CASO GÜRTEL
: PS UDEF-BLA INFORME 22510/13. CAJA B Y LA REFORMA DE GÉNOVA 13
CASO GÜRTEL
LAS NOTICIAS
31.10.21
LA AUDIENCIA NACIONAL CONSIDERA PROBADO QUE EL PP PAGÓ EN NEGRO LA OBRA DE LA SEDE DE GÉNOVA
LA SENTENCIA AL PP: “EL DINERO [EN B] SE GUARDABA EN UNA CAJA FUERTE EN EL DESPACHO DE BÁRCENAS”
LA JUSTICIA DA YA POR ACREDITADA UNA TREINTENA DE APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
EL TRIBUNAL IMPONE A LAS ACUSACIONES POPULARES PAGAR LA DEFENSA DE UN PP CONDENADO POR LA CAJA B
EL PARTIDO POPULAR SE FINANCIÓ CON DINERO NEGRO (CAPÍTULO TERCERO)
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A LUIS BÁRCENAS Y AL PP POR LA REFORMA DE SU SEDE CON DINERO NEGRO
¿M. RAJOY? EL TRIBUNAL PIDE "CAUTELA" MIENTRAS SE INVESTIGA "EL TESTIMONIO" DE BÁRCENAS
EL JUICIO POR LA CAJA B DEL PP, VISTO PARA SENTENCIA: EL TRIBUNAL
VALORARÁ LA VERACIDAD DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
JUICIO CAJA B. VISTO
PARA SENTENCIA
LA DEFENSA DE BÁRCENAS CULPA A LA OPERACIÓN 'KITCHEN' DE LA DESAPARICIÓN
DE PRUEBAS SOBRE LA CAJA B DEL PP
EL
MUERTO QUE TAMBIÉN PROTAGONIZA EL JUICIO DE LA CAJA B
LA ACUSACIÓN POPULAR: “EL CURSO VITAL POLÍTICO DE AZNAR ESTÁ VINCULADO A LA CAJA B”
EL FISCAL AFIRMA QUE "NO CABE LA MENOR DUDA" DE QUE LA SEDE DEL PP SE PAGÓ EN NEGRO
LA FISCALÍA MANTIENE LA PETICIÓN DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA BÁRCENAS EN EL JUICIO DE LA CAJA B
LA IGAE ACREDITA LOS PAGOS EN NEGRO POR LA SEDE CENTRAL DEL PP
LOS PERITOS DE HACIENDA EXCULPAN AL PP DE FRAUDE FISCAL POR LAS DONACIONES ILEGALES
LA POLICÍA NO PUDO REGISTRAR LA CASA DE BÁRCENAS PORQUE YA ESTABA EN MARCHA EL ESPIONAJE AL TESORERO
LOS PAGOS EN B POR LA SEDE CENTRAL DEL PP SUPERAN LOS 1,5 MILLONES CERTIFICADOS POR LA INSTRUCCIÓN
DIOS NOS LIBRE DE LA UDEF
LA UDEF RATIFICA QUE LA CAJA B ERA DEL PP Y QUE LOS APUNTES DE BÁRCENAS SON "REALES"
EL POLICÍA DE LA CAJA B DECLARA QUE EL GOBIERNO DEL PP USÓ CONTRA ÉL A ASUNTOS INTERNOS: "BUSCABAN DOBLEGARNOS"
LOS ASESORES FISCALES DE LA EMPRESA QUE REFORMÓ LA SEDE DEL PP IGNORAN EL ORIGEN DE LA FORTUNA QUE SUS DUEÑOS OCULTABAN EN EL EXTRANJERO
UN EMPRESARIO ADMITE UNA ENTREGA DE DINERO AL PP REFLEJADA EN ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
UNA TRITURADORA DE LA VERDAD EN 11 SESIONES
BÁRCENAS SIGUE SIENDO UN VILLANO PARA EL ANTIGUO PP: "LOS PAPELES SON SUYOS Y LA CAJA B, TAMBIÉN"
EL DIRECTOR DE EL PAÍS DETALLA CÓMO SE COMPROBÓ LA VERACIDAD DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
PALABRA DE EXPRESIDENTES: AZNAR Y RAJOY ENMIENDAN AL SUPREMO Y MANTIENEN QUE NO HABÍA CAJA B EN EL PP
DOS EXDIPUTADOS MÁS DEL PP CONFIRMAN EN EL JUICIO LOS APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
ARENAS NIEGA EL COBRO DE SOBRESUELDOS DE LA 'CAJA B' DEL PP: "NO SOY EL ÚNICO JAVIER"
CASCOS, ARENAS Y COSPEDAL SE ENROCAN EN NEGAR LA CAJA B DEL PP PESE A LAS EVIDENCIAS
LAS ACUSACIONES NO TIENEN SU DÍA
EL DIRECTOR DE EL PAÍS DETALLA CÓMO SE COMPROBÓ LA VERACIDAD DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
COSPEDAL: "SI HABÍA CAJA B ERA DE BÁRCENAS, NO DEL PP"
DOS EXDIPUTADOS MÁS DEL PP CONFIRMAN EN EL JUICIO LOS APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
AZNAR DECLARARÁ POR VIDEOCONFERENCIA EN EL JUICIO DE LA CAJA B DEL PP
JOSÉ MARÍA AZNAR Y MARIANO RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO A BÁRCENAS EL 24 DE MARZO
EL EX SENADOR DEL PP LUIS FRAGA CONVIERTE 'LOS PAPELES DE BÁRCENAS' EN "LOS PAPELES DE GÉNOVA"
LUIS BÁRCENAS. TODOPODEROSO, SOLITARIO Y DISTANTE
EL EXDIPUTADO DEL PP JORGE TRÍAS, EN EL JUICIO DE LA CAJA B: “AHORA RESULTA QUE NADIE SABÍA NADA”
LOS VIEJOS FANTASMAS DE GÉNOVA 13
GONZALO URQUIJO: TUTEO AL ESTADO
BÁRCENAS ACUSA A TODOS LOS LÍDERES DEL PP HASTA 2008 DE CONOCER LA CAJA B
EL PP PACTÓ CON BÁRCENAS EN 2016 PARA TRATAR DE APARTAR AL JUEZ DE PRADA DE LA GÜRTEL
BÁRCENAS SE JUEGA CON LA CAJA B DEL PP SU SEMILIBERTAD TRAS CUATRO AÑOS EN PRISIÓN
LUIS BÁRCENAS VUELVE A LA CALLE GÉNOVA
BÉNITEZ DE LUGO: “BÁRCENAS SOLO HA MOVIDO UN POCO LA MANTA, PERO NO HA TIRADO DE ELLA”
EL ABOGADO DEL PP SE REUNIÓ CON UN CONTACTO DE BÁRCENAS TRAS MEDIAR
ENRIQUE LÓPEZ
EL CIRCO POLÍTICO DE LA CAJA B
EL EXTESORERO LUIS BÁRCENAS PIDE UN CARA A CARA CON RAJOY SOBRE LA CAJA B DEL PP
BÁRCENAS RETA A RAJOY EN EL ARRANQUE DEL JUICIO Y COMPLICA LA AGENDA DEL PP
JUICIO A LA CAJA B DEL PP EL CASO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
MISTERIOS, VERDADES Y DELITOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’
EL JUICIO A VEINTE AÑOS DE TRAMPAS DEL PP IRRUMPE EN LOS PLANES DE
CASADO PARA REFLOTAR EL PARTIDO
LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
BÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ
AGUIRRE
UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B
POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
LUIS BÁRCENAS PODRÁ OPTAR EN FEBRERO A SUS PRIMEROS PERMISOS
PENITENCIARIOS
BÁRCENAS "DOSIFICARÁ" LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE COMO "ESTRATEGIA
PROCESAL"
CASADO SE CONSIDERA A SALVO DEL DESGASTE POR BÁRCENAS Y CREE QUE EL PP
YA HA PAGADO EL COSTE DE LA CORRUPCIÓN
LAS OTRAS CUATRO REUNIONES DE RAJOY QUE PRUEBAN QUE ERA "PERFECTO
CONOCEDOR" DE LA CAJA B
EL PSOE: "VOLVEMOS AL PUNTO DE PARTIDA DE LA CORRUPCIÓN: GÉNOVA 13"
LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE FUERA DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP AL
MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'
RECHAZADO EL INTENTO DEL PP DE REDUCIR A UNA VOZ TODAS LAS ACUSACIONES
POPULARES EN EL JUICIO DE LA CAJA B
EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS
ACUSACIONES POPULARES
LAS 'BOMBAS' CON LAS QUE BÁRCENAS PUEDE PONER EN APRIETOS AL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO TESTIGO A AZNAR EN EL JUICIO DE LA
CAJA B DEL PP
JOSÉ MARÍA AZNAR SERÁ TESTIGO EN EL JUICIO A LA CAJA B DEL PP EN LA
AUDIENCIA
AZNAR Y RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO DE LOS ‘PAPELES DE
BÁRCENAS’
MAYORÍA PROGRESISTA EN EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA 'CAJA B' DEL PP CON SU
NUEVO PRESIDENTE
EL JUEZ QUE RATIFICÓ LA PRISIÓN DE ZAPLANA PRESIDIRÁ EL TRIBUNAL QUE
JUZGARÁ LA ‘CAJA B’ DEL PP
EL JUEZ PROGRESISTA ANDREU SUSTITUYE AL RECUSADO POR EL PP EN EL ‘CASO
BÁRCENAS’
EL PP LOGRA APARTAR DEL ‘CASO BÁRCENAS’ A UN JUEZ QUE CONDENÓ AL PARTIDO
EN GÜRTEL
EL PP LOGRA QUE LA AUDIENCIA APARTE DEL JUICIO DE LOS 'PAPELES DE
BÁRCENAS' AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'
LA AUDIENCIA CRITICA AHORA LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' CON LOS MISMOS
ARGUMENTOS QUE EL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE EL JUEZ DE PRADA INCLUYÓ ARGUMENTOS
INNECESARIOS SOBRE EL PP EN LA SENTENCIA DE LA 'GÜRTEL'
DIEZ JUECES HAN PASADO POR EL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP ANTES DE
EMPEZAR EL JUICIO
BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A
CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019
VÍA LIBRE PARA JUZGAR
LA CAJA B DEL PP
EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL
EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008
EL PP SERÁ DEFINITIVAMENTE JUZGADO COMO RESPONSABLE CIVIL DE LA CAJA B
EL PP INVOCA LA ‘DOCTRINA BOTÍN’ PARA EVITAR EL JUICIO DEL ‘CASO
BÁRCENAS’
EL JUEZ DE LA MATA APRECIA DELITO ELECTORAL EN EL PP POR EL ‘CASO
BÁRCENAS’
EL JUEZ DE LA MATA ABRE JUICIO ORAL POR LA CAJA B DEL PP Y LE RECLAMA
1,2 MILLONES
EL
‘CASO BÁRCENAS’, PASO A PASO: LAS PRUEBAS DEL DELITO
RUZ ACREDITA 18 AÑOS DE CAJA B DEL PP
RUZ DA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE LA CAJA B DEL PP Y CIERRA LA
INVESTIGACIÓN DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
LA AUDIENCIA NACIONAL CONSIDERA PROBADO QUE EL PP PAGÓ EN NEGRO LA OBRA DE LA SEDE DE GÉNOVA
El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas
El pasado de corrupción del PP, condenado ya en 2018 por beneficiarse de la trama Gürtel, vuelve a estallarle al partido conservador, ahora encabezado por Pablo Casado. La Audiencia Nacional ha dictado este jueves una sentencia que impacta de lleno en el corazón de la formación, al considerar probado que pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la madrileña calle Génova, un edificio que la fuerza política aseguró este año que abandonaría, pero de la que aún no se ha marchado. El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”, según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.
Esta resolución inflige un duro golpe a los populares y echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
La terna de jueces que forma el tribunal —José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García— cierra así otro capítulo de corrupción del PP, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Esta nueva sentencia, de 454 páginas, aborda una línea de investigación derivada del caso Gürtel y que se abrió tras la publicación de los papeles de Bárcenas, donde constaban entradas de dinero a nombre de Gonzalo Urquijo, uno de los socios del estudio de arquitectura Unifica. Aún se encuentra en instrucción otra parte de las pesquisas, centrada en las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de Gobiernos populares.
La Audiencia Nacional condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica y le impone una multa de 1,2 millones de euros. Al arquitecto Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García les sentencia a dos años y nueve meses de prisión, y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. El partido conservador debe responder de forma subsidiaria por un importe de 123.669 euros: “No consta que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de comisión de los hechos enjuiciados”.
La Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP, Cristóbal Páez; y Laura Montero, una empleada de Unifica. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García les absuelve del resto de los delitos de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.
En el caso de Bárcenas, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores. Si bien, apunta el tribunal, fueron los registros en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. El tribunal destaca también que el extesorero cayó “en algunas contradicciones en su declaración en el juicio con respecto a las anteriores, dando distintas versiones” de algunos apuntes recogidos en su contabilidad opaca. A Bárcenas también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.
La veracidad de ‘los papeles’
Esta es la tercera sentencia —tras las dictadas por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y el Tribunal Supremo en octubre de 2020, ambas por la primera etapa del caso Gürtel— que da “verosimilitud” a los papeles de Bárcenas como reflejo de una caja b del PP, aunque recalca que “no puede darse validez a la integridad de su contenido” sin tener más pruebas. Los magistrados concluyen que “solo han de considerarse verosímiles las anotaciones o apuntes que se corresponden con hechos y acontecimientos reales acreditados”.
Entre los apuntes que considera reales se encuentran los referidos a las entregas de dinero en metálico a cinco miembros del partido que admitieron durante el juicio o la instrucción de la causa haberlos recibido. Se trata del exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo; el exsenador Luis Fraga; el exconsejero navarro Calixto Ayesa (ya fallecido); el exdiputado Eugenio Nasarre; y el exgerente Cristóbal Páez, que se sentaba en el banquillo y ha resultado absuelto.
A sus testimonios, el tribunal suma los cinco apuntes que recogen pagos en negro a la empresa Unifica que hizo los trabajos de reforma de la sede y una quincena más que reflejan el trasvase de fondos desde la caja b, nutrida con donaciones irregulares de empresarios, a la contabilidad oficial tras fraccionar las cantidades para burlar la ley. Sobre el supuesto desvío de fondos para comprar acciones del medio Libertad Digital, el fallo señala: “una cosa es que esas correlaciones corroboren o doten de verosimilitud a determinados apuntes, y otra distinta es que las operaciones que reflejan tengan trascendencia penal”, recoge la sentencia.
El impuesto de sociedades de 2008
El tribunal descarta condenar al PP por no declarar las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas en el impuesto de sociedades de 2008. Los magistrados aceptan la tesis de defensa del partido, que consideró que las acusaciones populares no estaban legitimadas para sostener esta imputación en solitario —ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo mantenían—. Según las anotaciones contables del extesorero, el PP recibió ese año hasta 17 donaciones por más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros. La sentencia respalda la pretensión del representante legal del partido y deja fuera esta acusación. No obstante, añade que, de lo analizado durante la vista, tampoco se hubiera considerado acreditada la comisión de este delito fiscal.
Para llegar a esta conclusión, los magistrados ponen en valor el testimonio que prestaron durante la vista dos expertos de Hacienda y Margarita García Valdecasas, quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Durante sus declaraciones, estos concluyeron que el PP no cometió ninguna irregularidad. Como hicieron estos peritos durante la vista, los magistrados argumentan ahora en el fallo que ese dinero se trasladó “a la cuenta de donativos oficial, desde donde se atendían gastos de funcionamiento del partido, y al pago de parte de las obras de la sede central, es decir, al objeto y finalidad del partido”, por lo que deben considerarse exentas de tributación dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. El tribunal añade que, además, la cuota supuestamente defraudada era “muy inferior al límite penal”.
LA SENTENCIA AL PP: “EL DINERO [EN B] SE GUARDABA EN UNA CAJA FUERTE EN EL DESPACHO DE BÁRCENAS”
El fallo de la Audiencia Nacional conforma un contundente relato sobre la corrupción en el seno del partido
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, que considera probado que el partido pagó la obra de su sede con dinero negro, destroza la línea argumental desplegada como defensa por la formación en la última década. Los jueces no solo consideran probada la contabilidad paralela, que el Tribunal Supremo ya dio por acreditada en 2020, sino que ahora ahondan en cómo se nutrieron estas cuentas opacas con donaciones privadas entregadas al partido. A lo largo de sus 454 páginas, los magistrados describen detalladamente un funcionamiento irregular con frases de enorme contundencia.
“Acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada“. “En el periodo en que Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b), de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”, arranca el relato de hechos probados de la Audiencia Nacional, que añade: “El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones, así como de los gastos, lo llevaba Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel, que es a lo que se ha llamado papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS en 2013.
Estos documentos “no contenían un registro sistemático de entradas y salidas, y adolecían de diversos errores de saldo, así como saldos negativos en los que generalmente faltaba dinero”, prosigue el fallo. “Si bien, reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede central de la referida formación política en la calle Génova 13 de Madrid”. “El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas”.
“Fondos b”. Los jueces inciden también en que, del análisis de la salida de dinero de “dichos fondos b, ha quedado acreditado que en 2007 (25 de abril) se abonó a Cristóbal Páez, adjunto a la Gerencia [y que ha resultado absuelto], el importe de 6.000 euros como complemento de sueldo. En 2008, se destinaron 888.000 euros a la remodelación de la sede del partido en Madrid, y se abonaron [otros] 6.000 euros a Páez; y otros 6.000 euros como compensación económica por gastos de campaña de las elecciones generales a las que Luis Fraga, [sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga], se presentaba como senador”.
“Se ha practicado prueba suficiente que corrobora la realidad de estos pagos en b, no facturados ni contabilizados, lo que resulta de la documental intervenida en Unifica, tanto en formato papel como digital, como de la requerida y aportada por el PP”, añade la resolución.
“Común acuerdo”. El tribunal detalla el pacto que sellaron los condenados para abonar en negro parte de la reforma. “Se convino de común acuerdo por Bárcenas, como gerente de PP, y Gonzalo Urquijo, en representación de Unifica [la empresa que llevó a cabo la reforma], que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos b que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8%, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. “[Un] acuerdo conocido y aceptado por la socia y también administradora mancomunada de dicha sociedad, Belén García”.
El fallo prosigue así: “De este modo, en la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas figuraron únicamente las cantidades correspondientes a las facturas emitidas por Unifica de 2005 a 2011, ocultándose al control y la fiscalización la totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de remodelación al margen de la facturación y contabilización oficial, y con fondos en metálico que fueron satisfechos a Unifica [...], lo que a su vez le permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en b, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”. “[Hubo] un ahorro en el precio para el cliente (PP) y un ahorro fiscal para el prestador de servicios (Unifica) sobre esos ingresos obtenidos de manera clandestina (no declarados), tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA”, remacha el escrito de los magistrados.
“Doble sistema de pagos”. El PP no era el único que tenía una caja b. También la empresa de reformas a la que contrató. “Unifica, al menos desde 2005, operaba una estrategia y dinámica empresarial, puesta en marcha por sus dos socios y administradores mancomunados, Urquijo y García, con finalidad defraudatoria a la Hacienda Pública, dentro de la cual se enmarcarían los cobros de parte de los trabajos realizados para el PP en 2006, 2007 y 2008, en los términos antes detallados (doble sistema de pagos en a y en b), pero que lejos de quedar circunscrita a las operaciones previamente examinadas, se extendería al funcionamiento interno de la mercantil y a las operaciones comerciales realizadas con otras empresas”, sentencia el tribunal
“Colaboración real, activa y eficaz”. La sentencia considerada que ha “quedado acreditada la colaboración real, activa y eficaz [de Bárcenas] para el mejor esclarecimiento de los hechos y sus autores”. “La cual tuvo su inicio con su declaración como imputado el 15 de julio de 2013, en la que además de aportar la documentación original en papel e informática con las anotaciones de ingresos y pagos conocida como papeles de Bárcenas, hizo un relato detallado y completo de la llevanza de la contabilidad b y de la aplicación de tales fondos —entre otros, al pago de parte de las obras de reforma de la sede del PP—”. “[Colaboración] que [el extesorero] mantuvo hasta el juicio oral; donde, ratificando un escrito presentado unos días antes de su comienzo, vino a reconocer los hechos esenciales objeto de enjuiciamiento”.
