CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY / CAJAS B

LAS NOTICIAS 2009-2017

PARA LEER TODAS LAS NOTICIAS  SOBRE EL JUICIO DE LA PS 1999-2005 PINCHA AQUÍ

AÑO 2017 

Boletin noticias n 73. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 01 al 09 de marzo 2017
Boletin noticias n 72. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 23 de febrero al 01 de marzo 2017
Boletin noticias n 71. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 01 al 23.02.17
Boletin noticias n 70. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 01 al 31 de enero 2017
Boletin noticias n 69. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 07 al 31 de diciembre
Boletin noticias n 68. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 02 de noviembre AL 06 DICIEMBRE
Boletin noticias n 67. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 20 de octubre al 01 de noviembre
Boletin noticias n 66. Caso Gurtel. Barcenas. Caja B PP. Del 11 al 19 de octubre 2016
Boletin noticias n 65. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 26 de septiembre al 11 de octubre 2016
Boletin noticias n 64. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 01 al 25 de septiembre 2016
Boletin noticias n 63. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. agosto 2016
Boletin noticias n 62. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 18 al 31 de julio 2016
Boletin noticias n 61. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 22 de junio al 17 de julio 2016
Boletin noticias n 60. Caso Gürtel. Bárcenas. Caja PP. Del 03 al 21 de junio 2016
Boletin noticias n 59. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 19 de mayo al 02 de junio 2016
Boletín noticias n 58. Caso Gürtel. Barcenas. Caja PP. Del 26 de abril al 18 de mayo 2016
Boletín noticias n 57. Caso Gürtel. Barcenas. Caja PP. Del 15 de marzo al 25 de abril 2016
BOLETÍN noticias n 56. Caso Gürtel. Barcenas. Caja PP. Del 24 de febrero al 14 de marzo 2016
Boletín noticias n 55. Caso Gürtel. Barcenas. Caja PP. Del 10 al 23 de febrero 2016
Boletin noticias n 54. Caso Gürtel. Barcenas. Caja PP. Del 15 de enero al 09 de febrero 2016
Boletin noticias n 53. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 04 de diciembre 2015 al 14 de enero 2016
Boletin noticias n 52. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 03 de noviembre al 03 de diciembre 2015
Boletin noticias n 51. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 11 de octubre al 02 de noviembre 2015
Boletin noticias n 50. Caso Gurtel. Barcenas. Caja PP. Del 17 de septiembre al 10 de octubre 2015

ÍNDICE

CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP

DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

AGUIRRE FALTÓ A UNA REUNIÓN DE GOBIERNO QUE APROBÓ UN PAGO A UNA EMPRESA DE ‘GÜRTEL’

CORREA, DISPUESTO A ‘CANTAR’, ENTREGA MILLONES DE EUROS A LA JUSTICIA

CORREA DECIDE DEVOLVER AL ESTADO LOS 22 MILLONES QUE TIENE EN SUIZA

CORREA VUELVE A SER UNA AMENAZA PARA EL PP CON LA REAPERTURA DE LA CAJA B

PS UDEF-BLA 22510/13. PAPELES DE BÁRCENAS. LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL QUIEREN SER BLESA Y URDANGARIN (PERO NO TIRAN DE LA MANTA)

LA AUDIENCIA CONFIRMA QUE LOS ABOGADOS QUE INVESTIGÓ EL JUEZ GARZÓN ENCUBRIERON A FRANCISCO CORREA

SORPRESA EN EL JUICIO GÜRTEL: BÁRCENAS CAMBIA DE ABOGADO... OTRA VEZ

EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS

PS 1-2-6. VALENCIA. CORREA SE OFRECE A COLABORAR CON LA FISCALÍA EN UN INTENTO DE REBAJAR SUS PENAS DE CÁRCEL

PS 1-2-6. VALENCIA. LA FISCALÍA RETOMA LA NEGOCIACIÓN PARA QUE CORREA TIRE DE LA MANTA

LA JUSTICIA TENDRÁ QUE DEVOLVER UN MILLÓN DE EUROS AL PP POR 'PAPELES DE BÁRCENAS'

EL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA

FRANCISCO CORREA ENGAÑABA AL PP PARA QUE LE PAGARA SUS TRAJES

EL EXALCALDE DE TOLEDO INTERRUMPE EN VARIAS OCASIONES AL JUEZ DE LA SUPUESTA “MORDIDA DE COSPEDAL”

QUIÉN ES QUIÉN EN LA RENOVADA SUPUESTA 'MORDIDA DE COSPEDAL'

LA AUDIENCIA AUTORIZA A CRESPO Y AL "BIGOTES" A TENER ORDENADOR EN LA CÁRCEL

DENUNCIAN UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR A CORREA EN LA CÁRCEL

ÁLVARO PÉREZ ‘EL BIGOTES’ PIDE EL MISMO TRATO QUE URDANGARIN: LIBERTAD PROVISIONAL

ANA MATO DERIVA TODA RESPONSABILIDAD EN SU EXMARIDO

EL PP SE NIEGA A DECLARAR EN EL JUICIO DE GÜRTEL SOBRE SU SUPUESTO LUCRO

ESPERANZA AGUIRRE SOBREVIVE AL JUICIO DE GÜRTEL A LA ESPERA DE LOS TESTIGOS

LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP

APLAZADO SINE DIE EL JUICIO POR LA CAJA B DEL PP VALENCIANO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

LOS EMPRESARIOS VALENCIANOS ‘CANTAN’: PAGARON ILEGALMENTE PARA LA CAMPAÑA DE RAJOY

NUEVE EMPRESARIOS ADMITEN HABER FINANCIADO ILEGALMENTE AL PP VALENCIANO

LA EXCONSELLERA DEL PP PAGA LA FIANZA Y EVITA IR A PRISIÓN POR EL CASO FITUR DE LA GÜRTEL

LAS RAZONES POR LAS QUE CORREA, CRESPO Y EL BIGOTES VAN A LA CÁRCEL

CORREA, CRESPO Y EL BIGOTES, A PRISIÓN POR LA GÜRTEL DE VALENCIA

EL PP TAMBIÉN PAGÓ LA DEFENSA DE UNA CONSELLERA DE CAMPS EN 'GÜRTEL' CON DINERO PÚBLICO

LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE TROCEÓ EN UNA VEINTENA DE CONTRATOS EL PAGO DE MÁS DE 200.000 EUROS A LA TRAMA DE FITUR

EL EXALCALDE DE TOLEDO INTERRUMPE EN VARIAS OCASIONES AL JUEZ DE LA SUPUESTA “MORDIDA DE COSPEDAL”

EL JUEZ QUE INVESTIGA SI EL PP DE COSPEDAL RECIBIÓ UN SOBORNO A CAMBIO DE UN CONTRATO DESAUTORIZA AL FISCAL JEFE DE TOLEDO

DIEZ JUICIOS PARA FINALIZAR LA GÜRTEL

UN RESPONSABLE DE ECONOMÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ASEGURA QUE CONTACTÓ CON UNIFICA A TRAVÉS DE LA PROMOTORA DEL PERLA NEGRA

LA ERA CAMPS, DEL BANQUILLO A LA CÁRCEL

ANTICORRUPCIÓN SEÑALA POR TERCERA VEZ AL PP COMO BENEFICIARIO DIRECTO DE OPERACIONES CORRUPTAS

OTRO HOMBRE DE CONFIANZA DE CIFUENTES ANTE EL JUEZ… ESTA VEZ POR EL PELOTAZO DE LA GÜRTEL EN ARGANDA

DE LA MATA IMPUTA A MARTÍN MORALES POR EL 'PELOTAZO GÜRTEL' EN ARGANDA

ALBERTO FABRA AUTORIZÓ POR ESCRITO EL PAGO DE LAS DEFENSAS DE 'GÜRTEL'

DESESTIMADA LA RECUSACIÓN DEL PP CONTRA LA JUEZ QUE INVESTIGA LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

LA AUDIENCIA DE MADRID CALIFICA DE "REBUSCADA" LA RECUSACIÓN DEL PP CONTRA LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

LA AUDIENCIA PROVINCIAL REABRE LA CAUSA DEL DESPIDO DE BÁRCENAS DEL PP Y PIDE QUE SE LE CITE A DECLARAR

FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL SUMARIO DE LA SUPUESTA 'MORDIDA' PARA EL PP DE COSPEDAL

GURTEL. EL JUICIO QUE HA DESNUDADO AL PP

GÜRTEL, LA CORRUPCIÓN EN EL PAISAJE DE 2017

LA SENTENCIA DE GÜRTEL EN FITUR TARDA 9 MESES PORQUE EL JUEZ NO PUEDE HACER BÚSQUEDAS EN PDF


CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP

El preso sufre claustrofobia y quiere evitar el traslado a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil

El juez De la Mata ordena que le revise un médico pese a que el tribunal de Gürtel le ha exonerado de asistir al juicio por el mismo motivo

El presunto cabecilla de Gürtel tendrá la oportunidad de ratificar y ampliar su confesión sobre el 3% para el PP de la gran obra pública en tiempos de Aznar

La cita judicial de la próxima semana está en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Francisco Correa debe acudir a declarar el jueves para corroborar y ampliar su afirmación de que el PP recibía dinero negro a cambio de adjudicaciones de gran obra pública durante el Gobierno de Aznar, que realizó en el juicio de Gürtel.

El presunto cabecilla de la red de corrupción ha solicitado, sin embargo, no ser trasladado hasta la sede judicial de la calle Génova y declarar por videoconferencia. Correa sufre claustrofobia y quiere evitar el que sería para él otro angustioso traslado en un furgón de la Guardia Civil.

El propio tribunal del caso Gürtel había eximido a Correa de asistir al juicio por este motivo. El 24 de febrero pasado, el presunto cabecilla de la trama de corrupción fue trasladado en ambulancia desde la prisión de Valdemoro, en la que permanece tras la condena del caso Fitur, hasta la sede de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio, en San Fernando de Henares. Su defensa presentó una queja por el hecho de que Instituciones Penitenciarias se empeñara en trasladar al preso a pesar de que el tribunal había resuelto que no era necesaria su presencia por el problema de salud alegado.

En cualquier caso, el juez que deberá interrogarlo el jueves, José de la Mata, ha solicitado por exhorto urgente al Juzgado de Valdemoro que envíe un médico forense a la cárcel para que compruebe si existe “algún impedimento médico” para trasladar a Correa desde el centro penitenciario hasta la Audiencia Nacional en el furgón de la Guardia Civil. Contesta así, en una providencia, a la petición que había realizado la defensa de Correa para que se procediera a ratificar un informe médico previo, de 2012, que aconseja sus traslados en ambulancia y en el que solicita, para evitarlo en este caso, que pueda declarar por videoconferencia.

Ya sea a través del plasma o en persona, Correa despejará la duda de si sigue adelante con las afirmaciones vertidas durante su declaración en el juicio de Gürtel o se acoge a su derecho a no declarar, que le asiste como imputado. En la vista de Gürtel, Correa ratificó el pasado octubre la confesión publicada por eldiario.es un año antes, según la cual él buscaba empresarios dispuestos a donar dinero negro al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. Según su relato, lo hacía en colaboración con Luis Bárcenas, que niega los hechos, y a cambio de un 2% o un 3% de la partida destinada a la gran obra pública que se aprobaba en el Consejo de Ministros que presidía José María Aznar.

Francisco Correa mencionó los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y a las constructoras OHL, Dragados y ACS, que desmintieron la acusación y anunciaron querellas. El tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó llamar a declarar durante la vista a los señalados, pero las acusaciones populares del caso de la caja B del PP Izquierda Unida y Adade presentaron una batería de diligencias en la Audiencia Nacional para reabrir el caso, ya en fase de juicio oral. Entre ellas, la declaración de Correa. La Fiscalía Anticorrupción apoyó su declaración y otras diligencias y el juez José de la Mata acordó llamar a declarar al presunto cabecilla de Gürtel.

En la cárcel por el 'caso Fitur'

Entre la petición de las acusaciones populares y la decisión de De la Mata se conoció la sentencia del caso Fitur, una pieza separada de Gürtel que ha costado a Correa una condena de 13 años. El fallo hace trizas las aspiraciones de la defensa del empresario, quien fue enviado a prisión de inmediato por el tribunal sentenciador, junto a sus colaboradores Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Los tres tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo.

El mismo jueves, 23 de marzo, está citado a declarar Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios que entregó dinero negro al PP y que ha alcanzado un pacto con Anticorrupción en el juicio de Gürtel para que rebaje su petición de condena a dos años. Al día siguiente, el viernes, declarará Plácido Vázquez, a quien Correa situó durante el juicio en el centro de la trama de comisiones con destino final en el Partido Popular.

http://www.eldiario.es/politica/Correa-comparecer-videoconferencia-reapertura-PP_0_623288649.html

DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP

Las declaraciones judiciales de Correa y los documentos encontrados al exgerente del PP de Aguirre impulsan las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal

El cabecilla de la Gürtel aseguró en el juicio que intermedió entre Bárcenas y varias empresas
Los pagos de empresarios a Fundescam centran las pesquisas sobre el PP madrileño

Dos semanas horribilis para el Partido Popular. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco han reactivado en los últimos días las investigaciones sobre la contabilidad B del Partido Popular, que controlaba a nivel nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas y en la Comunidad de Madrid el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó la reapertura de la investigación sobre la caja B que el PP mantuvo supuestamente entre 1990 y 2008. En un auto de 28 de febrero, citó a declarar como investigados para el 23 y el 24 de marzo al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

El instructor de la pieza separada de los papeles de Bárcenas reabrió el caso después de que el propio Correa asegurara en el juicio de la primera época de Gürtel [1999-2005] que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas".

Y pese a que rechaza llamar a declarar a los empresarios Juan Manuel Villar Mir y Rafael Palencia Marroquín, y al expresidente balear Jaume Matas, el magistrado no cierra la puerta a hacerlo en un futuro, al asegurar que de ello depende "de lo que resulte de las diligencias anteriores".

Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ha reactivado esta semana la investigación de la pieza separada de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, reabriendo las pesquisas que había archivado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira sobre la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada en 2000 por el exalcalde de Majahadonda Ricardo Romero de Tejada, condenado a un año de cárcel por las tarjetas black.

Contraprestaciones en metálico

En su auto, De la Mata recuerda que el objeto de la investigación, que estaba "provisionalmente archivada" en relación a los empresarios, era comprobar si las anotaciones "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Sin embargo, el juez Ruz no pudo procesar a ninguno de los empresarios que presuntamente habían pagado las mordidas que Bárcenas anotaba de forma manuscrita en su cuaderno.

En una de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, Correa se jactó de que había llevado "mil millones de pesetas" [seis millones de euros] a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Precisamente el extesorero, que es uno de los procesados en la pieza separada de la contabilidad B del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que el partido tenía en "todas las provincias y regiones" una caja B que se destinaba a la financiación de las campañas electorales, siendo revisado este sistema por los secretarios generales y conocido por los presidentes.

La primera caja B

En concreto, Bárcenas declaró que el ex secretario general del PP y exministro de Defensa Francisco Álvarez-Cascos fue la persona que entre 1990 y 1993 supervisó la caja B del PP tras la detención en 1990 del entonces tesorero Rosendo Naseiro en el caso que lleva su apellido. Álvarez-Cascos siempre negó dicha acusación y nunca figuró como imputado.

Según Bárcenas, Naseiro fue el encargado de aportar en abril de 1990 los primeros ocho millones de pesetas (48.080 euros) que aparecen en la contabilidad manuscrita del PP.

El juez Ruz concluyó la investigación y acreditó la existencia de la caja B del Partido Popular. Además, Ruz confirmó que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.

Asimismo, el magistrado constató el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".

José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons. José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons.

Según los apuntes manuscritos de Bárcenas, publicados por el diario El País, Mariano Rajoy habría sido el político del PP que más dinero recibió en negro: 373.000 euros. Por su parte, el presidente del Gobierno siempre ha negado haber cobrado cantidad alguna.

En su declaración en el juicio de la Época I de Gürtel, Bárcenas trató de exculpar a su mujer de haberse quedado con una parte del dinero de la caja B, y para ello apuntó al PP: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido".

Fundescam en la Púnica

Pero los problemas judiciales no sólo se multiplican para el PP nacional. El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, ha reactivado sus pesquisas sobre la única pieza separada que permanece secreta, la de la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.

Y lo ha hecho gracias a que los agentes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron durante los registros que realizaron hace un año del ordenador que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez tenía en su puesto de trabajo, pero también en su vivienda.

El pasado miércoles, Velasco llamó a declarar como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, que fue también tesorero del PP de Esperanza Aguirre; al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Los dos últimos, Arturo Fernández y Beltrán Gutiérrez han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel, respectivamente, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Según aseguran fuentes de las declaraciones de Echeverría y Fernández, ya que la comparecencia de Gutiérrez fue pospuesta hasta este lunes, el juez Velasco interpeló a los investigados sobre los pagos a Fundescam y a otras firmas.

Delitos no prescritos

Según adelantó el diario El País, en los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encontraron documentos que probarían que las presuntas actuaciones irregulares se habrían extendido hasta 2011, por lo que los delitos, que podrían ser considerados continuados, no estarían prescritos, tal y como rubricó el magistrado que investigó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

Un informe realizado por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, considera que Beltrán Gutiérrez era "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña" de 2003. El documento sostiene que Correa facturaba a Fundescam los actos electorales que realizaba con sus empresas para el Partido Popular madrileño e incluso para el nacional.

Además, el juez Velasco tiene en su poder una hoja de uno de los cuadernos manuscritos de Granados en la que aparecen anotaciones, que según su exsocio y ahora arrepentido David Marjaliza, identifican al mencionado gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL, que también ha sido condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black.

Pero los papeles de Bárcenas y la Púnica no son los únicos casos que tocan de lleno a la financiación del PP. También esta pendiente de juicio la financiación ilegal del PP valenciano, así como otras piezas separadas de Gürtel como las actividades de Correa en Boadilla del Monte (Madrid).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/11/dos_jueces_audiencia_nacional_reabren_las_investigaciones_sobre_las_cajas_nacional_madrilena_del_pp_62334_1012.html

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.

Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.

De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.

Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.

En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.

Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.

El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.

En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.

Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.

Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.

El relato de Correa en el juicio

Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.

“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.

Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.

“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.

Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.

Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063

AGUIRRE FALTÓ A UNA REUNIÓN DE GOBIERNO QUE APROBÓ UN PAGO A UNA EMPRESA DE ‘GÜRTEL’

Esperanza Aguirre excusó su asistencia a una reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó un gasto a favor de una empresa investigada en el caso Gürtel que, más de un año y medio antes, había prestado servicios relacionados con la publicidad de los hospitales construidos durante su primer mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según ha podido confirmar El Independiente, el Consejo de Gobierno convalidó en su sesión del 25 de junio de 2009 el pago de 242.280 euros a Lata Latina SL por la realización de diversos vídeos -con precios que oscilaban entre los 18.000 y los 34.000 euros- elaborados con motivo de las jornadas de puertas abiertas y de los actos de presentación de los hospitales del Henares (Coslada), Tajo (Aranjuez), Infanta Cristina (Parla) e Infanta Leonor -éste en el barrio de Vallecas- que se llevaron a cabo durante 2007. Estos cuatro centros sanitarios se inauguraron en febrero de 2008, en vísperas de las elecciones generales del 9 de marzo.

La aprobación de aquel expediente de convalidación de gasto se elevó a propuesta de la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Juan José Güemes, y se producía justo dos años y 20 días después de que el ex viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo -al que Esperanza Aguirre incorporó a su gobierno en 2004- hubiera firmado un documento en el que daba su conformidad a los trabajos prestados por Lata Latina. Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria entregado el 1 de julio de 2013 al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso Gürtel señalaba a esta empresa como una de las sociedades pantalla que utilizaba la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.

Fue Ignacio González quien, accidentalmente, presidió el Consejo de Gobierno que convalidó el gasto de 242.280 €

Sin embargo, esa aprobación no se incluyó en la referencia de los acuerdos adoptados en aquella reunión que se distribuyó a los medios de comunicación, como puede comprobarse en la web de la Comunidad de Madrid. En concreto, Sanidad elevó a dicha sesión las cuentas anuales e informes de las empresas públicas que gestionan los hospitales del Henares, Fuenlabrada, Sur, Norte, Sureste, Tajo, Vallecas, Alcorcón y del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y de la Unidad Central de Radiodiagnóstico para que se le diera conformidad antes de enviarlos a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para su fiscalización. Pero en ningún caso se detalla la convalidación del gasto para saldar la deuda que la Administración autonómica mantenía con Lata Latina.

Manuel Lamela dejó en junio de 2007 la Consejería de Sanidad para asumir el área de Transportes sin que se hubieran abonado a varias empresas las facturas pendientes por la prestación de servicios relacionados con la publicidad e información de los nuevos hospitales y centros de salud, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante la primera mitad de su etapa al frente del Ejecutivo madrileño. Y, para saldar deudas y tras las numerosas reclamaciones de los contratistas, el Ejecutivo de Madrid recurrió a expedientes de pago por convalidación, trámite con el que se que se suple la omisión de la fiscalización previa por parte de la Intervención.

Aguirre no asistió a aquella reunión en la que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al pago a favor de la citada empresa y la presidencia accidental la asumió Ignacio González, entonces vicepresidente y después su sucesor. Aquella mañana, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid presidió la inauguración del laboratorio que abrió el Instituto Tecnológico PET en la Universidad Complutense para investigar y producir el radiofármaco que se emplea en esa tecnología para detectar el cáncer y el alzheimer, un acto en el que le acompañó Güemes. Éste también excusó su presencia en aquella reunión semanal del Ejecutivo.

La entonces presidenta excusó su ausencia: aquel día inauguraba un laboratorio en la Complutense

La empresa para la que se convalidó el gasto el 25 de junio de 2009 ha sido investigada en el caso Gürtel como adjudicataria de la Comunidad de Madrid. En concreto, facturó al menos tres servicios en la época analizada: dos para la Dirección General de Deportes el 24 de abril de 2006 con motivo del Premio Siete Estrellas del Deporte y uno para la Consejería de Presidencia el 11 de octubre de 2005 a cuenta del acto de entrega de medallas al mérito ciudadano. Ello procuró presuntamente al entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, una comisión en efectivo de al menos 2.676,70 euros.

Lata Latina no es la única investigada en Gürtel que recibió encargos publicitarios con motivo de la construcción de los hospitales y centros de salud. Como ha informado este periódico, López Viejo autorizó al menos la realización de 12 actos a la antigua Ilusiona Comunicación SL, organizadora de visitas a las obras y de presentaciones de varios de los nuevos centros hospitalarios. En concreto, esta compañía facturó al menos 1.289.318,14 euros.

Los pliegos de los concursos para la construcción de hospitales y centros de salud incluían una cláusula por la que el contratista tenía que asumir un 1% del presupuesto de ejecución material para realizar gastos de publicidad durante la fase de ejecución de las obras de construcción. Por lo general, la gestión y supervisión de esta partida era competencia de la dirección general del Servicio Madrileño de Salud.

“Había unos consejeros…”
Como desveló este diario el pasado 8 de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigan ahora -en el marco de la pieza del caso Púnica en la que se indaga en la presunta financiación irregular del PP de Madrid- si esos servicios publicitarios se prestaron realmente o si se inflaron las facturas.

La pasada semana, después de que se conociera que agentes de la UCO se personaran en diversos departamentos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre descargó la responsabilidad de la gestión en los consejeros. “Dije que se construyeran unos hospitales y que se sacaran a concurso” y para ello “había unos consejeros”, defendió la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/14/aguirre-falto-a-una-reunion-de-gobierno-que-aprobo-un-pago-a-una-empresa-de-gurtel/?utm_source=Usuarios+con+newsletter&utm_campaign=b48f232d8d-imperdible_15_03_17&utm_medium=email&utm_term=0_19d740f1b0-b48f232d8d-50421447

 CORREA, DISPUESTO A ‘CANTAR’, ENTREGA MILLONES DE EUROS A LA JUSTICIA

Temor en el PP: el número uno de la ‘Gurtel’ busca atenuar su condena a cambio de destapar la verdad

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a los diferentes escritos que Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta ligada al Partido Popular, ha enviado a la Audiencia Nacional con el objetivo de atenuar su pena y colaborar con la justicia. Una maniobra que no es nueva.

En septiembre de 2016, el número uno de ‘la Gürtel’ ya remitió un documento a la sección segunda del tribunal encargado de juzgarle en el que figuraba la entrega de un montante de 2,2 millones de euros en calidad de reparación del daño y responsabilidad civil. De esta manera, el empresario pretendía paliar su condena pidiendo que se utilizasen fondos de su cuenta en Suiza (bloqueada por la Audiencia Nacional) y se destinasen a Hacienda (772.000 euros), a la Comunidad de Madrid (430.00) y a los ayuntamientos de la capital (116.000), Majadahonda (1.000.000), Pozuelo de Alarcón (algo menos de 3.000) y Estepona.

Ahora, Correa repite estrategia. Lo hace mediante dos escritos en los que el empresario expresa su voluntad “de proceder a la completa reparación del daño causado en en todos los procedimientos en los que está siendo causado”.

556.958,19 euros
Por una parte, Correa ordena pagar a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional la cantidad de 556.958,19 euros para pagar la cantidad que presuntamente defraudó por el amaño del pabellón valenciano en Fitur. Algo por lo que Correa fue condenado a 13 años de prisión, aunque tal y como el empresario expone en su escrito, “no hay sentencia firme todavía”.

