ulibarri ya vivió en su día, con el caso Gürtel, lo que supone que llamen a tu puerta y no sea el lechero, sino la Policía para detenerte en una operación contra la corrupción. Volvió a ocurrir este martes, dentro de la Operación Enredadera que afectó a 40 municipios y empleó a 560 policías entre registros y detenciones. De hecho, los investigadores sitúan a Ulibarri en el medio de la trama y creen que utilizó el poder de influencia de sus medios de comunicación para presionar a los Ayuntamientos para que contrataran con Gespol los servicios de tráfico que se investigan.

Ulibarri es dueño del holding empresarial Edigrup aunque, fiel a su estilo, la cara más visible es su hija, Adriana UIibarri, como consejera delegada. Bajo este grupo, hay varias cabeceras regionales, algunas centenarias. Es el caso de Diario de León, Diario de Soria -publicado, junto a El Mundo-, Diario de Valladolid y El Correo de Burgos. Y, a nivel nacional, cuenta con ESDiario, el digital antes conocido como El Semanal Digital, un medio fiel al Partido Popular dirigido por Antonio Martín Beaumont.

Y, por supuesto, la joya de la corona, RTVYCL, la televisión de Castilla y León. En esta comunidad donde se localiza su imperio no existe una televisión pública, pero sí esta licencia, -que comparte con otro empresario que pasó por prisión por su implicación en el caso Construcción, Antonio Miguel Méndez del Pozo- y que es regada con millones de dinero público por el gobierno regional del PP. Un músculo mediático que le permite llegar a todos los castellanoleoneses y allende sus fronteras.

Y, sin embargo, este martes era casi imposible saber, a través de sus medios, que Ulibarri había sido detenido. El caso más sangrante es el de ESDiario, donde no hay ni una sola noticia sobre la Operación Enredadera, mucho menos sobre la suerte del empresario. En su portada no hay ni rastro de la macrorredada que se extendió por toda España y, si se recurre a Google, la única noticia al respecto es de rebote. En realidad, pertenece a su versión valenciana y se trata de una revista de prensa en la que, citando a otros medios, se habla de que quizás, tal vez, a lo mejor, la “trama de los semáforos” podría a afectar al Ayuntamiento de Valencia.

En la web de RTVCyL, la televisión publicoprivada que dirige en la región, se pueden encontrar un par de noticias, pero la estrategia pasa por recurrir a teletipos asépticos de agencias de comunicación. De ICAL, en concreto, en los que por ningún lado aparece Ulibarri en la lista de detenidos. Una vez más, echando mano de Google, se puede encontrar a Ulibarri, escondido en una revista de prensa que coge los titulares de toda la prensa regional. Se trata de la portada de La Nueva Crónica de León, competencia directa del holding en cuestión, que titula: “Ulibarri, detenido como cabecilla de otra red dedicada a amañar contratos públicos”.

Si vamos a buscar en Diario de León, cabecera centenaria donde empezó a crecer su imperio, solo encontramos una noticia, sin firma, titulada “La Udef investiga irregularidades en contratos de cinco ayuntamientos”. Por supuesto, Ulibarri ni está ni se le espera en el texto. Y en Diario de Valladolid más de lo mismo, noticia sin firmar, con aspecto de teletipo y sin profundidad donde el empresario no es nombrado.

En Diario de Soria y El Correo de Burgos la situación es idéntica. Ambas cabeceras utilizan un teletipo de la Agencia EFE, con la misma foto y titular: “Macrooperación en decenas de municipios por corrupción en gestión de tráfico”. En este caso, la agencia nacional no obvió la detención: “Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León”. Y en la redacción, nadie borró el nombre del jefe: ¿despiste o periodismo?

https://www.elplural.com/comunicacion/2018/07/04/imperio-mediatico-ulibarri-oculta-detencion-operacion-enredadera


42. JOSÉ LUIS ULIBARRI: UN PODER FÁCTICO EN MANOS DEL PODER JUDICIAL

Detenido como uno de los principales involucrados en la trama de amaño de contratos de seguridad vial, el empresario mantuvo el favor de las altas esferas incluso después de que el juez de Gürtel lo enviara al banquillo El carácter multidisciplinar de sus negocios, de la construcción a la comunicación pasando por el sector de los servicios, le han convertido en uno de los personajes más poderosos de Castilla y León

Detenido el martes como uno de los principales involucrados en una operación cuyo nombre –Enredadera– parece en sí mismo un resumen de cómo la trama de los semáforos y demás aplicaciones para seguridad vial fue escalando y ampliando su campo de acción hasta operar en más de 40 municipios con la connivencia de cargos públicos del PP, el PSOE y Ciudadanos, el leonés José Luis Ulibarri Cormenzana había sido hasta ahora un hombre de suerte.

Empresario multidisciplinar que comenzó con la promoción inmobiliaria para terminar conjugando el negocio del ladrillo con el de la comunicación y el de los servicios, Ulibarri nunca perdió el favor de los poderes establecidos ni siquiera cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le incluyó en junio de 2016 entre los 27 procesados que, todavía sin fecha, deberán sentarse en algún momento en el banquillo por el juicio de la denominada pieza separada de Boadilla en el caso Gürtel. "La comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa Sánchez ascendió a 1.000.000 euros", escribió el magistrado en referencia a cómo el empresario se había hecho en 2005 con un suelo municipal a bajo precio, que es la clave de por qué la Fiscalía Anticorrupción reclama para él siete años de cárcel.

Ese mismo 2005, cuando nadie podía siquiera imaginar que Baltasar Garzón destaparía cuatro años más tarde lo que la Audiencia ha terminado por definir como "un sistema de corrupción institucional" ni que la constructora UFC, durante años mascarón de proa del empresario, terminaría en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 4,5 millones, Ulibarri le compró a Francisco Correa el yate Carmen Junior III. Pagó 400.000 euros a través de sus empresas.

Fue Baltasar Garzón quien le incorporó desde primera hora –febrero de 2009– a la lista de imputados de Gürtel. El letrado que entonces asistía a Ulibarri, el ahora fallecido Ignacio Peláez, tuvo un papel determinante en la destrucción de la carrera judicial de Garzón. Fue Peláez quien logró que el el juez fuese inhabilitado por haber ordenado escuchas a los principales acusados con sus abogados en prisión.

Empresario de la comunicación

Ulibarri posee varios diarios locales, es copropietario de la televisión privada autonómica que desde 2009 financia la Junta de Castilla y León –54 millones de subvención directa en los últimos tres años–, dio el salto a Latinoamérica en el negocio inmobiliario a través de Begar Andina (Colombia) y Malofa Comodities (Argentina), ha protagonizado dos concursos de acreedores –UFC y Elodea– , por ejemplo, gestiona residencias de ancianos en distintos territorios a través de Aralia, una de las empresas investigadas en Enredadera.

Y además de todo eso está acusado en Gürtel de cinco graves delitos de corrupción (prevaricación, falsedad mercantil, fraude a las Administraciones, tráfico de influencias y delito fiscal) por los que se arriesga a siete años de cárcel. Tiene 63 años. Algunos perfiles biográficos dicen que su padre era taxista. Otros, que cartero. Lo único que nadie cuestiona es que comenzó su andadura profesional –es aparejador– en la empresa Teconsa bajo el mando de José Luis Martínez Núñez, un constructor que llegó a estar investigado por un supuesto plan para asesinar a un antiguo dirigente del PP gallego, Xosé Cuiña. Ulibarri terminó enfrentado con su antiguo jefe, ya fallecido.

Ahora es también el hombre que este miércoles esperaba en Badalona a que el juez que dirige la Operación Enredadera decidiera sobre su futuro inmediato. Pero lo que nunca ha sido, al menos hasta hoy, es una especie de Urdangarin 2 condenado al ostracismo. Muy al contrario, ahora al igual que en los últimos años se encadenan los titulares que le presentan como una variante local del Ciudadano Kane de Orson Welles o, directamente, del turbio multimillonario y editor de prensa amarilla que inspiró el personaje, William Randolph Hearst.

Sus detractores –muchos y todos dispuestos a aportar detalles bajo juramento de que se les mantendrá en el anonimato– creen hoy que si el juez de Badalona adopta medidas cautelares contra Ulibarri, algunos políticos "tendrán difícil explicar su relación". Entre esos políticos los informantes reservan un papel protagonista al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP. Pero tampoco los socialistas rehúyen su presencia. En 2012, un casino local le rindió homenaje a Ulibarri, ya entonces imputado en Gürtel. Al acto acudieron concejales del PSOE y un senador de la misma formación política.

Y eso lo ilustra, por ejemplo, lo sucedido cada uno de los dos noviembres que han corrido en el calendario desde que en junio de 2016 se aseguró un asiento en el futuro banquillo del caso de Boadilla.

El 17 de noviembre de aquel año, el Diario de León, mascarón de proa del conglomerado mediático de este verdadero poder fáctico de Castilla y León que ahora se encuentra en manos del poder judicial, concedió su premio anual al "Desarrollo Social y los Valores Humanos". En aquella edición, el jurado galardonó a una fundación de carácter filantrópico. De ese jurado, y entre otros notables representantes de la sociedad leonesa, formaban parte la presidenta de la Audiencia de León, el decano de los jueces, el general de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León y el Procurador del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en esa comunidad.

Al año siguiente, la historia se repitió casi con idénticos actores: el jurado se reunió el 8 de noviembre de 2017, Diario de León publicó una amplia crónica y la foto de su dueño rodeado por la presidenta de la Audiencia, el juez decano, el Procurador del Común y el jefe de la Guardia Civil en Castilla y León entre otros. Apenas una semana atrás, el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y en la que Ulibarri no se contaba entre los acusados, había ascendido de nuevo a los titulares de prensa, radio y televisión cuando la fiscal del caso proclamó que con el cobro de comisiones y el pago de sobornos Correa había instaurado "un modo de vida duradero" y firmemente anclado en la corrupción. La placidez que rezuman las fotografías del momento apuntan a que a aquella mesa en cuya cabecera posaba Ulibarri y donde las botellas de agua se alinean con disciplina ante cada miembro del jurado ni siquiera llegaron los ecos del juicio.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/05/jose_luis_uibarri_84749_1012.html

43. ULIBARRI CAE OTRA VEZ NUEVE AÑOS DESPUÉS DE SABERSE QUE ERA UNO DE LOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS POR 'GÜRTEL'

Pendiente de juicio por los desmanes en que intervino el grupo de Correa, el promotor leonés se sitúa de nuevo en el centro de otra trama corrupta, la de contratos de seguridad vial La Policía ha registrado 21 ayuntamientos de PP, PSOE y Ciudadanos, ocho de ellos de capitales. Hay más de 30 detenidos

Nueve años después de que en febrero de 2009 trascendiera que había sido uno de los principales empresarios beneficiados por los manejos de la trama Gürtel, el leonés José Luis Ulibarri aparece ahora situado en el centro de una segunda red de corrupción, esta dedicada a manipular adjudicaciones sobre seguridad vial en ayuntamientos de toda España y gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos. Entre los detenidos hay alcaldes y concejales de esos tres partidos.

Bautizada como Enredadera, la operación que bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF dirige un juzgado de Badalona desencadenó este martes una treintena de detenciones, registros a 21 ayuntamientos, requerimientos a otros 18 y entradas en una docena de empresas, cinco de ellas al menos pertenecientes o vinculadas al conglomerado societario de Ulibarri.

Aunque la Operación Enredadera permanece bajo secreto, ya ha trascendido que la empresa Aplicaciones Gespol SL se presenta como la principal receptora de los contratos investigados. Aplicaciones Gespol perteneció a la compañía Bilbomática hasta que en 2016 fue adquirida por la división ambiental de Sacyr, Valoriza. Tanto la sede de Aplicaciones Gespol como la de Bilbomática y la de Valoriza figuran entre las instalaciones que ha registrado la Policía. Sus responsables constan asimismo entre los principales investigados. Los contratos investigados se extienden desde 2010 hasta ahora.

Entre los ayuntamientos bajo la lupa hay ocho de capitales de provincia. Seis de ellos se vieron alcanzados por la oleada de registros: Lleida, León, Palencia, Huesca, Oviedo y Teruel. Y a dos más –Logroño y Vitoria–, la Policía les entregó sendos requerimientos de documentación al igual que hizo con la Diputación de Alicante.

Promotor inmobiliario y propietario de varios periódicos y de la cadena de televisión privada autonómica que gestiona la concesión otorgada por el Gobierno de Castilla y León, José Luis Ulibarri se encuentra pendiente de juicio en el caso Gürtel por la denominada pieza separada de Boadilla.

En esa vista, para la que la Audiencia Nacional aún no ha fijado fecha, se enfrenta a siete años de prisión por varios delitos de corrupción derivados de la adjudicación de suelo a bajo precio que en 2005 logró del Ayuntamiento de Boadilla su empresa Begar para construir 139 viviendas.

Otra de las mercantiles con que en aquella época operaba Ulibarri y cuyo nombre afloró durante la investigación de Gürtel, Peñalba Servicios Inmobiliarios, está ahora también investigada aunque su actual denominación es otra: Enantar SA.

Todo apunta a que el empresario se sitúa en el vértice de esta red. Una de las empresas sometidas a registro es Aralia Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de contratos públicos en diferentes comunidades y una de las compañías señeras de Ulibarri. Otras cuatro comparten domicilio social con la anterior: Utebo, Anento, Enantar y Arcor.

Entre los detenidos, además del propio Ulibarri y su hombre de confianza, Miguel Hernán Manovel, hay alcaldes, concejales y mandos de las distintas Policías Locales que encomendaron a Aplicaciones Gespol distintos servicios relacionados con la seguridad vial previo amaño presunto de los contratos.

Fuentes jurídicas aseguraron este martes no obstante que ahora solo pasarán a disposición judicial una quincena de los arrestados. Y que lo previsto era que los restantes quedasen en libertad el martes por la noche y sean llamados a declarar ante el juez en una segunda fase.

Suspensiones de militancia y arrestos de policías

Entre las 14 personas cuyo arresto ordenó el juez de Badalona –las restantes detenciones se produjeron como consecuencia de los registros– se cuenta el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, así como sus correligionarios Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y Juan Carlos Fernández, concejal en el también municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El partido de Albert Rivera ya los ha suspendido de militancia.

Idéntico anuncio lanzó la dirección federal del PSOE. De ese partido están investigados, al menos, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Eugenia Gancedo, y Juan José Simón, administrador de una de las compañías investigadas y que fue concejal en la también leonesa localidad de Astorga.

