CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY / CAJAS B

LAS NOTICIAS 2009-2015

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL 

AÑO 2015 

ÍNDICE

EL SUPREMO DECIDIRÁ SI IMPUTA A PELAYO POR SU IMPLICACIÓN "PATENTE Y GROSERA" EN LOS CONTRATOS CON LA GÜRTEL

HACIENDA SUGIERE QUE 12 MILLONES EN NEGRO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ ACABARON EN LA ‘OPERACIÓN CALDERÓN’

ACUSADOS EN LA PIEZA DE FITUR VUELVEN A PEDIR LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO

EL ‘NÚMERO DOS’ DE CORREA: “ESTE JUICIO LO VAMOS A GANAR”

DOBLE EMBARGO JUDICIAL AL INSOLVENTE LUIS BÁRCENAS

BÁRCENAS PIDE SU REINGRESO EN EL PP

UN JUEZ DEL CASO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS PIDE ABSTENERSE POR ESTAR LIGADO AL PSOE

ENTREVISTA RAJOY EN COLPISA

EL SUSTITUTO DE RUZ RESPALDA EL VIAJE SECRETO DE ANTICORRUPCIÓN A SUIZA EN EL 'CASO GÜRTEL'

LAS DEFENSAS DE LA GÜRTEL BUSCAN DESESPERADAMENTE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES EN SUIZA, PERO PINCHAN EN HUESO

CORREA BUSCA ‘AIRE’ EN LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL: SI REBAJAN SUS PETICIONES DE CONDENA CONTRA ÉL, TIRARÁ DE LA MANTA

ANTICORRUPCIÓN QUIERE JUZGAR A BÁRCENAS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO

LOS ABOGADOS DE FRANCISCO CORREA EN VALENCIA RENUNCIAN A SU DEFENSA

EL TSJ VALENCIANO INTENTA BLINDAR LA REANUDACIÓN DEL PRIMER JUICIO A GÜRTEL

NO CABE EL ARCHIVO DE LA PIEZA JEREZANA DE GÜRTEL PARA LA FISCALÍA

ANTICORRUPCIÓN PONE OTRO CLAVO EN LA CANDIDATURA DE LA ALCALDESA DE JEREZ: NO HA PRESCRITO EL ESCÁNDALO GÜRTEL EN EL QUE ESTÁ ENVUELTA

EL PP MANTUVO A CIFUENTES EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y SIN COTIZAR DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS EN EL PARTIDO

 MANUEL FRAGA RECIBIÓ DONACIONES EN PERSONA PARA FINANCIAR AL PP

EL PSOE QUIERE SENTAR EN EL BANQUILLO A ACEBES Y COSPEDAL

LAS ACUSACIONES PIDEN 25 AÑOS DE CÁRCEL PARA LUIS BÁRCENAS

ACUSACIONES DEL ‘CASO BÁRCENAS’ PIDEN JUZGAR A ACEBES Y RECLAMAN HASTA 35 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EXTESOREROS

LA FISCALÍA EXCULPA AL PP DE DELITO FISCAL AUNQUE CERTIFICA LA CAJA B ERA SUYA

LA ABOGACÍA DEL ESTADO HACE DEL 'CASO BÁRCENAS' EL 'CASO UNIFICA'

LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LA JUSTICIA Y LOS CASOS DEL PARTIDO POPULAR

EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

LA JUSTICIA APRECIA UN FRAUDE DEL PP EN EL “DESPIDO DIFERIDO” DE BÁRCENAS

COSPEDAL PONE AL FRENTE DE SU CAMPAÑA A SU GERENTE IMPUTADO

EL PP ALEGA ANTE EL JUEZ QUE NO SE LUCRÓ CON LAS MORDIDAS DE LA RED GÜRTEL

BÁRCENAS DICE QUE ERA UN “MERO AMANUENSE” DE LA CONTABILIDAD B DEL PARTIDO POPULAR

ANA MATO SOLO PAGABA A LA GÜRTEL LOS GASTOS MENORES DE ALGUNOS VIAJES

ANA MATO CULPA A SU EXMARIDO POR LOS REGALOS DE LA TRAMA GÜRTEL

LA DEFENSA DE ÁLVARO LAPUERTA ALEGA “DEMENCIA SOBREVENIDA” PARA LIBRARSE DEL JUICIO ‘GÜRTEL’

LA ESPOSA DE BÁRCENAS ALEGA IGNORANCIA PARA PEDIR SU ABSOLUCIÓN

UN ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL: "LOS HECHOS SON CIERTOS"

EL GRUPO DE BÁRCENAS JUEGA LA CARTA DE LA NULIDAD PARA ‘BORRAR’ LOS DEMOLEDORES DATOS DE SUIZA

BÁRCENAS ESCONDE PAPELES DE TRES DÉCADAS DE CAJA B DEL PP Y LOS PAGOS DEL 'TAMAYAZO'

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PIDE EL TRIPLE DE MEDIOS PARA DETECTAR LAS CAJAS B

NASEIRO JUSTIFICÓ EL INGRESO DE UN MILLÓN EN SUIZA CON LA VENTA DE UN ZURBARÁN

NASEIRO MOVIÓ 4.7 MILLONES EN SUIZA DESDE CUENTAS OPACAS

AGUIRRE SOSTIENE QUE TODOS EN EL PP COBRABAN SOBRESUELDOS EXCEPTO ELLA Y GALLARDÓN

DESTITUIDO UN COMISARIO DE MADRID DESPUÉS DE REUNIRSE CON FRANCISCO CORREA

BÁRCENAS DENUNCIA LA 'CEGUERA' DE LA JUSTICIA CON LA CÚPULA DEL PP

LA OPOSICIÓN AL COMPLETO REPRUEBA A MONTORO POR OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP

RUZ PIDE A SUIZA QUE LIBERE LOS DATOS BANCARIOS DEL ‘CASO GÜRTEL’

RUZ CONTRADICE AL PP Y CULPA TAMBIÉN DE LA CAJA B AL TESORERO DE AZNAR

RUZ ACEPTA QUE EL PP SE PERSONE COMO RESPONSABLE CIVIL EN LA CAUSA SOBRE SU CAJA B

RUZ RECUERDA AL PP QUE EL PRIMER INDICIO DE SU 'CAJA B' YA APARECIÓ EN 2009 EN UN BANCO

"MI FUNCIÓN, APROBAR LAS VACACIONES EN EL PP", ÚLTIMA EXCUSA DE ACEBES PARA DESVINCULARSE DE LA CAJA B

ENTRE EL PP Y BÁRCENAS NO HUBO RELACIÓN LABORAL ENTRE 2010 Y 2013 PERO LOS JUECES ENVÍAN EL CASO A LA FISCALÍA Y A LA AET POR SI HAY FRAUDE

EL CASO DEL ASESOR DE MONTORO QUE HIZO EL ARGUMENTARIO ‘CONTRA RUZ’ YA ESTÁ ANTE LA JUSTICIA

INFORME ‘EL PP ES COMO CÁRITAS’… HISTORIA DE UNA FILTRACIÓN

EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL ACABARÁ CASI EN NAVIDAD

BÁRCENAS PIDE AL JUEZ QUE ACTÚE CONTRA RAJOY Y COSPEDAL POR LA CAJA B DEL PP

BÁRCENAS APUNTA A LOS EXSECRETARIOS GENERALES DEL PP, INCLUIDO RAJOY, SU RESPONSABILIDAD SOBRE LA CAJA B

COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR

LAS CUENTAS SUMERGIDAS DEL PP

LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE RUZ

BÁRCENAS RECURRE SU FIANZA DE 88 MILLONES POR “DESPROPORCIONADA”

ANA MATO INGRESA 28.467 EUROS DE SU FIANZA CIVIL POR EL ‘CASO GÜRTEL’

JESÚS SEPÚLVEDA, EXMARIDO DE ANA MATO, DEPOSITA UNA FIANZA DE 2.599,69 EUROS, CUANDO RUZ LE PEDÍA 3.370.577

OTRAS DOS ACUSACIONES PIDEN INVESTIGAR QUIÉN ORDENÓ EL 'INFORME CÁRITAS'

LAS COINCIDENCIAS EN LOS DOS INFORMES PONEN EN EVIDENCIA AL GOBIERNO

SUIZA IMPIDE A RUZ QUE UTILICE LAS ÚLTIMAS PRUEBAS SOBRE UNA CUENTA BANCARIA DE UN TESTAFERRO DE BÁRCENAS

BÁRCENAS Y OTROS IMPUTADOS PIDEN A RUZ QUE DEJE DE PEDIR PRUEBAS SOBRE ‘GÜRTEL’

EL SEPBLAC ENCUENTRA CUATRO MILLONES OCULTOS A DOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL

EL CGPJ RECHAZA EL RECURSO DE ADADE CONTRA EL CONCURSO POR EL QUE DE LA MATA OBTUVO LA PLAZA

c.valenciana. LA TRAMA ‘GÜRTEL’ SE SIENTA POR PRIMERA VEZ EN EL BANQUILLO

EL TSJCV ENVÍA A LA AUDIENCIA NACIONAL LA ÚLTIMA PIEZA QUE INSTRUÍA SOBRE LA VISITA DEL PAPA

FISCALÍA RECURRE EL ENVÍO A LA AUDIENCIA DE LA RAMA VALENCIANA DE GÜRTEL

EL TSJ EMBARGA 636.000 EUROS A LA EXPRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS

UN EXCONSEJERO DE FRANCISCO CAMPS PRESIDIRÁ LA AUDIENCIA DE VALENCIA

EL JUEZ RUZ IMPUTA EN GÜRTEL A UNA FUNCIONARIA DE BOADILLA POR BLANQUEO

Un asesor de Montoro aparece como autor del argumentario de Hacienda filtrado a la prensa sobre el fraude fiscal del PP

Hacienda apunta un delito fiscal del PP con el criterio que le impone Ruz

EL PSOE REPRUEBA A MONTORO POR NO COLABORAR CON EL JUEZ RUZ EN EL 'CASO BÁRCENAS'

JOSÉ DE LA MATA : LA TENACIDAD DEL JUEZ MARATONIANO

RAJOY RESPONDE CON LOS ERE DE ANDALUCÍA A LA PREGUNTA DE GÜRTEL

EL GOBIERNO IMPIDE QUE RAJOY RESPONDA SOBRE EL ‘CASO GÜRTEL’

RUZ EXIGE A HACIENDA QUE RESPONDA A SU PETICIÓN SOBRE EL FRAUDE DEL PP

BÁRCENAS CONFIESA QUE EL PP HIZO PAGOS EN B EN LAS EUROPEAS DE 2004

EL FISCAL PIDE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA NUEVE DE LOS EMPRESARIOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

LA AUDIENCIA DE MADRID TENDRÁ QUE DECIDIR SI IMPUTA AL PP POR EL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

EL PP PIDE EL ARCHIVO DE LOS ORDENADORES BORRADOS DE BÁRCENAS

ANA MATO, ABUCHEADA TRAS RECOGER EL AUTO DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN LA AUDIENCIA

RUZ ABRE JUICIO ORAL CONTRA LA TRAMA DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP

C.VALENCIANA. EL TSJ VALENCIANO ENVÍA A LA AUDIENCIA NACIONAL LA FINANCIACIÓN DEL PP

C.VALENCIANA.EL TSJ RECHAZA APLAZAR DE NUEVO EL JUICIO DE GÜRTEL SOBRE FITUR

C.VALENCIANA. LA JEFA DE LA AUDIENCIA DE VALENCIA VE A DE ROSA IDÓNEO PARA SUCEDERLE

LA ALCALDESA DE JEREZ, AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN POR CONTRATAR CON GÜRTEL

RUZ RESPONDERÁ A HACIENDA POR DESOÍR LA ORDEN QUE AFECTA AL PP

ANTICORRUPCIÓN APOYA A RUZ EN SU PETICIÓN DE INFORMES A HACIENDA

EL PSOE EXIGE A HACIENDA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA TRAS LA NEGATIVA A INFORMAR SOBRE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP

UN JUEZ DE LARGA EXPERIENCIA Y EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE ZAPATERO

EL PP INTENTÓ FRUSTRAR LA RECUPERACIÓN DE LA CAUSA EXTRAVIADA SOBRE EL BORRADO DE LOS ORDENADORES

LA AUDIENCIA RECHAZA EN MASA LOS RECURSOS DE LOS PROCESADOS DE GÜRTEL

RUZ RECHAZA ELEVAR LA ASIGNACIÓN A BÁRCENAS AL TENER FONDOS PARA VIAJAR

LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES POR FINANCIACIÓN ILEGAL YA ALCANZAN A GÉNOVA Y AL PP EN SIETE AUTONOMÍAS

SUIZA ENVIÓ A RUZ DATOS DE 3 CUENTAS DE GÜRTEL EN EL HSBC QUINCE DÍAS ANTES DE PUBLICARSE LA 'LISTA FALCIANI'

RUZ QUIERE CONVENCER A SUIZA DE QUE BÁRCENAS COMETIÓ DELITOS FISCALES CON UN NUEVO INFORME DE HACIENDA

EL JUEZ RUZ CREE PRESCRITOS LOS POSIBLES DELITOS ELECTORALES DEL PP EN LOS AÑOS DE BÁRCENAS

RUZ ENVÍA AL JUZGADO DE MADRID UNA COPIA DE LA CAUSA SOBRE EL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

EL SUMARIO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS SE PIERDE EN LA AUDIENCIA

UN JUZGADO DE MADRID PIDE DE NUEVO A RUZ LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS TRAS HABERLA 'PERDIDO'

LOSANTOS SE LIBRA DE SER IMPUTADO POR LA FINANCIACIÓN DE SU GRUPO MEDIÁTICO CON LA CAJA B DEL PP

LUIS BÁRCENAS FIRMA EN EL JUZGADO DE VIELHA EN SU PERMISO DE VACACIONES

RUZ PERMITE A BÁRCENAS IRSE DE VACACIONES A BAQUEIRA

EL JUEZ RUZ LE CONCEDE A BÁRCENAS 10 DÍAS PARA IRSE DE VACACIONES A BAQUEIRA

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDE A RUZ QUE LE TRIPLIQUE LA ASIGNACIÓN PARA MANTENER AL EXTESORERO

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDIÓ UN DESBLOQUEO A RUZ PARA IR A ESQUIAR CON LOS RECIBOS DE BAQUEIRA AL DÍA

EL PP VALENCIANO PAGÓ 3,4 MILLONES DE EUROS A LA ‘CAJA B’ DE CORREA

LA UDEF DESTAPA OTROS DOS ACTOS DE RAJOY PAGADOS EN NEGRO POR EL PPCV

LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR FINANCIACIÓN ILEGAL AL PP DE CAMPS

BÁRCENAS COMUNICA A RUZ QUE SE VA 14 DÍAS DE VACACIONES CON SU FAMILIA

LOS PERITOS LO CONFIRMAN: EL PP PAGÓ EN NEGRO 1,71 MILLONES EN LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA

EL ARQUITECTO QUE REFORMÓ LA SEDE DEL PP “SEGUÍA INSTRUCCIONES” DEL PARTIDO PARA DEFRAUDAR AL FISCO

IDENTIFICADO UN EMPLEADO DEL PP QUE INGRESÓ EN UNA CUENTA SUIZA DE BÁRCENAS

LA IGAE ADMITE QUE NO PUEDE DEMOSTRAR LA RELACIÓN ENTRE DONACIONES Y ADJUDICACIONES

LA CUENTA ADJUDICADA A BÁRCENAS EN LAS ISLAS BERMUDAS LLEGÓ A DISPONER DE DOS MILLONES DE EUROS EN 2014

LA AUDIENCIA DE TOLEDO QUE CONDENA A BÁRCENAS ESTÁ PRESIDIDA POR UN JUEZ AMIGO DE COSPEDAL

COSPEDAL LE GANA LA BATALLA A BÁRCENAS: TENDRÁ QUE PAGARLE 50.000€ POR VULNERAR SU DERECHO AL HONOR

EL CASO BÁRCENAS, A UN PASO DE CERRARSE SIN PRUEBAS CONTRA EL PP

EL JUEZ RUZ CONTRAATACA PARA QUE SUIZA PERMITA USAR SUS DATOS CONTRA BÁRCENAS

RUZ PIDE FACTURAS DE GÜRTEL QUE ACUSAN AL PP PARA ENVIARLAS A SUIZA

HACIENDA DESTACA "VINCULACIONES DIRECTAS" ENTRE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' Y OTRAS PRUEBAS DEL PAGO EN 'B' DE LAS OBRAS

HACIENDA ACUSA AL PP DE PARTICIPAR EN CUATRO DELITOS DE FRAUDE FISCAL POR VALOR DE 1,8 MILLONES DE EUROS

LA ABOGACÍA DEL ESTADO ACUSARÁ POR LOS PAGOS EN B DE LA SEDE DEL PP

LOS PAGOS EN NEGRO DEL PP ELEVAN A CUATRO LOS DELITOS FISCALES PERPETRADOS POR EL ARQUITECTO DE LA SEDE

ESPAÑA NO ACTUARÁ CONTRA LOS BANCOS SUIZOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’

BANCOS SUIZOS CREARON EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES A CLIENTES DE GÜRTEL

LOS SECRETOS DE BÁRCENAS INQUIETAN AL PARTIDO POPULAR

HALLADA MUERTA EN UN HOTEL DE BILBAO LA ESPOSA DE UN DIRIGENTE DEL PP

RAJOY DICE QUE BÁRCENAS YA NO ES DEL PP Y ESPERA QUE EL CASO SE CIERRE PRONTO

ADADE PIDE QUE RAJOY DECLARE EN EL JUICIO DE GÜRTEL

EL ABOGADO DEL ESTADO TAMBIÉN 'ACREDITA' LA 'CAJA B' DEL PP

EL PSM PEDIRÁ MÁS DE CIEN AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS TRES EXTESOREROS DEL PP

BÁRCENAS SOSTIENE QUE VARIOS EMPRESARIOS FINANCIARON LA REFORMA DE LA SEDE DEL PP BALEAR

BÁRCENAS RETA AL PP A QUERELLARSE SI CREE QUE SE QUEDÓ DINERO DEL PARTIDO

EL PP SE DESVINCULA DE BÁRCENAS Y LA OPOSICIÓN SE IRRITA POR LA FIANZA

BÁRCENAS PODRÁ SALIR DE PRISIÓN SI PAGA UNA FIANZA DE 200.000 EUROS

GÜRTEL, LA CORRUPCIÓN QUE COLONIZÓ AL PARTIDO POPULAR

EL PP RECUERDA QUE NO TIENE LA "CONDICIÓN DE ACUSADO" EN LA TRAMA GÜRTEL

ANTICORRUPCIÓN: “EL PP CREÓ UNA CAJA B OPACA A HACIENDA Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS”

EL FISCAL DETALLA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DURANTE 15 AÑOS

EL PROGRESISTA JOSÉ DE LA MATA SE PERFILA COMO SUSTITUTO DE PABLO RUZ

ANTICORRUPCIÓN SACA DEL CAJÓN CINCO INFORMES DEL 'CASO BÁRCENAS' CON RUZ A PUNTO DE MARCHARSE

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO CONSTATA QUE EL PP PAGÓ EN NEGRO SU SEDE

RUZ RETIRA UNA IMPUTACIÓN EN 'GÜRTEL' Y DEJA EN 42 LOS PRIMEROS ACUSADOS QUE IRÁN AL BANQUILLO

ANTICORRUPCIÓN APORTA NUEVOS INFORMES QUE CONFIRMAN LA CONTABILIDAD B DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

LA PASIVIDAD DEL FISCAL EN LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’ DIFICULTA QUE RUZ PUEDA CERRAR EL CASO ANTES DE MARZO

EL PSOE PEDIRÁ QUE RUZ INVESTIGUE LA AYUDA DE 400.000 EUROS AL EXALCALDE DE TOLEDO

UN IMPUTADO POR DONACIONES EN B AL PP TRANSFIRIÓ 400.000 EUROS AL EX ALCALDE DE TOLEDO EN 2013

LA ÚNICA PIEZA DE GÜRTEL QUE JUZGARÁ EL TSJ SERÁ LA DE FITUR AL NO HABER AFORADOS

PRIMERA ACUSACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL': MADRID PIDE 22 AÑOS A LÓPEZ VIEJO

LA JUSTICIA TUMBA DEFINITIVAMENTE LA DENUNCIA DEL PP CONTRA EL ABOGADO DEL PSM POR REVELACIÓN DE SECRETOS

BÁRCENAS COMPARECERÁ EN LA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA DEL AMAÑO DE UN HOSPITAL BALEAR

 



GURTEL ANDALUCÍA: LA EXALCALDESA DE JEREZ, AHORA SENADORA DEL PP, “PILLADA” EN LA GÜRTEL

La Audiencia ve responsabilidades penales por "prevaricación continuada", "groseras irregularidades", "ilegalidad flagrante" y "confabulación" para adjudicar contratos

El juez José de la Mata ha pedido al Supremo que investigue a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo por un delito de prevaricación continuada por supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la de trama Gürtel de eventos de FITUR 2004. No extraña esta petición de especial dureza. Desde ELPLURAL.COM hemos informado como el anterior titular del caso, el juez Ruz, tenía en su diana a la ahora parlamentaria nacional del Partido Popular. También dimos cuenta de como el entorno de Javier Arenas también estaba siendo investigado, en este caso su ex jefe de prensa, imputado y que tuvo que prestar declaración, aunque se negó a responder ante el juez.

Al Supremo por ser aforada
El juez de la Audiencia Nacional ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de esta investigación al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada como senadora, arrastrando con ella al alto tribunal a otros siete imputados en esta pieza separada del caso Gürtel. De la Mata considera que existen indicios de responsabilidad penal en la exalcaldesa por “groseras irregularidades” en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.

Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de FITUR 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital. De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa.

Arbitrariedad “patente y grosera”
Para el juez “todos estos actos y decisiones (…) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (…) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”. “Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas”, destaca el juez.

Confabulación para contratar
Considera De la Mata que todos los imputados, entre ellos el que fuera director del IPDC José Enrique Agüera, “se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido”, por lo que entiende que los hechos no se pueden desligar y deben ser juzgados por un mismo órgano, en este caso el Supremo al haber una persona aforada. En el caso de la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, el juez relata que participaron personas y empresas vinculadas al considerado cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa, efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación.

Empresas de Correa

Las mercantiles de Correa -Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio- elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios, cuando ya los trabajos se habían realizado “y transcurrido casi un mes desde su finalización”. De ello se deduce que el órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación. Pese a ello, indica el juez, la presidenta de IPDC y exalcaldesa de Jerez “aprobó lo pliegos de las cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas; dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad” y adjudicó los contratos a Special Events por 162.806 euros, a Teleanuncio por 141.364 y a Down Town Consulting por 39.366 euros.

García Pelayo aprobó los contratos personalmente

Tras exponer estos hechos, el juez de la Mata detalla todos los indicios recabados contra la exalcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el consejo rector y no ella. Aun así, añade, “aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos. Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector”.

Correos intervenidos a la red “Gürtel”

Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos “se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos”, lo que considera probado a través de correos electrónicos intervenidos a integrantes de la red Gürtel.

De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales.

http://www.elplural.com/2015/09/22/la-exalcaldesa-de-jerez-ahora-senadora-del-pp-pillada-en-la-gurtel/



GURTEL ANDALUCÍA : INTERVENCIÓN ALERTÓ 3 VECES DE LAS POSIBLES ILEGALIDADES AL CONTRATAR A LA GÜRTEL

El órgano fiscalizador del Ayuntamiento advirtió de que Pelayo no tenía competencias para aprobar los contratos, éstos se firmaron sin el depósito de la fianza previa exigida, y el procedimiento de urgencia que se siguió no era conforme a la ley.

Moreno Bonilla y el PP jerezano exculpan a Pelayo, "se limitó a la ratificación y firma". "Tiene el máximo interés en declarar voluntariamente", reiteran.

El juez que ha derivado la pieza al Supremo sostiene que la exalcaldesa "sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó".

En el delito de prevaricación son autores los cargos públicos que dictan las resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia. Si esta forma de actuar se repite en el tiempo, en una pluralidad de contratos y adjudicaciones, da lugar a la calificación de delito continuado. El juez de la Mata, que instruye la 'pieza separada Ayuntamiento de Jerez' de la Gürtel, y el Ministerio Fiscal, que ha remitido esta semana un informe, entienden que hay indicios más que probados para que el Tribunal Supremo impute a la senadora y exalcaldesa, María José García-Pelayo, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro contrataciones con empresas de la trama de Correa. Contratos que en conjunto costaron a los jerezanos más de 355.000 euros. Los hechos se remontan, como es sabido, a la feria de turismo Fitur 2004.

Es pronto para vislumbrar cómo acabará esta ciénaga judicial en torno a la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia de España, pero a tenor de la contundente exposición de motivos que De la Mata firmó en junio y del informe del fiscal remitido ahora al TS, Pelayo tiene difícil esquivar un asunto al que su partido le sigue quitando hierro. El líder andaluz de los populares, Manuel Moreno Bonilla, ha dicho este mismo martes en Sevilla que la máxima responsable del PP jerezano siempre ha demostrado el "máximo interés" en declarar voluntariamente "ante las autoridades judiciales".

Evidentemente, su condición de senadora y el consiguiente aforamiento -que conservará aunque Rajoy convoque elecciones, ya que ha sido nombrada por el PP como suplente de la diputación permanente del Senado- han impedido, por el mero funcionamiento de la Justicia en España, que su declaración tuviera validez ante un magistrado. Para hacerlo, previamente tenía que dimitir del cargo y consecuentemente dejar de ser aforada. El caso es que el dirigente andaluz ha insistido en que no hay cuestión penal: "Estamos hablando de causa de origen administrativo que tendrá que solventarse lo antes posible". La decisión última la tiene el ponente de la sala de lo Penal del Supremo, el juez Luciano Varela, encargado de abrir la investigación criminal.

El PP local ha ido más allá y ha emitido un comunicado reiterando el deseo de Pelayo de comparecer voluntariamente ante el juez e incluso han asegurado que en el primer escrito para esta petición al magistrado, certificado en junio pasado, demandó que se realicen una batería de pruebas y la declaración del secretario del Ayuntamiento, funcionarios y responsables de la tramitación del expediente administrativo, destacando que su participación en el mismo "se limitó a la ratificación y firma de los documentos del expediente en cumplimiento de las obligaciones de su cargo".

¿No sabía Pelayo lo que se traía entre manos? Isidro Cuberos, ex jefe de prensa de Javier Arenas, ha dicho ante el juez que se siente "orgulloso" del trabajo que hizo la Gürtel en Jerez, por cuya intermediación se embolsó más de 50.000 euros. Cuberos incluso firmó una tribuna en Diario de Jerez en aquella época ensalzando a la alcaldesa. ¿Se limitó la alcaldesa a la ratificación y firma de los acuerdos del expediente? Será el juez del Supremo el que lo dirima. De momento, para el antiguo instructor del caso, el magistrado De la Mata, la implicación de Pelayo fue "patente" y "grosera" dentro del amaño urdido para beneficiar a empresas de la Gürtel. "No cabe especular con que se limitó a actuar conforme a los informes de los técnicos; sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", firma.

Lo cierto, reza el magistrado en su exposición de motivos, que la Intervención municipal emitió hasta en tres ocasiones, y en otros tantos informes, advertencias de ilegalidad a la entonces regidora jerezana, haciendo ésta caso omiso a todas ellas. El primer documento que le remitió el órgano fiscalizador municipal indicaba expresamente que el órgano competente para la aprobación de las contrataciones era el consejo rector del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) -desde donde se fraguó el amaño-, cuya presidenta era la propia Pelayo. Más allá de que en virtud del cargo tuviese que conocer esa exigencia legal de funcionamiento, y pese al informe en contra, aprobó "personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos". "Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del consejo rector", detalla el juez.

Pelayo "ordenó indebidamente que se siguiera el procedimiento de urgencia, asegurando así la falta de concurrencia".

La entonces interventora municipal también informó "expresamente" que debía seguirse el procedimiento de contratación previsto en la Ley. Pese a conocer esta circunstancia, "ordenó indebidamente que se siguiera el procedimiento de urgencia, asegurando así la falta de concurrencia". "Visto que en realidad toda la documentación administrativa generada fue falsa, esta fue la única forma de asegurar que únicamente concurrieran las empresas previamente concertadas a las que se quiso adjudicar los contratos para que prestaran los servicios sin contratación alguna". El instructor de la Gürtel no puede dejar menos espacio a la duda.

Por último, Intervención también advirtió expresamente de que no debían firmarse los contratos sin que se constituyera la fianza del 4% de cada uno de ellos establecida en el TRLCAP. La fianza no se constituyó, pese a lo cual Pelayo, detalla el juez, firmó los contratos. Además, añade, "ordenó el pago de las facturas correspondientes sin efectuar la retención de fianza correspondiente". En este sentido, la dirigente popular firmó los contratos pese a que las empresas no habían acreditado -requisito previo y obligatorio- estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Pero, por encima de todos los indicios anteriores, que reflejan para el magistrado de la Gürtel que Pelayo estuvo al corriente de que el procedimiento administrativo que se desarrolló "incurría en irregularidades e ilegalidades más o menos groseras", lo más relevante es que "lo cierto es que la señora exalcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos". Detalla el juez: "Cuando, aun siendo incompetente para ello, supuestamente firmó los documentos aprobando los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, tales pliegos sencillamente no existían. Fue semanas más tarde (ya terminado Fitur 2004), cuando el propio Ayuntamiento envió a las empresas, por conducto del intermediario (Cuberos), los borradores de pliegos para que las empresas preseleccionadas fueran preparando las ofertas".

El informe del juez De la Mata asegura igualmente que cuando Pelayo firmó la adjudicación de los contratos no se habían presentado las ofertas por partes de la empresas, "luego es imposible que pudiera conocer las ofertas técnicas y económicas. Esto no se hizo hasta semanas más tarde"; y cuando firmó los contratos con los representantes de las empresas, no se habían presentado todavía las ofertas. "Fue semanas más tarde, ya prestado el servicio y tras alcanzarse acuerdos sobre las partidas a consignar en los presupuestos, cuando las empresas presentaron sus ofertas. En estos presupuestos se consignaron comisiones a favor de Cuberos por su labor de intermediación".

http://www.lavozdelsur.es/intervencion-alerto-3-veces-pelayo-de-posibles-ilegalidades-al-contratar-la-gurtel



GURTEL MADRID: EL JUEZ INTERROGARÁ A LA SECRETARIA DE CORREA QUE IMPLICÓ A GARCÍA-ESCUDERO

En una grabación adelantada por la SER, la secretaria de Francisco Correa implicaba a Pío García Escudero en la trama Gürtel

El juez de la Audiencia nacional, José de la Mata, ha citado a declarar como testigo a la secretaria de Francisco Correa en special events, que en una conversación grabada en un restaurante aseguraba haber visto pasar por el despacho del líder de la trama Gürtel, a Pío García Escudero o Luis Bárcenas.

El juez atiende la petición de la acusación ADADE, y con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, cita a declarar como testigo el próximo 13 de octubre a la exsecretaria de Correa, María del Carmen Jiménez, que figura en una grabación adelantada por la SER, en la que implicaba a Pío García Escudero en la trama Gürtel. La exsecretaria de Correa afirmó que "Pío estaba en el ajo", y que entre mayo de 2001 y junio de 2003, cuando fue empleada del supuesto cabecilla, vio a Pío García Escudero en el despacho del líder de la Gürtel junto a otros acusados, que desfilaban a horas intempestivas para recoger sobres.

La exsecretaria de Correa no dijo en esa conversación si García Escudero se llevó sobres o no. No es la primera vez que el nombre del actual presidente del Senado sale salpicado por la trama, aunque no está imputado en ninguna de las piezas del caso investigadas, y ha negado en un comunicado las afirmaciones de Jiménez.

El juez también convoca el mismo día a declarar a Ana Garrido, la funcionaria de Boadilla que grabó a María del Carmen Jiménez.

ADADE pedirá imputar a García Escudero si se confirman los hechos

El abogado de la acusación popular ADADE, Francisco Montiel, ha asegurado que pedirá al juez de la Audiencia Nacional que eleve una "exposición razonada al Tribunal Supremo" para encausar a Pío García Escudero "si la exsecretaria de Correa se ratifica en sus declaraciones y añade detalles sobre el supuesto cobro de sobres" por parte del entonces presidente del PP en Madrid y hoy presidente del Senado.

García Escudero es aforado por su condición de presidente de la Cámara Alta, y el Supremo sería el único órgano jurisdiccional capaz de imputarle y procesarle, recuerda Montiel.

Para el abogado de ADADE, la declaración como testigo de María del Carmen Jiménez puede ser "muy relevante" para cerrar el caso Gürtel y apuntalar los supuestos cohechos cobrados por imputados como Luis Bárcenas, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Jesús Merino o Guillermo Ortega, todos ellos citados en la grabación por la exsecretaria del líder de la trama como "visitadores" de su despacho a altas horas de la noche.

http://cadenaser.com/ser/2015/09/28/tribunales/1443448990_823306.html

 GURTEL MADRID:ARGANDA TAPIÓ 1.200 METROS CUADRADOS DE UN POLIDEPORTIVO

El PP justifica que cerró el acceso a la planta inferior del complejo, abierto en enero de 2011 tras un desembolso de 11,8 millones, por la baja demanda de usuarios
El Gobierno municipal de Pablo Rodríguez Sardinero (PP), alcalde de Arganda del Rey entre marzo de 2009 y el pasado mes de junio, tapió 1.200 metros cuadrados del polideportivo Virgen del Carmen del barrio de La Poveda, abierto en enero de 2011 tras un desembolso de 11,8 millones de euros. El acceso a las instalaciones, en la planta subterránea del complejo, se disimuló con una pared de pladur. Rodríguez Sardinero es el actual director general de transportes del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Arganda tiene una deuda de unos 110 millones.

Un operario derribó la semana pasada con una maza el tabique que daba a las escaleras que conducen a las salas del piso inferior. Lo hizo ante la atenta mirada del actual alcalde de Arganda, Guillermo Hita (PSOE), y de la concejala de Deportes, Alicia Amieba (IU). “Me pregunto qué pretendía mi antecesor en el cargo ocultándonos a todos la existencia de esta parte del polideportivo. Tenerlas cerradas ha sido un derroche”, critica Hita. El gimnasio, dividido en cuatro salas, tiene las paredes interiores de cristal, lo que permite hacerse una idea de su tamaño de un vistazo.

“Nuestro interés es abrir esta zona al público cuanto antes, pero para eso necesitamos primero desarrollar un plan de evacuación, y va a llevar más tiempo del que queremos porque ni siquiera sabemos dónde está el proyecto del polideportivo”, interviene Amieba.

La edil de IU descubrió la sala multiusos, ideal para la práctica del kárate, danza, zumba, pilates y derivados durante una inspección del polideportivo. Pese a la insistencia de los servicios de limpieza, las instalaciones huelen a cerrado. Alguna humedad asoma por el techo. Una máquina de encerar descansa en una esquina, tras el enésimo repaso del suelo.

“Es una sala que estaba cerrada porque no se le había dado todavía uso. No estaba oculta, no se pretendía esconder nada”, afirma la portavoz del PP, María Dolores Martín. Su partido gobernó de forma ininterrumpida en Arganda las tres últimas legislaturas: entre 2011 y 2014 la deuda municipal aumentó en 71 millones, lo que ha disparado la deuda por habitante hasta los 2.001 euros.

La responsable del PP justifica el cierre de los 1.200 metros cuadrados porque “no existía la demanda suficiente para el gimnasio”. “Si la gente no tenía para comer, menos para una actividad deportiva. Normal que cayera la demanda. Si no lo abrimos fue por un acto de responsabilidad política”, argumenta Martín.

La responsable del PP asegura que los demás partidos políticos, así como los monitores y usuarios del polideportivo conocían la existencia de la sala multiusos. “Eso es mentira”, replica el regidor actual. “No tenía ni idea, pensaba que las escaleras que se veían a través de los cristales del pasillo conducían a alguna zona de mantenimiento de la piscina”, contesta un usuario del recinto mientras camina a los vestuarios, justo al lado de donde hace una semana se levantaba la pared de pladur. Sus restos se amontonan ahora en una zona de acceso restringido, frente a la sala de máquinas del polideportivo.

Durante el recorrido por el nivel tapiado del polideportivo, también sorprende un ascensor sin uso, pese a que debería conectar el piso inferior con las dos plantas superiores. El alcalde socialista no esconde su sorpresa mientras lo inspecciona: “Pero si todavía tiene el protector de plástico puesto”. “Este ascensor no tiene licencia, nunca se ha abierto”, apostilla Jorge Canto, teniente de alcalde y también de IU.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/30/madrid/1443643460_174449.html

LAS ACUSACIONES PEDIRÁN QUE DECLARE COMO TESTIGO LA EXSECRETARIA DE CORREA

Por ello, tanto la acusación ADADE, como la ejercida por el PSPV y el Observatori Desc, van a reclamar al juez que cite como testigo a la exsecretaria de Correa, que los veía a todos desfilar por el despacho. El letrado del Observatori Desc también ha anunciado que se plantea pedir que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, declare como testigo. No pueden solicitar su comparecencia como imputado porque debido a su condición de aforado, citarlo en tal condición correspondería al Tribunal Supremo.

http://cadenaser.com/ser/2015/09/16/tribunales/1442403302_039368.html

LA EXSECRETARIA DE CORREA: “HE VISTO A PÍO GARCÍA-ESCUDERO SALIR DEL DESPACHO” DEL LÍDER DE LA GÜRTEL

María Carmen Jiménez, secretaria del supuesto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, afirma en una grabación que vio salir de su despacho “a horas intempestivas y con sobres” al extesorero Luis Bárcenas, y también al hoy presidente del Senado, Pío García Escudero, y a los principales acusados en la trama. García-Escudero sostiene que "jamás" ha visitado el despacho de Correa

El juez instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha puesto a disposición de las partes una grabación efectuada por la funcionaria de Boadilla que denunció el caso, Ana Garrido, a María Carmen Jiménez, que fue secretaria de Francisco Correa en una de sus empresas, Special Events, entre mayo de 2001 y julio de 2003.

Jiménez cuenta que en aquel tiempo vio a Luis Bárcenas, entonces gerente nacional del Partido Popular, ir al despacho de Francisco Correa situado en el número 40 de la madrileña calle Serrano “a horas intempestivas, a las 10 y media de la noche” y salir de allí “con sobres”

La exsecretaria de Correa dice que también ha visto a Pío García-Escudero, aunque no aclara si en su caso también salió con sobres, y a otros acusados de la causa, como el exviceconsejero Alberto López Viejo; los ex diputados del PP Jesús Merino y Benjamín Martín Vasco; el exjefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos; o el ex alcalde de Majadahonda del PP, Guillermo Ortega.

María Carmen Jiménez da detalles que aportan verosimilitud a su relato. Asevera que en muchas ocasiones telefoneaba a García-Escudero por orden de Correa y entonces se ponía en contacto con "Caye", apócope cariñoso para denominar a Cayetana Hernández de la Riva, su secretaria. Jiménez asegura que Correa le contó que era "amigo íntimo" de Pío García-Escudero y que el supuesto líder de la Gürtel se sintió muy defraudado porque el político le abandonó al estallar el caso.

A través de su gabinete de comunicación, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, responde que "jamás" ha estado en el despacho de Francisco Correa. Según dice, "ni siquiera sabe" dónde estaba, porque cuando el líder de la Gürtel tenía algún asunto que tratar con el PP, "iba directamente a Génova" en referencia a la calle de Madrid donde se encuentra la sede nacional de este partido.

La Cadena SER ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la exsecretaria de Correa para ampliar esta información. En un momento dado, Jiménez le cuenta a Ana Garrido que una amiga la advirtió de que Francisco Correa "no se andaba con chiquitas" y que si cantaba, el líder de la Gürtel le "enviaría un sicario".

La documentación requisada a Francisco Correa en la sede de Serrano 40 acreditó las prácticas corruptas de la trama Gürtel y los sobornos que practicaba con múltiples regalos a dirigentes políticos del PP, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros cuyo destinatario fue Pío García-Escudero. Cuando esa documentación incorporada al sumario se hizo pública, García-Escudero aseguró que fue personalmente Correa quien le hizo entrega del regalo pero lo devolvió.

El Partido Popular concedió en el 2000 a Pío García Escudero, coordinador general del partido, un préstamo de cinco millones de pesetas que el actual presidente del Senado fue devolviendo a plazos. Uno de esos pagos de un millón de pesetas figura en la contabilidad manuscrita del extesorero Luis Bárcenas. García-Escudero admitió que recibió ese dinero y que lo devolvió "con talones en mano" a Álvaro Lapuerta. El presidente del Senado no está imputado en ninguna de las causas abiertas por corrupción que afectan al PP.

La exsecretaria de Correa también habla de otros asuntos relacionados con el caso Gürtel en su conversación con Garrido. Sostiene que Pasadena Viajes, la agencia de Correa, pagaba los billetes del hijo del expresidente Aznar, y que Álvaro Pérez El Bigotes organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar con dinero de Special Events.

De hecho, la Policía incautó diversas facturas en los registros practicados a la trama que corroborarían que Special Events pagó varios servicios de aquel enlace, por un importe cercano a los 35.000 euros.

http://cadenaser.com/ser/2015/09/16/tribunales/1442381117_776043.html

UNA DE LAS ACUSACIONES DE ‘GÜRTEL’ PIDE AL GOBIERNO QUE CERTIFIQUE QUE ANA MATO PARTICIPÓ EN EL CONSEJO QUE AUPÓ AL TC AL JUEZ RECUSADO

La asociación Adade introduce la participación directa de la exministra en aquel nombramiento como argumento para recusar a Enrique López, ahora en la pieza de los papeles de Bárcenas

Otras tres acusaciones, la ejercida por los socialistas valencianos, la de la Asociación Libre de Abogados y el Observatori Desc, plantean también recusación

La participación de Ana Mato en el Consejo de Ministros que en junio de 2013 aupó al Tribunal Constitucional a Enrique López se ha convertido para las acusaciones populares del caso Gürtel en otro argumento más a favor de que el juez sea recusado.

Este martes, y al tiempo que se conocía la negativa del magistrado a abstenerse en la primera pieza del caso que irá a juicio en Madrid -la denominada Primera Época (1999-2005)- a través de un escrito donde él mismo recuerda el papel desempeñado por la exministra de Sanidad en su nombramiento, la asociación de abogados Adade formulaba una segunda recusación contra López. Esta va referida a otra pieza del caso, la más controvertida de todas por su calado político: la conocida como la de los papeles de Bárcenas o, lo que es lo mismo, la de la presunta contabilidad B del PP.

Y en esa segunda recusación, Adade ya esgrime la participación de Mato en la designación de Enrique López para el TC como causa de recusación. La asociación de letrados pide a la Audiencia Nacional que requiera del Gobierno "certificación comprensiva de la asistencia de Doña Ana Mato Adrover al Consejo de Ministros celebrado el 7 de junio de 2013, en el que se acordó el nombramiento de Don Enrique López y López [como] magistrado del Tribunal Constitucional".

Adade hace constar en su nueva recusación que en la primera pieza del caso Gürtel en ser juzgada, la de la Primera Época, Ana Mato se arriesga a ser declarada partícipe a título lucrativo. Es decir, beneficiaria de los regalos y viajes con que la trama corrupta agasajó a su familia y a ella misma. El partícipe a título lucrativo es responsable civil del delito pero en ningún caso penal.

Al igual que Adade, otras tres acusaciones populares han recusado a Enrique López así como a la magistrada Concepción Espejel en la pieza relativa a la presunta financiación ilegal del PP, la de los papeles de Bárcenas. Esas acusaciones son la que representa a los socialistas valencianos; la que ejercen de manera conjunta Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y otros colectivos; y la del grupo de derechos humanos Observatori Desc.

La intervención activa de Ana Mato en el nombramiento de Enrique López como magistrado del TC, cargo en el que permaneció desde junio de 2013 hasta su dimisión en junio de 2014, constituye a juicio de ALA y de Observatori Desc un motivo claro de recusación. Ninguna de esas dos entidades lo ha manejado como argumento en sus escritos de recusación porque desconocían el dato, desvelado por infoLibre.

"Ana Mato debería ser la primera interesada en que el tribunal esté libre de toda sospecha", sostiene el abogado Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Su participación en el Consejo de Ministros que nombró a Enrique López es "otra razón más para que se aparte de la causa, y muy importante", conviene Antonio Segura, de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Pese a que, como Boye, también él cree que no hay la menor duda de que Enrique López debería abstenerse de participar en ningún juicio relacionado con Gürtel, Antonio Segura se muestra extremadamente pesimista: "Que un juez deba resolver sobre la recusación de otro juez es un atraso, por eso casi ninguna prospera en España". En su opinión, lo correcto sería que los jueces recusados se sometieran al dictamen de un tribunal mixto formado por profesionales y ciudadanos ajenos a la judicatura.

Los cursos de FAES

Colaborador habitual de FAES a lo largo de ocho años, vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del TC en 2013 por decisión directa del Gobierno tras haber obtenido en 2008 el apoyo fallido de varios Parlamentos regionales -cuatro exdiputados madrileños hoy acusados participaron en una de esas votaciones-, Enrique López es cuñado de un alto directivo de José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados en la pieza central de Gürtel.

El magistrado entiende que ese parentesco no afecta a la pieza separada Primera Época porque Ulibarri no pertenece al plantel de acusados del caso, desgajado de la pieza central.

Su nombramiento como magistrado del Constitucional –formalmente, fue una “propuesta”- tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 6 de junio de 2013. Y Ana Mato, que en el juicio de la Primera Época ostenta la condición de presunta partícipe a título lucrativo al igual que el PP, estaba allí. Exactamente en aquella mesa gubernamental que dio un auténtico espaldarazo a Enrique López tras una etapa en que medios leoneses dieron por hecho su salto a la política.

Por ejemplo, el 5 de octubre de 2007, Diario de León publicó que, como número 2 de la lista provincial del PP al Congreso para las elecciones de 2008, "el mejor colocado sigue siendo el portavoz del CGPJ, Enrique López". El rotativo que publicó la noticia había sido adquirido en marzo de ese año por José Luis Ulibarri. En sus alegaciones a las primeras cuatro recusaciones formuladas, Enrique López asegura que no tiene relación de ninguna clase con Ulibarri.

Aquel Consejo de Ministros del 6 de junio de 2013 registró dos hitos: uno político, la elección de dos magistrados para el TC, el ya citado Enrique López y Pedro González Trevijano; y la aprobación del llamado Plan Verano, en el que el Ministerio de Sanidad juega cada año un rol primordial.

Y en esa sesión, “Ana Mato no tenía por qué abstenerse –aduce una portavoz del PP. Y razona su aserto así: "Enrique López, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, no intervenía en el sumario de Gürtel, en el que quien estaba imputado era el exmarido de Ana Mato, no ella, que ni entonces ni ahora estaba acusada de ningún delito”. “En cuanto el juez Ruz la consideró partícipe a título lucrativo –añadió la fuente-, Mato dejó el Gobierno”.

En marzo de este año, la que había sido titular de Sanidad hasta noviembre de 2014 y miembro del círculo más próximo a Mariano Rajoy en el PP –era vicesecretaria de organización- ya depositó una fianza de 28.467 euros, cifra equivalente a la que, según la investigación, obtuvo de la red corrupta en regalos y “servicios turísticos”.

Atrás quedaron años de resistencia numantina en los que la dirigente conservadora negó cualquier vínculo con la trama: ni el Jaguar regalado -presuntamente- a su marido por el grupo de Correa, ni las fiestas infantiles ni los viajes familiares costeados por la división turística de la red movieron a Mato de su asiento en el Consejo de Ministros. Solo dimitió cuando el juez Ruz plasmó -y argumentó- en un auto por qué entendía que Ana Mato se había lucrado gracias a la Gürtel.

http://www.infolibre.es/noticias/una_las_acusaciones_gurtel_pide_gobierno_que_certifique_que_ana_mato_participo_consejo_que_aupo_juez_recusado_37747_1012.html

EL JUEZ PREDILECTO DEL PP DICE SER IMPARCIAL PARA JUZGAR EL CASO GÜRTEL, LE CREAN O NO

Enrique López sugiere que no se vende por los 11.000 euros que le ha pagado FAES en conferencias y que la relación de su cuñado con un imputado no le afecta. Tampoco el haber sido nombrado a instancia del PP vocal del poder judicial o magistrado del TC

El ponente del caso Gürtel, Enrique López, ha remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un informe en el que rechaza ser apartado del tribunal juzgador de la primera época de la trama corrupta porque dice ser imparcial, le crean o no.

También ha rechazado ser recusada la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, aupada por el Partido Popular, como Enrique López, al cargo político de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ambos deben juzgar, junto con el magistrado Julio de Diego, la primera época de la red, que abarca los años 1999-2005. En otra pieza separada, López ha sido nombrado también ponente de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Las recusaciones fueron solicitadas por el PSOE, que pidió que López se aparte del procedimiento por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP; y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que incluyó además a Espejel, dada la relación de ambos con el PP, que se sienta en el banquillo como responsable a título lucrativo de la trama.

Nada de lo que se alega afecta a la imparcialidad de Enrique López, según expone el magistrado en su escrito. Ni los 11.102,26 euros que cobró por participar en diversos seminarios de la Fundación FAES, vinculada al PP, que él califica como de carácter técnico. Ni tampoco el haber sido impulsado al cargo de miembro del Tribunal Constitucional por el propio PP, cuyo Gobierno le nombró en una sesión en la que participaba la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, quien se sienta en el banquillo del caso como responsable a título lucrativo, al igual que el Partido Popular.

López basa su rechazo en el "carácter cerrado de las causas de abstención, así como de su restrictiva interpretación", que le lleva a concluir que no existe "causa alguna" para ser apartado del tribunal sobre la base de estos parámetros.

Tampoco considera que ha resultado afectado en su caso un pilar de la Justicia: la apariencia de imparcialidad que debe de presidir la actuación de todos y cada uno de los componentes de un tribunal juzgador.

La Fiscalía se ha mostrado favorable a la recusación de Enrique López por esta causa. Pero el magistrado rechaza que afecte a su apariencia de imparcialidad, tal y como exigen los cánones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque un juez del que se duda de su imparcialidad es "el peor observador" de su propio caso, reconoce.

"Debe garantizarse a las partes que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial, y en el presente caso yo lo garantizo, al margen deque se me crea o no", dice textualmente el magistrado en su respuesta al incidente de recusación.

"Que los acusados en este procedimiento y los partícipes a título lucrativo (Partido Popular y Ana Mato) puedan resultar condenados o absueltos me es absolutamente indiferente, más allá del cumplimento de mi deber de administrar justicia conforme a la ley", expone López ante la Sala de lo Penal.

'Naturales sentimientos de agradecimiento'
"Vallamos pues por partes" (sic), sostiene el magistrado para exponer sus razones por las cuales nada de lo que se argumenta contra él afecta a su imparcialidad.

López considera que, en su "honesta opinión" no debe apartarse del tribunal juzgador del caso Gürtel, "a pesar de los requerimientos de abstención que de carácter extraprocesal" que ha sido objeto, "tanto desde el ámbito parlamentario y político como desde el ámbito periodístico".

El magistrado insiste en su escrito en que no tiene ningún interés "cercano ni remoto" en formar parte del tribunal del caso Gúrtel y que no ha sido una situación "buscada ni mucho menos deseada". "Han corrido ríos de tinta y minutos de tertulias donde se me ha descalificado, cuestionado como profesional, mofado e injuriado", se queja.

Dicho esto, asegura que "jamás" ha ostentado ningún cargo bajo la disciplina del Partido Popular y recuerda que tampoco ha sido nombrado ministro, secretario de Estado, subsecretario o director general, ni ha ocupado un escaño como diputado o senador. "Ni en lo más recóndito de mi voluntad existe algún tipo de interés que no sea la recta aplicación de la norma", remacha.

Respecto a sus nombramiento, el magistrado argumenta que los "naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos en modo alguno crea algún tipo de interés en lo que acontezca en el procedimiento".

Además, afirma que las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell se equivocan cuando dicen que cuatro acusados -Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado- participaron en la votación de su candidatura como magistrado al Tribunal Constitucional en 2008. "Esta afirmación es errónea porque este voto, de dos y no de cuatro de los acusados, se efectuó en un proceso de propuestas para su designación por el Senado, habiendo concluido este proceso sin que este magistrado fuera nombrado", concluye.

López también admite que ha podido coincidir en alguna jornada de la Fundación FAES con el acusado Carlos Clemente, si bien no tiene ninguna "amistad íntima" con él y para poder recordarlo "ha tenido que auxiliarse de las memorias de actividades" de la Fundación.

También rechaza que afecte a su imparcialidad el hecho de que su cuñado Miguel Hernán Manovel García sea el hombre de confianza de José Luis Ulibarri, constructor leonés imputado en otra pieza separada del caso Gürtel.

A Enrique López no le perturba el ánimo esta relación de su cuñado, porque Ulibarri no se sienta en el banquillo en la pieza separada para la que ha sido nombrado ponente, ni tampoco las empresas del constructor leonés. "La relación de parentesco que tengo con la persona antes aludida no genera ningún tipo de perjuicio, inclinación personal o predisposición" en el proceso, "que es el único que debe ser tenido en cuenta para determinar algún tipo de interés directo o indirecto" de un magistrado.

'Todo el mundo me llama Concha'
Concepción Espejel, la presidenta del tribunal juzgador, asegura que no tiene ni ha tenido nunca "relación alguna" con el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, al que "no conoce personalmente", y que, si éste participó en la votación del Senado en que fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recordó la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta constituiría, en todo caso, "un acto del órgano y no de los senadores que en aquel momento lo integraban".

Otros de los argumentos esgrimidos para recusar a Espejel es su relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, quien le impuso la cruz de San Raimundo de Peñafort en un acto celebrado en Castilla-La Mancha y pronunció una frase que utilizan las defensas para recusarla: "Para todos es Concha y lo va a ser siempre".

Concepción Espejel responde que dicha frase "no tiene trascendencia alguna", ni existe ninguna "familiaridad sobrevenida" más allá de una relación institucional que tilda de "cordial" con la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. "Los que me conocen -explica- saben que siempre me he presentado como Concha y no sólo desde que ejerzo la Judicatura sino durante la etapa universitaria e incluso colegial. Desde que era niña todo el mundo me ha llamado así".

También critica las "gratuitas afirmaciones" de los recurrentes, que la situaron como "compañera de viaje" de los exdirigentes 'populares' imputados, y recuerda que poner en entredicho su nombramiento como vocal del CGPJ por haber sido propuesta por el PP supone cuestionar el sistema de elección de jueces "establecido en la Constitución". *

"Todos los integrantes de la Carrera Judicial a la que, por disposición legal, han de pertenecer 12 de los miembros de los diversos Consejos quedarían inhabilitados para juzgar los procedimientos en los que pudiera derivar algún tipo de responsabilidad para los partidos políticos, dado que, dependiendo de la formación que inicialmente propuso su candidatura se les imputaría amistad o enemistad o interés directo o indirecto a favor o en contra de dichas formaciones", argumenta.

Las falsedades no son ciertas, aunque se repitan

Uno de los argumentos que más duelen a Concepción Espejel es que se le atribuya el haber dictado resoluciones sobre el incendio de Guadalajara, donde murieron siete personas, cuando ella presidía la Audiencia Provincial.

Espejel tilda de "completamente falsas" las apreciaciones de los recurrentes en el sentido de que, como presidenta de la Audiencia de Guadalajara, dictó resoluciones para que cargos de la Administración socialista fueran investigados por dicho incendio. "Todas las imputaciones y acusaciones a que se refieren los recusantes se produjeron mucho después de que yo dejara la Presidencia de la Audiencia", advierte.

"Si no se exigiera la concurrencia de los mencionados datos objetivos, bastaría con introducir un hecho falso y darle publicidad reiteradamente a través de los medios de comunicación para crear una falsa apariencia de pérdida de imparcialidad de cualquier juez o magistrado", afirma Espejel antes de considerar "obvio" que "los hechos falsos o interesadamente tergiversados no se convierten en verdaderos, por mucho que se repitan con una finalidad de desprestigio del profesional al que se dirigen".

Espejel también defiende que la ley la habilita para presidir todos los juicios de la sección de la Sala de lo Penal que preside y que jamás ha participado en ningún acto organizado por el PP ni por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar.

http://www.publico.es/politica/juez-predilecto-del-pp-dice.html

 EL FISCAL DUDA DE LA APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES DE GÜRTEL

Anticorrupción pide que la fundación FAES, presidida por José María Aznar, cuente cuánto abonó a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por intervenir en sus actos

La Fiscalía Anticorrupción aprecia dudas sobre la apariencia de imparcialidad de los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que formarán parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción en el Partido Popular. El ministerio público, pese a que considera que ninguno de los dos jueces tiene interés directo en la causa, pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia que admita a trámite las recusaciones planteadas contra ellos por las acusaciones particulares. Espejel presidirá el tribunal y López ha sido designado, por turno de reparto, ponente de la sentencia. Ambos participarán también en el juicio de la pieza separada del caso Bárcenas, sobre la caja b del PP.

"No puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes sobre la imparcialidad" de estos magistrados, afirman las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás. A los argumentos esgrimidos por los recurrentes —como la participación de López en 50 ponencias de la fundación FAES—, las fiscales añaden un aspecto que las partes no habían tenido en cuenta: que el extesorero del PP Luis Bárcenas, siendo senador del PP, participó —presumiblemente a favor— en la votación secreta que permitió nombrar a Espejel vocal del Consejo General del Poder Judicial.

También recuerdan las fiscales que los procesados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Clemente Aguado y Benjamín Martín Vasco, exdiputados del PP, votaron en la Asamblea de Madrid en 2008 a favor de la candidatura de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional, que resultó fallida en aquella ocasión.

La fiscalía expone sus mayores reservas en el caso de Enrique López, magistrado muy cercano al PP, que lo ha aupado a cargos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional —del que dimitió tras ser condenado por conducir su moto en estado de embriaguez—. Aunque el ministerio público considera que actualmente “no aparecen acreditados hasta donde sería exigible (…) ni el interés personal y directo ni la ventaja o perjuicio” derivados de que López y Espejel participen en el juicio, añaden que "conviene destacar la notoria relevancia de las apariencias" en el ámbito de la recusación de magistrados.

En el caso de López, la fiscalía ve que ha de considerarse que durante los años 2003 a 2010 "se estableció una relación singular" entre aquel y la fundación FAES, financiada por el PP —al que se reclaman responsabilidades en la presente causa—. Las fiscales, al igual que los recusantes, creen que el magistrado "podría haber obtenido retribuciones". Y solicitan que la fundación presidida por José María Aznar certifique si López cobró y, en su caso, cuánto cobró, por participar en sus actos. La fiscalía, sin embargo, rechaza por "inútil" e "impertinente" citar como testigos en la causa de recusación a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y al actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Las fiscales entienden que la Sala de lo Penal debe analizar la cuestión y "examinar el cumplimiento de los cánones de apariencia de imparcialidad exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valorando si un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad" de López y Espejel. Según el ministerio público hay que estudiar si "la mera afinidad política en el nombramiento de los jueces no puede, por sí solo, crear dudas legítimas sobre la independencia e imparcialidad de los magistrados".

Las fiscales recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reitera que incluso las meras apariencias pueden revestir importancia. Esta doctrina ha sido incorporada por el Tribunal Constitucional español, que sostuvo en una sentencia de 2014 que "la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza" y que "debe retirarse cualquier juez sobre el que recaiga una legítima razón para temer una falta de imparcialidad", ya que "lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática".

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/10/actualidad/1441894452_989313.html

RECUSAN A LOS MAGISTRADOS LÓPEZ Y ESPEJEL PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel han sido recusados para juzgar el caso de los papeles de Bárcenas, la caja b del Partido Popular, por su “cercanía pública y manifiesta” a la formación conservadora. La acusación particular encabezada por el Observatori DESC, ha presentado la primera recusación contra ambos jueces en esta causa al albergar “dudas” sobre su “debida imparcialidad”. Espejel, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, y López, miembro de esa sala, también han sido recusados por varias acusaciones para el juicio de la primera fase del caso Gürtel, que también afecta al PP.

La Asociación DESC ha presentado su escrito de recusación en el llamado caso Bárcenas nada más tener conocimiento, el pasado 31 de julio, de que López y Espejel, promovidos a cargos institucionales por el PP y de ideología conservadora, formarán parte del tribunal que juzgará el caso de la caja b de Génova 13. “Este asunto debe tratarse con la mayor transparencia posible, sin que pueda caber duda alguna respecto a la imparcialidad de los magistrados”. El PP está encausado en esta pieza como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario.

Enrique López ha sido designado, al igual que en Gürtel, ponente de la sentencia. “La vinculación de Enrique López con el PP no es un hecho desconocido para nadie (…) este magistrado adeuda gran parte de su carrera política al apoyo expreso del partido político”, afirma el Observatori DESC. López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2007 a propuesta del PP. En 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy. López tuvo que dejar este cargo tras ser condenado por un delito de seguridad vial por conducir su motocicleta por Madrid bajo los efectos del alcohol.

López ha participado en medio centenar de cursos de la fundación FAES entre 2003 y 2010, y en las conferencias políticas del PP de 2006 y 2007. “Puede darse el caso de que el magistrado recusado, incluso haya percibido, legalmente sin duda, fondos que tengan origen en la contabilidad opaca que ahora debe ser enjuiciada”, afirma DESC.

Respecto de Espejel, el Observatori destaca su “amistad manifiesta” con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que en febrero de 2013 le entregó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En su discurso, la entonces presidenta de Castilla-La Mancha se refirió a Espejel con gran familiaridad. Espejel, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue vocal del Poder Judicial entre 2008 y 2014 a propuesta también del PP.

Aparte de la falta de apariencia de imparcialidad que observan en ambos magistrados, el Observatori DESC también subraya el hecho de que hay una falta de parcialidad objetiva por el hecho de formar parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel, por el que también han sido recusados por varias acusaciones.

“El mayor signo de contaminación objetiva y subjetiva de ambos magistrados no es otro que el de mantenerse en la sala de enjuiciamiento; si realmente entendieran que estamos ante un caso más, la sola duda pública y publicada de su falta de imparcialidad habría sido bastante para que se abstuviesen”, afirma el Observatori DESC.

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/13/actualidad/1439460844_413520.html

JOSÉ RICARDO DE PRADA, UN MAGISTRADO CON FAMA DE INCORRUPTIBLE, LA NOTA DISCORDANTE EN EL ‘CASO BÁRCENAS’

La derecha mira con suspicacia a un juez que no es de la cuerda de López y Espejel, quienes fueron aupados por el PP

Existe un sector de la derecha que parece inquieto ante el juicio de los papeles de Bárcenas. Y su desazón se centra en un juez. No es un hecho nuevo. Mediante sus afines en diferente medios informativos, han llegado a calificarle de “magistrado que justifica a los terroristas de ETA” entre otras lindezas. José Ricardo de Prada es un profesional del Derecho que no está en la misma línea que sus colegas de la Sección II, Concepción Espejel y Enrique López López, a quienes los populares aprecian sin paliativos. Ahora el juez, al que sus compañeros consideran “incorruptible” aparece, dicen, como la nota discordante en el tribunal que entenderá el caso que afecta al extesorero y que es crucial para los hombres de Génova, 13.

De Concepción Espejel y de Enrique López López que juzgarán el caso Gürtel y ahora también el de los papeles de Bárcenas, dos temas fundamentales para dirimir si existe vinculación del partido que preside Mariano Rajoy con una posible ilegalidad, se ha escrito mucho y todo inquietante. Ambos jueces accedieron al cargo de vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

Ella, se autoproclamó en la Audiencia Nacional como presidenta de todos los asuntos que debiera conocer su sala (casualmente la Gürtel ya se anunciaba de fondo). El recaló en la misma sección tras su paso por el Constitucional que dejó de modo obligado tras un tropezón alcohólico en una noche de mal recuerdo.

Bien acaba todo si acaba bien, sea como sea que empiece: se encontraron en esta Sección II que entenderá entre otros asuntos complicados, temas que atañen directamente a la formación política que les ha promovido. La secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dejado públicamente claro su afecto hacia la magistrada. En cuanto a López le avalan además cincuenta y tantas intervenciones en FAES. Es la Fundación vivero de cargos del partido a la que José María Aznar mima como a la niña de sus ojos.

José Ricardo de Prada deberá juzgar en la Sección II junto con López (ponente) y la presidenta Espejel el tema Bárcenas. “Es ante todo un magistrado independiente, muy profesional, muy experimentado, un juez de sala incorruptible a quien le ha tocado lidiar temas difíciles con compañeros de talante radicalmente diferente. Y siempre se ha entendido bien con todos desde la perspectiva de la aplicación profesional del Derecho”, referían a EL PLURAL.COM fuentes jurídicas.

“El magistrado del voto particular”, le denominan otros jueces, “por su interés en dejar clara su opinión jurídica y no importarle disentir, sino más bien considerar incluso positivo cara a la sociedad que se conozcan el que los magistrados pueden tener opiniones jurídicas diferentes”.

A este magistrado la derecha a través de su sección mediática le ha señalado por sus resoluciones jurídicas contrarias a sus intereses conceptuales. Ha pasado en muchos casos y sobre todo ha coincidido en ocasiones en aquellos en que bien López, bien Espejel han marcado su impronta. Ocurrió con el caso Faisán en el que “se rebeló de Prada ante la tenacidad de López que insistía en dejar constancia de que este caso suponía un grave ‛delito’ contra la democracia”, relatan las mismas fuentes no sin expresar “cierto sentimiento de vergüenza” ante la insistencia de López López en su dura acusación.

O el asunto de los vuelos de la CIA en el que fue ponente también Enrique López coincidiendo, casualmente, con la época en que era ministro del ramo el popular Federico Trillo. El caso se archivó en la Audiencia no sin que de Prada expresara su meticulosa opinión jurídica sobre el porqué existía responsabilidad del Gobierno y era preciso exigirla.

Es también ‛culpable’ para esta prensa alineada con una opinión sospechosamente neoliberal, de ‛arropar’ a aquellas instancias que buscan una solución al proceso de paz en el País Vasco.

Quienes le conocen lamentan esta actitud ante la realidad del juez. A él le conceptúan así: “Es un hombre comprometido con el Derecho, con la Justicia, contra la corrupción. Y es fuerte: no consiente la claudicación a la presión política si bien siempre ha sido elegante en su oposición. Tiene un alto perfil profesional y jurisdiccional”, recordaban fuentes próximas al CGPJ.

Según explicó por su parte a ELPLURAL.COM un experimentado jurista “el problema aquí es que frente a la saludable discusión de la aplicación y la interpretación del derecho que se debe producir en todo tribunal profesional, y que este magistrado borda, en este caso nos encontramos con un problema añadido y es la duda sobre si se trata de un tribunal plural”.

En opinión de este veterano letrado “en una sala plural el debate enriquece, pero en este caso, sin ánimo de hacer paralelismos, parte de este tribunal por sus circunstancias podría hacer que al ciudadano le viniera a la cabeza una similitud con lo que se ha denominado históricamente comisariado político. Si eso fuera así, frente a ello el papel de un juez independiente resulta frustrante para él y para la sociedad”.

“De Prada siempre ha sido un juez técnico que sí se ha posicionado a favor de los Derechos humanos, eso es indudable”- comentaba otro jurista próximo al cuerpo de fiscales consultado por este diario- “Observando la Ley por encima de todo y el juicio justo. Un hombre al que hay que demostrarle los hechos. Pero ante la decadencia y la falta de recato a la hora de exhibir posicionamientos que se observa en el entorno, es muy probable que según se acerque el juicio reciba serios ataques. Aparece como la nota discordante en un concierto de voces únicas”.

¿Pueden cambiar las cosas? El presidente de todos los jueces, Carlos Lesmes, lo dijo no hace mucho: No hay motivo para recusar a un juez por haber ejercido el cargo de vocal en el Consejo. Con eso zanjó la discusión sin entrar en detalles y para algunos no bien pensantes quizás pudo dar una idea a la hora de resolver la anunciada recusación contra Espejel y López quienes, por el momento, decidirán el caso de los dichosos papeles y su relación con el PP.

Mientras, el auténtico protagonista de esta historia, Luis Bárcenas,disfruta de sus vacaciones en Baqueira Beret, un anhelado respiro entre tanta disciplina carcelaria. ¿Cavilará con inquietud sobre su futuro el antiguo tesorero del Partido Popular o se sentirá tranquilo y con esperanza en el porvenir? En el western de Henry Hathaway Valor de Ley, la chica le dice al forajido: “Necesita usted un buen abogado”. El pistolero responde tajante: “Lo que necesito es un buen juez”.

http://www.elplural.com/2015/08/13/jose-ricardo-de-prada-un-magistrado-con-fama-de-incorruptible-y-justo-aplicando-la-ley-la-nota-discordante-en-el-caso-barcenas/

EL NOMBRE DEL JEFE DE LA AUDIENCIA DE VALENCIA APARECE EN EL JUICIO A GÜRTEL

Un documento de fiscalía menciona al juez De Rosa como destinatario de un regalo

El entonces consejero de Francisco Camps niega haberlo recibido

El nombre del magistrado Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, ha aparecido en el primer juicio contra la trama Gürtel, que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y se reanuda este martes. De Rosa aparece mencionado como destinatario de un supuesto regalo de la red que dirigía Francisco Correa en un documento aportado como prueba por la fiscalía. El juez, que niega que recibiera el presunto regalo, cava del Penedés, no está acusado ni está siendo investigado en la causa.

El documento en el que aparece el nombre del magistrado, el cargo que ocupaba en la época en el Gobierno valenciano y la dirección de su trabajo forma parte del material incautado por la policía en los registros en oficinas de la red. La Fiscalía lo ha aportado como indicio de la forma proceder de la trama de Correa. Según el ministerio público, el grupo realizaba obsequios "con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de algunos funcionarios públicos y autoridades”.

En las tres páginas del documento, figuran 36 cargos públicos con las señas para dirigirles los regalos y una descripción de los mismos. En el caso de De Rosa, su nombre aparece junto al cargo de consejero de Justicia y la dirección de este departamento de la Generalitat en aquellos momentos, año 2007: “Calle Miguelete, 5, 46001, Valencia”. Al lado figura escrito a mano “Kripta”, una marca de cava de la bodega de Agustí Torelló Mata, del Penedés.

"No tengo ni idea de si se llegó a enviar o si alguien se la quedó. A mí no me llegó. Quien me conoce sabe que no bebo por motivos de salud", asegura De Rosa. "A ese señor no lo conocía, más allá de verlo en actos del partido", afirma el magistrado en referencia a Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en Valencia de la red. Según la investigación, en los apartados del documento en los que aparece escrito "Yo" junto a un nombre y un regalo, como sucede con el de De Rosa, era Pérez el encargado de comprarlo. En otras ocasiones, en vez de "Yo" figura Cándido, que según la fiscalía es Cándido Herrero.

Tanto Pérez como Herrero se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior en el juicio a miembros de la trama, dos exconsejeras del expresidente valenciano Francisco Camps y otros cargos públicos que se retoma este martes, centrado en el supuesto amaño de adjudicaciones DE LA Generalitat relacionadas con la feria Fitur. Pérez se enfrenta a una petición de pena de 10 años de prisión y Herrero, a seis años y medio.

De la relación de 36 cargos públicos del PP que figuran en el documento en el que aparece De Rosa, 14 se encuentran imputados, procesados o condenados en algún procedimiento judicial. Es el caso de Rafael Betoret, entonces jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, sentenciado a pagar una multa y a devolver prendas de vestir en el llamado caso de los trajes.

Antes de optar a la jefatura de la Audiencia, De Rosa barajó presentarse este otoño a presidente del Tribunal Superior valenciano

De Rosa se convirtió en mayo en presidente de la Audiencia de Valencia, lo que generó cierta polémica entre parte de los magistrados de este órgano y otros estamentos judiciales. En su época como consejero de Camps, De Rosa criticó a responsables de investigaciones de casos de corrupción, sobre todo de la fiscalía.

Antes de optar a ese cargo De Rosa barajó, según varias fuentes, presentar su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el órgano que juzga e investiga a los aforados (diputados y miembros del Consell fundamentalmente) de la comunidad autónoma. Al frente de este tribunal se halla ahora Pilar de la Oliva, que en otoño termina su mandato de cinco años. El Consejo del Poder Judicial decidirá si la magistrada continúa u opta por otra persona en el caso de que haya más candidatos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/30/valencia/1440931978_650345.html

LA AUDIENCIA NACIONAL RASTREA EL PATRIMONIO DE ÁLVARO LAPUERTA PARA QUE ABONE TODA SU FIANZA

El extesorero del PP solo ha presentado títulos de una inmobiliaria que no alcanzan ni a la mitad de los 8,4 millones de responsabilidad civil

La investigación se produce en el marco del caso de la caja B del PP, en el que Anticorrupción pide 5 años de cárcel para el antecesor de Bárcenas

Lapuerta ha ejercido de tesorero bueno hasta el final: niega las donaciones irregulares y destaca que el partido reconoce su labor

El extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta ha entregado bienes que no alcanzan ni a la mitad de la fianza de 8,4 millones que le impuso el juez José de la Mata para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil en la causa de la financiación irregular del PP. La respuesta de la Audiencia Nacional ha llegado en una diligencia de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 5, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que ordena que se proceda a “la averiguación de bienes y derechos titularidad del acusado a los efectos oportunos”.

El juez De la Mata dictó auto de apertura de juicio oral el 25 de mayo pasado. En el mismo, establecía la responsabilidad civil subsidiaria que debían satisfacer las cinco personas físicas que se sentarán en el banquillo. Con este tipo de fianza se pretende asegurar las sumas a las que deberán enfrentarse los acusados en el caso de una eventual condena. En el caso de Lapuerta, la cantidad inicial establecida fue de 8.988.559,77 euros, pero un recurso del extesorero logró rebajar la cantidad hasta los 8.411.310,63 euros.

El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP tenía diez días para abonar la fianza y presentó en el Juzgado 320.000 participaciones sociales nominativas emitidas por la entidad Inmobiliaria El Royuelo S.L, a 10 euros el valor nominal de cada una. En teoría, 3,2 millones de euros, cifra muy alejada de la cantidad requerida y que la secretaria del Juzgado, Ana Esther Sánchez García, ha solicitado que sea comprobada por los peritos judiciales de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional. En un decreto, al que ha tenido acceso eldiario.es, Sánchez García pide a los funcionarios que comprueben el valor de esas acciones a fecha de 12 de junio.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Lapuerta por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal en el caso de la caja b del PP. Las limitaciones del Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos y la imposibilidad de demostrar que los empresarios financiaron al PP a cambio de adjudicaciones concretas ha centrado la investigación de la Audiencia Nacional en el pago en b de la reforma de las obras de Génova. Además, Lapuerta y Bárcenas están acusados de quedarse con 209.550 euros de la caja B que iban destinados a la compra de acciones de Libertad Digital.

En su escrito de defensa, el abogado de Lapuerta intenta que su defendido no se siente en el banquillo porque sufre “demencia sobrevenida”. Hasta el final, Lapuerta ha negado la existencia de una caja y ha cargado contra Bárcenas, en sintonía con la tesis promulgada desde Génova. La investigación no pudo acreditar que los visés que aparecen en los papeles de Bárcenas fueran obra de Lapuerta, el otro guardián del dinero en el PP que podría haber corroborado el sistema de financiación irregular que la instrucción finalmente ha dado por acreditado.

Con Lapuerta demente, o al menos aferrado a la tesis del PP, el partido se ha asegurado un apoyo relevante a su tesis de que Bárcenas se aprovechó de él, que el dinero negro le es ajeno y que todo es una trama organizada por el principal imputado para enriquecerse a su costa.

En este tramo final de la causa, el abogado de Lapuerta describe sus 15 años de tesorero (1993-2008), los mismos en los que Bárcenas actuó como su mano derecha en el puesto de gerente: “Mi cliente se sujetó a la disciplina orgánica del partido sin que por razón de su gestión fuera sometido a expediente disciplinario ni, en consecuencia, sancionado, conservando su condición de afiliado. Su gestión ordinaria y presupuestaria fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Partido, conforme previsión estatutaria”. O lo que es lo mismo, lo contrario de lo ocurrido con Bárcenas, apartado con deshonor de la formación.

http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-patrimonio-Alvaro-Lapuerta_0_415059422.html

BÁRCENAS SE MARCHA DE VACACIONES AL VALLE DE ARÁN

El extesorero del PP acude por segunda vez en este año a su chalet de Baqueira Beret embargado por la Audiencia Nacional

Luís Bárcenas ha decidido tomarse unas cortas vacaciones en la montaña para reducir así la canícula estival. Y ha optado por un destino habitual en su vida familiar: el Valle de Arán donde dispone de un chalet de 150 metros cuadrados que le costó un millón de euros.

El inmueble fue abonado en cheques y sin solicitar hipoteca, según consta en la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional. Esta vivienda está situada en la zona más exclusiva de la estación de esquí de Baqueira Beret. La propiedad está embargada por la justicia por lo que no puede venderla ni alquilarla, pero si puede disfrutar de ella, por ahora.

Los abogados de Bárcenas ya han presentado el escrito ante el magistrado José de la Mata. Un escrito en el que señalan que su cliente pasará por los juzgados de Instrucción de Vielha, la capital aranesa, el próximo lunes para estampar su firma en esa sede judicial y cumplir de esta forma con la obligación de personarse ante el juez que le impuso la Audiencia Nacional.

En febrero pasado el extesorero popular ya disfrutó de 14 días de esquí en las pistas de la estación leridana. En esta ocasión será la mitad de tiempo. Solo una semana para regresar a Madrid el 17 de agosto.

http://cadenaser.com/ser/2015/08/07/politica/1438951489_709875.html

MUERE ANTONIO PEDREIRA, EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’

“Si Bárcenas y Balín tiran de la manta, puede tambalearse el Estado”, confesó a su entorno el magistrado durante la instrucción

Antonio Pedreira, el juez que durante casi tres años instruyó el caso Gürtel, falleció este martes tras casi 36 meses hospitalizado en una residencia sanitaria del norte de Madrid aquejado de un accidente cerebral. El magistrado, de 66 años, se lleva a la tumba muchos secretos (y presiones políticas) de los tensos inicios de la instrucción del más extenso sumario de corrupción que ha azotado a España desde la llegada de la democracia.

No fue fácil la instrucción para él. A su delicado estado de salud (tenía serios problemas de movilidad debidos al Párkinson que sufría) se unieron las presiones que recibió desde distintos ámbitos, incluido el político, para que no escarbase demasiado. Pero él no tapó nada: fue durante su etapa como instructor cuando estalló el caso Gürtel en toda su dimensión, con sus ramificaciones en Valencia, Madrid, Castilla-León e incluso Andalucía. Y se multiplicaron los imputados.

Pedreira dio luz verde a todas las pruebas que le pidieron las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell. En más de una ocasión, y por escrito, se quejó ante el secretario de la Sala de lo Penal del TSJM de la falta de medios humanos y materiales de que disponía para instruir una causa que se agigantaba por días, con decenas de informes de la UDEF y la Agencia Tributaria sobre las distintas tramas que gravitaban sobre la Gürtel. Por ejemplo, la de los trajes y regalos de la red al expresidente Francisco Camps y a otros altos cargos del PP valenciano, la supuesta financiación ilegal del partido en esta comunidad, y en la de Madrid a través de Fundescam; los viajes gratis total que pagó la red a numerosos altos cargos populares (la exministra Ana mato entre otros); las actividades de Álvaro Pérez, El Bigotes, o las cuentas del cabecilla Francisco Correa en paraísos fiscales de medio mundo… Y un largo etcétera de flecos (algunos se quedaron sin indagar dada la dimensión que iba adquiriendo el caso) que incluían hasta dádivas con bolsos de Louis Vuitton a la exalcaldesa Rita Barberá.

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Pedreira es el juez que más tiempo tuvo en sus manos el caso Gürtel (casi tres años). Lo asumió después de que Baltasar Garzón, primer instructor de la causa, se inhibiese en favor del Superior de Madrid. Lo hizo tras aparecer implicados tres diputados del Parlamento madrileño (Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco), así como el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado nacional Jesús Merino, entre otros muchos altos cargos populares. Uno de sus momentos más difíciles fue cuando la Sala del TSJM quiso anular las escuchas (acabó haciéndolo con parte de ellas) acordadas por Garzón en la cárcel entre los principales implicados y sus letrados, que Pedreira avaló. La intervención de estas comunicaciones le costaría más tarde la carrera a Garzón.

Cuentan quienes le conocen que la mesa del salón de su casa siempre estaba cubierta de montones de informes policiales y diligencias que se las llevaba allí para analizarlos. Varias plantas más abajo del bloque en el que vivía, tenían su oficina uno de los implicados en la trama, Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Que era vecino de bloque de esta oficina lo supo cuando empezó a investigar el caso. Y también tuvo que lidiar con llamadas del actual embajador en Londres y exministro de Defensa Federico Trillo a un superior suyo del tribunal para que recibiese en su despacho a un abogado del PP, formación que quería personarse como acusación particular en la causa contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Abogados, políticos del PP e incluso algunos acusados intentaron acercarse a él para tratar de influir en sus decisiones. El extesorero Luis Bárcenas fue uno de ellos. Durante el funeral por su madre, Bárcenas vio que Pedreira se hallaba en el templo oyendo misa (era un hombre religioso y casualmente solía acudir a esa iglesia). Y a través del sacerdote intentó contactar con él. Pedreira les tenía imputados a él y a su esposa, Rosalía Iglesias, y el extesorero estaba obsesionado con que ella fuese desimputada. Con el argumento de que, aunque figurase en las cuentas bancarias, toda la operativa la había realizado él. Tras verle en el templo y saber que el juez era asiduo a él, tanto Bárcenas como su esposa aumentaron sus visitas a misa y al confesionario.

“Si tiran de la manta Luis Bárcenas y Blanco Balín [otro de los acusados, y supuesto tejedor de la infraestructura mundial de blanqueo de capitales que tejieron la red Gürtel y otros adinerados empresarios españoles], el Estado puede tambalearse”, contó Pedreira a un conocido. Él ya sabía extrajudicialmente que Bárcenas disponía de una documentación muy comprometida para el PP: sus famosos papeles, los que a finales de enero de 2013 publicó EL PAÍS y que daban cuenta de los sobresueldos pagados con dinero de donaciones de empresas a la cúpula del partido.

Con Pedreira muere “un gran jurista y una gran persona” que, pese a su problema de movilidad, afrontó el asunto “con decisión y fortaleza”, coinciden en señalar jueces de su entorno, que recuerda su generosidad: "Si ibas con él a tomar algo, no te dejaba pagar, siempre lo hacía él". Era un teórico del Derecho. Su casa era un mar de libros de Derecho. Antes que juez, fue jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid, y obtuvo el número uno en las oposiciones a las que concurrió.

Por expreso deseo de su familia, el entierro se realizará en la más estricta intimidad. La misa funeral será en septiembre.

http://elpais.com/elpais/2015/08/12/actualidad/1439405303_430272.html

RECHAZADA OTRA DEMANDA DE AZNAR CONTRA EL PAÍS POR LOS SOBRESUELDOS

La Audiencia de Madrid determina que este periódico acuó con "responsabilidad" para publicar una información veraz

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que el expresidente del Gobierno José María Aznar interpuso contra EL PAÍS por una información en la que se le identifica como el ideólogo del sistema de sobresueldos en el Partido Popular, además de ser uno de los perceptores de los sobresueldos. La Audiencia, que confirma la sentencia que dictó en mayo de 2014 el Juzgado de Primera Instancia de 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), determina que este diario actuó con “diligencia y responsabilidad” para publicar una noticia veraz que prevalece sobre el derecho al honor del expresidente. El tribunal condena a Aznar a pagar las costas del proceso.

No es la primera vez que el dirigente del PP pierde en los tribunales en sus reclamaciones contra este periódico. En abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia 4 de Pozuelo desestimó otra demanda interpuesta contra el EL PAÍS y afirmó que el expresidente no acreditó que el sueldo cobrado del PP cuando ya estaba en el Gobierno era un finiquito

El expresidente del Gobierno demandó a este diario por una información titulada "Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP". La noticia explicaba que el sistema de sobresueldos, según fuentes del entorno de los extesoreros del PP, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero “que no tributase”.

La Audiencia de Madrid recuerda que la información se publicó en un contexto en el que abundaban las noticias sobre la contabilidad del PP y el “destino o distribución de las donaciones recibidas de particulares entre miembros y dirigentes del partido”. “No obstante, intenta aquilatar la noticia llevando a cabo contactos, por un lado, con personas del partido, además de recoger manifestaciones públicas de dirigentes o miembros relevantes. Y eleva la diligencia y responsabilidad hasta el punto de encargar una prueba pericial caligráfica para intentar contrastar, más aún si cabe, la veracidad de la supuesta contabilidad y la posible distribución de las donaciones recibidas por el Partido Popular”, afirma el tribunal.

Los jueces recuerdan que no es misión de los medios “acreditar” los hechos presuntamente ilícitos o delictivos (“labor que reside en el ámbito de los tribunales”, señalan), “sino informar sobre los mismos con la celeridad, diligencia y respeto de quien asume la responsabilidad de ser titular de un medio de comunicación”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438338140_370294.html

DOS JUECES PRÓXIMOS AL PP JUZGARÁN TAMBIÉN EL ‘CASO BÁRCENAS’

Los magistrados López y Espejel están recusados por varias acusaciones de Gürtel

Dos magistrados vinculados al PP juzgarán el caso Bárcenas, en el que se investiga la supuesta contabilidad b del partido. La causa ha recaído, por turno de reparto, en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos últimos juzgarán también la primera parte del caso Gürtel y han sido recusados por distintas acusaciones populares por su supuesta afinidad al PP.

López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional. Dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba en moto sin casco por el centro de Madrid. Él será el encargado de redactar la sentencia, según informaron fuentes jurídicas.

Espejel, que fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, presidirá el tribunal, al ser la presidenta de la Sala. El tribunal lo completará José Ricardo de Prada, miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Por el número que tienen asignadas las diligencias previas del caso Gürtel y todas las piezas derivadas de él, el juicio corresponde siempre a la sección segunda de la Sala de lo Penal, de la que, además de López, Espejel y De Prada, forma también parte el también conservador Julio de Diego. La designación de los miembros del tribunal se produce a través de un procedimiento aleatorio dentro de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que también ha recaído la causa por sorteo.

Cada tribunal lo componen tres de los cuatros magistrados de la sección. Ayer se conocieron los nombres a través de la diligencia de ordenación notificada a las partes por la Sala de lo Penal tras recibir del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional la pieza de los papeles de Bárcenas para su futuro enjuiciamiento.

La recusación de López y Espejel en el caso Gürtel está pendiente de decisión por parte de la Sala de lo Penal. Si prospera, tampoco podrían juzgar el caso Bárcenas, que sentará en el banquillo a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; los responsables del estudio de arquitectura que reformó la sede del PP; y el partido como responsable civil subsidiario.