Si bien el tribunal competente tiene intervenidos los fondos de la cuenta de Correa en Credit Suisse, lo cierto es que, hasta que no haya una condena en firme, no puede tener acceso a ellos. Es decir, con este documento, Correa autoriza a la Audiencia Nacional a disponer del dinero, quedando los fondos a su disposición.

2.060.748,27 euros

De forma paralela, la defensa de Correa ha presentado otro escrito al juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en el que también autoriza a Credit Suisse a abonar el dinero que le pide la fiscalía en concepto de responsabilidad civil por las comisiones y las adjudicaciones públicas irregulares reflejadas en las piezas 1, 2 y 6 que tratan la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

En total, ordena el pago de la suma total de 2.060.748,27 euros. “Con esta solicitud se pretende la reparación del daño, y resulta perfectamente ajustada a derecho, de manera que tales fondos pasen a la cuenta de consignaciones de esta Sala de forma inmediata”, expone el empresario en el escrito.

Dispuesto a ‘cantar’
Un movimiento que evidencia que el número uno de ‘la Gürtel’ está dispuesto a 'cantar' ante la Justicia a cambio de que la Fiscalía rebaje la petición de penas y se le aplique la atenuante de reparación del daño.

Y es que tras su precipitado ingreso en prisión tras la condena de Fitur, Correa se encontraría muy débil. De ahí su afán de colaborar con la justicia, pudiendo buscar también obtener un trato privilegiado en prisión.

Aquejado de claustrofobia y estando a cargo de su hermano con discapacidad, a Correa le atormentan los ocho juicios a los que se enfrenta, por los que le piden hasta 300 años de cárcel. Además, como ha informado ELPLURAL.COM, el próximo 21 de marzo ha sido llamado a declarar por el juez de la Mata por el caso de los 'papeles de Bárcenas', para comprobar si algunas empresas como ACS o OHL pagaron comisiones a la trama corrupta.

Esto coloca en una situación delicada a sus dos más estrechos colaboradores: el ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, y el publicista Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ambos en prisión provisional. Que Correa quiera suministrar información a la Fiscalía también provoca nerviosismo en el Partido Popular y al conjunto de empresarios vinculados con la trama corrupta. Y es que sus revelaciones podrían provocar inesperados giros en la investigación.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/04/correa-dispuesto-cantar-entrega-millones-de-euros-la-justicia

CORREA DECIDE DEVOLVER AL ESTADO LOS 22 MILLONES QUE TIENE EN SUIZA

El jefe de la Gürtel busca atenuantes que reduzcan los años de cárcel que se le avecinan

Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, ha decidido devolver al erario público los alrededor de 22 millones de euros que tiene depositados en la banca Suiza, según informan fuentes jurídicas de su entorno. De hecho, ya ha autorizado formalmente al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga en Madrid para que repatríe 2,2 millones; y otros 272.000 euros al de Valencia, que acaba de imponerle 13 años de cárcel por las adjudicaciones de Fitur y que ha determinado su reingreso en prisión. Le quedan al menos otros seis juicios y su intención es autorizar la extracción del resto de millones.

La decisión de Francisco Correa implicará la repatriación del dinero ahora bloqueado en el Credit Suisse de Suiza, que se irá produciendo a medida que los jueces lo soliciten. En cambio, de haberse opuesto, el regreso a España del dinero se demoraría años. Hasta que los diferentes procesos concluyan y las sentencias sean firmes. Correa estará de juicio en juicio durante al menos los próximos cuatro años. Ha terminado uno de los previstos en Valencia, y está inmerso en el primer macrojuicio de los anunciados en Madrid.

Ya ha autorizado formalmente al tribunal que le juzga ahora en Madrid para que repatríe 2,2 millones; y otros 272.000 euros al de Valencia

La intención del jefe de la Gürtel es obtener una rebaja de las condenas, en función de la devolución de cantidades —los 22 millones de euros pueden no alcanzar para el total que se soliciten en los diferentes juicios— y de su colaboración con los diferentes fiscales.

Su abogado, Juan Carlos Navarro, cree que el dinero de Suiza no alcanzará todo el montante de la responsabilidad civil que finalmente se le demande, “pero eso sí, devuelve todo lo que tiene”. Navarro está redactando ahora un escrito para los jueces en el que ofrece la devolución del dinero de Suiza sin, en su caso, tener que esperar años para recuperarlo.

En el macrojuicio de la primera parte de Gürtel (correspondiente a los años de 1999 a 2005) que se celebra ahora en la Audiencia Nacional contra él y otros 36 procesados (por el que desfilarán 300 testigos), Correa anunció por primera vez su intención de colaborar con la justicia, tal como avanzó este periódico el pasado 30 de septiembre.

Un aluvión de juicios pendientes

A Francisco Correa y sus colaboradores en la red Gürtel les esperan varios juicios en los próximos meses, probablemente seis, además del que se sigue actualmente en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la Gürtel.

El próximo 13 de marzo comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. En esta pieza de Gürtel (en realidad son las piezas 1, 2 y 6), Correa, Crespo y Pérez se enfrentan a penas que van desde los 24 años y medio para los dos primeros a los 27 años para El Bigotes.

La Audiencia Nacional también juzgará a los cabecillas de la red Gürtel por la pieza que investiga la contratación de las pantallas y la megafonía a una sociedad de la red con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Por esta pieza, Correa y sus colaboradores se enfrentan a penas de 37 y 38 años de cárcel, que se suman a las peticiones del resto de piezas.

La pena de prisión que llegarían a cumplir, si fueran condenados en el resto de juicios pendientes, podría no ser mayor del triple de la condena más alta que vayan a cumplir por uno de sus delitos.

La intención del cabecilla de Gürtel es “colaborar con la justicia” para conseguir que le sean acumuladas todas las penas que se deriven de los diferentes juicios y se le apliquen atenuantes. Tras su detención en 2009, cumplió casi cuatro años de prisión provisional de orden del juez Antonio Pedreira, y ahora ha vuelto al presidio tras imponerle el Tribunal Superior de Justicia de Valencia otros 13 años, que no son firmes puesto que están pendientes de un recurso ante el Tribunal Supremo. En los diferentes procesos que aún le esperan se enfrenta a peticiones de cárcel que superan los 200 años.

Bárcenas

Su declaración ha propiciado la reactivación del caso de los papeles de Bárcenas, que estaba pendiente de juicio. Confesó que se repartió comisiones con el extesorero del PP Luis Bárcenas procedentes de empresarios que buscaban contratas de organismos públicos gobernados por el PP. Apuntó, en concreto, que ministerios como los de Fomento o Medio Ambiente, en la época de José María Aznar al frente del Ejecutivo, participaron en amaños de concursos públicos con empresas como OHL, ACS o Dragados, aunque estas firmas lo negaron. El juez José de la Mata le ha citado para los próximos días 23 y 24 a él y a dos empresarios que confesaron entregas de dinero con ese fin.

“De no ser por el gimnasio, no habría aguantado en la cárcel, habría hecho cualquier locura. Me ayudó mucho”, destaca Correa

En su comparecencia ante el juez De la Mata, Correa, aparte de lo ya dicho en el juicio, no aportará grandes novedades sobre los papeles de Bárcenas (la causa por la supuesta financiación ilegal del PP en los últimos 20 años). “Sería abrirse él mismo otra causa más, y a bastantes se enfrenta ya; pero, además, no hay pruebas”, sostienen fuentes jurídicas. Tampoco lo harán los dos empresarios citados por el juez. Sobre las donaciones ilegales de empresarios al PP, existe un informe policial que señala que no se puede establecer una correlación entre las entregas de dinero y las adjudicaciones de obras de organismos públicos a las empresas que figuran en los papeles del extesorero Bárcenas.

El Bigotes asegura en un recurso que se les está "discriminando" respecto al caso que afecta a Iñaki Urdangarin

Una de las personas de confianza de Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes, no esperaba, al igual que él, entrar en prisión antes de que el Supremo revisase los recursos que se han interpuesto contra la condena de Valencia. El Bigotes ha presentado un recurso en el que asegura que sufren “discriminación” respecto a casos similares. Y cita expresamente a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, a quien un tribunal de Palma de Mallorca le ha condenado a una pena similar, seis años y tres meses, y a renglón seguido le ha dejado en libertad en Suiza a la espera de que el Supremo analice su recurso y adopte una decisión final sobre el denominado caso Nóos.

Cuatro horas diarias de gimnasio en la cárcel

El líder de Gürtel consumió sus primeros años en prisión haciendo hasta cuatro horas de gimnasio al día. “Si no es por el gimnasio, no habría aguantado en la cárcel, habría hecho cualquier locura. Me ayudó mucho”, comentó el pasado verano Francisco Correa a EL PAÍS. En esta nueva etapa carcelaria, tras la sentencia de Valencia, también tiene previsto pasarla con gimnasio diario. Su abogado asegura que “no tiene ninguna queja contra los funcionarios de la prisión y tampoco, contra lo que han publicado algunos medios, ha presentado denuncia alguna contra ellos: Es falso”.

“Voy a hacer frente a las responsabilidades civiles que se me pidan y a devolverlo todo; mi intención es cumplir la pena que me corresponda e irme con mi hermano fuera de España”, avanzó Correa a este periódico. Su hermano sufre discapacidad psíquica (tiene un grave problema de comprensión) y él es su tutor. “Depende de mí y solo me tiene a mí, pero nunca he querido ocultarle que tendría que volver a la cárcel”, señaló a este periódico.

Aunque su intención (lo anunció él mismo en el juicio de Madrid) es colaborar con la justicia, evita responder a las preguntas comprometedoras que atañen a sus amigos también procesados (él se echa la culpa). Es el caso, por ejemplo, de Pablo Crespo, su número dos en Gürtel. Sabía que su futuro a medio plazo era ir de nuevo a la cárcel, pero no esperaba entrar ahora, tras la sentencia de Valencia. Estaba convencido de que los jueces atenderían las causas de nulidad del proceso presentadas por sus abogados. Por eso quiere devolver todo el dinero que guarda en Suiza y que le reduzcan las penas.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/05/actualidad/1488711206_998287.html

CORREA VUELVE A SER UNA AMENAZA PARA EL PP CON LA REAPERTURA DE LA CAJA B

El cabecilla de Gürtel declarará en la causa que investiga los papeles de Bárcenas tras haber empezado a cumplir una condena de 13 años

De la Mata cree que las revelaciones de Correa constituyen "un relato consistente sobre la metodología" del cobro de comisiones por adjudicaciones

También declarará el empresario de la construcción arrepentido que declaró haber entregado dinero para "organismos centrales"

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reabierto la caja B y con esa decisión ha resucitado a Francisco Correa como amenaza para el PP. Si los populares daban por hecho que el empresario que se lucró junto a sus cargos públicos ya no les podía hacer daño, ahora, con una condena a sus espaldas y ganas de colaborar con la Fiscalía, vuelve a ser un peligro para el futuro judicial del partido.

De la Mata ha tomado la decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción apoyase la petición de las acusaciones populares, IU y Adade, de reabrir la causa tras las declaraciones del cabecilla de Gürtel. El caso estaba pendiente de la celebración del juicio, pero reducido tan solo al pago en negro de la reforma de Génova 13. Nada se iba a juzgar sobre los empresarios que presuntamente financiaron en negro al partido a cambio de las adjudicaciones de las grandes obras del gobierno de Aznar.

El juez, en el auto que dicta la reapertura, recuerda que lo que se juzga en esta pieza separada de la trama Gürtel es si las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas son "transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP, a cambio de interceder o presionar para conseguir determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Es en este punto donde Correa puede aportar nueva información. Él era la llave para reabrir este caso, y de él depende ahora que este caso vaya más allá de una reforma pagada en B. Durante su declaración en el caso Gürtel, que ha motivado en parte esta reapertura, aseguró que Luis Bárcenas y él se encargaban de cobrar las comisiones del 3% que pagaban los empresarios a cambio de las adjudicaciones. Ese dinero entraba en Génova por el garaje, según explicó.

Del Mini Cooper al coche policial

La situación de Correa entre esa declaración –en la que no dio nombres ni más detalles– y la que prestará a finales de marzo ha cambiado radicalmente. Al juicio de la primera época de Gürtel llegó desde su casa, conduciendo un Mini Cooper ya icónico en la trama. Ante el juez de la caja B, llegará en un coche policial desde la cárcel de Valdemoro, donde ha empezado a cumplir la condena de 13 años de cárcel por los contratos de Fitur.

Esta circunstancia anima a las acusaciones a pensar que el líder de la trama corrupta tiene incentivos para tirar de la manta. "Si rompe a hablar en la caja B, puede iniciar un trato con la Fiscalía y con las acusaciones en otros casos", dijo a eldiario.es el abogado de Adade, Francisco Montiel. "Lo que mas le conviene es colaborar de forma efectiva con la justicia", apuntaba el letrado de IU, Juan Moreno.

Correa ya ha mostrado su malestar por tener que volver a la cárcel mientras se resuelve su recurso al Tribunal Supremo. Además, tiene pendientes varias causas que podrían prolongar su estancia en prisión durante más de una década. Para alguien con 61 años supone un destino contra el que luchar.

Así, los tambores de colaboración que sonaban al inicio del juicio de Gürtel, y que se quedaron a medias, han vuelto a resonar en los últimos días. Los sindicatos penitenciarios han protestado contra el supuesto trato de favor que recibe Correa en la cárcel. Sus quejas se atienden al instante, dicen, ocupa la estancia más cómoda y se ha librado de acudir a las sesiones del juicio, a lo que estaba obligado antes de la condena por los negocios de Valencia.

Su abogado, Juan Carlos Navarro, ha insistido en que Correa quiere reconocer los hechos que se le imputan en las causas restantes y reducir así las posibles condenas. Tras conocer que ingresaría en prisión, se puso en contacto con la Fiscalía, aunque ha aclarado que todavía no hay nada en firme. Las acusaciones también temen que el cabecilla de Gürtel haga pasar por revelaciones información que ya se conoce y solo les haga perder el tiempo.

Las dudas se despejarán el 23 de marzo, cuando comparezca ante el juez de la caja B. Correa se sentará de nuevo en el banquillo con la posibilidad de tirar de la manta y resucitar un caso que el PP creía cerrado.

El papel del empresario de la construcción

Junto a Correa declararán como imputados dos personas más. El supuesto comisionista Plácido Vázquez y el empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica. Fue su testimonio como arrepentido en el juicio de Gürtel el que apuntó a una reapertura de la caja B que ahora se ha concretado.

El empresario consiguió rebajar la condena que le pedía la Fiscalía a dos años asumiendo los hechos de los que se le acusaba. Y añadió que el dinero que él entregó iba a "organismos centrales", lo que, según fuentes próximas a este empresario, es un eufemismo para referirse a la sede del PP. Las acusaciones señalan que también hablaba de los ministerios que le adjudicaban las obras.

El juez De la Mata plasma ese entrecomillado del empresario en el auto de reapertura del caso. Une las revelaciones de García Pozuelo a las de Correa para recalcar que "son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos".

Es más, para el instructor de esta causa hay "un relato consistente sobre la metodología" que siguieron Correa y Bárcenas en la "la mecánica de distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas". Así, el juez recuerda que el constructor podría ayudar a esclarecer si, como se investiga en la causa, las anotaciones de Bárcenas son "las contraprestaciones en metálico obtenidas por esta organización política (PP) de parte de diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras públicas".

http://m.eldiario.es/politica/Correa-regresa-amenaza-PP-reapertura_0_617688978.html

PS UDEF-BLA 22510/13. PAPELES DE BÁRCENAS. LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordaba este miércoles reabrir la causa en la que se investiga la existencia de una “caja B” del Partido Popular a raíz de la publicación de los denominados “papeles de Bárcenas”.

En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.

Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.

De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.

Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.

En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.

Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.

El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.

En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.

Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.
Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.

El relato de Correa en el juicio

Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.

“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.
Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.

“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.

Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.

Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063

LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL QUIEREN SER BLESA Y URDANGARIN (PERO NO TIRAN DE LA MANTA)

Crespo se considera “maltratado” por estar en prisión. Correa ofrece repatriar fondos ya embargados para atenuar el delito fiscal, pero no secundará confesiones en la financiación del PP.

Los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel no paran. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez encaran una sucesión de juicios que se va a prolongar al menos un par de años, cuyo primer capítulo se ha saldado con penas de entre 13 y 12 años que los ha llevado a la cárcel. Los tres han sido condenados por el amaño de los contratos del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur, una fallo que los aboca a pasar muchos años entre rejas si tiene continuidad con la siguiente causa que sigue en la lista, la de la financiación ilegal de las campañas populares de 2007 y 2008, que debe juzgar la Audiencia Nacional.

Este juicio debía celebrarse a partir del próximo lunes 13 de marzo, pero ha sido aplazado por enfermedad del magistrado y de una de las fiscales anticorrupción. La posición de salida de Correa y sus cómplices es complicada, porque nueve de los empresarios acusados en la pieza del delito electoral han firmado escritos de conformidad con la Fiscalía, en los que admiten que realizaron aportaciones económicas a las empresas de la trama Gürtel, con el fin de financiar actos electorales en la Comunidad Valenciana de la campaña de Francisco Camps en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, que perdió Mariano Rajoy.

Correa ha puesto a disposición de la Audiencia fondos de Suiza que ya tenía bloqueados pero, de momento, no contempla confesar delitos

Correa, Crespo y Pérez ‘el Bigotes’ están muy lejos de sumarse a ese festival de confesiones. Ninguno de ellos se ha puesto en contacto con la Fiscalía o las acusaciones para ‘tirar de la manta’ o admitir las donaciones ilegales, lo que sería además la puntilla definitiva para el resto de acusados como Vicente Rambla, Ricardo Costa o David Serra.

El abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, ha optado por una estrategia distinta: poner a disposición tanto del tribunal de Fitur (el TSJCV) como de la Audiencia Nacional los 22 millones de euros que ya tiene bloqueados por la Justicia en el Credit Suisse de Suiza, para facilitar el abono de la responsabilidad civil de la causa de Fitur, de la financiación ilegal y de las piezas restantes. Se trata, según admiten desde el entorno de Correa, de una maniobra unilateral que busca atenuar las penas futuras por delito fiscal, un “gesto de buena voluntad”, que no implica ni acuerdo con la Fiscalía ni con Abogacía del Estado, reconocen.

La claustrofobia de Correa pone patas arriba Instituciones Penitenciarias

El abogado del cabecilla de la Gürtel reclama que se aclare por qué no se cumplió la orden del alto tribunal de no trasladar a su cliente al juicio porque sufre claustrofobia

Correa está dispuesto a reconocer hechos, pero no delitos. De hecho, la estrategia de su defensa sigue siendo buscar la absolución o la nulidad de las sentencias en recursos de casación ante el Supremo. En esta línea, aunque con diferencias, se mueve también la defensa de Pablo Crespo, que ha anunciado un recurso ante el alto tribunal tras la sentencia de Fitur.
"A mi defendido se le maltrata y se le discrimina", dice el abogado de Pablo Crespo sobre su encarcelamiento y la libertad de Urdangarin o Rato

El letrado del número dos de Gürtel, Miguel Durán, tampoco ha iniciado contactos con la acusaciones para buscar acuerdos de conformidad en las causas pendientes. Insiste en la inocencia de su cliente y ha presentado ya hasta dos escritos de alegaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, comparando la situación de Crespo, en prisión provisional ineludible, con la de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, los responsables de Afinsa o Miguel Blesa y Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid. Todos ellos han quedado en libertad con mayores o menores medidas cautelares a la espera de que se resuelvan los recursos contra sus condenas.

“A mi defendido se le maltrata y se le discrimina y se le somete a una pena anticipada ajena a los principios jurisprudenciales y a los más elementales derechos y principios constitucionales, cuando, día sí día también, se siguen dictando resoluciones radicalmente contrarias a la que se ha dictado en el presente procedimiento, dice Durán sobre el envío a prisión de Crespo tras la condena a 13 años de Fitur.

El abogado no duda en trasladar al caso de su cliente algunos de los polémicos argumentos que han llevado a la Audiencia Nacional a no enviar a la cárcel a Blesa o Rato, como el hecho de calificar de “intachable” su comportamiento durante el procedimiento judicial del uso fraudulento de las tarjetas de la caja madrileña o el inequívoco “arraigo en su país en todos los órdenes de su vida”, que reducen el riesgo de fuga a juicio del tribunal.

De momento, Correa, Crespo y Pérez siguen en prisión a la espera de su próximo juicio, para el que todavía no hay fecha, tras el aplazamiento de la pieza de la financiación ilegal del PP valenciano. Sus defensas son conscientes de que una próxima condena los aboca a pasar más de 15 años en prisión, por acumulación de penas. Sin embargo, siguen sin tirar de la manta. Quizá se les pasó el arroz.

http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-03-06/correa-crespo-bigotes-blesa-urdangarin-rato-no-tiran-de-la-manta_1343273/

LA AUDIENCIA CONFIRMA QUE LOS ABOGADOS QUE INVESTIGÓ EL JUEZ GARZÓN ENCUBRIERON A FRANCISCO CORREA

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechaza archivar la causa contra los letrados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal al existir sólidos indicios de que ayudaron al líder de la Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio y en su intento de escapar a Panamá para evitar la acción de la justicia

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha rechazado la pretensión de los primeros abogados de Francisco Correa en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, quienes pretendían el archivo de su imputación y su exculpación en la causa.

En su auto, el juez sostiene que existen sólidos indicios en la causa que revelan que la actuación desplegada por ambos letrados "no se limitó a simples funciones de asesoramiento y defensa", sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".

Delgado Solís y López Rubal no se comportaron como abogados, sino que "evaluaron el empleo de tácticas de deslocalización personal o de testaferrato societario" para conseguir "el objetivo de excluir u ocultar la responsabilidad" de Francisco Correa.

En este sentido, el juez detalla las numerosas pruebas existentes en el sumario contra ambos letrados, en forma de pinchazos telefónicos, documentación y declaraciones de testigos que revelan "el amplio conocimiento" que tenían estos abogados "de la estructura societaria" opaca de Correa y de sus "actividades ilícitas de carácter fiscal y contra la administración pública". También los viajes a Panamá de Manuel Delgado Solís en fechas previas al intento de Correa de escapar a ese país, lo que precipitó el estallido de la operación por el entonces instructor de la causa, Baltasar Garzón.

Es la tercera vez que la justicia rechaza archivar la imputación contra Delgado Solís y López Rubal. Anteriormente desestimaron su petición el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez Garzón, que ya tenía los indicios de la actuación ilícita de estos letrados por los pinchazos telefónicos practicados entre verano de 2008 y febrero de 2009, ordenó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción que fueran intervenidas las conversaciones entre ambos y su cliente, Francisco Correa, en la prisión de Soto del Real, donde fue ingresado el líder de la trama después de su detención. En una polémica sentencia, el Tribunal Supremo expulsó al juez Garzón de la carrera judicial por ampliar las escuchas a los letrados que le sustituyeron en el procedimiento.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/03/01/tribunales/1456848666_677968.html

SORPRESA EN EL JUICIO GÜRTEL: BÁRCENAS CAMBIA DE ABOGADO... OTRA VEZ

El movimiento del extesorero del PP ha causado extrañeza entre letrados y fiscales presentes en la causa, por el momento procesal en el que se produce

Luis Bárcenas ha vuelto a sorprender a todos. Como ha hecho tantas veces desde que se destapó toda la trama Gürtel y él apareció como uno de los centros sobre los que pivotaba toda la investigación, el extesorero del PP ha vuelto a descolocar a quienes siguen la caso. Ahora con un nuevo cambio de abogado. Algo de por si relativamente inhabitual, pero que lo es mucho más al hacerlo ya en pleno proceso.

El hombre es 'mobile qual piuma al vento'

Es verdad, sin embargo, que para Bárcenas este cambio de letrado no resulta algo novedoso. Recordamos. Comenzó utilizando a su amigo, y compañero en el PP, Jorge Trías. Este exdiputado popular fue el hombre de su confianza que le sirvió de garganta profunda para desvelar los que pasarían a conocerse como ‘papeles Bárcenas’.

Después, cuando aún creía en la palabra de su hasta entonces amigo Rajoy y se intercambiaba mensajes telefónicos con él, Bárcenas se entregó en las manos de los abogados que el PP le puso. Así pasó a ser defendido por el tándem Miguel Bajo y Alfonso García Trallero, que llevaron su caso bajo los cauces más cómodos para Génova durante años. En realidad hasta que Bárcenas comenzó a pensar que demasiado cómodo para su antiguo partido.

De hecho, lo que les llevó a romper fue una entrevista publicada en El Mundo, con la firma del entonces director del diario, Pedrojota, en la que Bárcenas, por primera vez soltaba la bomba: reconocía la existencia de una doble contabilidad en el PP. Veinticuatro horas después, argumentando una pérdida de confianza del cliente sobre el rumbo de su defensa, García Trallero acudía a la cárcel de Soto del Real, donde ya estaba recluido el extesorero, y le presentaban su renuncia.