En Villanueva de la Cañada (Madrid) fue detenida la concejal del PP Julia Tortosa.

A lo largo de la jornada se sucedieron los arrestos y registros a manos de distintas Policías Locales. La primera detención que trascendió fue la del jefe de ese Cuerpo en el municipio madrileño de Fuenlabrada, feudo histórico del PSOE y uno de los 16 que en Madrid están siendo objeto de investigación. En la lista madrileña se integran localidades de importancia como Alcobendas, Parla, Torrelodones y Pinto.

Los jefes de las Policías Locales de Oviedo, Huesca, Tiana (Barcelona) y Vélez Málaga figuran en la lista de investigados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/04/ulibarri_cae_nueve_anos_despues_saberse_que_era_uno_los_empresarios_beneficiados_por_gurtel_84714_1012.html

44. EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL RECURSO DEL MAGISTRADO JOSÉ RICARDO DE PRADA CONTRA LA NO INCLUSIÓN DE SU CANDIDATURA A VOCAL DEL CGPJ

La Sala de lo Contencioso considera ajustada a derecho su exclusión al no estar en servicio activo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el magistrado José Ricardo de Prada Solaesa contra la no inclusión de su candidatura a Vocal del CGPJ, realizada por la Junta Electoral correspondiente en el acuerdo de Proclamación de Candidaturas de 17 de septiembre de 2017. La Sala considera ajustada a derecho su exclusión al no estar en servicio activo.

En su recurso, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se encuentra en situación de servicios especiales como magistrado del Mecanismo Residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas, solicitaba la admisión de su candidatura y su inclusión en la lista de candidaturas proclamadas. El fiscal en su escrito de alegaciones había mantenido que el recurso debía inadmitirse por extemporáneo o subsidiariamente estimado en los términos postulados por Ricardo de Prada.

La Sala considera que el artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido al procedimiento de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, establece como “regla general y básica” que los jueces o magistrados al presentar su candidatura “tienen que estar en servicio activo (artículo 573.1 de la LOPJ), siendo esta exigencia un presupuesto objetivo y reglado para la concurrencia al proceso electoral”.

En su sentencia, el tribunal concluye que la incompatibilidad que exige el compromiso de renuncia al cargo (artículo 573.2 de la LOPJ), y el compromiso de renuncia que lo provoca no se refiere a los jueces o magistrados, sino exclusivamente a los Vocales que integren la Comisión Permanente. Por otro lado, la Sala afirma que de Prada nunca ha formalizado su renuncia al cargo ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas, requisito que exige el artículo 573.2 de la LOPJ.

Frente a la mayoría, dos magistrados de la Sala Tercera firman un voto particular en el que consideran que la candidatura del recurrente debió ser aceptada. Según estos magistrados, la Junta Electoral realizó una interpretación errónea del artículo 573, y añaden que el compromiso manifestado por el recurrente de solicitar el reingreso al servicio activo en caso de ser elegido equivale fáctica y jurídicamente a la manifestación de compromiso de renuncia al cargo del que depende la situación de servicios especiales.

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ec3847118b06610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=3f99c38cb605c210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES

45. EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y BLOQUEA ASÍ SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES

La mayoría conservadora del Consejo aduce que De Prada "no ha aportado documentación justificativa" de su cese en el tribunal internacional de La Haya El juez ya comunicó a la Junta Electoral su "renuncia expresa" el 28 de agosto

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado este jueves el reingreso al servicio activo al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada Solaesa, que desde marzo se encuentra destinado en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional de La Haya para la revisión de la sentencia contra el genocida serbio Radovan Karadzic. De Prada ha emitido un comunicado en el que califica esa decisión como "sanción encubierta".

De Prada fue uno de los dos jueces que forzaron la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel y que luego firmaron la sentencia que considera acreditada la caja B del PP y condena al partido como beneficiario económico de la trama.

Como publicó infoLibre, De Prada solicitó el 28 de agosto su reingreso en el servicio activo para optar a un puesto de vocal en el CGPJ, que debe renovarse a partir de diciembre. Lo hizo después de que la Junta Electoral de la judicatura, que dirime los conflictos suscitados con los aspirantes a ocupar un puesto en el CGPJ e integrada por tres magistrados del sector conservador, comunicase a De Prada que su candidatura no podía ser aceptada porque estaba en servicios especiales.

Aunque De Prada sostiene que la Junta está interpretando de manera errónea la ley, reaccionó de inmediato con el envío, el 28 de agosto, de una carta en la que le comunicaba que renunciaba "expresamente a la situación de servicios especiales". Ahora, y tras la decisión adoptada la mañana de este miércoles por la comisión permanente del CGPJ, la Junta Electoral debe lanzar en cuestión de horas la lista de los candidatos admitidos y excluidos. Dada la trayectoria que ha seguido el caso, todas las fuentes consultadas consideran remota la hipótesis de que la Junta Electoral se pronuncie en favor de De Prada aunque, en teoría, cabe esa posibilidad.

Bajo la batuta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y gracias a la mayoría que ostentan en la comisión permanente, los conservadores han bloqueado ahora el reingreso de De Prada bajo el argumento de que no ha aportado "documentación justificativa" de su cese en el cargo que ocupaba en La Haya "pese a que se le requirió el pasado 29 de agosto".

La Comisión Permanente basa su decisión en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ, que señala que el artículo 355 de la LOPJ establece que los magistrados deberán solicitar el reingreso al servicio activo “al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales”. Según el informe, “no cabe, por tanto, una renuncia a la situación de servicios especiales para dejar de encontrarse en tal situación, sino que lo que debe acontecer es un cese en el puesto o cargo que se desempeña y para el que se ha sido nombrado (bien por renuncia o por cualquier otro motivo) o, en su caso, cese de la causa que motivó dicha situación”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías. Los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, considerados progresistas, han votado en contra.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/06/el_cgpj_deniega_reingreso_del_juez_clave_sentencia_gurtel_bloquea_asi_carrera_hacia_gobierno_los_jueces_86461_1012.html

46. DURAS ACUSACIONES DEL JUEZ PROGRESISTA DE LA GÜRTEL CONTRA EL CGPJ

"Se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses"

La Junta Electoral ha acordado por unanimidad excluir la candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial del juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel, de forma que son 50 los magistrados que aspiran a integrar el CGPJ los próximos cinco años.

La razón de la exclusión del magistrado que motivó la testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel es que no se halla en servicio activo en la carrera judicial, según informa el CGPJ en un comunicado.

Precisamente hoy, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha denegado a De Prada volver a su puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al no haber justificado su cese en la situación de servicios especiales que cumplía en La Haya.

De Prada dejó su puesto en la Audiencia para formar parte desde hace varios meses de un tribunal internacional de Naciones Unidas que debía resolver el recurso de apelación de la Fiscalía a la condena del líder serbobosnio Radovan Karadzic.

Al haberle sido denegada la reincorporación, De Prada queda fuera del servicio activo de la carrera judicial, de forma que no puede aspirar a un puesto de vocal, como determina el artículo 573.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin De Prada, son 50 los jueces que aspiran a las 12 plazas de vocal del CGPJ, que está en pleno proceso de renovación y cuyo mandato expira el próximo 4 de diciembre.

Entre ellos figuran 4 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (José Antonio Montero, Ángel Arozamena, Inés Huerta y José María del Riego) y varios presidentes de audiencias provinciales como María Esther Erice (Navarra) José Eduardo Martínez (Cuenca) o Ana del Ser (León).

Los requisitos para aspirar a ser vocal son los de estar en servicio activo y aportar el aval de 25 miembros de la Carrera, también en activo, o el de una asociación judicial.
Una vez publicada la lista de candidatos, se abre un plazo para presentar impugnaciones, que serán resueltas por la propia Junta Electoral antes de la proclamación definitiva de las candidaturas, contra la que cabrá interponer recurso ante el Supremo.

Transcurridos dichos plazos, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial.

La selección que hagan las Cámaras deberá respetar la siguiente proporción: tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad

https://www.elplural.com/politica/duras-acusaciones-del-juez-progresista-de-la-guertel-contra-el-cgpj_202581102

47. EL PODER JUDICIAL RECHAZA LA VUELTA DEL JUEZ DE GURTEL A LA AUDIENCIA NACIONAL POR NO ACREDITAR SU CESE EN LA HAYA

El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el reingreso del magistrado José Ricardo de Prada, a su plaza en la Audiencia Nacional, por "no haber presentado la documentación" que justifique su cese en la situación de servicios especiales que lo llevó al Tribunal Internacional de la Haya.

De Prada había solicitado el reingreso en su puesto de la Audiencia Nacional, según adelantó Infolibre, después de que se le denegase la candidatura para optar a una plaza en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, precisamente por no formar parte del servicio activo.

La comisión permanente del Poder Judicial examinó este jueves la petición del magistrado De Prada y rechazó su incorporación por entender que la solicitud no está debidamente justificada y que en ella no consta ni el cese de su puesto en La Haya o de la causa que determinó su marcha, que según su propia solicitud era participar en la fase de sustanciación y resolución del recurso de apelación en el caso del fiscal contra Radovan Karadzic.

Según el informe realizado por los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial sobre la solicitud de De Prada, “no cabe, por tanto, una renuncia a la situación de servicios especiales para dejar de encontrarse en tal situación, sino que lo que debe acontecer es un cese en el puesto o cargo que se desempeña y para el que se ha sido nombrado (bien por renuncia o por cualquier otro motivo) o, en su caso, cese de la causa que motivó dicha situación”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José Maria Macías. Los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

https://m.eldiario.es/politica/Poder-Judicial-Gurtel-Audiencia-Nacional_0_811569228.html

48. EL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' PIDE SU REINGRESO PARA QUE EL SUPREMO NO LE CIERRE EL PASO HACIA EL PODER JUDICIAL

José Ricardo de Prada, firmante de la resolución que declara probada la caja B del PP, vuelve del Tribunal Penal de La Haya para optar a una vocalía en el gobierno de la judicatura

El Supremo le colocó ante el dilema de renunciar de antemano a ese puesto aun sin saber si resultará elegido en el CGPJ o invalidar su candidatura

José Ricardo de Prada, uno de los dos jueces de la Audiencia Nacional que rubricaron la sentencia de Gürtel que certifica la existencia de la caja B del PP, acaba de pedir su reingreso en el servicio activo para que el Tribunal Supremo no le cierre el paso hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde aspira a ser elegido vocal. Destinado desde abril en el Tribunal de La Haya encargado de revisar la sentencia del genocida serbio Radovan Karadzic, De Prada se ha visto forzado a anticipar su vuelta después de que el Supremo le colocase ante el dilema de solicitar su reincorporación inmediata al servicio activo o ver invalidada su candidatura. El magistrado pidió su reingreso el martes, y así lo ha podido verificar infoLibre.

De Prada sostiene que el alto tribunal ha hecho una interpretación errónea del precepto legal que regula qué jueces pueden optar a un puesto en el órgano de gobierno de la judicatura y ha expresado su "disconformidad". La resolución que ha obligado al magistrado a presentar una renuncia anticipada a su estatus de servicios especiales lleva la firma de los tres miembros de la Junta Electoral que debe resolver los conflictos planteados durante los procesos de renovación del CGPJ. Los tres integrantes de la Junta son magistrados del Supremo, todos ellos adscritos al sector conservador.

Según el Supremo, y así consta en el acta del acuerdo, a la que ha tenido acceso este periódico, concurrir al proceso de elección de vocales del Poder Judicial por el denominado turno judicial –12 vocales, frente a los ocho del turno de juristas de reconocido prestigio– solo está al alcance de "quien se encuentre en el servicio activo". En efecto, el punto 1 del artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que "cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura".

Pero De Prada recalca que nada le impedía convertirse en aspirante pese a su situación de servicios especiales dado que ese mismo artículo establece lo siguiente en su apartado número 2: "El Juez o Magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido". Este periódico no ha podido averiguar por qué el Supremo solo invoca el primer punto del citado artículo ni si, como sostiene De Prada, debería haber aplicado aquí el segundo apartado.

Un acuerdo firmado por tres conservadores

Al frente de la Junta Electoral se sitúa el juez Ángel Calderón, presidente de la Sala de lo Militar y de quien el diario El País subrayó en 2011 su negativa sistemática a revisar las condenas a muerte del franquismo. Los otros dos componentes del órgano de arbitraje son Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal y senador del PP en la legislatura de 1996; y Jorge Rodríguez-Zapata, presidente de una sección de la Sala Tercera (la de lo contencioso) y que en 2010, durante su etapa como miembro del Constitucional, saltó al primer plano por emitir un voto particular contrario a la sentencia sobre el Estatuto catalán: contrario porque consideraba que la resolución se había quedado corta a la hora de podar la norma autonómica.

Pese a su "disconformidad", De Prada ha preferido solicitar su reingreso inmediato "para evitar cualquier situación interpretable que pudiera obstaculizar" su candidatura. Y lo hace "renunciando expresamente a la situación de servicios especiales en la carrera judicial que mantengo". Así lo refleja en el escrito elevado con fecha de 28 de agosto a la Junta Electoral, cuya resolución contraria a la candidatura del juez adelantó El Confidencial este miércoles.

El cambio en la situación de De Prada plantea algunas incógnitas. Por ejemplo, esta: la sentencia sobre Karadzic, uno de los casos más relevantes que asumió el tribunal internacional para la antigua Yugoslavia, está aún pendiente. ¿Podrá De Prada participar en su redacción? Algunos juristas opinan que sí. Otros lo ven difícil.

El acuerdo de la Junta Electoral se conoció casi al mismo tiempo que la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de incorporar a De Prada al nuevo consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal. Y ahí se localiza el segundo interrogante: el de si podrá mantenerse en ese órgano. Fuentes de Justicia aseguran a este periódico que el regreso de De Prada a la situación de servicio activo no le impediría legalmente seguir formando parte de ese órgano. "Otra cosa es que él mismo o la ministra no lo considerasen oportuno", añadió la fuente.

De talante abiertamente progresista y considerado uno de los grandes expertos españoles en justicia universal, el revés del Supremo no es el primero para Prada desde que la sentencia del caso Gürtel le colocó en primer plano: en junio, el mismo CGPJ al que ahora busca incorporarse le denegó su amparo después de que el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, le acusara de estar "en sintonía con el mundo proetarra".

