CASO GÜRTEL : PS CAJA B PP. REAPERTURA

El 28 de febrero 2017, el juez De la Mata, tras solicitarlo las acusaciones populares y el MF, decide reabrir parte de la instrucción de los denominados "Papeles de BÁRCENAS" para investigar las declaraciones de Francisco Correa y el empresario García Pozuelo que admitieron en el juicio de la PS 1999-2005 conocer la existencia de comisiones al PP por parte de grandes empresas ligadas al sector de la construcción. En Marzo del 2016 De la Mata había archivado una solicitud de la acusación popular IU y otros para reabrir la instrucción de la PS basada en una declaraciones de Correa al periódico www.eldiario.es

LAS NOTICIAS AL DÍA

EL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

COSTA VOLVERÁ A 'CANTAR': EL JUEZ DE LA 'CAJA B' LE CITA PARA LOS PAPELES DE BÁRCENAS

EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP

UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO

EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

LA FISCALÍA SE OPONE A QUE LA AUDIENCIA NACIONAL PROLONGUE LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B DEL PP

EL JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN DE LA 'CAJA B' DEL PP HASTA 2020

EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

LA HISTORIA OCULTA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

UNA EDIL DE GALLARDÓN OCULTÓ AL JUEZ QUE ADJUDICÓ UN CONTRATO DE 20 MILLONES A UN DONANTE DEL PP RECOMENDADO POR LAPUERTA

IU PIDE QUE DECLARE ESPERANZA AGUIRRE EN EL SUMARIO DE LA 'CAJA B' DEL PP

BÁRCENAS PIDE APARTAR DE LA CAJA B AL ÚNICO JUEZ QUE RESISTE EN EL TRIBUNAL QUE CITÓ A RAJOY

IGNACIO GONZÁLEZ AFIRMA QUE EL EXTESORERO LAPUERTA CONTROLABA LOS CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FUEGO AMIGO EN EL PP: IGNACIO GONZÁLEZ Y SU ANTIGUO NÚMERO DOS EXTIENDEN MÁS SOMBRAS SOBRE LOS TESOREROS

UNA EXCONSEJERA DE GALLARDÓN DICE QUE LAPUERTA LE ACONSEJÓ CONTRATAR CON UNA EMPRESA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

DE LA MATA CITA A EDUARDO ZAPLANA E IGNACIO GONZÁLEZ COMO TESTIGOS DE LA CAJA B DEL PP

UN EMPRESARIO REVELA CÓMO PAGABA COMISIONES AL PP EN UNA CINTA CON LA QUE SE INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY

UN DONANTE DE LA 'CAJA B' DEL PP DETALLA LA MECÁNICA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

EL EMPRESARIO ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL NIEGA PAGOS A LA CAJA B DEL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES

EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO SE NIEGA A DECLARAR SOBRE LA CAJA B DEL PP

LA DECISIÓN DE CORREA DE CALLAR AHORA SOBRE LA CAJA B DEL PP TORPEDEA LA INVESTIGACIÓN

EL INTERMEDIARIO DE LA GÜRTEL NIEGA LAS REVELACIONES DE CORREA SOBRE LA CAJA B

UNA ACUSACIÓN PIDE INCORPORAR AL SUMARIO DE LA CAJA B DEL PP LAS FACTURAS DE BÁRCENAS HALLADAS EN PÚNICA

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP

DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS

LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP

EL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP

VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP

LA CONSTRUCTORA OHL INGRESÓ ENTRE 2002 Y 2009 MÁS DE 3.000 MILLONES DE ADMINISTRACIONES DEL PP

CORREA FACTURÓ 74.800€ DE LA CABALGATA DE ARGANDA A UNA EMPRESA DE FLORENTINO PÉREZ

FRANCISCO CORREA SE NIEGA A CONTESTAR SOBRE LA TRAMA DEL 3% Y SU SALIDA DEL PP

LA CONFESIÓN DE CORREA SEÑALA AL RAJOY VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SECRETARIO GENERAL DEL PP

CORREA GOLPEA AL PP AL CONFESAR QUE EL COBRO DEL 3% EN MORDIDAS ERA UNA “PRÁCTICA” HABITUAL

COMPAÑÍAS COMO OHL, ACS Y DRAGADOS PAGARON ‘MORDIDAS’ A CAMBIO DE CONTRATOS, SEGÚN CORREA

EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO DICE QUE PARTE DE LAS COMISIONES ILEGALES QUE PAGÓ SE ENTREGARON A BÁRCENAS


EL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’

De la Mata cita también a Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, a declarar como testigo

José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha imputado en la causa de Los papeles de Bárcenas al empresario Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios S. A. y sobrino de Juan Cotino (PP), expresidente de las Cortes valencianas. El juez toma esta decisión tras aceptar la petición de la Fiscalía e Izquierda Unida (IU) —personada como acusación particular—, después de la sentencia de la rama valenciana de Gürtel. Vicente Cotino fue condenado a un año y tres meses de cárcel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriormente adjudicaciones.

En un auto fechado este jueves, De la Mata cita al empresario el próximo 24 de julio a las doce del mediodía. El instructor también llama a declarar como testigo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, que admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de estas comisiones y que señaló que se hacía por órdenes directas del expresidente Francisco Camps, al que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves investigar en otra pieza de la Gürtel. La comparecencia de Costa se ha fijado para el 25 de julio a las doce del mediodía.

La investigación de Los papeles de Bárcenas sigue, por tanto, adelante con más pesquisas. De la Mata acordó el pasado junio prorrogar dos años más la instrucción, hasta agosto de 2020, en contra del criterio de la Fiscalía que pedía ya mandar la causa a juicio. El instructor consideró que todavía quedaban pruebas periciales por realizar y "abundante documentación" por analizar.

"El caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas. Y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias que implican el examen de abundante prueba", adelantaba el instructor en un auto emitido apenas un mes antes de citar a Cotino y Costa. En el escrito de este jueves, el juez también llama a declarar como testigos a José Luis Montesinos, presidente de la Constructora Hispánica, que aparecía en Los papeles de Bárcenas; al director financiero de dicha compañía entre 2006 y 2008; a Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP; y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). El magistrado rechaza, en cambio, que vuelva a comparecer Luis Bárcenas.

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/12/actualidad/1531398126_328175.html

COSTA VOLVERÁ A 'CANTAR': EL JUEZ DE LA 'CAJA B' LE CITA PARA LOS PAPELES DE BÁRCENAS

También deberá comparecer Vicente Cotino, pero en calidad de investigado

El juez José de la Mata ha citado a declarar en calidad de testigo en la pieza de los Papeles de Bárcenas, enmarcada en el caso Gürtel, a Ricardo Costa, el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana que señaló a Francisco Camps como el cerebro de la caja B de los populares valencianos. El magistrado también ha citado a Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino -empresario y exalto cargo del PP con José María Aznar y Camps-, pero en su caso deberá declarar en calidad de investigado. Así consta en un auto emitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que admite las diligencias propuestas por las partes personadas en el procedimiento.

Cotino deberá personarse el próximo 24 de julio a las 12:00 horas ante el magistrado, mientras Costa declarará 24 horas después, el día 25. Ese día, el exsecretario general del PPCV volverá a cantar La traviata.

Costa confesó ante el juez de la trama Gürtel valenciana que “el PP se financiaba con dinero negro” por orden del expresident de la Generalitat Valenciana: "Las decisiones importantes las tomaba Camps", aseveró.

La comisión que investiga la caja B del PP en el Congreso de los Diputados citó a Costa tras su testimonio ante el juez. “Ratifico plenamente lo que dije y en los términos en los que lo hice”, precisó durante su comparecencia. Según su relato, empresarios con algún tipo de vinculación con la formación popular pagaban directamente actos del propio partido por orden del por entonces president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps: “La información que a mí me llegó del señor [Víctor] Campos” era que “fueran los empresarios los que pagaran los gastos electorales”.

Camps se sacudió dichas acusaciones diciendo que era Costa el que debía explicar los motivos por los cuáles ha cambiado de opinión y ha confesado. Y lo ha hecho. Costa, ha razonado que “ha habido un proceso de reflexión” por las “consecuencias que podría tener la asunción de responsabilidades” y las consecuencias “que esto va a tener en mi vida familiar, en mi mujer y mi hija, padres y hermanos, a quienes también he pedido disculpas”. “No es más que una reflexión de años, personal, ante una situación que ha tenido una dura carga personal”. Y añade que “nunca he dado en estos siete años otra versión y creía que era el momento adecuado” para hablar, contraviniendo así a Camps.

Anticorrupción persigue a Camps

Tal y como ha desvelado ElPlural.com, La Fiscalía Anticorrupción va a pedir a la Audiencia Nacional que reabra el caso Gürtel para poder investigar a Camps. Argumentan que el delito de malversación prescribe a los 15 años y los hechos se remontarían al año 2007. En consecuencia, a Camps no se le podría imputar un delito de prevaricación, puesto que ya habría prescrito, pero sí de malversación.

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/costa-volvera-a-cantar-el-juez-de-la-caja-b-le-cita-para-los-papeles-de-barcenas_200028102

EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma los tres integrantes del tribunal

Ángel Hurtado, el magistrado que se opuso a que Mariano Rajoy declarara como testigo en la vista oral de Gürtel y que consideró que el PP no debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por dicha trama, se encargará de redactar la sentencia del juicio de la caja b del PP. Así lo ha detallado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el pasado 9 de julio, donde confirma los componentes del tribunal al rechazar los recursos presentados por las acusaciones. Además de Hurtado, que ejercerá de ponente, la terna la completan María José Rodríguez Duplá, como presidenta; y María Riera, que sustituye a José Ricardo de Prada mientras este se encuentre de servicios especiales en el tribunal internacional de La Haya.

Esta decisión de la Sección Segunda llega después de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobase el pasado 20 de noviembre unas nuevas normas de reparto que supusieron que el magistrado Julio de Diego, que forzó la declaración de Rajoy en Gürtel, quedase apartado del tribunal. También, el juez De Prada dejaba de ser entonces el ponente de la sentencia. Todo ello, después de que una anterior providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario—, fechada el 3 de abril de 2017, fijase que el tribunal de la caja b estaría compuesto por los mismos jueces del caso Gürtel: el conservador Ángel Hurtado, el moderado Julio de Diego y el progresista De Prada.

Pero, tras aplicarse las nuevas normas de reparto, la terna pasó a estar formada por Rodríguez Duplá, De Prada y Juan Pablo González. Pero este último, que era el ponente, fue recusado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2001 y 2008. En su lugar volvió a entrar Hurtado.

Las acusaciones presentaron un recurso contra los componentes del tribunal. Pero la Sección Segunda rechaza sus argumentos en el auto del pasado 9 de julio: "Fueron correctamente designados". Aún no se ha fijado fecha de inicio para el juicio de la caja b.

Hurtado fue el magistrado que ejerció de ponente en la sentencia de Gürtel, pero que cedió la redacción de la sentencia a sus compañeros en aquellas partes a las que se oponía. De hecho, emitió un voto particular donde mantiene que el PP debería haber resultado absuelto y donde se rechaza las referencias del tribunal que sitúan a los populares dentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Hurtado consideró innecesarias las expresiones que afirman que entre la red de corrupción y el Partido Popular se tejió una "estructura de colaboración estable", así como que se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/09/actualidad/1531147757_247641.html?rel=str_articulo#1531481346440

UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO

Observatori Desc lleva a la Audiencia los datos que confirman cómo las "aportaciones de cargos públicos" se desplomaron tras la apertura de diligencias judiciales sobre la caja B La asociación reclama incorporar a la causa toda la información contable del PP entre 2009 y 2016 que obre en poder del Tribunal de Cuentas y que la actual tesorera y Bárcenas declaren como investigados

Alicia Gutiérrez
La asociación Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso de los papeles de Bárcenas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que indague si el PP infló su censo de afiliados para blanquear dinero "de la denominada y demostrada Caja B".

En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, la asociación solicita al magistrado que cite a declarar como investigados a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, así como al hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP y dejó constancia manuscrita de los movimientos de la caja B, el ahora encarcelado Luis Bárcenas. Y que reclame al Tribunal de Cuentas “el expediente completo” de la contabilidad declarada por el PP entre los ejercicios 2009 y 2016.

Observatori Desc basa su solicitud en los datos del Tribunal de Cuentas desvelados días atrás por este periódico y que certifican cómo los ingresos oficialmente atribuidos a sus militantes se desplomaron de forma dramática después de 2013, el año en que los papeles de Bárcenas salieron a la luz y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada sobre esa materia dentro del caso Gürtel. Los 9,4 millones que según el órgano fiscalizador obtuvo el partido ese año por "aportaciones de cargos públicos", un tipo de contribución adicional a las cuotas ordinarias de afiliación, se redujeron en 2014 a 2,3 millones para ya desde entonces mantenerse en ese nivel.

La cuenta de resultados publicada por el PP en su página web presenta sin embargo en 2013 una discrepancia de siete millones respecto del informe del Tribunal de Cuentas. En lugar de anotar en la casilla de "aportaciones de cargos públicos" los 9.429.406 constatados por el órgano fiscalizador tras examinar la documentación y los justificantes entregados por el PP, el partido reflejó 2.349.049,66 euros. Los siete millones restantes los colocó bajo un epígrafe cuyo significado exacto no se conoce –"otros ingresos"– y que se inscribe en el apartado reservado al dinero cuyo origen son los "afiliados, adheridos y simpatizantes".

Antes de su publicación, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado contable de los partidos políticos en 2013 había sido "asumido" y aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el órgano fiscalizador, cuyo presidente es un diputado del PP.

El informe del Tribunal de Cuentas para 2013 no ofrece resquicios para la duda en cuanto a su interpretación: "Los ingresos procedentes de la financiación privada –dice el texto– ascendieron a 18.339.797,54 euros". De ese total, añade el texto, el mayor volumen se correspondía a cuotas y aportaciones de los cargos públicos. Y a continuación detalla las cuantías: "Los importes correspondientes a las cuotas de afiliados y a las aportaciones de cargos públicos ascendían a 4.381.006,31 y 9.429.406,14 euros, respectivamente".

Cuotas anuales con decimales o números "muy anómalos"

El escrito de Observatori Desc hace también mención expresa a la información de este periódico sobre cómo el PP adjudicó durante al menos cinco años a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61 o 9,97 euros. Esos números, que la asociación califica de "muy anómalos", proceden de una kilométrica hoja de cálculo en formato Excel incorporada a la causa de los papeles de Bárcenas y que detalla las cantidades que el partido declaró entre 2008 y 2011 como aportaciones de los afiliados.

“Entendemos – aduce Observatori Desc en referencia tanto al desplome de ingresos por afiliados como a las peculiares cantidades que aparecen en el citado Excel– que toda esta información procedente del Tribunal de Cuentas debiera ser investigada, a fin de depurar responsabilidades en el presente procedimiento, pues, podría haberse cometido un delito continuado de blanqueo de capital y falsedad en documento mercantil, conexos con los delitos investigados en la presente causa”.

La asociación califica de “dato muy revelador” que de 869.535 afiliados oficiales sólo 66.384 se inscribieran para las primarias que el partido celebró este jueves. "Estaríamos hablando, indiciariamente, de una suma de afiliados –869.535– inflada artificialmente", sostiene el escrito de la asociación.

Antes de publicar la primera de las tres informaciones relativas a este asunto, infoLibre trasladó a los portavoces oficiales del PP los datos que obraban en su poder. El partido pidió tiempo para ofrecer una respuesta argumentada que finalmente no llegó. Tan solo una frase: que todo obedece a “un cambio de criterio contable”.

De forma verbal, fuentes autorizadas del PP añadieron que ese cambio se relaciona con los siete millones que, según el Tribunal de Cuentas, el PP contabilizó incorrectamente en 2014 como ingresos privados los proporcionados por distintos grupos municipales y por el grupo parlamentario de Navarra en lugar de como subvenciones de origen público. Este periódico hizo notar entonces a los portavoces del PP que el reproche y la advertencia del órgano fiscalizador se refiere en efecto a siete millones pero de 2014, no de 2013. El partido se aferró a su versión sobre el hipotético “cambio de criterio contable” y no accedió a ofrecer explicaciones detalladas ni a facilitar a este medio las cuentas de 2013, de las que solo se conocen las magnitudes reflejadas en la cuenta de resultados de 2014. La web del PP permite el acceso a sus cuentas anuales solo a partir de las de 2014.

Los 9,4 millones de 2013 marcaron la cima en el capítulo de “aportaciones de cargos públicos”. Pero el formidable peso de esas contribuciones no se limita a 2013. Al menos desde 2009 –el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas distingue entre las cuotas de afiliación y ese tipo de contribuciones extra–, su peso en los ingresos del PP había sido abrumador: 6.769.221 euros en 2009 (el 63,06% del total de los ingresos por afiliados); 6.972.199 en 2010 (61,8%); 7.831.037 en 2011 (64,8%); 8.083.603 en 2012 (64,6%); y por fin, 9.429.406 en 2013 (68,2%).

A partir de ahí, se despeñaron: 2.306.368 euros en 2014 (38,3% del total de ingresos por afiliados) y 2.350.462 en 2015 (42,2%). De 2016 aún no hay informe de fiscalización. Según las cuentas del PP, las aportaciones de cargos públicos representaron ese año 2.069.167 euros, el 41,2% de los ingresos por afiliados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/06/una_las_acusaciones_pide_juez_papeles_barcenas_que_investigue_si_inflo_censo_afiliados_para_blanquear_dinero_84798_1012.html

EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP

Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga

Anticorrupción también se opone a extender la investigación y afea al juez que use argumentos que producen "inseguridad y "confusión"

El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.

De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.

El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.

La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.

"No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado"

El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: "no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado".

"Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal", añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.

El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que "ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.

"Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)", añade el escrito.

Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata "no tiene cabida en Derecho", los abogados aseguran que "a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado".

Anticorrupción habla de "inseguridad y "confusión"

En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que "ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad", por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.

Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen "inseguridad y "confusión". El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. "La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza", añade.

Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa "tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción". Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.

https://m.eldiario.es/politica/PP-reformo-Gobierno-intentar-investigacion_0_783922643.html

LA FISCALÍA SE OPONE A QUE LA AUDIENCIA NACIONAL PROLONGUE LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B DEL PP

El juez De la Mata acordó prorrogar esta pieza hasta 2020 a petición de IU por la gran cantidad de investigados y ante la abundante documentación que habrá que analizar.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Audiencia Nacional prolongue la investigación de la supuesta Caja B del PP hasta 2020, en contra del criterio del juez instructor, José de la Mata, quien ha prorrogado tras las revelaciones del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, sobre el cobro de 'mordidas' a empresarios a cambio de contratos públicos y cómo entregaba las comisiones al partido, en concreto al entonces tesorero, Luis Bárcenas.

La Fiscalía ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del magistrado del pasado 6 de junio que acuerda prorrogar la causa -también conocida como 'Papeles de Bárcenas'- a petición de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida. El ministerio público considera que la pieza está lista para ser llevada a juicio.

Por su parte, las acusaciones populares de IU y Adade (Asociación de Abogados Demócratas, próxima al PSOE) tienen previsto oponerse a la pretensión de la Fiscalía y solicitarán que la causa siga abierta hasta 2020 porque consideran, al igual que el juez, que se está ante una causa compleja.

El Partido Popular se adherirá al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, aunque había recurrido en reforma el auto del magistrado. Fuentes populares muestran su "grata sorpresa" porque el ministerio público mantenga este criterio y argumentan que "no se puede mantener abierta una investigación prospectiva hasta las elecciones generales".

La decisión está en manos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver estos recursos.