Entrevistas 'sin control'

Bárcenas respondió al movimiento del PP con un órdago. Y en julio de 2013, con el caso en todas las portadas de periódicos y telediarios, se entregó al exmagistrado reconvertido en abogado de causas mediáticas, Javier Gómez-Liaño. En un movimiento doble, también la esposa de Gómez de Liaño, la abogada Dolores Vázquez de Prado, se hizo con la defensa de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Muy pronto se demostró que no iba a seguirse con la sumisa defensa para el PP de los antecesores letrados.

Aún así, y de nuevo tras una entrevista con un medio, en este caso el ABC, de la que Gómez de Liaño no sabía aparentemente nada, Luis Bárcenas volvió a quedarse sin abogado. Pocos días antes, enero de 2015, el juez Pablo Ruz había cerrado el sumario de la pieza separada que ahora se juzga, la llamada trama Gürtel, 1999-2005, en la que se pedían para el extesorero nada menos que 42 años y medio de cárcel. Gómez de Liaño, que había utilizado abundantemente, aunque sin resultado, ofertas de colaboración con Ruz por parte de su defendido para lograr su excarcelación, como último trabajo para Bárcenas, acababa de solicitar su libertad comparando su situación con la de Iñaki Urdangarín, que no había sido encarcelado a pesar de su procesamiento.

Un cambio en mitad del río

Fue entonces, y ya pensando en el juicio, cuando Luis Bárcenas se puso en manos del que había sido hasta ahora su defensor, Francisco Maroto. Hasta ahora decimos, porque en pleno proceso, y para sorpresa del resto de abogados y fiscales, Bárcenas este lunes ha hecho un nuevo cambio y se ha puesto en manos de otro abogado, Joaquín Ruiz de Infante.

El cambio ha resultado aún más extraño entre los demás abogados personados en la causa, porque Ruiz de Infante es del mismo despacho que su antecesor, pero sobre todo por el momento procesal, cuando aún queda mucho juicio por delante, y tienen que pasar por el estrado, por ejemplo, los testigos pedidos por Bárcenas y su anterior letrado. Entre ellos, casi todos los anteriores secretarios generales del PP.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/07/sorpresa-en-el-juico-gurtel-barcenas-cambia-de-abogado-otra-vez

EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS

El instructor ha citado a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez

El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones de esta pieza separada de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este miércoles reabrir el caso Bárcenas en el que se investiga la contabilidad B del Partido Popular reflejada en los documentos manuscritos del extesorero de la formación conservadora, y cita a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accede de esta forma a la petición de varias acusaciones de esta pieza separada de Gürtel, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, y acuerda dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento provisional acordada en esta pieza en relación a los imputados, al mismo tiempo que ordena la reapertura de la investigación.

El juez atiende, de esta forma, las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, en concreto IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), después de conocer el testimonio que ofreció Correa sobre las presuntas dádivas pagadas por constructoras como OHL o ACS.

"Relevantes" y "novedosas"

De la Mata considera que ante la aportación de estos nuevos elementos de comprobación es pertinente reabrir la causa de la presunta financiación ilegal del PP. Es más, subraya que las declaraciones de Correa, las de García-Pozuelo -que se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción- y las del intermediario Plácido Vázquez son "relevantes y útiles", así como "novedosas".

"Basta destacar, como hace el fiscal -Antonio Romeral- en su informe, que son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para gestionar (en los términos del propio Correa Sánchez) las solicitudes de las empresas, y la mecánica de la distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de éxito en la adjudicación pretendida", afirma el magistrado en su resolución.

El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30", abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas, informa Europa Press.

Carreteras y autopistas

"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica "ahorró mucho dinero al PP". "No sé si 1.000 millones o más o menos", dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle de Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio "correspondiente".

García-Pozuelo afirmó en su intervención en el juicio que el destino del dinero entregado a Correa eran de "organismo centrales", que se referían --según indican las acusaciones en sus escritos--, a los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y al PP, así como que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

La resolución acuerda, además, solicitar de la Sección Segunda de la Sala Penal testimonio de lo actuado en la pieza separada hasta el auto de transformación en procedimiento abreviado, de fecha 23 de marzo de 2015, así como incorporar las declaraciones de García Pozuelo y Correa en el juicio que se celebra actualmente por la pieza del caso Gürtel Época I.

No incluye a Matas

El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones visto, dice, que no consta que haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones que la parte alega.

En este sentido, las acusaciones reclamaron al juez que volviera a imputar al empresario Juan Miguel Villar Mir, aportando una noticia del diario El Mundo que afirma que el expresidente balear había ofrecido a la Fiscalía revelar que el dirigente del PP Javier Arenas había organizado una reunión en la sede del PP de la Calle de Génova de Madrid en la que se habría acordado el amaño del concurso del hospital de Son Espases, en Mallorca, a favor de OHL.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/el_juez_mata_ordena_reabrir_caso_contabilidad_del_para_que_declare_correa_dos_empresarios_61904_1012.html

PS 1-2-6. VALENCIA. CORREA SE OFRECE A COLABORAR CON LA FISCALÍA EN UN INTENTO DE REBAJAR SUS PENAS DE CÁRCEL

El abogado defensor del presunto cabecilla de la trama se ha puesto en contacto con el Ministerio Público para ofrecer su colaboración, reconociendo los hechos en los que ha participado y reparar los perjuicios económicos

El letrado de Correa ha insistido en tachar de "desproporcionado" que su cliente esté en prisión preventiva tras su primera condena, porque no cree que exista riesgo de fuga a raíz de unos hechos cometidos hace más de 10 años

El abogado defensor del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se ha puesto en contacto con la Fiscalía para ofrecer su colaboración, reconociendo los hechos en los que ha participado y reparar los perjuicios económicos, para así buscar "circunstancias atenuantes" de sus futuras condenas.

Así lo ha explicado el propio abogado, Juan Carlos Navarro, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha dejado claro que "todavía no hay ningún pacto" pero que sí "están hablando".

El abogado ha precisado que en cuanto se conoció la primera sentencia de la macrocausa -los amaños de Fitur-, que condena a Correa a seis años de prisión, él se puso en contacto con la Fiscalía. Además, solicitó que "en comisión rogatoria se consignen 272.000 euros", para hacer frente al perjuicio. De hecho, ha dejado claro que su pretensión es reparar los perjuicios que se declaren consignando responsabilidades civiles.

Financiación del PP valenciano

Navarro ha puntualizado que él no defendió a Correa en el juicio de la pieza Fitur que se celebró en Valencia, debido a que renunció por diferencias en la defensa, pero que ahora ha retomado la tarea para el resto de las causas pendientes.

En todo caso, ha señalado que en la próxima pieza, relativa a la financiación del PP de Valencia, que comenzará a juzgarse el 13 de marzo, no sabe aún "hasta dónde" va a llegar Correa en el reconocimiento de hechos. "Hay que respetar los pasos", se ha limitado a decir.

Por último, ha insistido en tachar de "desproporcionado" que su cliente esté en prisión preventiva tras su primera condena, porque no cree que exista riesgo de fuga a raíz de unos hechos cometidos hace más de 10 años. En cambio, cree "ajustado a Derecho" que ni el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ni el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato tengan que ingresar en prisión preventiva, puesto que es "una medida excepcional".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/28/correa_ofrece_desde_carcel_colaborar_con_fiscalia_61839_1012.html

PS 1-2-6. VALENCIA. LA FISCALÍA RETOMA LA NEGOCIACIÓN PARA QUE CORREA TIRE DE LA MANTA

La sentencia de Fitur aviva los pactos e incluye a más acusados por la financiación del PPCV

La Fiscalía Anticorrupción y las defensas de Gürtel han retomado las negociaciones en busca de acuerdos para lograr una rebaja de la pena a cambio de asumir el relato de las acusaciones. Los encuentros se han intensificado en los últimos días tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que ha juzgado el caso Fitur, una de las piezas de la Gürtel valenciana, que impuso penas de entre 3 y 13 años de prisión a los miembros del denominado grupo Correa.

Según confirman las fuentes consultadas por EL MUNDO, entre los acusados que han mostrado interés en una nueva negociación con el Ministerio Público está Francisco Correa, cabecilla de la organización, y miembros del PP de la Comunidad Valenciana que serán juzgados por la presunta financiación irregular del partido cuando Francisco Camps era su presidente. Este juicio tendría que haber empezado el próximo 13 de marzo pero se ha retrasado sine die por la baja por enfermedad que ha presentado la fiscal Míriam Segura y la imposibilidad de que sea sustituida por otro compañero. Al parecer, el retraso en el inicio de las sesiones y el castigo severo a la corrupción política y empresarial que ha supuesta la sentencia de Fitur está facilitando y alentando estos encuentros, por el momento muy discretos y sin acuerdo.

El clima para la negociación es favorable, pues si Correa da el paso y acepta un rosario de conformidades en las causas que aún tiene abiertas, podría abrir el camino al resto de investigados siempre y cuando las acusaciones ofrezcan rebajas considerables en sus peticiones de pena.

Las condiciones

La ley faculta a los fiscales para que aborden este tipo de negociaciones con acusados en causas penales. Son una práctica habitual y las condiciones que se imponen en este tipo de circunstancias, cuando la carga probatoria es abundante y ya hay sentencias como la del TSJ-CV que marca el rumbo de un procedimiento, son el reconocimiento de los hechos, el pago del importe total de las responsabilidades pecuniarias que en su día les podrían ser impuestas o la renuncia a la prueba que en su día propusieron.

Estas condiciones son las que ya han aceptado nueve de los diez empresarios acusados en la pieza de la financiación irregular del PPCV. Estas particularidades han sido comunicadas al juzgado encargado de juzgar la financiación del PPCV en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008 y, en caso de confirmarse la concurrencia de estas circunstancias que atenúen la responsabilidad penal, el Ministerio Público propondrá una modificación de sus conclusiones en el juicio, en el sentido de ajustar las penas a dicho reconocimiento y solicitar condenas inferiores. Así, conforme a la legislación penal aplicable al tiempo de estos hechos, las penas privativas de libertad para estos empresarios son susceptibles de sustitución por multas, es decir, cambiarán cárcel por sanción.

Los confesos

Entre los empresarios que han aceptado el pacto con la Fiscalía está Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex director general de la Policía y ex conseller que será juzgado en la pieza de la Gürtel que ha investigado la visita del papa, en 2006. La confesión del familiar del destacado dirigente popular no influye en su estrategia de defensa pero sí ha hundido públicamente su credibilidad. Según fuentes de su entorno, la estrategia de Juan Cotino, al menos de momento, no será la de la negociación y parece que en esta nueva fase que se ha abierto en la Fiscalía tampoco estará Ricardo Costa, número dos del PPCV con Camps y uno de los principales acusados en la pieza de la financiación. Costa ya sabe lo que es enfrentarse a un juicio en el que hay acusados que han firmado conformidades y han aceptado el relato de la Fiscalía, pues llegó al asunto de los trajes con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y Rafael Betoret, condenado también ahora en el caso Fitur a seis años de prisión, admitiendo los hechos. Según diversas fuentes, Costa quiere llegar a juicio y se la jugará pero en este caso no tendrá frente a él a un jurado popular.

El éxito de estas negociaciones dependerá del criterio que se imponga en la Fiscalía. Según admiten fuentes jurídicas, existen en la actualidad dos corrientes en Anticorrupción, una defiende los pactos para cerrar definitivamente la etapa de Gürtel y centrarse en otras investigaciones contra la corrupción; la otra se inclina por seguir adelante con el procedimiento judicial sin pactos.

La crisis que arrastra la Fiscalía General por el trato al presidente de la región de Murcia y la renovación de los mandos también marcarán un acuerdo que las defensas están buscando para evitar más castigos como el del caso Fitur.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/02/26/58b1c55ee5fdea70488b45cb.html

LA JUSTICIA TENDRÁ QUE DEVOLVER UN MILLÓN DE EUROS AL PP POR 'PAPELES DE BÁRCENAS'

El arquitecto que cobró en b las obras de la sede del partido de Rajoy ha pagado las fianzas y multas de los acusados, menos de Bárcenas y Lapuerta.

El Partido Popular está más cerca de recuperar un millón de euros que en mayo del año pasado tuvo que afianzar en la Audiencia Nacional en concepto de fianza por su participación como responsable civil subsidiario en el caso conocido como Papeles de Bárcenas. Concretamente, el partido que preside Mariano Rajoy tuvo que pagar 1,2 millones de euros. Con el nuevo cálculo, el tribunal tiene ahora que valorar si acuerda la devolución de un millón de euros al PP, que sólo le quedarían depositados ante la Justicia 200.000 euros.

El PP siempre intentó no pagar la cantidad impuesta primero por el juez Pablo Ruz, en mayo de 2015, y después confirmada por el instructor José de la Mata. Sin embargo, este último le dio el año pasado un plazo de diez días para depositar la cantidad. Ahora, se debe hacer un recálculo y el partido podría tener suerte y recuperar ese dinero antes de que comience el juicio que tiene como telón de fondo la financiación ilegal de la formación.

El principal 'salvador' del partido es la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que hizo las obras de la sede del PP, en la calle Génova (Madrid), y principal perjudicado por los conocidos como Papeles de Bárcenas -las notas manuscritas del que fuera tesorero del PP con todos los cobros de donaciones de empresarios y pagos de sobresueldos a diversos dirigentes del partido-.

La Justicia no pudo acreditar que los empresarios investigados habían pagado esas donaciones a cambio de la adjudicación de obras concretas y, por tanto, toda la supuesta financiación ilegal del partido no pudo ser acreditada. Al final, en el juicio sólo se sentarán en el banquillo de los acusados Bárcenas, su sustituto en la Gerencia, Cristóbal Páez, el responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo, y otras dos trabajadoras de éste.

Lo único que se ha podido acreditar de manera indiciaria es que el PP pagó con dinero negro parte de las obras de su sede y, en consecuencia, los delitos fiscales del arquitecto por no declarar esos ingresos a Hacienda. Por otro lado, al PP se le achaca un delito fiscal por el IVA del año 2008 por no declarar las donaciones de aquel año -que superaron el límite permitido-, del que serían responsables los tesoreros de la formación, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el PP como responsable civil. Lapuerta también tendría que ir acusado al juicio pero sus graves problemas de salud ya le han eximido de sentarse en el caso Gúrtel y le ocurrirá lo mismo en la pieza separada de los Papeles de Bárcenas.

En mayo de 2016, el PP anunció que pagaría la fianza impuesta como responsable civil subsidiario por los delitos fiscales de Unifica y por el delito fiscal de los responsables de las finanzas de la formación en el año 2008.

UNIFICA ENTREGA 12 MILLONES

Según fuentes jurídicas, son varias las razones por las que el PP podría recuperar su dinero. Primero, porque Unifica aportó todos sus activos y pasivos para asumir tanto las fianzas como las multas de Urquijo y las otras dos trabajadoras. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, los peritos judiciales valoraron todos los bienes y derechos ofrecidos por Unifica en 11.850.026 euros.

Con esa cantidad debería hacer frente a las fianzas y multas de los tres trabajadores de la empresa, si bien excluiría las fianzas y multas impuestas a Bárcenas, Lapuerta y Páez, dado que los delitos son distintos. Inicialmente, el cálculo realizado por el juez fue de 3 millones de euros en multas para cada uno de los miembros de Unifica y 1,5 millones de euros como fianza en concepto de responsabilidad civil.

Esta última es de carácter solidario, es decir, sólo hay que pagarla una vez entre todos. Si uno de los acusados paga esa cifra, el resto ya no la tiene que asumir. No ocurre lo mismo con las multas, que son personales a cada uno de los acusados. Atendiendo a esta cantidad, entre los tres acusados tendrían que pagar más de 12 millones de euros.

EL TRIBUNAL, LA ÚLTIMA PALABRA

Sin embargo, hay otro factor que, según estas fuentes, el tribunal debe corregir. El juez de instrucción tuvo en cuenta a la hora de calcular las fianzas y multas tres ejercicios fiscales que o bien están prescritos (el Impuesto de Sociedades de 2006, en el que se habría defraudado 302.000 euros) o no alcanzan la cuota defraudada (77.900 por el año 2008 y 52.873 euros por el ejercicio 2009) y, por tanto, no pueden ser perseguidos penalmente dado que la cantidad mínima para que sea delito fiscal es de 120.000 euros. Según las fuentes consultadas, esas cantidades deben restarse tanto del total de la responsabilidad civil como de las multas fijadas.

Ahora bien, la última palabra para que el PP recupere su dinero la tiene la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya tiene todos los datos encima de la mesa y debe hacer un nuevo cálculo sobre las cantidades que debe abonar cada acusado. Dependiendo del recálculo definitivo, se decidirá finalmente la devolución de la fianza al partido de Rajoy.

Con este nuevo cálculo, la responsabilidad civil se quedaría en 1,1 millón de euros y las multas en 2,2 millones de euros, que junto con el triple de ésta, quedaría un total a pagar entre los tres acusados de Unifica de 11.445.300 euros. Con esta nueva cantidad, los 11,8 millones de euros aportados por Unifica serían suficientes para asumir las multas de los tres así como la responsabilidad civil. Es precisamente esta última por la que se exigía al PP un millón de euros.

Al exigírsela como responsable civil subsidiario, una vez afianzada por una de las partes, la formación política ya no tendría que pagarla porque su obligación únicamente llega a tener que asumir la cuantía si los responsables directos no la pagan.

BÁRCENAS Y LAPUERTA NO AFIANZAN

Esto es lo que le va a pasar con los otros 200.000 euros que también ha tenido que pagar por el delito fiscal del año 2008, cometido por Bárcenas y Lapuerta, del que el PP también es responsable civil subsidiario. En este caso, ninguno de los dos acusados han hecho frente a este pago y, por tanto, el PP lo tiene que asumir. Esto significa, que estos 200.000 euros no se les devolvería, por lo menos hasta que se celebre el juicio, y se estime si este delito se cometió.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado defienden que ese delito fiscal atribuible al PP del año 2008, por no declarar donaciones -que además se excedieron de lo permitido por la ley-, no se le puede imputar penalmente porque en ese año los partidos políticos estaban exentos del pago de impuestos por donaciones ilegales. El juez Pablo Ruz y la sección Cuarta de la Audiencia Nacional defendieron que si las donaciones recibidas, como ocurrió en el caso del PP, incumplen la Ley de Financiación de Partidos, estas deben pagar impuestos como ingreso extraordinario. Estas distintas interpretaciones se tendrán que valorar en juicio.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170228/197230891_0.html

EL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA

La formación pide a la Audiencia Nacional que le reintegren su fianza por el ‘caso de la caja B’

El Partido Popular aspira a que la Audiencia Nacional le devuelva 1,2 millones de euros que pagó como fianza para cubrir las futuras responsabilidades del caso de la caja B, derivado del caso Bárcenas. Así lo ha pedido su abogado en un escrito que este lunes publica eldiario.es Lo más llamativo del caso es que, aunque el juez tendrá la última palabra, primero tendrá que pronunciarse el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, un fiscal muy cómodo para el PP cuyo nombramiento exprés salió de lo que la oposición ha calificado como purga de fiscales.

El PP ha presentado esta petición en un escrito de adhesión al que firmaron en enero los abogados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede de la formación en la calle Génova y que presuntamente fue pagada con dinero negro. Los conservadores se suman a la tesis de esta empresa, cuyos directivos son “amigos” de Mariano Rajoy, según el presidente del Gobierno puso en una foto dedicada a ellos, según la cual basta con las fianzas que pagaron los trabajadores de Unifica para cubrir las responsabilidades que surgieran del proceso.

El PP reclama a la Audiencia Nacional que deje “sin efecto” la fianza presentada o, lo que es lo mismo, que le devuelva 1,2 millones de euros. Esta petición ahora requiere el informe previo de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Manuel Moix y se presentó el día 22 de febrero, el mismo día que se propuso el nombramiento del fiscal.

Un nombramiento, además, que se hizo de manera exprés porque, si el miércoles se elevaba la propuesta de nombramiento por el Consejo Fiscal, el viernes era aprobado por el Consejo de Ministros. Una premura que contrasta, por ejemplo, con el del nombramiento que el Consejo General del Poder Judicial hizo en enero, para ocupar una plaza en la sala primera del Tribunal Supremo y que, dos meses después, aún no se ha oficializado, como recuerda el citado diario.

La coincidencia de la petición del PP con el nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción es llamativa, habida cuenta de la fama de amistad que une a ambas partes, a quien sus compañeros califican como fiscal “fácil”. Y que el cargo le fue entregado pasando por encima de otros seis candidatos, aunque él era el único que nunca había trabajado con Anticorrupición.

En su trayectoria al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca que fue el fiscal encargado del caso de la huida de Esperanza Aguirre por la Gran Vía tras aparcar en el carril bus y llevarse por delante la moto de un agente de movilidad. Frente al criterio de la acusación popular y, sobre todo, del juez, Moix defendió a capa y espada que no se trataba de un delito de desobediencia civil, sino sólo una falta. Y también fue muy útil para Aguirre por su empeño en pedir una y otra vez que se archivara el caso de los espías que afecta a su pasado como presidenta de la Comunidad de Madrid.

También tomó varias decisiones que fueron favorables para dos personajes que acaban de ser condenados a penas de prisión: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En lo que respecta al primero, fue su Fiscalía la que denunció al juez Elpidio Silva por enviarle a la cárcel, acusando al magistrado, que por este proceso está inhabilitado por 17 años, de “retardo malicioso” y de “anteponer su voluntad al derecho”.

Sobre Rodrigo Rato, él estuvo detrás de la detención del exvicepresidente, que sirvió como golpe de efecto al Gobierno. Y todo mientras se enfrentaba a Anticorrupción, porque el órgano que él dirige ahora creía que la investigación de la Agencia Tributaria por blanqueo de capitales era “embrionaria”. Es más, la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha sido cesada por no plegarse a las presiones del ministro de Justicia, le quitó el caso Rato para dárselo a Anticorrupción.

Moix tampoco ha perdido tiempo para hacer manifestaciones políticas, como cuando cargó contra el 15M por "exteriorizar su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática". O como cuando se opuso a que se dejara en libertad a los detenidos durante las Marchas de la Dignidad que llegaron a Madrid desde toda España para oponerse a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy: "No se puede permitir que personas tan violentas estén en la calle y puedan seguir delinquiendo".

http://www.elplural.com/politica/2017/02/27/el-nuevo-fiscal-amigo-de-anticorrupcion-valorara-si-devolver-al-pp-12-millones

FRANCISCO CORREA ENGAÑABA AL PP PARA QUE LE PAGARA SUS TRAJES

El sastre de la trama declara como testigo y reconoce que facturaba como “cortinajes y traseras para eventos” del PP los trajes que confeccionaba para el líder de la trama corrupta

El sastre Rafael Caballero ha revelado este martes en su declaración como testigo en el juicio de la Gürtel que el líder del entramado corrupto, Francisco Correa, llegó a falsificar facturas para que el Partido Popular acabara pagando los trajes que aquél le cosía todos los años.

Prisión provisional sin fianza para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' por los amaños en Fitur

Caballero ha descrito la mecánica que se reprodujo en diversas ocasiones aunque no ha sabido decir cuántas. El sastre afirma que fue el exeurodiputado del PP, Gerardo Galeote, quien le presentó a Correa “allá por el año 98 o 99” y comenzó a trabajar de forma intensa con él porque “todos los años le hacía trajes”.

Una vez confeccionados, era el contable de la trama, José Luis Izquierdo, quien le llamaba indicándole qué cantidades facturar, a nombre de qué empresas y también “el concepto”. Rafael Caballero ha reconocido que Izquierdo le pidió varias veces que facturara los trajes como “traseras o cortinajes para eventos” que Correa organizaba para el Partido Popular.

No son pocas las facturas por decenas de miles de euros que constan en el sumario como “traseras y cortinajes” de eventos del PP giradas por la trama, por lo que para los investigadores, después de la declaración del sastre, queda claro que Correa cargaba de forma fraudulenta sus trajes al partido que, engañado, acababa abonándolos.

Las empresas a las que Izquierdo pedía facturar los trajes de Correa al sastre Rafael Caballero eran sobre todo Special Events, y también en alguna ocasión Easy Concept y Orange Market, según ha aseverado en su declaración.

Caballero también ha admitido que en alguna ocasión obró del mismo modo con el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Este también le pidió que facturara algún traje como “cortinajes de eventos”.

El sastre de la trama también cosió trajes para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la esposa de Ortega, Gemma Matamoros.

http://cadenaser.com/ser/2017/02/28/tribunales/1488280266_988382.html

EL EXALCALDE DE TOLEDO INTERRUMPE EN VARIAS OCASIONES AL JUEZ DE LA SUPUESTA “MORDIDA DE COSPEDAL”

El popular José Manuel Molina muestra una actitud “impertinente y chulesca” ante el instructor

El exalcalde del PP de Toledo, José Manuel Molina, se mostró en la mañana del miércoles “arrogante, impertinente y en actitud chulesca”, según han confirmado a ELPLURAL.COM testigos presentes en la declaración ante el juez que instruye la causa de un posible delito de prevaricación en la concesión del servicio de recogida de basuras de la capital a una empresa filial de Sacyr, cuando Molina regía los designios de la ciudad, a cambio de una supuesta mordida de 200.000 euros destinada a sufragar la campaña electoral autonómica de 2007 de María Dolores de Cospedal, denuncia realizada en sede judicial por el extesorero del partido, Luis Bárcenas.