Previamente, y gracias al voto de calidad de su presidente, el conservador Carlos Lesmes, la comisión permanente del CGPJ le había apartado del tribunal de Gürtel para dos trámites posteriores a la emisión de la sentencia pero directamente ligados a ella: resolver qué condenados debían ingresar o no en prisión en espera de que el Supremo revise los recursos planteados; y resolver también sobre las "rectificaciones" pedidas por el PP y que finalmente la Audiencia tumbó de plano.

Una vez reincorporado al servicio activo, De Prada opta a convertirse en uno de los nuevos vocales del Poder Judicial que deben relevar a los actuales una vez expire su mandato, lo que sucederá el próximo 4 de diciembre. Su elección depende en última instancia de que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si el acuerdo resultara imposible, la renovación del CGPJ quedaría bloqueada.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/06/el_cgpj_deniega_reingreso_del_juez_clave_sentencia_gurtel_bloquea_asi_carrera_hacia_gobierno_los_jueces_86461_1012.html

49. EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'GÜRTEL' A QUIEN EL PP ACUSÓ DE ESTAR EN SINTONÍA CON LOS PROETARRAS

La comisión permanente del CGPJ descarta una condena al ataque lanzado por Rafael Hernando contra el juez de Gürtel José Ricardo de Prada Los portavoces del órgano de gobierno aseguran que la propuesta de la vocal Concepción Sáez de defender al magistrado ni siquiera llegó a votarse El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no participó en el debate

El ataque lanzado el viernes en el Congreso por el portavoz del PP, Rafael Hernando, contra uno de los firmantes de la sentencia del caso Gürtel, el magistrado José Ricardo de Prada, quedará sin respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces descartó este jueves la propuesta lanzada por una de las vocales progresistas para emitir un pronunciamiento público en defensa de De Prada, a quien Hernando acusó de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Fuentes oficiales del CGPJ han explicado que la iniciativa de la vocal Concepción Sáez –adscrita al sector progresista– ni siquiera llegó a votarse.

La posición mayoritaria en el Consejo –explicaron sus portavoces sin más detalles– es la de que no debe interferir en la libertad de expresión de los representantes políticos, especialmente cuando sus intervenciones se producen en el Parlamento.

Lejos de formular una retractación o una disculpa, el PP se ratificó el lunes en lo dicho por Hernando durante uno de sus turnos de intervención en el debate de la moción de censura. Esa ratificación se produjo cuando dos asociaciones judiciales –Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente– pidieron el CGPJ que amparase a De Prada "de modo efectivo". El CGPJ respondió que el amparo solo se otorga a petición de parte. Y que De Prada no lo había solicitado pero que, no obstante, la comisión permanente estudiaría el asunto si alguien lo planteaba en la siguiente reunión.

Esa reunión se celebró este jueves por la mañana. Es decir, coincidiendo con la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, acto al que no acudió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes. El asunto –aducen los portavoces del CGPJ– no estaba en el orden del día pero se trató. Y Lesmes "ni siquiera intervino".

El voto de Lesmes

Hace una semana, Lesmes hizo valer su voto de calidad para excluir así a De Prada del tribunal que debía decidir sobre la libertad o el encarcelamiento de 11 condenados de Gürtel. El magistrado, ahora en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, había solicitado que se le permitiera seguir en el tribunal para concluir los trámites derivados de la sentencia: la adopción de medidas cautelares y la resolución sobre las posibles reclamaciones de subsanación de errores que pudieran plantear las partes. Su petición provocó un empate de cuatro a cuatro. Y fue Lesmes quien lo deshizo.

En virtud de ese acuerdo, De Prada tampoco podrá participar ahora en la sala a la que compete resolver si desecha o incorpora las "rectificaciones" que el PP acaba de reclamar en lo que concierne al redactado sobre su carácter de beneficiario económico de la trama corrupta. Fechado el 4 de junio, el escrito del PP sostiene que se trata de corregir y completar omisiones argumentales de la sentencia sobre por qué se le condena en el ámbito civil como partícipe a título lucrativo.

Juristas de prestigio consultados por infoLibre y por completo ajenos al caso opinan por el contrario que el escrito del PP tiene pocos visos de prosperar porque lo que discute se relaciona más con la valoración de las pruebas que ha tenido en cuenta la sentencia que con hipotéticas omisiones susceptibles de subsanación. Y la valoración de la prueba –concluyen esos expertos– se dirime mediante los recursos. En este caso, con el ya anunciado por el PP ante el Tribunal Supremo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/08/el_poder_judicial_rechaza_defender_juez_gurtel_quien_acuso_estar_sintonia_con_los_proetarras_83747_1012.html

50. LAS ASOCIACIONES JUDICIALES PIDEN AL CGPJ QUE DEFIENDA A LOS MAGISTRADOS TRAS LOS ATAQUES DEL PP

Los populares han exigido que se vigile e investigue a uno de los jueces de Gürtel y al instructor de 'Los papeles de Bárcenas'

En la oposición, el PP ha sacado la artillería pesada. Contra el Gobierno. Pero también contra los magistrados que lo cercan en las diversas causas judiciales que tiene abiertas por corrupción. A los ataques verbales se ha sumado esta semana una petición de los populares al Consejo General Poder Judicial (CGPJ) para que vigile e investigue a un juez de Gürtel y al instructor de Los papeles de Bárcenas. Una iniciativa que ha obtenido la inmediata respuesta de las cuatro principales asociaciones del sector —Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente—, que han emitido un comunicado conjunto en "defensa de la independencia judicial" y han pedido al CGPJ que "ampare" a los jueces.

Los colectivos, que recuerdan que el partido conservador señala a dos magistrados de causas que investigan su financiación irregular, recalcan que la función "primigenia" del CGPJ es amparar a los jueces de los ataques que reciban. "Justamente lo contrario de lo que propone dicha formación política", insisten las asociaciones en su nota, donde destacan que el primer motivo de que un 58% de la opinión pública tenga una imagen "mala" o muy mala" de la justicia española, según un informe de la Comisión Europea, son precisamente las "interferencias y presiones políticas y del Gobierno".

"Desde las cuatro asociaciones firmantes reclamamos del CGPJ que ampare de modo efectivo en el ejercicio de su independencia a los jueces y juezas, recordando el principio de separación de poderes", continúa el comunicado, después de la petición del PP a dicho organismo, donde mostraba su "preocupación" por las intervenciones de magistrados como "tertulianos políticos" e instaba al Consejo a llevar a cabo "un atento seguimiento" de estas actuaciones "en cuanto contribuyan a aumentar la percepción de politización [de la justicia]".

Pero los populares no se han limitado a presentar esa propuesta genérica en el Congreso, sino que también apuntan en ella a dos magistrados de la Audiencia Nacional. A José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal de la Gürtel que condenó al PP y que ya denunció las presiones en una entrevista en EL PAÍS: "Mientras juzgaba Gürtel sufrí más ataques que en toda mi carrera". De hecho, tras la sentencia, el portavoz del partido conservador al Congreso, Rafael Hernando, arremetió contra él: "No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos del señor De Prada, candidato de IU en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra".

El PP también carga en esta propuesta al CGPJ contra José de la Mata, el juez de Los papeles de Bárcenas, que decidió el pasado junio prorrogar dos años más la instrucción para practicar más pruebas y analizar más documentación. La formación pide que se "investiguen las auténticas razones" que tiene el magistrado para tomar esta medida y ampliar la causa hasta 2020, cuando se celebrarán "probablemente" elecciones generales. Además, en su escrito, los populares señalan que De La Mata fue director general del Ministerio de Justicia con José Luis Rodriguez Zapatero. "Y cesado por el expresidente Mariano Rajoy", apostillan, antes de pedir también que se refuercen los mecanismos para evitar filtraciones de sumarios y fallos: "En particular de la Audiencia Nacional".

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/03/actualidad/1530606525_707160.html

51. EL PP PIDE EN EL CONGRESO QUE EL CGPJ VIGILE E INVESTIGUE A LOS JUECES ENCARGADOS DE SUS CASOS 'GÜRTEL' Y 'BÁRCENAS'

El Grupo Popular pide un informe que regule las "puertas giratorias de la Justicia" en cargos políticos Estas actuaciones, aseguran, "aumentan la percepción de politización de la Justicia"

El PP ha propuesto en el Congreso que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vigile e investigue a dos jueces que llevan casos que atañen a su financiación como los relativos a la trama Gürtel o los 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas al considerar que sus actuaciones "aumentan la percepción de politización de la Justicia".

Así figura en dos de las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso sobre la Memoria del CGPJ de 2016, que se debatirán y votarán en una próxima sesión plenaria de la Cámara.

Por un lado, el PP expresa la "creciente preocupación por las intervenciones habituales como tertulianos políticos de jueces y magistrados en activo en relación con procedimientos en fase de instrucción o juicio oral, o de la revisión mediática de aquellos en los que han participado como instructores o juzgadores".

Jueces que hacen desconfiar la independencia

En ese contexto, quiere que el Congreso inste al CGPJ a "reforzar las medidas de su competencia y a llevar a cabo un atento seguimiento de estas actuaciones por si pudieran lesionar los derechos de defensa de los ciudadanos o en cuanto contribuyan a crear desconfianza en la independencia judicial y a aumentar la percepción de politización de la justicia".

Como ejemplo de estas prácticas que cuestiona y que deben investigarse, el PP cita al juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal del caso Gürtel, al que reprocha haber afirmado públicamente en una entrevista en prensa que la existencia de una 'caja B' en el partido "fue una conclusión unánime del tribunal".

Y siguiendo con esa "preocupación", pide "investigar las verdaderas y auténticas razones" por las que otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor del sumario de los 'papeles de Bárcenas', ha decidido prorrogar la investigación de ese caso hasta 2020, "coincidiendo con la posible y más que probable convocatoria de elecciones generales".

Los conservadores quieren que el Poder Judicial aclare si esa prórroga tiene que ver con otras declaraciones del juez De Prada en las que señala que, aunque actualmente está en situación de servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional, espera volver a la Audiencia Nacional para ocuparse de juzgar el caso de los 'papeles de Bárcenas'.

En otra de sus propuestas de resolución, el PP insta al CGPJ a seguir reforzando los mecanismos precisos para evitar filtraciones de sumarios y fallos, "en particular en la Audiencia Nacional".

Las "puertas giratorias" de la Justicia

Por último, el Grupo Popular ha incluido otra propuesta de resolución para exigir al CGPJ un informe en el plazo de tres meses referido a la "oportunidad, alcance y medidas regulatorias sobre las llamadas 'puertas giratorias' de la Justicia".

Según argumenta el PP, "entre las medidas para reforzar la percepción de la independencia judicial es imprescindible regular de forma clara las reglas y criterios aplicables a aquellos jueces y magistrados que decidan desempeñar cargos políticos en el Gobierno, los Gobiernos de las distintas administraciones públicas, o el Poder Legislativo, en su retorno a la actividad jurisdiccional".

La presencia de jueces y fiscales en los grupos parlamentarios de las Cortes y en el Gobierno es algo frecuente y existe en todos los partidos. Unidos Podemos cuenta en su grupo con el juez Juan Pedro Yllanes, el PP ha tenido al frente del Ministerio del Interior al juez Juan Ignacio Zoido y el actual Ejecutivo socialista cuenta con hasta tres representantes del Poder Judicial: los jueces Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), y la fiscal Dolores Delgado (Justicia).

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/01/el_pide_congreso_que_cgpj_vigile_investigue_los_jueces_encargados_sus_casos_gurtel_barcenas_84624_1012.html

52. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GÜRTEL SALVA AL JUEZ DENUNCIADO POR DORMIRSE: DICE QUE NO LE VIO

En un breve informe solicitado por el CGPJ, Ángel Hurtado elude poner en una situación delicada a Julio de Diego, objeto de una denuncia que busca la nulidad de la condena. La 'cabezada' del magistrado De Diego abre una brecha entre los encausados de la Gürtel La Justicia acredita la trama de corrupción en el PP y condena a su extesorero Bárcenas

El magistrado Ángel Hurtado, que entre octubre de 2016 a noviembre de 2017 presidió el juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, ha informado por escrito al Consejo General del Poder Judicial que él no vio a su compañero Julio de Diego dormido durante las sesiones de la vista.

El órgano de gobierno de los jueces pidió a Hurtado un informe tras recibir una denuncia contra De Diego promovida por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado a 38 años y tres meses de prisión en la sentencia hecha pública el pasado 24 de mayo.

Fue la sentencia que declaró la existencia de una trama de "corrupción institucional" en el PP, dando por probada la caja B del partido. El fallo judicial fue utilizado por el PSOE para presentar la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

"Constante estado de sopor"

Ortega y otros condenados han denunciado al CGPJ el "constante estado de sopor a lo largo de todo el juicio" del magistrado De Diego y aseguran que ello ha conducido a "un proceso sin todas las garantías". Para tratar de demostrarlo han aportado fotogramas y vídeos grabados a lo largo de los 13 meses del juicio, aunque la situación no fue denunciada en ningún momento durante la vista sino sólo tras la condena.

De prosperar la queja disciplinaria, los afectados por la condena de Gürtel tendrían un serio anclaje para propugnar la nulidad del juicio -y, por tanto, de la sentencia- en los recursos de casación que están siendo tramitados en el Tribunal Supremo.

En un escrito muy breve, Hurtado ha informado al Consejo de que él estaba pendiente de la dirección del juicio y no vio a De Diego en el estado denunciado por los condenados. Sí le advirtió en alguna ocasión, añade, de que estaba en una posición corporal poco apropiada para un juicio oral, pero no porque estuviera dormido.


El magistrado denunciado, por su parte, sostiene que es "absolutamente falso" que se durmiera durante el juicio del caso Gürtel y considera que se trata de "un ataque contra este magistrado por parte de un condenado de la trama Gürtel descontento con el resultado de la sentencia y dentro de una campaña de desprestigio contra miembros del tribunal".

Apartarle del caso

El pasado junio, al trascender la denuncia, De Diego pidió amparo al CGPJ por creer que lo que se pretende es "socavar y denigrar mi imagen profesional ante la opinión pública y ante la institución que gobierna el Poder Judicial, como represalia por mi posición jurisdiccional en la reciente sentencia Gürtel y de cara a mi presencia en futuros juicios de las distintas piezas del mismo procedimiento de los que formaré parte, incluso como ponente".

La Comisión Permanente del Consejo no admitió a trámite la petición de amparo "por no concurrir los elementos determinantes de perturbación o ataque a la independencia judicial".