LA JUSTICIA DA YA POR ACREDITADA UNA TREINTENA DE APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
La Audiencia Nacional reconoce la “veracidad” de los documentos desvelados por EL PAÍS en
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, dictada el pasado jueves y que considera probado que se pagó en negro la obra de la sede nacional del partido en la calle Génova, entra de lleno en el análisis de los papeles de Bárcenas. La contabilidad paralela que llevaba el extesorero Luis Bárcenas, desvelada por EL PAÍS en enero de 2013, fue una prueba clave en la vista oral que ha acabado con una nueva condena al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos de su antiguo responsable financiero, que abonó en b más de un millón de euros para reformar el edificio. El tribunal reconoce la “veracidad” de esta documentación en su conjunto, señala a Bárcenas como el “autor de las anotaciones manuscritas” y da por acreditados ya más de una treintena de los apuntes de la contabilidad paralela —los investigadores dan por confirmados, por su parte, más de medio centenar de los casi 500—. Son registros “reales o verosímiles”, dicen los jueces, que describen cómo han podido corroborarlos a través de otras pruebas.
Los magistrados encargados de juzgar esta parte del caso Gürtel recuerdan que no pueden entrar a valorar todas las anotaciones recogidas en los papeles de Bárcenas, ya que una parte aún se encuentra en instrucción en la Audiencia Nacional —todas las relativas a las supuestas donaciones entregadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas— y otra parte no fue objeto de la vista oral —como los presuntos sobresueldos a las antiguas cúpulas del partido—.
Cuenta de donativos. Los jueces de la caja b consideran acreditadas 15 salidas de dinero reflejadas por Bárcenas en la contabilidad paralela que acabaron en las cuentas de donaciones del partido. 14 de esos movimientos se produjeron entre 2003 y 2007 por valor de más de 1,2 millones de euros: la formación sacaba esas cantidades y las ingresaba de forma fraccionada en sus cuentas bancarias oficiales.
El apunte número 15 se produjo el 31 de marzo de 2008, cuando el extesorero escribe una salida de fondos de 60.000 euros bajo el concepto de “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”. Ese mismo día, Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, abona esa misma cantidad con un talón en la cuenta de donativos nominativos del PP.
Perceptores. Los magistrados también otorgan absoluta credibilidad a los apuntes sobre salidas de dinero que han reconocido sus perceptores. El tribunal detalla que el exdiputado Eugenio Nasarre recibió 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia; que al exsenador Luis Fraga se le entregaron dos pagos de 3.000 euros para, según él, compensar gastos electorales; y que al exgerente Cristóbal Páez se le abonaron 6.000 euros en 2007 y 6.000 euros en 2008 tras quejarse de que no le subían el sueldo.
Además, el tribunal considera que el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo recibió dinero de la caja b para hacérselo llegar a terceros. Según los magistrados, este exparlamentario declaró que Bárcenas le dio 500.000 pesetas (3.000 euros) en julio de 2001 para una víctima del terrorismo; y que también le entregaron entre 1991 y 1992 cantidades periódicas —los jueces hablan de al menos 3,9 millones de pesetas (23.439 euros)— para Calixto Ayesa, al que compensaban económicamente porque perdía dinero al dejar su profesión para ocupar un cargo público y aún tenía que afrontar una deuda de la época de UCD.
Sin embargo, los jueces no se refieren en su fallo al empresario Santiago Lago Bornstein, que contó en el juicio cómo participó en una aportación de diez millones de pesetas a la caja b el 24 de enero de 1997. Además, en la sentencia de 2018 sobre Época I, la trama principal de Gürtel, la Audiencia dio credibilidad al testimonio de Santiago Abascal Escuza, exconcejal vasco del PP y padre del líder de Vox, que antes de morir explicó que en 1999 recibió 12.000 euros tras sufrir un ataque con cócteles molotov en su comercio.
Empresas. La sentencia de esta semana da por probados otros cinco apuntes sobre salidas de fondos de la caja b entre 2006 y 2008 para pagar a la empresa Unifica la obra de Génova, que suman más de un millón de euros. Además, considera acreditada la anotación que refleja cómo Bárcenas sacó 139.700 euros para dárselos a Lapuerta para comprar acciones de Libertad Digital. En Época I, el tribunal también dio por probado que Bárcenas sustrajo otros 149.600 euros de la caja b para adquirir acciones de ese mismo medio a nombre de su esposa.
EL TRIBUNAL IMPONE A LAS ACUSACIONES POPULARES PAGAR LA DEFENSA DE UN PP CONDENADO POR LA CAJA B
Los magistrados les atribuyen “mala fe” y estas estudian si recurrir al Supremo
Las cinco acusaciones populares personadas en el juicio recibieron el jueves una de cal y otra de arena. Lograron que la Audiencia sentenciara a Bárcenas y al PP, así como a los dos dueños de la empresa de arquitectura que ejecutó la obra de Génova, Unifica. Pero el tribunal también condenó a las acusaciones populares a pagar las costas de la defensa de la formación conservadora y de uno de los cinco procesados —Laura Montero, trabajadora de Unifica, que resultó absuelta—.
Una decisión de la Audiencia que han recibido con sorpresa las acusaciones populares, que impulsaron con fuerza la investigación de esta derivada del caso Gürtel y cuya iniciativa permitió reabrir la parte de la causa que aún sigue en instrucción, sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de la adjudicación de obra pública.
En su resolución, los magistrados concluyen que estas cinco acusaciones actuaron con “temeridad y mala fe procesal”. En referencia al PP, por ejemplo, el tribunal afirma que pidieron “condenas indemnizatorias” por ejercicios fiscales “prescritos”; y solicitaron penas por delitos sobre los que no estaban “legitimadas” para ejercer la acción en solitario —porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado no veían ahí irregularidades—. Por otra parte, en referencia a Montero, a la que el ministerio público y la Abogacía del Estado no atribuían ningún delito, los magistrados insisten en que las acusaciones populares mantuvieron hasta el final peticiones de penas “exacerbadas”, de hasta 19 años de prisión, aunque en la última fase de la vista oral todas decidieron retirarlas.
Pese a ello, el tribunal condena a las cinco acusaciones a pagar de forma “proporcional” el coste de la defensa del PP, pese a que este ha acabado sentenciado como responsable civil subsidiario a abonar 123.669 euros; y la de Laura Montero. Entre las acusaciones populares se encuentran IU; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), vinculada al PSOE; y el Observatori DESC, representada por el abogado Gonzalo Boye, letrado también del expresidente catalán Carles Puigdemont. Estas estudian ahora si recurren al Tribunal Supremo, según confirman diferentes fuentes jurídicas.
Fuentes de IU detallan que su intención es recurrir la decisión de que tengan que pagar los abogados del PP, pero que aún estudian si harán lo mismo respecto a los gastos derivados de la defensa de Montero. Boye apunta que pedirá a los jueces una aclaración de sentencia, ya que Desc intentó retirar al inicio del juicio la acusación contra Montero, “pero lo rechazó la Sala”, así que “lo hicimos en la fase de conclusiones nuevamente”.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que llega después de que el Gobierno impulsara el pasado año una reforma para impedir a partidos y sindicatos ejercer la acusación popular, se encuentra mucho más cerca de las pretensiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. Aun así, todos solicitaban penas mayores que las impuestas finalmente por el tribunal. Para Bárcenas, sentenciado a dos años de cárcel, la Fiscalía planteaba cinco años de prisión; y la Abogacía, tres años. Para los dueños de Unifica, condenados a dos años y nueve meses, el ministerio público pedía tres años y 10 meses; y la Abogacía, cinco años y nueve meses. Y para Cristóbal Páez, exgerente del PP y que ha resultado absuelto, la Fiscalía solicitaba 18 meses de prisión, y la Abogacía, un año.
EL PARTIDO POPULAR SE FINANCIÓ CON DINERO NEGRO (CAPÍTULO TERCERO)
La sentencia de la Audiencia Nacional ratifica por tercera vez la existencia de una “contabilidad paralela” al margen de los registros oficiales y que nunca fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas
Hubo una “contabilidad paralela” en el Partido Popular “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”. La frase forma parte de los hechos probados de la sentencia que, esta semana, ha ratificado la existencia de un sistema de financiación irregular con el que los populares ganaron elecciones generales y autonómicas durante casi dos décadas. En este caso, utilizado por Bárcenas para pagar la reforma de la sede central de la que ahora quiere huir el partido. A pesar de los intentos de Pablo Casado por despojarse de la pesada losa de los sucesivos escándalos de corrupción que afectan a su formación, la verdad judicial se impone de nuevo. Y ya es la tercera vez que un tribunal acredita la existencia de una caja B en el PP.
En la sentencia de este 28 de octubre la Audiencia Nacional confirma que ese dinero, procedente de “donativos” que se recibían “siempre en efectivo”, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho del extesorero Luis Bárcenas, que lo manejaba al margen del departamento de contabilidad y del cajero del partido. Pero los fondos opacos no sólo sirvieron para el enriquecimiento personal del propio Bárcenas, como ya han acreditado otras sentencias. Se utilizaron también para hacer “pagos por las obras de reforma” de la sede central del PP ubicada en la calle Génova de Madrid, amplía ahora el tribunal.
Es decir, que la reforma del que sigue siendo cuartel general de los conservadores se sufragó, en parte, con dinero negro. De hecho, el PP suma por estos hechos otra condena. Esta vez, como responsable civil subsidiario del delito fiscal cometido por Bárcenas al abonar parte de las obras con fondos de la caja B a espaldas de Hacienda. En la sentencia los jueces señalan que no consta que el partido, a través de sus órganos directivos, ejerciera un “control adecuado” sobre la “gestión” de quien era su gerente. Y afirman que sólo adoptó medidas respecto a él y, en general, de auditoría interna tras producirse los hechos. Una auditoría que, además, tampoco afloró ninguna irregularidad.
De esas entradas y salidas de dinero dio cuenta Bárcenas en sus famosos papeles, “unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel”, dice la sentencia. Los magistrados señalan que contienen errores de saldo y no se apuntaban debidamente todas las entregas, pero no tienen duda de su veracidad. "Reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma", subrayan.
De nuevo la verdad judicial choca con los testimonios durante el juicio de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos. Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas.
Además, varios de ellos trazaron un dibujo un tanto inverosímil del funcionamiento de un partido que ha gobernado el país durante tres lustros por mucho que tenga sobre sí desde 2009 la pesada losa de la trama Gürtel. Por ejemplo, Acebes dio a entender que la obra millonaria de la sede de Génova se hizo poco menos que por empeño del entonces tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta.
También fue recurrente la alusión a los estatutos del PP, que convierten al tesorero en un ente autónomo que solo reporta de forma genérica al comité ejecutivo. Es decir, que si se produjo alguna irregularidad, es ajena por completo al resto de dirigentes en virtud de esa normativa interna. No lo ven así los jueces, que en esta última sentencia subrayan que el PP no ejerció un “control adecuado” sobre la “gestión” de quien era su gerente. La resolución también relata cómo se pagó la reforma de la sede: una parte por los canales legales y la otra "con los fondos B" para que tanto el PP como la empresa Unifica se ahorraran dinero al no pagar impuestos.
El muro del “todo es falso” que la mayoría de exdirigentes del PP intentaron levantar durante la vista lo rompieron seis testigos que sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los papeles de Bárcenas. Esa negación absoluta choca también con los indicios acreditados durante ocho años de investigación, con la sentencia de la Audiencia Nacional que dio por probada por primera vez la financiación irregular del partido y que propició la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa y con el fallo posterior del Tribunal Supremo que confirmó esa primera resolución.
"Prueba de cargo"
El sistema de financiación irregular del que se nutrió el PP durante al menos 18 años aparece desde el 14 de octubre de 2020 en una sentencia firme dictada por el Alto Tribunal. "El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'Caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP —sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital", afirmó el Supremo en la resolución que confirmó el fallo previo de la Audiencia Nacional sobre la llamada 'Época I' de la trama Gürtel desarrollada entre 1999 y 2005.
De hecho, los jueces del Supremo aludieron a la existencia de la financiación irregular en varios pasajes de la sentencia. Concretamente donde se les hacía indispensable para atribuir los delitos a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, relacionados con la sustracción de casi 300.000 euros de la citada caja y su evasión y blanqueo en Suiza. Y ratificaron la condena al PP por haberse lucrado con 245.000 euros de la corrupción en campañas electorales de sus delegaciones en Pozuelo y Majadahonda.
El Alto Tribunal únicamente rebatió que no se podía condenar al PP como responsable civil subsidiario de los fondos recibidos por esas delegaciones y al mismo tiempo considerarlo "conocedor y responsable penal". ¿Su explicación? Que la condición de responsable civil a título subsidiario sólo cabe en alguien que se ha beneficiado de un dinero sin haber participado en el delito con el que se originó ni conocerlo.
En su sentencia, la Audiencia Nacional había advertido al PP de que no se sentaba en el banquillo de los acusados porque la legislación vigente en el momento de los hechos no permitía juzgar a un partido político. Pero el Supremo refutó que no podía afirmarse la autoría del PP como “autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”, cuando la posibilidad de que fuera destinatario de sobornos no había sido objeto de acusación. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura presentada por los socialistas se basó "en la mentira". Un año después, otra sentencia judicial quiebra los intentos del partido de Pablo Casado por pasar página de sus escándalos de corrupción. La verdad judicial vuelve a ser rotunda: hubo una “contabilidad paralela” en el PP al margen de la contabilidad oficial y que no fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A LUIS BÁRCENAS Y AL PP POR LA REFORMA DE SU SEDE CON DINERO NEGRO
El tribunal considera al partido de Casado responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impago del impuesto de Sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Impone otros dos años de cárcel a Bárcenas y vuelve a dar por acreditada la "contabilidad paralela" del PP, como ocurriera en el fallo de Gürtel
La Audiencia Nacional ha dictado este jueves la sentencia del segundo gran juicio a dos décadas de irregularidades en el Partido Popular. El fallo recalca la existencia de una caja B en el partido con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid y condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.
La verdad judicial choca, por tanto, con los testimonios en el juicio de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos. Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas. Pero seis testigos sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los manuscritos del extesorero.
El fallo, como ya hiciera la sentencia del juicio de la Primera Época de Gürtel, alude en repetidas ocasiones a la "contabilidad paralela" del Partido Popular, que da por acreditada, así como a los papeles de Bárcenas, las anotaciones manuscritas donde el tesorero de la formación anotaba entradas y salidas del dinero negro procedente de los empresarios. La Sala relata cómo Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
Respecto a la veracidad de los 'papeles de Bárcenas', la ponente, María Fernanda García Pérez, recupera el argumento de la defensa de Unifica –la empresa que realizó las obras– que, en su informe final, aludía que los papeles de Bárcenas no tienen por qué ser todo verdad o todo mentira: “Cabe otra opción, y es que sea verdad alguna anotación”.
El control de los ingresos procedentes de las donaciones, así como de los gastos, dice el fallo, eran anotados por Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas de Excel. Estos papeles, señala la sentencia, no contenían un registro sistemático de entradas y salidas y adolecían de diversos errores de saldo, así como saldos negativos, en los que generalmente faltaba dinero, si bien reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma de la sede central de la referida formación política en la Calle Génova, 13 de Madrid. Este dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas, especifica la sentencia.
Absueltos de los delitos más graves
En la sentencia, de 454 páginas, la Sala condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la Empresa Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares y le impone una multa de 1,2 millones de euros.
El tribunal condena al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones de euros como autores de un delito contra la Hacienda pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por contra, la Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García, los tres quedan absueltos de los delitos más graves de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.
Atenuante para Bárcenas por "colaboración eficaz"
En el caso del extesorero del PP, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien, apunta, fueron los registros practicados en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. Al ex tesorero del PP, también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.
El control de los ingresos procedentes de las donaciones, así como de los gastos, lo llevaba el acusado Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas de Excel, que es a lo que se ha llamado “papeles de Bárcenas”.
Pago de la obra con dinero de la caja B
El fallo explica que en 2005 el PP decidió acometer la remodelación del edificio que albergaba la sede central, para lo que se contrató a Unifica. La gestión de las obras fue asumida por Bárcenas y afectaba a varias plantas, sótanos, garajes y otras dependencias, unos trabajos que se ejecutaron entre 2005 y 2010. Por un lado, se emitían uno o varios presupuestos para las obras de cada planta y, una vez terminada la obra, se emitía la certificación final cuyo importe constituía la base imponible de la factura que recogía las reformas.
De forma paralela a esta dinámica, indica la sentencia, Bárcenas y Urquijo convinieron que “que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos B que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8% del importe de los trabajos abonados con tales fondos, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para UNIFICA en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.
En la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas figuraron únicamente las cantidades correspondientes a las facturas emitidas por Unifica desde el año 2005 a 2011, “ocultándose por el contrario al control y la fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de remodelación al margen de la facturación y contabilidad oficial y con fondos en metálico que fueron satisfechos”. Al mismo tiempo que el PP pagaba con dinero negro, la empresa pudo "ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”.
El PP y la empresa también acordaron simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales elaborando el despacho de arquitectos documentos, tales como certificaciones de obras, facturas y recibís de pago, en los que se omitieron o hicieron constar datos que no se correspondían con la realidad de los hechos. “El importe total de las cantidades abonadas por el acusado Sr. Bárcenas a Unifica por las obras efectuadas en la sede central del PP (c/ Génova, 13 de Madrid), al margen de la facturación y la contabilización oficial, y no declarados a la Hacienda Pública, ascendieron a 1.072.000 euros”, concluye la Audiencia.
El tribunal dedica un apartado a explicar qué hechos ha juzgado y cuáles quedan fuera de la sentencia. "El ámbito de enjuiciamiento queda limitado a determinar los hechos y su relevancia penal en relación a la llevanza y gestión de una contabilidad B para el control interno de las donaciones recibidas por la formación política, la falta de declaración a la Hacienda Pública de las mismas en el impuesto de Sociedades de 2008”, aclara. En este sentido explica que "la procedencia y finalidad de las donaciones" al PP siguen siendo investigadas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, así como que los sobresueldos ya quedaron excluidos de la investigación, por tratarse de posibles delitos fiscales ampliamente prescritos.
La sentencia alude “a determinadas salidas o pagos en B, como son los pagos de parte de las obras de reforma de la sede del partido a Unifica Servicios Integrales SL y la adquisición de acciones de Libertad Digital, ciñéndonos al marco temporal de 2007 y 2008".
Las cinco acusaciones populares en el juicio por la reforma en 'negro' de la sede del PP son condenadas al pago de las costas de la defensa del PP por "temeridad y mala fe". Dice la sentencia que no estaban legitimadas para pedir, sin el apoyo de la Fiscalía, una condena para el PP por un delito fiscal en 2008.
El único reproche sobre el PP que aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional por los usos de la 'caja b' del partido, conocida este jueves, es el referido a la falta de "control adecuado" por parte del comité ejecutivo del PP sobre la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos [2005-2010]. Nada más. Evita la sentencia, rubricada por los magistrados Fernando Andreu, Fernanda García (ponente) y José Antonio Mora, afirmaciones que pongan el foco en el PP, como podría ser esta: "El PP pagó con dinero negro parte de la reforma de su sede, en la calle Génova".