8.000 kilómetros, 12 horas y 600€

Molina, que ha llegado a interrumpir en varias ocasiones al titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ante el asombro de los numerosos abogados de las acusaciones populares presentes en la vista, que no han entendido el consentimiento del instructor ante “tamaña chulería”, se ha mostrado tan “osco” porque no perdona que el magistrado haya rechazado todas y cada una de sus alegaciones para evitar su comparecencia de este miércoles.

Pretendía eludir su declaración por su trabajo como canciller en la embajada que tiene España en Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo. Y es que el exalcalde del PP intentó estas navidades tener una comparecencia ad hoc y ahorrarse así 8.000 kilómetros, 12 horas de avión y 600 euros del billete, si bien el precio del viaje no debe ser obstáculo para una persona que gana todos los meses 9.000 euros, limpios, prácticamente, “de trigo y paja”, concretan otras fuentes consultadas, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“No he cobrado ninguna comisión”

A quién sí paró los pies el magistrado Rodríguez Ruiz fue al abogado de José Manuel Molina, el polémico letrado toledano, Víctor Sánchez Beato, conocido en los juzgados de la Ciudad de las Tres Culturas por ser el representante legal de muchos líderes del Partido Popular, de ahí que quepa preguntarse si sus honorarios los paga el partido de Cospedal o, por el contrario, son abonados por su defendido.

El exalcalde, investigado (antes imputado) por un presunto delito de prevaricación cometido al modificar el contrato que adjudicó el servicio de recogida de basuras a una filial de Sacyr en 2007, ha reconocido a los periodistas en unas breves declaraciones que como ya dijo en anteriores declaraciones ante el que fuera juez instructor del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, “no tengo nada que ocultar, no he cobrado una comisión en mi vida y, por tanto, mi mayor patrimonio es mi patrimonio personal”, ha asegurado el también expresidente del PP de Castilla-La Mancha a quien sucedió en el cargo Cospedal.

¿Dónde están los 200.000 euros?

Junto a Molina han declarado también como investigados el que fuera vicealcalde y concejal de Hacienda en su equipo de gobierno, además de tesorero del PP castellano-manchego, Lamberto García Pineda, y el edil de Participación y Atención Ciudadana en aquel mandato, Fernando Sanz. Declaraciones que han sido aprovechadas por el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que ha pedido a Molina que explique de una vez por todas “dónde están los 200.000 euros” de la supuesta mordida denunciada por Bárcenas.

El portavoz tiene claro que “ni Cospedal ni el PP han dedicado un solo minuto a saber qué pasó y a explicar si realmente tenía razón Bárcenas”, añade, “a ver si a través de este juicio se conoce la verdad y se pueden encontrar los 200.000 euros de una basura que ya huele bastante mal”.

Más frentes abiertos

Es verdad que José Manuel Molina, que ha dudado a la hora de reafirmarse en la declaración que realizó ante Ruz en la Audiencia nacional en noviembre de 2014, cuenta con la complicidad de la Fiscalía de Toledo que pide al juez Florencio Rodríguez Ruiz el sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones, por considerar que en los hechos investigados no “se verifican los requisitos que de forma acumulativa deben darse para constituir el tipo de prevaricación”.

Pero no menos cierto es que el fiscal no le podrá “salvar” del otro caso que tiene pendiente con la Justicia toledana y que instruye en esta ocasión el Juzgado Nº 2, ante cuyo titular ha declarado también este miércoles por la querella presentada por su cuñado, Justino Moraleda, quien acusa a Molina de falsificar una firma para desviar a su cuenta corriente una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 257.000 euros que iba destinada en realidad a una empresa familiar de invernaderos.

Este cambio de cuenta provocó que el Banco Santander ejecutase un préstamo por valor de 980.000 euros, lo que produjo un perjuicio a su cuñado, presente este miércoles en los juzgas toledanos a la espera de que Molina “no rehúya” a la Justicia, ha dicho Tino Moraleda, como es conocido entre sus amigos, uno de los cuales ha hablado con nuestra redacción.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/el-exalcalde-de-toledo-interrumpe-en-varias-ocasiones-al-juez-de-la-supuesta

QUIÉN ES QUIÉN EN LA RENOVADA SUPUESTA 'MORDIDA DE COSPEDAL'

“¡Me están machacando! ¡O le paras los pies a esa tía (Cospedal) o te quedas sin secretaria general! (…) La única irregularidad que yo he cometido en estos años, en esta casa (PP), ha sido por esta señora (Cospedal)”. Declaraciones correspondientes a la conversación que en julio de 2013 mantuvo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el exdirector de El Mundo, Pedrojota Ramírez, y donde el primero describió entonces el cobro de una comisión de 200.000 euros por parte del PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007 a cambio de la adjudicación del servicio de basuras de Toledo. Semanas después, Bárcenas entregaba a otro “ex”, al juez Pablo Ruz, un recibí firmado por el gerente de Cospedal recepcionando la supuesta mordida que en la actualidad trae de cabeza al titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz. Pero quién es quién en esta renovada historia de nunca acabar.

Molina, el canciller investigado

José Manuel Molina, alcalde de Toledo cuando una empresa filial de Sacyr (Sufi) recibió la concesión de la recogida de residuos sólidos de la ciudad (63 millones de euros), tiene todas las claves y las llaves del escándalo de la basura que el hoy canciller en la República del Congo, de a 9.000 euros limpios al mes, no quiere, o no puede, o no le dejan, o es que, sencillamente, no hay nada dentro de esa caja de Pandora que al día de hoy contiene un total de diez imputados, entre políticos y empresarios. Molina ha declarado por activa y por pasiva que no “ha cobrado ninguna comisión”, y por mucho que insista el juez Rodríguez Ruiz no cambiará, suponemos, su declaración, a pesar de que hasta el mismo día en que Bárcenas soltó la “bomba de los 200.000 euros” Molina y María Dolores de Cospedal eran enemigos declarados y reconocidos, pero los caminos de la política son inescrutables. ¡Qué se lo digan a Molina y su vidorra en Kinshasa!

El concejal imputado que casó a Cospedal

Pero si Molina sabe todo, o casi todo, de este escándalo, hay otros miembros de su equipo de Gobierno imputados por la misma supuesta “mordida” que no saben tanto, o casi nada, de los pormenores de la concesión del servicio de recogida de basuras, pero sí de los fastos nupciales de María Dolores de Cospedal, como es el caso de Fernando Sanz Domínguez, que declaró como investigado el pasado 22 de febrero minutos después de hacerlo Molina, y que en su día fue el elegido por la secretaria general del PP para que oficiara su enlace matrimonial con el magnate del ladrillo, Ignacio López del Hierro. Una ceremonia que tuvo lugar en un cigarral de Toledo en 2009, como no podía ser de otra forma.

El vicealcalde y tesorero de Cospedal

Seguramente Fernando Sanz se limitó a estampar su firma, al igual que el resto de los cuatro concejales que formaban parte de la junta de gobierno municipal en 2007 también investigados, pero no así el vicealcalde por aquel entonces, Lamberto García Pineda, imputado ya por el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que consideró en su momento a este peculiar personaje como “un vacilón”. Y razón no le faltaba a este luchador magistrado, puesto que García Pinera presidió la mesa de contratación que decidió conceder el servicio de recogidas de basuras a Sacyr y no el alcalde de la ciudad, como debería ser por la importancia del servicio, cerca de 63 millones de euros. ¡Qué casualidad! Pineda era también en esa época tesorero de la ejecutiva regional del PP presidida por Cospedal. En su declaración ante Ruz se limitó a decir que él se dedicaba a “leer el Marca” y que “era una figura decorativa”.

Sacyr y la Cadena Ser

Y es que como hemos dicho, la empresa concesionaria de esa supuesta mordida denunciada en sede judicial por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, no es otra que Sacyr, mejor dicho su filial Sufi. Una potente compañía encargada de ejecutar la mega obra del Canal de Panamá, de la que forma parte desde el pasado enero como consejero independiente Augusto Delkáder, presidente no ejecutivo de PRISA Radio y Cadena SER, emisora que desde hace unas semanas ya no habla del “caso de la mordida de Cospedal”, ni del “caso Scyr”; no, ahora es el “caso Sufi”, cuando esta empresa ni siquiera existe y se llama actualmente Valoriza, y el nombre de Cospedal no aparece y si lo hace es en el último párrafo y sin identificar la supuesta mordida de los 200.000 euros con la empresa presidida por Manuel Manrique, que ha presentado a través de su costosa legión de abogados numerosos recursos pidiendo el archivo de “la mordida de Cospedal” sin que por ahora lo haya conseguido.

El juez y el fiscal

Recursos de estos abogados cuyo argumentario no dista mucho de las razones expuestas por el fiscal jefe de la Audiencia de Toledo, Luis Ibáñez, que ante el asombro de propios y extraños, sobre todo de los letrados de la acusación popular, pedía el sobreseimiento de la causa a pesar de que el juez instructor no había concluido la investigación y faltaban imputados, tanto como seis, por prestar declaración. “Siendo indiciariamente constitutivos de delito los hechos investigados y apareciendo indiciariamente como responsables de los mismos determinadas personas, no procede acordar el sobreseimiento; al mismo tiempo ha de tenerse presente que el plazo de instrucción no ha finalizado y que la investigación no ha concluido”, recogía el escrito de la asociación representada por el abogado José Bové oponiéndose al archivo solicitado por el fiscal. Es posible, según fuentes consultadas por ELPLURAL.COM más que probable, que el juez Florencio Rodríguez Ruiz acabe finalmente archivando la causa, máxime después de descartar el supuesto delito de cohecho y limitarlo solo a prevaricación administrativa, pero lo “hará cuando haya agotado hasta el último argumento instructor, le guste o no a la Fiscalía”, dicen.

http://www.elplural.com/autonomias/2017/02/26/quien-es-quien-en-la-renovada-supuesta-mordida-de-cospedal

LA AUDIENCIA AUTORIZA A CRESPO Y AL "BIGOTES" A TENER ORDENADOR EN LA CÁRCEL

La Audiencia Nacional ha autorizado el traslado de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", dos de los considerados cabecillas de la trama Gürtel, a la cárcel de Soto del Real (Madrid), así como a que usen en prisión su ordenador personal para poder preparar su defensa.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se da traslado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de esas peticiones para que "articule los medios necesarios para un mejor ejercicio de defensa de dichos acusados".

Ambos presos permanecen actualmente en la cárcel de Valdemoro, como el líder de la trama, Francisco Correa, para cumplir las condenas impuestas en la primera causa juzgada contra ellos, la relativa al caso Fitur.

Correa fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a 13 años de cárcel en ese juicio; su número dos, Pablo Crespo, a 13 años y 3 meses de cárcel, y el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, a 12 años y 3 meses de prisión.

Su ingreso en la cárcel motivó que el tribunal de la Audiencia Nacional que se encarga del macrojuicio de Gürtel les dispensara de asistir a las sesiones.

Ahora, el tribunal, presidido por Ángel Hurtado, autoriza su traslado a Soto del Real y que dispongan de ordenador personal, una petición a la que se dará cumplimiento, según han dicho a Efe fuentes penitenciarias, que han añadido que "no es frecuente", pero tampoco "excepcional".

A lo que se ha negado la Audiencia es a la petición del "Bigotes" de que los traslados a las sesiones fueran a petición propia, pues debe atenerse "al régimen común de traslados a realizar a instancias del tribunal".

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42430237688/la-audiencia-autoriza-a-crespo-y-al-bigotes-a-tener-ordenador-en-la-carcel.html

DENUNCIAN UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR A CORREA EN LA CÁRCEL

“Sus quejas se gestionan con una celeridad inusual”

Los principales sindicatos de Prisiones -ACAIP, CSIF, CC.OO. y UGT-FSP- han denunciado el supuesto trato de favor que se está dando en la cárcel al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, cuyas quejas se gestionan "con una rapidez y celeridad inusual" que no existe con otros internos.

En una carta remitida al Ministerio del Interior, los firmantes solicitan que se investigue y depuren responsabilidades sobre este supuesto trato de favor que "pone en tela de juicio la imparcialidad de la Administración Penitenciaria" respecto al resto de presos.

Las acusaciones formuladas por los sindicatos se refieren en concreto a lo sucedido el pasado viernes cuando la defensa de Correa solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional que investigara por qué su cliente fue trasladado desde la cárcel madrileña de Valdemoro al juicio, a pesar de contar con una dispensa por problemas médicos.

Según los sindicatos, la queja fue tramitada con rapidez, ya que horas más tarde y después de abrir una investigación interna, inspectores de Instituciones Penitenciarias estaban interrogando al director, subdirector y a la jefa de la oficina de régimen de la prisión, además de "retener" a algunos funcionarios una vez acabada su jornada laboral.

Las cuatro organizaciones sindicales consideran que tanto abogados como los internos presentan denuncias y quejas ante la administración o los juzgados "sin que Instituciones Penitenciarias ordene la apertura inmediata de una investigación". Por todo, tildan la actuación de "discrecional" y exigen depurar responsabilidades.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/28/denuncian-un-supuesto-trato-de-favor-correa-en-la-carcel

ÁLVARO PÉREZ ‘EL BIGOTES’ PIDE EL MISMO TRATO QUE URDANGARIN: LIBERTAD PROVISIONAL

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que decrete su libertad provisional amparándose en la similitud de su caso con el de Iñaki Urdangarin.

El pasado 10 de febrero Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y Pablo Crespo fueron condenados a 13 años de prisión por la trama valenciana del caso Gürtel. El juez había encontrando culpables a los tres de amañar contratos con la Generalitat para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La sentencia, no firme, podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el TSJCV decretó el ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza para los tres cabecillas de la trama Gürtel. El tribunal justificaba el ingreso inmediato en prisión por “el riesgo de fuga” y ” la gravedad de la pena a la que han sido condenados”. El trío fue internado en el módulo de preventivos en la cárcel valenciana de Picassent a la espera de ser trasladados a una prisión en Madrid, dado que todavía deben responder ante la Audiencia Nacional por el grueso del caso Gürtel.

Los abogados de ‘El Bigotes’ enviaron un escrito el pasado 24 de febrero a la Sala de lo Civil del TSJCV pidiendo la libertad provisional de Álvaro Pérez aduciendo “la desigualdad de trato que recibe nuestro representado en relación con otros condenados a penas de prisión de más de cinco años por penas semejantes”.

Las motivaciones de los letrados se producen en base a la actuación de la Fiscalía en el caso de Iñaki Urdangarin. Sólo dos días después de la entrada en prisión de los cabecillas de la Gürtel, Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos contra la Hacienda Pública.

El Fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, solicitó en la vistilla posterior a la condena, celebrada el pasado 23 de febrero, el ingreso en prisión de Urdangarin eludible con una fianza de 200.000 euros. Sin embargo, las juezas del caso Nóos decidieron dejar en libertad sin fianza al marido de la infanta Cristina. Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín basaron su decisión en el “arraigo familiar suficiente en territorio nacional especialmente Urdangarin, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis”.

Continúa la resolución de las juezas que “tal arraigo y la conducta hasta el momento observada por los acusados”, añaden, “ponderados con la condena recientemente impuesta, permite a la Sala estimar que el incremento del riesgo de huida que ello pudiera suponer, puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del Tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena que, no debemos obviar, responde a la suma del total de las impuestas”.

Los argumentos de Álvaro Pérez

Los abogados de Álvaro Pérez han tomado punto por punto las motivaciones de la sala que dejó en libertad a Iñaki Urdangarin para solicitar el mismo trato para su defendido. Aseguran, por ejemplo, que no existe riesgo de fuga porque, al igual que en el caso del marido de la infanta Cristina, ‘El Bigotes’ también cuenta con un “acreditado arraigo personal y familiar en el territorio español“. “Existe un más que acreditado arraigo laboral en España, tiene aquí a su mujer y a sus hijos, y que éstos son de corta y aún se encuentran bajo la guarda de sus progenitores”, relatan en el texto enviado al juez.

Por otro lado, no existe reiteración delictiva, según sus abogados, que piden incluso que el tribunal valore otras “medidas sustitutivas para evitar la prisión provisional” y que, aseguran, podrían ser la retirada del pasaporte, como en el caso de Diego Torres, la prohibición de salir de territorio español o, incluso, la fianza. Por último, señalan que tampoco cabría la posibilidad de mantener a Álvaro Pérez en prisión para evitar la destrucción de pruebas porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y, en su momento, se realizaron todos los registros oportunos para la obtención de pruebas.

Todas estas comparaciones con el caso Urdangarin ha llevado a la defensa de Álvaro Pérez a solicitar la libertad provisional por la vulneración de los derechos fundamentales de tutela efectiva y de defensa, y por la libertad personal de su defendido.

https://okdiario.com/espana/2017/03/01/alvaro-perez-bigotes-pide-trato-urdangarin-libertad-provisional-789923

ANA MATO DERIVA TODA RESPONSABILIDAD EN SU EXMARIDO

La exministra de Sanidad, partícipe a título lucrativo, ha contestado a preguntas de Fiscalía, acusaciones, defensas y su propia abogada durante casi una hora. La fiscal entiende que sus respuestas "evasivas" delatan su culpabilidad

La exministra de Sanidad Ana Mato se ha sentado este lunes en el banquillo del juicio del caso Gürtel por, presuntamente, haber disfrutado de fiestas, regalos y viajes por más de 28.000 euros que pagó la organización criminal. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, admitió que Correa abonó viajes a Mato y al menos una fiesta de cumpleaños con payasos. Él aseguró que esos regalos fueron concedidos a cambio de nada. Ana Mato ha basado su defensa en su independencia económica: "He trabajado siempre, he tenido mi propio sueldo, y nos repartíamos los gastos familiares".

En cuanto a los coches de lujo de los que disponía su marido, Mato explica que no le extrañó porque desconocía el sueldo que recibía como alcalde o del PP: "Siempre he tenido mi propio vehículo, y siempre he pagado absolutamente todos mis gastos, y mi vehículo, también".

El abogado de El Bigotes le ha preguntado sobre un bolso pero Ana Mato ha negado recibir bolso alguno de parte "del señor Pérez Alonso". En cuanto a los viajes familiares que presuntamente les había pagado la trama, la exministra vuelve a argumentar desconocimiento: "Si alguien se los ha regalado, a mí no me lo han dicho, y se los han regalado a él, no a mí, a mí nunca nadie me ha pagado nada de lo que tenía que pagar".

http://cadenaser.com/ser/2017/02/13/tribunales/1486973833_050996.html

EL PP SE NIEGA A DECLARAR EN EL JUICIO DE GÜRTEL SOBRE SU SUPUESTO LUCRO

Mato declara en el juicio de Gürtel: "Nunca he pagado ninguna celebración infantil" EL MUNDO

El Partido Popular se ha negado a responder al tribunal del caso Gürtel, el mismo que el pasado jueves decidió que quería escuchar "expresamente" las explicaciones del partido.

La justificación del PP fue escueta: "Esta parte no tiene nada que aportar porque desconoce cualquier circunstancia sobre los hechos que son objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal y resto acusaciones". Esas fueron las palabras del abogado del partido, el ex fiscal Jesús Santos, en referencia a los gastos electorales que la trama corrupta habría pagado a dos ex alcaldes populares, los acusados Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) y Guillermo Ortega (Majadahonda). Santos explicó al tribunal de la Audiencia Nacional que él mismo era también la persona designada por el partido como representante legal para responder como partícipe a título lucrativo, papel que se le atribuye al que, sin haber participado en un delito, sí se ha beneficiado económicamente de él. En el caso del PP se habría ahorrado en 2003 un total de 245.492 euros en gastos electorales de sus dos candidatos, que realmente fueron abonados por la trama corrupta.

"Nos remitimos al escrito de defensa y alegaciones en fase de cuestiones previas", se ha limitado a precisar el abogado del PP antes de guardar silencio y escuchar, sin dar respuesta, las preguntas que tenía preparadas la fiscal Concepción Sabadell. Entre esas alegaciones referidas está la de pedir la nulidad del caso Gürtel, en la línea de defensa de los principales acusados.

Tras escuchar esa decisión del PP, la fiscal de Anticorrupción ha expuesto al tribunal que el Ministerio Público que a partir de ese momento tiene al PP como "confeso" porque interpreta que ha asumido como cierto el enriquecimiento injustificado que se le atribuye. El motivo, ha explicado la fiscal, es que las propias leyes -Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal- prevén que cuando una persona jurídica rechaza aclarar aquello por lo que se le pregunta, " [se] puede considerar reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas". Por ese motivo, la representante del Ministerio Fiscal ha pedido al tribunal que aperciba de esa circunstancia al PP, tal y como prevé el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo dedicado a la "negativa a declarar, respuestas evasivas o inconcluyentes". El tribunal ha respondido que "asume esa tesis" -sin dar más precisiones- antes de indicar al partido que ante las preguntas de la Fiscalía podía actuar como mejor le pareciera. El resultado es que el PP no ha respondido a la lista de preguntas, que incluían, por ejemplo "quién satisfizo los gastos electorales de las campañas de 2003 en Pozuelo y Majadahonda"

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/13/58a15e92468aeb27778b460f.html

ESPERANZA AGUIRRE SOBREVIVE AL JUICIO DE GÜRTEL A LA ESPERA DE LOS TESTIGOS

Los exconsejeros de su gobierno apenas la han nombrado y cuando lo han hecho ha sido para exculparla

Otros imputados apuntaron su papel central en la organización de actos, pero no implicaron a Aguirre directamente en la contratación con las empresas de Correa

En una semana comenzarán a declarar los testigos, entre los que están cargos técnicos que tendrán que explicar el troceo de facturas del gobierno regional

El pasado de Esperanza Aguirre ha sobrevolado el juicio de Gürtel desde el comienzo. Los acusados que pertenecían a las empresas de la red corrupta la nombraron dándole un papel protagonista en la organización de los actos, pero nunca la implicaron directamente en las prácticas irregulares. Los que fueran sus colaboradores más estrechos o no la han nombrado, o lo han hecho para exculparla. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha superado limpia la fase del juicio en la que debían declarar los acusados, y está a la espera de que comience el turno de los testigos, en el que ella misma tendrá que sentarse ante el tribunal.

El tribunal está a falta de unos nombres para terminar con la lista de casi 40 acusados. Los dos subordinados de Aguirre durante su etapa de presidenta regional ya han declarado, y ninguno de ellos ha implicado a la que fuera su jefa. Este martes ha sido Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración, el que ni siquiera ha pronunciado su nombre, y se ha referido a ella como "la presidenta".

Lo ha hecho para exculparse del troceo de contratos con la Gürtel y cargar la responsabilidad en el otro acusado del antiguo gabinete de Aguirre, Alberto López Viejo. El exviceconsejero de Presidencia era quien se ocupaba de todos los actos, ha dicho Clemente. Si Aguirre era la protagonista del evento, lo organizaba López Viejo. Pero ni una palabra sobre si Aguirre sabía que su hombre de confianza contrataba a dedo con las empresas de Francisco Correa ocultando las adjudicaciones al control de la Intervención.

Durante la declaración de Clemente ha quedado claro el poder de influencia de Correa en el círculo de Aguirre. Este exalto cargo asegura que conoció al empresario porque este estaba constantemente por la sede del PP, aunque ha negado que mantuviese una relación estrecha con él. Las grabaciones que ha exhibido la fiscal Concepción Nicolás no reflejaban lo mismo.

En una conversación telefónica, Correa se ofrece a ayudar a Clemente con sus negocios en América Latina, e incluso a enchufar a su mujer en una gran empresa, a cambio de que éste influya en un nombramiento de un organismo público. Correa le dice que hay un grupo de empresarios, socios suyos, interesados en el nombramiento. "Te entiendo perfectamente, no te preocupes", contesta Clemente.

El propio cabecilla de Gürtel incluyó a este exalto cargo de Aguirre en la lista de quienes recibieron sus dádivas: le pagó la comunión a uno de sus hijos. Clemente lo ha negado y ha dicho también que nunca recibió dinero de la trama, ni les adjudicó nada. Todo pasaba por Presidencia, pero no ha nombrado a quien fuera su jefa. De hecho, ha descargado la responsabilidad sobre cargos técnicos y sobre López Viejo.

El testimonio de Clemente se une a la ristra de acusaciones que se han ido vertiendo sobre el exviceconsejero de Presidencia, al que Aguirre fichó desde el Ayuntamiento. López Viejo intentó defenderse de todo y lo hizo sin implicar en nada a la expresidenta del PP. Solo tuvo buenas palabras, dijo que había sido un honor trabajar con ella y la exculpó de los asuntos relacionados con la contratación: "Nunca despaché con Aguirre temas menores".

López Viejo y Clemente engrosan la lista de excolaboradores de Aguirre que han acabado imputados por su gestión en la Comunidad de Madrid. El primero se enfrenta a una petición de cárcel de 46 años y el segundo a una de 10. Otra de las "ranas" de Aguirre, Francisco Granados, también tuvo solo buenas palabras para ella durante su declaración ante el juez de Púnica.

La expresidenta madrileña ha superado así la fase de declaraciones de imputados totalmente limpia. Hubo acusados que le dieron un papel principal en los actos que organizaba Gürtel, y aseguraron que era su gobierno el que obligaba a fraccionar contratos. Pero no la terminaron de implicar en nada.