Las acusaciones populares recusaron a López y Espejel con el argumento de que no cumplen con el criterio de apariencia de imparcialidad, que consiste en que el juez no sólo debe ser ajeno a los intereses de las partes en litigio y estar desinteresado en ellos, sino también parecerlo: que su posición y su actuación no ofrezcan una apariencia razonable de parcialidad.

Las acusaciones recuerdan que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que bastaría “la apariencia de parcialidad para aceptar la recusación”. Y sostienen que la apariencia de parcialidad sería un hecho con Enrique López como ponente y con Concepción Espejel como presidenta del Tribunal que juzgará el caso Gürtel. Entre las causas de recusación tasadas en la ley, el escrito destaca dos: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” y “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”.

La acusación popular recuerda que el PP es “imputado civil” en el caso Gürtel como “beneficiario a título lucrativo” y hay 16 ex altos cargos conservadores que se sentarán en el banquillo acusados de graves delitos de corrupción.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/30/actualidad/1438275608_960188.html

RAJOY SE HA NEGADO 20 VECES A ACUDIR AL CONGRESO A EXPLICAR SU PAPEL EN LA 'TRAMA GÜRTEL' Y EN EL 'CASO BÁRCENAS'

El PSOE ha vuelto a insistir esta misma semana al presidente del Gobierno a que responda ante el Pleno por las causas judiciales abiertas sobre la financiación ilegal del PP, pero la formación conservadora ha bloqueado una vez más su comparecencia.

El PSOE ha vuelto a insistir una semana más, y ya van 20 veces, en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responda ante el Pleno del Congreso por las causas judiciales abiertas sobre la financiación ilegal del PP, los casos 'Gúrtel' y 'Bárcenas', con el objetivo de que aclare, entre otras cosas, si recogió personalmente donativos para el partido procedentes de empresas, pero ajenos a la financiación y la contabilidad oficial de su formación.

Los socialistas ha vuelto a presentar un nuevo escrito en el registro del Congreso muy similar al que entregaron en ocasiones anteriores con la intención de poder solicitar el Gobierno satisfaga esa demanda y Rajoy acuda a la Cámara.

Eso sí, en la nueva petición de comparecencia, el PSOE alude a las amenazas de extesorero del PP Luis Bárcenas, en las que advertía de que aún tiene muchos documentos de los que "tirar" y que puede hacer públicos "en cualquier momento".

Irregularidades desde 1982

En su escrito, el PSOE vuelve a referirse al escrito de defensa del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, un documento en el que el también exsenador del PP reitera y detalla "sistema de financiación irregular" que atribuye al PP desde 1982.

En concreto, destaca que los presidentes y los secretarios generales del partido "recogían donativos de empresas ajenos a la financiación y contabilidad oficial" y que posteriormente, "los gerentes y tesoreros recibían el dinero y la orden de repartirlo en sobresueldos y otros gastos".

"En concreto, asegura que entre junio de 2008 y 2009, no sólo informaba de esas operaciones a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y al actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy; sino también que el propio Rajoy recogió 'algunos donativos importantes'", remarcan los socialistas en el escrito que han registrado.

'No, no y no'

Los socialistas vienen solicitando la comparecencia de Rajoy cada vez que hay una resolución judicial o información relevante sobre los casos que le afectan, pero no llega a concretarse porque sistemáticamente es rechazada por el PP pese a recabar el apoyo del resto de la oposición. En todas ellas pide formalmente su comparecencia para que informe "de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las causas judiciales que afectan al Partido Popular".

En esta, además de hacer referencia al escrito de defensa de Bárcenas también insiste en que ya hay dos autos de apertura de juicio oral contra el PP: "En el denominado 'caso Gürtel', en su condición de partícipe a título lucrativo, y en la pieza separada 'papeles de Bárcenas/Caja B del PP', en la que se atribuye a este partido la comisión de delitos electorales y contra la Hacienda Pública y se acredita que dispuso de una caja B durante diecinueve años.

"Sus responsabilidades"

El PSOE ha insistido que en dichas causas el Partido Popular aparece como responsable civil a título lucrativo. Así, en la petición de comparecencia, el grupo parlamentario socialista subraya que el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel incluye al PP y a la exministra Ana Mato en su condición de partícipes a título lucrativo, y en la pieza separada de los llamados "papeles de Bárcenas" se atribuye al partido "la comisión de delitos electorales y contra la Hacienda Pública y se acredita que dispuso de una caja B durante años".

Los socialistas señalan que desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar estos casos la explicación de Rajoy ha pasado de afirmar que "los investigados eran personas honorables de los que no podía probarse su culpabilidad" a asegurar que el PP "no podía ser considerado como participante de esas actividades delictivas o beneficiario de esa trama, sino como víctima del mismo".

El PSOE recuerda también que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha reiterado y detallado por escrito al juzgado su "sistema de financiación irregular desde 1982", y ha desvelado que los presidentes y los secretarios generales del partido "recogían donativos de empresas ajenos a la financiación y contabilidad oficial".

A pesar de ello, continúa el grupo socialista, "el Gobierno y el PP siguen rechazando semana tras semana" las comparecencias del presidente del Gobierno solicitadas por el PSOE cuando, a su juicio, "cada vez es más inexcusable" que Rajoy comparezca para dar explicaciones sobre sus actuaciones "y responsabilidades políticas".

http://www.publico.es/politica/rajoy-negado-20-veces-acudir.html

BÁRCENAS VUELVE: “ES TANTA LA DOCUMENTACIÓN QUE GUARDAMOS QUE PODÍAMOS ENTREGAR CADA DÍA UNA BOMBA”

El extesorero "merienda" con Raúl del Pozo y le cuenta que tiene 20 veces más grabaciones de las que dio a Ruz

Luis Bárcenas ha vuelto… y no lo ha hecho solo. Le acompañan varias cajas llenas de grabaciones, talones, recibís… y hasta dos nuevos SMS que darían tanto de que hablar como los que le envió Mariano Rajoy pidiéndole aquello de “Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos”. “Es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz“.

Una vez más, el encargado de transmitir las amenazas o los avisos de Bárcenas ha sido el periodista Raúl del Pozo, esta vez en formato merienda con el extesorero y su mujer, Rosalía de Castro, que ha sido trasladada a una largo artículo que utiliza toda la contraportada de El Mundo y parte de la portada.

Una décima parte

En dicha merienda, compuesta por “mini-bocadillos” y una botella de vino, Bárcenas asegura a Del Pozo que “los documentos que se conocen hasta la fecha son apenas una décima parte de los que conserva” y que “guarda la contabilidad total del PP de Madrid y de otras comunidades”.

Sin embargo, el extesorero ya no habla, “contra el criterio de Rosalía”, de cómo “recibía la tela, siempre con políticos -ahora amnésicos- delante de la caja”. “Aquellos nombres que te sorprendieron y que estremecerían al país, posiblemente salgan durante el juicio y también podrían salir las pruebas de la contabilidad paralela y los sueldos en negro”, avisa Bárcenas.

“Cada día, una bomba”

“Es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz”, calcula Bárcenas. De hecho, reconoce que “en los meses anteriores a su entrada en Soto, grabó a todos los enviados, incluidos ministros y compañeros, porque ya no se fiaba de nadie”.

“Te doy mi palabra: hay SMS nuevos, hay cuatro cajas de documentos; tú lo explicaste literariamente con el piolet y el saco de montañista. No hay saco, pero sí hay cajas con grabaciones, correos, teléfonos, talones, recibís”, explica Bárcenas a Del Pozo, haciendo mención a uno de sus famosos artículos sobre el caso.

Nuevos SMS

Antes del juicio, Bárcenas tiene una cita literaria. Prepara un libro que sale en septiembre y que incluye dos nuevos SMS en la línea de los ya conocidos que le envió Rajoy. ” Nosotros -responden- no queremos más que defendernos, no queremos derribar al Gobierno. Si entregamos aquellos SMS era porque nos atacaban. Nos echaron a los leones. Si dije que los papeles de Bárcenas eran falsos, aunque no lo eran, fue por indicaciones del partido. Lo que más les ha perjudicado a Génova ha sido la torpeza para gestionar el caso”, analiza el extesorero.

De hecho, Bárcenas cree que “si Javier Arenas [con el que mantiene una relación de amistad] hubiera llevado el asunto se habría salido del problema”. También cree que “si Gallardón no se hubiera cegado por la ambición las cosas no habrían llegado al extremo que llegaron”. Es decir, le reprocha que no hubiera utilizado su poder como ministro de Justicia para intervenir en la Fiscalía y darle un poco de oxígeno judicial.

La discreción con Rato

“No supieron, no quisieron llevar el asunto con la discreción que se ha llevado lo de Rodrigo Rato, no tuvieron los reflejos de hacer una comisión, de explicar lo del dinero negro como es la práctica habitual de todos los partidos”, añade el extesorero, que no da puntada sin hilo.

http://www.elplural.com/2015/07/20/barcenas-vuelve-es-tanta-la-documentacion-que-guardamos-que-podiamos-entregar-cada-dia-una-bomba/

BÁRCENAS: NI READMISIÓN NI INDEMNIZACIÓN

La justicia da la razón al Partido Popular en el conflicto laboral contra el extesorero y no tendrá que readmitirlo ni indemnizarle por despido porque Bárcenas reclamó fuera de plazo la reincorporación tras su excedencia forzosa

La titular del juzgado de lo social número 31 de Madrid, Carmen López, ha dado la razón al PP en la segunda demanda laboral presentada por el extesorero, Luis Bárcenas, quien reclamaba su readmisión en el cargo o ser indemnizado con 905.000 euros por despido improcedente.

La juez atiende el argumento fundamental del partido respecto a que la petición de reingreso de Bárcenas tras su excedencia forzosa fue "extemporánea". Según la sentencia, emitida un solo día después del juicio celebrado este miércoles, Bárcenas tenía que haber reclamado su reincorporación cuando dejó de ser senador en 2010, y no ahora, cinco años después, con lo que ha expirado de forma sobrada el plazo de un mes establecido por la ley para reclamar la readmisión.

El PP tampoco tendrá que indemnizar por despido improcedente a Bárcenas porque en ningún momento existió despido, sino una "simulación contractual" entre abril de 2010 y enero de 2013, tal y como ha quedado probado en dos sentencias anteriores -dictadas por el juzgado de lo social número 16 de Madrid y el TSJM-, sin trabajo conocido por la que el extesorero percibía 21.300 euros mensuales con dos pagas extra, además de otras prebendas. Esta "simulación contractual" no puede considerarse una "relación laboral" por lo que no cabe una indemnización por despido.

En cualquier caso, esta supuesta irregularidad cometida por el Partido Popular, tal y como ya han sentenciado dos tribunales, es susceptible de sanción por parte de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. En este sentido, tanto el juzgado número 16 en 2014, como el Tribunal Superior de Justicia en mayo pasado, instaron a la Fiscalía, a la Inspección de Trabajo, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, que investigasen el supuesto fraude cometido por el PP, sin que de momento conste acción alguna al respecto. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2015/07/16/tribunales/1437049725_299342.html

EL JUEZ DE LA MATA RECHAZA "DE PLANO" EL INTENTO DE BÁRCENAS DE ANULAR EL CASO DE LA CAJA B

Niega que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales y que IU deba ser expulsada porque presentó su escrito de acusación a tiempo

De la Mata reprocha a la defensa de Bárcenas que utilice una argucia para intentar rebatir los indicios contra el extesorero sin esperar al juicio

Bárcenas se quejaba de los "excesos" de la acusación popular en sus escritos y comparaba el supuesto error de IU con el que cometió Falange con Garzón

El juez del caso de la financiación irregular del PP, José de la Mata, ha rechazado “de plano” la petición de la defensa de Luis Bárcenas de anular la causa, vinculada a la supuesta presentación fuera de plazo del escrito de acusación de Izquierda Unida. En su escrito, los abogados del extesorero acusaban a las acusaciones de cometer "excesos" y alegaban que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su defendido.

Ahora, el sucesor de Pablo Ruz explica a la defensa de Bárcenas que se ha dejado llevar por un error de interpretación de sus ‘oponentes’. Fue la propia Izquierda Unida la que solicitó al juez presentar su escrito, una vez subsanados errores, en las horas posteriores a que finalizara el plazo. De la Mata asegura en su último auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que Izquierda Unida no estaba fuera de plazo porque tenía un día para volver a presentar un escrito y éste empezó a contar al día siguiente de ser notificado el auto del juez a través de la plataforma digital habilitada para los procuradores. Por tanto, y en contra de lo que pensaba la propia IU, el escrito se presentó a tiempo.

Los abogados de Bárcenas habían sido especialmente duros en la presentación del incidente de nulidad. Aseguraban que Izquierda Unida había incurrido en el mismo error que Falange en el proceso que se siguió en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por querer investigar el genocidio franquista. “Debe advertirse en este punto la paradoja de que, dos partidos políticos tan antagónicos, en ejercicio del derecho a la acusación popular, hayan incurrido en el mismo vicio procesal”, se podía leer.

El sucesor de Ruz también fue objeto de sus críticas. La defensa de Bárcenas exigía al juez que corrigiera “una serie de excesos y defectos” en los que incurrirían los escritos en los que las acusaciones realizan la solicitud de condena para el extesorero del PP y el resto de imputados en la pieza denominada ‘papeles de Bárcenas’. Como si echaran de menos a Ruz, los abogados escribían: “El cambio de magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción no puede romper la unidad de criterio ni la unidad de actuación, por cuanto que ello conduciría a la inseguridad jurídica de las partes”.

De la Mata, un juez con fama de garantista y pulcro en sus resoluciones, explica a los abogados de Bárcenas que el incidente de nulidad es un mecanismo previsto en la ley si hay indicios de que se han vulnerado los derechos fundamentales del acusado “siempre que no haya podido denunciarse antes” de que una resolución ponga fin al proceso y siempre que ésta no pueda ser objeto de recurso. “No es el caso”, concluye el juez.

Primero, porque el auto de apertura de juicio oral que se recurre no es el final del proceso. Y segundo, porque la cuestión siempre puede plantearse en la primera jornada del juicio oral, en el apartado dedicado a las cuestiones previas, como el propio auto de apertura de juicio ya indicaba. En cuanto a la tercera cuestión, la diversidad de acusaciones populares, De la Mata dice a los abogados de Bárcenas, en consonancia con el fiscal, que han tenido tiempo para plantear esa cuestión, pero lo han hecho en el momento equivocado, al recurrir un auto que no aborda tal cuestión.

"Soslayar una prohibición"

De la Mata no deja pasar la oportunidad para devolver el golpe: la intención última de la defensa del abogado de Bárcenas es rebatir los hechos que se presentan contra su acusado en el auto de apertura de juicio oral, a pesar de que la ley no prevé recurso alguno en ese sentido. “La representación del promotor pretende simplemente soslayar esta prohibición legal articulando por esta vía excepcional su disconformidad con los pronunciamientos nucleares de esta resolución, tanto fácticos como jurídicos. La pretensión tampoco por esta razón puede admitirse a trámite”, escribe el juez De la Mata.

El fiscal Antonio Romeral solicita cinco años de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental en el caso de la 'caja B' del partido, así como otros 18 meses para el exgerente, Cristóbal Páez. Las acusaciones populares contra las que cargaba el escrito de la defensa de Bárcenas elevan bastante esa petición: Adade solicitaba 25 años de cárcel para el extesorero; IU, 19; y Observatori Desc, 31 años.

Pero sobre los escritos de acusación flota otra cuestión que ha estado presente durante toda la instrucción, la implicación de altos dirigentes del PP. Izquierda Unida debió reformar su escrito porque pedía sentar en el banquillo a Ángel Acebes, a pesar de que Ruz había levantado la imputación al exsecretario general. De la Mata reprendió a IU y le dio un día para que reformara su escrito de acusación ajustándose a los “términos legales”.

La formación política también pide la declaración como testigos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Observatori Desc optó por pedir que se cite como testigos a Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, a los que califica como “los máximos responsables” de la caja B. De aceptar la Audiencia Nacional su testimonio, los tres podrían incurrir en falso testimonio ante las evidencias de la existencia de una financiación irregular en el partido durante al menos dos décadas. Ninguno de ellos puede sentarse en el banquillo porque el juez no encontró indicios suficientes para imputarlos durante la instrucción.

http://www.eldiario.es/politica/Mata-rechaza-intento-Barcenas-anular_0_409109623.html

EL PP ACUSA DE "CORRUPTELA" AL JUEZ DEL 'CASO BÁRCENAS' CON FRASES COPIADAS DE UN ESCRITO DE LA INFANTA CRISTINA

Argumentos parecidos, idénticas frases. El Partido Popular (PP) ha presentado en el 'caso Bárcenas' un recurso de queja a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la última decisión del juez José De la Mata de mantener la fianza civil de 1,2 millones de euros que le impuso el pasado mes de mayo como responsable civil subsidiario de las actividades del extesoreroy de los otros dos empleados de la formación procesados, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz. Para ello, el abogado de los 'populares' esgrime los mismos argumentos que el pasado mes de enero utilizó otra imputada célebre: la infanta Cristina de Borbón. Génova 13 llega a usar las mismas frases de un escrito presentado el pasado mes de enero por la hermana del Rey ante la Audiencia Provincial de Palma. Entre ellas, algunas literales con las que la esposa de Iñaki Urdangarín acusaba de "corruptela" al magistrado José Castro.

El abogado del PP utiliza para cargar contra De la Mata las mismas palabras que emplearon los defensores de la hermana del Rey para atacar al juez Castro en el 'caso Nóos'

El recurso de queja de los 'populares', que firma como abogado el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, es uno de los últimos cartuchos de la formación política para evitar tener que sentarse en el banquillo como responsable civil subsidario por el supuesto pago en negro de las obras de remodelación de su sede central en Madrid. El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es, de hecho, un duro ataque contra el magistrado De la Mata, cuyos conocimientos jurídicos pone en duda al no permitir recurrir el auto de apertura de juicio oral en el que se le impuso la millonaria fianza. En este sentido, el PP considera que el juez ha cometido "una 'corruptela' de la interpretación del ordenamiento jurídico", grave acusación que copia literalmente del recurso que los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva presentaron en su día contra el instructor del 'caso Nóos'.

No es la única coincidencia entre ambos textos. En el mismo párrafo, el abogado del PP acusa al sustituto de Pablo Ruz de "vedar la posibilidad de recurso" a la fianza civil mediante "una interpretación contraria a la tutela judicial efectiva, al derecho de de defensa (al vulnerarse los principios de audiencia y contradicción) y a la propia coherencia y finalidad del ordenamiento jurídico procesal", con palabras que reproducen casi milimétricamente el texto de los defensores de la hermana del Rey. Una similitud que refleja la coincidencia de ambas defensas en la principal línea argumental esgrimida por una y otra, ya que coinciden en que los autos de apertura de juicio oral tanto del 'caso Bárcenas' como del sumario de Nóos, en los que se fijaron las millonarias fianzas para PP y la infanta, son recurribles en cualquier momento procesal. De la Mata y José Castro niegan esa posibilidad legal.

La 'confusión' del juez

No obstante, no todo es un calco del texto de defensa de la infanta. Así, el letrado de los 'populares' llega a afirmar que el sustituto de Pablo Ruz "se confunde" en el auto con el que echó por tierra el primer recurso que el partido presentó ante la imposición de la fianza de responsabilidad civil, a la vez que presume del "conocimiento que esta representación letrada ostenta del derecho aplicable, tanto material como procesal" en comparación con el propio magistrado. De hecho, los quince folios del recurso de queja, dirigido a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que éstos rectifiquen la decisión de De la Mata, son una sucesión de citas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de pronunciamientos de otros tribunales que, en opinión del defensor del PP, respaldan su posición.

El letrado de Génova 13 vuelve a esgrimir la 'doctrina Botín' para evitar el juicio y la fianza civil de 1,2 millones de euros que le impuso el magistrado en mayo

Los 'populares' también aprovechan el escrito para reiterar brevemente los argumentos jurídicos que utilizaron en su primer recurso para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados y que rechazó el juez De la Mata en el auto que ahora ha provocado el nuevo escrito. Entre ellos, se encuentra la 'doctrina Botín' que, aunque el PP no menciona expresamente en esta ocasión, ocupa otra vez un lugar destacado en su línea de defensa. Al igual que en su día hizo la infanta Cristina, el PP considera que el fallo del Tribunal Supremo que en 2008 evitó que el banquero fuera juzgado debe servir para rechazar las petición de pena que sólo defienden las acusaciones populares por el impago del Impuesto de Sociedades de 2008 correspondientes a las donaciones ilegales de aquel ejercicio. En este sentido, también recuerda que allí donde primero Ruz y luego De la Mata vieron una infracción penal por no declararlas, la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, otro organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) no vieron ninguna irregularidad entre otros motivos porque pusieron "fuertemente en entredicho" la veracidad de los llamados 'papeles de Bárcenas' que destaparon la supuesta caja B del partido.

http://vozpopuli.com/actualidad/65250-el-pp-acusa-de-corruptela-al-juez-del-caso-barcenas-con-frases-copiadas-de-un-escrito-de-la-infanta

TRAMPAS” EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES EN EL TRIBUNAL DE LA GURTEL: ESPEJEL CUANDO QUIERE, DELEGA

A la magistrada no le interesó presidir el lunes el juicio contra un presunto etarra y lo hizo otro juez

Concepción Espejel, presidenta de la Sección II de la Audiencia Nacional ejerce su autoimpuesta potestad de presidir todos los juicios de su sala cuando le parece bien y así lo hizo el pasado lunes en la causa contra el presunto etarra José Antonio Ayestarán. La magistrada que estableció la norma de presidir personalmente todos los casos, delegó en otro juez, Ángel Hurtado, para que ocupara su puesto en este juicio. Fuentes jurídicas comentaban a ELPLURAL.COM que ante las recusaciones presentadas por el caso de corrupción que tiene conmocionado al PP, “bien podría Espejel delegar también. Si se hace “trampa” en un caso, en los demás también se puede”.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lo dejó claro a principios de esta semana: “no se puede ser recusado por haber sido vocal”, dijo. Ante estas palabras, no es probable que ni Concepción Espejel, que fue vocal del Consejo por decisión del Partido Popular en el Senado, ni su compañero de Sala y también designado para el TC y el CGPJ por los parlamentarios del PP, Enrique López López, abandonen, por causa de la recusación presentada, la posibilidad de juzgar a los imputados de la Gürtel.

Aviso a navegantes judiciales
Esta declaración del presidente de todos los jueces fue realizada en un desayuno convocado por la agencia Europa Press. Para las diversas fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM, sus palabras vienen a ser “un aviso a navegantes”, es decir a otros magistrados. “Una forma de ‛sugerir’, digamos, un punto de vista a la hora de tomar una decisión sobre la recusación solicitada”.

Lesmes les reafianza
¿No sería más sencillo que Espejel, ante las críticas suscitadas si no desea abstenerse delegase en otro juez como hizo en el caso Ayestarán, evitando en su caso la recusación? Probablemente las palabras de Lesmes reafiancen tanto a la presidenta de la Sección II como al juez Enrique López López para continuar en el tribunal de la Gurtel.

Los criterios de designación
No se puede olvidar que una de las primeras cosas que cambió Espejel cuando llegó a la presidencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue el sistema de normas de reparto de su sala. Ese método marca los criterios con los que se decide qué tres jueces formarán cada tribunal.

La “ley” de Espejel
Antes de Espejel los tribunales se presidían de forma rotatoria y quien fuera el presidente de la sección no tenía como obligación presidir todos los juicios. Los cinco miembros del tribunal rotaban. Si le tocaba al presidente, presidía él, si no lo hacía él, le correspondía al magistrado más veterano. Espejel cambió este protocolo decidiendo presidir en persona todos los casos.

Con la Gurtel al fondo
Casualmente, ya se sabía que a la sección de la magistrada, para quien la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal solo tiene palabras de afecto y publico elogio, iba a corresponder el caso Gurtel. Sin duda esta condición garantizaba que la propia Espejel presidiría el juicio.

También se puede hacer “trampa”
Sin embargo, quien hizo la ley, también puede hacer “la trampa”, como se vio en el juicio de Ayestarán. Así pues, las opciones para Concepción Espejel si no se admite la recusación, que Lesmes parece no considerar, se amplían: abstención o delegación. En cualquier caso, dos buenas salidas.

http://www.elplural.com/2015/07/11/trampas-en-la-designacion-de-jueces-en-el-tribunal-de-la-gurtel-espejel-cuando-quiere-delega/

LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ LA SUERTE DE COTINO, COSTA Y RAMBLA

El Tribunal Supremo devuelve la rama valenciana de Gürtel al juzgado que ocupó Garzón

La rama valenciana del caso Gürtel, la causa judicial que forzó la salida de la política de la cúpula que dirigía el PP valenciano en la etapa del expresidente autonómico Francisco Camps, se juzgará en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha zanjado en una resolución conocida este lunes el último enfrentamiento que mantenían el Tribunal Superior valenciano y la Fiscalía Anticorrupción.

El único juicio que se verá en Valencia será el que ya ha comenzado, referido a las adjudicaciones a empresas de la trama de Francisco Correa relacionadas con la feria Fitur. Entre las cinco piezas separadas que se verán en la Audiencia Nacional están las dos centradas en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decidió enviar hace unos meses a la Audiencia Nacional las otras cinco piezas separadas que componen la rama local de Gürtel. Los jueces consideraron que al no quedar ningún diputado imputado (llegaron a ser ocho de la bancada popular solo en este caso), no podían seguir manteniendo la causa. La competencia del TSJ valenciano sobre un asunto se basa en que alguno de los implicados sea aforado, una figura reservada principalmente a diputados autonómicos y miembros del Consell.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso y recurrió al Supremo. El ministerio público alegó que al haber empezado ya el juicio de Fitur (pieza número 3) en el TSJ, el resto de piezas quedaban ancladas al mismo órgano judicial al considerar que se trataba de un "único procedimiento". El alto tribunal desestima ahora el argumento al pronunciarse sobre otra de las piezas (la 5, que ha investigado contratos presuntamente fraccionados para adjudicarlos a dedo). Y establece un razonamiento que se aplicará a todas las demás.

El Supremo recuerda en la resolución hecha pública este lunes que el caso Gürtel ya se encuentra dividido, principalmente entre la Audiencia Nacional y el TSJ valenciano después de haber recalado, entre otros tribunales en el Superior de Madrid. "Nada pues aconseja vincular la suerte de la competencia a la inicial conjunta incoación de un único procedimiento. Ni nada aconseja mantener la unidad de éste", indica el alto tribunal.

Las piezas separadas vuelven al juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Garzón inició las pesquisas judiciales

El TSJ valenciano ha instruido en los últimos años seis piezas separadas del caso Gürtel, además del llamado caso de los trajes en el que Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa fueron exonerados por un jurado, y el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret condenados por cohecho impropio tras admitir los hechos.

La presunta actividad delictiva de la trama Gürtel en Valencia, en connivencia con varios consejeros de Camps y la dirección del PP regional, incluyó supuestamente el amaño de un contrato de 7,4 millones de euros de Canal 9 vinculado a la visita del Papa; la financiación irregular del partido; el fraccionamiento artificial de contratos, y delitos fiscales de empresas y cabecillas de la trama.

El juez instructor del caso en Valencia, José Ceres, ha concluido la investigación de todas las piezas confirmando los indicios contra los imputados, salvo la del Papa, que sigue abierta. La responsabilidad de acabar de instruir esta pieza y la decisión de abrir o no juicio oral contra los imputados recaerá en el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Este ha ocupado la plaza de Baltasar Garzón, instructor inicial del caso.

Principales cargos valencianos implicados en Gürtel

• Francisco Camps. Expresidente valenciano. Absuelto.
• Vicente Rambla. Exvicepresidente de la Generalitat. Procesado.
• Juan Cotino. Expresidente de las Cortes Valencianas. Imputado.
• Milagrosa Martínez. Ex presidenta de las Cortes. Está siendo juzgada.
• Ricardo Costa. Ex secretario general del PP valenciano. Procesado.
• Angélica Such. Exconsejera. Está siendo juzgada.
• Manuel Cervera. Exconsejero. Procesado.
• Alicia de Miguel. Exconsejera. Procesada.
• Luis Rosado. Exconsejero. Procesado.
• Yolanda García. Extesorera del PP valenciano y exdiputada. Procesada.
• Cristina Ibáñez. Exgerente del PP valenciano. Procesada.
• David Serra. Exvicesecretario de Organización del PP valenciano y exdiputado. Procesado.
• Víctor Campos. Exvicepresidente de la Generalitat. Condenado.
• Rafael Betoret. Ex jefe de protocolo de la Consejería de Turismo. Condenado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/27/valencia/1438001770_010525.html

BÁRCENAS IMPLICA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A FRAGA, HERNÁNDEZ MANCHA, AZNAR Y RAJOY

El extesorero afirma en su escrito de defensa por el caso de la Caja B del PP que los presidentes del partido recibían "desde 1982 hasta 2008" las "donaciones ajenas a la contabilidad" tanto de Alianza Popular como del Partido Popular y las entregaban a los tesoreros. Los secretarios generales "impartían las instrucciones" respecto a los sobresueldos

El extesorero del Partido Popular Luíz Bárcenas a su salida de la Audiencia Nacional.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha presentado su escrito de defensa en el caso de la Caja B del PP al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En el texto, Bárcenas traslada la responsabilidad por la financiación ilegal a todos los presidentes que ha tenido la formación política desde 1982, al asegurar que tanto ellos como el resto de órganos de dirección "eran plenos conocedores del origen y destino de los importes recibidos en concepto de donaciones".

Asevera que se trataba de un "sistema de financiación perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo, correspondiéndole a Bárcenas como gerente el papel de mero amanuense". Asegura Bárcenas que Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy, conocían que recibían financiación de empresas al margen de la contabilidad oficial, e incluso eran los principales responsables de recoger los donativos y trasladarlos a los tesoreros.

Así, Bárcenas relata que entre 1982 y 1986, "las máximas instancias" de Alianza Popular, presidida entonces por Fraga, creó las sociedades SIPSA, OPISA, Hermógenes y Hernández Carretero, para "recibir ingresos por donativos". Unos "donativos" que eran "recibidos fundamentalmente por Manuel Fraga Iribarne", quien los entregaba al secretario general o al tesorero. Bárcenas sostiene que en aquellos años, Fraga llevaba "directamente la relación con la CEOE", para pedir dinero a los empresarios.

Esas sociedades fueron liquidadas por el extesorero, también procesado, Ángel Sanchis. En su escrito, el extesorero dice que entre 1987 y 1987, siendo presidente Antonio Hernández Mancha, "el secretario general abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en la cual se ingresaban los donativos, disponiéndose de los fondos, sin integrar dicha cuenta en la contabilidad de Alianza Popular".

Aznar y Rajoy
Bárcenas afirma que durante 1989 y 1990, "las donaciones las recibían el presidente" José María Aznar, "y el secretario general" Francisco Álvarez Cascos, quienes las entregaban al tesorero "que además gestionaba con empresarios aportaciones para el partido".

Para ello, recuerda Bárcenas, se constituyeron las sociedades Ibérica de Firmes, Videosoluciones y Ediciones Conosur, con las que "facturar a las empresas que aportasen donativos".

Fue durante 1990, recuerda Bárcenas, cuando el extesorero Rosendo Naseiro "empezó a ingresar en una caja ajena a la contabilidad oficial los donativos en efectivo que recibía el partido". Cuando Naseiro dejó la tesorería por el caso de financiación ilegal que lleva su nombre, fue Aznar, según Bárcenas, quien dio "instrucciones para liquidar" esas sociedades, "encargándose" de ello Miguel Blesa.

Entre 1990 y 1996, el extesorero sostiene que las donaciones eran recibidas por el secretario general, Francisco Álvarez Cascos, y en algunos casos el exterorero Lapuerta. Bárcenas añade que entre 1996 y 2004, siendo presidente Aznar, coordinador de la secretaría general Ángel Acebes, y secretario general Javier Arenas, "normalmente eran los secretarios generales quienes ponían a los donantes en contacto con el tesorero Lapuerta".

De hecho, afirma Bárcenas, "es durante el mandato de Arenas como secretario general cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la sede central del Partido".A partir de 2004 y hasta 2008, siendo presidente Mariano Rajoy, "salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente", el resto de la gestión correspondía a Lapuerta.

Luis Bárcenas dice que los secretarios generales eran informados "puntualmente" de las "cantidades recibidas y del nombre de los donantes" cuando llegaban al tesorero nacional. En este sentido, asegura que en el periodo durante el que ocupó la tesorería, desde "junio de 2008 a 2009", reportó al respecto "con ese mismo criterio" a las "dos personas de las que dependía jerárquicamente: el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal".

Los sobresueldos
Bárcenas afirma que los supuestos sobresueldos ilegales cobrados históricamente en el PP "fueron establecidos en 1990 por las máximas instancias del partido". El extesorero apunta a Aznar en esa decisión inicial, y sostiene que las variaciones anuales posteriores eran ordenadas por los secretarios generales a los tesoreros, quienes también "impartieron instrucciones" para seguir pagándolos cuando Aznar ganó las elecciones en 1996, y cualquier sobresueldo a un miembro del Gobierno, era incompatible.

http://cadenaser.com/ser/2015/07/02/tribunales/1435829353_248389.html

BÁRCENAS METE A SU AMIGO JAVIER ARENAS DE LLENO ‘EN EL LÍO’

Según el escrito del abogado del extesorero, fue con él de secretario general "cuando empresarios andaluces comienzan a donar fondos"

El escrito de defensa que ha presentado el abogado de Luis Bárcenas ante la Audiencia Nacional, como hemos informado en crónica anterior en ELPLURAL.COM, es un ‘tirón de la manta’ en toda regla. Eso se ve con dejar vagar los ojos por sus 62 páginas. Pero luego, cuando se lee con más cuidado, deteniéndose en párrafos, se concluye una cosa aún más peligrosa para el Partido Popular y quienes lo han dirigido desde su creación: el extesorero ha desbordado cualquiera barrera. Para él, ya no hay amigos intocables. Y en este sentido, por lo mucho que les unía, quizás ninguna de las barreras rottas resultes tan significativa como la que ha quebrado Bárcenas con la ‘sutil’ alusión que hace a Javier Arenas.

Bárcenas, y sus amigos y enemigos en Génova
Hagamos historia. En sus declaraciones ante Pablo Ruz, si hay algo que no dejaba dudas era que Bárcenas tenía ‘amigos’ y ‘enemigos’ dentro del partido. Que a los primeros procuraba en todo lo que resultara posible no citarles, y si tenía que hacerlo porque no había otra, lo hacía sin entrar en grandes detalles. Es el caso de Francisco Álvarez Cascos, por ejemplo, sobre el que siempre pasó como de puntillas. Era hasta hoy el caso de José María Aznar. Por contra, resulta evidente que, por ejemplo, con María Dolores de Cospedal mostraba menos.., mucha menos, delicadeza.

Pero si había alguien a quien había ‘protegido’ Bárcenas hasta ahora había sido a Javier Arenas. El actual vicesecretario general para asuntos territoriales del PP fue durante los difíciles años 2010 y 2011 del arrinconamiento del extesorero, el interlocutor más cercano a él. Como escribió en su momento Casimiro García-Abadillo, “Arenas quiso asumir dentro del PP el papel gestor del caso Bárcenas, dada su proximidad con el extesorero, con quien compartió bastantes más cosas que partidos de pádel en Marbella”.

De los partidos de pádel quedó prueba. Una foto al menos. De ‘las otras cosas’ a las que se pudiera referir el exdirector de El Mundo, no constan. Pero sí que hay constancia de que Arenas medió y mucho por el bien de Bárcenas.

Pruebas de una amistad a prueba de imputaciones

Por ejemplo, cuando Cospedal forzó la salida de Bárcenas al ser éste imputado por la trama Gürtel, Arenas fue quien más luchó porque el extesorero continuara manteniendo su elevado sueldo, pagas extras incluidas (en ELPLURAL.COM les mostramos los extractos bancarios en los que así se demostraba) , en lo que luego se ha conocido como ‘el despido en diferido’. Bien es verdad que en este asunto les unía la enemistad de los dos, Arenas y Bárcenas, contra Cospedal (Arenas sí que fue un muy íntimo amigo de Cospedal en un tiempo, Bárcenas nunca).

Pero también Arenas estuvo presente, como cuarta pata del banco y amigo de confianza de Bárcenas, en la no menos publicitada reunión en Génova del extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, con el propio Rajoy. Una reunión de la que dio pelos y señales a Ruz, cuando declaró ante el juez que “en marzo de 2010″ acudieron a la sede nacional del PP para reclamar al presidente del partido que en esa condición presionara a Cospedal para que “dejara de intoxicar a la prensa contra él“. Reunión en la que Bárcenas se llevó, según sus palabras, lo único que podía darle entonces Rajoy “cariño, que me lo dio, y poco más”.

Y aún volvió a demostrar Arenas su aprecio por Bárcenas cuando la dirección ‘popular’ en pleno decidió querellarse contra su extesorero al conocerse los llamados ‘papeles Bárcenas’, en los que quedaba constancia de la entrega de sobresueldos en negro por parte de la tesorería a buen número de los dirigentes de Génova. Pues bien, entonces, quien más se resistió a firmar el escrito de denuncia fue Arenas.

Pero ya con el pie en el estribo del juicio, Bárcenas rompe con todo y todos

En fin, hay no pocos testimonios de Javier Arenas en los que insistía con perseverancia de amigo-amigo, y en ELPLURAL.COM los recogimos http://www.elplural.com/2013/02/02/javier-arenas-y-barcenas-un-amor-roto/, en los que insistía en alabar a Bárcenas, aunque éste ya estaba imputado. Inolvidable aquel “yo creo en la inocencia de Bárcenas, en su decencia y en su profesionalidad”, con el que el líder andaluz protegía a su amigo en una entrevista para el grupo Joly.

Pero en el último momento, ya con el pie en el estribo del juicio, Bárcenas ha cortado toda amarra. Y así, en la página 24 de las 62 de su escrito, el abogado del extesorero escribe este párrafo que capturamos y reproducimos:

Un testimonio que parece de pasada…, pero que deja señalado de repente a Arenas, con quien como secretario general “distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la Sede Central del Partido”.

http://www.elplural.com/2015/07/02/barcenas-mete-a-su-amigo-javier-arenas-de-lleno-en-el-lio/

BÁRCENAS INSISTE EN QUE EL PP SE FINANCIÓ ILEGALMENTE DESDE SU ORIGEN

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha insistido hoy en que la formación conservadora se financió ilegalmente al menos desde 1982, cuando todavía era Alianza Popular, y hasta al menos 2008, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. En su escrito de defensa por el caso de la caja b del partido, Bárcenas ha detallado las diferentes etapas del sistema “institucionalizado” de financiación ilegal del PP, y ha sostenido de nuevo que “los órganos de dirección y gestión” del partido eran “plenos conocedores” del origen y destino de los importes recibidos en concepto de donaciones. El extesorero viene insistiendo en esta tesis desde, al menos, abril del año pasado.

Desde que Luis Bárcenas reconociera en junio de 2013 ante el juez Pablo Ruz que era el autor material de los papeles en los que se llevaba una contabilidad paralela, el extesorero ha mantenido que no es responsable directo de la caja b del PP sino que tan solo obedecía órdenes y que el sistema de financiación ilegal, conocido por todos los que fueron presidentes y secretarios generales del PP, existía antes incluso de la fundación del partido, con la formación de Alianza Popular que dirigía Manuel Fraga, y continuó hasta 2009, cuando estalló el escándalo. Para demostrar estos hechos, Bárcenas llegó a declarar ante el juez Pablo Ruz que en el PP existían empresas tapaderas que él mismo tuvo que disolver y aportó documentación sobre estas circunstancias. El magistrado consideró que estos hechos, ocurridos hace más de 20 años, estaban prescritos.

La caja b afecta, según Bárcenas, desde la época del fundador, el fallecido Manuel Fraga. En esos años, “Alianza Popular venía utilizando distintas sociedades, Sipsa, Opisa, Hermógenes, Hernández Carretero, constituidas por las máximas instancias del partido que se utilizaban para recibir ingresos por donativos”. Estas empresas, recuerda Bárcenas, fueron constituidas por la dirección del partido y fueron disueltas por el entonces tesorero Ángel Sanchis. Bárcenas apunta en su escrito que entre 1982 y 1986, los donativos a AP “eran recibidos fundamentalmente” por Fraga, que llevaba “directamente” la relación con la patronal CEOE.

Entre 1987 y 1988, durante la presidencia de Antonio Hernández Mancha, Bárcenas sostiene que el entonces secretario general, Arturo García Tizón, “abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en la cual se ingresaban donativos, disponiéndose de los fondos, sin integrar dicha cuenta en la Contabilidad de Alianza Popular”.

Entre 1989 y 1990, Bárcenas acusa a José María Aznar y al exsecretario general, Francisco Álvarez Cascos, de recibir las donaciones. Posteriormente se las daban al tesorero, Rosendo Naseiro, quien, además, “gestionaba con empresarios aportaciones para el Partido”. Bárcenas recuerda que Naseiro constituyó tres sociedades “para facturar a empresas que aportasen donativos”. Asimismo, afirma Bárcenas, Naseiro “empezó a ingresar en una caja ajena a la contabilidad oficial los donativos que recibía en efectivo. El efectivo remanente de dicha caja cuando el Sr. Naseiro deja la Tesorería, constituye el primer apunte de los denominados “papeles de Bárcenas”.

Al abandonar Naseiro la tesorería, tras ser imputado por la financiación ilegal del PP en 1990, Aznar da la orden de liquidar las sociedades instrumentales, labor de la que se encarga el despacho de Miguel Blesa, amigo de Aznar en su época de las oposiciones a inspector de hacienda y posterior presidente de Caja Madrid. En abril del año pasado declaró que tras la detención del extesorero Rosendo Naseiro, en 1990, recibió los ocho millones de pesetas (48.000 euros) que constan en el primer asiento de la contabilidad paralela. Según él, el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, hoy al frente de Foro Asturias, le ordenó guardar el dinero negro como hasta entonces.

Bárcenas sigue en su escrito la línea habitual de desvincular a Aznar de la gestión directa de los donativos a partir de 1990. Entonces los fondos los recibían, según él, los secretarios generales y en algunos casos el tesorero Álvaro Lapuerta. Entre 1996 y 2004, Bárcenas detalla que el secretario general Javier Arenas “ponía a los donantes en contacto” con Lapuerta. “De hecho es durante el mandato como Secretario General de D. Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la Sede Central del Partido”, afirma Bárcenas.

Sin embargo, Bárcenas no tiene el mismo miramiento con el actual presidente del partido. Según su escrito, entre 2004 y 2008, la consecución de los donativos la hacía Lapuerta, “salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente”, Mariano Rajoy. Por último, desde junio 2008 a julio de 2009, época en la que Bárcenas accede al cargo de tesorero “disminuyen notablemente los donativos de empresarios que venían ayudando al Partido Popular”, asegura.

Ya en junio de 2013, a preguntas reiteradas del juez Ruz, Bárcenas había asegurado que todos los presidentes y todos los secretarios generales del PP, en las sucesivas etapas, conocían que había donaciones en efectivo por encima de los límites legales.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/01/actualidad/1435777342_225839.html

LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA IMPUTAR A RAJOY, COSPEDAL Y ACEBES POR LA 'CAJA B' DEL PP

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal sí avala los "claros y contundentes indicios" que probarían una mordida de 200.000 euros por un contrato de basuras en Toledo

La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la 'caja B' de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su "intervención o interferencia" en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Así consta en tres autos dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en los que se rechazan los recursos de apelación presentados por cinco acusaciones (PSPV, IU, Observatori DESC, Manos Limpias y ADADE) y cuatro defensas contra el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz en el que proponía juzgar a Bárcenas, Lapuerta y otras cuatro personas en esta pieza separada del 'caso Gürtel'.

De esta manera, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros 'populares', el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

Cospedal y Acebes, exculpados

El auto en el que se resuelve el recurso presentado por IU y los cuatro colectivos sociales que presentaron la querella que inició la investigación, el tribunal señala que la imputación de Cospedal y Acebes resulta "reiterativa e ineficaz" porque sus declaraciones como testigos ya se celebraron "con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento".
En el banquillo de los acusados se sentarán los dos extesoreros; Cristóbal Páez, Gonzalo Urquijo; Belén García; y Laura Montero.

A este respecto, en la resolución en la que se resuelve el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), los magistrados señalan que "en el momento actual no han aparecido nuevos datos, elementos indiciarios o revelaciones distintas" que permitan reconsiderar su exoneración en esta causa.

En este sentido, apuntan que a lo largo del procedimiento se han detallado "hasta la saciedad" los indicios delictivos atribuidos a los imputados, "sin dar entrada a terceros ajenos a esa participación, que no se cubre acudiendo a determinados cargos ostentados en la formación política".

Avala la mordida de Toledo

La Sala también avala la decisión del juez Ruz de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, este contrató se concedió como contrapartida a una donación.

A juicio del tribunal, existen "claros y contundentes indicios" de la existencia de "entregas en efectivo" por un montante de 200.000 euros que Bárcenas entregó al gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha", José Ángel Cañas, "cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr-Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007".

La Sección Cuarta destaca los "claros indicios de responsabilidad criminal" que obran en la causa contra Bárcenas

De esta forma, la Sección Cuarta avala que los juzgados de la capital castellano-manchega investiguen al exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas; al entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo José Manuel Molina y al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía, Manuel Manrique.

Indicios contra Bárcenas y Lapuerta

En relación con los recursos de los acusados, la Sección Cuarta destaca los "claros indicios de responsabilidad criminal" que obran en la causa contra Bárcenas por delitos fiscales y de apropiación indebida, al tiempo que recuerda a Lapuerta que la situación de "demencia sobrevenida" en la que asegura encontrarse será "resuelta" por el tribunal "antes o durante el juicio oral".

En su auto de marzo, Ruz también consideraba al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y por el pago en negro de 1,5 millones a la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

http://www.publico.es/politica/audiencia-nacional-rechaza-imputar-rajoy.html

LAPUERTA EJERCE DE TESORERO BUENO HASTA EL FINAL: EL PP LE ALABA Y ÉL NO SABE NADA DE UNA CAJA B

El escrito de defensa del extesorero recuerda que su gestión fue avalada por el comité ejecutivo y que él nunca ha sido expulsado

Su abogado pide que no se siente ni un solo día en el banquillo del juicio por la caja B porque sufre "demencia sobrevenida" y no puede defenderse

La caja B del Partido Popular era un sistema de financiación irregular que nutrió a la formación al menos en las últimas dos décadas y que, con el conocimiento y el impulso de sus dirigentes, manejaron desde 1990 y hasta 2008 dos personas: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Estas son las conclusiones a las que llegó, en grado indiciario, la investigación de la Audiencia Nacional. El primero ha descrito y aportado pruebas de la caja B desde la misma fundación del PP. El segundo tiene 87 años, su abogado dice que no está en condiciones de sentarse en el banquillo y, por si acaso, niega saber de la existencia de una caja B, al tiempo que recuerda que el PP siempre ha defendido su gestión.

Estas son las líneas principales del escrito de defensa de Álvaro Lapuerta, al que ha tenido acceso eldiario.es. Su abogado, Cristóbal Martell, aspira a que el anciano no llegue a sentarse en el banquillo de los acusados y pide a la Audiencia Nacional que confirme que no está en condiciones antes de las cuestiones previas, las que se solventan en la primera sesión de la vista oral. Lapuerta, dice el letrado, sufre “demencia sobrevenida”, es incapaz de comprender la acusación que se dirige contra él y no podría “autodefenderse” en el juicio.

La supuesta incapacidad de Lapuerta ha sido un argumento de la defensa del imputado durante toda la instrucción. Por más que el antecesor de Bárcenas en la tesorería aportase informes médicos, el juez Pablo Ruz insistía en llamarle a declarar. Ante el magistrado, Lapuerta se limitaba a leer un papel que traía escrito, negando todas las acusaciones, y se acogía a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción no ve diferencias entre Lapuerta y Bárcenas en el caso de la financiación irregular: pide 5 años de cárcel para cada uno por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.

Lapuerta es el hombre que, según Bárcenas, escribía el visé a las aportaciones de dinero negro por parte de los empresarios. Pero el trazo de aquellas ‘v’ es tan genérico que la Policía científico tuvo que concluir que cualquiera podría haberlas escrito. “Mi mandante no rubricó los visés que figuran en la supuesta contabilidad del Partido Popular”, aprovecha ahora para escribir su abogado, que pide la declaración de los policías que realizaron esos exámenes.

Con Lapuerta demente, o al menos aferrado a la tesis del PP, el partido se ha asegurado un apoyo relevante a su tesis de que Bárcenas se aprovechó de él, que el dinero negro le es ajeno y que todo es una trama organizada por el principal imputado para enriquecerse a su costa.

En este tramo final de la causa, el abogado de Lapuerta describe sus 15 años de tesorero (1993-2008), los mismos en los que Bárcenas actuó como su mano derecha en el puesto de gerente: “Mi cliente se sujetó a la disciplina orgánica del partido sin que por razón de su gestión fuera sometido a expediente disciplinario ni, en consecuencia, sancionado, conservando su condición de afiliado. Su gestión ordinaria y presupuestaria fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Partido, conforme previsión estatutaria”. O lo que es lo mismo, lo contrario de lo ocurrido con Bárcenas, apartado con deshonor de la formación.

Ya en las declaraciones como testigos de los exsecretarios Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, y la actual, María Dolores de Cospedal, los tres se escudaron en el desconocimiento o en la su incapacidad para recordar cuestiones de la financiación del partido, que, en cualquier caso, dijeron que correspondían a Álvaro Lapuerta. El extesorero ya alegaba no encontrarse en condiciones de declarar. Al tiempo que señalaron a Lapuerta, los responsables del PP aludieron en sus declaraciones, una y otra vez, a la “honorabilidad” el anciano extesorero.

La investigación ha concluido que Álvaro Lapuerta se quedó con 286.000 euros de la caja B del PP en una operación de compra de acciones de Libertad Digital en plena campaña de la teoría de la conspiración del 11-M por parte del medio conservador. Pero el partido, que niega la existencia de la financiación irregular, nada exige a Lapuerta. Otra circunstancia que su abogado aprovecha para el escrito de defensa: “Nadie ha re clamado, ni al Partido Popular ni a nuestro patrocinado, en ejercicio propio del dominius o titular real, el líquido de la operación de ven a para autocartera de Libertad Digital, como tampoco lo ha hecho el Partido Popular a mi mandante”.

El abogado Martell, además del testimonio e informes de los policías, invoca el de los forenses para el juicio, así como la versión del PP de que Lapuerta no se quedó con un céntimo. Asimismo, asegura que su cliente no autorizó pago alguno a la empresa que reformó Génova. En la línea de comunión con el partido, alega que el PP “no tenía obligación legal de presentar la autoliquidación” del ejercicio 2008, ejercicio para el que todavía no ha prescrito el delito fiscal.

Martell recuerda que Lapuerta ha sufrido un ictus y dos traumatismos craneoencefálicos, a consecuencia de sendas caídas, según dijo en su momento la familia. Una de esas caídas se produjo en "extrañas" circunstancias, una versión aireada por la familia de la que nunca se ofrecieron más detalles. Lapuerta, añade el abogado, “solapa datos y fechas, confunde nombres y situaciones y, lo que es más importante, no alcanza a comprender los contenidos del objeto de incriminación y su desvaloración jurídica”.

http://www.eldiario.es/politica/Lapuerta-tesorero-PP-reconoce-trabajo_0_405959821.html

BÁRCENAS PIDE LA NULIDAD DEL CASO DE LOS PAPELES POR 'VULNERARSE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES'

Apunta a que los escritos de acusación están 'formulados en términos inadmisibles'

Pide que 'se inadmita el escrito de acusación de IU' y que se expulse del procedimiento

El ex tesorero del PP ha presentado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita la nulidad del procedimiento denominado papeles de Bárcenas al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

El ex senador popular argumenta que en este caso fueron admitidos como acusación contra él "Izquierda Unida y otros fuera de los plazos judicialmente otorgados".

Asimismo, considera que el juzgado ha admitido escritos de acusación "formulados en términos inadmisibles, con inclusión de elementos ambiguos así como hechos que son objeto de enjuiciamiento en otros procedimientos". A su vez, recuerda que "no se han podido determinar indicios de que los donativos" reflejados en la contabilidad B manuscrita "tuvieran una intención finalista o se aplicaran para fines distintos de los señalados" y solicita de nuevo el sobreseimiento de la causa.

Por todo ello, Bárcenas pide al juez a través de sus letrados Francisco Maroto y José Fernando Lozano que se "inadmita el escrito de acusación de Izquierda Unida, teniéndola expulsada del procedimiento", "limite los escritos de calificación a los exclusivos hechos contenidos en el auto de transformación de procedimiento abreviado" y "acuerde unificar las acusaciones populares bajo una sola defensa, evitando el abuso del derecho a la acusación popular".

http://www.elmundo.es/espana/2015/06/30/559264fde2704ea26e8b4575.html

EL JUEZ REBAJA EN 577.249 EUROS LA FIANZA IMPUESTA A UNIFICA POR LA REFORMA DE LA SEDE DEL PP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procedido a rebajar la fianza impuesta a Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede del PP, en 577.249 euros, ya que en la cifra total se incluía también cantidades correspondientes a un ejercicio fiscal que había prescrito y otros en los que la cuantía no alcanzaba el mínimo para ser delito fiscal.

En su auto, el magistrado rechaza los recursos presentados por los acusados contra la apertura de juicio oral, pero accede a la petición de la Fiscalía, Unifica y sus administradores, Gonzalo Urquijo y Belén García, de rebajar de su fianza de responsabilidad civil lo correspondiente a los ejercicios del impuesto de Sociedades de 2006, por haber prescrito, y del impuesto de sociedades de 2008 y 2009, por no alcanzar la cifra necesaria para que se hubiera cometido un delito fiscal.

Por un error de la fuente informante en un principio se informó de que esta reducción también afectaría a la fianza impuesta al PP, pero sólo tiene repercusión en la impuesta a los seis acusados por dichos delitos fiscales: Gonzalo Urquijo, Belén García, Laura Montero y los ex tesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el ex gerente de esta formación Cristóbal Páez.

Bárcenas no ha respondido

Fuentes jurídicas señalaron que los acusados ya han respondido sobre las cantidades que les fueron impuestas en concepto de responsabilidad civil al abrirse juicio oral. El único de ellos que no ha respondido al requerimiento ha sido Bárcenas, por lo que el magistrado procederá a averiguar qué bienes posee para proceder su embargo. Se le reclamaban 8,9 millones de euros, aunque con la rebaja sufrida hoy, se queda en 8,3.

Por su parte, su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, al que se solicitaba la misma cantidad, ha aportado acciones por valor de más de tres millones. El ex gerente del partido Cristóbal Páez ha aportado bienes inmuebles y acciones por esa cantidad, aunque ahora el juzgado tendrá que comprobarlo.

La empresa Unifica alega que ha aportado bienes muebles, inmuebles y acciones que aseguran que cubre el total de lo que se le reclama a la propia empresa, a Urquijo, García y a su empleada Laura Montero.

Por su parte, el partido ha respondido que, como responsable civil subsidiario, sólo tendrá que responder por lo que dejen de pagar los responsables directos del delito, por lo que habrá que esperar a comprobar las cantidades aportadas por los acusados para determinar si tiene algo que aportar. En el auto de apertura de juicio oral la cantidad que se le fijó ascendió a 1,2 millones euros.

http://www.elmundo.es/espana/2015/07/01/5593ef59268e3eaf6d8b4584.html

EL JUEZ DE LA MATA DENIEGA CONCEDER A BÁRCENAS UNA ASIGNACIÓN DE 600 EUROS

Es la cuarta vez que el extesorero o su mujer reclaman sin éxito que les suban la cantidad de la que pueden disponer para su manutención

El juez José de la Mata, que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, ha denegado otorgar una asignación de 600 euros a favor de Luis Bárcenas, el extesorero del PP imputado por múltiples delitos vinculados a la corrupción.

El extesorero manejó durante 20 años una caja b del PP en la que ingresaron más de ocho millones de euros. Durante ese tiempo amasó una fortuna de casi 50 millones de euros que ocultó en Suiza. Ahora, según explicó al juez su abogado, necesita 600 euros al mes para vivir tras salir de la cárcel, donde pasó 574 días en prisión preventiva. Bárcenas vivió durante años con unos ingresos mensuales de 20.000 euros que le pagaba el PP. Mantuvo ese sueldo incluso cuando estaba ya imputado por corrupción y el partido había prescindido supuestamente de sus servicios pero le pagaba una nómina y le ponía despacho, chófer y secretaria.

Desde que el juez descubrió su fortuna suiza gracias a la información facilitada por los bancos Dresdner Bank y Lombard Odier, Bárcenas tiene graves dificultades financieras porque tiene sus cuentas suizas bloqueadas y su patrimonio conocido embargado por la Audiencia Nacional para asegurar la reparación del daño causado en caso de que sea condenado. Es un multimillonario bajo sospecha pendiente de dos juicios que pueden dejarle preso y en la indigencia.

Bárcenas solicitó a finales de mayo al juez José de la Mata una ampliación de la cantidad asignada a la familia –de 300 euros a 900- para su manutención. Es la cuarta vez que lo intentan él o su esposa en los últimos meses y la cuarta que se estrellan contra el criterio del instructor, apoyado siempre por la Fiscalía Anticorrupción."Las circunstancias personales no pueden ser las mismas debido a la variación de la situación personal de libertad provisional bajo fianza que se encuentra el señor Bárcenas", alega su abogado. "Sería necesario un aumento de tal asignación para gastos propios ya que hay un miembro más en la familia que necesita diariamente alimentación y gastos propios".

El juez sostiene que no se han acreditado "elementos que justifiquen el incremento de sus gastos mensuales" y recuerda que Bárcenas y su familia han hecho desplazamientos, supuestamente en referencia al viaje a Baqueira para pasar unos días en el chalé que la familia posee en ese lugar, "sin que conste en la causa la insuficiencia económica de la unidad familiar para hacer frente a los mismos"

Los abogados de Bárcenas, tanto el anterior Javier Gómez de Liaño, como el actual, Francisco Maroto, insisten en pedir este aumento desde hace casi dos años sin que, hasta ahora, haya tenido ningún resultado.

Unos meses después del ingreso de Bárcenas en la cárcel, Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, solicitó al juez Pablo Ruz que desbloquease las cuentas para que pudiera sacar 5.000 euros al mes con los que atender a los gastos de su vivienda, de su marido encarcelado, de su manutención y de la de su hijo.

Ruz consideró excesiva esa cantidad y la rebajó a 300 euros. Desde entonces, los abogados de la pareja no han dejado de presentar escritos en la Audiencia pidiendo un aumento en la asignación.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/01/actualidad/1435777342_225839.html

EL PP EN ANDALUCÍA SE RESISTE A PUBLICAR LAS CUENTAS DE LA ETAPA DE ARENAS

Silencio ante las acusaciones de Bárcenas de importantes donaciones de empresarios andaluces a la caja B. El líder andaluz sigue esquivando todas las balas del extesorero

No hay ninguna intranquilidad y las cuentas del Partido Popular ya están publicadas. Esta es la respuesta oficial desde el PP andaluz después de que su secretaria general, Loles López, haya mostrado la disposición de la dirección regional a publicar las cuentas del partido. Ese anuncio fue poco después aclarado. No hay intención de mostrar las cuentas anuales de Andalucía y toda publicación de datos seguirá centralizada y en manos de Génova. En su último escrito de defensa, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, vuelve a poner en aprietos a Javier Arenas. Esta vez sostiene que durante su etapa como secretario general llegaron las grandes donaciones de empresarios andaluces a la caja del partido. La respuesta del PP andaluz vuelve a ser la misma. Ninguna. Las sombras sobre esa etapa siguen siendo respondidas con un sepulcral silencio.

Desde que estalló el caso Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP han sido muchas las ocasiones en las que Javier Arenas, que sigue ejerciendo su poder en Andalucía con permiso de Juan Manuel Moreno Bonilla, le han salpicado las acusaciones de Bárcenas. Recién premiado de nuevo como senador por la comunidad autónoma y después de que Mariano Rajoy dejara claro en los últimos cambios en la cúpula que el todopoderoso andaluz sigue siendo un intocable, Arenas sigue mostrando una calculada indiferencia sobre la mayoría de las acusaciones vertidas por el extesorero. Y el PP andaluz tampoco ha tenido hasta ahora nada que decir al respecto. Una estrategia que, de momento, les ha funcionado.

El PSOE, acuciado por escándalos como los ERE, los cursos de formación o las presuntas irregularidades en la mina de Aznalcóllar, y después de que la oposición en bloque haya anunciado comisiones de investigación en el Parlamento andaluz sobre estos últimos casos, intenta de nuevo enchufar el ventilador. Los socialistas han anunciado que pedirán una investigación en la Cámara autonómica sobre la presunta financiación ilegal del PP y las ramificaciones de la trama Gürtel en Andalucía. Confían en que Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida secunden su iniciativa y apliquen la misma vara de medir con socialistas que con populares. Es la bala que les queda para tratar de neutralizar sus propios escándalos.

Ante esta situación, el PP andaluz no tiene un plan diseñado. Se limitan a mostrar tranquilidad y desmentir la palabra de un imputado, como se refieren a Bárcenas. No está claro que esa huida hacia delante les vaya a servir esta vez en un Parlamento con nuevos actores políticos. Arenas, que declaró como testigo hace ya dos años, aseguró en agosto de 2013 que “jamás” supo de la contabilidad B del PP ni de donaciones ilegales. “Me llevé una gran sorpresa con los famosos papeles”, dijo entonces. Poco se ha movido desde esa declaración judicial en la que defendió, además, que todos los sobresueldos cobrados eran legales y declarados a Hacienda. El dirigente andaluz fue secretario general del partido desde 1999 a 2003 y durante décadas en Andalucía no se ha movido una hoja sin su consentimiento.

Las reuniones grabadas o los amigos imputados

El extesorero del PP siempre ha defendido que en su comunicación con Mariano Rajoy, Arenas ha sido la pieza clave. Él estaba en la reunión celebrada en un despacho de Génova con Bárcenas su esposa, Rosalía Iglesias, en marzo de 2010 en la que Rajoy pactó su salida del partido manteniendo chófer, sueldo y despacho. No solo lo ha contado el responsable de las cuentas del partido durante años sino que también lo declaró ante el juez la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para dejar claro que ella se enteró de aquel acuerdo ocho meses más tarde. Arenas solo ha explicado que fue una cita “amistosa”, “más humana que política”.

No fue la única vez que se vio con el extesorero. Hay otra reunión misteriosa celebrada en diciembre de 2012 en un conocido restaurante de Sevilla, vecino de la sede del PP andaluz. Según Bárcenas, en aquel encuentro informó a Arenas de que tenía una cuenta en Suiza con 48 millones de euros. Incluso su abogado trató de inquietar al dirigente andaluz deslizando que existía una prueba de aquella conversación. La supuesta grabación de aquel almuerzo nunca ha visto la luz, pero fuentes del PP admiten que es “muy probable” que exista. Estas declaraciones han rozado de lejos a Arenas, que además de tener gran habilidad política cuenta con una especie de escudo protector que lo dota de total inmunidad dentro del partido. Nadie hasta hoy en Andalucía ha alzado la voz para pedir explicaciones por el papel del expresidente y el apoyo de Rajoy es también total.

No son las únicas informaciones comprometidas para el actual vicesecretario de Política Autonómica y Local. Un informe de la UDEF señaló que la trama Gürtel había operado en Andalucía bajo el paraguas de quien fue su jefe de prensa y uno de sus más estrechos colaboradores, Isidro Cuberos, imputado en la trama por supuestamente actuar como comisionista en los contratos del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 investigados por la justicia. La pieza de la exregidora jerezana, María José García Pelayo, sigue adelante tras las sospechas en la adjudicación de varios trabajos a las empresas de Francisco Correa por valor de 355.391 euros y donde el juez advierte de “groseras irregularidades”. La también senadora está ahora mismo pendiente de si la imputa el Supremo. Es la pieza que ha llegado más lejos tras investigarse ramificaciones de la trama Gürtel en Granada, Estepona o Alhaurín.

Álvaro Pérez, el Bigotes, solicitó por carta a Arenas en 2003 su mediación para que se abonaran las deudas pendientes con sus empresas. También los cabecillas de la trama se dirigieron a otro hombre muy cercano a Arenas, el diputado por Almería Juan José Matarí. Todo más allá de las fotos de los partidos de pádel en Marbella en los que el dirigente andaluz era habitual con Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote o el propio Bárcenas, que en el entorno de Arenas sigue rebajando a la categoría de “anécdota”.

Desde que el actual presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, llegó al poder sólo se ha movido una ficha en relación con las supuestas ramificaciones de la Gürtel en Andalucía. La exalcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso, fue retirada como candidata tras ser procesada por recibir un bolso de Loewe de un imputado en la trama y presunto testaferro de Correa. Su versión de que era “un regalo amoroso” no frenó la apertura de juicio para indagar si vendió su voto en una moción de censura que permitió que siguiera gobernando un partido independiente en esta localidad sevillana.

Todo lo demás sigue igual. Como estaba desde 2009 cuando la trama Gürtel comenzó a salpicar al PP andaluz y a su principal referente. Arenas ha logrado superar todos estos años casi impertérrito. Si cuando estalló el escándalo dio orden de responder a cada denuncia de la oposición con una querella, después la estrategia política pasó directamente por ignorar todos estos casos. Hasta ahora le ha servido. Si el Supremo decide finalmente imputar a María José García Pelayo, quizás algo cambie. El PSOE, acosado por sus propios escándalos, no ha logrado erosionar al presidente de honor del PP andaluz, que sigue departiendo con los presidentes provinciales a la vista de todo el mundo en los patios del Parlamento andaluz. Los socialistas llevan años pinchando en hueso. Ahora vuelven a repetir estrategia.

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2015-07-07/el-pp-en-andalucia-rehuye-las-sombras-en-su-financiacion-en-la-etapa-de-arenas_916246/

EL TSJCV SEGUIRÁ INVESTIGANDO LA VISITA DEL PAPA PESE A LA AUSENCIA DE AFORADOS

El juez continuará su labor sobre las contrataciones de RTVV dentro de la pieza 4 mientras el Supremo resuelve el recurso pendiente sobre la competencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado al juez instructor de la pieza 4 del caso Gürtel --relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana por la visita del Papa en 2006 a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias-- a continuar investigando y realizando la diligencias que considere oportunas mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación pendiente sobre la competencia al no haber ya aforados en la causa, tras las renuncias de los exdiputados del PP Ricardo Costa y Yolanda García.

Así figura en un auto de 3 de julio, en el que el TSJ valenciano justifica esta decisión en la voluntad de evitar una "dilación indebida" en la actuación judicial, ya que el trámite que debe dirimir el Supremo "puede llevar alrededor de un año".

En el auto se recuerda que el pasado mes de marzo, ante la pérdida de la condición de aforados de Ricardo Costa y Yolanda García, se declaró la incompetencia del TSJCV para conocer la causa, una resolución contra la que recurrieron tanto el ministerio fiscal como el exdirector general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García, imputado en la misma.

Asimismo, el instructor, José Ceres, ante la "eventualidad" de que pudiera declararse su incompetencia, acordó suspender cualquier decisión sobre la continuidad de la instrucción, decisión que también fue apelada por el fiscal, aunque no se admitió el recurso por una cuestión formal. Tras ello, en una providencia de 29 de mayo, habiendo tenido conocimiento de que contra la decisión de la sala declarando su incompetencia pende un recurso de casación, y a la vista de la dilación que pudiera comportar, decidió plantear a las partes si resultaba conveniente continuar la investigación y abrió el correspondiente período de alegaciones.

Presentaron sus argumentos varios imputados, en concreto Pedro García y el exsecretario general de RTVV Juan Prefaci --favorables a paralizar la instrucción hasta la resolución definitiva del recurso ante el TS-- y Luis Sabater, exjefe técnico del ente, que, por contra, abogó por continuar la práctica de diligencias.

La causa queda en un "limbro procesal"

Una vez recibidas las alegaciones, el juez elevó a la sala la consulta de si debía o no continuar con sus actuaciones. Al respecto, la sala responde que, aunque se ha declarado incompetente, "su resolución no va a tener una trascendencia práctica en tanto no resuelva el Tribunal Supremo, lo que supondrá que la causa quede en una suerte de limbo procesal, ya que ni queda bajo la competencia de esta sala, ni del juzgado a favor del cual nos hemos inhibido".

"Lo que implicará --prosigue el escrito--, con el fin de no determinar un perjuicio para la misma, o sencillamente una dilación indebida para las partes, ya que la experiencia nos enseña que este trámite perfectamente puede llevar alrededor de un año, que resulte pertinente que el instructor continúe con la práctica de aquellas diligencias que le resulten pertinentes y útiles a tales fines, ya que es lo que nuestras leyes procesales preconizan en todas aquellos supuestos en que existe una cierta indeterminación de competencia o jurisdicción".

Como conclusión, y en respuesta a la consulta de Ceres, el TSJCV cree que resulta "pertinente autorizarle a que pueda llevar a cabo todas aquellas diligencias de investigación o de mero carácter instructorio que entienda pertinentes y útiles al desarrollo de la causa y cuya omisión pudiera determinarle a su juicio una dilación indebida, en tanto se resuelve el recurso de casación pendiente sobre la competencia de esta sala".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/07/tsjcv-seguira-investigando-pieza-4/1287893.html

UNA ACUSADA DE GÜRTEL SOBRE EL BIGOTES: “ERA UN HOMBRE ORQUESTA”

Jordán admite irregularidades en los contratos con la Generalitat valenciana por Fitur

Las adjudicaciones reportaron a la red cinco millones de euros a las empresas de Correa

Una exempleada de las empresas de Francisco Correa ha admitido este jueves, en el primer juicio a la trama Gürtel, una irregularidad en la contratación entre Orange Market, filial de la red en Valencia, con el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Isabel Jordán, exadministradora de una de las empresas de Correa, ha afirmado que aunque Orange Market fue quien ganó los concursos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón del Ejecutivo valenciano en la feria Fitur entre 2005 y 2009 por cinco millones de euros, esta sociedad “subcontrataba” a su vez a otra mercantil de Correa, Easy Concept, para realizar los trabajos. Algo prohibido por la ley.

Jordán era administradora de Easy Concept, empresa con sede en Madrid. El acuerdo consistió en que Orange Market y Easy Concept se repartirían “al 50%” el “beneficio final de Fitur y de otras ferias”. “¿Sabe usted que está prohibida la subcontratación en este tipo de concursos públicos con la Administración?”, le ha preguntado el fiscal Jesús Carrasco. “No”, ha contestado Jordán. “¿Está usted segura de que no lo sabía?”, ha insistido el ministerio público. “No”, ha respondido la acusada, que se enfrenta a una petición de prisión de seis años y tres meses.

En el juicio se examina el supuesto amaño de los cinco concursos públicos para organizar la presencia de la Generalitat valenciana en Fitur ganados por Orange Market. Uno de los negocios más lucrativos de la trama. En el banquillo de los acusados se sientan 13 personas, entre ellas los presuntos cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, y las exconsejeras valencianas de Turismo Milagrosa Martínez, conocida por la trama como La Perla, y Angélica Such.

En el sumario del caso Gürtel consta una conversación grabada, que hoy ha vuelto a ser reproducida, en la que se oye a Jordán afirmar: “He pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente [valenciano Francisco Camps]. Tengo yo la factura, yo lo he pagado”. En el llamado juicio de los trajes, en el que Camps fue absuelto por cinco votos contra cinco por un jurado, Jordán se desdijo de aquellas palabras y negó que hubiera abonado prendas de ropa. El jurado destacó ese desmentido en el texto en el que expresó su decisión absolutoria.

La acusada ha negado este jueves a preguntas del fiscal que tuviera conocimiento de la existencia del “grupo empresarial” de Francisco Correa, tal y como figura en documentos intervenidos por la policía. Pero sí ha admitido que existían diversas “empresas del señor Correa” que colaboraban entre sí.

Al explicar la labor de los miembros de estas empresas, Jordán ha descrito a Álvaro Pérez –el “amiguito del alma” de Camps según se indica en otra grabación del caso Gürtel-, como “un hombre orquesta” que “diseñaba, hacía el compendio de los eventos, hablaba con los proveedores y se encargaba de la parte comercial".

Jordán ha mantenido que su propia labor era la de “producción de eventos”. Y que fue “administradora meramente formal” de una sociedad de Correa Easy Concept, a petición de Pablo Crespo, considerado por la investigación número dos de la red. Jordán ha afirmado que se lo pidieron después de que “se publicara un artículo en Interviú” en el que se relacionaba a la empresa “con el Partido Popular”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/02/valencia/1435833663_051969.html

EL ‘ALBONDIGUILLA’ USÓ BONOS CHINOS DE HACE 80 AÑOS PARA BLANQUEAR DINERO

La UDEF afirma que en 2013, con las cuentas bloqueadas por su imputación judicial, el exalcalde de Boadilla empleó a un testaferro para comprar bonos chinos anteriores a la época de Mao Zedong que solo tienen validez en Suiza. Un simple método de blanqueo, según la UDEF

Es el último informe de la UDEF sobre el caso Gürtel remitido al juez De la Mata el pasado dos de julio. El exalcalde del PP en Boadilla, el “albondiguilla” Arturo González Panero, ha seguido disponiendo de capitales y moviéndolos después de que la Audiencia le haya bloqueado sus cuentas y negocios, a raíz de su imputación en 2009.

Negocios complejos y de intrincada ingeniería financiera como el descrito en su informe, que fue ejecutado en 2013. Según la UDEF, el albondiguilla, mediante la utilización de un testaferro, adquirió bonos chinos de 1937 sin posibilidad de canje en ningún mercado convencional. Bueno, en ninguno no, solo tienen validez en un país: Suiza, uno de los destinos preferidos para el clan de imputados de la trama.

Los bonos chinos del Albondiguilla, anteriores a la época de Mao Zedong – quien se convirtió en presidente de la República Popular China en 1949 -, son una simple tapadera para blanquear capitales, según la UDEF. En su informe, los agentes relatan otros negocios inexistentes llevados a cabo por el exalcalde y su exmujer, Elena Villarroya, para blanquear y evadir capitales cuando ya estaba imputado en la Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2015/07/09/tribunales/1436459695_390935.html

ENRIQUE LÓPEZ FIGURA DESDE 2008 COMO VOCAL DE LA FUNDACIÓN WOLTERS KLUWER CON EL ‘POPULAR’ MICHAVILA

Ha coincidido con defensores de la 'Gürtel' como Luis Rodríguez Ramos o Adolfo Prego del 'caso Bárcenas', en los actos que organiza

Enrique López López, magistrado de la Sección 2 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que será ponente en el caso Gürtel ha figurado hasta ahora junto a José María Michavila ex ministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar como vocal en el patronato de la Fundacion Wolters Kluwer desde su constitución en el año 2008. Con ellos, entre otros vocales, el juez de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Es decir, desde hace casi siete años, Michavila y López han compartido la actividad de la Fundación que suma jornadas, cursos en la Universidad Rey Juan Carlos, y los premios La Ley, a los que durante diferentes ediciones ha asistido el magistrado quien también figura como fundador del Observatorio para la Justicia de la misma Fundación

Además de este premio para profesionales y especialistas en Derecho, la Fundación colabora en la organización de cursos en la Universidad Rey Juan Carlos. También aquí coinciden magistrados y populares. Por ejemplo, el 5 de julio de 2010, Enrique López disertó sobre el tema Los controles judiciales en los nuevos sistemas de vigilancia dentro del curso de verano titulado El gran hermano nos vigila: ¿seguridad o recorte de libertades?

Con Francisco Granados
Justo una hora antes de su conferencia, López pudo intercambiar impresiones en la inauguración del acto con Francisco Granados entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid quien hoy se ve encarcelado por su posible relación con la trama Púnica. Granados había sido invitado a inaugurar solemnemente el evento.

Acebes en el consejo asesor
Hace ya algunos años que entre los miembros del Consejo Asesor de la empresa matriz, Wolters Kluwer, aparece el nombre del ex ministro de Justicia José María Michavila y con él se encontraba entre otros, el del también ex ministro Ángel Acebes. Desde diciembre de 2011 hasta el 5 de febrero de 2015, José María Michavila ha presidido la división Wolters Kluwer Formación. De la relación de López con Michavila y Acebes, dejó constancia, Pilar Ferrer, periodista de La Razón (medio en el que el magistrado suele escribir) en un perfil realizado con motivo de su nombramiento para el Tribunal Constitucional.

Su gran mentor
Dice así: “Su salto a la notoriedad le vino en el año 2001, cuando entra en el CGPJ, a propuesta del PP. Fue su gran mentor el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, con quien ha mantenido una estrecha amistad, al igual que con Federico Trillo y Ángel Acebes. Atractivo, seductor y con una buena capacidad para las relaciones públicas, Enrique López fue un estupendo portavoz del CGPJ, hasta ser destinado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

Lo de Quintanilla
Otra de las actividades de la Fundación es la organización de seminarios. En febrero de 2010, con el caso Gürtel en plena ebullición, José María Michavila celebró unas jornadas en Quintanilla de Onésimo. Así lo reseñó en El País el periodista de tribunales Julio Martínez Lázaro: “El evento, recogido ampliamente por el diario Expansión, fue organizado por el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila”.

Jueces y abogados Gürtel
“Al mismo asistieron los magistrados del Supremo Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, los de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco y el catedrático de Derecho Penal y vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, defensor de varios de los implicados en la trama Gürtel, directamente o a través de abogados de su despacho”.

La reforma de la LeCrim
Continuaba el periodista: “Según el citado diario, Rodríguez Ramos urgió la reforma del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el precepto sobre el que se fundamentan las escuchas en prisión avaladas por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira”.

Ramos y las escuchas
“Con el caso Gürtel como telón de fondo, detallaba Expansión, Rodríguez Ramos cargó contra ese artículo que autoriza la intervención judicial de comunicaciones porque ‛otorga unas facultades de discrecionalidad tan amplias al juez que no existe seguridad jurídica y no se protege el derecho a la intimidad de las comunicaciones y de los datos que resulten de estas comunicaciones’”, explicaba el excelente profesional Martínez Lázaro.

La cabeza de Garzón
Para entender el interés de esta intervención del vicedecano del ICAM Rodríguez Ramos, hay que recordar que apenas un mes antes, los abogados José Antonio Choclán, defensor de Francisco Correa, y Juan Ignacio Vergara, que representaba a imputados en el caso Gürtel, habían reclamado a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid que “a la mayor brevedad” cumpliera su propio acuerdo de presentar una querella contra el juez Baltasar Garzón. Pedían su cabeza por “espiar ilegalmente” en prisión, las comunicaciones de esos letrados con sus clientes. A lo que se ve, Rodríguez Ramos había recogido el guante.

Un maridaje difícil de entender
Lo que no resulta fácil de comprender para los foráneos, es decir, la sociedad en general, es ese maridaje de jueces del Supremo con abogados de la acusación en jornadas y eventos y tratando temas que después se verían en juicio y que en este caso concreto iban a concluir con la inhabilitación del instructor del proceso.

El informe del Observatorio
No obstante, esas coincidencias son frecuentes. Como por ejemplo en la presentación del informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia en la que se celebró después una mesa redonda con el lema Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis, en la que participó de nuevo el vicedecano del ICAM Luis Rodríguez Ramos.

De Rosa, Trillo…
En ese mismo acto organizado por López López como director del Observatorio, intervino también el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa quien en su día afilió al presidente valenciano Camps al PP. No faltó tampoco entre los asistentes invitados por López, el ‛popular’ Federico Trillo.

Prego y el jurado de La Ley
O también, el caso de Adolfo Prego, antiguo juez del Supremo. Prego, además de participar en eventos de FAES, la Fundación de José María Aznar, sin alcanzar, eso sí, la cifra de más de medio centenar de intervenciones que cosecha Enrique López López, también ha coincidido con él como jurado del premio La Ley. Este año, una vez más, Prego acudió a la XXIX edición del certamen interviniendo en un coloquio sobre la reforma del código penal.

Todo queda en casa
Tras coger el camino de la puerta giratoria, el ultraconservador Prego dejó las puñetas de magistrado por el despacho de abogado y cuenta ahora con clientes de postín político como María Dolores de Cospedal presunta implicada en el asunto Bárcenas. Al final, todo queda en casa.

http://www.elplural.com/2015/06/22/enrique-lopez-figura-desde-2008-como-vocal-en-la-fundacion-wolters-kluwer-con-el-popular-michavila-de-presidente/

POR ESTAS RAZONES JURÍDICAS NO PODRÍAN JUZGAR LA ‘TRAMA GÜRTEL’ LOS ‘JUECES ELEGIDOS’ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Al menos tres acusaciones están preparando los recursos contra ellos... Esta es la ley que regula el asunto, y estos los argumentos contra Espejel, López y de Diego

Las razones por las que se puede pedir la abstención de un juez, y en su caso su recusación, están muy claramente tipificadas. Las marca la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Su artículo 219 las enumera, y llega a 16. Contamos esto por todo lo que se está diciendo y hablando sobre la ‘nominación’ de los magistrados de la Audiencia Nacional, y que deben juzgar sobre el primer auto del juez Ruz, en el que recoge su instrucción sobre la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005.

Tres jueces no fuera de toda sospecha… al menos para las acusaciones
Los tres jueces, que excepto en el caso de la presidenta, Concepción Espejel, que se autoeligió utilizando la prerrogativa de ser presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, salieron ‘afortunados’ en un sorteo (son cinco los miembros de la sala, salieron todos los conservadores), van a ser recusados uno tras otro por al menos tres de las acusaciones, que dicen sospechar de su imparcialidad.

Lo malo, y lo bueno, de la ley, es que es interpretable. Lo malo, o lo bueno, en el caso de la recusación de los jueces, es que son otros jueces los que deciden sobre ellas. Con esto en mente, vamos a lo concreto. Y empecemos por la presidenta de la Sección.

Una juez ‘predestinada’ para un puesto
En el caso de Concepción Espejel, quizás sea lo mejor ir al momento en el que, meses antes de que fuera a asumir el cargo, se decidió por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que iba a ocupar la presidencia en la Sección Segunda en la Audiencia Nacional.

La decisión se tomo en diciembre de 2012. No era cualquier momento. El PP, y el Gobierno con él, tenían entonces todas las alarmas encendidas por el asunto Gürtel. Habían llegado los papeles de Suiza y el horizonte sobre el tema era oscuro para Génova, 13.

Era claro que la sala segunda iba a recibir la instrucción cuando la concluyera el juez Pablo Ruz. La elección de Concepción Espejel para el puesto, que había sido elegida como vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, se puede asegurar que no disgustó en el entorno de la dirección ‘popular’. De hecho, su nombramiento se produjo con el voto en contra de dos vocales progresistas.., que defendieron que había otro candidato mejor puntuado.

Piensan las acusaciones que Concepción Espejel debiera abstenerse en el asunto, y recuerdan la décima de las razones que recoge la ley al respecto: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. El apoyo del PP, acusado en la trama de la Gürtel, y al tiempo promotor del nombramiento de Espejel como vocal del CGPJ, levanta suspicacias en las acusaciones.

“Concha para todos y para siempre”
Que aún ven más. Resulta difícil olvidar el discurso de María Dolores de Cospedal en la entrega en Albacete de la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort a la juez Espejel. Resulta difícil que no resuene aquella frase de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha:

“Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y un privilegio. Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera. No solo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además, Concepción Espejel —que para todos es Concha y lo va a ser siempre— ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de justicia”.

Ese “Concha para todos” era la guinda con la que Cospedal remataba años de conocimiento entre las dos mujeres.

Un incendio que calentó una relación
Al menos en lo que es público, desde que “Concha para todos” como presidenta de la Audiencia de Guadalajara fuera la última responsable de cada uno de los recursos que UGT y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha fueron interponiendo durante la instrucción del caso por la tragedia del incendio de Guadalajara, en la que se personó Cospedal como acusación, y que Espejel fue negando uno tras otro en favor de las tesis del PP…

Decisiones de la juez Espejel contra los recursos que quedaron en entredicho cuando la misma Audiencia, pero con otra presidenta, durante el juicio revirtió todas sus decisiones y muchas de las actuaciones, que consideró “irrelevantes” e “inútiles” y que el Supremo confirmó acusando a quien desde el principio se supo que había sido culpable del incendio en el que murieron 11 agentes forestales, un ciudadano que había provocado un incendio de manera irresponsable.

En fin, cualquiera podría pensar que aquí aplica el punto noveno de la ley de recusación, donde se lee como motivo: “Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”.

Enrique López López, cuñado y ‘popular’
Quizás de los tres magistrados, el que más encela a las acusaciones, que encuentran motivos y motivos para pedir su abstención, sea Enrique López. En el caso de este juez, la relación con el Partido Popular, insistimos en recordar, uno de los acusados por ‘beneficiado a título lucrativo”, parece apilarse.

López López fue nombrado vocal del CGPJ a propuesta del PP. El mismo partido que con insistencia quizás digna de mejor causa, llegó incluso a bloquear la renovación del Constitucional, empeñado en que se le nombrara para el máximo Tribunal aunque simplemente no cumplía los requisitos. Pero es que además, López ha sido un habitual de actos del PP y de su principal Fundación, la FAES.

Sus artículos en La Razón, en los que no tenía problema entrar en juicios políticos, tampoco deberían ayudar a que se le mantenga como magistrado en el caso. Y de nuevo, como en el caso de Espejel, por que resulta difícil no aplicar el artículo 10 de las recusaciones, el que habla de intereses directos o indirectos. Todo esto además de que, como les contamos aquí, hay otras coincidencias en jurados y Fundaciones, con algunos de los abogados que representarán a implicados en la causa y que podrían llevar a aplicar el punto noveno de la ley de recusaciones.

Sucede además que Enrique López era miembro de Sección Segunda que decidió sobre la disensión que sobre quién debiera llevar el caso se produjo entre los jueces Bermúdez y Ruz sobre ‘la caja B’ del PP. López, cuya participación en aquella terna ya resultó conflictiva por su cercanía al PP, como juez que vio el asunto podría quedar contaminado e inhabilitado para ver ahora el caso. Así se recoge en el punto “16.ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad“.

Y en su caso hay más. Enrique López, se lo contamos en su momento en ELPLURAL.COM, tiene un cuñado (tenía, hablando apropiadamente, porque ya no lo es) que se vió envuelto en las instrucciones de la Gürtel, Miguel Hernán, hombre de absoluta confianza y miembro del Consejo de Administración de muchas de las empresas de José Luis Ulibarri, beneficiario de unas sospechosas concesiones en Boadilla del Monte. Dice el artículo 1 de la ley de recusaciones que es causa de ello “El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal”.

Y no hay dos sin tres

Es verdad que ha conseguido mantenerse en un segundo plano ante las discrepancias que ha provocado la presencia de sus dos compañeros. Pero también el tercer juez de la terna, Julio de Diego, va a ser posiblemente recusado por las acusaciones. En su caso, por una de las razones que también afectan a López López.

