NUEVO BANQUILLO PARA EL PP POR LA GÜRTEL: BOADILLA

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al Partido Popular por lucrarse con las actividades ilícitas de la Gürtel en la localidad de Boadilla en un total de 204.198 euros

Es una de las consecuencias del auto emitido este miércoles, en el que el magistrado titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 27 personas por las acciones del entramado corrupto en la localidad madrileña de Boadilla. El juez considera que el PP también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo". Se habría beneficiado de 204.198 euros, al recibir cantidades y el abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo de Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.

No es la única parte de la Gürtel en la que el PP como partido resulta señalado beneficiario de forma irregular de las acciones de la trama, según la justicia. También ha sucedido en la pieza central, y en concreto en Pozuelo y Majadahonda, se investiga en Arganda, sus dirigentes van a juicio en Valencia, y también el partido irá al banquillo como responsable civil subsidiario en la caja B.

El juez José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.

En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.

El juez añade que “esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”.

Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, “que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV”.

Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.

El grupo, señala el auto, favoreció, “siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades” como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.

Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, “implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos”.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/25/tribunales/1464182158_347993.html

EL JUEZ DE LA MATA CREE QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA

El magistrado propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada del caso Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido su investigación sobre los negocios de la trama Gürtel de corrupción en Boadilla del Monte (Madrid) durante los años de alcaldía de Arturo González Panero. El magistrado, que propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada, considera al PP partícipe a título lucrativo de esta red de corrupción, ya que supuestamente se benefició de 204.198 euros utilizados para financiar campañas electorales.

En esta causa se investigan los sobornos que las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, entregaron entre 2001 y 2009 a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte para supuestamente conseguir adjudicaciones públicas para estas mismas sociedades o empresas de terceras personas. La red, señala el magistrado, "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de la localidad, especialmente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de la que dependía el urbanismo de esta rica localidad limítrofe con Madrid capital.

Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, crearon un grupo al que se fueron incorporando paulatinamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor. El grupo benefició, siempre a cambio de comisiones, a distintas personas y sociedades como SUFI S. A., Constructora Hispánica S. A., UFC, Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras. Estas contrataciones irregulares, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo, 593.000 euros; a Galeote, 557.609 euros; a González Panero, 1,8 millones; a Martín Morales, 1,3 millones; y a Bosch Tejedor, 941.652 euros.

Los hechos serían constitutivos, según el juez De la Mata, de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Tanto el exregidor González Panero, como otros imputados, pusieron en marcha una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda el sobreseimiento provisional respecto de cinco personas.

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/25/actualidad/1464181320_387913.html

TEMOR A QUE EL SUPREMO ABRA LA PUERTA PARA 'CERRAR' LA GÜRTEL CON ‘LA EXCUSA’ DE LA PRESCRIPCIÓN

“Con ese razonamiento concluiría que el delito estaba prescrito”. Esta frase, perdida en la página 32 de la resolución del juez Antonio del Moral, instructor en el Tribunal Supremo del llamado caso Jerez, pieza separada de la trama Gürtel, ha provocado alarma en medios jurídicos del Alto Tribunal y entre quienes siguen. Y lo ha hecho por una razón: el temor a que esa puerta, la de la prescripción, se convierta en la de escapatoria para muchos inculpados en este escándalo de corrupción que afecta tan gravemente al Partido Popular.

La historia de una controvertida decisión

Recapitulamos los hechos para mejor entender la situación. El caso Jerez (la concesión irregular de una serie de contratos municipales a empresas de la trama Gürtel) por el aforamiento de su principal investigada, la entonces alcaldesa y también senadora del PP María José García Pelayo, acabó en el Tribunal Supremo.

Aunque el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, habló en su escrito de “ilegalidad patente y grosera” en la actuación de la exalcaldesa, el magistrado del supremo que recibió e instruyó el asunto, como decimos Antonio del Moral, hace sólo unos días, para sorpresa de muchos de los involucrados en el caso, dictaminó exculpar a María José García Pelayo. Básicamente lo hacía porque, al tiempo que reconocía que había delito en la actuación del ayuntamiento, paradójicamente venía a decir que no la consideraba responsable de los documentos que ella misma había firmado: "no existir indicios suficientes de participación deliberada de la investigada en los hechos supuestamente delictivos", se lee en la conclusión en la que el juez pide cerrar el caso.

Pero pasó desapercibido en los medios de comunicación, que no en los jurídicos, otra decisión del magistrado, calificada de sorprendente en esos mismos ambientes: la de ‘concluir’ que el delito en cualquier caso estaba sobreseído porque se había producido en 2004, y habían pasado más diez años desde la comisión de los delitos a las acusaciones. La sorpresa no estaba basada sólo por el dictamen en sí, sino aún más por el hecho de que con la frase que se abre este artículo, se abriera esa puerta, cuando ni fiscalía, ni acusación habían puesto énfasis alguno en el hecho.
Una puerta por la que intentarían colarse otros

La decisión de Antonio del Moral no es definitiva, está pendiente de que se acepte un recurso de la acusación. En cualquier caso, la decisión final acabará en la Sala Segunda del Supremo. El problema que ven medios jurídicos con los que ha hablado ELPLURAL.COM es que esta puerta de la prescripción, como hemos apuntado, no sólo valiera para que pasara por ella en último caso María José García Pelayo independientemente de si se rechaza la argumentación del instructor del Moral en el sentido de que no era responsable de los documentos que firmó, sino que podría ser un antecedente por el que intentaran al final escapar muchos de los imputados cuando se vean sus casos en la Audiencia Nacional.

En esos mismos medios jurídicos también se subraya el hecho de que la presidencia de la Sala Segunda del Supremo está en manos del magistrado Manuel Marchena. Un juez tan conocido en el ambiente judicial por su extraordinaria preparación y su valor profesional, como por su conservadurismo ideológico y su cercanía al partido en el Gobierno.

Famoso por haber sido el ponente en la inhabilitación de Baltasar Garzón, ha quedado patente su relación con la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se encuentran los exministros del PP José María Michavila y Ángel Acebes. Con este último, por cierto, cuando estaba imputado en el propio caso Gürtel, tan sólo hace dos años, en el digital El Confidencial publicaron que había compartido lo que se calificaba como “comida pantagruélica”.

La aceptación de la prescripción del caso Jerez en la Sala Segunda del Supremo sería una extraordinaria noticia por tanto para todos los imputados, incluido el propio PP como partido, ante un otoño sin duda caliente en los tribunales. Y es que en octubre, cuando quizás se esté aun negociando la formación del nuevo gobierno, podría estar cerrándose el sumario de la Púnica y abriéndose el macrojuicio por la primera parte de la Gürtel, con decenas de acusados incómodos del propio PP y de su órbita.

http://www.elplural.com/2016/05/20/temor-que-el-supremo-abra-la-puerta-para-cerrar-la-g-rtel-con-la-excusa-de-la-prescripci

SÁENZ DE SANTAMARÍA LA LÍA: EL DINERO B QUE SE LLEVÓ BÁRCENAS PODÍA HABER SERVIDO AL PP “PARA MUCHAS COSAS”

Y pide tranquilidad sobre el pago de la multa porque su partido se financia… ¡con dinero público!

Por si había alguna duda el juez De la Mata ha dejado claro que el ‘caso Bárcenas’ no es otro que el ‘caso PP’ al obligar al partido a depositar 1,2 millones de de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por la caja B de su extesorero. El asunto es de tal magnitud que en la formación azul siguen sin saber cómo dar explicaciones públicas sobre ello y la prueba está en el lío que se hizo el martes la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una entrevista en la cadena COPE.

El confuso discurso de la vicepresidenta sobre "ese señor"
La popular defendió varias posturas a la vez a la hora de referirse al caso, la primera poner en duda lo sucedido e insistir, aunque de una forma algo confusa, en que el PP era el principal damnificado de confirmarse todo: “Si ese señor se demuestra que ha hecho realmente lo que se supone que ha hecho según esos sumarios, sencillamente porque en nuestro crédito y nuestra gestión nos ha supuesto mucho daño”.

Luego dio otras dos razones de ese daño al partido, porque “nos repugna” el proceder del extesorero y porque el dinero que se ha podido llevar “eran recursos del Partido Popular” que “deberían haber servido para hacer más cosas del partido”.

"En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín"

No quedó ahí la cosa porque la vicepresidenta quiso ‘tranquilizar’ a los españoles en torno a la capacidad de su partido para pagar la multa: “Todo el mundo tiene que tener una tranquilidad, el PP como el resto de partidos políticos o como los sindicatos una parte de sus ingresos provienen de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual el riesgo de impago es mínimo por no decir nulo”.

En Todo por la radio de la cadena SER analizaron el momento surrealista de Sáenz de Santamaría, que puso al nivel de otros deslices famosos cometidos por Cospedal o el “gran Floriano”. “En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín”, resumieron sobre la reivindicación de la popular de “las cosas” que podía haber hecho con la presuntamente caja B gestionada por Bárcenas.

http://www.elplural.com/2016/05/25/s-enz-de-santamar-la-l-el-dinero-b-que-se-llev-b-rcenas-pod-haber-servido-al-pp-para

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

Los socialistas presentan en la Audiencia Nacional una batería de diligencias después de que el informe de la IGAE destapara múltiples irregularidades en la contratación del consistorio con las empresas de la trama

El PSOE ha registrado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, después del informe de la IGAE que reveló numerosas irregularidades en los contratos menores del Ayuntamiento de Boadilla con las empresas de la trama Gürtel.