Explicó que "la esencia de la institución del amparo judicial es evitar que las decisiones judiciales puedan verse mediatizadas o influidas por presiones o actuaciones injustas de terceros. Por ello, para la concesión del amparo resulta de todo punto necesario que exista un proceso judicial en trámite en el cual se deban adoptar resoluciones judiciales que puedan resultar influidas por conductas de terceros".

En este caso, sin embargo, la sentencia ya fue dictada y el proceso judicial al que se refiere la denuncia ya terminó en lo que se refiere al tribunal al que pertenece el magistrado cuestionado.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180924/presidente-tribunal-gurtel-salva-denunciado-dormirse-no/340466058_0.html

PRIMERA SENTENCIA FIRME DE LA 'GÜRTEL': EL SUPREMO CONFIRMA LAS PENAS DE HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN POR AMAÑOS EN FITUR

La Sala de lo Pena suscribe íntegramente la sentencia del TSJ de Valencia que condenó a los 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama corrupta El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último

Francisco Correa en una imagen de archivo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a penas que oscilan entre los 3 y los 13 años de prisión para los 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.

Al desestimar los recursos de los acusados, el alto tribunal acaba de emitir la primera sentencia firme del caso Gürtel diez años después de que empezara a investigarse la trama de corrupción.

De este modo, el Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el cabecilla de la trama, Francisco Correa; de 13 años y 3 meses para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo; y de 12 años y 3 meses para Álvaro Pérez el Bigotes. Además, confirma los nueve años de cárcel impuestos por el TSJV a la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez.

Además, la sala confirma la condena para otros tres funcionarios de la entonces Agencia Valenciana de Turisme y un alto cargo de la conselleria: Isaac Vidal (siete años de prisión); Rafael Betoret --exjefe de Gabinete de la consellera y que se conformó al pago de una multa de 9.600 euros en el conocido como 'caso de lo trajes'-- (seis años de cárcel); Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Gra, excoordinadora de Ferias (tres años).

Los otros tres condenados guardan relación con las empresas del grupo Correa: Isabel Jordán, exadministradora de algunas de las sociedades (seis años); Cándedo Herrero, exempleado de oragen Market (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños, exempleada de la sociedad de El Bigotes (tres años).

El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último. Según la sentencia, la exconsellera cometió malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Sobre la asociación ilícita, considera el Supremo que son responsables Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Magariños y Herrero, ya que entiende que en el relato fáctico se describen los elementos del tipo penal, es decir, un "entramado de sociedades, estructurado y jerarquizado, para participar en licitaciones públicas con vulneración de la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa".

La sala rechaza así cada uno de los recursos planteados contra el fallo por los condenados –entre dos motivos alegados por Magariños y hasta 31 por Pablo Crespo– quienes sostenían que se había producido vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, ausencia de motivación de los hechos considerados probados; vulneración del derecho al secreto de las comunicación, entre otros.

Grabaciones de Peñas

Asimismo, rechaza la petición formulada por algunos de los condenados de nulidad de las grabaciones realizadas en su día a los miembros de la trama por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron origen al proceso. Las defensas sostenían que se había producido vulneración al derecho a la intimidad, pero la sala recoge su propia doctrina para indicar que ninguna lesión se produce "cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales".

Añade que se trata de una conversación grabada por un particular de los sucesivos encuentros que mantuvo con los acusados. "Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación, pues con independencia de su valoración ética y moral, lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos de investigación sin observancia de las garantías legales y constitucionales", añade la sala.

Otra cuestión distinta, según el tribunal, es la relevancia que se deba dar en la prueba de los hechos a esas grabaciones, cuya valoración dependerá en cada supuesto de la corroboración de las testificales oídas en el juicio.

Además, entre otras multas, Correa, Crespo y Pérez deberán abonar 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias. Además, la sentencia confirmada establece que ellos tres más Isabel Jordán, Milagrosa Martínez, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.

El 8 de febrero del pasado año el TSJCV dictó la sentencia en la que condenó a la exconsellera y funcionarios de su departamento y a las empresas del grupo Correa por las irregularidades cometidas para adjudicar a Orange Market los contratos para la concurrencia en ferias de turismo en las anualidades de 2005,2006, 2007, 2008 y 2009.

La sentencia expone que las relaciones del grupo de empresas con la administración eran tan fluidas, antes y durante la adjudicación de los contratos, que se produjo un "desembarco" y de hecho una 'sustitución' de la administración por las empresas de Gürtel, pues eran ellas las que confeccionaban y redactaban los contratos, siempre admitidos por la administración, realizaban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas.

Esa situación fue posible por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, "por el conocimiento personal derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/08/primera_sentencia_firme_gurtel_supremo_confirma_las_penas_hasta_anos_prision_por_amanos_fitur_82599_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL RECUSA AL JUEZ DE LA CAJA B, GONZÁLEZ, POR SU AFINIDAD AL PP

Impartió cursos en FAES y fue nombrado vocal del CGPJ por los senadores 'populares'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recusado por la mínima (nueve votos a ocho) al juez Juan Pablo González, quien ya no formará parte del tribunal que juzgará la caja B del PP por su afinidad a los populares. De esta manera, González ha transitado por los mismos derroteros que Concepción Espejel y Enrique López, magistrados apartados también de varias piezas del entramado gürteliano.

González fue el magistrado seleccionado para redactar hasta cuatro piezas separadas en el seno del caso Gürtel: los Papeles de Bárcenas (caja B), la visita del Papa a Valencia, el caso Jerez y AENA. El juez ha sido apartado por dos motivos que no son más que dos caras de la misma moneda: cursos FAES y cercanía al PP.

La propia Fundación, otrora think tank del PP, admitió las informaciones desveladas en exclusiva por El Plural. FAES pagó por conferencias a González. Concretamente, el montante ascendió a 765 euros por cuatro seminarios celebrados entre los años 2003 y 2005, momento en el que la simbiosis entre la formación popular y FAES alcanzó su punto álgido.

Pero su estrecha relación no se reducía a los seminarios. González le debe al PP su meteórico ascenso. En el año 2001 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por obra y gracias del Partido Popular. En concreto, por obra y gracia del voto de 223 senadores gracias a la mayoría absoluta de los populares. De hecho, en la votación que cambió el devenir de Juan Pablo González participaron varios senadores salpicados por la trama gürteliana o por alguna de sus muchas aristas.

El ascenso meteórico del nuevo juez de Gürtel de la mano del PP

Una de las más ilustres fue Esperanza Aguirre, quien fue citada a declarar durante la instrucción y para el juicio. Con una enorme “T” de “testigo colgando del pecho, la exlideresa explicó el fraccionamiento de las facturas en contratos de la Comunidad de Madrid e insistió en su mantra por antonomasia: “Yo destapé la Gürtel”.

El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, también participó en la votación y, al igual que Aguirre, fue citado a declarar en calidad de testigo. Su declaración se celebró el mismo día que la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, García Escudero presidía el PP de Madrid y FUNDESCAM, fundación vinculada con la financiación irregular.

Jesús Sepúlveda, imputado en Gürtel, exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, quien habría recibido viajes, regalos y fiestas pagados por la trama, también votó al magistrado. Sepúlveda, ahora está procesado y pendiente de sentencia. Le podrían caer 15 años de cárcel, no por votar a Juan Pablo González, sino por blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.

También votó Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga y cuyo nombre figuraba en los Papeles de Bárcenas. El senador admitió haber cobrado en negro.

Pero el PP, partido agradecido donde los haya, prosiguió con el impulso de su carrera. El Consejo de Ministros del 24 de marzo del año 2012, con Mariano Rajoy ya en La Moncloa, el Ejecutivo le nombró juez enlace en París en sustitución de Manuel García Castellón, que recaló en Roma. Ya en 2015, Javier Gómez Bermúdez es enviado a la capital gala para sustituirle (justo cuando apuntaba a ser el magistrado al cargo de la Caja B) y González regresa para ocupar, a su vez, su plaza en la Audiencia Nacional. Cinco meses después es Carmen Lamela, la juez que envió al Govern cesado por el 155 a prisión, quien se hace con este puesto tras el sorteo. Entonces, Juan Pablo González relevó a Lamela. Un cambio de cromos cuyo beneficiario siempre era el mismo: el PP. No obstante, la suerte de los populares parece haber tornado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/27/audiencia-nacional-recusa-juez-caja-b-gonzalez-afinidad-pp

REBAJA EN LA PETICIÓN DE PENAS PARA CORREA Y COSTA POR CONFESAR LA FINANCIACIÓN DEL PP PERO INSUFICIENTE PARA ELUDIR LA CÁRCEL

La Fiscalía reduce de 22 años a 7,3 las condenas solicitadas y de siete años y nueve meses para el ex número 2 del PP de Valencia Anticorrupción reclama ahora para el ex número 2 del PP de Valencia a 4,3 años frente a los 7,9 que demandaba

La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir una rebaja drástica en las penas aplicables a los dos acusados de mayor relevancia mediática y política -Francisco Correa y Ricardo Costa- en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia gracias a la trama Gürtel y a la ayuda de grandes adjudicatarios de la Generalitat. Ambos confesaron en el juicio que el PP se nutría de dinero negro y que parte de los gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008 fueron sufragados por empresarios afines mediante facturas falsas abonadas a Orange Market.

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, Anticorrupción solicitaba 22 años que ahora se ven reducidos a 7,3 años mientras que para el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, reclama cuatro años y tres meses, casi la mitad de lo que originalmente pedía. No obstante, la reducción no permitiría eludir la prisión a Costa -Correa ya cumple condena por el primer juicio de la serie, el de los contratos de Fitur- la sentencia resulta finalmente condenatoria y aplica las penas solicitadas por Anticorrupción. Y no lo permitiría porque las penas superan el umbral de los dos años. En medio de la sesión, y justo cuando acababa de terminar su informe la fiscal, el juez que dirige la vista, José María Vázquez Honrubia, ha informado de que ya ha llegado la transferencia de Suiza con 2,2 millones de Correa, que busca así mostrar su cooperación con la justicia.

La declaración de Costa en este juicio asestó el mazazo definitivo al PP valenciano, al que, paradójicamente, la Fiscalía no lo considera en esta causa beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los delitos atribuidos a los acusados. "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro", admitió el que fue secretario general del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps.

La fiscal ha argumentado que no incluyó al PP como presunto partícipe a título luctrativo porque ni el delito electoral ni el de falsedad documental "no generan" responsabilidad civil. En el momento en que se produjeron los hechos -ha remarcado- la financiación irregular no estaba tipificada como delito. Hoy, lo que ocurrió en las campañas de 2007 y 2008 constituiría "un delito del artículo 304 bis del Código Penal". Es decir, un delito de financiación ilegal.

Costa señaló a Camps como la persona de la que procedía "el encargo" de recaudar dinero negro de empresarios que tenían adjudicaciones públicas de la Generalitat. Lo supo, según sus palabras, en 2005. Pero aquel era "un sistema preestablecido ya anteriormente". Esta mañana, la fiscal ha hecho la que parece una alusión inequívoca a por qué Camps nunca estuvo imputado en este caso: "Habría sido muy de agradecer que algunas cosas se contaran en 2010".

En relación con falsedad o electorales se han puesto de manifiesto también la posibilidad de que hubiera un partícipe

Los otros dos miembros de la cúpula de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, también han visto reducidas las respectivas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía. Para Crespo, la fiscal Miriam Segura solicita ahora 13 años y seis meses frente a los 22 originales; para El Bigotes reclama 16 años y seis meses en lugar de los 27 iniciales. Ambos admitieron igualmente durante las sesiones del juicio que el PP se benefició de una financiación opaca.

Una deuda "inconfesable"

En la exposición de su informe de conclusiones, la fiscal Miriam Segura ha relatado cómo los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano generaron "una deuda muy elevada que se fue pagando con dinero negro y facturas". Una "deuda inconfesable", ha abundado la fiscal.

La investigación concluyó que esa deuda ya ascendía a un millón de euros tras los comicios autonómicos y locales de 2007. En caso de duda sobre las cifras, ha remarcado la fiscal, la Fiscalía siempre acudió a la más baja. Es decir, aquella que más beneficiaba a los acusados.

La falsedad documental que se atribuye a los acusados -19 en total, de los que 13 han admitido total o parcialmente los delitos- no fue coyuntural, ha enfatizado la representante del ministerio público. "Lo que se ha construido ad hoc es un conjunto de facturas en A que complementan los pagos en B". Esas facturas falsas en A son las que abonaron los empresarios que en este juicio han compartido banquillo con cinco antiguos políticos del PP valenciano y con cinco miembros de la red Gürtel.

La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo que por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley fuese admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema.

En esta causa han sido juzgados nueve empresarios, que confesaron a cambio de aceptar el pago de una multa para conjurar así el peligro de prisión. Los nueve asumieron el pago de facturas falsas por 1,2 millones de euros. Todas ellas ocultaban servicios prestados por Orange Market al PPe 2007 en las campañas de las autonómicas y las municipales de 2007, así como en las generales de 2008. Entre los actos que se financiaron de forma opaca figuran dos mítines de Mariano Rajoy en la plaza de toros de Valencia.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/09/anticorrupcion_82588_1012.html

LA CONDENA AL PP POR LUCRARSE CON LA GÜRTEL QUIEBRA AL TRIBUNAL

El redactor de la sentencia, Ángel Hurtado, discrepa de la mayoría en lo que respecta a la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, y deja la redacción de esa parte del texto en manos de los otros jueces. La decisión retrasará hasta mediados de mayo la publicación del texto, que cuenta ya con 1.400 folios

El presidente del tribunal que ha juzgado la primera época del caso Gürtel, el conservador Ángel Hurtado, ha redactado una resolución en la que muestra su discrepancia con los otros dos miembros de este órgano judicial, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, respecto a una parte de la sentencia cuya elaboración tenía aquél encomendada. En la misma resolución, Hurtado expone que deja en manos de sus otros dos compañeros de tribunal la redacción de esa parte de la sentencia de la que discrepa.

Según confirman fuentes jurídicas a la Cadena SER, fundamentalmente, el principal motivo de la discrepancia es la condena al Partido Popular por haberse lucrado con la trama Gürtel. Tanto Julio de Diego como José Ricardo de Prada consideran probado que la formación conservadora ha obtenido beneficios con los delitos cometidos por la trama. También hay otros motivos, entre ellos la condena a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, que todavía no han trascendido.