150.000 euros para Rajoy

Tanto IU como Adade solicitarán más pruebas para continuar con la investigación judicial sobre la Caja B de PP y sobre a relación finalista entre 'mordidas' al PP y adjudicaciones públicas de los gobiernos que dirían líderes de este partido

Así, IU solicitará la comparecencia como testigo [figura que obliga a decir la verdad] de Ricardo Costa, el exsecretario general del PP de Valencia para que confirme si recibió 150.000 euros en billetes de 500 del bolsillo de José Mayor Oreja, directivo de la constructora FCC, para sufragar la campaña electoral de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2008. Ambos son hermanos de exministros populares.

Ricardo Costa tiene como abogado defensor a Manuel Ollé, estrecho colaborador del despacho del exjuez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel y condenado por prevaricación por autorizar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama con sus abogados.

Recientemente Costa ratificó esta confesión ante la juez de Valencia que investiga una supuesta estafa en la construcción de circuito urbano de Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps como presidente autonómico. El sostiene que entregó este dinero al vicesecretario del partido, David Serra, condenado en el caso Gürtel.

La pieza está centrada en la supuesta caja de dinero negro que manejó el Partido Popular, al menos desde 1989 al año 2008. Fue reabierta el 28 de febrero de 2017 por De la Mata, a petición de IU, tras la confesión que hizo Correa en el juicio sobre la primera época de la trama (1999-2005), donde reveló cómo él mismo se encargaba de intermediar en el pago de comisiones al PP por parte de empresarios a cambio de contratos de obra pública.

"Gran cantidad de investigados"
El Ejecutivo del PP introdujo una reforma procesal para limitar a seis meses las investigaciones penales, aunque no dotó de medios económicos para lograr este objetivo. Este límite puede ser ampliado hasta 18 meses si la causa es declarada compleja.

La prórroga debe ser solicitada por la Fiscalía, pero no lo hizo cuando el pasado 6 de junio iba a caducar el plazo de la pieza sobre la Caja B que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular es José de la Mata. Sin embargo, sí lo solicitó IU.

De la Mata recuerda en su auto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas por concurrir razones que lo justifiquen (art. 324.4). El juez considera que el caso "involucra a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas". El magistrado no descarta que la investigación "aún exija la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis", y advertía en el auto de que habrá que revisar "la gestión de personas jurídico privadas o públicas".

http://www.publico.es/politica/corrupcion-guertel-fiscalia-opone-audiencia-nacional-prolongue-investigacion-caja-b-pp.html

EL JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN DE LA 'CAJA B' DEL PP HASTA 2020 POR LA "GRAN CANTIDAD DE INVESTIGADOS Y DOCUMENTACIÓN"

José de la Mata decidido aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha prorrogado la investigación de la pieza conocida como 'papeles de Bárcenas' o 'caja B' del PP, sobre la presunta financiación irregular de este partido, hasta el 28 de agosto de 2020 debido a la "gran cantidad de investigados", tanto personas físicas como jurídicas, y no es descartable que aún exija el examen de "abundante documentación".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha decidido así aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce IU, a la que se adhirieron otras, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto al entender que no concurría ninguna de las causas para mantener abierta la instrucción.

El magistrado explica en su auto que el año pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el plazo de la investigación de la causa principal del 'caso Gürtel' hasta este miércoles. Dicho plazo llega también a su término en lo que respecta a la pieza separada de esta gran causa que investiga la 'caja B' del PP. Y como esta pieza separada quedaba bajo la cobertura del plazo fijado para la pieza principal, procede fijar un plazo específico y autónomo de instrucción para ella.

De la Mata asume la propuesta de las acusaciones y considera que debe continuar la instrucción de la 'caja B' del PP porque "el caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas, y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realizaciónde pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza".

Así pues, dado que la reapertura de la causa data del 28 de febrero de 2017 y la posterior declaración de complejidad la extendía hasta el 28 de agosto de este año, su prórroga se extiende dos años a partir de entonces, en virtud del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye tanto a la Fiscalía como a las partes personadas la posibilidad de solicitar directamente la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción.

Por lo tanto, aunque el juez instructor puede tomar la decisión cuando crea oportuno, la pieza que investiga los 'papeles de Bárcenas' debe estar cerrada, y por tanto lista para la apertura de juicio, el 28 de agosto de 2020.

http://www.publico.es/politica/corrupcion-guertel-fiscalia-opone-audiencia-nacional-prolongue-investigacion-caja-b-pp.html

EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B

Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP

Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga

Anticorrupción también se opone a extender la investigación y afea al juez que use argumentos que producen "inseguridad y "confusión"

El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.

De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.

El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.

La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.

"No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado"

El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: "no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado".

"Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal", añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.

El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que "ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.

"Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)", añade el escrito.

Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata "no tiene cabida en Derecho", los abogados aseguran que "a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado".

Anticorrupción habla de "inseguridad y "confusión"

En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que "ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad", por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.

Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen "inseguridad y "confusión". El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. "La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza", añade.

Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa "tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción". Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.

https://m.eldiario.es/politica/PP-reformo-Gobierno-intentar-investigacion_0_783922643.html

LA HISTORIA OCULTA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Jorge Trías, exdiputado popular, explica en un libro sus reuniones con Rajoy para tratar el ‘caso Gürtel’ y cómo reveló el documento clave

Hace nueve años, en pleno huracán del caso Gürtel, Mariano Rajoy recibía a Jorge Trías Sagnier, un exdiputado del PP que quería llevarle un mensaje del juez del caso, Antonio Pedreira, fallecido en 2015. El líder del PP estaba convencido de que el escándalo jamás acabaría con su carrera: "Mira, Jorge, tal como yo lo veo, un político tiene que ser como un junco. Cuando sopla el tifón te inclinas y dejas que pase; se lo lleva todo por delante, pero tú sobrevives. Ahora está soplando, pero a quienes se llevará por delante es a los del PSOE, y a alguno de por aquí, quizá. Pero a mí, no”, le espetó Rajoy, según el relato que Trías recoge en el libro que publica ahora, El baile de la corrupción (Ediciones B), y que adelanta EL PAÍS.

Trias fue un protagonista clave del caso Gürtel. En el libro explica como guardó unas fotocopias de los papeles de Bárcenas, que le había entregado el extesorero, amigo suyo, y decidió en 2013 entregárselas al abogado de EL PAÍS, Gerardo Viada. Esa decisión, que tomó al saber que Bárcenas tenía 50 millones de euros ocultos en Suiza, hundió la carrera de Trías, hasta entonces un exitoso abogado catalán con despacho en Madrid desde 1981. El PP le declaró la guerra y nadie quería ya contratarlo. "Los clientes me fueron quitando los asuntos hasta que tuve que cerrar el despacho después de 31 años. Esta decisión de desvelar los papeles solo me trajo perjuicios. Afortunadamente, tenía ahorros y he podido mantenerme", recuerda.

Trías narra con detalle lo que Rajoy siempre negó, esto es que el presidente estaba al tanto de todo lo que sucedía en el caso Gürtel y conocía las maniobras de su entorno, en especial Federico Trillo, para intentar entorpecer la labor del juez, los fiscales y la policía. El exdiputado catalán, que fue fichado por Aznar en 1996 y presidió durante una legislatura la Comisión Constitucional, cuenta en el libro las cuatro reuniones que tuvo con Rajoy para hablar del caso Gürtel. El presidente parecía al tanto de todo. La narración de la primera cita, el 15 de octubre de 2009, define a la perfección a Rajoy y su actitud con el escándalo:

—¡La que te está cayendo, Mariano!

—¡Bah! —Y, volviéndose hacia su izquierda, me señaló el montón de diarios apilados—. Si yo hiciese caso de lo que dicen todos estos —y estos éramos nosotros, los que escribíamos en los periódicos—, no estaría aquí sentado.

—Le pedí a tu secretaria que quería verte porque estuve con el juez, tu pariente...

—Ja, ja, ja. Sí, me lo ha dicho.

—Pues el juez me ha pedido que te transmita que él no tiene animadversión alguna al PP, como se dice por aquí, y que va a intentar llevar la instrucción de forma rápida y, por supuesto, con independencia de criterio, digan lo que digan las fiscales. Y, por favor, que no enreden los que tú ya sabes, Mariano, y tampoco desde la Comunidad. A Pedreira le llegan recados todos los días...

Rajoy me observaba atentamente, alternándome con el puro, al que miraba con arrobo y con mucho más interés que a mí. Hizo un comentario sobre los personajes que rodeaban a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid:

—¿Cómo quieres que responda por ellos si no puedo responder por los que tengo aquí?— Y luego añadió: Pero, ¿qué quiere este hombre? —Se refería al juez Pedreira—. ¿Qué hay dentro de esas cajas que tiene la policía?

Yo solo sabía que la mayor parte de la documentación no había sido analizada todavía. Rajoy quería una respuesta que ni yo ni nadie podía darle. Bueno, la respuesta se la podía dar la policía, las fiscales que impulsaban el caso o el juez. Pero ninguno de ellos iba a hacerlo. Así que yo continuaba repitiéndole la cantinela para la que había sido enviado.

—Mira, presidente, creo que lo mejor es no interferir en la instrucción. No enredar el caso con Manos Limpias o gente así, que se dice que están impulsados por gente de aquí, y dejar que todo siga su curso y que quien tenga que caer caiga. Pedreira, tu paisano, se ha propuesto esclarecer la verdad y todavía hay una enorme cantidad de documentos que ni siquiera han sido analizados.

—¡Ja, la verdad! ¿Y quién sabe dónde está la verdad? ¿Y esto cuánto puede durar?

—Con un poco de suerte, hasta antes de las elecciones generales, le dije.

—¡Pues sí que estamos apañados! Bueno, tú sigue el caso y yo ya pediré por aquí que no enreden demasiado. Aunque ya sabes cómo es esto... Basta que diga una cosa para que se haga la contraria.

Trías cuenta en el libro las cuatro reuniones. Una de ellas, en la que además de Rajoy estaban Bárcenas, Javier Arenas y Federico Trillo, fue la más tensa porque Trías criticó con dureza el intento de Trillo de ahogar el caso con trucos procesales como lo había conseguido con el caso Naseiro. Entonces, según su narración, Rajoy le preguntó si él tendría interés en volver a la política activa, que había dejado en 2000. Trías sostiene que contestó en broma que solo lo haría para "corregir el error de Aznar" de no haberle nombrado ministro de Justicia. El PP siempre utilizó ese cruce para menospreciar a Trías como un resentido. Lo cierto es que fue una persona consultada varias veces por el líder para decidir la estrategia a seguir con el caso.

No solo le consultaba Rajoy. También Bárcenas. Tanto confiaba en su criterio que le entregó los llamados papeles de Bárcenas para que lo evaluara. Y él, después de guardar las fotocopias, concluyó que no tenían tanta fuerza porque no había delito fiscal. Y se olvidó. Años después, cuando saltó el escándalo de la cuenta en Suiza, los revisó. Y entendió su importancia. "Las finanzas del PP las había organizado Sanchís, continuado Naseiro y Lapuerta, y rematado Bárcenas. Entre todos habían montado una endiablada maquinaria. Esencialmente, se trataba de una lucha brutal entre dos clanes del PP para controlar sus finanzas, porque quien controlaba las finanzas controlaba el partido", escribe en el libro.

Trías decidió entonces difundir los papeles. Llamó a Viada un domingo y se los entregó. A partir de ahí la historia es conocida. Tras largas comprobaciones, EL PAÍS publicó los papeles y se generó un enorme escándalo, pero Rajoy resistió. Trías cayó en desgracia. Ahora lo explica con perspectiva: "El caso Gürtel demostró que si tú te comprometes con la verdad y das un paso adelante te quedas más solo que la una. La soledad que tuve desde 2013 hasta 2016, cuando decidí cerrar en Madrid y volver a Barcelona, fue tremenda. Pero ahora estoy contento. He tenido una alegría enorme al ver que triunfaba la moción de censura. Me dije por fin, al final la vida acaba colocando a cada uno en su sitio". El junco de la carrera política de Rajoy tardó nueve años en romperse.

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/16/actualidad/1529179016_593761.html

GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL

El exalcalde de Majadahonda confirma ante el juez de la caja B que Álvaro Lapuerta presionaba en Madrid para que se beneficiase a empresas vinculadas al partido. El segundo testigo en declarar asegura que había una " guerra de tesorerías" entre el PP de Génova y el de Esperanza Aguirre.

El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien presionaba para favorecer a empresas "amigas".

Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia, según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.
El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del PP según los apuntes de Bárcenas.

Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004, Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías" fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio González como número dos, y el PP de Génova.

De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso Lezo.

A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".

Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financiación ilegal.

http://cadenaser.com/ser/2018/04/03/tribunales/1522780856_582609.html

EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS

El magistrado rechaza citar como imputados a Esperanza Aguirre y al empresario Juan Miguel Villar Mir

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incorporado este jueves al caso Bárcenas, la pieza sobre la caja b del PP, la declaración como acusado del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal de esa formación, en el que apuntaba directamente como responsable de ella al expresidente valenciano Francisco Camps. El magistrado también incorpora a la investigación las declaraciones como acusados del cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, Francisco Correa, y de sus lugartenientes Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, que iban en la misma dirección de inculpar a Camps. La decisión anticipa la posible imputación de Camps en esta investigación, derivada del caso Gürtel de corrupción.

Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez José María Vázquez Honrubia que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convertía así en el primer alto cargo de la formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración, aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la caja b valenciana.

El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el 16 de enero que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.

La decisión del juez De la Mata de incorporar a la investigación del caso Bárcenas las declaraciones de los acusados en el juicio de la caja b del PP valenciano, que se celebra estos días en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, responde a una petición de la acusación popular encabezada por Izquierda Unida. Esta acusación reclamaba, entre otras medidas, la declaración como imputado del empresario Juan Miguel Villar Mir y como testigo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El juez ha rechazado esta última petición al considerar que “no es pertinente” y “carece de utilidad”.

El juez también incorpora a la causa sobre la caja b del PP las palabras de Francisco Correa en el turno de última palabra en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el cabecilla confeso de la red corrupta ofreció a la Fiscalía su “colaboración total” en las causas que faltan de juzgarse en el macrosumario a cambio de salir de prisión.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/15/actualidad/1521116251_849956.html

LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES

El extesorero del PP borró en la segunda versión una anotación que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M. Rajoy" en junio de 2008 pero no ocultó la existencia de la primera: le entregó las dos al juez Ruz

Quienes conocen la trayectoria de Bárcenas sostienen que el cambio obedeció a su deseo inicial de proteger al presidente tras el estallido del caso porque ese era el año que todavía no había prescrito a efectos tributarios

La constatación de que Luis Bárcenas rehízo una hoja manuscrita de la contabilidad B del PP para borrar un apunte de junio de 2008 que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M.Rajoy" ha puesto en guardia a las acusaciones personadas en el caso. Desvelada por El País, la existencia de dos versiones de los cobros y pagos del mismo periodo introduce, y así lo admiten juristas consultados por infoLibre, el temor a que el contenido de los llamados papeles de Bárcenas pueda quedar ahora en entredicho. Tanto los socialistas como la acusación que, encabezada por IU, agrupa a varias organizaciones creen que hay razones para la inquietud. "Habrá que observar qué pasa con cautela", opina uno de los abogados cuya opinión recabó este diario.

Lo peculiar del asunto, no obstante, es que Bárcenas, que en julio de 2013 y cuando ya había ingresado en prisión le entregó al juez Pablo Ruz los papeles a que ha dado nombre, no optó por esconder la versión auténtica para aportar al magistrado solo la corregida: le dio las dos. Ambas, como ha comprobado este diario, constan incorporadas a la causa. Son, exactamente, las hojas numeradas como 14 y 15 del lote [pincha aquí para verlas]. La entrega al juez Pablo Ruz, entonces instructor del caso, se produjo el mismo día en que Bárcenas declaró que había entregado "personalmente" cantidades en negro a Rajoy y a su número dos, la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Tanto el presidente y líder del PP como su número dos han negado de forma taxativa y con reiteración el cobro de sobresueldos en B.

Fuentes que aseguran conocer los pasos del extesorero del PP desde antes de que cambiara radicalmente su estrategia de defensa para atrincherarse en el silencio, oponerse a la declaración de Rajoy como testigo en el primer juicio de Gürtel y minimizar los papeles definiéndolos como meras "anotaciones extracontables", sostienen lo siguiente: que la primera versión, aquella que dejó anotada la entrega de 12.600 euros a Rajoy el 3 de junio de 2008, es la que realmente plasma las entradas y salidas de dinero opaco en aquel momento, junio de 2008 y el segundo semestre.

Sostienen también las fuentes que Bárcenas manipuló esa página y alteró las anotaciones originales cuando la publicación de los papeles en El País –enero de 2013– provocó un verdadero terremoto. ¿Por qué y para qué lo hizo? Porque, a efectos de un eventual delito fiscal, 2008 no había prescrito aún. Y Bárcenas –aducen las fuentes– quería proteger al presidente. Seis meses más tarde, cuando el juez Pablo Ruz ya le había enviado a la cárcel en una decisión que el imputado siempre había visto como una hipótesis remota, el propio extesorero entregó sus manuscritos contables.

Desaparece Rajoy

En la hoja manipulada por Bárcenas desapareció el apellido de Rajoy, así como el primero de los dos pagos vinculados a su nombre (12.600 euros) y quedó camuflado como "Mariano" un segundo pago de 2.400 euros. También el de Cospedal, que en la primera versión aparecía como "D. Cospedal" junto a la cifra de 7.500 euros y en la segunda, como "Dolores": según los papeles, ese es el dinero que se correspondía con la "regularización del tercer trimestre", el equivalente a "2.500 X 3". Es decir, 2.500 euros mensuales.

Bárcenas también alteró las notas concernientes a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que supuestamente cobró en negro por reformar la sede central del PP y que es uno de los cinco acusados –el sexto, el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, quedó exonerado por demencia sobrevenida– que compartirán banquillo en el juicio de los papeles. En la primera versión consta como "G.U." junto a dos pagos de 235.000 y 200.000 euros supuestamente abonados en octubre y diciembre. En la segunda, aparece como "Gonzalo Urquijo" junto a un solo pago de 200.000 euros, el de diciembre.

Después de que la Fiscalía y el juez Ruz concluyeran que no era posible establecer una conexión entre las donaciones supuestamente efectuadas por empresas al PP y los contratos públicos adjudicados a esas mismas empresas, la declaración prestada por Francisco Correa en el arranque del primer juicio de Gürtel forzó la reapertura de la investigación.

Para dentro de dos semanas, el nuevo instructor del caso ha citado a varios testigos a petición de IU. Y ha incorporado a la causa las confesiones realizadas en el proceso sobre la financiación del PP valenciano por los tres principales responsables de la trama Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– así como por el antiguo número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa. Todos ellos, al igual que nueve contratistas públicos de la Generalitat, han admitido en la Audiencia Nacional que el PP valenciano financió sus campañas con dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por los empresarios que ahora han confesado a cambio de recibir solo una multa como condena.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/23/la_aparicion_dos_versiones_del_mismo_apunte_los_papeles_barcenas_sobre_pago_rajoy_alarma_las_acusaciones_80977_1012.html

BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY

El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.

El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.

Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.

Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.

Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita. Las demás lo están, a juicio de estos medios.

¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.

Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él aportó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos sean remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.

Reapertura de la causa

Esta pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a alimentar la caja B del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron a este partido comisiones. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por pago de comisiones y donaciones que más dinero ya ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.

El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles, no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).

Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.

Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.

Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.

El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.

Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.

El Supremo y las nulidades

Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.

Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.

El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.

Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.html

IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP

Además, exigen que se sumen a la causa las reveladoras declaraciones de los cabecillas de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez

Tras las reveladoras y llamativas declaraciones que dejó en la Audiencia Nacional el que fuera secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, sobre la financiación ilegal del partido regional; Izquierda Unida ha solicitado al juez que sean incluidas en otra causa: en la que investiga la caja B del PP a nivel Nacional.