Nos referimos a que de Diego no sólo formó parte del jurado que dirimió entre Ruz y Bermúdez sobre sus discrepancias para llevar el asunto de ‘los papeles de Bárcenas’. Es que él fue incluso el juez ponente del asunto. De nuevo el artículo 16 aquí aplicaría.

http://www.elplural.com/2015/06/22/al-grano-por-estas-razones-no-podrian-juzgar-la-trama-gurtel-los-jueces-elegidos-en-la-audiencia-nacional/

‘CASO GÜRTEL’: DE ESCÁNDALO POLÍTICO A ESCÁNDALO JUDICIAL

Tres acusaciones recusarán al tribunal que juzgará a la trama corrupta

El ponente es habitual de FAES y fue ascendido por el PP al Constitucional

La Justicia se juega su crédito a cuenta del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Este órgano, creado en 1977 para enjuiciar fundamentalmente los delitos de terrorismo, se afana ahora en escándalos de corrupción política y económica.

Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos en la Audiencia han ocupado cargos en la administración con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial avalados por los partidos políticos.

Ese viaje de idea y vuelta que la Ley permite provoca que acusados y acusadores cuestionen la apariencia de imparcialidad en determinados procesos.

El desenlace final del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, dependerá de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad está por los suelos. Tres acusaciones recusarán a los magistrados que integran ese órgano: Concepción Espejel (exvocal del Poder Judicial con el aval del PP), Enrique López (exmagistrado del Constitucional designado por el Gobierno del PP), y Julio de Diego. Este último fue ponente de un auto que libró al extesorero del PP Luis Bárcenas, de declarar en febrero de 2013 ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

El ponente de la sentencia será López. Este magistrado tocó el cielo judicial al ingresar en el Constitucional gracias al Gobierno del PP. Un percance de madrugada —conducía su moto borracho y se saltó un semáforo en rojo— le obligó a dejar su cargo y regresar a la Audiencia, donde ahora juzgará el escándalo de corrupción que acorrala al PP y al Gobierno que tanto le ayudó.

Hay 45 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP y una decena de altos cargos de este partido, que deberá responder como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos. López colaboró activamente con FAES, la fundación principal del PP e intervino como invitado en una de las conferencias políticas del partido.

Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura considera que no hay motivos para la recusación de López y defiende su “actuación profesional”. “La ciudadanía puede estar tranquila porque los jueces están habituados, sean cuales sean las circunstancias, a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales”. Otros juristas dudan.

“El juez no sólo debe ser imparcial sino, además, parecerlo. No creo que López o Espejel vayan a actuar de manera parcial, pero ese no es el problema. El problema es la quiebra de la apariencia de imparcialidad”, señala Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia. “Es necesario reformar la Ley. porque no permite ir a interpretaciones extensivas. Ahora se rechazan la mayoría de imputaciones”.

Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Baltasar Garzón en el proceso por las escuchas en la cárcel a los abogados de la red Gürtel, recusó a cinco magistrados del Supremo que iban a juzgar el caso por participar en la fase de instrucción y obligó a cambiar todo el tribunal. “Se debería reformar la Ley para que los jueces que hayan ocupado cargos institucionales a propuesta de un partido que está en el Gobierno se tuvieran que abstener en procesos en los que estén implicados los partidos”, señala.

Margarita Robles, magistrada del Supremo, exsecretaria de Estado de Seguridad en un Gobierno socialista, y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, diferencia entre jueces que han desempeñado cargos en la administración y los que han formado parte del Consejo del Poder Judicial: “El Gobierno del PP nombró a Enrique López magistrado del Constitucional y juzgará el caso Gürtel, que afecta de lleno al PP. Si la apariencia objetiva de imparcialidad se viera afectada, entonces te debes abstener, aunque vayas a aplicar la Ley de manera imparcial”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera ocupó cargos de confianza en dos gobiernos socialistas. Por esa razón, pidió abstenerse en la causa abierta contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. “Las apariencias son muy importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”, alegó. Pero la Audiencia lo rechazó porque “la naturaleza de los cargos que desempeñó [Sánchez Yllera] ninguna relación guarda con el contenido del proceso”.

El PSOE pide al magistrado Enrique López que se abstenga bajo amenaza de recusarle. “Esa recusación no se fundamenta en que haya ocupado cargos institucionales a propuesta del PP sino por su vinculación con este partido, que excede la relacionada con su nombramiento para dichos cargos. Quizás habría que revisar las causas de abstención y recusación contempladas en la Ley para reforzar esa garantía procesal del derecho a un juez imparcial”, señala Antonio Hernando, portavoz socialista.

Su homólogo del PP, Rafael Hernando, no lo ve necesario: “La independencia de los jueces está garantizada por el Consejo del Poder Judicial, por la Constitución, por su estatuto y por su régimen de incompatibilidades”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/19/actualidad/1434739413_688919.html

ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN AL GOBIERNO QUE LA LEY SEA MÁS ESTRICTA CON LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria consideran que la normativa debería especificar todavía más los motivos por los que deberían inhibirse los magistrados que han estado vinculados con partidos

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura sostiene, al contrario, que las causas de abstención están definidas, son extensas y están perfectamente detalladas

Las asociaciones de jueces Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia consideran que la normativa que regula los motivos de abstención e inhibición de los jueces que retornan a la magistratura tras desempeñar cargos políticos debería ser más estricta, con la intención de evitar una posible apariencia de parcialidad cuando juzguen a los partidos políticos.

"La ley debería precisar un poco más algunas de las causas de incompatibilidad", explica el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. En similares términos se expresa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que al igual que Sexmero considera que en uno de los supuestos, el de "amistad directa y manifiesta", habría que especificar "un poco más".

Precisamente, esta semana el magistrado Alfonso Guevara Marcos decidió apartarse del tribunal que examinará los recursos presentados por 14 imputados en la causa en la que se investiga el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por su "amistad" con dos de ellos, el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y el de Renfe Miguel Corsini.

Corrupción del PP

infoLibre se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de jueces y magistrados tras conocerse que el tribunal que juzgará la primera pieza de la trama Gürtel, el caso de corrupción más importante de la democracia ligado a un partido político, estará compuesto por los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, cuyo nombramiento como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue promovido por el Partido Popular. Esta formación política afronta una posible condena en Gürtel como responsable civil subsidiario del caso.

Según el escrito de acusación, el partido presidido por Mariano Rajoy se habría beneficiado de más de 300.000 euros de la red corrupta, que supuestamente fueron utilizados por el PP de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Además, 16 excargos del PP afrontan penas de cárcel de más de 360 años, al mismo tiempo que también la exministra Ana Mato podría ser considerada responsable civil subsidiaria.

Sin embargo, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, que es mayoritaria entre los jueces, considera que los motivos de abstención están absolutamente definidos, son extensos y están perfectamente detallados: "El problema es que hay personas a las que no les gustan los motivos de incompatibilidad".

Los tres portavoces de las asociaciones de jueces aludieron al caso de Enrique López, un magistrado habitual de los cursos de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. "De Enrique López digo lo mismo que cuando [el excargo del PSOE] José de la Mata se hizo cargo del caso Gürtel. Todos los jueces son conscientes de que todas las resoluciones tienen que dictaminarse conforme a derecho. Y están obligados a motivarlas", explica Llarena, que no ve ningún motivo para que López no sea el ponente del tribunal.

Pero el caso de De la Mata citado por Llarena no es único entre los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central número 6, Eloy Velasco, fue cargo en el Gobierno valenciano del PP que presidió Eduardo Zaplana. El propio Eloy Velasco es el instructor de la operación Púnica, en la que están imputados numerosos cargos del PP, entre los que se encuentra el exnúmero dos del PP madrileño Francisco Granados, que permanece en prisión desde el 27 de octubre.

"Una norma constitucional"

Llarena reconoce que los dos magistrados, Enrique López y Concepción Espejel, fueron nombrados vocales del Poder Judicial "en cumplimiento de una norma constitucional", que indica que al menos 12 de los vocales tienen que ser jueces: "Y además las Cámaras los eligieron tras un análisis de todos los partidos".

Pero el caso de López y Espejel, el de magistrados promovidos por un partido político no es excepcional, habida cuenta de que también el PSOE, IU y CiU han promovido la entrada en el Poder Judicial de magistrados que han acabado formando parte del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como por ejemplo es el caso de Javier Martínez Lázaro (PSOE) y de Ramón Sáez Valcárcel (IU).

Por su parte Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, asegura que la implicación de un juez en los cargos públicos no es nada negativo. Y reitera que la normativa "no está bien regulada". Y por eso los dos magistrados, López y Espejel, van a decidir en una causa que afecta al PP.

No obstante, Bosch destaca que el total de asuntos en los que se pueden dar estas incompatibilidades es "irrelevante", aunque "sí es verdad" que los pocos casos que se dan pueden llegar a tener una gran relevancia pública: "Por lo que sería necesario disponer de un sistema más claro de abstención y recusación, para evitar que un juez pueda asumir asuntos en los que la sociedad desconfíe de sus intenciones. Hay instrumentos de sobra, pero el poder político no han querido".

Privilegios de los jueces

Los portavoces de las tres asociaciones sí coinciden en criticar los "privilegios" de los jueces que se reincorporan a sus puestos tras pasar por la política. "Tras reincorporarse en los concursos, como mérito judicial les supone un beneficio, pues tienen una reserva de plaza. Y su paso por la política cuenta como si hubieran estado ejerciendo la judicatura", explica Bosch, de Jueces para la Democracia.

"No es normal que a un juez que se va a la política se le guarde la plaza durante años", completa Sexmero, que al igual que el portavoz de la Asociación de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que un juez que vuelve a su empleo tras años sin ejercer puede tener problemas para estar al día en su profesión.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/19/asociaciones_jueces_piden_gobierno_que_ley_sea_mas_estricta_con_puerta_giratoria_entre_justicia_politica_34311_1012.html

JUECES Y ABOGADOS QUE SE VERÁN EN LOS TRIBUNALES POR EL CASO GÜRTEL, COMPAÑEROS DE JURADO LITERARIO

Enrique López y Manuel Marchena, del Supremo, coincidieron con el abogado de Cospedal y con el defensor del imputado Merino... sin que ninguno viera problemas ni estéticos

El pasado 28 de mayo se hizo entrega del último premio La Ley… un premio desconocido para el gran público, pero de prestigio en la profesión jurídica. Y que además está dotado como tal, ya que el ganador percibe 12.000 euros. Quien patrocina el premio es una empresa multinacional que, entre otras cosas, edita publicaciones legales, Wolters Kluwer.

Un premio de 12.000 euros
Pero lo que nos interesa de este premio es una vertiente lateral… la de la relación de los miembros del jurado, y de los patronos de una entidad paralela, la Fundación Wolters Kluwer.

Explicamos por qué. En el jurado, este pasado mes de mayo, han coincidido personajes que por algo más que estética profesional no debieran haberlo hecho. Nos referimos a dos magistrados y dos abogados que en los próximos meses, en un caso, y posiblemente años en otro, podrían verse en un tribunal y por una causa de gran calado político: la decisión sobre la trama Gürtel y la caja B del PP.

Los personajes que han coincidido en el listado del Jurado del Premio La Ley han sido estos. Por un lado Enrique López López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha sido ‘premiado’ en el sorteo entre sus compañeros de sala con formar parte del trío de jueces que tendrá que ver el caso Gürtel. Y también está Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a donde acabará llegando no sólo el asunto Gürtel, sino también el de ´los papeles Bárcenas’ si, como es más que previsible, cualquier parte recurre lo que dictamine la Audiencia Nacional.

Patronos de la Fundación, autores de la editorial
Pero es que con ellos, también formaban parte del jurado del premio Adolfo Prego Oliver y Tolivar, exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, pero ahora abogado en ejercicio, y como tal defensor de María Dolores de Cospedal en sus querellas contra Luis Bárcenas.

Y, quizás lo que aún resulta más chirriante, Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal… pero también un habitual defensor de personajes muy públicos y del PP y cercanías, como en su momento lo fue de Ruiz Gallardón contra Jiménez Losantos, y ahora lo es, y de aquí el problema ‘estético’, de un imputado en la trama Gürtel, como Jesús Merino,el exdiputado del PP por Segovia; y al menos antes lo fue también de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y conocido por los cabecillas como El Rata, y de Benjamín Martín Vasco, exdiputado del PP en la Asamblea y uno de los primeros señalados en el procedimiento.

En el caso de los magistrados, tanto del de la Audiencia Nacional, Enrique López López, como del miembro del Supremo, Manuel Marchena, su relación con la Fundación Wolters Kluwer es aún más intensa… Porque, como se ve en su página web, son miembros del Patronato de la Fundación Wolters Kluwer, donde coinciden con otras conocidas figuras del PP, como es el caso de exministro Jose María Michavila. También de la exministra socialista, Ángeles Amador. Eso sí, parece ser que no cobran remuneración alguna por ello… Claro que los otros miembros del jurado tienen también otro tipo de dependencias con este grupo que, por ejemplo, lleva años publicando libros a Prego de Oliver y Tolivar.

http://www.elplural.com/2015/06/19/jueces-y-abogados-que-se-veran-en-los-tribunales-por-el-caso-gurtel-companeros-de-jurado-literario/

DOS JUECES DEL TRIBUNAL DE GÜRTEL EVITARON EL INTERROGATORIO A BÁRCENAS

Enrique López y Julio de Diego adoptaron la resolución en 40 minutos tras recibir un recurso del fiscal y tardaron 20 días en comunicárselo a las partes

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y exmagistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno, y su compañero en la sección segunda Julio de Diego, ambos miembros del tribunal encargado de juzgar el caso Gürtel, resolvieron en marzo de 2013 anular el interrogatorio del juez Javier Gómez Bermúdez al extesorero del PP Luis Bárcenas por la caja b de la formación conservadora. Las acusaciones populares del caso Gürtel estudian si esta decisión judicial que adoptó Enrique López es causa suficiente para que prospere la recusación que preparan contra el magistrado.

Gómez Bermúdez admitió a trámite una querella contra el extesorero presentada en marzo de 2013 por IU y varias asociaciones de abogados a raíz de la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas. En esa contabilidad manuscrita se registraron ingresos por ocho millones de euros, en concepto de donaciones que hicieron grandes empresarios entre 1990 y 2009; y una cantidad similar en concepto de pagos para financiar diversos servicios del partido y abonar sobresueldos a los principales integrantes de la cúpula del PP. Estos movimientos de dinero no fueron comunicados al Tribunal de Cuentas ni fueron declarados a Hacienda.

Como consecuencia de aquella querella, Gómez Bermúdez aprobó una serie de diligencias, entre ellas la citación de Bárcenas, que fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción porque entendía que la causa estaba relacionada con el caso Gürtel que se instruía en el juzgado de Pablo Ruz, que era quien tenía la competencia sobre el asunto.

El juez Gómez Bermúdez citó a Bárcenas para el 22 de marzo a las doce de la mañana. Un día antes, la Fiscalía Anticorrupción registró su escrito de recurso de apelación ante la sección segunda de la Audiencia a las 14.15 de la tarde. Los tres magistrados de esa sección decidieron, 40 minutos después y sin pedir opinión a los querellantes, atender el recurso de la Fiscalía y suspender el interrogatorio a Bárcenas que había previsto el instructor Gómez Bermúdez.

Algunos días después, ante otro recurso de la Fiscalía, la sección Tercera de la Audiencia Nacional decidió que la querella por los papeles de Bárcenas se instruyera en el juzgado de Pablo Ruz, porque los hechos estaban relacionados con el proceso abierto en relación con la trama Gürtel de corrupción.

Las asociaciones que habían presentado la querella, se dirigieron a la sala segunda del Tribunal Supremo para denunciar a los tres magistrados que, en un tiempo record, apenas 40 minutos, habían resuelto que Gómez Bermúdez no tomará declaración a Bárcenas. En la resolución, el ponente Julio de Diego se preguntaba si la diligencia que planteaba el instructor era "necesaria y de reconocida urgencia". Y concluía que no era urgente: "De la misma manera que la toma de declaración se puede hacer mañana, puede ser tomada en otro momento. Nos parece más prudente en la medida en que tomada por un nuez que no fuera competente podría cuestionarse su regularidad".

De Diego y López, que evitaron que Bárcenas declarase ante el juez Gómez Bermúdez, formarán junto a Concepción Espejel, magistrado y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP, el tribunal que juzgará a Luis Bárcenas en el caso Gürtel.

Las acusaciones populares, que han anunciado que recusarán a López y Espejel, estudian estos días si aquella decisión que tomó la sección segunda anulando la prevista declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez, contamina a los magistrados que la adoptaron para poder juzgar al mismo imputado.

Distintos expertos consultados por EL PAÍS consideran que aquella resolución no entraba en el fondo de los hechos, que fue puramente de procedimiento y de competencia, por lo que entienden que ni López ni de Diego se contaminaron lo suficiente como para ser motivo de recusación ante el juicio del caso Gürtel, que se celebrará dentro de un año.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/18/actualidad/1434639486_108744.html?ref=rss&format=simple&link=guid

ENRIQUE LÓPEZ COMPARTIÓ CURSOS EN FAES CON UN PROCESADO AL QUE JUZGARÁ

El magistrado, cuya independencia está en entredicho por su vinculación con el PP, compartió dos cursos en la fundación que preside José María Aznar con Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de la Comunidad de Madrid a quien Anticorrupción pide 8 años de cárcel por la Gürtel

El magistrado Enrique López, que redactará la sentencia del juicio por la primera época de la Gürtel, compartió dos cursos en la fundación FAES del Partido Popular, con uno de los 40 procesados en el caso.

Se trata de Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de inmigración con el Gobierno de Esperanza Aguirre, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel por cohecho y malversación, y 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada.

Los dos cursos, según las memorias de actividades de FAES, se impartieron en los años 2003 y 2007. En ambos, denominados “Justicia y Economía, ¿qué maximizan los jueces?” e “Inmigración ilegal/ Inmigración irregular”, coincidieron como asistentes el magistrado Enrique López y Carlos Clemente, a quien el primero juzgará ahora por la Gürtel.

Letrados de las acusaciones populares consultados por la Cadena SER consideran que la coincidencia de López y Clemente en los cursos FAES abre una posible puerta a la recusación del magistrado.

Las memorias de la fundación FAES revelan que Enrique López ha asistido entre 2003 y 2010 a un total de 55 cursos. En uno de ellos ha actuado como coordinador y en otros cuatro como ponente.

Dos de esas ponencias las ha compartido con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien también ha coincidido en cuatro cursos más.

También ha concurrido hasta en 17 ocasiones en cursos FAES con el abogado de María Dolores de Cospedal, Adolfo Prego.

La mayor parte de los cursos impartidos por Enrique López en el laboratorio de ideas del PP han versado sobre el papel de la justicia, críticas a los presupuestos de la misma área consignados por el Ejecutivo socialista, o la violencia de género. Pero el juez que tuvo que dimitir del Constitucional por dar positivo en un control de alcoholemia también asistió a un curso FAES sobre “Seguridad Vial”.

Enrique López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. También fue nombrado para el Tribunal Constitucional por la misma formación conservadora, cuando no reunía los méritos para ello. López participó además en 2006 en la ponencia política del Partido Popular.

Tanto Concepción Espejel como Enrique López han preferido guardar silencio este martes al ser preguntados respecto a su posible abstención de la causa por su vínculo con el Partido Popular, al que juzgarán en esta pieza principal de la Gürtel por haberse lucrado, supuestamente, con los delitos de la trama.

http://cadenaser.com/ser/2015/06/16/tribunales/1434477941_886984.html

LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL RECUSARÁN A LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP

El PSOE también ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad" en este proceso, que define como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años".

La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Gürtel se plantea recusar a los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que se encargarán junto a Julio de Diego de juzgar la primera época de actividades de la red corrupta, por su "ideología" próxima al Partido Popular (PP). A ello se ha unido el PSOE, que ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad".

El abogado de ADADE, Francisco Montiel, ha señalado que en la próxima semana intentará plantear "un frente común" con las otras dos acusaciones populares en la causa, la del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y la del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

El letrado ha destacado que el nombramiento de Espejel y López como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, demuestra "una vinculación indirecta" con la formación de Mariano Rajoy.

En este contexto, ha destacado la necesidad de estudiar las "relaciones personales" de López con personas imputadas en el procedimiento y su participación en cursos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, donde realizó más de 50 ponencias.

El PSOE denuncia la falta de imparcialidad

El PSOE pedirá la recusación de los magistrados designados para juzgar el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, si ellos no se inhiben, por observar "falta de apariencia de imparcialidad", ha anunciado hoy el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando., ha anunciado este martes el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

En rueda de prensa, Hernando ha defendido que la apariencia de imparcialidad es "fundamental" en un caso como éste, al que se ha referido como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años".

Tras defender que la independencia judicial no solo es un derecho de las partes, sino una garantía del Estado de derecho, Hernando ha señalado que la apariencia de imparcialidad se determina "no sólo por las relaciones con las partes, sino por la propia imagen y las cosas que han hecho".

La posible recusación

La recusación de uno o dos magistrados del tribunal sería estudiada por el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, también vocal del CGPJ a propuesta del PP, según informaron fuentes jurídicas.

En el que caso de que se pidiera la abstención de los tres magistrados (Espejel, López y De Diego), el asunto se convertiría en algo mucho más complejo y tendría que ser examinado por la denominada Sala del 69 (formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las Salas Penal, Contencioso-Administrativa y Social y los tres magistrados más antiguos y más modernos de cada una de las salas).

Una propuesta del PP

El ponente de la sentencia será Enrique López, quien regresó a la Audiencia Nacional en septiembre de 2014 después de dimitir en junio de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional tras ser imputado por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bebido.

López había llegado un año antes al TC a propuesta del PP procedente de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a donde recaló en 2008 tras haber ejercido como portavoz del CGPJ, órgano para el fue nombrado en 2001 por la mayoría conservadora del Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su designación por el PP como candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del Senado fue una de las causas del bloqueo que impidió la renovación de los miembros del Alto Tribunal ya que desde algunos sectores políticos se ponía en entredicho su neutralidad.

Por su parte, Concepción Espejel también fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del PP, cargo del que tomó posesión el 23 de septiembre de 2008. Presidió las audiencias provinciales de Segovia, Tarragona y Guadalajara y desde 1999 es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

http://www.publico.es/politica/acusaciones-gurtel-recusara-jueces-designados.html

DOS MAGISTRADOS VINCULADOS AL PP JUZGARÁN EL ‘CASO GÜRTEL’

El ponente de la futura sentencia, Enrique López, fue designado magistrado del Constitucional por el Gobierno pero tuvo que dimitir tras por conducir borracho

Un tribunal de marcado carácter conservador se encargará de enjuiciar la primera parte del caso Gürtel de corrupción en el entorno del PP. La causa ha recaído -por estricto turno de reparto- en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López. Este último, que fue nombrado por el Gobierno del PP magistrado del Tribunal Constitucional, y dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba sin casco por el centro de Madrid, será el encargado de redactar la sentencia, según informan fuentes jurídicas.

El tribunal estará presidido por la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia. Espejel, siendo presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta también del Partido Popular.

El tribunal lo completa el también conservador Julio de Diego. Este se mostró favorable en marzo de 2011 a investigar al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por el chivatazo a ETA del llamado caso Faisán.

Antes de enjuiciar el caso Gürtel, en el que hay un total de 40 procesados, la Sección Segunda deberá juzgar un total de ocho causas, de las cuales tres son con personas presas y tienen, por ello, prioridad. La vista oral se celebrará a finales de 2016, según cálculos de fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel, la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás diseccionan en su escrito, del pasado enero, el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”. Los contratos que diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4 millones de euros, según la fiscalía. Además, por comisiones de empresas ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerció como conseguidor de contratos públicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de euros.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/15/actualidad/1434372695_732899.html

EL PP ACUSA AL JUEZ DE CONVERTIRLE EN UN "CHIVO EXPIATORIO"

El Partido Popular critica la actuación del juez José de la Mata en su escrito de apelación contra el auto de apertura de juicio oral que le sienta en el banquillo y le exige el pago de 1,2 millones de euros

El letrado del PP y exfiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, acusa al juez de la Mata en su recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, de convertir al Partido Popular en “una suerte de chivo expiatorio a quien todas las posibles culpas del caso se dirigen”. El PP se compara con los casos Neymar o Rato, y en este sentido pide que el proceso vaya de la Audiencia Nacional a la Audiencia Provincial de Madrid por la “escasa” identidad del fraude que, para el PP, nunca superaría los 1.7 millones de euros.

No obstante, en caso de estimarse el mismo, la formación política pide acogerse a la doctrina Botín al afirmar que las acusaciones populares, “claramente politizadas y sin interés general”, no están legitimadas para reclamar que se siente en el banquillo y pague los 1.2 millones fijados de responsabilidad civil.

El PP insiste en negar la credibilidad de los papeles de Bárcenas y la existencia de la Caja B, a pesar de lo manifestado por cinco jueces, tres fiscales Anticorrupción y la Abogacía del Estado; y recurre a un informe de la IGAE "sobrepasado por la instrucción", según la Audiencia, o al argumentario de la directora de la ONIF, Margarita García Valdecasas, que motivó la edición del célebre informe Cáritas, para negar que tuviera que tributar por las donaciones ilegales.

http://cadenaser.com/ser/2015/06/10/tribunales/1433956883_157142.html

EL PP INVOCA LA ‘DOCTRINA BOTÍN’ PARA EVITAR EL JUICIO DEL ‘CASO BÁRCENAS’

La formación alega que ni la fiscalía ni la Abogacía estatal le acusan de delito fiscal

De la Mata reclama 1,2 millones de fianza al PP por el ‘caso Bárcenas’

El Partido Popular ha recurrido a la llamada doctrina Botín para conjurar la acusación de delito fiscal por el caso Bárcenas, que investiga la caja b de la formación conservadora. El partido del Gobierno considera que debe quedar fuera de la causa ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan a sus extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas por delito contra la Hacienda Pública. En el auto del pasado 28 de mayo por el que el juez instructor de la causa, José de la Mata, ordena la apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, consideraba al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales de sus antiguos responsables económicos y le exigía una fianza de 1,2 millones de euros, equivalente a la cantidad supuestamente defraudada por los donativos ilegales al PP.

El abogado del PP, Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, alega, en su recurso de apelación contra este auto, que no se puede abrir juicio oral por delito fiscal cuando solo acusan las acusaciones populares y tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado –que representa a la Agencia Tributaria- han pedido el sobreseimiento de la causa. Esta es la llamada doctrina Botín, concebida por el Tribunal Supremo en 2008 y que sirvió para exonerar de delito fiscal al fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín.

En su escrito de apelación sobre la apertura de juicio oral, el abogado del PP, sostiene, además, que "en cualquier caso, el enjuiciamiento de un delito contra la Hacienda Pública corresponde a la Audiencia Provincial [en este caso de Madrid] y no a la Audiencia Nacional". Santos afirma que la cantidad supuestamente defraudada en el caso Bárcenas no supone una "grave repercusión en la economía nacional", lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. El PP compara su caso con el de la investigación patrimonial sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que se instruye en los juzgados ordinarios, y con el caso Neymar, sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del jugador del FC Barcelona, que se juzgará en la capital catalana.

En su auto del pasado 28 de mayo, el juez De la Mata dedicaba varios párrafos a justificar la inclusión del PP en el juicio del caso Bárcenas por delito fiscal. El magistrado anteponía una sentencia del Supremo más reciente, de este mismo 2015, y argumentaba que el delito contra la Hacienda Pública “trasciende el mero interés patrimonial de la Administración y comprende cierto interés colectivo”, lo que permite, según su criterio, juzgar sin que acusen la fiscalía y la Abogacía estatal.

El letrado Jesús Santos rebate esta tesis de De la Mata enérgicamente. “Nada más alejado de la realidad”, afirma el abogado del PP. Según él, de la última sentencia del Supremo, “no se puede extraer ni implícita ni explícitamente la conclusión de que el delito fiscal ataque intereses colectivos o sociales en tal medida que habilite, por si sola, a la acusación popular para solicitar la apertura de juicio oral, sino más bien lo contrario”

Respecto a la fianza de 1,2 millones de euros fijada al partido, añade sobre la misma base argumental: “Es inadmisible que se acuerde medida cautelar alguna en relación con unos hechos que el ministerio fiscal y el Abogado del Estado han excluido de sus propios escritos de acusación”.

El PP plantea otra cuestión de fondo tras invocar la doctrina Botín. Según el partido, no hubo delito fiscal en 2008 al no declarar en el Impuesto de Sociedades los donativos que Génova 13 recibió de manera irregular, por encima de los límites de la Ley de Financiación de Partidos. El abogado Santos recuerda que la propia Agencia Tributaria considera que esos donativos, pese a ser ilegales, gozan de exención fiscal: “la ley (…) no establecía, como acertadamente ha puesto de manifiesto la Agencia Tributaria, que el exceso de donación deba tributar por el impuesto de Sociedades, puesto que hay una proclamación general de exención respecto de las donaciones, y las supuestas donaciones ilegales lo son también”. Esta teoría ha sido contestada internamente en la propia Hacienda y rechazada por los distintos jueces de la Audiencia Nacional que han tratado sobre el caso Bárcenas.

Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas. Ese dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal). El extesorero llegó a relatar ante el juez Pablo Ruz cómo hacían esos pagos a los principales dirigentes del partido, pero estos lo negaron. Cospedal, Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela. El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.

Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay constancia de esos pagos. Los papeles, y su autoría, también ha sido reconocida por el propio Luis Bárcenas y corroborada por informes periciales caligráficos, entre otros indicios.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433961302_403594.html

HACIENDA DESCUBRE EN PANAMÁ EL RASTRO DE 458 MILLONES CUYOS BENEFICIARIOS OCULTA EL BANCO POPULAR

Un informe de la Agencia Tributaria fechado el 1 de junio y remitido al juez De la Mata critica que el Banco Popular no identifica a los destinatarios del dinero

Un portavoz del banco asegura a infoLibre que sí ha aportado la documentación requerida por el juez: "Nosotros en todo momento hemos dado los datos que nos han pedido"

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria confirma que una parte importante de los 458 millones cuyo destino no facilita el Banco Popular, y que se transfirieron desde cuatro cuentas en España entre 2003 y 2011 utilizando los servicios de una empresa investigada en Gürtel, acabaron en empresas radicadas en Panamá, según constata en un informe denominado Operación Arganda del Rey, fechado el 1 de junio, y que ha sido remitido al juez que instruye el caso, José de la Mata.

Hacienda no ha conseguido saber en los dos últimos años dónde están los casi 460 millones que las empresas Belfast Link y EVES transfirieron desde España, sin pagar impuestos. Sin embargo, el funcionario plasma en un documento que muchos de los destinatarios del dinero, "únicamente identificados por su nombre", reciben gran cantidad de transferencias por importes elevados, "y según la información disponible en la web son sociedades con residencia en Panamá".

El redactor del dossier resalta también que en la mayor parte de los casos tambien se desconoce el origen del dinero, que no ha tributado en España y reafirma las conclusiones anteriores: "Belfast Link es una sociedad interpuesta con la finalidad de dificultar que se conozcan las razones de determinados pagos y quién es el verdadero destinatario de los mismos".

Dos años sin aportar datos

Tal y como adelantó infoLibre, el motivo por el que la inspección de Hacienda permanece paralizada es porque el Banco Popular, que es el heredero del negocio financiero del Banco Pastor en el que operaban las empresas investigadas, lleva más de dos años sin aportar la información bancaria reclamada tanto por el juez como por la Fiscalía Anticorrupción y la propia Agencia Tributaria.

Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz del Banco Popular, que ha asegurado que desconocía el contenido del informe de Hacienda, al mismo tiempo que ha negado que el banco no haya colaborado en la instrucción: "Siempre hemos aportado la documentación que nos ha pedido". El portavoz del banco se ha negado a suministrar a infoLibre más información sobre el destino del dinero, que según el extracto al que ha tenido acceso este diario incluye además de Panamá a sociedades radicadas en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales.

En concreto, las divisiones del Banco Santander en las Islas Bahamas y el BBVA de Uruguay también utilizaron los servicios de Belfast Link. En el caso de Santander Trust, esta firma realiza varias transferencias de clientes suyos argentinos, que reciben en dólares el dinero. También aparecen empresas de paraísos fiscales como por ejemplo las Antillas Holandesas. De esta colonia antigua holandesa destaca el caso de la firma Jacksonport Corporation NV, cuyo nombre aparece en una de las denuncias del caso en el que se investiga el expolio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El anterior instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, fue alertado por las autoridades suizas de que Amando Mayo, uno de los imputados, había utilizado los servicios de Belfast Link para enviar 200.000 euros a un destino conocido. Fue entonces cuando el magistrado reclamó en agosto de 2013, por primera vez, toda la información referente a las cuentas de Belfast Link y EVES con la intención de bloquear ese dinero.

No pagaban impuestos

La Agencia Tributaria había elaborado cuatro meses antes, el 25 de abril de 2013, un informe en el que alertaba al juez de que las dos firmas podrían haber sido creadas para esconder la identidad de las personas que transferían el dinero y de los receptores. Y los funcionarios de Hacienda destacaban que los supuestos dueños de las sociedades eran ciudadanos que vivían fuera de España, por lo que ninguno había abonado sus impuestos en España.

El 13 de agosto de 2013 fue la fecha concreta en la que el juez Ruz reclamó al Banco Popular que identificara a los auténticos dueños de las cuatro cuentas bancarias desde las que se transfirieron los 458 millones de euros. En el auto del juez especificaba también que la documentación que debe enviar la entidad financiera deberá contener, según indica el juez en su auto, "la identificación de los beneficiarios de todas las operaciones de cargo en dicha cuenta y el origen de los abonos. En el caso de cheques, se deberá aportar fotocopia de los mismos".

Pero dos años después, la Agencia Tributaria todavía desconoce quiénes son los auténticos propietarios de las dos empresas investigadas, ya que el Banco Popular solo ha identificado a los fundadores de la empresa y a los representantes legales: "Por tanto, se desconoce la identidad del actual accionista único de la entidad", explica el funcionario de Hacienda en relación a Belfast Link en la página 165 del informe de 262 páginas.

"No se conoce la entidad, la oficina ni el número de cuenta beneficiaria de la transferencia en 9.056 operaciones por importe total de 571 millones de dólares. Por lo tanto, la entidad bancaria, en la mayor parte de las transferencias emitidas, solo facilita el nombre del beneficiario sin indicar su NIF ni número de cuenta o entidad destinataria de los fondos”, completa el informe de la Agencia Tributaria.

Además de las transferencias, la Agencia Tributaria tampoco tiene información sobre los 212 cheques que se ingresaron en la cuenta de Belfast Link que operaba en dólares. "En ningún caso se indica la cuenta ni se identifica con ningún otro dato la procedencia de los fondos, por lo que no es posible la identificación completa del origen de los mismos".

Otras cuentas sin identificar

El informe de Hacienda analiza una a una las cuatro cuentas conocidas que están vinculadas a Belfast Link y EVES, y llega a la conclusión de que estas dos sociedades podrían disponer de más cuentas, por lo que el montante transferido podría ser más elevado que los 458 millones conocidos hasta el momento.

Como la Agencia Tributaria no puede determinar el destino de todo el dinero, tampoco puede saber qué fue lo que pasó con los 200.000 euros transferidos por la trama Gürtel: "Por lo que no es posible la identificación completa del origen o destino de los fondos". Entre estos importes sin determinar se encuentran las transferencias realizadas el 14 de enero de 2008 y el 2 de junio de 2008 procedentes de una cuenta suiza del banco Coutts Bank, cuyo titular es la entidad Zorak Associated (Amando Mayo) y que dieron origen a la primera solicitud de información al Banco Pastor en relación a Belfast Link.

Pero el informe alerta también de que el dinero transferido por la red Gürtel podría ser mayor, habida cuenta de que en las dos transferencias figura la palabra "Guillermo": "Por ello se revisó si existían más operaciones con la misma referencia", localizándose otros 12 movimientos de ocho empresas en las cuentas por un valor superior a los 1,2 millones.

Además, el funcionario de Hacienda deja constancia de que algunas de estas ocho empresas recibieron un total 690.000 euros desde la cuenta de Zorak Associated. "Amando Mayo debería indicar el motivo por el que ha realizado las transferencias a esta cuenta e identificar al destinatario final del dinero", completa el informe de la ONIF fechado el pasado 1 de junio.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/22/hacienda_denuncia_que_banco_popular_identifica_los_beneficiarios_458_millones_que_acabaron_panama_argentina_uruguay_34408_1012.html

 EL JUEZ DE LA MATA AFIRMA QUE EN EL PP HABÍA "UN FLUJO DE COMISIONES ILEGALES PARA DISTINTOS CARGOS PÚBLICOS"

El sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional detalla los indicios que apuntan la existencia de relaciones entre cargos del PP y empresarios para facilitar donaciones a cambio de contratos

De la Mata rechaza que la causa que investiga la 'caja B' se traslade un juzgado de Instrucción de Madrid tal y como reclaman los arquitectos que reformaron la sede del PP porque ve inapelable la conexión entre los papeles de Bárcenas y la trama Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cree tener los indicios suficientes sobre las relaciones entre empresarios y cargos del PP para conseguir adjudicaciones públicas irregulares. Para De la Mata ese es el objeto de la causa tanto en los papeles de Bárcenas como en la Gürtel y por ello cree que la causa debe seguir en la Audiencia Nacional.

De la Mata lo detalla en un auto en el que rechaza que la causa que investiga la caja B de los papeles de Bárcenas pase a los juzgados de Instrucción de Madrid. La reclamación la hacen los arquitectos que reformaron la sede de Génova del PP, Gonzalo Urquijo y Belén García.

El magistrado defiende que a lo largo de toda la instrucción de esta pieza separada del caso Gürtel ninguna de las partes ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional. Considera, además, que haberse atribuido el caso a este tribunal no ha sido una decisión "arbitraria ni irrazonable".

En su escrito, el juez explica que fruto de las "relaciones personales de confianza" que mantenían los empresarios con los "responsables políticos nacionales y regionales del partido" se llevaron a cabo ilegalidades. Entre ellas, cita la donación de fondos para conseguir adjudicaciones o la falsificación y simulación de contratos a cambio de "un flujo de comisiones ilegales para distintos cargos públicos".

Algunas de estas comisiones, añade, "quedaron parcialmente ocultas al circuito económico legal, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas".

http://www.eldiario.es/politica/Juez-Mata-Barcenas-Audiencia-Nacional_0_398960879.html

EL ARQUITECTO DEL PP INVOCA EL 'CASO NEYMAR' PARA EVITAR QUE LE JUZGUE LA AUDIENCIA NACIONAL

Urquijo asegura en un escrito que este órgano no es competente para resolver el 'caso Bárcenas'. Su argumento: el fraude cometido con las obras de Génova 13 es "ocho veces inferior" al del fichaje del futbolista, que ha acabado en un juzgado de Barcelona.

Novedoso argumento futbolístico en el 'caso Bárcenas'. Gonzalo Urquijo, el arquitecto cuyo estudio de arquitectura acometió las obras de remodelación de la sede del PP en la calle Génova presuntamente pagadas en parte con dinero negro, ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, un escrito en el que reclama que la causa no sea juzgada por la Audiencia Nacional, sino por un tribunal ordinario de Madrid. El principal argumento esgrimido por la defensa del propietario de Unifica Servicios Integrales es el reciente auto por el que el 'caso Neymar' ha dejado de ser competencia de la Audiencia Nacional para pasar a un juzgado de Barcelona. Para el arquitecto, la cuantía de dinero supuestamente defraudada en el caso de los papeles del extesorero, 1,5 millones de euros, "es más de ocho veces inferior a los 13 millones" de la otra causa y que, por tanto, si ésta última no afecta "gravemente a la economía nacional o a la seguridad del tráfico jurídico", condición indispensable para quedarse en ese órgano judicial, éste debe inhibirse como ha hecho en el sumario que implica al FC Barcelona.

Urquijo considera "perfectamente trasladables" al 'caso Bárcenas' los argumentos que han llevado el sumario por el fichaje de Neymar a un juzgado de Barcelona

El escrito, presentado el pasado lunes y que incorpora como documento anexo el auto del pasado 22 de mayo del 'caso Neymar' que enviaba éste a los tribunales de la capital catalana, plantea una "cuestión de competencia" en un momento en el que el juez De la Mata acaba de dictar la apertura de juicio oral. En el mismo, el abogado defensor del arquitecto, el exfiscal Luis Jordana de Pozas, asegura que los fundamentos jurídicos de la resolución sobre el fichaje del jugador brasileño "son perfectamente trasladables" al caso de los papeles de Bárcenas en el que están imputados Urquijo y su socia, Belén García, así como el propio extesorero, Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, además de figurar el PP como responsable civil subsidiario. Según el documento, la tramitación como pieza separada del sumario del 'caso Gürtel' lo ha sido "por meras circunstancias accesorias que podrían resultar inicialmente entendibles, pero que no pueden fundamentar ya por más tiempo la atribución de competencia a la Audiencia Nacional" ya que considera que no existe la necesaria "conexidad" entre ambas investigaciones.

La defensa de Urquijo añade que de todos los delitos que se acusa a los encausados, "sólo podrían resultar en hipótesis competencia de la Audiencia Nacional" dos de ellos: el fraude fiscal y la apropiación indebida, pero sólo en el caso de que "produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", algo que, considera, no se da en este caso. Así, en el caso del delito fiscal, recalca que la cantidad en la que cifra el supuesto fraude, 1,5 millones de euros, "es más de ocho veces inferior a los 13 millones de euros que supuestamente habría defraudado el FC Barcelona a la Hacienda Pública" en el fichaje de Neymar. Es por ello que alega que si en este caso dicha cuantía no se consideró que afectaba gravemente a la economía nacional, no se puede afirmar lo contrario en el 'caso Bárcenas'. En este sentido recuerda que el Tribunal Supremo dictó tres autos entre 2009 y 2012 en los que fijaba en 7 millones de euros la cantidad mínima defraudada para que este delito fuera competencia de la Audiencia Nacional. "Es decir, unas cuatro veces más que las que se atribuyen en este procedimiento a los acusados", recalca.

Todo en Madrid

En su escrito, Urquijo también recuerda que los domicilios fiscales de su empresa y del PP se encuentran en Madrid, que las obras bajo sospecha también se realizaron en la capital y que, incluso, el otro hecho del que también acusan a Bárcenas y Lapuerta por delito fiscal, la compraventa de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta 'caja B', también tuvo lugar en la misma ciudad. Por ello, recalca que tampoco existe una pluralidad de territorios que pudiera justificar la competencia de la Audiencia Nacional. Algo similar considera que ocurre con la condición de una pluralidad de afectados en diferentes territorios. El abogado defensor del arquitecto insiste en que "el único teórico afectado sería el Partido Popular y, más concretamente, su sede nacional, sita en la ciudad de Madrid, lugar en el que según las acusaciones formuladas se habría llevado la 'caja B", por lo que no existe "una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia" afectados por los hechos a enjuiciar.

El arquitecto reclama que se "suspenda la tramitación" de la causa a la espera de que se resuleva su petición de que la Audiencia Nacional se inhiba en un juzgado ordinario

Finalmente, la defensa de Urquijo recalca que los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, blanqueo de capitales y delito electoral que plantean en sus escritos dos de las acusaciones populares personadas en la causa tampoco son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, "sino que sólo lo estarían en la medida en que fueran conexos con otros que sí lo estuvieran". Algo que, insiste, no se da con el fraude fiscal. Por todo ello, pide al juez que suspenda la tramitación del procedimiento mientras se resuelve una petición que, en su opinión, debe acabar con la inhibición del órgano judicial en favor de los juzgados de Instrucción de Madrid. El 'caso Neymar', insiste, le da la razón.

http://vozpopuli.com/actualidad/63320-el-arquitecto-del-pp-invoca-el-caso-neymar-para-evitar-que-le-juzgue-la-audiencia-nacional

BÁRCENAS: "NO SOY EXPERTO EN PARAÍSOS FISCALES"

El extesorero del Partido Popular aseguró durante su comparecencia ante el Parlament de Cataluña no sentirse “cabeza de turco de nada” y negó categóricamente haber perjudicado a la administración

Luis Bárcenas se ha negado en todo momento a declarar ante el Parlament de Cataluña, a diferencia de lo que hiciera ante la Cámara balear. El extesorero del Partido Popular se ha justificado matizando que, en aquel caso, el proceso judicial estaba en fase de instrucción, mientras que ahora se encuentra a la espera de una fecha para ser juzgado.

Bárcenas inició su declaración dirigiéndose a David Fernández -presidente de la comisión- exigiéndole una explicación al porqué de su convocatoria. Del mismo modo, aseguró no ser “experto en paraísos fiscales”, a lo que Fernández replicó que no se trataba de un “juicio ni un proceso sumarial”. El exsenador respondió de la siguiente forma: "Por no hacerles perder el tiempo, yo no tengo nada que aportar respecto de lo que ustedes necesitan saber", escudándose, de este modo, en el procedimiento judicial abierto contra él para acogerse a su derecho a no declarar.

Sí se manifestó para dejar claro que la procedencia de sus cuentas en Suiza “no tienen nada que ver con los ingresos del Partido Popular”, sino que son fruto de sus “actividades” y de “saberlas multiplicar”. También matizó, de nuevo, que el SMS que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le envió no se refería sólo a la investigación judicial: "El significado era: Luis, sé fuerte siempre".

Bárcenas ante el Parlament: "El PP recibía donaciones por cariño"

A su vez, y antes de concluir su comparecencia, aseguró no sentirse “cabeza de turco de nada” y negó categóricamente haber perjudicado a la administración.

http://cadenaser.com/emisora/2015/06/15/radio_barcelona/1434385199_673418.html

BÁRCENAS DICE QUE ES FUERTE SIEMPRE, CON SMS Y SIN ÉL

El extesorero del PP ha comparecido en el Parlament de Cataluña, donde se ha negado a declarar pero sí ha dejado un reguero de ironías

Asegura que las cuentas en Suiza son suyas pero que el dinero no proviene de la corrupción sino de sus negocios privados

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas compareció este lunes en la comisión de fraude del Parlament de Cataluña, y a pesar de que se negó en todo momento a declarar sobre sus causas judiciales, dejó una colección de frases irónicas que han hecho de la sesión una de las más singulares.

Preguntado por sus cuentas en Suiza, el extesorero sorprendió a todos cuando recalcó que estas cuentas no solo existieron en el pasado, sino que siguen existiendo: "Las cuentas no eran mías, son mías".

Bárcenas se definió como una persona hábil y con una fortuna razonable que supo gestionar unos beneficios y multiplicarlos, y aseguró que en el juicio quedará acreditado que el dinero en Suiza es legal, y negó tener dinero en otros paraísos fiscales, ya sea "en las Islas Vírgenes o en las no vírgenes".

Pese a admitir su relación con la banca suiza, se declaró "no experto" en paraísos fiscales, y en más de un ocasión se mostró molesto por el tono de las preguntas de los diputados, a los que acusó de no entender que no tenía ninguna intención de no declarar.

"Me empieza a resultar violento responder siempre lo mismo", recriminó a un parlamentario, mientras que a otro le preguntó si las preguntas estaban dirigidas a él, algo que era obvio, ya que era el único compareciente de la sesión de este lunes.

A cambio de "cariño exclusivamente"

Preguntado por si su defensa la paga el PP, ironizó con que "podría ser, ojalá", y lamentó que, pese a no querer declarar, muy a su pesar los diputados le estaban sacando algunas respuestas.

Bárcenas aseguró que las donaciones que recibió el partido siempre fueron a cambio de "cariño exlusivamente", y negó que los donantes dieran el dinero a cambio de adjudicaciones en obra pública.

"Peineta al Parlament"

El encontronazo más fuerte lo tuvo con el diputado de ICV-EUiA Joan Mena, ya que a Bárcenas se molestó por su tono, y lamentó tener que "tragar" en un parlamento que le llamen "ladrón, chorizo y gentuza", al considerarlo descortés.

Cuando Mena había acabado una de sus intervenciones, Bárcenas le espetó: "Usted es un gran genio que ha tenido su momento de gloria en esta legislatura".

Mena acusó a Bárcenas de haber hecho una peineta al Parlament negándose a declarar como la que hizo con la mano en su día a unos periodistas, y el extesorero se ha vuelto a enfadar con el diputado: "Es usted un gran impertinente que se permite despotricar abiertamente".

Condonaciones de deuda

En otro momento, el diputado del PP Santi Rodríguez le preguntó qué le parece que en Catalunya se hubiera condonado deuda al PSC y a ERC, a lo que Bárcenas contestó que era una "práctica general e incorrecta" que hacían todos los partidos, incluido el PP.

Aseguró desconocer completamente la financiación del PP catalán, pero se permitió apuntar que las donaciones recibidas por la filial de este partido deben de haber sido siempre altruistas, ya que "nunca" ha tenido poder en las instituciones catalanas.

Siempre es fuerte, "con o sin SMS"

Bárcenas recalcó que en ningún momento había coordinado su defensa con el partido: "No hay en absoluto concertación entre el PP y yo", he hizo mención al mensaje de texto que le envió Mariano Rajoy asegurando que siempre es fuerte, "con SMS y sin SMS".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/15/barcenas_dice_que_fuerte_siempre_con_sms_sin_el_34102_1012.html

EL SUPREMO DECIDIRÁ SI IMPUTA A PELAYO POR SU IMPLICACIÓN "PATENTE Y GROSERA" EN LOS CONTRATOS CON LA GÜRTEL

El juez De la Mata remite al Alto Tribunal una exposición razonada para que se haga cargo del cierre de la instrucción dada la condición de aforada de la exalcaldesa de Jerez por ser senadora del PP.

Asegura que en el proceso de adjudicación a las empresas de la trama Correa se desbordó la legalidad de forma "clamorosa" y podría haber incurrido en un delito continuado de prevaricación.

"No cabe especular con que se limitó a actuar conforme a los informes de los técnicos; sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", mantiene el magistrado.

La Gürtel deja en el precipicio a María José García-Pelayo transcurridas apenas 48 horas desde que abandonara su cargo como alcaldesa de Jerez. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha remitido este lunes una exposición razonada de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' al Tribunal Supremo al considerar que es éste el competente para continuar con la instrucción de la causa debido a la condición de aforada de una dirigente del PP que es también senadora.

En un profuso, minucioso y demoledor documento de 39 páginas, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el magistrado no deja margen para la duda en lo que respecta a la participación directa de García-Pelayo en las presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación de cuatro contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa que costaron más de 355.000 euros de dinero público. Este supuesto amaño de contratos del Ayuntamiento de Jerez con la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia de España se produjo en la etapa en la que la líder del PP local era alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), organismo autónomo desde el que ordenó las adjudicaciones con motivo del desembarco de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004. Ahora, más de una década después, podría enfrentarse a penas de cárcel por un presunto delito continuado de prevaricación, según razona el instructor de la Audiencia Nacional.

Además de detallar y documentar los antecedentes procesales, los hechos indiciariamente acreditados y describir los indicios, el juez De la Mata justifica la exposición razonada en el hecho de que considera que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese Alto Tribunal, "pues podría existir indiciaria responsabilidad penal, en intima conexión con otras personas no aforadas, de la presidenta de ese organismo autónomo y ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo Jurado, actualmente senadora por Cádiz del Partido Popular". Esta circunstancia, que ya había sido puesta negro sobre blanco tanot por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) como por la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), no había sido sin embargo verbalizada con tanta crudeza y rotundidad como lo expone el magistrado en su exposición razonada.

Según el juez, Pelayo fue "en todo momento consciente" de que no tenía competencia para proceder y que el procedimiento negociado sin publicidad no era procedente.

En el apartado de la misma que denomina 'Calificación jurídica de los hechos y participación de la persona aforada', De la Mata asegura que los hechos descritos pueden constituir un delito continuado de prevaricación (calificación "siempre indiciaria y provisionalmente y a los únicos efectos de sustentar esta resolución") por parte de Pelayo, ya que "su arbitrariedad fue patente y grosera" y "desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso. La señora exalcaldesa adoptó decisiones para las que carecía totalmente de competencia, omitiendo totalmente las formalidades procesales administrativas pertinentes y actuando con desviación de poder". Y abunda: "Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más acorde para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales. Actuando así, todos se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido".

A todo esto, la resolución enviada este lunes a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo acredita que la líder del PP "tenía plena conciencia de la ilegalidad de su actuación". Y lo resume de la siguiente manera: "La señora exalcaldesa y senadora fue consciente (por el informe de la Interventora) de que no tenía competencia para proceder, por corresponder al Consejo Rector, luego conoció desde el primer momento la ilegalidad de su actuación. Este informe no era inconcluyente ni ambiguo y no daba pie a ser interpretado de forma distinta a su tenor literal. La competencia era del Consejo Rector y no de su Presidenta". En segundo lugar, describe, "en todo momento fue consciente (por el informe de la Interventora) de que el procedimiento negociado sin publicidad no era procedente, luego conoció desde el primer momento la ilegalidad de su actuación".

Notas manuscritas, analizadas por la IGAE y remitidas en el informe ampliatorio solicitado por Ruz, de una de las reuniones preparatorias para Fitur 2004, en noviembre de 2003 y donde ya claramente figura Isidro Cuberos. Las cantidades se expresan en pesetas y es curioso como figura para el 'intermediario' como cantidad asignada "el resto".

"En tercer lugar -añade-, no cabe en este caso especular con que la exalcaldesa y senadora pudo no participar en el procedimiento administrativo y que se limitó a actuar conforme a los informes y propuestas elaboradas con los técnicos, confiando en los mismos". Y es que, como se ha indicado reiteradamente, "no existió tal procedimiento administrativo". Aquí el juez insiste en que Pelayo contrató "verbalmente a estas empresas directamente, sin más trámites, y cuando firmó toda la documentación, contratos incluidos, Fitur 2004 ya había terminado y las empresas habían prestado los servicios". Cuando firmó todos los documentos, "lo que ocurrió como pronto en febrero de 2004", sabía "obviamente" que "todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para poder justificar los pagos que posteriormente también autorizó".

"Cuando firmó la resolución aprobando los pliegos de condiciones particulares y técnicos estos sencillamente no existían. Se elaboraron en el mes de febrero, después de terminada Fitur 2004".

Por último, tampoco cabe deducir, aunque se admitiera a efectos meramente especulativos y pese a las evidencias en contra, que los documentos administrativos se firmaron por la dirigente popular en las fechas que aparecen consignados en los mismos: "Es claro que supo que todos los documentos que firmaba no se correspondían a la realidad". Y va a más en este punto: "Cuando firmó la resolución aprobando los pliegos de condiciones particulares y técnicos estos sencillamente no existían. Se elaboraron en el mes de febrero, después de terminada Fitur 2004; cuando firmó la resolución aprobando la adjudicación a la mejor oferta, estas sencillamente no existían y por tanto no podían haber sido valoradas, ya que las empresas no las presentaron al menos hasta febrero de 2004; y cuando firmó los contratos con los representantes de las empresas, éstas no habían presentado sus ofertas técnicas y económicas. Las ofertas no existían en cuanto fueron presentadas semanas más tarde".

A modo de conclusiones, y dejando claro que el TS con "su superior criterio, resolverá", el juez eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese Alto Tribunal, pues "podría existir indiciaria responsabilidad penal" en la senadora García-Pelayo, "en íntima conexión con otras personas no aforadas, para conocer de los hechos objeto de investigación en esta pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de las diligencias previas 275/008 seguidas ante este Juzgado Central de Instrucción número 5".

Del mismo modo, se remite el documento "una vez delimitado el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditan su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica, todo ello a los estrictos efectos de esta exposición y con el carácter provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa". En última instancia, suscribe, "la propuesta se eleva respetuosamente tanto en relación con la persona aforada como a las personas imputadas no aforadas al estimarse que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos en procedimientos diferentes, imponiéndose en principio, como consecuencia del principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias".

Contratos millonarios con la Gürtel a costa de los jerezanos

Los hechos concretos en que tomó parte Pelayo en relación con los contratos para Fitur 2004, según detalla el documento, han sido los siguientes: 'Expediente referido a la prestación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004'. El 8 de enero de 2004 aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas y dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad. Unos días más tarde, el 15 de ese mismo mes, adjudicó a la sociedad Special Events SL el lote referido a la gestión por importe de 162.806,73 euros; y a la sociedad Teleanuncio SA el referido a la “publicidad y propaganda” por importe de 141.364,56€. El 19 denero firmó los contratos correspondientes y el 4 de agosto aprobó el pago de la factura correspondiente ese contrato de Special Events, habiendo ordenando además que se hiciera efectivo el 3 de diciembre de ese año, días antes de romper el pacto de gobierno que mantenía con Pedro Pacheco. También aprobó el pago de la factura correspondiente al contrato con Teleanuncio y habría ordenado además que se hiciera efectivo el 7 de diciembre de 2004.

Hay un segundo expediente llamado 'Acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para espectáculo ecuestre. Fitur 2004'. En este caso, el juez acredita que el 8 de enero de 2004, Pelayo aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas y dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad si bien expresando al mismo tiempo que no había sido posible promover concurrencia. Resolvió el 15 de enero, al igual que en el expediente anterior, adjudicar los servicios a Down Town Consulting SL por un precio de 39.366,92 euros. Firmó el contrato el 19 de enero y aprobó el abono de la factura la factura 042/04 el 4 de agosto de ese año, en el ejercicio de sus competencias, ordenando su pago el 3 de diciembre.

Por último, tomó parte en el contrato menor referido al montaje de un espectáculo de flamenco a desarrollar en los jardines de Cecilio Rodríguez. En este caso, reza la exposición razonada, la tramitación se hizo como contrato menor por razón de su cuantía, y se adjudicó por María José García-Pelayo Jurado, en calidad de alcaldesa-presidenta del IPDC, a la sociedad Down Town Consulting SL por un precio 11.855,06 euros, reflejado en la factura no 19/04, de 20 de febrero de 2004.

http://www.lavozdelsur.es/el-supremo-decidira-si-imputa-pelayo-por-su-implicacion-patente-y-grosera-en-los-contratos-con-la

HACIENDA SUGIERE QUE 12 MILLONES EN NEGRO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ ACABARON EN LA ‘OPERACIÓN CALDERÓN’

La Agencia Tributaria sostiene que un empresario pudo haber abonado 21 millones, 16 de forma opaca, por el 5% de la empresa que iba a construir 2.000 viviendas en el estadio del Atlético de Madrid

Un informe remitido al juez confirma que los imputados en Arganda habrían podido cometer un total de diez delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 4,8 millones

La Agencia Tributaria considera que 12 de los 25 millones que Francisco Correa percibió por su intermediación en la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, pudieron acabar en la operación urbanística del estadio Vicente Calderón, según consta en un informe remitido al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, al que ha tenido acceso infoLibre.

"Queda pendiente de conocer qué ha ocurrido con los 12 millones de euros", indica el documento de Hacienda, que apunta dos opciones. La primera, que pasaran a formar parte del precio de las acciones pagadas por el imputado Manuel Salinas al empresario Fernando Martín por la venta del 5,01% de la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales.

La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la Operación Calderón-Mahou. Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones.

Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística, que preveía la construcción de 2.000 viviendas libres, pero también el traslado de la sede deportiva del Atlético de Madrid al conocido como estadio de La Peineta, que según la previsión del Ayuntamiento de Madrid iba a ser el Estadio Olímpico de Madrid, edificado por la constructora FCC.

RTM, constituida en 2004

RTM fue constituida el 19 de abril de 2004, dos meses antes de que el Atlético de Madrid, presidido por Enrique Cerezo, traspasara el estadio a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid. Y según el informe de Hacienda Fernando Martín, que acabó siendo presidente del Real Madrid, se hizo con el 33% del capital de RTM.

Posteriormente, el empresario Manuel Salinas adquirió el 5,01% del total de RTM a Fernando Martín, por lo que pagó 5 millones de euros. Pero tal y como adelantó infoLibre, otros cuatro millones habrían sido abonados desde paraísos fiscales, por lo que el dueño de Martinsa habría percibido 9 millones de euros por el 5,01% de RTM.

A los 9 millones habría que añadir los mencionados 12 millones hasta ahora sin destino conocido: "De forma que el precio total [por las acciones de RTM] sería de 21 millones de euros", completa el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Amando Mayo Rebollo, uno de los imputados por este pelotazo, reconoció en un escrito dirigido al juez de Gürtel que el destino de su inversión de 700.000 euros fue la participación en la compra de Martinsa-Fadesa de acciones de la compañía mercantil RTM "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del Estadio Vicente Calderón".

La documentación remitida por el banco de Fernando Martín en Mónaco especifica que una transferencia de 4 millones a Correa era una inversión en los terrenos del Atlético de Madrid "a través de la sociedad RTM". Pero en realidad la inversión en RTM, según la contabilidad de Martinsa, ya se había producido en los años 2004 y 2005.

12 millones por la operación Arganda

Pero el informe de Hacienda indica un posible segundo destino de los 12 millones de euros que el empresario zaragozano Manuel Salinas transfirió a Correa en Suiza en 2004. Que fueran una participación "oculta" en la operación Arganda por parte del propio Salinas.

Según consta en el mencionado documento remitido al juez De la Mata, los beneficios brutos que Martinsa habría obtenido por la venta de viviendas en los terrenos adjudicados en Arganda habrían superado los 535 millones de euros.

En este sentido, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció en su declaración por escrito en la Audiencia Nacional haber participado en una reunión en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP en la que el que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta alertó de un posible pelotazo en Arganda del Rey.

Recientemente, el comisario José Manuel Villarejo, quién junto a su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño fue acusado por el presidente de la Comunidad de Madrid de haberle "chantajeado" durante una entrevista mantenida en 2011 en un establecimiento de la madrileña Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno de esta Comunidad, vinculó al presidente en funciones madrileño Ignacio González con el pelotazo de Arganda.

Diez delitos fiscales

El documento de Hacienda confirma, además, que los imputados en la operación urbanística de Arganda habrían podido cometer una decena de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 4,8 millones. En concreto, el informe sostiene que el empresario Fernando Martín, el supuesto autor de la segunda transferencia a Correa, en este caso de 13 millones, podría haber cometido dos delitos por el impago del IRPF de 2005 (122.452 euros) y 2006 (1.034.256 euros), así como el impago de 178.138 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2005.

A su vez Martinsa, que hasta el concurso de acreedores era la mayor promotora de España, habría cometido, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, un delito fiscal por no abonar hasta 1,4 millones del Impuesto de Sociedades. De este delito sería responsable también el propio Fernando Martín, propietario de la firma.

Pero el imputado que más acusaciones de delitos tendrá que afrontar por el pelotazo de Arganda del Rey será el ya mencionado Amando Mayo Rebollo, considerado uno de los intermediarios de la trama. En total serían tres delitos fiscales por no abonar el IRPF en 2006 (485.182 euros); 2007 (503.431 euros); y 2008 (607.828 euros), y otros dos por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2006 (123.943 euros) y 2007 (216.629 euros).

El que fuera alcalde del PP de Arganda del Rey Ginés López cierra el colectivo de posibles defraudadores, ya que también habría cometido un delito contra la Hacienda Pública por no abonar 148.500 euros en el IRPF de 2006.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/18/hacienda_sugiere_que_millones_negro_del_mayor_pelotazo_gurtel_acabaron_operacion_calderon_34208_1012.html

ACUSADOS EN LA PIEZA DE FITUR VUELVEN A PEDIR LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO

Los abogados de los acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, han vuelto a pedir la suspensión del juicio, así como una instrucción complementaria con la documentación a la que hasta ahora no habían tenido acceso y que constaba en la causa matriz que se instruye en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

La mayoría de los letrados de los 13 acusados en esta pieza, entre los que se encuentran las exconselleras de Turismo del Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, han aprovechado el primer día de cuestiones previas señalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras suspender la vista el pasado mes de marzo, para insistir en la suspensión del juicio.

Así de contundente se ha pronunciado, por ejemplo, el letrado de uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, quien ha insistido en que la aparición de nueva documentación en Madrid, a la que hasta ahora solo había tenido acceso las acusaciones y las autoridades policiales y tributarias, "justifica una instrucción complementaria que permita que los escritos de defensa y de la acusación puedan experimentar las modificaciones pertinentes a la luz de las pruebas".

Precisamente fue esta nueva documentación la que obligó al tribunal valenciano a suspender la vista el pasado mes de marzo tras pedirlo también las defensas, al asegurar que se estaban vulnerando los derechos de sus representados al no poder enfrentarse al juicio con las mismas pruebas e informaciones que las acusaciones. El TSJCV les dio un plazo para instruirse de algo más de dos meses, aunque las defensas vuelven a alegar que no han llegado a tener acceso a estos documentos hasta la pasada semana. En concreto, para revisar los archivos informáticos han dispuesto únicamente de tres días -serían 6.000 gigas de documentación, según ha apuntado el letrado de Herrero--.

Ante esta nueva documentación y el "escaso" tiempo para estudiarla, el letrado de Crespo ha subrayado la "necesidad" de que se suspenda la vista porque los letrados necesitan "más tiempo": "Es literal y materialmente imposible estudiarse esta documentación en tan poco tiempo", ha dicho, y ello "afecta al derecho de defensa y a un proceso justo con todas las garantías". "Necesitamos más tiempo para escudriñar todo lo que hay", ha apostillado.

Junto a ello, ha abogado, al igual que otros letrados, por realizar una instrucción complementaria. De aceptarse esta solicitud, el tribunal valenciano podría perder la competencia para seguir con el enjuiciamiento de esta pieza, puesto que se retrotraerían las actuaciones al momento anterior a la apertura de juicio oral, y el encargado de seguir con el procedimiento, al no quedar aforados en la causa, sería un juzgado ordinario.

MODIFICAR ESCRITOS Y PRUEBAS

La letrada de Mónica Magariños, una de las exempleadas de la trama, ha insistido en esta instrucción complementaria y ha advertido de que la vista oral "no puede sustituir esta instrucción solicitada". "Debería permitirse que acusaciones y defensas pudieran modificar sus escritos y proponer nuevas pruebas", ha subrayado.

Por otro lado, ha advertido de que tan solo hace una semana que asumió la defensa de Magariños, puesto que anteriormente lo hacía otra letrada del turno de oficio, y ha señalado que en este tiempo no le ha dado a tiempo a ver y estudiar toda la documentación que obra en la causa. "Si el tribunal no accediera a darme un plazo razonable para instruirme adecuadamente, se estaría vulnerando el derecho de defensa", ha puntualizado. Ha solicitado, al menos, un plazo de 60 días naturales.

Así mismo, ha aludido a "vicios" en la fase de instrucción que "no son subsanables" como la "ocultación de documentos a los que sí han tenido acceso órganos policiales, tributarios, administrativos y la acusación pública".

Por su parte, el letrado de la exconsellera Milagrosa Martínez ha insistido en estos mismos extremos que han expuesto sus compañeros, y ha aludido a que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva y el control judicial. Además, ha reiterado la infracción del derecho de las comunicaciones al acordarse intervenciones telefónicas que carecían del requisito de temporalidad. En una de estas conversaciones se aludía a un supuesto regalo para Martínez, su representada.

"PISTOEO CONSTANTE"

El abogado de otro de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, se ha referido a otras "irregularidades" en el procedimiento como el hecho de que su cliente estuviera detenido durante cinco días o que no pudiera estar presente en los registros practicados en sus oficinas. "Este proceso está viciado desde el principio, y esto continua sin tener en cuenta un pisoteo constante", ha lamentado.

Por su parte, el letrado de Cándido Herrero ha manifestado que la solicitud de la suspensión del juicio "no es gratuita" y se justifica en la "gravedad" de la causa y para "evitar la desigualdad entre las partes". "Nos interesa a las defensas que se haga el juicio ya, pero con garantías", ha destacado, al tiempo que ha agregado: "Toda la instrucción se ha practicado sin que las defensas hayan tenido oportunidad de examinar toda la prueba". Ha afirmado que con tres meses para estudiar la nueva información, "sería suficiente".

Así mismo, la representación de otro supuesto cabecilla y responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha señalado que los acusados tienen derecho a un proceso "con todas las garantías" y ha denunciado la falta de imparcialidad objetiva del tribunal, así como una vulneración del derecho debido al despiece o formación de piezas en el proceso. Mañana se retomarán las cuestiones previas con el turno de réplica para las acusaciones: Fiscalía y PSPV --acusación particular--.

http://www.europapress.es/

EL ‘NÚMERO DOS’ DE CORREA: “ESTE JUICIO LO VAMOS A GANAR”

Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, han vuelto este jueves al banquillo por las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. El juicio se inició el 31 de marzo y fue suspendido por el Tribunal Superior valenciano en la segunda jornada para que las partes pudieran examinar toda la documentación del caso. Las defensas han vuelto a pedir este jueves una nueva suspensión. Los jueces decidirán mañana.

A la salida del tribunal tras la conclusión de la sesión, el considerado por la fiscalía como número dos de la red, Pablo Crespo, ha afirmado que la policía y el ministerio público "han dispuesto de documentación desde hace siete años" que a los acusados no se les ha permitido consultar hasta hace poco. Y ha reclamado más tiempo para estudiarla. "Tenemos las pruebas necesarias para desmontar las acusaciones. Este juicio lo vamos a ganar porque aquello de lo que se nos está acusando es absolutamente falso", ha agregado Crespo.

El abogado de Correa ha alegado que durante el procedimiento se ha producido un "pisoteo constante de los derechos fundamentales" de su cliente y un "vicio de principio", por lo que ha solicitado la nulidad del caso. El que fue letrado de Correa en Valencia en los últimos años renunció hace unas semanas a su defensa, y hoy le ha asistido uno nuevo. También ha advertido de una supuesta violación de derechos la defensa de Mónica Magariños, empleada de las empresas de Correa. En este caso se trata de una abogada del turno de oficio que ha alegado que se ha hecho cargo de la defensa hace una semana, y no ha tenido tiempo para instruirse al respecto.

Junto a Correa, Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y empleados de sus empresas se sientan en el banquillo dos ex consejeras de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, que también presidió las Cortes Valencianas y sigue siendo alcaldesa en funciones de Novelda, y varios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.

A su llegada al tribunal, Pablo Crespo ha negado que sus empresas hicieran regalos a políticos, y ha afirmado que si ganaban convocatorias públicas era porque eran "los mejores". La expresidenta de las Cortes Valencianas ha afirmado que confía "plenamente en la justicia", mientras que Álvaro Pérez ha señalado que se siente "inocente".

La Fiscalía y la acusación particular que ejercen los socialistas atribuyen a los acusados los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

A lo largo de la causa, los acusados han negado las acusaciones y han tratado de convertirla en un proceso político que había orquestado el ex secretario general socialista y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. También pidieron la recusación de uno de los jueces que integran el tribunal, Juan Climent, por haber formado parte a principios de los años ochenta del Gobierno autonómico que presidió Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Una solicitud que los magistrados consideraron infundada.

El Tribunal Superior valenciano atendió en el primer arranque del juicio la petición de las defensas de varios de los acusados, que advirtieron de que existía documentación en la parte original del caso, instruida en la Audiencia Nacional, que podía afectar a sus clientes y a la que no habían tenido acceso mientras que la Fiscalía Anticorrupción sí que había podido hacerlo. Los letrados pidieron tiempo para estudiar la documentación, afirmando que de lo contrario se produciría "una quiebra del principio de igualdad". Los jueces aceptaron posponer el juicio dos meses. Las defensas han reiterado este jueves los mismos argumentados, y han lamentado que a pesar del largo paréntesis hasta hace unos días no han tenido acceso a la documentación debido a la lentitud de la justicia.

La fiscalía contestará este viernes a las alegaciones de los acusados, y después probablemente los jueces decidirán si suspenden nuevamente las sesiones o llevan hasta el final el primer juicio a la trama.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/11/actualidad/1434011338_936413.html

DOBLE EMBARGO JUDICIAL AL INSOLVENTE LUIS BÁRCENAS

• El extesorero no puede hacer frente a los 88 millones de fianza por el caso Gürtel

• El exmarido de Ana Mato sólo asume 2.600 euros de los 3,3 millones

• El PP presenta un aval por 245.492 euros y la ex ministra consigna 28.467 euros

Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009, debe responder con 88 millones de euros por los indicios de delito que le persiguen desde hace años en relación con el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción dirigida por Francisco Correa que se enriqueció gracias a instituciones gobernadas por el PP y a dirigentes de este partido. El ex tesorero popular está imputado por blanqueo, falsedad documental, fraude fiscal, apropiación indebida y estafa. Tiene todos sus bienes embargados desde verano de 2013 y no puede hacer frente a esta nueva fianza.

La Ley señala que cuando resulten indicios de criminalidad contra una persona, "se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes". Si el afectado no prestara esa fianza, "se decretará el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades".

Bárcenas ya ha pasado antes por ese trance. La investigación judicial destapó en 2013 la fortuna suiza del ex tesorero nunca declarada a Hacienda y de origen desconocido. A raíz de ese descubrimiento, el juez Pablo Ruz ordenó en plena instrucción del caso el bloqueo de las cuentas de Bárcenas en el país helvético, donde llegó a acumular 48,2 millones, y le impuso una fianza de responsabilidad civil de 43,2 millones que el ex tesorero no pudo afrontar. El magistrado decretó entonces el embargo de todos los bienes de Bárcenas: sus cuentas bancarias en España, con un saldo de 700.000 euros; la vivienda de la calle de Príncipe de Vergara en la que vive, otra casa en el barrio de Peñagrande, y un chalé próximo a la estación de esquí de Baqueira Beret, además de dos plazas de garaje

Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero, reclamó entonces al juzgado que desbloqueasen las cuentas de su marido, encarcelado, para afrontar sus gastos corrientes y cifró éstos en 5.000 euros al mes. El juez tan sólo aceptó que Iglesias utilizase 300 euros al mes. Cuando Bárcenas salió de prisión, la esposa del extesorero reclamó que se triplicase la asignación aprobada por el juez dado que habría un miembro más en la familia. Pero Ruz se negó. Bárcenas también intentó que le desbloqueasen sus cuentas en Suiza para pagar los impuestos que le correspondían en España. Pero la Audiencia también descartó esa posibilidad.

A sólo unos meses del comienzo del juicio en el que la Fiscalía pide para Bárcenas 42 años de cárcel y 88 millones de indemnización en concepto de responsabilidad civil y multa, el ex tesorero no ha podido afrontar la fianza. La Audiencia Nacional ha investigado su patrimonio en España: sus cuentas y sus propiedades están embargadas desde hace casi dos años.

Bárcenas no es el único imputado del caso Gürtel incapaz de hacer frente a la fianza impuesta. Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, exejecutivo del PP y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), está acusado de cohecho, fraude, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía pide 11 años de cárcel y una indemnización de 3.3 millones de euros en concepto de multa y responsabilidad civil. Sepúlveda tan sólo ha consignado 2.600 euros y ha designado la vivienda donde vive, sobre la que existe todavía una hipoteca pendiente de casi 80.000 euros, para prestar fianza.

El abogado de Sepúlveda explica al juez que su defendido, despedido del PP por el escándalo, carece de ingresos y el pasado febrero dejó de cobrar el subsidio de paro. Para hacer frente al crédito que solicitó para comprar la vivienda donde vive, Sepúlveda ha tenido que solicitar el rescate del plan de pensiones que tenía contratado con un banco.. Su exmujer, Ana Mato, exministra de Sanidad que dimitió de su cargo tras ser implicada en el caso como "partícipe a título lucrativo", ya ha consignado en el juzgado los 28.467 euros que se le reclaman, correspondiente al 50% de los gastos en viajes y fiestas de sus hijos que fueron abonados supuestamente por la red corrupta. El Partido Popular, señalado también como "partícipe a título lucrativo" ha depositado un aval del Banco Popular por 245.492 euros, dinero correspondiente a los actos electorales celebrados en Majadahonda y Pozuelo que fueron pagados por la red corrupta.

De los 19 euros diarios de paro a la fortuna suiza de 48 millones

Luis Bárcenas atesoró en dos cuentas suizas, abiertas a comienzos de los años noventa, una fortuna de 48,2 millones de euros a finales de 2007. Los jueces todavía investigan el origen de ese dinero sin dar credibilidad a la versión que ha dado Bárcenas, que justificó la fortuna oculta al fisco en su actividad empresarial de éxito y en inversiones bursátiles acertadas.

Veinte años antes, Bárcenas había sido despedido del PP durante la presidencia de Antonio Hernández Mancha y se había quedado en paro. Entre el 6 de noviembre de 1987 y el 30 de enero de 1989, Bárcenas cobró el subsidio de desempleo, a razón de 19 euros diarios durante 475 días. Su despido fue declarado improcedente por los tribunales y regresó al partido en 1990. Desde entonces y hasta 2009, Bárcenas controló, como gerente primero y como tesorero después, todas las cajas del partido: las oficiales declaradas al Tribunal de Cuentas, y las paralelas alimentadas por empresarios que donaban fondos al margen de la Ley.

Con motivo de la fianza de 88 millones impuesta a Bárcenas por el caso Gürtel, la Audiencia Nacional abrió una investigación del patrimonio del extesorero. En el informe incorporado al sumario del caso se ofrecen datos de Bárcenas facilitados por la Agencia Tributaria, el Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, el ministerio de Trabajo (prestaciones por desempleo) y la Policía. El resultado de la investigación es el que sigue:

- Percepciones del trabajo. La última nómina de Bárcenas corresponde a enero de 2013 como empleado del Partido Popular, quién pagó una retribución mensual de 18.257 euros con una retención de 8.033 euros. Cobró por no hacer nada, según concluyeron los jueces de lo social que resolvieron su demanda por despido improcedente. No pudo haber despido, argumentaron en dos sentencias, porque Bárcenas no estaba contratado. Lo que en realidad hizo el Partido Popular fue una simulación de contrato, que canceló cuando EL PAÍS publicó los papeles en los que el extesorero apuntó la entrada ilegal de fondos en una caja b con la que se pagaron sobresueldos..

- Cuentas bancarias. La Agencia Tributaria informó a la Audiencia sobre cinco cuentas bancarias a nombre de Bárcenas. Dos de ellas (Banco Popular y Banco Sabadell) carecen de fondos. En otras dos cuentas de Caixabank con saldos de 764 euros y 34.600 euros no hay movimientos de fondos en el último trimestre. En la última, de Bankia, hay movimientos poco significativos sobre un saldo de 28.861 euros. El juez Pablo Ruz bloqueó todas las cuentas de Bárcenas en Suiza y embargó en 2013 todos los bienes del extesorero en España.

- Propiedades inmobiliarias. Bárcenas tiene registrados a su nombre un chalé junto a la estación invernal de Baqueira Beret; un piso en la calle Príncipe de Vergara; una plaza de garaje en la calle del General Pardinas, y una vivienda cuya propiedad comparte con sus hermanos en la calle Isla de Arosa.

- Vehículos. La Dirección General de Tráfico tiene registrados a nombre de Bárcenas tres vehículos: Un Alfa 159 diesel matriculado en 2007; una furgoneta Mitsubishi matriculada en 2006 y un todoterreno Gran Cherokee matriculado en 1994.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/1431707552_686897.html

BÁRCENAS PIDE SU REINGRESO EN EL PP

El extesorero ha reclamado su reincorporación a su antiguo puesto después de la sentencia que confirma su situación de excedencia laboral. El PP ha rechazado su petición y el 29 de mayo se verán las caras en el servicio de mediación laboral

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha solicitado su reincorporación a su antiguo puesto de asesor por el que cobraba 21.300 euros al mes y la formación conservadora ha rechazado su petición, según han confirmado a la SER fuentes de este partido.

El letrado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha corroborado que el próximo 29 de mayo su cliente y el Partido Popular comparecerán ante el Servicio de Mediación y Arbitraje laboral de Madrid en el acto previo de conciliación a la interposición de una nueva demanda laboral contra el PP, si este partido no reconsidera su posición.

La solicitud de reingreso de Bárcenas en el PP se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmase el pasado 4 de mayo la sentencia del juzgado de lo social número 16 de esta ciudad, que el 18 de julio de 2014 concluyó que Bárcenas sigue siendo empleado del PP en situación de excedencia, porque no hay constancia documental de que su relación laboral cambiara desde que en 2004 solicitó esta excedencia para convertirse en senador.

Los jueces sostienen que no hubo despido en diferido, en contra de lo afirmado por Cospedal, sino una simulación contractual entre 2010 y enero de 2013, por la que el PP pagó 21.300 euros al mes a su extesorero y dos extra anuales, además de mantenerle un audi con chófer, secretaria personal y empleados que acudían a su domicilio cuando eran requeridos. También mantuvo durante este tiempo una dirección de correo electrónico corporativo, y recibió cestas de Navidad del Partido Popular tanto en 2010, como en 2011 y en 2012, cuando ya estaba imputado.

El tribunal también aseveró que el PP pudo defraudar a la Seguridad Social al mantener un contrato simulado con Bárcenas, e instó a esta institución, a la inspección de trabajo, a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía a investigarlo porque los hechos pueden ser objeto de una grave infracción administrativa.

Al conocer la sentencia, tal y como contó la SER, la defensa del extesorero aseguró que se planteaba su reincorporación al Partido Popular.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/20/tribunales/1432119735_647278.html

UN JUEZ DEL CASO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS PIDE ABSTENERSE POR ESTAR LIGADO AL PSOE

El magistrado Ignacio Sánchez Yllera solicita quedar apartado de la causa porque fue director de Gabinete de De la Vega

La causa sobre el borrado de los discos duros de los equipos del extesorero del PP desapareció después de que fuera archivada en 2013

Uno de los magistrados que debían revisar el archivo dictado por una jueza de Madrid de la causa que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas solicitó abstenerse del procedimiento por haber ocupado cargos de libre designación en Gobiernos socialistas.

El juez de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera remitió un escrito al presidente de su Sección en el que solicita quedar apartado en esta causa y explica que ejerció como director de Gabinete de María Teresa Fernández de la Vega en su etapa como secretaria de Estado de Justicia, entre los años 1994 y 1996. Ocho años más tarde ocupó el mismo puesto, en este caso cuando De la Vega fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.

"Desde 1990 he mantenido con María Teresa Fernández de la Vega una estrecha relación de trabajo y sincera amistad personal", dice el magistrado que agrega que debido a su estatuto profesional no mantuvo nunca relación orgánica con el PSOE, informa Europa Press.

El juez Sánchez Yllera aclara que, aunque no se siente personalmente concernido por los intereses que se ventilan en el caso, su situación personal podría plantear dudas sobre su imparcialidad.

La causa sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero conservador en la sede del partido desapareció después de que fuera archivada en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de los recursos contra su archivo.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que inició la instrucción y se inhibió posteriormente a favor de los Juzgados madrileños, remitió estas diligencias hace unas semanas después de recibir una petición del Juzgado 32, que las reclamó cuando la secretaría judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

Ni daño ni encubrimiento

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados. La causa ha quedado reconstruida después de que las partes personadas hayan presentado de nuevo los escritos remitidos.

Extravío de la causa

IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/19/un_juez_del_caso_los_ordenadores_barcenas_pide_abstenerse_por_estar_ligado_psoe_32853_1012.html

ENTREVISTA RAJOY EN COLPISA

Presidente.- Su partido ha tenido un gran problema, un error según usted, con la gestión de los casos de corrupción. ¿Lo minusvaloraron en su momento?

P.- No, la corrupción le ha hecho daño al conjunto de la clase política. También al PP. Debemos hacer un esfuerzo para evitar que estas cosas se puedan repetir en el futuro. Nosotros hemos apartado a todas las personas que se vieron involucradas en estos actos, hemos presentado un paquete de leyes de lo más avanzado al que no se le prestó demasiada atención y hemos dejado que las instituciones funcionen. Creo que la Fiscalía ha hecho su labor, creo que los tribunales han hecho su labor y hay personas que han sido condenadas por no ajustar sus comportamientos a la ley. Yo espero que después del ambiente lógico que se ha creado en la sociedad española de repudio y de rechazo, en el futuro veamos estas cosas en mucha menor cantidad que en los últimos tiempos. En cualquier caso, permítame que reivindique la figura del político. Yo llevo muchos años en la vida política, he sido concejal, incluso, y diputado provincial. Y he visto a muchísima gente, de todas las fuerzas políticas, que se ha comportado lealmente, que ha trabajado y que también merece la consideración por parte de los demás. Pienso que hay que ser equilibrado y tener mesura en los juicios que se hagan. Nadie sabía nada

P.- Con Luis Bárcenas tuvo relación durante años. ¿Usted o los dirigentes de su partido nunca sospecharon nada de las actuaciones del tesorero?

Presidente.- Pues no. Si lo hubiéramos sospechado, se habría actuado. Nadie sabía nada.

P.- ¿Se arrepiente del intercambio de mensajes con Bárcenas o de haber confiado en él?

Presidente.- Déjeme ubicarme en el futuro y en tomar decisiones para que según qué cosas no se vuelvan a repetir.

P.- En términos políticos, ¿el PP ha gestionado bien la situación?

Presidente.- El PP hizo lo que tenía que hacer. Dejar que la justicia funcione, presentar proyectos de ley para evitar que estas cosas ocurran en el futuro, y apartar de su pertenencia al partido a las personas que estaban involucradas. Eso es lo importante. Luego si entramos en detalles concretos, sobre uno u otro, lo que pasó en un sitio, eso ya es muy complicado. Desde luego haré cualquier cosa que pueda hacer porque la sociedad tiene razón en considerar esto absolutamente inadmisible.

P.- Esperanza Aguirre decía hace unos días que todo el mundo en el PP cobró sobresueldos menos ella y Alberto Ruiz Gallardón, ¿qué hay de cierto en esto?

Presidente.- No lo dijo y, como comprenderá, no voy a entrar a comentar todo lo que dice todo el mundo y menos aún si son cosas que no se han dicho.

P.- El presidente Alberto Fabra habla en la Comunidad Valenciana de un nuevo PP por la manera en la que se ha apartado a Alfonso Rus en cuanto surgieron unas grabaciones de él contando dinero en un coche, ¿inaugura una manera de reaccionar de manera inmediata?

Presidente.- Ya llevamos mucho tiempo en esa manera.

P.- ¿Cree que existe una relación entre la corrupción y los mandatos largos en el Gobierno? Por ejemplo, el PSOE de Andalucía se ha topado con el caso de los ERE irregulares, Gürtel ha afectado al PP en Madrid y Valencia, CiU ha tenido problemas con la corrupción en Cataluña…

Presidente.- El Gobierno de España no ha tenido ninguno, quizá porque llevamos poco tiempo. (Risas) No tiene por qué ser así necesariamente. Hay gente que lleva mucho tiempo asumiendo responsabilidades de Gobierno, se me ocurre el ejemplo de La Rioja o de muchos alcaldes, y no ha tenido ningún problema. La corrupción está en la condición humana. No es propia ni de una fuerza política ni de otra. Pero en el servidor público es mucho más escandaloso.

http://www.colpisa.com

EL SUSTITUTO DE RUZ RESPALDA EL VIAJE SECRETO DE ANTICORRUPCIÓN A SUIZA EN EL 'CASO GÜRTEL'

El juez De la Mata dicta un auto en el que echa por tierra los intentos del extesorero del PP y otros imputados de torpedear las pruebas llegadas desde el país helvético. Rechaza cualquier “irregularidad” en la reunión de las fiscales con un colega de Berna para 'liberar' los datos bancarios.