Las mismas fuentes dicen que la mayoría del tribunal “solo discrepa en un 5%” del texto, pero “desde luego es relevante”.

La decisión de Ángel Hurtado de dejar en manos de sus compañeros la redacción de esa parte de la sentencia va a provocar un retraso en su publicación. El texto, que cuenta ya con 1.400 folios, no verá la luz pública hasta “el 15 de mayo”, según confirman las mismas fuentes.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/20/tribunales/1524226729_885198.html

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL AFLORA DISCREPANCIAS QUE PRONOSTICAN UN FALLO DURO PARA EL PP

El magistrado Ángel Hurtado ha quedado en minoría en algunos aspectos de la sentencia que redactarán los otros dos miembros de la Sala, partidarios de una amplia condena.

Ángel Hurtado, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los delitos atribuidos a la trama Gürtel entre los años 1999 y 2007, ha comunicado este viernes a las partes que, "dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos" de la sentencia, estos aspectos serán redactados por los otros dos miembros del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

La comunicación de Hurtado, a quien corresponde la ponencia del caso -que no ha declinado-, permite deducir que en el seno del tribunal que juzgará un proceso por corrupción que compromete gravemente al PP se ha impuesto la línea 'dura' de De Prada y De Diego, partidarios desde el principio de una extensa condena, incluidas las de Jesús Merino y Rosalía Iglesias, esposa del extesorero Luis Bárcenas, sobre las que había controversia.

Fuentes de la Audiencia señalaron, no obstante, que el presidente del tribunal va a decidir su postura final a la vista de la concreta redacción que le propongan sus compañeros.

Hurtado invoca en su escrito los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen que "cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular". El hecho de que Hurtado conserve la ponencia, salvo en esos concretos aspectos en los que ha quedado en minoría, significa que el tribunal ha llegado a un amplio acuerdo sobre la sentencia, que se espera para las próximos días. El ponente ha entregado esta semana a sus colegas el borrador de la resolución ya ultimado.

Las discrepancias del tribunal ya se pusieron en evidencia con motivo de la citación como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente tuvo que ir a declarar por decisión de De Prada y De Diego y con la oposición de Ángel Hurtado.

Rajoy compareció el pasado 26 de julio ante el tribunal y lo hizo desde el mismo estrado en el que estaban situados los magistrados. Aseguró que el PP “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios que resultaron adjudicatarios de contratos públicos y negó los sobresueldos opacos que le atribuyen los llamados 'papeles de Bárcenas', la presunta caja B del partido, que no se juzga en este procedimiento.

Más de un año de juicio

El juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), que afecta a 36 acusados, terminó el pasado 17 de noviembre tras más de un año de vista oral, que comenzó el 4 de octubre de 2016, y se desarrolló a lo largo de 125 jornadas.

La Fiscalía pide la mayor pena para Francisco Correa, 125 años de prisión, seguida de los 85 años que solicita para el presunto número dos de la trama, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para Luis Bárcenas reclama 39 años de prisión.

El Partido Popular se enfrenta a una condena no por delito sino como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado, presuntamente, de la actuación de la trama. Para su defensor, Jesús Santos, sin embargo, la acusación no está justificada ni acreditada con pruebas.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180420/presidente-tribunal-gurtel-aflora-discrepancias-pronostican-pp/301220425_0.html

EL PP TEME UNA VENGANZA DE BÁRCENAS SI EL INMINENTE FALLO DE LA GÜRTEL ENVÍA A SU MUJER A PRISIÓN

"Si la mujer de Luis entra en la cárcel, se nos abre el suelo bajo los pies", afirma un veterano dirigente de la formación conservadora

Los principales cargos de Génova aseguran no estar informados: "Ese tema lo lleva Cospedal. Solo reporta sobre el asunto al presidente"

La cúpula del Partido Popular ha entrado en modo pánico ante la posibilidad de que la inminente sentencia del juicio de la primera época del Caso Gürtel suponga la entrada en prisión de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas. Fuentes de la formación conservadora reconocen su temor a que ese escenario impulse al extesorero a realizar nuevos movimientos incriminatorios con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como principales destinatarios.

"Si la mujer de Luis entra en la cárcel, se nos abre el suelo bajo los pies. Sabemos perfectamente que el tema de su mujer es sagrado", asegura un veterano dirigente de la formación conservadora. La preocupación ha llegado también a Moncloa, en donde se prevé que la sentencia pueda darse a conocer de manera inminente. El PP espera una sentencia dura.

La posibilidad de un acuerdo bajo mano entre el PP y Bárcenas siempre ha sobrevolado en los análisis sobre los cambios de actitud del extesorero durante los procesos judiciales en los que se ha visto inmerso junto al Partido Popular. El ejemplo más claro de ese cambio de actitud lo marcó la decisión de Bárcenas de retirar la acusación contra el PP por la destrucción de sus ordenadores, que a punto estuvo de acabar con ese caso concreto.

En el partido, sin embargo, niegan la existencia de ningún arreglo. Fuentes próximas a las dos partes aseguran que "si los independentistas se han creído que Rajoy puede descolgar un teléfono y decirle a Llarena lo que tiene que hacer, Bárcenas puede haber cometido el error de creerse también que el PP puede decidir qué hacen los jueces de la Audiencia Nacional".

Dirigentes del PP señalan a la secretaria general como la persona encargada de gestionar el escándalo para la formación conservadora: "Ese tema lo lleva Cospedal, con los abogados que ella ha querido y con la gente que le ha parecido oportuno. Solo reporta sobre ese asunto al presidente", asegura uno de los principales dirigentes de la formación. En el entorno de Cospedal han declinado hacer comentarios.

La prisión inmediata, en manos de la Fiscalía

Sea cual sea la sentencia, la suerte inmediata de la mujer de Bárcenas dependerá de la actitud que adopte la Fiscalía tras conocerse el fallo. El Ministerio Público tendrá que optar entre pedir el ingreso inmediato en prisión de los condenados o, por el contrario, permitir que sigan en libertad a la espera de que la sentencia sea revisada por el Supremo y, por tanto, considerada firme.

En la primera condena de Gürtel, la de Valencia, la Fiscalía pidió la entrada en prisión inmediata de los cabecillas y el tribunal aceptó: Francisco Correa, Pablo Crespo y ‘El Bigotes’ duermen en la cárcel desde entonces. La cúpula de Génova teme que se aplique el criterio impuesto en Valencia.

Si la Fiscalía pide el ingreso en prisión, la decisión quedará en manos del tribunal. Los jueces podrán decidir si decretan la prisión inmediata o esperan al recurso ante el Tribunal Supremo. Pesará, por ejemplo, el número de años de cárcel o la existencia de condenas anteriores. Rosalía Iglesias no tiene, así que cabe la posibilidad de que quede libre hasta que la sentencia sea firme.

La mujer de Bárcenas dice a la secretaria de su marido que Luis confiaba en ella, qué pena
La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, a la salida de la Audiencia Nacional EFE
El tribunal que tomará la decisión se encuentra dividido. Por un lado está el presidente y ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, y por otro los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El pasado 20 de abril Hurtado se dio por vencido y les pidió que redactasen ellos una parte de la sentencia, para luego intentar llegar a un acuerdo que hasta entonces había sido imposible.

La decisión responde a la imposibilidad de redactar por consenso la parte que afecta al PP, para el que Anticorrupción pide una condena por considerar que obtuvo un beneficio de la trama Gürtel. Fuentes jurídicas sostienen que este punto de la extensa sentencia de la primera época de Gürtel ha provocado una fractura en el tribunal, que ya ha mostrado sus discrepancias en otros puntos durante el proceso, como la citación a Mariano Rajoy como testigo.

Bárcenas defendió a su mujer: "Llevaba la casa"

La Fiscalía mantuvo hasta el final del proceso la petición de condena para Rosalía Iglesias: 24 años y un mes de cárcel. Sin embargo, abrió la puerta a que fuese rebajada si, en lugar de responsable de los delitos fiscales, fuese considerada solo cooperadora necesaria de haber evadido 11 millones de euros obtenidos "de modo ilícito". Durante el juicio, Bárcenas se esforzó en intentar convencer a la Fiscalía de que sus ingresos eran fruto de sus negocios legales.

Además, trató en todo momento de salvar a su mujer. Aseguró que nunca hablaba de trabajo con ella. "A mi mujer no le interesan estos temas; no le interesan, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", dijo, para luego añadir que su mujer se dedicaba a "llevar la casa". "Jamás" estuvo en su despacho de Génova, insistió. Bárcenas explicó que las operaciones bancarias eran cosa suya y llegó a decir que había falsificado su firma en algunos documentos, como las declaraciones de la renta.

Cuando Rosalía Iglesias tuvo que responder ante el Tribunal, solo contestó a las preguntas de su abogada y ahondó en la versión de su marido. Ella solo se ocupaba de la casa, dijo, aunque admitió que había firmado algunos documentos que le había pedido Bárcenas, quitándose responsabilidad: "Doy por hecho que era una cartera de valores que gestionaba a mi nombre. Pasaba por el banco, firmaba los documentos que fueran y me iba".

Iglesias también dijo que había dejado sus declaraciones de la renta en manos de su marido y que no sabía nada de las cuentas en Suiza: "Si no sabía las que había aquí (en España), muy difícil es que supiera las de Suiza". Sí admitió que había acompañado a Bárcenas en sus viajes al país helvético, pero dijo que en los bancos ella se quedaba en una "sala de espera" mientras su marido hacía las gestiones.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Barcenas-inminente-sentencia-Gurtel_0_772023376.html

FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

Las acusaciones populares insisten en pedir su recusación tras saber que Juan Pablo González cobró 765 euros por dar cursos en la fundación

La Fundación FAES ha confirmado que pagó por conferencias a uno de los jueces que componen el tribunal que juzgará cuatro piezas fundamentales de la trama Gürtel: la caja B del PP (papeles Bárcenas), la visita del Papa a Valencia, AENA y Jerez.

En concreto, la fundación pagó 765 euros a Juan Pablo González por participar en cuatro seminarios celebrados entre 2003 y 2005 -momento en el que FAES estaba plenamente vinculada al PP- sobre Euskadi y el futuro de los tribunales superiores de Justicia.

Su participación en estos cursos es una de las razones, entre otras relacionadas con la afinidad del juez con el Partido Popular, que han esgrimido las acusaciones populares para pedir la recusación del juez Juan Pablo González.

De hecho, tras conocerse el dato de los cobros de FAES por parte del magistrado, las acusaciones populares han registrado nuevos escritos en los que señalan la necesidad de recusar a Juan Pablo González porque "se confirma el vínculo personal existente entre el Magistrado recusado y las partes intervinientes en la presente causa". Además, los pagos señalan que "el juez participaba activamente en el diseño del bagaje ideológico del Partido Popular".

En el momento de la participación del magistrado en los actos de FAES eran patronos de la fundación varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, recuerdan las acusaciones populares, sobre los que tendrá que decidir, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Ya el pasado diciembre este periódico reveló que González había participado en estos actos de FAES e incluso en uno de ellos había llegado a compartir mesa con un imputado en el caso Gürtel, el mismo caso en el que ahora tiene que juzgar. Esto confirmaba sus lazos con el PP y servía de argumento principal para su recusación por parte de las acusaciones populares personadas en el proceso.

La prueba clave

Los documentos enviados por FAES acreditando pagos al magistrado son la prueba clave para dicha recusación, teniendo muy presente el caso de Enrique López. La participación en los cursos de FAES fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional aceptó recusar a López y apartarle tanto del primer juicio de Gürtel como del caso que ahora llevará González, el de la Caja B del PP o Papeles de Bárcenas.

Según decidió por dos veces la Sala de lo Penal, con 14 votos a favor y cuatro en contra, la colaboración con la fundación del PP incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES.

El cambio de jueces orquestado

Juan Pablo González llegó al tribunal Gürtel el pasado 20 de noviembre cuando fue designado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a la vez que era apartado el magistrado Julio de Diego, uno de los dos responsables de haber citado a declarar a Mariano Rajoy en el primer juicio Gürtel.

Además, González sustituyó al otro responsable de esa citación histórica, José Ricardo de Prada, quedándose, si la recusación no prospera, como redactor de las sentencias de las piezas separadas de los papeles de Bárcenas, AENA, Jerez y la visita del Papa a Valencia dentro de la trama Gürtel.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/09/faes-confirma-pagos-juez-gurtel-corrupcion-pp

EL MAGISTRADO PROGRESISTA JOSÉ RICARDO DE PRADA ABANDONA EL ‘CASO GÜRTEL’ Y SE VA A LA HAYA

El juez forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas y está designado para estudiar la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic

El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, abandonará el tribunal que enjuicia el llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP. De Prada, que no se encarga de la ponencia (redacción) de la sentencia del juicio sobre la contabilidad paralela del partido desde el pasado noviembre, dejará su despacho en la Audiencia Nacional para incorporarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya, según han confirmado a este diario fuentes judiciales.

José Ricardo de Prada forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas (MICT, en sus siglas en inglés), y está designado para formar parte del tribunal que estudiará la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. Este caso entra en las próximas semanas en su fase decisoria.

De Prada forzó en julio de 2017 con su voto favorable, junto al magistrado Julio de Diego, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que testificar en persona el 26 de julio en el juicio central de la trama de corrupción del Partido Popular.

El pasado 20 de noviembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó unas normas nuevas de reparto de asuntos que forzaron que el magistrado Julio de Diego quedará apartado del tribunal que enjuiciará el caso Bárcenas. Las nuevas normas de reparto, acordadas por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la conservadora Concepción Espejel, con los presidentes de las cuatro secciones penales del tribunal implicaron también que de Prada no se encargase de la ponencia de la sentencia en el juicio sobre la contabilidad paralela del partido.

El pasado 3 de abril, una providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario— de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia fijaba que el tribunal del juicio de la caja b estaría presidido por los mismos tres magistrados que han enjuiciado el caso Gürtel: el presidente (y ponente) Ángel Hurtado, del sector conservador, y los jueces De Diego y De Prada. Las nuevas normas de reparto se tenían que aplicar a todos los casos excepto a aquellos en los que se haya iniciado el juicio oral. Al quedar apartado de Diego, se dejaba sin efecto la providencia de abril. También se provocó que el tribunal que juzga la caja b del PP tenga desde entonces una nueva composición.

Según fuentes jurídicas, este tribunal es mucho menos proclive a volver a citar al presidente Rajoy en caso de que lo solicitaran las acusaciones populares, como ocurrió en el juicio del caso Gürtel.