Aguirre, que tan solo ha admitido culpa "in vigilando" en los casos de corrupción que han rodeado su gestión, afronta ahora la fase de los testigos. Por delante del tribunal desfilarán más de 300, entre los que se incluyen algunos de los cargos técnicos de su gobierno. La acusación que lo pidió, el PSOE, quiere que estos tiren de la manta y señalen de quien salía la orden de trocear los contratos con las empresas de Gürtel. En total, serán 10 nombres, entre los que hay secretarios técnicos y directores generales de la época de Aguirre.

La propia expresidenta regional declarará como testigo. Lo pidió la defensa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. No lo hará por el cargo político que ostentó, aclaró el tribunal cuando aceptó esa petición, sino que su testimonio "ha de quedar circunscrito a lo que pueda aportar sobre los hechos".

http://www.eldiario.es/politica/Aguirre-sobrevive-juicio-Gurtel-testigos_0_609989917.html

LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP

Las acusaciones populares dan ya por hecha la reapertura, sustentada en la declaración judicial de Correa sobre mordidas a cambio de contratos

Anticorrupción elude pedir la citación de los responsables de las dos grandes empresas señaladas por el jefe de 'Gürtel', Florentino Pérez y Villar Mir

La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir las investigaciones sobre la llamada caja b del PP o pieza de los papeles de Bárcenas, que a día de hoy se encuentra ya cerrada en espera de fecha para juicio, ha venido a complicar el horizonte judicial del partido en vísperas de su congreso y cuando sus dirigentes ya daban por amortizado el caso Gürtel y su ramificación de mayor calado político: aquella en cuyo auto de apertura de juicio el juez sostiene que entre 1990 y al menos 2008 el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".

Precedida de la que formularon dos acusaciones populares -IU y la asociación de abogados Adade-, la petición de la Fiscalía se sustenta en el relato hecho por Francisco Correa durante su declaración en la vista sobre la primera época de la trama Gürtel. Ese día, 14 de octubre de 2016, Correa colocó el foco sobre la financiación del PP al asegurar que durante años había funcionado un sistema por el que quienes querían obtener a toda costa contratos públicos pagaban a cambio un 3% del importe adjudicado.

Aunque todas las fuentes consultadas este viernes creen que la reapertura no tiene ya marcha atrás, nadie se atreve a aventurar si esta segunda fase de la instrucción judicial se limitará a cubrir el expediente o si, por el contrario, acabará provocando algún terremoto. Bárcenas, asegura su entorno, está tranquilo. De momento, nadie ha pedido que declare si el caso se reabre. ¿Desfilará finalmente otra vez por la sala de interrogatorios de la Audiencia Nacional y qué hará si finalmente llega ese momento? ¿Emergerá algún nuevo elemento que obligue a la Fiscalía a modificar las conclusiones que la llevaron a pedir -y a conseguir- la exculpación de todos los empresarios investigados en aquella primera fase bajo el argumento de que nada permitía vincular donaciones y contratos? Nadie tiene la respuesta aunque observadores que conocen el caso de cerca se muestran especialmente cautos. Especialmente, a la vista de qué pide exactamente el fiscal.

Porque a tenor de lo que ha trascendido este viernes, el fiscal solo pide que tras la reapertura declaren como investigados un empresario que días antes de que hablara Correa ya había ratificado en el juicio el pago de comisiones a cambio de contratos, Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica; y un comisionista -Plácido Vázquez- a quien el considerado jefe de la trama Gürtel señaló como intermediario con las empresas que se declaraban dispuestas a pagar.

Pero, por encima de Vázquez y García Pozuelo, a quien Correa también incluyó en su declaración, el don vito de la Gürtel mencionó a tres gigantes de la economía española como partícipes en el sistema del 3%: ACS, Dragados -desde 2002 filial de la anterior- y OHL. Las empresas señaladas niegan haber pagado ninguna mordida. Y en cuando Correa acabó su declaración anunciaron una querella.

El fiscal no pide la declaración de los máximos responsables de ambos grupos, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. Pero si la instrucción se reactiva ambos o, al menos, Villar Mir, puede terminar viéndose obligado a desfilar ante el juez. De momento, la declaración del presidente de ACS y del Real Madrid no la ha requerido nadie. La de Villar Mir, de OHL, sí: las dos acusaciones populares. Villar Mir, además, ya tiene ante sí una situación complicada por una investigación que, no procesalmente pero sí cuanto a su fondo, aparece conectada a esta: la del supuesto -y finalmente abortado- amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares, Son Espases, en favor de OHL, a cambio de dinero para el PP, caso que investiga en Palma el juez José Castro.

De las tres empresas citadas por Correa, OHL es la única que consta en los papeles de Bárcenas, aquella colección de "anotaciones extracontables" donde entre 1990 y 2008 el extesorero fue reflejando las entradas y salidas de dinero opacas. Es decir, la presunta contabilidad secreta y paralela del PP cuya investigación judicial se saldó con seis acusados -Bárcenas y su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, a la cabeza- y con el PP como presunto responsable civil subsidiario por el supuesto delito fiscal que los implicados habrían cometido en relación a la reforma de la sede central del partido.

Ningún responsable de ACS aparece en cambio en la que presumiblemente era la contabilidad B del PP. El nombre de ACS sí consta en otro manuscrito que Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio de 2013. Según el extesorero, ese documento registraba los pagos efectuados por distintas empresas para financiar la campaña electoral gallega del PP en 2001. Los apuntes consignaban el pago de 30.000 euros por parte de ACS, que se habría comprometido además a desembolsar un millón de euros.

El día en que Correa soltó la bomba ante el tribunal que le juzga, fuentes conocedoras de esa supuesta contabilidad secreta del PP aseguraron a infoLibre que ACS "jamás" aportó fondos para el PP nacional. En conversación con infoLibre, las mismas fuentes añadieron, aunque sin precisar fechas ni cantidades, que sí lo hizo Dragados. Y que del nombre de la compañía no quedó rastro en los papeles de Bárcenas porque sus fondos siempre llegaron al partido "a través de la cuenta de donativos anónimos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/04/la_peticion_fiscalia_para_reabrir_investigacion_sobre_caja_complica_horizonte_judicial_del_pp_60703_1012.html

APLAZADO SINE DIE EL JUICIO POR LA CAJA B DEL PP VALENCIANO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La vista, que debía comenzar el próximo día 13, ha sido suspendida debido a al baja médica de una de las fiscales del caso. Nueve empresarios han confesado ya la financiación irregular del PP valenciano.

El juicio por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se aplaza sine die debido a la baja médica de uno de los fiscales del caso. En una providencia dictada este martes, la Audiencia sostiene que se acuerda dicho aplazamiento "habiéndose recibido escrito del Ministerio Fiscal, del que se dará traslado a las partes, en el que se solicita la suspensión del juicio oral señalado por razones de baja médica de uno de los fiscales asignados al presente procedimiento e imposibilidad de comparecer del otro fiscal asignado procede acceder a dicha suspensión".

En un principio el Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional fijó para el próximo 13 de marzo de 2017 el comienzo de la vista donde deben sentar en el banquillo de los acusados varios ex altos cargos de la formación de Mariano Rajoy así como distintos empresarios vinculados al PP encausados en esta pieza separada de la trama Gürtel, que ya han reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción haber financiado irregularmente a la formación conservadora.

Se da la circunstancia además de que el magistrado titular del Juzgado Central Penal Penal de la Audiencia, José María Vázquez Honrubia, se encuentra de baja médica. Su sustituto provisional, el magistrado José Luis de Castro, explica en la resolución que “se señalará de nuevo a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta la circunstancia en que se encuentra este Juzgado Central Penal de baja del titular del mismo por enfermedad”.

Entre ellos se encuentra el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, la Audiencia juzgará a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa -ex secretario General del PPCV- y el número dos del Gobierno valenciano Vicente Rambla así como a los empresarios radicados en la Comunidad Valenciana que financiaron de forma irregular el partido a nivel regional.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Aplazado-Caja-PP-Audiencia-Nacional_0_1001600469.html

LOS EMPRESARIOS VALENCIANOS ‘CANTAN’: PAGARON ILEGALMENTE PARA LA CAMPAÑA DE RAJOY

Todos los implicados reconocen la veracidad de las acusaciones de la Fiscalía recogidas en el sumario

Otra mala noticia para el PP. Y sólo a dos días de que se inicie su Congreso Nacional. Según ha conocido ELPLURAL.COM en fuentes jurídicas, nuevos empresarios valencianos involucrados la financiación ilegal del PP están a punto de firmar un reconocimiento de que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción son ciertas. Es decir, que a las campañas locales y autonómicas de 2007 con Francisco Camps como cabeza de cartel, pero también las generales de 2008 con Mariano Rajoy al frente, el PP acudió dopado.

Los donantes reconocen los delitos

Tres de los nueve imputados ya han reconocido, en escritos presentados por sus abogados, la veracidad de “la relación fáctica descrita por el Ministerio Público (la Fiscalía) y por la acusación popular”. Hechos de enorme gravedad. Porque se trata de aceptar “falsedad en documentos mercantil y falsedad en las cuentas electorales”. Estos tres empresarios son Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá García y Enrique Ortiz Selfa.

Pero ahora, según consta a este periódico, están a punto de sumarse en un escrito similar, los otros siete empresarios involucrados en esta pieza separada de la trama Gürtel, conocida en medios jurídicos como “Financiación del PP a través de Orange Market”. Esos empresarios son Enrique Gimeo Escrig, Antonio Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Raigada, Vicento Cotino Escrivá, Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna.

Evidentemente, el hecho de que nuevos empresarios imputados reconozcan su acuerdo con la trama Gürtel a través de la empresa Orange Market, y con la dirección del PP de Valencia para financiar las campañas locales, autonómicas y generales en aquel bienio, parecen sustanciar de manera casi irrefutable las acusaciones de Fiscalía y Acusación Particular. Mala noticia judicial, otra, para el PP.

Un modo de actuar, muchas cajas B

Como adelantamos recientemente también en ELPLURAL.COM, ya se conocen el calendario y el orden de declaraciones para este nuevo macrojuicio, que se celebrará también en las salas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, de manera paralela y a escasos metros a la vista de la pieza principal, el caso Gürtel 1999-2005.

Los acusados en este caso se agrupan en tres grandes bloques que deben testificar entre los días 13 y 15 de marzo. Esos grupos son por un lado los nueve empresarios a los que hacemos referencia. Por otro, los miembros de la propia trama Gürtel, de manera muy significada el principal responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, pero también los imputados habituales, desde Correa al blanqueador Ramón Blanco Balín. Y un tercer grupo, cuyas confesiones también pueden producir olas altas, de los antiguos dirigentes del PP de Camps, muy especialmente Ricardo Costa, entonces número dos del partido, y que en su momento ya pidió que se tomara testimonio en este caso a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, para demostrar que su comportamiento no hacía sino seguir las pautas habituales en las campañas del PP.

En realidad, esto es lo mismo que en su momento, ante el juez Pablo Ruz, repitió hasta la saciedad el propio Luis Bárcenas, que explicó cómo las cajas B del PP funcionaban de manera generalizada y con un modus operandi similar a nivel local, autonómico y nacional. Es decir, y esto es lo que vienen a reconocer los empresarios valencianos, la trama Gürtel se ponía en contacto con empresarios, que aportaban dinero a cambio de concesiones públicas, con las que se pagaban gastos y campañas del Partido Popular.

El agujero del dinero negro

En el caso de Valencia, por ejemplo, la fiscalía en su escrito apunta cómo durante “los procesos electorales de 2007 y 2008, la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL (organizadora de los eventos) y por el Partido Popular en Valencia fue 175.000€”, mientras que los servicios prestados, según consta en las investigaciones fueron muy superiores.

Dice la fiscalía que las cantidades “que con motivo de las elecciones de 2007 no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria son, al menos, las siguientes: en las elecciones autonómica, 1.155.231,43€; en las elecciones municipales: 78.878,33€”. Cantidades a las que hay que añadir “los servicios prestados por Orange Market SL con motivo de las elecciones de 2008, que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria (y que) son al menos 801.810,56€”. Es decir, más de 2.035.000€, de los que sólo se legalizaron esos 175.000€.

El problema añadido para el PP, y desde luego para los procesados del PP y de la trama Gürtel en estas y otras causas, es que los empresarios están cantando de manera ya generalizada. Como informamos en su momento, también un constructor de Boadilla del Monte, Alfonso García-Pozuelo, y el gran amigo de Alejandro Agag, el empresario y blanqueador, Jacobo Gordon, reconocieron comportamientos similares en lo referido a las relaciones entre el clan de Paco Correa y el PP madrileño.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/08/los-empresarios-valencianos-cantan-pagaron-ilegalmente-para-la-campana-de-rajoy

NUEVE EMPRESARIOS ADMITEN HABER FINANCIADO ILEGALMENTE AL PP VALENCIANO

Alcanzan un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el que admiten los pagos a cambio de reducciones de condena

La Fiscalía Anticorrupción y los empresarios acusados en las piezas del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana han llegado a un preacuerdo para confesar los hechos a cambio de una rebaja de sus penas que les libre de entrar en prisión.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la negociación, los seis empresarios que aún no habían pactado con la Fiscalía -tres ya lo hicieron a cambio de una rebaja de pena- estarían a punto de firmar un acuerdo para confesar los hechos y en los próximos días se mantendrán reuniones de cara a cerrar el pacto.

Estos empresarios son Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.

A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de 2 años de cárcel, con lo que no entrarían en prisión, aunque ese principio de acuerdo está pendiente de firmarse.

Las conversaciones entre Anticorrupción y estos seis empresarios se producen después de que otros tres ya hayan pactado: Enrique Ortiz, Alejandro Pons Dols y José Francisco Beviá.

Estos acusados admitieron que financiaron de forma ilegal al PP en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red Gürtel en Valencia.

El juicio de tres piezas de la trama Gürtel en Valencia comenzará en marzo en la Audiencia Nacional, cuando se juzgará a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de la Comunitat Valenciana como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV).

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/09/nueve-empresarios-admiten-haber-financiado/1526785.html

LA EXCONSELLERA DEL PP PAGA LA FIANZA Y EVITA IR A PRISIÓN POR EL CASO FITUR DE LA GÜRTEL

Milagrosa Martínez, exconsellera de Turisme y expresidenta de las Corts Valencianes, ha pagado los 15.000 euros de fianza impuestos por el TSJCV, quién a la vista del pago la ha declarado el libertad provisional.

La exconsellera de Turisme y expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha pagado los 15.000 euros de fianza que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para evitar su ingreso en prisión tras la condena por la pieza de Fitur dentro del caso Gürtel. A la vista del pago, el TSJCV ha acordado su libertad provisional.

Milagrosa Martínez tenía cinco días para pagar la fianza de 15.000 euros y eludir su entrada a prisión hasta que el Supremo se pronuncie sobre su condena a nueve años de cárcel por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los amaños en contratos de la feria de turismo Fitur.

Su abogado ya anunció la pasada semana que la exconsellera de Turismo intentaría durante estos días reunir los 15.000 euros impuestos --el plazo para abonarlos terminaba este lunes-- ya que, en la actualidad, la expresidenta de las Corts no tiene "nada".

El facilitado este lunes por el TSJCV, la sala de lo Civil y Penal señala que Martínez ha puesto a disposición del tribunal la cantidad de 15.000 euros mediante transferencia efectuada a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano judicial, depositada por su letrado.

Por ello, es procedente declarar su libertad provisional, con la obligación "apud-acta" de comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes y las veces que sea llamada, con la fijación de domicilio y le prohíbe la salida del territorio nacional.

El tribunal advierte de que ante una sola incomparecencia se determinará dictar una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión. A la sala le consta además la entrega del pasaporte de Martínez y que se ha notificado la decisión a las autoridades de fronteras y policiales.

Milagrosa Martínez ha sido condenado por el TSJCV a nueve años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel entre 2005 y 2009

http://www.publico.es/politica/exconsellera-pp-paga-fianza-evita.html

LAS RAZONES POR LAS QUE CORREA, CRESPO Y EL BIGOTES VAN A LA CÁRCEL

Un agrio toma y daca entre las defensas de los cabecillas de Gürtel y la fiscalía anticorrupción acaba con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez entre rejas

En el auto la Sala hace suyo el criterio expuesto por la fiscalía anticorrupción que aprecia riesgo de fuga por la gravedad de las condenas y por los otros procedimientos en los que están inmersos los condenados. Así, tras una mañana de tira y afloja, finalmente se decretaba auto de prisión sin fianza y pasadas las dos y media de la tarde el furgón de la Guardia Civil abandonaba el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana camino de Picassent, la primera prisión en la que cumplirán condena los tres cabecillas de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez por el amaño de los contratos de la Generalitat para el montaje de los expositores de la Comunitat Valenciana en varias ediciones (de 2005 a 2009) de la feria internacional de turismo, de FITUR. Es probable que los acusados, con piezas pendientes en la Audiencia Nacional por Gürtel, acaben en otra prisión más próxima a la capital de España.

Mientras tanto, la exdirectiva de varias empresas de la trama, Isabel Jordán, condenada a seis años, ha eludido la prisión de momento a pesar de que el criterio de la fiscalía pasaba por el ingreso en prisión inmediato y sin fianza de todos aquellos condenados a más de cinco años. Ella deberá comparecer dos veces al mes en el juzgado y se le ha retirado el pasaporte. Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, condenado a cuatro años y cuatro meses y Mónica Magariños, exempleada de Orange Market, condenada a tres años deberán comparecer una vez al mes en el juzgado, se les ha retirado el pasaporte y como Jordán no podrán abandonar el territorio nacional. En cuanto a la parte política de la trama: la exconsellera Milagrosa Martínez, condenada a nueve años; el que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado a seis años y un funcionario, Isaac Vidal, de esa conselleria de turismo condenado a siete años, desfilarán mañana por el alto tribunal valenciano. También lo harán Jorge Guarro y Ana María Grau, ambos funcionarios también de la conselleria, condenados a cuatro y tres años respectivamente.

La posición de la fiscal, que ha asumido la sala, ha provocado un agrio toma y daca entre las defensas de Correa, Crespo y Pérez que han insistido, al alimón, en que no había riesgo de fuga. Las tres defensas han puesto sobre la mesa el talante colaborador y cumplidor de sus representados en todo lo dictaminado hasta ahora por la justicia en esta causa. Pero, la Sala entiende que el volumen de las penas, que los acusados estén inmersos en las muchas otras piezas pendientes de la macrocausa Gurtel avalan la petición del ministerio público. Así, la defensa de Álvaro Pérez ponía sobre la mesa el "caso Blasco". Entonces Rafael Blasco no ingresó en prisión de inmediato. La sala esperó a que el Supremo se pronunciara. La defensa de Correa ha insistido en que su defendido siempre ha colaborado y hoy mismo ha ofrecido pagar, con cargo a las cuentas suizas que tiene desbloqueadas para estas cuestiones judiciales, los más de 250.000 euros que se le piden en concepto de responsabilidad civil. Y la defensa de Crespo ha llegado a poner sobre la mesa que se rompe el principio de defensa. Miguel Durán, abogado de Crespo, que es ciego, ha recordado a la salida del tribunal, visiblemente molesto, que la causa no es accesible y que si le apartan de su defendido tendrá que abandonarla si no se convierte íntegra al braille:

Afirma que eso es algo que se está buscando en otro ejemplo de que estamos ante una causa política, con la sentencia ya puesta de antemano, y que le han dicho incluso que en los ojos de la fiscal se dibujaba la mala conciencia:

Y anunciaba que llegará a Estrasburgo si hace falta. Eso si antes el Supremo, como también ha augurado, no declara nula esta causa por todo lo anterior.

La Sala considera diversas y exageradas las razones de Miguel Durán. También afea a la de Correa que presuma de colaboración porque no ha sido precisamente así en esta pieza y a la defensa de Pérez le indica que el "caso Blasco" es incomparable con Gürtel por el montante de las penas y por la cantidad de causas pendientes. Las defensas han llegado a poner como ejemplo de buenas prácticas y de colaboración que hayan acudido ya con maletas al tribunal. Al final, esas maletas y sus propietarios han viajado a Picassent. Álvaro Pérez ingresa en prisión por primera vez. Correa y Crespo no. Ellos ya han cumplido penas de prisión preventiva anteriormente.

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/14/radio_valencia/1487086958_626522.html

CORREA, CRESPO Y EL BIGOTES, A PRISIÓN POR LA GÜRTEL DE VALENCIA

Los tres han sido condenados a 13 años de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia

Correa, Crespo y El Bigotes, condenados a 13 años de prisión por la trama Gürtel de Valencia
Condenas por la trama Gürtel en Valencia

Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya están en la cárcel de Picassent para comenzar a cumplir sus penas de 13 años de prisión cada uno por la rama valenciana del caso Gürtel. Los tres fueron condenados el pasado viernes por amañar contratos de la Generalitat valenciana para la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado su entrada en prisión provisional por "el riesgo de fuga", "la gravedad de la pena a la que han sido condenados" y "los otros casos que tienen pendientes". El jueves serán trasladados a un centro penitenciario de Madrid para que puedan seguir compareciendo en las sesiones de la causa principal del caso Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional.

El tribunal ha decretado la prisión como medida cautelar, dado que la sentencia no será firme hasta que el Supremo ratifique las condenas, a petición de la fiscalía y del PSPV-PSOE, personado como acusación popular. El abogado de Crespo ha considerado que la resolución es "completamente injusta" y ha acusado al tribunal de representar la "teatralización" de una "decisión tomada" de antemano. El letrado de Correa ha sostenido que la prisión era innecesaria puesto que su cliente acude a diario al juicio en la Audiencia Nacional y "no existe mayor control que ese".

Las defensas de los tres cabecillas de Gürtel habían pedido que se les aplicaran medidas alternativas a la pérdida de libertad acogiéndose al precedente del exconsejero valenciano Rafael Blasco. Condenado a ocho años de cárcel por malversar fondos de ayuda al desarrollo, al que fue consejero con el expresidente Francisco Camps se le permitió evitar la cárcel con una fianza y comparecencias periódicas hasta que el Tribunal Supremo hizo firme la sentencia. Los magistrados Pilar de la Oliva, Antonio Ferrer y Juan Climent han replicado a través de sendos autos que los supuestos "no son idénticos": las penas en esta ocasión son superiores y, frente a las "dos piezas" del caso Cooperación que a Blasco le quedaban por afrontar, los jefes de Gürtel tienen pendientes un número "muy superior".

El abogado de Correa ha alegado que se ha producido un "cambio en la estrategia" de su cliente, que ha pasado a colaborar con la justicia, a lo que el tribunal ha contestado que "en la presente causa no ha demostrado afán de colaboración alguno, limitándose a negar la totalidad de los hechos que se le imputan".

Correa también ha ofrecido consignar 278.000 euros de responsabilidad civil si le desbloquean los fondos que tiene en Suiza. "No podemos dejar de mencionar que se trata de bienes ya materialmente intervenidos por la Administración", ha señalado el tribunal, que además de la cárcel impuso al líder de la trama una multa de 3,9 millones de euros por los amaños de Fitur.

Correa ha sido el primero en llegar a la sede judicial, poco antes de las nueve, con la gabardina en la mano. Tras celebrar la vista, el tribunal le ha pedido que aguardara en la sede judicial a que se dictara el auto. Crespo, que se ha declarado "absolutamente tranquilo" a la entrada, también ha pasado la mayor parte de la mañana esperando la decisión del tribunal. Ambos han permanecido en una habitación contigua a la sala en la que se celebraban las vistas, bajo la atenta mirada de agentes de la Guardia Civil. Un par de personas les han llevado al tribunal bolsas con ropa por si al final se decretaba su ingreso en prisión, como así ha sido.

Álvaro Pérez, El Bigotes, ha sido el tercero en comparecer. Al resto de miembros de Gürtel condenados por amañar contratos de Fitur —Isabel Jordán (condenada a seis años de prisión), Mónica Magariños (con una pena de tres años de cárcel) y Cándido Herrero (condenado a cuatro años)—, los magistrados les han impuesto comparecencias periódicas ante el tribunal y la prohibición de abandonar España, además de retirarles el pasaporte.

La sentencia, que puede recurrirse ante el Supremo, estableció que los concursos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y otras ferias turísticas menores fueron amañados a favor de la trama Gürtel cinco años seguidos entre 2005 y 2009. Las trampas hicieron que las convocatorias públicas se convirtieran "así en un mero subterfugio para directamente apropiarse de los caudales públicos". En total, de cinco millones de euros.

Junto a los miembros de Gürtel fueron condenados cinco antiguos responsables de la Agencia Valenciana de Turismo, incluida quien fuera consejera con el PP Milagrosa Martínez (a nueve años de prisión) y su exjefe de gabinete Rafael Betoret (seis años de cárcel). La Fiscalía tiene previsto pedir prisión provisional para aquellos condenados a más de cinco años de cárcel, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la misma.

Martínez, Betoret y los cargos intermedios de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal (condenado a siete años de prisión), Jorge Guarro (cuatro años de prisión) y Ana Grau (tres años de cárcel) han sido citados por el Tribunal Superior este miércoles a partir de las 9.30 para decidir si los envía a prisión o les impone otro tipo de medidas cautelares.