Esta aseveración sobre la conducta moral (e ilícita) del PP se desprende del contenido de la sentencia, pero los magistrados la evitan, afirmando en su lugar que fue Luis Bárcenas el que pagó de esa manera, con fondos en b, las obras de la sede. El extesorero y exgerente del Partido Popular era el principal acusado del manejo de la caja b del PP para pagar parte de esa reforma, mientras que el partido partía en el juicio como responsable civil subsidiario de los delitos por los que fuera condenado su extesorero.
De los quince delitos imputados a Luis Bárcenas en esta pieza separada del caso Gürtel, la Audiencia Nacional solo le condena por uno: delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública. Le absuelve de, entre otros, los delitos de organización criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias, delito continuado contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La sentencia, de 454 folios, condena a Bárcenas a dos años de cárcel por abonar a la empresa Unifica la cantidad de 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública". En el caso del PP, la condena indica que es responsable civil subsidiario de 123.669 euros de Luis Bárcenas por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007. Una cantidad menor a la solicitada por la Fiscalía, 151.652,94 euros, y a la de la Abogacía del Estado (147.225 euros).
La Audiencia Nacional absuelve al PP como responsable civil subsidiario del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008. Y lo hace en base a una limitación de las acusaciones populares, según la sentencia. Los magistrados, después de invocar la doctrina del Tribunal Supremo, rechazan la legitimación de las acusaciones populares para ejercitar la acción penal en delitos fiscales de los que no hayan acusado ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, por lo que descartan el delito fiscal relativo al Impuesto de Sociedades de 2008 del PP y el delito de blanqueo que venía vinculado a este delito.
Las cinco acusaciones populares en este proceso son: la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE); Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), CODA-Ecologistas en Acción y la Federación Los Verdes; Asociación Observatori Drechos Humanos (Desc); la representación de la exdiputada socialista Carmen Ninet; y la del exconcejal socialista en Boadilla del Monte-- localidad madrileña donde se inició la investigación del caso Gürtel-- Pablo Nieto.
Respecto a la limitación recogida en la sentencia sobre la acción de la acusación popular, una de las letradas que representa a una de esas acusaciones muestra su malestar: "Que la acusación popular no pueda reclamar el pago de impuestos y que la Agencia Tributaria fomente la economía sumergida, dando beneficios fiscales, es decir, declarando rentas exentas, me parece grave". Varias acusaciones se plantean un recurso ante el Tribunal Supremo.
La sentencia aclara que en el caso de no haber existido "ese óbice procesal" sobre las acusaciones populares, de la valoración de la prueba practicada en el juicio oral, así como las declaraciones periciales de los funcionarios de la Agencia Tributaria y un perito de la defensa, "no puede considerarse acreditada la comisión de dicho delito fiscal".
La Sala explica que el destino de las donaciones recibidas por el PP "ha sido, conforme a lo acreditado, el traspaso a la cuenta de donativos oficial, desde donde se atendían gastos de funcionamiento del partido, y al pago de parte de las obras de la sede central, es decir, al objeto y finalidad del partido. Por tanto, han de ser consideradas exentas de declaración en el Impuesto de Sociedades de 2008, lo que lleva a concluir en la inexistencia de delito fiscal por la falta de presentación de dicha declaración".
Condena a pagar las costas
El reproche a las acusaciones continúa a lo largo de toda la sentencia, que concluye con la condena a las costas de la defensa del PP. Considera el tribunal que entra "dentro de los parámetros jurisprudenciales de temeridad y mala fe procesal" que justifican la imposición de las costas causadas a la defensa del PP la actuación de las acusaciones populares, "que careciendo de legitimación para ejercitar la acción civil han sostenido pretensiones de condena indemnizatoria en relación a ejercicios fiscales prescritos, como el de 2006 de Unifica, o que no daban cuota de delito, como el de 2008 del PP".
Reprocha la Sala particularmente a Izquierda Unida (IU) haber pedido responsabilidad por el montante de dinero supuestamente entregado por empresarios al PP, "cuando estos hechos se encuentran aún en investigación en el Juzgado Central de Instrucción 5, lo que ha obligado al responsable civil subsidiario PP en particular a realizar una defensa amplia en alegaciones y prueba innecesaria respecto a hechos que o no eran delito o estaban prescritos o no podían ser objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".
"Por lo expuesto, se condena a las acusaciones populares a pagar
de forma proporcional las costas causadas a la defensa del Partido Popular", consta en la sentencia. La defensa del PP en el juicio la ejerció el exfiscal Jesús Santos. También han resultado condenadas las acusaciones populares al pago de las costas de la defensa de Laura Montero, empleada de la empresa Unifica, para la que algunas acusaciones retiraron la acusación al final de la vista oral y que ha quedado absuelta.
La 'caja b' existe
La sentencia relata que Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas "a través de una contabilidad paralela -contabilidad b- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas". En toda su exposición, los magistrados se refieren a Bárcenas como la persona que custodiaba y administraba esos fondos de la 'caja b'. La existencia de dicha contabilidad opaca está fuera de toda duda tras la sentencia por la primera época de la trama 'Gürtel', que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta.
El tribunal ha dejado fuera del enjuiciamiento cuestiones que se están instruyendo en estos momentos, como las donaciones finalistas de empresarios al PP, que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 5. Sobre el delito de organización criminal que se le imputaba a Bárcenas por esas donaciones, la sentencia indica "la Sala rechaza el relato acusatorio que habla de una trama organizada por empresarios y dirigentes del PP para captación de fondos y financiación irregular del partido, usada para campañas electorales, mantenimiento del partido, sobresueldos, fondos que procedían de donaciones ilegales procedentes de empresas con contratos con la Administración Pública, y que dentro de esa trama responsables del PP y otras personas físicas y jurídicas cometen delitos contra la Hacienda Pública utilizando como medio la falsedad contable".
Así mismo, el fallo recoge que "la falta de identificación de las personas que componen la trama y la jerarquía, así como las funciones de las mismas, sin que quepa la mención genérica de 'dirigentes del PP' como dirigentes o miembros de una supuesta asociación ilícita de la que no han sido acusados, no es objeto de este procedimiento".
Aval a los 'papeles de Bárcenas'
El tribunal da una credibilidad parcial a los 'papeles de Bárcenas'. "Estos papeles no contenían un registro sistemático de entradas y salidas y adolecían de diversos errores de saldo, así como saldos negativos, en los que generalmente faltaba dinero, si bien reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma de la sede central", consta en la sentencia, que se refiere a una entrega de 6.000 euros al exsenador del PP Luis Fraga para una campaña electoral. "Este dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas", indica el fallo.
La Audiencia Nacional impone además a las acusaciones populares el pago de costas a la defensa del PP por "mala fe procesal" al exigir condena por ejercicios prescritos y hechos no juzgados
Dice que hay "errores" en los papeles de Bárcenas que impiden dar "una validez total al conjunto", pero confirma por tercera vez que el PP tuvo una caja b que se nutría de donaciones en metálico que no fueron fiscalizadas
El extesorero del PP Luis Bárcenas pactó con la empresa Unifica el pago en negro de parte de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. En total, fueron 1.072.000 euros los que se abonaron eludiendo el control de Hacienda, según ha podido probar el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado los hechos y que ha condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que se dejó de pagar en 2007. Una sentencia que, al final, le sale a devolver a los de Pablo Casado, pues hace cinco años abonaron una fianza de 1,2 millones de euros, por lo que ahora le queda un saldo positivo por valor de 1.076.000 euros, un poco más incluso de lo que se pagó en b por las obras.
A mediados de 2016, el juez que entonces instruía la causa de los llamados papeles de Bárcenas, José de la Mata, dio diez días al PP para depositar 1,2 millones en concepto de fianza por las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivar de la investigación. La formación conservadora abonó dicha cantidad el 4 de junio de ese año a través de dos avales del Banco Popular no sin antes recurrir la petición al entender que los responsables directos de los delitos, que son los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta –fallecido en 2018–, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa Unifica, eran solventes como para asumir el pago. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lo desestimó y exigió el abono de la fianza bajo la amenaza de embargo.
Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre confirman que al ser la fianza superior a la condena a la que tendrá que hacer frente el PP, éste podrá recuperar la diferencia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la infanta Cristina, quien tuvo que abonar 587.413 euros en concepto de fianza cuando fue imputada en el caso Nóos, pero tras la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que le rebajó a 136.000 euros la condena como responsable a título lucrativo por los delitos de su marido Iñaki Urdangarin, pudo solicitar al Ministerio de Justicia la devolución del excedente.
Eso sí, no hay que olvidar que el PP ya tuvo que abonar hace ahora un año los 245.000 euros a los que también fue condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, fueron 133.628,48 euros por lucrarse de la adjudicación de contratos en el municipio de Majadahonda y otros 111.864,32 euros por los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón.
"Discordancias y errores" en los papeles de Bárcenas
Aunque la Audiencia Nacional ha condenado ahora al PP como responsable civil subsidiario por el delito cometido por su empleado Bárcenas y ratifica lo que ya han confirmado otros tribunales, que el partido se nutrió de una caja b que estuvo activa desde 1990 hasta 2008, la sentencia salva en ciertos aspectos a la formación que ahora lidera Pablo Casado. Para empezar, descarta una condena por el ejercicio fiscal de 2008 y sólo pide responsabilidades por el de 2007. En segundo lugar, da credibilidad a los papeles del extesorero, los apuntes publicados por el diario El País a principios de 2013 y que destaparon la existencia de la financiación ilegal, pero al mismo tiempo apunta a "discordancias y errores" de los documentos y expone que la "falta de explicación o poca lógica" del propio Bárcenas sobre alguno de los apuntes y saldos "impide dar una validez total al conjunto" de esos archivos "y al testimonio" del acusado a pesar de que este reconociera los hechos.
No es, por tanto, una sentencia tan contundente como pedían las acusaciones populares y como quizá temía el PP, que a principios de este año, recién comenzado el juicio del que ahora se acaba de conocer la resolución, anunció la venta de su histórica sede de la calle Génova. Venta que, dicho sea de paso, aún no se ha producido casi un año después de que empezara la vista oral y tras casi una década de sospechas de corrupción sobre su reforma que ya han sido confirmadas por la Audiencia Nacional.
Reproches a las acusaciones populares
Pero es que además, el tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez otorga al partido conservador una victoria moral sobre las acusaciones populares al imponer a éstas el pago "de forma proporcional" de las "costas causadas a la defensa" del PP por pedir en sus conclusiones definitivas del juicio la condena como responsable civil subsidiario por cuantías que, en opinión de los jueces, excedían este procedimiento o sobre las que no se podía ejercer acusación.
La intención de las acusaciones populares –IU, PSOE, Adade y Observatori Desc– ya se puso de manifiesto en el primer día del juicio: ahondar en cómo funcionaba la caja b, qué fondos manejaron Bárcenas y Lapuerta, para qué servían, si se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido o si se financiaron campañas electorales con ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, trató de poner freno a esta estrategia y se centró siempre en las cuotas defraudadas en las obras de la sede del partido conservador. Es la tesis que, ahora se ha visto con la sentencia, comparte el tribunal, el cual sin embargo no puso reserva a las acusaciones para que defendieran su postura durante toda la vista oral a pesar de que ahora les recrimine por ello.
Por un lado, los magistrados reprochan a las acusaciones que pidan condena por la cuantía defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2008. Consideran que las acusaciones populares "no estaban legitimadas ni para mantener esa acción penal en solitario", dado que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo solicitaron –aplicando así la doctrina Botín–, "ni para ejercitar la acción civil". Además, explican que "la prueba practicada en juicio oral puso de manifiesto la inexistencia de obligación de declarar las donaciones recibidas y, en todo caso, aun integrándolas en la base imponible del impuesto, la cuota resultante estaba muy por debajo del límite penal, por lo que no hay delito fiscal". También les afean que mantuvieran la acusación por delitos fiscales prescritos.
Los magistrados reprueban igualmente que las acusaciones pidieran responsabilidad por el montante de dinero supuestamente entregado por empresarios a la caja b del PP cuando estos hechos en concreto, dentro de lo que se conoce como pieza del cohecho en la causa de los papeles de Bárcenas, están aún en fase de investigación y, por lo tanto, no eran objeto del procedimiento que se acaba de juzgar, que se refería únicamente al pago en negro de las obras de la sede de Génova. Esta situación, dice la sentencia, llevó a los acusados, incluida la defensa del partido, a "realizar una defensa amplia en alegaciones y prueba innecesaria respecto a hechos que o no eran delito o estaban prescritos o no podían ser objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".
Por todo ello, considera el tribunal que esta actuación de las acusaciones populares "entra dentro de los parámetros jurisprudenciales de temeridad y mala fe procesal", lo cual justifica la "imposición de las costas causadas a la defensa del Partido Popular".
Sobresueldos acreditados
A pesar de estos reproches y de lo preciso que ha sido el tribunal a la hora de valorar los hechos objeto de enjuiciamiento, no deja de ser esta sentencia la tercera que confirma la existencia de una caja b en el PP con donativos en metálico y que fue gestionada por Luis Bárcenas durante al menos veinte años. A pesar de los testimonios que prestaron numerosos exdirigentes del partido como José María Aznar, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, que se empeñaron una y otra vez en negar la existencia de esta financiación en negro a pesar de que ya había un pronunciamiento nada menos que del Tribunal Supremo, los magistrados consideran que está demostrado que los papeles del extesorero "reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada".
Esos acontecimientos son, según la sentencia, "traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP –los sobresueldos a dirigentes del partido– o los pagos por las obras de reforma de la sede central".
La causa que investiga la caja b del PP aún ha terminado. Queda una pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero Bárcenas por las donaciones en metálico al partido durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. Son los hechos sobre los que las acusaciones populares intentaron que el tribunal se pronunciara en el juicio de las obras de Génova. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.
A la espera de saber qué ocurre, la posición de Bárcenas ha cambiado en los últimos meses y así lo reconoce la sentencia de este jueves: ha prestado "una colaboración activa y eficaz en la investigación y enjuiciamiento de los hechos". De ahí que le haya impuesto una condena mínima de dos años de cárcel a pesar de que Anticorrupción mantuvo su petición de cinco años. Habrá que ver si esa cooperación se mantiene en la investigación del posible cohecho, con la que se juega los permisos de salida recién conseguidos.
¿M. RAJOY? EL TRIBUNAL PIDE "CAUTELA" MIENTRAS SE INVESTIGA "EL TESTIMONIO" DE BÁRCENAS
La sentencia recuerda que el apunte de 'M. Rajoy' aparece en algunos de los papeles, pero en otros no, e incide a su vez en "las distintas explicaciones" dadas por el extesorero
El 24 de marzo, en el juicio de la caja B, José María Aznar y Mariano Rajoy tomaron caminos distintos. "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Ni sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa", testificó el primero. "No hay ninguna caja B del PP. Son los papeles del señor Bárcenas", mantuvo a continuación su sucesor. Aznar solo habló en su nombre y Rajoy intentó salvar al partido, pero siete meses después, tras notificarse la sentencia de la Audiencia Nacional, sus caminos vuelven a juntarse: el tribunal da por probado que la caja B del PP se remonta a 1990 y, en cuanto a "los papeles del señor Bárcenas", considera que al menos "en una parte sí son reales". Con esta conclusión sobre la mesa, las referencias a 'J. M.' y 'M. Rajoy' que se recogen en algunos papeles de Bárcenas vuelven a primera línea. En marzo, ambos coincidieron en negar su veracidad —"No he recibido ninguna cantidad"; "Mentira, falso de toda falsedad"—, pero la sentencia del tribunal deja la incógnita en el aire. La clave se encuentra entre las páginas 161 y 162 de su sentencia, donde se reflexiona sobre el apunte de 'M. Rajoy': ante "las distintas explicaciones y formas de actuar del acusado [Bárcenas]", no queda más remedio que "valorar su testimonio con cautela y admitirlo en la medida que venga corroborado con otras pruebas", concluye el tribunal. La Audiencia condena al PP y a Bárcenas por el pago en negro de las obras de Génova
La sentencia recuerda para ello que el apunte de 'M. Rajoy' aparece en algunos de los papeles de 2008, pero en otros no. En concreto, se incluye en la versión publicada por 'El País', pero no en la copia que el propio extesorero entregó a la Audiencia Nacional en 2013. "El acusado manifiesta sobre estas diferencias que el Sr. de Lapuerta [el exgerente y extesorero del PP fallecido en 2018] le pidió que modificase la hoja porque iba a hablar con el presidente y quería que se viese reflejado", explica el tribunal. En otras palabras: Bárcenas "declaró en juicio que lo confeccionó para el tesorero Sr. de Lapuerta como una forma de presión a aquel". Por 'aquel', el tribunal se refiere a Rajoy. Bárcenas apunta así a que el original es el que entregó a la Audiencia, pero en el juicio mantuvo la idea de que Rajoy recibió sobresueldos: según explicó, en 2010 también les entregó a él y a María Dolores de Cospedal 25.000 euros, un dinero que supuestamente procedía del PP de Pontevedra por una deuda pendiente y que se erigió como el último movimiento de la caja B. El tribunal, sin embargo, no entra en esta cuestión y se centra en los manuscritos. De hecho, ni siquiera menciona al expresidente de forma directa, sino que solo habla tres veces del "apunte relativo a un pago a M. Rajoy" al analizar la "valoración de la prueba" bajo el epígrafe de "veracidad de los papeles".
Los jueces, sobre la veracidad de los papeles de Bárcenas: "En una parte sí son reales"
¿Su conclusión? Pide "cautela". El "testimonio" del extesorero no es suficiente, y "la procedencia y finalidad de la entrega de donativos continúan siendo objeto de investigación" en la Audiencia. El papel del tribunal se centraba en enjuiciar la reforma de la sede de Génova, y así lo ha hecho: condena a Bárcenas por abonar más de un millón de euros en B durante las obras y, de forma paralela, al partido como responsable civil subsidiario del extesorero en la cuantía de 123.669 euros. También aplica a Bárcenas la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz”, aunque, como se refleja en este caso, no le da absoluta credibilidad. Ante apuntes como los de 'M. Rajoy', habrá que esperar por tanto a ver si quedan acreditados en la investigación que todavía mantiene abierta el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, la sentencia no va más allá de la siguiente reflexión: "Determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales". Hasta nuevo aviso, el resto de apuntes queda en papel mojado ante la Justicia.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-28/audiencia-papeles-barcenas-mrajoy_3315062/
El juez lo determina así después de tres meses de sesiones en las que el tribunal de la Audiencia Nacional ha escuchado versiones contradictorias sobre la existencia de una contabilidad paralela La clave principal de la vista oral han sido los papeles de Bárcenas, donde el extesorero conservador apuntó durante casi 20 años los movimientos de la supuesta caja b
El juicio por el presunto uso que se le dio a la caja b del PP ha quedado este miércoles visto para sentencia tras tres meses de sesiones en las que el tribunal de la Audiencia Nacional ha escuchado versiones contradictorias sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación política y en la que se ha analizado si los conocidos como papeles de Bárcenas son veraces o no, informa Europa Press.
Por un lado, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha confesado cómo funcionaba lo que en su día denominó "contabilidad extracontable". Y por otro, han comparecido testigos que admitieron haber recibido dinero del partido pero con matices, supuestos donantes que negaron entregas, o ex altos cargos conservadores que negaron tener conocimiento de esa contabilidad opaca.