De Diego y De Prada presentaron un escrito en el que mostraban su conformidad, con carácter general, con las nuevas normas de asignación de ponencias y asuntos, pero en el que solicitaban que se mantuviera la composición de aquellos tribunales que estuvieran ya expresamente fijados con anterioridad, como es el caso del juicio de la caja b. También aducían la conveniencia de no modificar la composición de los tribunales en los procedimientos "especialmente sensibles".

Estas peticiones fueron desestimadas por unanimidad por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, de la que formaban parte, entre otros, el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y los presidentes de las salas de lo Social, Ricardo Bodas; de lo contencioso, Eduardo Menéndez, y de lo Penal, Concepción Espejel. Fuentes jurídicas destacan el hecho de que Espejel no se abstuviera de participar en la votación en la que fueron rechazadas las propuestas de De Prada y De Diego pese a haber sido apartada, cuando era presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, del enjuiciamiento de las diferentes piezas del caso Gürtel por falta de apariencia de imparcialidad por su supuesta cercanía al Partido Popular.

La Sala de Gobierno justificó entonces la adopción de las nuevas normas de reparto en las salidas de varios magistrados de la Audiencia y en las incorporaciones de Espejel como nueva presidenta de la Sala de lo Penal y de Rodríguez Duplá como nueva responsable de la Sección Segunda de lo Penal. "No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no contempla dicha distinción. Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. Si se hiciera así, sería necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que supondría prejuzgar sobre las mismas", señaló entonces la resolución unánime del órgano de gobierno de la Audiencia Nacional.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521475558_416327.html

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

El exalcalde de Majadahonda confirma ante el juez de la caja B que Álvaro Lapuerta presionaba en Madrid para que se beneficiase a empresas vinculadas al partido. El segundo testigo en declarar asegura que había una " guerra de tesorerías" entre el PP de Génova y el de Esperanza Aguirre.

El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien presionaba para favorecer a empresas "amigas".

Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia, según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.
El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del PP según los apuntes de Bárcenas.

Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004, Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías" fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio González como número dos, y el PP de Génova.

De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso Lezo.

A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".

Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financiación ilegal.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/03/tribunales/1522780856_582609.html

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

El magistrado rechaza citar como imputados a Esperanza Aguirre y al empresario Juan Miguel Villar Mir

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incorporado este jueves al caso Bárcenas, la pieza sobre la caja b del PP, la declaración como acusado del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal de esa formación, en el que apuntaba directamente como responsable de ella al expresidente valenciano Francisco Camps. El magistrado también incorpora a la investigación las declaraciones como acusados del cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, Francisco Correa, y de sus lugartenientes Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, que iban en la misma dirección de inculpar a Camps. La decisión anticipa la posible imputación de Camps en esta investigación, derivada del caso Gürtel de corrupción.

Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez José María Vázquez Honrubia que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convertía así en el primer alto cargo de la formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración, aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la caja b valenciana.

El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el 16 de enero que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.

La decisión del juez De la Mata de incorporar a la investigación del caso Bárcenas las declaraciones de los acusados en el juicio de la caja b del PP valenciano, que se celebra estos días en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, responde a una petición de la acusación popular encabezada por Izquierda Unida. Esta acusación reclamaba, entre otras medidas, la declaración como imputado del empresario Juan Miguel Villar Mir y como testigo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El juez ha rechazado esta última petición al considerar que “no es pertinente” y “carece de utilidad”.

El juez también incorpora a la causa sobre la caja b del PP las palabras de Francisco Correa en el turno de última palabra en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el cabecilla confeso de la red corrupta ofreció a la Fiscalía su “colaboración total” en las causas que faltan de juzgarse en el macrosumario a cambio de salir de prisión.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/15/actualidad/1521116251_849956.html

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

El extesorero del PP borró en la segunda versión una anotación que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M. Rajoy" en junio de 2008 pero no ocultó la existencia de la primera: le entregó las dos al juez Ruz

Quienes conocen la trayectoria de Bárcenas sostienen que el cambio obedeció a su deseo inicial de proteger al presidente tras el estallido del caso porque ese era el año que todavía no había prescrito a efectos tributarios

La constatación de que Luis Bárcenas rehízo una hoja manuscrita de la contabilidad B del PP para borrar un apunte de junio de 2008 que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M.Rajoy" ha puesto en guardia a las acusaciones personadas en el caso. Desvelada por El País, la existencia de dos versiones de los cobros y pagos del mismo periodo introduce, y así lo admiten juristas consultados por infoLibre, el temor a que el contenido de los llamados papeles de Bárcenas pueda quedar ahora en entredicho. Tanto los socialistas como la acusación que, encabezada por IU, agrupa a varias organizaciones creen que hay razones para la inquietud. "Habrá que observar qué pasa con cautela", opina uno de los abogados cuya opinión recabó este diario.

Lo peculiar del asunto, no obstante, es que Bárcenas, que en julio de 2013 y cuando ya había ingresado en prisión le entregó al juez Pablo Ruz los papeles a que ha dado nombre, no optó por esconder la versión auténtica para aportar al magistrado solo la corregida: le dio las dos. Ambas, como ha comprobado este diario, constan incorporadas a la causa. Son, exactamente, las hojas numeradas como 14 y 15 del lote [pincha aquí para verlas]. La entrega al juez Pablo Ruz, entonces instructor del caso, se produjo el mismo día en que Bárcenas declaró que había entregado "personalmente" cantidades en negro a Rajoy y a su número dos, la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Tanto el presidente y líder del PP como su número dos han negado de forma taxativa y con reiteración el cobro de sobresueldos en B.

Fuentes que aseguran conocer los pasos del extesorero del PP desde antes de que cambiara radicalmente su estrategia de defensa para atrincherarse en el silencio, oponerse a la declaración de Rajoy como testigo en el primer juicio de Gürtel y minimizar los papeles definiéndolos como meras "anotaciones extracontables", sostienen lo siguiente: que la primera versión, aquella que dejó anotada la entrega de 12.600 euros a Rajoy el 3 de junio de 2008, es la que realmente plasma las entradas y salidas de dinero opaco en aquel momento, junio de 2008 y el segundo semestre.

Sostienen también las fuentes que Bárcenas manipuló esa página y alteró las anotaciones originales cuando la publicación de los papeles en El País –enero de 2013– provocó un verdadero terremoto. ¿Por qué y para qué lo hizo? Porque, a efectos de un eventual delito fiscal, 2008 no había prescrito aún. Y Bárcenas –aducen las fuentes– quería proteger al presidente. Seis meses más tarde, cuando el juez Pablo Ruz ya le había enviado a la cárcel en una decisión que el imputado siempre había visto como una hipótesis remota, el propio extesorero entregó sus manuscritos contables.

Desaparece Rajoy

En la hoja manipulada por Bárcenas desapareció el apellido de Rajoy, así como el primero de los dos pagos vinculados a su nombre (12.600 euros) y quedó camuflado como "Mariano" un segundo pago de 2.400 euros. También el de Cospedal, que en la primera versión aparecía como "D. Cospedal" junto a la cifra de 7.500 euros y en la segunda, como "Dolores": según los papeles, ese es el dinero que se correspondía con la "regularización del tercer trimestre", el equivalente a "2.500 X 3". Es decir, 2.500 euros mensuales.

Bárcenas también alteró las notas concernientes a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que supuestamente cobró en negro por reformar la sede central del PP y que es uno de los cinco acusados –el sexto, el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, quedó exonerado por demencia sobrevenida– que compartirán banquillo en el juicio de los papeles. En la primera versión consta como "G.U." junto a dos pagos de 235.000 y 200.000 euros supuestamente abonados en octubre y diciembre. En la segunda, aparece como "Gonzalo Urquijo" junto a un solo pago de 200.000 euros, el de diciembre.

Después de que la Fiscalía y el juez Ruz concluyeran que no era posible establecer una conexión entre las donaciones supuestamente efectuadas por empresas al PP y los contratos públicos adjudicados a esas mismas empresas, la declaración prestada por Francisco Correa en el arranque del primer juicio de Gürtel forzó la reapertura de la investigación.

Para dentro de dos semanas, el nuevo instructor del caso ha citado a varios testigos a petición de IU. Y ha incorporado a la causa las confesiones realizadas en el proceso sobre la financiación del PP valenciano por los tres principales responsables de la trama Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– así como por el antiguo número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa. Todos ellos, al igual que nueve contratistas públicos de la Generalitat, han admitido en la Audiencia Nacional que el PP valenciano financió sus campañas con dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por los empresarios que ahora han confesado a cambio de recibir solo una multa como condena.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/23/la_aparicion_dos_versiones_del_mismo_apunte_los_papeles_barcenas_sobre_pago_rajoy_alarma_las_acusaciones_80977_1012.html

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.

El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.

Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.

Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.

Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita. Las demás lo están, a juicio de estos medios.

¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.

Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él aportó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos sean remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.

Reapertura de la causa

Esta pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a alimentar la caja B del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron a este partido comisiones. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por pago de comisiones y donaciones que más dinero ya ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.

El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles, no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).

Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.

Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.

Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.

El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.

Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.

El Supremo y las nulidades

Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.

Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.

El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.

Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.html

LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"

Nuria Romeral, ex jefa de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps ha testificado este jueves en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano "todo pasaba por Ricardo Costa", ex secretario general del PPCV y uno de los acusados.

La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) a través de pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunitat para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.La primera testigo en declarar ha sido Nuria Romeral que en 2007 era la jefa de prensa de Francisco Camps, que la nombró tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año secretaria autonómica de Comunicación.

Nuria Romeral, que actualmente es responsable de comunicación en una empresa privada, ha asegurado que conoce al acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, pero solo de verle en actos del partido y hablar ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias.

Ha aclarado que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con Álvaro Pérez sino con Ricardo Costa tanto en la campaña de 2007 como en la de 2008, cuando ya era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.

A preguntas de la fiscal ha dicho que no recuerda quién le dijo que hablara con Ricardo Costa incluso en 2007 cuando aún este no era secretario general de la formación.

No obstante ha comentado: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y todo pasaba por él en el partido".

Para apostillar su declaración al respecto el juez José María Vázquez Honrubia ha preguntado a la testigo "quién mandaba y quién controlaba el partido en Valencia en 2007 y 2008" y Nuria Romeral ha contestado: "Ricardo Costa sin ninguna duda".

Preguntada por la defensa del acusado Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano, ha señalado que "no era una persona del partido sino del Gobierno" y que su papel como director del comité de la campaña electoral de 2007 fue de estrategia de contenidos.

Esto ha sido corroborado por el otro testigo que ha declarado hoy, el ex secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Generalitat Rafael Ripoll, que ha indicado que en dicho comité Rambla no se encargó de asuntos económicos.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/08/5aa12539468aebab7c8b46bb.html

CAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES

El expresidente dice que Ricardo Costa le engañó y no le habló de la facturación falsa de Gürtel

El expresidente valenciano Francisco Camps ha escurrido hoy el bulto en la Audiencia Nacional y ha acusado a su antecesor en la Generalitat, Eduardo Zaplana, de haber enviado a Álvaro Pérez El Bigotes a la comunidad para hacer los actos electorales del Partido Popular y que "ya se quedó allí en Valencia".

Camps ha declarado hoy como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, donde ha contradicho la versión que aportó El Bigotes como acusado cuando dijo que conoció al expresidente valenciano a través del empresario y yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

En el mismo sentido, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, señaló que Orange Market se creó porque, cuando la trama dejó de trabajar para Madrid, el Bigotes conoció a Camps y éste les planteó trabajar en Valencia para el PP.

Sin embargo, hoy Camps ha negado que fuese Agag quien le presentase al Bigotes y ha dicho que le vio por primera vez en su presentación como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un acto de Alicante en 2002 que se celebró "en un pabellón deportivo". "Me lo enviaron desde Madrid", ha precisado Camps para después añadir: "El presidente del partido (en Valencia) dijo que esta persona es la que se encargaría de los temas de organización de los actos, de entarimados y todo ese lío".

"Apareció por allí", ha explicado Camps en relación con El Bigotes, con quien ha dicho que está "enfadadísimo" después "de este follón que ha organizado con el partido". Además, ha apuntado que no le consta que Zaplana tuviera una relación personal con El Bigotes y ha apuntado que no le preguntó por qué le recomendó para organizar los actos electorales porque él estaba pendiente de la campaña electoral.

Camps también se ha dedicado a contradecir la versión que hizo Ricardo Costa dio en el juicio y ha asegurado Gürtel que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.

"Niego la mayor. Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo", ha dicho Camps en su declaración como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, en la que ha desmentido la versión que aportó el acusado y entonces secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Camps ha dicho que el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, nunca le dijo que el partido estaba pagando la deuda contraída con la Gürtel con facturas falsas giradas a empresarios por servicios electorales que no habían realizado.

"No solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo llamé al señor Costa para decirle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades".

Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad".

Camps ha querido dejar claro que en el PP "nadie se ha enriquecido nunca jamás". En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente convencido" de que el presidente o el secretario general del partido, que eran "sus interlocutores", se lo hubiesen contado.

https://www.elplural.com/politica/2018/03/07/camps-echa-el-balon-zaplana-y-le-acusa-de-contratar-el-bigotes

LA FISCALÍA DEL SUPREMO MANTIENE LAS PENAS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL EN EL CASO FITUR

Los cabecillas de la Gürtel insisten en su indefensión y penas desproporcionadas ante el Supremo

Los líderes de la Gürtel denuncian penas de “desproporcionadas” y "vulneración de derechos” y de su “intimidad” lo que invalidaría, según sus defensas, las grabaciones origen de la causa

La Fiscalía se ha ratificado en la petición de penas para los once condenados

El Tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta han escuchado los argumentos de las defensas de los acusados y del ministerio Público. Los abogados de los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, han coincidido en calificar Gürtel de causa general que les ha impuesto penas desproporcionadas y la dilación indebida del procedimiento que les mantiene en prisión preventiva. Además, entienden que habrían vulnerado el secreto de las comunicaciones y su intimidad en referencia a las grabaciones que dieron origen a la apertura del procedimiento, más de 40 horas registradas por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas.

“Hacemos referencia a Gürtel y no a la pieza recurrida de Fitur porque esto deriva de un macroproceso” ha dicho el letrado de Correa, Juan Carlos Navarro. “Nos surge el problema con el delito continuado y la pena desproporcionada en la que deriva”, según Navarro.