Pero también quiere que se tengan en cuenta las palabras dichas en sede judicial por los tres cabecillas de la trama Gürtel: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Considera que con ellas se podría esclarecer gran parte de la investigación que trata de averiguar si en el Partido Popular a nivel nacional existía una caja B; es decir, si el partido de Mariano Rajoy se ha financiado irregularmente.

Según publica Loreto Ochando en Valencia Plaza, IU cree que estas declaraciones son de vital importancia para demostrar que el PP se financió de forma irregular gracias a aportaciones de empresarios.

Hay que recordar que durante el juicio de la Gürtel valenciana, uno por uno, los cabecillas de la trama fueron relatando como este sistema de financiación era una realidad en el PP de Valencia. Incluso apuntaron a que era Francisco Camps el que movía todos los hilos para que esto fuera así. Luego llegó Costa y ratifico, casi palabra por palabra, lo dicho anteriormente.

“Génova 13, era un centro de conspiración ”

Los letrados de IU explican en un escrito que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa han vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente, así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. “Además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”, sentencian.

Pero el letrado de Izquierda Unida ha sido aún más duro al afirmar que “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”.

Y señala a los culpables: “Lapuerta y Bárcenas se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/08/iu-pide-incorporar-la-confesion-de-costa-en-gurtel-al-caso-de-la-caja-b-del-pp

UNA EDIL DE GALLARDÓN OCULTÓ AL JUEZ QUE ADJUDICÓ UN CONTRATO DE 20 MILLONES A UN DONANTE DEL PP RECOMENDADO POR LAPUERTA

Paz González, concejal en el primer gobierno municipal de Gallardón, aseguró como testigo en la Audiencia Nacional que Licuas no logró "ninguno de los contratos" que adjudicó Medio Ambiente bajo su mandato

En realidad, la empresa de Molpeceres fue una de las seis beneficiarias de un macroconcurso adjudicado por el área de González dos meses después de aquella llamada de Lapuerta

Paz González, edil de Medio Ambiente de Madrid entre 2003 y 2007, le mintió en diciembre al juez de la Audiencia Nacional que investiga la caja B del PP y ante el que compareció en calidad de testigo.

Durante su declaración del 13 de diciembre, González reconoció que el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, la había llamado cuando apenas llevaba un par de meses en el consistorio para recomendarle una empresa: Licuas. Según la exconcejala, ni Lapuerta le dijo que Licuas –propiedad de Joaquín Molpeceres, que aparece en los papeles de Bárcenas y está imputado en el caso Lezo–, era donante del partido ni le pidió que la favoreciese de ningún modo. Fue en ese momento del interrogatorio cuando González afirmó rotunda que Licuas "no ganó ninguno de los contratos" que la potente concejalía de Medio Ambiente adjudicó durante su mandato, y que lo recordaba "precisamente por la llamada de recomendación" de Lapuerta.

Pero no es verdad. Porque el 27 de octubre de 2003, como mucho dos meses después de aquella llamada de Lapuerta cuya fecha exacta no se conoce, la empresa de Molpeceres fue una de las seis beneficiarias de un macroconcurso de cuatro años de duración convocado para el mantenimiento de vías públicas y espacios municipales. El lote que se adjudicó Licuas estaba valorado en la licitación en 20,4 millones. En el anuncio de adjudicación no se detalla qué parte de la rebaja total –los 146,4 millones del precio de salida se quedaron en 113,5– afectó al importe correspondiente a esa sociedad.

Ese concurso fue de inmediato puesto en cuestión por los grupos opositores. PSOE e IU pidieron una investigación bajo la sospecha de amaño. Y Paz González defendió la limpieza del procedimiento. "Intentan emborronar un expediente que no tiene ni trampa ni cartón", espetó a los ediles que le reclamaban explicaciones. Las dudas de socialistas e IU se centraban en otra de las firmas ganadoras, Ascan.

Menos de año y medio después, en abril de 2005, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid dejó constancia de que, en una fecha que no precisa el acta de la reunión, González había adjudicado a Licuas un segundo contrato de 1,5 millones para obras de emergencia en un colector.

A los cinco meses, el 30 de septiembre de 2005, le otorgó, ahora por 1,28 millones, también por decreto y con carácter de emergencia el "riego con cubas de zonas singulares", aunque la decisión no llegó a la mesa de la junta de gobierno hasta el 15 de diciembre . Y el 16 de noviembre dio a Licuas un tercer contrato por decreto, este por 303.988 euros, para obras de captación de aguas subterráneas "con carácter de emergencia".

Un recuerdo marcado "precisamente" por la llamada del extesorero

Los términos con que Paz González negó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la caja B del PP o los llamados papeles de Bárcenas, haber adjudicado contratos a Licuas no admiten dudas. Después de que el fiscal le preguntara si en aquella llamada Lapuerta le dijo algo de que su empresa recomendada "había dado dinero" al partido, la exconcejal minimizó lo sucedido y añadió lo siguiente: "Habrían pasado dos meses [desde su desembarco en la concejalía] y… insisto, no habíamos ni empezado a tramitar ningún tipo de contrato ni nada de nada. Además, lo que sí recuerdo es, precisamente por la llamada de recomendación de la empresa como una empresa seria y solvente y tal, que, pues por el motivo que sea, eh, no ganó ninguno de los contratos que sacamos a lo largo de la legislatura". Álvaro Lapuerta quedó exonerado del caso Gürtel en 2016 por "demencia senil sobrevenida". No puede, por tanto, confirmar ni desmentir nada de lo que se le atribuya.

Tras su comparecencia del 13 de diciembre, infoLibre contactó con Paz González y le hizo notar que, según distintas fuentes conocedoras de la declaración, había negado de manera taxativa las adjudicaciones a Licuas. Y que eso era falso porque la empresa de Joaquín Molpeceres sí había obtenido contratos del área municipal de Medio Ambiente entre 2003 y 2007. La exconcejala, hoy en la empresa privada, argumentó entonces que la suya no había sido una negativa tajante y que se había limitado a exponer lo que "creía recordar". Este diario optó por no publicar nada en espera de confirmar qué había dicho González realmente.

Ahora, el audio de su declaración corrobora que fue la antigua edil de Gallardón quien, por iniciativa propia y recalcando que lo recordaba "precisamente" por aquella llamada de Lapuerta, le contó al juez que Licuas no había obtenido ningún contrato bajo su mandato. Este lunes, infoLibre trató de mantener una segunda conversación con González, a quien envió un mensaje escrito sobre el contenido exacto de su declaración. La antigua edil no respondió la llamada ni devolvió el mensaje.

Desde 2003, la trayectoria de Paz González en la Corporación madrileña estuvo vinculada a la adjudicación de obra pública y al desarrollo urbanístico hasta el desalojo del PP tras las elecciones municipales de 2015. En el segundo y último mandato municipal de Gallardón (2007-2011), asumió la concejalía de Obras y Espacios Públicos. A partir de 2011, dirigió el área de Urbanismo, con competencias en materia de Vivienda. De hecho, como edil de Urbanismo era la máxima responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) cuando el gobierno de Ana Botella cerró en 2013 la oscura operación de venta de 1.800 viviendas públicas a dos filiales del fondo buitre Blackstone.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/30/la_edil_que_lapuerta_recomendo_donante_del_oculto_juez_que_adjudico_contrato_millonario_tras_llamada_74664_1012.html

IU PIDE QUE DECLARE ESPERANZA AGUIRRE EN EL SUMARIO DE LA 'CAJA B' DEL PP

Los abogados de Izquierda Unida (IU) han pedido al juez José de la Mata que tome declaración en el sumario que investiga la caja B del PP a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Según reza el escrito que acaba de presentar el letrado Juan Moreno, "según se desprende de la declaración testifical de Ignacio González", que compareció el pasado mes de diciembre en esta causa, "se celebraron dos reuniones entre González y (el ex tesorero del PP) Álvaro Lapuerta ambas a instancias de Esperanza Aguirre". Asimismo precisa que el ex presidente de la Comunidad de Madrid recalcó el "conocimiento" que tenía el ex tesorero de "adjudicaciones" en el Gobierno madrileño y del pago de "comisiones".

"Por otra parte", añade el letrado de IU, que está impulsando la reactivación de la causa en la que se investiga la financiación ilegal del PP a nivel nacional, Aguirre "como presidenta del Gobierno del que González era vicepresidente y coordinador político puede tener conocimiento de las presiones que relató este último por parte de Lapuerta a miembros de la Administración pública de la Comunidad de Madrid".

También solicita IU la testifical del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que ya manifestó en el caso Gürtel que "Lapuerta le llamó en al menos una ocasión para que favoreciera a las entidades del empresario Joaquín Molpeceres, en particular a la empresa Licuas". "En esa misma comparecencia Ortega sostuvo que su expulsión del partido se debió, precisamente, a o aceptar esa petición tras la queda de Molpeceres por la falta de adjudicaciones en el municipio madrileño". Al tiempo que recuerda que "el señor Molpeceres también aparece citado en los denominados papeles de Bárcenas".

Por último reclaman los representantes legales de IU que declare como investigado el empresario Juan Miguel Villar Mir. "Son innumerables las referencias al presidente de la constructora OHL que se han ido acumulando en la causa y en concreto así lo señala el testigo y ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre reiterados pagos al PP".

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/16/5a5df1b7468aeb2e498b45e5.html

BÁRCENAS PIDE APARTAR DE LA CAJA B AL ÚNICO JUEZ QUE RESISTE EN EL TRIBUNAL QUE CITÓ A RAJOY

De Prada acordó llamar al presidente y a la plana mayor de Aznar en Gürtel de acuerdo con otro juez que ya ha sido sustituido para 'papeles de Bárcenas' El extesorero alega "desnivel" en el conocimiento de los hechos entre De Prada y sus dos nuevos compañeros para el juicio por la financiación irregular del PP Luis Bárcenas ya intentó deshacerse de De Prada en Gürtel alegando, entre otros motivos, su amistad con Baltasar Garzón

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas no quiere que haya rastro del tribunal que le ha juzgado en Gürtel en el próximo juicio por la caja B que tendrá lugar en este 2018. La defensa del extesorero ha solicitado que se aparte al magistrado José Ricardo de Prada, el único que ha resistido a la polémica modificación del tribunal que ha acabado con la mayoría que posibilitó citar a Mariano Rajoy como testigo.


El tribunal que juzgará la presunta financiación irregular del PP iba a estar formado por los tres mismos magistrados que han dejado visto para sentencia el primer gran juicio de Gürtel. La concordancia en argumentos entre el progresista De Prada y el conservador Julio de Diego permitió, además de la declaración de Rajoy, la comparecencia de la plana mayor del Gobierno de Aznar, a pesar de la oposición del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Pero un cambio inesperado en la composición del tribunal ha dejado fuera a De Diego y a Hurtado. La que era presidenta de la sección a la que pertenecen, Concepción Espejel, fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal, a pesar haber sido previamente apartada de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Y su sustituta, María José Rodríguez Duplá, quiere presidir todas las vistas. Eso ha provocado un cambio en la composición de los tribunales de las piezas de Gürtel que quedan por juzgar que ya ha sido recurrido por las acusaciones populares.

El nuevo tribunal de la caja B queda, por tanto, presidido por Rodríguez Duplá, a la que acompañarían De Prada y Juan Pablo
González. Todas las acusaciones populares han solicitado ya que se aparte a éste último juez al considerar que el Partido Popular ha dado un "impulso decisivo" a su trayectoria profesional.

Segundo intento

Ahora es Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por la caja B, quien ejerce su derecho a la recusación, que deberá ser resuelto por la Audiencia Nacional. El extesorero se fija en José Ricardo de Prada, de quien intentó librarse, sin éxito, en el juicio de la denominada Primera Época de Gürtel, visto ya para sentencia.

En aquel momento, Bárcenas alegó que De Prada es amigo de Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel y condenado por las escuchas ilegales realizadas durante la investigación, así como que la hija del magistrado colabora profesionalmente con uno de los abogados que ejerce la acusación popular. La Sala de lo Penal rechazó esos argumentos y De Prada ha integrado el tribunal de Gürtel.


En este caso, la defensa de Bárcenas alega que si José Ricardo de Prada integra el tribunal de la caja B se producirá "un desnivel" entre él y Rodríguez Duplá y el recusado Juan Pablo González, ya que el primero tiene conocimiento de aspectos importantes de la causa -Primera Época y caja B son dos piezas de la misma- frente a los otros dos.

"La nueva composición de la Sala provoca un desnivel en la posición de los tres magistrados que la componen derivado del conocimiento previo con el que el magistrado recusado se acerca a la valoración de la prueba que ha de practicarse, entendiendo esta parte que queda lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías ante la lesión de la apariencia de imparcialidad", recoge el recurso de la defensa de Bárcenas, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En este sentido, añade el letrado Joaquín Ruiz de Infante, De Prada ha participado "en más de 100 sesiones de juicio en las que se han tenido que resolver cuestiones incidentales, relativas a la vulneración de derechos fundamentales, a la admisión de determinados medios de prueba…". Y además, se ha pronunciado sobre la petición de testigos y la veracidad de los papeles de Bárcenas que volverá a plantearse en el juicio de la caja B.

“La presente recusación se presenta con el máximo respeto hacia el Ilmo. magistrado señor De Prada y en atención, precisamente, a la apariencia de imparcialidad y fundamentalmente al condicionamiento lógico, humanos que puede existir en su esencial misión de valorar la prueba en igualdad de condiciones que el resto de los magistrados que componen la Sala”, remata el abogado.

http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-tribunal-PP-resistido-modificacion_0_725127809.html


 

 

IGNACIO GONZÁLEZ AFIRMA QUE EL EXTESORERO LAPUERTA CONTROLABA LOS CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El expresidente regional declara como testigo en el caso de la caja b del PP

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, afirmó este lunes en la Audiencia Nacional que durante el tiempo que permaneció como consejero en el Gobierno regional —entre 2003 y 2012— el extesorero del partido Álvaro Lapuerta controlaba los grandes contratos de diferentes departamentos y sugería que fueran adjudicados a empresas donantes del partido. Cuando llegó a la presidencia dio instrucciones a sus subordinados para que no atendieran estas supuestas presiones, según manifestó al juez instructor del caso de la caja b del PP.

Ignacio González, presidente madrileño entre 2012 y 2015 y consejero de la comunidad entre 2003 y 2012, declaró como testigo en el llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. González, que fue detenido en abril por otro sumario de corrupción, la Operación Lezo, y pasó seis meses en prisión provisional, fue interrogado básicamente sobre una conversación que mantuvo con el exministro del PP Eduardo Zaplana. En esta charla, intervenida por los investigadores del caso Lezo con permiso judicial, González le comenta a Zaplana que existe una grabación comprometedora para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la grabación referida por González a Zaplana, el empresario Rafael Palencia le confiesa a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II que realiza entregas periódicas de dinero al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos para su compañía, Degremont, filial de GDF Suez. En su conversación con Zaplana, Ignacio González afirmó que la grabación fue utilizada por el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, para intentar chantajear a Rajoy.

El presidente de La Razón, Mauricio Casals, declaró como imputado en el caso Zed sobre fraude en subvenciones. Al terminar su declaración se acercó al fiscal José Grinda y, según varias fuentes, tras darle la mano, le dijo: “Querría hablar con usted porque me dicen que me persigue”. “Soy fiscal y solo persigo a quien considero que hace algo delictivo”, le respondió Grinda.

Según fuentes jurídicas, en su comparecencia como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, González afirmó que cuando llegó a la vicepresidencia regional, en 2003, de la mano de Esperanza Aguirre, comenzaron las tensiones con el entonces tesorero Álvaro Lapuerta. Gónzalez, según fuentes presentes en el interrogatorio, dijo que descubrió que Lapuerta estaba detrás de las adjudicaciones de la región, aunque al ser preguntado si se quejó ante la dirección del PP acerca de estas prácticas aparentemente corruptas, el testigo dio evasivas.

El expolítico, ahora en libertad bajo fianza, también fue preguntado por la presunta adjudicación irregular a OHL del proyecto ferroviario de conexión entre Móstoles y Navalcarnero. González negó que hubiera cobrado una comisión de 1,4 millones de euros por este contrato, que no llegó a realizarse. Esta versión fue corroborada después por el exconsejero de OHL Javier López Madrid, que también fue interrogado como testigo por el juez De la Mata.

Zaplana se desvincula

El magistrado tomo declaración, también como testigo, a Eduardo Zaplana. El exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, negó tener conocimiento de la grabación de Ildefonso de Miguel al empresario Palencia, y afirmó que se limitó a escuchar lo que le contaba Ignacio González. En su declaración, Zaplana, que abandonó la política en 2008, afirmó que no tuvo conocimiento de la financiación ilegal, ya que no ocupó cargos relativos a tesorería.

El fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, negó rotundamente haber chantajeado a Rajoy con la existencia de esta grabación del empresario Rafael Palencia que llevó a cabo el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. Sí reconoció, no obstante, que fue este último el que se la entregó pero que una vez estudiada decidieron no publicarla, según él, “por falta de interés informativo”, según fuentes jurídicas. Álvaro Lapuerta, de 90 años, fue apartado de las causas sobre corrupción en el PP por “demencia sobrevenida”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/18/actualidad/1513588719_496416.html


FUEGO AMIGO EN EL PP: IGNACIO GONZÁLEZ Y SU ANTIGUO NÚMERO DOS EXTIENDEN MÁS SOMBRAS SOBRE LOS TESOREROS

El político declara como testigo ante el juez que investiga la caja B, se presenta como víctima de Álvaro Lapuerta y asegura que ordenó a sus subordinados no darle información a este cuando supo que se interesaba de manera exhaustiva por las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid

Su mano derecha en el Canal de Isabel II aduce que si grabó al empresario cuya admisión del pago de comisiones sirvió luego para chantajear al PP fue porque pensó que Bárcenas le había tendido una trampa al recomendarle que le recibiera

La declaración como testigo del expresidente madrileño Ignacio González ante el juez que investiga la caja B del PP así como la de su antiguo número dos en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, extendieron este lunes nuevas sombras sobre las finanzas del partido y el papel desempeñado por los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. González vino a decir que el ahora octogenario Lapuerta, que sufre "demencia sobrevenida", pretendía obtener información sobre todas y cada una de las contrataciones que preparaba el Gobierno de Madrid, aunque se cuidó de no vincular expresamente ese interés con el hipotético cobro de comisiones a los adjudicatarios; y De Miguel señaló a Bárcenas como quien le recomendó recibir a varios empresarios, entre ellos aquel a quien grabó reconociendo pagos en un audio que sirvió para chantajear a la dirección nacional del PP, pero también evitó establecer una relación causa-efecto entre esas recomendaciones y el desembolso de donaciones.

Es la primera vez que el llamado fuego amigo –lanzado aquí por quien durante años fue el delfín de Esperanza Aguirre y enemigo acérrimo de Mariano Rajoy su equipo– entra en la escena de la llamada pieza de los papeles de Bárcenas, cuya reapertura parcial decretó el juez José de la Mata después de que Francisco Correa proclamara en el primer juicio de Gürtel que los aspirantes a contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban mordidas de hasta el 3% si finalmente se hacían con los contratos. Las acusaciones populares creen que el relato desplegado por González y De Miguel afianza la tesis de que las donaciones al partido manuscritas por Bárcenas a lo largo de dos décadas encubrían en realidad pagos a cambio de un trato de favor. Ambos comparecieron a petición de IU, que ejerce una de las cuatro acusaciones populares personadas en esta pieza derivada del tronco común de Gürtel y objeto ahora de una virulenta batalla jurídica tras la decisión de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debía someterla a juicio.