La ‘batalla suiza’ del caso Gürtel sigue registrando escaramuzas judiciales. La última, en forma de un auto dictado por el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. El magistrado que ha sustituido a Pablo Ruz en la parte final de la instrucción de la causa ha dictado una resolución en la que, no sólo rechaza los últimos recursos presentados por Luis Bárcenas y otros encausados con cuentas en el país helvético, sino que en tres líneas zanja la polémica sobre el viaje secreto que las representantes de la Fiscalía Anticorrupción hicieron el pasado 18 de marzo a Berna para reunirse con un colega suizo. Según De la Mata, en dicho encuentro, que buscaba eliminar el veto que han puesto las autoridades suizas al uso en el juicio de los datos bancarios remitidos en las diferentes comisiones rogatorias, no existió “irregularidad ninguna”.

De la Mata zanja las quejas sobre la visita de las fiscales a su colega en Berna en sólo tres líneas en las que destaca que no existió "irregularidad ninguna"

La respuesta del magistrado se ha plasmado en un auto fechado el pasado 7 de mayo de cinco folios de extensión al que ha tenido acceso Vozpópuli y con el que daba respuestas a los últimos escritos presentados por el extesorero del PP, el señalado como su testaferro, el ‘broker’ Iván Yáñez; y el político Alberto López Viejo, considerado hasta su caída en el ‘caso Gürtel’ como el ‘delfín’ de Esperanza Aguirre. En dichos escritos, estos tres acusados, a los que se sumó posteriormente el que fuera presunto 'número 2' de la trama, Pedro Crespo, se oponían frontalmente al auto dictado por Ruz el pasado 17 de abril, el último que redactó en la Audiencia Nacional, en el que pedía de nuevo a las autoridades helvéticas que levantasen el veto que impusieron en enero sobre el uso en el juicio de los datos bancarios. En dicho documento, el magistrado volvía a reiterar que de dicha información sobre las cuentas de Bárcenas, Correa y otros imputados en la trama se derivaban más infracciones que el simple delito contra la Hacienda Pública.

Ese documento judicial provocó una chaparrón de recursos por parte de Bárcenas y otros acusados que, entre otros argumentos, aseguraban que el mismo era extemporáneo al haberse dictado con la fase instructora de la primera época del sumario Gürtel ya concluida. Fue en uno de esos escritos, en concreto el que remitió Iván Yáñez, en el que se destapaba la existencia de una viaje de las representantes de la Fiscalía Anticorrupción a Suiza el pasado 18 de marzo que era desconocida hasta entonces. Para el presunto testaferro del extesorero dicho desplazamiento suponía un "quebrantamiento claro de las garantías procesales" y pedía que se declarase la nulidad de dicha diligencia y de sus posibles resultados. El principal argumento era que dicho encuentro "ha sido llevado a espaldas de las partes, ya que en ningún momento se nos comunica la realización de dicho viaje, y por ende se nos impidió participar en las diligencias o reuniones celebradas en el seno del antedicho viaje".

Las vacaciones en Baqueira como argumento

El principal soporte de dicho recurso era un documento judicial helvético, adelantado por Vozpópuli, en el que se detallaba que dicho encuentro tuvo lugar a petición de las fiscales españolas y que, en el mismo, éstas volvieron a reiterar los argumentos hasta ahora esgrimidos por la Justicia de nuestro país para pedir la autorización: que los delitos investigados iban más allá de una simple evasión fiscal, infracción no contemplada por la legislación helvética. En dicho escrito, el representante suizo en la reunión, el fiscal Sergio Mastroianni, destacaba que sus colegas llegadas desde Madrid habían hecho hincapié en que "Bárcenas ya no estaría en detención preventiva y habría incluso pasado las vacaciones en la montaña", en referencia a su puesta en libertad bajo fianza y su posterior viaje a la estación de esquí leridana de Baqueira Beret.

El sustituto de Ruz tumba los recursos de tres encausados en Gürtel que alegaban indefensión por no haber sido informados del viaje de Anticorrupción a Berna

Sin embargo, en su último auto el juez De la Mata echa por tierra todos y cada uno de los argumentos planteados por el extesorero y el resto de los encausados que recurrieron. Así, rechaza que las partes no hayan tenido ocasión de formular alegaciones a la última comisión rogatoria a Suiza. En este sentido destaca que "por parte de los ahora recurrentes incluso se ha participado en el contenido" y que uno de ellos, Iván Yáñez, además "solicitó la adición de determinados extremos". Las quejas al viaje secreto de Anticorrupción a Berna, el magistrado las despacha en tan sólo tres líneas: “Las reuniones y contactos que, en materia de cooperación internacional pueden mantener autoridades extranjeras, se encuentran reguladas en los distintos Tratados Internacionales sin que suponga irregularidad ninguna”.

Más de un año de litigio

El origen del actual litigio en los tribunales suizos se remonta al 2 abril de 2014. Ese día, el juez Ruz remitió a Berna, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, una comisión rogatoria reclamando una autorización para utilizar los datos bancarios en un juicio. Doce días después, la Unidad de Asistencia Mutua de la Oficina Federal de Justicia helvética daba su visto bueno a la petición. Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante las autoridades del pequeño país europeo por Bárcenas y Yáñez, quienes alegaron que la misma se había tomado sin que se les escuchara. Ello motivó que el 6 de junio, el Tribunal Penal Federal suspendiera en primera instancia dicho permiso mientras estudiaba el caso antes de tomar una decisión. Ésta llegó en noviembre y fue para anular la autorización y ordenar que se iniciase de nuevo todo el proceso. Eso sí, escuchando los argumentos del extesorero y el resto de afectados.

La Justicia helvética aún tiene que resolver si autoriza a que se usen en el juicio los datos bancarios de Bárcenas y otros imputados. En enero lo prohibió de manera provisional

De este modo, la Oficina Federal de Justicia tenía que volver a pronunciarse, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en abril, antes de enviarlo a la Audiencia Nacional, debía dar la oportunidad a los abogados de Bárcenas para presentar sus alegaciones. Con estas últimas en la mano, este organismo helvético tomó una decisión el pasado mes de enero que sorprendió a la Justicia española: negaba la posibilidad de utilizar datos bancarios del extesorero del PP, del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y de otros implicados para acusarlos de fraude fiscal. "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", concluían.

Un fallo que, sin embargo, no cerraba el proceso ya que dejaba abierta la puerta para que la Justicia española aportara nueva documentación. El juez Ruz encargó entonces un informe a la Agencia Tributaria sobre algunas facturas intervenidas a la trama de corrupción para intentar convencer a sus colegas helvéticos de que los sobornos supuestamente recibidos por el extesorero y otros imputados en la Gürtel nunca fueron declarados a Hacienda, como creen entender las autoridades suizas según se deducía de su última negativa. No fue la última iniciativa del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Así, su último escrito como magistrado de la Audiencia Nacional fue el auto del pasado 17 de abril en el que pedía de nuevo a las autoridades helvéticas que levantasen el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios. Es el que ahora pretendían anular Bárcenas, Yáñez y López Viejo, y que ha respaldado plenamente su sustituto, el juez De la Mata.

http://vozpopuli.com/actualidad/62102-el-sustituto-de-ruz-respalda-el-viaje-secreto-de-anticorrupcion-a-suiza-en-el-caso-gurtel

LAS DEFENSAS DE LA GÜRTEL BUSCAN DESESPERADAMENTE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES EN SUIZA, PERO PINCHAN EN HUESO

'Guerra helvética' en la Audiencia Nacional: el juez de la Mata, sucesor de Ruz, dice 'no' a todos los recursos de los acusados

El juez sucesor de Pablo Ruz al frente del caso Gürtel no ha pestañeado. José de la Mata ha dicho no uno tras otro a la batería de recursos que, en un movimiento que da la impresión de estar coordinado, las defensas de los acusados por la Gürtel habían planteado ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Toda una serie de diligencias con las que básicamente lo que buscaban era lograr la nulidad de las actuaciones que el juez instructor anterior llevó a cabo en Suiza para indagar sobre los movimientos dinerarios que habían realizado los imputados en aquel país.

Recursos en cascada

El exagerado esfuerzo de las defensas por intentar bloquear el uso de esta información (habían presentado hasta media docena de escritos en los últimos días todos los principales implicados: Bárcenas, López Viejo, Yáñez, Crespo, Sanchis…) tiene una doble y contundente lógica.

Por un lado, gracias a las pesquisas del juez Ruz se habían bloqueado sus cuentas en Suiza y en algún paraíso fiscal, como es el caso de Bermudas, donde trasladaron su dinero cuando descubrieron al magistrado de la Audiencia Nacional rastreando sus cuentas en los bancos helvéticos.

Por otro, son conscientes de que la ‘bomba’ de mayor tonelaje que pende sobre sus cabezas es la que se alimenta con esta información. El desvío del dinero a Suiza y los paraísos fiscales está en la base de la acusación contra toda la ‘banda Gürtel’ de haber cometido los delitos más graves: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital… Los delitos que les podrían llevar a condenas de lustros.

El viaje de Ruz y las fiscales a Suiza

El último de los escritos de uno de estos imputados, presentado ante de la Mata por el abogado Miguel Durán en nombre del acusado Pablo Crespo, se ha centrado en un viaje a Suiza que el juez Ruz acompañado de las dos fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, realizó el pasado mes de marzo, en las últimas semanas en las que estuvo al frente del juzgado 5 de la Audiencia Nacional.

Un viaje durante el que Ruz y las fiscales se entrevistaron con el fiscal suizo Sergio Mastroiani, y del que no informaron, según dicen, a las defensas. En su diligencia, el abogado Miguel Durán llega a apuntar incluso que “al no haber sido advertidos de tal viaje, nos cabe la legítima sospecha de que el mismo haya tenido por finalidad tratar de subsanar los numerosos defectos o las notables deficiencias que, en cuanto a la tramitación y paliación de la información recibida en ese Juzgado, procedente de las autoridades suizas, se ha incorporado a la Causa”.

En resumen, vienen a decir que Ruz y las fiscales anticorrupción habían ido para chanchullear los movimientos legales anteriores y ajustarlos a ley. Una acusación extraordinariamente grave que, en lógica, llevó a la defensa de Crespo a habar de movimiento “completamente ilícito”.

De la Mata no se mueve del sendero de Ruz

En su escrito rechazando las peticiones anteriores de las acusaciones, el juez de la Mata ya había contestado de alguna manera a este último escrito de Durán y su defendido, Pablo Crespo, advirtiendo que “las reuniones y contactos que, en materia de cooperación internacional pueden mantener autoridades extranjeras se encuentran reguladas en los distintos Tratados Internacionales sin que supongan irregularidad ninguna”. Es decir, que no hay conspiración cuando un juez, conforme a su potestad, se ve con un fiscal de otro país.

La ‘guerra suiza’ en la Audiencia Nacional promete continuar, pero de momento, el juez José de la Mata ha dado claras muestras de que, a pesar de las presiones, está dispuesto a mantener la línea que implantó Pablo Ruz.

http://www.elplural.com/2015/05/12/las-defensas-de-la-gurtel-buscan-desesperadamente-la-nulidad-de-las-actuaciones-en-suiza-pero-pinchan-en-piedra-con-el-sucesor-de-ruz/

CORREA BUSCA ‘AIRE’ EN LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL: SI REBAJAN SUS PETICIONES DE CONDENA CONTRA ÉL, TIRARÁ DE LA MANTA

Abogados del 'capo' de la trama, y él mismo, han contactado con algunas acusaciones en una operación que incluiría a otros imputados como 'el Bigotes' o Crespo

Está sucediendo en estas últimas fechas. Francisco Correa y alguno de sus abogados, según consta a ELPLURAL.COM, se han acercado a los letrados de las acusaciones particulares para intentar negociar con ellos ¿El acuerdo que buscan? Una posible rebaja de las peticiones de pena contra él, a cambio de algunas revelaciones que podrían ser espectaculares y que implicarían a terceros.

Correa no estaría sólo en la negociación
Según hemos podido comprobar, el acercamiento del ‘capo’ de la Gürtel y sus letrados se ha producido al menos con dos de las acusaciones. En uno de los casos incluso Correa ha realizado esta gestión no sólo a través de sus abogados, sino que también ha intervenido personalmente.

En principio, esas reuniones, que se han mantenido huyendo de la publicidad y que han tenido básicamente carácter de tanteo, aunque se ha hablado en ellas de algunas cosas concretas, afectarían exclusivamente a Francisco Correa. Pero sus representantes han insinuado a alguno de los letrados de las acusaciones que podrían sumarse a un posible acuerdo otros imputados. En concreto se ha hablado de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’.

Imposible acuerdo con la fiscalía
La razón para este acercamiento del imputado a estos letrados resulta evidente. Se acerca la celebración de la vista y la situación penal de los acusados no tiene ningún viso de mejorar. Para Correa, Crespo y Pérez, por ejemplo, resultaría inviable un acuerdo como el que logró el constructor Alfonso García-Pozuelo, ex dueño de Hispánica, primer ‘arrepentido’ de la Gürtel, que admitió su culpabilidad y expresó su arrepentimiento. Algo que llevará incluido el pago de multas y devoluciones monetarias. Ni la situación penal, ni la económica, de los cabecillas de la trama, les permitiría un arreglo semejante al del constructor.

Ante esta situación desesperada, lo que ha sabido ELPLURAL.COM es que los defensores de Correa plantearían una petición a las defensas para tratar de encontrar una comunión de intereses, que implicaría por un lado una rebaja de dos grados en la pena solicitada, y que sería contestada por el imputado con la revelación de pruebas y datos hasta ahora no han sido usados y que llevarían a la implicación de otras personas, en estos momentos no imputadas.

Incluso entre las partes se ha hablado de las posibles formas de concretar en hechos estas conversaciones. Sería a este protocolo al que se sumarían los otros procesados.

Difícil situación legal de Correa
La situación jurídica de Correa es muy compleja, lo que dificulta mucho la posibilidad de avanzar en esta línea. De hecho, por ejemplo, Juan Carlos Navarro y Francisco Miranda, este mismo miércoles anunciaban que dejaban de representar legalmente al ‘cerebro’ de la Gürtel, a quien habían defendido en los casos que se ven en Valencia. La razón que se ha dado para esta ruptura han sido “discrepancias en los planteamientos”.

Sobre la repercusión que un entendimiento entre imputados y las acusaciones particulares tendría, es relativo, porque de ninguna manera vincularía a la fiscalía ni a los magistrados que juzguen el caso, pero no deja de ser importante. Sin duda las penas que pidan estas acusaciones, que suelen ser superiores incluso a las que piden los fiscales, podrían marcar el nivel de condena que estos acabaran por sufrir. La fiscalía no suele pedir penas mayores que las acusaciones privadas en un caso como éste.

Por otro lado, las propias acusaciones, según ha sabido ELPLURAL.COM, desconfían de la capacidad de Correa y los demás implicados en ayudar a cazar ‘piezas de peso’ que no hayan sido ya involucradas en la trama.

De hecho, entre las acusaciones se esperaba que Correa diera un primer paso en estos días mostrando su ‘buena voluntad’ de cumplir su parte. Paso que no se ha producido, ya que en su comparecencia última mostró su voluntad de colaborar con el magistrado, pero no dio ningún detalle concreto

http://www.elplural.com/2015/05/21/correa-busca-aire-en-las-acusaciones-de-la-gurtel-si-rebajan-sus-peticiones-de-condena-contra-el-tirara-de-la-manta/

C.VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN QUIERE JUZGAR A BÁRCENAS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO

El fiscal recurre a la Sala el archivo del juez instructor porque es “increíble” que el extesorero no conociera la “mendaz” contabilidad del PP valenciano para las elecciones y apunta a la existencia de “Cajas B” del PP en “todos los municipios y comunidades”

El juez José Ceres archivó el procesamiento contra el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente nacional del PP, Cristóbal Páez, en las piezas de la Gürtel valenciana por las que se va a juzgar por delito electoral a 19 personas, entre ellas Ricardo Costa o Vicente Rambla, y la Fiscalía Anticorrupción apela a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana, en el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER.

El fiscal, al contrario que el juez instructor, dice que "es increíble" o al menos “racionalmente cuestionable” que Bárcenas y Páez no conocieran las contabilidades supuestamente fraudulentas del PP de Valencia en las elecciones municipales de 2007 y las generales de 2008, porque las firmaron.

Cajas B del PP “en todos o en buena parte” de los municipios

Más bien al contrario, Anticorrupción dice que Bárcenas no solo pudo tener conocimiento de "la utilización de una 'caja B' del PP en Valencia para la campaña electoral", sino que tenía "conocimiento de la existencia en todos o en buena parte de los municipios y comunidades de su correspondiente caja oculta".

Por ello el fiscal exige que los dos antiguos responsables de las finanzas del PP se sienten en el banquillo.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/21/tribunales/1432222403_796242.html

C.VALENCIANA. LOS ABOGADOS DE FRANCISCO CORREA EN VALENCIA RENUNCIAN A SU DEFENSA

Los letrados alegan "discrepancias" con el supuesto cabecilla de la trama Gürtel

Los abogados del presunto cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, que le representan en el procedimiento que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), han renunciado a seguir con su defensa por "discrepancias en planteamientos".

Se trata de los abogados Juan Carlos Navarro y Francisco Miranda, que han adoptado esta decisión casi un mes antes de que se retome el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, que fue suspendido a primeros de abril para que las defensas tuvieran acceso a una documentación que obraba en la causa de Madrid. La vista se retomará el 11 de junio.

De esta forma, Francisco Correa se ha quedado sin estos dos letrados en Valencia, aunque conserva al abogado de oficio que tiene designado en la rama principal que se sigue en Madrid, han apuntado fuentes conocedoras a Europa Press.

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Navarro sigue representando en Valencia a otro de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Cándido Herrero, y al expresidente de las Corts Valencianes y exconseller Juan Cotino, imputado este último en la pieza 4 del procedimiento, relativa a la visita del Papa a Valencia.

La pieza 3 de Gürtel arrancó a finales de marzo en el TSJCV tras más de cuatro años de instrucción, con dos días dedicados a cuestiones previas que fueron aprovechados por las defensas para solicitar la suspensión del juicio al alegar, entre otros motivos, que había cierta documentación que sí había estado a disposición de la Udef y de la Fiscalía, pero no de la mayoría de las defensas.

En concreto, se referían a unos papeles que se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, y a la que las defensas que no están personadas en ese procedimiento no habían tenido acceso.

El TSJCV acordó en ese momento suspender la vista hasta el 11 de junio, y recientemente ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional las claves de acceso de la web Alfresco-cloud para que los abogados tengan acceso a la documentación requerida.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/valencia/1432140540_222354.html

C.VALENCIANA. EL TSJ VALENCIANO INTENTA BLINDAR LA REANUDACIÓN DEL PRIMER JUICIO A GÜRTEL


Los jueces critican al sustituto de Ruz en la Audiencia Nacional por dificultar el acceso a documentación de los acusados

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha solicitado a la Audiencia Nacional las claves para poder acceder a documentación del caso Gürtel que obra en la parte troncal de la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 del órgano judicial. Los magistrados pondrán después la clave a disposición de los acusados en el juicio sobre las adjudicaciones presuntamente amañadas de contratos relacionados con la feria Fitur.

Dar tiempo para que los acusados pudieran consultar dicha documentación fue el motivo principal por el que el TSJ decidió a principios de abril suspender el primer juicio a la trama de Francisco Correa, que se reanudará en junio.

Los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano critican en la providencia dictada al sustituto de Pablo Ruz al frente del juzgado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que rechazó permitir directamente que uno de los acusados en el juicio de Fitur de Valencia accediera a la documentación, señalando que la petición debía hacerla el TSJ.

"Aun cuando no se comparta el contenido de la referida resolución, dado que consideramos que a quien incumbe en cualquier caso" garantizar "el acceso a cualquier interesado a las actuaciones es al propio órgano ante el cuál se siguen", esto es, a De la Mata, los jueces aceptan solicitar las claves de la plataforma Alfresco a la Audiencia Nacional para facilitárselo posteriormente a los acusados en Valencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/valencia/1432120885_719516.html

NO CABE EL ARCHIVO DE LA PIEZA JEREZANA DE GÜRTEL PARA LA FISCALÍA

La Fiscalía Anticorrupción advierte «irregularidades» en dos contratos que el Ayuntamiento de Jerez adjudicó a la red Gürtel en el año 2004 con motivo de su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y cuyos pagos fueron aprobados por la actual alcaldesa y candidata a la reelección, María José García-Pelayo (PP).

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Anticorrupción se opone al archivo de la causa solicitada por las defensas de Agüera y Montenegro argumentando que el plazo de prescripción del delito continuado de prevaricación sería de 15 años y no de diez, como dicen los recurrentes.

Para el Ministerio Público, García-Pelayo «aprobó» el 4 de agosto de 2004 «el pago de la factura» correspondiente a estos contratos «con el fin de favorecer los intereses de los adjudicatarios y eludiendo los requisitos» establecidos en Ley de Contratos Públicos.

En concreto, las fiscales del ‘caso Gürtel’, Concha Sabadell y Concha Nicolás, atribuyen a la alcaldesa de Jerez la aprobación de un pago de 162.806,37 euros a la empresa Special Events, propiedad de Francisco Correa, por el montaje y gestión del stand de la ciudad en Fitur 2004 y de otro por 141.364,56 euros a la sociedad Teleanuncio por labores de «publicidad y propaganda».

El juez José de la Mata también investiga otros dos contratos, uno de 39.366,92 y otro de 11.855,08 euros, adjudicados a la compañía Down Town Consulting por la organización de dos espectáculos en el marco de esta feria: una exhibición ecuestre que se celebró en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez.

«EMPRESAS PREVIAMENTE CONVENIDAS»

Las representantes del Ministerio Público señalan que la investigación ha puesto de manifiesto «la comisión de distintas irregularidades no solo en la adjudicación sino también en la ejecución y pago» de estos contratos con el fin de que fueran concedidos a «empresas previamente convenidas» y ejecutados «en la forma más adecuada a sus intereses».

Así, los fiscales señalan hasta seis irregularidades, entre ellas «la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación de personal de las adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas de los concursos».

Además, habrían llevado a cabo «la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo o la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecida».

En esta pieza separada del 'caso Gürtel' están imputados por un delito continuado de prevaricación los presuntos cerebros de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas, el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria Lourdes Montenegro y los empleados de la red Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela

http://www.lavozdigital.es/jerez/201505/19/gurtel-jerez-noticia-20150519174941-pr.html

ANTICORRUPCIÓN PONE OTRO CLAVO EN LA CANDIDATURA DE LA ALCALDESA DE JEREZ: NO HA PRESCRITO EL ESCÁNDALO GÜRTEL EN EL QUE ESTÁ ENVUELTA

Funcionarios del Ayuntamiento habían pedido el archivo del caso, por el que se dieron de manera irregular concesiones a una de las empresas de Correa

Malas noticias para la alcaldesa de Jerez. Otra vez la justicia la incrimina con la corrupción Gürtel… A sólo cinco días de las elecciones, la fiscalía Anticorrupción dictamina no sólo que el caso no ha prescrito, sino que insiste en apuntar a María José García-Pelayo, actual alcaldesa y candidata del PP, por el pago de las facturas que cobraron las empresas de Francisco Correa “eludiendo los requisitos legales”.

El papel de la alcaldesa, clave

Esta resolución se recoge en un escrito que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha presentado ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que antiguamente llevaba el juez Ruz, y ahora encabeza el juez José de la Mata.

Los hechos investigados tienen que ver con la concesión por parte del Instituto de Promocion y Desarrollo de Jerez (IPDC) de una concesión para crear los stands de la ciudad en FITUR en el año 2004. Una concesión que, según recuerda la fiscalía, estuvo llena de irregularidades, y que se concretó en 343.537,58 euros.

Lo que dice la fiscalía es que en la concesión se vulneraron “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”, y que toda la operación estaba ‘programada’ de antemano para que se la llevara la trama Gürtel.

Delito que sigue vigente

Las defensas de algunos funcionarios del Ayuntamiento jerezano habían intentado argüir que el caso está prescrito. Pero la fiscalía desmonta este argumento recordando que el delito de prevaricación que se imputa a los implicados, en el año 2004 sólo prescribía a los 15 años, por lo que sigue siendo un delito vigente.

En cuanto a la imputación de responsabilidades, como se ve en el párrafo que reproducimos del acta de la fiscalía, se apunta que “con el fin de favorecer los intereses adjudicatarios, eludiendo los requisitos, el 4.8.2004, se aprobó por la Presidenta del IPDC el pago de la factura correspondiente”. Aunque la fiscalía no la cita por su nombre, la Presidenta del IPDC era la actual alcaldesa y senadora, María José García-Pelayo.

Puesto que se trata de una persona aforada, el proceso que se abre a partir de ahora es más complicado. Pero fuentes que conocen la investigación con las que ha hablado ELPLURAL.COM aseguran que los siguientes pasos más probables serán que el juez de la Mata asuma como suyo el escrito de la fiscalía. Y que a partir de ahí, y ante la existencia de una aforada, eleve el escrito al Supremo para que allí se pueda imputar a la candidata del PP para el Ayuntamiento de Jerez.

Aparece el hombre de confianza de Javier Arenas

Hay que recordar que en el caso sí hay otros imputados ya, dado que no eran aforados. El principal de ellos Isidro Cuberos, que según la investigación cobró 50.000 euros por su mediación en la concesión de los stands a la trama Gürtel. Cuberos no ha sido cualquier persona en el PP andaluz. Durante años fue mano derecha y jefe de comunicación de Javier Arenas. Un hombre que lejos de mostrar arrepentimiento, en su declaración ante la Mata hace unas semanas declaró sentirse “muy orgulloso” por su labor.

http://www.elplural.com/2015/05/19/anticorrupcion-pone-otro-clavo-en-la-candidatura-de-la-alcaldesa-de-jerez-no-ha-prescrito-el-escandalo-gurtel-en-el-que-esta-envuelta/

EL PP MANTUVO A CIFUENTES EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y SIN COTIZAR DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS EN EL PARTIDO

La hoy candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid cobró 2.100.000 pesetas durante 1988 y 2.310.000 en 1989 por un trabajo a tiempo completo como asesora por el que no estaba dada de alta en la Seguridad Social

El PP de la Asamblea de Madrid que lideraba Alberto Ruiz-Gallardón como portavoz defraudó a la Seguridad Social de forma sistemática: solo dio de alta a 7 de los 22 trabajadores del grupo parlamentario, según una auditoría interna del partido

Cristina Cifuentes, exdelegada del Gobierno y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tenía 24 años cuando trabajó como asesora del Grupo Popular de la Asamblea de esta comunidad. Por su actividad cobró 2.100.000 pesetas durante el ejercicio de 1988 y 2.310.000 en 1989; 192.500 pesetas al mes. Si bien en aquella época no se trataba de un mal sueldo para una joven –el salario medio en 1990 era de 189.064 pesetas–, su situación laboral tenía una trampa: trabajaba sin contrato, sin que el partido pagara su cuota a la Seguridad Social ni le retuviera el IRPF. Cobraba con un talón, cubierto por los fondos públicos que aportaba la Asamblea de Madrid al grupo parlamentario que entonces lideraba Alberto Ruiz-Gallardón. Cifuentes no tenía derecho a ninguna prestación social como trabajadora: no generaba derecho a paro, no estaba cubierta en caso de accidente laboral ni le cuentan esos años para su jubilación.

Esta situación laboral precaria e irregular queda retratada en la "Auditoria del Grupo de la Asamblea de Madrid sobre los ingresos y gastos de 1988 y 1989" que fue encargada por Rosendo Naseiro y cuyos resultados fueron conservados por el tesorero durante los últimos 25 años. Forma parte de los papeles de Naseiro, que estos días está publicando en exclusiva eldiario.es.

Cristina Cifuentes no era la única trabajadora del PP en la economía sumergida. En el cuadro de la auditoria citada, junto a los emolumentos de los 22 empleados populares que trabajaban en la Asamblea de Madrid, puede leerse una nota en la que se señala que “únicamente están dados de alta en la Seguridad Social y se les ha realizado la correspondiente retención del IRPF en las gratificaciones que figuran en la columna ‘nóminas”. Esto es, 15 personas trabajaban en la economía sumergida mientras que otros siete gozaban de un estatus regular. Cifuentes compartió situación laboral precaria con otros asesores, algún chofer, un contable y varias secretarias.

Sobresueldos y precariedad

Del análisis de los papeles de Naseiro se desprende que en la gestión de sus ‘recursos humanos’ el Partido Popular aplica una filosofía en la que hace compatible la existencia de ‘sobresueldos’ para quienes ocupan ‘posiciones de responsabilidad’ con la ‘precariedad laboral’ para el común de los mortales, a los que se les escatima la protección social.

Así, los 31 diputados cobraron en dos años 74 millones de pesetas en sobresueldos –además de las dietas que ya les pagaba la Asamblea de Madrid–, mientras que los 22 empleados eran remunerados con 44 millones y el partido se ahorraba el pago de la Seguridad Social y la retención del IRPF de 15 de ellos. No obstante, entre los cargos electos populares en la Asamblea de Madrid también se hacían sus apaños y así la auditoría realizada por los hombres de Naseiro señala que “no se retienen impuestos de la Renta de las Personas Físicas en las gratificaciones concedidas a seis Diputados, ni tampoco en los suplementos dados por servicios, incluidos en la cuenta de ‘otros gastos sociales’. En conjunto estos pagos ascienden a 29,7 millones en 1988 y a 25,2 millones en 1989”.

Asesores sin nombre

Al revisar las valoraciones que los auditores realizaron sobre el papel y la situación laboral de los “asesores”, podemos concluir que su imagen y sus actividades no eran del todo trasparentes. El documento “Auditoría del Grupo de la Asamblea de Madrid” señala que se han pagado 4.400.000 pesetas a “asesores exteriores sin nombre y sin señas”. Después se especifica que esa cantidad “se ha pagado a diversos asesores no identificados, sin que se hayan retenido los correspondientes impuestos”. También hay referencias poco alentadoras para este tipo de cargos en la “Auditoría del Grupo Parlamentario Autonómico de Andalucía”. Se afirma que “existen pagos a asesores sin identificar por un importe de 1,4 millones de pesetas, sin acuse de entrega, ni figura la autorización de la persona que ordenó los mismos; tampoco se ha realizado retención alguna de impuestos”.

http://www.eldiario.es/politica/PP-Cifuentes-economia-sumergida-primeros_0_386712279.html

MANUEL FRAGA RECIBIÓ DONACIONES EN PERSONA PARA FINANCIAR AL PP

Naseiro guardó copia de un cheque de 500.000 pesetas a nombre del líder gallego y su ingreso en una cuenta del PP para demostrar que la alta dirección del partido no solo daba directrices sino que actuaba como recaudador

En las auditorías de las sedes territoriales de 1989 se afirma que “el control de recepción de las donaciones es débil”, ya que no se emplean “documentos prenumerados con original y copia”

El PP gastó más del doble del límite legal en la campaña que hizo a Fraga presidente de Galicia

Manuel Fraga Iribarne recibía personalmente donaciones en sus encuentros con empresarios y particulares para la financiación del Partido Popular, implicándose directamente en tareas de recaudación. Tanto José María Aznar como él mismo aseguraron en multitud de ocasiones que nunca habían ejercido este papel, con el fin de desligarse de la actividad de los tesoreros del PP, implicados todos ellos en casos de financiación ilegal. Un cheque a nombre de Fraga demuestra que no fue así.

El documento forma parte de los papeles que durante 25 años ha escondido el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y que estos días está desvelando en exclusiva eldiario.es. La actividad como recaudador del PP de Fraga queda acreditada con el cheque cruzado a su nombre por el que recibió medio millón de pesetas en abril de 1989. Así lo atestigua también que dos días más tarde ese cheque fuera ingresado en la cuenta a nombre del Partido Popular en el Banco de Vitoria.

Según señalan fuentes conocedoras de los procedimientos de financiación en aquella época, aquella era una de las cuentas abiertas por la formación conservadora para acoger los dineros que se dedicaban a los pagos del gasto electoral de los comicios gallegos de diciembre de 1989, en los que Fraga resultó ganador. Unas elecciones, las primeras que ganó el PP en su historia, donde el partido incumplió la legislación electoral al gastar en su campaña más del doble del límite permitido.

La fotocopia del cheque de Banesto a nombre de Fraga y el recibo de ingreso fueron guardados por el entonces tesorero nacional, Rosendo Naseiro. Forma parte del lote de documentos desvelados estos días por eldiario.es. El tesorero guardó ambos documentos como prueba de que el mismísimo presidente del partido, Manuel Fraga, participaba en las tareas de recaudación de donativos. Naseiro, ante notario, también implicó en esas tareas al sucesor de Fraga, José María Aznar, al que responsabilizó de ser la persona que supervisaba y daba todas las directrices en materia de financiación del partido.

Estos documentos también hacen buenas las declaraciones realizadas ante el Congreso de los Diputados en 1990 por Ángel Sanchís, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. “Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan”. Sanchís, imputado en su día en el caso Naseiro y ahora en el caso Gürtel, admitió haber enviado miles de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para “esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos”. “No sé dónde está el problema. Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca”.

Descontrol

A pesar de las reiteradas declaraciones de las sucesivas direcciones del partido prometiendo control y transparencia sobre los ingresos que recibían de particulares y empresas a través de donaciones, las sucesivas imputaciones de los tesoreros y las noticias sobre el uso de contabilidades alternativas demuestran que, si alguna vez hubo voluntad de hacer limpieza, los buenos propósitos nunca culminaron con éxito.

En las auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro en los primeros años del PP queda claro que la supervisión sobre los donativos era tremendamente laxa. En la de Barcelona se asegura que “se han recibido 6.136.425 pesetas de donativos en 1989. El control de la recepción es débil, ya que no se emplean documentos prenumerados con original y copia, para recibirles”.

En la auditoria realizada en la sede provincial de Vizcaya puede leerse: “Se han obtenido 522.256 pesetas por donativos en 1989. Es decir, un 8% de todos los ingresos. En nuestra opinión estos ingresos pueden incrementarse a pesar de las dificultades que se exponen en la sede (que se realizan en Madrid, que somos una minoría, etc…). No se emplean recibos prenumerados y duplicados para el cobro de los donativos”.

En abril de 1990, tras el estallido del caso Naseiro, el nuevo presidente del PP, José María Aznar, encargó a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces responsable del comité de conflictos de la formación popular, que elaborara un informe en el que debía analizar los pormenores del caso y redactar una “Propuesta de Normas Éticas de la Actividad Política”. Fue el primer "código ético" con el que el partido intentó atajar un caso de corrupción, del mismo modo en que lo hizo años después cuando estalló el caso Gürtel.

El informe de Gallardón afirma que entre el 30 de mayo de 1989 y el mes de abril de 1990 el PP había recibido donaciones por 20,3 millones de pesetas y que estas cantidades “corresponden a donantes conocidos e identificados, que por evidentes razones de discreción no se relacionan en este informe”.

Los deseos de veracidad, regeneración y ética que debían impulsar el informe de Gallardón quedan en entredicho. Ahora sabemos por los papeles que guardó Naseiro que entre marzo de 1987 y diciembre de 1988 la dirección de Alianza Popular ingresó sin ningún tipo de control ni de identificación 140 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad, en efectivo) en una cuenta opaca abierta en el Banco de Fomento.

También conocemos que en 1989 la Tesorería Nacional del Partido Popular envió a Manuel Fraga 500 millones de pesetas para financiar la campaña electoral de los comicios gallegos de ese año. Rosendo Naseiro, que en aquel ejercicio era el jefe de las finanzas del partido, aseguró en un documento titulado “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989” que había mandado “aportaciones por 500 millones de pesetas de la Tesorería Nacional al partido de Galicia para atender los gastos de precampaña y campaña Gallegas”.

Más tarde, el propio Naseiro remitió el balance oficial del ejercicio para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que solo se consignaban 199 millones de pesetas para este gasto de esos comicios.

¿Quién recibe donaciones?

La discusión sobre quién debe recibir donaciones de particulares y empresas dentro de los partidos ha llegado hasta hoy y ha centrado buena parte de los interrogatorios de instrucción del caso Gürtel.

El juez Pablo Ruz tomó declaración como testigo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y le preguntó por este asunto. La dirigente conservadora contestó: "Yo creo que es conocido, y las personas que desean realizar la donación debían conocerlo, que la persona orgánicamente encargada en el partido, que de hecho es un cargo nombrado en congreso del partido, el mismo congreso que me nombra a mí o que nombra a cualquier secretario general, el cargo en el partido que tiene el encargo de realizar ese tipo de actuaciones es el tesorero".

Ruz también preguntó al dirigente popular Javier Arenas si había "recibido en su despacho a algún donante y luego lo ha conducido a ver al tesorero". Arenas contestó: "Yo le puedo decir que jamás he recibido a un donante en mi despacho de secretario general del partido y que, en mi caso concreto, jamás he recibido dinero para el partido, jamás".

http://www.eldiario.es/politica/Fraga-donaciones-persona-financiar-PP_0_386361752.html

EL PSOE QUIERE SENTAR EN EL BANQUILLO A ACEBES Y COSPEDAL

Sostiene que “al menos” los secretarios generales del PP formaron una “asociación ilícita” con los tesoreros para el cobro de sobresueldos en negro que compensaban sus sueldos cuando eran elegidos ministros y no podían cobrar otras retribuciones legales del partido

La acusación popular del PSOE ha presentado su escrito de acusación en el caso de la Caja B del PP. El letrado realiza un análisis de cuándo y cómo se produjeron los supuestos sobresueldos en negro anotados en los papeles de Bárcenas y describe que los secretarios generales entre 1990 y 2008, Cascos, Arenas, Acebes y Cospedal, aparecen como destinatarios de los sobresueldos en B cuando son elegidos ministros u otro alto cargo en la administración y por incompatibilidad, ya no pueden percibir los gastos de representación “legales” desde la contabilidad oficial del Partido Popular.

Es decir, que según los ‘papeles de Bárcenas’ el PP compensaba con dinero negro la rebaja salarial que suponía para sus dirigentes su elección como altos cargos del Gobierno.

El abogado de esta acusación concluye que los secretarios generales no podían desconocer esta situación, y colige que actuaron en connivencia con los tesoreros, por lo que conformaron una “asociación ilícita”. Una Caja B que también se utilizó, según acreditó “indiciariamente” el juez Ruz para el pago de gastos electorales, u otros del partido, como los 1.5 millones en negro en la reforma de la sede central del PP.

El letrado recalca que los hechos estarían prescritos para Cascos y Arenas, pero no para Acebes y Cospedal, a quienes quiere sentar en el banquillo. Deja la puerta abierta a esta petición a la espera de lo que decida la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que las distintas acusaciones han solicitado el procesamiento de los secretarios generales.

El letrado del PSOE pide que el PP sea considerado responsable de un fraude fiscal por el Impuesto de Sociedades de 2008 debido al supuesto cobro de donaciones ilegales, y responsable civil subsidiario y solidario de todas las cantidades económicas que sean condenados a pagar los acusados.

El PSOE pide 28 años y un mes de cárcel para los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a quienes atribuye los delitos de asociación ilícita, falsedad contable, delito electoral, cuatro delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Para el exgerente, Cristóbal Páez, reclama 25 años y un mes de prisión al culparle de los mismos delitos que a los extesoreros excepto la apropiación indebida. También pide penas de cárcel para el arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo; su socia, Belén García; y su empleada, Laura Montero.

http://cadenaser.com/ser/2015/04/28/tribunales/1430245255_458842.html

LAS ACUSACIONES PIDEN 25 AÑOS DE CÁRCEL PARA LUIS BÁRCENAS

Adade le acusa de seis delitos e implica en la causa al Partido Popular

La fiscalía exculpa al PP de delito fiscal aunque certifica la caja b era suya

Algunas de las acusaciones populares personadas en el caso Bárcenas terminaron este lunes sus escritos de acusación donde reclaman quintuplicar las penas que solicita la Fiscalía Anticorrupción para los dos extesoreros y el exgerente del PP, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, respectivamente.

Estas acusaciones respaldan el criterio del juez Pablo Ruz respecto al delito fiscal cometido por la formación conservadora al no declarar el impuesto de sociedades en 2008 por las donaciones ilegales recibidas ese año. Por ese delito solicitan cuatro años de cárcel al extesorero Bárcenas, como representante legal del partido en el momento en que la formación tuvo que pagar el impuesto de sociedades.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), primera acusación popular personada en el caso Gürtel, solicita en su escrito de acusación hasta 25 años de cárcel por seis delitos para el extesorero Luis Bárcenas, cinco veces más que la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Adade atribuye a Bárcenas el delito de cooperador necesario en el fraude fiscal cometido por el arquitecto Gonzalo Urquijo, quién eludió el pago de los impuestos correspondientes al dinero cobrado por las obras de reforma del PP: 1,55 millones de euros. Además, Adade pide cuatro años de cárcel a Bárcenas por el impago del Impuesto de Sociedades correspondiente a las donaciones ilegales recibidas en 2008 por su partido (888.000 euros), último ejercicio no prescrito; y tres años más por apropiación indebida de fondos de la caja b del PP que sirvieron para comprar acciones de Libertad Digital.

Parecida pena solicita Adade para Álvaro Lapuerta, con la excepción de los cuatro años que pide para Bárcenas por el Impuesto de Sociedades de 2008, año en el que Lapuerta había dejado de ser tesorero del partido. Para el gerente del PP, Cristóbal Paez, la acusación popular representada por Adade solicita 15 años de cárcel.

Otras acusaciones populares, según fuentes jurídicas, seguirán un guión parecido en la petición de penas por los extesoreros y exgerentes del PP, ratificando la interpretación que ha hecho el juez Ruz de la responsabilidad de la formación conservadora en el impago de impuestos por las donaciones ilegales recibidas.

El juez Pablo Ruz rechazó, unos días antes de abandonar el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, los recursos presentados por distintas acusaciones populares para que endureciera las acusaciones contra los dirigentes del PP e incluyera entre los imputados a los ex secretarios generales de la etapa en la que funcionó una caja b de financiación ilegal.

El magistrado consideró acreditada la contabilidad paralela y oculta al fisco que el PP tuvo durante 18 años pero sólo halló indicios para imputar delitos fiscales a dos extesoreros y un ex gerente de la formación conservadora (Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Paéz, respectivamente) y contra tres responsables del despacho de arquitectura que cobró en dinero negro (1,5 millones de euros) una parte de las obras de reforma de la sede de Génova,13.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/27/actualidad/1430161494_266477.html

ACUSACIONES DEL ‘CASO BÁRCENAS’ PIDEN JUZGAR A ACEBES Y RECLAMAN HASTA 35 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EXTESOREROS

Las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas especifican en sus escritos de incriminación que Ángel Acebes debería ser procesado por la financiación ilegal del PP

Fuentes judiciales aseguran que el procesamiento de Acebes el el que más posibilidades tiene de prosperar, pues fue imputado por el juez Pablo Ruz el 21 de octubre de 2014

Las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas han especificado en sus escritos de incriminación que el ex secretario general del PP Ángel Acebes debería ser procesado por la financiación ilegal del partido entre 1990 y 2008, según consta en los textos de Izquierda Unida-Ecologistas en Acción, el PSOE, la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) y Observatori DESC a los que ha tenido acceso infoLibre.

Estas acusaciones incluyen en sus escritos a Acebes "de forma cautelar", ya que la ley solo permite solicitar una acusación contra las personas incluidas en el auto de procesamiento del juez. Y el juez Pablo Ruz no lo incorporó, pues dictó el archivo de las actuaciones contra el ex secretario general del PP. Pero como todas las acusaciones han recurrido ante la Sala de lo Penal esta decisión de Ruz, esto les da pie a advertir en sus acusaciones que Acebes debería incluirse entre las personas que se sienten en el banquillo de los acusados.

Izquierda Unida-Los Verdes llegan incluso a solicitar el ingreso en prisión de Acebes por un periodo de 15 años y siete meses. El PP también sería responsable civil de los delitos cometidos por sus dirigentes, por una cantidad de 6,68 millones de euros. La acusación Observatori DESC anuncia su intención de incluir a otros secretarios generales, aunque no especifica sus nombres.

Fuentes judiciales de la Audiencia Nacional aseguran que el procesamiento de Acebes es el que más posibilidades tiene de prosperar, habida cuenta de que este exdirigente del PP fue imputado por el juez Pablo Ruz, mediante auto de 21 de octubre de 2014. Esta decisión, que fue revocada por el juez en su escrito de acusación, está pendiente de los recursos presentados por al menos cinco de las acusaciones populares incluidas en el caso Bárcenas.

Las mismas fuentes consultadas por infoLibre explican que la gran precisión del relato de los hechos incluidos en los escritos de Pablo Ruz han dado pie a que las acusaciones vayan mucho más allá que el propio Ruz a la hora de incluir los presuntos delitos derivados de la investigación de la contabilidad B del PP.

Así, la acusación de IU-Los Verdes llega a asegurar: "Indiciariamente ha quedado acreditada la existencia de una trama organizada, [organización criminal] compuesta por empresarios y dirigentes del Partido Popular, que tenía organizada una red de captación de fondos y financiación irregular para el citado partido, financiación que era utilizada para distintos fines: campañas electorales, mantenimiento del partido y remuneraciones a dirigentes del partido de forma opaca a la Hacienda Pública". El PSOE incluye entre los delitos atribuidos a los ex dirigentes del PP el de asociación ilícita.

Los escritos de las acusaciones, que llegan a pedir hasta 35 años de cárcel para Luis Bárcenas y Cristóbal Páez; y 30 años Álvaro Lapuerta, y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en un futuro juicio, se conoce un día después de que la Fiscalía Anticorrupción hiciera pública su petición de que se archivara el delito contra la Hacienda Pública cometido por el PP en 2008 por no pagar 220.000 euros del Impuesto de Sociedades (IS).

Además, las acusaciones consideran que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305.1 del Código Penal. De este delito cometido por el PP en 2008 por las obras de la sede nacional, según ADADE, serían responsables al menos Bárcenas y Lapuerta.

Tanto el escrito de la Fiscalía, que pide cinco años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta, como el de las acusaciones particulares, se produce después de que Anticorrupción y el propio Ruz reclamaran 42 años de cárcel para Bárcenas, ocho para Ángel Sanchís y tres para Lapuerta en la primera parte del caso Gürtel, cuyo cabecilla, Francisco Correa, afronta 110 años de prisión.

Estos son los principales bloques que explican el contenido de los escritos de las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas:

1. PROCESAMIENTO DE ÁNGEL ACEBES

Según Izquierda Unida-Ecologistas en Acción, Ángel Acebes fue quién orquestó la compraventa de las acciones de Libertad Digital por parte del PP a través de personas interpuestas: "Lo cual necesariamente implica el conocimiento de la caja B en el partido", explica el escrito de IU y demás acusaciones que presentaron la primera querella tras la publicación de los papeles de Bárcenas.

Izquierda Unida-Ecologistas en Acción llega incluso a solicitar el ingreso en prisión de Acebes por un periodo de 15 años y siete meses. En concreto, los delitos cometidos por Acebes serían los de organización criminal (dos años); tráfico de influencias (1 año); falsedad contable (siete meses); delitos contra la Hacienda Pública (seis años), falsedad de fondos electorales (cuatro años) y falsedad en documento mercantil (dos años).

Por su parte, el PSOE avisa en su escrito de acusación su intención de incluir a Acebes si la Sala de lo Penal le da la razón sobre el procesamiento del mismo. Los socialistas, además, reclaman que la causa siga investigándose en el Tribunal Supremo al solicitar en el recurso previo la imputación María Dolores de Cospedal, que en su calidad de presidenta de Castilla-La Mancha está aforada ante el Alto Tribunal.

En similares términos se expresan la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y Observatori DESC. La primera considera que con su auto de 23 de marzo el juez Ruz realizó un cierre de la instrucción "prematuro", y que el sobreseimiento de la investigación de Acebes fue "improcedente". Por su parte el letrado Gonzalo Boye, de Observatori DESC, asegura que la responsabilidad de la contabilidad opaca del PP no se puede circunscribir a los puestos de tesorero y gerente "como evidencian los estatutos del PP: "Resultando máximos responsables los secretarios generales de la formación política".

Boye también considera que tampoco se ha investigado lo suficiente la cooperación de donantes, empresarios, directivos y políticos: "Tampoco los hechos relativos a las compras de sedes, como es el caso de Pontevedra, Logroño, Pamplona o Bilbao, el origen de los fondos con que se efectuaron las donaciones ilícitas ni la separata referida a Toledo".

2. ACUSACIONES A BÁRCENAS, LAPUERTA Y PÁEZ

Las acusaciones de la pieza separada de la financiación ilegal del PP que consta en los conocidos como papeles de Bárcenas incorpora una petición máxima por parte del PSOE de 28 años y un mes de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como 25 años para el que fuera gerente Cristóbal Páez. El PSOE también solicita 12 años y seis meses para el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Laura Montero, que cobraron mediante su empresa Unifica 1,8 millones del PP en negro para remodelar la sede nacional del partido.

La acusación de Observatori DESC reclama 19 años de prisión para los tres exdirigentes del PP y siete para los dirigentes de Unifica. Una cifra similar a la requerida por Izquierda Unida y el resto de asociaciones que presentaron la querella por la que se investiga la contabilidad B del PP, que ha solicitado 19 años y siete meses de cárcel para los extesoreros. Pero IU incluye una petición de siete años de ingreso en la cárcel para los empresarios José Luis Sánchez Domínguez, Juan Miguel Villar Mir, Manuel Contreras, Luis del Rivero, Alfonso García Pozuelo-Asins, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Pablo Crespo, Antonio Vilela, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Sánchez Alcalá, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, Vicente Cotino, Joaquín Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche y Ramón Aigé.

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que fue la que primero pisió el ingreso en prisión de Bárcenas en el caso Gürtel, reclama 23 años de cárcel para Bárcenas, 18 años para Lapuerta y 12 años para Páez. El que pide una mayor pena para los acusados es el abogado del Partido Socialista de Madrid en el caso, Wilfredo Jurado, que reclama 35 años de cárcel para Bárcenas y Páez y 30 para Lapuerta, al que pide menos años porque dejó la formación política en 2008.

3. EL PAPEL DE MARIANO RAJOY

Las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas no incorporan entre los posibles procesados al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, su nombre aparece como el político del PP que más dinero recibió, 1,5 millones de euros, de la contabilidad B dirigida por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

La Asociación Observatori DESC destaca que Rajoy ha sido el máximo responsable del partido desde 2004 hasta hoy, mientras que José María Aznar fue presidente del PP entre 1990 y 2004. En todos los casos se indica que Mariano Rajoy se benefició de los pagos de la caja B, que fueron de 2.100 euros al mes hasta 2008, en el que pasó a recibir 4.200 euros mensuales, especifica el PSOE.

Por este motivo, tanto el abogado de ADADE Francisco Montiel como Izquierda Unida piden al juez que llame a declarar a Rajoy como testigo, al igual que a José María Aznar, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Federico Trillo, Juan Cotino, Francisco Álvarez-Cascos y al propio Acebes, así como a los exdirectores de los diarios El País y El Mundo Javier Moreno y Pedro J. Ramírez.

4. DELITOS INCLUIDOS POR LAS ACUSACIONES

El PSOE acusa a los exdirigentes del PP por los delitos de asociación ilícita; falsedad contable; delito electoral continuado; contra la Hacienda Pública, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; blanqueo de capitales y apropiación indebida.

El resto de acusaciones (PSM, IU, Observatori DESC y ADADE) acusan a Bárcenas, Lapuerta y Páez de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de fondos electorales.

El PSOE pide además que todos los acusados abonen a la Hacienda Pública, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 1,4 millones de euros por las cuotas dejadas de ingresar en relación con los impuestos de sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, e IVA del ejercicio 2010 de la mercantil Unifica Servicios Integrales.

Además, solicita que Bárcenas, Lapuerta y Páez abonen solidariamente 220.167 euros por la cuota dejada de ingresar en relación con el impuesto de sociedades del ejercicio 2008 del Partido Popular. Y añade que del pago de las responsabilidades civiles deberán responder, en concepto de responsables civiles subsidiarios, el Partido Popular y la mercantil Unifica Servicios Integrales, la empresa encargada de la reforma de la sede del PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/29/acusaciones_del_caso_gurtel_piden_imputacion_acebes_carcel_para_barcenas_lapuerta_32016_1012.html

LA FISCALÍA EXCULPA AL PP DE DELITO FISCAL AUNQUE CERTIFICA LA CAJA B ERA SUYA

El ministerio público pide el archivo de la causa para el PP por un delito fiscal de 2008

Ruz cierra la causa y acredita la caja b del PP

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no aprecian delito fiscal en el Partido Popular —en este caso en su representante legal porque las formaciones políticas no eran imputables cuando ocurrieron los hechos— por los 888.000 euros que recibió como donaciones ilegales en 2008 y que dedicó al pago en dinero negro —no declarado a Hacienda— de las obras de reforma de su sede central, en la calle de Génova 13 de Madrid.

El ministerio público y la Abogacía del Estado entregaron este lunes en la Audiencia Nacional sus escritos de conclusiones sobre el caso Bárcenas, la investigación derivada del caso Gürtel sobre la existencia de una caja b en el PP controlada por sus extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2008. Durante esos años, el PP ingresó en donativos ilegales cerca de ocho millones de euros que pagaban empresas contratistas de la Administración pública que tenían prohibido por ley hacer este tipo de regalos a partidos políticos.

Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostienen en sus escritos que el PP se financió ilegalmente durante 18 años, algo que en aquellos años ni siquiera era delito. Y solo acusan por un motivo accesorio: parte de ese dinero de la supuesta financiación ilegal fue destinado a pagar las obras de reforma de la sede del PP en 2008. Por esa razón, fiscalía y Abogacía atribuyen cooperación necesaria de los extesoreros del PP en los delitos fiscales cometidos por el arquitecto encargado de la reforma de la sede, que ingresó por toda la obra 1,55 millones de euros en dinero b del PP.

El escrito de la Abogacía del Estado es más duro que el de Anticorrupción en la petición de penas, al introducir también el delito fiscal por impago de IVA, y elevar de 194.000 euros a más de un millón la cantidad que deberían pagar los acusados por el fraude fiscal cometido.

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Anticorrupción asumen el criterio de la Agencia Tributaria, que ha defendido en tres informes remitidos al juez que los partidos políticos están exentos del pago de impuestos por donaciones ilegales. El juez Pablo Ruz y la sección Cuarta de la Audiencia Nacional defienden que si las donaciones recibidas, como ocurrió en el caso del PP, incumplen la Ley de Financiación de Partidos, estas deben pagar impuestos como ingreso extraordinario.

En su escrito, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, reclama cinco años de prisión para los extesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que acusa de apropiación indebida —quedarse dinero de la caja b del PP—, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. El fiscal considera al PP responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por sus extesoreros, que eran representantes legales del partido en la gestión del pago de sus impuestos.

Hace apenas un mes, el pasado 23 de marzo, el juez Ruz dio por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas. En un auto de 190 páginas consideró acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufragó campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle de Génova, 13, en Madrid. Ruz considera en su escrito que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

El fiscal se abona a esta tesis al señalar en su escrito de acusación que los extesoreros Bárcenas y Lapuerta “gestionaron de consumo fondos en metálico aportados a la formación política por donantes de quienes no podían recibir los mismos de acuerdo con la legislación de financiación de partidos políticos”.

El ministerio público dice que “del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad” que el PP presentaba ante el Tribunal de Cuentas y que parte de ese dinero se ingresaba en las cuentas de donativos oficiales del partido mediante el sistema de trocear las donaciones en cantidades inferiores a 60.000 euros, que era el límite permitido por la ley.

El escrito da veracidad a los papeles de Bárcenas, los manuscritos que conformaban la contabilidad paralela del PP y que publicó EL PAÍS en enero de 2013. El dinero “siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del PP” se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas.

El fiscal cuenta que en 2007 se anotaron ingresos en la caja b del PP por 542.000 euros y en 2008, por valor de 1,11 millones. En ese ejercicio se destinaron 888.000 euros de esa contabilidad paralela al pago de las obras de reforma de la sede nacional del PP.

En la declaración del impuesto de sociedades elaborado por Bárcenas como tesorero en 2009 no se hizo mención a estos ingresos del ejercicio anterior porque el PP consideró que, según la ley, estaba exento de tributar.

Dos informes de Hacienda han considerado que las donaciones —incluso las recibidas al margen de la ley— están exentas de tributar. En el último informe, elaborado a petición del juez Ruz y bajo la premisa de que las donaciones ilegales pagan el impuesto de sociedades, Hacienda expuso que la cuota presuntamente defraudada superaba los 220.000 euros. En el mismo informe, el perito que firmaba el estudio elaboraba por su cuenta otro cálculo con una fórmula distinta, que arrojaba un fraude de 25.630 euros. Esta cifra, por debajo del umbral del delito fiscal, que se sitúa en 120.000 euros, es la que usa el fiscal para exonerar al PP de este tipo penal.

Las peticiones

- Luis Bárcenas (cinco años de cárcel): el fiscal reclama para el responsable de las cuentas del PP entre 1990 y 2009 tres años de prisión y multa de 48.000 euros por apropiación indebida. Un año de cárcel y 18.000 euros de multa por falsedad documental. Un año de prisión y 195.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda pública.

- Álvaro Lapuerta (cinco años de cárcel): el tesorero del PP entre 1993 a 2008 se enfrenta a una petición de tres años de prisión y multa de 48.000 euros por apropiación indebida. Un año de cárcel y 18.000 euros por falsedad documental. Un año de prisión y 195.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda pública.

- Cristóbal Páez (un año y medio de prisión): para el gerente del PP entre 2008 y 2010, el fiscal pide 11 meses de cárcel y 4.500 euros de multa por falsedad documental. Siete meses de prisión y 98.000 euros por un delito contra Hacienda.

- Gonzalo Urquijo (tres años y 10meses de cárcel): para el dueño de Unifica, la empresa que hizo las obras de la sede nacional del PP en Madrid, la fiscalía pide un año y 10 meses de prisión y 60.000 euros de multa por falsedad documental. Dos años de cárcel y multa de 390.000 euros por un delito contra Hacienda.

- Belén García (tres años y 10 meses de cárcel): Para la socia de Unifica, la Fiscalía Anticorrupción reclama un año y 10 meses de prisión y 60.000 euros de multa por falsedad documental. Dos años de cárcel y multa de 390.000 euros por un delito contra Hacienda.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/27/actualidad/1430140220_171526.html?rel=rosEP

LA ABOGACÍA DEL ESTADO HACE DEL 'CASO BÁRCENAS' EL 'CASO UNIFICA'

En el escrito de acusación de nueve páginas no se menciona la caja B del PP

El estudio de arquitectura Unifica fue el que realizó la remodelación de la sede del partido

En un escrito de sólo nueve páginas, la acusación que ejerce la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria despacha el caso Bárcenas sin mencionar una sola vez la caja B del PP y centrándose en las prácticas de defraudación fiscal del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de remodelación de la sede del partido de la calle de Génova, en Madrid.

La Abogacía lo justifica en que, aunque el auto en el que se dio por concluida la investigación sobre la contabilidad B del PP se remonta a 1990, en su escrito «se referirá únicamente» a los hechos «que guarden relación con los ejercicios fiscales 2007 y 2010, que son los únicos que no han prescrito».

Así, tras situar a la empresa Unifica, afirma que desde 2005 «podría haber estado llevando a cabo una estrategia y dinámica empresarial, puesta en marcha por sus dos socios, con una finalidad de defraudar a la Hacienda Pública». En 2007, «se habría producido un perjuicio a Hacienda en relación con el Impuesto sobre Sociedades por un importe de 1.014.248 euros, según las certificaciones, o de 1.024.987», según «la cantidad anotada en los denominados papeles de Bárcenas».

Los servicios jurídicos del Estado solicitan tres años de cárcel para los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta como cooperadores necesarios del delito fiscal de 2007, y un año para el ex gerente Cristóbal Páez. Para los responsables de Unifica, la pena se eleva a cinco años y nueve meses al añadirles otro delito por el IVA de 2010 y falsedad mercantil.

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Los cinco tendrán que indemnizar solidariamente a Hacienda con las cantidades que se dejaron de ingresar en 2007. De esa cantidad serán responsables civiles subsidiarios tanto Unifica como el PP. Este último, precisa, «como consecuencia de la relación de dependencia de los acusados, dados los cargos que ocupaban en 2007».

Tanto la acusación que ejerce el PSOE como la de IU -que, junto a otras entidades, interpuso la querella que dio origen al procedimiento- siguen un criterio totalmente contrario al de la Abogacía del Estado y al de la Fiscalía, que ha pedido cinco años de cárcel para Bárcenas.

Para los querellantes deben sentarse en el banquillo 26 personas, incluidos los empresarios que hicieron donaciones al PP y el ex secretario general del partido Ángel Acebes, para el que solicitan 15 años y siete meses de prisión. Bárcenas se enfrenta por parte de IU a una petición de 19 años y siete meses, y Lapuerta, a 21 años y siete meses.

El PSOE solicita por su parte 28 años de prisión para Bárcenas y Lapuerta y 25 para Páez, según dijo en el Congreso el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, informa Europa Press. Considera acreditado que el PP se financió con fuentes ajenas al circuito legal al menos desde 1990.

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/29/55408aaeca4741c4798b4572.html

LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LA JUSTICIA Y LOS CASOS DEL PARTIDO POPULAR

El PP y otros implicados en los casos Gürtel y Caja B que se investigan en la Audiencia Nacional, confían sus defensas a antiguos fiscales y jueces de este órgano jurisdiccional, por sus buenas relaciones con los tribunales encargados de juzgarlos, según las acusaciones

El Partido Popular y algunos de sus antiguos altos cargos imputados en los casos de la Caja B de este partido y Gürtel, han escogido como abogados en la Audiencia Nacional a nueve exfiscales y antiguos jueces de este órgano jurisdiccional.

La mayoría pidieron la excedencia en su día para dedicarse al sector privado, tienen elevadas nóminas de hasta 400 euros la hora y conocen a la perfección tanto los entresijos de la Audiencia Nacional, como conservan amistades entre los jueces y actuales representantes del Ministerio Público encargados ahora de juzgarlos.

Este último es, sobre todo, el motivo por el que el PP y sus ex altos cargos les han contratado para defenderlos. Otra cosa es, que la estrategia obtenga resultado. Son las puertas giratorias, que no solo funcionan en la política, sino también en la judicatura.

El Partido Popular y el imputado gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, han confiado su defensa para la Caja B a Jesús Santos, que fue fiscal de la Audiencia Nacional. Otros exfiscales del mismo órgano jurisdiccional, como Ignacio Peláez, Ignacio Gordillo, Luis Jordana de Pozas, María Dolores Márquez de Prado o Florentino Ortí, defienden o han defendido entre otros, al arquitecto que reformó la sede del PP en negro, Gonzalo Urquijo; al ex gerente de este partido, Cristóbal Páez; al exjefe de Gabinete en la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; o a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y los exalcaldes de Arganda, Majadahonda, además de al ex diputado, Jesús Merino.

María Dolores de Cospedal ha escogido como abogado en las causas civiles contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a Adolfo Prego, exmagistrado del Supremo. Otros dos antiguos jueces de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán y Javier Gómez de Liaño, han defendido a implicados en la Gürtel y la Caja B como el propio Bárcenas y el supuesto líder de la trama, Francisco Correa.

Serán juzgados por un tribunal conservador

En cuanto a los tribunales encargados de juzgar a estos implicados, serán dirigidos por magistrados de corte conservador y la mayoría de sus miembros también serán de idéntico talante. Tanto el caso Gürtel como la Caja B del PP serán juzgados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Concepción Espejel.

Esta magistrada es amiga de María Dolores de Cospedal y desde Guadalajara, tuvo un papel determinante en el intento de procesar a cargos públicos de la administración socialista castellano-manchega por el incendio de la Riba de Saelices, que se cobró 11 vidas en 2005. Los argumentos de la instructora que Espejel avaló, fueron rechazados cuando abandonó la presidencia de la Audiencia de Guadalajara, y los cargos públicos ni siquiera fueron juzgados.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional está integrada casi exclusivamente por magistrados de la misma tendencia conservadora. A Espejel la acompañan Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. El único progresista es el juez José Ricardo de Prada.

La sentencia que dicte este tribunal solo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y en concreto a la Sala Segunda, que revisa este tipo de fallos penales e instruye los casos que implican a aforados. El presidente de esta Sala del Alto Tribunal es el magistrado Manuel Marchena, que fue escogido para el puesto gracias a los votos de la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial.

Marchena obtuvo el respaldo de los 10 vocales propuestos por el Partido Popular, la vocal de CiU y el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Los otros candidatos a presidir la Sala, Cándido Conde-Pumpido y Manuel Colmenero, contaron respectivamente con los votos progresistas y el del representante del PNV. Manuel Marchena, fiscal en excedencia, formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de la Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/01/tribunales/1430502738_592076.html

EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

El Ejecutivo subraya, en una respuesta parlamentaria, que no puede extraerse "conclusión definitiva" de las pesquisas iniciadas a instancias del Ministerio de Justicia

Asegura que los "órganos judiciales y gubernativos con competencias" siguen realizando actuaciones "tendentes a la completa averiguación de los hechos"

El Gobierno no está en disposición de ofrecer "conclusión definitiva alguna" sobre la desaparición de la causa del borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por el propio partido. Así figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del Grupo de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares publicada el pasado día 20 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Fue el pasado 18 de febrero cuando se conoció que el sumario del procedimiento que investigaba el borrado de los discos duros de los ordenadores del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP se había extraviado. Casi un mes después, el 10 de marzo, el Ejecutivo admitía en la citada respuesta parlamentaria no tener datos al respecto. No obstante, avanzaba que el departamento que dirige Rafael Catalá se había interesado por lo ocurrido aunque, de momento, sin éxito.

"Únicamente cabe señalar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, que una vez se tuvo conocimiento de la posible pérdida de las diligencias a las que se alude en la pregunta [de Llamazares], se solicitó informe al secretario de juzgado y al secretario de Gobierno en relación con lo sucedido, sin que a la vista de la información provisional recibida pueda extraerse hasta el momento conclusión definitiva alguna", reza la respuesta.

Según figuraba en esta respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la fecha de respuesta no habían finalizado "todas las actuaciones en curso tendentes a la completa averiguación de los hechos" que se estaban llevando a cabo "por los diferentes órganos judiciales y gubernativos con competencia en la materia".

En la información sobre la desaparición del sumario del borrado de los ordenadores de Bárcenas, adelantada por La Sexta y eldiario.es, se informaba que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid había comunicado a Izquierda Unida la pérdida de la causa y la necesidad de que acudiese de nuevo a entregar la documentación. Previamente, IU había recurrido el archivo de la investigación por parte del citado juzgado que en octubre de 2013 dio carpetazo al proceso al no apreciar delito.

La misma petición de que aportase los escritos que adjuntaron en su día fue elevada al resto de las acusaciones, entre las que figura UPyD.

El archivo de la investigación llegó tras no apreciarse daños debido a que los ordenadores cuyos discos duros habían sido borrados eran propiedad del PP aunque los usara Bárcenas para el desempeño de sus funciones.

En su pregunta, Llamazares pedía además al Gobierno una valoración sobre el destino que había corrido de este sumario. "¿Cómo valora el Gobierno la desaparición del sumario sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular?". "¿Se echará la culpa a algún empleado o al servicio de correos, o se explicará lo sucedido como un inexplicable extravío, como sucedió en su día con el expediente relativo al Juez Baltasar Garzón?". Pero el Gobierno entra poco en materia. Se limita a señalar que no puede valorar situaciones que afectan a asuntos que están en manos de la Justicia.

"En relación con la información solicitada por su señoría, cabe informar en primer lugar que el Gobierno no puede valorar las circunstancias concurrentes en los procedimientos en trámite ante los Tribunales de Justicia, ni mucho menos pronunciarse sobre las diligencias que hayan practicado en la causa los órganos judiciales intervinientes. Tampoco resulta factible valorar las contingencias extraprocesales de un procedimiento hasta el completo esclarecimiento de las mismas", figura en la respuesta del Ejecutivo.

Descripción de los hechos

En su pregunta parlamentaria, registrada justo un día después de que se conociese que la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas se había esfumado, Llamazares hace una descripción muy detallada de todo el proceso.

Señala Llamazares que el juzgado 32 de Madrid había emplazado a las partes para un día después de su escrito, el 20 de febrero, a que llevasen la documentación que en su día habían aportado al sumario pues la jueza, tras detectar el extravío, pretendía entonces reconstruir el sumario con la documentación de las partes "y poder seguir así con el recurso de apelación".

Además, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural se quejaba de que ya hacía un año desde que las acusaciones recurrieron el archivo del sumario ante la Audiencia y que durante ese tiempo no había habido "ninguna" actuación por parte del tribunal. Precisamente, sobre esta materia, Llamazares también preguntó al Gobierno. "¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el hecho de que, más de un año después de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo del sumario sobre el borrado de los ordenadores por parte del PP, no se haya practicado ninguna actuación por parte de la Audiencia Provincial?", cuestionó.

Investigación de un juzgado

Un mes después de esta respuesta parlamentaria del Gobierno, el 10 de abril, se conocía que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid estaba investigando si se cometió un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público por la desaparición de esta causa.

Tras detectarse la pérdida de esta causa –la secretaria judicial se percató de que la documentación había desaparecido cuando iba a remitir las diligencias a la Audiencia Provincial–, se abrieron dos investigaciones: una a cargo del secretario del juzgado que instruía el caso y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Definitivamente, según informó Europa Press, fue el Decanato el que acumuló las dos investigaciones y decidió que sea el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid el que decida si pudo cometerse alguna ilegalidad.

Antecedentes

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2013. El día 16 , cuando acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, la secretaria general del PP mantuvo que los dos ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas mientras siguió acudiendo a la sede del partido estaban custodiados en la calle Génova. El magistrado los reclamó, el partido los entregó y el 29 de agosto, a las 9 de la mañana, comenzó a analizarse el contenido en la Audiencia Nacional. Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los discos duros de ambos habían sido destruidos. Es decir, manipulados.

En concreto, uno de los ordenadores (un PC de la marca Toshiba, modelo Libretto 100 CT) fue enviado sin disco duro mientras que el otro (un Apple) contenía unos 500 gigas de contenido. Según el acta de la diligencia, el Macintosh presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podría haber sido extraído o cambiado con anterioridad".

¿Cómo explicó el PP que el partido decidiese vaciar de contenido parte del material de trabajo del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP? Según un escrito remitido por el partido a la Audiencia Nacional con fecha del 20 de agosto, los discos duros de los equipos que empleaba el ex senador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.

LA JUSTICIA APRECIA UN FRAUDE DEL PP EN EL “DESPIDO DIFERIDO” DE BÁRCENAS

El tribunal de Madrid niega la pretensión del extesorero de que el despido sea improcedente

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprecia un posible fraude del PP en el llamado “despido en diferido” de su extesorero Luis Bárcenas y ha puesto el caso en manos de la fiscalía al entender que hubo una “relación laboral simulada” entre la formación conservadora y el antiguo ejecutivo entre el 16 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2013. En esta época, Bárcenas percibió del partido 719.500 euros, a razón de 21.300 euros al mes pese a que, considera la sentencia, el extesorero “no prestó servicios” a Génova 13.

La Sección Quinta de lo Social del TSJM no solo lleva el caso a la fiscalía: como el PP tuvo dado de alta en la Seguridad Social a Bárcenas durante este periodo en el que no ejerció trabajo alguno, también comunica el fallo a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo, por su posible “incidencia en futuras prestaciones de Seguridad Social”. Asimismo, pone la causa en conocimiento de Hacienda ya que el dinero recibido por el extesorero no puede tener la consideración de rentas del trabajo, que le dio aquel en sus declaraciones tributarias.

El fallo confirma en lo esencial la sentencia de una juez de lo social número 16 de Madrid, que el pasado julio dejó en un limbo la situación laboral de Bárcenas al desestimar su demanda contra el PP por despido improcedente. Aquel fallo sostenía, sin embargo, que Bárcenas seguía en la situación de excedencia forzosa a la que accedió en 2004 tras ser nombrado senador. En 2010, tras su imputación en el caso Gürtel de corrupción, Bárcenas dejó el parlamento, pero no quedó constancia que reclamara su reincorporación a su antiguo puesto, por lo que seguía en excedencia.

Pese a no estar trabajando, el PP pagaba 21.300 euros al mes a Bárcenas y abonaba sus cotizaciones sociales hasta el 31 de enero de 2013, día en que EL PAÍS publicó los documentos de la contabilidad secreta del PP llevadas por el extesorero entre 1990 y 2008. Tanto Bárcenas como el PP aseguraron que aquel no prestaba ya servicios al partido –la secretaria general popular, Dolores de Cospedal, calificó el apaño de “despido en diferido con forma de simulación”-. Bárcenas alegó que su baja en la Seguridad Social suponía un “despido tácito” que reclamaba que fuera declarado improcedente.

Bárcenas no logró su propósito en primera instancia, y tampoco ahora tras presentar un recurso de suplicación ante el TSJM. Sin embargo, la Sala de lo Social, aunque da la razón al PP en lo estrictamente laboral, le da un serio varapalo. “No puede aceptarse como mínimamente razonable que una empresa se permita pagar a un trabajador casi tres años un salario sin recibir contraprestación por ello y más si ese salario asciende a 21.300, 08 euros mensuales”, argumenta el tribunal. Los magistrados tampoco dan crédito a que Bárcenas recibiera de Génova 13 en aquel tiempo “una serie de medios materiales y personales para que los utilice no en desarrollo de la actividad laboral sino en beneficio propio -despacho, vehículo, servicio de informática, secretaria y otro personal que acude a requerimiento del actor a su domicilio-”.

Vida laboral

Luis Bárcenas ingresó en Alianza Popular (AP) en marzo de 1982 y cesó en agosto de 1987. Hasta enero de 1989 cobró el paro.

El 1 de febrero de 1989 reingresó en el partido hasta que en abril de 1999 fue nombrado gerente. En abril de 2004 se acogió a una excedencia forzosa como senador. En octubre de 2008 accedió al cargo de tesorero.

El 5 de octubre de 2009, con el caso Gürtel, le fueron revocados los poderes de tesorero. El 16 de abril de 2010, aunque ya no era senador y no queda constancia de su petición de reincorporarse al PP, fue dado de alta en la Seguridad Social hasta que EL PAÍS publicó su contabilidad secreta el 31 de enero de 2103. En este periodo percibió 21.300 euros al mes y tenía despacho, chófer y secretaria a cargo del partido.

“Tampoco es mínimamente razonable que se extinga el contrato, que se pacte una indemnización diferida pero que se mantenga al trabajador de alta en la seguridad social y consecuentemente se abonen las correspondientes cotizaciones y además se le proporcione todo tipo de medios personales y materiales para que los continúe utilizando en provecho propio”, prosigue el fallo.

El tribunal concluye que “estamos ante una simulación negocial, que existe cuando bajo la apariencia de un negocio normal se oculta otro propósito negocial”. “Lo normal hubiera sido, si aceptamos las alegaciones que hace la propia empresa, haber procurado mantener al actor [Bárcenas] alejado de la sede del Partido dado su horizonte penal complicado y despedir al demandante si era previsible como se dice un fallo que declarara la procedencia del despido y no abonarle una indemnización por un importe tan elevado”.

El fallo no es firme y se puede recurrir en casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/1430745278_686077.html

COSPEDAL PONE AL FRENTE DE SU CAMPAÑA A SU GERENTE IMPUTADO

Cañas recibió presuntamente 200.000 euros de la constructora Sacyr a cambio de la concesión del servicio de basuras de Toledo

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha nombrado al gerente del PP castellanomanchego, José Ángel Cañas, administrador general del partido ante la Junta Electoral de la comunidad. Cañas está imputado por recibir presuntamente 200.000 euros de la constructora Sacyr a cambio de la concesión del servicio de basuras de Toledo. En su nuevo cargo de administrador electoral tendrá que encargarse de gestionar los fondos de la campaña del PP en la región. Los gerentes del PP de Valencia y Madrid no corrieron la misma suerte que el del PP de Cospedal: una vez conocidos sus problemas con la justicia fueron destituidos, en el caso del madrileño, además, la propia número dos del PP pidió explicaciones a Aguirre por haber mantenido trabajando para el partido al gerente tras cesarle de su puesto.

José Ángel Cañas admitió en noviembre de 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que escribió de su puño y letra el recibí sobre dos entregas de 100.000 euros supuestamente recibidos por el PP por la empresa Sacyr a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, un documento que facilitó al juez el propio extesorero del PP Luis Bárcenas. Cañas aseguró en su declaración judicial que no recibió ningún dinero y que escribió el documento obligado por Bárcenas, que era su superior inmediato. Los fondos supuestamente sirvieron para financiar la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007 de la actual presidenta María Dolores de Cospedal. Ruz calificó los hechos como un posible delito de prevaricación administrativa, y decidió inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo, por ser el del partido judicial donde sucedieron.

El PP de Castilla- La Mancha argumenta que el puesto de administrador electoral es asumido por “protocolo del partido” por todos los gerentes regionales. Fuentes del PP de Cospedal indican que tienen “como premisa la presunción de inocencia” y sugieren que la imputación de Cañas está en el aire porque ahora debe decidir sobre ella el juzgado de Toledo. El caso, enviado desde la Audiencia Nacional a la capital castellano manchega hace un mes, aún sigue en reparto. El magistrado de la Audiencia Nacional tuvo claro, sin embargo, que debía continuar la investigación contra Cañas: “No hay lugar al sobreseimiento de las actuaciones”, escribió en el auto en el que dio el traslado de la causa.

El caso de José Ángel Cañas, que lleva imputado 18 meses, ha puesto en evidencia la doble vara de medir del PP cuando se trata de actuar contra sus dirigentes con problemas judiciales. La gerente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Cristina Ibáñez, ha sido destituida el pasado febrero de su puesto después de 20 años por estar imputada acusada de financiación ilegal. Por su parte, Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, dimitió el 6 de octubre por las presiones de la dirección nacional tras conocerse que había gastado 58.000 euros con una tarjeta opaca de Caja Madrid. Al día siguiente de haber sido dado de baja en la Seguridad Social en el PP, Aguirre le dio de alta para trabajar en el partido pero a nivel regional. "El PP de Madrid tenía a esta persona contratada y ha querido seguir con ese contrato como trabajador, el PP de Madrid tiene que dar una explicación", declaró entonces Cospedal.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/25/actualidad/1429985024_518929.html

EL PP ALEGA ANTE EL JUEZ QUE NO SE LUCRÓ CON LAS MORDIDAS DE LA RED GÜRTEL

La formación intenta demostrar cómo Bárcenas o el exalcalde de Pozuelo, y no el partido, se beneficiaron de la trama corrupta

Un constructor arrepentido admite los sobornos del ‘caso Gürtel’

El PP ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de defensa de 22 folios en el que rebate las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares ante el juicio oral de la primera etapa del caso Gürtel. Fiscalía y acusaciones atribuyen al PP su participación, a título lucrativo, de los delitos supuestamente cometidos por los exalcaldes de Pozuelo y de Majadahonda. En estos municipios, la trama corrupta logró contratos a dedo y por ello pagó comisiones ilegales a sus alcaldes, según la investigación judicial. Parte de esas mordidas, 236.000 euros, sirvieron para financiar actos electorales de la formación, según sostiene el juez Pablo Ruz.

El PP niega esta acusación por la que está implicado en la causa, cuyo juicio oral se celebrará a comienzos de 2016. "La realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento se aparta radicalmente de la descrita" en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, señala el escrito de defensa.

El PP solicita para el juicio oral que se tome declaración a los dos exalcaldes que supuestamente cobraron mordidas; a los principales directivos de la trama, entre ellos, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes; y al exconcejal del PP José Luis Peñas, que destapó el escándalo tras entregar a la Fiscalía Anticorrupción las grabaciones que hizo durante dos años de las conversaciones que mantenía con el jefe de la red corrupta.

El abogado del PP plantea en el escrito de defensa que declaren en el juicio los policías que elaboraron distintos informes sobre Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato; y del extesorero Luis Bárcenas, en los que se detalla cómo se lucraron de sus relaciones con la trama. La formación conservadora intenta demostrar que los exdirigentes del PP se beneficiaron de sus relaciones con las empresas de Correa, pero en ningún caso desviaron esos beneficios hacia el partido.

Además, entre los documentos que el PP pide que se aporten el juicio para probar su inocencia figuran todos los requisados en una nave de Alcorcón. La policía encontró, en esa nave, la documentación que acredita cómo una de las empresas de la trama corrupta, la que recibía cientos de contratos a dedo de Gobiernos del PP, regaló más de 30.000 euros en distintos servicios para la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, en la que Francisco Correa fue uno de los testigos. Entre esa documentación también figuran facturas de empresas que prueban cómo determinados actos electorales en los que participaba Aznar eran financiados por la trama corrupta.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/1430899232_374585.html

BÁRCENAS DICE QUE ERA UN “MERO AMANUENSE” DE LA CONTABILIDAD B DEL PARTIDO POPULAR

Sus abogados señalan en su último recurso que la fortuna suiza del extesorero se debe a una "notable carrera empresarial y financiera" y a la compra-venta de arte

Sostienen que entre 1999 y 2005 Bárcenas no gestionaba ni los fondos oficiales ni los opacos del PP

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha denunciado la existencia de un "afán persecutorio" contra él y ha atribuido la fortuna que llegó a acumular en Suiza a su "notable carrera empresarial y financiera" y a sus inversiones en la compra-venta de obras de arte. Además, ha negado tener relación con el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y se ha presentado como un "mero amanuense" de la contabilidad B del PP, queriéndose comparar con los monjes medievales que se limitaban a copiar bajo dictado.

Así consta en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, que sus abogados Francisco Maroto y Joaquin Ruiz de Infante han presentado tras el auto de apertura de juicio oral por la "primera época' de actividades de la red Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de 42 años y medio de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa.

El exresponsable de las finanzas conservadoras asegura que nunca intermedió en la adjudicación de contratos, ni se lucró "indebidamente" con fondos procedentes del PP. "Resulta ridículo querer defender la tesis de que el dinero de las cuentas de Suiza procedió de la cuenta de donativos del PP cuando no hay ninguna correlación más allá de la absurda acusación por la apropiación de 149.600 euros de la operación de Libertad Digital", precisa.

Tras apuntar que la información remitida por las autoridades del país helvético no puede ser utilizada en la investigación, explica que "siempre" figuró como beneficiario de las cuentas abiertas en Ginebra y que no recurrió "nunca a terceras personas". "Luis Bárcenas daba directamente siempre las ordenes de compraventa correspondientes y fijaba los criterios de inversión", añade su defensa, en referencia a la cartera de acciones de empresas españolas que gestionaba.

No ha cobrado comisiones

En cuanto a la caja B del PP, que es investigada en una pieza separada del caso Gürtel, los abogados de Bárcenas destacan que durante aquella época "no tenía encomendada la gestión de los fondos oficiales y, mucho menos, de los llamados fondos opacos", limitándose a desempeñar "una labor de mero amanuense" mediante la anotación de los ingresos y los pagos en la cuenta de donativos.

Bárcenas afirma que no ha tenido "en ningún momento una relación personal, de amistad y, menos aún, empresarial" con el supuesto líder de la red Gürtel, Francisco Correa. De esta forma, acusa al PSOE de verter contra él una acusación "genérica" y sin unos "mínimos" indicios que la respalden.

La defensa recuerda que el magistrado instructor Pablo Ruz dejó "meridianamente claro" que las iniciales "L" y "LB" junto a la expresión "Luis el cabrón" no se identifican con su persona.

Los abogados rechazan que su cliente haya percibido comisiones en concepto de viajes que habrían sido satisfechos por las empresas de la Gürtel y precisa que el hecho de haber contratado los servicios de Pasadena Viajes SL "no se debió a ninguna circunstancia ilícita, sino al hecho de que durante un tiempo su hermano estuvo trabajando en dicha agencia de viajes".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/04/barcenas_dice_que_era_quot_mero_amanuense_quot_contabilidad_del_partido_popular_32229_1012.html

ANA MATO SOLO PAGABA A LA GÜRTEL LOS GASTOS MENORES DE ALGUNOS VIAJES

Certifica ante el juzgado que pagó viajes a la agencia de Francisco Correa, pero en ningún caso gastó más de 300 euros en ninguno de ellos, cuando en el mismo periodo recibió viajes como regalo por más de 2.000

La exministra de Sanidad y actual diputada del PP en el Congreso, Ana Mato, ha presentado a la Audiencia Nacional un certificado del uso de su tarjeta de crédito en el BBVA, con el que intenta justificar que se pagaba parte de sus viajes. Lo que ocurre es que cuando tuvo que tirar de su propia tarjeta, solo corrió con el gasto de los más baratos, según el escrito presentado por la posible partícipe a título lucrativo de la trama.

En su escrito de defensa por la primera época de la Gürtel, Ana Mato sostiene la tesis de que si entendía que su entonces marido, Jesús Sepúlveda, abonaba algunos viajes - aunque al final fueran un regalo-, ella “pagaba otros”, y en este sentido presenta el certificado.

Ese documento, al que ha tenido acceso la SER, consta de 13 cargos a su tarjeta de crédito entre julio de 2004 y enero de 2005, con pagos a Pasadena Viajes, la agencia del supuesto líder de la Gürtel, Francisco Correa, que oscilan entre los 50 y los 291 euros. Los trece cargos de la tarjeta de Ana Mato suman 2.190 euros.

En el mismo periodo, según los investigadores, Ana Mato y sus hijos recibieron viajes de regalo por parte de la trama que superaron los 6.000 euros. El más caro, los billetes de avión y estancia en un hotel de Suiza por más de 2.400 euros.

La UDEF ya concretó los supuestos viajes de regalo al matrimonio formado por Jesús Sepúlveda y Ana Mato en el periodo comprendido entre 2001 y 2004, por más de 50.000 euros. La trama pagó casi 7.000 euros para un viaje a Dublín a la exministra y dos de sus hijos; 2.300 a Tenerife o más de 3.000 en otro a las islas Canarias. Gastos muy superiores a los que ella decidió afrontar con su tarjeta de crédito.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/07/tribunales/1431016764_626418.html

ANA MATO CULPA A SU EXMARIDO POR LOS REGALOS DE LA TRAMA GÜRTEL

La exministra de Sanidad y diputada del PP niega haber recibido obsequios de la marca Louis
Vuitton y recuerda al juez que ella pagaba muchos gastos familiares

La exministra ve "sexismo" en su acusación

La exministra Ana Mato, diputada nacional del PP, rechaza en el escrito de defensa que ha dirigido a la Audiencia Nacional haber participado a título lucrativo de las mordidas que su exmarido, Jesús Sepúlveda, cobró de la red Gürtel. Entre la documentación incautada a la trama corrupta, la policía halló facturas de viajes, regalos y fiestas de cumpleaños pagadas por las empresas de Francisco Correa de las que se benefició el matrimonio que entonces formaban Ana Mato y Jesús Sepúlveda.

De los 668.000 euros que Sepúlveda cobró de la trama corrupta, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, su exmujer, Ana Mato, se habría beneficiado de 28.467 euros, correspondientes a un viaje con sus hijos; a una estola y un echarpe Louis Vuitton —regalos de Correa— y a tres fiestas de cumpleaños y una comunión.