Los socialistas ponen bajo la lupa 20 adjudicaciones y entre las diligencias que solicitan figura la entrada y registro en la sede de los populares en el municipio. Dice el escrito que es una diligencia necesaria para “peritar e intervenir las obras de reforma de la sede”. Los socialistas apuntan a una presunta financiación ilegal al haberse abonado estos trabajos “con dinero público pagado a través de la empresa municipal de la vivienda”. Orden de entrada y registro también para “incorporar a las actuaciones el proyecto y la licencia de obras y funcionamiento concedida por el Ayuntamiento para la nueva sede”.

En cuanto a la veintena de contratos menores sospechosos piden que se cite a declarar como imputados a 14 personas para aclarar las sospechas de amaño. Entre ellos, Pablo Crespo, Arturo González Panero, Alfonso Bosch, Tomás Martín Morales, Javier Nombela e Isabel Jordán.

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449466794_594073.html

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

La acusación particular de la 'Gürtel' pide que la Audiencia Nacional le llame para declarar sobre supuestas presiones en una operación inmobiliaria de 30 millones de euros

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la principal acusación popular tanto en los juicios contra la trama Gürtel como en la operación Púnica, ha presentado este viernes un escrito ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que el magistrado llame a declarar a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM) por las acusaciones que se han planteado contra él como supuesto intermediario en una operación valorada en 30 millones de euros con el fin de abaratar una parcela del suelo público de Boadilla del Monte.

Presiones para rebajar el precio de una parcela en Boadilla

En concreto, García Taboada, verdadero pilar del Gobierno de Cristina Cifuentes y hombre de su máxima confianza, habría presionado para que el terreno, que había sido valorado por esa cantidad de 30 millones de euros, saliera a concurso por 19,4 millones. La acusación la hizo, en una comparecencia voluntaria, ante el juez José de la Mata, quien era el alcalde de Boadilla en aquel momento, el ‘popular’ Arturo González Panero, conocido popularmente a raíz de estallar el escándalo de la Gürtel como ‘el albondiguilla’.

La base del escrito de ADADE recoge que Arturo González Panero aseguró ante el juez que “Jaime González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, le presionó durante seis meses para que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones”.

Acusaciones contra El Albondiguilla de poco solidario con otros alcaldes que ‘tragaban’

En su exposición ante el juez de la Mata, el exalcalde de Boadilla explicó que puesto que la operación era tan importante que superaba el 25% de los recursos del propio Ayuntamiento, conforme a la ley tuvo que mantener varias reuniones con González Taboada que le presionó paralizando la operación con el argumento de que “la valoración de los técnicos autonómicos era de 19,4 millones”.

En la misma declaración, el Albondiguilla dijo al juez que González Taboada le explicó que mantener el precio que pretendía por la parcela de Boadilla, que suponía alcanzar los 2.000 euros por metro cuadrado, dificultaba la venta de otro terreno en Majadahonda que se estaba poniendo en venta por ‘sólo’ 1.400 euros el metro cuadrado. En su declaración González Panero llegó a decir, según el escrito de ADADE, que González Taboada le acusó de “falta de solidaridad y poco compañerismo con otros alcaldes del Partido Popular”. Esta operación, según el exalcalde de Boadilla, le costó la amistad con Francisco Correa.

Según ADADE, esta declaración pondría de relieve la existencia de presiones de la Comunidad, para favorecer a los promotores frente a los intereses de los municipios. En consecuencia piden al juez tanto que llame a declarar a González Taboada como que se requiera a la CAM para que envíe al juzgado el expediente de autorización de la venta de la parcela en cuestión de Boadilla del Monte.

Hay que recordar que la parcela en cuestión acabó definitivamente en manos del constructor José Luis Ulibarri, que se hizo con ella a través de su sociedad UFC. Ulibarri está imputado en el caso Gürtel (por cierto, la mano derecha de Ulibarri durante años ha sido Manuel Manovel, cuñado del conflictivo juez de la Audiencia Nacional Enrique López, apartado recientemente del trío de magistrados que tienen que ver el juicio por esta trama de corrupción).

Problemas para González Taboada.., problemas para Cifuentes

Como hemos contado en ELPLURAL.COM los problemas de González Taboada no sólo se circunscriben a la trama Gürtel, sino que también está salpicado de lleno por la trama Púnica, en la que se investigan por parte de la Guardia Civil hasta 8 contratos en los que podría verse involucrado el actual consejero madrileño.

El propio David Marjaliza, ha señalado ante el juez de la Mata a González Taboada como colaborador necesario en varios contratos entre sus empresas y la Comunidad. A pesar de ello, Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, ha repetido varias veces, desde que estalló el escándalo, “su confianza” en Taboada, uniendo de alguna manera así, ya no podrá acreditar desconocimiento, su responsabilidad con el pasado de su consejero.

http://www.elplural.com/2015/12/18/gonzalez-taboada-hombre-fuerte-de-cifuentes-a-un-paso-del-juzgado/

Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes

El juez duda de si fueron abonados a la trama por el ejecutivo autonómico, o por las empresas adjudicatarias

Da un "plazo improrrogable" de cinco días a las consejerías de Sanidad y Transportes para que "a la mayor urgencia" remitan toda la información al respecto, incluidos los nombres de los responsables de adjudicar las obras en ambas consejerías en 2005 y 2006, cuando estos departamentos estaban ocupados por Manuel Lamela, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER que implica un salto significativo en la investigación de las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel, por las que la supuesta red corrupta se habría embolsado 8,7 millones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de diversa documentación remitida por el BBVA y el Banco Popular, y de un oficio de la UDEF, sospechan que "determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales de Madrid podrían haber sido abonados por las sociedades adjudicatarias de los contratos de construcción de los hospitales".

Hasta ahora se tenía constancia de que fue la Comunidad de Madrid la que pagó a la Gürtel por la organización de esos actos, pero no las adjudicatarias. Por lo tanto, el juez quiere saber quién pagó efectivamente al entramado liderado por Correa por la organización de estos eventos.

En concreto, el juez y la Fiscalía sospechan de 9 actos de colocación de primeras piedras de otros tantos hospitales de Madrid y del acto de visita a la obra del Hospital de Valdemoro, que competen a la Consejería de Sanidad. También ven indicios de un comportamiento idéntico en otros cinco actos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Todos ellos en los años 2005 y 2006, cuando el responsable de Sanidad era el consejero Manuel Lamela, y los de Transportes fueron Elvira Rodríguez y la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Por ello, en su auto, el magistrado exige a ambas consejerías que "en el plazo improrrogable de cinco días" y con la "mayor urgencia" posible, remitan al juzgado toda la información respecto a si consta en los pliegos de los contratos de construcción que el adjudicatario de la obra tuviera que asumir los costes de la obra adjudicada.

El juez va más allá, y quiere saber las fechas y los nombres de los responsables de la Comunidad de Madrid que adjudicaron las obras. Ambas consejerías deberán certificar en el mismo plazo improrrogable de 5 días "en qué fechas y por quién se aprobaron los pliegos" de tales contratos, y "por quién se aprobó la adjudicación" de los mismos.

Esta documentación será decisiva para que los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado puedan elaborar su informe definitivo sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con la Gürtel. En su informe del pasado mes de julio, la IGAE concluyó que el Gobierno autonómico pagó 8.7 millones a la Gürtel hasta 2006 mediante adjudicaciones supuestamente irregulares. Con un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los investigadores inciden en que la comunidad utilizó contratos fraccionados para evitar la publicidad y la pública concurrencia entre otros métodos.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ruz-exige-gobierno-madrid-diga-quien-pago-actos-sanidad-transportes/csrcsrpor/20140227csrcsrnac_11/Tes

ANA GARRIDO: “NUNCA IMAGINÉ QUE EL PRECIO POR DENUNCIAR LA GÜRTEL IBA A SER TAN ALTO”

Ana es una de esas pequeñas heroínas de barrio que uno se imagina encontrar por la calle cuando va a hacer la compra o espera en la parada del autobús. Aunque su mirada cansada y su gesto serio no lo permita intuir. Porque, a veces, cumplir con las obligaciones éticas o ciudadanas tiene un alto coste. Demasiado alto en su caso. Exactamente, cinco años de puro calvario.

Ana Garrido, exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha vivido estos últimos cinco años de sobresalto en sobresalto, echa un mar de lágrimas en unas ocasiones, aislada y marginada en muchas otras hasta el punto de casi enajenarse. Aunque hoy puede exhibir orgullosa su segunda victoria: una sentencia judicial que le da la razón y que avala que fue acosada laboralmente hasta casi hacerla enfermar. La otra victoria, la que se cobró en 2009, sirvió para echar a Arturo González Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, del consistorio de su pueblo y arrastrar con él, en su caída, a media docena de imputados de los más de cien nombres que engrosan la lista negra de la Gürtel.