Principal investigado en la Operación Lezo, que le mantuvo en prisión preventiva seis meses, González lanzó un misil al asegurar que cuando llevaba poco como vicepresidente de Esperanza Aguirre tras su llegada al poder en noviembre de 2003 cuando supo que Lapuerta se interesaba de manera exhaustiva por todas las adjudicaciones del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Y que ordenó entonces cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero nacional. Escurridizo, González evitó adentrarse en explicaciones de para qué habría querido el tesorero del partido controlar la evolución de las licitaciones del Gobierno regional pero lo cierto es que deslizó las dos afirmaciones: que Lapuerta estaba pendiente de cada contrato y que él, como número dos del Ejecutivo regional, mandó a sus subordinados cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero.

Lapuerta y la placa de comisario

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño y durante cuatro años, de 2011 a 2015, número dos del PP regional describió un escenario de guerra abierta entre facciones. Y coinciden también en que se presentó como víctima de los montajes que atribuyó a Lapuerta: de hecho, le señaló como el responsable de que se le hubiera culpado en la prensa de estar involucrado en una turbia adjudicación de suelo de Arganda del Rey –el mayor pelotazo investigado en Gürtel– y de haber cobrado por la adjudicación a OHL del tranvía de Navalcarnero. Su relación, dijo, era mala e inexistente. Con la excepción de dos contactos. Sin dar fechas, el político relató cómo, en una primera reunión a la que había acudido siguiendo indicaciones de Aguirre, el tesorero le sorprendió mostrándole su placa de comisario honorario para a renglón seguido anunciarle que sabía cómo había adquirido su casa –no el ático de Estepona ahora sujeto a investigación judicial sino su domicilio en Madrid– y que le estaba investigando. González se levantó y se fue.

En el segundo contacto, Lapuerta le espetó que le habían informado de que González había cobrado por una adjudicación pero que a continuación le dijo que él mismo, es decir, el propio Lapuerta había comprobado que no era así. González, cuya declaración como testigo definen varias fuentes como teñida por la cautela propia de un imputado como de hecho lo es en Lezo, no reveló a qué adjudicación se refería el tesorero. Tanto en ese punto como en otros relativos a la conversación con Eduardo Zaplana interceptada por la Guardia Civil, el expresidente madrileño se pronunció en términos vagos y siempre como quien habla de oídas. Por ejemplo, reiteró que Javier López Madrid le contó que su suegro, Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, le pagaba a Lapuerta. Pero en ningún momento dijo tener certeza de que eso fuera así. López Madrid, que también testificó ante el juez De la Mata, lo negó luego: González está –dijo– "obsesionado" con su suegro, Villar Mir.

Trampas y grabaciones

En ese contexto de guerra entre rivales dentro del PP se inscribe también el episodio de la grabación hecha en 2008 por Ildefonso de Miguel al empresario Rafael Palencia, en aquel momento presidente de Degrémont. Según el exgerente del Canal de Isabel II, recibió a Palencia porque desde la oficina de Luis Bárcenas le pidieron que así lo hiciera. De Miguel le contó al juez y a los abogados presentes en su declaración que Bárcenas le había recomendado ver a otros dos empresarios, pero envolvió su narración en un mar de confusiones –aseguran distintos juristas– al sostener que las llamadas habían sido seguramente de secretaria a secretaria y que, además, ni siquiera recordaba el nombre de aquellas secretarias.

Pero en lo relativo a a Rafael Palencia sí fue claro en un punto: que como entre el PP de Madrid y el PP nacional había una situación liosa y aunque la llamada del despacho de Bárcenas parecía inocua, él prefirió grabar la reunión con el directivo de Degrémont previa consulta a Ignacio González. Lo hizo porque temía que aquello fuese "una trampa". La grabación, solo de audio, acabó en manos de Julio Ariza, fundador del grupo de comunicación Intereconomía, para el que De Miguel terminó trabajando.

La cinta fue a parar a Génova, supuestamente como herramienta del chantaje a Mariano Rajoy, chantaje con el que por la tarde negó cualquier vinculación Ariza, el último testigo de la serie. De Miguel reconoció que además de con Rafael Palencia se había reunido con otros empresarios. Pero que ninguno, dijo, había hablado de forma tan explícita. También a esa grabación se refirió el exministro Eduardo Zaplana, citado igualmente como testigo. Zaplana se limitó a remarcar que ignoraba si lo que se decía en ella es cierto porque en su conversación con Ignacio González, aquella que interceptó la Guardia Civil, todo lo que hizo fue seguirle la corriente al expresidente de Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/19/fuego_amigo_ignacio_gonzalez_antiguo_numero_dos_extienden_mas_sombras_sobre_los_tesoreros_73232_1012.html


UNA EXCONSEJERA DE GALLARDÓN DICE QUE LAPUERTA LE ACONSEJÓ CONTRATAR CON UNA EMPRESA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

Paz González reconoce al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa Licuas
La empresa propiedad de Joaquín Molpeceres figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP

La exconsejera y exconcejal madrileña Paz González ha reconocido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa Licuas, que aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas.

González fue viceconsejera de Medio Ambiente y consejera de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, quien después la nombró concejal de esta misma área en el Ayuntamiento de la capital.

Según han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, González ha indicado en su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que en 2003 recibió una llamada de Lapuerta, quien entonces ocupaba el cargo de tesorero del PP.

Lapuerta le comentó que podría tener en cuenta a la empresa propiedad de Joaquín Molpeceres, la cual figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP. Eso sí, González ha añadido que el extesorero no hizo ninguna petición concreta, según las fuentes consultadas.

González ha sido citada a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la referencia que se hace de ella en una conversación intervenida en el marco del 'caso Lezo' entre el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y Rafael Palencia, expresidente de la empresa Degremont Iberia, que también aparece en los papeles. En esa grabación, Palencia reconoce haber entregado dinero repetidas veces a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas cuando eran los responsables de la contabilidad del PP.

La exconsejera madrileña ha sido la cuarta en declarar este miércoles ante el juez De la Mata por la causa de los papeles de Bárcenas. Antes que ella han pasado por la Audiencia Nacional, a petición de IU --que ejerce la acusación popular--, directivos de Degremont Iberia, actual Suez Treatment Solutions, por posibles pagos al PP a cambio de adjudicaciones.

José Manuel del Castillo, presidente de la compañía desde 2005, ha comparecido en calidad de investigado, pero ha declarado que no le constan pagos en B y ha asegurado que en la empresa se realizaban muchos controles y auditorías para tratar de evitarlos, según han indicado las citadas fuentes.

Eso sí, ha afirmado que Plácido Vázquez, identificado por Francisco Correa como uno de los intermediarios entre el PP y las empresas, tenía muchos contactos en partidos políticos –sin señalar a ninguno en concreto– y era el que tanteaba con las administraciones públicas para posibles contratos.

La grabación en la que Rafael Palencia reconoce haber pagado comisiones al PP fue intervenida en el caso Lezo y en ella se escucha también al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contando al exministro Eduardo Zaplana que Ildefonso De Miguel "le sacó una grabación" a Palencia en la que decía que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".

Por este motivo, González y Zaplana están citados a declarar con el magistrado que instruye la investigación de los papeles de Bárcenas el próximo lunes, día 18 de diciembre.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/14/una_exconsejera_gallardon_dice_que_lapuerta_aconsejo_contratar_con_una_empresa_los_papeles_barcenas_73050_1012.html

DE LA MATA CITA A EDUARDO ZAPLANA E IGNACIO GONZÁLEZ COMO TESTIGOS DE LA CAJA B DEL PP

El magistrado incorpora al caso Bárcenas las conversaciones del caso Lezo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este viernes como testigos en la causa sobre la caja b del PP al exministro del PP y expresidente valenciano Eduardo Zaplana y al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como al empresario Javier López Madrid, al ex director general del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y al fundador de Intereconomía Julio Ariza. El magistrado les ha llamado como testigos, el próximo 18 de diciembre, tras incorporar a la investigación las transcripciones de las conversaciones telefónicas del caso Lezo, que investiga otro magistrado de la Audiencia, Manuel García-Castellón.

En la misma resolución, De la Mata cita, en este caso como imputado, a José del Castillo, presidente de Degremont Ibérica, filial del gigante energético francés Suez. El juez quiere comprobar si este empresario "pudiera ser conocedor de la práctica verificada en la mercantil de abonar comisiones por adjudicaciones de obras, así como en materia de pagos al Partido Popular". De la Mata explica en su auto que la finalidad de esta declaración es “verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados "papeles de Bárcenas" o "contabilidad B" del Partido Popular aparentemente efectuada por "Gre. (Rafael P), "R. Palenc", "Rafa Palencia" y "Rafael Palencia" en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008.

Rafael Palencia es el antecesor de Del Castillo en la presidencia de Degremont. El magistrado pretende comprobar asimismo “si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA". También cita el juez a declarar como testigos a Jesús Tavallo y Jaime Montaner, director financiero y consejero de Degremont SA, respectivamente, "conocedores, en función de las declaraciones de Salado Suárez, de las prácticas comerciales y financieras de la compañía en el periodo en que se produjeron los pagos antes referidos".

En una de las conversaciones recogidas en el sumario del caso Lezo, sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II, empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, Ignacio González le comenta a Zaplana que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supuestamente fue extorsionado con un vídeo y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas a taparlo. En dicho documento gráfico supuestamente aparecería el empresario Rafael Palencia, exdirectivo de Degremont Iberia, confesando que había dado dinero al también extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/24/actualidad/1511532143_387142.html

UN EMPRESARIO REVELA CÓMO PAGABA COMISIONES AL PP EN UNA CINTA CON LA QUE SE INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY

La Guardia Civil tiene en su poder una grabación en la que el empresario Rafael Palencia, contratista público y donante del PP, admite haber realizado entregas de dinero en efectivo a los antiguos responsables de las finanzas del PP a cambio de que le «trataran bien» adjudicándole obras al Grupo Degremont, especializado en aguas y tratamiento de residuos. Concretamente «entre el 2% y el 3%» de cada obra licitada, una cantidad que consideraba «lo normal».

EL MUNDO ha tenido acceso a esta cinta, que ha sido hallada por los investigadores en los registros practicados al ex responsable operativo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, con quien conversó Palencia, responsable de Degremont, en torno al mes de junio de 2008. El juez José de la Mata, que requirió esta grabación y que va a recibirla próximamente, tuvo conocimiento de su existencia por una conversación telefónica intervenida al ex presidente madrileño Ignacio González en el marco de la denominada operación Lezo. En ella, González relataba que la cinta había sido empleada para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste había ordenado a Bárcenas retirarla de la circulación a cambio de dinero. Un extremo que han negado tajantemente tanto el Gobierno como el ex tesorero popular.«Yo colaboro para el partido», le admite Palencia a De Miguel en la grabación. «¿Qué haces? Por ejemplo, ¿cada proyecto de estos les das un...?», le contesta quien fuera el responsable de la empresa de aguas madrileña. «Yo de momento voy haciendo una serie de entregas a cuenta permanentemente. Muchas veces».«¿Pero entregas dinero con independencia de que haya adjudicaciones o no?», le insiste De Miguel al contratista público. «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones. Yo le ayudo al partido general para que él me ayude en general [...] y me traten bien».«¿Y cuántas y cuántas veces?», vuelve a insistir De Miguel. «Bueno, pues yo periódicamente entrego 35.000 euros. Es una cantidad que paso allí, voy y entrego yo. En general, un 2% o un 3%, lo que quieran», añade, al tiempo que admite que también paga comisiones «en comunidades autónomas del Partido Socialista».

Palencia indica a renglón seguido que las entregas en Génova las realiza en un «sobre» a Álvaro Lapuerta en presencia de Luis Bárcenas. «Confío mucho en Álvaro, me aprecia mucho y Luis también, y entonces, pues...». Según detalla Palencia en la grabación, los pagos, a los que se refería en clave como «los folletos», se los realizaba «a los dos», aunque recalca que tenía verdadera relación con Lapuerta. «Tienen que estar dos. Luis dice: 'Espera que voy a llamar a Álvaro'. Yo lo que quiero es ganar obras, no perder las obras, porque ya te digo que estamos un poquito agobiados», apostilla en la conversación. En esta misma conversación, Palencia le indica a De Miguel que en la Comunidad de Madrid, y concretamente en el Canal de Isabel II, «nunca» ha pagado comisiones porque «nunca» se las han pedido. Ignacio González precisó en las grabaciones intervenidas en el caso Lezo que fue su antiguo subordinado en el Canal de Isabel II, De Miguel, quien utilizó este material. «Le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy», indicó González. Tal y como añadió el ex presidente madrileño, esa grabación comenzó a circular hasta llegar a oídos del presidente del Gobierno. Ante lo cual, según el relato de González, Luis Bárcenas «soltó pasta por esa puta cinta. Para taparlo». Según ha podido saber este periódico, cuando el Gobierno del PP tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación ordenó inmediatamente a Bárcenas que regresara de un viaje de placer a Canadá para que investigara de qué se trataba. Tras aterrizar en Madrid, Bárcenas mantuvo una reunión con Federico Trillo, quien había escuchado la cinta, y le relató su contenido. Todas las fuentes consultadas en el entorno del PP niegan pago alguno para comprarla.

La grabación

«Entregas a cuenta».

El responsable del Grupo Degremont revela que realizaba habitualmente «entregas a cuenta de 35.000 euros en sobres» que entregaba en mano a los responsables de las finanzas de Génova. Y precisa que lo hacía «un poco relacionado con las adjudicaciones».

Los «folletos».

Palencia relata a De Miguel en la grabación que su contacto en el PP era Lapuerta y que le entregaba el dinero, al que se refería en clave como «los folletos», en presencia de Bárcenas. «Yo lo que quiero es ganar obras porque estamos agobiados», añade.

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/10/5a04d470468aebd8228b4677.html

UN DONANTE DE LA 'CAJA B' DEL PP DETALLA LA MECÁNICA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

La Cadena SER ha tenido acceso a la grabación que supuestamente realizó en 2008 el exdirector general del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, al expresidente de la empresa Degremont, Rafael Palencia. Por primera vez, podrán escuchar sus palabras. El empresario relata en la conversación la supuesta mecánica de la financiación ilegal del PP. Palencia afirma que de forma periódica nutría la caja b del PP con entregas de dinero negro en sobres que entregaba a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. “Yo ayudo al partido para que el partido me ayude”, según sus palabras.

A partir de ahí, Lapuerta o Bárcenas llamaban a la administración que conviniera al empresario, en su caso casi siempre local, para que recibiera un buen trato. Y si al final conseguía una adjudicación, pagaba un porcentaje del total de la obra a quien se le había concedido, que solía ser del 2 o del 3 por ciento. Es decir, si gracias a la mediación de la dirección financiera del PP, obtenía una obra en una autonomía, pagaba la mordida en ese territorio. Según la declaración del arrepentido García Pozuelo, si la obra dependía de un ministerio, el pago era entregado a “organismos centrales”.

Presten atención porque la calidad del sonido es pésima. Van a escuchar a Rafael Palencia decir “yo ayudo al partido en general para que él me ayude en general. Para que sepan que somos una empresa que colabora con el partido y que me traten bien”.

“Para que sepan que somos una empresa que colabora con el partido y que me traten bien”. ¿Y de qué forma colaboraba Rafael Palencia con el Partido Popular?, entregando 35.000 euros “periódicamente” al PP.

Palencia entregaba ese dinero personalmente en la sede del PP a Álvaro Lapuerta y a Luis Bárcenas, según la grabación. Ildefonso de Miguel pregunta “¿qué se lo dabas en un sobre o así?” y Palencia responde “a Álvaro y a él”, en referencia a Luis Bárcenas.

El empresario y los responsables financieros del PP utilizaban un código para efectuar las entregas. Nunca se hablaba de dinero por teléfono. Cuando tenía que proceder a un pago, llamaba a Bárcenas y le decía “te llevo unos folletos”.

Folletos como eufemismo para referirse al dinero negro

A continuación era cuando, según el empresario, Lapuerta o Bárcenas llamaban a una administración concreta para pedir un “buen trato” para Rafael Palencia. Si al final había adjudicación, pagaba otra mordida, que oscilaba entre el 2 y el 3 por ciento del total de la obra.

Rafael Palencia insinúa que en ocasiones, también ha pagado a administraciones gobernadas por el PSOE.

A partir de las 10 de la mañana está citado Rafael Palencia para ratificarse sobre el contenido de la grabación. Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER consideran muy relevante el contenido de la misma para el caso de la Caja B del Partido Popular. Sostienen que puede aportar detalles clave que destripen la mecánica de la financiación ilegal de la formación conservadora, y demostrar que las donaciones eran finalistas, en contra de lo que aseguró Bárcenas para evitar ser imputado también por un delito de cohecho.

Si Palencia se ratifica en el contenido de la grabación, también aportaría mayor verosimilitud a la pieza reabierta contra los empresarios que figuran como donantes de fondos en b en los ‘papeles de Bárcenas. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional les ha vuelto a imputar a todos por cohecho.

No obstante, la defensa de Rafael Palencia ha pedido la suspensión de la declaración, y el juez José de la Mata medita si hacerlo. Palencia alega que no ha tenido acceso al contenido de la grabación. Su letrado también ha invocado problemas de salud, con un deterioro cognitivo provocado por el párkinson y arritmia cardíaca.

Una grabación para chantajear a Rajoy

Esta grabación ha sido incautada por la Guardia Civil al registrar un despacho de Ildefonso de Miguel en el marco de la operación Lezo. También en la SER van a escuchar por primera vez la conversación entre el expresidente madrileño, Ignacio González, y el exministro Eduardo Zaplana, sobre esta grabación a Rafael Palencia.

Ahora con mejor sonido, van a escuchar a Ignacio González decir que “Ildefonso le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy”. González añade que “Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando” y “se la dio a Julio Ariza”, el empresario del grupo Intereconomía, quien con esa cinta “se fue a ver a Mariano a chantajearle”.

González añade que le dice “un abogado, que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por la cinta”

Todas las fuentes de aquella dirección del PP niegan o expresan sus serias dudas de que fuera pagado chantaje alguno. Afirman que los únicos interlocutores con Ariza de aquella operación fueron Trillo y Cospedal, y no pidieron dinero a los gestores financieros del PP para comprar el silencio del responsable de Intereconomía

http://cadenaser.com/ser/2017/11/13/tribunales/1510609968_883629.html

EL EMPRESARIO ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL NIEGA PAGOS A LA CAJA B DEL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES

El expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, quien ha admitido en el juicio de la Gürtel pagos a cambio de contratas, afirma en un escrito al juez José de la Mata que “las supuestas donaciones” a la caja b del PP no estaban vinculadas a contratación alguna

El empresario Alfonso García Pozuelo ha presentado un escrito ante el titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el que intenta explicar los motivos de su negativa a declarar el pasado 23 de marzo, cuando el magistrado le convocó con motivo de la reapertura del caso de la caja b del PP.

En el texto, García Pozuelo viene a admitir que donó al PP los 60.000 euros que figuran en los denominados “papeles de Bárcenas” pero sostiene que fue a cambio de nada, y que nunca ha dado dinero directamente a la caja b del Partido Popular como contraprestación por obra pública.

En el juicio de la Gürtel admitió pagos al exalcalde de Pozuelo y exsecretario de acción electoral del PP, Jesús Sepúlveda, a cambio de adjudicaciones en el municipio, y comisiones a Francisco Correa que, según le dijo el líder de la Gürtel, acababan en manos de otros acusados como Bárcenas, Galeote, y también para “organismos centrales”, como consecuencia de obra pública conseguida en Castilla-León.