En su escrito de defensa, la exministra de Sanidad sostiene que nunca ha recibido de la agencia de viajes propiedad de Correa “bien o servicio alguno que no hubiera pagado si respondía a un encargo propio”. Mato intenta demostrar que los viajes que Correa regaló a la familia los encargó su exmarido, Jesús Sepúlveda, y por tanto es él quien debe responder por los mismos.

“La señora Mato”, señala el escrito de defensa, “siempre ha trabajado y obtenido sus propios ingresos como resultado de su trabajo personal, por lo que ha participado de manera continua y sistemática en la atención de los gastos de su unidad familiar. Si a su entonces cónyuge pudo corresponderle el pago de determinados gastos en concepto de algunos viajes, ella se hacía cargo del pago de otros, algunos extraordinarios como pueden ser otros viajes, normalmente pagados con tarjeta de crédito, algunos de cuyos pagos fueron a Pasadena Viajes (la agencia de la trama corrupta), pero muchos ordinarios (comida, luz, teléfono, o los recibos mensuales de los colegios de sus hijas”.

Tras describir los gastos que asumía personalmente Mato, el abogado concluyó: “Estas cargas familiares asumidas por uno solo de los entonces cónyuges compensan sobradamente el valor de los servicios turísticos a que alude la acusación como asumidos por el otro cónyuge pero sin que hubiera mediado el correspondiente pago a la agencia prestadora de los servicios; servicios que, en consecuencia, no pueden entenderse adquiridos a título lucrativo por la señora Mato”.

La exministra entiende que, “si fuera cierto” que su exmarido no pagó esos servicios prestados por las empresas de Correa, “quien habría podido obtener algún lucro derivado de dicha falta de pago fue únicamente quien tenía obligación de pagar y no lo hizo”.

La exministra también niega en su escrito de defensa haber recibido dos regalos procedentes de la tienda Louis Vuitton por 610 euros. “La señora Mato”, escribe su abogado, “no tiene a su disposición esos regalos, ni los recuerda, aunque sí puede recordar que jamás ha recibido dos regalos simultáneos consistentes los dos en objetos de la marca L. Vuitton”.

Respecto a las fiestas de cumpleaños de sus hijos financiadas por la trama corrupta, Mato señala: “Nada tengo que ver con las decisiones que pudo haber adoptado mi exmarido acerca del pago o compensación de los servicios en cuestión. Fue quien estaba obligado a pagarlos y no los pagó, no los hijos que celebraban un cumpleaños o comunión, ni tampoco la madre de los niños”.

El abogado de la exministra concluye: “Los hechos de terceros acusados, delictivos o no, no sólo no han producido beneficio alguno para la señora Mato sino que han derivado para ella en un perjuicio notorio y desproporcionado”.

La exministra ve "sexismo" en su acusación

"Como si ella no fuera independiente, no trabajase y no contribuyese a los gastos de su unidad familiar". La defensa de Ana Mato niega que la exministra de Sanidad se aprovechara, a título lucrativo, de los regalos que supuestamente recibió su marido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, de la trama Gürtel y considera, siempre "con todo respeto", que esta acusación resulta "un tanto sexista". Para justificarlo, Ana Mato detalla en su escrito de defensa sus propias condiciones económicas. Su abogado incide en que "se ha partido de una mera presunción". Según el escrito, se imputa a la exministra "un aprovechamiento por el solo hecho de haber estado casada con uno de los acusados".

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/1430900425_895449.html

LA DEFENSA DE ÁLVARO LAPUERTA ALEGA “DEMENCIA SOBREVENIDA” PARA LIBRARSE DEL JUICIO ‘GÜRTEL’

El abogado del octogenario extesorero basa su escrito de defensa en que su cliente tiene "gravemente afectadas" sus facultades mentales

El letrado se cura en salud y pone distancias con Bárcenas: "Mi mandante no rubricó los visés que figuran en la supuesta contabilidad paralela del PP"

El abogado del octogenario Álvaro Lapuerta, pieza clave en el caso Gürtel, ha consagrado la estrategia en la que fue avanzando durante meses y ha centrado su escrito de defensa en la “demencia sobrevenida” que, según su versión, padece el antecesor de Luis Bárcenas como tesorero del PP. Por si ese camino falla, el letrado de Lapuerta vuelve a marcar distancias con Luis Bárcenas: “Mi mandante –remarca el letrado Cristóbal Martell- no rubricó los visés que figuran en la supuesta contabilidad paralela del PP”.

Lapuerta es uno de los 40 inculpados a los que el juez Pablo Ruz ha ordenado sentar en el banquillo en el primer juicio del caso Gürtel que debe celebrarse en Madrid, el de la llamada Primera Época (1999-2005). La Fiscalía Anticorrupción pide para Lapuerta tres años de cárcel por apropiación indebida. Entre los 40 procesados figuran los tres últimos tesoreros del PP: Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Fechado el 29 de abril, el escrito presentado por el abogado Cristóbal Martell se extiende en la tesis de la demencia de la siguiente forma: “Álvaro Lapuerta tiene sus capacidades intelectivas y cognitivas gravemente afectadas, siendo totalmente incapaz de entender la acusación contra él formulada y, por ende, no pudiendo articular en ejercicio de su derecho de defensa y autodefensa hechos impeditivos, extintitivos y excluyentes de descargo”.

El escrito recuerda que Lapuerta, de 87 años, “ha padecido primariamente una hemorragia cerebral o ictus y dos traumatismos craneoencefálicos”, el último de ellos severo.

En previsión de que la estrategia de la demencia no surta efecto, el abogado Martell subraya que su defendido “ni consintió ni cooperó en actos de apropiación o distracción de dinero procedente de [la] supuesta Caja B del Partido Popular, que se atribuyen a D. Luis Bárcenas. Nunca –apostilla- conoció acto apropiativo alguno en perjuicio de las arcas del Partido Popular”.

A renglón seguido, y con un párrafo que agranda el abismo que el caso Gürtel abrió entre Lapuerta y su antiguo discípulo Luis Bárcenas, el escrito agrega esto: “En su función de tesorero del Partido Popular que ejerció desde febrero de 1993 hasta junio de 2008, se sujetó a la disciplina orgánica del partido sin que por razón de su gestión fuera sometido a expediente disciplinario ni, en consecuencia, sancionado, conservando su condición de afiliado”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/08/la_defensa_alvaro_lapuerta_alega_demencia_sobrevenida_para_librarse_del_juicio_gurtel_32352_1012.html

 LA ESPOSA DE BÁRCENAS ALEGA IGNORANCIA PARA PEDIR SU ABSOLUCIÓN

"No pensé ni pienso que mi esposo cometiera irregularidades en la gestión del patrimonio familiar", esgrime Rosalía Iglesias en su escrito de defensa

Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, argumenta en su escrito de defensa ante el juicio del caso Gürtel que "carecía y carece de conocimientos, preparación o formación alguna para liquidar los tributos, realizar las inversiones, manejar cuentas bancarias o realizar cualquier tipo de operación ya fuera mercantil o de carácter económico o fiscal". La Fiscalía Anticorrupción pide para Iglesias 24 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, fraude fiscal y estafa procesal en grado de tentativa.

La investigación judicial del caso Gürtel acreditó la participación activa de Iglesias en los supuestos negocios ilícitos de su marido, Luis Bárcenas. La Agencia Tributaria detectó, por ejemplo, un ingreso de 500.000 euros en billetes de 500 en un banco de Madrid por parte de Iglesias, que luego intentó justificar en relación con una operación de venta de obras de arte que el juez considera falsa. Además, el ex tesorero del PP puso a nombre de Iglesias una cuenta en Suiza y la hizo partícipe de otras operaciones que la investigación judicial ha puesto bajo sospecha.

Pese a todos estos indicios, el abogado de Rosalía Iglesias sostiene que la esposa del ex tesorero del PP "ha desconocido siempre cualquier tipo de operación económica bancaria o administrativa referente al patrimonio o gestión del mismo, teniendo confianza absoluta en su esposo, que era el que siempre se ha dedicado a esos temas por ser la persona con preparación y formación para ello". "No basta la condición de cónyuge", añade, "como para tener que responder por una supuesta participación de delitos que no se han cometido y ni siquiera hubiera tenido mínima participación en su supuesta comisión".

Iglesias insiste en la plena confianza que tenía en Bárcenas: "Ni siquiera se albergaba en su día, ni se alberga en la actualidad, la posibilidad por parte de Rosalía Iglesias de llegar a pensar o intuir que su esposo pudiera estar incurriendo en alguna irregularidad al gestionar el patrimonio familiar", señala el escrito de defensa.

Durante más de 20 años, Bárcenas sacó fondos de España para ingresarlos en dos bancos suizos, Dresdner Bank y Lombard Odier, donde llegó a acumular una fortuna de 48,2 millones de euros que nunca declaró al fisco español. En numerosos viajes a Suiza para hacer esos ingresos de dinero le acompañó su mujer, Rosalía Iglesias, cuyo nombre y firma aparecen en algunos documentos remitidos por las autoridades suizas correspondientes al patrimonio de Bárcenas en ese país.

La mujer del extesorero aseguró que el incremento patrimonial que se le atribuye corresponde a la "venta de cuadros" de cuya gestión, aclara, se ocupó en exclusiva Bárcenas. Iglesias solicita en su escrito de defensa que se dicte en su día sentencia con su absolución.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/1430984800_612250.html

UN ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL: "LOS HECHOS SON CIERTOS"

El constructor Alfonso García Pozuelo, imputado por pagar mordidas a la trama a cambio de adjudicaciones, admite que sobornó al exmarido de Ana Mato, Bárcenas o Correa, y muestra su arrepentimiento con el que busca atenuar su condena

El responsable de la empresa Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, imputado por cohecho y prevaricación en la primera época de la Gürtel, comprendida entre 1999 y 2005, por haber pagado comisiones por 1,5 millones de euros a la trama que actuaba en "simbiosis" con el Partido Popular, ha presentado un escrito ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en el que reconoce los hechos. Esos 1,5 millones de euros, abonados a Correa, al exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, el exdiputado Jesús Merino y el extesorero Luis Bárcenas por adjudicaciones en Castilla y León y Pozuelo de Alarcón, son solo en esta primera parte de la Gürtel. Por el resto de piezas investigadas, como en Boadilla o Arganda, habría abonado un total de 4,2 millones.

García Pozuelo se convierte así en el primer arrepentido del caso Gürtel. Afirma en su escrito que "los hechos narrados por el Ministerio Público en su escrito de acusación son ciertos".

El constructor, imputado como autor de un delito de cohecho e inductor de otro de prevaricación, muestra su "arrepentimiento por la comisión de tales hechos" y se muestra "dispuesto a reparar el daño que pudiese acreditarse". Como muestra de buena voluntad, García Pozuelo recuerda al juez que "ha abonado ya la suma que como medida cautelar para el pago de la multa que se le pudiere imponer se acordó en el auto de apertura de juicio oral", y que asciende a 147.000 euros. García Pozuelo también figura en los papeles de Bárcenas como uno de los empresarios donantes de la Caja B del Partido Popular. Con esta confesión, el imputado pretende atenuar la posible pena por la comisión de estos delitos.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/05/tribunales/1430827531_271042.html

EL GRUPO DE BÁRCENAS JUEGA LA CARTA DE LA NULIDAD PARA ‘BORRAR’ LOS DEMOLEDORES DATOS DE SUIZA

La defensa del testaferro del extesorero del PP aprieta las tuercas en la recta final hacia el juicio de Gürtel desvelando una supuesta reunión secreta de la Justicia española con la Fiscalía helvética

Los letrados dicen que una funcionaria suiza que luego fue despedida autorizó a Madrid a utilizar la información suministrada para investigar hechos que en la Confederación no son delito

La defensa de Iván Yáñez, considerado testaferro de Luis Bárcenas, acaba de enseñar las cartas que jugará en su intento por conseguir la nulidad –es decir, el borrado literal– de todos los datos que en el caso Gürtel guardan relación con las informaciones facilitadas por Suiza: entre ellos, los que destaparon cómo el extesorero del PP había llegado a ocultar en el país helvético más de 48 millones de euros.

En el escrito donde se oponen al envío de una nueva comisión rogatoria a Suiza, los abogados de Yáñez desvelan dos datos: el primero, que “las autoridades españolas” –en referencia al juez Pablo Ruz y/o las fiscales del caso– viajaron el 18 de marzo a Berna para reunirse con el fiscal suizo Sergio Mastroianni “a espaldas de las partes”.

Y ello, argumentan los defensores de Yáñez, vulnera nada menos que el artículo 24 de la Constitución, que asegura el derecho a un proceso con todas las garantías. El escrito extiende así la sospecha de juego sucio pero sin dar ni un detalle: no detalla, por ejemplo, si Ruz acudió a esa cita o si, por el contrario, solo lo hicieron las fiscales del caso; y tampoco explica cómo saben los abogados de Yáñez que esa reunión, aun si existió y si a ella solo acudieron las fiscales, tenía por objeto abordar la marcha del caso Gürtel, dado que Anticorrupción puede estar investigando otros asuntos en Suiza.

Lo segundo que recalca el escrito es que Suiza siempre prohibió el uso de la documentación que iba remitiendo a España para investigar delitos fiscales supuestamente perpetrados mediante la ocultación de fondos y no con tretas como el uso de facturas falsas.

Suiza, que según Hacienda oculta 20.000 millones de ciudadanos españoles y que ahora busca mejorar su imagen al haber firmado con la UE un acuerdo de intercambio automático de datos fiscales –que solo entrará en vigor en 2018–, no considera delito fiscal la defraudación de impuestos salvo que medien estrategias de estafa como el ya citado uso de facturas falsas. O que ese delito fiscal esconda en realidad el blanqueo de dinero procedente de sobornos. Por ejemplo.

La prohibición de utilizar datos facilitados por Suiza para investigar o enjuiciar en España delitos fiscales basados en la mera ocultación de fondos y que no vayan vinculados a corrupción y/o blanqueo ya había trascendido en ocasiones anteriores.

Pero es aquí donde los letrados de Yáñez, José Lozano y Alfonso Rubiales lanzan su segunda andanada al afirmar que el veto helvético solo encontró un periodo de excepcionalidad: el comprendido entre el 14 de abril de 2014 y el 6 de junio de ese mismo año, “habiéndose accedido [a permitir que España utilizase esos datos], contraviniendo claramente la legalidad vigente de aquel país, por una funcionaria de la Oficina Federal de Justicia que después fue despedida" y “no por el fiscal ni mucho menos un tribunal suizo, que en cuanto tuvieron competencia sobre la cuestión informaron y decidieron en contra de la comunicación remitida” por dicha funcionaria.

Este lunes, infoLibre intentó contactar por correo electrónico con la mencionada funcionaria para contrastar si, tal como sostienen los abogados de Yáñez, fue despedida y si envió o no documentos a España sin mandato previo de la justicia suiza.

Este diario sí pudo confirmar que esa antigua funcionaria, Rania Tawil, trabaja ahora en uno de los grandes bufetes suizos pero no si abandonó la Administración suiza por voluntad propia o de manera forzosa. Tawil llegó a estar destinada en la fuerza de choque encargada de la cooperación de Suiza con EEUU, uno de los países más estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales desde los atentados del 11-S.

Los abogados de Yáñez, que no esconden en su escrito la confluencia de intereses entre su cliente y Luis Bárcenas, tratan de tirar por tierra la última solicitud de ayuda –comisión rogatoria– cursada a Suiza. La autorizó el juez Pablo Ruz el 16 de abril, el mismo día en que dejó la Audiencia Nacional para tomar posesión de su nuevo destino en Móstoles.

Esa ampliación de rogatoria persigue que Suiza autorice a España para utilizar “en relación con los hechos y delitos recogidos en la presente resolución” los documentos que desde que estalló el caso Gürtel ha ido enviando a la Audiencia Nacional. Y esos hechos y delitos se vinculan, básicamente, al uso de facturas falsas y de sociedades pantalla. O sea, al uso de lo que, utilizando la expresión francesa, los abogados de Iván Yáñez definen como “l'escroquerie fiscale”: artimañas y estafas para defraudar al fisco, lo que en Suiza sí constituye delito.

La defensa de Yáñez trata también como causa de nulidad el hecho de que la ampliación de la comisión rogatoria quedase fechada casi mes y medio después de que Ruz ordenara la apertura de juicio contra Bárcenas y otros 39 inculpados en la pieza del caso Gürtel denominada Primera Época (1999-2005). Ruz, vienen a decir los letrados, ya no era competente más que para recibir los escritos de conclusiones. El instructor, remacha el escrito, “no tiene facultad ni competencia alguna para acordar diligencia alguna”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/05/el_grupo_barcenas_juega_duro_carta_nulidad_para_borrar_del_caso_gurtel_los_datos_suiza_32247_1012.html

BÁRCENAS ESCONDE PAPELES DE TRES DÉCADAS DE CAJA B DEL PP Y LOS PAGOS DEL 'TAMAYAZO'

El antiguo tesorero del PP sopesa desvelar nuevos apuntes de la contabilidad opaca del PP para evitar un nuevo paso por la cárcel por el caso Gürtel y la pieza separada de los papeles de Génova

Las primeras fases del caso Gürtel y de la pieza separada sobre la contabilidad del PP han finalizado con los respectivos autos de conclusiones dictados por el último instructor de los procedimientos, el juez Pablo Ruz, pero las causas entran ahora en una etapa decisiva y Luis Bárcenas se plantea difundir nuevos documentos para evitar una condena que, según la petición del Ministerio Público, podría enviarle a la cárcel un total de 47 años y medio. El Gobierno se ha tomado en serio la amenaza. Fuentes policiales cercanas a la investigación han confirmado a este diario que el antiguo tesorero aún tiene en su poder anotaciones sobre la presunta contabilidad ilegal de Génova que no figuran en ninguno de los sumarios en los que está involucrado.

Se trataría de anotaciones similares a las que provocaron la apertura de la pieza separada en febrero de 2013 y que han acabado centrando todas las pesquisas realizadas en este tiempo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para detectar los movimientos de fondos de Bárcenas y del Partido Popular. Pero, según las fuentes próximas al caso consultadas por El Confidencial, los documentos que todavía esconde el extesorero abarcan un periodo mayor de la contabilidad de Génova y afectan a un mayor número de dirigentes.

Las entradas y salidas de fondos incluidas en el sumario abarcan únicamente el período 1990-2008. Sin embargo, los investigadores asumen que Bárcenas logró llevarse de Génova información contable de casi tres décadas. El propio extesorero no sólo ha transmitido a su entorno de confianza que dispone de más papeles, sino que ha precisado que esa nueva información afectaría exactamente a los 32 años en los que trabajó para el Partido Popular.

El PP de Madrid

El exsenador por Cantabria también ha manifestado a sus colaboradores que en los documentos aparecen reflejados pagos a dirigentes de la formación que hasta ahora se habían quedado al margen de la causa. De ser así, se confirmaría la hipótesis que han sostenido los investigadores de la Policía desde el inicio del procedimiento. Los expertos siempre han considerado que los papeles que llegaron a la Audiencia Nacional fueron confeccionados expresamente por Bárcenas tomando como referencia sus propias anotaciones originales con el objetivo de salvar a los dirigentes de la formación que en ese momento aún le apoyaban y castigar a los que exigían su destierro.

Según fuentes policiales, entre los dirigentes que podrían verse salpicados por los documentos inéditos figuraría la expresidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP al Ayuntamiento de la capital en las elecciones de este mes, Esperanza Aguirre. El antiguo contable de la formación habría reflejado el trasiego de dinero que se produjo en las dos elecciones seguidas que tuvieron que celebrarse en 2003 y 2004 tras el escándalo del tamayazo. La investigación del caso Gürtel ya apuntó en esta dirección en 2009. Un informe de la Policía señaló que el PP de Madrid financió esas dos campañas electorales gracias a donativos ilegales captados por la Fundación Fundescam entre empresarios de la Comunidad. La Agencia Tributaria confirmó la acusación, pero ninguno de esos pagos apareció curiosamente en los primeros papeles del extesorero.

Bárcenas tiene la iniciativa

La difusión de ese ingente volumen de información sólo está en manos de Bárcenas, entre otros motivos por el extraño modo en que se ha gestionado la instrucción judicial del escándalo. A pesar de que el exdirigente popular ha reconocido la autoría de las anotaciones y de que existían razonables sospechas de que la información que llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia era sólo parcial, Ruz nunca consideró necesario ordenar el registro de las viviendas del principal procesado.

De hecho, los únicos apuntes que forman parte del sumario, además de los que provocaron la apertura del caso, son los que aportó voluntariamente el propio Bárcenas dentro de nueve carpetas en julio de 2013 en uno de sus pasos por el juzgado de Ruz. El extesorero no sólo ha disfrutado desde el primer día la iniciativa del proceso, sino que estudia ahora utilizar ese poder para allanarse su inmediato paso por los tribunales.

Una querella en marcha

Como adelantó este diario, Bárcenas tiene otro as en la manga. Está preparando una querella contra el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haberle sometido a vigilancias e intervenciones telefónicas sin disponer de la autorización judicial necesaria, siempre según su versión. Además, acusa al Gobierno de haber organizado al menos tres robos en inmuebles de la capital, una fábrica al norte de Madrid y Baqueira-Beret (Lérida) para intentar sustraerle los papeles con la contabilidad del PP. Fuentes policiales han confirmado a este diario que Bárcenas dispone de una grabación en la que aparecerían funcionarios de un servicio de información reventando una caja fuerte al norte de Madrid con el presunto objetivo de robar pruebas vinculadas con la financiación ilegal de Génova.

El movimiento ha provocado una enorme inquietud en el Gobierno por el efecto que cualquier revelación pudiera tener en un caso de corrupción que parecía encauzado. En los últimos días se han producido reuniones en el Ministerio del Interior para estudiar posibles respuestas al nuevo órdago que medita Bárcenas.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-06/interior-asume-que-barcenas-aun-esconde-papeles-de-tres-decadas-de-caja-b-del-pp_788333/

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PIDE EL TRIPLE DE MEDIOS PARA DETECTAR LAS CAJAS B

El presidente de la institución lamenta las limitaciones para ofertar plazas de empleo

El tribunal alerta del vacío legal sobre las donaciones digitales a los partidos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha lamentado este martes en el Congreso la falta de instrumentos de su institución, que necesitaría "el doble o el triple" de los medios que tiene para localizar o detectar el rastro de cajas b en los partidos políticos, como el llamado caso Bárcenas. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, donde ha presentado el informe sobre los gastos electorales de las europeas de 2014, Álvarez de Miranda ha recordado las limitaciones que sufre el tribunal desde hace cinco años para ofertar plazas de empleo público para llevar a cabo una fiscalización más efectiva.

Entre las recomendaciones del informe sobre partidos, ha destacado la necesidad de regularizar el sistema de financiación a través de plataformas digitales, el llamado crowdfunding, para la obtención de recursos de financiación privada, un método que utilizó Podemos en esos comicios. No obstante, Álvarez de Miranda ha asegurado que todas las formaciones cumplieron con sus obligaciones de presentar la contabilidad electoral y que, por ello, no se ha abierto ningún procedimiento sancionador.

A pesar de este cumplimiento legal, ha informado de que cuatro candidaturas —Coalición por Europea, PP, PSOE y Podemos— recibieron ingresos o pagos de gastos electorales a través de otras cuentas destinadas a la actividad ordinaria. Coalición por Europa obtuvo 1.130 euros en fondos no ingresados en la cuenta electoral; el PP, 28.126 euros en gastos pagados con cuentas no electorales; PSOE, 2.536 euros con gastos pagados con cargo a cuentas no electorales; y Podemos, hasta 102.180 euros en fondos no ingresados en esas cuentas.

Además, Izquierda Plural y Los Pueblos Deciden tuvieron pagos fuera del plazo previsto, con 25.995 y 1.395 euros respectivamente. Izquierda Plural, Coalición por Europa y Primavera Europea son las tres formaciones con obligaciones pendientes con pagos de proveedores o acreedores posteriores al límite para disponer de saldo en las cuentas corrientes electorales por un valor global de 750.000 euros.

De las 10 formaciones con representación en el Parlamento Europeo tras las elecciones de mayo, en nueve de ellas —a excepción de L'Esquerra pel Dret a Decidir— se han detectado gastos declarados "no susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales" y, por tanto, se han deducido del total de gastos a subvencionar.

Durante el turno de los portavoces, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha recalcado el "escrupuloso respeto" de su formación al cumplimiento de las normas, a la par que ha solicitado más exámenes de control interno de los partidos.

Por su parte, el diputado valenciano de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado que no exista "una voluntad, capacidad o interés" por parte del Tribunal para una mayor fiscalización, y ha dudado de su "efectividad del control". También se ha referido a la "desigualdad de condiciones" que el resto de formaciones tienen con respecto al PP, quien "gastó mucho más por otras vías" y cuya situación de irregularidad en las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana en 2007 han llegado a los tribunales "con retraso".

Ha contestado el diputado popular Eloy Suárez, que ha recordado el caso de los ERE en Andalucía y ha criticado la financiación por crowdfunding de Podemos, por lo que ha pedido una regulación de este sistema.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/28/actualidad/1430229555_378619.html

 NASEIRO JUSTIFICÓ EL INGRESO DE UN MILLÓN EN SUIZA CON LA VENTA DE UN ZURBARÁN

El extesorero del Partido Popular, único no imputado en el periodo entre 1982 y 2009, no identificó al pagador y con esta imposición inició una actividad frenética con su cuenta “Glotón”, desde la que movió 4.7 millones de euros con otras cuentas opacas en menos de un año

El análisis de la cuenta “Glotón” en el banco Gottardo de Lugano (Suiza), de la que era titular el extesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, desvela algunos aspectos sorprendentes para los investigadores.

El detalle, avanzado por la Cadena SER, revela que esta cuenta tuvo escasa actividad hasta el 24 de junio de 2003. Es entonces cuando recibe una transferencia de 927.000 euros procedente de “uno de nuestros clientes”, según el desglose de la misma.

La información remitida por Suiza al juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, que investiga los casos Gürtel y Caja B del Partido Popular, confirma que Naseiro explicó al banco que dicho ingreso estaba relacionado con la venta de un cuadro de Zurbarán. Ni comunica de qué cuadro se trata, ni la identidad del comprador.

A partir de esta operación, que tiene lugar en junio de 2003, la cuenta “Glotón” de Naseiro experimenta una frenética actividad hasta la primavera de 2004 con otras cuentas opacas. Recibe ingresos de 400.000, 755.000 y hasta 820.000 euros de depósitos fiduciarios, establecidos para ocultar la identidad del operante, según los expertos, y ejecuta abonos de centenares de miles de euros a cuentas cifradas denominadas 'Abordaje', 'Madurez', 'Shipper', 'Ganancia' u 'Obispado'. Esta última pertenecía al empleado del PP fallecido, Francisco Yáñez, y allí destinó Naseiro cerca de 500.000 euros que según Bárcenas, procedían de la venta de unos cuadros. Las identidades de los titulares del resto de cuentas se desconocen.

Naseiro también tenía intereses en Luxemburgo

La cuenta “Glotón” revela además que Naseiro invierte en el mismo periodo decenas de miles de euros en un fondo de inversiones ubicado en Luxemburgo, otro país de fiscalidad laxa. Son imposiciones que van desde los 10.000 hasta los 450.000 euros.

Naseiro abrió su cuenta cifrada en el banco Gottardo en 1999, y se nutría de fondos procedentes de “una herencia” y de “actividades off-shore”, según comunicó al banco en la carta de apertura de la misma.

Las acusaciones del caso Gürtel, y el propio Bárcenas, reclaman que José de la Mata, el nuevo titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cite a declarar a Naseiro para que explique estos movimientos.

Rosendo Naseiro es el único tesorero del PP que no está imputado en la Audiencia Nacional por los casos Gürtel o de la Caja B de este partido. Tanto sus sucesores hasta 2009, Álvaro Lapuerta y Bárcenas, así como Ángel Sanchís, máximo responsable de las finanzas con Alianza Popular desde 1982 hasta que le relevó Naseiro, han sido acusados.

Naseiro y Sanchís se vieron involucrados en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP a principios de la década de los 90, pero su caso se sobreseyó por un defecto de forma, al anular el Supremo las escuchas telefónicas en las que se basaron las acusaciones.

Según declaró Luis Bárcenas, la caja B del PP fue creada en tiempos de Rosendo Naseiro siendo secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos. Cuando Naseiro fue detenido por el escándalo de la financiación ilegal, Bárcenas, entonces gerente, heredó la gestión de la contabilidad paralela en el Partido Popular.

http://cadenaser.com/ser/2015/05/01/tribunales/1430479030_150252.html

NASEIRO MOVIÓ 4.7 MILLONES EN SUIZA DESDE CUENTAS OPACAS

El primer extesorero del PP y único no imputado entre 1982 y 2009 realizó estos movimientos millonarios entre cuentas cifradas y agentes fiduciarios de naturaleza opaca en un solo año

El primer extesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, realizó movimientos por 4,7 millones de euros desde su cuenta en el Banco Gottardo de Lugano (Suiza), entre 2003 y 2004.

La cuenta cifrada de Naseiro, denominada 'Glotón', se nutría de fondos procedentes de “una herencia” y de “actividades off-shore”, según comunicó el mismo al banco en la carta de apertura de la misma a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La cuenta registra escasos movimientos en el periodo en el que consta activa, excepto en el tramo comprendido entre el verano de 2003 y la primavera del año siguiente.

La cuenta 'Glotón' de Naseiro experimenta entonces una gran actividad, con imposiciones y pagos que oscilan entre los 400.000 y los 927.000 euros. Abonos de centenares de miles de euros a cuentas cifradas denominadas 'Abordaje', 'Madurez', 'Shipper', 'Ganancia' u 'Obispado'. Esta última pertenecía al empleado del PP fallecido, Francisco Yáñez, y allí destinó Naseiro cerca de 500.000 euros que según Bárcenas, procedían de la venta de unos cuadros. Las identidades de los titulares del resto de cuentas se desconocen.

Tampoco se conocen las identidades de los titulares de los “Depósitos Fiduciarios”, de naturaleza opaca según los expertos, a los que Naseiro realiza pagos y recibe centenares de miles de euros en el periodo analizado.

El juez Pablo Ruz pidió el detalle de esta cuenta de Naseiro después de comprobar los pagos realizados a Yáñez, amigo de Bárcenas y padre de uno de sus supuestos testaferros.

La documentación ha llegado al juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y su nuevo titular, José de la Mata, tendrá que decidir si amplía las investigaciones.

Rosendo Naseiro es el único tesorero del PP que no está imputado en la Audiencia Nacional por los casos Gürtel o de la Caja B de este partido. Todos sus sucesores hasta 2009, Álvaro Lapuerta y Bárcenas, así como Ángel Sanchís, máximo responsable de las finanzas con Alianza Popular, han sido acusados.

Naseiro se vio involucrado en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP a principios de la década de los 90, pero su caso se sobreseyó por un defecto de forma, al anular el Supremo las grabaciones en las que se basaban las pruebas.

Según declaró Luis Bárcenas, la caja B del PP fue creada por Rosendo Naseiro siendo secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, Cuando Naseiro fue detenido por el escándalo de la financiación ilegal, Bárcenas, entonces gerente, heredó la gestión de la contabilidad paralela en el Partido Popular.

http://cadenaser.com/ser/2015/04/28/tribunales/1430248339_098401.html

AGUIRRE SOSTIENE QUE TODOS EN EL PP COBRABAN SOBRESUELDOS EXCEPTO ELLA Y GALLARDÓN

Señala, además, en una entrevista en laSexta Noche que no se arrepiente de haber impulsado la candidatura de Ignacio González a la presidencia de Caja Madrid

Insiste en que fue ella la que destapó el 'caso Gürtel'

La mayoría de partidos no tiene propuestas concretas para la pobreza extrema que quiere
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a presentarse este sábado como abanderada de la lucha contra la corrupción. Lo hizo en el programa laSexta Noche, donde acudió para ser entrevistada a menos de un mes de vivir su primer duelo en las urnas como candidata a la Alcaldía de la capital.

Además de erigirse una vez más en descubridora del caso Gürtel –"Aborté una operación que había en Majadahonda para vender unas parcelas a mitad de precio", dijo"– se excluyó a sí misma y al exministro Alberto Ruiz-Gallardón del cobro de sobresueldos. Fue cuando el periodista Eduardo Inda señaló que en "Génova 13 –sede nacional del PP– cobraba sobresueldos hasta la madre superiora" excepto ella misma y el también exalcalde. "Exactamente", asintió Aguirre.

Esta era la forma en la que la candidata de Mariano Rajoy al consistorio evitaba pronunciarse sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP. De hecho, llegó a reclamar a los periodistas que si querían hablar de este asunto lo que tenían que hacer era invitar al programa a alguien de la dirección nacional de la formación. También dijo no ocuparse de la tesorería ni de la gerencia del PP de Madrid –los departamentos que controlan y autorizan los gastos–. Estos, dijo, también son asuntos de la dirección nacional.

Obviando todos los cargos de su confianza que se querdaron por el camino inmersos en procesos judiciales derivadas de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, Aguirre sólo se atribuyó dos: "A mí lo que me afectan son solo dos consejeros, el señor Granados y el señor López Viejo".

Señaló, además, en la misma entrevista que no se arrepiente de haber impulsado la candidatura de Ignacio González a la presidencia de Caja Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/04/aguirre_sostiene_que_todo_cobraba_sobresueldos_excepto_ella_gallardon_32180_1012.html

DESTITUIDO UN COMISARIO DE MADRID DESPUÉS DE REUNIRSE CON FRANCISCO CORREA

Un comisario de la Jefatura Superior de la Policía Nacional ha sido destituido después de haberse reunido con el presunto cabecilla de la trama Gurtel, Francisco Correa. Tal y como ha adelantado esta mañana el diario.es el encuentro entre el comisario Calleja y Francisco Correa se concretó por un amigo común de ambos. El ministerio del Interior asegura que nadie le avisó de este encuentro.

Un comisario de la Jefatura Superior de Madrid que actuaba como número 2 de la policía en Madrid ha sido destituido por la Dirección General de la Policía después de mantener un encuentro con Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama Gurtel. La reunión tal y como ha adelantado esta mañana el diario.es se concretó a través de un amigo que ambos tiene en común y según el comisario destituido, Juan Manuel Calleja, contó siempre con la autorización de sus superiores, en este caso la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

Ni la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional ni el comisario Calleja desvelan a esta hora el contenido del encuentro lo que si aseguran fuentes de la Dirección Adjunta de la Policía Nacional es que no se destituye al comisario por este encuentro sino por perdida de confianza en su puesto como número 2 de la Policía de Madrid.

El Ministerio del Interior asegura que nadie le informó en ningún momento de este encuentro entre el comisario Calleja y Francisco Correa. Según fuentes de la Dirección General de la Policía no se trata de ningún cese porque al comisario se le va a cambiar a otro puesto de responsabilidad aunque probablemente fuera de Madrid.

El comisario Juan Manuel Calleja es conocido porque fue el que dirigió la operación para detener al famoso atracador "El solitario" cuando era jefe de la brigada de la Policía Judicial de Madrid. Después le trasladaron a Melilla como Jefe Superior. Después volvió a Madrid para trabajar en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y de ahí pasó a ser jefe de operaciones en Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2015/04/30/tribunales/1430396427_680126.html

BÁRCENAS DENUNCIA LA 'CEGUERA' DE LA JUSTICIA CON LA CÚPULA DEL PP

Arguye que no se señala como máximos responsables de la caja B del partido a los secretarios generales ni a los presidentes de la formación

Considera que su anterior recurso de reforma fue rechazado por el juez Ruz "desde una fundamentación abstracta" y ha interpuesto el preceptivo de apelación

El ex tesorero del PP denuncia la "ceguera" de la Justicia con la cúpula del Partido Popular. Luis Bárcenas se confiesa abiertamente "sorprendido" porque a lo largo de la "dilatada y profusa" instrucción del denominado 'caso de los papeles de Bárcenas' no se señale como máximos responsables de la caja B del partido a los secretarios generales así como a los presidentes de la formación.

Bárcenas arguye en su recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que "no se ha practicado ninguna diligencia encaminada a identificar y responsabilizar al verdadero obligado contable que dentro del PP y conforme a la literalidad y taxatividad de la Ley se concreta en la máxima autoridad del partido".

Bárcenas vuelve a señalar como jefes de la contabilidad paralela del partido a quienes ocuparon los referidos puestos a lo largo de los 18 años que el juez considera probada la existencia de la caja B, entre los que se encuentran Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

El ex senador popular, acusado de delito fiscal y apropiación indebida, considera que su anterior recurso de reforma fue rechazado por el juez Ruz "desde una fundamentación abstracta" y ha interpuesto el preceptivo de apelación a través de sus letrados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante. "Del resultado del conjunto de diligencias practicadas a lo largo de la instrucción judicial no se permite racionalmente concluir la existencia de sólidos y fundados indicios que determine cualquier grado de participación, colaboración o cooperación en los hechos que se imputan", señalan.

Extractos de cuentas de la sede central del PP.
Cabe recordar que el auto recurrido ponía punto y final a este caso y proponía juzgar a los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente del PP Cristóbal Páez y a tres empleados del despacho de arquitectura que reformó la sede del PP.

El también ex gerente del partido reitera en su escrito que "no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política". "Los administradores o legales representantes del PP son aquellos a los que el Congreso Nacional del PP otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración pública".

A su vez añade que "no fue el responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria". Es más, asegura que "ni siquiera intervino en la presentación de la declaración de impuestos del PP en el ejercicio de 2008", que no ha prescrito y en el que advierte el juez indicios de delito. Un extremo que considera que el magistrado "orilla" al "confundir la presentación de la declaración tributaria con la presentación de la contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, que en caso de ser errónea o incompleta daría lugar en su caso a una infracción de la legislación de partidos políticos". Por lo que, "los criterios jurídico tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero".

Por ello, abunda que el delito fiscal derivado de la gestión de la caja B del PP debe "recaer" en el PP "y su legales representantes y administradores de Derecho" y nunca en él.

"Los estatutos de un partido político son algo más que un código de funcionamiento interno, y ello es así porque a través de las reglas autoimpuestas se transparenta hacia la sociedad la genuina voluntad de la organización partidaria de hacer realidad su ideario", prosigue el recurso de los abogados Maroto y Ruiz de Infante. Así, "de conformidad con lo establecido en el artículo uno apartado segundo de sus Estatutos, el PP tiene la obligación de llevar registros contables detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial, así como el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación reguladora de la financiación de partidos políticos". Y destaca que los mismos estatutos subrayan que "los gerentes y secretarios técnicos son personal de carácter técnico adscrito a responsabilidades burocráticas en la organización del partido".

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/23/55383072ca474112388b456d.html

LA OPOSICIÓN AL COMPLETO REPRUEBA A MONTORO POR OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP

La mayoría del PP impide que el Congreso apruebe la moción socialista que “castiga” al titular de Hacienda y que pide al Gobierno la publicación de la lista de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la “amnistía fiscal”

La mayoría absoluta del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha impedido este martes la reprobación de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de Rajoy, que planteaba una moción el grupo parlamentario socialista. Todos los grupos de la oposición han respaldado uno de los tres puntos del texto sometido a votación por el PSOE.

El principal partido de la oposición considera que Montoro merece el “castigo” de la Cámara baja por haber obstruido desde su posición en el Ejecutivo que los servicios de la agencia tributaria hayan investigado de forma independiente la conocida como “caja B” del PP, según se desprende de los autos judiciales de la Audiencia Nacional, y el trato favorable recibido por el PP pese a haber defraudado 220.000 euros en el impuesto de sociedades, según las mismas investigaciones del magistrado instructor del caso Gürtel.

Todo el arco parlamentario de la oposición ha votado a favor de este punto de la moción socialista que, sin embargo, ha recibido también el apoyo de otros grupos opositores en los otros dos puntos de su texto salvo los de CiU, formación que se ha abstenido. Estos dos apartados pedían la reprobación del titular de Hacienda en relación a la “amnistía fiscal”.

Uno, relativo al trato de favor recibido por parte de dos investigados por fraude que se acogieron a la citada medida adoptada por el Gobierno de Rajoy en 29012: el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, Rodrigo Rato, también ex director gerente del FMI y ex presiente de Bankia. En el tercer punto, los socialistas reclamaban la publicación de la lista de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la “amnistía fiscal”.

Todos los portavoces que han intervenido en el debate han denunciado la actuación de Montoro en relación a la “caja B” del PP

Según el portavoz socialista en este debate, Pedro Saura, “en este debate sobre el fraude fiscal y la amnistía concedida por Rajoy a los defraudadores está en juego la democracia. Es necesario que se publique esa lista, la lista de la vergüenza porque se trata de una amnistía fiscal indecente e innecesaria. Además –ha añadido– se han utilizado las instituciones del Estado –en referencia a la AEAT– en beneficio del PP”.

Todos los portavoces que han intervenido en el debate – Anchuelo, de UPyD, Sánchez LLibre, de CiU, Azpiazu, del PNV, y Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, además de la representante de Amaiur – han denunciado la actuación de Montoro en relación a la “caja B” del PP. Coscubiela ha ido más lejos en sus críticas: “Ustedes han tapado la corrupción”, ha sentenciado.

El portavoz popular, Antonio Gallego, no se ha limitado a una labor de contención y se ha empleado a fondo para criticar con fuertes descalificaciones a los socialistas. “Es una moción cargada de malicia. No es coherente que le digan al ministro que más ha recaudado en la historia de España que no recauda. Le dicen que ampara la corrupción cuando este Gobierno ha puesto en marcha más de 700 medidas contra la corrupción”.

Gallego ha dicho que los socialistas “no son coherentes cuando tienen en sus escaños a tres diputados imputados por corrupción, a Chaves, a Zarrías y a Vieira”. Y ha pronunciado una sentencia que ha sonado a exculpación de la “amnistía fiscal”, un concepto que no ha llegado a pronunciar: “Si ustedes no hubiesen dejado este país en bancarrota no habría sido necesaria esta medida especial. Ya está bien de insultar, en política no vale todo”, ha añadido.

http://www.publico.es/politica/oposicion-al-completo-reprueba-montoro.html

RUZ PIDE A SUIZA QUE LIBERE LOS DATOS BANCARIOS DEL ‘CASO GÜRTEL’

El país helvético vetó al magistrado el uso de los documentos para imputar delitos fiscales a Bárcenas y Correa

El juez Pablo Ruz cerró el pasado jueves su paso por la Audiencia Nacional con un auto fundamental para apuntalar el caso Gürtel de corrupción. En esta resolución, el magistrado pide a Suiza que levante el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios de los cabecillas de la trama, entre ellos Francisco Correa y Luis Bárcenas, recabados a lo largo de la investigación. El pasado noviembre, el Tribunal Penal Federal helvético suspendió la autorización acordada el mes de abril anterior para utilizar en el proceso la información financiera facilitada por los bancos de ese país a través de comisiones rogatorias —procedimiento de auxilio judicial entre Estados—. La negativa se basaba en que la legislación suiza —muy celosa del secreto bancario— prohíbe la cesión de datos financieros para causas en las que únicamente se investigan delitos de simple evasión fiscal.

La decisión del tribunal suizo suponía una traba considerable para la causa: en la práctica impedía que los fondos ocultos por los imputados en ese país se pudieran incorporar al cálculo de la cuota tributaria defraudada por aquellos. Fuentes judiciales, sin embargo, consideraban que la instrucción, iniciada en 2009, había reunido suficientes indicios como para seguir imputando estos delitos sin necesidad de los datos suizos.

En el último auto, antes de incorporarse al juzgado de Móstoles tras cinco años de comisión de servicio en la Audiencia, Ruz reclama a Suiza que le deje utilizar los datos bancarios porque de ellos se derivan más delitos que el simple delito contra la Hacienda Pública. El juez hace suyo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se argumenta que los delitos fiscales investigados lo son “en concurso medial” con delitos de falsedad documental y estafa procesal, según los casos. Es decir, que la defraudación tributaria —que en el caso de Bárcenas alcanzó los 11,24 millones de euros— no hubiera sido posible sin otros hechos delictivos, que han sido “un medio necesario”.

La fiscalía relata cómo Correa evitaba aparecer en registros públicos —su última declaración de la renta era de 1999—, encubría sus gastos personales con facturas ficticias y se sirvió de sociedades pantalla para mantener cuentas en el extranjero y repatriar los fondos. También cuenta cómo Bárcenas simuló ventas de obras de arte y elaboró contratos ficticios de compraventa para eludir la tributación. Además, detallan las tretas de otros imputados como los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid), Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. La fiscalía, y también Ruz, argumentan que estos comportamientos encajan en lo que las leyes suizas denominan “fraude y estafa fiscal”, una evasión tributaria agravada, por lo que reclaman a las autoridades de ese país que levanten el veto sobre el uso de los datos ya entregados.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429295730_044285.html

RUZ CONTRADICE AL PP Y CULPA TAMBIÉN DE LA CAJA B AL TESORERO DE AZNAR

Rajoy mantuvo al encargado de las finanzas que nombró su antecesor

Lapuerta manejó "durante 15 años" el sistema "al margen de la contabilidad oficial”

El juez Pablo Ruz atribuye a Álvaro Lapuerta, tesorero del partido entre 1993 y 2008, la responsabilidad sobre la financiación ilegal del PP a través de una caja b que funcionó durante casi 20 años. José María Aznar eligió en 1993 a Lapuerta para controlar las finanzas del PP y Mariano Rajoy le mantuvo en ese cargo en 2004 hasta sustituirle, cuatro años después, por Luis Bárcenas. La dirección del PP ha intentado marcar diferencias entre Lapuerta, al que considera honrado y sitúa al margen de lo ocurrido, y Bárcenas, al que culpa en exclusiva de las supuestas prácticas ilegales que beneficiaron al partido.

Ruz sostiene en su última resolución judicial, comunicada este miércoles a las partes, que hay indicios suficientes en la causa para afirmar que Lapuerta fue, junto a Luis Bárcenas, “responsable del sistema de entradas y salidas dinerarias al margen de la contabilidad oficial del PP entre los años 1993 y 2008”,y que fue "presunto conocedor y, en consecuencia, copartícipe del funcionamiento y efectos de la caja b instaurada en el PP". Con este y otros argumentos parecidos, el juez Ruz rechaza el recurso de reforma presentado por el abogado de Lapuerta pidiendo el archivo de la causa contra su defendido.

La defensa de Lapuerta alegaba que el extesorero no podía ser responsable de un supuesto delito fiscal –el impago del impuesto de sociedades correspondiente a los donativos ilegales de 2008- porque en la fecha de liquidación del tributo ya no tenía cargo de responsabilidad en el partido. También sostenía que no se podía imputar a Lapuerta un delito basándose exclusivamente en el testimonio de Bárcenas, quién declaró ante el juez Pablo Ruz que Lapuerta conoció, dirigió y controló la caja b del PP durante 15 años. Ruz asegura que hay suficientes pruebas obtenidas tras dos años de investigación que apuntan a la responsabilidad de Lapuerta en la financiación ilegal del PP, independientemente de la declaración de Bárcenas.

La dirección del PP sostiene que la caja b con la que supuestamente se financió durante esos años es responsabilidad exclusiva de Luis Bárcenas, gerente entre 1990 y 2008 y tesorero desde mediados de ese año hasta unos meses después de que se abriera, en febrero de 2009, la causa judicial por el caso Gürtel en la que fue imputado.

Los secretarios generales del PP que han declarado ante el juez Ruz en calidad de testigos o imputados en el proceso han defendido en todo momento la honorabilidad de Lapuerta desvinculándole de las actividades de Bárcenas relacionadas con la financiación del partido.

El magistrado Pablo Ruz cree que hay pruebas de todo lo contrario y además señala al extesorero como responsable de un delito de apropiación indebida al haber utilizado fondos de la caja b del PP para comprar acciones de Libertad Digital y tras su venta unos meses después con importantes plusvalías, no haber devuelto el dinero al lugar de dónde lo sacó.

En la resolución judicial, una de las últimas que firmará Ruz como encargado del caso dado que en unos días dejará su puesto en la Audiencia Nacional, el magistrado rechaza los recursos de las distintas acusaciones populares donde se pedía, entre otras cosas, la imputación de la cúpula del PP en la causa.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/16/actualidad/1429175000_337632.html

RUZ ACEPTA QUE EL PP SE PERSONE COMO RESPONSABLE CIVIL EN LA CAUSA SOBRE SU CAJA B

El juez de la Audiencia Nacional rechaza así la personación del PP ofendido o perjudicado en la causa en la que dio por acreditada la existencia durante 18 años de una caja B en la formación política

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido la personación del Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario en la causa en la que dio por acreditada la existencia durante 18 años de una caja B en la formación política y rechaza que actúe en calidad de ofendido o perjudicado por el delito.

En un auto, dictado este lunes, el magistrado comunica al partido, que consideró responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y por el pago en negro de las obras de la sede nacional, en la calle Génova de Madrid, a la empresa Unifica, que tiene la causa a su disposición.

Además, da traslado de los recursos interpuestos en esta pieza separada del caso Gürtel por si el PP decide impugnarlos o adherirse a los mismos. "Si bien quedando limitada tal intervención procesal a los extremos que le son propios, cual sería su propia consideración como sujeto pasivo de esa responsabilidad, la existencia de nexo causal en que asentar tal responsabilidad civil o el propio alcance de los daños y perjuicios provisionalmente atribuidos al delito", precisa.

Los conservadores pidieron personarse en las actuaciones y tener acceso a una copia íntegra de la causa e invocaron el artículo 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referido a la personación en las actuaciones, previa información de sus derechos por el secretario judicial, del "ofendido" y el "perjudicado" por el delito.

El juez Ruz establece que la "única condición que puede reconocerse, provisionalmente, al PP es la de responsable civil subsidiario". "Es desde esta posición desde donde debe reconducirse y articularse correctamente la pretensión procesal contenida en el escrito presentado ante el juzgado", añade.

Ruz dictó a finales de marzo un auto transformando las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y proponiendo que sean juzgados por estos hechos, además de los dos exteroreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

El magistrado consideraba que la formación presidida por Mariano Rajoy debe afrontar en un eventual juicio la responsabilidad civil subsidiaria correspondiente a los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por sus tres exdirigentes, que abonaron 1.552.000 euros a Unifica con dinero negro.

Además, el juez atribuyó un delito de apropiación indebida a Lapuerta y Bárcenas por "incorporar al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital", y otro de falsedad documental a los responsables de Unifica, que también es responsable civil de la actuación de sus trabajadores.

Descarta el delito por financiación ilegal

Aunque el artículo 4.2 del Código Penal permite a un juez proponer al Gobierno la sanción penal de una conducta no tipificada como delito que entienda que debe ser sancionada, Ruz consideraba "improcedente" esta vía al considerar que el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, actualmente en trámite parlamentario, incluirá los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

Descartado el delito de financiación ilegal, el juez señaló que las donaciones recibidas por Bárcenas y Lapuerta y su salida para el pago de las obras de reforma de Génova constituirían un delito continuado de falsedad contable y delitos electorales, que habrían prescrito, así como un delito contra la Hacienda Pública tanto por los responsables de Unifica (por el Impuesto de Sociedades de 2007 y del IVA de 2010) como por el PP por las donaciones recibidas en 2008, último recogido en la contabilidad de Bárcenas que no habría prescrito.

El PP tenía que tributar por las donaciones

El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", al entender que esas donaciones, que superaban el millón de euros, "no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos".

En contra del criterio de la Agencia Tributaria y recogiendo la opinión de la Fiscalía Anticorrupción y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, el juez señalaba que "las aportaciones privadas recibidas" en ese ejercicio por el PP carecen de "la consideración de rentas exentas "por no haber cumplido con "el criterio de transpartencia legalmente establecido" y haberse destinado a "pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial".

Al no recogerse la responsabilidad penal de los partidos políticos hasta la reforma del Código Penal de 2012, cuatro años después de los hechos, los delitos investigados sólo pueden atribuirse a "quien actuara en ese momento como administrador o responsable legal de la formación política". Se trataría, según ha determinado la instrucción, de Bárcenas y Páez, así como Lapuerta como cooperador de sus actuaciones.

18 años de 'caja B'

El juez consideraba "indiciariamente acreditado" que el PP "se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas". Según dice, las "referidas cuentas" funcionaban "a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B".

Ruz, que detalla en los 190 folios del auto la investigación que ha desarrollado sobre los denominados papeles de Bárcenas, indicó que las diligencias practicadas, los registros efectuados –entre ellos, la sede de Génova–, los documentos recabados, los informes periciales realizados y los interrogatorios practicados permiten concluir que existen "indicios sólidos y fundados" de "la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en B a favor del Partido Popular, en los años objeto de análisis (1990-2008)".

También consideraba demostradas "la salida de dichos fondos", lo que permite "corroborar la existencia y circulación en el seno del Partido
Popular, a cargo del gerente y tesorero nacional, de diversas corrientes de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública". De esta forma, existían en la formación existían "sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera a modo de contabilidades opacas o 'cajas B'".

Ruz, que recordaba que la vigente legislación no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, también señala que el PP tenía "un sistema de financiación" que se nutría de "aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley, estando a cargo del gerente nacional del partido", en referencia a Bárcenas, y "del tesorero de la formación", en alusión a Lapuerta, desde 1993 hasta junio de 2008. En esa fecha Bárcenas sustituyó a Lapuerta como responsables de las finanzas del PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/07/ruz_acepta_que_persone_como_responsable_civil_subsidiario_causa_sobre_caja_30976_1012.html

RUZ RECUERDA AL PP QUE EL PRIMER INDICIO DE SU 'CAJA B' YA APARECIÓ EN 2009 EN UN BANCO

El juez recalca en el auto con el que cierra el sumario de los 'papeles de Bárcenas' que entonces se halló en una caja de seguridad del 'número 2' de la Gürtel, Pablo Crespo, documentos que reflejaban la existencia de contabilidades opacas en el partido y que ahora han servido para dar veracidad a los apuntes del extesorero.

Mientras desde el PP se desgañitan negando la existencia de una contabilidad opaca en sus finanzas, el juez Pablo Ruz no ha dudado en remontarse varios años atrás para demostrar no sólo que ésta se creó hace 18 años, sino también que hace mucho tiempo que la Justicia y la Policía tenían indicios de ella. En concreto, desde hace seis años y un mes. Así lo detalla el magistrado en el auto con el que el pasado lunes ponía punto y final al sumario abierto por los 'papeles de Bárcenas'. En dicho escrito, de 190 folios de extensión, el juez recuerda que durante la 'Operación Gürtel' se localizó en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Pontevedra documentos sobre una contabilidad opaca que reflejaba supuestos movimientos de dinero 'negro' del partido en Galicia y que, entre dichas anotaciones, habia una fechada en mayo de 1999 que tenía su correlación con los apuntes contables del extesorero del PP. Una prueba más, según destaca en dicho escrito, de la veracidad de los célebres 'papeles de Bárcenas'.

Los apuntes de Crespo con la contabilidad opaca del PP gallego fueron hallados tras detenciones de la 'Gürtel'. Faltaban cuatro años para que vieran luz los 'papeles de Bárcenas'

La referencia a ese indicio aparece en la relación que el magistrado hace en su auto de "entradas de fondos a la caja B del partido" y, en concreto, al hablar de las supuestas aportaciones que hizo a la misma Pablo Crespo Sabaris, antiguo secretario de organización del PP de Galicia y quien terminaría convirtiéndose en el presunto 'número 2' de Francisco Correa en la trama Gürtel. Ruz detalla que el nombre del político gallego figura en los papeles de Bárcenas "como aportante entre los años 1999 y 2000 de una cuantía de 26 millones de pesetas (156.263 euros)". Eran los años en los que aún conservaba su puesto de responsabilidad dentro del partido en esta comunidad autónoma. De dicha cantidad, la primera aportación fue de "21 millones de pesetas procedentes de donaciones efectuadas en metálico en el ámbito regional y que no fueron incluidas en la contabilidad oficial", añade.

Ese dinero, continúa el escrito de Ruz, "fue entregada en mano por Pablo Crespo Sabaris a Álvaro Lapuerta Quintero [jefe de Bárcenas y también imputado en la causa] durante el mes de mayo de 1999, registrándose documentalmente por Luis Bárcenas en los soportes contables opacos objeto de investigación, pasando a nutrir los fondos integrantes de la 'caja B' de la formación política". Junto a estos datos, conocidos ya en la causa por las declaraciones tanto del propio extesorero del PP como por el que terminaría siendo el supuesto 'número 2' de la Gürtel, el juez añade que el político gallego también dejó constancia escrita en la propia contabilidad opaca que presuntamente llevaba para la formación regional. La misma abarcaba de abril de 1996 a septiembre de 1999 y habían sido encabezada por el propio autor con las referencias "B" o "Relación entregas sin recibo".

Sucursal de la calle Peregrina, de Pontevedra

Es en este punto cuando el magistrado destaca en su auto que dichos documentos contables fueron intervenidos por la Policía el 19 de febrero de 2009, poco después de que se iniciasen las detenciones de los presuntos integrantes de la trama de Correa, entre ellas la del propio Pablo Crespo. Se encontraron "en la caja de seguridad número cinco ubicada en la entidad Banco de Santander, sucursal sita en la calle Peregrina número 1 de Pontevedra" y cuyo titular no era otro que el político gallego. Ruz destaca que del análisis del contenido de la misma "se infería" la existencia de "un doble sistema de facturación de los actos de la formación política durante la campaña municipal y autonómica [de Galicia] celebrada en 1997 y 1999".

La UDEF descubrió en marzo de 2013 el nexo entre los documentos hallados en el banco y los 'papeles de Bárcenas'. Entonces sirvió para que Ruz siguiera instruyendo la causa

Además, el auto del magistrado destaca que en dichos soportes documentales aparecía "un apunte de fecha 5 de mayo de 1999 por importe de 21.000.000 pesetas", constando como acreedor "sede nacional" y como concepto "pagos deudas pendientes". En su declaración de mayo de 2013 ante Ruz dentro de la causa de los 'papeles de Bárcenas', Crespo reconoció que esta cantidad se la habia entregado en mano a Lapuerta y formaba parte de la devolución de un préstamo de 100 millones de pesetas (600.000 euros) que Génova 13 concedió a la formación en Galicia para financiar una campaña electoral. Ese es el mismo concepto que consta en la contabilidad manuscrita de Bárcenas. Finalmente, el juez detalla que, ya en 2000, el politico gallego efectuaría "otra aportación adicional, en este caso por un calor de 5 millones de pesetas (30.051 euros), quedando registrada en la contabilidad paralela investigada".

El detalle de esta conexión entre los apuntes contables del extesorero y la documentación de Crespo hallada en la caja de seguridad del banco se recogió por primera vez en un informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía remitió al juez Ruz en marzo de 2013, en pleno rifirrafe jurídico entre el magistrado y su compañero de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para quedarse con la instrucción de la causa de los papeles de Bárcenas. Una coincidencia que, curiosamente, el juez Bermúdez tildó entonces de "endeble" al considerar que la misma no relacionaba de modo alguno los apuntes contables del extesorero con la Gürtel ya que la fecha en la que se realizó dicha entrega, mayo de 1999, Crespo aún seguía en el PP. Finalmente, Ruz se quedó con la causa y ha sido ahora, dos años después, cuando ha vuelto a destacar el documento hallado en el banco. Aunque en esta ocasión no para argumentar que él debia instruir el sumario, sino para finalizarlo y acreditar que el PP tenía 'cajas B' y que la Justicia tuvo los primeros indicios allá por 2009. Hace seis años y un mes.

http://vozpopuli.com/actualidad/59674-ruz-recuerda-al-pp-que-el-primer-indicio-de-su-caja-b-ya-aparecio-en-2009-en-un-banco

"MI FUNCIÓN, APROBAR LAS VACACIONES EN EL PP", ÚLTIMA EXCUSA DE ACEBES PARA DESVINCULARSE DE LA CAJA B

Desimputado en el sumario de los 'papeles de Bárcenas' por el juez Ruz, el exsecretario general presenta un escrito para oponerse a la petición de las acusaciones de que vuelva a ser encausado. Insiste en que "los gastos y donaciones" eran labor de los tesoreros.

La peripecia judicial en el 'caso Bárcenas' del que fuera secretario general del PP, Ángel Acebes, aún no ha terminado. Desimputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, en el reciente auto por el que daba por concluida la investigación de los 'papeles' del extesorero, varias acusaciones han vuelto a pedir que el antiguo 'número 2' del partido sea encausado de nuevo. Por ello, el pasado 10 de abril el abogado del político abulense presentó en la Audiencia Nacional un escrito en el que no sólo insiste en que nunca tuvo relación con "la administración de los ingresos ni de los gastos, ni de las donaciones que pudiera el partido recibir", sino que asegura que sus funciones se limitaban a ámbito político y a aprobar "los días de vacaciones del personal o las cuestiones que en materia laboral podían surgir". El magistrado dictaba precisamente este martes un auto conocido ayer en el que rechazaba las peticiones de otras acusaciones de ampliar el número de imputados en la causa.

Acebes asegura que en la media docena de "funciones" que los estatutos del PP atribuyen al secretario general no existe ninguna "económica, financiera o contable"

El escrito de Acebes, de 17 folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, es respuesta al recurso que había presentado a principios de abril la acusación que ejerce el PSOE de Valencia y en el que se pedía que fuera de nuevo encausado por su supuesta implicación en el pago en negro de la remodelación de la sede nacional de Génova 13. En su respuesta, el abogado del exsecretario general del PP rechaza que pueda ser imputado por dicha causa ya que cuando acudió a declarar el pasado mes de octubre lo fue por otro motivo diferente, la supuesta apropiación de parte de los fondos de la caja B del partido por parte de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas tras utilizarlos para comprar acciones de 'Libertad Digital'. El que fuera ministro del Interior con José María Aznar añade que se le intenta adjudicar un delito "realmente inexistente" en lo que califica de maniobra para conseguir una "indebida dilación del procedimiento" con fines políticos.

Acebes, que cuando declaró ante el juez Ruz negó haber sido el receptor de 107.100 euros en sobresueldos como recogían los 'papeles de Bárcenas', también intenta desmontar los argumentos de la acusación que intenta implicarle en los delitos fiscales presuntamente cometidos por los pagos en 'negro' de las obras en Génova 13. Para ello, insiste en varias ocasiones que es falso que "tanto el presidente como los secretarios generales debían saber cómo se hacían las cosas" en el área económica del PP. Para ello, tilda de "elucubración" las afirmaciones de Bárcenas en este sentido.

"Nunca di instrucciones de cómo pagar las obras"

Por todo ello, la defensa del antiguo 'número 2' del PP destaca que éste "nunca le dio [a Bárcenas] una instrucción de cómo pagar las obras, y ni siquiera puede afirmar que el señor Acebes conociese que esas obras supuestamente se pagaron en efectivo en parte". Es en este punto, donde el exsecretario general recuerda que "no existía una dependencia funcional o jerárquica del tesorero al secretario general, pues cada uno realizaba su labor de manera autónoma e independiente". Una afirmación que cree ratificada por el artículo 43.2 de los estatutos del partido que recogen media docena de "funciones" que tenía el cargo que ocupó.

El antiguo 'número 2' del PP atribuye a la acusación que ha pedido que se le vuelva a imputar un "puro interés político, en su peor y más torticera expresión"

"Como se puede apreciar, no existe ninguna función económica, financiera o contable encomendada al secretario general", destaca el texto. A continuación resalta que, por tanto, "en modo alguno le corresponde al secretario general el control o la administración de los ingresos ni de los gastos ni de las donaciones que pudiera el partido recibir, ni su fiscalización". Y concluye que resulta "obvio que el tesorero no es un 'servicio' del partido, sino un órgano del partido y que sus funciones no las establece, ni fiscaliza ni dependen del secretario general". No obstante, hace hincapié en que "la función otorgada de jefatura de personal" que sí adjudican los estatutos al 'número 2' de los 'populares' no supone, en realidad, ejercer el control o dirección del tesorero del partido o del "personal del área económica".

Para Acebes, la jefatura de personal se limita a "las labores de coordinación en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos" y pone como ejemplo, precisamente, la de aprobar "los días de vacaciones del personal o las cuestiones que en material laboral que pudieran surgir". Por todo ello, concluye que detrás del recurso de la acusación se encuentra "la verdadera intención" de imputar por los delitos fiscales atribuidos al arquitecto que realizó la reforma tanto a él y como su sucesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, "por puro interés político, en su peor y más torticera expresión". Por todo ello, pide al juzgado que tumbe el recurso de la acusación. Algo que acaba de hacer el magistrado en la que puede ser una de sus última decisiones en la causa antes de abandonar próximamente la Audiencia Nacional.

http://vozpopuli.com/actualidad/60700-mi-funcion-aprobar-las-vacaciones-en-el-pp-ultima-excusa-de-acebes-para-desvincularse-de-la-caja-b

ENTRE EL PP Y BÁRCENAS NO HUBO RELACIÓN LABORAL ENTRE 2010 Y 2013 PERO LOS JUECES ENVÍAN EL CASO A LA FISCALÍA Y A LA AET POR SI HAY FRAUDE

La Sección V del TSJM admite la figura antijurídica de la simulación que decía Cospedal, pero pide una investigación

Nueva victoria judicial para el PP: entre el antiguo tesorero del Génova Luis Bárcenas y la dirección del partido no hubo relación laboral alguna entre 2010 y 2013, sí se produjo un contrato simulado y ante tal situación, la petición de Bárcenas de que existiera un despido no se admite. Así lo ha sentenciado la Sección V de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien de todos modos, remitirá el caso a la Fiscalía del TSJM por si existiera fraude por parte del Partido Popular.

Y no solo a la Fiscalía. Se dará traslado a los efectos oportunos a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección Provincial de Trabajo. También tendrá que intervenir la Agencia Tributaria al no corresponderse los ingresos percibidos de la empresa por el demandante con sus rentas de trabajo.

¿Cotizaciones legales, o no?

La razón de indicar a estos organismos que investiguen es que al haberse simulado por las partes una relación laboral, aspecto este reconocido por la propia empresa – el PP- como ya lo contó en su día su presidente María Dolores de Cospedal, la Sala considera que se habrían efectuado cotizaciones que no proceden legalmente y que pueden tener incidencia en futuras prestaciones de la seguridad social.

Un negocio bajo la cobertura de otro

La conclusión a que llegan los jueces es que frente a lo que afirma Bárcenas, (que existía relación laboral), se produjo una situación de simulación con una indemnización diferida cuya causa no se puede determinar, la sala no tiene suficientes elementos para saberlo . La simulación es lo que en derecho se considera una conducta antijurídica que tiene por función realizar un negocio jurídico bajo la cobertura de otro que en la realidad no existe.

21.000 euros al mes

Al no haber relación laboral entre el 16 de abril de 2010 y el 31 de enero de 2013, no pudo existir un despido cuando Bárcenas fue dado de baja en la Seguridad Social. Esta baja de cotización es la que alegaba el antiguo tesorero para argumentar que se había producido un despido tácito. Luis Bárcenas que figuraba en la nómina del PP con la categoría de licenciado, percibía una remuneración bruta al año de algo más de 255.000 euros, lo que al mes sumaba una cantidad ligeramente superior a los 21.000 euros.

Primero con Alianza Popular
La ajetreada relación laboral de Bárcenas con el partido de sus amores –hasta no hace mucho- se inició el 2 de marzo de 1982 y en ese primer periodo duró hasta el 27 de septiembre de 1987. En esa fecha, Juan Avila, el gerente nacional de lo que entonces era aún Alianza Popular, rescinde su contrato en base a que Bárcenas había faltado al trabajo tres días después de un permiso sin sueldo.

Cuatro millones de 1987

En la negociación posterior se llega al reconocimiento por parte de la empresa – siempre el PP- de despido improcedente. Bárcenas percibe cuatro millones de pesetas de la época en concepto de finiquito e indemnización, e ingresa en las filas de quienes perciben el desempleo que le dura hasta el 30 de enero de 1989. Dos días después de que se le acabe el paro, el 1 de febrero de ese mismo año ingresa de nuevo en el PP como licenciado.

Flamante gerente

Diez años más tarde, el 20 de abril de 1999, del mismo modo que ocurriría en febrero de 2002 y noviembre de 2004, con Javier Arenas y Ángel Acebes representando al partido, Bárcenas recibe poderes para ejercer como gerente del Partido Popular.

Y brillante tesorero

Y cuatro años más tarde, en junio de 2008, se le otorgan poderes como Tesorero, esta vez ostentando la representación del PP Álvaro de la Puerta. Estos poderes son de nuevo otorgados en junio de 2008, de la mano de María Dolores de Cospedal que actúa en nombre del partido.

Poderes revocados

Por poco tiempo. En febrero de 2009, Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, en el procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La propia María Dolores de Cospedal revoca el otorgamiento anterior el 5 de octubre de 2009 y por si hubiera dudas, en abril de 2010 de nuevo Cospedal revoca la totalidad de los poderes conferidos al tesorero, que deja de serlo definitivamente.

Del partido al Senado y vuelta

Hay que añadir que aun así, en esos años, entre 2004 y 2010, Bárcenas había pedido una excedencia forzosa en el partido en base a su nombramiento como senador. A efectos de Seguridad Social, este concepto habría sido abonado por las Cortes españolas. Hasta su renuncia al escaño en 2010.

Más de 700.000 euros en tres años

Su regreso ese año es el que conforma esta compleja etapa laboral final. Vuelve a ser dado de alta en el Régimen General el 16 de abril de 2010 y de baja el 31 de enero de 2013 en concepto de dimisión. En ese periodo de tiempo, Bárcenas habría percibido un total de 719.502 euros brutos, que se desglosan en 194.440 euros en 2010; 251.204 euros en 2011; 255.600 euros en 2012 y 18.257 euros en 2013. La retención a cuenta del IRPF ascendería a 295.043 euros.

Despacho, coche y chófer

Durante tiempo, desde el 2010 al 2013, Bárcenas utilizó un despacho en la sede de Génova, 13, teniendo a su disposición y proporcionado por el PP un vehículo Marca Audi con conductor, así como servicio de informática, secretaria personal y el personal necesario.

Trabajo simulado, cestas navideñas reales

Si bien se dictamina se trató todo de una simulación, lo cierto en que en las Navidades de 2010 a 2012 incluidos, en casa del tesorero se recibieron cestas de Navidad bien reales, procedentes de su empresa. Contaba además con una cuenta de correo con extensión pp.es en las que la justicia pudo comprobar se utilizaban de forma personal por parte de Bárcenas o su esposa.

Reservas de hoteles, pagos de Audis

Es decir, esta cuenta de correo electrónico servía para realizar reservas de hoteles, compras billetes de avión y trenes, tramitación de pólizas de seguros, o incluso al abono de cantidades pendientes, que tendrían que ver con un vehículo modelo TT Roadster, A4 y Q7 de marca Audi. También figuraban recibos de dividendos de acciones.

Las cosas no van bien

Las cosas habían empezado a ir mal cuando en marzo de 2012 la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve continuar el procedimiento contra Bárcenas sobreseído provisionalmente por el TSJM y va a peor cuando en febrero de 2013 prestó declaración por el asunto de los sobresueldos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Demanda laboral

Para entonces, desde enero, ya se había producido el no despido de Bárcenas que no tenía relación laboral con el PP, de acuerdo con la actual sentencia de la Sala V de lo Social. Él ex tesorero presentó una demanda ante la titular de lo social del juzgado número 16 María José Ceballos, por considerar que sí existía ese vínculo.

Muchas cosas en poco tiempo

Al menos un año y medio tardó la jueza en resolver. Un año y medio en que a Bárcenas le ha pasado de todo, y a su empresa también. Después el recurso de suplicación ante el TSJM. Y tras muchas aventuras judiciales, cárcel y actuaciones ante los tribunales, llegamos a este auto sentencia que, eso sí, todavía es susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Supremo

http://www.elplural.com/2015/04/21/entre-el-pp-y-barcenas-no-hubo-relacion-laboral-entre-2010-y-2013-pero-los-jueces-envian-el-caso-a-la-fiscalia-y-a-la-aet-por-si-hay-fraude/

EL CASO DEL ASESOR DE MONTORO QUE HIZO EL ARGUMENTARIO ‘CONTRA RUZ’ YA ESTÁ ANTE LA JUSTICIA

Rogelio Menéndez, hermano del director de la Agencia Tributaria, hizo el escrito filtrado a la prensa a partir de informes de un inspector de Hacienda.., lo que sería ilegal

Una de las acusaciones populares presentes en la trama Gürtel, ADADE, ya ha dado el paso. En una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid pide que se investigue el caso de la preparación de un argumentario, filtrado a la prensa, con el que Hacienda intentó rebatir una decisión del juez Ruz.

“…historia de una filtración”

En concreto, ese argumentario, como hemos contado en ELPLURAL.COM, rebatía las razones por las que el magistrado de la Audiencia Nacional había pedido a la Agencia Tributaria que le diera un cálculo del dinero que había defraudado en impuestos el PP por las donaciones ilegales que recibió de empresas y con las que Génova, 13 alimentó la caja B.

Lo que dice la acusación está en la línea de la noticia que publicaba nuestro periódico el pasado miércoles, y que titulábamos “Informe ‘el PP es como Cáritas.., historia de una filtración”. En ella exponíamos, y también lo hace ahora ADADE, cómo el argumentario, que sirvió de base a informaciones publicadas por La Vanguardia y La Razón, se realizó a partir de dos informes de un inspector de Hacienda preparados para el juez Pablo Ruz.

El asesor que sabía demasiado

Esos informes no podían, por tanto, ser conocidos, y mucho menos manejarse, por nadie más en el ministerio, con la excepción de la responsable del funcionario que los redactó, la Inspectora Jefa de la ONIF, Marga García Valdecasas, que de hecho incorporó dos notas para el juez sobre los escritos. Que cualquier otra persona tuviera acceso para poder hacer ese argumentario, y todo indica que fue así puesto que contiene párrafos idénticos a los escritos del inspector y de su superior, sería ilegal.

Aún más cuando hay constancia, por los metadatos informáticos del argumentario, que este se inició y se concluyó antes incluso de que los escritos de Hacienda hubieran llegado a manos del juez Ruz. Esos metadatos, como contamos en primicia en ELPLURAL.COM, indicaban que su redactor había sido, o al menos se había utilizado su ordenador, Rogelio Menéndez, asesor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Antes los periódicos que el juez

El argumentario, como se puede ver, se creó a las 19.10 y se cerró a las 20.19 del día 16 de marzo. Los documentos oficiales fueron, como se puede ver, entregados vía fax a las 20.12 de ese día, y físicamente no llegaron a la Audiencia Nacional, como recoge la denuncia de ADADE, hasta la mañana siguiente, a las 9.30 de la mañana. Para esa hora, la información recogida y filtrada en el argumentario ya había aparecido en los dos diarios anteriormente citados.

http://www.elplural.com/2015/04/17/el-caso-del-asesor-de-montoro-que-hizo-el-argumentario-contra-ruz-ya-esta-ante-la-justicia/

INFORME ‘EL PP ES COMO CÁRITAS’… HISTORIA DE UNA FILTRACIÓN

Los tejemanejes del equipo de Montoro que salpican a la Agencia Tributaria saltan al Congreso

En la sesión de control de este miércoles, Antonio Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha preguntado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría si ella o Mariano Rajoy dieron la orden para que se realizara un argumentario desde el ministerio de Hacienda, que se filtró a la prensa, y en el que se apoyaban las tesis del PP, sostenidas desde la Agencia Tributaria, según las cuales las donaciones en negro que había recibido su partido no tenían que tributar. De esta manera se retoma un escándalo que pasó a segundo plano por el accidente del vuelo de Germanwings.

Un escándalo en el que se había visto envuelto de manera directa un asesor del ministro Montoro, Rogelio Menéndez, del que les informamos en nuestro periódico en primicia. El paso de los días ha permitido, sin embargo, ampliar el conocimiento de este hecho, y lo que sucedió para que, palabras de este miércoles de Hernando en el Congreso, “Hacienda haya funcionado como el despacho de abogados del PP”.

Enfrentamiento entre Ruz y Hacienda

El pulso que mantuvieron Pablo Ruz y la Agencia Tributaria a cuenta de los impuestos que debería haber pagado el PP por las donaciones en negro que recibió de empresarios y que alimentaron su caja B, marcaron el final de los días del juez en la Audiencia Nacional. Como les contamos en ELPLURAL.COM, el PP, y Hacienda disciplinadamente con ellos, sostenía que puesto que el dinero que habían recibido en negro se había utilizado en temas electorales y del partido, cumpliendo así la ley, no tenían por qué cotizar. El juez pensaba diferente.

El juez insistió en el requerimiento, ya amenazante, el 10 de marzo, volviendo a pedir que la Agencia Tributaria calculara cuánto dinero habría defraudado el PP con las donaciones a su caja B. Y por fin, aunque a regañadientes, la gente de Montoro encargó a un inspector del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (ONIF) cumplir con los requisitos del juez.

Los informes del inspector y de su jefa

El 12 de marzo pasado, ese funcionario entregaba a sus superiores dos informes. En el primero, de 11 folios, se contestaba a la pregunta del juez y se establecía el impuesto de Sociedades que el PP tendría que haber ingresado en Hacienda de acuerdo a las aportaciones que aparecían en los registros contables opacos que se habían descubierto en las diferentes investigaciones policiales y de la propia Hacienda.

El segundo informe del inspector, de 6 páginas, estimaba el IVA que el PP tendría que haber pagado a UNIFICA por las obras que se realizaron en la sede nacional del partido, en Génova, 13 y que se realizaron en dinero negro.

Estos dos informes llegaron a la Audiencia Nacional acompañados de otros dos escritos, fechados el 16 de marzo, que firmaba la responsable de la ONIF, Margarita García Valdecasas. En el que acompañaba al primero escribía que “la presente remisión se realiza por imperativo legal y con el fin de evitar posibles responsabilidades penales”. En el segundo, insistía en recalcar que “el criterio oficial de la AEAT (la Agencia Tributaria) es absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial”.

Aparecen las filtraciones

En las ediciones de primeras horas de la madrugada del 17 de marzo, La Razón y La Vanguardia publicaban, utilizando entrecomillados, líneas y párrafos literales de los documentos, cubiertos por el secreto judicial, que Hacienda había entregado sólo unas pocas horas, poco más de cuatro, en la Audiencia Nacional.

En sus notas, los periódicos hablaban de “un informe” de la Agencia Tributaria. De su lectura se deducía que había un argumentario de la propia Hacienda, en el que se valoraban y apoyaban sus tesis, frente a las del juez. La mañana de ese 17 de marzo, como contamos en su momento, entramos en contacto con el departamento de comunicación de la Agencia Tributaria para tener acceso a ese supuesto argumentario. Se nos negó su existencia, pero en las siguientes horas en ELPLURAL.COM nos hicimos con él.

En él se comparaba al PP con Cáritas o la Cruz Roja, que también reciben donaciones, se decía, por las que no contribuyen. El asunto provocó un escándalo. Pero lo que pudimos comprobar, al analizar ese documento, fue aún más sorprendente. El autor del documento era, como hemos apuntado, un asesor del ministro, Rogelio Menéndez, hermano, por cierto, del director de la Agencia Tributaria.

Las acusaciones piden que se investiguen los hechos

Viendo las propiedades, los metadatos, del documento, como publicamos, se veía no sólo quién era el autor, sino también cuando se había iniciado su redacción y cuando se había acabado. Lo que ha venido a decir hoy en el Congreso el portavoz socialista, Antonio Hernando, es que ese argumentario se comenzó a redactar y se concluyó antes de que los documentos en los que se basa fueran incluso entregados al juez Ruz. Es decir, en el ministerio, lo que es ilegal, no sólo hubieran circulado documentos preparados en auxilio a un juez, sino que el asesor del ministro los habría utilizado como base para hacer un texto que acabó siendo filtrado a la prensa para defender sus criterios.

El 20 de marzo, dos de las acusaciones populares personadas en el denominado ‘caso de la caja B del PP’, una pieza separada de la causa de la trama Gürtel, pidieron al juez Ruz que abriera diligencias para esclarecer oficialmente lo sucedido con la elaboración y filtración a los medios de comunicación del que ha pasado a conocerse como ‘informe Cáritas’.

http://www.elplural.com/2015/04/15/informe-el-pp-es-como-caritas-historia-de-una-filtracion/

EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL ACABARÁ CASI EN NAVIDAD

Las sesiones, que el tribunal aceptó suspender dos meses, se retomarán en junio

El primer juicio a la trama Gürtel se retomará en junio y durará casi hasta Navidad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anunciado este martes que las sesiones volverán a celebrarse el 11 de junio y concluirán el 18 de diciembre.

El juicio, centrado en las adjudicaciones que el grupo recibió de la Generalitat valenciana por importe de cinco millones de euros para el diseño, montaje y desmontaje de su pabellón oficial en Fitur y otros certámenes turísticos más pequeños fue suspendido el 1 de abril por los magistrados para dar tiempo a las defensas a estudiar documentación del caso que obraba en la Audiencia Nacional, donde se instruye la parte original de la causa.

Los dos primeros días de juicio serán una repetición de las dos jornadas que ya se celebraron, dedicadas a las cuestiones previas. El 19 de junio empezarán las declaraciones de los acusados, que proseguirán en julio y también el día 3 de agosto, que tendrá que ser habilitado por el tribunal de forma extraordinaria.

El grueso de las jornadas de juicio, con declaraciones de testigos y peritos, así como los informes finales de las partes tendrán lugar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con lo que es prácticamente seguro que coincidirán con la campaña de las elecciones generales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/14/valencia/1429023166_301395.html

BÁRCENAS PIDE AL JUEZ QUE ACTÚE CONTRA RAJOY Y COSPEDAL POR LA CAJA B DEL PP

El extesorero del partido niega que fuera el responsable legal o administrador en 2009

Rajoy era presidente y Cospedal secretaria general en el único año que no ha prescrito

El extesorero del PP Luis Bárcenas controló durante 19 años una caja b, donde recaudó casi ocho millones de euros para la formación conservadora, pero no se considera responsable de los delitos derivados de esa supuesta financiación ilegal del partido. Los responsables son quienes tenían todo el poder del PP en sus manos: el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general Dolores de Cospedal, según el extesorero.

Bárcenas ha recurrido el auto del juez Pablo Ruz que le imputa varios delitos tras finalizar la investigación abierta hace dos años por la caja b del PP. El magistrado atribuye a Bárcenas, como “responsable legal del PP”, un delito fiscal consistente en no pagar el impuesto de sociedades —más de 120.000 euros de fraude— por las donaciones ilegales —1.055.000 euros— recibidas en 2008. Además, Ruz le imputa otro delito de apropiación indebida por coger dinero de la caja b para comprar participaciones de Libertad Digital y no devolverlo una vez vendidas esas acciones.

El abogado del extesorero considera que Bárcenas no es la persona responsable de esos hechos delictivos que el juez Ruz considera acreditados. El recurso sostiene que “los administradores o legales representantes del PP son aquellos en los que el Congreso Nacional del PP otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias”.

Aunque Bárcenas no da ningún nombre, la descripción que hace de quienes son los representantes legales del PP está copiada de la resolución aprobada en el XVI Congreso Nacional de este partido. En esa resolución, fechada el 23 de julio de 2008, se establece que “los poderes generales y habilitaciones especiales corresponden a Mariano Rajoy y Maria Dolores de Cospedal, con carácter indistinto y solidario”. Apenas dos meses después de aquel acuerdo, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, firmó un poder notarial, fechado el 1 de octubre de 2008, en el que cede la inmensa mayoría de esos poderes generales a Luis Bárcenas, quien había sido nombrado tesorero del partido en el XVI Congreso Nacional celebrado en julio. 

Es justamente ese poder notarial, incorporado al sumario del caso, el que ha llevado al juez Pablo Ruz a imputar el delito fiscal a Bárcenas, por actuar en ese momento “como administrador o responsable legal de la formación política” y no a Rajoy o a Cospedal.

Luis Bárcenas sostiene que nunca fue responsable “de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria” y que los “criterios jurídicos tributarios que establece el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero”. El extesorero, además, utiliza los mismos argumentos que el ministerio de Hacienda para rebatir la tesis del juez respecto a la existencia de un delito fiscal por impago del impuesto de Sociedades en relación con las donaciones ilegales recibidas en 2008 y recogidas en los llamados papeles de Bárcenas.

Dolores de Cospedal rechazó las acusaciones del extesorero respecto a su responsabilidad en lo ocurrido: “Como tantas veces, miente. Y como les decía antes, una mentira mil veces repetida no es una verdad. Lo que no sé es si cuenta de dónde ha sacado los 49 millones de Suiza. ¿No lo ha dicho? Miente, ya se lo he demostrado una vez ante los tribunales y volveré a demostrárselo las veces que haga falta”.

Bárcenas, que confesó al juez 18 años de manejos para la financiación ilegal de su partido a través de una caja b alimentada por donaciones ilegales de empresarios, pide ahora al magistrado que archive la causa abierta contra él por esa contabilidad paralela y fraudulenta.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/30/actualidad/1427717383_688258.html

BÁRCENAS APUNTA A LOS EXSECRETARIOS GENERALES DEL PP, INCLUIDO RAJOY, SU RESPONSABILIDAD SOBRE LA CAJA B

"Nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política", explica el recurso presentado por la defensa del extesorero del PP

Bárcenas atribuye así a los secretarios generales del partido, sin mencionarlos, la responsabilidad de la caja B, ya que insiste en que él no era el responsable último de la misma

Luis Bárcenas apunta directamente a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y al resto de secretarios generales del PP entre 1990 y 2008, el período durante el cual el Partido Popular mantuvo una caja B con dinero procedentes de empresarios amigos.

En un recurso presentado en la Audiencia Nacional contra el cierre de la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, el extesorero del PP asegura que los responsables de todo el entramado corrupto fueron sus jefes, y no el segundo escalón del PP compuesto por el tesorero y el gerente. "Los criterios jurídico tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero", en referencia a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

"Nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política", explica el recurso presentado por la defensa del extesorero del PP. En el mismo Luis Bárcenas señala que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en 2008, último año recogido en su contabilidad B que no habría prescrito, eran los "administradores o legales representantes" de la organización y no el antiguo responsable de las finanzas conservadores.

Barcenas atribuye así a los secretarios generales del partido, sin mencionarlos, la responsabilidad de la caja B, ya que insiste en que él no era el responsable último de la misma. La investigación judicial abarca las épocas en las que estuvieron al frente del partido Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

"Los administradores o legales representantes del PP son aquellos en los que el Congreso Nacional del PP otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración pública", señala el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Así consta en el recurso presentado por el abogado del extesorero, Francisco Maroto, contra la decisión del juez Ruz de juzgar al antiguo responsable de las finanzas del PP y otras cinco personas por la caja B del partido, que existió al menos entre 1990 y 2008. Su defensa argumenta que Bárcenas "no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria".

Además, Bárcenas aprovecha las conclusiones mantenidas por la Agencia Tributaria, que negó la existencia de un delito fiscal del PP en 2008 al equiparar a esta formación política con una ONG como Cáritas o Cruz Roja: "Difícilmente puede sostenerse la existencia de ilícito penal cuando la AEAT sostiene que no existe infracción en materia tributaria y por ende no existe cuota tributaria defraudada".