“¿Si volvería a hacerlo? Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que no me imaginé que el precio iba a ser tan alto, ni pensé que iba a ser tan largo en el tiempo”, explica, junto al edificio del Ayuntamiento en el que ha trabajado durante los últimos años y en los que ha vivido algunos de los capítulos más negros de su propio relato. “Pero sí, reconozco que lo volvería a hacer. Creo que mi trabajo, o mi sufrimiento -no sé cómo llamarlo- ha servido para cortar una parte de la trama. Por lo menos, una parte de la red creo que sí se ha cortado”.

La heroicidad de Ana consistió en su día en plantar cara frente a la adversidad. En vez de hundirse, sacar fuerzas de flaqueza para demostrar lo que era vox populi entre sus compañeros de trabajo pero que nadie se atrevía a denunciar ni a poner negro sobre blanco. Y fruto de ese arrebato de rebeldía vio la luz un amplio dossier de más de 300 páginas que terminó en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que fue uno de los orígenes del caso que más quebraderos de cabeza ha dado al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy.

Garrido relata el origen de su propia pesadilla frente a la sede de la Casa de la Juventud y de la Infancia de Boadilla del Monte, una obra ejecutada en su día por la constructora Ortiz y que se convirtió, de la noche a la mañana, en la piedra en el zapato de esta funcionaria que sólo quería hacer bien las cosas como técnica de juventud que era.

“A mí me en cierta ocasión me dijeron que no podía hacer modificaciones que yo consideraba sustanciales porque se intuía que la comisión que se había llevado Panero en este caso era muy elevada”, comienza a explicar. “Esto me lo comentó un técnico del Ayuntamiento. Y por eso era que se me negaba, sistemáticamente, cualquier tipo de modificación, como el ancho de las puertas para que entraran minusválidos o la altura de las ventanas, etcétera”.

Estamos en el año 2007. Los nombres de Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ o Luis Bárcenas, todavía permanecen en el ámbito de lo anónimo. Personajes que, a partir de entonces, se cruzarían, aunque fuera de forma tangencial, en la vida de esta funcionaria. “Mi calvario comenzó cuando me veo sometida a presiones para realizar informes favorables que a mí me parecían irregulares, que no cumplían los requisitos. Se me presiona para contratar a empresas concretas y a personas con nombres y apellidos y yo me negaba rotundamente”.

Le degradaron profesionalmente, le quitaron su despacho, le dejaron sin móvil del Ayuntamiento… La presión, con el propio González Panero encima de ella en todo momento, acabó en una baja por depresión de 18 meses de duración. Tiempo en el que nuestra heroína de barrio se reconvirtió en una especie de Erin Brockovich.

'Durante los meses de baja, me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas', señala
Cambio de roles

“Los primeros meses yo sólo lloraba y lloraba y no era capaz de encajarlo. Hasta que llegó un momento que pensé: aquí hay que invertir los roles. Tenemos un alcalde que, desde mi punto de vista, es presuntamente corrupto y yo he sido fiel a mis principios y tengo que hacer algo para que se invierta esta situación”, recuerda. “Pensé: yo no puedo demostrar que este alcalde cobra comisiones aunque lo sé -porque era conocido por todos los compañeros-. Y se me ocurrió que la única manera era intentar demostrar que su patrimonio era superior, bastante superior -a día de hoy, yo creo que este hombre es multimillonario- a los ingresos que él percibía”.

“Durante esos meses de baja, fue cuando me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas. Recuerdo que, al principio, yo no era consciente de que esto formaba parte de una trama de corrupción. Yo pensaba que esto era un asunto que implicaba solamente al alcalde de Boadilla. Pero a medida que fui investigando saltaban nombres como Bárcenas, ministros, empresas, el vicepresidente de Repsol… Personas que, para mí, que siempre he estado con los jóvenes y los niños, eran desconocidas. La cuestión es que yo me asusté y pensé: ¿De qué manera puedo hacer llegar esto a la Fiscalía Anticorrupción preservando mi anonimato?”.

Así, poco a poco, descubrió que ‘El Albondiguilla’ tenía varias propiedades, coches de alta gama, viajes a destinos exóticos y otros caprichos difícilmente soportables con los emolumentos municipales. Tirar del hilo no fue muy difícil. El carácter ostentoso del propio alcalde y la ayuda de muchos de sus compañeros le fue guiando tras la pista del dinero.

“A Arturo le pierde la boca. Y él mismo es el que iba contando 'pues he estado en Miami', hacía comentarios del tipo: 'me voy a Cádiz en un helicóptero a un campeonato de Golf'. O 'tengo un apartamento en Torrepacheco, en Murcia'”, explica. “Descubrí que hacía regalos bastante caros, en este caso a una persona que, a día de hoy, trabaja en el Ayuntamiento y que es su actual pareja. Tenía varias propiedades inmobiliarias, fondos de inversión a través de un amigo suyo que también está imputado. Coches, viajes… Era una forma de vida que, aparentemente, no era muy vistosa pero que no tenía nada que ver con el sueldo de un alcalde”.

El fruto de su trabajó terminó encima de la mesa del sindicato Manos Limpias, al que recurrió en un primer momento para no ser ella en persona la que presentase la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Después, su dossier se unió a otra denuncia de un exconcejal de Majadahonda (José Luis Peñas) que, en manos de Baltasar Garzón, se convirtieron en principio de todos los males del PP.

Y de ella. Que aunque puso tierra de por medio -se fue a Costa Rica a rehacer su vida- apenas podía imaginar que la pesadilla y su calvario todavía no habían terminado. Vino para declarar ante el juez Pedreira como testigo y, después de las elecciones municipales, solicitó su reingreso en el Ayuntamiento al creerse las promesas de regeneración y transparencia del nuevo alcalde del PP, Antonio González Terol. “Me alentaba mucho el ver que llevaba como consigna limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel. El equipo de gobierno era completamente nuevo y yo me reincorporé con mucha ilusión y con muchas ganas”.

Pero pronto las cosas se volvieron a torcer, como la justicia acaba de reconocer ahora en su favor como víctima de mobbing. ¿Y las promesas del nuevo regidor?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas. Reconoce que 'la honestidad tenía un precio'. Quizá muy alto

“Yo no tengo pruebas para decir que González Terol esté vinculado a la trama Gürtel. Ahora bien, cuando él dice que viene a limpiar Gürtel, yo -y es mi opinión, y soy libre de opinar lo que quiera-, no me lo creo. Y no me lo creo por razones que, para mí, son de peso. En primer lugar, él fue director general de Juventud en la época de Alberto López Viejo y firmaba las facturas de empresas de la trama Gürtel. Es un tema que está todavía sin esclarecer y por eso digo que yo no tengo pruebas ni lo puedo demostrar”, razona.

“Por otro lado, aquí en Boadilla, en esta legislatura se están adjudicando contratos importantes a empresas vinculadas a la trama. El carril bici ha sido adjudicado a Sacyr y lo mismo ocurre con el contrato de mantenimiento de la ciudad -que es el mayor contrato y dura para esta legislatura y la siguiente-, que se ha adjudicado a otra empresa de la trama. Si este señor viene con la consigna de desligarse de Gurtel, ¿qué hace el ayuntamiento contratando a empresas vinculadas a Gürtel?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas hasta que quede libre por completo de estos últimos cinco años. Como explica en su blog, en el que narra sus peripecias, “la honestidad tenía un precio”. Quizá muy alto. Pero lo volvería a hacer.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-22/ana-garrido-nunca-imagine-que-el-precio-por-denunciar-la-gurtel-iba-a-ser-tan-alto_91627/

LA COMUNIDAD DE MADRID ESCONDE EN LA OPACIDAD LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE AGUIRRE

La ley obliga a la Comunidad a publicar las cuentas de las fundaciones en el registro, donde sólo figuran tres de los seis ejercicios. La Cámara de Cuentas sólo ha auditado los balances del año 2008

Caja Madrid dotó con 10 millones de euros la fundación que Esperanza Aguirre creó para patrocinar el liberalismo y Rafael Spottorno se quejó del "derroche" del ente público

La consejería de Presidencia ha ignorado durante dos meses las peticiones de información de eldiario.es sobre las cuentas de la Fundación Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid esconde en la opacidad las cuentas de la fundación pública que Esperanza Aguirre creó en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento madrileño contra los franceses. La Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad depende de la consejería de Presidencia, un departamento que durante dos meses ha ignorado las peticiones de información de eldiario.es sobre los presupuestos de la entidad, que Caja Madrid dotó con diez millones de euros a repartir en cinco años de actividad antes de ser rescatada con dinero público.

La ley obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de las fundaciones. "Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación", dice la regulación relativa a estos entes. "En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones", reza la ley que las regula.

"Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados", termina el articulado relativo a la publicidad de las cuentas.

eldiario.es ha remitido una solicitud al Registro de Fundaciones para acceder a los balances contables desde 2008 hasta la actualidad. No obstante, el organismo –que dice que tardará cuatro o cinco días en proporcionar una copia de los documentos– sólo tiene las cuentas correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Es decir, faltan los de los últimos tres años.