Tras 27 sesiones, el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, José Antonio Mora Alarcón, ha expresado el habitual "visto para sentencia" una vez que Bárcenas, Páez y el resto de acusados han renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra. El magistrado ha querido terminar el juicio con unas palabras de agradecimiento a las acusaciones y abogados defensores por el "respeto" con el que ha transcurrido el juicio, así como a los funcionarios policiales en los traslados del extesorero del PP desde prisión cuando ha sido necesario, y a las funcionarias de la Audiencia Nacional por su labor para que las sesiones pudieran desarrollarse bajo lo previsto.
Los 'papeles de Bárcenas', la clave del juicio
El juicio comenzó el pasado 8 de febrero -casi seis años después de que se acordara la apertura de juicio oral- y su calendario se vio alterado al principio tras el positivo en covid-19 de uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez. La clave principal de la vista oral han sido los papeles de Bárcenas, donde el extesorero conservador apuntó durante casi 20 años los movimientos de la supuesta caja b.
Justo antes del inicio del juicio, Bárcenas, que se vio forzado a buscar un nuevo abogado, cambió su estrategia de defensa y decidió colaborar con la Justicia en ésta y en todas las causas que tengan que ver con la presunta financiación irregular del PP. Por ello, decidió mandar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para confesar que la formación política tenía una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones pública -algo que en el juicio por la primera época de la trama Gürtel negó y que se sigue investigando en la Audiencia Nacional-.
Asimismo, señaló que de esa caja b salió parte del dinero con el que se pagó la reforma de la sede nacional de los conservadores, así como complementos salariales a dirigentes del partido. Y a ello añadió que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía conocimiento de ello y que éste destruyó una copia de apuntes sobre dicha contabilidad.
Todo ello fue reiterado ante el tribunal durante su declaración como acusado, si bien la Fiscalía Anticorrupción no acaba de creer del todo a Bárcenas, por lo que mantiene su petición de pena de cinco años de prisión.
Según afirmó el fiscal Antonio Romeral, aunque sí considera que los papeles de Bárcenas, que recoge apuntes entre 1990 y 2008, son "reales" porque parte de ellos contiene información "veraz", las distintas versiones ofrecidas por el extesorero a lo largo del procedimiento le generan dudas, por lo que no considera oportuno que se le aplique ninguna atenuante de la pena.
Distintas conclusiones sobre los apuntes de Bárcenas
A ello se suman distintas periciales que alcanzan distintas conclusiones sobre los documentos en cuestión. Mientras que peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) creen que se trata de una contabilidad "chapucera, que está llena de errores", los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consideran que eran creíbles y que las inexactitudes se debían a que era una contabilidad "rudimentaria", pero que al final siempre coincidía.
Por otro lado, los peritos de la Policía Científica afirmaron ante el tribunal que, tras examinar los papeles de Bárcenas, podían entender que los apuntes tuvieron una "evolución" que hacían entender que no se hicieron en único acto pero que "técnicamente" no pudieron concretar si se elaboraron "en un momento o en un periodo largo".
Por último, dos peritos informáticos de la Unidad Central de Criminalística de la Policía Nacional afirmaron que los archivos en pendrive con la contabilidad b del PP que entregó Bárcenas al entonces juez instructor Pablo Ruz no estaban alterados.
Las últimas explicaciones de Bárcenas han sido en parte corroboradas por testigos, como por ejemplo el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo que reconoció la entrega de varias cantidades en metálico como ayuda a concejal de UPN, cuya vivienda había quedado destruida por un atentado de ETA, o una compensación al exsecretario general del PP navarro Calixto Ayesa por un crédito que pidió para la campaña de UDC en 1982. No obstante matizó que esa entrega era "legal" y que "no implica la existencia de la caja b".
También testificaron empresarios que según Bárcenas donaron cantidades al partido, quienes negaron ante el tribunal haber hecho estas aportaciones. El empresario Santiago Lago Bornstein sí reconoció el apunte en los papeles del extesorero del PP a su nombre, si bien precisó que él intermedió en nombre de una empresa que quería hacer una donación al partido y que fue el fallecido Álvaro Lapuerta (también extesorero) quien insistió en que ésta no tendría carácter finalista.
Pero los testigos más relevantes han sido la de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, ex secretarios generales de la formación política y exministros -la mayoría de ellos comparecieron por videoconferencia-, que han negado todas las afirmaciones de Bárcenas sobre que conocían la existencia de una contabilidad extraoficial en el partido o que cobraron 'sobresueldos' procedentes de ella.
La reforma de la sede del PP
Entre los apuntes de Bárcenas se encontraban las entregas al arquitecto Gonzalo Urquijo como forma de pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP que se llevaron a cabo entre 2005 y 2010. Por ello, tanto Urquijo como su socia en la empresa Unifica, Belén García se han sentado en el banquillo de los acusados junto al exgerente conservador Cristóbal Páez, quien controló el día a día de las obras.
También ha sido juzgada la arquitecta Laura Montero, quien estuvo a pie de obra, contra quien solo ejercieron acusación las acusaciones populares, que finalmente la han retirado; y el PP como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que el resto de acusado habrían cometido.
Urquijo y García, y su empresa Unifica, han sido acusados por la comisión de delitos fiscales por no declarar a Hacienda los ingresos que percibieron en b del PP. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, apoyándose en las conclusiones de la UDEF y de los peritos de Hacienda que prestaron servicios como auxilio judicial, aseguran que tanto los responsables del área económica del PP como los dueños del despacho de arquitectos se pusieron de acuerdo para crear un doble "sistema de facturación y pago" para ocultar ingresos a la Hacienda Pública.
Así, según explicaron los expertos, Unifica emitió por los servicios realizados en cada planta de la sede dos certificaciones finales de obra --documento que sirve de base para elaborar facturas-- y que, mientras oficialmente, quedaba registrado el pago de uno de los importes, después se comprobó que el PP abonó en negro la diferencia resultante entre ambos documentos. Unas cantidades que tampoco fueron declaradas a la Hacienda Pública, señaló la Abogacía del Estado.
JUICIO CAJA B. VISTO PARA SENTENCIA
El abogado del PP se suma al resto de las defensas en sus elogios al fiscal Romeral, muy criticado por las acusaciones populares
De camino al juicio, Pedro Sánchez le dice a Pablo Casado: “Se le está poniendo cara de Albert Rivera”. Y el líder del PP le responde al presidente del Gobierno: “Y a usted de Zapatero”. Nivel. Al regreso del juicio, el posado robado de Pablo Iglesias —al estilo de aquellos chapuzones de Ana Obregón que inauguraban la temporada estival en el Hola— aporta más nivel todavía al panorama político. En medio, en una sala vacía de la Audiencia Nacional, otras cuatro horas —las últimas— del juicio de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha quedado visto para sentencia después de cuatro meses.
¿Cuatro horas a salvo de la política de bajo nivel? Tampoco. Antes del turno de última palabra —que ninguno de los acusados ejerce, por si las moscas—, defiende su informe final Jesús Santos, que fue brillante fiscal en la Audiencia Nacional y ahora es un abogado entregado a la causa del PP. Hasta el punto —lo de su entrega— que durante la vista oral se conoció que se había prestado a hacer de agente encubierto entre el partido y un amigo de Bárcenas. Para rematar la faena, Santos ha dedicado los últimos minutos de su informe a loar la manera en que Dolores de Cospedal se quitó de en medio a Luis Bárcenas. Hay que tener valor para defender —ante la estupefacción a prueba de mascarilla de algún miembro del tribunal— aquel famoso despido en diferido con chófer, despacho y secretaria, y la posterior destrucción a martillazos del ordenador del extesorero.
—Y pido que se condene en costas a las acusaciones populares. Sus peticiones de condena desmesuradas no pueden salirle gratis.
El abogado del PP incluye en su informe final un ataque furibundo, lleno de descalificaciones y adjetivos hirientes, a los abogados de la acción popular. Si bien es verdad que algunas de las peticiones de penas eran tan exageradas que terminaron retirándolas, el propio hecho de que las defensas dediquen tanto esfuerzo a atacar a las acusaciones populares por su adscripción a partidos políticos o colectivos de izquierda termina provocando lo mismo que critican: una defensa política y no penal. Jesús Santos, como ya se temía el abogado de Bárcenas, convierte al extesorero en el principal objetivo de sus invectivas, aunque no solo. El abogado del PP también critica, casi ridiculiza, a Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica que llevó la investigación desde el principio. Solo hay una persona que se salva del encendido alegato de Santos, y esto verdaderamente tiene su aquel.
—Hay que agradecer al digno representante del ministerio fiscal...
El aludido, Antonio Romeral, lo mira como diciéndole ‘no me hagas esto, Jesús’. Pero se lo hace. Un monumento en toda regla. El abogado del PP se une a los piropos que todos los abogados defensores han ido dedicándole al fiscal y esto, para que nos vamos a engañar, chirría. Un fiscal, y no digamos un fiscal anticorrupción, suele dar miedo a los acusados y a sus letrados. Ignacio Stampa, por ejemplo, infundía pavor, y se lo cargaron, todavía no se sabe por qué. Pero Romeral ha causado el efecto contrario: las críticas de las acusaciones y las loas de las defensas. Y este cambio de guion resulta inquietante.
El presidente del tribunal levanta la sesión y declara el juicio visto para sentencia:
—Siento no poder darles la mano.
https://elpais.com/espana/2021-05-12/visto-para-sentencia.html
El letrado Gustavo Galán pide, en su informe final del juicio por la reforma en b de la sede del PP, que no se condene al extesorero por asociación ilícita ni apropiación indebida y dice que las pruebas han desaparecido tras la sustracción parapolicial para que no pudieran ser usadas ante la Justicia.
El abogado defensor de Luis Bárcenas ha destacado este martes la colaboración de su cliente en el juicio que está a punto de concluir sobre los usos de la caja b del PP, entre ellos, parte de la reforma de la sede del partido. Ha recordado Gustavo Galán las palabras que pronunció en la jornada del lunes el letrado de Izquierda Unida, Juan Moreno: "No se puede negar la colaboración de Bárcenas, pese a que no ha querido contestar a las preguntas de las acusaciones".
"Sólo el que ha probado la pérdida de la libertad puede entender el arrepentimiento", ha recalcado Galán, el primero de los letrados de las defensas que ha expuesto su informe final. "La conducta de colaboración no es novedosa, el 15 de julio de 2013 ya declaró el señor Bárcenas sobre la remodelación de la sede y de los pagos no declarados del 30%; y también de la suscripción de acciones de Libertad Digital", ha explicado este letrado, que ha recordado que su cliente ha tenido cuatro abogados diferentes en ocho años, explicando así las diferentes versiones que ha manifestado Bárcenas a lo largo de todo ese tiempo.
Durante su intervención, Galán ha criticado que el fiscal Antonio Romeral no haya rebajado la petición de condena para Bárcenas --mantiene la de cinco años de prisión--, pese a la colaboración manifestada por el extesorero del PP en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción antes de que arrancara esta vista oral. La única acusación popular que ha solicitado aplicar a Bárcenas la atenuante de colaboración o reparación del daño ha sido Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye.
Respecto a la falta de nuevas pruebas en esta causa, Galán se ha remitido a la operación 'Kitchen' --la sustracción de pruebas a Bárcenas por parte del Ministerio del Interior de Rajoy--: "Los papeles de Bárcenas han quedado desaparecidos", ha sentenciado el letrado y ha recordado el informe de la Fiscalía de 2018 en relación a 'Kitchen': "El objeto del robo no fue poner las pruebas a disposición judicial, sino evitar que el señor Bárcenas las pudiera utilizar contra el PP", ha dicho Gustavo Galán.
El defensor del extesorero del PP ha recordado que los periodistas que han comparecido como testigos no han negado que existiera la grabación al extesorero Álvaro Lapuerta sobre la caja b, aunque se remitieran a su secreto profesional y ha reprochado al exsecretario general del PP Javier Arenas que asegurara no recordar la conversación con Bárcenas sobre este asunto.
También ha hecho referencia a la declaración del jefe de Auditoría del PP, que explicó que nadie en el partido le pidió hacer una auditoría sobre la contabilidad del partido entre 1980 y 2010, pese a que Mariano Rajoy aseguró en el juicio que la encargó y que la presentó antes el comité ejecutivo. "Nos encontramos con que ese informe no se aporta al jefe de Auditoría", ha dicho Galán.
El abogado de Bárcenas ha defendido la veracidad de los apuntes contables de Bárcenas sobre la entrada y salida de dinero negro del PP y ha expuesto los resultados de la investigación de la UDEF sobre los 'papeles de Bárcenas': "Ha quedado claro que los errores que se han podido detectar están dentro de lo permitido y más cuando era una contabilidad más rudimentaria y deja de ser manual para ser informatizada".
Pese a que Luis Bárcenas asume los hechos que se le imputan en esta causa, su letrado defiende que no puede ser condenado por asociación ilícita ni por apropiación indebida por la compra de acciones de Libertad Digital porque el PP, "que sería el legítimo propietario del dinero", no le reclama nada en este sentido.
EL MUERTO QUE TAMBIÉN PROTAGONIZA EL JUICIO DE LA CAJA B
La figura del extesorero Álvaro Lapuerta, subrayada por las acusaciones, resulta clave para completar el puzle de corrupción que anidó en el PP
La voz de Álvaro de Lapuerta Quintero, muerto el 2 de junio de 2018, resonó el pasado miércoles en el juicio que acoge la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP. “Yo siempre digo la verdad”, se escuchó decir a quien fuera tesorero del partido, en la grabación de una de las declaraciones que hizo ante el juez de instrucción Pablo Ruz en 2013 y 2014, emitidas en la vista. “En mi vida he obtenido un dinero ilegítimo, sino el que me correspondía [...] No he tenido nunca un ingreso ilegal o dudoso”, insistía en los vídeos, que devolvieron así su imagen al epicentro de la trama de corrupción.
La figura de Lapuerta ha sobrevolado todo el juicio y se erige como una pieza clave para completar el puzle. Las acusaciones han preguntado por él a los testigos y a los investigadores, sabedoras de que el extesorero constituye otra de las conexiones entre la contabilidad paralela y la dirección del PP. De esta forma, tratan de contrarrestar la defensa de los populares, que se esfuerzan en circunscribir en Luis Bárcenas toda responsabilidad —“El PP tenía una única contabilidad y, luego, hay un señor que tenía unos papeles”, dijo el expresidente Mariano Rajoy—, presentándolo como un verso suelto dentro de la organización, que operó durante dos décadas de espalda a la cúpula. Pero los indicios presentados en la vista desdibujan esa tesis.
Antonio Romeral, fiscal de Anticorrupción, resumía el pasado jueves el papel que desempeñó Lapuerta en la trama. Según dijo, junto a Bárcenas, era el “gestor”, “administrador” y “responsable” de la caja b. Y esa afirmación no resulta baladí, pues engarza las maniobras corruptas con el núcleo de la formación: “Estamos hablando de la sede nacional del PP, de la tesorería y de la gerencia. Y, por tanto, estamos hablando del órgano central del partido”, incidió en el juicio Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Lapuerta no era un cualquiera. Fue diputado en siete legislaturas, hombre de confianza de las sucesivas cúpulas y máximo responsable de las finanzas del PP durante 15 años, entre 1993 y 2008, cuando la contabilidad paralela funcionaba a pleno rendimiento, según consideró acreditado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I. Además, en ese tiempo, fue el jefe de Bárcenas. Lo supervisaba. “Podría parecer a veces que el señor Bárcenas es la cabeza de turco de toda esta forma de operar”, denunció este lunes Juan Moreno, abogado de Izquierda Unida, personada como acusación popular.
Receptor de donaciones. El despacho de Lapuerta se ha convertido en uno de los escenarios más evocados en el juicio. Bárcenas detalló que hasta allí acudían los empresarios para entregar donaciones al PP. Así lo explicó en la vista uno de ellos, Santiago Lago Bornstein, que ha admitido que en 1997 ejerció como “intermediario” de un grupo francés para aportar 10 millones de pesetas (60.000 euros) al partido, como quedó reflejado en los papeles de Bárcenas. “Hablé con Luis y él me dice: ‘¡Ey, ey! Esto hay que hacerlo como hay que hacerlo’. Me dijo que esto había que entregarlo en el despacho de Álvaro Lapuerta”, especificó Lago, que narró cómo acudió entonces allí y se dio el dinero: “Lo dejó delante de Álvaro y Luis en la mesa del despacho [...] [Lapuerta me] dijo: ‘Que esto se da a cambio de nada, ¿eh?”.
En una grabación interceptada en la Operación Lezo, la trama de corrupción gestada presuntamente en torno al expresidente madrileño Ignacio González, se describe una estampa similar. Rafael Palencia, expresidente de la compañía Degremont, cuenta cómo pagó mordidas al partido. “Yo periódicamente le entrego treinta, treinta y cinco mil euros. Es una cantidad que voy allí y entrego [...] Se lo doy en un sobre a Álvaro [Lapuerta] y a él [Luis Bárcenas]”.
Entregas de dinero. Cristóbal Páez, exgerente del PP y acusado en este juicio como receptor de 12.000 euros de la caja b y cooperador para la reforma con dinero negro de la sede de Génova 13, también concedió al fallecido un gran protagonismo: “Un día, [Bárcenas] me llama al despacho con Lapuerta. Y me felicita Lapuerta: ‘Estamos muy contentos con tu trabajo, hijo’. Y me dan una gratificación de 6.000 euros. Me dan un sobre con 6.000 euros. Me dicen: ‘Esto no se refleja en nómina porque no se puede… Confórmate, no lo podemos hacer de otra manera”, declaró ante el tribunal.
Pero este testimonio no es el único. Por ejemplo, Luis Fraga, exsenador del PP durante 21 años y sobrino de Manuel Fraga, fundador del partido, aseguró que habló con Lapuerta para que le abonaran un dinero —apuntado en los papeles de Bárcenas y nunca declarado— como “compensación de gastos electorales”. “Me lo dieron en billetes. Se reunieron los dos, [Lapuerta y Bárcenas], en la sexta planta de la sede y me lo dieron. Creo que lo anotan en una libreta…”. También, el exdiputado Eugenio Nasarre contó que Lapuerta le dio 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia, que entonces encabezaba, procedentes de la caja b: “Me dijo que lo había conseguido de unas donaciones anónimas”.
Gestor. La Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor Pablo Ruz definieron a Lapuerta como coadministrador de la caja b. En esta línea, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo explicó que, en la década de los noventa, el partido —“seguramente, José María Aznar”— autorizó conceder una “compensación económica” a Calixto Ayesa, elegido para ser consejero de Salud de Navarra. El exparlamentario precisó que la decisión se la comunicó el entonces tesorero y que, a partir de entonces, el propio Del Burgo recogía en Madrid el dinero “en metálico” para después dárselo a su compañero. Estas entregas se encuentran recogidas en los papeles de Bárcenas.
En este mismo sentido, Del Burgo señaló que hizo gestiones con Lapuerta para que el partido ayudase a una concejal, cuya vivienda quedó destruida por un atentado de ETA: le entregaron 500.000 pesetas (3.000 euros), también apuntados en la contabilidad paralela. Y Pío García-Escudero, que pidió un préstamo al partido para rehabilitar su vivienda destrozada tras otro ataque de la banda (cuya devolución, en parte, quedó presuntamente reflejada en los papeles de Bárcenas), también resaltó el papel del extesorero: “Lapuerta me dio todo tipo de facilidades. Me dijo: ‘vete devolviéndolo cuando puedas”.
Ingresos en cuentas. Durante el juicio, los agentes de la UDEF y los peritos de la Intervención General del Estado subrayaron que se ha detectado una salida de dinero en 2008 de la caja b por 60.000 euros bajo el concepto “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”, que se produjo justo en la misma fecha en la que Lapuerta ingresó un talón de 60.000 euros en la cuenta de donativos nominativos del partido. Según añadieron los investigadores, uno de los sistemas ideados para pasar los fondos de la contabilidad paralela del PP a la oficial, era trocear las donaciones de los empresarios e ingresarlas así en las cuentas de donaciones de la formación.