Los postulados que ahora defiende Bárcenas en su recurso coinciden con los que una de las acusaciones populares, la ejercida por Observatori Desc, incorporó a su propio recurso contra el auto de Ruz. En ese recurso, el abogado de Desc, Gonzalo Boye, sostiene que "la contabilidad de la llamada Caja B tiene unos responsables que no se pueden circunscribir exclusivamente a los puestos de Tesorero y/o Gerente como evidencian los Estatutos del Partido Popular". Y ello porque "los máximos responsables tienen que ser, de acuerdo con la norma organizadora, los Secretarios Generales de la organización política toda vez que el cargo de Tesorero y/o Gerente no tiene el absoluto poder de dirección y de control".

Observatori Desc también lanza un dardo jurídico contra los empresarios que supuestamente hicieron donaciones ilegales al PP: sin ese dinero, el delito fiscal que Ruz observa en los hechos investigados no habría podido cometerse y, por tanto, los empresarios donantes deben ser procesados como "cooperadores necesarios".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/30/barcenas_apunta_los_exsecretarios_generales_del_incluido_rajoy_responsabilidad_sobre_caja_b_30595_1012.html

COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR

En relación con el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 23 de marzo de 2015, y con el debido respeto a las decisiones judiciales:

1- El PP reitera que la denominada “caja B”, que el juez atribuye al PP, nunca ha sido una contabilidad conocida por este partido.

2- El PP no comparte la teoría de la obligación de tributar por el impuesto de sociedades por unas supuestas donaciones que el PP desconocía.

3- Las donaciones a los partidos políticos siempre han estado exentas de tributación del impuesto de sociedades.

4- La aplicación de la normativa del impuesto de sociedades conlleva en cualquier caso el derecho a aplicar los gastos deducibles.

5- Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/comunicado-partido-popular-5

LAS CUENTAS SUMERGIDAS DEL PP

La justicia ha dejado al descubierto los manejos financieros del PP durante décadas con dinero negro

Diversas investigaciones judiciales han ido dejando al descubierto desde el año 2009, como una marea constante, los cimientos financieros del Partido Popular. El cierre de la primera fase del caso Gürtel y de la causa derivada sobre los papeles de Bárcenas, las numerosas piezas que forman el caso Palma Arena, en Baleares, e incluso la causa sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid, han dejado de manifiesto que el partido del Gobierno financió su funcionamiento durante décadas con grandes cantidades de dinero negro. La constatación más contundente de este hecho la realizó esta semana el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que en su auto sobre los papeles de Bárcenas certificó la existencia de una caja b en el PP, a la que se recurría de forma “sistemática”. Lo que siguen son los episodios más significativos de esta operativa, extraídos de las distintas resoluciones judiciales.

La contabilidad secreta de Bárcenas recoge pagos de empresarios por valor de unos ocho millones de euros. En su auto del pasado lunes, el juez Ruz considera veraces no menos de 5,27 millones de euros, abonados por un total de 22 empresarios de la obra pública y el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. Este dinero, ingresado en las cuentas de donativos del partido previo fraccionamiento para fingir que se cumplían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, tuvo diversos usos.

La mayor parte -1,55 millones de euros- se destinó a las obras de reforma de la sede central del partido, en la calle Génova 13, de Madrid, entre 2005 y 2010. Por estos pagos en dinero negro, Unifica, la empresa de arquitectura que ejecutó los trabajos, ofrecía al partido un descuento de entre el 8% y el 10%. Además de ello, el PP se ahorraba parte del pago del IVA, por un total de 220.167 euros, mientras que Unifica eludía parte de la cuota del Impuesto de Sociedades que le correspondía por 1,57 millones de euros.

Las cuentas electorales del PP recogidas por Bárcenas no cuadran con lo declarado

La sede central no fue la única sufragada en negro. Las sedes regionales de Bizkaia y La Rioja también recibieron financiación opaca. Para la sede vizcaína, Bárcenas generó una nueva contabilidad paralela en la que se recogen cuatro ingresos por valor de 36.000 euros. En Logroño, la ayuda económica en b ascendió a 200.000 euros, según ha reconocido Bárcenas.

El “sistema de contabilidad dual” del PP permitió el pago de sobresueldos a personas empleadas o vinculadas al partido, como los 86.545 euros que recibió el exconsejero navarro Calixto Ayesa por dejar su consulta de dermatólogo para dedicarse a la política en los años 90. El juez Ruz no ha logrado hallar indicios, más allá del contenido de la contabilidad secreta de Bárcenas y el testimonio de este, que confirmen el pago de sobresueldos trimestrales a la cúpula de la formación conservadora, entre ellos a todos los exsecretarios generales desde 1990. En las cuentas también figuran pagos a víctimas del terrorismo o a fundaciones como Humanismo y Democracia.

Los papeles recogen el pago con dinero negro de los gastos de seis campañas electorales por un total de 1,17 millones de euros. La formación conservadora tuvo esta ayuda económica en los comicios catalanes de noviembre de 2003, en las elecciones generales y andaluzas de marzo de 2004 y marzo de 2008 y en las europeas de junio de ese año. Ruz ha decidido enviar a los juzgados de Toledo la causa sobre el supuesto pago de 200.000 euros por la empresa Sufi para la campaña de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007 en Castilla-La Mancha. Este dinero, según Bárcenas, se entregó a cambio de la concesión de la contrata de recogida de basuras en Toledo.

En el auto por el que abría juicio a 43 personas por la primera fase del caso Gürtel, el juez Ruz establecía también que el PP se benefició de 328.440 euros que sirvieron para pagar las campañas a las elecciones municipales en 2003 en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En la contabilidad de Bárcenas también figuran pagos a profesionales liberales, entre ellos a un catedrático y a un abogado y a la empresa Instituto de Estudios Sociales, del asesor electoral del PP Pedro Arriola, que supuestamente ingresó bajo cuerda 12.000 euros en 1992.

La financiación clandestina de Matas

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach han construido tres piezas sobre episodios de supuestos pagos de publicidad en b y manejo de fondos clandestinos del PP, con permutas mediante contrataciones públicas manipuladas, durante la época en que Jaume Matas, hoy en prisión, presidió el Gobierno balear (2003-2007) y fue ministro de Medio Ambiente (2000-2003) con José María Aznar.

El exgerente del PP de las islas y cuñado de Matas, Fernando Areal, pagó con dinero negro, en la sede del PP al albañil del palacete de Matas quien a la vez trabajó en la reforma de la sede del PP, Joan Serra.

Este sistema de entrega de dinero en mano, en la misma sede o en bares de la cercanías, lo relata también el publicista arrepentido Daniel Mercado en el caso Over MC. Esta pieza, la penúltima del macrosumario Palma Arena trata sobre malversaciones, cohechos, pagos en b en las campañas de 2003 y 2007.

El juez Castro concreta que los gastos oficiales electorales del PP declarados en 2007 ante la Sindicatura de Cuentas de Baleares son “irrisorios” y “palmariamente falsarios”. Alude a “comprometedores documentos” sobre los fondos no registrados en referencia a anotaciones que se intervinieron en las oficinas de las agencias de publicidad. Ante la Sindicatura de Cuentas se declara una factura de Over Mc de 20.000 euros y en los registros de la empresa figuran ingresos por parte del PP balear de 181.031.

En la pieza, número 28 de Palma Arena, abierta en 2015, el juez Castro aluda expresamente a “la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares”, por la adquisición y reforma de su sede en Palma. Esta causa fue abierta tras lograr el fiscal Pedro Horrach la confesión del reo y ex alto cargo del PP balear Rodrigo de Santos quien desveló que el contratista Antonio Pinal, de Bruea pagó la sede popular palmesana.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427483800_021264.html

LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE RUZ

El juez debe acotar la responsabilidad de los presuntos delitos contables y fiscales de los ‘papeles de Bárcenas’

El juez Pablo Ruz, en la recta final hacia la conclusión de la investigación sobre los llamados papeles de Bárcenas, o contabilidad b del Partido Popular, estudia a qué cargos de la formación política imputar en su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, según fuentes jurídicas consultadas.

“Detrás de las recientes escaramuzas entre el juez y la Agencia Tributaria acerca de la presunta cuota defraudada en donativos ilegales y las obras de remodelación de la sede del PP en la madrileña calle de Génova hay algo serio: ¿a quién imputará los presuntos delitos?”, señaló una fuente.

El arquitecto Gonzalo Urquijo, que cobró en negro casi 1,8 millones de euros por las obras realizadas, y Luis Bárcenas, el tesorero del PP que dio la orden de pago, estarán, según estas fuentes, entre los imputados. Pero la pregunta es: ¿y qué pasa con los que tienen la máxima responsabilidad de administración del partido?

El CGPJ ha impedido que el juez siga en el caso hasta junio, fecha hasta la que podía continuar

La Agencia Tributaria se ha visto obligada, so pena de incurrir en falta de colaboración con la justicia, a ofrecer al juez Ruz unos cálculos por los que se deducen presuntos delitos fiscales, tanto en lo que se refiere a las donaciones ilegales como al pago en negro de casi 1,8 millones de euros por las obras.

No será el juez Ruz el encargado de resolver si han existido o no delitos. Porque corresponde al tribunal enjuiciador —la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional—, que es el encargado de debatir en el plenario del juicio oral y dictar su sentencia. Eso será, previsiblemente, en 2016.

Pero Ruz tiene que concluir las diligencias en pocos días precisamente porque la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió en diciembre pasado incorporar la comisión de servicios que Ruz podía ejercer hasta el 24 de junio de 2015 en un macroconcurso de 360 plazas. El nuevo titular (también en comisión de servicios, habida cuenta de que el verdadero dueño de la plaza es el magistrado Miguel Carmona, en servicios especiales como magistrado de enlace en el Reino Unido) es el juez José de la Mata.

Urquijo cobró en negro 1,8 millones por las obras de la sede del partido

Ruz ya ha anticipado su conclusión sobre los papeles de Bárcenas en una pieza jurídica relevante: el auto de conclusión de la investigación del caso Gürtel (1999-2005) dictado el pasado 26 de noviembre de 2014. Allí, en la página 122 se puede leer su caracterización sobre dichos documentos.

“Consta indiciariamente acreditada (sin perjuicio de los hechos que resultan instruidos al efecto en la pieza separada de las presentes diligencias previas denominada Informe UDEF-BLA 22.510/13) la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, prevaliéndose al efecto de sus cargos de gerente y tesorero de la formación política Partido Popular (PP) —puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009—, junto con el imputado Álvaro de Lapuerta Quintero (quien fuera tesorero del Partido Popular hasta el año 2008) de una contabilidad paralela o caja b —denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública del referido partido político entre los años 1990 a 2008”.

El juez precisa que dicha contabilidad estaba “nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: a) al pago de gastos generados en campañas electorales; b) al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al partido; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.

El instructor tendrá que definir si los responsables del PP infringieron la ley

Por tanto, el juez tiene la vista puesta en el Código Penal, artículo 310, en el cual se tipifica el delito contable.

“Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales: 1) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias. 2) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 3) No hubieren anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o en general transacciones económicas o las hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas. 4) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias”, señala.

Definido el perímetro de los presuntos delitos contables y fiscales, el juez Ruz sopesa, según se ha apuntado, a quiénes imputar. En este punto, el juez dispone de las escrituras de apoderamiento que requirió al Partido Popular y que el director de la asesoría jurídica de dicha formación, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, aportó el 21 de abril de 2014.

Rajoy y Cospedal son aforados y su imputación depende del Supremo

Se trata de cinco documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La primera escritura es de fecha 3 de junio de 2008 por la cual Álvaro de la Puerta Quintero otorga amplios poderes a Luis Bárcenas. La segunda, de 1 de octubre de 2008, corresponde a María Dolores de Cospedal, quien delega poderes en Luis Bárcenas, recientemente nombrado tesorero nacional del PP. La tercera, de 5 de octubre de 2009, refleja la revocación de poderes de Bárcenas otorgados e1 1 de octubre de 2008 por parte de Cospedal; y una cuarta amplía la revocación a poderes en favor de Bárcenas a escrituras anteriores. Hay todavía una quinta escritura, de 12 de noviembre de 2004, por la cual el secretario general Ángel Acebes otorga poderes a Álvaro de Lapuerta Quintero. Lo que estas escrituras aclaran, tanto en 2004 como en 2008, es que el presidente y el secretario general detentan las más amplias competencias como administradores. En 2004 se trataba de Ángel Acebes y de Mariano Rajoy.

En 2008 se lee: “El Partido Popular otorga los poderes generales y habilitaciones especiales a don Mariano Rajoy Brey y doña María Dolores de Cospedal, presidente nacional y secretaria general del Partido Popular, respectivamente, con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de las Administración Públicas y tribunales de todo el Estado en todas sus jurisdicciones e instancias, en los términos que dichos poderes han sido conferidos con anterioridad y dentro de las previsiones estatutarias”.

Por tanto, el juez Ruz tendrá que definir si son los administradores que surgen de estas escrituras aquellas personas responsables de los presuntos delitos contables y fiscales de la pieza Papeles de Bárcenas.

Cabe señalar que tanto Rajoy como Cospedal son aforados y que para su imputación, el juez tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Incluso la jurisdicción correspondería para Cospedal al Supremo porque los presuntos delitos se habrían cometido por la organización del PP nacional, con sede en Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/22/actualidad/1427055795_548318.html

BÁRCENAS RECURRE SU FIANZA DE 88 MILLONES POR “DESPROPORCIONADA”

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas reclama que rebaje la responsabilidad civil

Ruz abre juicio oral contra la trama de corrupción vinculada al PP

La defensa de Bárcenas solicita en su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aminore la fianza al importe exigido por las acusaciones en concepto de responsabilidad civil. La caución fue el resultado de sumar once millones por responsabilidad civil, 55 millones en concepto de multa y el tercio previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los abogados del extesorero, Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante critican que la cuantía se haya impuesto "sin motivación ni ponderación alguna", provocando una "grave" lesión en los derechos de su cliente a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la legalidad. "La absoluta falta de motivación de la medida, carente de toda fundamentación lógica y racional lesiona los derechos tutelados en la Constitución", dicen.

La defensa de Bárcenas califica de "sorprendente" e "inesperada" la decisión del magistrado de seguir la "arbitraria" petición de las acusaciones y de elevar de 43,2 millones a 88 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil. Ruz decretó el embargo de las cuentas y bienes inmuebles de Bárcenas por valor de 43,2 millones de euros en julio de 2013.

En su opinión, tampoco es ajustado a Derecho elevar en un tercio la fianza exigida para cubrir una posible responsabilidad por multa y además este tipo de pena no puede aplicarse anticipadamente, causando una "grave e irreversible lesión" del derecho de presunción de inocencia del antiguo responsable de las finanzas del PP, "como si fuera posible una ejecución provisional de una pena".

"La elevación de un tercio de la fianza exigida por las posibles responsabilidades pecuniarias, incluyendo la multa, ha sido la fórmula de cálculo aritmético que se ha llevado a cabo alcanzado la no despreciable y exasperada cantidad resultante de 88 millones de euros a depositar como fianza por parte de Bárcenas", explican los letrados.

Los abogados defensores denuncian que el auto de Ruz no haya destinado "una sola palabra" a justificar la medida cautelar, de forma que "se pueda conocer que la estimación del daño se apoya en circunstancias objetivas, comprensibles y razonables". "Y es claro que no existe probabilidad alguna de que el contenido económico de la resolución que se dicte en su día por el tribunal de enjuiciamiento alcance ni más ni menos que la suma de 88 millones de euros", concluyen.

El juez Ruz dictó el pasado 5 de marzo la apertura de juicio oral contra 40 acusados, entre los que se encuentran, además de Bárcenas, los extesoreros populares Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, así como el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por los miembros de la trama desde 1999 y 2005.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/19/actualidad/1426762171_482226.html

ANA MATO INGRESA 28.467 EUROS DE SU FIANZA CIVIL POR EL ‘CASO GÜRTEL’

El dinero se ha transferido desde la cuenta de una tercera persona

El pago no le evita estar presente en el juicio

La exministra de Sanidad y actual diputada del PP Ana Mato ha depositado ya en la Audiencia Nacional los 28.467 euros de fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para hacer frente a su posible responsabilidad civil como “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel de corrupción. Los fondos corresponden a los regalos en forma de viajes, fiestas y servicios que la trama liderada por Francisco Correa realizó al exmarido de Mato, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda.

La transferencia ha sido realizada desde la cuenta de una tercera persona sin identificar, según informan fuentes jurídicas. El abono de esta fianza no evita a la exministra el estar presente en la vista oral. La condición de “partícipe a título lucrativo” implica que alguien se ha beneficiado del fruto de un delito aunque sin saber el origen ilícito de los fondos. Sepúlveda ha ingresado también, según las mismas fuentes, los 2.599 euros que fijó el juez como responsabilidad civil, independientes de las posibles multas solicitadas por el fiscal, que ascienden a 3,37 millones de euros, y que no han sido ingresadas.

Tanto el juez Ruz como la Fiscalía Anticorrupción consideran que Ana Mato y el PP se beneficiaron de los fondos delictivos de la red Gürtel. El pasado 26 de noviembre, Mato presentó su dimisión como ministra después de que el magistrado la incluyera en el auto de procesamiento como partícipe lucrativa.

Al contrario que su exmarido, Mato no está imputada por ningún delito, pero su conducta será analizada en el juicio del caso Gürtel para determinar si encaja en la categoría que le atribuye Ruz. En su escrito, el magistrado ordena a la ministra de Sanidad que designe un abogado y un procurador que le representen en las actuaciones. En caso de que Sepúlveda fuera condenado por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude que le imputa el juez Ruz, Ana Mato debería devolver a las arcas del Ayuntamiento de Pozuelo la cantidad económica de la que se benefició.

Estos obsequios tenían un valor total de 36.668 euros, según Ruz. La Fiscalía lo rebajó después a los 28.467 euros por los que se le reclama la responsabilidad civil. No obstante, el juez Ruz recuerda que será en el acto del juicio en el que se deberá concretar “la exacta cuantía de lo que la partícipe pudiera haberse beneficiado”. Además de viajes y billetes de avión, la trama corrupta supuestamente sufragó artículos de Louis Vuitton para la exministra y las fiestas de cumpleaños y de primera comunión de la hija de la pareja en los años 2001, 2002 y 2005.

En el caso de los partícipes a título lucrativo, lo habitual es que estén sentados en el banquillo. En 2014, la Sección Cuarta de lo Penal celebró un juicio por información privilegiada en el que el partícipe a título lucrativo estuvo en el mismo estrado que los imputados, aunque como responsable civil. Lo mismo ocurrió el pasado mayo en el juicio sobre Caixa Penedés o en el caso Gescartera.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/26/actualidad/1427377781_408975.html

JESÚS SEPÚLVEDA, EXMARIDO DE ANA MATO, DEPOSITA UNA FIANZA DE 2.599,69 EUROS, CUANDO RUZ LE PEDÍA 3.370.577

El juzgado inicia una investigación de su patrimonio para embargar la cifra restante de la responsabilidad que se le pide

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Majadahonda, exmarido de la exministra Ana Mato y uno de los implicados en la trama Gürtel, como se recordará acabó siendo uno de los principales acusados por el juez Pablo Ruz cuando cerró la primera parte del sumario, el que corresponde a los años 1999-2005.

El juzgado pide que se le embargue

Por su participación en la trama, el magistrado de la Audiencia Nacional impuso a Sepúlveda una responsabilidad pecuniaria de 3.370.577 euros. Recurrió, pero el tribunal ha desestimado su petición, por lo que este jueves por fin hizo un ingreso. Eso sí, de lo que se le pide, Sepúlveda ha hecho tan sólo un ingreso de 2.599,69 euros.

Resultado, el juzgado ha decretado que “vista la insuficiencia de la cantidad ingresada para cubrir las responsabilidades fijadas, procédase a realizar averiguación patrimonial a los efectos oportunos”. Es decir, que se proceda a buscar entre sus propiedades y proceder a embargarle.

Uno de los principales ‘beneficiados’ de los sobresueldos del PP

El exmarido de Ana Mato, que se mantuvo trabajando en la sede nacional del PP en Génova hasta mucho después de haber sido implicado, y que fue una de los hombres de máxima confianza de José María Aznar, estaba entre los principales beneficiados de los sobresueldos del PP, por los que llegó a percibir por encima de 810.000 euros, aunque no figura en el listado de Bárcenas.

La exministra Mato sí depositó, también este jueves, la totalidad de la responsabilidad que la Audiencia le pedía, que, eso sí, en su caso era de 28.500 euros.

http://www.elplural.com/2015/03/27/jesus-sepulveda-exmarido-de-ana-mato-deposita-una-fianza-de-2-59969-euros-cuando-ruz-le-pedia-3-370-577/

 OTRAS DOS ACUSACIONES PIDEN INVESTIGAR QUIÉN ORDENÓ EL 'INFORME CÁRITAS'

Tanto ADADE como la acusación ejercida por los socialistas advierten de la existencia de un delito de revelación de secretos en el conocimiento y filtración del "manipulado" informe Cáritas y reclaman que se depuren responsabilidades

Primero la acusación del Observatori Desc pidió al juez Ruz que cite a declarar al autor del 'informe Cáritas', Rogelio Menéndez, asesor de Montoro y hermano del director de la Agencia Tributaria, y ahora otras dos acusaciones reclaman también una investigación al respecto al detectar posibles delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

La acusación ADADE pide al juez que ordene a la policía judicial que investigue los hechos y averigüe quiénes son los responsables. Recuerda que los informes periciales sobre el supuesto fraude fiscal en las donaciones del PP, son para uso exclusivo del juez y de las partes en el caso.

Sin embargo, fueron remitidos al gabinete del ministro y alguien ordenó a su asesor Menéndez elaborar un argumentario, el 'informe Cáritas', que fue distribuido a algunos medios.

"La mera remisión de los informes al citado asesor", recalca ADADE, "ya constituye una revelación de secreto punible, puesto que dicho señor no forma parte de la unidad de auxilio judicial, ni de la ONIF [Oficina Nacional de Investigación del Fraude] o la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria], no se concibe la razón de la remisión de los informes al citado señor si no es la de intentar alterar su contenido y facilitar a la prensa un argumentario contrario al sentido y lectura natural".

Además, tanto los metadatos del 'informe Cáritas' redactado por Rogelio Menéndez, como la carátula de envío de los informes periciales vía fax al juez Ruz, demuestran, tal y como viene contando la SER, que el asesor de Montoro tuvo acceso a los documentos exclusivos para Ruz antes de que llegaran al magistrado.

Menéndez terminó su documento a las 19:10 horas del lunes 16 de marzo, y la AEAT envió los informes a Ruz a las 20:12 horas del mismo día, lo que contradice la versión sostenida ayer en rueda de prensa por el ministro Montoro.

Por otra parte, la acusación que dirige el Partido Socialista, plantea presentar una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las circunstancias de este caso. Consideran que se trata de un delito de revelación de secretos porque Rogelio Menéndez es un funcionario público -inspector de Hacienda-, y este hecho es clave para atribuirle tal situación delictiva.

http://cadenaser.com/ser/2015/03/21/tribunales/1426936351_830815.html

LAS COINCIDENCIAS EN LOS DOS INFORMES PONEN EN EVIDENCIA AL GOBIERNO

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, sostiene que el hermano del director de la Agencia Tributaria no necesitaba el informe pericial para redactar el que compara al PP con Cáritas, pero ambos textos coinciden palabra por palabra en 10 párrafos y en 13 cifras al céntimo

Para quitar hierro a la filtración, que puede ser delictiva según fuentes jurídicas, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, afirma que no hacía falta esperar al informe pericial para elaborar el ‘documento Cáritas’, porque el perito “reitera” argumentos que “ya eran públicos y conocidos”. Ferré da a entender que el autor del documento, Rogelio Menéndez, no tuvo muy en cuenta el informe pericial para redactar el suyo.

Pero el argumento del secretario de Estado de Hacienda no resiste una simple comparación entre ambos textos. Hay un total de diez párrafos literales,con 245 palabras idénticas, y 13 cifras exactas, al céntimo, que se repiten en los dos documentos.

Las únicas variaciones son que, por dos ocasiones, el perito judicial habla de “donaciones ilegales” cuando se refiere a las dádivas que habría recibido el PP, mientras que Rogelio Menéndez añade el calificativo de “presuntas” para matizar el criterio acusador del perito de Hacienda.

El secretario de Estado de Hacienda afirma que Menéndez, el autor del documento que compara al PP con Cáritas para exculparle y que es hermano del director de la Agencia Tributaria nombrado por Montoro, se dedica a reiterar argumentos que “ya eran públicos y conocidos” en otros informes de Hacienda al juez Ruz.

Sin embargo, ocho de los diez párrafos utilizados jamás han figurado en otro informe y tampoco han aparecido en ningún otro documento remitido al magistrado las cifras de los posibles fraudes a la Hacienda Pública. Y en ambos textos, tanto el dirigido al juez como el inicialmente apócrifo, coinciden con absoluta exactitud: Un total de 220.167,04 euros por el Impuesto de Sociedades de 2008 y 25.630,03 en un segundo escenario.

Menéndez pudo tener acceso al informe antes de enviárselo a Ruz

Al hermano del director de la Agencia Tributaria, Rogelio Menéndez, le hubiera sido imposible elaborar su documento con tal precisión, de no haber tenido acceso al informe pericial. Una acusación ya ha pedido - y otras están planteando hacerlo -, que el juez Pablo Ruz abra una investigación al respecto.

Consideran inconcebible y un posible delito de revelación de secretos, que representantes del Ministerio de Hacienda ajenos a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria tuvieran acceso al informe sobre el posible fraude del PP, antes incluso de que fuera remitido al magistrado.

Y ocurrió así, según los metadatos del documento redactado por Rogelio Menéndez y la carátula de envío de fax del informe a la Audiencia Nacional, porque el documento que compara al PP con Cáritas fue redactado a las 19:10horas. Una hora y dos minutos antes de que el informe fuera enviado por fax al juzgado de Pablo Ruz.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/19/actualidad/1426762171_482226.html

SUIZA IMPIDE A RUZ QUE UTILICE LAS ÚLTIMAS PRUEBAS SOBRE UNA CUENTA BANCARIA DE UN TESTAFERRO DE BÁRCENAS

Las autoridades helvéticas reclaman al magistrado que suspenda "inmediatamente" la utilización de estas nuevas informaciones bancarias

El comunicado explica que la prohibición, que no es definitiva, se produce a instancias del Tribunal Penal Federal suizo

Las autoridades suizas se han vuelto a dirigir al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, para reclamarle que suspenda "inmediatamente" la utilización de nuevas informaciones bancarias que habían sido enviadas a España el pasado 12 de febrero.

La documentación aporta datos novedosos sobre las cuentas abiertas por una fundación del extesorero del PP Luis Bárcenas en una entidad bancaria de este país, según un documento al que ha tenido acceso infoLibre.

Este comunicado de las autoridades suizas está firmado por el procurador federal de la Confederación Helvética, Sergio Mastroiani, y en la misma se indica que la prohibición, que no es definitiva, se produce a instancias del Tribunal Penal Federal suizo.

En concreto, Suiza reclama a a Ruz que no utilice la documentación que había sido aportada el 12 de febrero desde la entidad financiera suiza Lombard Odier sobre una cuenta de la Fundación Sinequanon, creada en Panamá y que la policía atribute a Bárcenas.

En esta documentación, que ya tienen las partes personadas en el caso Gürtel, se puede constatar que el presunto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez da instrucciones al gestor de la cuenta de la la asociación: "Federico [Mentha], creo que has hablado con nuestro amigo común para hacer el traspaso del fondo desde mi cuenta a la suya (sin gastos para él). El traspaso del dinero habrá que hacerlo al valor liquidativo del día que se haga. Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.

Cuentas en Suiza

Esta no es la primera vez que Suiza pone impedimentos a Ruz para que pueda utilizar la documentación bancaria de Bárcenas e Iván Yáñez, el hijo del fallecido empleado del PP Francisco Yáñez, que también disponía de cuentas en Suiza al margen del fisco.

En enero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Suiza reiteraba su negativa a que los documentos ya enviados a Ruz pudieran servir para acusar a Bárcenas de fraude fiscal: "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", especifica el texto.

Esta negativa se extendía también a la documentación aportada por Suiza sobre el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Suiza adoptó esta decisión al considerar que los sobornos de Bárcenas "repercutían en perjuicio del Partido Popular y no en el de la Hacienda pública española". "Dicho de otro modo", prosigue el escrito, "en este momento no se desprende que el Estado español hubiese sufrido un perjuicio patrimonial por fraude fiscal".

Dos extesoreros del PP

Precisamente, esta nueva documentación aportada al sumario del caso Gürtel es el centro de la nueva disputa jurídica entre Bárcenas y Ruz. Las representaciones legales de los extesoreros del PP Bárcenas y Sanchís, y la de Iván Yáñez enviaron al juez escritos en los que solicitaban que se dejara sin efecto la decisión de Ruz de trasladar a las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial.

Según estos tres acusados, al que se ha sumado el hijo de Ángel Sanchís, Ruz ha pedido nuevos informes cuando el sumario de la pieza de Gürtel denominada Época I, 1999-2005, ya está cerrada. “El instructor, al recabar informes del Ministerio Público y de las unidades de Policía Judicial y de Auxilio de la AEAT), está vulnerando las garantías procesales que amparan a mi mandante como imputado/acusado, así como sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”, denunciaba el escrito presentado por Yáñez.

No es una diligencia novedosa

Pero un auto firmado este mismo jueves por el juez Ruz asegura, "en consonancia con el Ministerio Público", su decisión de mantener la resolución, pues la comisión rogatoria se expidió durante la fase de instrucción.

Además, el traslado de esta nueva documentación, "que no petición de informe, no supone la práctica de una diligencia novedosa, [...] por lo que en modo alguno se vulneran los derechos a la defensa y a la tutela judicial", confirma el auto del juez Pablo Ruz.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/27/suiza_vuelve_impedir_ruz_que_utilice_datos_sobre_las_cuentas_testaferro_barcenas_30437_1012.html

BÁRCENAS Y OTROS IMPUTADOS PIDEN A RUZ QUE DEJE DE PEDIR PRUEBAS SOBRE ‘GÜRTEL’

El juez reclamó a la Policía, Hacienda y a la Fiscalía que elaboraran un informe sobre la nueva documentación recibida desde Suiza

Las autoridades helvéticas aportan un dossier en el que el testaferro Yáñez da instrucciones al gestor: “Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”

Los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís, así como el presunto testaferro Iván Yáñez, han reclamado al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, que deje de solicitar nuevas pruebas en el marco de la pieza separada denominada Época I. En la misma se incluyen todas las ilegalidades cometidas entre 1999 y 2005 por los integrantes de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

Ruz acordó el pasado 5 de marzo mediante un auto la apertura del juicio oral contra 40 empresarios y una quincena de excargos del PP, entre los que se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. En concreto, la Fiscalía reclamó más de 360 años para los exintegrantes del PP que formaban parte o se beneficiaron de la red corrupta.

Pero Bárcenas, Yáñez y Sanchís tratan de que Ruz no puede seguir aportando nuevas pruebas, y acusan al magistrado de vulnerar sus derechos constitucionales por seguir pidiendo pruebas sobre los aspectos incluidos en la pieza cerrada a principios de marzo.

La resolución judicial que tratan de frenar es una providencia de Ruz en la que pide a la Fiscalía Anticorrupción, a los agentes de la Policía Judicial y a los funcionarios de la Agencia Tributaria que realicen un informe sobre el contenido de la última comisión rogatoria procedente de Suiza.

En la misma se aportan datos de las cuentas de Yáñez, y su trabajo como presunto testaferro de Bárcenas: “Federico [Mentha], creo que has hablado con nuestro amigo común para hacer el traspaso del fondo desde mi cuenta a la suya (sin gastos para él). El traspaso del dinero habrá que hacerlo al valor liquidativo del día que se haga. Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.

Escrito del 20 de marzo

Pero ni Bárcenas ni el propio Yáñez quieren que Ruz siga investigando este movimiento bancario: “Al haberse cerrado la instrucción no se puede continuar con la práctica de diligencias de prueba, al haberse dado traslado a los imputados para la formalización de los escritos de defensa”, explica el letrado defensor en un escrito en nombre de Bárcenas remitido el pasado 20 de marzo a la Audiencia Nacional.

Según la investigación llevada a cabo hasta el momento por Ruz, Iván Yáñez fue una de las personas que ayudó a Bárcenas a sacar su dinero de Suiza tras producirse la detención en febrero de 2009 de Francisco Correa tras la orden de Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que por el momento ocupa Pablo Ruz.

Yáñez considera que el traslado decidido por el juez de la documentación a la Policía y a Hacienda para que hagan un informe vulnera los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a tener un procedimiento con todas las garantías. “No debemos olvidar que el instructor, teniendo en cuenta la fase del procedimiento en que nos encontramos […] no tiene ya ninguna facultad ni competencia para acordar diligencias de prueba de carácter instructorio en la pieza separada Época I: 1999-2005” de Gürtel.

Infracción del principio "acusatorio"

El presunto testaferro de Bárcenas recuerda al magistrado que ya sólo puede recibir de los acusados los escritos de conclusiones provisionales y remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal, el órgano competente para juzgar la causa.

“El instructor, al acordar nuevas diligencias de prueba (en este caso trata de recabar informes del Ministerio Público y de las unidades de Policía Judicial y de Auxilio de la AEAT), está vulnerando las garantías procesales que amparan a mi mandante como imputado/acusado, así como sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”, explica el escrito presentado en nombre de Iván Yáñez.

Para este imputado, la decisión de Ruz se trata de una clara infracción del principio “acusatorio”, algo que, continúa Yáñez, significa una “doble vulneración constitucional: la del derecho a conocer de la acusación, y la del derecho a no sufrir indefensión”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/26/barcenas_otros_imputados_piden_ruz_que_deje_pedir_pruebas_sobre_gurtel_30385_1012.html

EL SEPBLAC ENCUENTRA CUATRO MILLONES OCULTOS A DOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL

El Servicio de Prevención para el Blanqueo denuncia a la Fiscalía que la empresa de dos imputados en la Gürtel, Manuel Salinas y Amando Mayo, aún posee 4.100.000 euros en un fondo radicado en Luxemburgo. El juez Ruz ordena un informe a la Agencia Tributaria

El Sepblac, el Servicio de Prevención para el Blanqueo de Capitales español, ha remitido un informe a la Fiscalía Anticorrupción respecto a las operaciones bajo sospecha de dos imputados de la Gürtel.

Se trata del empresario aragonés, Manuel Salinas, que según el sumario pagó 12 millones de euros al supuesto líder de la trama, Francisco Correa; y del gestor del entramado, Amando Mayo.

Salinas y Mayo son socios en la empresa Tasal SL, y según el Sepblac, invirtieron en 2012 un total de 5 millones de euros en un fondo de inversión de capital riesgo en Luxemburgo, que pende de otro en Brasil.

El Servicio de Prevención de Blanqueo afirma que a día de hoy han retirado 889.190,02 euros de aquella inversión, y que todavía disponen de 4.100.000 euros en el fondo, según la información a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

Después de recibir la comunicación de Anticorrupción, el juez Pablo Ruz ha ordenado a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboren un informe al respecto.

Manuel Salinas y Amando Mayo eran el titular y autorizado, respectivamente, en dos cuentas bancarias de Mónaco, desde donde fueron realizados los pagos por un total de 12.8 millones de euros a Francisco Correa en 2004. Un dinero que según los investigadores, les habría hecho llegar previamente el empresario Fernando Martín, de Martinsa-Fadesa, para asegurarse un pelotazo urbanístico en la localidad madrileña de Arganda.

El de Arganda, fue el mayor pelotazo de la Gürtel. El municipio entonces dirigido por el también imputado alcalde del PP, Ginés López, adjudicó en noviembre de 2004 a Fernando Martín la parcela UE-124 por 77 millones de euros. Un precio muy inferior al de mercado en aquella época. Hasta el punto que Martinsa vendió meses después un tercio del terreno por 73 millones. Los dos tercios restantes son un descampado hoy en día, con alguna construcción aislada.

http://cadenaser.com/ser/2015/03/19/tribunales/1426780982_022360.html

EL CGPJ RECHAZA EL RECURSO DE ADADE CONTRA EL CONCURSO POR EL QUE DE LA MATA OBTUVO LA PLAZA

El CGPJ rechaza el recurso de ADADE contra el concurso por el que De la Mata obtuvo la plaza

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este martes el recurso de alzada presentado por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en los casos 'Gürtel' y "Papeles de Bárcenas' contra el acuerdo por el que quedó convocado el concurso para cubrir la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.   

www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-afirma-sustitucion-ruz-no-causara-retrasos-gurtel-20150310210442.html

LA TRAMA ‘GÜRTEL’ SE SIENTA POR PRIMERA VEZ EN EL BANQUILLO

El juicio a Fitur, con 38 tomos y más de 11.000 folios, comenzará el próximo martes en Valencia y será el primero en el que se juzgará a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, la cúpula de la trama

Se les acusa de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y soborno y la Fiscalía pide para ellos entre diez y once años y medio de cárcel

Llegaron para quedarse. Y para saquear. Los ángeles de la Gürtel aterrizaron en Valencia tras las elecciones generales de 2004. Aquí les recibió un apóstol, Francisco Camps, que libraba su batalla interna contra Eduardo Zaplana por el control interno del partido y necesitaba de sus propias estructuras de poder. Camps, permeable al halago, se encandiló con el don de gentes de Álvaro Pérez, el Bigotes, director de Orange Market, la empresa de la Gürtel en Valencia. Pérez se incrustó en los cimientos del Gobierno de Camps, en casi todas sus consejerías. Es más, se autoinoculó en el ADN del PP valenciano. Todo lo hacía Pérez, desde poner una silla, apartar a los fotógrafos al paso de Rajoy o redactar los contratos de adjudicación del stand de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo (Fitur). Este último caso será el primero en juzgarse tras el preámbulo del conocido como caso de los trajes, en el que el propio Camps fue declarado no culpable en enero de 2012 por un jurado popular, quien no vio relación entre los regalos de la trama y el agujero en las arcas valencianas. Ni que tórridas expresiones de Camps a Pérez, como “amiguito del alma”, “te quiero un huevo” o “lo nuestro es muy bonito”, fueran una prueba de amistad.

El juicio a Fitur, con 38 tomos y más de 11.000 folios, comenzará el próximo martes y se alargará hasta el 8 de octubre. Además, es el primero en el que se juzgará a la cúpula de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. En la parte valenciana se sentará en el banquillo la expresidenta de les Corts y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, conocida como La Perla, expresión que utilizaba habitualmente para dirigirse a sus interlocutores. Martínez declarará el 15 de mayo, en vísperas de las elecciones autonómicas. Por su parte, la cúpula de Gürtel lo hará el 17 y el 24 de abril. Entre los 105 testigos destacan Francisco Camps y Rafael Blasco, condenado por el TSJCV a 8 años de cárcel por el desvío de 1,6 millones de los fondos de Cooperación.

A continuación se exponen las principales claves del caso.

1. ¿CUÁNDO EMPEZÓ LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL?

El 25 de mayo de 2011, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) aceptó la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el entonces juez instructor de la Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. El tribunal valenciano asumió así la investigación a la cúpula del PP valenciano por sus relaciones con la trama de Correa. Por la diversidad, opacidad y cantidad de vasos comunicantes, la causa se dividió en seis piezas bajo la dirección del magistrado José Ceres, quien en diciembre de 2012 finalizó la instrucción del caso Fitur. En agosto de 2009, Ceres votó a favor de archivar la causa del caso de los trajes. En aquel tiempo, Ceres estaba considerado la mano de derecha del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, a quien Camps consideraba “más que amigo”. La jubilación de De la Rúa y la llegada a la presidencia de Pilar de la Oliva, de un perfil discreto y mucho menos político, permitió aislar al tribunal de cualquier tipo de presión externa.

2. ¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

La principal acusada es Milagrosa Martínez, expresidenta de les Corts y exconsejera de Turismo entre 2004 y 2007. Le sigue su sucesora en Turismo entre 2007 y 2009, Angélica Such. También está procesado Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de Martínez y condenado por el caso de los trajes, ya que junto al que fuera vicepresidente del Consell, Víctor Campos, se declaró culpable de soborno en julio de 2011 para evitar sentarse en el banquillo. A la cúpula de la consejería le siguen los principales cargos de la Agencia Valenciana de Turismo: Isaac Vidal (exjefe de Mercado y Comunicación), Jorge Guarro (exjefe de Servicio de Promoción), Ana María Grau (excoordinadora de ferias) y Juan Bover (exjefe de Servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat). Asimismo también están acusados los principales líderes de la Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. E Isabel Jordán (exadministradora de las empresas de la red), Mónica Magariños (exempleada de la Gürtel) y Cándido Herrero (exconsejero delegado de Orange Market).

3. ¿DE QUÉ SE LES ACUSA?

De prevaricación, malversación, tráfico de influencias y soborno. Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, entre el 2005 y el 2009, la consejería de Turismo asignó a dedo a Orange Market y otras empresas satélites el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Esto suma un monto global de 5 millones. En el caso concreto de 2005, la Policía y la Intervención General del Estado (IGE) señalan que el contrato público de adjudicación fue redactado por la propia Gürtel y la consejería lo adaptó a continuación, incluso con erratas. En este contrato se rebajó el peso económico de las propuestas, del 50% al 15%, y se sobrevaloraron cuestiones subjetivas como “la creatividad”. De no ser así, según la IGE, “Orange Market no solo no habría podido ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica”.

Además, la trama también pactó otros contratos con Turismo como un almuerzo en 2005 en Ifema que costó 149.000 euros, o el montaje en otras cuatro ferias: TCV Valencia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid. Por último, Orange Market también fue adjudicataria en Exporural y con las conserjerías de Territorio e Infraestructuras para Fitur 2005.

4. ¿QUÉ PENAS PIDE LA FISCALÍA?

A Milagrosa Martínez le pide 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación. A Angélica Such, 9 años de inhabilitación especial. A Rafael Betoret e Isaac Vidal, 11 años de prisión. A Jorge Guarro y Ana María Grau, 7 años de cárcel. Respecto a la cúpula de la Gürtel, la Fiscalía solicita 10 años de prisión para Francisco Correa y 11 años y medio para Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

5. ¿QUIÉN LES JUZGA?

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, presidida por Pilar de la Oliva. El ponente será Juan Climent, quien juzgó a Camps en el caso de los trajes. Y el tercer magistrado será Antonio Ferrer, promotor de la condena a Rafael Blasco.

El juicio debió iniciarse hace justo un año, pero la renuncia de Milagrosa Martínez a su escaño en les Corts el 21 de marzo de 2014 dejó la causa sin aforados y el TSJCV planteó trasladarla a la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción consideró “fraude de ley” la actuación de Martínez y presentó el 22 de abril un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal decidió a favor de Anticorrupción el 2 de diciembre y señaló que, en adelante, la competencia de un tribunal quedara determinada por el auto de apertura del juicio oral.

6. ¿QUÉ OTRAS PIEZAS DE LA GÜRTEL SE INVESTIGAN EN VALENCIA?

La de Fitur (pieza 3) será la primera en juzgarse, pero existen cinco más con un total de 38 exaltos cargos de la administración valenciana afectados entre imputados, procesados y condenados.

Las piezas 1, 2 y 6 se refieren a las presunta financiación ilegal del PP valenciano y sendos delitos electorales en los comicios de 2007 y 2008. Cinco políticos y 10 constructores están acusados de financiar irregularmente PP con al menos 2 millones.

Por otro lado, la pieza 5 juzgará la constelación de adjudicaciones ilícitas a la trama desde las consejerías de Presidencia, Sanidad, Bienestar Social y Cultura y Deporte cuando Francisco Camps presidía la Generalitat.

Finalmente, la pieza 4 se refiere a la sonorización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, que Radio Televisión Valenciana adjudicó a la red corrupta por 7,4 millones. La Unidad de Delitos Fiscales (Udef) considera como elemento nuclear de aquella operación a Juan Cotino, expresidente de les Corts, mano derecha de Camps y último imputado en la Gürtel.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/30/la_rama_gurtel_valenciana_juicio_30568_1012.html

 EL TSJCV ENVÍA A LA AUDIENCIA NACIONAL LA ÚLTIMA PIEZA QUE INSTRUÍA SOBRE LA VISITA DEL PAPA

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la última pieza del procedimiento que todavía instruía, la número 4, relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por la visita del Papa en 2006 a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias (EMF), en la que está imputado el expresidente de las Cortes Juan Cotino

El magistrado instructor de la pieza 4 planteó a la Sala el pasado 13 de enero continuación o no de la competencia para seguir con la investigación después de que dejaran de haber aforados en esta pieza --tras dejar Cotino la presidencia de las Corts-- y en todo el procedimiento.

Ante esta cuestión de competencia, algunos de los imputados estimaron que la pieza debía seguir instruyéndose en el TSJCV al entender que se trata de un único procedimiento y pese al desaforamiento sobrevenido. Estos argumentos también han sido recogidos por Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Por contra, otros imputados consideraban que el tribunal valenciano había perdido la competencia para seguir con la causa.

El tribunal, tras estudiar todos los recursos, se ha declarado no competente para seguir con esta pieza y la ha remitido a la Audiencia Nacional. Estima pérdida sobrevenida de competencia por pérdida de aforamiento de todos los imputados en la totalidad de las piezas de este procedimiento.

Además, considera que en esta instrucción es "patente" que no se ha producido el auto de apertura de juicio oral, y que por tanto no concurre el aforamiento determinante de la competencia ni el presupuesto procesal acordado por el Tribunal Supremo.

Así, remite la pieza a Madrid puesto que es en el Juzgado Central de Instrucción número 5 donde originariamente se siguieron y actualmente se siguen las actuaciones del caso Gürtel, de las que una parte fueron remitidos al TSJCV al haber valencianos aforados implicados.

Ahora, tras remitir también a Madrid la pieza 4, tan solo se quedará en el tribunal    valenciano la número 3, que comenzará a juzgarse a finales de este mes. Esta pieza se queda en Valencia pese a no tener aforados porque en el momento en que renunciaron las diputadas acusadas a sus actas ya se había ordenado la apertura de juicio oral, se refiere a las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel para la feria Fitur.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-tsjcv-envia-audiencia-nacional-ultima-pieza-instruia-visita-papa-20150317140357.html

FISCALÍA RECURRE EL ENVÍO A LA AUDIENCIA DE LA RAMA VALENCIANA DE GÜRTEL

Anticorrupción considera que las seis piezas de Valencia forman un solo caso

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de enviar a Madrid la rama valenciana del caso Gürtel. Los magistrados del TSJ consideraron que ya no eran competentes para proseguir la investigación al no quedar aforados en ninguna de las piezas separadas que componen la vertiente valenciana del caso, después de que en enero dimitieran los últimos diputados imputados. Además del ministerio público, ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo Vicente Farnós, exresponsable de Castelló Cultural, que se enfrenta a una petición de cuatro años y siete meses de cárcel por parte de la Fiscalía.

El ministerio público defiende que todas las piezas de la rama valenciana de Gürtel forman un único procedimiento que debe ser juzgado por un mismo órgano judicial. Y puesto que una de las piezas, la de las adjudicaciones presuntamente amañadas de la feria Fitur, se empezará a juzgar el 31 de marzo en el TSJ, entiende que las otras otras cinco deben permanecer también en este tribunal. Anticorrupción ya presentó un recurso similar el año pasado que fue atendido.

Hasta que el alto tribunal se pronuncie, el procedimiento permanece prácticamente detenido. El TSJ rechazó ayer en ese sentido, mediante un auto, el sobreseimiento solicitado por dos implicados en la pieza separada sobre la visita del Papa. La petición había sido formulado por el exresponsable de Ràdio Televisió Valenciana Víctor Llanes y el técnico Luis Sabater, a quien la Policía exculpó en uno de sus últimos informes.

El juez José Ceres desestima las solicitudes indicando que se producen cuando el procedimiento “se encuentra pendiente de pronunciamiento de la Sala sobre la continuación de la competencia para la investigación de los hechos, y además, existen peticiones previas de práctica de diligencias cuyo pronunciamiento se ha aplazado por dicha circunstancia”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/16/valencia/1426532489_763087.html

EL TSJ EMBARGA 636.000 EUROS A LA EXPRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS

El tribunal valenciano se ha declarado de esta manera no competente para seguir con la instrucción de esta pieza, tal y como hizo con las piezas 1, 2 y 6 del caso, relativas a presunta financiación irregular del PPCV; y con la pieza 5, que investigaba contrataciones entre el Consell y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', y otras sociedades del Grupo Correa.

La fiscalía pide 11 años de cárcel a la expresidenta de las Cortes Valencianas por los contratos de Turismo con la trama Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha notificado los decretos de embargo a 11 de los 13 acusados en la pieza del caso Gürtel sobre las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) a la trama relacionadas con la Feria de Turismo (Fitur) entre 2005 y 2009. La entonces consejera de Turismo de la Generalitat valenciana, Milagrosa Martínez, para la que la Fiscalía ha solicitado una pena de 11 años de cárcel, tendrá que hacer frente a un embargo de 636.000 euros para asegurar su responsabilidad civil en la pieza.

Como Martínez, que fue presidenta de las Cortes Valencianas y en la actualidad está suspendida de militancia por su partido, el PP, otros antiguos cargos de la AVT han recibido la notificación del TSJ. A Rafael Betoret, que fue su jefe de gabinete y resultó condenado en el caso de los trajes de Francisco Camps, le será embargada una cantidad mayor: 645.000 euros. Al exjefe de Mercados y comunicación de la AVT, Isaac Vidal, 540.000; al exjefe de servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro, 230.000, y a la excoordinadora de ferias de AVT, Ana María Grau, 137.000.

Asimismo, el TSJ ha acordado embargos para los responsables de la trama Gürtel. Sus presuntos cabecillas, Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, tendrán que responder con 651.500 euros respectivamente. Otros miembros de sus firmas, como la exadministradora de las empresas de la trama, Felisa Jordán, la exempleada Mónica Magariños, y el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, tendrán que afrontar embargos de 440.000, 330.000 y 336.500 euros.

La relación de bienes que deben ser embargados no ha sido señalada por los acusados, que no han respondido a la petición de la sala sobre los bines de que disponen. El juicio sobre las adjudicaciones de Fitur empezará el 31 de marzo, concluirá en octubre y se solapará con la campaña de las elecciones autonómicas y locales previstas para mayo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/17/valencia/1426617502_544344.html

UN EXCONSEJERO DE FRANCISCO CAMPS PRESIDIRÁ LA AUDIENCIA DE VALENCIA

Fernando de Rosa dirigirá el órgano que va a juzgar los grandes casos de corrupción de la Comunidad

Un exconsejero de la Generalitat valenciana con Francisco Camps será el nuevo presidente de la Audiencia de valencia, que en los próximos meses tendrá que juzgar varios casos de corrupción en los que están imputados personas que ocuparon cargos públicos y del PP en aquella época. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido este jueves al magistrado Fernando de Rosa como nuevo presidente del órgano provincial, con 16 votos a favor de los 21 miembros del pleno, en el que varios vocales han manifestado su disconformidad con la elección de una persona próxima muy próxima al expresidente de la Generalitat precisamente cuando la Audiencia debe juzgar los casos de corrupción de aquella etapa, entre ellos los casos Terra Mítica y Gürtel.

Además de consejero de Administraciones Públicas y Justicia, De Rosa fue la persona que afilió a Camps a Alianza Popular en los años ochenta. Competía con otros seis aspirantes para presidir la Audiencia, aunque la lista sobre la que hoy ha decidido el Poder Judicial se había reducido a cinco candidatos. El consejo, del que De Rosa fue vicepresidente entre 2008 y 2013, argumenta que los méritos del ganador lo convertían en el mejor candidato.

De Rosa, que sustituirá a la magistrada y actual vocal del Poder Judicial Carmen Llombart, ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha sido titular de juzgados de instrucción de Velencia y Castellón. Entre 1998 y 2003 estuvo al frente del Juzgado Decano Exclusivo Único de Valencia y entre 1996 y 2003 fue miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En 2003 pasó en 2003 a la situación administrativa de servicios especiales al ser nombrado Secretario Autonómico de Justicia e Interior de la Consellería de Justicia de la Generalitat valenciana y, cuatro años después, fue designado conseller de Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno autonómico. En 2008 fue elegido vocal y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, cuya presidencia en funciones ocupó entre el 29 de junio y el 21 de julio de 2012. De vuelta al servicio activo, se incorporó como magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, en cuya Sección Primera está destinado actualmente.

En el mismo pleno, el Poder Judicial ha nombrado a Diego Gómez-Reino, como nuevo presidente de la Audiencia de Palma de Mallorca. Goméz-Reino preside actualmente la sección segunda de la Audiencia, que como responsable de tramitar los recursos sobre la instrucción del caso Nóos, respaldó el criterio del juez José Castro para imputar y sentar en el banquillo a la infanta Cristina.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/26/actualidad/1427381081_405532.html

EL JUEZ RUZ IMPUTA EN GÜRTEL A UNA FUNCIONARIA DE BOADILLA POR BLANQUEO

La trabajadora, del círculo del exalcalde González Panero, declarará en abril en la Audiencia Nacional

El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales a Virgilio R. M., vicepresidente del EFG Bank, y a Alicia V. L., funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y del círculo del exalcalde Arturo González Panero (PP), en el cargo entre 1999 y 2009 e imputado en la trama corrupta de Gürtel por blanqueo, cohecho y prevaricación a raíz de adjudicaciones supuestamente irregulares a empresas del entramado organizado por Francisco Correa. También está citada en la Audiencia Nacional, en una vista prevista para el 15 de abril, Miriam C. G., a raíz de las denuncias presentadas esta legislatura por el Ayuntamiento de la localidad de 48.000 habitantes.

El alcalde de Boadilla desde 2011, Antonio González Terol, también del Partido Popular, personó en septiembre de 2013 en la Audiencia Nacional al Consistorio —uno de los epicentros de la trama Gürtel— como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas” durante el mandato de González Panero, conocido como El Albondiguilla.

El Ayuntamiento acusa a Panero y su exmujer, Elena Villarroya, de haber comprado de forma ilegal una vivienda a la funcionaria Alicia V. por más de 500.000 euros. Ruz, que imputó a Villarroya por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, considera que habría ayudado a ocultar mordidas de Gürtel a Panero. Su expareja aparece como beneficiaria en dos cuentas que Longridge International, entidad de Panamá, mantenía desde 2005 en el banco HSBC de Suiza y el EFG Bank.

Boadilla presentó el pasado septiembre una denuncia contra Panero y Alicia V. al entender que la adjudicación del inmueble fue irregular, ya que esta accedió a una vivienda de promoción local pese a que ya era propietaria de un inmueble. La legislación prohíbe que alguien pueda acceder a un piso de protección si ya tiene otra residencia en propiedad. La funcionaria local —entró en el Ayuntamiento en 1998, siendo Panero concejal de Personal— está de baja desde el pasado verano, según fuentes municipales.

La Agencia Tributaria (AEAT) investiga a las empresas Solarus International y Solarus Ibérica, SL. La primera se constituyó en 2003 y es la titular del 100% de las participaciones de la segunda. La AEAT apunta que los activos de esta firma proceden de una cuenta a nombre de Tuetex Corporation, que a su vez recibía dinero de Longridge, una cuenta instrumental de la que se ha certificado que Elena Villarroya era su beneficiaria final. Solarus Ibérica compró a Alicia V. un piso y una plaza de garaje en junio de 2007 en el número 7 de la calle de Ana de Austria, por 505.000 euros. Ruz imputa a la funcionaria por la venta del inmueble a la sociedad, “a sabiendas de que pertenecía” a Panero “y de que sus fondos tenían una procedencia indiciariamente ilícita”, según recoge el escrito, del 23 de marzo, en el que pide su comparecencia, que el Ayuntamiento había solicitado una semana antes.

La citación de Miriam C. se debe a que era la titular en 2012 de un teléfono desde el que “se habría confirmado” la salida de fondos de una cuenta de Panero “abierta en Suiza” cuyo fin sería “ocultar el verdadero origen y titularidad de dichas rentas e impedir su incautación judicial”.

La imputación de Virginio R., vicepresidente del EFG Bank en el periodo investigado, se debe a que realizó “distintas operaciones con fondos” aparentemente ilícitos de Panero. Su objetivo sería “ocultar” el origen del dinero y que el exalcalde de Boadilla era el titular. El escrito de Ruz pone como ejemplo que en 2012 se habrían retirado más de 700.000 euros de una cuenta a nombre de Longridge International, “bajo la apariencia de unas supuestas transacciones con entidades chinas”, según un informe de este mes del Ministerio Fiscal.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitió en agosto a Ruz un informe sobre los depósitos y propiedades que Panero y su exmujer tuvieron repartidos por China, Estados Unidos, Portugal o Suiza. El matrimonio dispuso de más de 900.000 euros en distintos fondos entre 2007 y 2008 que transferían a cuentas holandesas a nombre de Tuetex Corporation y Solarus International.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/27/madrid/1427496353_207149.html

Rogelio Menéndez, hermano además del director de la Agencia Tributaria, figura en las propiedades del documento como su autor

Periodistas de dos diarios, La Vanguardia y La Razón, publicaban justo pasada la medianoche de este martes, información sobre la muy esperada respuesta de Hacienda al juez Ruz. El magistrado de la Audiencia Nacional había requerido por segunda vez el cálculo del dinero que el PP podría haber defraudado por las donaciones ilegales recibidas en el año 2008, y que la Agencia Tributaria se negaba a realizar porque, contra el criterio del juez, consideraba que no existía delito.

El ‘argumentario’ que quizás era un documento interno
El asunto, del que les venimos informando en ELPLURAL.COM desde su inicio, había llevado incluso al PSOE a anunciar dos peticiones de reprobación parlamentaria, una contra el ministro de Hacienda, y otra contra la vicepresidenta del Gobierno. Por fin, forzados por la insistencia del juez, y aunque reticentes y a regañadientes, Hacienda ha hecho el cálculo: el PP habría defraudado, dice Hacienda, 220.167 euros si es que el juez tuviera razón en su estimación de que Génova cometió delito, y con la que Hacienda sigue sin estar de acuerdo.

Pero lo que llegó a estos dos periodistas, según se puede deducir, fue un documento, una especie de argumentario, que posteriormente a lo largo de la mañana de este martes ha ido llegando a otros medios. Nuestro periódico se puso en contacto a media mañana con el gabinete de prensa de la Agencia Tributaria que nos negaba la existencia de este argumentario que, “quizás –nos decían- fuera tan sólo una información interna de la propia Agencia Tributaria”, un documento que alguien hubiera acabado por filtrar a los medios.

ELPLURAL.COM ha tenido ocasión de hacerse con ese ‘argumentario’, a pesar de ello. En ese escrito (que se puede leer aquí en su totalidad) se dan las razones de Hacienda no sólo para realizar a regañadientes el cálculo que ha pedido el juez Ruz (y por el que se deja claro que el PP habría cometido un delito fiscal al superar los 120.000 euros límite para que el fraude pueda calificarse de delito) sino también, como hemos informado anteriormente, un cálculo alternativo conforme a la opinión de la Agencia Tributaria y por la que el PP no habría cometido delito.

El PSOE habla del asesor del ministro, como posible autor
Esta tarde Antonio Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha declarado en un acto en Albacete que “el argumentario con el que la Agencia Tributaria dice que el informe del delito fiscal no dice lo que dice, lo ha escrito un asesor del ministro de Hacienda, Rogelio Menéndez Menéndez, que es el hermano del director de la Agencia Tributaria”.

Propiedades 'argumentario' Hacienda

En ELPLURAL.COM, como se puede ver en la reproducción que acompaña a esta información, hemos podido comprobar que, en efecto, las propiedades del documento muestran que su autor es Rogelio Menéndez Menéndez, que lo realizó “ayer”, es decir el lunes 16, entre las 19:10, cuando creó el documento, y las 20:19, cuando hizo la última modificación. Como se puede ver, lo realizó en un ordenador de ‘la compañía’ MEH, o lo que es lo mismo, el Ministerio de Economía y Hacienda, como se llamaba anteriormente el ministerio que ahora dirige Cristóbal Montoro.

Rogelio Menéndez Menéndez es asesor del ministro, y hermano del actual director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, Menéndez. Las consecuencias de realizar un argumentario y filtrarlo a un medio de comunicación, teniendo en cuenta que se trata de un informe pedido por un juez y en una investigación bajo secreto de sumario están por determinar.

http://www.elplural.com/2015/03/17/un-asesor-de-montoro-aparece-como-autor-del-argumentario-de-hacienda-filtrado-a-la-prensa-sobre-el-posible-fraude-fiscal-del-pp/

Hacienda apunta un delito fiscal del PP con el criterio que le impone Ruz

La Agencia Tributaria insiste en que las donaciones ilegales están exentas

El fraude suma 220.167 euros, según el cálculo hecho por orden del juez

Ruz abre juicio oral contra la trama de corrupción vinculada al PP

La Agencia Tributaria y Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, libran una batalla mayúscula a cuenta de la posible imputación del representante legal del Partido Popular por un delito fiscal consistente en el impago de impuestos por la presunta financiación ilegal de este partido.

El último capítulo de la discordia lo firmó ayer la Agencia Tributaria al enviar “por imperativo legal” un informe sobre el posible fraude fiscal del PP. El cálculo de la Agencia Tributaria, hecho siguiendo los criterios fijados por el juez, arroja una cuota impagada de 220.167 euros en 2008, muy por encima del límite para el delito fiscal. El impago corresponde al Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales de ese año (1.055.000 euros, según los papeles de Bárcenas, el extesorero del PP), el único año que no está prescrito para la investigación.


El Ministerio de Hacienda difundió ayer un comunicado a modo de argumentario, basado en parte en el informe fiscal y con varias conclusiones de cosecha propia. Hacienda comparaba en ese escrito el impago de impuestos del PP por sus donaciones ilegales con el que pudieran hacer Cáritas o Cruz Roja en caso de recibir “dinero negro” dedicado a “dar de comer a niños”. Ese documento del ministerio circuló entre los periodistas incluso antes de que el juez Ruz tuviera en su despacho la respuesta oficial de la Agencia Tributaria.

La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, dice que el texto se realiza “para evitar posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento” de la orden de Ruz y sostiene que su criterio es “absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial”. Ese criterio de la Agencia Tributaria consiste en que las donaciones ilegales están exentas de tributación, sean legales o no, siempre que se apliquen a pagar actividades propias de los partidos políticos, cosa que hizo el PP, según Hacienda. García-Valdecasas considera que el cálculo que se ha hecho para determinar el supuesto fraude fiscal del PP “resulta irreal y contrario al principio de verdad material, y contrario al criterio sostenido de forma repetida por la Agencia Tributaria”.

Aunque las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas en 2008 sumaban 1.055.000 euros, el perito de la Agencia Tributaria sólo hace su cálculo sobre 888.000 euros, que es la cantidad que el PP dedicó a las obras de reforma de su sede, en la calle de Génova, 13, y que pagó supuestamente con fondos opacos de su caja b. Aplicando el 25% del impuesto de sociedades a esa cantidad y sin incorporar ningún gasto deducible, la cuota a pagar —220.167 euros— está muy por encima del delito fiscal —más de 120.000 euros—.

El juez Pablo Ruz, la Fiscalía Anticorrupción y tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional sostienen que las donaciones ilegales son un ingreso extraordinario del PP al no cumplir lo establecido en la Ley de Financiación de Partidos. Por esa razón entienden que el PP debería haber pagado el Impuesto de Sociedades correspondiente. Ruz, que dejará el juzgado a mediados de abril, sólo esperaba el cálculo de la Agencia Tributaria para atribuir una responsabilidad penal a quien era representante legal del PP en ese ejercicio de 2008, el entonces tesorero Luis Bárcenas. La ley vigente cuando ocurrieron los hechos no recogía la posibilidad de atribuir la responsabilidad penal a los partidos políticos.

El perito encargado de redactar el informe se ha permitido la licencia de elaborar otro cálculo —al margen del criterio fijado por el juez Pablo Ruz— para determinar la cuota defraudada del PP. Para hacer ese segundo cálculo, el trabajador de la Agencia Tributaria tiene en cuenta los ingresos totales del PP en 2008 (83 millones de euros, incluyendo las donaciones ilegales) y los gastos totales de ese ejercicio (72 millones de euros).

Como las donaciones ilegales suponen un 1,08% de los ingresos totales del PP en 2008, el agente de la Agencia Tributaria aplica ese porcentaje a los gastos totales, lo que le da una cifra de 778.148 euros, que serían deducibles en el Impuesto de Sociedades en la parte correspondiente a las donaciones ilegales.

Si el PP ingresó por esa vía 888.000 euros y se podría deducir 778.148 euros, debería abonar un 25% por la cantidad restante, lo que daría una cuota íntegra a pagar de 25.630 euros, muy por debajo del delito fiscal.

Simulación ordenada por el juez

Para calcular el supuesto fraude fiscal del PP por no pagar Impuesto de Sociedades en 2008, cuando recibió 1.055.000 euros en donativos ilegales, el autor del informe de la Agencia Tributaria se fija tan sólo en “la parte de la cantidad global dedicada al pago de las obras de reforma de su sede (888.000 euros)”. Y aunque ese año, según los papeles de Bárcenas, el PP pagó 1,6 millones de euros de su caja b, no se contemplan como gastos deducibles porque no fueron declarados al Tribunal de Cuentas. Con esas dos premisas y añadiendo una pequeña cantidad de plusvalías por fondos de inversión (9.429 euros) la cantidad a pagar, según el criterio fijado por el juez, sería 220.167 euros.

Esta segunda simulación, aclara el firmante del informe, no es la que encargó el juez, pero la aporta al juzgado “para consideración del juez y de las partes presentes en el procedimiento”.

El mismo agente de la Agencia Tributaria firma otro informe donde intenta delimitar la responsabilidad penal y fiscal del PP en el pago de las obras de reforma de su sede con dinero de la caja b. Mientras que el arquitecto que dirigió esos trabajos, Gonzalo Urquijo, está imputado por varios delitos fiscales —impago de IVA y del Impuesto de Sociedades—, el PP se mantiene al margen de ese procedimiento. El agente de la Agencia Tributaria concluye que “en el caso de que se determinara que el PP hubiera sido el causante o hubiera colaborado activamente en la realización de la infracción tributaria [del arquitecto] podría aplicársele el supuesto de responsabilidad solidaria sobre lo defraudado”.

El PSOE, que había amenazado con reprobar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si la Agencia Tributaria se negaba a hacer el informe reclamado por Ruz, consideró ayer una “desvergüenza” la parte del documento que insiste en mantener que los partidos no tributan por las donaciones ilegales y denunció el argumentario difundido por Hacienda para justificar que los ingresos opacos de los partidos no tributen. Ese documento, según el PSOE, lo elaboró un asesor del ministro Montoro que es hermano del director de la Agencia Tributaria.

Simulación alternativa

El firmante del informe de la Agencia Tributaria interpreta la legislación tributaria vigente para hacer una simulación alternativa a la que le pidió el juez. Para calcular el fraude por impago del Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales, hace un retrato global de las cuentas del PP. Si el PP, viene a decir, ingresó 83 millones en 2008 por todos los conceptos, las donaciones ilegales supondrían un 1,08% del total. El PP gastó ese año 72 millones. Si fueran deducibles, la aplicación del 1,08% a esa cantidad daría 778.148 euros. Si se aplicase esa deducción a lo ingresado por donaciones ilegales, el resultado a pagar sería 25.630 euros, por debajo del límite fijado para el delito fiscal.

“El PP es el primer partido que comete fraude fiscal”, señaló el portavoz socialista Antonio Hernando. “¿Con qué cara va a decirle el ministro Montoro a los españoles en la campaña de la renta que cumplan con sus obligaciones cuando el partido del Gobierno es el primero que defrauda?”.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, replicó que el informe de la Agencia Tributaria ratificaba que no hay delito fiscal y acusó de “lenguaraz” al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando dudó de la profesionalidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/17/actualidad/1426587129_809977.html

EL PSOE REPRUEBA A MONTORO POR NO COLABORAR CON EL JUEZ RUZ EN EL 'CASO BÁRCENAS'

El PSOE ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso para que el Parlamento repruebe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por no colaborar con el juez Pablo Ruz en la instrucción del caso Gürtel, una censura que harán extensiva a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría si finalmente la Agencia Tributaria no otorga el informe que reclama el instructor sobre las donaciones ilegales que supuestamente recibió el PP en 2008, el último ejercicio que no ha prescrito.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, se trata de una proposición no de ley que podría votarse en el próximo Pleno del Congreso, previsto para la semana siguiente de las elecciones del 22 de marzo,

La iniciativa llama al Congreso a reprobar al ministro de Hacienda por "obstaculizar" la investigación judicial y no atender el requerimiento del juez en lo relativo a la tributación que debían haber tenido las donaciones que el PP recibió en 2008 y que constan en los llamados 'papeles' de Bárcenas.

Tras una primera negativa, el instructor del caso Gürtel ha dado a Hacienda un segundo plazo hasta el próximo lunes para presentar ese informe. Si no llegara, el PSOE ampliaría la reprobación a la vicepresidenta del Gobierno como superior jerárquica de Montoro en su calidad de coordinadora de los ministerios.

"No se va escapar señor Rajoy"

Además, Hernando ha anunciado que, hasta el final de la legislatura, el PSOE va estar pidiendo todas las semanas en el Junta de Portavoces que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, comparezca en el Pleno del Congreso para dar explicaciones por el caso Gürtel, habida cuenta de que en el auto de juicio oral se sienta en el banquillo a tres de sus tesoreros y al propio partido como partícipe del delito a título lucrativo.

"No vamos a parar, señor Rajoy -ha dicho en rueda de prensa-. Aunque se haya mostrado en rebeldía reiteradamente, no se va a escapar del control de la Cámara en relación con la trama y la financiación irregular del PP".

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6547919/03/15/El-PSOE-llama-a-reprobar-a-Montoro-por-no-colaborar-con-el-juez-y-hara-extensiva-su-censura-a-la-vicepresidenta.html#Kku8QnGrL2T432NV

JOSÉ DE LA MATA : LA TENACIDAD DEL JUEZ MARATONIANO

De la Mata asumirá el juzgado de Ruz y los casos de corrupción que marcan la agenda

Dicen sus amigos de Cádiz que es "un fatiguitas". Que cuando se mete en algo se mete hasta el final, en cuerpo y alma, y que su carácter inquieto le lleva a ilusionarse con probar nuevas aficiones, acumular especialidades y también nuevos destinos en su carrera como juez. José de la Mata nació en Cádiz hace 54 años y en los próximos días asumirá el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, el epicentro de la actualidad desde hace 25 años, desde que lo ocupó Baltasar Garzón, hasta que lo ha dejado Pablo Ruz, con Fernando Grande-Marlaska por medio. Desoyó a quienes en su entorno más próximo le aconsejaban no meterse en ese lío e irá al despacho que marca la agenda política y la vida de los partidos con la instrucción de casos tan notorios como Gürtel, Bárcenas, Pujol y Neymar, entre otros. En ese afán por acumular experiencias, De la Mata ha pasado ya por casi todos los estamentos por los que puede pasar un juez: el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cádiz, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, la Audiencia Provincial de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial como letrado, el Tribunal Constitucional como letrado y el Ministerio de Justicia como director general.

Por este último destino le ha caído la etiqueta de próximo al PSOE. Incluso, se habla de que le llegará una recusación desde el PP en el caso Gürtel, a pesar de que lo que se le achacaría es lo mismo que se le puede atribuir a Carlos Lesmes. El presidente del Tribunal Supremo fue director general con el Gobierno de José María Aznar y De la Mata lo fue de modernización de la Justicia, con un perfil mucho más técnico, en la etapa del ministro socialista Francisco Caamaño entre 2009 y 2011. O a Eloy Velasco, juez central número 6 e instructor de la operación Púnica, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana del PP.

De la Mata es progresista, pero no es próximo a ningún partido; es calificado de muy profesional por quienes le conocen, y por no pertenecer a nada no pertenece a ninguna asociación de jueces. Tan profesional y poco partidista es que hace años fue rescatado de la actividad jurisdiccional por el entonces magistrado del Tribunal Constitucional Carlos García Calvo, reconocido ultraderechista, para que trabajara con él como letrado personal en esa institución. Y con tan poca proximidad al aparato del PSOE que se presentó en 2013 a la última renovación del Poder Judicial y su candidatura no fue ni estimada por los socialistas en la negociación con el PP.

Antes trabajó como letrado del Poder Judicial a las órdenes de Luis López Guerra, de cuya escuela de derecho se le considera miembro y era próximo a la exvicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega. En el Consejo se le encomendó la puesta en marcha de una oficina de cooperación internacional y con su estilo de ir hasta el final se convirtió en experto en esa materia.

Como luego lo fue en modernización de la Justicia, oficina judicial y nuevas tecnologías cuando Francisco Caamaño, también próximo a De la Vega, le llevó al Ministerio de Justicia, por recomendación de su amigo Juan Carlos Campo, entonces secretario de Estado de Justicia. Hizo un trabajo muy técnico, recorriendo casi todos los juzgados de las cinco provincias en las que se puso en marcha la oficina judicial. Manejó un alto presupuesto, en los momentos en los que no había límites de gasto público, pero con un resultado que no cumplió las expectativas.

Tanto se metió en la especialidad que se hizo un adicto de redes sociales y tuiteaba compulsivamente sobre la oficina judicial con la tenacidad que aplica a cada cosa que hace en su profesión y en su vida personal. En esa trayectoria quizás lo que menos ha hecho es instruir sumarios, justo lo que tendrá que hacer ahora, aunque se aplica la teoría de los que creen que la labor de instrucción debe estar hacia el final de la carrera de un juez y no al principio. La trayectoria de Ruz, más joven, es la contraria: está en el inicio de su carrera y asumió este difícil juzgado con menos experiencia.

Cuenta para ello con ese carácter minucioso, su capacidad de trabajo y su empeño obsesivo por lo que hace. Por ejemplo, en su último destino en la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid se encontró un retraso notable y ha dejado la oficina casi limpia de causas pendientes.

Ese mismo carácter lo ha tenido en su vida personal. En sus aficiones porque fue notable jugador de voleibol en su juventud; practicó luego con dedicación squash con sus amigos y, con el paso de los años, empezó a correr y ahora es un maratoniano disciplinado que practica cada día sin excusa y cuida su alimentación con la misma minuciosidad de un competidor olímpico. Descubrió la ópera recientemente y es un especialista en este género. Y como no sabe hacer nada a medias es un lector empedernido.

Se metió a estudiar Derecho y económicas y, gracias a ese empeño obsesivo por lo que hace, sacó las dos carreras con brillantez.

Está casado con la fiscal adscrita al fiscal de sala de criminalidad informática y tienen cuatro hijos.

Mantiene la tradición de salir cada Viernes Santo de procesión en una pequeña cofradía que fundó su padre en Cádiz.

Tan "fatiguitas" y obsesivo ha sido siempre que se cuenta que en la oposición tuvo menor puntuación porque en la exposición iba tan deprisa que casi era imposible seguirle y en algún momento casi se atropellaba.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/15/actualidad/1426438081_286028.html

RAJOY RESPONDE CON LOS ERE DE ANDALUCÍA A LA PREGUNTA DE GÜRTEL

Pedro Sánchez le pregunta si ha pagado la fianza impuesta por el juez Ruz

El Gobierno impide que Rajoy responda sobre el ‘caso Gürtel’

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha utilizado los ERE fraudulentos de Andalucía para hacer frente a las referencias al caso Gürtel en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la primera tras el agrio enfrentamiento en el debate sobre el estado de la nación. De esa forma, el jefe del Ejecutivo eludió responder sobre el caso.

El líder socialista, Pedro Sánchez, no pudo cambiar su pregunta para interpelar sobre el escándalo porque el PP impidió la modificación del orden del día. El socialista mantuvo la pregunta sobre las riadas del Ebro, pero se las apañó para incluir al final una referencia a Gürtel a colación de lo que considera pérdida de credibilidad de Rajoy.

Le acusó de callar cuando "el ministro de Justicia amedrenta al juez instructor, cuando el de Hacienda no colabora y usa de forma partidista la agencia tributaria", en referencia a las palabras de Rafael Catalá sobre la posible recusación del nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y a la negativa de Hacienda a calcular el importe de lo defraudado por el PP.

Sánchez ha preguntado a continuación al presidente del Gobierno si "ha pagado la fianza de 245.000 euros" que impuso el juez Ruz al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel en el auto de apertura de juicio oral. Y le ha exigido que "asuma las responsabilidades".

Rajoy se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas ajenas al orden del día y ha contestado que no hablaría de "los 850 millones de los ERE de Andalucía, ni de los más de 250 imputados". Y ha terminado con una acusación al líder socialista: "No haga campañas a costa del sufrimiento de la gente".

Hasta el 24, después de las elecciones autonómicas andaluzas, Rajoy no volverá a contestar y, por tanto, no tendrá que hablar de Gürtel.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426060696_773710.html

EL GOBIERNO IMPIDE QUE RAJOY RESPONDA SOBRE EL ‘CASO GÜRTEL’

El Ejecutivo no permite que el PSOE cambie la pregunta para la sesión de control

El Ejecutivo ha impedido con su mayoría absoluta y con una fórmula insólita que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé cuenta en el Congreso del caso Gürtel, tras la apertura de juicio oral que incluye la responsabilidad como beneficiario del PP. No tendrá que responder hasta después de las elecciones andaluzas.

Para hacerlo, el Ejecutivo vetó el cambio de pregunta del líder de la oposición, Pedro Sánchez, para la sesión de control de este miércoles. Según el PSOE, no hay precedente alguno de este veto por parte de un secretario de Estado en la Junta de Portavoces.

El plazo para las preguntas termina la noche del jueves, pero es posible cambiarlas hasta el lunes por la mañana para que tengan más actualidad. El PSOE presentó el jueves una pregunta sobre el Ebro y el lunes la cambió antes de las 12.00 como se hace habitualmente para que tratara del caso Gürtel. La Mesa del Congreso la calificó y aceptó, pero el Gobierno la vetó en la Junta de Portavoces, en contra de todos los precedentes.

Rajoy responderá el miércoles a Sánchez sobre las inundaciones, no podrá formular la que presentó luego: “¿Cómo valora las últimas decisiones judiciales sobre apertura de juicio oral a implicados en la trama Gürtel?”. Si finalmente la formulara, el presidente del Gobierno solo tiene obligación de contestar la que figure en el orden del día.

Según el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el cambio era "oportunista", porque el auto del juez Pablo Ruz era del jueves y el PSOE tuvo tiempo de incluir ese asunto antes del viernes.

La oposición no podrá interpelar a Rajoy hasta el 24 de marzo

Sin embargo, los socialistas aseguran que no hay precedentes de que sea el Gobierno quien dictamine sobre los requisitos formales de una pregunta, porque eso corresponde a la Mesa y lo que ha hecho el Ejecutivo es suplantar la función de órgano que dirige la actividad de la Cámara.

Ayllón explicó que se pueden sustituir las preguntas si "hay un asunto de especial importancia y urgencia desconocido en el momento de la presentación ordinaria de las preguntas a la sesión de control. La noticia a la que se refiere la pregunta sustituida es un asunto que se conoció a media tarde del jueves y el PSOE tuvo tiempo de sobra para haber presentado la pregunta en su momento ordinario y el desconocimiento de la norma no impide su cumplimiento. Lo que tenía que hacer el PSOE es conocer bien las instrucciones y el Reglamento de la Cámara y los derechos". La próxima semana no hay pleno, por lo que la oposición no podrá interpelar a Rajoy hasta el 24 de marzo, pero ya será después de las elecciones autonómicas andaluzas.

Para el portavoz socialista, Antonio Hernando, la negativa del Gobierno no se debe a razones formales, sino que tiene motivos "estrictamente políticos", y es que Rajoy no quiere responder del "desastre" de la corrupción de su partido, "y todo lo demás son excusas de mal pagador”.

Además, como ya estaba previsto, el PP ha rechazado con su mayoría absoluta la petición de PSOE e IU para que el presidente del Gobierno comparezca en un pleno monográfico para hablar del caso Gürtel. Ya son más de 10 las veces que el Ejecutivo ha rechazado peticiones de este tipo.

El portavoz de IU, José Luis Centella, aseguró que “mucho presumir el Gobierno de que se combate la corrupción, pero al final se veta el debate parlamentario sobre un caso concreto”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/10/actualidad/1425988327_005925.html

RUZ EXIGE A HACIENDA QUE RESPONDA A SU PETICIÓN SOBRE EL FRAUDE DEL PP

El juez reitera a la ONIF que calcule la cuota tributaria que defraudó el partido por la caja b

Ruz imputará a Bárcenas como administrador del PP por delito fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no está dispuesto a que la jefa antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, siga incumpliendo sus requerimientos sobre el fraude fiscal derivado de las donaciones ilegales recibidas por el PP en 2008. El magistrado, tras consultar con la fiscalía, ha redactado un auto –resolución razonada- en el que exige a la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude (ONIF) que en el plazo máximo de cinco días calcule la cuota que supuestamente evadió la formación conservadora por los donativos opacos que excedían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Ruz considera “infundado”, “erróneo” e “improcedente” el criterio de García-Valdecasas por el que se negó a prestar el auxilio requerido por el juez de calcular la cuota. El magistrado cree que la inspectora jefa “parte de un deficiente entendimiento” de lo que es la labor de auxilio judicial de la ONIF y ha enviado a un funcionario judicial a su despacho para entregarle en mano la resolución.

El auto, de 11 páginas, no solo obliga a la ONIF, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a que se calculen las cuotas que el magistrado entiende defraudadas por los donativos irregulares de 2008, sino que da un paso más. El magistrado reclama a los inspectores de Hacienda que actúan en funciones de auxilio a su juzgado que calculen el IVA que el partido del Gobierno se ahorró al pagar en dinero negro 1,7 millones de euros parte de la obra de reforma de su sede central en la calle Génova 13 de Madrid entre 2005 y 2010.

El pasado 3 de marzo, García-Valdecasas envió un escrito al juez Ruz en el que se negaba a atender su providencia del 25 de febrero en el que le solicitaba que calculara la cuota que él entiende defraudada por los donativos irregulares de 2008. En folio y medio, García-Valdecasas recordaba a Ruz que el criterio de los técnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formación conservadora no están sujetos a tributación de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos. Por ello, le anunciaba que no iba a cumplir su orden y le retaba a que buscara otros expertos para calcular esa cuota.

La providencia del 25 de febrero de Ruz ocupaba apenas un folio. La respuesta de hoy abarca un total de 11. En ella, el magistrado recuerda los artículos legales que obligan a “todas las personas y entidades públicas y privadas” a colaborar con los jueces cuando estos lo requieran y, en especial, los que regulan el auxilio judicial de la Agencia Tributaria y los organismos especializados que dependen de ella. Tras repasar las leyes y la jurisprudencia, que determinan que la actuación de los peritos de Hacienda “debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales”, Ruz desarrolla por qué ve “infundado y contradictorio” el criterio de la inspectora jefa García-Valdecasas.

En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le decía a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda “no resulta provechoso o convincente (…) podrá prescindirse de él” y no tomarlo en consideración como base o fundamento para sus resoluciones. García-Valdecasas le sugería que si no está de acuerdo con los peritos de la Administración, que recurra “a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta”. “Lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informe a emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores”. Sobre esta base, García-Valdecasas le respondía a Ruz que la Agencia Tributaria “no está en disposición de cumplimentar el informe” que le requirió el 25 de febrero.

El magistrado considera que la decisión de la máxima responsable de la ONIF de negarle el cálculo de la cuota revela un “deficiente entendimiento” de la labor de los peritos judiciales que dependen de ella y “una errónea comprensión” de la función investigadora de los jueces. Si se diera por válida la negativa lanzada por García-Valdecasas “se estaría privando al instructor de la dirección de investigación”, expone Ruz. “Es solo desde ese erróneo e improcedente posicionamiento desde donde pueden sostenerse las afirmaciones que se contienen en el escrito, relativas a que el órgano judicial penal carece de competencias revisoras” de la labor de los peritos de la Agencia Tributaria.

Ruz asegura que el cálculo de la cuota tributaria de 2008 que él entiende defraudada es “útil, necesaria, idónea y posible” para la investigación de los papeles de Bárcenas, y recuerda que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha concluido que los donativos irregulares están sujetos a tributación y que “sólo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado”.

El juez asegura que el cálculo de la cuota tributaria de 2008 es “útil, necesaria, idónea y posible”

El juez reprocha a la ONIF que su criterio de que las donaciones irregulares están libres del Impuesto de sociedades, es “contradictorio” con lo expuesto en otros informes de la Agencia Tributaria en el caso Gürtel de corrupción en el PP. En febrero de 2013, los peritos dejaban en manos del juez instructor la decisión sobre levantar el velo sobre las sociedades del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. También recuerda que en marzo de 2014, los peritos accedieron a prorratear las cuotas fiscales defraudadas por Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias entre 2000 y 2011, que los propios peritos habían presentado de forma conjunta.

Ruz incorpora a su auto la orden a los peritos de la ONIF de que calculen, también en cinco días, el IVA que se ahorró el PP al pagar con cargo a su caja b las obras de reforma de Génova 13. La tributación del IVA corresponde a la empresa Unifica Servicios Integrales, del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó la sede, pero la doctrina tributaria convierte en responsable solidario a la parte que se beneficia de no pagar este impuesto indirecto en primera instancia, en este caso el PP. La diligencia pedida ahora por Ruz abre la vía a una posible responsabilidad civil del PP en la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del partido.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/10/actualidad/1425991972_220786.html

BÁRCENAS CONFIESA QUE EL PP HIZO PAGOS EN B EN LAS EUROPEAS DE 2004

El extesorero destapa un delito electoral ante el instructor del 'caso Palma Arena'

El dueño de la compañía Brues, Antonio Pinal, se acoge a su derecho a no declarar

Luis Bárcenas denunció este miércoles ante el juez José Castro que la campaña de las elecciones europeas de 2004 fue financiada en parte con dinero b no declarado a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas. Castro instruye una pieza separada del caso Palma Arena donde investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear. La confesión de Bárcenas, que declaró como testigo, supone atribuir un delito electoral al PP nacional. La investigación del caso Gürtel solo ha desembocado en una imputación de delito electoral en la Comunidad Valenciana, donde el juez considera acreditada la financiación de las campañas de 2007 y 2008 a través de la red de empresas de Francisco Correa.

El extesorero Bárcenas también detalló al juez Castro la existencia de pagos y donaciones ilegales de empresarios al PP de Baleares que presidía Jaume Matas. El magistrado investiga si esos pagos y donaciones de empresarios se hacían a cambio de la concesión de obras públicas durante el mandato de Matas en Baleares (2003-2007).

Bárcenas sostuvo que la nueva sede del PP de Palma fue sufragada por el constructor Antonio Pinal de Brues, entre otros empresarios. El extesorero aseguró que la cúpula nacional del PP pidió a distintos empresarios “que echaran una mano”, una versión parecida a la que ofreció por videoconferencia ante los diputados del Parlamento balear, que investiga el pago de comisiones ilegales por la construcción de un hospital.