Retirada de honores

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, planteó ayer que el Parlamento autonómico debería retirar el cuadro y las placas en honor de Milagrosa Martínez, que además de consejera de Turismo fue presidenta de la Cámara. La Ley de Transparencia valenciana prevé la retirada de este tipo de elementos cuando exista sentencia firme, algo que no sucederá con la sentencia sobre las adjudicaciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) hasta que no la confirme el Tribunal Supremo. Barceló consideró, sin embargo, que si Martínez es enviada hoy a prisión la situación sería “lo suficientemente grave” como para adelantar la retirada. El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, apoyó la propuesta. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, señaló que las Cortes deben ceñirse al “cumplimiento estricto de la ley” o, en todo caso, cambiarla.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/14/valencia/1487060076_630475.html

EL PP TAMBIÉN PAGÓ LA DEFENSA DE UNA CONSELLERA DE CAMPS EN 'GÜRTEL' CON DINERO PÚBLICO

Milagrosa Martínez, ex presidenta de las Cortes, pidió ayuda al PPCV y Alberto Fabra autorizó la disposición de fondos del grupo y del partido

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) también se hizo cargo del coste que generó la defensa en el caso Gürtel de la ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez. La dirigente alicantina, a quien se refería el grupo Correa como La Perla, está pendiente de sentencia por la pieza separada de la Gürtel valenciana que ha juzgado los contratos del certamen de turismo Fitur cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción pide para Martínez, quien también fue alcaldesa de Novelda por el PP, hasta 11 años de prisión por su papel en la presunta contratación irregular del pabellón regional en Fitur a Orange Market, el brazo de Correa en la Comunidad.

Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el PPCV pagó parte de las minutas con el dinero público que recibe por tener representación en el Parlamento autonómico y el resto, la mayor parte, se abonó con fondos propios del partido. Al parecer, Martínez trasladó al ex presidente Alberto Fabra que tenía graves problemas económicos que le impedían costear su defensa en un procedimiento como el de Gürtel.

Fabra autorizó la disposición de fondos del grupo parlamentario en 2012 y el ex portavoz Rafael Blasco, el ex conseller que cumple seis años de prisión por malversar las ayudas de las ONG, participó en las negociaciones. Según esta información, una parte de la defensa se abonó con la subvención de las Cortes y el resto con dinero propio del partido.

Fuentes de la actual dirección del PPCV no han querido realizar ninguna valoración al respecto y se limitaron a puntualizar que ya han trasladado a los acusados que no piensan hacer frente a ningún pago más derivado de la asistencia jurídica en escándalos de corrupción. Ya son cuatro los dirigentes del PPCV sumergidos en casos de corrupción cuyas defensas han sido abonadas por el partido. A Martínez se suma Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Yolanda García, ex diputada; y David Serra, ex vicesecretario del PPCV y uno de los detenidos en el marco del caso Taula.

El 31 de marzo de 2015 arrancó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) el juicio por el llamado caso Fitur. Se ha juzgado el presunto amaño de contratos públicos para que la red de Correa montara, entre 2005 y 2009, el expositor valenciano. La Generalitat contrató las ediciones anteriores a José Adolfo Vedri, presidente de Engloba y uno de los empresarios detenidos en la macrorredada que desarrolló la Guardia Civil en Valencia contra los cabecillas de la «organización criminal» que se investiga dentro del caso Taula.

La rama de Fitur es la pieza 3 del caso Gürtel en Valencia. En esta pieza se han juzgado a 13 personas, entre ellos, dos ex conselleras durante el gobierno de Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such. La primera fue consellera de Turismo entre 2004 y 2007 y la segunda, entre 2007 y 2009. También se han sentado en el banquillo de los acusados Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados; y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.

Según esta información, el partido sólo habría echado una mano a Martínez y no al resto de acusados en esta pieza, ni siquiera a su sucesora en la Conselleria de Turismo. Alberto Fabra autorizó estos pagos por escrito al tiempo que defendía sus medidas contra la corrupción, entre ellas, las conocidas como líneas rojas.Martínez era considerada un personaje un tanto peculiar de la política valenciana, tanto por las formas -un fotógrafo de EL MUNDO la cazó aprendiendo a conjugar verbos en francés en las Cortes- como por el fondo -se construyó un muro perimetral en su casa que financió el Parlamento autonómico-.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/01/31/588fb1c522601d7b0a8b459e.html

LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE TROCEÓ EN UNA VEINTENA DE CONTRATOS EL PAGO DE MÁS DE 200.000 EUROS A LA TRAMA DE FITUR

Los documentos que Compromís lleva a la fiscalía revelan pagos reiterados al margen del contrato de Fitur a dos empresas que ya están investigadas en un juzgado de Orihuela por supuesto fraude en el montaje de pabellones

La Diputación de Alicante, que presidía José Joaquín Ripoll, un exalto cargo del PP hoy imputado en el caso Brugal, llegó a pagar en 2005 más de 214.000 euros mediante una veintena larga de facturas a las dos empresas denunciadas por Compromís por irregularidades en la adjudicación de los pabellones del Patronato de Turismo Costa Blanca entre los años 2004 y 2009. Todos esos pagos fueron inferiores a 12.000 euros, que era entonces el límite legal para tener que convocar concurso.

En la relación de operaciones, figura en 2005 el pago de 324.800 euros a Equipamiento Integral para Stands Molinos, SL, correspondiente a la contratación del pabellón en Fitur, y otros dos de 81.200 euros cada uno por la adjudicación, diseño y realización del expositor y por su adaptación para la feria de turismo de la Comunidad Valenciana. Al margen de esas tres facturas, se produjeron a lo largo del año otros 22 pagos a esa misma sociedad o a Exporigging, SL, con los mismos administradores, todos ellos inferiores a 12.000 euros por el montaje, diseño o realización de expositores para diversos certámenes. En algunos casos coinciden las facturas por trabajos diferentes para una misma feria.

El año anterior, en 2004, la lista de pagos sumaba más de 102.000 euros fraccionados en una decena de facturas, según la documentación obtenida por Compromís. Y al año siguiente, en 2006, pese a que Equipamiento Integral para Stands Molinos, SL cobró 655.000 euros en marzo por la adjudicación del diseño y realización del pabellón de la Costa Blanca en Fitur, a los que hay que añadir otros 40.700 por el mismo concepto al finalizar el ejercicio y 90.000 y 38.900 en sendas facturas por su adaptación para otro certamen, recibió junto a Exporigging, SL más de 183.000 euros fraccionados en 18 pagos. El menor de ellos fue de 7.808 euros y el mayor de 12.000, justo el límite para no tener que convocar concurso.

Según Compromís, "existen indicios de delito relacionados con fraude en la contratación y prevaricación de principio a fin". La concurrencia de las dos empresas de la trama a un mismo concurso junto a una tercera que siempre se retiraba o una baremación que permitió otorgar a la oferta más cara el contrato público son otras de las irregularidades detectadas. La coalición ha destapado esta otra trama similar en la Diputación de Alicante diez días después de la sentencia del TSJCV que envió a la cárcel a los cabecillas de la red Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez y condenó a nueve años a Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo de Francisco Camps, por amañar las adjudicaciones del pabellón valenciano en Fitur en ese mismo periodo.

Este nuevo 'caso Fitur' afecta a dos empresas que ya son investigadas en Orihuela dentro de una trama más amplia de sociedades con sede social en el País Vasco por supuesto fraude precisamente en contratos para montar expositores en la feria turística. La fiscalía les atribuye en esa causa, en la que está imputada la expresidenta del PP oriolano Pepa Ferrando, de delitos de prevaricación y fraude.

http://m.eldiario.es/cv/Trama-Fitur-Alicante-contratos-Politica_0_614539260.html

EL EXALCALDE DE TOLEDO INTERRUMPE EN VARIAS OCASIONES AL JUEZ DE LA SUPUESTA “MORDIDA DE COSPEDAL”

El popular José Manuel Molina muestra una actitud “impertinente y chulesca” ante el instructor

El exalcalde del PP de Toledo, José Manuel Molina, se mostró en la mañana del miércoles “arrogante, impertinente y en actitud chulesca”, según han confirmado a ELPLURAL.COM testigos presentes en la declaración ante el juez que instruye la causa de un posible delito de prevaricación en la concesión del servicio de recogida de basuras de la capital a una empresa filial de Sacyr, cuando Molina regía los designios de la ciudad, a cambio de una supuesta mordida de 200.000 euros destinada a sufragar la campaña electoral autonómica de 2007 de María Dolores de Cospedal, denuncia realizada en sede judicial por el extesorero del partido, Luis Bárcenas.

8.000 kilómetros, 12 horas y 600€

Molina, que ha llegado a interrumpir en varias ocasiones al titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ante el asombro de los numerosos abogados de las acusaciones populares presentes en la vista, que no han entendido el consentimiento del instructor ante “tamaña chulería”, se ha mostrado tan “osco” porque no perdona que el magistrado haya rechazado todas y cada una de sus alegaciones para evitar su comparecencia de este miércoles.

Pretendía eludir su declaración por su trabajo como canciller en la embajada que tiene España en Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo. Y es que el exalcalde del PP intentó estas navidades tener una comparecencia ad hoc y ahorrarse así 8.000 kilómetros, 12 horas de avión y 600 euros del billete, si bien el precio del viaje no debe ser obstáculo para una persona que gana todos los meses 9.000 euros, limpios, prácticamente, “de trigo y paja”, concretan otras fuentes consultadas, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“No he cobrado ninguna comisión”

A quién sí paró los pies el magistrado Rodríguez Ruiz fue al abogado de José Manuel Molina, el polémico letrado toledano, Víctor Sánchez Beato, conocido en los juzgados de la Ciudad de las Tres Culturas por ser el representante legal de muchos líderes del Partido Popular, de ahí que quepa preguntarse si sus honorarios los paga el partido de Cospedal o, por el contrario, son abonados por su defendido.

El exalcalde, investigado (antes imputado) por un presunto delito de prevaricación cometido al modificar el contrato que adjudicó el servicio de recogida de basuras a una filial de Sacyr en 2007, ha reconocido a los periodistas en unas breves declaraciones que como ya dijo en anteriores declaraciones ante el que fuera juez instructor del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, “no tengo nada que ocultar, no he cobrado una comisión en mi vida y, por tanto, mi mayor patrimonio es mi patrimonio personal”, ha asegurado el también expresidente del PP de Castilla-La Mancha a quien sucedió en el cargo Cospedal.

¿Dónde están los 200.000 euros?

Junto a Molina han declarado también como investigados el que fuera vicealcalde y concejal de Hacienda en su equipo de gobierno, además de tesorero del PP castellano-manchego, Lamberto García Pineda, y el edil de Participación y Atención Ciudadana en aquel mandato, Fernando Sanz. Declaraciones que han sido aprovechadas por el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que ha pedido a Molina que explique de una vez por todas “dónde están los 200.000 euros” de la supuesta mordida denunciada por Bárcenas.

El portavoz tiene claro que “ni Cospedal ni el PP han dedicado un solo minuto a saber qué pasó y a explicar si realmente tenía razón Bárcenas”, añade, “a ver si a través de este juicio se conoce la verdad y se pueden encontrar los 200.000 euros de una basura que ya huele bastante mal”.

Más frentes abiertos

Es verdad que José Manuel Molina, que ha dudado a la hora de reafirmarse en la declaración que realizó ante Ruz en la Audiencia nacional en noviembre de 2014, cuenta con la complicidad de la Fiscalía de Toledo que pide al juez Florencio Rodríguez Ruiz el sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones, por considerar que en los hechos investigados no “se verifican los requisitos que de forma acumulativa deben darse para constituir el tipo de prevaricación”.

Pero no menos cierto es que el fiscal no le podrá “salvar” del otro caso que tiene pendiente con la Justicia toledana y que instruye en esta ocasión el Juzgado Nº 2, ante cuyo titular ha declarado también este miércoles por la querella presentada por su cuñado, Justino Moraleda, quien acusa a Molina de falsificar una firma para desviar a su cuenta corriente una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 257.000 euros que iba destinada en realidad a una empresa familiar de invernaderos.

Este cambio de cuenta provocó que el Banco Santander ejecutase un préstamo por valor de 980.000 euros, lo que produjo un perjuicio a su cuñado, presente este miércoles en los juzgas toledanos a la espera de que Molina “no rehúya” a la Justicia, ha dicho Tino Moraleda, como es conocido entre sus amigos, uno de los cuales ha hablado con nuestra redacción.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/el-exalcalde-de-toledo-interrumpe-en-varias-ocasiones-al-juez-de-la-supuesta

EL JUEZ QUE INVESTIGA SI EL PP DE COSPEDAL RECIBIÓ UN SOBORNO A CAMBIO DE UN CONTRATO DESAUTORIZA AL FISCAL JEFE DE TOLEDO

El escrito por el que la Fiscalía pide el archivo en vísperas del congreso del PP sostiene que el instructor no ha practicado "ninguna diligencia" para averiguar si hubo cohecho porque lo tiene "descartado plenamente"

Un portavoz oficial del magistrado lo desmiente y recalca que no resolverá sobre el futuro de la causa al menos hasta que declaren como investigados el exalcalde y los ediles que dieron a una filial de Sacyr la adjudicación bajo sospecha

El escrito por el que el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, acaba de pedir el archivo de la causa donde se investiga si una filial de la constructora Sacyr pagó 200.000 euros al PP para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007 a cambio de un contrato de basuras ha abierto la caja de los truenos en el juzgado encargado de la investigación, el de instrucción 3 de Toledo. Fechado el 26 de enero, a dos semanas del congreso del PP en que Cospedal aspira a revalidar su cargo como secretaria general, el escrito del jefe de la Fiscalía toledana sostiene lo siguiente: que el instructor, Florencio Rodríguez, decidió de antemano que no había que efectuar averiguaciones sobre si el PP recibió una mordida de 200.000 euros dado que el juez tiene descartada “plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito”. Y que así lo demuestra –llega a decir Ibáñez– el hecho de que, desde la apertura del caso, en septiembre 2015, “ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

Pero nada de eso es cierto, según asegura un portavoz del juez Florencio Rodríguez: la investigación judicial, recalcan fuentes oficiales de su juzgado a preguntas de infoLibre, busca "dilucidar si hay indicios racionales de los dos delitos por los que se incoaron las diligencias, prevaricación administrativa y cohecho". Ni ha llegado el momento de resolver sobre el sobreseimiento o la continuidad del caso –añaden las citadas fuentes– ni llegará al menos hasta después de que hayan declarado como investigados el exalcalde del PP y los ediles que adjudicaron a una filial de Sacyr el contrato bajo sospecha ni el magistrado ha decidido ya qué decisión adoptará. "El juez no se va a pronunciar sobre la petición de archivo porque, aunque las diligencias están muy avanzadas, todavía no han finalizado", resumen los portavoces del juzgado 3 de Toledo.

El párrafo en que el jefe de la Fiscalía toledana se erige en portavoz del magistrado y anticipa qué sucederá con la causa no admite dudas de interpretación. “Por último –escribe Ibáñez–, y en aras a delimitar el objeto del procedimiento debemos hacer mención al delito de cohecho. Ciertamente –agrega– el auto de 1 de septiembre de 2015, por el que se acepta la inhibición [de la Audiencia Nacional] y se incoan las presentes diligencias, menciona formalmente tanto el delito de prevaricación como el de cohecho. Sin embargo, es también cierto que se deduce de lo instruido hasta el momento que el instructor ha descartado plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito. Así, es claro que ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

La réplica de los portavoces de Florencio Rodríguez es contundente: "La investigación judicial está encaminada a dilucidar o aclarar si hay indicios racionales de ambos delitos". Es decir, también el de cohecho.

Un escrito que nadie le ha pedido

Pero el relato desgranado este jueves por el entorno directo del instructor va más allá. Porque, según esas fuentes, el escrito elevado por el fiscal jefe de Toledo no se corresponde con "lo que se le había pedido".

La narración elude cualquier crítica al fiscal jefe de Toledo aunque al recalcar cuáles son "los hechos objetivos" lo desautoriza casi sin tapujos. Y los hechos "objetivos" –sostiene el juzgado– son estos: "Desde el juzgado se dio traslado al ministerio fiscal para que hiciera las alegaciones que estimase oportunas sobre un recurso presentado por la defensa de uno de los investigados [el exalcalde José Manuel Molina] para modificar la fecha de su declaración". Y ocurrió esto: "El fiscal en su respuesta de alegaciones sobre dicho recurso ha incluido el contenido de ese escrito". ¿Significa lo anterior que no ha llegado aún el momento de que el juez pida al fiscal que informe y emita su opinión sobre el futuro de la causa? La respuesta fue esta: "Eso no se ha producido ni es lo que se le había pedido; el instructor todavía no ha resuelto sobre el recurso [de Molina]" "El instructor resolverá únicamente en lo relativo al recurso", concluyen las fuentes consultadas.

En su escrito, el fiscal invoca la “economía procesal” para suscribir los dictámenes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los papeles de Bárcenas. Esos dictámenes, recuerda Ibáñez, “consideraban la total pertinencia del sobreseimiento respecto de ese supuesto delito de cohecho”.

La causa, cuya sorpresiva petición de sobreseimiento ha provocado las iras de las acusaciones populares, está en manos del juez Florencio Rodríguez desde hace 16 meses. El titular del juzgado de instrucción 3 de Toledo abrió las diligencias una vez que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió sobre esa parte del caso Gürtel y la remitió a Toledo.

La investigación en la Audiencia Nacional

La resolución con la que el magistrado toledano dio inicio a sus pesquisas decía lo siguiente: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho”.

Pero el fiscal Ibáñez no solo da por hecho que el juez ni siquiera ha creído pertinente indagar si las múltiples irregularidades detectadas por la IGAE en la adjudicación del contrato de basuras a Sufi guardan relación con los 200.000 euros que presuntamente entregó su matriz Sacyr para el PP. El fiscal considera “absolutamente razonable” la ausencia de averiguaciones “si analizamos pormenorizadamente los antecedentes obrantes en las diligencias 275/08 del Juzgado Central de Instrucción número 5”. Es decir, en las diligencias investigadas en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz, de las que el magistrado desgajó finalmente y entre otras la pieza de Toledo.

Antes de inhibirse, Pablo Ruz había comenzado a investigar el asunto en la Audiencia Nacional después de que Luis Bárcenas destapara el presunto pago de Sacyr durante su declaración de julio de 2013. En marzo de 2015 concluyó que entre lo investigado en relación a ese presunto pago y la pieza de los llamados papeles de Bárcenas no había “conexidad suficiente”. Decidió así inhibirse y remitir a Toledo toda la documentación de las múltiples pruebas que había practicado hasta entonces.

El fiscal ha pedido el archivo de diligencias cuando falta menos de un mes para la fecha fijada –22 de febrero– para la declaración como imputado de quien era alcalde de Toledo por el PP en la etapa investigada, José Manuel Molina. Ese mismo día debe declarar también, salvo cambio de última hora, el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, y otro exedil.

El 1 de marzo deben comparecer otros cuatro miembros del equipo que gobernaba bajo la batuta de Molina, ahora destinado en la República Democrática del Congo como canciller de la Embajada española.

Molina pidió en noviembre que su declaración se adelantase al periodo comprendido entre el 28 de ese mes y el 8 de diciembre bajo el argumento de que en la fecha marcada por el juez –el 22 de febrero– no puede desplazarse a España.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/03/el_juez_que_investiga_de_cospedal_recibio_soborno_cambio_contrato_desautoriza_fiscal_jefe_toledo_60622_1012.html

DIEZ JUICIOS PARA FINALIZAR LA GÜRTEL

Los tribunales pueden juzgar hasta 10 procedimientos distintos para dar por finalizado el caso Gürtel, que afectan a cinco comunidades autónomas. La trama se extendió como una mala hierba por todo el territorio nacional, "en simbiosis" con el PP

Una vez finalizado el juicio de FITUR en Valencia, quedan otros diez procedimientos para finalizar la Gürtel, y casi todos se están juzgando o juzgarán en Madrid, aunque afectan a buena parte de la geografía nacional, porque la trama se extendió como la mala hierba "en simbiosis con el Partido Popular", según la UDEF.

En la actualidad se juzga en la Audiencia Nacional la 'Época Primera' de la trama, que afecta a Andalucía, Madrid, y Castilla y León.

También en la Audiencia tiene que juzgarse las adjudicaciones de Jerez en FITUR; las contrataciones de AENA; el desarrollo de la trama por separado en dos municipios madrileños más –Boadilla y Arganda-; los contratos de diversas consejerías valencianas con la trama de Correa; la visita del Papa a Valencia; la pieza de la financiación ilegal del PP que ya han admitido los empresarios valencianos; y el juicio de la 'caja B' nacional del PP, donde se sentarán en el banquillo la cúpula financiera del PP y el propio partido. Están en juego entre otros asuntos las donaciones ilegales y el pago con 1.4 millones en negro de las obras de la sede central durante la presidencia de Rajoy. Además, la Fiscalía acaba de pedir la reapertura de la investigación en este procedimiento por la trama del 3% desvelada por Correa.
Madrid, Andalucía, Castilla-León, Comunidad valenciana y un último procedimiento que está por ver si llega a juicio: En Castilla La Mancha se investiga una pieza desgajada de la 'caja B', por la supuesta mordida de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal a la presidencia de esa comunidad.

http://cadenaser.com/ser/2017/02/10/tribunales/1486753286_875589.html

UN RESPONSABLE DE ECONOMÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ASEGURA QUE CONTACTÓ CON UNIFICA A TRAVÉS DE LA PROMOTORA DEL PERLA NEGRA

El coordinador de servicios de la Consejería, Tomás Machota, se definió a sí mismo como un "recadero jefe" que realizó un informe sobre el coste del edificio basándose en una tasación de la propia constructora

La Junta le puso al mando de las gestiones para que se instalasen mamparas por las que se pagaron 4,4 millones a pesar de que no se realizó concurso

El coordinador de servicios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Machota, aseguró en su testifical ante el juzgado de instrucción que investiga el sobrecoste del edificio conocido como Perla Negra, que fue Urban Proyecta PM3, la promotora, quien le puso en contacto con Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que remodeló en negro la sede del PP en la calle Génova, y que percibió 4,4 millones de la Junta sin que mediase concurso alguno.

De esta manera, Machota ha confirmado la connivencia existente entre ambas empresas, pero también la permisividad o el conocimiento de la Junta de Castilla y León, que le puso a él al frente de las gestiones para que Unifica Servicios Integrales colocase mamparas para dividir interiormente un edificio por el que, según la Intervención General de la Administración del Estado, se pagaron más de 70 millones de euros a pesar de que se firmó un contrato por importe de 52.

El coordinador de Economía se ha definido a sí mismo como un "recadero jefe", que conoció a una de las responsables de Unifica, Belén García, en una visita que esta hizo a la Junta en compañía de uno de los socios de Urban Proyecta, Ángel Montes. A pesar de lo inusual de la relación entre él y Unifica, y la serie de correos entre Machota y García que publicó eldiario.es, Machota aseguró que cumplía órdenes del entonces consejero delegado de Gesturcal y secretario general de Economía, Rafael Delgado. Según él, los correos electrónicos en los que indicaba a García, que iba a elaborar un informe sobre las bondades del Perla Negra, que "mejor no hablar" del edificio, o que entrase la "imaginación al poder" para referirse a los beneficios del traslado de los trabajadores a un inmueble fuera de Valladolid, "no deben malinterpretarse".

Además, explicó que realizó el informe sobre la posible compra del edificio, por encargo de Delgado, y que estableció una horquilla de entre 60 y 72 millones de euros basándose en una tasación facilitada por Urban Proyecta. El informe se presentó al consejo de Gesturcal, la sociedad pública de gestión de suelo, en diciembre de 2008. Meses después de que Pablo Trillo, vocal de esta sociedad, alertase a Herrera de que se barajaban precios disparatados tanto de alquiler como de compra.

Con la declaración de Machota se pone de manifiesto que la Junta acabó comprando el edificio al precio que la promotora quería. Lo que nadie ha explicado aún es por qué las tasaciones que encargó la Junta de Castilla y León a Alia y a Tinsa que establecían precios máximos de 39 y 41 millones, y reveladas por este diario, se desestimaron. La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, explicó el pasado jueves tras en consejo de Gobierno, que "hubo muchas tasaciones" y que la Junta "no pagó un sólo euro de más". También exhibió la personación de la Junta en el caso, que se produjo después de que eldiario.es publicase que Unifica cobró 4,4 millones sin concurso, y no supo definir en calidad de qué se había personado el gobierno regional. "La Junta se ha personado en calidad de personas que quieren saber lo que pasa en un procedimiento", acertó a decir. Lo cierto es que la Junta pretendió que se abriese una "pieza separada" para que sólo fuese parte en el asunto de Unifica, petición que rechazó el juez.