"Puro veneno"

La defensa de Pablo Crespo, representada por su hija, la abogada Margarita Crespo, ha pedido al tribunal “que no hagan oídos sordos” ha continuado “Llevamos nueve años navegando a la deriva. Es mi deseo encontrar en este tribunal el dique frente a tantos abusos y descontrol de los derechos más fundamentales que hemos sufrido hasta ahora".

Según la abogada, “lo que hizo el señor Peñas al aportar las grabaciones fue plantar una semilla de la planta de la cicuta, puro veneno, plantó esa semilla y luego con ese árbol trabajó la Fiscalía, la Policía y los distintos instructores que ha tenido este procedimiento". El Ministerio Público, como había anunciado, ha impugnado los motivos de los acusados y mantiene la petición de las penas.

El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza ha hecho referencia a cómo la exconsejera valenciana, Milagrosa Martínez, era consejera de Turismo, "quien autorizaba los pagos y partidas duplicadas o sobredimensionados" en los amaños de Fitur. Quien “tomó esas decisiones de carácter injusto y arbitrario a favor de las empresas de Correa”. Era responsable de la consejería y responsable de la Agencia Valenciana de Turismo y "la sustracción de los fondos era "consentida".

Zaragoza ha liquidado el debate recurrente sobre la legalidad del origen de las escuchas, ha recordado que "solo la escucha o grabación por un tercero no convierte en inutilizable ese medio probatorio, según ha fallado el Tribunal Constitucional: quien se graba tiene deber de reserva pero no de secreto". En las cintas "se identifica la voz de Correa, no plantea duda y debe ser rechazado"

Para el fiscal, "estamos ante una trama criminal con unos actores más relevantes, otros secundarios, pero cooperadores necesarios en esa trama, igual que los dirigentes de la consejería de Turismo y los representantes". La consejería “era dirigida desde fuera, por tanto, eran unos miembros más de esa trama criminal”.
Contratos Fitur

La acusación representada por el PSOE, Virgilio de la Torre, ha solicitado la confirmación de la sentencia. De la Torre, ha defendido la legalidad de las grabaciones de Peñas y el delito continuado, cuestionado por las defensas, “no es una cosa etérea, aquí no han sido juzgados con anterioridad” ha dicho. En cuanto a los amaños de Fitur “Se cambiaron los criterios de adjudicación, además Orange Market carecía de la experiencia para presentarse a estos concursos. Había sido creada en 2003” mantiene.

La connivencia era tal, ha recordado De la Torre, que “tenían las noticias antes de que salieran oficialmente” e “hicieron fraccionamientos de contratos y era tan flagrante que la Sindicatura de Cuentas advirtió de la irregularidad”. Es más, hasta presumían en as intervenciones telefónicas “Fraccionaban y presumían de ello, no te preocupes si me van a conceder el stand” ha recordado. Que no valgan las escuchas no quiere decir que no sirva el resto de la instrucción

Los once acusados en esta causa lo están por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación. Con la decisión que tome el Tribunal Supremo confirmará la primera sentencia en firme de la trama Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/04/tribunales/1522845929_042092.html

DOS APUNTES EN LA CONTABILIDAD B DEL PP 'PERSIGUEN' DESDE 2013 AL MARIDO DE COSPEDAL

El ataque lanzado este martes por Álvaro Pérez, El Bigotes, contra Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y a quien señaló en el Congreso como uno de los que "soltaban el mondongo", es decir, el dinero opaco para el PP, se sustenta en dos anotaciones de los llamados papeles de Bárcenas que desde hace cinco años persiguen al empresario.

Fechados respectivamente en julio de 1997 y en noviembre de 1998, esos apuntes se refieren a alguien a quien Luis Bárcenas registró en la contabilidad B del partido como "López H." y "López Hierro", donante de 15 millones de pesetas (90.151,82 euros) en la primera ocasión y de cuatro millones también de pesetas (24.040,48 euros) en la segunda. Cuando los papeles de Bárcenas vieron la luz a comienzos de 2013, López del Hierro negó que alguna de esas dos inscripciones se refiriese a él. Ahora, ha anunciado una querella contra el antiguo responsable de Orange Market, a quien Cospedal tachó este miércoles de "difamador" al tiempo que reiteraba que su marido "no aparece" en los papeles de Bárcenas.

Pero no solo Álvaro Pérez ha dado por buena la equivalencia entre el tal "López Hierro" e Ignacio López del Hierro. En abril de 2013 ya lo hizo la Policía. Un informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) identificó entonces al empresario como el donante de aquellos 19 millones de pesetas en dos entregas. El análisis policial citaba de forma extensa las compañías a cuyos órganos de administración o dirección pertenecía o había pertenecido López del Hierro. Desde 1991, precisaba la Udef, era apoderado de Constructora Continental SA, de la que había sido vicepresidente hasta 1994 con José Oriol Rabassa al frente de la compañía.

Durante su comparecencia ante la comisión que en la Cámara Baja investiga la presunta financiación ilegal del PP, Álvaro Pérez magnificó el número de veces en que, según su versión, aparece López del Hierro en los papeles de Bárcenas: porque sea quien sea "López H" o "López Hierro", solo figura dos veces y no "nueve o diez u once". Pero en lo esencial, y despojado de interpretaciones, sus datos eran correctos. El empresario jamás fue llamado por ningún juez: no ya a un banquillo sino a la silla donde durante meses declararon ante el juez Pablo Ruz los imputados y testigos convocados por su relación supuesta o real con los papeles de Bárcenas.

A la luz de lo que sobre los hipotéticos donantes del PP decía aquel informe policial de abril de 2013, la acusación popular ejercida por Izquierda Unida amplió su querella sobre la contabilidad B del PP. Pero basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) según el cual no era posible establecer un nexo entre entregas de dinero negro al PP y adjudicaciones de contratos públicos, Anticorrupción se opuso a que la ampliación de la querella fuese admitida en lo que a López del Hierro y otros empresarios concernía.

Y el 4 de diciembre de 2013, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que, alineándose con la Fiscalía, rechazaba investigar al marido de María Dolores de Cospedal. También Ángel Piñeiro, "amigo" y "edecán" de Rajoy, que fueron los términos empleados por Álvaro Pérez, se libró de desfilar ante el magistrado.

El juez no investigó

El auto dictado por Ruz ese 4 de diciembre desestimó la ampliación de la querella respecto de seis empresarios. Lo hizo guiándose por el siguiente razonamiento: "al no concurrir en los mismos, de forma indiciaria, indicio alguno de responsabilidad penal en relación a los hechos investigados y los puestos de manifiesto en el escrito de ampliación de querella, bien en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados, bien en atención a la escasa, vaga o en ocasiones inexistente (así ocurre respecto de los querellados Sr. Salado y Sra. Pulido) descripción complementaria de hechos comprendida en el texto de la querella y de la que pudiera extraerse suficiente notitia criminis".

El hecho de que el juez solo mencionase a dos de los querellados –Ángel Salado y Pilar Pulido– al argumentar la escasez o directamente inexistencia de indicios apunta a que el factor "antigüedad" fue el determinante en su rechazo a investigar los otros cuatro querellados: López del Hierro y Piñeiro, entre ellos.

A comienzos de 2013, exactamente el 1 de febrero, el diario El País, que acababa de desvelar el contenido de los papeles de Bárcenas, publicó la versión de López del Hierro. El empresario, se lee en esa información, "negó rotundamente que ese apunte pueda ir referido a él. Aseguró que jamás ha realizado una aportación al Partido Popular, subrayó que en esas fechas [1997-1998] aún no se había incorporado a Bami y era un ejecutivo de la ONCE sin capacidad para hacer desembolsos semejantes y que no tenía vínculo alguno con el PP ni conocía entonces a Cospedal".

Varios meses más tarde y en un momento en que todavía no había virado en su estrategia de defensa, el autor de los papeles, Luis Bárcenas, compareció de nuevo ante el juez Pablo Ruz. Lo hizo el 18 de octubre. Y en esa declaración hizo un detallado relato de su relación con Cospedal, con quien desde años atrás mantenía un duro enfrentamiento. Cuando Ruz preguntó a Bárcenas por otro de los donantes, el empresario Antonio Vilela, de Construcciones Rubau y que para entonces ya había admitido un pago de 63.000 euros al PP "a título personal".

El extesorero respondió así: Vilela "era además una persona a la que utilizaba Álvaro Lapuerta para pedirle estudios sobre determinados temas, y que colaboraba activamente con el partido, en una fase determinada, fue asesor del Ministerio de Fomento, yo creo que en la época de Francisco Álvarez Cascos, y nosotros lo conocimos a través de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. que trabajaba con él en la... Ignacio López del Hierro trabajaba para Antonio Vilela, que era el consejero-delegado de la constructora de la ONCE, que me parece que se llamaba CGS, o algo así, era el consejero-delegado y López del Hierro fue el que presentó a Álvaro Lapuerta, Antonio Vilela.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/22/dos_apuntes_contabilidad_del_persiguen_desde_2013_marido_cospedal_75601_1012.html

CINCO AÑOS DE LA “QUERELLA BÁRCENAS” Y 1.826 DÍAS DE AMENAZAS DEL PP

Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción, hacen balance de lo conseguido hasta la fecha

Un 28 de febrero, de hace cinco años, varias organizaciones presentaban ante la Audiencia Nacional (AN) una querella criminal contra distintos responsables del PP y un buen número de empresarios de la construcción por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados Papeles de Bárcenas, publicados en la prensa justo un mes antes.

La decisión en 2013 de la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción de llevar a los tribunales esta supuesta trama corrupta y su inmediata admisión a trámite, evitó que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, parando así “el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias”, reconocen en un comunicado las acusaciones populares personadas en el caso que se sigue en la AN.

Pagos ilícitos y licitación de obra pública

Para los querellantes, los supuestos pagos ilícitos al PP que aparecen en los conocidos como Papeles de Bárcenas se tradujeron en licitaciones de obra pública, “que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda”.

En este sentido, Ecologistas en Acción, junto al resto de las acusaciones populares ponen de ejemplo las autopistas radiales de peaje, “quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos”, al mismo tiempo que recuerdan que “todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras”.

Protección de los presuntos delincuentes

Durante los cinco años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes aseguran en el comunicado haber tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos “que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles”, recordando, además, las “amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron”.

Y por si fuera poco, la Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron las anotaciones de Bárcenas, “sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados”, concretan.

“Sospechosos” cambios en la UDEF…

Para la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción, no deja de ser “sospechoso” los cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde ha habido hasta tres relevos del inspector jefe en estos 5 años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; “o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular”, comentan en su comunicado.

...Y el carpetazo de Ruz

La acusación popular tampoco está satisfecha con la forma en que el extitular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cerró la investigación. De esta forma, recuerdan que en las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país (Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr…) junto con altos responsables del PP.

Sin embargo, “en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la ‘donación’ se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE”, lamentan. Ruz rebajó a sólo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

La “extraña” libertad de Bárcenas

Los querellantes tampoco entienden los motivos de la puesta en libertad en enero de 2015 de Luis Bárcenas, que tras año y medio en Soto del Real y haberle sido denegada su salida de la cárcel hasta en seis ocasiones por los graves delitos imputados (apropiación de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y estafa en grado de tentativa), abandonaba la prisión a pesar de que “los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa y conocerse que acumuló 48 millones de euros en sus cuentas suizas”, puntualizan.

La mordida de los 200.000 euros

A pesar de “todas estas zancadillas”, la acusación popular recuerda en su escrito que ha llegado a promover más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio PP, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras a cambio de una supuesta mordida de 200.000 euros, según declaraciones en sede judicial del extesorero “popular”.

Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso.

Conexiones con Gürtel, Lezo y Púnica

Finalmente, reconocen que el recorrido por el desierto jurídico no ha sido en vano, ya que a todo lo dicho hay que añadir que las “conexiones de los papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la AN y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas”.

Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años (cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción) indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. “Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos”, concluyen, no sin esperar que su trabajo, “como expresión de la voz de la ciudadanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/papeles-barcenas-corrupcion-pp-amenazas

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

Además, exigen que se sumen a la causa las reveladoras declaraciones de los cabecillas de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez

Tras las reveladoras y llamativas declaraciones que dejó en la Audiencia Nacional el que fuera secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, sobre la financiación ilegal del partido regional; Izquierda Unida ha solicitado al juez que sean incluidas en otra causa: en la que investiga la caja B del PP a nivel Nacional.

Pero también quiere que se tengan en cuenta las palabras dichas en sede judicial por los tres cabecillas de la trama Gürtel: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Considera que con ellas se podría esclarecer gran parte de la investigación que trata de averiguar si en el Partido Popular a nivel nacional existía una caja B; es decir, si el partido de Mariano Rajoy se ha financiado irregularmente.

Según publica Loreto Ochando en Valencia Plaza, IU cree que estas declaraciones son de vital importancia para demostrar que el PP se financió de forma irregular gracias a aportaciones de empresarios.

Hay que recordar que durante el juicio de la Gürtel valenciana, uno por uno, los cabecillas de la trama fueron relatando como este sistema de financiación era una realidad en el PP de Valencia. Incluso apuntaron a que era Francisco Camps el que movía todos los hilos para que esto fuera así. Luego llegó Costa y ratifico, casi palabra por palabra, lo dicho anteriormente.

“Génova 13, era un centro de conspiración ”

Los letrados de IU explican en un escrito que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa han vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente, así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. “Además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”, sentencian.

Pero el letrado de Izquierda Unida ha sido aún más duro al afirmar que “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”.

Y señala a los culpables: “Lapuerta y Bárcenas se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/08/iu-pide-incorporar-la-confesion-de-costa-en-gurtel-al-caso-de-la-caja-b-del-pp

LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIARÁ SI APARTA A JUAN PABLO GONZÁLEZ DEL TRIBUNAL QUE JUZGUE LA CAJA B DEL PP

Acepta otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez

Anticorrupción emitió un informe a favor de que se estudiasen dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo del Partido Popular "fue decisivo" a la hora de impulsar la carrera del juez

La Audiencia Nacional estudiará si se debe apartar del tribunal que juzgue la presunta financiación ilegal del PP al magistrado Juan Pablo González por su vinculación con el PP, tal y como solicitaron las acusaciones populares, informa Europa Press.

También se han aceptado otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez. Ninguna de estas vistas orales tienen aún señalada fecha de celebración.