El extesorero aseguró entonces que altos cargos orgánicos del PP asistieron a reuniones petitorias con grandes empresarios tanto para la sede del partido en Baleares como para la que tenían en el País Vasco. Bárcenas reiteró que esta colaboración de Pinal, y de otros hombres de negocios cuyo nombre no reveló, fue “por generosidad” y en ningún caso a cambio de adjudicaciones de obras o contratos públicos.

El extesorero explicó al juez Castro y al fiscal Pedro Horrach que hubo empresarios que solicitaron efectuar donaciones a las demarcaciones regionales de los partidos lo que le hizo suponer que en las organizaciones territoriales del PP existía, también, una caja b.

Bárcenas sostuvo que la nueva sede del PP de Palma fue sufragada por Pinal de Brues y otros empresarios

El constructor señalado como supuesto donante, Antonio Pinal, que logró más de 90 millones en adjudicaciones de las administraciones del PP en Baleares, entre 2003 y 2007, declaró este miércoles ante el juez como imputado. Se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas y tan solo declaró que nunca había hecho donaciones a partidos políticos. El juez tenía sobre la mesa el listado de edificios, aparcamientos, sedes oficiales y un tramo de autovía que construyó en Baleares.

En la investigación abierta por el juez Castro, el empresario Pinal está aludido por otro testigo. El exconcejal de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, reo por corrupción, condenado a siete años de cárcel y ahora colaborador de la Fiscalía, afirmó que fue Pinal quien le confesó en una cena que pagó las dependencias del PP en Palma.

De Santos declaró que el PP de Matas pedía comisiones del 3% por las concesiones de obras superiores a medio millón de euros. Además, aseguró que por el hospital de Son Espases de Palma, una concesión de 635 millones, Matas pedía nueve millones de euros de comisión. Santos señaló a dos testigos, los ex altos cargos de Matas, María Umbert y Sergio Bertrán, para ratificar esta versión. Pero ambos lo negaron ante el juez.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426065755_187900.html

EL FISCAL PIDE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA NUEVE DE LOS EMPRESARIOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

Asegura que no ha pruebas contra José Mayor Oreja, (FCC Construcción), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermos), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Joaquín Molpeceres (Grupo Licuas)

Tampoco contra Rafael Palencia Marroquí (Degremont Iberia), José Luis Gutiérrez (Construcciones Parraño), Cecilio Sánchez Martín (FCC) y Ramón Aigé

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa contra nueve de los 17 empresarios que fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por realizar presuntamente donaciones que fueron anotadas en la supuesta contabilidad B del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, debido a la "ausencia de elementos probatorios" contra ellos.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral destaca la ausencia de "vinculación o relación" entre los supuestos donativos y las adjudicaciones que habrían recibido sus empresas, para lo que se apoya en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) de noviembre pasado.

El fiscal pide el sobreseimiento provisional de la causa, entre otros, para José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de Obrascón Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.

También solicita el archivo de las actuaciones para Antonio Vilela (Construcciones Rubau), Joaquín Molpeceres (Grupo Licuas), Rafael Palencia Marroquí (Degremont Iberia), José Luis Gutiérrez (Construcciones Parraño), Cecilio Sánchez Martín (exdirector comercial de FCC) y Ramón Aigé (Sorige-ACSA).

El representante del Ministerio Público llega a esta conclusión como resultado de "la investigación y el análisis de la documentación y demás elementos probatorios obrantes en la causa", según detalla en en su escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el caso de Vilela, imputado por un delito de apropiación indebida por la adquisición de acciones de Libertad Digital con cargo a la caja B del PP, Romeral señala que "no resultan elementos probatorios suficientes" para mantener al imputado como partícipe de este delito, "como pone de relieve en su escrito la representación de fondos del Partido Popular".

El informe de la IGAE recogía que "no parece existir una correlación temporal" entre las aportaciones de fondos realizadas al PP por las empresas que aparecen en la supuesta contabilidad B de la formación y los "volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas".

Ruz imputó el 30 de abril de 2013 a nueve supuestos donantes del PP que aparecían en la contabilidad de Bárcenas, entre los que se encontraban Villar Mir y Del Rivero. También acordó investigar a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel').

En diciembre de 2013 amplió la imputación a otros diez empresarios, entre los que estaban Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, exdirector comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; y José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño.

Asimismo, fueron citados Joaquin Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa; Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones; Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa; y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y administrador único de Asedes Capital.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/11/el_fiscal_pide_archivar_causa_contra_nueve_los_empresarios_los_papeles_barcenas_29601_1012.html

LA AUDIENCIA DE MADRID TENDRÁ QUE DECIDIR SI IMPUTA AL PP POR EL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

La Sección Cuarta ha nombrado ponente del caso al magistrado Ignacio Sánchez Yllera

Pablo Ruz firmó un auto de inhibición en el que ya apuntaba la posible responsabilidad del PP en la destrucción de pruebas del caso Bárcenas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha nombrado ponente del caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular al magistrado Ignacio Sánchez Yllera, según consta en la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, el tribunal tendrá que decidir si imputa al PP por hacer desaparecer parte de las pruebas, tal y como solicitó el abogado de UPyD Andrés Herzog. Que un partido político pueda ser imputado es posible desde el 27 de diciembre de 2012 el Congreso aprobara una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de los partidos políticos y de los sindicatos con la intención de eliminar la "sensación de impunidad", según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto UPyD como Izquierda Unida y otras acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas se personaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el que recayó la investigación enviada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Auto de inhibición

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional firmó un auto de inhibición en el que ya apuntaba la posible responsabilidad del PP en la destrucción de pruebas del caso Bárcenas, en el que se investiga la posible contabilidad B del PP durante dos décadas: "Tampoco resultaría irrazonable o carente de lógica la eventual calificación de los hechos acontecidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 264.1 del Código Penal, que sanciona al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase programas o documentos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave", indicaba el mencionado auto.

Pero tras el archivo inicial del caso en el Juzgado número 32 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid perdió el sumario. Según fuentes jurídicas, las actuaciones "desaparecieron" después de que la secretaría judicial del número 32 realizara los trámites para remitirlas a la Audiencia Provincial de Madrid. La oficina judicial abrió un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y pidió a las partes los escritos que adjuntaron en su día, para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/10/la_audiencia_madrid_tendra_que_decidir_imputa_por_borrado_los_ordenadores_barcenas_29571_1012.html

EL PP PIDE EL ARCHIVO DE LOS ORDENADORES BORRADOS DE BÁRCENAS

El Partido Popular ha solicitado al juez que archive la causa abierta sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede de Génova. Dice el PP que Bárcenas no se considera " perjudicado"

El Partido Popular ha enviado al juzgado que investiga la destrucción de los discos duros de Bárcenas un escrito de 29 folios en el que defiende que no hay un delito de “daño informático” porque Bárcenas no se siente dañado.

En el escrito, al que ha tenido acceso la SER, el PP argumenta que Bárcenas (al que llama “el interesado”) “no se ha mostrado perjudicado por la desaparición de los datos que esos ordenadores pudieran contener, sabedor como era –dice literalmente el PP—de que los ordenadores carecían de información alguna”. Los populares piden al juez que archive definitivamente la investigación porque –añaden—“son las acusaciones populares (en alusión a UPyD) las que están más preocupadas por defender la ‘propiedad’ de Bárcenas que el propio Sr. Bárcenas”.

Fuentes del entorno de Luis Bárcenas explican, por el contrario, que Bárcenas si se considera perjudicado pero que la renuncia a continuar con este asunto es más por economía procesal debido a los numerosos frentes jurídicos que tiene abiertos.

Sin interés no hay causa

La estrategia del PP es clara: los discos duros son del PP o de Bárcenas , pero sí ni uno ni otro reclaman, no debiera haber investigación sobre la destrucción de pruebas. Es la última maniobra en una investigación en la que se han llegado a “extraviar” todos los papeles después de que la causa pasara 10 meses parada sin que se practicara una sola prueba.

Ahora, en su escrito, el PP pide –además—que se archive la acusación de encubrimiento asegurando que sin daño informático no puede haber encubrimiento de pruebas y asegura que la investigación sobre la destrucción de los discos de Bárcenas es una “manifestación interesada de formaciones políticas contrarias al Partido Popular”.

http://cadenaser.com/ser/2015/03/14/tribunales/1426336142_270325.html

ANA MATO, ABUCHEADA TRAS RECOGER EL AUTO DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN LA AUDIENCIA

La exministra ha sido increpada por un grupo de preferentistas de Bankia

Dimite Ana Mato para no hundir a Mariano Rajoy

La exministra de Sanidad Ana Mato ha acudido este viernes a la Audiencia Nacional a recoger el auto de apertura de juicio oral por el caso Gürtel en el que será procesada como partícipe a título lucrativo y por el que tendrá que responder con una fianza de 28.467 euros por responsabilidad civil.

Mato, ahora diputada rasa, ha accedido al edificio a las 9.35 parapetada tras su abogado y ha salido 15 minutos después. Los preferentistas de Bankia, que han acudido a seguir los interrogatorios de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, la han increpado desde la esquina de la calle Prim con Conde de Xiquena. Los gritos que se han escuchado han sido "ladrones", "chorizos" y "vas a caer".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerró el 26 de noviembre de 2014 la investigación de la primera parte del caso Gürtel con una resolución que sacudió de nuevo los cimientos del PP. El magistrado propuso que la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, fuera juzgada por la trama de corrupción en calidad de “partícipe a título lucrativo”. Mato dimitió horas después.

Ruz entiende que Mato y sus hijos disfrutaron de viajes y regalos por valor de al menos 36.688 euros que la red pagó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, a cambio de contratos públicos entre los años 2000 y 2005. Sepúlveda recibió de la organización liderada por Francisco Correa como mínimo 732.640 euros —tanto en metálico, como en viajes, regalos y vehículos— por sus adjudicaciones irregulares.

Su exmarido, Jesús Sepúlveda, también sufrió ayer el acoso de este mismo grupo de preferentistas cuando, al igual que hoy Mato, acudió personalmente a recoger el auto de apertura de juicio oral por hechos por los que el fiscal pide para él 15 años y 4 meses de cárcel. A gritos de chorizo, ladrón y cerdo, los preferentistas le persiguieron andando a lo largo de la calle Almirante hasta que Sepúlveda y sus acompañantes se subieron a su coche, donde le siguieron increpando.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/13/actualidad/1426239710_645195.html

RUZ ABRE JUICIO ORAL CONTRA LA TRAMA DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP

40 imputados se sentarán en el banquillo, entre ellos a Correa y Bárcenas

Ana Mato y el PP se beneficiaron de los fondos delictivos de la red Gürtel

La más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia, la red Gürtel, se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por 12 delitos cometidos entre 1999 y 2005, la primera etapa investigada en la causa cuya instrucción ya ha finalizado.

El daño causado a las arcas públicas por los negocios corruptos de la trama empresarial que dirigía Francisco Correa, en colaboración con más de una decena de administraciones gobernadas por el PP, alcanza los 449 millones de euros. El juez Pablo Ruz ha fijado esta cantidad en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil) para 36 de los 40 imputados.

El acusado que hará frente a la fianza más alta (88 millones de euros) es Luis Bárcenas, gerente del PP entre 1993 y 2008; y tesorero nacional del partido entre ese año y 2009, cuando dejó el cargo tras estallar el escándalo. En ese momento, Bárcenas ocultaba en Suiza una fortuna próxima a los 40 millones de euros. Para el cabecilla de la red, Francisco Correa, el juez ha fijado una fianza de 60 millones de euros.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia será la encargada de juzgar una etapa de corrupción masiva en determinadas instituciones gobernadas por el PP que se prolongó durante más de 10 años. Durante ese tiempo, Francisco Correa atesoró una fortuna en Suiza próxima a los 30 millones de euros gracias al trato de favor que dieron a sus empresas numerosos dirigentes del PP, entre ellos el tesorero nacional, diputados y consejeros autonómicos, y media docena de alcaldes. Las administraciones gobernadas por el PP adjudicaron cientos de contratos a dedo o mediante concursos amañados a la red corrupta.

Esta relación de Correa con gobernantes populares, cuyo origen está en una pequeña agencia de viajes que organizaba los desplazamientos de la cúpula nacional del PP, también le permitió enriquecerse como mediador en concursos de suelo adjudicados a empresarios que pagaban altas comisiones a la trama Gürtel y a los políticos a cambio del trato de favor del que se beneficiaba.

El juez también ha decidido sentar en el banquillo a Ana Mato, exministra de Sanidad y diputada nacional del PP. La investigación sostiene que Mato se benefició de los delitos cometidos por quien era entonces su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sepúlveda favoreció durante años a Francisco Correa con sus decisiones al frente del ayuntamiento. A cambio, el jefe de la trama corrupta le regaló un coche, varios viajes y financió fiestas de cumpleaños de sus hijos. El magistrado Pablo Ruz ha fijado para Ana Mato una fianza de responsabilidad civil de 28.467 euros.

En calidad de partícipe a título lucrativo también deberá sentarse en el banquillo de los acusados el representante legal del Partido Popular, dado que en dos municipios madrileños con alcaldes populares, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, la red corrupta financió actos electorales de la formación conservadora.

La investigación del caso Gürtel arrancó en el verano de 2008 a raíz de la denuncia formulada por el exconcejal del PP, José Luis Peñas, ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas grabó conversaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, durante más de un año. En esas grabaciones, Correa detallaba sus negocios corruptos y las vinculaciones que mantenía con los dirigentes del PP.

El juez Baltasar Garzón llevó durante meses la investigación en secreto y ordenó la detención de tres de los cabecillas de la red en febrero de 2009. A la vez, logró numerosa documentación en diversos registros que probaban la existencia de una contabilidad paralela en las empresas de Correa donde se detallaban los pagos de comisiones ilegales a los políticos del PP.

Seis años después de que estallara el escándalo, el juez Pablo Ruz sentará en el banquillo a 40 imputados por los hechos investigados hasta 2005. Aún queda por instruir la segunda parte de la causa que alcanza hasta febrero de 2009, cuando la trama fue definitivamente desarticulada.

Este primer juicio por la investigación abierta en la Audiencia Nacional juzgará el mayor pillaje institucional perpetrado por la red Gürtel en la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años durante el mandato de Esperanza Aguirre le adjudicó cientos de contratos para organización de actos institucionales y de propaganda de la presidenta madrileña. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, mano derecha de Aguirre, se encargaba de contratar a la trama corrupta a cambio de una comisión ilegal del 10 % del precio de los actos institucionales, según la investigación judicial. El juez pide para López Viejo una fianza de 14 millones de euros.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/05/actualidad/1425574048_557958.html

 C.VALENCIANA. EL TSJ VALENCIANO ENVÍA A LA AUDIENCIA NACIONAL LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los magistrados consideran que no son competentes al haber dimitido los aforados

La Fiscalía recurrirá la decisión al Tribunal Supremo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha decidido este viernes enviar a la Audiencia Nacional las dos piezas separadas del caso Gürtel que tratan sobre la supuesta financiación ilegal del PP regional en las campañas de 2007 y 2008. En ambas piezas ha sido procesada la antigua cúpula valenciana de la formación, incluido el exvicepresidente y jefe de campaña Vicente Rambla y el ex secretario general Ricardo Costa.

La Sala Civil y Penal del TSJ considera que, al haber perdido la condición de aforados los imputados que lo eran, como consecuencia de su renuncia a los escaños en el Parlamento autónomo, ya no es competente para el enjuiciamiento del asunto.

No es seguro, sin embargo, que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que el ministerio público recurrirá al Tribunal Supremo la decisión del TSJ al considerar que la rama valenciana del caso Gürtel es un procedimiento único que se dividió en piezas separadas con el objetivo de agilizar la tramitación y que por ello no puede juzgarse en tribunales distintos. Como la pieza sobre las adjudicaciones de Fitur va a juzgarse en el TSJ valenciano, el resto de piezas del procedimiento debe permanecer en el mismo órgano judicial, según su criterio.

Anticorrupción ya recurrió en 2014 una decisión similar del TSJ, consistente en enviar a la Audiencia de Valencia la pieza separada del caso Gürtel sobre las adjudicaciones de Fitur. El alto tribunal dio la razón a la Fiscalía y el juicio sobre esa pieza separada empezará el próximo 31 de marzo en el TSJ valenciano.

La impugnación de la Fiscalía, si finalmente se produce, tendrá como consecuencia, por otra parte, una demora de meses en el enjuiciamiento del asunto. Además de Rambla y Costa han sido procesados por supuestos por delitos electorales y falsedad la exgerente Cristina Ibáñez, la extesorera Yolanda García, el ex vicesecretario de Organización David Serra, los presuntos cabecillas de la trama Gürtel y los empresarios de la construcción y obra civil que supuestamente hicieron donaciones irregulares a las campañas del partido.

Idas y venidas

2008. El juez Baltasar Garzón inicia la investigación del caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

2009. Garzón se inhibe a favor del TSJ de Madrid ante la existencia de aforados.

2010. El TSJ de Madrid remite al de Valencia la parte del caso donde hay aforados de esta autonomía.

2011. El TSJCV asume la investigación.

2014. El TSJCV se declara incompetente en la pieza sobre las adjudicaciones de Fitur y la envía a la Audiencia Provincial de Valencia. Fiscalía recurre para que el asunto se juzgue en el TSJCV y el Supremo le da la razón. El juicio empezará el 31 de marzo.

2015. El TSJCV envía a la Audiencia Nacional el resto de piezas al haber dimitido todos los aforados. Fiscalía prevé recurrir la decisión.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/13/valencia/1426251864_141767.html

C.VALENCIANA.EL TSJ RECHAZA APLAZAR DE NUEVO EL JUICIO DE GÜRTEL SOBRE FITUR

Las defensas alegaban que se han aportado documentos que no han podido consultar

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano rechazó este martes suspender, de nuevo, el juicio del caso Gürtel sobre las adjudicaciones de Fitur. Las defensas de varios acusados habían solicitado la suspensión del inicio de las sesiones, previsto para el 31 de marzo, alegando que existía nueva documentación aportada por la Policía al procedimiento troncal del caso que se instruye en la Audiencia Nacional. Los letrados señalaban que, a diferencia de la Fiscalía, que está personada en ambos órganos judiciales, ellos no habían tenido oportunidad de analizarla, lo que podía generar indefensión en sus clientes.

El Tribunal Superior denegó la petición al considerar que tales actuaciones son “ajenas” a la pieza separada sobre las adjudicaciones presuntamente irregulares vinculadas a la feria Fitur que se juzgará en Valencia. Y que, en todo caso, las partes pueden aportar medios de prueba durante el juicio oral siguiendo los cauces procesales previstos. En el banquillo se sentará la expresidenta de las Cortes, exconsejera de Turismo y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez y otras 12 personas, incluida la también exconsejera y exdiputada popular Angélica Such y los supuestos cabecillas de la trama.

Causa accidentada

Como el resto del caso Gürtel, la pieza separada que se juzgará en unas semanas empezó a investigarse en 2008 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El magistrado del TSJ valenciano José Ceres dio por concluida la investigación de la pieza de Fitur a final de 2012. Después de resolver todos los recursos, el juicio fue fijado para marzo del año pasado, pero poco antes de comenzar Martínez y Such renunciaron a sus escaños en las Cortes y dejaron de ser aforadas.

El TSJ consideró que había dejado de ser competente y se inhibió a favor de la Audiencia de Valencia. La Fiscalía recurrió la decisión al Tribunal Supremo al entender que el juicio debía quedarse donde estaba previsto. Y el alto tribunal le dio la razón en diciembre, urgiendo al TSJ a celebrarlo lo antes posible.

El juicio empezará se extenderá hasta octubre, según el calendario fijado. Martínez, a quien la trama apodaba La Perla, declarará nueve días antes de las elecciones autonómicas. La Fiscalía pide para ella 11 años de cárcel por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/10/valencia/1426015197_227332.html

 C.VALENCIANA. LA JEFA DE LA AUDIENCIA DE VALENCIA VE A DE ROSA IDÓNEO PARA SUCEDERLE

El exconsejero de Camps pasa el primer filtro del Poder Judicial para acceder al cargo

La presidenta de la Audiencia de Valencia, Carmen Llombart, no ve ningún problema en que Fernando de Rosa la suceda en el cargo. De Rosa fue consejero durante la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat, además de haber afiliado al exjefe del Consell a Alianza Popular en los años ochenta. Y la Audiencia debe juzgar en los próximos meses grandes casos de supuesta corrupción política en los que están implicadas personas que en aquella época ocuparon cargos públicos y del PP.

Llombart considera que ello no impide que De Rosa, como los otro cuatro candidatos que han pasado el primer filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sean idóneos para presidir la Audiencia.

Los cinco jueces que continúan en la carrera para alcanzar el puesto son los magistrados María Dolores Hernández Rueda, José Francisco Lara, José Manuel Ortega, De Rosa, y Eugenio Sánchez. La comisión permanente del CGPJ ha dejado fuera, en cambio, a Alberto Jarabo y a Carolina Rius.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/12/valencia/1426162537_842854.html

LA ALCALDESA DE JEREZ, AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN POR CONTRATAR CON GÜRTEL

Hacienda remite al juez Ruz un informe donde destapa el amaño de un concurso a favor de las empresas de Francisco Correa

La Intervención General del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, ha remitido un informe al juez Pablo Ruz donde relata numerosas ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el montaje del pabellón de Jerez en la feria Fitur 2004. El organismo encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, estaba presidido por la alcaldesa de Jerez, Maria José García Pelayo (PP).

El concurso negociado sin publicidad convocado para adjudicar los contratos fue ganado por tres empresas de Francisco Correa: Special Events, Dow Town Consulting y Teleanuncio, que se encargarían de montar el pabellón de Jerez en Fitur 2004 y del acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para una muestra turística de la ciudad andaluza.

Tras examinar el expediente, la Intervención General del Estado ha llegado a la conclusión de que el concurso se amañó vulnerando las normas de la Ley de Contratación de las administraciones públicas.

Entre las irregularidades detectadas, la Intervención General del Estado destaca que la documentación administrativa confeccionada por las empresas de Correa para presentarse a los concurso fue “elaborada y entregada” al organismo que presidía la alcaldesa de Jerez, una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización, que era el 1 de febrero de 2004”.

Además, el informe remitido al juez Pablo Ruz apunta la falsificación de documentos públicos para intentar acreditar la legalidad del expediente. “Los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos los contratos suscritos, no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos”.

El relato de las múltiples irregularidades descubiertas en los tres contratos apunta a la responsabilidad de personal del Ayuntamiento de Jerez y del Instituto para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad que presidía la alcaldesa. “Confeccionaron diferentes documentos administrativos y establecieron los procedimientos de contratación con posterioridad a la realización de los trabajos para dar al expediente apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo”.

En consecuencia, concluye la Intervención General del Estado, los contratos adjudicados a las empresas de la red Gürtel “se adjudicaron al margen de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables a la contratación pública”.

Si el juez Pablo Ruz entiende que la responsable de este amaño de contratos es la alcaldesa de Jerez deberá inhibirse dado que la dirigente popular es también senadora y está aforada en el Tribunal Supremo.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426094038_568244.html

RUZ RESPONDERÁ A HACIENDA POR DESOÍR LA ORDEN QUE AFECTA AL PP

• La jefa antifraude se niega a hacer el cálculo que pide el juez

• Ruz imputará a Bárcenas como administrador del PP por delito fiscal

La jefa de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, se niega a atender la petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de cuantificar el supuesto fraude fiscal derivado de las donaciones irregulares recibidas por el PP en el año 2008. En un escrito de folio y medio, que supone una desatención inaudita de un alto cargo administrativo hacia una resolución judicial, García Valdecasas recuerda a Ruz que el criterio de los técnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formación conservadora no están sujetos a tributación de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos. Por ello, le anuncia que no va a cumplir su orden y le reta a que busque otros expertos para calcular esa cuota. El juez ha dado traslado de esta negativa a la Fiscalía Anticorrupción y prepara una respuesta judicial a Hacienda para conseguir los datos que necesita para su instrucción

En su escrito de febrero, Ruz se dirigió a los peritos que trabajan con él habitualmente. Sin embargo, ha sido su superior jerárquico, Margarita García-Valdecasas, la que ha contestado. En su respuesta, la jefa de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) le dice al magistrado que “el dictamen emitido por la Agencia Tributaria no puede ser revisado por el órgano judicial penal, pues no tiene ninguna competencia revisora al respecto”. Es decir, que si el juez considera que los pagos ilegales al PP deben pagar impuestos y los técnicos de Hacienda estiman que no, los inspectores no tienen por qué calcular una cuota con los criterios que marque el juez.

“Tampoco puede condicionar el órgano judicial penal el criterio técnico jurídico de la Administración Tributaria obligándole a emitir una opinión en la que aplique criterios técnico-jurídicos que le vienen predeterminados en su valoración por el órgano consultante, y que, además resultan contrarios a los ya expresados por la Administración Tributaria en informes anteriores”, escribe García-Valdecasas. La jefa de la oficina antifraude es hija del exrector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo Francisco García-Valdecasas y hermana de la exdelegada del Gobierno en esa provincia y exministra de Administraciones Públicas con José María Aznar, Julia García-Valdecasas, ya fallecida.

En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le dice a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda “no resulta provechoso o convincente (…) podrá prescindirse de él” y no tomarlo en consideración como base o fundamento para sus resoluciones. García-Valdecasas le sugiere que si no está de acuerdo con los peritos de la Administración, que recurra “a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta”. “Lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informe a emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores”. Sobre esta base, García-Valdecasas le responde a Ruz que la Agencia Tributaria “no está en disposición de cumplimentar el informe” que le requirió el 25 de febrero.

En realidad, el juez de la Audiencia Nacional no está pidiendo a los peritos de la Agencia Tributaria que se ciñan a su criterio jurídico, sino que calculen una cuota aplicando ese criterio. Lo que les reclama tiene más que ver con una simulación con un supuesto que con una orden de un verdadero cambio de criterio.

La opinión de Ruz de que las donaciones que exceden los límites impuestos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos no pertenece únicamente al magistrado. En octubre de 2013, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia calificó de “simplista” la interpretación de los peritos de Hacienda y también rechazó que los donativos ilegales a los partidos estén exentos de tributación.

El debate divide incluso a los propios inspectores de Hacienda. En mayo de 2014, la Dirección General de Tributos emitió un informe, a petición de UPyD, en el que señalaba que "queda claro que sólo los donativos que cumplan la ley gozarán de la exención establecida en el artículo 10 de la indicada Ley. Y, en consecuencia, de ello se deduce necesariamente que aquellas donaciones utilizadas por el partido político que incumplan alguno de los requisitos legales (importe, origen de contratistas públicos, no contabilización) no pueden estar exentas, debiendo tributar al 25%".

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/04/actualidad/1425471204_380355.html

ANTICORRUPCIÓN APOYA A RUZ EN SU PETICIÓN DE INFORMES A HACIENDA

La fiscalía Anticorrupción va a apoyar al juez Pablo Ruz en su petición a Hacienda porque se trata de una diligencia sensata, indiscutible y útil para acotar la responsabilidad del PP

El fiscal del caso, Antonio Romeral, va a sugerir al juez que vuelva a reclamar a los técnicos el informe en el que se les pide que calculen el fraude por donativos ilegales del Partido Popular. Si la actitud negativa persiste, tanto el juez como el fiscal valoran requerir o apercibir a la jefa de la oficina antifraude de un presunto delito o responsabilidad disciplinaria.

Desde luego, la negativa de Hacienda ha causado sorpresa en el fondo, pero también por la forma. En el fondo porque es evidente que el magistrados es quien dirige la instrucción y fija la petición de informes, con lo que la agencia tributaria debería contestar en el sentido que quiera, pero contestar. Fuentes de la audiencia reconocen que también ha molestado la forma en la que se expresa la negativa porque la jefa del departamento antifraude, Margarita García-Valdecasas, le dice al juez que no tiene que indicarle los criterios tributarios a aplicar y añade que si no le gustan, prescinda de sus informes.

http://cadenaser.com/ser/2015/03/04/tribunales/1425493114_098782.html

EL PSOE EXIGE A HACIENDA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA TRAS LA NEGATIVA A INFORMAR SOBRE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP

El secretario de Política Federal y responsable de Justicia del PSOE, Antonio Pradas, ha instado al ministro Montoro a que "dé las instrucciones necesarias para que la Agencia Tributaria colabore con la justicia y facilite la información requerida por el juez Ruz, en relación con el escándalo de la financiación irregular del PP".

El PSOE exige a Hacienda colaboración con la justicia tras la negativa a informar sobre las donaciones ilegales al PP Para Pradas “es inaudito que una institución como la Agencia Tributaria contravenga las indicaciones de la autoridad judicial cuando, precisamente, el juez está intentando determinar el alcance de un presunto fraude a las arcas públicas por parte del partido del Gobierno”.

“No sólo quieren pasar de largo por haber llevado una contabilidad en B y pagar con ella sobresueldos, campañas y obras en las sedes del PP, sino que pretenden convencernos de que no tienen que pagar impuestos por este tipo de actividades. ¿No querrán hacernos creer que estas actividades ilegales no pagan impuesto de sociedades porque son propias de un partido político?”, se ha preguntado Pradas.

Los socialistas exigen al ministro Montoro que dé las instrucciones oportunas para colaborar con la Justicia, invocando a la obligación de colaboración interinstitucional, que es uno de los principios básicos que deben inspirar a las administraciones, máxime cuando se trata de esclarecer asuntos judiciales.

Antonio Pradas ha denunciado “la utilización partidaria” que se hace de la Agencia Tributaria y que “es una constante en el comportamiento de esta institución desde que la dirige Montoro”. “A las filtraciones y amenazas a partidos de la oposición, periodistas o actores, se suman estos posicionamientos obstruccionistas que trasladan una imagen que no sólo perjudica la investigación, sino a ejemplaridad que debe guiar a quienes están encargados de recaudar nuestros impuestos”, concluyó

http://www.diarioprogresista.es/el-psoe-exige-a-hacienda-colaboracion-con-la-justicia-tras-la-61400.htm

UN JUEZ DE LARGA EXPERIENCIA Y EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE ZAPATERO

José de la Mata, con 27 años en la carrera judicial, sustituirá a Ruz en la Audiencia Nacional

Estaba destinado actualmente en la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid

El magistrado José de la Mata Amaya (Cádiz, 1961) será el nuevo titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que ha ocupado Pablo Ruz desde 2010 y donde ha instruido el caso Gürtel y Bárcenas. Actualmente el juez estaba destinado en la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Comisión Permanente del Poder Judicial ha otorgado este martes la plaza a José de la Mata por ser el aspirante con mayor antigüedad al resolver un macroconcurso de traslados para un total de 364 magistrados, entre ellos también la magistrada sevillana Mercedes Alaya, que ha obtenido una plaza en la Audiencia de Sevilla, aunque seguirá en su juzgado hasta la llegada de un nuevo titular.

Entre 2009 y 2011, Mata fue director general del Ministerio de Justicia con el ministro Francisco Caamaño, el último titular de Justicia de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde este cargo fue responsable de la implantación de la oficina judicial, que sustituyó el modelo tradicional de los antiguos juzgados formados por un juez, secretario judicial y un número de funcionarios que trabajaban de modo independiente en el mismo juzgado.

José de la Mata tiene una antigüedad de 27 años en la carrera judicial, además de llevar numerosos años ejerciendo en la jurisdicción penal. Se licenció en Derecho por la Universidad de Cádiz, en cuyas aulas coincidió con el actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y es diplomado universitario en Ciencias Económicas y Empresariales.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/03/actualidad/1425408690_971209.html

EL PP INTENTÓ FRUSTRAR LA RECUPERACIÓN DE LA CAUSA EXTRAVIADA SOBRE EL BORRADO DE LOS ORDENADORES

Su abogado trasladó al juez "fundadas dudas" sobre la "fehaciencia" de los documentos que los querellantes han vuelto a aportar

Denuncia que UPyD e Izquierda Unida solo buscan "ilegítimos réditos electorales" al denunciar la destrucción de posibles pruebas en el caso Bárcenas

El extesorero denunció al letrado que firma el escrito del PP como la persona que forzó la puerta de su despacho en Génova y robó los ordenadores

El Partido Popular se ha personado en la causa que se sigue en la Audiencia de Madrid por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede central de la formación. En un escrito al Juzgado de Instrucción número 32 al que ha tenido acceso eldiario.es, el abogado del PP acusa a UPyD, Izquierda Unida y el resto de los querellantes de querer obtener "ilegítimos réditos electorales".

La petición de personación se produjo el día antes de que los querellantes acudieran al juzgado, a petición de este, con la documentación de la causa que obra en su poder. En su escrito, el abogado Javier Durán Ruiz de Huidobro plantea si UPyD e IU aportarán los verdaderos documentos y no otros manipulados. "Su fehacencia a efectos de reconstrucción de los autos cabe albergar fundadas dudas, a la vista del propósito al que su actuación procesal se dirige, que es la obtención de ilegítimos réditos electorales", afirma el letrado.

Se da la circunstancia de que Durán Ruiz de Huidobro es la persona que Bárcenas identificó en comisaría el 1 de marzo de 2013 como el autor material del "robo" de dos ordenadores portátiles después de forzar la puerta de su despacho. Tras la denuncia, la policía se personó en la sede de Génova para notificar la denuncia. Dos meses después, una jueza archivó el caso tras escuchar al abogado, quien aseguró que el despacho no era propiedad de Bárcenas y que existían varios juegos de llaves, por lo que no hizo falta forzar la puerta.

Durán Ruiz de Huidobro se queja ahora a la jueza de que el Partido Popular se encuentra "en situación de absoluta indefensión" en el procedimiento seguido por el borrado de los ordenadores. "La situación es mucho más grave aún, puesto que al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública de mi representado, la aportación ex novo de los documentos que obren en su poder", dice el escrito presentado el pasado 19 de febrero.

El objetivo del abogado del PP era estar presente en la reconstrucción de la causa que concertó el juez, lo que finalmente no fue posible por la proximidad de la fecha. La jueza Rosa María Freire Pérez aceptó la personación del PP en la causa el pasado martes.

Izquierda Unida y UPyD mantienen una querella contra el PP por la “destrucción u ocultación” de pruebas en el caso de la presunta financiación irregular del Partido Popular. El juez Pablo Ruz apreció indicios de delito y derivó la causa a la Audiencia de Madrid al no ser de su competencia el investigarlo. Tras una primera desestimación, los querellantes recurrieron, pero 14 meses después han conocido que la causa se ha extraviado.

En el mismo escrito donde se les informaba del extravío se les citaba para acudir el pasado viernes al juzgado con todos los documentos que habían aportado en su momento y las notificaciones de la propia Audiencia de Madrid. Asimismo, la jueza requería a Ruz que le remitiera la documentación al respecto que obra en la Audiencia Nacional, como así ha hecho el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

http://www.eldiario.es/politica/PP-frustrar-recuperacion-extraviada-ordenadores_0_360814182.html

LA AUDIENCIA RECHAZA EN MASA LOS RECURSOS DE LOS PROCESADOS DE GÜRTEL

El juez Pablo Ruz procesó a 42 personas por la trama de corrupción, de las que 28 apelaron

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está rechazando en bloque los recursos que los imputados en la primera fase del caso Gürtel presentaron contra el auto del juez Pablo Ruz decretaba su procesamiento por la causa sobre corrupción en el Partido Popular. De los 43 imputados para los que Ruz dictó el auto de paso a procedimiento abreviado –trámite equivalente al procesamiento- al menos 28 interpusieron un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. De estos, la Sección Cuarta de lo Penal ha rechazado la petición de 24. Sobre los otros cuatro, el tribunal se pronunciará en los próximos días. La decisión de la sala aboca a estos imputados, y también a los que no apelaron, a sentarse en el banquillo de los acusados o a tener que acudir a la vista oral como partícipe a título lucrativo, como es el caso de la exministra de Sanidad Ana Mato.

El tribunal presidido por Ángela Murillo ha resuelto los 24 casos en un total de 14 autos. En estas resoluciones razonadas, los magistrados califican de “nítidos” los indicios recabados en la fase de instrucción para llevar a juicio a imputados como el líder de la trama, Francisco Correa, o el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el caso de Correa, los jueces argumentan que “se han acumulado fuertes indicios de su implicación en la organización delictiva que dirigió”. Este entramado, recuerda la Sala, se dedicaba supuestamente “a la obtención de favores y adjudicaciones amañadas, cuyas comisiones irregulares repartía para obtener la fidelización de las personas implicadas”. Al tiempo, Correa llevaba “una contabilidad paralela para evitar las cargas fiscales” y “un sistema de facturación falsa para ocultar o disimular las operaciones reales”.

El lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, cuestionaba que Ruz, por su condición de juez en comisión de servicios, fuera competente para investigar su actuación. El tribunal le replica que la situación de Ruz ha sido respaldada por sucesivos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel, la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/04/actualidad/1425479224_567749.html

RUZ RECHAZA ELEVAR LA ASIGNACIÓN A BÁRCENAS AL TENER FONDOS PARA VIAJAR

Rosalía Iglesias había pedido al magistrado que elevara de 300 a 900 euros la cantidad que le otorga el juzgado al mes para gastos corrientes

Si su familia tiene dinero para viajar a Baqueira no necesita que le suban la asignación mensual. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, de aumentar de 300 a 900 euros el dinero que pueden sacar de sus cuentas bloqueadas por el juzgado para hacer frente a sus gastos corrientes. En una resolución notificada hoy, el magistrado desestima elevar esta cantidad, fijada por Ruz en noviembre de 2013 y ratificada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia el 29 de enero de 2014. El juez Ruz tiene en cuenta que Bárcenas ha realizado “en fechas recientes” –entre el 20 de febrero y hasta el 5 de marzo- un viaje a la estación de esquí de Baqueira “sin que conste en la causa la insuficiencia económica de la unidad familiar para hacer frente” a estas vacaciones.

Rosalía Iglesias solicitó que se aumentara el límite económico para hacer frente a los gastos de comunidad de tres plazas de garaje en Madrid y el Impuesto de Bienes Inmuebles de su residencia en Baqueira, pagada en parte con fondos pertenecientes a la caja b del PP que gestionaba Bárcenas. La defensa de Iglesias pedía el aumento de la asignación en atención al aumento de gasto familiar que supone la salida de Bárcenas de la cárcel de Soto del Real, de donde salió el pasado 22 de enero tras año y medio en prisión provisional por el caso Gürtel de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó que se incrementara la disposición de dinero de las cuentas de los Bárcenas. Los 300 euros fijados por Ruz sirven para alimentación. También se ha autorizado el pago de impuestos y suministros –luz, agua, gas…- del domicilio habitual de la familia, en el barrio de Salamanca de Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/02/actualidad/1425299904_583154.html

LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES POR FINANCIACIÓN ILEGAL YA ALCANZAN A GÉNOVA Y AL PP EN SIETE AUTONOMÍAS

El juez José Castro en Illes Balears y la jueza Pilar de Lara en Galicia rastrean las cuentas de esta formación en ambas comunidades

Los magistrados Pablo Ruz y José Ceres investigan el partido de Rajoy en la sede nacional, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Cantabria y la Comunidad Valenciana

Jueces, fiscales, funcionarios de Hacienda y de la Policía Judicial rastrean la posible financiación ilegal del Partido Popular nacional y de siete de las organizaciones territoriales de esta formación política, según el recuento realizado por infoLibre de los casos de corrupción Gürtel, Bárcenas, Palma Arena y Pokémon.

Además del pago en negro de 1,7 millones de euros para remodelar la sede nacional del PP, en estos momentos cuatro jueces escudriñan las cuentas del partido presidido por Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana, Illes Balears, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja y Cantabria, ante las evidencias de la posible financiación irregular de estas organizaciones territoriales.

Sin embargo, la dirección nacional del PP sigue negando de forma oficial que el partido se haya financiado de forma irregular.

Precisamente, esta semana ha sido aciaga para el PP, cuya financiación parece repleta de irregularidades, según se desprende de los diferentes sumarios. Este viernes la Fiscalía Anticorrupción acordó solicitar el ingreso en prisión de varios dirigentes del PP valenciano por delitos electorales. Las penas reclamadas por el Ministerio Público llegan a los siete años y nueve meses de cárcel.

'Palma Arena'

Y también, el juez de Palma de Mallorca José Castro ha acordado abrir la pieza separada número 28 del caso Palma Arena, con la finalidad de investigar la financiación del PP y la compra, presuntamente irregular, de la sede del PP balear.

El jueves pasado los peritos de Hacienda que analizaron la remodelación de la sede nacional del PP se ratificaron en sus conclusiones: que no eran otras que el PP había pagado en negro las obras realizadas por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que deberá responder por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

El martes 10 de febrero la jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, reclamó nueva documentación para proseguir sus investigaciones sobre la supuesta "financiación ilícita" del PP de Ourense por cuatro delitos: falseamiento de cuentas, apropiación indebida, y en su caso, cohecho y tráfico de influencias.

Estos son los casos de presunta financiación ilegal del PP investigados por cuatro jueces:

REMODELACIÓN DE LA SEDE NACIONAL

Dos peritos de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez Pablo Ruz que las obras en la sede del PP que se desarrollaron entre 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro. Además, los funcionarios confirmaron que la empresa Unifica cometió cuatro delitos fiscales.

Sin embargo, la formación no habría cometido delito porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos. De los 1,71 millones, al menos 184.000 euros tuvieron reflejo en la contabilidad B del PP denominada papeles de Bárcenas.

Los funcionarios de Hacienda recordaron que muchas de las irregularidades se confirman gracias a la lectura de los correos electrónicos interceptados al PP. Según los mismos, tanto el extesorero Luis Bárcenas como el entonces gerente Cristóbal Páez dieron instrucciones para llevar a cabo los cobros de forma irregular.

FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJV), José Ceres, que procese a cinco exdirigentes del PP de la Comunidad Valenciana: los exdiputados regionales Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra; las gerentes del PP valenciano Cristina Ibáñez y Yolanda García. Para los cuatro primeros, el fiscal reclama penas de siete años y nueve meses de cárcel. En el caso de Yolanda García, pide seis meses de cárcel como "cómplice".

El Ministerio Público también dirige su escrito provisional contra nueve empresarios y cinco integrantes del denominado Grupo Correa. En este sentido, el fiscal propugna una pena de 27 años de prisión para Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, responsable de Orange Market; 24 años y medio para Pablo Crespo –número dos de la trama– y Francisco Correa –el presunto cerebro de la trama–.

EL JUEZ CASTRO INVESTIGA LA SEDE DE MALLORCA

El juez José Castro investiga la financiación ilegal del PP balear así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), ahora en la cárcel.

El magistrado ha citado a declarar como testigo al exconcejal de Urbanismo de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos, quien realizó una confesión sobre las presuntas irregularidades. En esta nueva pieza el juez ha incluido el testimonio de dos personas. El primero es un constructor que realizó obras de forma simultánea en el Palacete del expresident balear Jaume Matas y en la sede del partido. El empresario reconoció que Matas le abonó 70.000 euros en negro por las obras de reforma de su vivienda.

El segundo de los testimonios aportados a la pieza separada es el del empresario Daniel Mercado, que resultó adjudicatario de numerosos concursos públicos a cambio, supuestamente, de abaratar al máximo los costes de las campañas electorales.

EL CASO POKÉMON DEL PP DE OURENSE

La jueza que investiga el caso Pokémon en Galicia, Pilar de Lara, sostiene de forma "indiciaria" que el PP de Ourense se habría podido financiar "ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" en el que cree que podrían haber colaborado algunas empresas que están siendo investigadas.

La magistrada se basa en el testimonio del exgerente Emilio Pascual para apuntar que el "método consistente en facturar falsamente para encubrir donaciones" se habría utilizado hasta el año 2010. Sin embargo, la jueza extiende sus sospechas de irregularidades más allá y señala que, según un informe de Vigilancia Aduanera, a partir de 2011, cuando ya estaba al frente del PP de Ourense José Manuel Baltar, "se ha podido seguir con idéntico sistema si bien utilizando otras empresas".

Este es el motivo por el que la magistrada ha acordado ampliar la investigación en el caso de los senadores Carmen Leyte Coello y Francisco José Fernández Pérez, así como en el de la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez Blanco, que se añaden a los más de 20 dirigentes del PP sobre los cuales ya había solicitado documentación.

200.000 EUROS PARA EL PP DE COSPEDAL

El juez Ruz anunció en el auto en el que citada a declarar como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) que seguirá investigando el grado de participación en la supuesta financiación ilegal del PP de Castilla-La Mancha "que hubiera podido tener persona o personas aforadas", en clara referencia a la presidenta de esta Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.

El magistrado investiga desde hace dos años la confesión de Luis Bárcenas en la que reconocía haber participado en el pago de 200.000 euros por parte de la empresa Sacyr al todavía gerente del PP de esta Comunidad José Ángel Cañas Cañada.

El extesorero nacional del PP aseguró, en su declaración ante Ruz, que ese dinero tenía como destino la primera campaña electoral de Cospedal a la presidencia regional, que ganó el socialista José María Barreda. Ruz sopesa la posibilidad de enviar el caso Tribunal Superior de Justicia de Albacete.

UNA CAJA B VASCA PARA FINANCIAR LA SEDE DE BILBAO

Pablo Ruz considera que Bárcenas creó una segunda contabilidad opaca distinta a la del PP nacional que se alimentaba a través de una cuenta denominada Sede Vizcaya y que tenía un funcionamiento "muy similar" a la del extesorero del PP. El fondo se financiaba con las aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede nacional que se desgajaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban mediante transferencias al País Vasco.

La presunta financiación en negro de la compra y posterior reforma del edificio, cuyo importe total ascendió a 991.669 euros, se realizaba también mediante la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre, del importe de una cuota mensual.

Entre los donantes que efectuaron aportaciones en efectivo se encuentra el consejero de la empresa Bruesa Construcciones y del grupo empresarial Bruesa Emilio Álvarez López, que entregó 36.000 euros en efectivo.

200.000 EUROS PARA EL PARTIDO EN LA RIOJA

Bárcenas desveló en su declaración ante el juez que el PP nacional en ocasiones blanqueaba el dinero recaudado de forma ilegal en las sedes regionales del partido. Y puso como ejemplo el pago de 200.000 euros al PP riojano para que comprara su sede en 2008. Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus papeles la frase "entrega de La Rioja", que sirvió para financiar una parte de la compra del nuevo edificio con dinero negro.

Ese dinero procedía en realidad de unos empresarios locales que se lo entregaron al partido en La Rioja. Los fondos llegaron a Bárcenas quien, tras regularizarlo como si se tratara de una aportación anónima, lo devolvió al PP riojano.

El magistrado citó a declarar en febrero de 2014 al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y a la gerente, Ana Elvira Martínez, que reconocieron que la sede central del partido donó esta cantidad para la ampliación del edificio que ocupa la formación en Logroño "a fondo perdido".

90.000 EUROS PARA EL PP CÁNTABRO

Luis Bárcenas, que fue senador por Cantabria, anotó en su contabilidad paralela el pago en 2004 al PP de esta Comunidad Autónoma de 90.000 euros en B, según explica un informe de la Policía Judicial (UDEF).

El informe policial refleja un total de doce donativos de entre 4.000 y 11.000 euros que se realizaron entre el 13 de febrero y el 23 de junio de 2004 y que fueron ingresados en una cuenta a nombre del partido en la Caja de Ahorros de Cantabria y Santander.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/14/el_nacional_siete_organizaciones_territoriales_bajo_sospecha_financiacion_ilegal_28333_1012.html

SUIZA ENVIÓ A RUZ DATOS DE 3 CUENTAS DE GÜRTEL EN EL HSBC QUINCE DÍAS ANTES DE PUBLICARSE LA 'LISTA FALCIANI'

Las autoridades helvéticas remiten el pasado 26 de enero a la Audiencia Nacional nueva documentación sobre los depósitos en la entidad financiera abiertos a nombre de tres empresas relacionadas con Francisco Correa y el exalcalde del PP de Boadilla del Monte.

Las autoridades judiciales de Suiza parecen, finalmente, dispuestas a tirar de la manta de las irregularidades destapadas por la célebre 'lista Falciani'. Si hace unos días ordenaban el registro de la sede del HSBC Private Bank en Ginebra, ahora se ha sabido que quince días antes de que el pasado 8 de febrero un grupo de medios internacionales publicaran los nombres de todos los que poseían cuentas opacas en la entidad financiera, la Oficina Federal de Justicia del país helvético envió a la Audiencia Nacional importante "documentación complementaria" sobre los productos financieros abiertos en la misma a nombre de tres empresas ligadas a la trama Gürtel y que aparecían en esa relación. El juez Pablo Ruz ya ha ordenado la traducción urgente de dicha información, clave para apuntalar las acusaciones contra Francisco Correa y el exalcalde del PP del Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', cuyo procesamiento por la segunda etapa del caso 'Gürtel', la que va de 2005 a 2009, se espera para las próximas semanas, antes de que el magistrado abandone el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El información enviada por Suiza a Ruz sobre las cuentas del HSBC es la respuesta al 46º complemento de la comisión rogatoria al país helvético del juez español

El escrito de las autoridades de Berna tiene fecha del pasado 26 de enero, aunque no hizo su entrada en Madrid hasta el pasado 12 de febrero, según consta en una providencia del juez Ruz a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma se detalla que la información remitida por Suiza es respuesta al cuadragésimo sexto complemento de la comisión rogatoria que el magistrado español había enviado al país helvético el pasado otoño y en el que le pedía nuevos datos sobre los productos financieros que pudieran tener en el HSBC tres empresas 'pantalla' supuestamente utilizadas por varios cabecillas de la trama y sus familiares para ocultar importantes cantidades de dinero. En concreto, pedía información sobre las cuentas a nombre de las sociedades panameñas Itelsa Development Group Corp y Longridge Internacional SA, y de una tercera llamada Evandale International Limited.

Todas ellas aparecían en la información extraída por Hervé Falciani de las bases de datos del HSBC en Ginebra. De hecho, los primeros datos que obraron en el sumario sobre la primera de ellas, la de Itelsa Development Group Corp, fueron los que facilitó el informático cuando comenzó a colaborar con las autoridades españolas tras su paso por una cárcel de nuestro país. Precisamente por ello, Berna hizo oídos sordos hasta en cinco ocasiones a las peticiones de información que sobre la misma le hizo el juez Ruz al considerar el origen de esa información irregular. Sin embargo, en el verano de 2013 cambió su postura y comenzó a remitir datos sobre este depósito. Así, el juez Ruz pudo conocer sus secretos, entre ellos que sus apoderados no eran otros que Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama Gürtel, y Arturo González Panero, el exalcalde 'popular' de Boadilla del Monte. Junto a ellos, figuraba también el abogado Javier del Valle Petersfeldt, a quien en diversos escritos el magistrado español adjudica el papel de "gestor de los fondos ilícitos de algunos de los imputados".

Madeira, Suiza, Miami, China...

Según la investigación, García Panero, al que dentro de la trama se le conocía con el alias de 'El Albondiguilla', recibió presuntamente de la trama al menos a 637.000 euros en "regalos y entregas en efectivo". Parte de estos fondos fueron supuestámente ocultados por el antiguo regidor en un primer momento tras Freetown Comercio, una mercantil con sede en Madeira (Portugal) que habría puesto a su disposición el propio Correa. Más tarde, ese dinero fue transferido a la cuenta del HSBC de Ginebra a nombre de Itelsa Development Group Corp. El juez Ruz ya apuntaba entonces en un auto que parte de estos fondos acabaron siendo invertidos en bienes localizados en Miami (EEUU) y en China.

Ruz también había pedido a Berna un documento original para constatar si la firma que aparece en la apertura de una de las cuentas es de la exmujer de 'El Albondiguilla'

Las autoridades de Berna también han informado sobre una segunda cuenta en el HSBC relacionada con el exalcalde de Boadilla. En este caso, abierta a nombre de otra empresa 'pantalla' panameña, Longridge International SA. En ésta figura como representante de la misma la que fuera su esposa, Elena Villarroya, y tuvo un saldo de hasta 716.701 euros en septiembre de 2006. En el caso de este depósito, Ruz no sólo pidió información sobre sus movimientos y saldos, sino también el documento original de la apertura de la cuenta de 2005 en la que la mujer del exregidor 'popular' plasmó su firma así como otros que autorizaban salidas de dinero para someterlos a un estudio caligráfico en España. Suiza también los envió y, tras el análisis realizado por el Servicio Técnico Policial de la Sección de Documentoscopia de la Policía, el magistrado español ha ordenado recientemente que se devuelvan a las autoridades de Berna.

Gracias a documentos que ya obraban en la causa sobre esta cuenta, y que Suiza remitió hace algo más de un año, los investigadores detectaron las triquiñuelas con las que se intentaba ocultar la verdadera titularidad de la misma. Así, la sociedad a cuyo nombre figuraba, Longridge International SA, tenía como 'directores' de la misma a tres compañías radicadas en Antillas Holandesas, otro territorio fiscalmente opaco. Sin embargo, en ese barullo societario Elena Villarroya figuraba en los papeles bancarios como representante y con plenos poderes para ordenar movimientos.

Finalmente, el país helvético han remitido documentación sobre una tercera cuenta abierta en el HSBC, la número 1218921, que figura a nombre de otra compañía 'fantasma', Evandale International Limited, también supuestamente vinculada a la trama Gürtel, pero de la que hasta ahora había poca información. Los primeros datos sobre la misma aparecieron en una veintena de folios remitidos por Suiza en octubre del año pasado a la causa junto a otros documentos bancarios referidos a Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el presunto testaferro Iván Yáñez.

http://vozpopuli.com/actualidad/58017-suiza-envio-a-ruz-datos-de-3-cuentas-de-gurtel-en-el-hsbc-quince-dias-antes-de-publicarse-la-lista-falciani

RUZ QUIERE CONVENCER A SUIZA DE QUE BÁRCENAS COMETIÓ DELITOS FISCALES CON UN NUEVO INFORME DE HACIENDA

Tres funcionarios de la Agencia Tributaria constatan que la red de Correa utilizó facturas falsas para evadir pagos al fisco

"Clientes central no tiene NIF, lo que abunda en su carácter ficticio y en que tales operaciones no pueden ser declaradas a la Hacienda Pública", indica el documento

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene intención de enviar con toda celeridad a Suiza las pruebas de que Luis Bárcenas y el resto de integrantes de la red Gürtel habrían cometido delitos fiscales, según una providencia remitida a las partes personadas este jueves.

El juez pretende convencer de esta forma a las autoridades suizas para que autoricen el uso de la documentación facilitada en las sucesivas comisiones rogatorias dirigidas a este país con la finalidad de enjuiciar los actos de fraude fiscal que se investigan.

En enero pasado, Oficina Federal de Justicia de Suiza remitió un escrito a Ruz en el que se reiteraba su negativa a que los documentos ya enviados a Ruz pudieran servir para acusar a Bárcenas de fraude fiscal: "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", especifica el texto. Esta negativa se extiende también a la documentación aportada por Suiza sobre el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

"Repercutían en el PP"

Suiza adoptaba esta decisión al considerar que los "sobornos de Bárcenas repercutían en perjuicio del Partido Popular y no en el de la Hacienda pública española". "Dicho de otro modo", prosigue el escrito, "en este momento no se desprende que el Estado español hubiese sufrido un perjuicio patrimonial por fraude fiscal".

Pero Ruz ya cuenta con el informe que desmonta la versión de las autoridades suizas, y que había solicitado de urgencia a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria sobre las facturas falsas emitidas por las empresas de Francisco Correa a terceros, que finalmente favorecieron a los políticos del PP.

Como por ejemplo al propio Bárcenas; al exconsejero madrileño Alberto López Viejo o a los exalcaldes Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, éste último exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato.

"En relación con Pasadena [empresa de viajes de Correa], como se deduce de todo lo expuesto en los apartados anteriores, no hay pago por los clientes, y clientes central [la contabilidad B de la trama] no aparece en las declaraciones 347" que están obligadas a hacer las empresas con Hacienda, explica el informe, que continúa: "En ningún caso estos pagos proceden de sucursales bancarias de Suiza, ya que no consta que tales entidades tuvieran abiertas cuentas en este país".

"Carácter ficticio"

Y por ello de forma exhaustiva, los funcionarios de la Oficina de Investigación del Fraude analizan decenas de facturas, entre ellas las emitidas por la firma Pasadena Viajes a nombre de clientes central, "a los que se van emitiendo los albaranes, siendo los beneficiados distintas personas. Es interesante observar que clientes central no tiene NIF, lo que abunda en su carácter ficticio y en que tales operaciones no pueden ser declaradas a la Hacienda Pública".

Según el documento de Hacienda remitido a Ruz cuando la empresa de viajes de Correa Pasadena emite un bono o formalizaba una reserva "a favor de una persona que no va a pagar por concesión de la propia empresa, (viajes del propio Correa y sus familiares, y muchas otras personas), el albarán se emite a nombre de un cliente ficticio clientes central".

"Para dar de baja todos estos albaranes pendientes, se suelen emitir facturas que los agrupan, también a nombre de clientes central. Finalmente, estas facturas, en otro ordenador y programa no localizados, se registran en una cuenta especial cuyo saldo se ajusta a fin de año para que quede a cero", especifica el informe.

Los beneficiarios de los albaranes emitidos a nombre de clientes central eran, entre otros Bárcenas, Guillermo Ortega y Plácido Vázquez, que se cancelan con otra cuenta. Por ejemplo, "al cierre del ejercicio 2002 se emitió una gran factura para albergar todos los albaranes emitidos a clientes central por importe de 11.364 euros. Y se cobra por caja".

Cajas B de Correa

Las facturas que no son asumidas como gasto por Pasadena son pagadas con fondos procedentes de las cajas B de la organización. Precisamente este jueves, un informe de la Policía Judicial constató que la caja B de Correa en Madrid recibió alrededor de 1,8 millones de euros de sus empresas en Valencia, que se nutrieron en B de 3,4 millones de euros procedentes del Partido Popular.

Entre las facturas falsas para defraudar se encuentran las emitidas por la empresa de viajes tanto al Partido Popular Europeo, como al PP de Castilla-La Mancha o a la Fundación de Estudios Europeos de la formación conservadora, de los años 2000 y 2001.

Viaje a La Habana

Las liquidaciones de las facturas de la fundación vinculada al PP se destinan al pago de viajes particulares de Luis Bárcenas a Milán y La Habana por 5,8 millones de pesetas (34.800 euros); mientras que por ejemplo un de las del PP europeo, por 10,48 millones de pesetas (62.900 euros), se asigna a al seminario Diálogo Euro-Mediterráneo que según los funcionarios de Hacienda "no parece responder a un servicio realmente prestado".

Además hay facturas de joyerías, tiendas de ropa, así como las facturas emitidas a la Comunidad de Madrid que incluirían la comisión eventualmente abonada a Alberto López Viejo, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre; así como al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, a quien la trama Gürtel compró al menos una televisión de plasma y 16 camisas de algodón de importación.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/20/ruz_planea_enviar_suiza_informe_hacienda_que_constata_delito_fiscal_barcenas_del_resto_red_gurtel_28612_1012.html

EL JUEZ RUZ CREE PRESCRITOS LOS POSIBLES DELITOS ELECTORALES DEL PP EN LOS AÑOS DE BÁRCENAS

En un auto determina que, de haber incurrido los 'populares' en dichas infracciones como apunta la contabilidad del extesorero, estarían ya prescritos. Descarta la "continuidad delictiva" que defendían las acusaciones.

Las donaciones irregulares que Luis Bárcenas registró en su contabilidad paralela pueden constituir un delito fiscal o de blanqueo de capitales, pero lo que es seguro es que no supondrán un delito electoral. Así lo ha establecido de forma contundente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, en un auto fechado el pasado 4 de febrero y no conocido hasta ahora en el que rechaza las pruebas solicitadas por la acusación ejercida en nombre del Observatorio DESC. En dicho escrito, el magistrado asegura que, de haberse producido dichas infracciones penales, éstas estarían ya prescritas. "El plazo habría transcurrido en exceso", concluye en el texto que parece librar al PP definitivamente de una de las amenazas que lo acechaban cuando el juez está a punto de echar el cierre del sumario antes de abandonar la Audiencia Nacional en unas semanas.

Los hechos denunciados llegaban hasta 2008. "El plazo habría transcurrido en exceso", afirma Ruz

En su auto, Ruz rechaza realizar más diligencias sobre ese posible delito electoral, como le socitaba la acusación. Para ello, recuerda que en los años en los que presuntamente se cometió el periodo de prescripción era todavía más corto que actualmente y que, por tanto, debe aplicarse la legislación más favorable para el sospechoso. De este modo, los hechos habrían prescrito a los tres años de ser cometidos. Así, el magistrado asegura que la acción penal llega tarde "sin que con posterioridad a 2008 la instrucción practicada haya revelado hechos acaecidos con posterioridad y que presentaran indiciariamente relevancia penal". El magistrado justifica fijar una fecha de caducidad a esos delitos con la doctrina del Tribunal Supremo. Además, asegura que la aplicación de la llamada "continuidad delictiva" que planteaban los abogados del Observatorio DESC para orillar la prescripción había sido ya descartada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto de febrero de 2014.

Alivio para el PP, revés para IU

Al tiempo, el auto del magistrado contiene otro revés para las acusaciones, que pedían que se realizaran nuevas diligencias de investigación para comprobar si las entregas de dinero negro al PP que recogen los 'papeles de Bárcenas' y que supuestamente fueron destinadas a financiar sus campañas electorales podrían haber continuado más allá de 2008. En este sentido, el magistrado recuerda que la propia querella de Izquierda Unida (IU) que dio pie a la apertura del sumario sobre la contabilidad manuscrita del extesorero sólo cubría hechos ocurridos hasta 2008.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional es un alivio para el Partido Popular a las puertas de que el magistrado cierre su instrucción puesto que el delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, vigente en los años analizados, preveía una pena de cárcel de hasta 3 años, así como multa e inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, para presentarse a elecciones durante el tiempo de la condena. Los informes de Hacienda también han apartado la responsabilidad del PP en los cuatro delitos de fraude fiscal con los que se le relaciona.

Pese a que Hacienda ha establecido que hubo más contabilidades b que la del propio Luis Bárcenas, de las que podrían derivarse nuevos delitos, el informe definitivo de la Agencia Tributaria sobre la reforma de la sede de Génova en Madrid reza que el Partido Popular pagó en dinero negro, al menos 1,7 millones de euros de la reforma de su sede de Génova entre los años 2006 a 2010 que permitieron al despacho de arquitectos que realizó esa obra eludir el pago de 1.628.172,55 euros en concepto de Impuesto de Sociedades y otros 265.426 euros en concepto de IVA. Esas "cuotas superan los 120.000 euros, límite cuantitativo del artículo 305 del Código Penal", explican los inspectores de Hacienda para justificar sus dos acusaciones por delito en el Impuesto de Sociedades. Igualmente añaden que "por el año 2009 y 2010 resultan unas cuotas supuestamente defraudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) superiores a 120.000 euros", cantidad constitutiva de delito.

http://vozpopuli.com/actualidad/57458-el-juez-ruz-cree-prescritos-los-posibles-delitos-electorales-del-pp-en-los-anos-de-barcenas

RUZ ENVÍA AL JUZGADO DE MADRID UNA COPIA DE LA CAUSA SOBRE EL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

La Oficina Judicial investiga la desaparición del procedimiento

Su archivo debía ser revisado por la Audiencia Provincial

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid una copia testimoniada de la causa en la que se investiga el borrado de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas después de que se denunciara la pérdida del procedimiento, que fue archivado en octubre de 2013 y aún está pendiente de la resolución de recursos.

El magistrado ha remitido estas diligencias después de recibir una petición del juzgado madrileño, que las reclamó cuando la secretaria judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.

La Oficina Judicial ha abierto un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y ha pedido, además, a las partes que aporten los escritos que adjuntaron en su día, para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

No apreció daño

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el ex tesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos por lo que el sumario quedará reconstruido en cuanto la Audiencia Nacional remita el testimonio solicitado y las partes personadas aporten de nuevo sus escritos, han concretado las mismas fuentes.

La instructora argumentó en octubre que para que exista delito los daños estos deben causarse en propiedad ajena y en el caso de los ordenadores de Bárcenas no se ha demostrado que pertenezcan al ex tesorero, que reconoció en su declaración ante el juez Pablo Ruz que los equipos que él usaba pertenecían al Partido Popular.

"No hay prueba que pueda practicarse en esta causa tendente a determinar la titularidad de estos bienes" de forma, señala la juez, que "los bienes pertenecen al titular del inmueble, con lo que, hallándose los ordenadores en la sede del Partido Popular, a él pertenecen, salvo prueba en contra".

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e5ed5eca4741f3068b4577.html

EL SUMARIO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS SE PIERDE EN LA AUDIENCIA

La juez cita a las partes para que aporten la documentación para reconstruirlo

La causa sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del PP —cuyo archivo fue recurrido por las acusaciones— se ha extraviado en la Audiencia de Madrid. En una providencia, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha pedido a las partes que lleven este viernes la documentación que aportaron en su día.

El sumario fue archivado por la juez en octubre de 2013 al considerar que la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que el extesorero tenía en la sede del PP no era constitutiva de delito de daños ni encubrimiento. La reconstrucción no será compleja, pues no se han llegado a practicar declaraciones o pruebas en el sumario perdido.

La causa había sido remitida a los juzgados de plaza de Castilla por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que accedía así a la petición que le habían hecho las acusaciones del caso Bárcenas y la defensa del extesorero tras conocer que el PP ya había informado al juez de la destrucción de esos discos duros.

Las acusaciones recurrieron el archivo acordado por la jueza de instrucción y unos meses después, ante el silencio de la Audiencia Provincial, una de ellas acudió al juzgado para comprobar que había recibido el registro.

La funcionaria del juzgado alegó que en febrero de 2014 se remitió a la Audiencia Provincial el recurso mediante una providencia, sellada con fecha de entrada un mes después en el Decanato de los Juzgados de Madrid.

La empleada del juzgado afirmó que junto con esa providencia había remitido el sumario a la Audiencia Provincial. Sin embargo, cuando ahora el juzgado ha preguntado al Decanato por la recepción de la causa, este ha respondido que no la tiene, según relata la providencia del Juzgado de Instrucción emplazando a las partes, fechada el pasado lunes, día 16.

El juzgado se dirigió entonces a la Audiencia de Madrid, que le respondió que no tiene el recurso de apelación y, por ello, la jueza ahora pretende reconstruir el sumario con la documentación de las partes y poder seguir así con el recurso.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/18/actualidad/1424271309_150553.html

UN JUZGADO DE MADRID PIDE DE NUEVO A RUZ LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS TRAS HABERLA 'PERDIDO'


La titular del juzgado ha pedido ayuda a las partes para intentar reconstruir los autos

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, encargado de investigar el presunto borrado de los ordenadores del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que le remita de nuevo el procedimiento tras haber perdido el rastro de la causa, archivada en octubre de 2013 y pendiente de recurso.

Según han indicado fuentes jurídicas, las actuaciones "desaparecieron" después de que la secretaria judicial del 32 realizara los trámites para remitirlas a la Audiencia Provincial de Madrid. La oficina judicial ha abierto un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y ha pedido, además, a las partes que aporten los escritos que adjuntaron en su día para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

No apreció daño

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el ex tesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos por lo que el sumario quedará reconstruido en cuanto la Audiencia Nacional remita el testimonio solicitado y las partes personadas aporten de nuevo sus escritos, han concretado las mismas fuentes.

La instructora argumentó en octubre que para que exista delito los daños estos deben causarse en propiedad ajena y en el caso de los ordenadores de Bárcenas no se ha demostrado que pertenezcan al ex tesorero, que reconoció en su declaración ante el juez Pablo Ruz que los equipos que él usaba pertenecían al Partido Popular.

"No hay prueba que pueda practicarse en esta causa tendente a determinar la titularidad de estos bienes", de forma, señala la juez, que "los bienes pertenecen al titular del inmueble, con lo que, hallándose los ordenadores en la sede del Partido Popular, a él pertenecen, salvo prueba en contra".

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/18/54e484ceca4741813c8b456d.html?cid=MNOT23801&s_kw=un_juzgado_de_madrid_pide_de_nuevo_a_ruz_la_causa_del_borrado_de_los_ordenadores_de_barcenas_tras_haberla_perdido

LOSANTOS SE LIBRA DE SER IMPUTADO POR LA FINANCIACIÓN DE SU GRUPO MEDIÁTICO CON LA CAJA B DEL PP

Ruz explica que no se han encontrado indicios de que los consejeros de Libertad Digital conocieran la procedencia del dinero; esta mañana el locutor aleccionaba a Monedero sobre el "dinero negro" a Venezuela

El juez Pablo Ruz ha rechazado imputar al presidente de Libertad Digital (LD), Federico Jiménez Losantos, y a otros seis miembros del Consejo de Administración en relación a la compra de acciones de ese medio de comunicación con fondos procedentes de la caja B del PP -que tanto el juez como la fiscalía y la Abogacía del Estado dan por acreditada- al no apreciar delito en sus actuaciones. El magistrado desestima así la petición que en este sentido le hizo la acusación que ejerce Observatori Desc en el ‘caso Bárcenas’ para que imputara a Losantos y al resto del consejo de Administración de LD por un delito de blanqueo y otro fiscal. El que sigue imputado por estos hechos es el exsecretario general del PP Ángel Acebes.

Blanqueo desestimado porque no se sabe si conocían el origen del dinero
El instructor desestima el delito de blanqueo porque las diligencias hasta el momento practicadas “no han revelado indicio alguno acerca del presunto conocimiento por parte de los componentes del Consejo de Administración de Libertad Digital SA sobre procedencia del dinero con el que suscribieron acciones de dicha sociedad Rosalía Iglesias [esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas] y otros”.

El delito fiscal habría prescrito y su atribución es “confusa”
En cuanto al delito fiscal, Observatori Desc consideraba que hubo una diferencia de 138.400 euros entre la ampliación de capital de LD que se declaró a Hacienda (434.000 euros) y el dinero que Iglesias y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, entre otros, suscribieron en acciones con dinero de la caja B de Génova 13. Sin embargo, el juez advierte en su auto que de existir delitos habrían prescrito y en cualquier caso tacha de “confusa” la atribución de un delito fiscal que hizo la acusación.

“Con dinero blanco o negro, no podía saberlo”
Losantos se ha referido esta mañana en Esradio (la emisora del grupo Libertad Digital) a este caso para decir que cuando se hizo la ampliación de capital él no era presidente del grupo como lo es ahora, sino que era Alberto Recarte, exconsejero de Cajamadrid. En cualquier caso el locutor ha defendido que “con dinero blanco o negro, no podía saberlo, ¿cómo vas a saber de dónde viene el dinero?”. También ha presentado a Gonzalo Boyé como promotor de la denuncia y ha sentenciado que “a mí me dan una cornada así y me retiro de la vida pública”.

Después de justificar que ignoraran la procedencia del dinero con los que los extesoreros del PP les compraban acciones, Losantos ha atacado a Juan Carlos Monedero (Podemos) por recibir dinero de Venezuela, un país que según él “tiene para su propaganda mucho dinero negro procedente del narcotráfico”.

http://www.elplural.com/2015/02/20/losantos-se-libra-de-ser-imputado-por-la-financiacion-de-su-grupo-mediatico-con-la-caja-b-del-pp/

LUIS BÁRCENAS FIRMA EN EL JUZGADO DE VIELHA EN SU PERMISO DE VACACIONES

El domicilio familiar del extesorero del PP y su casa de Naut Aran están embargadas

Ruz permite a Bárcenas irse de vacaciones a Baqueira

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha acudido este lunes a firmar en el juzgado de Vielha (Lleida) cumpliendo así con lo indicado por la Audiencia Nacional, que le dio permiso para irse 14 días de vacaciones a la zona de Baqueira Beret, donde tiene una casa junto a la estación de esquí del Vall d'Aran.

Bárcenas ha llegado sobre las 11:05 horas, solo y vestido de calle, ha aparcado su coche a unos cien metros del juzgado y se ha dejado filmar y fotografiar, pero no ha hecho declaraciones a los medios.

El juez Pablo Ruz permitió el viernes pasado a Bárcenas salir de Madrid desde el 20 de febrero al 6 de marzo, aunque en ese periodo tendrá que seguir cumpliendo con su obligación de comparecer en sede judicial todos los lunes, miércoles y viernes, lo que ha empezado a hacer este lunes en la localidad leridana de Viella Mitg Aran.

La intención de Bárcenas es descansar en el chalet que posee en Naut Aran (Lleida), cercana a la estación de esquí de Baqueira Beret, donde también cuenta con dos plazas de garaje.

Todo ello, al igual que el domicilio familiar en la calle madrileña de Príncipe de Vergara, se encuentra embargado desde julio de 2013 por orden de Ruz, lo que no le impide poder seguir disfrutando de esas propiedades.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/23/catalunya/1424687504_150912.html

RUZ PERMITE A BÁRCENAS IRSE DE VACACIONES A BAQUEIRA

El extesorero del PP tiene embargado su chalé de 150 metros en Lleida pero puede disfrutarlo

Una lujosa urbanización a pie de pistas en la montaña aranesa

Bárcenas podrá poner rumbo a Baqueira Beret (Lleida) para disfrutar de 14 días de vacaciones en su lujoso chalet de 150 metros cuadrados. El juez Ruz ha autorizado finalmente al extesorero del PP a que se ausente este tiempo de su residencia en Madrid —donde tiene que comparecer tres días en semana ante la Audiencia— aunque deberá presentarse de igual forma ante el juzgado de Viella. El exresponsable de las finanzas del PP, quien salió de la cárcel el pasado 22 de enero, está pendiente del juicio en el que se le acusa de delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Bárcenas pasará sus vacaciones en su exclusivo chalet en Baqueira pese a tenerlo embargado: la medida le impide venderlo o disponer de él, pero no disfrutarlo.

El abogado de Bárcenas presentó la solicitud el pasado 12 de febrero. El juez ha permitido al extesorero irse de vacaciones desde el 23 de febrero al 5 de marzo, ambos inclusive. El juzgado de Viella tendrá que remitir "de forma inmediata vía fax" las "comparecencias que verifique el imputado", informa Europa Press. Bárcenas, sobre el que pesa una petición del fiscal de 42 años de cárcel, tiene todos sus bienes embargados y sus cuentas bancarias bloqueadas.

La casa de Baqueira en la que disfrutará de los días de asueto fue adquirida por Bárcenas por un millón de euros sin hipoteca: la pagó con varios cheques, como consta en la investigación.

Estas son las primeras vacaciones de Bárcenas tras su salida el pasado 22 de enero de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció ingresado 19 meses por su imputación en el caso Gürtel. El magistrado ha permitido este tipo de traslados a otros imputados en el caso Gürtel, como los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo.

Ruz decretó su ingreso en prisión el 27 de junio de 2013 después de que se descubriera su patrimonio en el extranjero y la Sala de lo Penal dictó su salida el pasado enero, previo pago de una fianza de 200.000 euros, al considerar que ya no hay riesgo de fuga.

Bárcenas salió de la cárcel a la espera de juicio pero Ruz le impuso varias medidas cautelares, entre ellas la comparecencia en la Audiencia Nacional cada lunes, miércoles y viernes, así como la retirada el pasaporte y la prohibición de abandonar España. Las vacaciones, eso sí, tienen como límite geográfico el territorio nacional.

Una lujosa urbanización a pie de pistas en la montaña aranesa

"En Residencial Val de Ruda hallarás toda la tranquilidad que siempre has deseado. Olvídate de las prisas, los agobios y las colas. Sube y baja de las pistas cuando quieras sin necesidad de coger el coche y sin perder tiempo. Invierte ya en tu bienestar", reza el texto de promoción de la lujosa urbanización en Baqueira Beret (Lleida), en la que Luis Bárcenas y su esposa poseen un chalet de 150 metros, por el que pagaron un millón de euros en 2008.

La exclusiva urbanización está situada a pie de pistas y junto al remonte. Las casas, como se puede ver en la imagen correspondiente al piso piloto, ofrecen magníficas vistas a la montaña aranesa.

Bárcenas es titular del 50% de este inmueble, que comparte con su esposa, Rosalía Iglesias. No es la vivienda de mayor extensión del matrimonio. Bárcenas es propietario, al 100%, de un piso de alrededor de 220 metros cuadrados y un garaje en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid. Dispone, además, de otra plaza de garaje en la calle Ramón de Cruz, también en la capital, además de una vivienda en el barrio de Peñagrande, en Madrid del que es propietario por herencia.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424356145_611817.html

EL JUEZ RUZ LE CONCEDE A BÁRCENAS 10 DÍAS PARA IRSE DE VACACIONES A BAQUEIRA

Ruz le ha permitido ausentarse desde el próximo lunes hasta el 5 de marzo. Bárcenas tendrá que acudir tres veces por semana a firmar a los Juzgados de Vielha, próximos a la estación de esquí

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha autorizado al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a que se vaya de vacaciones durante 10 días a Baqueira. Según ha podido saber El Confidencial, Ruz le ha permitido ausentarse desde el próximo lunes hasta el 5 de marzo para irse al Valle de Arán. Bárcenas tendrá que acudir tres veces por semana a firmar a los Juzgados de Vielha, próximos a la estación de esquí de Baqueira, donde es conocido que le gusta ir a esquiar y donde posee un apartamento. En este se alojará a pesar de estar embargado; sin embargo, se le autoriza a usarlo.

En su resolución, Ruz modifica su auto de 22 de enero por el que acordaba su puesta en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros, y en el que fijaba que debía acudir todos los lunes, miércoles y viernes a la Audiencia Nacional a firmar para controlar que no se fuga de la Justicia española.

Pero esta modificación sólo le servirá durante diez días. Después tendrá que volver a acudir asiduamente al juzgado de Ruz. El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, remitió al juzgado de Ruz la petición de que su defendido pueda irse del 20 de febrero al 6 de marzo de vacaciones con su familia y firmar cada lunes, miércoles y viernes en el juzgado más próximo a su destino. Bárcenas, sobre el que pesa una petición del fiscal de 42 años de cárcel, tiene todos sus bienes embargados y sus cuentas bancarias bloqueadas.

En el escrito, sin embargo, el extesorero no explicaba la localidad a la que se dispone a ir y apuntaba que lo comunicaría en persona en el juzgado, pero el juez le obligó a especificarlo por escrito. Son las primeras vacaciones de Bárcenas tras su salida el pasado 22 de enero de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció ingresado 19 meses por su imputación en el 'caso Gürtel'. El magistrado permitió este tipo de traslados a otros imputados en el caso, como los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo.

Ruz decretó su ingreso en prisión el 27 de junio de 2013 después de que se descubriera su patrimonio en el extranjero y la Sala de lo Penal dictó su salida en enero, previo pago de una fianza de 200.000 euros al considerar que ya no hay riesgo de fuga.

Por otro lado, Ruz ya ha mandado toda la documentación relativa a la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, entregados por el PP. Este miércoles, la juez número 32 de Madrid que investigaba esta destrucción por parte de la formación requirió al instructor que le remitiera de nuevo toda la documentación después de que en Plaza de Castilla se haya extraviado la causa.

La juez Esperanza Collazos había archivado la causa contra el PP al entender que esos ordenadores son de la propiedad del partido y, por tanto, no se le puede acusar de destruir algo que es suyo. Las acusaciones, representadas por Izquierda Unida, recurrieron el archivo pero la documentación nunca llegó a la Audiencia Provincial de Madrid. Las acusaciones están citadas este viernes para que entreguen toda la documentación de la que disponen y Ruz ya ha enviado de nuevo todo lo que había en su Juzgado.

3,5 millones en la caja B de Gürtel Valencia

Dentro del 'caso Gürtel', la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha remitido un informe definitivo del análisis del pendrive encontrado a uno de los imputados, José Luis Izquierdo. En este documento, señala que el importe total de los fondos que han entrado en la caja B de una de las empresas del líder de la trama, Francisco Correa, Orange Market, fue de 3,4 millones de euros, que fue aportado por distintas entidades del PP en Valencia o personas vinculadas a éste.

Para la Policía, del total ingresado en la caja B de Valencia han sido traspasados a la caja B de Madrid 1,8 millones de euros. De estos datos, “se infiere que una parte importante de la caja B de la organización con sede en la calle Génova de Madrid se nutría de aportaciones realizadas desde la Caja B de Orange Market en Valencia, cuyos fondos provenían o tenían origen en los ingresos realizados por diferentes entidades del PP en la Comunidad de Valencia y personas vinculadas a esta formación, por servicios prestados entre 2006 y 2009”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-19/ruz-le-concede-a-barcenas-14-dias-para-irse-de-vacaciones-a-baqueira_715077/

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDE A RUZ QUE LE TRIPLIQUE LA ASIGNACIÓN PARA MANTENER AL EXTESORERO

Rosalía Iglesias envía un escrito a la Audiencia Nacional en el que recalca que los 300 euros que el juez fijó para "gastos de alimentación" son insuficientes con su marido fuera de prisión y con la subida del IPC. Pide el desbloqueo mensual de 900 euros.

Luis Bárcenas ha salido con apetito de prisión. Al menos eso es lo que se deduce del escrito que ha presentado su mujer, Rosalía Iglesias al juez Pablo Ruz en el que pide a éste que le multiplique por tres la asignación para "gastos de alimentación" que le fijó en enero de 2014. Entonces el magistrado, en un duro escrito en el que criticaba algunos de los gastos que la esposa del extesorero pretendía cubrir con el desbloqueo parcial de sus cuentas, dejó en 300 euros dicha cantidad mensual. Ahora, los Bárcenas reclaman que esa cifra se eleve hasta los 900 euros. "Uno más en un domicilio supone necesariamente un incremento en dichos gastos cotidianos y propios", señala el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y que se conoce cuando la pareja disfruta de unos días de "descanso" en la estación de esquí de Baqueira.

Rosalía Iglesias alega que tras la salida de prisión de su marido "hay un miembro más en la familia que necesita diariamente alimentación"

El dicho recurso, fechado el 9 de febrero y que ahora el juez ha entregado a las partes, Rosalía Iglesias recuerda que pidió en su día el desbloqueo de 5.000 euros de las cuentas que el matrimonio tenía en Bankia y La Caixa, y que habían sido intervenidas por orden del juez Ruz. El fin era entonces hacer frente a los "gastos personales y familiares", entre los que incluía desembolsos para la adquisición de "ropa, calzado, peluquerías, libros y famacia", además de "los estrictos de comida". El magistrado rechazó entonces dicha pretensión y consideró la mayor parte de éstos superfluos, por lo que fijó finalmente la cantidad a entregar mensualmente en 300 euros. En aquel escrito, Ruz ponía de manifiesto su sospecha de que la familia tenía acceso a dinero de "procedencia desconocida" con el que había estado pagando un coche "opulento" valorado en 91.936 euros. La decisión del juez fue ratificada por la la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que poco después calificó de "notoriamente excesiva" la cantidad que entonces pedia Iglesias ya que "el ritmo de vida anterior de la familia" ha cambiado y debe "reducirse a otra más acorde tanto a las circunstancias procesales, como a las de índole personal y familiar" de la imputada.

"Un incremento diario"

Ahora, la mujer del extesorero recuerda al juez que con esos 300 euros ha tenido que cubrir desde entonces y hasta ahora los gastos de ella y del hijo de matrimonio, pero "excluyendo al señor Bárcenas dado que no convivía en el domicilio por su situación personal", en referencia a su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real. Por ello, ahora recuerda que esto ha cambiado desde el 22 de enero de este año, cuando el antiguo responsable de las finanzas del PP consiguió la fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional para salir en libertad. "[Luis Bárcenas] ha vuelto lógicamente a vivir en su domicilio junto con su esposa e hijo, lo que supone necesariamente un incremento diario para la familia en gastos de alimentación y propios", destaca.

La mujer de Bárcenas también recalca que "siempre hay el incremento anual del IPC para todo el mundo que debería igualmente tenerse en cuenta"

¿De cuánto? Rosalía Iglesias cita expresamente la cantidad de 900 euros que es la que en un escrito de septiembre de 2013 la Fiscalía Anticorrupción no se opuso que se entregara a la familia. Una cantidad que la mujer del extesorero considera razonable ya que, además de la nueva situación de libertad de su marido, "siempre hay un incremento anual de los Índices de Precios al Consumo [IPC] para todo el mundo que debería igualmente tenerse en cuenta". Rosalía Iglesias reconoce que por ahora no puede "acreditar documentalmente la necesidad real" de dicho incremento "dadas las fechas desde que varió recientemente la situación personal del señor Bárcenas", pero insiste en que dicho aumento en la asignación tienen "razones de pura lógica". "Las circunstancias personales familiares no pueden ser las mismas debido a la variación de la situación personal de libertad provisional bajo fianza [de su marido]", insiste, para a continuación recalcar que "hay un miembro más en la familia que necesita diariamente alimentación".

Pagar el IBI y los garajes

Este no ha sido, sin embargo, el único escrito que los abogados de Rosalía Iglesias han presentado en las últimas semanas para reclamar el desbloqueo de fondos. De hecho, el 13 de febrero, cuatro días después del conocido ahora, el procurador de la mujer de Bárcenas presentó en el juzgado de Ruz otro en el que pedía liberar fondos por un total de 2.101,28 euros. Ya lo había intentado en diciembre de 2013. Una cantidad con la que pretendía cubrir tres gastos. En primer lugar, las cuotas de 2014 y del primer trimestre de 2015 de tres plazas de garaje en propiedad cercanas a su domicilio de Madrid por un total de 1.133,11 euros. En segundo, el abono del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del lujoso chalet de Baqueira, correspondiente a 2013 y que asciende a 530,29. Y, por último, la cuota de 437,88 euros del primer semestre de 2014 del garaje del chalé en la estación de esquí.

Junto al escrito, el matrimonio adjuntaba las reclamaciones que para el abono de dichas cantidades les habían hecho llegar las distintas comunidades de propietarios en las que se encuentran las propiedades, así como la diligencia de apremio del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de Lleida. “Rogamos nos indique si mantiene la domiciliación de sus recibos en el mismo banco o desea cambiar a otra cuenta o a otra forma de pago”, le reclamaba en uno de ellos el administrador de fincas que gestiona la comunidad donde se encuentra su domicilio. Por su parte, los dueños del aparcamiento de Baqueira le remitieron la comunicación de la “deuda pendiente” a dos direcciones de correo electrónico. Una, la particular de Rosalía. La otra, la que utilizaba Bárcenas como tesorero del PP, como si su emisor aún no conociera cuál es la situación judicial de éste.

LA POLÉMICA 'LISTA DE LA COMPRA'

En octubre de 2013, la mujer de Bárcenas presentó a Ruz un escrito en el que detallaba sus pagos mensuales para justificar la petición que había hecho el 4 de septiembre anterior de que le desbloquease 5.000 euros al mes para hacer frente a los "gastos de uso corriente de la familia". En la misma, incluía gastos no domiciliados, como los 400 euros que por entonces Rosalía Iglesias ingresaba todos los meses en el peculio abierto al extesorero en la cárcel para que pueda hacer frente a pequeños gastos, principalmente comida y útiles de aseo que los reclusos pueden adquirir en el economato del centro o a través de un recadero. Además incluía para el hijo de ambos una paga de 200 euros y una partida de 150 euros para "libros Guillermo", supuestamente destinados a la adquisición de material para los estudios éste. Además, la relación remitida al juez incluía otros 200 euros para costear "ropa y calzado" de "Rosalía, Guillermo y Luis". La misma cifra era la que estimaba que necesitaba cada treinta días para llenar el depósito de los vehículos de la familia. De ninguno de estos gastos, sin embargo, aportó ningún recibo ni documentación para justificarlos.