Además, la Fundación Dos de Mayo sólo se sometió a la auditoría externa e independiente de la Cámara de Cuentas en el primer año de su actividad. En los informes anuales de fiscalización del sector público, las cuentas de la fundación 'estrella' de Esperanza Aguirre figuran como "no rendidas" en los demás ejercicios hasta 2012.

Esperanza Aguirre vendió que el objetivo de la fundación era "reforzar el sentimiento de que España es una gran nación" y defendió que naciera con "vocación de continuidad" para "impulsar y difundir los valores de Nación y Libertad" que simbolizaron los actos de 1808 y la Constitución de Cádiz, en la celebración de su bicentenario. Mientras tanto, la oposición denunció la fórmula jurídica elegida por la presidenta regional para conmemorar los fastos: "Una fundación es mucho más difícil de fiscalizar que una comisión política –expresó el diputado del PSOE José Antonio Díaz– porque permite aportaciones privadas y una gestión sin ningún tipo de control político".

Esta redacción se puso en contacto con la Fundación Dos de Mayo a mediados de diciembre para solicitar las cuentas de entidad pública desde que comenzó su actividad en 2008. La respuesta de la fundación fue que no disponía de esos documentos y remitió a la consejería de Presidencia, de la que depende directamente.

El actual gerente de la fundación sólo lleva en el cargo desde 2012 y se ha ofrecido a facilitar a eldiario.es los documentos relativos a 2013, pese a que todavía no están auditados. Un portavoz de su antecesor –el consejero de Economía y Hacienda regional, Enrique Ossorio– se niega a responder sobre la Fundación Dos de Mayo al ser competencia de Presidencia y porque Ossorio "ya no tiene ninguna responsabilidad". Por otro lado, la propia fundación sigue insistiendo en desconocer dónde están esos documentos y remite al Secretario General del Consejo de Gobierno, que tampoco ha respondido a la llamada de esta redacción.

Las importancia de las cuentas anuales de la Fundación Dos de Mayo quedó puesta en evidencia tras conocerse las quejas del exdirector de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, que envió un correo electrónico a Miguel Blesa en el que denunciaba la "desvergüenza y el despilfarro" que suponían los proyectos que adjudicaba a medios de comunicación, especialmente a Unidad Editorial (empresa editoria de El Mundo).

"Hasta ahora llevábamos 575.790 euros de un proyecto denominado Historia completa de la Guerra de la Independencia (que al parecer no era tan completa, porque, según se ve, sigue) de la revista La Aventura de la Historia y otros 750.000 del encarte de los Episodios Nacionales en El Mundo. Total 1.325.000 euros", espetaba Spottorno en un mail remitido a Ossorio del que hacía partícipe a Blesa, en el que recriminaba, además, que la nueva petición pretendía dejar sin guía didáctica a 11.600 profesores y acabar con la "mejor actividad" de la entidad para "dejar sitio a otra subvención a Unidad Editorial... y a las que puedan venir detrás".

Spottorno también le recordaba las "críticas" que recibió desde el patronato de la Fundación Caja Madrid al presentar la memoria de actividades de la Fundación Dos de Mayo, que "consumían casi 1,9 millones de euros en un momento de crisis galopante y de recorte de gastos por todas partes". Entre esas actividades patrocinadas por la Fundación Caja Madrid, el ahora jefe de Zarzuela destacaba el "bonito mural de Vocento", en cuya inauguración la crónica de ABC ni siquiera mencionó la participación de la fundación.

http://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-Aguirre-patrocinaba-liberalismo_0_230627542.html

"ESPERANZA AGUIRRE ESTUVO EN FIESTAS PARTICULARES CON FRANCISCO CORREA"

La presidenta del PP de Madrid y el cabecilla de la trama Gürtel coincidieron en varias bodas y en fiestas particulares, "y se recogen en el sumario", asegura Guillermo Ortega. Aguirre afirmó no conocer a Correa en su declaración ante el juez

En varias bodas "y no me refiero la famosa de El Escorial", Esperanza Aguirre y Francisco Correa "compartieron mesa y mantel", y también estuvieron en las mismas "fiestas particulares", asegura Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda e imputado en el trama Gürtel, en una entrevista concedida en exclusiva a ESTRELLA DIGITAL. "Si ella dice que no lo conoce, nadie mejor que ella para saberlo". Aguirre aseguró en su declaración por escrito ante el juez Ruz que no conocía a Francisco Correa, cabecilla de la trama. Esos encuentros, asegura, se recogen en los cientos de miles de folios de a instrucción de este caso.

Del mismo modo explica que su dimisión pagó "políticamente el 'tamayazo'". "Yo molestaba en Majadahonda y se me quitó de enmedio", sigue diciendo. En ese sentido relata que Ricardo Romero de Tejada disponía de mando en el Partido Popular, a pesar de haber tenido que dimitir de sus cargos a consecuencia del "tamayazo", la desaparición de dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, que obligó a repetir las elecciones autonómicas y permitió a Aguirre conseguir mayoria absoluta para gobernar. "¿Cuántas veces se ha conseguido una segunda vueta en la elecciones?", pregunta para explicar el agradecimiento que la presidente madrileña supuestamente mantiene con Romero de Tejada.

Ortega ha querido aclarar también las circunstancias de su dimisión, relacionada con la venta de unas parcelas municipales. "Esperanza me llamó pidiendo que dimitiese. Si me considerara corrupto, ¿usted cree que me hubera dado la presidencia de una empresa pública, como el Mercado Puerta de Toledo?", asegura en la entrevista.

Sobre Gürtel dice que "no son todos los que están ni están todos los que son".

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/esperanza-aguirre-estuvo-fiestas-privadas-francisco-correa/20140219221726012349.html

EL INFORME DEL PELOTAZO DE MAJADAHONDA QUE NO QUISO VER ESPERANZA AGUIRRE

Una parcela puede valer 7 millones, 48 o 150, en función de lo que ponga en un papel. En los albores de Gürtel y las postrimerías del "tamayazo", en Majadahonda, hubo uno de estos casos, del que fue informada la presidenta de Madrid

“Mi dimisión pagó el tamayazo”, ha asegurado Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda en la entrevista en exclusiva concedida a ESTRELLA DIGITAL. "Romero de Tejada manejaba en la sombra todas las operaciones urbanñisticas de Majadahonda", explica Ortega. Su dimisión como alcalde estuvo aderezada con la venta de una interesante parcela en esta localidad residencial madrileña. Ortega perdió el apoyo de sus concejales cuando intentó vender una parcela llamada RN 1, también conocida como “el Valle de los olivos”. Para defenderse, Ortega y dos concejales fieles quisieron entregar un informe a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el que detallaban una presunta operación especulativa con estos terrenos capitaneada por Narciso de Foxá, el actual alcalde y entonces al frente de la Empresa Municipal. En el mismo también se denunciaba la gestión que hizo de la empresa municipal Ricardo Romero de Tejada en sus operaciones de compra venta de parcelas.

“Esperanza abrió el dossier, miró la primera hoja y lo cerró. Dijo que no quería saber nada”, explica una de las personas del PP presentes en la entrega de esta información, en el despacho de Aguirre en la calle Génova.

Las operaciones urbanísticas son extremadamente complejas y muchas veces un detalle supone muchos millones de euros, lo que distingue una operación normal de un “pelotazo”. Mientras Ortega era alcalde de Majadahonda, Foxá era presidente de Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), la sociedad municipal de vivienda y suelo. PAMMASA era la encargada de hacer vivienda social y obras al Ayuntamiento. La forma de pago era por medio de parcelas, de propiedad municipal fruto de las cesiones, algunas veces eran libres y otras tenían algún tipo de protección.

Así es como apareció en el tapete la célebre RN1, un jugoso bocado junto a los terrenos de uno de los principales constructores de la localidad, propietario de Afar 4. La valoración de esta parcela era de algo más de 7 millones de euros, según consta en el expediente de cesión a PAMMASA, del año 2003, un precio claramente desactualizado en el 2004 de la burbuja inmobiliaria, ya que era de vivienda libre.

Ortega decidió que no iba a ser PAMMASA quien vendiera la parcela, sino el propio Ayuntamiento, por otro procedimiento, el precio tasado. Era el mismo sistema de la polémica operación de Arganda y de todas las que se hacían entonces en Madrid. Pero el precio debía ser más alto.

El arquitecto municipal, Pedro Sánchez, marcó el precio de una manera poco convencional, a mano, pero en papel timbrado y con su firma, que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL: “48 millones de euros”, escribe de su puño y letra en un tarjetón oficial. Y ese fue el precio al que se sacó a subasta la parcela, en un concurso en el que se presentaron 12 constructoras.

La ganadora tras la evaluación por parte del ingeniero y el arquitecto municipales fue Proinsa, implicada en la trama Gürtel. Sin embargo, una semana después el arquitecto, Pedro Sánchez, cercano a Narciso de Foxá, cambió extemporáneamente su valoración y decidió dar cero puntos a todas las propuestas menos a la de Afar 4. Así las cosas, evidentemente iba a ganar Afar 4.