Compra de acciones. La Policía considera acreditado que Lapuerta adquirió acciones de Libertad Digital con dinero negro extraído de la caja b, al igual que hizo Bárcenas, por lo que ya fue condenado. En la contabilidad paralela queda apuntada una salida en octubre de 2004 de 139.700 euros bajo el concepto “Entrega a Álvaro Lapuerta 1.270 títulos”. En su día, el extesorero defendió ante el juez que las había comprado con su dinero, pero ni el magistrado instructor ni la Fiscalía le creyeron. “Después vendió las acciones e integró ese dinero en su patrimonio”, mantuvo el ministerio público el pasado jueves.
Petición de la Fiscalía. Antes de morir en 2018 con 90 años, la Audiencia Nacional ya había decidido que Lapuerta no podía sentarse en el banquillo por su mal estado de salud. En 2016, apenas unos días antes de que comenzase la vista oral por Época I donde Anticorrupción pedía tres años de cárcel para él, el tribunal concluyó que padecía una “demencia sobrevenida” que impedía juzgarle. Su deterioro se había acelerado desde que entrase en coma en 2013, a raíz de la segunda caída que sufrió en su domicilio en marzo y abril de ese año en “extrañas” circunstancias, según la familia.
Aun así, para entonces, la Fiscalía ya había dejado por escrito las acusaciones contra Lapuerta. También, para el juicio sobre la caja b que se celebra en la Audiencia Nacional actualmente. En este segundo caso, el ministerio público pedía que se le condenara a cinco años de cárcel por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Al igual que el juez instructor, la acusación lo situó al frente de la contabilidad paralela y lo acusó de participar en el plan para pagar con dinero negro parte de la reforma de la sede de Génova. Lapuerta siempre defendió su inocencia en público
https://elpais.com/espana/2021-05-11/el-muerto-que-tambien-protagoniza-el-juicio-de-la-caja-b.html
Las acusaciones populares presentan sus informes finales en el juicio y recalcan que la caja b existió, que sirvió para pagar la sede del PP y los sobresueldos, que el partido defraudó a Hacienda y que los líderes del partido mienten al negar la doble contabilidad. El "curso vital y político de Aznar está vinculado a la caja b que nació con él", recalca el letrado Virgilio Latorre
Las cuatro acusaciones populares personadas en el juicio por los usos de la caja b del Partido Popular, han presentado este lunes sus informes definitivos y han concluido que “no cabe duda” de que la caja b en el partido existió, tal y como sentenció en octubre pasado el Tribunal Supremo, y que sirvió para pagar la reforma de la sede central de un PP que defraudó una cuota de 220.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2008, según las acusaciones.
El dinero negro también pago sobresueldos a los dirigentes y éstos, en especial el expresidente José María Aznar con quien nació esa contabilidad en 1990 y que convivió 14 años con ella como presidente, “mienten” al negarla. Según el abogado de la acusación popular de Carmen Ninet, Virgilio Latorre, el “curso vital y político de Aznar está vinculado a la caja b” y su pretendido “desconocimiento” de esa contabilidad paralela “no resulta razonable sino plausible” porque además de que se desarrolló y mantuvo durante toda su presidencia en el partido, debido a su cargo le correspondía la supervisión de la labor del tesorero.
"Solo 6 errores de 600 apuntes en la contabilidad de Bárcenas"
Latorre también destacó la veracidad de los apuntes de la documentación manuscrita por Bárcenas, frente a la postura del fiscal, para quien solo son reales aquellos demostrables o los “fallos e incongruencias” resaltados por el Ministerio Público a lo largo del procedimiento. En este sentido, el abogado recordó que solo han encontrado “seis errores de más de 600 apuntes durante 18 años” que el extesorero supervisó junto a Álvaro Lapuerta la contabilidad manuscrita. “Ya quisieran muchas contabilidades oficiales tener ese grado de rigor”, concluía el abogado.
Para el letrado de la acusación popular de Observatori Desc, Gonzalo Boye, la prueba de que la contabilidad b del PP llevada por Bárcenas y sus afirmaciones son ciertas “es que el Gobierno” de este partido “montó la operación Kitchen” para destruir esos elementos. Porque “si fueran falsos” habrían dejado que la investigación los desmontase y no “habrían montado una operación de guerra sucia en paralelo” para acabar con las pruebas mediante el supuesto uso del aparato del Estado con fondos reservados.
Las "mascarillas como pasamontañas de ladrones" de los dirigentes del PP
Para Boye, la mentira también se demuestra con la actitud de los dirigentes del Partido Popular que fueron llamados como testigos, quienes de forma “coordinada” comparecieron “con mascarilla” a pesar de declarar desde sus domicilios. Una mascarilla que el abogado comparó al “pasamontañas de los ladrones que roban un banco” porque la utilizaron para que “no se les viera la cara” y resultó “intolerable” que el tribunal y la sala no pudiera ver sus gestos y reacciones a las preguntas formuladas, conculcando el principio de inmediación.
Críticas al fiscal Anticorrupción
La postura del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, ha sido objeto de crítica por las acusaciones, quienes le han reprochado que las censurara, cuando no hizo lo propio con las defensas, o que a pesar de que llegó a considerar los apuntes “reales”, acreditado que la sede “se pagó con dinero b” y que “el PP se benefició” con ello, puso en duda gran parte de la contabilidad manuscrita. Latorre ha calificado de “falta de rigor y de celo” la acción del fiscal, e “ingenuo” por creer a testimonios favorables al PP que simplemente negaban la veracidad de los papeles de Bárcenas para protegerse a sí mismos o a la organización. El letrado ha llegado a comparar al fiscal con Rajoy, cuando dijo aquello de “todo es falso salvo alguna cosa”. Ha manifestado que a la vista del comportamiento del Ministerio Público, ha quedado demostrado en este juicio que “si en algún caso era necesaria la acción popular era en este”.
"El PP defraudó a Hacienda"
Las acusaciones sostienen que el tribunal debe dejar constancia de que el PP defraudó a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2008, porque no declaró ingresos en b por 1.200.000 euros, que implicaban el abono de una cuota de 220.000, y rechazan el criterio de los peritos de Hacienda quienes afirmaron, realizando una “mala lectura” de la ley de financiación de partidos políticos, que el PP estaba exento de declarar el dinero negro, porque era dedicado a los fines de la formación. Para los letrados que han comparecido hoy es un “sinsentido” porque la procedencia del dinero era ilícita y además, tal y como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “quien contribuye al fraude no puede beneficiarse de exenciones fiscales”.
El letrado de la acusación popular ADADE, José Mariano Benítez de Lugo, recordó al tribunal que “la contabilidad b es del PP y no de Bárcenas”, tal y como refrendó el Supremo, y el representante de Izquierda Unida, Juan Moreno, recalcó que “ninguno de los dirigentes del PP que han declarado aquí propició un cambio en la legislación para impedir los donativos anónimos porque pretendían seguir cobrando dinero negro”,. Además, reclamó una “sentencia ejemplar” porque las perversiones a las que la caja b del PP ha conducido al sistema, provocando el amaño de contratos a cambio de mordidas en negro de empresarios, han causado un “descrédito de la política” y no puede “volverse a repetir”.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/10/tribunales/1620676664_954618.html
EL MUERTO QUE TAMBIÉN PROTAGONIZA EL JUICIO DE LA CAJA B
La figura del extesorero Álvaro Lapuerta, subrayada por las acusaciones, resulta clave para completar el puzle de corrupción que anidó en el PP
La voz de Álvaro de Lapuerta Quintero, muerto el 2 de junio de 2018, resonó el pasado miércoles en el juicio que acoge la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP. “Yo siempre digo la verdad”, se escuchó decir a quien fuera tesorero del partido, en la grabación de una de las declaraciones que hizo ante el juez de instrucción Pablo Ruz en 2013 y 2014, emitidas en la vista. “En mi vida he obtenido un dinero ilegítimo, sino el que me correspondía [...] No he tenido nunca un ingreso ilegal o dudoso”, insistía en los vídeos, que devolvieron así su imagen al epicentro de la trama de corrupción.
La figura de Lapuerta ha sobrevolado todo el juicio y se erige como una pieza clave para completar el puzle. Las acusaciones han preguntado por él a los testigos y a los investigadores, sabedoras de que el extesorero constituye otra de las conexiones entre la contabilidad paralela y la dirección del PP. De esta forma, tratan de contrarrestar la defensa de los populares, que se esfuerzan en circunscribir en Luis Bárcenas toda responsabilidad —“El PP tenía una única contabilidad y, luego, hay un señor que tenía unos papeles”, dijo el expresidente Mariano Rajoy—, presentándolo como un verso suelto dentro de la organización, que operó durante dos décadas de espalda a la cúpula. Pero los indicios presentados en la vista desdibujan esa tesis.
Antonio Romeral, fiscal de Anticorrupción, resumía el pasado jueves el papel que desempeñó Lapuerta en la trama. Según dijo, junto a Bárcenas, era el “gestor”, “administrador” y “responsable” de la caja b. Y esa afirmación no resulta baladí, pues engarza las maniobras corruptas con el núcleo de la formación: “Estamos hablando de la sede nacional del PP, de la tesorería y de la gerencia. Y, por tanto, estamos hablando del órgano central del partido”, incidió en el juicio Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Lapuerta no era un cualquiera. Fue diputado en siete legislaturas, hombre de confianza de las sucesivas cúpulas y máximo responsable de las finanzas del PP durante 15 años, entre 1993 y 2008, cuando la contabilidad paralela funcionaba a pleno rendimiento, según consideró acreditado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I. Además, en ese tiempo, fue el jefe de Bárcenas. Lo supervisaba. “Podría parecer a veces que el señor Bárcenas es la cabeza de turco de toda esta forma de operar”, denunció este lunes Juan Moreno, abogado de Izquierda Unida, personada como acusación popular.
Receptor de donaciones. El despacho que Lapuerta se ha convertido en uno de los escenarios más evocados en el juicio. Bárcenas detalló que hasta allí acudían los empresarios para entregar donaciones al PP. Así lo explicó en la vista uno de ellos, Santiago Lago Bernstein, que ha admitido que en 1997 ejerció como “intermediario” de un grupo francés para aportar diez millones de pesetas (60.000 euros) al partido, como quedó reflejado en los papeles de Bárcenas. “Hablé con Luis y él me dice: ‘¡Ey, ey! Esto hay que hacerlo como hay que hacerlo’. Me dijo que esto había que entregarlo en el despacho de Álvaro Lapuerta”, especificó Lago, que narró cómo acudió entonces allí y se dio el dinero: “Lo dejó delante de Álvaro y Luis en la mesa del despacho [...] [Lapuerta me] dijo: ‘Que esto se da a cambio de nada, ¿eh?”.
En una grabación interceptada en la Operación Lezo, la trama de corrupción gestada presuntamente en torno al expresidente madrileño Ignacio González, se describe una estampa similar. Rafael Palencia, expresidente de la compañía Degremont, cuenta cómo pagó mordidas al partido. “Yo periódicamente le entrego treinta, treinta y cinco mil euros. Es una cantidad que voy allí y entrego [...] Se lo doy en un sobre a Álvaro [Lapuerta] y a él [Luis Bárcenas]”.
Entregas de dinero. Cristóbal Páez, exgerente del PP y acusado en este juicio como receptor de 12.000 euros de la caja b y cooperador para la reforma con dinero negro de la sede de Génova 13, también concedió al fallecido un gran protagonismo: “Un día, [Bárcenas] me llama al despacho con Lapuerta. Y me felicita Lapuerta: ‘Estamos muy contentos con tu trabajo, hijo’. Y me dan una gratificación de 6.000 euros. Me dan un sobre con 6.000 euros. Me dicen: ‘Esto no se refleja en nomina porque no se puede… Confórmate, no lo podemos hacer de otra manera”, declaró ante el tribunal.
Pero este testimonio no es el único. Por ejemplo, Luis Fraga, exsenador del PP durante 21 años y sobrino de Manuel Fraga, fundador del partido, aseguró que habló con Lapuerta para que le abonaran un dinero —apuntado en los papeles de Bárcenas y nunca declarado— como “compensación de gastos electorales”. “Me lo dieron en billetes. Se reunieron los dos, [Lapuerta y Bárcenas], en la sexta planta de la sede y me lo dieron. Creo que lo anotan en una libreta…”. También, el exdiputado Eugenio Nasarre contó que Lapuerta le dio 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia, que entonces encabezaba, procedentes de la caja b: “Me dijo que lo había conseguido de unas donaciones anónimas”.
Gestor. La Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor Pablo Ruz definieron a Lapuerta como coadministrador de la caja b. En esta línea, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo explicó que, en la década de los noventa, el partido —” seguramente, José María Aznar”— autorizó conceder una “compensación económica” a Calixto Ayesa, elegido para ser consejero de Salud de Navarra. El exparlamentario precisó que la decisión se la comunicó el entonces tesorero y que, a partir de entonces, el propio Del Burgo recogía en Madrid el dinero “en metálico” para después dárselo a su compañero. Estas entregas se encuentran recogidas en los papeles de Bárcenas.
En este mismo sentido, Del Burgo señaló que hizo gestiones con Lapuerta para que el partido ayudase a una concejal, cuya vivienda quedó destruida por un atentado de ETA: le entregaron 500.000 pesetas (3.000 euros), también apuntados en la contabilidad paralela. Y Pío García-Escudero, que pidió un préstamo al partido para rehabilitar su vivienda destrozada tras otro ataque de la banda (cuya devolución, en parte, quedó presuntamente reflejada en los papeles de Bárcenas), también resaltó el papel del extesorero: “Lapuerta me dio todo tipo de facilidades. Me dijo: ‘vete devolviéndolo cuando puedas”.
Ingresos en cuentas. Durante el juicio, los agentes de la UDEF y los peritos de la Intervención General del Estado subrayaron que se ha detectado una salida de dinero en 2008 de la caja b por 60.000 euros bajo el concepto “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”, que se produjo justo en la misma fecha en la que Lapuerta ingresó un talón de 60.000 euros en la cuenta de donativos nominativos del partido. Según añadieron los investigadores, uno de los sistemas ideados para pasar los fondos de la contabilidad paralela del PP a la oficial, era trocear las donaciones de los empresarios e ingresarlas así en las cuentas de donaciones de la formación.
Compra de acciones. La Policía considera acreditado que Lapuerta adquirió acciones de Libertad Digital con dinero negro extraído de la caja b, al igual que hizo Bárcenas, por lo que ya fue condenado. En la contabilidad paralela queda apuntada una salida en octubre de 2004 de 139.700 euros bajo el concepto “Entrega a Álvaro Lapuerta 1.270 títulos”. En su día, el extesorero defendió ante el juez que las había comprado con su dinero, pero ni el magistrado instructor ni la Fiscalía le creyeron. “Después vendió las acciones e integró ese dinero en su patrimonio”, mantuvo el ministerio público el pasado jueves.
Petición de la Fiscalía. Antes de morir en 2018 con 90 años, la Audiencia Nacional ya había decidido que Lapuerta no podía sentarse en el banquillo por su mal estado de salud. En 2016, apenas unos días antes de que comenzase la vista oral por Época I donde Anticorrupción pedía tres años de cárcel para él, el tribunal concluyó que padecía una “demencia sobrevenida” que impedía juzgarle. Su deterioro se había acelerado desde que entrase en coma en 2013, a raíz de la segunda caída que sufrió en su domicilio en marzo y abril de ese año en “extrañas” circunstancias, según la familia.
Aun así, para entonces, la Fiscalía ya había dejado por escrito las acusaciones contra Lapuerta. También, para el juicio sobre la caja b que se celebra en la Audiencia Nacional actualmente. En este segundo caso, el ministerio público pedía que se le condenara a cinco años de cárcel por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Al igual que el juez instructor, la acusación lo situó al frente de la contabilidad paralela y lo acusó de participar en el plan para pagar con dinero negro parte de la reforma de la sede de Génova. Lapuerta siempre defendió su inocencia en público.
La fase final del juicio
El juicio sobre la caja b del PP, que empezó el 8 de febrero, ha encarrilado ya su fase definitiva. El pasado jueves, las partes comenzaron a exponer sus alegatos finales. La Fiscalía y la Abogacía lo hicieron ese día. Este lunes, continuaron las acusaciones populares. Y, a partir de este martes, proseguirán las defensas. Cuando acaben, los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.
https://elpais.com/espana/2021-05-11/el-muerto-que-tambien-protagoniza-el-juicio-de-la-caja-b.html
LA ACUSACIÓN POPULAR: “EL CURSO VITAL POLÍTICO DE AZNAR ESTÁ VINCULADO A LA CAJA B”
En sus alegatos finales, los abogados apuntan a las antiguas cúpulas del PP
Las acusaciones populares han asumido este lunes el protagonismo del juicio sobre la caja b del PP, con la exposición de sus alegatos finales. Los abogados Virgilio Latorre, en nombre de la exdiputada socialista Carmen Ninet; José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade); Gonzalo Boye, letrado de Observatori Desc; y Juan Moreno, de IU, no solo han desgranado durante cerca de cinco horas toda la batería de indicios revelados en la vista oral, sino que han centrado el tiro en las antiguas cúpulas del partido conservador y en su responsabilidad sobre la contabilidad paralela: “El curso vital político de José María Aznar está vinculado al curso vital de la caja b”, ha ejemplificado Latorre.
“La caja b nace cuando Aznar es nombrado presidente del PP en 1990; y en 2004, cuando deja de serlo, continúa funcionando la caja b. Pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable. Y pensar, en cambio, que tenía un conocimiento cabal de ella resulta plausible”, ha proseguido el abogado de Ninet, que ha incidido en que el tribunal “tiene la obligación” de valorar en su sentencia la palabra de este expresidente del Gobierno y del resto de exdirigentes populares que han testificado, como Mariano Rajoy, también exjefe del Ejecutivo; y los ex secretarios generales Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.
Esta petición de la acusación popular no es baladí. En el fallo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, los magistrados ya cuestionaron la credibilidad de Rajoy, que acabó saliendo de La Moncloa tras la moción de censura que presentó el socialista Pedro Sánchez a raíz de la sentencia. Además, en esta vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, donde el PP se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, los populares han tratado de evitar toda responsabilidad política sobre la contabilidad paralela y descargarla en el extesorero Luis Bárcenas: “La caja b era de esa persona, no del PP”, defendió Cospedal.
Una argumentación que rechazan todos los abogados que han intervenido este lunes en el juicio. “Ya está declarado por los tribunales que hay una caja b. No puede ser objeto de cuestionamiento”, ha apostillado Latorre en referencia a la resolución de Época I, que la dio por acreditada. “No son los papeles de Bárcenas, son los papeles del PP”, ha dicho Benítez de Lugo. “Podría parecer a veces que el señor Bárcenas es la cabeza de turco de toda esta forma de operar”, ha recalcado Moreno, que ha arremetido contra la actitud del partido durante sus años de gobierno: “El PP no hizo ningún esfuerzo legal para acabar con la práctica de los donativos anónimos. ¿Por qué? Había un interés elemental para seguir cobrando dinero negro por parte de dirigentes del PP”.
Unas “cuentas internas”
Frente a la postura del fiscal, que cuestionó el “valor contable” de los papeles de Bárcenas en su alegato final y puso en duda algunos de los apuntes, las acusaciones populares han resaltado que las escasas incongruencias que presentan son fruto de que se trataba de una contabilidad ajena al control legal. “Una de las características más relevantes de una contabilidad b es su clandestinidad. Por tanto, un cierto desorden, una falta de cierto rigor en los sistemas contables y una premura que hace que, efectivamente, pueda parecer en algún momento una contabilidad asistemática”, ha descrito Latorre: “Lo que no puede pedirse es que la contabilidad b se ajuste al plan general contable”.