Al respecto, García Pozuelo asevera que en el juicio “en ningún momento manifestó”, por “mucho que se quiera interpretar así” por otras partes, que hubiese hecho “otras donaciones o pagos al Partido Popular vinculados a adjudicación alguna”.

Distintas acusaciones del caso consultadas por la Cadena SER interpretan que con este escrito, García Pozuelo se “desdice” de su confesión en el juicio, y estudian pedir a la Fiscalía que reconsidere el acuerdo de conformidad alcanzado con este acusado.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/31/tribunales/1490954958_806692.html

EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO SE NIEGA A DECLARAR SOBRE LA CAJA B DEL PP

El juez le ha recordado que se prestó a colaborar con la Fiscalía y que aparece como donante en los papeles de Bárcenas

El que fuera dueño de Constructora Hispánica se ha mantenido en su decisión y no ha contestado a las preguntas del fiscal y las acusaciones

Tras su declaración será el turno de Francisco Correa, citado para que dé más detalles sobre sus revelaciones en Gürtel

El constructor Alfonso García-Pozuelo se ha negado a declarar este jueves en la Audiencia Nacional, en la causa sobre la caja B del PP. El juez José de la Mata le había citado como investigado tras reabrir el proceso por las revelaciones en el caso Gürtel, pero el empresario ha optado por no contestar a las preguntas del fiscal y las acusaciones.

El que fuera dueño de Constructora Hispánica está imputado por las revelaciones que hizo durante el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel. Allí alcanzó un pacto con la Fiscalía y admitió que entregó dinero a Francisco Correa "para organismos centrales", sin más explicaciones. "Una vez me dijo Correa que de esos fondos participaba el señor Luis Bárcenas", añadió.

El juez le ha recordado que alcanzó este pacto, que se prestó a colaborar junto a otros dos arrepentidos, y ha insistido en si se mantenía en su decisión de no declarar. El constructor ha reiterado su intención de no contestar a ninguna de las preguntas, según fuentes presentes en su declaración. Algunos de los abogados de las acusaciones han consignado las cuestiones que tenían previsto preguntarle al empresario.

García-Pozuelo dirigió durante años Constructora Hispánica, una empresa con fuertes vínculos con el PP. Además de aparecer como autor de presuntos sobornos en Gürtel que ya ha reconocido en sede judicial, figura como donante en 'los papeles de Bárcenas': 150.000 euros entre los años 2000 y 2006. La Guardia Civil eleva esa cifra hasta los 260.000 euros.

El juez le ha recordado que estaba imputado en esta causa por ese motivo, por el apunte que aparece en la contabilidad opaca del PP que llevaba su extesorero. Durante su declaración en Gürtel admitió haber pagado 65.941 euros a Correa a cambio de contratos públicos en Pozuelo de Alarcón.

Tras García-Pozuelo será el turno del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Su declaración en el juicio de Gürtel ha reabierto esta pieza separada sobre la financiación ilegal del PP, cuya instrucción estaba cerrada por la imposibilidad de vincular los pagos de los empresarios con la adjudicación de grandes contratos de obra pública. El caso había quedado reducido al pago en B de la reforma de Génova 13, la sede del partido.

Correa, que cumple condena por los contratos de Gürtel en Valencia, tendrá ocasión de aclarar y ampliar sus revelaciones. "Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", aseguró durante su declaración en el caso Gürtel.

http://www.eldiario.es/politica/constructor-Garcia-Pozuelo-niega-declarar-PP_0_625387537.html

LA DECISIÓN DE CORREA DE CALLAR AHORA SOBRE LA CAJA B DEL PP TORPEDEA LA INVESTIGACIÓN

Las acusaciones pedirán nuevas diligencias para conjurar el riesgo de un segundo cerrojazo anticipado de las pesquisas tras la reapertura que el propio Correa alentó al confesar en octubre cómo funcionaba el sistema de comisiones

El jefe de la trama anuncia tras mes y medio en prisión que colaborará en las demás piezas de Gürtel pero no en la de la financiación del partido

La decisión de Francisco Correa de guardar ahora silencio sobre la caja b del PP ha lanzado un misil contra la reabierta investigación de los llamados papeles de Bárcenas. El viraje del jefe de la trama Gürtel, y así lo han asegurado varios letrados a infoLibre, obliga las acusaciones populares a actuar con rapidez y pedir nuevas diligencias para conjurar el riesgo de un segundo cierre anticipado de las investigaciones tras el que en 2015 se saldó con un auto de apertura de juicio contra seis acusados que no compromete a ninguno de los presuntos donantes de fondos opacos y que limita el papel del PP al de "responsable civil".

Tras mes y medio en la cárcel, Correa ha optado por callar sobre los hechos que él mismo desveló en su confesión de octubre durante el primer juicio de Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional. Entonces prometió colaborar. Este jueves, en cambio, reiteró ante el juez que quiere seguir haciéndolo: en las demás piezas del caso Gürtel, pero no en la que afecta a las cuentas del PP. ¿Ha minado su propósito la cárcel, ha sufrido presiones de algún tipo? Nadie lo sabe. Fuentes cercanas a su defensa sostienen que el silencio obedece a que el auto de apertura de juicio dictado en 2015 sobre esta pieza no sienta a Correa en el banquillo y a que por tanto resulta "absurdo" que asuma riesgos innecesarios. Pero lo cierto es que su negativa a declarar fue idéntica a la que a primera hora de la mañana había protagonizado el empresario Alfonso García Pozuelo, quien también en octubre confesó: en su caso, que había pagado a cambio de contratos. Hoy viernes debe declarar el supuesto comisionista Plácido Vázquez. Y, tras lo ocurrido ayer, nadie espera que abra la boca.

Que las acusaciones populares se apresurarán a pedir nuevas diligencias -desde declaraciones hasta cotejo y requerimiento de datos obrantes en otros sumarios- lo han asegurado a este diario distintas fuentes de las cuatro personadas, algunas de las cuales subrayan dos factores: que, con o sin silencio, la confesión realizada por Correa en octubre, cuando destapó cómo funcionaba el presunto sistema de comisiones a cambio de contratos públicos, mantiene plena vigencia; y que cuando el antecesor de José de la Mata en el juzgado central 5 de la Audiencia, Pablo Ruz, cerró la instrucción sobre los papeles de Bárcenas no se conocían los avances que sobre la presunta financiación ilegal del PP se están produciendo en la Operación Púnica. Ni nueve empresarios valencianos habían confesado todavía haber abonado facturas falsas que en realidad escondían trabajos de Gürtel para las campañas electorales de 2007 y 2008. Tampoco se había consolidado aún la investigación judicial que señala a OHL -una de las tres empresas señaladas en octubre por Correa- como la empresa que supuestamente pagó para que el gobierno balear del PP amañara el concurso del mayor hospital de las islas, Son Espases.

Pese a todo y a que las acusaciones se declaran decididas a poner toda la carne en el asador para mantener la investigación en marcha, distintos letrados expresan en privado su temor a que el silencio de Correa permita a la Fiscalía alegar la ausencia de nuevos datos concretos -requisito imprescindible para la reapertura de un caso- como argumento para pedir por segunda vez un cierre "en falso". Pero también son varias las fuentes según las cuales el "enfado" evidenciado este jueves por el juez De la Mata ante el silencio de Correa juega en favor de la continuidad de las diligencias.

Un segundo y envenenado recordatorio

El primer argumento en favor de esa tesis -exponen tres de los juristas consultados- es este: que si bien Correa se ha negado incluso a ratificar la confesión que hizo en octubre en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, confesión en la que desveló cómo funcionaba el presunto sistema de comisiones del 3% a cambio de contratos y mencionó a tres empresas –OHL, ACS, Dragados– que supuestamente habrían pagado, el juez le ha recordado que todas las piezas derivadas del tronco Gürtel forman parte del "mismo procedimiento". El magistrado, José de la Mata, lanzó a Correa un segundo y envenenado recordatorio que, en opinión de los juristas consultados, denota su enfado por el viraje de Correa: que no vale la colaboración con la justicia "a la carta".

La asociación de abogados Adade, que ejerce una de las acusaciones más activas, ya ha anunciado que pedirá a De la Mata que envíe a todos los tribunales encargados de juzgar las distintas piezas de Gürtel testimonio de lo sucedido este jueves para que calibren si realmente Correa tiene derecho a que se le aplique la atenuante de colaboración con la justicia. Es una incógnita si esa nueva amenaza influirá o no en la estrategia de un Correa al que los abogados de la acusación observaron "muy desmejorado" y "mal anímicamente" tras afrontar su segundo encarcelamiento en plena reapertura de los papeles de Bárcenas. La acusación ejercida de manera conjunta por organizaciones como IU, la Asociación Libre de Abogados y Los Verdes fue la primera en solicitar que la instrucción se abriera de nuevo. De inmediato, se le sumó Adade. El Observatori Desc no consideró que se dieran las condiciones para pedirla. Y finalmente, Anticorrupción suscribió la solicitud.

"No sabemos si Correa ha recibido presiones o si lo que le pesa es verse en prisión después de haber prometido que colaboraría con la justicia y sin que la sentencia sea todavía firme", aduce uno de los letrados que mayor pesimismo exhibe sobre las posibilidades de éxito de la nueva investigación sobre la financiación del PP y que define así lo ocurrido este jueves: "Ha sido un coitus interruptus procesal".

¿Cometió un error la Fiscalía al pedir que Correa ingresara de inmediato en la cárcel para cumplir los 13 años de condena que le han sido impuestos por los contratos de Fitur que la trama obtuvo de la Generalitat valenciana? Bajo promesa de anonimato, otro letrado responde que sí. Un tercero considera que la cuestión resulta suficientemente compleja como para emitir un pronunciamiento tajante.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/24/la_decision_correa_callar_ahora_sobre_caja_del_torpedea_investigacion_62926_1012.html

EL INTERMEDIARIO DE LA GÜRTEL NIEGA LAS REVELACIONES DE CORREA SOBRE LA CAJA B

Plácido Vázquez se ha negado a declarar argumentado que está imputado por unas revelaciones que son falsas

Francisco Correa dijo que el empresario Plácido Vázquez era el mediador clave en el amaño de contratos a cambio de mordidas

El hombre que según Francisco Correa se dedicaba a cobrar las comisiones que los empresarios pagaban a cambio de adjudicaciones de obras tampoco quiere hablar de la caja B del PP. Plácido Vázquez ha seguido la estrategia del cabecilla de la Gürtel y se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular de los populares. Tan solo ha hecho una breve intervención para decir que las palabras de Correa sobre su papel intermediador no son ciertas.

Este empresario estaba citado este viernes después de que Correa le señalase durante el juicio de la primera época de Gürtel, un caso en el que estuvo imputado pero acabó librándose del banquillo. "Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto (…) Si había éxito con la obra, él recibía una cantidad", dijo Correa.

"Él ha gestionado muchísimas obras con grandes empresas de este país, no le hablo de una, 10, 20, 30 o 40, le estoy hablando de muchísimas obras", dijo Correa a preguntas de las fiscales. Les trasladaba las peticiones de empresas como OHL, ACS o Dragados, según explicó.

Ante el juez José de la Mata, Vázquez ha expresado su deseo de no declarar en la causa y ha denunciado estar en una situación de indefensión ante el tribunal, según fuente presentes en su declaración. Ha argumentado que se le ha imputado solo por esas declaraciones de Correa, que no son ciertas, y que el propio cabecilla de la Gürtel decidió no reproducir durante su citación de ayer jueves.

Así, el tercer imputado en la reapertura de la causa sobre la caja B del PP se ha negado a prestar declaración, como ya lo hicieron los dos anteriores. La ronda de citaciones ordenadas por De la Mata se cierra sin nuevas revelaciones que permitan al juez recabar más datos sobre la financiación en negro del partido.

Correa, cuyo testimonio podía reabrir el caso, reducido al pago en negro de la reforma de Génova, decidió no hablar. A pesar de sus ofertas públicas de colaboración con la Justicia, se remitió a lo que ya había dicho en el juicio de Gürtel, y argumentó que no podía aportar nada más.

El empresario Alfonso García-Pozuelo, que aparece como donante en los papeles de Bárcenas, y que en el juicio de Gürtel alcanzó un pacto con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena, también se negó a colaborar en esta causa.

http://www.eldiario.es/politica/intermediario-Gurtel-niega-revelaciones-Correa_0_625737510.html

UNA ACUSACIÓN PIDE INCORPORAR AL SUMARIO DE LA CAJA B DEL PP LAS FACTURAS DE BÁRCENAS HALLADAS EN PÚNICA

El Observatori DESC pide al juez De la Mata que reclame a Eloy Velasco la documentación del extesorero localizada en casa del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez

La Asociación Observatori de Drets Humans-DESC, que ejerce la acusación en el caso de la caja b del PP, ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al juez instructor, José de la Mata, que reclame a su compañero Eloy Velasco toda la documentación relacionada con Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, hallada durante la 'Operación Púnica'. Se trata, en concreto, de cientos de facturas a nombre del extesorero de los populares que fueron localizadas el 11 de febrero de 2016 por los agentes de la UCO cuando registraban la vivienda del que fuera gerente del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, imputado en este sumario precisamente en la pieza en la que se investiga la supuesta financiación ilegal de la formación regional.

En su escrito, el Observatori DESC destaca que "teniendo en cuenta los cargos que ocupó el señor Bárcenas" en la formación dicha documentación puede tener "relevancia" para la causa, recientemente reabierta tras la confesión de Francisco Correa y un constructor durante la vista del juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel'. "Hay que tener en cuenta que los hechos investigados en la presente causa guardan relación con la contabilidad en b de dicho partido político, que presuntamente se nutría de fondos procedentes de pagos de empresarios a cambio de licitaciones públicas", señala el escrito, que añade que "dichas facturas podrían arrojar luz en el momento actual".

La solicitud se produce después de que este miércoles EL PAÍS informase del hallazgo, repartido en varias carpetas, archivadores y una caja, de cientos de facturas, certificados de autenticidad de joyas, pagos y presupuestos de reformas a nombre de Luis Bárcenas y su esposa en el periodo que va desde comienzo de los noventa hasta 2012. Entre la documentación se encontraban comprobantes de las fuertes inversiones que el extesorero del PP hizo para reformar su domicilio en Madrid y las casas que tenía cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret y en una urbanización de Marbella. También aparecían numerosos datos sobre compras de muebles, antigüedades y otros objetos de valor, entre ellos una "pulsera deco" valorada en 18.500.

También se localizaron los albaranes para la adquisición de varios óleos y las entradas para visitar varios monumentos en Estambul (Turquía), ciudad de la que también aparecen resguardos por la adquisición de alfombras. Desde el entorno de Bárcenas se justificaba la presencia de todo ello en el domicilio de Beltrán Gutiérrez en la relación de "amistad íntima" que mantienen Rosalía Iglesias y la esposa del exgerente del PP madrileño, Cinta Soto.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/29/actualidad/1490787751_792469.html

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.

Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.

De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.

Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.

En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.

Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.

El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.

En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.

Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.

Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.

El relato de Correa en el juicio

Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.

“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.

Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.

“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.

Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.

Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063

CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP

El preso sufre claustrofobia y quiere evitar el traslado a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil

El juez De la Mata ordena que le revise un médico pese a que el tribunal de Gürtel le ha exonerado de asistir al juicio por el mismo motivo

El presunto cabecilla de Gürtel tendrá la oportunidad de ratificar y ampliar su confesión sobre el 3% para el PP de la gran obra pública en tiempos de Aznar

La cita judicial de la próxima semana está en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Francisco Correa debe acudir a declarar el jueves para corroborar y ampliar su afirmación de que el PP recibía dinero negro a cambio de adjudicaciones de gran obra pública durante el Gobierno de Aznar, que realizó en el juicio de Gürtel.

El presunto cabecilla de la red de corrupción ha solicitado, sin embargo, no ser trasladado hasta la sede judicial de la calle Génova y declarar por videoconferencia. Correa sufre claustrofobia y quiere evitar el que sería para él otro angustioso traslado en un furgón de la Guardia Civil.

El propio tribunal del caso Gürtel había eximido a Correa de asistir al juicio por este motivo. El 24 de febrero pasado, el presunto cabecilla de la trama de corrupción fue trasladado en ambulancia desde la prisión de Valdemoro, en la que permanece tras la condena del caso Fitur, hasta la sede de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio, en San Fernando de Henares. Su defensa presentó una queja por el hecho de que Instituciones Penitenciarias se empeñara en trasladar al preso a pesar de que el tribunal había resuelto que no era necesaria su presencia por el problema de salud alegado.

En cualquier caso, el juez que deberá interrogarlo el jueves, José de la Mata, ha solicitado por exhorto urgente al Juzgado de Valdemoro que envíe un médico forense a la cárcel para que compruebe si existe “algún impedimento médico” para trasladar a Correa desde el centro penitenciario hasta la Audiencia Nacional en el furgón de la Guardia Civil. Contesta así, en una providencia, a la petición que había realizado la defensa de Correa para que se procediera a ratificar un informe médico previo, de 2012, que aconseja sus traslados en ambulancia y en el que solicita, para evitarlo en este caso, que pueda declarar por videoconferencia.

Ya sea a través del plasma o en persona, Correa despejará la duda de si sigue adelante con las afirmaciones vertidas durante su declaración en el juicio de Gürtel o se acoge a su derecho a no declarar, que le asiste como imputado. En la vista de Gürtel, Correa ratificó el pasado octubre la confesión publicada por eldiario.es un año antes, según la cual él buscaba empresarios dispuestos a donar dinero negro al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. Según su relato, lo hacía en colaboración con Luis Bárcenas, que niega los hechos, y a cambio de un 2% o un 3% de la partida destinada a la gran obra pública que se aprobaba en el Consejo de Ministros que presidía José María Aznar.

Francisco Correa mencionó los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y a las constructoras OHL, Dragados y ACS, que desmintieron la acusación y anunciaron querellas. El tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó llamar a declarar durante la vista a los señalados, pero las acusaciones populares del caso de la caja B del PP Izquierda Unida y Adade presentaron una batería de diligencias en la Audiencia Nacional para reabrir el caso, ya en fase de juicio oral. Entre ellas, la declaración de Correa. La Fiscalía Anticorrupción apoyó su declaración y otras diligencias y el juez José de la Mata acordó llamar a declarar al presunto cabecilla de Gürtel.

En la cárcel por el 'caso Fitur'

Entre la petición de las acusaciones populares y la decisión de De la Mata se conoció la sentencia del caso Fitur, una pieza separada de Gürtel que ha costado a Correa una condena de 13 años. El fallo hace trizas las aspiraciones de la defensa del empresario, quien fue enviado a prisión de inmediato por el tribunal sentenciador, junto a sus colaboradores Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Los tres tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo.

El mismo jueves, 23 de marzo, está citado a declarar Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios que entregó dinero negro al PP y que ha alcanzado un pacto con Anticorrupción en el juicio de Gürtel para que rebaje su petición de condena a dos años. Al día siguiente, el viernes, declarará Plácido Vázquez, a quien Correa situó durante el juicio en el centro de la trama de comisiones con destino final en el Partido Popular.

http://www.eldiario.es/politica/Correa-comparecer-videoconferencia-reapertura-PP_0_623288649.html

DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP

Las declaraciones judiciales de Correa y los documentos encontrados al exgerente del PP de Aguirre impulsan las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal

El cabecilla de la Gürtel aseguró en el juicio que intermedió entre Bárcenas y varias empresas
Los pagos de empresarios a Fundescam centran las pesquisas sobre el PP madrileño

Dos semanas horribilis para el Partido Popular. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco han reactivado en los últimos días las investigaciones sobre la contabilidad B del Partido Popular, que controlaba a nivel nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas y en la Comunidad de Madrid el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó la reapertura de la investigación sobre la caja B que el PP mantuvo supuestamente entre 1990 y 2008. En un auto de 28 de febrero, citó a declarar como investigados para el 23 y el 24 de marzo al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

El instructor de la pieza separada de los papeles de Bárcenas reabrió el caso después de que el propio Correa asegurara en el juicio de la primera época de Gürtel [1999-2005] que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas".