Y es ahí donde nació el embrión del caso Gürtel. La mesa de contratación, desconcertada pidió auxilio legal para saber a qué atenerse y anuló la segunda valoración del arquitecto municipal. Pero el PP de Majadahonda ya estaba descompuesto. Foxá con 10 concejales y Ortega con dos.

A pesar del informe que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL, Esperanza Aguirre tomó partido por Foxá y pidió la dimisión a Ortega, que alegó motivos de salud para presentarla y se fue a presidir el Mercado Puerta de Toledo. Sus concejales afines, Peñas y Moreno quedaron a la intemperie y fuera del partido, y Foxá fue el nuevo alcalde. Los dos concejales cayeron bajo la órbita de Francisco Correa, amistad que acabó mal y llevo a uno de ellos a denunciar al cabeza de la organización.

A todo esto, el concurso, que incluía dos parcelas muncipales, con este trajín, quedó desierto. Un año y medio después salía el definitivo con un ganador: Vallehermoso, que pagaría 60 millones más de lo previsto. Pero aún así 101 millones más de lo que preveía PAMMASA. Cifras de mareo. El presidente de Vallehermoso era Luis Eduardo Cortés, ex presidente del PP de Madrid, y también ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/informe-pelotazo-majadahonda-no-quiso-ver-esperanza-aguirre/20140219210055012333.html

EL FACTOR ARGANDA

Esperanza Aguirre no solo fue avisada de un "pelotazo" urbanístico a costa de esta ciudad por Álvaro Lapuerta. La empresa del hermano y el hijo de la ex presidenta fueron claves en la operación

Arganda y la venta de la controvertida parcela UE-124 fue, según la investigación, el primero de una serie de "pelotazos" urbanísticos de la trama Gürtel. La Policía cree que los 160.000 metros cuadrados de esta Unidad de Ejecución se vendieron al menos 20 millones de euros por debajo de su valor y generaron una comisión a Correa de 12,8 millones, que presuntamente cobró en Suiza. Aguirre ha declarado ante el juez que se enteró de esta operación tras una reunión, a finales de 2004, con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en el despacho de Mariano Rajoy. Sin embargo, una empresa de su familia tuvo un papel crucial en la operación. La consultora Aguirre Newman, propiedad de su hermano Santiago y en la que trabaja el hijo de la ex presidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre. Difícilmente Aguirre podía estar desinformada sobre lo que se cocía en Arganda.

De hecho, esta operación estuvo bajo la lupa de la Justicia, tras los recursos de los rivales de Martinsa en la puja por los terrenos, así como por la oposición socialista, que recurrieron la adjudicación de esta parcela por 66 millones de euros más otros 11 en obras. Las sucesivas sentencias se apoyan en la valoración de los terrenos y de las ofertas que hizo la empresa Aguirre Newman para dar validez a la tasación de los terrenos que hizo el Ayuntamiento y la empresa municipal del suelo, que entonces dirigían los hoy imputados Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

Aguirre Newman fue la empresa, apoyada por la consultora Plarquin, que hizo la valoración de los terrenos y las ofertas que se presentaron al Ayuntamiento por esta jugosa parcela. En Plarquin estaba otro conocido de Esperanza Aguirre, ya que se trataba de la empresa de Enrique Porto, al que su Gobierno nombró director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 -que fue el que vio el recurso de las empresas competidoras de Martinsa- recoge textualmente: "El órgano de contratación -el Ayuntamiento de Arganda- decidió encomendar a la consultora Aguirre Newman Madrid SA un informe de valoración de las tres ofertas presentadas". La empresa de Santiago Aguirre Gil de Biedma analizó dos de los puntos de las ofertas, mientras que Plarquin se ocupó de otro más. Las empresas que quedaron fuera del negocio acusaron ante la Justicia al "asesor y consultora exterma" (Plarquin y Aguirre Newman) de "defectos, errores e incongruencias en sus valoraciones".

Aguirre Newman es una importante consultora inmobiliaria en España y fuera de España, aunque ha basado buena parte de su negocio en Madrid. Su presidente es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Fernando Ramírez de Haro Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, es un alto directivo de la consultora. Por su parte, Enrique Porto fue nombrado por Aguirre director general de Urbanismo -nombramiento del que ahora ella se desentiende-, hasta que se vio obligado a dimitir en 2006 por un escándalo relacionado con su asesoría, Plarquin.

Esperanza Aguirre, sin embargo, en su declaración escrita ante el juez Ruz asegura sobre estos hechos que fue convocada por Lapuerta a la sede del PP y que, en el despacho de Mariano Rajoy, a finales de 2004 -ya como presidenta de Madrid- fue informada de la operación de Arganda y otra en Majadahonda de venta de terrenos a precio tasado, con valor muy inferior al real en mercado. Asegura que "llamó" a Ginés López, alcalde, y Benjamín Martín Vasco, presidente de la empresa del suelo de Arganda, y que ambos le dijeron que ya estaba adjudicado y que la operación era legal.

Sin embargo, a pesar de la denuncia y presunción de irregularidades, el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento jugoso de edificabilidad en 2006 de las mismas parcelas que había evaluado la empresa de su familia y su director de Urbanismo, Enrique Porto. Aguirre asegura en su declaración que "cuando en Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a ese señor". Aguirre era, por supuesto, presidenta del Consejo de Gobierno.

Justo tras la aprobación del incremento de edificabilidad (de 1.600 a 2.400 viviendas) Martinsa vendió un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado. Lo que se conoce como un "pelotazo", propinado en los últimos años de la burbuja urbanística.

A pesar de los avisos de Lapuerta -según algunas fuentes también estaba presente, junto a Rajoy, Luis Bárcenas, aunque Aguirre dice que "es posible" pero no lo recuerda- y de que su propia familia había intervenido en el proceso, Martín Vasco y Lóprez siguieron en sus funciones. Del mismo modo que el exalcalde del otro "pelotazo" denunciado, Guillermo Ortega, de Majadahonda, fue nombrado por Aguirre presidente del Mercado Puerta de Toledo cuando dejó el ayuntamiento de este municipio residencial del noroeste de Madrid.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/factor-arganda/20140218091107012011.html

LA RED GÜRTEL PAGABA CON BILLETES DE 500

Un informe de la Policía destapa que la trama corrupta abonaba en efectivo para evitar vigilancia

Viajes de bodas, estancias en hoteles, billetes de avión o tren... pagados en efectivo, para despistar. La organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, pagó 30.000 euros en billetes de 500 y 100 euros, por los servicios turísticos prestados a Ginés López Rodríguez (exalcalde de Arganda del Rey) y a Benjamín Martín Vasco (exconcejal de la misma localidad, exdiputado autonómico y exconsejero de la empresa de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda). Ambos ex altos cargos de Arganda están imputados en el caso Gürtel y presentaron su dimisión en 2009.

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional firmado el pasado 31 de enero sostiene que la organización de Francisco Correa realizó tres ingresos el 6 de septiembre de 2004, en efectivo y en menos de cinco minutos, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes (una de las empresas de la trama) para abonar los viajes de placer o de boda que realizaron López Rodríguez y Martín Vasco. “Para ello utilizaron billetes de alto valor facial (58 de 500 euros y 8 de 100…)”, especifican los agentes en su investigación.

Esta forma de pago —tres ingresos consecutivos, a la misma hora y por importes de cantidades no enteras— pretende, explica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, “dificultar el rastro y las labores de inspección y/o investigación judicial/policial a que pudieran verse sometidas en un futuro las distintas empresas del Grupo Correa, en el caso de que las hubiera”.

Las investigaciones policiales se derivan del estudio de la documentación intervenida en una nave de Easy Concept, otra de las empresas de la trama. En uno de los archivos informáticos aparecen diferentes anotaciones relacionadas con viajes a nombre de Martín Vasco realizadas entre el 26 de agosto de 2003 y el 17 de octubre de 2008.

Viajar gratis por España

Ginés López viajó a La Toja, Estepona, Ibiza, Bayona, Sevilla y Vigo entre enero y agosto de 2004.

Benjamín Martín se desplazó a Huelva, Bayona, Vigo, Estepona, Lanzarote y Málaga en un año, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2004.

Los agentes también han localizado la entrega de distintas cantidades en efectivo. El importe total de las prestaciones detectadas a su nombre asciende a 345.166,63 euros, dice el informe policial.

En cuanto a López Rodríguez, los investigadores se toparon con apuntes de servicios turísticos a su nombre, llevados a cabo entre el 23 de enero de 2004 y el 27 de marzo de 2008. También en este caso existen entregas de dinero en efectivo. El total asciende a 523.427 euros.

En uno de los registros, los agentes hallaron un expediente en el que se detallan los viajes efectuados por Martín Vasco y otras personas vinculadas al mismo. La policía hace mención, en primer lugar, a una anotación de entrega a cuenta de 30.000 euros. Se realizó el 6 de septiembre de 2004. Esa cantidad que se corresponde con una serie de ingresos en una cuenta del BBVA por tres importes diferentes.