“Es indiscutible su autenticidad y su veracidad. Esos papeles eran las cuentas de un grupo que se estaba enriqueciendo con el dinero de una caja b. Esos papeles no eran para enseñar a nadie, sino para una organización interna que se nutría de donaciones [...] Esos movimientos no eran para enseñar al Tribunal de Cuentas, sino las cuentas internas que llevaba Bárcenas con Álvaro Lapuerta, [su predecesor en el cargo]”, ha destacado Boye.
En esa línea, las acusaciones populares han recordado este lunes que los peritos caligráficos confirmaron que la letra de los papeles de Bárcenas era del extesorero, que se confeccionaron a lo largo del tiempo y que se utilizaron varios útiles de escritura para elaborarlos. También, han descrito cómo varios ex altos cargos del PP han reconocido que recibieron el dinero recogido en la caja b. Entre ellos, los exparlamentarios Eugenio Nasarre, Luis Fraga y Jaime Ignacio del Burgo.
Reproches cruzados
Latorre también ha aprovechado su turno de palabra para contestar al fiscal Antonio Romeral, que el pasado jueves devolvió a las acusaciones populares las críticas que estas vertieron contra el ministerio público durante la instrucción. “Entendían que no acusábamos lo suficiente”, les echó en cara Romeral: “No podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían. No nos mueve ningún interés de parte”, remachó. Unas palabras que han encontrado respuesta este lunes: “El informe fiscal [del pasado jueves] se sobrepasó. Lo que hizo fue llamarnos la atención, reñirnos y corregirnos. Eso no es propio del ministerio fiscal”, ha dicho el abogado de Ninet, que ha insistido en la “falta de rigor y celo” de Anticorrupción durante la investigación judicial: “Lo que hacía más necesaria que nunca la acción popular”. “Estaría bien un poco de respeto [a la acusación popular]”, ha añadido Juan Moreno.
El marido de Cospedal declaró que no sabía quién era Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pese a que en 2018 anunció que se querellaría contra él. El abogado de Observatori Desc, Gonzalo Boye, afirma que de todas las falsedades que pronunció en su declaración López del Hierro, la de que no conocía a Pérez resulta "grosera"
La acusación popular que ejerce Observatori Desc ha solicitado este lunes que se deduzca testimonio contra el empresario Ignacio López del Hierro por haber mentido al tribunal durante su declaración como testigo en el juicio de la caja B. López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, dijo no saber quién era Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pese a que el 20 de febrero de 2018 hizo público un comunicado en el que anunciaba una querella contra él por las manifestaciones que el condenado en Gürtel había realizado ante la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación irregular del Partido Popular.
El empresario Ignacio López del Hierro negó durante su declaración el pasado 12 de abril ser el “López H” y el “López Hierro” que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante de 19 millones de pesetas de dinero negro a la caja B del Partido Popular. “Lopez H. puede ser López Hernández y López Hierro puede ser otra persona”, dijo el testigo a preguntas de la acusación popular de Adade.
El abogado de Observatori Desc, Gonzalo Boye, afirmó hoy al exponer sus conclusiones que ha habido testigos que, durante sus declaraciones, "han transitado por un camino muy angosto, y algunos se han caído". En referencia a López del Hierro, Boye ha dicho que las falsedades eran "evidentes", pero que concretamente ésta de no conocer a 'El Bigotes', resultó "grosera".
López del Hierro, que aparece en una grabación reunido con el comisario Villarejo y Cospedal, en el despacho que ésta última tenía como secretaria general del PP en 2009, aseguró en el juicio que nunca ha ido a Génova en su “desempeño profesional”, según el término utilizado por el abogado que le interrogaba, Mariano Benítez de Lugo.
Pese a que no sabe quién es Álvaro Pérez, López del Hierro le acusaba de traficar con drogas en las grabaciones del comisario Villarejo. “Es un traficante cualificado”, decía el empresario. López del Hierro y su esposa, María Dolores de Cospedal, tienen pendiente que el juez Manuel García-Castellón decida sobre la petición de imputación en la pieza que investiga la Operación Kitchen que realizó Anticorrupción en septiembre del año 2020.
Aznar y la caja B
Acerca de los falsos testimonios durante el juicio también se ha pronunciado el abogado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, quien ha instado al tribunal a valorar la "credibilidad" de las declaraciones de los dirigentes del PP durante la vista negando la validez de los papeles de Bárcenas y que cobraran sobresueldos. "El curso vital político de Aznar está vinculado al curso vital de la caja b, por lo que pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable", ha dicho Latorre. El letrado Latorre ha respondido a los comentarios del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, acusándole de "falta de rigor".
Por su parte, el abogado Mariano Benítez de Lugo ha insistido en que durante la vista ha quedado demostrado que los 'papeles de Bárcenas' son los "papeles del PP", al tiempo que ha recuperado su petición de que se produzca el careo entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, ya que, como ha quedado de manifiesto, sus declaraciones son contradictorias.
El abogado de IU Juan Moreno ha pedido una sentencia "justa y ejemplar" y ha asegurado que el PP "ha fracturado la confianza de los ciudadanos" con su contabilidad opaca. En este sentido ha añadido que entiende que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "no quiera reconocer pagos en 'b' porque sería reconocer que ha estafado al conjunto de la ciudadanía durante años".
Sobre los propios 'papeles de Bárcenas', y ante la crítica de que son "chapuceros", ha destacado que hacen referencia a una "contabilidad clandestina" y que su desarrollo se hizo conjuntamente con Lapuerta, quien, según ha apuntado, anotaba los movimientos en unas tarjetas de visitas que no han formado parte del sumario de la causa. Las acusaciones populares han retirado la acusación contra Laura Montero, empleada de Unifica, la empresa que cobró dinero negro de la caja B para reformar Génova, por no haber encontrado indicios suficientes contra ella.
Anticorrupción considera “reales” numerosos apuntes contables de los ‘papeles de Bárcenas’
Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, ha reservado para el PP las últimas palabras de su alegato final en el juicio sobre la caja b del partido conservador. “Para él [el partido] trabajaban [Luis Bárcenas, extesorero popular; Álvaro Lapuerta, su predecesor en el puesto, y Cristóbal Páez, exgerente de la formación]. El PP fue el que se benefició de estos hechos al hacer pagos en b. Debe responder por esa responsabilidad”, ha recalcado el representante del ministerio público este jueves, tras desgranar durante cerca de dos horas todas las pruebas e indicios que se han presentado en el juicio contra la fuerza política de Pablo Casado, acusada como responsable civil subsidiaria por la reforma con dinero negro de su sede nacional, en el número 13 de la madrileña calle de Génova.
Este jueves ha arrancado la fase definitiva de la vista oral, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 8 de febrero. Las partes han empezado a exponer al tribunal sus conclusiones finales. La Fiscalía ha asumido el primer turno, que ha aprovechado para ratificar su tesis: existía una contabilidad paralela dentro del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta, de donde sacaron dinero para la compra de acciones de Libertad Digital y para pagar parte de la obra de su sede. Esta forma de operar queda reflejada en los papeles de Bárcenas, publicados en enero de 2013 por EL PAÍS y a los que Anticorrupción otorga credibilidad: “Esos documentos son reales porque recogen, al menos en parte, información veraz y reflejo de una realidad con trascendencia penal”.
Aunque Romeral ha puesto en duda la palabra de Bárcenas, ha asegurado que numerosas pruebas han permitido corroborar que parte de su declaración es cierta. “Ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en diferentes momentos. Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio y a valorar solo lo que corroboramos por otros hechos”. “Pero, al menos una parte son reales”, ha dicho Romeral. Y, en su opinión, lo demuestran los diferentes testigos que han admitido los pagos reflejados en la contabilidad paralela del extesorero: como el empresario Santiago Lago Bornstein y cinco ex altos cargos del PP, los propios Bárcenas y Cristóbal Páez, así como el exsenador Luis Fraga y los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre.
El ministerio público también ha subrayado que la Policía y los peritos de Hacienda pudieron comprobar cómo se “pasaban fondos de la contabilidad b a la contabilidad a” del PP: se troceaban presuntamente donaciones de empresarios recogidas en la caja b que superaban el límite legal y se ingresaban en cuentas bancarias del partido. Y cómo “se han confirmado los pagos [en b] a Unifica”, la empresa que reformó la sede de Génova 13. “Esos manuscritos los hizo Bárcenas”, ha remarcado Anticorrupción sobre los papeles del extesorero, a los que también ha restado cierto “valor contable” por sus “deficiencias” y la “torpeza” con que se confeccionaron.
La reforma de Génova 13
El relato de Romeral deja en evidencia al PP, alojado en una sede pagada con dinero negro. El fiscal no tiene dudas al respecto. Los encargados de las finanzas del partido, Bárcenas y Lapuerta, sacaron miles de euros de la caja b —1,5 millones, según los cálculos de los investigadores— para pagar parte de la reforma de Génova 13. Todo ello, tras llegar a un acuerdo con los socios de Unifica, la empresa de arquitectura encabezada por Gonzalo Urquijo y Belén García. “Hemos encontrado presupuestos distintos para una misma obra”, ha resumido: “Dobles certificaciones y una doble facturación”.
Anticorrupción ha descrito la estrategia empleada por los acusados: “Para un mismo hecho nos encontramos con dos presupuestos, uno de mayor cuantía y otro de menor cuantía; con dos certificaciones, una de mayor cuantía y otra de menor; y, en algunos de ellos, con dos facturas, una de mayor cuantía y otra de menor. Y siempre la de menor importe era la que se contabilizaba”. Es decir, Unifica cobraba por la vía legal solo una parte de los trabajos, de los que dejaba constancia “oficial”, mientras el PP le abonaba en negro otra parte.
Como ha recordado la Fiscalía, esta tesis se apoya en las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, de los peritos de Hacienda y de los inspectores de la Intervención General del Estado (IGAE). También en los documentos intervenidos en los registros a la empresa y al partido, incluidas “facturas ficticias”; y en los papeles de Bárcenas, que recogen presuntas entregas de cientos de miles de euros a Urquijo. En este punto, el ministerio público ha hecho hincapié en una escena que ya describieron los agentes que investigaron la trama: justo cuando Bárcenas apuntaba en su contabilidad que pagaba a los arquitectos, estos acudían a las cajas de seguridad que tenían en varios bancos.
“Esos fondos había que depositarlos en algún lugar”, dijo en el juicio Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF: “Porque no se pueden tener en cualquier sitio. Es mucho dinero y era necesario disponer de dispositivos que ofrezcan seguridad y garantías”. Por tanto, “son muchos indicios los que se han visto” en la vista oral, ha recogido el guante este jueves Romeral, que ha perfilado a Unifica como una compañía que solía manejar dinero en b. El fiscal ha puesto sobre la mesa los correos electrónicos interceptados donde se “hablaba de generar dinero b o facturas para pagar menos IVA”; las “facturas ficticias”; y la existencia de una caja b dentro de la propia compañía, donde se llegó a acumular “hasta 135.000 euros”. Además, Urquijo y García tenían oculta una fortuna millonaria en el extranjero que regularizaron en 2012 y sobre la que, a preguntas de las acusaciones, se negaron a explicar su origen.
Según ha añadido la Abogacía del Estado, que también ha tomado la palabra este jueves para su alegato final, Unifica “enmascaraba la realidad” con “documentación doblada” y “facturas ficticias”. Para, de esta forma, “ocultar sus ingresos” a Hacienda.
Los sobresueldos
Durante su exposición, Romeral ha evitado pronunciarse sobre los supuestos sobresueldos entregados a exdirigentes del PP, ratificados por Bárcenas en su declaración y negados por los señalados. El ministerio público no ha querido mojarse: “No estamos en disposición de decir si son o no reales. Nos debemos abstener. No entramos a verificar esa parte. No podemos afirmar que sean falsas esas afirmaciones que se vierten en esos documentos, o no lo sean. No han sido objeto de investigación y ahí lo hemos dejado. Cada uno puede tener sus sospechas”.
Reproche a las acusaciones populares.
La intervención del fiscal Romeral ha comenzado con el punto de mira fijo en las acusaciones populares, críticas con el papel jugado por Anticorrupción en esta investigación. “Entendían que no acusábamos lo suficiente”, les ha echado en cara. “Pero no era ninguna actitud timorata la del Ministerio Fiscal, sino sujeta a los principios de la Constitución. Digo esto porque este miércoles presenciábamos un cambio en las conclusiones de las acusaciones populares, que retiraron aquellos hechos que en su momento nos reprochaban que no eran objeto de nuestra posición”, ha recordado. “No podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían. No nos mueve ningún interés de parte”, ha sentenciado.
EL FISCAL AFIRMA QUE "NO CABE LA MENOR DUDA" DE QUE LA SEDE DEL PP SE PAGÓ EN NEGRO
En su informe definitivo ante el tribunal, el Ministerio Público añade que "recogen información veraz y tienen trascendencia jurídico-penal"
En su informe definitivo en la sesión del juicio de este jueves, una vez analizada toda la prueba presentada en el juicio, el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, considera que los papeles de Bárcenas "son reales", que recogen "información veraz" y tienen "trascendencia juríodico-penal".
El fiscal sostiene que no solo son reales los documentos manuscritos del extesorero publicados por el diario El País, sino también el soporte digital que aportó después a la justicia en un pendrive, que completaba esa contabilidad b del PP.
En este sentido, ha recordado que han podido acreditarse numerosas de sus anotaciones con las declaraciones de testigos como Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Cristóbal Páez o Luis Fraga entre otros, quienes han corroborado que las anotaciones que figuran en los documentos de Bárcenas, se corresponden con cantidades que ellos percibieron tanto en el tiempo como en su cuantía. También ha recordado cómo se corresponden al menos 15 salidas de efectivo de la caja b, con entradas en la contabilidad oficial del PP, en su cuenta de donativos.
El ministerio público sostiene que la numerosa prueba aportada, unida a las diferencias en certificaciones de la obra, presupuestos y doble certificación del proyecto, se corresponden con los pagos en b anotados por Bárcenas en la contabilidad manuscrita del PP, y que en este procedimiento ha quedado “corroborado” y “no queda la menor duda” de que la reforma de la sede central del partido, acometida entre los años 2005 y 2010, se abonó en parte con dinero negro.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/06/tribunales/1620294510_666455.html
El Ministerio Público no tiene en cuenta la predisposición del extesorero para colaborar con la Justicia Antes de iniciar la vista oral, remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política
El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado aplicar alguna atenuante al extesorero del PP Luis Bárcenas a la hora de hacer definitiva su solicitud de pena por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja b y ha confirmado este miércoles su petición de cinco años de cárcel para el exdirigente conservador, según informa Europa Press. El Ministerio Público no tiene en cuenta así la predisposición mostrada por Bárcenas en los últimos meses para colaborar con la Justicia, quien antes de iniciar la vista oral remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política. Unas confesiones que reiteró en su declaración como acusado.
El fiscal Romeral -este martes se conoció la propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle a número dos de Anticorrupción- ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su escrito de calificación se han introducido breves modificaciones. El "principal" cambio, ha apuntado, es la atenuante de la reparación del daño para la firma de arquitectura Unifica -responsable de las reformas-, ya que ha realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. "Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad", ha dicho.
Además, Romeral ha indicado que ha realizado otras modificaciones relativas a los hechos fruto de la prueba practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, pero ha añadido que no afecta a la responsabilidad penal de los procesados.
Así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Bárcenas -quien ya ha sido condenado en firme a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)- por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y un año y medio de cárcel para el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez por los mismos delitos salvo el de apropiación indebida.
No obstante, debido a la modificación planteada para los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, su petición de pena puede verse reducida, aunque no ha concretado el representante del Ministerio Público. En su escrito de acusación provisional solicitó para cada uno de ellos la pena de tres años y 10 meses de prisión.
Conclusiones del resto de acusaciones
Anticorrupción no ha sido la única en trasladar al tribunal sus conclusiones definitivas tras la práctica de todas las pruebas durante la vista oral, pues también lo han hecho el resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. El turno de las defensas será este jueves, ya que algunas de ellas han solicitado tiempo para preparar sus conclusiones tras conocer los cambios introducidos por las acusaciones. Después de cumplimentar esta fase, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar con la exposición de los informes de las partes.
La acusación popular Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero. El letrado ha anunciado que entre las modificaciones de su escrito de acusación provisional se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, "en virtud de su declaración en este juicio oral".
Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral. En lo que sí han coincidido todas las acciones populares es en retirar la acusación contra la trabajadora de Unifica Laura Montero, para quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado dirigieron acusación.
Reducida la cuota defraudada
Por su parte, la Abogacía del Estado ha modificado también su escrito de calificación provisional con respecto a la cuota que entiende defraudada correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007. De tal modo, ha rebajado las cantidades que creen que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública.
En este sentido, ha apuntado que si se tiene en cuenta la diferencia de los importes de las certificaciones finales -documentos que sirven para facturar los trabajos- que Unifica emitió con respecto a las obras en la sede del PP, la cuantía impagada es de 931.240 euros; mientras que si se toma como referente los conocidos como papeles de Bárcenas, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la caja b del partido, los acusados deberían abonar 920.501 euros.
Cabe recordar que el PP se encuentra presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.
LA FISCALÍA MANTIENE LA PETICIÓN DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA BÁRCENAS EN EL JUICIO DE LA CAJA B
Las acusaciones populares retiran las imputaciones contra una de las trabajadoras de la empresa que reformó la sede de la calle Génova
La Fiscalía apenas mueve ficha en la fase final del juicio sobre la caja b del PP. El ministerio público ha anunciado este miércoles que mantiene la petición de cinco años de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero popular, que presentó un escrito antes del inicio de la vista oral para reconocer los hechos que se le imputaban. Una confesión que, por tanto, no ha tenido efectos.
La acusación pública tampoco modifica las conclusiones contra Cristóbal Páez, exgerente del partido conservador, para quien solicita 18 meses de prisión. Entre otros hechos, se acusa a los implicados de sacar cerca de 1,5 millones de euros de la contabilidad paralela para pagar en negro parte de la reforma de la sede de la calle Génova.
En la sesión de este miércoles, la número 23 desde que arrancara el juicio el pasado febrero, las acusaciones han podido informar al tribunal de las modificaciones que hacen a sus propios escritos de conclusiones. Según ha detallado el fiscal Antonio Romeral, el ministerio público introduce solo algún pequeño cambio: como la inclusión del atenuante de reparación del daño a Unifica, la empresa que reformó la sede del PP y cuyos dos socios, los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, se sientan también en el banquillo. La petición de pena contra ambos pasa de 3 años y 10 meses a 2 años y medio. La compañía ha “afrontado el pago de la responsabilidad civil que se le reclamaba por esta parte”, ha argumentado Anticorrupción.
Las acusaciones populares han aprovechado su turno para retirar los delitos imputados a Laura Montero, directora de proyectos de la compañía y para quien pedían hasta 19 años de cárcel. El letrado Gonzalo Boye, abogado del Observatori Desc, también ha planteado al tribunal la posibilidad de aplicar a Bárcenas un atenuante de arrepentimiento tardío: “Ha asumido los hechos, ha aclarado aquellos puntos donde había dudas y ha manifestado una voluntad de cooperación”.
El juicio afronta a partir de este jueves la recta definitiva. Las partes —Fiscalía, Abogacía del Estado, acusaciones populares y defensas— expondrán a los jueces sus alegatos finales, para lo que tendrán cada una aproximadamente una hora y media, según les informó el tribunal. Una vez concluida esa fase, los acusados dispondrán de su turno de última palabra.