La Fiscalía ha advertido que debe definir si se considera perjudicada, en cuyo caso podrá exigir indemnización, o si por el contrario pretende defenderse. Entre los imputados hay varios cargos y excargos de la Consejería de Economía. La Junta está sufragando algunas de las defensas, que ejercen los letrados del despacho Garrigues. Si se considerase perjudicada, se produciría un conflicto de intereses. En cualquier caso, si no contestan a la Fiscalía, podría acabar expulsada del procedimiento.

http://m.eldiario.es/politica/Economia-Junta-Castilla-Unifica-Negra_0_612089787.html

LA ERA CAMPS, DEL BANQUILLO A LA CÁRCEL

La sentencia de Fitur marca el camino de las otras cinco piezas de la trama valenciana de la Gürtel, que juzgará la Audiencia Nacional

Camps ha logrado sortear la Gürtel pero no el supuesto fraude de 45 millones en la Fórmula 1, por el que está imputado

El PP valenciano también aparece asociado a otras tramas como la Púnica o la de Acuamed

La de Fitur es ese tipo de sentencias donde pasado y futuro se entretejen. El pasado porque sus 558 páginas suponen un castigo ejemplar a los gobiernos del expresident Francisco Camps, entre 2003 y 2011. Y un futuro de cinco piezas más de la rama valenciana de la Gürtel por juzgarse en la Audiencia Nacional por hechos y mecánicas muy similares. Todo un tiempo político detenido entre las manillas del Hublot de 2.400€ que los cabecillas de la trama regalaron a Milagrosa Martínez por abrirles despachos y expedientes de la consejería de Turismo. Según el fallo emitido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la firma Orange Market, filial aborigen de la trama, fue contratada fraudulentamente para organizar el stand valenciano en diversas ferias de Turismo, sobre todo la de Fitur, entre 2005 y 2009. Un beneficio de 5 millones para la red corrupta.

Facturas falsas y por trabajos no realizados, duplicidad de gastos, troceo de licitaciones para evitar su control e hiper valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Este es el sólido y oscuro andamiaje en que se sustentó la administración valenciana bajo un Partido Popular liderado por Francisco Camps, quien llegó al poder tutelado por Eduardo Zaplana y a quien le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos y muy dóciles a la que penetró con suma facilidad un adulador profesional como Álvaro Pérez, el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo.

Buena prueba de esta permeabilidad son las numerosas adjudicaciones supuestamente irregulares a Orange Market entre 2004 y 2008, que se investigan en la pieza 5, con 27 procesados, entre ellos los exconsejeros de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, y la de Bienestar Social, Alicia de Miguel. Y las piezas 1 y 2 se refieren a la presunta financiación irregular y delito electoral cometido por el PP en los comicios de 2007 y 2008. Nueve empresarios, que ya han reconocido los hechos, recibían adjudicaciones públicas millonarias que retornaban en parte a través de pagos por servicios no realizados a Orange Market, empresa que organizó las campañas del PP, que también habría abonado a la trama 2 millones en B. Esta causa suma 27 imputados, entre ellos el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa.

Por su parte, la pieza 6 aborda los delitos de Orange Market contra la Hacienda Pública. Y la 4 trata la adjudicación a la red corrupta, por parte de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de la sonorización de la visita del papa en julio de 2006 por 7,4 millones, de los cuales, según la investigación, al menos tres acabaron en los bolsillos de la Gürtel. Entre los principales procesados están el exdirector general de RTVV, Pedro García, y Juan Cotino, exvicepresidente del Consell y de Les Corts. La Fiscalía pide 40 años y 10 de cárcel respectivamente.

El presidente en un bólido

¿Y Camps? El expresident que controlaba su partido al milímetro ha conseguido sortear los escollos de la Gürtel pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado Caso de los Trajes. Una causa menor que el entonces presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, desgajó del bloque Gürtel. Una operación con aroma de favor a su “más que amigo”, tal y como lo definió el propio Camps. Finalmente, en enero de 2012, un jurado popular declaró no culpable a ex jefe del Consell y a Ricardo Costa por los mismos hechos, recibir prendas de ropa de la trama con arreglo a su cargo público, por los que Víctor Campos y Rafael Betoret, habían firmado meses antes su culpabilidad, pagado la multa y devuelto las prendas de ropa. Betoret es el mismo que este viernes fue condenado a seis años de prisión por la sentencia de Fitur.

Pero la Gürtel solo es una parte del organismo en descomposición y el escurridizo Camps no ha podido sortear la corrupción a 300 kilómetros por hora de los bólidos de la Fórmula 1. Se trata del caso Valmor, empresa organizadora del gran premio en Valencia y cuya deuda de 45 millones fue asumida de forma supuestamente irregular por la Generalitat Valenciana. Camps sigue cobrando cerca de 50.000€ al año como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, gracias a los privilegios que establece el estatuto de los expresidentes.

Una corrupción de amplio espectro que no ha dejado cajón por abrir ni mano por meter. El converso del zaplanismo al campismo, Serafín Castellano, está imputado por el llamado cártel del fuego, al que benefició con 277 millones en la licitación de la lucha área contra incendios cuando era consejero de Gobernación. O José Luis Olivas, expresidente de Bancaja e investigado por la quiebra del Banco de Valencia, la ampliación de capital del Valencia CF y delito fiscal. Y recientemente condenado a un año y medio de prisión junto a Vicente Cotino, hermano de Juan y uno de los empresarios arrepentidos de la Gürtel, por falsedad documental.

Y cómo no, Rafael Blasco, el consejero plenipotenciario de la era Camps y condenado a ocho años de prisión como cabecilla de una trama que desvió a pisos y garajes 1,6 millones de proyectos de cooperación a Nicaragua. Un fraude cuyo grueso aún está por juzgar, ya que entre 2009 y 2011 también se defraudaron 3,2 millones destinados al Tercer Mundo. Pero hay más. Blasco está investigado por sus contratos durante la etapa en Sanidad, 2006 y 2007. Y junto a él su sobrino Sergio Blasco, quien derivó 24,9 millones a empresas privadas y aparentemente de forma poco lícita. Una familia aficionada al dinero público y a los juzgados. La esposa de Blasco es Consuelo Císcar, imputada por irregularidades en adquisición de obra y contratación de publicaciones durante su etapa como directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Transversalidad y periferia

Y otro gran amante de los bólidos es Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y, según la Guardia Civil, el principal cabecilla de la operación Taula, que estalló el 26 de enero de 2016 y supuso la detención de 24 políticos y empresarios, entre ellos Rus, quien pasó dos noches en el calabozo. Se investiga una red de cobro de comisiones con epicentro en la empresa pública Imelsa, ya desparecida, y con ramificaciones en Ciegsa, la firma pública de la construcción de escuelas y barracones en la época del PP y, sobre todo, el Ayuntamiento de Valencia, con serias sospechas de blanqueo de capitales y financiación irregular durante las campañas de 2011 y 2015.

Un mancha sobre los 24 años de gobierno del PP en la capital a la que se unen los 24 millones en el saqueo de Emarsa y la depuradora de Pinedo y los 3,5 millones que arañó Iñaqui Urdangarín a través del Instituto Nóos y por el que está procesado el exvicelalde Alfonso Grau, también imputado en Taula y en el amaño de contratos a favor de la empresa de transporte Transvía a cambio de regalos suntuarios, entre ellos relojes de alta gama.

Una corrupción transversal, periférica, endémica. Los juzgados también investigan un fraude en la gestión del Palau de les Arts, con cinco imputados, entre ellos la exintendente Helga Schmidt. O los 1.300 millones de agujero en la gestión de RTVV. O la operación Flotador, por la que está imputado Alfredo Castelló, exalcalde de Sagunt y hombre fuerte del PP en el actual grupo parlamentario. Y también, vicio o inercia, el nombre de Valencia y el Partido Popular aparecen unido en ramificaciones de causas transfronterizas como la Púnica o Acuamed.

Y Alicante y Castellón. El decano de los políticos del PP entre rejas fue Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, quien cometió falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de la basura. Un asunto nada secundario en el sur, ya que de la gestión de los deshechos urbanos en Orihuela fermentó el caso Brugal, que cuenta con una ramificación de 20 piezas y con dos exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, procesados junto al todopoderoso empresario Enrique Ortiz, otro de los nueve empresarios confesos de financiar al PP en la trama Gürtel. Y al norte, en Castellón, Carlos Fabra salió de prisión en tercer grado tras defraudar cerca de 700.000€ a Hacienda entre 1999 y 2003 y tras no haber declarado 3,3 millones. Pero hace unos días volvió a pisar un juzgado como imputado por un presunto delito de soborno en un patrocinio relacionado con la empresa Aerocas, que construyó y gestiono durante años el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Toda una época y un territorio atascado en un Hubolt de consejera condenada a nueve años de cárcel. Un mínimo detalle suntuario en la arqueología aún por venir de la gran civilización de la gloria y el delito.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/10/la_era_camps_del_banquillo_la_carcel_61028_1012.html

ANTICORRUPCIÓN SEÑALA POR TERCERA VEZ AL PP COMO BENEFICIARIO DIRECTO DE OPERACIONES CORRUPTAS

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Matas por financiación electoral ilegal e incorpora al partido como "responsable civil directo"

La formación conservadora ya figura como partícipe a título lucrativo en la pieza de Gürtel que ahora se juzga y en la del madrileño Boadilla del Monte

Por tercera vez en dos años, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado al PP como beneficiario directo de operaciones corruptas desarrolladas en torno a administraciones bajo su gobierno. En esta ocasión, ha sido otro de los casos protagonizados por el expresidente balear Jaume Matas, para quien el ministerio público pide ahora cinco años de cárcel, el que ha llevado a Anticorrupción a definir al PP con esa fórmula: "beneficiario" y responsable civil directo, figura equivalente a la del partícipe a título lucrativo subrayaron este lunes a infoLibre fuentes de la investigación balear.

Los dos precedentes en que el PP figura como partícipe a título lucrativo se inscriben en dos piezas del caso Gürtel: la de la llamada Primera Época, que es la que ahora juzga la Audiencia Nacional, y la de relativa al municipio madrileño de Boadilla del Monte, pendiente de fecha para la vista oral. En lo que algunos observadores consideran una paradoja, el partido solo figura en el caso de la caja b, la de los papeles de Bárcenas, como responsable civil subsidiario. Es decir, tendrá que pagar en caso de condena no por haberse beneficiado directamente sino como responsable último de las personas físicas acusadas, Luis Bárcenas en cabeza. Es todavía una incógnita si el PP logrará mantenerse en la condición de responsable civil "subsidiario" en el supuesto de que la investigación sobre los papeles de Bárcenas se reabra tras la petición de la Fiscalía.

En el caso de Baleares, la carga económica que tendrá que asumir el PP en caso de condena es lo de menos: el pago de 18.000 euros por dos facturas sin IVA detectadas durante las pesquisas sobre cómo el PP utilizó dinero público para financiar las campañas autonómicas de Jaume Matas en 2003 y 2007. La clave, subrayan las fuentes consultadas en el caso, es que la investigación ofrece sólidos indicios de que se lucró de los delitos atribuidos a Matas, a su entonces conseller de Interior y a los otros dos acusados. Las pruebas practicadas indican dos cosas: que el PP utilizó en Baleares dinero b y se valió de una empresa con contratos del Govern que se avino a poner en marcha una operativa de facturas falsas con la participación de diversas empresas hoteleras, entre ellas una que pertenecía al antaño presidente de la CEOE, el ahora encarcelado Gerardo Díaz Ferrán.

Esa empresa que ayudó al PP a financiarse de manera ilegal se llamaba Over Marketing. El caso, para cuyo juicio dará ahora los últimos pasos el juez José Castro, es probablemente uno de los últimos cuyo escrito de acusación lleve la firma del fiscal Pedro Horrach, quien el 30 de abril abandonará el ministerio público.

Los métodos de Over Marketing y el resto de las marcas con que operaba la trama eran prácticamente idénticos a los de el grupo de Gürtel. De hecho, sus respectivos jefes, Daniel Mercado y Francisco Correa, mantenían un abierto enfrentamiento. Ambos competían por el mismo espacio. Mercado, que finalmente confesó a cambio de peticiones de pena más benévolas en esta pieza del llamado caso Palma Arena -germen del caso Urdangarin- y en otra en que estaba igualmente involucrado, llegó a declarar que Correa le había amenazado. Over Marketing no solo trabajó en Baleares. En toda España obtuvo de administraciones gobernadas por el PP 32 millones de euros en adjudicaciones entre 2003 y 2008.

Los hechos que centran el escrito de acusación de esta pieza se cometieron antes de que la reforma de 2012 permitiera la persecución penal de los partidos políticos.

El partido y no los grupos municipales

En enero de 2015, el ministerio público ya situó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo de los manejos atribuidos a la trama Gürtel en la pieza denominada Primera Época, que es la que ahora está juzgando la Audiencia Nacional. Y bajo esa denominación lo incluyó el juez Pablo Ruz en el auto de apertura de juicio. En octubre pasado, las fiscales encargadas del caso remarcaron al inicio de la vista que fue el partido como tal y no sus grupos municipales el que se benefició de los más de 245.000 euros que reportaron las actividades ilegales presuntamente desarrolladas por quienes durante la etapa examinada (1999-2005) ocupaban la alcaldía de Majadahonda y la de Pozuelo de Alarcón, los acusados Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

Año y medio más tarde, Anticorrupción endosaba esa misma definición -"partícipe a título lucrativo"- por segunda vez al partido de Rajoy en otra pieza del caso Gürtel, la que analiza los rentables y supuestamente fraudulentos contratos adjudicados a la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte por otro alcalde a quien su apelativo convirtió en uno de los personajes más conocidos del caso desde sus inicios, Arturo González Panero, también conocido como El Albondiguilla. Y, de nuevo, el auto de apertura de juicio oral le asignó a la organización esa categoría y una cifra representativa del presunto lucro: 204.198 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/07/anticorrupcion_senala_por_tercera_vez_como_beneficiario_directo_operaciones_corruptas_60780_1012.html

 OTRO HOMBRE DE CONFIANZA DE CIFUENTES ANTE EL JUEZ… ESTA VEZ POR EL PELOTAZO DE LA GÜRTEL EN ARGANDA

Rodríguez Sardinero fue el hombre que tapó la boca a un joven que quiso protestar contra la guerra de Irak en un mitin de Aznar

El 2017 no ha hecho más que empezar y el Partido Popular sigue pendiente exactamente de lo mismo que al terminar el 2016. ¿Del paro? ¿De la economía? ¿De la oposición? Sí a todo, pero sobre todo de sus supuestos casos de corrupción con la vista puesta en los banquillos.

Este martes se tendrá que sentar, aunque como testigo, Pablo José Rodríguez Sardinero, concejal y después alcalde de Arganda del Rey en la época de la Gürtel y actual hombre de confianza de Cristina Cifuentes. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid es el responsable de Transportes y miembro de la gestora que lidera el PP de Madrid, esa gestora que se instauró como estandarte de la lucha contra la corrupción y que prometió limpiar la formación.

Pues bien, ahora Sardinero tendrá que declarar ante el juez José de la Mata para dar explicaciones sobre uno de los pelotazos más llamativos dentro de la trama Gürtel: el de Arganda del Rey con la adjudicación de la parcela 124 a Martinsa por casi 50 millones de euros menos de lo que valía. Según las investigaciones, Francisco Correa se habría embolsado 12 millones de euros con esta maniobra.

El juez le pedirá a Sardinero que arroje luz, entre otros muchos asuntos, sobre la supuesta propuesta del acalde “para la alteración de la calificación jurídica de determinadas parcelas”, el “expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE 124” o el “acta del Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento de 25.11.2004 en el que se acuerda la adjudicación de las parcelas UE 124 a favor de Martinsa”, según se relató en el auto por el que se le citó a declarar y al que tuvo acceso ELPLURAL.COM.

Así, al medio día, tendrá que testificar en calidad de exconcejal de Educación, Cultura y Deportes. No será el único, junto a él acudirán al juzgado: Amalia Guillén, exconcejala de Educación, Cultura, Infancia y Juventud; José Fernández García, exdirector de Educación y Cultura; José Ramón Gutiérrez, técnico de la Sociedad de Fomento; Isaac García, directivo de la misma sociedad; y María Josefa Aguado, jefa de Deportes de dicha sociedad que adjudicó la parcela 124 a Martinsa.

Pieza separada de ‘la Gürtel’

El macrocaso de la Gürtel ha derivado en distintas piezas separadas. Una de ellas, la que aquí nos ocupa, investiga cómo el PP de Arganda decidió recalificar una parcela de suelo municipal de grandes dimensiones.

Aunque expertos en la materia valoraron dicho terreno en unos 100 millones de euros, los populares la adjudicaron a la constructora Martinsa por sólo 77 millones. Poco después, un abogado de la empresa confesó que el precio había sido aún menor.

Así nació lo que se ha definido como el mayor pelotazo de esta trama corrupta y ELPLURAL.COM tuvo y publicó la denuncia con la que se destapó.

Los hombres fuertes de Cifuentes

Se ha hablado mucho de las supuestas ranas de Esperanza Aguirre, de sus nombramientos que han sido relacionados o acusados en casos de corrupción. Ella hablaba de tres o cuatro, pero la realidad y los cerca de 22 cargos finalmente imputados llevó a la actual gestora del PP de Madrid a prometer que limpiarían el pasado de la formación.

Sin olvidar las supuestas ranas de Aguirre, todo parece apuntar a que a Cifuentes le habrían salido otras cuantas. A su número tres, Jaime González Taboada, presuntamente implicado en el caso del ático del expresidente Ignacio González en Marbella, se suma Sardinero.

Y todo sólo una semana después de que el juez Eloy Velasco decidiera ampliar un mes más el secreto de sumario de la pieza separada de la trama Púnica que investiga posibles irregularidades en la financiación del PP de Madrid.

El ‘precursor’ de la ‘Ley Mordaza’

Más allá de su trayectoria política, Sardinero saltó a la palestra ganándose el título de ‘precursor’ de la ‘Ley Mordaza’.

En plenas protestas contra la Guerra de Irak, José María Aznar dio un mitin en el que los abucheos no faltaron. Es aquí donde Sardinero entró en escena tapándole la boca a un joven que protestaba.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/09/otro-hombre-de-confianza-de-cifuentes-ante-el-juez-esta-vez-por-el-pelotazo-de

DE LA MATA IMPUTA A MARTÍN MORALES POR EL 'PELOTAZO GÜRTEL' EN ARGANDA

Desconocido para el gran público, fue un hombre clave en Boadilla, donde organizaba fiestas a todo trapo que frecuentaban Correa, Crespo y 'asociados'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha llamado a declarar a Tomás Martín Morales como investigado (antiguo imputado) en la trama Arganda de la Gürtel por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas. La Fiscalía había pedido que así lo hiciera "por haber cooperado a la fraudulenta adjudicación a Easy Concept [una de las empresas de Francisco Correa] del concurso 'Olimpiadas Escolares Arganda del Rey' del año 2007 (X Olimpiada Escolar)". Martín Morales era, en ese momento, Director de Programación y Coordinación del Ayuntamiento de Arganda del Rey. La citación se fija para el próximo 31 de enero.

Martín Morales se libró in extremis de ser procesado por la visita del Papa a Valencia pero sí lo está por su participación en los negocios de Francisco Correa en Boadilla del Monte, el municipio madrileño que se consideró el epicentro de la trama Gürtel y al que el juez Garzón, en su primer auto, puso como ejemplo de la operativa de estar red de corrupción vinculada con el PP. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 39 años de cárcel para él. Está acusado de los presuntos delitos de blanqueo, cohecho, malversación, prevaricación y asociación ilícita, por participar en la tramitación de contratos irregulares para la trama a cambio de comisiones millonarias.

Ocupó, durante el mandato de Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, el puesto de director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (VMVS). De él se decía que era el alcalde en la sombra durante la época dorada de la Gürtel en esta localidad madrileña.

Fiestas a todo trapo en su mansión

Correa, Pablo Crespo, El Albondiguilla, Alberto López Viejo, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y otros personajes de la Gürtel madrileña solían acudir a grandiosas fiestas que organizaba Martín Morales en su mansión de la exclusiva urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, según publicó ELPLURAL.COM en 2009. A esos eventos también acudieron en alguna ocasión el consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, que se ha visto salpicado tanto por la Gürtel como por la Púnica y Mario Utrilla, exalcalde de Sevilla la Nueva y exdiputado en la Asamblea de Madrid investigado por Púnica.

Un asistente a estas fiestas relató a este periódico que Martín Morales agasajaba a sus invitados con un catering de lujo y una orquesta, que amenizaba la reunión hasta altas horas de la madrugada. Según esta misma fuente, la casa revelaba el alto nivel de vida del entonces responsable de la vivienda municipal, con abundantes obras de arte como decoración.
Emulando a Fernando Alonso

En 2007 el diario El País le dedicó un reportaje para hablar de aquellos afortunados que tenían de todo y buscaban experiencias nuevas. Su mujer le había regalado una mañana en las carreras.

Ahora está separado y ha publicado un libro de autoayuda a la gente que quiere separarse, 'El divorcio hoy' (distribuido por RBA ediciones). En octubre de 2012 había publicado ya otro libro: 'Ser empresario: secretos para convertirse en un empresario de éxito en el siglo XXI'.

Denunciado por malos tratos

Según publicó El Confidencial, su exmujer, Rosalía de Padura, que también fue concejala del PP en Boadilla, lo denunció por acoso, amenazas y agresiones. El juzgado de violencia sobre la mujer llegó a dictar una orden de alejamiento contra él. Martín Morales ha negado los hechos y asegura que todo es fruto de un divorcio complicado. Su abogado, según el digital citado, alegó que ya se habían archivado otras diligencias abiertas por el mimso asunto. "El auto del juez del primer archivo resalta que ni existen testigos, ni partes médicos ni datos objetivos que avalen el maltrato", relató.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/09/de-la-mata-imputa-martin-morales-por-el-pelotazo-gurtel-en-arganda

ALBERTO FABRA AUTORIZÓ POR ESCRITO EL PAGO DE LAS DEFENSAS DE 'GÜRTEL'

El ex presidente del PP firmó una carta para permitir que las minutas de los acusados por la financiación irregular se pagaran con el dinero del Parlamento

La nueva dirección no dará más fondos para abogados

El ex presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, autorizó por escrito que las defensas de tres de los cargos acusados por la financiación irregular del partido se pagaran con las subvenciones de las Cortes. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Fabra, quien ocupa en la actualidad una plaza de senador territorial, firmó este documento en 2012, justo después de que un jurado popular declarara no culpable a su predecesor, Francisco Camps, en el asunto de los trajes que se juzgó en una pieza separada de la Gürtel valenciana.

La carta representa un compromiso de Fabra para que el PPCV asuma las defensas de Ricardo Costa, ex secretario general; Yolanda García, ex tesorera; y David Serra, ex vicesecretario del PPCV y uno de los cargos investigados en las diligencias derivadas de la Operación Taula.

El portavoz del grupo parlamentario era Rafael Blasco, el ex conseller que cumple seis años de cárcel por malversar las ayudas de las ONG, y la anterior dirección era conocedora de esta decisión. Al parecer, Blasco es una de las personas que habría intervenido en el acuerdo para que el dinero público que recibía el grupo parlamentario sirviera para pagar las defensas de Gürtel. Fabra, en declaraciones a este periódico, aseguró la tarde del jueves que no era conocer del acuerdo: «No lo recuerdo, es que no lo recuerdo», repitió. El ex presidente autorizó con la misiva la disposición de estos fondos por parte de los acusados mientras defendía sus contundentes medidas contra la corrupción.

Las minutas presentadas por varios despachos de abogados al PPCV no esconden en ningún momento los conceptos y aparece identificado el CIF del grupo parlamentario, según esta información. En el servicio se especifica claramente que la minuta se pasa por la asistencia jurídica de estos cargos en la causa abierta en Gürtel por la presunta financiación irregular. Oscilan entre los 30.000 y 40.000 euros por la asistencia jurídica de Costa, Serra y García en la fase de instrucción.

La actual dirección del grupo parlamentario admite estos pagos pero ya ha trasladado que no se hará cargo de los gastos derivados de la asistencia jurídica en el juicio, que arranca en marzo en la Audiencia Nacional. Según las fuentes consultadas, esta decisión ha molestado a los acusados, que consideran que no sólo se defenderán a sí mismo en el juicio sino al propio partido.

La información publicada ayer por este periódico sorprendió a muchos cargos populares, sobre todo entre aquellos que han sido citados como imputados por los juzgados y que se han pagado con sus ahorros las defensas. Fuentes del PPCV insistieron ayer que con carta de Fabra o sin ella no se van a utilizar fondos públicos para pagar ninguna defensa más.

Las normas que regulan el uso de estas subvenciones públicas que reciben los partidos con representación en el Parlamento valenciano son muy ambiguas. La regla dice que son para «uso general» del grupo y de los diputados.

Ayer, la presidencia de las Cortes valencianas anunció que notificará al Tribunal de Cuentas esta información para que «actúe en consecuencia» y aclare los límites que marca la legislación vigente respecto a estas cuestiones. La decisión la anunció el presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera (Compromís), durante su asistencia al acto de traspaso del bastón de mando de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) en Sevilla. Así, el presidente de las Cortes pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas esta información para que «nos indique si esta práctica es legal, si es correcta, y que nos den las indicaciones que consideren para la buena administración de los caudales públicos», de acuerdo con la legislación vigente y en ejercicio de sus competencias, subrayó Morera. La documentación se remitirá a partir del lunes.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/01/28/588bad6c22601d7f718b45ff.html

DESESTIMADA LA RECUSACIÓN DEL PP CONTRA LA JUEZ QUE INVESTIGA LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

La Audiencia Provincial rechaza que la magistrada tenga prejuicios o enemistad hacia el partido

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la recusación del PP contra la juez Rosa María Freire, instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas, ya que no aprecia que la magistrada tenga prejuicios o enemistad con este partido.

El PP pidió el pasado septiembre que se apartase a Freire del caso por falta de "apariencia de imparcialidad", que se basaba en una supuesta "evidente cercanía" con el PSOE. En esta causa judicial la formación conservadora se encuentra imputada como persona jurídica.