Los agentes han encontrado un documento impreso, con el nombre “Extracto de Servicios Benjamín Martín”. Según los datos que figuran en él, en un año (del 26 de agosto de 2003 al 12 de agosto de 2004) Martín Castro realizó viajes por valor de 10.282 euros. Entre ellos, una estancia en el hotel Baglioni por 3.774 euros, que incluyó avión y coche; otra en el parador de Bayona con vuelo por 1.659 euros; y otra en el hotel Islantilla que importó 1.058 euros.

La cantidad todal se ingresó en efectivo en una cuenta de Pasadena Viajes. Junto a dicha cuantía, aparecen otros dos ingresos por 19.656 euros, con los que se cancelaría la deuda generada por varios viajes del exalcalde de Arganda, Ginés López Rodríguez, explica el informe. También estos dos se llevaron a cabo de forma consecutiva, a la misma hora y por cantidades no enteras.

En la carpeta que se localizó a nombre de Ginés López aparecieron facturas originales de “servicios turísticos prestados a lo largo de 2004 y 2005”. El informe judicial señala, “a modo de ejemplo”, que en los siete primeros meses de 2004, el importe en viajes a su nombre asciende a 23.859 euros.

Entre los periplos de López Rodríguez aparece una estancia en el hotel Senator Playabella la primera quincena de agosto de 2004, que costó 17.479 euros. También hay otro viaje al Gran Hotel La Toja de una semana. El importe fue de 2.335 euros.

Por el momento, todos los acusados en la trama Gürtel han declinado hacer declaraciones al respecto. Mantienen que sus abogados les recomiendan guardar silencio.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/madrid/1392472873_019645.html

LAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL IMPLICAN AL GERENTE DEL PP DE MADRID

La policía acredita el endoso a Fundescam de parte del coste del congreso regional de 2002

Las facturas son evidentes. Acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), es decir, una financiación irregular. Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.

El registro en la nave en la que la trama corrupta Gürtel guardaba buena parte de su documentación, y con la que ya cuentan las partes, desvela uno más de estos desvíos e irregularidades en la financiación del PP.

El congreso regional celebrado en septiembre de 2002 eligió a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, respectivamente. Su organización, en el Palacio Municipal de Congresos, fue encargada a Special Events, una de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su coste alcanzó los 39.666,79 euros. Dos días después del congreso, la misma empresa remitió un fax al gerente del PP en el que le explicaba “después de la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy” el desglose que iban a hacer del coste: “Facturado a Fundescam, 18.112 euros. Pendiente de facturar, resto, 21.554,79”, detalla.

En el mismo documento existe una anotación realizada ese mismo día y con indicación de la hora a la que se efectuó: “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice.

Como acreditación final del endoso, el registro efectuado por la policía aportó otra factura dirigida a Fundescam por un montante de 18.112 euros, exactamente la misma cantidad anunciada en el fax. Y, aunque en el concepto señala que corresponde a “trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas del ejercicio 2002”, en una indicación inferior señala: “esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre 2002 y ha sido extendido con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificado en su momento”.

Esta no es la única prueba de la financiación ilegal del PP madrileño. La Agencia Tributaria ya certificó, con otros documentos incautados, que, al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam era falsa ya que el cliente real era el Partido Popular. Hacienda llegó a esta conclusión en 2010, al principio de la investigación del caso Gürtel y en 2012 cuando, ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, los inspectores hicieron llegar al juez instructor, Pablo Ruz, un informe en el que denunciaban la existencia de documentos que acreditaban que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por Fundescam.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/14/actualidad/1392399720_926815.html

EL GOBIERNO MADRILEÑO CULPA A LA POLICÍA DE NO REMITIR AL JUZGADO LA DOCUMENTACIÓN

Salvador Victoria ha negado de forma tajante que haya ocultado nada y ha señalado a la Policía como responsable de no remitir la información al juez

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado en 'Hoy por Hoy' que el ejecutivo madrileño entregó a la Policía toda la documentación requerida por el juez sobre los contratos con las empresas de la trama Gurtel.

El portavoz de la Comunidad de Madrid defiende que su Gobierno remitió la información a la Policía y que fueron éstos los que no pasaron la información a la Audiencia Nacional. Victoria ha defendido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cumplido con todos los requerimientos de la Justicia. "Ahora resulta que esa información que se remitió a la Policía no se remitió a la Audiencia Nacional", ha explicado el popular.

El portavoz de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la Comunidad de Madrid contestó a los requerimientos de la Justicia mandando la información a la Policía y que fueron estos los que se quedaron con la información que no llegó al juez Ruz. Victoria ha criticado que esa información se llegase a publicar en los medios y que no llegara a la Audiencia Nacional.

Victoria, que ha calificado los hechos de "gravísimos", ha señalado que lo comunicarán al juez Ruz para que investigue los motivos por los que esa información que él solicitó llegaron a los medios pero no al juez. "Lo vamos a comunicar al juez para que con la máxima diligencia investigue lo sucedido", ha señalado Victoria, que ha defendido que la Comunidad de Madrid lleva cinco años colaborando con la Justicia. "Esperamos que esto acabe y los responsables paguen", ha explicado el portavoz madrileño.

Victoria ha señalado que la Intervención General del Estado está al margen porque fue la Audiencia quien tenía que dársela. El portavoz de la Comunidad de Madrid ha explicado que ellos remitieron la información de 4 de las 7 consejerías a la UDEF y que no entiende por qué no llegaron a la Audiencia. "Desconozco los motivos, hay más prisas en dárselo a los medios que a la Audiencia Nacional".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-madrileno-culpa-policia-remitir-juzgado-documentacion/csrcsrpor/20140214csrcsrnac_12/Tes

LA IGAE AFIRMA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTÓ AL JUEZ LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

La IGAE denuncia en un informe que los departamentos que más contrataron con las empresas de Francisco Correa no han remitido la información reclamada por Pablo Ruz

El Gobierno de Ignacio González no ha remitido a la Audiencia Nacional la información que reclamó sobre 71 de los cientos de actos que las empresas de la trama Gürtel organizaron para la Comunidad de Madrid. Sólo tres de las siete conserjerías requeridas han aportado documentación. Otras cuatro no lo han hecho, entre ellas, las que más contrataron a las empresas investigadas. Los departamentos de Presidencia y Educación que pagaron a la trama Gürtel más de cuatro millones de euros. Así consta en el último informe de la Intervención General del Estado que ya maneja el juez Pablo Ruz.

La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que pone por escrito la nula colaboración del Gobierno de Ignacio González con la investigación de la trama Gürtel. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que sólo tres de las siete consejerías de la Comunidad de Madrid a las que reclamaron documentación sobre 71 de los cientos de actos adjudicados a las empresas investigadas han facilitado información. Curiosamente, dicen los peritos, entre las cuatro que no han remitido información están las que más actos contrataron y las que más dinero pagaron a las empresas vinculadas a Francisco Correa. Las consejerías de presidencia y educación desembolsaron más de cuatro millones de euros.

A pesar de esta falta de colaboración, los funcionarios han cumplimentado el informe "con la documentación intervenida en los registros" y concluyen que las sociedades de la trama "fraccionaron artificialmente el objeto de estos 71 contratos con facturas inferiores a los 12.000 euros" para eludir el concurso público. Añaden que contaban con una red de mercantiles que eran las que realmente prestaban los servicios y con las que establecían "un sistema de compensación cruzada por el cual estas empresas facturaban a la Comunidad de Madrid y posteriormente el grupo de Francisco Correa les emitía facturas por importe inferior siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios como intermediarios".

Los peritos sostienen que el gobierno madrileño contrataba "al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso a partir de unas instrucciones verbales". El principal enlace de la trama con la administración era Alberto López Viejo, el que fuera viceconsejero de presidencia y hombre fuerte de Esperanza Aguirre. Según el informe el importe de la mordida que habría obtenido a cambio de la adjudicación de 347 actos a estas empresas fue de casi 290.000 euros.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/igae-afirma-comunidad-madrid-oculto-juez-contratos-trama-gurtel/csrcsrpor/20140213csrcsrnac_46/Tes

EL PP OCULTÓ EL PAGO DE UNA CENA ELECTORAL DE ANA BOTELLA EN ARGANDA

Según la UDEF, el PP hizo que la Gürtel facturara como "asesoramiento y campaña de comunicación" al grupo municipal popular de Arganda un ágape electoral protagonizado por Ana Botella y Esperanza Aguirre. La trama organizó el evento que sirvió de trampolín para el candidato a la alcaldía, Ginés López, imputado por el cobro de comisiones. La Gürtel elaboró las traseras del acto, con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

El nuevo informe de la UDEF al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, desvela una práctica sistemática de facturas fraudulentas para ocultar el coste de actos del PP por parte del entramado hasta 2004. Preferentemente, según los agentes, el Partido Popular pedía que un porcentaje de los actos se girara a fundaciones controladas por esta formación política, pero también había otras formas.

El evento en cuestión fue la "cena PP Ana Botella", como la denomina la Gürtel en su hoja de gastos, con un importe de 6.564,33 euros.

A la cena, celebrada en un conocido restaurante de Arganda el 27 de noviembre de 2002, acudieron también Esperanza Aguirre, y el hoy presidente del Senado, Pío García Escudero, además del candidato a la alcaldía y hoy imputado en la Gürtel, Ginés López.