Y pese a que rechaza llamar a declarar a los empresarios Juan Manuel Villar Mir y Rafael Palencia Marroquín, y al expresidente balear Jaume Matas, el magistrado no cierra la puerta a hacerlo en un futuro, al asegurar que de ello depende "de lo que resulte de las diligencias anteriores".

Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ha reactivado esta semana la investigación de la pieza separada de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, reabriendo las pesquisas que había archivado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira sobre la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada en 2000 por el exalcalde de Majahadonda Ricardo Romero de Tejada, condenado a un año de cárcel por las tarjetas black.

Contraprestaciones en metálico

En su auto, De la Mata recuerda que el objeto de la investigación, que estaba "provisionalmente archivada" en relación a los empresarios, era comprobar si las anotaciones "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Sin embargo, el juez Ruz no pudo procesar a ninguno de los empresarios que presuntamente habían pagado las mordidas que Bárcenas anotaba de forma manuscrita en su cuaderno.

En una de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, Correa se jactó de que había llevado "mil millones de pesetas" [seis millones de euros] a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Precisamente el extesorero, que es uno de los procesados en la pieza separada de la contabilidad B del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que el partido tenía en "todas las provincias y regiones" una caja B que se destinaba a la financiación de las campañas electorales, siendo revisado este sistema por los secretarios generales y conocido por los presidentes.

La primera caja B

En concreto, Bárcenas declaró que el ex secretario general del PP y exministro de Defensa Francisco Álvarez-Cascos fue la persona que entre 1990 y 1993 supervisó la caja B del PP tras la detención en 1990 del entonces tesorero Rosendo Naseiro en el caso que lleva su apellido. Álvarez-Cascos siempre negó dicha acusación y nunca figuró como imputado.

Según Bárcenas, Naseiro fue el encargado de aportar en abril de 1990 los primeros ocho millones de pesetas (48.080 euros) que aparecen en la contabilidad manuscrita del PP.

El juez Ruz concluyó la investigación y acreditó la existencia de la caja B del Partido Popular. Además, Ruz confirmó que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.

Asimismo, el magistrado constató el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".

José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons. José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons.

Según los apuntes manuscritos de Bárcenas, publicados por el diario El País, Mariano Rajoy habría sido el político del PP que más dinero recibió en negro: 373.000 euros. Por su parte, el presidente del Gobierno siempre ha negado haber cobrado cantidad alguna.

En su declaración en el juicio de la Época I de Gürtel, Bárcenas trató de exculpar a su mujer de haberse quedado con una parte del dinero de la caja B, y para ello apuntó al PP: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido".

Fundescam en la Púnica

Pero los problemas judiciales no sólo se multiplican para el PP nacional. El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, ha reactivado sus pesquisas sobre la única pieza separada que permanece secreta, la de la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.

Y lo ha hecho gracias a que los agentes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron durante los registros que realizaron hace un año del ordenador que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez tenía en su puesto de trabajo, pero también en su vivienda.

El pasado miércoles, Velasco llamó a declarar como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, que fue también tesorero del PP de Esperanza Aguirre; al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Los dos últimos, Arturo Fernández y Beltrán Gutiérrez han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel, respectivamente, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Según aseguran fuentes de las declaraciones de Echeverría y Fernández, ya que la comparecencia de Gutiérrez fue pospuesta hasta este lunes, el juez Velasco interpeló a los investigados sobre los pagos a Fundescam y a otras firmas.

Delitos no prescritos

Según adelantó el diario El País, en los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encontraron documentos que probarían que las presuntas actuaciones irregulares se habrían extendido hasta 2011, por lo que los delitos, que podrían ser considerados continuados, no estarían prescritos, tal y como rubricó el magistrado que investigó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

Un informe realizado por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, considera que Beltrán Gutiérrez era "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña" de 2003. El documento sostiene que Correa facturaba a Fundescam los actos electorales que realizaba con sus empresas para el Partido Popular madrileño e incluso para el nacional.

Además, el juez Velasco tiene en su poder una hoja de uno de los cuadernos manuscritos de Granados en la que aparecen anotaciones, que según su exsocio y ahora arrepentido David Marjaliza, identifican al mencionado gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL, que también ha sido condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black.

Pero los papeles de Bárcenas y la Púnica no son los únicos casos que tocan de lleno a la financiación del PP. También esta pendiente de juicio la financiación ilegal del PP valenciano, así como otras piezas separadas de Gürtel como las actividades de Correa en Boadilla del Monte (Madrid).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/11/dos_jueces_audiencia_nacional_reabren_las_investigaciones_sobre_las_cajas_nacional_madrilena_del_pp_62334_1012.html

LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’

En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.

Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.

De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.

Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.

En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.

Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.

El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.

En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.

Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.

Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.

El relato de Correa en el juicio

Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.

“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.

Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.

“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.

Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.

Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063

EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS

El instructor ha citado a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez

El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones de esta pieza separada de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este miércoles reabrir el caso Bárcenas en el que se investiga la contabilidad B del Partido Popular reflejada en los documentos manuscritos del extesorero de la formación conservadora, y cita a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accede de esta forma a la petición de varias acusaciones de esta pieza separada de Gürtel, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, y acuerda dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento provisional acordada en esta pieza en relación a los imputados, al mismo tiempo que ordena la reapertura de la investigación.

El juez atiende, de esta forma, las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, en concreto IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), después de conocer el testimonio que ofreció Correa sobre las presuntas dádivas pagadas por constructoras como OHL o ACS.

"Relevantes" y "novedosas"

De la Mata considera que ante la aportación de estos nuevos elementos de comprobación es pertinente reabrir la causa de la presunta financiación ilegal del PP. Es más, subraya que las declaraciones de Correa, las de García-Pozuelo -que se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción- y las del intermediario Plácido Vázquez son "relevantes y útiles", así como "novedosas".

"Basta destacar, como hace el fiscal -Antonio Romeral- en su informe, que son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para gestionar (en los términos del propio Correa Sánchez) las solicitudes de las empresas, y la mecánica de la distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de éxito en la adjudicación pretendida", afirma el magistrado en su resolución.

El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30", abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas, informa Europa Press.

Carreteras y autopistas

"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica "ahorró mucho dinero al PP". "No sé si 1.000 millones o más o menos", dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle de Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio "correspondiente".

García-Pozuelo afirmó en su intervención en el juicio que el destino del dinero entregado a Correa eran de "organismo centrales", que se referían --según indican las acusaciones en sus escritos--, a los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y al PP, así como que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

La resolución acuerda, además, solicitar de la Sección Segunda de la Sala Penal testimonio de lo actuado en la pieza separada hasta el auto de transformación en procedimiento abreviado, de fecha 23 de marzo de 2015, así como incorporar las declaraciones de García Pozuelo y Correa en el juicio que se celebra actualmente por la pieza del caso Gürtel Época I.

No incluye a Matas

El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones visto, dice, que no consta que haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones que la parte alega.

En este sentido, las acusaciones reclamaron al juez que volviera a imputar al empresario Juan Miguel Villar Mir, aportando una noticia del diario El Mundo que afirma que el expresidente balear había ofrecido a la Fiscalía revelar que el dirigente del PP Javier Arenas había organizado una reunión en la sede del PP de la Calle de Génova de Madrid en la que se habría acordado el amaño del concurso del hospital de Son Espases, en Mallorca, a favor de OHL.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/el_juez_mata_ordena_reabrir_caso_contabilidad_del_para_que_declare_correa_dos_empresarios_61904_1012.html

LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP

Las acusaciones populares dan ya por hecha la reapertura, sustentada en la declaración judicial de Correa sobre mordidas a cambio de contratos

Anticorrupción elude pedir la citación de los responsables de las dos grandes empresas señaladas por el jefe de 'Gürtel', Florentino Pérez y Villar Mir

La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir las investigaciones sobre la llamada caja b del PP o pieza de los papeles de Bárcenas, que a día de hoy se encuentra ya cerrada en espera de fecha para juicio, ha venido a complicar el horizonte judicial del partido en vísperas de su congreso y cuando sus dirigentes ya daban por amortizado el caso Gürtel y su ramificación de mayor calado político: aquella en cuyo auto de apertura de juicio el juez sostiene que entre 1990 y al menos 2008 el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".

Precedida de la que formularon dos acusaciones populares -IU y la asociación de abogados Adade-, la petición de la Fiscalía se sustenta en el relato hecho por Francisco Correa durante su declaración en la vista sobre la primera época de la trama Gürtel. Ese día, 14 de octubre de 2016, Correa colocó el foco sobre la financiación del PP al asegurar que durante años había funcionado un sistema por el que quienes querían obtener a toda costa contratos públicos pagaban a cambio un 3% del importe adjudicado.

Aunque todas las fuentes consultadas este viernes creen que la reapertura no tiene ya marcha atrás, nadie se atreve a aventurar si esta segunda fase de la instrucción judicial se limitará a cubrir el expediente o si, por el contrario, acabará provocando algún terremoto. Bárcenas, asegura su entorno, está tranquilo. De momento, nadie ha pedido que declare si el caso se reabre. ¿Desfilará finalmente otra vez por la sala de interrogatorios de la Audiencia Nacional y qué hará si finalmente llega ese momento? ¿Emergerá algún nuevo elemento que obligue a la Fiscalía a modificar las conclusiones que la llevaron a pedir -y a conseguir- la exculpación de todos los empresarios investigados en aquella primera fase bajo el argumento de que nada permitía vincular donaciones y contratos? Nadie tiene la respuesta aunque observadores que conocen el caso de cerca se muestran especialmente cautos. Especialmente, a la vista de qué pide exactamente el fiscal.

Porque a tenor de lo que ha trascendido este viernes, el fiscal solo pide que tras la reapertura declaren como investigados un empresario que días antes de que hablara Correa ya había ratificado en el juicio el pago de comisiones a cambio de contratos, Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica; y un comisionista -Plácido Vázquez- a quien el considerado jefe de la trama Gürtel señaló como intermediario con las empresas que se declaraban dispuestas a pagar.

Pero, por encima de Vázquez y García Pozuelo, a quien Correa también incluyó en su declaración, el don vito de la Gürtel mencionó a tres gigantes de la economía española como partícipes en el sistema del 3%: ACS, Dragados -desde 2002 filial de la anterior- y OHL. Las empresas señaladas niegan haber pagado ninguna mordida. Y en cuando Correa acabó su declaración anunciaron una querella.

El fiscal no pide la declaración de los máximos responsables de ambos grupos, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. Pero si la instrucción se reactiva ambos o, al menos, Villar Mir, puede terminar viéndose obligado a desfilar ante el juez. De momento, la declaración del presidente de ACS y del Real Madrid no la ha requerido nadie. La de Villar Mir, de OHL, sí: las dos acusaciones populares. Villar Mir, además, ya tiene ante sí una situación complicada por una investigación que, no procesalmente pero sí cuanto a su fondo, aparece conectada a esta: la del supuesto -y finalmente abortado- amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares, Son Espases, en favor de OHL, a cambio de dinero para el PP, caso que investiga en Palma el juez José Castro.

De las tres empresas citadas por Correa, OHL es la única que consta en los papeles de Bárcenas, aquella colección de "anotaciones extracontables" donde entre 1990 y 2008 el extesorero fue reflejando las entradas y salidas de dinero opacas. Es decir, la presunta contabilidad secreta y paralela del PP cuya investigación judicial se saldó con seis acusados -Bárcenas y su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, a la cabeza- y con el PP como presunto responsable civil subsidiario por el supuesto delito fiscal que los implicados habrían cometido en relación a la reforma de la sede central del partido.

Ningún responsable de ACS aparece en cambio en la que presumiblemente era la contabilidad B del PP. El nombre de ACS sí consta en otro manuscrito que Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio de 2013. Según el extesorero, ese documento registraba los pagos efectuados por distintas empresas para financiar la campaña electoral gallega del PP en 2001. Los apuntes consignaban el pago de 30.000 euros por parte de ACS, que se habría comprometido además a desembolsar un millón de euros.

El día en que Correa soltó la bomba ante el tribunal que le juzga, fuentes conocedoras de esa supuesta contabilidad secreta del PP aseguraron a infoLibre que ACS "jamás" aportó fondos para el PP nacional. En conversación con infoLibre, las mismas fuentes añadieron, aunque sin precisar fechas ni cantidades, que sí lo hizo Dragados. Y que del nombre de la compañía no quedó rastro en los papeles de Bárcenas porque sus fondos siempre llegaron al partido "a través de la cuenta de donativos anónimos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/04/la_peticion_fiscalia_para_reabrir_investigacion_sobre_caja_complica_horizonte_judicial_del_pp_60703_1012.html

EL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP

La empresa de Florentino Pérez niega haber entregado dinero a la Gürtel, pero aparece como generosa donante de Génova

El año 2017 va a empezar judicialmente con un pelotazo. El 16 de enero, es decir, en poco más de dos semanas, la sala donde se celebra el juicio por la Gürtel va a convertirse en el centro de atención básico de la actualidad: es el día para que Luis Bárcenas comience su declaración. Las consecuencias políticas de su intervención son previsibles.

Reabrir la instrucción por los papeles Bárcenas

De momento, en el ambiente jurídico y su derivada política, la lucha está, sin embargo, en otro punto. Las acusaciones están peleando por reabrir la instrucción del caso de la caja B del PP, o caso de los papeles de Bárcenas, a partir de unas declaraciones que realizó en su deposición Francisco Correa el pasado 14 de octubre.

Entonces, Correa dijo que las constructoras ACS y OHL se habían beneficiado de contratos a cambio del pago de comisiones. Las reacciones fueron inmediatas. Tres días más tarde tanto la empresa de Florentino Pérez como la de Juan Miguel Villar Mir presentaban querellas criminales contra Correa por sus alegaciones.

Las acusaciones, por el contrario, aprovecharon la noticia destapada por el capo de la Gürtel para, con la misma celeridad, llevar las declaraciones ante el juez de la Audiencia que instruyó el caso de la financiación irregular del Partido Popular, José de la Mata, para pedir que se reabriera la instrucción.
El contenido de 'la carpeta amarilla'

ELPLURAL.COM ha podido tener acceso al contenido de un documento que parece relevante en este sentido. El principal de lo que se conoce en medios jurídicos como la carpeta amarilla, y que no es sino una de las carpetas, de diferentes colores, que entregó Luis Bárcenas en su declaración el 15 de julio de 2013 ante el entonces juez instructor, Pablo Ruz.

En la carpeta amarilla, como decimos, se incluía una serie de folios que acompañan esta información, y en la que de manera manuscrita y en ordenador, Luis Bárcenas implica en efecto a estas dos constructoras en la financiación irregular del partido.

En la nota manuscrita entregada por el propio extesorero popular se puede leer como OHL entregó “300.000 euros en campaña”, mientras que justo debajo escribía “ACS se comprom. a 1M€ ha dado 30.000€”. En el mismo escrito, Bárcenas recoge que FCC “daba 50.000€/mes, va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”. La nota manuscrita, el extesorero la concluye reconociendo “las empres. Siguen ayudando”.

En otro documento de la misma carpeta amarilla y en la que recoge una “RELACIÓN DE INGRESOS DEL 01-01.06 AL 31-12-06”, Bárcenas incluía de nuevo a ACS como donante de 60.100 euros para el partido de Génova.

En estos momentos, las acusaciones están pendientes de la decisión del juez José de la Mata sobre la aceptación o no de su requerimiento para que se reabra la instrucción del caso.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/28/el-documento-clave-sobre-acs-con-el-que-las-acusaciones-quieren-reabrir-la-caja

VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP

El primer juicio de la trama Gürtel se reanuda el 16 de enero con la declaración de Bárcenas

Su testimonio puede ser clave para determinar el alcance de lo que ha ido saliendo a la luz a lo largo de estos tres meses de interrogatorios y que, en principio, ni era ni es objeto de la causa

El primer juicio de la trama Gürtel se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas. Su testimonio puede resultar clave para determinar el alcance de algo que se ha revelado en estos tres meses de interrogatorios y que no era, ni es, el objeto de la causa. Nos referimos a los nuevos indicios de financiación ilegal del PP nacional. Hay ya varias acusaciones populares que, en función de las nuevas revelaciones, han pedido en la Audiencia Nacional que se reabra el denominado caso Bárcenas, que investiga precisamente una caja b dentro del PP.

Las declaraciones de los principales imputados en la causa han desvelado el supuesto pago de comisiones ilegales que nutrían una de las cajas b del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras de Ministerios y Ayuntamientos. Nueve años de investigación del caso Gürtel, una trama masiva de corrupción que colonizó administraciones gobernadas por el PP, dejaron al margen, en una pieza separada, los supuestos pagos de comisiones ilegales para alimentar la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas y en la que se ingresaron más de 8 millones de euros. La causa que se juzga en la Audiencia Nacional tan sólo intenta esclarecer si el PP participó a título lucrativo, es decir, si se benefició de las tramas corruptas de Majadahonda y Pozuelo que financiaron mítines de la formación conservadora.

Sin embargo, los tres primeros meses de interrogatorios del juicio oral han abierto distintas vías de investigación, hasta ahora cegadas, sobre el enriquecimiento del PP con comisiones ilegales pagadas por constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. El principal acusado, el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, fue muy explícito en su primer día de declaración.

Ese testimonio ponía de un plumazo bajo sospecha la limpieza en la gestión de algunos de los ministros del Gobierno Aznar, que adjudicaron supuestamente obra pública a constructoras que, posteriormente, donaron dinero negro al Partido Popular. Al día siguiente, insistió dando nombres de constructoras directamente.

Recordemos que dos jueces de la Audiencia Nacional -Pablo Ruz primero y José de la Mata después- no pudieron acreditar durante la instrucción de la causa los sobornos pagados por constructoras a la caja b del PP a cambio de obras públicas. Sin embargo, eso es exactamente lo que han contado ahora algunos de los protagonistas de esa supuesta trama, algo que, por el contrario, han negado rotundamente las grandes constructoras a través de varios comunicados.

Sin embargo, no fue sólo Francisco Correa quien hizo esa revelación. La semana pasada llegó otra declaración en la misma línea. Ésta si cabe, más directa de la vinculación del PP con este asunto. El protagonista fue el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien aseguró que el que fue tesorero del PP Álvaro Lapuerta le indicó que beneficiase a unas empresas determinadas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes de grandes cantidades de dinero negro.

El problema de la denuncia de Guillermo Ortega es que Álvaro Lapuerta, que es el único que podría aclarar esos hechos, ha sido excluido del juicio y se ha archivado la causa contra él por "demencia sobrevenida".

Antes de estas declaraciones de Francisco Correa y Guillermo Ortega, el juicio Gürtel se calentó con el testimonio de un imputado arrepentido que reconoció los hechos. Sus palabras tienen una especial trascendencia, ya que se trata del primer empresario que reconocía en el juicio haber pagado comisiones ilegales al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas. Se trata de Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, una de las principales donantes de la caja B del PP. Además de admitir que había pagado comisiones ilegales a la trama corrupta a cambio de contratos, deslizó que el dinero iba para "organismos centrales". Todo el mundo interpretó que hablaba de la sede nacional del PP, pero su declaración fue tan ambigua como escueta.

La persona que podría certificar que estos testimonios son verdaderos y que, por tanto, el PP se financió ilegalmente durante años gracias al pago de mordidas de contratistas públicos, es Luis Bárcenas, que declarará el próximo 16 de enero.