También llamó entonces la atención los 150 euros mensuales que tenía presupuestado para "farmacia", en los que incluía productos de homeopatía. Finalmente, la 'lista de la compra' de la familia Bárcenas-Iglesias se refería a productos de alimentación e higiene. Así, calculaba que cada treinta días gastaban 250 euros en el supermercado en lo que englobaba bajo el amplio epígrafe de "leche, pan, legumbres, aceite, pasta, arroz, huevos, galletas etc más gastos de droguería limpieza". Además, estimaba que desembolsaba 90 euros en la carnícería, 75 más en la pollería, otros 90 en la frutería y 70 más en la pescadería. En total, 1.925 euros mensuales, una cifra muy alejada de los 300 euros que en su momento le desbloqueo el juez Ruz y de los 900 euros a los que aspira ahora.

http://vozpopuli.com/actualidad/58030-la-mujer-de-barcenas-pide-a-ruz-que-le-triplique-la-asignacion-para-mantener-al-extesorero

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDIÓ UN DESBLOQUEO A RUZ PARA IR A ESQUIAR CON LOS RECIBOS DE BAQUEIRA AL DÍA

Solicitó 968 euros, más otros 1.100 para el parking de Madrid, nueve días después de que el extesorero comunicara que se iba de vacaciones

El dueño del garaje de Baqueira escribió hace tres meses al correo de Bárcenas en el PP:

"Quedamos a la espera de prontas noticias para regular su situación"

Sus vecinos de Madrid no se dan por enterados y preguntan si los recibos de las tres plazas de garaje son devueltos porque han cambiado de cuenta bancaria

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias querían irse a esquiar en paz con sus vecinos de Baqueira Beret. Así se desprende del escrito que remitió la esposa del extesorero el pasado 13 de febrero, en el que solicita al juez Pablo Ruz que desbloquee algunas de sus cuentas para poder hacer frente a varios pagos, entre ellos el IBI pendiente del lujoso chalé que ocuparán del 20 de febrero al 6 de marzo, así como la plaza de garaje correspondiente.

El procurador de Rosalía Iglesias remitió un escrito al juzgado de Ruz el 13 de febrero, 9 días después de que Bárcenas comunicara al juez de la Audiencia Nacional que se iba de vacaciones sin especificar a dónde. En ese escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, se pedía liberar fondos por un valor total de 2.101,28 euros.

Las cantidades respondían a tres conceptos: el impago de las cuotas de tres plazas de garaje en propiedad en su domicilio de Madrid durante el año 2014, más el adelanto del primer trimestre de 2015, por un total de 1.133,11 euros; el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del lujoso chalet de Baqueira, correspondiente a 2013, que asciende a 530,29; y la plaza de garaje correspondiente al chalé por el primer semestre de 2014, por valor de 437,88 euros.

Luis Bárcenas se comprometió a cumplir con su obligación de firmar en la Audiencia Nacional este viernes por última vez antes de poner rumbo a Baqueira Beret, con lo que llegará a su lujoso destino con deudas pendientes al no haber resuelto aún el juzgado. El jueves se conoció que Ruz le había autorizado a desplazarse hasta allí y firmar en el juzgado más próximo, solo después de que le desvelara su destino por escrito, algo que la defensa de Bárcenas intentó eludir en su primera comunicación para evitar filtraciones.

Bárcenas especificó entonces al juez que sus vacaciones se desarrollarían “en territorio nacional”, la única opción posible, puesto que una de las medidas que estableció la Sala de lo Penal para concederle la libertad fue permanecer en España y en un domicilio comunicado, además de firmar tres veces a la semana en un juzgado. En su comunicación a Ruz, el extesorero especificaba que pasaría los 14 días fuera de Madrid en compañía de su familia.

En el escrito del procurador de Iglesias se pide que se desbloquee la cuenta para hacer frente al pago de los garajes en Madrid y Baqueira y también para que la mujer de Bárcenas retire los 530,29 euros pendientes de abonar a la Administración local en concepto de IBI por el chalet, ya que ese recibo “no se encuentra domiciliado”.

Junto al escrito se adjuntan las reclamaciones de las respectivas comunidades de propietarios y la diligencia de apremio del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de Lleida. Llama la atención, por ejemplo, que la empresa que lleva la administración de la finca de Bárcenas y sus vecinos ignore la situación de embargo de las cuentas del extesorero con la siguiente fórmula: “Rogamos nos indique si mantiene la domiciliación de sus recibos en el mismo banco o desea cambiar a otra cuenta o a otra forma de pago”.

Al correo electrónico del PP

Los dueños del aparcamiento de Baqueira remiten la comunicación de la “deuda pendiente” a dos direcciones, una particular de Rosalía y la que utilizaba Luis Bárcenas en el Partido Popular. Antes de despedirse “atentamente”, dejan caer: “Quedamos a la espera de sus prontas noticias con la finalidad de regular la actual situación”. El correo electrónico está fechado el 14 de noviembre de 2014.

Las solicitudes del matrimonio a Ruz para el desbloqueo de sus cuentas han corrido desigual suerte. En ocasiones, el magistrado lo ha permitido para que Iglesias atendiera las necesidades básicas de cualquier familia, pero ha impuesto límites estrictos. Frente a las peticiones de Iglesias en las que, por ejemplo, se incluían gastos de peluquería, Ruz fijó en 300 euros la asignación mensual para ella y su hijo.

En otros casos, como cuando solicitaron el desbloqueo para pagar a sus abogados, el magistrado les recordó que tenían a su disposición letrados de oficio. La misma respuesta obtuvieron cuando en 2014 Bárcenas solicitó que se desbloquearan cuentas suyas en Suiza para pagar el impuesto de sociedades de Tesedul. Sin embargo, Ruz permite una transferencia automática para el pago de la comunidad de vecinos en Madrid.

La pareja tiene embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y el chalé en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Eso no impide que hagan uso personal de las viviendas señaladas, aunque no puedan venderlas o alquilarlas. El embargo tiene por objeto cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en el caso de una sentencia condenatoria, y que en el caso de la esposa del extesorero alcanzan los 6 millones de euros; y en el de Bárcenas, 43,2.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 43 años y 2 meses para el que fuera guardián de la finanzas del Partido Popular por la pieza denominada 'Primera Época', el primer gran juicio del caso Gürtel. La Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva esa petición a 60 años.

http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-Ruz-Baqueira-IBI-esquiar_0_358365187.html

EL PP VALENCIANO PAGÓ 3,4 MILLONES DE EUROS A LA ‘CAJA B’ DE CORREA

El 99% de la facturación en B de la empresa Orange Market entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2009 procedía de “distintas entidades del Partido Popular”, según un informe de la UDEF remitido al juez Ruz

La Policía Judicial ha enviado un informe al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que constatan que el 99% de la facturación en B de la empresa de Francisco Correa Orange Market entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2009 procedía de “distintas entidades del Partido Popular”.

El documento especifica que el importe total que entró en la caja B de la sociedad de la organización de Correa en Valencia, Orange Market, en ese periodo de tiempo fue de 3.446.985 euros: “De este importe, fue aportado por las distintas entidades del Partido Popular de la Comunidad Valenciana o por personas vinculadas a este, principalmente con ocasión de las elecciones y otros actos fuera de campaña, la cantidad total de 3.413.985 euros, lo que supone un 99% del total”.

Del total ingresado en la caja B de Correa en Valencia, 1,8 millones fueron traspasados a la caja B de Madrid, en donde el dinero se destinaba al pago de nóminas, regalos, comidas y automóviles.

De esta forma la Policía, que analiza la documentación interceptada a Correa, “infiere que una parte importante de la caja B de la organización con sede en la Calle Serrano de Madrid [la encabezada por el propio Francisco Correa] se nutría de las aportaciones realizadas desde la caja B de la sociedad Orange Market en Valencia, cuyos fondos provenían o tenía origen en los ingresos realizados por diferentes entidades del PP en la Comunidad Valenciana, y personas vinculadas a esta formación, por servicios prestados al mismo durante el periodo comprendido entre 2006 y 2009”.

Precisamente, una de las transferencias detectadas en la contabilidad B de Correa en Valencia pone de manifiesto, según la Policía Judicial, que el 23 de marzo de 2007 se anota un ingreso de 200.000 euros con el concepto Entrega acto feria cuyo origen es el “Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)”.

“Este concepto se refiere a la entrega por el acto denominado “Mitin PP”, explica el informe, que continúa: “Celebrado en la Feria de Muestras de Valencia el 31 de marzo de 2007. En el mismo sentido y en la misma fecha se anota una salida del mismo importe, figurando como entidad destinataria Madrid”. El acto del PP que alude la Policía Judicial en su informe lo protagonizaron Mariano Rajoy y Francisco Camps.

Y la presencia de Rajoy se refleja en dos ocasiones en la contabilidad B de Correa: “Adelanto acto Feria Valencia Rajoy. 60.000 Falso” y “Resto acto Rajoy. 30.000 Falso”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/19/el_valenciano_aporto_millones_euros_caja_correa_entre_2006_2009_28603_1012.html

LA UDEF DESTAPA OTROS DOS ACTOS DE RAJOY PAGADOS EN NEGRO POR EL PPCV

Los actos centrales en Valencia de las autonómicas y generales de 2007 y 2008, respectivamente, que contaron con la presencia de Mariano Rajoy, fueron abonados a la Gürtel con al menos 90.000 euros en negro por el PPCV según el informe

Los anexos del último informe de la UDEF avanzado por la SER, que reflejan la contabilidad B de la filial valenciana de la Gürtel, Orange Market, desvelan que el Partido Popular en la Comunidad valenciana pagó con al menos 90.000 euros en negro la organización, por parte de la trama, de dos actos de Mariano Rajoy en la capital del Turia.

En concreto, según los documentos, el PP valenciano abonó el 3 de octubre de 2007 un total de 60.000 euros en concepto de “adelanto acto Feria Valencia Rajoy 28/10/2007”; y otros 30.000 por el “resto acto Rajoy 29/09/2006”.

El primero fue el gran acto de presentación de la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales de 2008, que contó con toda la cúpula del partido y el respaldo durante el mitin de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del entonces presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad valenciana, Francisco Camps.

El segundo, celebrado en el Palau de Les Arts de Valencia, constituyó el primer acto de la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, que contó con la participación del hoy presidente del Gobierno.

Hasta ahora, y según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que investiga la pieza de la financiación ilegal del PP en Valencia, se conocían otros dos actos en los que intervino el hoy presidente del Gobierno, abonados a la Gürtel con dinero B. En concreto, el 12 de mayo de 2007 (“Acto Rajoy Alicante, 16.882,22 euros”) y el 28 de febrero de 2008 (Acto IFA Rajoy, 27.264 euros).

http://cadenaser.com/ser/2015/02/19/tribunales/1424363100_955976.html

LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR FINANCIACIÓN ILEGAL AL PP DE CAMPS

Anticorrupción acusa al PP valenciano de financiación ilegal en las campañas 2007 y 2008

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado casi ocho años de cárcel para la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales, que es la denominación técnica de la financiación ilegal, en las campañas de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los anteriores.

Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente Vicente Rambla y el ex secretario general de la formación en la comunidad autónoma Ricardo Costa.

Según el escrito de Fiscalía, los populares valencianos utilizaron aportaciones irregulares realizadas por varios empresarios de la construcción, para los que también solicita penas, aunque menos elevadas. "Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market", una de las sociedades de la red, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Los empresarios a los que la Fiscalía acusa son Antonio Pons y Alejandro Pons (de la empresa Piaf), Enrique Gimeno (Facsa), los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez), Gabriel Alberto Batalla (Lubasa), Enrique Ortiz y su empleado José Francisco Beviá, así como Vicente Cotino (Sedesa), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que está imputado en la pieza separada de Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia.

Las penas solicitadas para estos empresarios van de dos a seis años de cárcel.

El ministerio público solicita igualmente penas de hasta 27 años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, como autores de los mismos tres delitos electorales (por la campaña de las autonómicas de 2007; las locales de ese mismo año, y las generales de 2008), así como por supuestos delitos fiscales. Anticorrupción reclama castigos algo menos severos para los también miembros de la red Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.

El pasado mes de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, decidió el procesamiento de 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.

La Fiscalía solicita ahora siete años y nueve meses de cárcel para Rambla, Costa, e Ibáñez, y seis meses de prisión para García.

Orange Market y los populares valencianos declararon "la única cuantía" de 175.000 euros por los trabajos que la empresa de la red realizó para el partido en "los procesos electorales de 2007 y 2008". Pero según los fiscales, "los servicios prestados" realmente "que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria" sumaron, "al menos", 2.035.920 euros.

Los socialistas piden penas inferiores

Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en el caso Gürtel, reclaman penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía contra los antiguos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana.

El escrito de calificación solicita tres años y medio de cárcel para los exdirigentes Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, así como para la gerente Cristina Ibáñez. Para Yolanda García el PSPV-PSOE reclama, en cambio, un año y medio de prisión.

A diferencia de lo que hace Fiscalía, el escrito de los socialistas no considera que los tres delitos electorales y la falsedad documental puedan atribuirse a los acusados de forma separada. Mantiene, por el contrario, que la falsedad debe quedar subsumida en los delitos electorales.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/13/actualidad/1423821334_977924.html

BÁRCENAS COMUNICA A RUZ QUE SE VA 14 DÍAS DE VACACIONES CON SU FAMILIA

Con las cuentas embargadas y la prohibición de salir de España, el extesorero elige un destino "dentro del territorio nacional"

Su abogado intenta evitar filtraciones y señala en su escrito que el lugar será comunicado a los funcionarios en persona

Bárcenas firmará en el juzgado más próximo a su localidad de vacaciones para cumplir con la obligación de comparecer lunes, miércoles y viernes

Luis Bárcenas se va de vacaciones. Su nuevo abogado, Francisco Maroto, ha dirigido un escrito al Juzgado de Pablo Ruz en el que comunica la intención de su defendido de pasar 14 días fuera de Madrid, "junto con su entorno familiar" y siempre "dentro del territorio nacional".

La Audiencia Nacional impuso a Bárcenas la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, como una de las condiciones para su libertad. Maroto afirma que entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, Bárcenas cambiará la comparecencia en el tribunal de la calle Prim por otra "en el Juzgado del partido judicial que corresponda" a su destino.

El Juzgado más próximo al lugar de vacaciones será comunicado en persona a los funcionarios de la Audiencia Nacional, momento en el que se les informará igualmente de la "dirección exacta" donde puede ser localizado Bárcenas, así como un "teléfono de contacto", recoge el escrito, al que tuvo acceso eldiario.es, fechado el 4 de febrero.

Ruz envió a prisión sin fianza a Bárcenas el 27 de junio de 2013. Durante los 19 meses que ha estado en la cárcel, su anterior abogado, Javier Gómez de Liaño, solicitó en repetidas ocasiones la puesta en libertad, pero otras tantas fue rechazada por el juez Ruz, en decisiones confirmadas por la Sala de lo Penal. Hasta que el pasado 20 de enero, la Sección Cuarta se opuso a los argumentos del instructor y decretó la libertad bajo fianza del extesorero del PP.

La familia recaudó en 72 horas los 200.000 euros y el imputado salió de la cárcel el 23 de enero por la noche. "Le he hecho caso y he sido fuerte", dijo en referencia a Rajoy entre una nube de micrófonos. Según explicó uno de sus hijos, Guillermo Bárcenas, los últimos 7.000 euros fueron aportados por una tía suya residente en Ponferrada, de donde es originaria Rosalía Iglesias.

Con la instrucción del caso Gürtel practicamente concluida, los magistrados de la Sección Cuarta estimaron que había descendido notablemente el riesgo de fuga. Fue un criterio opuesto al del instructor, Pablo Ruz, quien considera que la proximidad de un juicio y las elevadas penas que para Bárcenas solicitan la Fiscalía y otras acusaciones aumentan el riesgo de que el extesorero decida fugarse. Bárcenas tiene prohibido salir de España y su pasaporte continúa guardado en la Audiencia Nacional.

Por indicación de Gómez de Liaño, en el abono de la fianza quedó aportada la cantidad y el DNI de cada una de las personas que contribuyeron al pago. Se trataba, según él, de eliminar sospechas sobre el origen de los fondos. Bárcenas y su esposa han pedido reiteradamente al juez Ruz y la Sala que le sean desbloqueadas alguna de las cuentas bancarias para poder hacer frente a gastos que consideran domésticos, lo que no han logrado.

"Ni para Coca-Cola"

Según declaró ante Ruz el amigo de la familia Luis Fraga, Rosalía Iglesias no tenía "ni para Coca-Cola" cuando su esposo estaba en prisión. Esta situación unida a la prohibición de abandonar España apunta que el destino de las vacaciones de Bárcenas y su familia no será tan exclusivo como cuando esquiaban en Avoriaz, Val d'Isere, Tignes o Zermatt, después de haber visitado las sucursales bancarias donde guardaban su dinero en Suiza.

La pareja tiene embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y un chalé en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Eso no impide que hagan uso personal de las viviendas señaladas, aunque no puedan venderlas o alquilarlas. El embargo tiene por objeto cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en el caso de una sentencia condenatoria, y que en el caso de la esposa del extesorero alcanzan los 6 millones de euros y en el de Bárcenas, 43,2.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 43 años y 2 meses para el que fuera guardián de la finanzas del Partido Popular por la pieza denominada 'Primera Época', el primer gran juicio del 'caso Gürtel'. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva esa petición a 60 años.

http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-vacaciones_0_355565010.html

LOS PERITOS LO CONFIRMAN: EL PP PAGÓ EN NEGRO 1,71 MILLONES EN LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA

El delito fiscal lo atribuyen a las empresa que realizó los trabajos en la sede central del PP. También descartan que los 'populares' cometan delito por los 7,5 millones que habrían recibido como donativos

Dos peritos de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que las obras en la sede del Partido Popular (PP), que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro, aunque únicamente podría atribuirse delito fiscal a la empresa que desarrolló los trabajos, informaron fuentes jurídicas.

Durante casi cuatro horas de comparecencia, los expertos han ratificado las principales conclusiones de sus pericias y han confirmado que el estudio de arquitectura que llevó a cabo estos trabajos, Unifica Servicios Integrales, cometió cuatro delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.

Su último informe destacaba que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, "habría dejado de ingresar" a la Hacienda Pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal.

Según las citadas fuentes, los peritos no se han pronunciado sobre si el PP podría haber actuado como cooperador o colaborador necesario de estos delitos. La formación no habría cometido delito, además, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos.

Sin obligación de tributar

En otro momento de los interrogatorios, los expertos han señalado que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones de euros en donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008, según la contabilidad de Bárcenas, porque se habrían destinado a fines propios del partido, lo que, según la legislación, les eximiría de tributación.

De igual modo, los peritos han admitido que los descuadres entre los pagos anotados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en su contabilidad B y los cobros realizados por Unifica (un total de 184.000 euros) podrían deberse a la existencia de más proveedores en los trabajos de reforma de Génova.

En su último informe los expertos de la Agencia Tributaria confirmaban que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal", según apuntó Ruz en un auto dictado en noviembre pasado.

Llegaron a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones sobre estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra descontando los supuestos pagos en negro. Así, apuntaba que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.

Teniendo en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señalaba que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los 'papeles de Bárcenas') y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad B.

El último informe, de 111 páginas, también calculaba la defraudación que habría cometido Unifica al no declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a las obras que realizó en los años 2009 y 2010.

Descuadres contables

Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en noviembre pasado, tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se habrían pagado en negro 1,71 millones de euros.

Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez instructor.

http://www.publico.es/politica/peritos-confirman-pp-pago-negro.html

EL ARQUITECTO QUE REFORMÓ LA SEDE DEL PP “SEGUÍA INSTRUCCIONES” DEL PARTIDO PARA DEFRAUDAR AL FISCO

Así lo afirman los peritos de Hacienda ante el juez Ruz, que también ratifican los pagos de 1.7 millones en negro por la sede central del Partido Popular: El doble que lo anotado por Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha tomado declaración este miércoles a los peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado sus informes para la pieza separada de la Caja B del Partido Popular.

Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, presentes en el interrogatorio, los peritos han concluido la existencia de una colaboración o cooperación entre el Partido Popular y el arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo, para que este último defraudara al fisco con aquellas obras.

En concreto, según las mismas fuentes, los peritos han aseverado a preguntas de los letrados que “se observa en los correos electrónicos” cruzados entre las partes, la existencia de “una correlación entre las alteraciones de las certificaciones de obras” supuestamente fraudulentas, que habría sido practicada “siguiendo instrucciones” del Partido Popular. Con esas “alteraciones”, y obras similares con otros particulares o empresas, el arquitecto habría incurrido en cuatro delitos fiscales durante el periodo en que duraron los trabajos.

Los peritos ya detectaron en su informe del pasado mes de julio que la sede central del Partido Popular ubicada en la madrileña calle Génova de Madrid se habría pagado con 1.7 millones de euros en negro, cuando Bárcenas solo anotó en sus célebres documentos manuscritos un total de 888.000 euros. Fuentes jurídicas sostienen que esa diferencia solo puede explicarse con la existencia de "una caja B alternativa" a la llevada por Bárcenas y Lapuerta, y con más fondos que los gestionados por estos. El PP por su parte, sigue negando que tuviera una caja negra.

Los expertos de Hacienda han insistido en que el fraude al fisco no es imputable al Partido Popular, aunque se demuestren los pagos en negro, porque está blindado por la ley de partidos políticos. Esta norma establece que estas formaciones no deben tributar por el dinero que destinen a los fines contemplados en su objeto social. Por oscuro que sea el origen de los fondos.

Una posición que ha sido discutida por los letrados de la acusación durante el interrogatorio. El representante de Izquierda Unida cree que los pagos en negro por la sede pueden tener repercusión para el PP en el Impuesto sobre el Valor Añadido; mientras que el letrado del PSPV considera que la Ley del Impuesto de Sociedades permitiría imputar un delito fiscal al PP, porque las donaciones ilícitas recibidas por esta formación política afectarían a su actividad.

Los peritos de Hacienda no han querido pronunciarse ante ambos argumentos, según las mismas fuentes, porque estas dos cuestiones “no habían sido objeto de la pericia” ordenada por el juez Ruz.

http://cadenaser.com/ser/2015/02/11/tribunales/1423689518_256425.html

IDENTIFICADO UN EMPLEADO DEL PP QUE INGRESÓ EN UNA CUENTA SUIZA DE BÁRCENAS

Suiza revela que Francisco Yáñez, fallecido una semana antes de declarar ante Ruz, viajó a Zürich al menos en dos ocasiones para ingresarle 14 millones de pesetas. Dijo al banco que en realidad era él quien “llevaba los negocios” de Bárcenas

Una reciente comisión rogatoria solicitada por el juez Ruz a Suiza, que acaba de ser traducida del alemán, revela que un cliente del banco Dresdner, Francisco José Yáñez, amigo del extesorero del Partido Popular, histórico empleado del área económica de este partido y padre de uno de sus testaferros, viajó desde España a Zürich en al menos dos ocasiones durante 1998 y 1999 para ingresar un total de 14 millones de las antiguas pesetas en la cuenta que Bárcenas tenía en ese banco.

Así lo confirman las notas internas del Dresdner Bank. Suiza corrobora en su respuesta al juez Ruz, que el cliente con la cuenta número 1.283950 era Francisco José Yáñez, quien según los documentos remitidos, recogió la correspondencia del extesorero, además de ingresarle el dinero, y realizó distintas operaciones de adquisición y venta de acciones con su cuenta abierta en la misma entidad bancaria.

Este cliente ahora identificado, Francisco José Yáñez, no es la primera vez que llama la atención de los investigadores. Además de amigo de Bárcenas, en una ocasión se jactó ante el agente del mismo banco de que en realidad era él quien llevaba los negocios del extesorero y del sobrino del presidente fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne.

En concreto, tal y como publicó la Cadena SER el pasado mes de junio, se reunió el 24 de junio de 1999 en el Hotel Emperatriz de Madrid con el agente del Dresdner, D. Piccoli.

Después de disculparse porque sus "amigos" Luis Bárcenas y Luis Fraga "no han podido venir", comunicó al agente que "los tres son buenos amigos" y que "él lleva en realidad los negocios de los tres". El cliente le contó que en el pasado fue "analista financiero" en un banco y también sus aficiones: Dijo que le gustaba el "Imperio Romano", y que además "colecciona monedas y soldaditos de plomo".

Francisco José Yáñez falleció en enero de 2014, una semana antes de su cita prevista ante el juez Pablo Ruz para que declarase como imputado en la causa abierta sobre la fortuna acumulada por el extesorero del PP en Suiza. El óbito se produjo por causas naturales, según confirmó su entorno.

Llama la atención que Yáñez asegurase al banco suizo que él era quien llevaba los negocios de Bárcenas, cuando el extesorero del PP siempre ha asegurado que él gestionaba sus cuentas en la Confederación Helvética y sus negocios internacionales.

http://cadenaser.com/ser/2015/02/10/tribunales/1423593196_612514.html

LA IGAE ADMITE QUE NO PUEDE DEMOSTRAR LA RELACIÓN ENTRE DONACIONES Y ADJUDICACIONES

Los dos peritos de la Intervención del Estado confirman sus informes ante el juez Pablo Ruz. Añaden que el alza de 11 millones en el contrato de basuras de Toledo a la empresa que habría pagado una mordida a Cospedal fue "nulo de pleno derecho"

Los peritos de la IGAE se han ratificado en las conclusiones de sus informes. Han confirmado ante el juez Ruz que no puede colegirse una correlación temporal clara entre las donaciones contempladas en la contabilidad negra del PP, y las adjudicaciones realizadas por estos supuestos donantes. Es decir: es difícil apreciar una causa-efecto clara entre donación y adjudicación. Por falta de pruebas, según indican fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, y porque se trata de empresas que contratan de forma habitual con las administraciones y no puede determinarse que una adjudicación en concreto tenga que ver con una donación puntual anotada en los papeles de Bárcenas.

Los peritos de la IGAE también han corroborado que fue "nulo de pleno derecho" el acuerdo del Ayuntamiento de Toledo para incrementar en 11 millones de euros el contrato de las basuras a la empresa Sufi, que supuestamente, pagó a cambio una mordida de un mínimo de 200 mil euros para la campaña de Cospedal.

http://cadenaser.com/ser/2015/02/09/tribunales/1423509607_309629.html

LA CUENTA ADJUDICADA A BÁRCENAS EN LAS ISLAS BERMUDAS LLEGÓ A DISPONER DE DOS MILLONES DE EUROS EN 2014

La investigación de Ruz deberá determinar si los fondos se pueden atribuir a un testaferro del extesorero del PP o es propiedad de otros inversores

Un mes antes de que el juez solicitara el bloqueo del dinero en la colonia británica los gestores argentinos retiraron 700.000 euros

La cuenta de las islas Bermudas que el juez Pablo Ruz atribuye a Luis Bárcenas llegó a disponer en marzo de 2014 de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares), según la documentación enviada por las autoridades de la colonia británica al magistrado de la Audiencia Nacional.

El pasado 24 de octubre de 2014 el juez que instruye el caso Gürtel solicitó el bloqueo de la cuenta que fue destino, el 3 de agosto de 2009, de una transferencia de 200.000 dólares (166.000 euros), ordenada por Iván Yáñez. Este broker, hijo del que fuera empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, es considerado uno de los testaferros de Bárcenas.

Los investigadores consideran que pese a que la orden de transferencia la ejecutó Iván Yáñez, en realidad el dinero era de Bárcenas. Y para eso citan la documentación facilitada por los bancos suizos: "Según has hablado con nuestro amigo L, querría transferir 200.000 dólares", escribió el presunto testaferro a Frédéric Mentha, el gestor de una de las cuentas conocidas de Bárcenas en Suiza. Ruz y la Policía Judicial están convencidos de que la letra "L" hace referencia al extesorero del PP.

No bloquea

Pero las autoridades de las islas Bermudas se han negado a bloquear los 200.000 dólares, tal y como adelantó infoLibre. La colonia británica, una isla situada frente a la costa de Estados Unidos, solicitó más información al juez Ruz para justificar la congelación del dinero.

Bárcenas llegó a disponer de 48 millones de euros en Suiza. Y según el sumario, cuando el testaferro Iván Yáñez dio al empleado de banca suiza la orden de transferencia de 200.000 dólares especificó: "Desde la cuenta de mi padre y de la parte correspondiente a Rosa a la siguiente cuenta: siendo el banco de destino Butterfield Trust (Bermuda) Limited a nombre del beneficiario Sun Secured Advantage".

Aseguradora canadiense

Pero la documentación facilitada por la Policía de Bermudas da más pistas al juez Ruz en su rastreo del dinero que atribuye a Bárcenas. Y confirma que el beneficiario, Sun Secured Advantage, es un producto financiero de la compañía aseguradora canadiense Sun Life Finantial Investments.

Según la página web de esta compañía canadiense, Sun Life Financial proporciona soluciones financieras extraterritoriales diseñadas específicamente para cumplir los objetivos y responder a las preocupaciones de particulares con un alto poder adquisitivo que residen fuera de Estados Unidos, Canadá o las Bermudas. En concreto, esta firma tiene como finalidad "maximizar la seguridad personal al mantener los activos confidenciales".

La documentación de Bermudas pone de manifiesto que el producto financiero que Ruz investiga por su relación con Francisco Yáñez, que falleció hace unos meses, y con Bárcenas fue abierto por los ciudadanos argentinos Omar Claudio Díaz Blasco y Graciela Liliana Pontarelli, que según la documentación serían un matrimonio. Por su parte, el uruguayo Marcos Nocetti, de la empresa de este país Costaplus Inversiones, sería el asesor de los mismos. infoLibre se ha puesto en contacto con ellos, sin obtener respuesta.

Grupo Sur de Valores

No es la primera vez que aparecen los nombres de esta empresa y del asesor Marcos Nocetti en el caso Gürtel. Entre la documentación aportada sobre la firma Grupo Sur de Valores, también relacionada con Bárcenas, aparecen numerosas transferencias, una de ellas de 30.000 dólares (25.000 euros), en cuyas órdenes mencionan sus identidades.

En concreto, Grupo Sur de Valores y La Moraleja recibieron 2,2 millones de dólares (1,8 millones de euros) desde las cuentas suizas de Bárcenas, que llegó a justificar las transferencias porque se trataban de negocios agrícolas en Argentina y forestales en Brasil.

El producto financiero Sun Secured Advantage lo contrataron los mencionados ciudadanos argentinos pocos días antes de la transferencia de Bárcenas. En concreto, el 26 de junio de 2009 los ciudadanos argentinos firmaron el contrato, y aseguraron que la actividad comercial de Omar Claudio Díaz Blasco, que se identificó como el gerente de la compañía Macaio, era la venta de equipos de audio e iluminación.

El Citibank de Nueva York

Ese mismo día, la cuenta hasta ahora conocida por Ruz y cuya numeración es 008012695, recibió un ingreso de 95.000 dólares (79.000 euros) procedentes de una sucursal de Nueva York del Citibank que acabaron en la subcuenta 262673024564. Y en la transferencia que Ruz atribuye a Bárcenas de 200.000 dólares, según la documentación de Bermudas, aparece el nombre de Francisco Yanes [Yáñez]. Al igual que en el primer caso, el dinero llegó a la cuenta madre, para depositarse finalmente en la subcuenta cuyo titular es el ciudadano argentino Omar Claudio Díaz Blasco.

En la información que remiten las autoridades de esta isla del Atlántico se especifica que esta subcuenta llegó a disponer en marzo de 2014 de hasta 2,3 millones de dólares, lo que suponen al cambio unos 2 millones de euros. Precisamente, la investigación del juez deberá determinar si este dinero se puede atribuir al testaferro de Bárcenas, o sin embargo es propiedad de otros inversores.

850.000 dólares

Pero la documentación demuestra, también, que un mes antes de que Ruz solicitara el bloqueo de la cuenta de Bermudas los gestores argentinos retiraron 850.000 dólares [unos 700.000 euros] de la misma. Y por eso, en diciembre de 2015, el dinero de la cuenta bajaba hasta 1,2 millones.

En concreto, el 18 de septiembre de 2014 los ciudadanos argentinos retiraron el dinero, que tuvo como destino la cuenta de Citibank denominada Raymon James y Asosociates Inc. de Nueva York. Tanto solo un mes después, el 24 de octubre el magistrado ordenaba que se congelara este cuenta de Bermudas.

Uruguay, Bermudas y Suiza

No es la primera vez que aparece en el caso Gürtel una conexión entre Uruguay, Bermudas y Suiza. De hecho, Ruz sostiene que Bárcenas creó "una estructura societaria en el extranjero que habría permitido la ocultación del origen y titularidad real de su patrimonio", a través de la referida Fundación Sinequanon, fundada en 2005 y radicada en Panamá.

Esta fundación operaba a través de otra sociedad, Impala Limited, constituida en 2001 con sede en Hamilton (Bermudas). Esta empresa era el miembro único de la Fundación; pero también de la sociedad uruguaya Tesedul, constituida por el testaferro Iván Yáñez, que fue quien intentó regularizar el dinero de Bárcenas en España.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/10/la_cuenta_adjudicada_barcenas_islas_bermudas_llego_sumar_millones_euros_28090_1012.html

LA AUDIENCIA DE TOLEDO QUE CONDENA A BÁRCENAS ESTÁ PRESIDIDA POR UN JUEZ AMIGO DE COSPEDAL

El magistrado Manuel Gutiérrez fue uno de los pocos privilegiados que fueron invitados a la boda de la secretaria general del PP con el “príncipe” del ladrillo, Ignacio López del Hierro

Cuando en la soleada tarde del viernes, 4 de septiembre de 2009, en el selectivo “Cigarral de las Mercedes”, el exconcejal del PP del Ayuntamiento de Toledo, Fernando Sanz, pronunció las palabras protocolarias: “Ya que vienen libremente a contraer matrimonio y es su decisión amarse y mantenerse unidos conforme a la Ley, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante la Ley y sus testigos, María Dolores consiente en contraer matrimonio con Ignacio López del Hierro…”, el presidente de la Audiencia Provincia de Toledo, Manuel Gutiérrez, fue testigo del enlace y uno de los pocos invitados al “bodorrio” del año, entre los que se encontraban también Mariano Rajoy y Miguel Arias Cañete. Esa Audiencia que preside Gutiérrez es la que ha revocado este viernes una sentencia del Juzgado nª 4 de Toledo que exoneraba a Luis Bárcenas y que ahora le condena al pago de 50.000 euros por “vulnerar el derecho al honor” de la secretaria general del PP.

Sección Segunda de la Audiencia

Si bien es cierto que el magistrado Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro nada ha tenido que ver con el tribunal que ha decidido darle la “vuelta a la tortilla” y encontrar ¿nuevas? pruebas para condenar a Bárcenas que el juez en primera instancia no halló. “Gutiérrez es el presidente también de la Sección Primera que solo entiende de los casos de los juzgados impares (1,3,5 y 7), mientras que la Sección Segunda, presidida por el conservador Juan Manuel de la Cruz, e integrada por los magistrados Rafael Cáncer y Alfonso Carrión, son los encargados de dirimir los recursos procedentes del 2, 4 y 6”, concretan a ELPLURAL.COM fuentes de la Audiencia toledana, que no dudan en situar a Gutiérrez y a De la Cruz como “jueces muy conservadores”.

Recurso ante el Supremo

Resolución de la Sección Segunda que, siempre según las fuentes consultadas por este periódico, “carece de fundamento jurídico, por lo que a nadie nos puede extrañar que el Tribunal Supremo tire la sentencia de la Audiencia Provincial”. El caso es que los nuevos abogados de Bárcenas han anunciado un recurso de casación ante el Alto Tribunal, convencidos como están no solo de su aceptación, también de su fallo favorable. Y si no fuera así, los abogados, siempre según las mismas fuentes, acudirían hasta el Tribunal Constitucional como última instancia legal.

Las “amistades judiciales” de Cospedal
Nadie duda de la imparcialidad de los jueces que conforman la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ni tampoco de la objetividad e independencia que debe primar en las decisiones del presidente de la Audiencia Provincial amigo de Cospedal. Sin embargo, llama la atención, y de qué forma, el empeño de María Dolores de Cospedal de cultivar la amistad de jueces y fiscales. “No hay sarao judicial en el que no esté presente, ya sea en la toma de posesión de jueces, fiscales e, incluso, nuevos abogados; ya sea en los actos de condecoración de magistrados…sea como sea siempre, siempre, está presente” la presidenta de Castilla-La Mancha.

Amiga de Rouco…

En este sentido, hay que destacar la amistad que mantiene con el presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, sobrino del que fuera cardenal de Madrid y ahora condenado por el papa Francisco al absoluto ostracismo, que en un desfile del Corpus toledano no dudó en pasarle su bastón de mando para que Cospedal pudiera desfilar con los atributos alegóricos del poder. Curiosamente, Rouco es también, como presidente del TSJCM, el encargado de presidir la Sala de lo Contencioso Administrativo encargada de juzgar a los aforados, donde todo apunta acabará como imputado el secretario general del PP, mano derecha de Cospedal y presidente de las Cortes castellano-manchegos, Vicente Tirado, si como se espera estos días el juez Pablo Ruz eleva al Tribunal castellanomanchego una pieza separada sobre la supuesta mordida de 200.000 euros que el partido de Cospedal recibió de Sacyr para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio de la concesión de la recogida de basuras de Toledo.

…Y de un magistrado del Poder Judicial

Está claro, Cospedal mantiene fuertes lazos con la judicatura, incluido el gobieno de los jueces. Aquí, en el Consejo General del Poder Judicial, la secretaria general del PP tiene como amigo del alma y esposo de una de sus principales consejeras, sino la más importante, Marta de la Calzada, a un importante magistrado, Gerardo Martínez Tristán, quien en su día no ocultó su intención de evitar a toda costa prorrogar seis meses más la titularidad del juez Pablo Ruz al frente del Juzgado nª 5 de la Audiencia Nacional, cuyo mandato acaba dentro de unas semanas y que el sentido común pedía su continuidad hasta cerrar definitivamente la instrucción de la banda Gürtel.

http://www.elplural.com/2015/02/06/la-audiencia-de-toledo-que-condena-a-barcenas-esta-presidida-por-un-juez-amigo-de-cospedal/

COSPEDAL LE GANA LA BATALLA A BÁRCENAS: TENDRÁ QUE PAGARLE 50.000€ POR VULNERAR SU DERECHO AL HONOR

Revés judicial al extesorero del PP tras su excarcelación: la Audiencia de Toledo considera que sus declaraciones implicando a la dirigente 'popular' en los supuestos pagos en B del partido son "difamatorias e injuriosas". El juzgado da ahora la razón a la presidenta de Castilla-La Mancha al concluir que las acusaciones no están probadas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ganado la demanda que presentó contra Luis Bárcenas por vulnerar su derecho al honor al acusarla de haber recibido pagos en B, y condena al extesorero del partido a pagar una indemnización de 50.000 euros, según recoge Efe.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha estimado el recurso que presentó Cospedal contra la decisión inicial del juzgado número 4 de Toledo, que desestimó la demanda de protección del derecho al honor planteada por la presidenta castellano-manchega al entender que no quedaba probado que el extesorero estuviera detrás de la "campaña difamatoria" contra ella.

Los papeles de Bárcenas hablaban de dos supuestos pagos de 7.500 euros de dinero B a Cospedal, pero al no estar probadas las acusaciones, suponen hechos "difamatorios e injuriosos"

El juicio, celebrado el pasado 18 de octubre, versaba sobre la publicación de los denominados "papeles de Bárcenas" con la supuesta contabilidad B del PP en los que se apuntaba que Cospedal había recibido dos pagos de 7.500 euros en dinero B. Ahora, la Audiencia Provincial de Toledo revoca esa resolución del juzgado número 4, da la razón a la secretaria general del PP y afirma que, al no estar probadas las acusaciones de Bárcenas, los hechos son "difamatorios e injuriosos".

Según la sentencia, "el contenido de los papeles elaborados por el demandado, que contienen una supuesta contabilidad B del Partido Popular, en cuanto afectan a la demandante, constituyen un claro y evidente menoscabo de su dignidad personal y profesional, y un atentado contra su fama y propia estimación".

Añade que los hechos relatados no se han probado como veraces por quien debía hacerlo, el demandado, y porque, en sí mismos, sin esa prueba de veracidad, los hechos son difamatorios e injuriosos. El Tribunal llega a la conclusión de que fue el demandado o persona de su orden quien entregó los denominados papeles de Bárcenas al diario El País.

Bárcenas podría recurrir

La sentencia, además de condenar a Bárcenas a pagar un indemnización de 50.000 euros, le insta a cesar en esa intromisión ilegítima en el derecho al honor de Cospedal y a la publicación, a su costa, de la sentencia íntegra en dos diarios de tirada nacional en versión escrita. Asimismo, le impone el pago de las costas de la primera instancia.

Por su parte la defensa de Luis Bárcenas estudia recurrir al Tribunal Supremo la condena hecha pública este viernes. Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, que ha señalado que la sentencia aún no está en su poder y que tras analizarla estudiará la posible presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

http://vozpopuli.com/actualidad/57104-cospedal-le-gana-la-batalla-a-barcenas-tendra-que-pagarle-50-000-por-vulnerar-su-derecho-al-honor

EL CASO BÁRCENAS, A UN PASO DE CERRARSE SIN PRUEBAS CONTRA EL PP

El caso conocido como 'papeles de Bárcenas' toca su fin. En las próximas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz va a cerrar la instrucción una vez que ya tiene todas las pruebas encima de la mesa. Dos años de investigación y un asunto que ha tenido en jaque al PP por su caja B va a concluir, si no hay sorpresas de última hora, muy diluido. Ningún dirigente del partido ni tan siquiera la formación en sí tendrían que afrontar un juicio a pesar de que el instructor haya ratificado que el PP ha tenido durante casi dos décadas una contabilidad paralela. La falta de leyes que regulen la financiación ilegal y la inexistencia de pruebas contundentes en el proceso va a dejar el caso reducido a la mínima expresión.

Las principales pruebas existentes se centran en el arquitecto que realizó la obra de la sede del PP. La Agencia Tributaria ha concluido que podría haber cometido cuatro delitos fiscales -uno de ellos prescrito- por cobrar parte de la reforma en negro y no declararlo a Hacienda. El nombre de Gonzalo Urquijo y el de su empresa Unifica salieron de refilón como uno de los beneficiarios de los apuntes del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y al final va a ser el más perjudicado, tras detectarle irregularidades fiscales, según confirman a El Confidencial fuentes del caso.

El propio Bárcenas podría ir acusado como cooperador necesario de los delitos fiscales de Urquijo, junto con su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, quienes, según fuentes jurídicas, habrían alentado al arquitecto a cobrar en negro y sin factura, tal y como el propio Bárcenas aseguró en una declaración ante el juez. Lapuerta también tendrá que responder por un delito de apropiación indebida por usar dinero de la caja B del PP para comprar acciones del medio de comunicación Libertad Digital y luego no devolver esa cantidad a la contabilidad paralela del partido. Aunque estaría por ver si se puede acusar a una persona de apropiarse de un dinero que el propio perjudicado no reconoce tener -desde el momento que el PP ha negado en todo momento la existencia de una caja B-, aún así, el extesorero no llegaría a juicio por su delicado estado de salud y fuentes del proceso dudan mucho que un tribunal le juzgue ante su avanzada edad y las muestras de empeoramiento.

Estas fuentes aseguran que con las pruebas en la mano no se puede sentar en el banquillo a nadie más. Una constatación de que el caso no ha podido ir más allá es que nadie ha dimitido dentro de las filas del PP. La veintena de empresarios imputados, entre ellos los presidentes de las principales constructoras de este país, como OHL o Sacyr Vallehermoso, previsiblemente quedarán sobreseídos si Ruz tiene en cuenta los informes periciales que afirman de manera taxativa que no se puede vincular las donaciones que hicieron al PP con posibles adjudicaciones de contratos concretos en determinadas administraciones tanto locales como autonómicas e incluso estatales cuando gobernaba el PP. Según la Intervención General del Estado, estas compañías reciben contratos diariamente con distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE.

Posible archivo de los empresarios donantes

Aunque se den por buenos los papeles de Bárcenas, donde aparecían donaciones de empresarios superiores a las permitidas por ley, por lo único que se les podría perseguir es por los delitos de cohecho o tráfico de influencias y ninguno de éstos ha podido quedar demostrado con las pruebas analizadas en el proceso judicial, además de que probablemente estaría prescrito. En las últimas semanas, varios de estos imputados han solicitado el archivo de su imputación. Desde la Fiscalía Anticorrupción se iba a informar favorablemente ante la falta de pruebas pero a la vista de que el caso ya llega a su fin se ha decidido esperar a que Ruz resuelva todo en un mismo auto de conclusión, según fuentes jurídicas.

De las filas del PP, él único que se encuentra imputado, además de los dos extesoreros, es el exministro y exsecretario general del partido, Ángel Acebes. Ruz le imputó a última hora por un delito de apropiación indebida por omisión por la compra de acciones de Libertad Digital con el dinero de la caja B. Sin embargo, tras tomarle declaración el magistrado ya decidió sobreseer su situación en la pieza principal del 'caso Gürtel', en el que estaba imputado por los mismos hechos. Así que lo más seguro es que también lo archive en la pieza separada, teniendo en cuenta que la imputación estaba duplicada.

Con este escenario encima de la mesa, se podría dar la situación que únicamente Bárcenas y Urquijo respondieran penalmente por este caso, que sería enjuiciado por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por un único magistrado, y no por un tribunal compuesto por tres magistrados, lo que aceleraría su celebración a este año, según fuentes del caso. Pero todo esto, a expensas de que Ruz, en las próximas semanas, valore todas las pruebas que tiene y decida a quien procesa.

También le quedaría por decidir qué hace con la parte de la investigación que afecta al Ayuntamiento de Toledo, por un supuesto amaño en el contrato de basuras concedido a Sufi, filial de Sacyr, y que según Bárcenas, la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, intermedió, por 200.000 euros, para que se le entregara a esa empresa. Según fuentes del caso, el instructor podría enviar el asunto a la justicia castellano-manchega al no ser competente para investigarlo.

El PP se beneficia de la falta de leyes

A lo largo de estos dos años de investigación, después de que en febrero de 2013 saliesen a la luz los papeles redactados durante años por Bárcenas con la entrega de dinero por parte de empresarios y el pago de sobres a dirigentes del partido fuera de la contabilidad oficial, tanto Ruz como la Fiscalía Anticorrupción dan por constatado que en el PP se ha manejado una caja B no declarada al Tribunal de Cuentas.

El juez lo ha dado por hecho en varias de sus resoluciones. Los 'papeles de Bárcenas' han demostrado que el partido que gobierna el país no hizo constar todas las donaciones que recibió. Esta conducta podría calificarse de financiación ilegal, que no está tipificada en el Código Penal como delito. Es decir, aunque la Justicia tenga indicios de su existencia no puede ser perseguido por los tribunales hasta que no se modifique la legislación.

Este caso hace recordar al de Filesa, por la financiación ilegal del PSOE. En este asunto, finalmente hubo ocho condenas y ninguna fue por una financiación irregular sino por otros delitos como falsedad en documento mercantil, asociación ilícita o apropiación indebida, entre otros. Además, en el caso de 'papeles de Bárcenas', el PP se ha beneficiado de otras lagunas legales. Hasta la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas no eran responsables penales. Por lo tanto, un partido, que no se trata de persona física si no jurídica, no podía ser juzgado como tal hasta la fecha de la reforma. Y precisamente, los papeles de Bárcenas recogen pagos hasta 2009. A partir de ese momento, no hay constancia del cobro de donaciones ilegales.

Los investigadores del caso han estado incluso analizando la posibilidad de imputar al partido, a través de alguno de sus responsables, un delito contable por el abono al arquitecto de 880.000 euros en concepto de uno de los pagos por la obra -el resto de pagos a Urquijo no llegan a la cuantía exigible para el delito contable-. Este pago se realizó en 2008 y, hasta la reforma del 2012, este delito prescribía a los tres años y, por tanto, también quedaría excluido.

El único que podría haber hecho algo es el Tribunal de Cuentas, que puede sancionar administrativamente a un partido por financiación irregular. Sin embargo, en su caso hay una prescripción de cuatro años, que se cumplió en 2013 sin que el órgano iniciara ninguna investigación.

Última prueba, esta semana

Tanto juez como fiscal han estado esperando a que la Agencia Tributaria entregara su informe definitivo sobre la existencia de delitos fiscales en el caso. Los peritos han apuntado como posible autor de tres delitos al arquitecto de la reforma de la sede pero, sin embargo, no apunta como responsable de estos delitos al PP, a pesar de que se da por hecho que se realizaron pagos desde la caja B.

Esta semana, Ruz ha citado a los peritos tanto de la Intervención General del Estado como de Hacienda para que ratifiquen sus informes. Es la última oportunidad tanto de las acusaciones como del resto de las partes, para intentar que estos funcionarios inculpen al partido alguna responsabilidad penal. En el caso de mantenerse fieles a sus informes, Ruz dará por concluido el caso, que quiere cerrar antes de marcharse de la Audiencia Nacional el próximo mes de marzo.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-07/el-caso-barcenas-a-un-paso-de-cerrarse-sin-pruebas-contra-el-pp_704018/

EL JUEZ RUZ CONTRAATACA PARA QUE SUIZA PERMITA USAR SUS DATOS CONTRA BÁRCENAS

El magistrado pide a Hacienda un informe sobre las facturas falsificadas por la trama para ocultar el fraude fiscal que remitirá a Suiza, entre ellas varias del PP europeo y de Castilla La Mancha, con el objetivo de que cambie de opinión y permita utilizar sus datos en el juicio

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido una providencia en la que pide a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria que elabore a la mayor brevedad un informe sobre cómo la trama Gürtel falsificó facturas para ocultar a la Hacienda Pública el dinero defraudado. El objetivo es remitir ese informe a Suiza y que este país cambie de opinión y permita utilizar sus datos en un futuro juicio contra Bárcenas, Correa y varios implicados. El Tribunal Penal Federal suizo prohibió a España el uso de esa documentación porque fundamentalmente, a su entender, no quedaba acreditado que se hubiera falsificado documentación para defraudar al fisco español. Sin embargo, según fuentes jurídicas, esto ha quedado "sobradamente acreditado" a lo largo del procedimiento, y con esta iniciativa, Ruz pretende refrendar ante las autoridades judiciales helvétivas esta situación.

Entre las facturas falsas para defraudar al fisco del entramado sobre las que el juez pide el informe a Hacienda, se encuentran algunas emitidas por la empresa de viajes del supuesto líder de la trama, Francisco Correa, tanto al Partido Popular europeo, como al PP de Castilla-La Mancha o a la Fundación de Estudios Europeos de la formación conservadora, de los años 2000 y 2001.

También hay facturas falsificadas emitidas a nombre de Special Events, otra de las firmas de Correa, que corroborarían el supuesto fraude al fisco cometido tanto por Luis Bárcenas como por su esposa, Rosalía Iglesias, en el periodo comprendido entre 2000 y 2011, según el escrito del magistrado.

Además hay facturas de joyerías, boutiques, o las relativas al amigo de Alejandro Agag, Jacobo Gordón, con el empresario José Luis Uribarri, así como las facturas emitidas a la Comunidad de Madrid que "incluirían la comisión eventualmente abonada a Alberto López Viejo", exnúmero 2 de Aguirre, por los servicios prestados al restaurante La Hacienda Argentina, regentado por su mujer.

http://cadenaser.com/ser/2015/02/05/tribunales/1423141936_003507.html

RUZ PIDE FACTURAS DE GÜRTEL QUE ACUSAN AL PP PARA ENVIARLAS A SUIZA

El juez intenta que las autoridades helvéticas levanten el veto para poder utilizar la información sobre las cuentas de los imputados por delito fiscal

El juez Pablo Ruz apura las posibilidades para salvar el veto impuesto por Suiza al uso de la información bancaria sobre imputados en el caso Gürtel. Esa documentación, ahora bloqueada, acredita cómo el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, o el extesorero del PP, Luis Bárcenas, entre otros implicados en la causa, ocultaron en bancos suizos el dinero supuestamente obtenido de sus actividades ilegales en España.

Correa llegó a tener 24 millones y Bárcenas 48,2 en distintos bancos de la Confederación Helvética. Nunca declararon esa fortuna al fisco. El veto suizo al uso de esta información puede librar a varios imputados de las elevadas penas por delito fiscal que solicitan para ellos la mayoría de las acusaciones personadas en la causa.

El juez Pablo Ruz ha dictado una providencia en la que solicita a la Agencia Tributaria un informe sobre cientos de facturas de las empresas de Correa que supuestamente se hicieron para ocultar los sobornos pagados al Partido Popular y a algunos de sus dirigentes.

Ruz espera enviar ese informe a las autoridades suizas para responder al escrito que recibió el pasado 5 de enero donde le negaban la posibilidad de utilizar los datos bancarios de los imputados en la causa. El tribunal federal suizo consideraba, en función de la información remitida por el juez Ruz, que el hecho de que los imputados no hubieran declarado ese dinero al fisco español, “aún habiéndose obtenido de modo injustificado, no constituye en sí un fraude fiscal susceptible de asistencia judicial recíproca”. Suiza sostiene además que de la información remitida por España no se puede deducir “si se presentaron las facturas falsas a las autoridades fiscales españolas” ni que el “Estado español hubiese sufrido perjuicio patrimonial por fraude fiscal”.

Ruz pretende rebatir estas conclusiones del tribunal federal suizo para lo que ha pedido las facturas emitidas por la agencia de viajes de la red Gürtel al PP europeo, al PP de Castilla-La Mancha y a una fundación del PP. También ha reclamado las facturas que la trama corrupta giró a la Comunidad de Madrid por la organización de cientos de actos institucionales que incluirían comisiones ilegales pagadas al exconsejero Alberto López Viejo, imputado y con fondos ocultos en bancos suizos.

Además, el magistrado reclama las facturas que pagó la red Gürtel a distintos proveedores por regalos (joyas, ropa y viajes) que hicieron a dirigentes del PP, como el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el extesorero Luis Bárcenas.

Toda esta documentación que ahora reclama Ruz a la Agencia Tributaria pretende convencer a las autoridades suizas de que los imputados de Gürtel no declararon al fisco español los ingresos obtenidos de sus actividades delictivas, y que ese dinero acabó oculto en cuentas de diversos bancos suizos.

Tras concluir la instrucción de la primera fase de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la mayoría de las acusaciones populares presentaron escritos en los que solicitaban elevadísimas penas de cárcel y multas multimillonarias contra 43 imputados.

La Fiscalía, por ejemplo, solicitó 42 años de cárcel y una multa de 52 millones de euros para Luis Bárcenas. La mayoría de esa pena correspondía a delitos fiscales cometidos por el extesorero del PP durante siete años al no declarar al fisco español el dinero que fue ingresando en los bancos suizos cuyo origen era, supuestamente, su actividad ilícita. Para sustentar esa acusación, Anticorrupción se basaba en los datos bancarios que las autoridades suizas fueron remitiendo a España durante los dos últimos años a través de distintas comisiones rogatorias. La documentación permitía seguir el rastro del dinero que Bárcenas acumuló en las entidades Dresdner Bank y Lombard Odier.

El Tribunal Federal Suizo no autoriza de momento a España a utilizar esa documentación clave aunque indicó al juez Ruz que podría “completar su solicitud de información”. El magistrado lo va a intentar. El futuro judicial de una parte del caso Gürtel se dirime en Suiza.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/05/actualidad/1423166653_515040.html

HACIENDA DESTACA "VINCULACIONES DIRECTAS" ENTRE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' Y OTRAS PRUEBAS DEL PAGO EN 'B' DE LAS OBRAS

El informe en poder del juez Ruz hace propuestas de regularización fiscal utilizando los apuntes contables del extesorero como base del cálculo. Incluso resalta la existencia de un claro paralelismo entre al menos tres anotaciones y otros documentos de los pagos en 'negro' de las obras en la sede de la calle Génova.

Ya ni Hacienda parece dudar de la veracidad de los célebres 'papeles de Luis Bárcenas'. El "informe definitivo" entregado recientemente al juez Pablo Ruz por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre los supuestos delitos fiscales cometidos por el arquitecto Gonzalo Urquijo, autor de la reforma de la sede nacional del PP, utiliza para sus cálculos dichos apuntes contables como prueba de los pagos 'en negro' de una parte importante de la costosa remodelación del edificio de la calle Génova. De hecho, los autores del documento destacan la existencia de coincidencias entre al menos tres de estas anotaciones e importes no facturados oficialmente y que aparecen reflejados en otros documentos intervenidos. Además, los expertos de la Agencia Tributaria realizan varias propuestas de regularización de impuestos para Unifica Servicios Integrales SL, la empresa de Urquijo, en las que hacen los cálculos, precisamente, bajo el epígrafe "según papeles Bárcenas".

Los expertos de la ONIF recogen la coincidencia entre tres apuntes contables del extesorero y otros documentos intervenidos que también apuntan al pago en 'B' de las obras

El informe, de 111 folios y más de doscientos documentos anexos, desgrana no sólo las facturaciones oficiales y en 'B' supuestamente realizadas por el estudio de arquitectura al PP entre 2006 y 2010, sino también a 17 empresas, hasta llegar a la conclusión de que al menos en cuatro ejercicios hubo delito fiscal al superarse en cada uno de ellos el umbral de los 120.000 euros de fraude. En concreto, los expertos de Hacienda concluyen que Unifica cometió irregularidades graves en los Impuestos de Sociedades de los años 2006 y 2007, así como en los pagos de IVA de 2009 y 2010. Para llegar a dicha conclusión, los técnicos de la ONIF analizaron un total de 34 bloques de documentos entre los que se encontraban, en primer lugar, los célebres apuntes contables del extesorero del PP, así como las declaraciones ante el juez de éste y otros testigos, la contabilidad oficial del partido y la empresa, y diversos informes emitidos con anterioridad por Hacienda y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

El informe, repleto de confusos cuadros con cifras y proyecciones de las supuestas cantidades defraudadas por ejercicios y tributaciones concretas, recoge en el apartado dedicado al Impuesto de Sociedades de 2006 la existencia de de 750.095,04 euros de "ingresos supuestamente no declarados" por Unifica que se corresponden al pago de parte de las obras realizadas en la planta baja de la sede nacional del PP, en los que también se incluyeron "los trabajos realizados en planta 7 en Despacho de dirección y en planta 2 (antigua sala de prensa)". Los expertos de Hacienda destacan que una anotación del 23 de noviembre de aquel año recogida en los papeles de Bárcenas que refleja la supuesta entrega de 184.000 euros en 'negro' al "arquitecto Gonzalo Urquijo" coincide con la fecha de una de las certificaciones emitidas por Unifica por aquellos trabajos. El año 2006 es, precisamente, uno de los señalados por Hacienda por la supuesta comisión de un delito fiscal.

Propuestas de regularización

De hecho, tras destacar esta coincidencia, Hacienda hace una "propuesta de regularización del Impuesto sobre Sociedades" de ese año en el que utiliza dos columnas. En una recoge el dinero a ingresar teniendo en cuenta los pagos no recogidos en la contabilidad oficial de Unificia pero sí en otros documentos encontrados, principalmente certificaciones de obras, y en una segunda, "según papeles Bárcenas". En este caso, hace el cálculo bajo la premisa de "en el caso de que quede acreditado que hay una vinculación directa entre estas anotaciones y el pago de las diferencias de las certificaciones". Curiosamente, esta segunda le sale más 'favorable' al estudio de arquitectura y, por extensión, al propio PP, ya que los apuntes contables del extesorero recogen menos entregas de dinero 'B' de las que supuestamente se hicieron finalmente según el resto de la documentación.

Curiosamente, los cálculos hechos con los apuntes contables del extesorero le salen más 'favorables' al arquitecto y al PP que los hechos con otros documentos intervenidos

Algo similar ocurre en el análisis del pago del Impuesto de Sociedades del año 2007, el segundo sobre en el que Hacienda ha encontrado claros indicios de un delito fiscal. En este caso, los expertos de la ONIF vuelven a encontrar una anotación de los papeles de Bárcenas, en este caso de 258.000 euros, "que podría vincularse a la liquidación final de la certificación de la planta quinta". Según el informe, la diferencia real entre las dos certificaciones de obra de aquellos trabajos fue de 274.880,35 euros, muy cercana a la cantidad recogida en las anotaciones. Por ello, el informe vuelve a hacer dos "propuestas de regularización", una de las cuales está directamente ligada a los apuntes contables. Ambos elementos, la existencia de vinculaciones directas entre los papeles de Bárcenas y pagos en 'B' y una propuesta de regularización según dicho documento, vuelven a aparecer en el análisis del Impuesto de Sociedades de 2008, aunque en este caso al no superar el importe de los 120.000 euros de fraude (no se llegaría a los 91.000 euros), el informe no lo incluye en sus conclusiones finales.

Los técnicos de la ONIF también hacen el cálculo de las cantidades supuestamente defraudadas en el pago del IVA con "las cantidades supuestamente no declaradas por las diferencias de certificaciones" en primer lugar, y por las que "aparecen en los denominados papeles de Bárcenas". A estas segundas las denomina "corregido PB" en los numerosos cuadros de cifras que acompañan esta parte del documento. En este caso, el fraude cometido haciendo caso a las anotaciones contables del extesorero sería de 145.005,35 euros en el año 2009 y de 120.420,82 euros en el año siguiente. Una cifra, esta última, ligeramente superior al mínimo para ser considerado delito fiscal. Con las diferencias en las certificaciones de obra, estas cantidades varían poco: sería idéntica en el año 2010, pero ascendería en casi otros 100.000 euros para el periodo anterior. Curiosamente, los cálculos con los 'papeles de Bárcenas' volverían a 'beneficiar' al arquitecto y el PP.

http://vozpopuli.com/actualidad/56928-hacienda-destaca-vinculaciones-directas-entre-los-papeles-de-barcenas-y-otras-pruebas-del-pago-en-b-de-las-obras

HACIENDA ACUSA AL PP DE PARTICIPAR EN CUATRO DELITOS DE FRAUDE FISCAL POR VALOR DE 1,8 MILLONES DE EUROS

El PP participó en cuatro delitos de fraude fiscal. Es la conclusión detallada del informe definitivo de Hacienda sobre la reforma de la sede de Génova en el que acusa al partido de realizar pagos en B por valor de 1,2 millones de euros con los que habría contribuido a eludir impuestos a su arquitecto, defraudando en el IVA y en el Impuesto de Sociedades un total de 1.893.598,72 euros.

El PP contribuyó con sus pagos en B a que se cometieran cuatro delitos de fraude fiscal. Es la conclusión que arroja el informe definitivo de Hacienda sobre la reforma de la sede de Génova en Madrid. Según sus conclusiones, el Partido Popular pagó en dinero negro, al menos 1,4 millones de euros de la reforma de su sede de Génova entre los años 2006 a 2010 que permitieron al despacho de arquitectos que realizó esa obra eludir el pago de 1.628.172,55 euros en concepto de Impuesto de Sociedades y otros 265.426 euros en concepto de IVA. Esas "cuotas superan los 120.000 euros, límite cuantitativo del artículo 305 del Código Penal", explican los inspectores de Hacienda para justificar sus dos acusaciones por delito en el Impuesto de Sociedades. Igualmente añaden que "por en el año 2009 y 2010 resultan unas cuotas supuestamente defraudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) superiores a 120.000 euros", cantidad constitutiva de delito.

El 63,99% del dinero evadido al fisco fueron pagos del PP en años como 2006

El informe fechado el pasado 2 de febrero no muestra los conceptos agregados pero a lo largo de 111 páginas de análisis y otras 209 de anexos documentales desglosa cada uno de los fraudes, dando validez a buenas parte de los apuntes de los llamados "papeles de Bárcenas", es decir, de la supuesta contabilidad B del Partido Popular, y expone dos mecanismos de fraude: los pagos en B y la manipulación de fechas de pago.

En cuanto a los pagos en dinero negro, Hacienda cita, por ejemplo, el año 2006 en el que Unifica, la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, cometió presuntamente dos delitos en el pago del Impuesto de Sociedades puesto que dejó de declarar ingresos por valor de 750.000. Más de la mitad de esa ocultación se debe a los pagos en sobres del Partido Popular que ese año ascendieron a 480.000 euros, según Hacienda. Esa cifra constituye un 64% del total de dinero no declarado ese año. Esa ocultación permitió eludir el pago de 332.295,30 euros en concepto de impuestos. Igualmente, en el año 2007, los arquitectos ocultaron ingresos por valor de 4.391.613 euros de los que 486.041,12 euros provenían de los fondos B del Partido Popular, revela el informe de Hacienda. En ese año, Unifica eludió el pago de 1,2 millones de euros de impuestos.

Igualmente, el informe detalla cómo se produce un fraude fiscal en el impago del IVA de los años 2009, cuando se elude el pago de 145.005,35 euros, y de 2010, en el que se deberían haber abonado 120.420,82 euros.

Más irregularidades fiscales no constitutivas de delito

El análisis de Hacienda permite detectar otras irregularidades con dinero negro en años en los que no se llega a alcanzar el umbral de delito fiscal. En concreto, en el año 2008, el Partido Popular también habría efectuado pagos en B a Unifica. Sin embargo, la cantidad defraudada en ese año sólo asciende a 90.859,05 euros lo que significa que se supera el límite de 120.000 euros constitutivo del ilícito penal. Ese año, sin embargo, el Partido Popular fue casi el único pagador en negro del despacho de arquitectos ya que sus sobres representan el 91,71% del dinero evadido al fisco.

En 2008 también hubo pagos en B pero el fraude queda en 90.859 euros y no constituye delito

Además del fraude de los pagos en B, Hacienda detecta un segundo mecanismo de irregularidades en el que también habría participado el PP: trucar las fechas de pagos y facturas para evitar el pago de impuestos. Según detalla el informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2007 el despacho de arquitectos hizo un baile de fechas sobre 2,7 millones de euros en pagos para no superar ciertas cifras de negocio y evitar el pago de impuestos, un falseamiento en el que habría colaborado el pagador, es decir, el Partido Popular, según consta en el detalle anual que hace la Agencia Tributaria para cada ejercicio.

Ese falseamiento de fechas había sido ya detectado por el juez instructor en el intercambio de correos electrónicos entre el arquitecto y los tesoreros del PP. "Sé que nos hicisteis el favor de cambiar la fecha de la factura con el fin de no penalizarme (...) y os lo agradezco porque estamos un poco asfixiados", decía Urquijo al propietario de la cuenta de correo cpv@pp.es al que la Policía identifica como Cristóbal Paez. Además, se detectó un segundo correo en el que se hacía constar que hay obras terminadas desde hacía un año y no facturadas y en el que se solicitaba al PP que pague algún porcentaje, "hasta el 90%" se le pide, por los problemas de tesorería que genera esa práctica de trucar las fechas de las obras para retrasar los pagos a otros años. Hacienda describe ahora ese mecanismo como una "imputación temporal de ingresos de un ejercicio a otro".

El informe se ha retrasado durante casi cinco meses y ha sido remitido finalmente tras ser visado por la inspectora jefe de la ONIF, María García-Valdecasas. Ese retraso llevó al propio magistrado a reclamar con urgencia la documentación pendiente y a apercibir a Hacienda en su escrito para que se abstuviera de hacer "consideraciones relativas a los efectos del transcurso del tiempo", en referencia a la posible prescripción de dichos delitos, ya que consideraba que dicha "valoración" correspondía hacerla a él "una vez sea presentada el informe ante el Juzgado". Hacienda hace constar ese extremo explícitamente en el cuarto párrafo de sus conclusiones al asegurar: "las propuestas de regularización que se contienen en el presente informe se han elaborado omitiendo cualquier análisis que los efectos del transcurso del tiempo (prescripción) pudieran haber producido en el marco de estas diligencias previas"

http://vozpopuli.com/actualidad/56933-hacienda-acusa-al-pp-de-participar-en-cuatro-delitos-de-fraude-fiscal-por-valor-de-1-8-millones-de-euros

LA ABOGACÍA DEL ESTADO ACUSARÁ POR LOS PAGOS EN B DE LA SEDE DEL PP

Hacienda acredita delitos fiscales del arquitecto que reformó Génova 13

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, se personará como acusación particular en el caso de los papeles de Bárcenas, una vez que la Agencia Tributaria sostiene en su informe definitivo que se han producido delitos contra la Hacienda Pública —impago del Impuesto de Sociedades y del IVA por parte del arquitecto que realizó las obras en la sede del PP—. Esas obras, que el partido hizo entre 2006 y 2008 en el edificio de Génova, 13, se pagaron en parte con dinero negro de la caja b que controlaba el entonces tesorero Luis Bárcenas, según la investigación abierta por el juez Pablo Ruz. El magistrado aún no ha detallado los delitos atribuibles a la formación conservadora en este caso.

Durante varios años, el PP abonó una parte de los trabajos encargados al despacho de arquitectura de Gonzalo Urquijo con dinero opaco al fisco que nunca llegó a declarar en su contabilidad oficial.

Los distintos informes de la policía y de Hacienda entregados al juez han acreditado que ni Urquijo declaró al fisco 1,7 millones cobrados del PP ni este partido comunicó al Tribunal de Cuentas esos gastos.

El arquitecto está imputado en la causa por supuesto delito fiscal al no declarar parte de esos ingresos obtenidos por las obras de reforma de la sede del PP. Los registros en el despacho del arquitecto y en Génova 13 permitieron acreditar esos pagos ilegales.

Tras recibir el informe definitivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre los pagos al arquitecto Urquijo, el juez Pablo Ruz ofreció ayer a la Abogacía del Estado que se personara en la causa para defender los intereses de la Hacienda Pública al entender que se han cometido delitos fiscales.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a este periódico que la Abogacía del Estado se personará como acusación en los próximos días y que si no lo había hecho hasta ahora —el juez le ofreció esta posibilidad cuando comenzó la instrucción de la causa en marzo de 2013— era “porque no se sabía si iba a dar delito o no”. “En estos casos”, aclaran, “si el procedimiento no se ha iniciado desde la Agencia Tributaria sino por un tercero, o de oficio, nunca aceptamos el ofrecimiento de acciones hasta que se compruebe, tras la liquidación de Hacienda, que da cuota [más de 120.000 euros de fraude]“.

Ahora, la Abogacía del Estado acusará de delito fiscal al arquitecto Gonzalo Urquijo, quién sólo pudo defraudar a Hacienda gracias a que el Partido Popular le liquidó parte de los trabajos con dinero b de la caja que controlaba Bárcenas y que se nutría, supuestamente, de donativos entregados por más de una decena de empresarios, la inmensa mayoría constructores y contratistas de la administración pública.

El PP insiste en que no tuvo una caja b y que si existió una contabilidad paralela es responsabilidad exclusiva de su ex tesorero Luis Bárcenas.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado consideraron en sus escritos de acusación previos a la celebración del juicio oral por el caso Gürtel que el PP disfrutó durante al menos 15 años de una caja b y, por tanto, se financió ilegalmente durante ese periodo de tiempo.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/02/actualidad/1422898216_264563.html

LOS PAGOS EN NEGRO DEL PP ELEVAN A CUATRO LOS DELITOS FISCALES PERPETRADOS POR EL ARQUITECTO DE LA SEDE

Un informe remitido al juez Ruz destaca que la compañía Unifica "habría dejado de ingresar" a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros"
El secretario de Estado de Hacienda asegura tras conocer el informe de ampliación sobre la empresa Unifica solicitado por el magistrado que el delito fiscal corresponde a los arquitectos

Los pagos en negro del Partido Popular para sufragar la remodelación de su sede nacional de la Calle Génova 13 de Madrid han contribuido para que la Agencia Tributaria acuse al arquitecto de la obra, Gonzalo Urquijo, de perpetrar cuatro delitos fiscales, según se desprende de un informe remitido al juez Pablo Ruz por funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif).

De esta forma, la Agencia Tributaria confirma, en un nuevo trabajo, que la empresa que remodeló la sede nacional del PP, Unifica Servicios Integrales, habría cometido entre los años 2005 y 2011 cuatro delitos contra la Hacienda Pública, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

El documento de la Oficina de Lucha contra el Fraude se ha elaborado después de que el juez Ruz reclamara en noviembre pasado que se investigaran el resto de cuotas defraudadas por Unifica, ya que hasta ese momento solo se conocían las relacionadas con los pagos del PP.

Todas las operaciones

En concreto, el magistrado encargó a los funcionarios de Hacienda que ampliaran su análisis inicial "a la totalidad de las operaciones afectuadas con terceros en los referidos ejercicios, recabando la documentación que resulte necesaria de las empresas o terceros afectados".

El hecho de que Ruz solicitara la ampliación de las operaciones económicas de Unifica fue aprovechado este martes por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que aseguró que el presunto delito fiscal detectado por la Agencia Tributaria en las obras de la sede del PP que aparece en el informe remitido al juez lo habrían cometido los arquitectos.

1,71 millones en negro

En este sentido, el magistrado llegó a dictar un auto en el que revelaba que el PP había pagado otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, que se sumaban a los descuadres de 960.347 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, el PP habría abonado en B un total de 1,71 millones.

El nuevo informe destaca que la compañía "habría dejado de ingresar" a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.

Los técnicos del organismo tributario confirma,, además, que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal", según apuntó el juez Ruz en un auto de noviembre.

332.295 euros a Hacienda

La Agencia Tributaria llega a esta conclusión al contrastar las dos certificaciones que sobre estas obras elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra al descontar los supuestos pagos en negro. Así, apunta que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.

Si se tienen en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadres entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162 euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los papeles de Bárcenas) y 274.880 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones.

El informe, de 111 páginas, también calcula la defraudación que habría cometido la empresa de Gonzalo Urquijo al no declarar el IVA de otras obras que realizó en 2009 y 2010.

Lapuerta y Bárcenas

Según el auto del juez Pablo Ruz de noviembre, sólo una parte de los fondos pagados por el PP en negro, en concreto 184.000 euros, "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El resto (566.000 euros), hasta los 750.000 euros, no aparecía en los papeles manuscritos.

Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento", del 8%.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez instructor en diferentes autos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/03/hacienda_confirma_que_empresa_que_remodelo_sede_del_cometio_cuatro_delitos_fiscales_27756_1012.html

ESPAÑA NO ACTUARÁ CONTRA LOS BANCOS SUIZOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’

La Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía alegan falta de jurisdicción

La Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado consideran acreditada la participación de varios bancos suizos en las maniobras de ocultación de los fondos de algunos imputados del caso Gürtel para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, no actuarán contra las entidades financieras implicadas al entender que, si bien los hechos podrían ser tipificados como un delito contra la Hacienda Pública, la actividad de los bancos suizos, “al realizarse fuera de España, quedaría fuera del ámbito jurisdiccional de los tribunales españoles”, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

La filial suiza del banco HSBC y la entidad helvética Lombard Odier facilitaron a partir de 2005 al extesorero del PP Luis Bárcenas o al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero la creación de empresas domiciliadas en paraísos fiscales para evitar así el pago de impuestos como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro, tal como publicó este lunes EL PAÍS. La Audiencia Nacional se pronunció en 2013 contra la petición suiza de extradicción de Hervé Falciani, exempleado del HSBC que puso a disposición de las autoridades francesas una serie de archivos informáticos con los datos bancarios de miles de supuestos evasores fiscales, entre ellos 659 contribuyentes españoles.

La fiscalía, que se opuso a la extradicción, elaboró un informe en el que señalaba que la documentación que aportó Falciani probaba los delitos cometidos —“elusión del pago de cantidades retenidas o que se hubiera debido retener defraudando a la Hacienda Pública estatal”— tanto por los bancos suizos que facilitaron la herramienta del fraude como por los ciudadanos españoles que tenían allí sus cuentas. El fiscal sostuvo que, si bien se podía actuar contra los “obligados tributarios españoles”, no era posible hacerlo contra los bancos suizos porque los tribunales carecían de competencia al tratarse de hechos realizados fuera de España.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/02/actualidad/1422912304_293119.html

BANCOS SUIZOS CREARON EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES A CLIENTES DE GÜRTEL

La Agencia Tributaria atribuye a las entidades cooperación en blanqueo

La Agencia Tributaria acusa a bancos suizos de ayudar a clientes españoles, algunos imputados en el caso Gürtel, como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, a crear “sociedades pantallas en paraísos fiscales” para canalizar sus inversiones “de manera opaca y segura”. Con este procedimiento evitaban el pago de impuestos al que estaban obligados desde el 1 de julio de 2005.

Bárcenas y el exalcalde de Boadilla, entre los dueños de empresas pantalla

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario sostiene que esas prácticas de bancos suizos y clientes españoles “derivaría en la presunta comisión de un conjunto de delitos contra la Hacienda Pública cometidos por una pluralidad de obligados tributarios con la aparente cooperación” de las entidades financieras, a las que atribuye, de confirmarse los hechos, “la comisión de delitos de blanqueo”.

Como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro, vigente desde el 1 de julio de 2005, Suiza firmó un acuerdo con la UE que obligaba a los bancos de ese país a practicar la correspondiente retención fiscal sobre los intereses de los ahorros de los clientes españoles e identificar a los titulares de esas cuentas, según Hacienda.

La Agencia Tributaria española tuvo acceso a documentación sobre cientos de cuentas de españoles en el HSBC suizo, gracias a la cooperación de las autoridades francesas. “Según consta en algunas de las fichas personales”, señala el informe de la Agencia Tributaria, “el gestor de HSBC ofrece al cliente en la primera mitad de 2005 la apertura de un nuevo PIC (persona jurídica o estructura fiduciaria, generalmente constituida en un paraíso fiscal) para transferirle los fondos y evitar así los efectos de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro”. Alguno de los clientes españoles aportó a los inspectores de Hacienda “la factura que le había sido emitida por HSBC Trust Services, cargada en la cuenta bancaria cuyo titular era la sociedad pantalla”. Esa factura recogía los gastos de constitución y administración de la propia sociedad pantalla, “lo que muestra claramente la participación del banco en la creación y administración de estas estructuras opacas”.

Entre los clientes españoles que se acogieron a esa práctica se encontraría Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los municipios donde la red Gürtel hizo negocios más lucrativos.

"No se enteraban"

La Abogacía del Estado sostiene que Suiza, en aplicación de la directiva europea del ahorro, dio opción a los residentes de la UE con cuentas en su territorio, a cobrarles un impuesto “y mantener el anonimato en sus países de residencia, o evitar dicha retención pero comunicándose entonces sus fondos a las autoridades fiscales de su territorio". Había una tercera opción: “Para evitar la aplicación de la norma, las personas físicas [Bárcenas] interpusieron personas jurídicas residentes en paraísos fiscales que aparecían como titulares de las cuentas. Y las entidades suizas hacían como que no se enteraban”, según la Abogacía.

En el caso de Bárcenas, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación como “a partir de julio de 2005 el extesorero sustituyó las cuentas abiertas a su nombre por otras a las que transfirió sus activos y en las que figuraba como titular formal la fundación panameña Sinequanon, para eludir la aplicación del acuerdo entre la UE y Suiza relativo a la aplicación de la directiva sobre el ahorro en forma de pago de intereses”.

El agente comercial Frederic Mentha, que atendía a Bárcenas en el banco Lombard Odier, le aconsejó la constitución de esa fundación para poner a su nombre los ahorros del extesorero. “Le explico [a Bárcenas] las ventajas de constituir una sociedad o una fundación. A la vista de su situación familiar (sic), consideramos que lo mejor será crear una fundación”, señala Mentha en una nota interna del banco.

La Fiscalía interpreta que “con la designación como titular de una cuenta en Suiza no de una persona física residente en España sino de una fundación ubicada en Panamá se elude la aplicación del acuerdo y, en consecuencia, el pago al Tesoro Público español de los impuestos sobre los rendimientos del ahorro”.

Pese a las conclusiones de la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la hacienda pública española, han iniciado acciones contra las entidades financieras suizas.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/01/actualidad/1422807687_573658.html

LOS SECRETOS DE BÁRCENAS INQUIETAN AL PARTIDO POPULAR

El extesorero solo entregó al juez parte de los documentos que sacó de la sede

Luis Bárcenas ha vuelto a la luz tras 19 meses preso en el módulo 4 de la prisión de Soto del Real (Madrid). Sus primeros pasos en libertad, amplificados por micrófonos y cámaras de televisión, han retumbado en la sede del Partido Popular. Allí trabajó 20 años como gerente y tesorero, entre papeles y una caja fuerte donde se guardaban algunos de los secretos financieros más inconfesables de la formación conservadora.

Con Bárcenas libre y amenazado por un juicio donde se enfrenta a decenas de años de cárcel por siete delitos, el PP espera inquieto a los próximos movimientos de su extesorero, cuyas confesiones al juez desembocaron en una causa que acorrala al partido del Gobierno por supuesta financiación irregular.

Agobiado por el rastro que dejaron sus propios delitos, abandonado a su suerte por el PP, y ya en prisión, Luis Bárcenas decidió confesar su culpa al juez el 15 de julio de 2013. Entonces detalló bajo juramento un amplísimo catálogo de supuestas corruptelas en la formación conservadora de las que fue testigo directo y uno de los autores principales.

Agobiado por sus delitos, el extesorero confesó su culpa en julio de 2013

Para demostrar sus acusaciones, Bárcenas entregó en la Audiencia Nacional 10 carpetas de colores con diversos escritos. Eran sólo una pequeña parte de las nueve cajas de documentos que sacó en julio de 2009 de su despacho en la sexta planta de Génova 13, sede nacional del PP, para ponerlas a buen recaudo cuando los jueces ya le seguían la pista por corrupto.

En el sumario del caso Gürtel, gracias a Bárcenas, figuran los originales de la supuesta contabilidad secreta del PP; numerosos recibís firmados por algunos de los que recibieron dinero negro, entre ellos los que permitieron imputar a dirigentes manchegos por la supuesta mordida cobrada para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal; fotocopias de hojas sueltas de su agenda personal con nombres relevantes y almuerzos sospechosos; y diverso material —ingresos bancarios y cuentas de alguna campaña electoral— que aportó para probar otras irregularidades.

"Es mi mano la que entrega los sobres a la señora Cospedal", dijo

Su confesión de cinco horas al juez Pablo Ruz cuando ya estaba preso; sus declaraciones en el juicio de Toledo a raíz de una demanda de María Dolores de Cospedal y sus entrevistas en medios de comunicación redondearon un relato que puso al PP y a su cúpula contra las cuerdas, forzando la apertura hace casi dos años de una investigación judicial sobre las finanzas del partido.

Sus respuestas a los jueces eran como disparos al corazón del PP: “Es mi mano la que entrega los sobres a la señora Cospedal. Era un sueldo en b, sin retención, era una tradición en el partido (…), Acebes, Arenas, Álvarez-Cascos, Rajoy, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en b, en efectivo y sin retención de ningún tipo. En las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente (…). Desde la primera a la última anotación de los papeles son ciertas (…)”.

A estas alturas del procedimiento, el juez instructor Pablo Ruz, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado consideran ya acreditada la financiación ilegal de la formación conservadora durante al menos 15 años (1993-2008). Es un problema mayor en el camino electoral que emprende la formación conservadora en un año clave donde se juega su inmenso poder institucional.

Tiene certificados bancarios de donaciones de empresas a fundaciones del partido
La apertura de juicio oral por las acusaciones de Bárcenas y sus papeles de la caja b todavía está lejos. Pero la salida de prisión del extesorero, 19 meses después de ingresar en Soto del Real, ha levantado un muro de inquietud en el PP ante lo que Bárcenas puede contar de lo que todavía esconde.

Sólo él conoce qué se oculta en toda la documentación que sacó de su despacho de Génova 13 aquel mes de julio de 2009 ante el temor a un registro policial tras el estallido del caso Gürtel. Pero antes de entrar en prisión había mostrado a algunos de sus amigos y abogados que le asesoraban otros documentos que aún no han salido a la luz. Bárcenas, según personas que han visto esos papeles, guarda pruebas de negocios privados de dirigentes del PP que fueron alimentados con fondos de la formación. También tiene certificados bancarios de donaciones de empresas a fundaciones del partido que se utilizaban, ilegalmente, para campañas electorales. Y presupuestos tramposos elaborados para salvar el control del Tribunal de Cuentas en determinados comicios.

Cuando se le pregunta por otras cuestiones que podrían suponer el descrédito definitivo para el PP, como grabaciones de conversaciones o pruebas de los cobros irregulares por parte de la cúpula, Bárcenas ni confirma ni desmiente.

La existencia de la caja b del PP ha sido acreditada por el juez instructor; también muchos de los pagos irregulares que figuran en esa contabilidad. Pero de otras acusaciones que Bárcenas ha deslizado no hay en estos momentos pruebas fehacientes. Si quiere demostrar que él no creó la caja b del PP, que sólo obedecía órdenes, que no robó dinero de ese fondo para su enriquecimiento personal y que pagó sobresueldos a la cúpula durante años, aún deberá presentar más pruebas de las que figuran en el sumario.

Sobres en b. La cúpula lo niega. Faltan pruebas. Faltan pruebas. Bárcenas ha relatado al juez cómo durante 15 años tanto él como quien fue su jefe, el extesorero Álvaro Lapuerta, llevaron en sobres y entregaron en mano cada tres o seis meses diversas cantidades de dinero a quienes fueron secretarios generales o vicesecretarios del PP entre 1993 y 2008. Dinero opaco de la caja b sin retención fiscal de ningún tipo. Las entregas, según Bárcenas, se hacían en los despachos de la sede del partido o en los ministerios cuando esos dirigentes formaron parte de los Gobiernos de José María Aznar. Todos los aludidos (Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal) lo han negado. Bárcenas no ha sido capaz de mostrar un solo recibí que demuestre que la cúpula del PP cobró ese dinero. Su palabra sólo coincide con lo que él mismo escribió en la contabilidad paralela. Álvaro Lapuerta, que supuestamente conocía estos pagos y sería un testigo clave para apuntalar la versión de Bárcenas, tiene problemas graves de salud y ha rechazado someterse al interrogatorio del juez sobre estos aspectos.

Aunque entre la documentación que Bárcenas llevó al juez figura una decena de folios escritos a mano con recibís de distintos dirigentes (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Miguel Ángel Rodríguez), ninguno de ellos pertenece a los miembros de la cúpula del partido.

Donaciones ilegales que los empresarios desmienten. El juez Pablo Ruz mantiene imputados a una decena de empresarios, algunos de ellos grandes constructores, que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes ilegales, porque aportaron más de 60.000 euros al año y eran contratistas de la Administración, dos circunstancias que la ley prohíbe expresamente para donar dinero a un partido.

Bárcenas ha relatado al juez los encuentros con estos empresarios en la sede del PP