La trama se hizo cargo de todo. Incluido el decorado, el sonido, moquetas o la trasera con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

Sin embargo, el coste de la cena no se giró al PP como tal, sino que el concepto fue ocultado. La UDEF aporta documentos y dice que, siguiendo instrucciones de Benjamín Martín Vasco, hombre fuerte del PP en Arganda, la Gürtel facturó la cena al Grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Arganda bajo el concepto "asesoramiento y ejecución de campaña de comunicación durante 2002". El importe es idéntico, un total de 6.564,33 euros; y las fechas similares.

En aquella cena facturada bajo otro concepto, Ana Botella tomó la palabra ante los 300 comensales y no aclaró si meses después formaría parte del equipo de Gallardón a la alcaldía de Madrid. Finalmente, fue en la lista municipal como número 2.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-oculto-pago-cena-electoral-ana-botella-arganda/csrcsrpor/20140205csrcsrnac_5/Tes

BOADILLA, CONDENADA POR ACOSAR A LA TRABAJADORA 'ANTI-GÜRTEL'

El juzgado de lo social número dos de Móstoles ha condenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, por acoso laboral a la técnico del Consistorio Ana Garrido, cuyo dosier sobre el ex alcalde de la localidad, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, también del PP, fue vital para su imputación como pieza clave en el caso Gürtel.

El juzgado ordena dar por extinguido el contrato, condenando al Consistorio a indemizar a Garrido con 81.473 euros por la liquidación por los años trabajados y 14.977 euros por daño moral, según fuentes jurídicas. «Estoy feliz, todavía no me lo creo, es que ha sido mucho tiempo viviendo esta pesadilla», aseguraba nada más conocer la sentencia Garrido, que ha «tenido la suerte de encontrar con un juez que de verdad ha hecho justicia». «Es que claro que hay jueces justos», subrayó.

«Ha sido una lucha larga, pero ha merecido la pena, tengo ganas ya de recuperar mi vida», señaló la técnico, que durante los últimos meses se ha convertido en las redes sociales en la adalid de la lucha anticorrupción.

Los problemas le surgieron en la era Panero, cuando Garrido, técnico de Juventud, comenzó a sufrir mobbing por parte del alcalde y su entorno después de cuestionar algunas adjudicaciones concedidas a dedo, según denunció la trabajadora en su día. Tras la situación de acoso vivida, que la desestabilizó, se tuvo que coger una baja por depresión y abandonó el país hacía Costa Rica. «Denunciar Gürtel ha supuesto mi muerte en vida», afirmó en una entrevista a este diario.

En junio de 2011, sin embargo, tras la llegada del nuevo alcalde, Antonio González Terol, también del PP, se reincorporó al nuevo equipo, para iniciar una etapa nueva, pero siguieron los problemas.

El juez declara en la sentencia como hechos probados que pese a ejercer funciones propias de técnico de Juventud tras ser nombrada en comisión de servicios, el sueldo asignado a Garrido fue equivalente al de coordinadora de Juventud, «de cuantía anual bruta inferior al que le correspondía», algo por lo que la trabajadora protestó a sus superiores y denunció en los tribunales.

Además, el juez precisa que de septiembre a octubre de 2012, su jefe superior, el concejal de Deportes, Juventud y Empleo, Adolfo Arias, se negó «mediante cancelaciones o circunstancias análogas» a reunirse con la trabajadora con la «frecuencia» que la naturaleza del trabajo que desarrollaba requería. En este caso, Garrido estaba preparando el Plan de Juventud. «Ello implicó la paralización del desarrollo del plan», señala el juez, que da por válidas las grabaciones realizadas por Garrido de sus conversaciones con su jefe directo entre 2011 y 2013.

En una de ellas, Adolfo Arias le aseguraba que el motivo por el que se había parado el Plan de Juventud era porque «quieren que te canses», y en otra, coincidiendo con las fiestas patronales, le advertía que se lo iban «a hacer pasar mal».

El 9 de enero de 2013, el mismo concejal le aseguró en otra conversación que recoge la sentencia que estaba dispuesto a reconocer que estaba parado el plan y que todo lo que le pasaba era por haber puesto una demanda contra el Ayuntamiento. Durante todo ese periodo, Garrido sufrió varios episodios de depresión que le obligaron a cogerse bajas.

Según afirma la sentencia, «las explicaciones dadas por el citado concejal sobre el porqué de las declaraciones» que efectuó ante la demandante «no han sido convincentes». De acuerdo al juez, la decisión de Arias de no reunirse con Garrido «constituye una voluntad consciente e intencionada... de hostigar o menospreciar a la trabajadora».

«Podemos considerar que estamos ante un hecho suficientemente grave y reiterado en el tiempo que habilita a la rescisión del contrato con la obligación empresarial de abonar la indemnización del despido improcedente».

Garrido, en declaraciones a este diario, afirmó ayer que se ha sentido «muy sola a nivel institucional». «El coste ha sido enorme», denunciaba la trabajadora, que pedía ayuda a las instituciones para dar cierta protección a las personas «que denuncian la corrupción porque se encuentran muy solas». En ese sentido, valoró muy positivamente la ayuda recibida por parte de la asociación Pridicam.

Fuentes municipales precisaron ayer que recurrirán la sentencia porque no recoge las pruebas aportadas por el Ayuntamiento, que la relación entre el edil y Garrido era normal «como declaran los testigos», y «porque no estamos de acuerdo» en las razones esgrimidas por el juez. Asimismo, destacaron que esta sentencia no tiene que ver con Gürtel: «la sentencia no lo recoge en absoluto».

http://www.elmundo.es/madrid/2014/02/05/52f2af08ca4741b36f8b4584.html

EL ALCALDE DE ALCORCÓN, SITIADO: SU MUJER COBRÓ SUELDO ILEGAL ASESORANDO A UN IMPUTADO EN ‘GÜRTEL’

Elena Cerezo, esposa de David Pérez (PP), fue jefa de gabinete de González Panero, exregidor de Boadilla, y recibió un aumento ilegal de sueldo del 24%. Tras perder ‘Eurovegas’, Alcorcón se sume en una huelga de limpieza que desborda a Pérez.

Problemas para David Pérez, el alcalde de Alcorcón (PP) de planta juvenil y pelo revuelto que hace un año se excitaba ante la posible llegada de Eurovegas y ahora parece un regidor acabado políticamente. La renuncia del magnate Sheldon Adelson a montar su pantagruélico complejo de casinos en la localidad madrileña, la huelga de basuras recién terminada que ha cubierto Alcorcón de inmundicias 14 días y ahora la sentencia que afecta a su mujer, jefa de gabinete del alcalde de Boadilla desde hace años, han puesto a Pérez contra las cuerdas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, adelantada por eldiario.es y a la que también ha tenido acceso Vozpópuli, fue promulgada hace ocho meses (mayo de 2013) y obliga a su mujer, Elena Cerezo, a devolver aproximadamente 10.000 euros. Es una cantidad que corresponde con la subida de sueldo ilegal que Cerezo recibió en 2008 de Arturo González Panero, el Albondiguilla, exalcalde de Boadilla y uno de los principales imputados de la trama Gürtel. La mujer de Pérez continúa en su puesto como principal asesora y aún no ha devuelto lo establecido por la Justicia.

El veredicto del TSJM establece que el aumento salarial del 23,9% es ilegal de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tolera un 3%. El fallo coincide con el inicio de la recogida de basura tras dos semanas de huelga en este municipio. Un conflicto laboral en el que Pérez no ha pasado desapercibido, siendo, como suele ser él por otra parte, extremadamente lenguaraz en su cuenta de Twitter: no se puede decir que no dé la cara; lo malo es que esto suele ocurrir solo en las redes sociales.

Delfín de Esperanza Aguirre, Pérez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, se comprometió con Eurovegas hasta el tuétano; su Consistorio incluso organizó cursos de tarot, magia y crupier. Toda rebaja impositiva era poca para David Pérez, quien a su vez se batió el cobre acusando a la oposición de desleal por rechazar el colosal proyecto de juegos de azar. La renuncia de Las Vegas Sands en diciembre devolvió al alcalde al mundo real, y su declive hasta los próximos comicios de 2015 parece asegurado.

http://vozpopuli.com/actualidad/38352-el-alcalde-de-alcorcon-sitiado-su-mujer-cobro-sueldo-ilegal-asesorando-a-un-imputado-en-gurtel

EL JUEZ DICE QUE LOS DELITOS DE LA GÜRTEL EN POZUELO NO HAN PRESCRITO

El juez Pablo Ruz desestima un recurso presentado por una de las imputadas en la adjudicación de un concurso para organizar un congreso en 2004

El juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha desestimado un recurso de reforma interpuesto por María del Mar Rodríguez, contra su auto de imputación debido a su posible intervención en la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. Presuntamente, los adjudicatarios del concurso conocían, de antemano, los pliegos de condiciones y eran una sociedad pantalla de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta.