LA FISCALÍA MANTIENE LA PETICIÓN DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA BÁRCENAS EN EL JUICIO DE LA CAJA B
Las acusaciones populares retiran las imputaciones contra una de las trabajadoras de la empresa que reformó la sede de la calle Génova
La Fiscalía apenas mueve ficha en la fase final del juicio sobre la caja b del PP. El ministerio público ha anunciado este miércoles que mantiene la petición de cinco años de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero popular, que presentó un escrito antes del inicio de la vista oral para reconocer los hechos que se le imputaban. Una confesión que, por tanto, no ha tenido efectos.
La acusación pública tampoco modifica las conclusiones contra Cristóbal Páez, exgerente del partido conservador, para quien solicita 18 meses de prisión. Entre otros hechos, se acusa a los implicados de sacar cerca de 1,5 millones de euros de la contabilidad paralela para pagar en negro parte de la reforma de la sede de la calle Génova.
En la sesión de este miércoles, la número 23 desde que arrancara el juicio el pasado febrero, las acusaciones han podido informar al tribunal de las modificaciones que hacen a sus propios escritos de conclusiones. Según ha detallado el fiscal Antonio Romeral, el ministerio público introduce solo algún pequeño cambio: como la inclusión del atenuante de reparación del daño a Unifica, la empresa que reformó la sede del PP y cuyos dos socios, los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, se sientan también en el banquillo. La petición de pena contra ambos pasa de 3 años y 10 meses a 2 años y medio. La compañía ha “afrontado el pago de la responsabilidad civil que se le reclamaba por esta parte”, ha argumentado Anticorrupción.
Las acusaciones populares han aprovechado su turno para retirar los delitos imputados a Laura Montero, directora de proyectos de la compañía y para quien pedían hasta 19 años de cárcel. El letrado Gonzalo Boye, abogado del Observatori Desc, también ha planteado al tribunal la posibilidad de aplicar a Bárcenas un atenuante de arrepentimiento tardío: “Ha asumido los hechos, ha aclarado aquellos puntos donde había dudas y ha manifestado una voluntad de cooperación”.
El juicio afronta a partir de este jueves la recta definitiva. Las partes —Fiscalía, Abogacía del Estado, acusaciones populares y defensas— expondrán a los jueces sus alegatos finales, para lo que tendrán cada una aproximadamente una hora y media, según les informó el tribunal. Una vez concluida esa fase, los acusados dispondrán de su turno de última palabra.
El inspector de Hacienda NUMA 40.757 declara en el juicio por los usos de la caja b del PP que la empresa Unifica que reformó la sede del partido político, fue informada de que iba a ser registrada y cuando entraron los investigadores hallaron modificada y a la vista "toda la documentación contable y mercantil que pusiera en evidencia la existencia de un circuito b" con el PP
Andaba el juicio a los usos de la caja b del PP en la sesión de este martes, enredado en disputas sobre los posibles fraudes de Unifica, la empresa que reformó supuestamente en negro la sede central del PP, entre los autores de las periciales de parte y los inspectores de Hacienda que actuaron por mandato judicial.
Tanto discutieron y de forma reiterada los expertos contratados por Unifica y los letrados de las defensas, los criterios adoptados por Hacienda para evaluar los fraudes fiscales e incluso el registro efectuado a las oficinas de la empresa de arquitectura en septiembre de 2013, que elevando el tono, uno de los inspectores, el perito NUMA 40.757, les espetó en un momento dado: "les voy a explicar yo cómo fue el registro".
"El registro fue de todo menos sorpresivo"
Varios de los letrados de las defensas trataron de interrumpir al experto augurando una declaración contraria a sus intereses y casi persuaden al presidente del tribunal para silenciar al testigo, pero las quejas del inspector de Hacienda que imploraba si le iban a "dejar continuar o no", acabaron por convencer al magistrado, quien le permitió proseguir. Lo que vino a continuación fue demoledor tanto para la firma bajo sospecha como por extensión, para el Partido Popular.
El perito aseveró que "el registro fue de todo menos sorpresivo". Reveló que al entrar en la sede de Unifica se encontraron a la vista "los justificantes de las irregularidades con el partido en b", que "estaban esperando a que fuesen registradas para que fueran obtenidas por el auxilio judicial". Añadió que hallaron "en una planta diáfana que aquella mañana debía estar trabajando y en cambio se encontraba despejada" una "carpeta blanca con anillas" con información justificativa de aquellas irregularidades. "Mucha casualidad" sostuvo irónico el perito quien manifestó que por su experiencia "en los registros sorpresivos se tardan horas e incluso días para obtener información y a veces concluyes y no sabes si la has conseguido".
Cuadraron "la información contable y mercantil del circuito b" con el PP
Aquí, todo estaba preparado y se mostró convencido de que no solo habían hecho "cuadrar toda la información contable" sino también la mercantil que "pusiera en evidencia la existencia de un circuito en b" con el Partido Popular. Por si alguno de los asistentes albergaba alguna duda, el NUMA 40.757 declaró para concluir que "si me preguntan si hubo información previa a Unifica para ese registro", vino a decir que sí. Y con rotundidad.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional también advirtió al juez del chivatazo a Unifica, que solo pudo llegar del mismo juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que ordenó la diligencia, de la Fiscalía Anticorrupción, la propia UDEF o la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Y Ruz escarmentó
El juez Ruz escarmentó después de aquella filtración y tres meses más tarde, una fría noche de diciembre de 2013, llamó a su despachó al inspector Manuel Morocho, a otro de sus compañeros en la Policía Nacional y al secretario judicial. Una vez allí les comunicó que se trasladaran a menos de diez minutos a pie y efectuaran un nuevo registro si no les daban la información requerida. Pablo Ruz acababa de enviarles al número 13 de la calle Génova y les ordenó el registro de la sede del partido en el Gobierno. Aquella orden sí sorprendió a los registrados y consiguieron las pruebas que apuntalaron la acusación de que las obras fueron abonadas con dinero negro.
https://cadenaser.com/ser/2021/04/27/tribunales/1619548588_933052.html
LA IGAE ACREDITA LOS PAGOS EN NEGRO POR LA SEDE CENTRAL DEL PP
Los peritos de la unidad de la IGAE adscrita a Anticorrupción corroboran que el Partido Popular abonó con dinero b la reforma de su sede en Madrid. También califican de "chapucera" la contabilidad de Bárcenas pero admiten que los "5 ó 6 errores de saldo entre más de 600 apuntes" pudieron deberse al fallo humano
Los peritos de la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), han comparecido este miércoles en el juicio por los usos de la caja b del Partido Popular, y han confirmado la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, por lo que respecta al núcleo central de este procedimiento: el pago con dinero negro por la reforma de la sede central del PP, ubicada en el número 13 de la madrileña calle Génova.
Los peritos han aseverado que "coincide al céntimo" la contabilidad manuscrita con los indicios detectados en los registros efectuados tanto a Unifica, la empresa que reformó la obra, como al Partido Popular, por lo que consideran que esos abonos por cerca de 1.5 millones en dinero b existieron. También confirmaron que hubo pagos en b del PP por las obras de sus sedes en La Rioja y Vizcaya.
Informes "anacrónicos y superados por la investigación"
Estos expertos, cuyos informes no fueron tenidos en cuenta por el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, a la hora de redactar tanto el auto de pase a procedimiento abreviado como de apertura de juicio oral, por considerarlos "anacrónicos y superados por la investigación", han intentado desacreditar la contabilidad manuscrita por Bárcenas, cuya existencia ya es firme y ha sido considerada "veraz" en sentencia por el Tribunal Supremo.
Siempre a preguntas del fiscal Antonio Romeral, que no solo fue quien insistió a pesar del "anacronismo" de sus conclusiones, en incorporar los informes al sumario en el momento en el que se produjo el cierre del caso, sino quien ha solicitado su comparecencia este miércoles, los peritos de "su" IGAE calificaron como "chapucera" la contabilidad de Bárcenas.
Han sostenido que existen "movimientos que no pueden ser verosímiles" y que no les parece "creíble" porque se llevaba en hojas sueltas. "Nos parece increíble que se llevara tan mal, llena de errores, lo que me hace pensar que no era real", ha manifestado uno de los expertos.
La acusación popular refuta las conclusiones de la IGAE
Pero a preguntas de la acusación popular de Carmen Ninet, representada por el letrado Efraín Latorre, este perito ha acabado admitiendo que los "errores" de Bárcenas no fueron tantos como dio a entender al fiscal, sino "5 ó 6 arrastres de saldo de 600 y pico apuntes" contables. Y que estos fallos pudieron producirse por error humano a la hora de trasladar a mano a una hoja de contabilidad o un fichero excel, anotaciones o recibís que había realizado u obtenido con anterioridad.
Errores en los que, como ha acabado admitiendo el perito de la IGAE adscrita a Anticorrupción a preguntas de Latorre, también pudo influir que por una cuestión de confianza, no se pidiera un recibí a las personas del propio Partido Popular que se beneficiaban de esas salidas de dinero negro, como en el caso de los políticos que percibían sobresueldos. Al anotar esas cantidades sin un documento de apoyo, era más fácil caer en el error. El perito de la IGAE también ha reconocido que Bárcenas pudo extraer de la contabilidad A el dinero necesario para cuadrar los saldos negativos que en ocasiones registró la caja b.
Después de que Efraín Latorre obtuviera el asentimiento del perito de la IGAE a cada una de sus preguntas que refutaban el sentido general de sus conclusiones sobre la irrealidad de los papeles de Bárcenas, el letrado ha finalizado preguntando "¿estaríamos hablando entonces de que simplemente se trataba de una contabilidad desastrada?", la respuesta fue "sí", de un ahora apocado perito de la IGAE adscrita a Anticorrupción.
https://cadenaser.com/ser/2021/04/28/tribunales/1619620825_708284.html
LOS PERITOS DE HACIENDA EXCULPAN AL PP DE FRAUDE FISCAL POR LAS DONACIONES ILEGALES
La Agencia Tributaria insiste durante el juicio por la caja b que las entregas de empresarios recogidas en los ‘papeles de Bárcenas’ estaban exentas de tributar aunque fueran irregulares
La sesión del juicio por la caja b del PP celebrada este jueves en la Audiencia Nacional se ha convertido en la más favorable para los intereses del partido desde el inicio de la vista. Durante cerca de tres horas, dos expertos de Hacienda y quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, se han reafirmado en los informes que remitieron en su día al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en los que concluían que el partido conservador no cometió ninguna irregularidad fiscal al no declarar en el Impuesto de Sociedades las cantidades que en 2008, único año que no habría prescrito, recibió como donaciones de empresarios y que aparecen recogidas en los llamados papeles de Bárcenas.
Los expertos han insistido en que los destinos a los que supuestamente dedicó el PP esos fondos, entre los que se encontraban la supuesta entrega de sobresueldos a los dirigentes de la formación conservadora y el presunto pago con dinero b de las obras de remodelación de la sede en la calle Génova de Madrid, entraban dentro “los fines y objetos de los partidos” y, por tanto, estaban exentos de tributar dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. Según las anotaciones contables del extesorero, aquel año el PP recibió 17 donaciones que sumaban más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros.
En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, que considera acreditada la existencia de una caja b que se nutría de donativos ilegales, no acusa por estos hechos a los administradores del partido. Para ello, el fiscal ha vuelto a hacer este jueves suya la conclusión más favorable para la formación recogida en el último informe que la Agencia Tributaria incorporó en la causa, y en el que se establecían dos supuestos. En el primero, que era el que había solicitado el juez Ruz, concluía que la cuota defraudada supuestamente por el PP al no declarar en 2008 el Impuesto de Sociedades y las donaciones recibidas ascendía a 220.167 euros y, por tanto, había delito fiscal.
Sin embargo, el autor de aquel documento —que este jueves no ha comparecido en el juicio al encontrarse enfermo— añadía una segunda posibilidad en la que consideraba que el partido podía haberse deducido los gastos abonados con esas donaciones irregulares si estos se incluían entre los fines que determina la ley como objeto social de los partidos. En este caso, la cantidad defraudada sería de tan solo 25.000 euros y, por tanto, no alcanzaría el mínimo para ser considerada delito.
Durante la vista, los dos peritos de Hacienda que han comparecido por videoconferencia, y que habían elaborado dos informes anteriores, han defendido esta última conclusión al insistir que las salidas de dinero reflejadas en las anotaciones contables de Bárcenas tenían como fin último el objeto social que recoge la ley para un partido político. Los expertos han señalado que el supuesto abono de sobresueldos a los dirigentes del partido “no violaba la normativa vigente” y que el pago de los gastos relacionados con la remodelación de la sede de la formación “es indiscutible que no pueden entenderse desvinculada del objeto del partido”.
En el mismo sentido se han manifestado sobre la salida de algunas cantidades que, tras ser fraccionadas para no superar el máximo legal de 60.000 euros recogido entonces por la ley para las donaciones, fueron ingresadas en una cuenta del partido y, por tanto, blanqueadas. Los expertos estiman que, al ser posteriormente declaradas al Tribunal de Cuentas, también fueron destinadas a los fines del partido. Sobre otras partidas menores reflejadas en los papeles de Bárcenas, como las entregas de dinero a organizaciones territoriales del PP o a destinatarios no identificados, los peritos han reconocido sus “dificultades” para concluir si podían quedar exentas de tributación.
Los momentos de mayor tensión de la jornada se han vivido cuando los abogados de las acusaciones han intentado desmontar los argumentos de los informes de Hacienda incorporados a la causa. El presidente del Tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha interrumpido en varias ocasiones a los letrados al considerar que las preguntas que planteaban a los expertos de la Agencia Tributaria eran “capciosas”. En la vista, también ha intervenido un cuarto perito, en este caso propuesto por una de las acusaciones, que ha defendido que era “absurdo” y contrario a la ley que las donaciones ilegales a los partidos estuvieran exentas de tributar. “Son aportaciones clandestinas y procedentes en su mayoría de empresas que contrataban con la Administración y, por tanto, no cabía exención”, ha insistido.
LA POLICÍA NO PUDO REGISTRAR LA CASA DE BÁRCENAS PORQUE YA ESTABA EN MARCHA EL ESPIONAJE AL TESORERO
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que la operación Kitchen era para sabotear la investigación
El policía al frente de la investigación de la caja B del PP, inspector jefe Manuel Morocho, declaró ayer en el juicio que si no propuso al juez Pablo Ruz el registro del domicilio de Luis Bárcenas cuando saltó el escándalo u otras actuaciones fue porque la Operación Kitchen para sabotear la investigación ya estaba en marcha.
La afirmación de Morocho, según publicó eldiario.es, se produjo durante el turno de preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, al final de la jornada. Morocho venía recibiendo los intentos por desacreditar sus pesquisas del resto de los abogados de la defensa cuando Santos le preguntó por qué no había propuesto, para lo que estaba facultado, registrar la casa del extesorero del PP tras la publicación de El País en busca de "piezas de convicción como documentación o portones informáticos de utilidad para la investigación".
El inspector jefe recordó que en febrero de 2013 su grupo recibió la documentación llegada desde Suiza sobre los fondos que allí escondía Bárcenas y que para entonces "ya estaba en marcha lo que se está investigando en las diligencias 96/2017, pieza séptima", en alusión al número de causa de Tándem o Villarejo y a la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. "Por tanto –añadió– cualquier ación que yo hiciera estaba monitorizada desde la Dirección General de la Policía".
Las diligencias 96/2017 corresponden a la investigación del caso Tándem, sobre las actividades del excomisario José Villarejo, y la pieza séptima se centra en las pesquisas sobre la presunta operación Kitchen, orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer, supuestamente, a Bárcenas documentos comprometedores para el PP. Una operación de la que, según dijo el inspector recientemente en el Congreso, tuvo "indicadores" en agosto de 2015.
Especialmente tenso ha sido el interrogatorio al que le ha sometido el abogado Luis Jordana de Pozas, defensa del arquitecto Gonzalo Urquijo, uno de los socios de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede del PP.
El mutismo de Morocho a preguntas de este letrado llevó al presidente del tribunal, José Antonio Mora, a intervenir para conminar al inspector a responder las cuestiones relativas a los cálculos empleados para determinar la irregularidad de ciertas operaciones que se le estaban planteando.
"Ya van varias contestaciones que usted omite", le afeó el presidente y, tras recordarle que había "prestado un juramento" como testigo que debía cumplir, le ha dicho: "la cosa es muy sencilla, conteste".
El papel de la polícía 'patriótica' del PP. La afirmación de Morocho se suma a otras realizadas en los últimos días respecto a las presiones que sufrió cuando investigaba al PP y éste estaba en el Gobierno. Al frente de la Dirección de la Policía estaba Ignacio Cosidó, que no está investigado en la causa de Kitchen, a diferencia de su inmediato subordinado, el director adjunto operativo Eugenio Pino o sus inmediatos superiores, Francisco Martínez (secretario de Estado) y Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior).
LOS PAGOS EN B POR LA SEDE CENTRAL DEL PP SUPERAN LOS 1,5 MILLONES CERTIFICADOS POR LA INSTRUCCIÓN
La UDEF apunta en el juicio que el PP abonó más dinero negro del confirmado por los investigadores a través de tres modalidades de pago distintas
El juicio sobre los usos de la confirmada caja B en el PP ha celebrado este jueves una sesión capital para el verdadero objeto del procedimiento; si la reforma de la sede central del partido ubicada en la madrileña calle Génova, se pagó con dinero negro.
El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, acompañado de toda su unidad, ha comparecido por segundo día consecutivo y planta por planta del edificio, ha corroborado a preguntas del fiscal Anticorrupción que la obra iniciada en 2005 y finalizada en 2010, que en su conjunto costó más de 6 millones de euros, fue abonada en parte con dinero negro.
Los agentes han podido confirmar mediante el cruce de datos, la incautación de correos y documentos tanto en la empresa Unifica que acometió las obras, como en la sede del Partido Popular, registrada en diciembre de 2013, que los pagos con dinero negro alcanzaron la cantidad de al menos 1,5 millones de euros, pero hay mucho más que es difícil de cuantificar por la naturaleza de los pagos.
Morocho ha detallado que el PP utilizó tres mecanismos distintos para abonar las obras en B. En primer lugar mediante las aportaciones desde la contabilidad paralela registrada por Bárcenas, con donativos directos como un pago de más de 400.000 euros que no había sido contabilizado por el extesorero, o desde la cuenta oficial, nutrida en parte con donaciones en negro de empresarios que eran fraccionadas para su ingreso en el banco en imposiciones de hasta 60.000 euros, con el objetivo de no exceder el máximo legal permitido para los donativos anónimos y blanquear de esta forma el dinero en efectivo.
La mayor parte de la obra fue abonada desde esa cuenta oficial, que contenía el dinero lícito obtenido por el PP a través de subvenciones y otros capítulos, mezclado con "más de tres millones" en negro ingresados "entre 2005 y 2007", con lo que no puede determinarse qué cantidad, entre los 1,5 millones en B contrastados y los más de 6 del coste total de la obra, tuvieron su origen en dinero ajeno al circuito oficial, pero existió diluido entre el "dinero legal".