Los populares fundamentaban la recusación en la supuesta amistad entre Rosa Freire y Álvaro Cuesta, exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial. El escrito sostenía que Freire fue propuesta por Cuesta para ocupar el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para sustituir a Javier Gómez Bermúdez, actual magistrado de enlace de España en París. Freire finalmente no consiguió la plaza, que fue para la magistrada Carmen Lamela.

Además, el PP añade que, en mayo de 2015, la magistrada que por primera vez ha imputado a un partido político intervino en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que se debatía sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En aquella ocasión, recuerda el PP, Freire intervino a propuesta del PSOE para criticar “con toda virulencia” la reforma de la ley procesal.

"Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas", respondió la magistrada en el auto a través del cual rechazaba de plano el movimiento de la formación conservadora. Respecto a los vínculos con Cuesta alegados por el PP también fue tajante: "No es el momento de negar la existencia de vinculación alguna —ni evidente ni profunda, ninguna— con el vocal del CGPJ señor Cuesta"

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485510172_923080.html

LA AUDIENCIA DE MADRID CALIFICA DE "REBUSCADA" LA RECUSACIÓN DEL PP CONTRA LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

La sección séptima rechaza la segunda recusación del partido en el Gobierno contra Rosa Freire pero la sección cuarta ordena reabrir la primera

La sección séptima de la Audiencia de Madrid concluye que la juez Rosa Freire, miembro de la asociación Francisco de Vitoria, no atribuyó al Partido Popular un comportamiento machista y rechaza la segunda recusación del partido en el Gobierno contra la juez que investigó el borrado de los ordenadores del extesorero, Luis Bárcenas. La sala, por unanimidad, dice que tal comportamiento machista no existe y, por tanto, no hay enemistad manifiesta con los populares que justifique apartarla del caso.

El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que Freire se limita a “responder a una alegación del Partido Popular” que quiere apartarle del procedimiento “en la que directamente se mantiene, sin dudar de que sea con todos los respetos que es un instrumento del PSOE”. Una conclusión, dicen los magistrados, “ciertamente rebuscada” a la que ella responde en un escrito asegurando que “desconozco si esto significa que soy extraordinariamente inteligente o si, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”.

Una de cal y otra de arena

Frente a esta decisión de la sección séptima de la Audiencia de Madrid que cierra la segunda recusación del PP contra Rosa Freire, la sección cuarta ha decidido reabrir la primera que rechazó de plano la juez. En un auto que ha conocido esta emisora y que ha adelantado El Español, la sala mantiene a Freire fuera del caso y obliga a la juez sustituta a tramitar esta recusación. Rosa Freire procesó al PP por un presunto delito de daños informáticos por haber borrado el contenido de los ordenadores de Bárcenas. El extesorero de los populares se retiró del sumario y ahora está pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso de los populares y el fiscal pidiendo el archivo de la causa.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/01/26/tribunales/1485470623_527645.html

LA AUDIENCIA PROVINCIAL REABRE LA CAUSA DEL DESPIDO DE BÁRCENAS DEL PP Y PIDE QUE SE LE CITE A DECLARAR

La causa mantenía como investigados a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico del partido, Alberto Durán, así como la jefa de personal, Milagros Puentes

La Audiencia se basa en la documental aportada y la pericial gráfica practicada a Puentes para exponer que la empleada popular cae en "contradicción" y por ello revoca el sobreseimiento libre de las actuaciones y pide continuar con la instrucción de la causa

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa en la que se investigaba si se había producido falsedad documental y estafa procesal en el despido del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que fuera archivada el pasado mes de mayo, y ha solicitado que se continúe con la instrucción de la misma para determinar si se produjo o no infracción penal.

En un auto de la Sección 2 de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados aceptan el recurso de apelación interpuesto por Bárcenas y piden que se vuelva a citar como testigo al extesorero. La causa mantenía como investigados a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico del partido, Alberto Durán, así como la jefa de personal, Milagros Puentes.

Bárcenas acusó a esta última de mentir ante notario sobre el proceso de su despido después de que Puentes negara en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 en la que el extesorero solicitaba el reingreso en el partido. Una pericial caligráfica ordenada por el juez desmintió la versión de la empleada del PP y apuntó a que la letra que figuraba en el documento era suya.

La Audiencia Provincial expone que el sobreseimiento de la causa durante su instrucción es "improcedente" dado que supone considerar que lo relacionado con el despido no pertenece en ningún caso a la esfera penal, lo que resulta "contradictorio" con el criterio del instructor del caso Arturo Zamarriego, que en el auto de incoacción dijo que los hechos denunciados "presentaban características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Contradicciones

La Audiencia se basa en la documental aportada y la pericial gráfica practicada a Puentes para exponer que la empleada popular cae en "contradicción" y por ello revoca el sobreseimiento libre de las actuaciones y pide continuar con la instrucción de la causa.

El pasado mes de marzo el magistrado instructor suspendió la declaración de Navarro y de Durán en calidad de investigados tras el recurso presentado en los juzgados de Plaza de Castilla. Ambos tenían que aclarar si el PP tuvo o no conocimiento de que el extesorero había solicitado su reingreso a través de una carta que recibió presuntamente Puentes, sin embargo en su recurso alegaron que no habían participado en los hechos y que además no eran constitutivos de delito.

En julio de 2014, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid desestimó la demanda por despido improcedente presentada por Bárcenas y por la que le reclamaba al PP 900.000 euros. Su versión era que el despido se realizó en enero de 2013, y no en abril 2010 como afirmó la formación que preside Mariano Rajoy.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/la_audiencia_provincial_reabre_causa_del_despido_barcenas_del_pide_que_cite_declarar_60230_1012.html

FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL SUMARIO DE LA SUPUESTA 'MORDIDA' PARA EL PP DE COSPEDAL

El fiscal del 'caso Basuras', en el que se investiga la supuesta comisión que recibió el PP de Castilla y La Mancha para financiar la campaña electoral de la hoy ministra de Defensa en las autonómicas de 2007, ha presentado por sorpresa un escrito en el que reclama al juez de Toledo que de carpetazo a la causa al considerar que no existe delito. Lo hace a menos de dos semanas del Congreso del PP, en la que la política aspira a revalidar su condición de secretaria general del partido.

Oportuna petición de carpetazo. El fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, ha presentado un escrito en el que pide al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital castellano manchega que archive las actuaciones del llamado 'caso Basuras', en el que se investiga el supuesto pago de una 'mordida' al PP regional de María Dolores de Cospedal por parte de la empresa Sufi a cambio de la adjudicación de un contrato de recogida de residuos en la ciudad de 6 millones de euros. El caso llegó a este órgano judicial después de que el magistrado Pablo Ruz decidiera inhibirse en estas pesquisas, derivadas de los 'papeles de Bárcenas', al considerar que los hechos investigados no eran competencia de la Audiencia Nacional. En concreto, se investiga si la filial de Sacyr entregó 200.000 euros a los 'populares' para financiar la campaña electoral de la hoy ministra de Defensa en 2007 cuando era candidata a presidir el Gobierno regional, como declaró en su día Luis Bárcenas, quien llegó a aportar los recibís. Ahora, sin embargo, la Fiscalía asegura que no ve delito y, por tanto, pide "el sobreseimiento provisional" de la causa y el "archivo de las actuaciones". Todo ello cuando aún se está celebrando el juicio del 'caso Gürtel', aún no se ha iniciado la vista por la supuesta 'caja B' de Génova 13 y faltan menos de dos semanas para que se inicie el XVIII Congreso de los 'populares' en el que la política aspira a mantenerse como secretaria general de la formación.

El fiscal considera que en la causa sólo se investiga un inexistente delito de prevaricación y que del cohecho de la 'mordida' de los 200.000 euros nunca ha existido indicios

El escrito del fiscal jefe de Toledo está fechado el pasado 26 de enero y es su respuesta a un recurso de reforma presentado por el imputado José Manuel Molina García, quien era el alcalde 'popular' de la ciudad cuando se adjudicó el contrato bajo sospecha y que había solicitado retrasar su comparecencia a declarar por encontrarse trabajando en el extranjero. Sin embargo, el representante del Ministerio Público dedica a este hecho sólo dos párrafos de los doce folios con los que cuenta el escrito. El resto del mismo es un alegato a la necesidad de cerrar de modo inmediato la causa al considerar que en la misma no hay ningún indicio delito que justifique que se mantenga abierta y que, como mucho, debe ser abordada por la jurisdicción contencioso-administrativo. De hecho, recalca que desde que el juzgado de Toledo se hizo cargo de la causa, en septiembre de 2015, quedó claro que en ningún momento hubo pruebas sobre el pago de ninguna mordida. Una afirmación que respalda asegurando que su compañero de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, que fue el que participó en la instrucción de los 'Papeles de Bárcenas', emitió en su día varios "dictámenes" en los que también "consideraba la total pertinencia del sobreseimiento respecto de ese supuesto delito de cohecho".

De hecho, el Fiscal considera que en el sumario no se investiga ninguna entrega de 200.000 euros para la campaña electoral del PP, sino únicamente dos "actuaciones administrativas". En primer lugar, el protocolo que firmaron el Ayuntamiento de Toledo con la empresa adjudicataria del contrato de basuras el 21 de mayo de 2007 para que el primero se hiciera cargo del sobrecoste que había supuesto la negociación del convenio colectivo de los trabajadores encargados de la recogida de las residuos. El segundo, la ratificación del mismo por la Junta de Gobierno del consistorio cuatro días después. De hecho, asegura que a la vista de las diligencias ordenadas por el magistrado, considera que éste también "descarta ilicitud penal en el resto de actuaciones relacionadas con la concesión de limpieza", entre ellas la adjudicación del contrato en diciembre de 2006 bajo sospecha de ser el 'pago' a la comisión. Un hecho que considera "absolutamente razonable si analizamos pormenorizadamente" las diligencias que remitió en su día la Audiencia Nacional.

"Desde hace mucho tiempo"

Además, el fiscal considera que aunque la causa está declarada compleja y la instrucción de la misma se puede prolongar hasta los 18 meses, considera que no es necesario agotar dicho plazo aunque aún falta medio año pues estima que la investigación "debe considerarse completa y suficiente, pues con lo actuado se tienen sobrados elementos de juicio para valorar jurídicamente las actuaciones administrativas". De hecho, considera que esta situación se da "desde hace mucho tiempo", en concreto, desde que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Pablo Ruz remitió la causa y que, de hecho, las actuaciones que ha tomado el magistrado de Toledo desde que asumió la misma, con toma de declaraciones e imputaciones, sólo han servicio "para mejor conocimiento de los hechos", pero no para cambiar la conclusión de que no existe delito. De hecho, reitera una y otra vez que tampoco hay delito de prevaricación administrativa por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en los tiempos del PP. "La Junta de Gobierno se limita en su sesión ordinaria del día 23 de mayo [de 2007] a su mera ratificación [del protocolo]. En ninguna de sendas actuaciones, o en el conjunto de las mismas si las valoramos de forma unitaria se verifican los requisitos que de forma acumulativa deben darse para construir el tipo de prevaricación". De hecho, tilda de "tesis simplista" considerar su actuación como un delito.

En este sentido, considera que la actuación del alcalde y sus concejales fue "un acto realista e, incluso, necesario" y que, de hecho, buscaba "velar por el bienestar social" ya que al acceder a asumir con dinero público un sobrecoste evitó un conflicto laboral de los servicios de limpieza y basuras "unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo", el Corpus Christi. Un detalle que, en el caso de existir irregularidades, considera "suficiente acicate como para flexibilizar exigencias de los negociadores en tanto en cuanto responsables municipales". El fiscal recuerda también que dicha actuación fue avalada por el equipo de gobierno que sustituyo al del PP, el del socialista Emiliano García Page pese a ser "de distinto signo político que el anterior y surgido de las elecciones municipales celebradas entre una y otra actuación administrativa". Por todo ello, el representante del Ministerio Público concluye que "se antoja casi imposible inferir un dolo directo en la actuación del equipo de gobierno municipal en la realización de unas actuaciones que por sí mismas tuvieron visos de regularidad". De hecho, la petición del fiscal de archivo de la causa se produce cuando aún no han declarado como imputados ni el entonces alcalde, José Manuel Molina, ni sus concejales para responder por la adjudicación del millonario contrato. Un oportuno carpetazo judicial cuando aún se está celebrando el juicio del 'caso Gürtel', aún no se ha iniciado la vista por la supuesta 'caja B' de Génova 13 y a sólo unos días del Congreso del PP en el De Cospedal aspira a seguir como secretaria general.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Fiscalia-Cospedal-Congreso-PP-Basuras_0_995301544.html

GURTEL. EL JUICIO QUE HA DESNUDADO AL PP

Los testimonios de varios imputados muestran que Gürtel no se aprovechaba del PP, sino que estaba plenamente integrada en él

La financiación ilegal del partido ha estado presente en muchas sesiones del juicio, aunque este proceso no se ocupa de juzgarla

Ahora el juicio encara la segunda parte de los interrogatorios, con una de las piezas centrales: el extesorero del PP Luis Bárcenas

El PP ha asistido este año al inicio del juicio sobre su mayor caso de corrupción. El proceso de 'Gürtel: Época I' se ha convertido en el relato ordenado de cómo operaba la red corrupta, una historia de la que hasta ahora habíamos ido conociendo capítulos sueltos. El juicio ha servido para sacar a la luz los detalles de cómo actuaban los cabecillas de Gürtel, que no se aprovechaban del PP como ha argumentado el partido, sino que estaban plenamente integrados en él.

El juicio arrancó a primeros de octubre, después de una instrucción de siete años, con 37 acusados en el banquillo. Aunque se esperaba que todos los imputados declarasen antes de final de año, el tribunal solo ha conseguido que lo hagan una veintena. Entre quienes faltan, Luis Bárcenas, extesorero del PP, que declarará cuando se reanude el juicio, el 16 de enero.

Durante estos tres primeros meses, quienes han ido protagonizando las distintas sesiones del juicio han trazado un relato de la corrupción que empezaba y terminaba en el PP. Un sistema de amaños y mordidas que no podía funcionar sin la cooperación necesaria del partido que gobernaba en ayuntamientos de toda España, y que también manejaba las riendas del Estado.

Imputados de todo signo han explicado al tribunal que se conocieron entre ellos en actos del partido, o a través de sus integrantes. Isabel Jordán, administradora de las empresas de Francisco Correa, llegó a él a través del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato. El exconcejal del PP José Luis Peñas, a través del exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega. A Gerardo Galeote le presentaron a Correa en un Congreso del PP de Madrid.

Era en esos eventos del partido donde el cabecilla de Gürtel se dejaba ver, siempre al lado de los altos cargos. Por ejemplo, al lado del expresidente del Gobierno, José María Aznar. Según explicó el delator de la trama, José Luis Peñas, ambos mantuvieron una amistad que fue muy beneficiosa para Correa. Le dio un estatus entre los cuadros medios del partidos que veían en él a alguien importante y con buenas relaciones con la cúpula.

Así conectaba Correa con alcaldes y concejales. Les ofrecía sus servicios y comenzaba a ocuparse de la organización de eventos para el partido y para las corporaciones municipales. Trabajaban con él porque era rápido, explicó al comienzo del juicio uno de los arrepentidos. También era barato, dijo Galeote, que justificó sus contratos con la Gürtel argumentando que había ahorrado “cientos de miles de euros” a la administración.

Pero si algo ha quedado claro en estos primeros meses de juicio es que la organización de eventos, que tantos titulares ha dado, solo era la punta del iceberg. Servía para que la red Gürtel se instalase en los distintos municipios para acceder a su verdadera mina, las operaciones urbanísticas. El propio Correa dio detalles de cómo intentó hacer caja con unos terrenos de Majadahonda, y la red corrupta aún tiene parcelas en Boadilla del Monte, uno de los bastiones del PP. Según Peñas, eran estos negocios los que daban los beneficios más importantes.

Mordidas a cambio de amaños

De los tres primeros meses de juicio, la declaración más reveladora fue la de Correa. Allí contó que, junto a Luis Bárcenas, había puesto en marcha un sistema de amaños de grandes obras públicas a cambio de mordidas y financiación para el PP. “Vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos empresarios que luego van a colaborar con el partido”, fue la propuesta de Bárcenas, según dijo el cabecilla de la trama.

Su relato de cómo llevaba el dinero a la sede del PP dejó otro detalle de la simbiosis entre el partido y la trama. Correa dijo al tribunal que tenía una tarjeta especial, la misma que usaban los dirigentes del partido, para entrar en Génova 13.

La financiación ilegal del partido ha estado presente en muchas sesiones del juicio, aunque este proceso no se ocupa juzgarla. Lo ha dejado claro el presidente del tribunal en varias ocasiones, cortando las preguntas que se centraban demasiado en ese aspecto. Las fiscales tampoco han insistido mucho cuando Correa, por ejemplo, daba el nombre de algunas constructoras que habrían estado implicadas en la financiación ilegal.

Cuando le llegó el turno de pregunta a las acusaciones populares, que querían más detalles sobre sus revelaciones para forzar la reapertura del caso de la caja B del PP, Correa cambió de estrategia. Dijo que, por recomendación de su abogado, no iba a contestar a más preguntas.

Correa no ha sido el único que ha hablado de la financiación ilegal del partido. El empresario Alfonso García-Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica, uno de los arrepentidos, admitió que había financiado ilegalmente al PP. Roberto Fernández, ex concejal de Pozuelo, también arrepentido, contó al tribunal que Gürtel había pagado 100.000 euros para una campaña electoral.

Peñas también explicó lo reglado que estaba el sistema de financiación irregular del PP. A preguntas de la fiscal, dijo que cuando le nombraron concejal de Majadahonda, el entonces alcalde, Guillermo Ortega, le mostró un fax de Génova con una lista de empresas a las que había que beneficiar con adjudicaciones porque habían financiado al partido. "Ese esfuerzo había que remunerarlo, había ayudarles en las contrataciones", le digo Ortega a Peñas, según contó este último.

Ahora el juicio encara la segunda parte de los interrogatorios a los acusados, con la pieza central de esa presunta financiación ilegal: el extesorero Luis Bárcenas. Durante las próximas semanas le seguirán nombres como Jesús Sepúlveda o Alberto López Viejo. Tras ellos será el turno de los testigos, con una lista compuesta por nombres tan ilustres como el de Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Ana Mato o Esperanza Aguirre.

Quienes han ocupado cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno serán interrogados en los próximos meses, en un proceso judicial que ha ido escuchando el relato de cómo Gürtel operó gracias al PP y en beneficio del PP.

http://m.eldiario.es/politica/meses-Gurtel-juicio-desnudo-PP_0_596340940.html

GÜRTEL, LA CORRUPCIÓN EN EL PAISAJE DE 2017

El macroproceso por corrupción se reanuda el 16 de enero con la declaración de Luis Bárcenas

El caso Gürtel, para disgusto del PP, que pretende darlo por amortizado, seguirá formando parte del paisaje político durante este 2017. La macrocausa de corrupción quizá no ocupe el centro del cuadro, como ocurrió entre 2009, cuando estalló la operación contra el entramado de Francisco Correa, y 2013, año en que los Papeles de Bárcenas -las pruebas de la financiación irregular del partido- pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los fogonazos del caso se dejarán notar de nuevo, aunque sea desde la periferia de la actualidad.

El juicio por la trama central del caso Gürtel, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 4 de octubre y que acumula ya una treintena de sesiones, se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración de Luis Bárcenas. El extesorero del PP, uno de los personajes que más ha marcado la política española en los últimos años, tiene uno de los expedientes más abultados del caso. Deberá responder de supuestamente haberse embolsado comisiones por 1,24 millones de euros entre 2000 y 2007 a cambio de facilitar contratos del partido a las sociedades de Francisco Correa y a empresarios de la construcción compinchados con este. También se le acusa de apropiarse de 299.650 euros del partido aprovechando la contabilidad paralela que gestionaba junto con el también extesorero Álvaro Lapuerta, de 89 años y cuya causa ha sido archivada por demencia sobrevenida.

Estos cargos palidecen ante la acusación principal que pesa sobre Bárcenas en este juicio: la defraudación, junto con su esposa, Rosalía Iglesias, de 11,7 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2000 y 2009. Este dinero corresponde a las cuotas dejadas de abonar a la Agencia Tributaria en su mayor parte por su fortuna en Suiza, que llegó a alcanzar 48,2 millones de euros en el año 2007. La fiscalía pide para Bárcenas una pena de 42 años y medio de prisión. El extesorero ya estuvo en prisión entre el 27 de junio de 2013 y el 22 de enero de 2015.

Durante la fase de instrucción, y especialmente después de que EL PAÍS publicase los manuscritos con su contabilidad secreta en enero de 2013, Bárcenas mantuvo un sonado pulso con el PP y con sus dirigentes, sobre todo con la secretaria general, Dolores de Cospedal. El enfrentamiento alcanzó uno de sus puntos más críticos con la destrucción de los ordenadores que el extesorero usaba en la sede nacional de Génova 13 y en los que, según él, se guardaban numerosas pruebas de la caja b del partido. El formateado hasta 35 veces de los discos duros, y su posterior rayado, dio pie a una causa judicial en la que el PP ha resultado procesado como persona jurídica. Sin embargo, en los últimos meses, partido y extesorero han acercado posiciones, al menos en el plano judicial.

El pasado septiembre, Bárcenas, para sorpresa de su propio abogado, que ya estaba redactando el escrito de acusación, desistió de las acciones contra el PP en el caso de los ordenadores. Y ya en el inicio del juicio de Gürtel, tanto el partido –acusado como partícipe a título lucrativo- como el extesorero coincidieron en reclamar la nulidad de todo el proceso.

En el juicio, Bárcenas tiene, de entrada, dos fuertes elementos en su contra. El primero es la declaración como procesado del cerebro de la trama, Francisco Correa. Este confesó el 14 de octubre que entregó al extesorero popular sobres con dinero negro como pago a sus gestiones ante diversos ministerios –en especial Fomento y Medio Ambiente– a favor de empresarios del sector de la construcción con los que mantenía negocios.

El segundo factor que complica el futuro de Bárcenas es la decisión de Suiza de permitir que la documentación sobre sus cuentas en aquel país sea utilizada como prueba en el juicio. Los abogados del extesorero han peleado desde 2014 ante todas las instancias judiciales y gubernamentales helvéticas para evitar que estas cuentas en los bancos Lombard Odier y Dresdner Bank, que ahora almacenan unos 17,5 millones de euros, pudieran formar parte de la acusación contra él. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho valer sus argumentos para que estos documentos puedan usarse contra Bárcenas para apuntalar los delitos más graves, de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/01/actualidad/1483286428_647475.html

LA SENTENCIA DE GÜRTEL EN FITUR TARDA 9 MESES PORQUE EL JUEZ NO PUEDE HACER BÚSQUEDAS EN PDF

La sala del TSJCV también ha sufrido problemas informáticos y el traslado de la letrada de la Administración de Justicia y los funcionarios que conocían la causa

El primer juicio a la trama Gürtel por el amaño de contratos en la Conselleria de Turismo para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) quedó visto para sentencia el 14 de abril de 2016. Nueve meses después sigue sin conocerse el fallo. A pesar de que es muy esperado porque será la primera sentencia en dictarse sobre el caso Gürtel (que estalló en febrero de 2009 y que ha removido los cimientos del Partido Popular). Y porque las penas condenatorias o absolutorias que se decidan influirán en la actitud de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Herrero) en el resto de piezas que quedan por juzgar y en las que también están imputados.

Pero el fallo se retrasa por la falta de medios con la que los magistrados de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) afrontan la redacción de la sentencia. Un detalle muy revelador es que la abundante documentación aportada a la causa se ha de consultar «página a página, porque no se pueden hacer búsquedas en los documentos en formato PDF», según confirman fuentes del TSJCV a Levante-EMV. Y no es una cuestión baladí ya que la base documental es la que suele utilizarse para fundamentar el fallo ya que, salvo algunas testificales, las declaraciones realizadas durante el juicio suelen ser escasamente relevantes a la hora de dictar sentencia, según explican fuentes jurídicas.

Así que la redacción de la sentencia está resultando altamente laboriosa para el magistrado ponente, Carlos Climent, que ha sido eximido durante algunos meses de participar en deliberaciones sobre los recursos que recibe el TSJCV, como tribunal de última instancia, para poder afrontar el trabajo de redacción de la sentencia de Fitur.

A estas «complicaciones técnicas», se unen los problemas informáticos que sufrió el TSJCV «durante la primera semana» en la que comenzó a redactarse la sentencia. Y el traslado de la letrada de la Administración de Justicia asignada a la sala de lo Civil y lo Penal que cesó una vez terminado el juicio, junto los funcionarios adscritos a la sala que se sabían la causa al dedillo.

De la mayoría de los documentos aportados a la causa, que ocupan 6.000 gigas de memoria, existe una especie de índice u «hoja de ruta» para saber en qué tomos buscar la información necesaria. Aunque es el dato concreto el que se ha de buscar «página a página» para saber el folio en el que están, según explican fuentes del TSJCV. De ahí que la redacción de la sentencia se prolongue ya nueve meses y no haya fecha concreta para conocer el fallo.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/01/08/sentencia-gurtel-fitur-tarda-9/1512677.html

VOLVER

MAS INFORMACIÓN 2016

© Copyright. 1998 - 2017. www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones. Abstenerse centristas recalcitrantes