El abogado de Rodríguez recurrió esta decisión judicial por falta de fundamento para dirigir la acción penal contra ella, y en caso de estar fundamentada, por la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) considera que el grupo de usó a la empresa M.R. Asociados para conseguir la adjudicación. Los agentes aseguran también que la compañía mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para ganar el concurso

La trama, dice el informe, pagó una comisión del 2% a M.R. Asociados. El Ayuntamiento se hizo cargo tanto dicho importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse (1.272,41 euros). El monto de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red de Correa ganó 70.714 euros.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso presentado porque hay indicios que apuntan a que Rodríguez “habría intervenido en la aparentemente irregular adjudicación”. Además, considera que se infiere que la imputada “habría aceptado, a cambio de una comisión, presentarse al referido concurso a sabiendas de que tal actuación únicamente tenía por objeto ocultar al verdadero adjudicatario, el denominado Grupo Correa”.

El fiscal tampoco cree que el delito de prevaricación haya prescrito, porque su comisión lleva aparejada una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años y, en consecuencia, su plazo de prescripción se extiende a 10 años.

Un periodo de tiempo, explica, que también sería aplicable al delito de malversación, por la vinculación que existe en este caso con el de prevaricación. “No cabe apreciar la prescripción de ninguna de las infracciones enjuiciadas, en tanto no prescriba la más grave de ellas”, concluye. El juez comparte todos los razonamientos esgrimidos por el Ministerio Fiscal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/14/madrid/1389731062_904239.html

«NO TE QUEREMOS JODER LA VIDA»

La ‘trama Gürtel’ elaboró una ‘hoja de ruta’ para chantajear al alcalde de Boadilla

«No te queremos joder la vida». Así de persuasiva arrancaba la hoja de ruta del chantaje elaborada por la trama Gürtel para exigir al ex alcalde de Boadilla del Monte, el popular Arturo González Panero, El Albondiguilla, que la red de Francisco Correa siguiera haciendo negocios en la localidad madrileña.

Para ello, la trama elaboró una lista manuscrita de 23 puntos (que luego fue pasada a limpio) para dejarle claro al alcalde que tenían muchas armas para usar contra él si no se plegaba a sus condiciones. «Se trata exclusivamente de hacer justicia. De restablecer la situación previa que ya existía», dice uno de los puntos de los documentos, que obran en poder del juzgado que instruye el caso y a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Los integrantes del entramado, según fuentes cercanas al caso, temían que Panero quisiera romper su relación con ellos después de que le hubieran sido adjudicados numerosos contratos del Consistorio. Boadilla era una de las principales fuentes de ingresos de la trama.

Como principal elemento de persuasión, el entramado planeó amenazar a Panero con colgar una grabación suya en internet. «Imagínate tu cinta en internet», afirman en la hoja de ruta. La trama quería asustarle con esta cinta, que los investigadores todavía no han hallado, pero cuya existencia han reconocido varias personas vinculadas a la red.

Isabel Jordán, persona de confianza de Correa en el entramado, declaró ante el juez que éste le había dicho que tenía a Panero «comiendo de la mano». «Me cuenta que en una mesa se sientan y le cogen en vídeo al alcalde contando el dinero...entonces, él dice ‘¿No ves que lo tengo con ese vídeo pillado?’». José Luis Peñas, ex edil de Majadahonda cuyas grabaciones destaparon el mayor caso de corrupción en España, afirmó también ante el juez que en la cinta se podía ver a Panero rodeado de varios fajos de billetes. Panero está acusado por el juez de recibir 637.000 euros en regalos y sobornos de la trama.

El propio Correa admitía en otro corte de audio que consta en el sumario que esa cinta existía, pero afirmó que el instigador de la grabación fue Tomás Martín Morales, que había trabajado en el Ayuntamiento boadillense hasta 2003, año en que rompió su relación con Panero.

En esta hoja de ruta, la trama quería hacer patente a Panero el malestar que había generado en Correa. «Él te ha tratado como a un hermano y tú lo has tratado como un perro. Te ha cambiado la vida. Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbetas, etc.), hasta el plasma de tu casa».

Desde el entramado le echan en cara el contrato de mantenimiento otorgado a Sufi, una empresa que no era de su entorno: «Está muy indignado con lo de Sufi. Tu conversación con él en el Fénix. Juraste por tus hijos que esa operación la llevaba él. Tú le dijiste allí que todo lo que había hecho era bien en la vida. Y después ni le saludas en el fútbol. Eso no se hace con nadie. No te quiere ni ver».

«A pesar de lo cual lo único que quiere es la restitución de la situación anterior. No queremos entrar en pequeñas cosas», prosiguen los documentos, que dejan claro quién mandará a partir de entonces en el Ayuntamiento de Boadilla.

«La negociación de los asuntos la llevamos nosotros directamente con los clientes... no queremos intermediarios. Los temas gordos los pasa a gestionar la sociedad, nos tienes que dar los pliegos previamente», dejaban claro en la nota, que acababa con un taxativo: «Todo claro, esto sólo romperá si tú rompes. Nada de engaños».

Poco después, tras las elecciones de 2007, Martín Morales volvió al Ayuntamiento como el enlace de la Gürtel allí, según fuentes cercanas al caso, ocupando el cargo de consejero delegado de la entidad gestora del suelo del municipio y, además, director general del Ayuntamiento, lo que le dio plenos poderes. Martín Morales, apodado Mister rotondas por todas las que hizo en Boadilla, está acusado de blanqueo, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y asociación ilícita.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=19849127&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=15_12_2013&pla=pla_11014_Madrid

LA POLICÍA CERTIFICA QUE GÜRTEL SUFRAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP

El juez Ruz pide diez informes para agilizar la investigación sobre la trama corrupta

La unidad antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en un informe, negro sobre blanco, que las empresas de Francisco Correa, el supuesto cerebro del caso Gürtel, financiaron actos electorales del Partido Popular en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre, y que amplía informes anteriores, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describen las distintas operaciones de la trama de Correa para sufragar ilegalmente las campañas de la formación conservadora entre los años 2001 y 2004.

El estudio analiza a petición del juez Ruz la documentación incautada en febrero de 2009 en la sede central de la organización de Francisco Correa, ubicada en una oficina de la calle de Serrano de Madrid, una de las más lujosas de la capital. En el caso del PP madrileño, los investigadores concluyen que las facturas por valor de 1,8 millones de euros que la sociedad Special Events giró a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) no correspondían con actos celebrados por esta entidad, sino que bajo esta pantalla se estaban pagando mítines de la campaña para las elecciones autonómicas de 2003 y las europeas de 2004.

Los congresos del PP regional de 2002 y 2004, organizados por Special Events, se facturaron también a través de Fundescam, fundación que recibe fondos de empresas privadas adjudicatarias de obras y servicios públicos.

Por su parte, el PP gallego utilizó “fondos de origen desconocido” para financiar la campaña de las elecciones autonómicas de 2001. En la oficina central de Correa fueron encontrados “recibís y cheques bancarios” que demuestran que las empresas de Gürtel sufragaron los gastos generados por la formación conservadora por actos como la romería del monte do Gozo, en Santiago, y 23 mítines durante la campaña.

La UDEF también reseña en su escrito cómo la organización de Correa corrió con los gastos del PP valenciano con “dinero ajeno al circuito legal”. En concreto, Special Events pagó en negro 81.653 euros a proveedores del XVII Congreso del PP de la Comunidad. Ese dinero se repuso posteriormente a la caja b de la oficina de Correa en la calle Serrano, desde donde se dirigían todas las operaciones de la trama corrupta.

El juez Ruz ordenó a la UDEF el pasado 23 de diciembre que le entregara este informe antes de fin de año. El magistrado pretende agilizar la investigación sobre la trama corrupta y ha reclamado tanto a la policía como a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado que le presenten una decena de informes pendientes antes del próximo 15 de febrero. Antes de finales de este mes, la UDEF debe entregar, entre otros, un informe sobre la documentación hallada en una nave del polígono industrial Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid) y sobre la memoria USB incautada al contable de Correa, José Luis Izquierdo.

Comisión para muebles

El informe de la UDEF desgrana el origen de los fondos que manejaban las empresas de Correa. Este se divide en contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid); comisiones por la mediación en la adjudicación de contratos; organización de actos del PP y compraventa de bienes como el yate Carmen Junior III, propiedad del empresario José Luis Ulibarri.

Con la documentación hallada en la oficina de Serrano 40, los agentes constatan que el constructor Ulibarri pagó una comisión de un millón de euros a Correa por servicios que no se llegaron a prestar. Este dinero se camufló como pago de facturas ficticias a las empresas del entramado de Correa, pero su destino real era el abono de facturas de muebles y enseres de los chalés del cerebro de la trama Gürtel en Ibiza y Sotogrande (Cádiz). Los proveedores de estos elementos de decoración hacían figurar en el concepto de la factura que el material era para “proyectos de interiorismo de la Comunidad de Madrid” o para “decoración de escenarios”. Los agentes señalan que el contable de Correa, José Luis Izquierdo, era el que daba las instrucciones a las distintas empresas mediante fax sobre los conceptos que se debían incluir en las facturas ficticias.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/01/actualidad/1388605119_997404.html

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