En su declaración ante el juez instructor Pablo Ruz, el extesorero del PP nunca llegó a admitir que los pagos de empresas que apuntó con detalle en la caja b durante casi 20 años tenían relación directa con la adjudicación de obras públicas. Bárcenas tan sólo explicaba que ese dinero servía para que los alcaldes, consejeros o presidentes autonómicos del PP tuvieran la deferencia de recibir a los constructores cuando se interesaban por algún concurso público.

¿Se pueden investigar esas denuncias?

Recordemos que la financiación ilegal del PP no es el objeto de investigación de este juicio. Aquí se dilucida lo que en el argot jurídico se ha conocido como la primera época de la Gürtel, esto es, desde 1999 a 2005. En el banquillo se sientan 37 personas a las que, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, se les reclaman unos 450 millones de euros. Además de los 37 acusados hay tres partícipes a título lucrativo: el Partido Popular, la exministra Ana Mato y la pareja de uno de los principales acusados.

De momento, los testimonios oídos en el juicio -de Correa, de Guillermo Ortega o del empresario García Pozuelo- no han hecho cambiar de opinión al tribunal para tirar de ese hilo. Cuando el abogado de Bárcenas escuchó la novedosa denuncia de Correa sobre el pago de mordidas por obras públicas del Gobierno Aznar, pidió que se citará a cargos ministeriales de aquella época y a responsables de constructoras para investigar esos hechos. El Tribunal que juzga el caso Gürtel se retiró a deliberar y negó la petición. La Fiscalía Anticorrupción también se mostró en contra al considerar que las revelaciones de Correas eran "genéricas e inconcretas".

El abogado que representa a la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, Francisco Montiel, la primera acusación popular que se personó en esta causa, considera que los testimonios escuchados hasta ahora en el juicio deben abrir la puerta a la investigación para dilucidar si existía una trama en la que se vinculaban adjudicaciones con el pago de comisiones ilegales al PP.

El juicio del caso Bárcenas, donde se determinará si el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años gracias a la generosidad de contratistas públicos, no se celebrará hasta finales de 2017. Antes conoceremos la sentencia del caso Gürtel donde se prevén fuertes condenas pero que dejará a un lado las comisiones ilegales que supuestamente cobró el partido.

http://cadenaser.com/programa/2016/12/27/hoy_por_hoy/1482826349_650150.html

LA CONSTRUCTORA OHL INGRESÓ ENTRE 2002 Y 2009 MÁS DE 3.000 MILLONES DE ADMINISTRACIONES DEL PP

La Comunidad de Madrid, controlada por Esperanza Aguirre, fue la que más otorgó a la constructora: casi un tercio del total (953 millones)

Fomento, encabezado por Francisco Álvarez-Cascos, le adjudicó en sólo dos años (2002 y 2003) 503,7 millones, mientras que el Ayuntamiento de Madrid le abonó 328,6 millones en ocho años

La constructora Obrascon Huarte Lain (OHL), dirigida hasta hace unos meses por el exvicepresidente del Gobierno en 1975 Juan Miguel Villar Mir, ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía incorporado al sumario de la pieza separada del caso Gürtel denonimada papeles de Bárcenas.

De los 3.035 millones de los que se benefició OHL, una de las tres empresas a las que aludió el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, como una de las pagadoras de mordidas de hasta el 3%, la Administración pública que más dinero aportó fue la Comunidad de Madrid controlada por Esperanza Aguirre, con casi un tercio del total (953 millones). Sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora 417 millones en contratos.

Precisamente, uno de los correos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, adelantados por infoLibre, desvela que Villar Mir pidió al banquero que mediara ante Aguirre para que esta le favoreciera en el concurso de adjudicación de uno de los primeros hospitales que Madrid construyó bajo la fórmula de gestión mixta público-privada.

El 18 de enero de 2005, Juan José Juste Ortega –en ese momento director de Negocio de Clientes Corporativos de Caja Madrid– envió un correo a Blesa en el que le escribió lo siguiente: "Te va a llamar Juan Miguel Villar Mir para pedirte que hables con la presidenta de la Comunidad para defender nuestra candidatura como consorcio aspirante a construir y gestionar el Hospital de Majadahonda".

Ministerio de Fomento

La segunda Administración que más adjudicó a la firma de Villar Mir, que fue nombrado marqués durante el reinado de Juan Carlos I, fue el Ministerio de Fomento, encabezado por el también exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, que en sólo dos años (2002 y 2003) otorgó contratos a la constructora por 503,7 millones. Fomento y Medio Ambiente fueron los dos ministerios identificados por Francisco Correa en su declaración como los implicados en el presunto pago de comisiones de entre el 2% y el 3%.

En 2004, año en el que se alternaron en el Gobierno central el PP y el PSOE tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, OHL ingresó otros 562,6 millones, que el informe de la Policía Judicial no atribuye de forma directa al PP, por lo que esta suma queda fuera de los 3.034 millones de euros abonados a la constructora en 2003 y 2003.

También resalta por su importancia el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que aunque contrata de forma independiente depende de Fomento, con 319,3 millones. La empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) aportó otros 117 millones.

El Ayuntamiento de Madrid, también en manos del Partido Popular, abonó 328,6 millones en el mismo periodo de tiempo (2002-2009), mientras que la Comunidad Valenciana otorgó a la firma 191,1 millones por 132 millones de Castilla y León. En el informe, la Policía reseña que 43,6 millones de los 70 millones que adjudicó el PP gallego se otorgaron por tres contratos públicos, acordados antes de la entrada en el Gobierno de la Xunta del PSOE en agosto de 2005.

Además, la Región de Murcia, encabezada por el ahora eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel, acordó la adjudicación de un hospital en el Mar Menor por 69,7 millones a OHL.

Ministerio de Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en 2002 por el expresidente balear Jaume Matas, y a partir del 7 de marzo de 2003 y hasta 2004 por Elvira Rodríguez, que fue hasta hace unas semanas presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), adjudicó a OHL obras por 16,2 millones.

OHL es una de las tres constructoras que han saltado a la actualidad tras declarar Francisco Correa que su socio Plácido Vázquez era el que se encargaba de gestionar las comisiones que cobraran de los grandes contratistas de las administraciones gobernadas por el PP: "Me decía, oye, OHL ha hecho esta petición de obra, y yo intentaba gestionarla con Luis Bárcenas", especificó Correa, que después identificó tres de estas firmas: "OHL, ACS, Dragados...".

Pero no fue la declaración de Correa de la semana pasada la primera vez en la que aparecía OHL o Villar Mir en el caso Gürtel y sus piezas separadas OHL. Su nombre aparece en los denominados papeles de Bárcenas, en el que se reflejaba de forma manuscrita la contabilidad paralela del PP entre los años 1990 y 2008.

530.000 euros

El documento manuscrito en el que se refleja esa contabilidad en negro entre el año 1990 y 2008 constata que este empresario aparece registrado como donante de esta caja B en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

En 2004 se registra una aportación de fecha 19 de octubre por una cuantía 100.000 euros; en el año 2006 se registra otra única aportación fechada el 25 de octubre, por un importe de 180.000 euros. En el año 2008, fechada el 11 de febrero, figura registrada una aportación de 250.000 euros.

Asimismo, en una de sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP Luis Bárcenas acusó a Villar Mir de haber realizado supuestamente entre septiembre y octubre de 2011 otra entrega de 300.000 euros (tres veces el máximo legal permitido) al entonces máximo responsable de las finanzas del PP, José Manuel Romay Beccaria, para la campaña que poco después llevaría a Mariano Rajoy a La Moncloa.

Al final de la instrucción, el juez Pablo Ruz acordó archivar cualquier acusación contra Villar Mir y los otros 22 empresarios implicados por Bárcenas en la caja B.

Declaración de Villar Mir

Pero con estos indicios y tras la declaración de Correa, dos de las acusaciones populares personadas en las distintas causas que investigan las actividades de la trama Gürtel han solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que reabra el procedimiento que investiga la presunta contabilidad B del PP -conocida como de los papeles de Bárcenas- y cite a declarar, entre otros, a Villar Mir.

IU y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) han remitido sendos escritos al Juzgado Central de Instrucción 5 en los que se reclaman que se investiguen las declaraciones de Correa sobre la intervención de esta empresa y otras como ACS y de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En concreto, Adade pide al magistrado que, además, de citar a Villar Mir, tome declaración al propio Correa, al extesorero del PP Luis Bárcenas y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins, Plácido Vázquez y Rafael Palencia, según refleja su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama rechazó este lunes la solicitud formulada por Bárcenas para que se citara a declarar en la vista oral tres exministros de Medio Ambiente y Fomento y los presidentes de ACS y OHL.

Caso Son Espases

Pero el caso Gürtel no es el único en el que aparece el nombre de Villar Mir, su empresa OHL o su entorno familiar. Villar Mir está imputado (investigado) después de que el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach se querellara contra el expresidente regional Jaume Matas y el propio empresario por el presunto amaño del concurso en 2006 para adjudicar el hospital mallorquín de Son Espases, el mayor del archipiélago. El fiscal entiende que existen indicios de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración pública.

Aunque finalmente OHL no obtuvo la adjudicación porque el proceso se paralizó tras publicarse las sospechas de amaño, la Fiscalía cree que Matas ordenó a sus subordinados favorecer a la empresa de Villar Mir. La adjudicación de Son Espases acabó en manos de una de las filiales de ACS, en concreto Dragados.

El yerno del empresario

Además, el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el caso de las tarjetas black, también está siendo investigado en el seno de la operación Púnica por el magistrado Eloy Velasco.

En concreto, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados registró en su agenda de color morado, en la que supuestamente se reflejaba la caja B del PP madrileño, múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por López Madrid al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

Los abonos se encuentran anotados de forma manuscrita en una agenda morada en la que, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la operación Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo propiciaron nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/19/ohl_ingreso_mas_000_millones_euros_administraciones_del_entre_2002_2009_56376_1012.html

CORREA FACTURÓ 74.800€ DE LA CABALGATA DE ARGANDA A UNA EMPRESA DE FLORENTINO PÉREZ

El ayuntamiento del PP encargó a Easy Concept la gestión y animación de varias cabalgatas de reyes. La de 2007 la Gürtel luego se la facturó a Urbaser. Esta pieza sigue en instrucción

Una factura de 64.482 euros más 10.317 euros de IVA demuestra que la trama Gürtel sí emitió facturas contra ACS, la empresa presidida por Florentino Pérez. Francisco Correa soltó la bomba en su segunda declaración. ACS, junto a OHL y Dragados, es una de las empresas que presuntamente han pagado comisiones por conseguir contratos públicos en algunos ministerios, unos amaños en los que los intermediarios eran el propio Correa (que se ponía en contacto con las compañías) y el extesorero del PP Luis Bárcenas, el encargado de hablar con los departamentos controlados por el PP. ACS y OHL anunciaron inmediatamente querellas contra Correa. Este periódico se intentó poner ayer en contacto infructuosamente con ACS para obtener su versión de los hechos.

Correa se refería a las dos legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004. De hecho, la Audiencia Nacional juzga estos días la primera época de la trama, entre 1999 y 2005. La factura, no obstante, está incluida en uno de los últimos informes que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha elaborado en la pieza que aún instruye la segunda época de la trama, entre 2006 y 2009, y que investiga entre otras cosas las andanzas de las empresas de Correa en el municipio madrileño de Arganda del Rey, donde siguen imputados el exalcalde Ginés López y el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco.

El cabecilla de la Gürtel relató al tribunal cómo la expresidenta madrileña intervino para que no se llevara una comisión por la venta de una parcela en Majadahonda. Esta es la historia

La factura responde a la cabalgata de reyes que el Ayuntamiento de Arganda encargó a una sociedad de Correa en 2007. La verdad es que la Gürtel organizó cuatro cabalgatas, las de 2005, 2006, 2007 y 2008. Easy Concept, una de las firmas del llamado Grupo Correa, hizo una estimación del coste del evento: 98.103 euros, de los que 39.000 euros eran beneficio para Correa. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró en uno de los múltiples registros tras destaparse el caso una factura girada a Urbaser cuyo concepto es "importe correspondiente a la cabalgata de reyes celebrada el pasado día 5 de enero de 2007 en la localidad de Arganda del Rey", por un importe de 64.484,75 euros, IVA excluido.

Urbaser es una de las filiales de ACS, hoy el primer grupo español de recogida y tratamiento de residuos. Esa primera factura fue anulada y la firma Easy Concept giró una nueva a Urbaser por 64.482,76 euros (sin el IVA). El mismo concepto, pero distinto importe, 23.258,62 euros, fue girado en otra factura emitida por Easy Concept para Transportes Ferroviarios de Madrid, la empresa concesionaria que gestiona la ampliación de la Línea 9 de Metro precisamente a Arganda del Rey, en la que ACS también tuvo participación.

Empresas que pagaron otras cabalgatas

"Todo lo anterior nos induce de forma razonable a considerar que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, al menos durante el periodo 2005 a 2009, encargó directamente a Easy Concept la gestión y animación de las diferentes cabalgatas de reyes. Posteriormente, esta empresa factura estos actos directamente a determinadas empresas. Desconocemos si estas empresas refacturaban posteriormente al Ayuntamiento de Arganda del Rey o asumían ellas directamente estos costes, por lo que en el fondo están financiando actos o actividades del propio ayuntamiento", señala en su informe la ONIF.

"La adjudicación directa de estas actividades a Easy Concept se hacía al margen de cualquier expediente administrativo y en concreto de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, aplicables en la contratación pública". Aparte de Urbaser y Transportes Ferroviarios de Madrid, Easy Concept también facturó a Teconsa y Constructora Hispánica, cuyos exdirigentes están imputados en la causa.

El informe de la ONIF ha supuesto nuevos movimientos judiciales. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó a la UDEF que se personara en el Ayuntamiento de Arganda, ahora gobernado por el PSOE, para que obtuviera el nombre de los concejales que en aquellos años "tenían competencia en materia de contratación". La UDEF obtuvo la información el pasado 6 de junio. El informe de la ONIF analiza unos 40 contratos. Solo Easy Concept se llevó 14, por un importe de 776.311,18 euros.

"Por fin sabemos a quién facturar"

En la siguiente cabalgata, la de 2008, la UDEF intervino un correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2008 con el asunto "Facturas pendientes Arganda!I!", que comienza con el texto: "Por fin sabemos a quién facturar lo de Arganda", en el que se imparten instrucciones a Ali (se trata de Alicia Mínguez, una de las trabajadores de las empresas de Correa, también procesada) para que confeccione facturas relacionadas con otros eventos que la trama organizó en Arganda (XII Gala del Deporte y Cabalgata de Reyes 2008) a dos constructoras: Teconsa y Constructora Hispánica.

En el organigrama interno, Alicia Mínguez aparece como gerente de Easy Concept. En un correo que envió a su jefa, Isabel Jordán (socia de Correa y también procesada), Mínguez explicaba a finales de abril de 2007 que lo único que les quedaba por cobrar era la factura de Urbaser, "que como ya te he comentado Isabel la vamos a cobrar la semana que viene".

La UDEF también encontró en los registros a la trama escritos de Pablo Rodríguez Sardinero, que en 2007 era concejal de Cultura, Educación y Deportes, sobre determinados aspectos de la cabalgata. Rodríguez Sardinero luego fue alcalde tras la detención de Ginés López y hoy es director general de Transportes en el Gobierno de Cristina Cifuentes.

El nombre de Urbaser también aparece salpicado en otra trama de corrupción bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Los investigadores del caso Púnica han encontrado otra presunta vía de financiación ilegal del Partido Popular. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que firmas adjudicatarias de contratos públicos en la Comunidad de Madrid costearon actos electorales de la formación o en su beneficio, abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter Music SL, una de las mercantiles implicadas por el juez Eloy Velasco en la trama de corrupción liderada por el exsecretario de Organización del PP de Madrid Francisco Granados. Entre esas empresas están Urbaser y Dragados, ambas del Grupo ACS.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-18/acs-gurtel-urbaser-factura-cabalgata-reyes_1276193/

FRANCISCO CORREA SE NIEGA A CONTESTAR SOBRE LA TRAMA DEL 3% Y SU SALIDA DEL PP

La defensa de Bárcenas pide que declaren como testigos los exministros Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias-Salgado, y los empresarios Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir para explicar la supuesta trama del 3%.

Dos días llevaba Francisco Correa -tanto el jueves como el viernes pasados- anunciando que iba a contestar a una de las acusaciones populares y que la escogida iba a ser la del partido socialista valenciano, representada por el abogado Virgilio Latorre, y a última hora y por sorpresa, este lunes se ha negado a responder cuando el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha anunciado el inicio de la sesión.

Correa ha afirmado que cambia de criterio por consejo de su abogado, Juan Carlos Navarro, pero fue su mismo letrado quien el jueves le aconsejó y anunció que contestaría a esta acusación popular.

El interrogatorio que había preparado era duro y pretendía llegar a la médula del funcionamiento de la supuesta organización criminal. Quería obtener todos los detalles de la trama del tres por ciento a cambio de obra pública desvelada por Correa, y los motivos reales por los que dejó de contratar con Génova 13 en el año 2004.

La acusación pretendía que Correa hablase de obras concretas del AVE, autovías o medioambientales adjudicadas gracias a sus contactos en el PP, a qué empresas, por qué ministerios y ministros, y quiénes aprobaban las concesiones por las que el entramado corrupto percibía mordidas de hasta el tres por ciento, parte de las cuales servía para financiar de forma ilegal al PP. Latorre consideraba clave bajar a la arena del funcionamiento corrupto porque entronca además con la pieza de la caja B del Partido Popular, donde figura el detalle de grandes constructoras donantes de fondos en negro al partido.

Respecto a los motivos por los que Correa dejó de contratar con el PP nacional, las mismas fuentes no se creen los argumentos del líder de la Gürtel, del que sospechan que ha pactado una salida para minimizar daños y afectar lo menos posible a la actual dirección de Rajoy. Por el contrario, la acusación estaba convencida de que si Correa dejó de contratar con Génova en 2004 fue porque el PP perdió las elecciones generales y por tanto, todo el poder de contratación en los ministerios, que suponían su gran negocio.

A su entender, por ello se marchó a Valencia, porque allí seguían gobernando y había "pastuqui de la buena" en las consejerías, según las palabras de Don Vito. Con ellas siguió contratando hasta que fue desarticulada la trama en 2009.

La acusación sostiene que el cambio de criterio de Correa este lunes al negarse a contestar a sus preguntas avala precisamente la existencia de ese "pacto de no agresión" para no dañar a la actual dirección popular.

Sobre Aznar: "Yo le miraba, él me miraba y me sonreía"

Francisco Correa ha negado que le una amistad con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, o con el expresidente José María Aznar. Del antiguo jefe del Ejecutivo solo ha concedido que "yo le miraba, él me miraba, me sonreía en los mítines y punto".

Tarjeta VIP como los altos dirigentes del PP para no pasar el escáner

No obstante, Correa ha ofrecido nuevos argumentos para explicar que la sede del PP era su "casa", desde la que controlaba la trama del 3% de la que se beneficiaba la formación conservadora. Asegura que "jamás" pasaba por el "escáner" de Génova 13 cuando llevaba el dinero para el partido producto de sus actividades corruptas. Correa ha manifestado que tenía una "tarjeta especial" como la de "los cargos ejecutivos del partido" con la que "directamente entraba con mi coche en el aparcamiento".

El presidente del Tribunal: "Aquí no se está enjuiciando al PP"

El letrado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha intentado ahondar en los contactos que Correa tenía con las altas esferas del Partido Popular en un intento de demostrar que el entonces gerente del partido no era necesario para el organigrama dirigido por Don Vito. Al insistir sobre las relaciones con el PP, el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, le ha interrumpido para decirle que "aquí no se está enjuiciando al Partido Popular".