Sobre los denominados papeles de Bárcenas, la jueza de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado ha admitido a trámite el incidente de recusación contra González presentado por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE valenciano, Izquierda Unida, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio DESC. Concretamente, IU destacaba en su escrito la "amistad manifiesta" del juez con el PP, lo cual generaba "dudas más que razonables sobre su parcialidad".

Ahora, tras contar con el informe a favor de la Fiscalía de que se estudien dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo de este partido "fue decisivo" a la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado. En su escrito, el Ministerio Público señaló que, tras la correspondiente tramitación de la recusación, se debe estimar apartar al juez.

La jueza instructora tiene en cuenta que en la causa abierta por la presunta financiación ilegal de los conservadores se encuentra el partido como responsable civil en esta pieza y que las acusaciones denuncian que el magistrado tiene una "vinculación" con el PP y con "personas relevantes" del mismo, "a su vez relacionadas directa o indirectamente con la causa".

Solicitud a FAES

En este sentido, a petición del PSOE valenciano, la magistrada Fernández Prado ha solicitado al secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) que certifique los cursos o actividades en los que haya participado el juez recusado. También las remuneraciones que haya podido recibir por sus intervenciones.

Además, tienen en cuenta que Juan Pablo González fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado en 2001; en 2012, designado magistrado de enlace en Francia; y en 2015, magistrado en comisión de servicios de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, no considera oportuno solicitar información a los patronos de FAES, como pidió IU, porque "es público que se trata de una fundación presidida por José María Aznar y vinculada al PP" y que el nombre de los patronos aparecen en la página web de la fundación.

Además no considera relevante la testifical del exministro Jaime Mayor Oreja, aunque su hermano aparezca mencionado en la causa que se investiga sobre la presunta caja b del PP, aunque exista una amistad con él, pues no está acusado.

No se estudia la ideología del magistrado

Por otro lado, la instructora no ha admitido la solicitud hecha por Adade para que se aporte como documental la copia de los artículos de opinión escritos por González y que fueron publicados en prensa. "Pretender una recusación basada en la ideología del magistrado excede de las causas legales de recusación", subraya Fernández Prado.

Tampoco acepta pedir al Senado la copia del acta y del vídeo de la votación de 6 de noviembre de 2001, ni quiénes participaron en ella, cuando fue elegido por el PP como el vocal del CGPJ. Ni que declare el propio juez recusado —ni otras testificales— ya que consta en el caso su informe escrito en el que no aceptó ser apartado.

La jueza de la Audiencia Nacional rechaza que Juan Pablo González sea apartado porque su nombramiento como integrante del tribunal que juzgará la Gürtel haya sido promovido por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, apartada de algunos de los juicios contra la trama Gürtel. "Estas cuestiones no pueden ser objeto de una recusación, pues se trata de decisiones que tienen su propia vía de recurso, ajena a este incidente, y que la parte ya ha promovido", explica.

Varios magistrados instructores

La Audiencia Nacional designó a finales de enero a los magistrados instructores que deben pronunciarse sobre los incidentes de recusación presentados contra el magistrado Juan Pablo González en relación a la presunta caja b del PP, Jerez, la visita del papa y las irregularidades y sobornos en el seno de Aena. Aún queda por conocer si se admite a trámite la petición de apartar al juez en esta última pieza.

Los cambios de magistrados en el tribunal que juzgará las distintas piezas de la trama Gürtel, como los papeles de Bárcenas, se produjeron a raíz de las nuevas propuestas de reparto y composición que formuló la magistrada María José Rodríguez Duplá, cuando llega a la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

Ello supuso dejar fuera del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP a dos de los tres magistrados que han celebrado la vista oral de la primera época de la trama Gürtel, Ángel Hurtado y Julio de Diego.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/07/la_audiencia_nacional_estudiara_si_aparta_juan_pablo_gonzalez_del_tribunal_que_juzgue_caja_del_pp_75000_1012.html

LA FISCALÍA PIDE APLICAR LA DOCTRINA BOTÍN AL PP Y LIBRARLO DEL CASO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS

Es el primer partido político que se sienta en el banquillo como responsable penal. Los delitos: daños informáticos y encubrimiento.

La Fiscalía ha pedido exonerar al PP de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas ya que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso.

Para el ministerio público, se debe aplicar la doctrina Botín en este caso. Esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito.

Luis Bárcenas se retiró de la acusación por la destrucción de sus ordenadores, cuando fue quien presentó la querella en los juzgados de Madrid a la que se sumaron las acusaciones populares. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre.

En su escrito de conclusiones, el ministerio público expone que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por esta destrucción, por lo que ha desaparecido la acusación particular. Y considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger.

La Fiscalía entiende que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento con el que las acusaciones populares acusan al PP.

El PP será el primer partido político de la historia reciente que se siente en el banquillo como responsable penal por estos delitos, después de que en el año 2012 el gobierno de esta formación introdujera dicha figura jurídica en el Código Penal.

A pesar de la petición de la Fiscalía, las acusaciones populares han solicitado al juzgado de instrucción 32 que lleva este caso que el PP se siente en el banquillo por ambos delitos. Las acusaciones son Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori de Drets Humans.

Además, la Fiscalía sostiene que el delito de encubrimiento no es aplicable a una persona jurídica como es el PP, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.

Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

Cuando Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad e incluso aportó un pen drive “sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012”.

La Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores; no se ha podido acreditar que la información contenida en el pen drive procediera de los citados ordenadores; no se ha acreditado que dicha información fuera relevante paras la investigación del caso Gürtel que realizaba la Audiencia Nacional (Papeles de Bárcenas) y tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichos discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al extesorero o “a ninguna investigación judicial”.

Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

http://www.publico.es/politica/fiscalia-pide-aplicar-doctrina-botin-discos-duros-barcenas.html

UN JUZGADO IMPUTA A FRANCISCO CAMPS POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN 2006

Un juzgado ha imputado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por la visita del Papa a Valencia en 2006 en una causa abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. Unas irregularidades que él niega.

El procedimiento, diferente del caso Gürtel, afecta también a otros antiguos dirigentes del PP, como Juan Cotino y Víctor Campos, además de al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero.

La magistrada María del Carmen Cifuentes Polo, del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, investiga la llamada Fundación V Encuentro de las Familias, creada en 2005 para preparar la visita del papa Benedicto XVI, los actos litúrgicos y la recepción de los cientos de miles de visitantes católicos que se esperaban en la ciudad.

Durante la larga instrucción que desarrolló el juez José Ceres sobre los contratos de Canal 9 para retransmitir el encuentro, que será juzgada en la Audiencia Nacional con Cotino y los cabecillas de Gürtel como principales acusados, el magistrado descubrió que el fraude había sido presuntamente mucho mayor, y alcanzaba a buena parte de los contratos realizados por la Fundación V Encuentro de las Familias.

La entidad había sido constituida por el Arzobispado, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. La presidía Esteban Escudero, ahora obispo auxiliar de Valencia. Pero la mayor parte de su presupuesto, de 22 millones de euros, fue proporcionado por el Gobierno autonómico.

Un año duro para Camps

El año 2018 está siendo muy duro para Francisco Camps. A principios de enero, la juez Beatriz Sobremonde, del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, lo citó para declarar como imputado por la organización del conocido como Gran Premio de Fórmula 1 de Europa. Un interrogatorio fijado finalmente para el 18 de mayo.

Ese mismo mes, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, los cabecillas de la trama Gürtel y el ex número dos del PP en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa lo implicaron en los manejos de la caja b del partido. Camps, que nunca ha estado imputado por esos hechos, calificó de falsas las afirmaciones, pero la Fiscalía ha anunciado que cuando concluya el juicio estudiará si lo investiga.

El 7 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia le tomó declaración como investigado también por la Fórmula 1, pero en una causa judicial distinta de la anterior, relacionada con presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano.

Y este viernes se le ha abierto un último frente con la Fundación V Encuentro de la Familia. Camps ha manifestado tras conocer la noticia que él solo fue presidente de honor de la entidad y no tuvo relación con su gestión diaria.

El origen público de la mayoría de los fondos, que después se gastaron al margen de las normas de contratación de las Administraciones, está en la base de la investigación.

El juez Ceres detectó indicios de posibles irregularidades en ámbitos tan dispares como el diseño y montaje del escenario preparado para Joseph Ratzinger en el Jardín del Turia, la contratación de grupos teatrales y de cantantes, la compra de las señales instaladas para guiar a los peregrinos y el alquiler de miles de váteres portátiles. Observó, además, que las empresas acordaban hacer una “donación” del 20% del importe del contrato a favor de la fundación que las contrataba.

Al cerrar la instrucción de su pieza de Gürtel sobre la visita del Papa, Ceres, del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, remitió también a la Audiencia Nacional el resto de indicios, que fueron trasladados desde allí a los Juzgados de Valencia para que profundizaran en los hechos. De aquella decisión nace la nueva causa en la que está imputado Camps.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 5 indaga si parte de las adjudicaciones de la entidad se realizaron "sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública", ha indicado el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

En declaraciones a Efe, Camps ha mantenido este viernes que está "completamente seguro" de que en la fundación se hizo todo correctamente.

La juez ha imputado en total a 10 personas a instancias de la Fiscalía. Además de Camps y sus vicepresidentes Cotino y Campos, en la lista figuran Henar Molinero, que fue directora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Antonio Ramón Corbí, secretario del arzobispado, Enrique Pérez Boada, entonces presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, y Francisco Javier Jiménez, secretario general de la fundación.

La magistrada también ha pedido la elaboración de informes periciales a varios organismos y ha reclamado documentación a empresas y Administraciones.

https://elpais.com/elpais/2018/02/23/actualidad/1519388642_456920.html

DOS DE LOS TRES JUECES DE GÜRTEL QUIEREN CONDENAR AL PP Y ENCARCELAR A LA MUJER DE BÁRCENAS

La sentencia, en abril, también condenará a Ana Mato

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las adjudicaciones a la trama Gürtel entre 1990 y 2003 tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de abril y se inclina por condenar al PP y a la exministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo e imponer penas de cárcel a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas. Este fallo haría saltar por los aires el pacto que Génova alcanzó con su extesorero para que no tirara de la manta a cambio de un trato favorable para su mujer.

El pasado mes de julio, Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente de Gobierno en activo de la democracia en declarar como testigo ante un tribunal. En una decisión histórica, el tribunal había acordado, por dos votos (los de los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego) contra uno (el del presidente del tribunal, Ángel Hurtado), la declaración del presidente. Esta misma mayoría es la que, en estos momentos, se mantiene para resolver el juicio con una sentencia que no augura nada bueno para el PP.

Tanto De Prada como Hurtado pasaron a integrar el tribunal que juzga la primera época de Gürtel tras ser admitidas las recusaciones para apartar a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por su aparente afinidad ideológica al PP. Y ha sido el primero quien ha terminado dejando en minoría al segundo, pese a presidir el tribunal.

De Prada, izquierdista sin disimulo

De Prada es un magistrado de largo historial mediático labrado a base de votos particulares, el camino que la ley permite a los jueces para ir por libre y expresar su visión particular sobre cada asunto. Así, por ejemplo, en abril de 2011, justificó en un voto particular el chivatazo a ETA del caso Faisán por el “contexto político” en el que se produjo.

Pero De Prada no solo habla a través de sus decisiones jurídicas. También se prodiga en sus reflexiones públicas. En 2007 se pronunció críticamente contra el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por su interpretación de la Ley de Partidos. En su opinión, no ayudaban en el ‘proceso de paz’ que Zapatero había abierto con ETA. En los cursos del verano de 2014 de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el magistrado calificó de «altas y desproporcionadas» las condenas a los etarras.

De Prada defendió también la tesis del juez Baltasar Garzón de que los crímenes del franquismo “no eran prescriptibles ni amnistiables” y criticó su procesamiento por el Tribunal Supremo, que terminó tumbando todos los argumentos esgrimidos por Garzón.

De Prada se ganó a De Diego

Julio de Diego es, como el presidente del tribunal, afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el único que permanece en el tribunal desde su constitución. De forma sorprendente, decidió inclinar la balanza del tribunal del lado de De Prada después de haber rechazado en dos ocasiones previas la citación de Rajoy. Desde entonces, la nueva mayoría del tribunal de la Gürtel (De Prada-De Diego) se mantiene y, a día de hoy, así parece que llegará al momento de dictar sentencia.

De Diego y De Prada asumen la tesis de la Fiscalía de condenar al PP y a Ana Mato como partícipes de la trama de corrupción a título lucrativo. Según la Fiscalía, el PP tendrá que responder con 245.492 euros por favorecerse en la trama de corrupción investigada en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, al igual que a la ex ministra, a la que le acusa de haberse beneficiado de 28.467 euros en concepto de regalos y servicios turísticos del Ayuntamiento de Pozuelo.

Sin embargo, lo más relevante será las penas de cárcel para Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, con quien Génova alcanzó un pacto de silencio. La Fiscalía pidió para ella 24 años y un mes de prisión, pero ofreció una alternativa: asignar a su marido la titularidad de todas las rentas de 2006, por las cuales se acusa a Rosalía Iglesias de tres delitos fiscales. De esta manera, quedaría como cooperadora necesaria, si bien Bárcenas asumiría las penas de su mujer.

Como adelantó OKDIARIO, Bárcenas retiró la acusación contra el PP en el denominado ‘caso de los ordenadores’ para conseguir un mejor trato para su mujer en virtud de un acuerdo alcanzado con el partido mediante la intermediación del exdiputado Arturo García Tizón. En su declaración ante el tribunal, Bárcenas no implicó a ningún dirigente del PP en la financiación irregular del partido. Antes de retirarse como acusación, Bárcenas aseguró que en uno de los discos duros borrados había datos sobre los manejos de la caja b del partido (donantes, agendas de reunidos, recibos de pagos con la contabilidad paralela, etc).

Las penas de cárcel que los magistrados De Prada y De Diego preparan para su mujer abrirán nuevos horizontes en la tormentosa relación que el PP mantiene con su extesorero desde que la Gürtel se convirtió en una pesadilla de la que no termina de despertar el partido del Gobierno. El caso por la destrucción de los ordenadores, en el que el PP se sentará como acusado, tiene ya abierto el juicio oral. Y queda por dilucidar también el caso de la financiación irregular del PP, los llamados ‘papeles de Bárcenas’, en cuyo tribunal se mantiene el polémico De Prada.

https://okdiario.com/espana/2018/02/22/dos-tres-jueces-gurtel-quieren-condenar-pp-encarcelar-mujer-barcenas-1861184

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