Es cierto que no existe una causa penal contra el PP en este juicio, pero sí está sentado en el banquillo por haberse lucrado, supuestamente, con los delitos cometidos por la trama en más de 245.000 euros. Hurtado ya tildó de "secundaria y colateral" la acusación contra el PP en este juicio, cuando se opuso a la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

El tribunal rechaza que testifiquen los exministros por la trama del 3%

El abogado de Bárcenas había pedido la declaración como testigos de quienes fueron ministros de Fomento y Medio Ambiente en el periodo en el que según Correa se desarrolló la trama del 3% a cambio de adjudicación de obra pública, y que son Jaume Matas, Rafael Arias Salgado, Elvira Rodríguez, y también los empresarios Florentino Pérez y Villar Mir, presidentes de las sociedades ACS y OHL, que participaron en los hechos según Correa. El letrado del Partido Socialista valenciano, Virgilio Latorre, añadió que no podían ser llamados como testigos porque supuestamente estuvieron involucrados en hechos delictivos, pero sí debía abrirse una "causa suplementaria" al encontrarnos ante el "elemento nuclear" de este caso.

No obstante, el tribunal ha rechazado la petición a propuesta de la Fiscalía, que calificaba de poco concretas las acusaciones de Correa en esta trama del tres por ciento. Falta de concreción de la que es responsable la propia Fiscalía, que no preguntó cuando el líder de la Gürtel reveló estos hechos.

Por cierto, Correa ha desvelado el nombre de otra empresa, Degremont, que según sus palabras, actuó como ACS y OHL, y pagó las comisiones de éxito del tres por ciento por obra adjudicada de las que se beneficiaban el PP, Bárcenas y el propio Correa. ACS y OHL han negado en sendos comunicados las acusaciones de Francisco Correa.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/16/tribunales/1476637289_453460.html

LA CONFESIÓN DE CORREA SEÑALA AL RAJOY VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SECRETARIO GENERAL DEL PP

El actual líder del PP era vicepresidente del Gobierno en el que, según Correa, se amañaron los contratos para cobrar comisiones de entre el 2% y el 3%

Rajoy aparece en Los Papeles de Bárcenas como perceptor de sobresueldos en el año 2000 que salían de esa caja B que se nutría de las mordidas de las constructoras

El presidente en funciones fue también el jefe de la campaña del año 2000 cuyos mítines, viajes y convenciones organizaba Correa

La dirección del PP se apresuró a celebrar el jueves, antes incluso de que Francisco Correa completase su primer día de declaración, que todo lo contado era viejo, que el partido había pasado página y que ninguno de los dirigentes involucrados por el procesado en la trama están ya bajo el paraguas de sus siglas.

La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, puso voz ese día al argumentario: “Hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y todos, pero especialmente los que militamos en el Partido Popular, lo que esperamos es que se diriman de una vez las responsabilidades penales”.

Desde entonces otros dirigentes han repetido ese mantra. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a sacudirse este viernes del escándalo, alegando que se juzgan "hechos de los 90". El viceportavoz Pablo Casado ya se había quitado de en medio en el inicio de semana: "Yo estaba en COU".

Esa es la estrategia del Partido Popular: hacer ver que Correa, el fontanero que “vivía en Génova” hasta 2004 pero que luego siguió haciendo negocios con el partido en Valencia y Madrid, el tipo para todo que organizaba mítines, convenciones, campañas y viajes, incluso para el presidente José María Aznar, el testigo de boda de su hija Ana con Alejandro Agag en El Escorial, forma parte del pleistoceno de la política. Que no tiene nada que ver ni con el PP ni con su líder, Mariano Rajoy.

Por si acaso, el abogado del partido, señalado por el escrito de la Fiscalía como beneficiario a título lucrativo de la trama, se ha sumado a la estrategia del resto de presuntos para intentar invalidar el juicio.

La tesis de que esto no afecta al PP actual explota solo una parte de lo contado por el propio Correa estos días en el edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares: que su red dejó de trabajar con el partido cuando Rajoy tomó las riendas de Génova 13 porque con el nuevo presidente "no había química".

Pero la principal revelación en las más de 10 horas de interrogatorio del principal imputado de Gürtel implica políticamente en el escándalo a su actual líder y presidente en funciones, Mariano Rajoy, que ahora opta a la reelección.

La clave de la declaración por entregas de Correa es su explicación del procedimiento que le llevó a acumular 21 millones de euros en Suiza. Correa contó durante el interrogatorio de la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, que el dinero proviene de las comisiones del "2 o el 3%" que determinadas constructoras le pagaron a él por lograr obras públicas que adjudicaba el Gobierno de José María Aznar, (en cuyo Consejo de Ministros estaba sentado Mariano Rajoy).

Al entrar en detalles, explicó que esas mordidas las había entregado él al tesorero del partido Luis Bárcenas y a Génova. Estas fueron sus palabras exactas: " Venía un empresario nos daba la licitación a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, yo se la pasaba a Luis Bárcenas que la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje del 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova".

Por si había alguna duda, en otro pasaje del interrogatorio Correa aseguró que el dinero iba al Partido Popular: "Yo no sé la cantidad que he llevado al Partido Popular correspondiente a haber gestionado obras, puede ser que hayan sido 1.000 [millones de pesetas, la cifra que dijo haber llevado a Bárcenas a su casa en una de las grabaciones que dieron origen al caso] o hayan sido más o hayan sido menos [...] no niego que haya sido así, pueden haber sido 1.000, 2.000 [millones de pesetas]". "Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes obras".

Esa fue la bomba de su primer día de interrogatorio. Para el segundo se reservó otros dos anuncios: que los contratos amañados tenían su origen en los ministerios de Fomento (era obvio, las obras del AVE nacieron ahí) y Medio Ambiente. Y que gracias a esos sobornos obtuvieron contratos las constructoras OHL, Dragados y ACS.

Esas constructoras tardaron sólo minutos en anunciar querellas contra Correa, algo que no ha hecho nadie del Gobierno de Aznar, el señalado por amañar los contratos y en cuyo Consejo de Ministros se sentó Mariano Rajoy, entre 1996 y 2000 como ministro, y los cuatro años siguientes ya como vicepresidente.

Antes de empezase a cantar el jueves, uno de los constructores beneficiados, Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y procesado también en Gürtel I, que se adjudicó contratos con el último Gobierno de Aznar por 703 millones de euros, ya se había ablandado ante el tribunal.

Desde el banquillo, ratificó el escrito remitido previamente a la Fiscalía en el que reconocía pagos de 1,3 millones a políticos del PP para conseguir adjudicaciones en el municipio de Boadilla. Sentado en el banquillo dijo algo más: aclaró que algunas de las entregas que hizo a Correa eran para los "organismos centrales" del partido.

Si se cruzan estas declaraciones con los Papeles de Barcenas, la contabilidad B del PP, cuya autenticidad ha certificado el extesorero, sale que Constructora Hispánica realizó donaciones al PP por 150.000 euros entre 2000 y 2006. En esas mismas anotaciones a mano de Bárcenas que destaparon la caja B del partido, figura también OHL, la firma de Villar Mir, y en el apartado de Galicia figuran además supuestas aportaciones de ACS. Son las constructoras que, según declaró Correa el viernes, pagaban mordidas a cambio de contratos millonarios.

Bárcenas también había contado cuando declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores de esta causa, que al tanto de la caja B estuvieron "todos los secretarios generales del PP". Rajoy ocupó ese cargo en 2003 y 2004, y según los propios cuadernos de Bárcenas desde el año 2000 aparece como uno de los vicesecretarios perceptor de sobresueldos trimestrales que salían de esa contabilidad paralela. De la caja B a la que iban a parar los sobornos que los adjudicatarios de obra pública pagaban a Correa y Bárcenas.

Pese a la gravedad de las revelaciones acerca de los Gobiernos de Aznar, donde Rajoy tuvo un papel muy destacado y llegó a ser número dos, nada de lo contado por Correa sobre el amaño de esas obras en los ministerios va a tener efecto sobre esta causa, que juzga adjudicaciones manipuladas en distintas administraciones de Madrid, Castilla León y Andalucía. Y el plazo de prescripción de los delitos que Correa insinúa que se pudieron cometer a principios de los años 2000 hace muy improbable la apertura de otra pieza separada por las adjudicaciones del Gobierno de Aznar: la malversación de fondos públicos grave caduca a los 15 años, igual que el cohecho.

http://m.eldiario.es/politica/Correa-Rajoy-vicepresidente-Gobierno-PP_0_569393851.html

CORREA GOLPEA AL PP AL CONFESAR QUE EL COBRO DEL 3% EN MORDIDAS ERA UNA “PRÁCTICA” HABITUAL

Tras siete años de silencio, el jefe de la trama Gürtel confiesa que llevó durante años a la sede nacional del PP en la calle Génova las comisiones, "el 2 o el 3%", pagadas por adjudicatarios de obra pública

El acusado explica la mecánica: ante una empresa interesada en una licitación, Bárcenas hacía gestiones "con el correspondiente ministerio", el adjudicatario pagaba luego la mordida y él, que se reservaba una parte, entregaba al partido el porcentaje pactado

Tras siete años de silencio, casi cuatro de ellos en prisión, Francisco Correa asestó ayer al PP un golpe monumental en el primer macrojuicio de Gürtel. El considerado jefe de la trama Gürtel, papel que él mismo vindicó a lo largo de una declaración de casi siete horas que proseguirá hoy viernes, lanzó casi al final de la tarde el misil: el cobro de mordidas de entre el 2% y el 3% a empresarios interesados en obtener contratos públicos -dijo- fue "la práctica" durante años.

Correa, para quien la Fiscalía pide 125 años de cárcel por varios graves delitos de corrupción y que busca obtener una condena más benévola a cambio de su confesión, ya había aportado por la mañana el primer dato inquietante para el PP desde el punto de vista político más que penal: que en 1996, tras la llegada de José María Aznar a la Moncloa, él mismo acordó con Luis Bárcenas conseguir adjudicaciones para empresarios que luego iban "a colaborar con el partido". Ya en ese momento Correa reconoció que había pagado actos electorales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid) en las elecciones de 2003. Y que en Valencia había facturado a constructores por servicios en realidad prestados al PP.

Fue en ese marco donde encajó la declaración más ilustrativa sobre la simbiosis entre la trama Gürtel y el PP: "Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho, era mi casa", dijo.

Por la tarde, Correa lanzó la munición definitiva con las siguientes palabras: "Yo no sé la cantidad de dinero exacta que le he llevado al Partido Popular correspondiente a esas gestiones de haber gestionado [la adjudicación amañada de] obras , puede que hayan sido 1.000 millones [de pesetas] o que haya sido más o menos. No lo he contabilizado, puede que fueran 1.000 o 500 o 2.000".

Pero lo que es cierto -agregó tras espetar a la fiscal Concepción Sabadell que no se quedara con el detalle de los 1.000 millones sino con el concepto- es que eso era lo habitual: "Lo que es cierto es la práctica", fueron sus palabras textuales. ¿Qué tipo de adjudicaciones eran aquellas?, inquirió ahora Sabadell. "Carreteras, autopistas, obras del AVE, de medio ambiente, eran diferentes obras", respondió el acusado antes de explicar cuál era la mecánica: el empresario en cuestión le comunicaba que estaba interesado en obtener una licitación, "Luis Bárcenas gestionaba con el correspondiente ministerio, el empresario pagaba el 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova". "A veces lo he entregado en Génova y a veces en su casa", agregó. El receptor del dinero –asegura Correa– siempre era Bárcenas.

Cuando disparó, Correa estaba respondiendo a una pregunta de Sabadell sobre una de las grabaciones subrepticias que hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas y terminó poniendo en manos de Anticorrupción. Es en esa charla, donde Correa se jacta de haber llevado 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas a Génova por obras de la etapa de Cascos. Este jueves, Correa minimizó por completo lo que se oye en esa charla en relación a cómo él mismo sabía dónde ocultaba Cascos el dinero. Aquello, dijo el acusado, fue un calentón propio de quien se ha tomado una copa de vino.

El acusado no dio detalles sobre qué empresarios pagaron ese "2 o 3%% de comisión ni la Fiscalía se lo preguntó, aunque el interrogatorio continuará hoy viernes. Distintas fuentes sostienen que además de a la Fiscalía y a su defensa responderá también, como mínimo, a una de las tres acusaciones populares: la ejercida por los socialistas valencianos.

La pomada del PP y la falta de química con Rajoy

Correa, que durante la sesión nombró varias veces a Aznar como de pasada y describió a su yerno, Alejandro Agag, como alguien que había sido su "íntimo amigo", se ocupó de remarcar que la relación de la trama con el PP nacional acabó "en 2004 o 2005". ¿Por qué motivo?, interrogó la fiscal. El acusado contestó así: "Porque trabajábamos con todo el equipo de Aznar, nombran presidente del partido a Rajoy y creo que Pablo Crespo [que fue secretario de organización del PP gallego y a quien se lo había presentado el ya fallecido Xosé Cuiña, dijo] no tenía una muy buena relación con Rajoy en Galicia, no había una química. Luego iniciamos una actividad en Valencia".

De Rajoy,director de las campañas electorales en 1996 y 2000 como vicesecretario de organización, secretario general del partido entre 2003 y 2004 y miembro de los sucesivos gobiernos de Aznar, Correa no dijo nada más. Sí añadió en cambio algo, deslizado como dato casual, que refuerza su propio relato sobre la vinculación de Gürtel con la etapa del aznarismo, etapa que la mayor parte de los juristas conocedores del caso Gürtel entienden prescrita desde el punto de vista penal.

Ocurrió tras la audición de una conversación intervenida por la Policía y en la que el jefe de la red corrupta charlaba con el exconsejero madrileño de Inmigración, el también acusado Carlos Clemente. El tono de la charla y lo que Correa vino a considerar algo así como normalidad empresarial entre los dos interlocutores le hizo exclamar que acababa de tener "un subidón" de alegría. Y que escucharlo le corroboraba en la idea de que la operación policial lanzada por Baltasar Garzón en febrero de 2009 carecía en su opinión de sentido. "Me lo podía haber esperado en 2003, 2004, cuando estaba en la pomada del PP", afirmó.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/14/correa_golpea_confesar_que_cobro_del_mordidas_era_una_quot_practica_quot_habitual_56185_1012.html

COMPAÑÍAS COMO OHL, ACS Y DRAGADOS PAGARON ‘MORDIDAS’ A CAMBIO DE CONTRATOS, SEGÚN CORREA

El líder de Gürtel entregaba las licitaciones a Luis Bárcenas. Las obras irregulares procedían de “diversos” ministerios, como Fomento y Medio Ambiente.

El cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que “grandes compañías, grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados” pagaron mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas de “diversos” ministerios.

Los ministerios que accedieron a realizar estos supuestos contratos irregulares fueron “diversos: Fomento, Medio Ambiente…”, ha explicado.

“Son pagos por éxitos”, ha destacado Correa. Las empresas les pagaban la comisión acordada, el líder de la Gürtel se quedaba una parte “y el resto se llevaba Luis Bárcenas”.

Interrogado por la fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, Correa ha admitido que su socio Plácido Vázquez era quien hablaba con dichas empresas. Le venía con la licitación de las grandes empresas y le decía: “Oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra a ver si me la puedes gestionar....”

La Fiscal ha preguntado cuánto tiempo duraron estos cobros de cohechos y Correa ha asegurado que fue “durante tres o cuatro años”.

Sabadell ha preguntado entonces si esos años coinciden con el mismo periodo que el que dijo ayer, cuando Correa aseguró que trabajó con el Partido Popular a nivel nacional hasta que llegó Mariano Rajoy. El líder de Gürtel ha respondido afirmativamente.

Y no ha habido más preguntas de la Fiscalía Anticorrupción sobre estos manejos con las grandes empresas por mediación de Bárcenas en la sede nacional de Génova, donde Correa llevaba sus sobres con las comisiones en metálico.

La fiscal Sabadell ha girado su interrogatorio hacia sus negocios con Jesús Sepúlveda, en concreto sobre el supuesto sueldo que pagaba al entonces marido de la exministra Ana Mato.

Alianza con Bárcenas

Las comisiones que cobraban a las grandes empresas eran del 2 y 3% que él repartía con el tesorero del PP, quien se encargaba de gestionar la adjudicación “con el correspondiente ministerio”, según reconoció Correa en la sesión de este jueves.

El líder de la trama llevaba el dinero de la mordida a Bárcenas “a Génova o su casa”, en relación con la calle donde está situada la sede central de dicho partido en Madrid.

"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", aclaró Correa quien admitió que intervino en la concesión “de muchas obras, ni en diez, ni en veinte, ni en treinta, en muchísimas obras".

"Venía un empresario, nos daba una licitación, nos decía qué quería conseguir y nosotros mediábamos", explicó al tribunal en la sesión de ayer jueves.

La alianza con Luis Bárcenas la sitúa en 1996, cuando el tesorero le explicó: “Tú tienes contactos con empresarios y yo con políticos, vamos a intentar hacer gestiones para cuando salgan los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido”.

http://m.publico.es/politica/1975243/companias-como-ohl-acs-y-dragados-pagaron-mordidas-a-cambio-de-contratos-segun-correa

EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO DICE QUE PARTE DE LAS COMISIONES ILEGALES QUE PAGÓ SE ENTREGARON A BÁRCENAS

Declara en el juicio de la Gürtel que Francisco Correa le confesó en una ocasión que las mordidas iban a parar a manos del extesorero del PP

Su objetivo es conseguir una rebaja en la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho que pide para él la Fiscalía Anticorrupción

El empresario y expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo ha reconocido este martes los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción en la vista en la que se le juzga junto a otros 36 acusados de participar en la primera época de la trama Gürtel. Además, ha apuntado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le confesó en una ocasión que parte del dinero que abonó en concepto de comisiones irregulares iba a parar a manos del extesorero del PP Luis Bárcenas.

García-Pozuelo, que sólo ha respondido a las preguntas formuladas por la fiscal Concepción Sabadell, ha ratificado el escrito en el que mostraba su arrepentimiento y que presentó en la Audiencia Nacional hace más de un año.

Su objetivo, conseguir una rebaja en la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho que pide para él la Fiscalía Anticorrupción. Así, el contructor ha reconocido ante el tribunal que abonó comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde del también procesado Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.

Según Anticorrupción, Sepúlveda percibió "como mínimo" 668.391 euros, parte de ellos en viajes y otros servicios. También recibió regalos destinados a sus hijos y a la que entonces era su mujer, Ana Mato, y se benefició de la organización de cumpleaños de los menores y una comunión.

Constructora Hispánica obtuvo la adjudicación en 2008 del proyecto de remodelación y acondicionamiento del camino de las Huertas y también de parte de la operación Asfalto de 2004. Por la primera adjudicación, García Pozuelo pagó a Correa una comisión de 49.591 euros, correspondiente al 3 por ciento del contrato, y por la segunda de 15.900 euros.

Anticorrupción también refleja en su escrito de acusación provisional que parte de los fondos entregados por García Pozuelo se "repartieron", presuntamente a cambio de otras adjudicaciones. Así en febrero de 2002, el empresario entregó 925.560 euros, de los que 270.000 euros fueron para Luis Bárcenas, 90.150 para el exdiputado del PP Jesús Merino y 471.245 euros para Correa. En diciembre de 2003, la entrega fue de un total de 600.000, que se repartieron entre Bárcenas (330.000) y Correa (270.000), precisó Anticorrupción.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/11/el_constructor_garcia_pozuelo_dice_que_parte_las_comisiones_ilegales_que_pago_entregaron_barcenas_56040_1012.htm
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