El inspector de la UDEF ha manifestado a preguntas de la Abogada del Estado, que los pagos en B por la sede central continuaron cuando el extesorero Luis Bárcenas había sido apartado del partido y carecía de influencia en el área económica y financiera del mismo. Al respecto ha recalcado que en 2010, un año después de su dimisión, se produce el pago por la reforma de la planta séptima, que alberga entre otros el despacho del presidente del Partido Popular, y al analizar la documentación incautada a la formación política han encontrado "trabajos realizados que no fueron facturados" como la instalación de los cristales o las cortinas. Una dinámica "sistemática" apunta Morocho, en el resto de plantas que fueron abonadas en negro.
https://cadenaser.com/ser/2021/04/15/tribunales/1618507699_337651.html
DIOS NOS LIBRE DE LA UDEF
Los agentes del grupo especializado en delitos económicos muestran factura a factura como el PP pagó con su caja b la reforma del edificio de Génova 13
Hay personajes que se marchan a la historia mecidos, o zarandeados, por una frase inolvidable. Basta colocar las primeras palabras en el buscador de Google para que aparezca el autor. “I have a dream” conduce enseguida a Martin Luther King; “brotes verdes” remite a Rodríguez Zapatero antes incluso que a Mercadona; “¡viva Honduras!” arrastra tras de sí un manojo de vídeos y memes de Federico Trillo gritándolo por error ante las tropas de El Salvador. Qué decir de la emoción de Josep Tarradellas el 23 de octubre de 1977 al dirigirse a los catalanes desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume: “Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí”. A su izquierda, por cierto, estaba Jordi Pujol, quien muchos años después, en octubre de 2013 y durante una entrevista con Susanna Griso, pronunció una frase que inauguró su caída a los infiernos: “¿Qué coño es esto de la UDEF?”.
Son las diez y cuarto de la mañana y la respuesta ya está aquí. José Antonio Mora, el presidente del tribunal, pide a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que ocupen el mismo lugar que el día anterior. Seis alrededor de una mesa dispuesta en forma de u en medio de la sala y otros tres más atrás. Durante la jornada del miércoles, los agentes defendieron unos informes que sostienen que los papeles de Luis Bárcenas reflejan la caja b del PP. Hoy emplearán toda la mañana —cinco horas frenéticas con apenas una pausa para el café— en ir subiendo y bajando por las siete plantas de Génova 13 para intentar demostrar, céntimo a céntimo, factura a factura, fajo de billetes a fajo de billetes que el PP se conchabó con Unifica, la empresa que reformó la sede, para que una parte del coste final fuese pagado con dinero negro procedente de la caja b.
El que lleva la voz cantante es el inspector jefe. El presidente del tribunal, así como el fiscal o la abogada del Estado, se dirigen a él por su número de placa, nunca por su nombre. El hecho de que todo el mundo sepa que el número de cinco cifras terminado en 67 corresponde al inspector Manuel Morocho es producto de un accidente. De una anomalía provocada por la tentación de los partidos políticos de utilizar su poder para controlar a la policía. El PP, como demuestra la historia reciente, es bastante aficionado, pero no tiene la exclusiva. Ahí está el caso de Fernando Grande Marlaska, actual ministro del Interior y —para más inri— juez en excedencia, al que los tribunales acaban de obligar a restituir en su puesto a un coronel de la Guardia Civil al que destituyó por no informarle del curso de una investigación que se estaba efectuando por orden judicial.
El inspector Morocho contó el miércoles una parte de las presiones sufridas para que dejara la investigación de la corrupción del PP, pero basta observar su manera de trabajar durante esta larga jornada de juicio para entender que, así como sí hay jueces o fiscales con tendencia al estrellato, eso resulta poco factible en estos grupos policiales de élite.
El inspector XXX96 actúa como portavoz del trabajo de los nueve agentes que están hoy aquí y de otros que ratificaron ayer sus informes ante el tribunal. Se trata de una exhaustiva investigación conjunta que habla de metadatos, de cajas de caudales con movimientos sospechosos, de facturas que no cuadran porque en realidad son pistas falsas... La lista de sus triunfos no lleva sus apellidos, sino el de los casos en los que trabajaron y que pusieron en la picota a sus protagonistas: Palau, Gürtel, Pujol, Malaya...
Más allá de las tres de la tarde, el presidente levanta la sesión. El inspector devuelve a su funda unas gafas que solo ha utilizado a modo de prismáticos un par de veces para ver los documentos que el fiscal o la abogada del Estado pedían que supervisara. El resto del tiempo, las grandes pantallas colocadas en la sala reproducían en directo una imagen curiosa que también se transmitía por el canal de la Audiencia Nacional. Se veía a los seis agentes sentados alrededor de la mesa, idénticos en sus trajes oscuros, anónimos tras sus mascarillas, multiplicados hasta el infinito por la imagen, a modo de espejo, que devolvía el monitor instalado delante de ellos. La pesadilla que intuyó Pujol en 2013 volverá el lunes al juicio de los papeles de Bárcenas.
https://elpais.com/espana/2021-04-15/dios-nos-libre-de-la-udef.html
LA UDEF RATIFICA QUE LA CAJA B ERA DEL PP Y QUE LOS APUNTES DE BÁRCENAS SON "REALES"
El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, junto al resto de su unidad, ratifican ante el tribunal la veracidad de los papeles de Bárcenas y la existencia de la caja b del PP
"Esa cuestión ya está resuelta y es firme" tras la sentencia del Supremo, asiente el presidente del tribunal, José Antonio Mora
Varios de los agentes de la UDEF durante su declaración este miércoles en el juicio sobre la caja
El inspector jefe de la UDEF de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ha comparecido junto a todos los agentes de su unidad que investigaron los papeles de Bárcenas, en el juicio que debe dilucidad si la reforma de la sede central del Partido Popular en la madrileña calle Génova se pagó con 1,5 millones de euros en negro y los posibles delitos fiscales que se deriven de ello.
Morocho y el resto de agentes se han ratificado en el contenido de los informes que realizaron durante la instrucción del procedimiento y que han concluido que los documentos del extesorero son "veraces" y las anotaciones "reales", que no existen incongruencias en los mismos, que el PP recibía donaciones en negro de contratistas con la administración, que entre otros usos, se empleaban para el pago de sobresueldos a dirigentes, o eran blanqueadas con el ingreso en la cuenta oficial de donativos para "aflorar los ingresos opacos".
El inspector jefe Morocho ha manifestado que Bárcenas "no era el que mandaba en la contabilidad" y que era el PP el que se beneficiaba del "flujo de dinero en efectivo opaco" que recibió durante al menos 20 años de adjudicatarios públicos, por lo que ha destacado que la caja b no era del extesorero sino de la formación conservadora.
El presidente interviene: la existencia de la caja b "está resuelta y es firme" por el Supremo
En este sentido, ha recordado que tanto su existencia como denominación, son un asunto "superado" después de la sentencia del Supremo de otoño pasado sobre la Gürtel Época I, que ha confirmado "que había una doble contabilidad, contabilidad extracontable o caja b en el Partido Popular". En ese instante, el inspector jefe ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, José Antonio Mora, para corroborar que la existencia de la caja B en el partido "es una cuestión resuelta y firme" tras la sentencia del Supremo. Porque este juicio no aborda si hubo una caja b en el PP, asunto ya fuera de toda duda después del fallo judicial firme del Alto Tribunal, sino si la reforma de la sede central fue abonada o no con fondos procedentes de esa caja negra.
El PP esgrime informes "superados" por la instrucción
La abogada del Partido Popular ha intentado desacreditar las investigaciones de la UDEF esgrimiendo los informes de la unidad adscrita a la Fiscalía de la Intervención General del Estado, que concluyen la existencia de distintas incongruencias en los papeles de Bárcenas. El inspector Morocho ha respondido que no hay tales incongruencias sino que se produce algún error en los mismos debido a que se trataba de una "contabilidad casera y manuscrita" elaborada durante casi 20 años y a su juicio "todos habríamos cometido algún error" en ese caso.
Esos informes de la unidad adscrita a Anticorrupción en la IGAE enarbolados por el PP en su defensa ni siquiera fueron tenidos en cuenta por el juez instructor, Pablo Ruz, al tratarse de documentos "anacrónicos y superados por la investigación" posterior, por lo que sus conclusiones no fueron tenidas en cuenta ni en el auto por el que el magistrado dio por concluida la instrucción al dar paso al procedimiento abreviado, ni tampoco por su sucesor, el juez José de la Mata, al redactar su escrito para la apertura del juicio oral.
Morocho: "Recibimos presiones para doblegarnos"
El inspector Morocho, a preguntas de la acusación popular, también ha narrado que tanto él como otros miembros de su unidad "recibieron presiones" en un intento de "generarnos tensión para doblegarnos y que no esclareciéramos" los hechos.
En este sentido ha recordado la presentación de hasta siete "denuncias o querellas" por parte de personas investigadas contra ellos o los "varios intentos para apartarme de la investigación" como la apertura de un expediente desde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, supuestamente ordenado por la policía política de Interior durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio. También la oferta de "algún puesto de trabajo bien remunerado" que rechazó o cuando fue incorporado a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, apartándole de su despacho habitual en la UDEF y sobrecargándole de trabajo para quebrar su fortaleza. No pudieron con él ni con sus compañeros en la UDEF.
https://cadenaser.com/ser/2021/04/14/tribunales/1618429197_668180.html
EL POLICÍA DE LA CAJA B DECLARA QUE EL GOBIERNO DEL PP USÓ CONTRA ÉL A ASUNTOS INTERNOS: "BUSCABAN DOBLEGARNOS"
El inspector jefe Morocho confirma en el juicio la información publicada por elDiario.es en abril de 2014 acerca de la utilización de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) para amedrentar a los policías que investigaban al PP con la falsa excusa de la filtración de un informe. La UAI estaba dirigida por el comisario Martín-Blas, de la máxima confianza de Cosidó, quien desmintió públicamente la información
El inspector jefe Manuel Morocho, al frente de la investigación de Gürtel y la caja B, ha declarado este miércoles en el juicio de esta última pieza que el Gobierno del Partido Popular utilizó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para boicotear su investigación, tal y como publicó en exclusiva elDiario.es el 1 de abril de 2014, información que fue desmentida por el director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, éste último en sede parlamentaria.
Al cumplirse las tres horas de tedioso interrogatorio en el juicio de la caja B a Morocho, la abogada que representa hoy a Observatori Descç, Rocío Moreno, ha formulado la siguiente pregunta: “¿Usted ha sufrido intentos de apartarle de esta investigación o presiones o represalias de algún tipo?”. La respuesta de Morocho ha sido escueta: “Sí”.
A continuación, la letrada ha preguntado de qué tipo y el policía ha recuperado las diferentes denuncias puestas por investigados contra él y sus compañeros y que una de ellas, del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, aún les mantiene “formalmente” imputados en un juzgado de Madrid.
Luego ha seguido explicando algo que ocurrió coincidiendo tras la apertura de la investigación de la financiación irregular del PP, cuando este partido estaba en el Gobierno. “Tuvimos que realizar una declaración en la unidad que investiga los delitos internos de funcionarios policiales, basado en una supuesta filtración de información, lo cual era incierto, y lo que se buscaba era generarnos una presión, una tensión, para que doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”, ha dicho Morocho en referencia a su desempeño como policía judicial en el caso de la caja B a las órdenes del juez Pablo Ruz.
Aquel 1 de abril de 2014, elDiario.es tituló: “Interior presiona con Asuntos Internos a los policías que investigan al PP”. En el texto se explicaba que sin informar al juez, Asuntos Internos, por su cuenta, había citado a los miembros del grupo que investigaba Gürtel y caja B por la presunta filtración de un informe sobre Ana Mato que estaba en poder de un centenar de abogados y que la policía encontró también en el registro de la sede de Método 3..
Al domingo siguiente, Cosidó fue de invitado al programa 'El Objetivo' de La Sexta y Ana Pastor le preguntó por la información. Cosidó, que por ahora ha escapado de todas las investigaciones que versan sobre la policía política del PP, respondió: "No es verdad que se haya producido una investigación a una unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los términos en los que usted se ha referido”.
En aquel momento Asuntos Internos estaba dirigido por el comisario Marcelino Martín-Blas Aranda, imputado por la Operación Kitchen, de la máxima confianza de Ignacio Cosidó y uno de los principales responsables de la brigada política del PP que actuó en Catalunya y que utilizó a su Unidad para hacer el trabajo sobre el terreno contra el soberanismo sin autorización judicial y de forma prospectiva.
La tercera vía de sabotaje a la investigación fue apartar a Morocho de la misma, primero ofreciéndole “un puesto aparentemente bien remunerado” -un destino en una Embajada, según fuentes policiales- que él rechazo “voluntariamente” y después con un traslado para que colaborara en otras “investigaciones económicas”.
En este último caso se refiere a la orden del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, para que compaginara su investigación al PP con otras que se llevaban en el nido de la brigada política, como relató recientemente de forma más amplia Morocho en el Congreso cuando compareció ante la comisión que investiga la Operación Kitchen.
LOS ASESORES FISCALES DE LA EMPRESA QUE REFORMÓ LA SEDE DEL PP IGNORAN EL ORIGEN DE LA FORTUNA QUE SUS DUEÑOS OCULTABAN EN EL EXTRANJERO
Un empresario niega que donara los 88.500 euros que constan a su nombre en los ‘papeles de Bárcenas’
Las declaraciones en el juicio sobre la caja b del PP han continuado este martes con los interrogatorios de más testigos propuestos por las defensas de los acusados. Entre otros, han desfilado ante el tribunal dos asesores fiscales de Unifica, la empresa que reformó la sede del partido en la madrileña calle Génova y que, según los investigadores, se pagó en parte con dinero negro procedente de la caja b. Los dos expertos, Pedro Hammer y José María García-Ogara, han defendido que la compañía de arquitectura tributó de forma correcta, pero no han sabido explicar de dónde salió el dinero que los dos socios de Unifica que se sientan en el banquillo, Gonzalo Urquijo y Belén García, hicieron aflorar en la regularización fiscal de 2012. Entre ambos, al menos 2,18 millones de euros, según un informe de 2014 de la Policía.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía han incidido especialmente en este aspecto, después de que las defensas se esforzaran para presentar el testimonio de los asesores como una prueba de que Unifica operaba correctamente y nunca funcionaba con dinero sin declarar al fisco. Una tesis que rechazan las acusaciones públicas, que mantienen que la sociedad manejaba cantidades al margen de la contabilidad oficial. De hecho, durante los interrogatorios a Urquijo y García, el ministerio público ya mostró toda una batería de correos electrónicos interceptados a la empresa donde se habla, entre otras cosas, de pagar a trabajadores en “dinero efectivo tipo b” o de “hacer 60.000 en b y quitarse 11.000 euros de IVA”.
—¿Usted solo tiene conocimiento de la documentación que le facilitaban? —ha preguntado Rosa María Seoane, abogada del Estado, para evidenciar el escaso valor de la declaración de los asesores.
—Correcto— ha respondido José María García-Ogara.
[...]
—Pero, ¿no sabe de dónde salen los millones de euros regularizados? —ha insistido también a Pedro Hammer.
—Ellos no me dijeron nada y yo, por prudencia, tampoco pregunté.
—¿Y en la documentación que usted manejaba aparecía algún indicio de esa renta oculta?
—No.
Declaración de otro empresario
La sesión de este martes —la número 13 desde que arrancó la vista oral el pasado febrero— ha comenzado con la declaración de Adolfo Sánchez García, otro de los empresarios que figura como donante en los papeles de Bárcenas. Según refleja la contabilidad paralela, el extesorero del PP apuntó a nombre de “Adolfo Sánchez” hasta siete entregas de dinero entre junio de 2006 y noviembre de 2007, que oscilaron entre los 9.500 y los 24.000 euros. En total, 88.500 euros.
—¿Reconoce haber entregado estas cantidades a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta o a alguien del PP? —le ha preguntado el fiscal Antonio Romeral nada más empezar el interrogatorio.
—Absolutamente no —ha respondido el empresario, que fue vicepresidente de Aerco (Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública).
Sánchez García ha mantenido una línea similar a la que marcaron el lunes otros dos empresarios, que también negaron las aportaciones recogidas en la caja b: el constructor Luis Gálvez, expresidente de Ploder; e Ignacio López del Hierro, marido de la exministra María Dolores de Cospedal. Sin embargo, un tercero, Santiago Lago, sí las reconoció. El exvicepresidente de Aerco admitió, en cambio, que acudió “muchas veces” a la sede del PP de la calle de Génova, pero repite que nunca fue como parte de su labor profesional. Según ha dicho este martes, lo hacía como presidente de la Federacion Española de la Tartamudez, puesto que también ostentaba. “Iba a pedir ayuda económica para la Fundación y a ver al encargado de los temas sociales”, ha resumido.
—Por tanto, ¿al PP siempre fue a pedir y nunca a dar? —le ha inquirido un abogado.
—Y tanto.
UN EMPRESARIO ADMITE UNA ENTREGA DE DINERO AL PP REFLEJADA EN ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
El marido de Cospedal y el constructor Luis Gálvez niegan la veracidad de la contabilidad paralela del partido conservador
El empresario y abogado Santiago Lago Bornstein, acusado en una línea de investigación de la trama Gürtel y vinculado con las empresas de Francisco Correa, ha admitido este lunes una de las entregas de dinero reflejadas en los conocidos como papeles de Bárcenas. Durante su declaración como testigo en el juicio sobre la caja b del PP, que se celebra desde el pasado febrero en la Audiencia Nacional, Lago ha detallado cómo ejerció de “intermediario” de un grupo empresarial francés para “donar” diez millones de pesetas al partido conservador a finales de la década de los noventa. Su testimonio se suma así a los de cinco ex altos cargos de la formación que ya ratificaron en la vista los apuntes contables que el extesorero popular llevaba de su puño y letra.
El juicio, que se ha adentrado este lunes en su duodécima sesión, ha acogido los interrogatorios de tres empresarios que constan como donantes en los papeles de Bárcenas. Dos de ellos —el constructor Luis Gálvez e Ignacio López del Hierro, marido de la exministra María Dolores de Cospedal— han negado la veracidad de esas anotaciones. Pero un tercero sí se ha reconocido, en cambio, en esa documentación. Luis Bárcenas reflejó en su contabilidad paralela que un tal “Sant. L.” entregó 10 millones de pesetas (60.000 euros) el 24 de enero de 1997. “Hice una gestión porque una empresa, con la que tenía esta relación, me lo pidió”, se ha defendido este lunes Santiago Lago.
Lago Bornstein, “amigo” de Bárcenas, ha descrito primero cómo se propició esa aportación. “A un cliente efímero le habían dicho la posibilidad de hacer donaciones. Era una empresa que se dedicaba a los servicios, de una multinacional francesa y que estaba queriendo tener una presencia en España”, ha subrayado antes de identificar a la compañía como parte del grupo Vivendi. “Entonces, me piden eso, hablo con Luis y él me dice: ‘¡Ey, ey! Esto hay que hacerlo como hay que hacerlo’. Me dijo que esto había que entregarlo en el despacho de Álvaro Lapuerta, [que ocupó el cargo de tesorero del PP antes que Bárcenas]”. A continuación, según ha añadido, se cerró un encuentro en la sede de la formación en la madrileña calle de Génova.
A esa cita acude, según su versión, el propio Lago y un representante de la compañía a la que ayudaba. “Llamé a Luis Bárcenas: ‘Oye, Luis, que ya estamos aquí'. ‘Subid’, [contestó él]. Fuimos al despacho de Luis. Yo y este hombre que iba en nombre de la empresa, creo recordar que se llamaba José Rubio... Y nos llevó Luis al despacho de Álvaro Lapuerta. Entramos, nos sentamos, se entregó el dinero y dijo: ‘Que esto se da a cambio de nada, ¿eh?’. Y ahí acabó la historia”, ha resumido.
—Pero, ¿existió esa entrega de 10 millones de pesetas? —ha querido precisar entonces una de las partes.
—Sí, sí, esa se la garantizo —ha contestado contundente Lago: “Diez millones en metálico, que era lo permitido [por la ley]”. “El dinero lo entregó el hombre de esta empresa. Lo dejó delante de Álvaro y Luis en la mesa del despacho”.
Las negativas de otros dos testigos
Antes del interrogatorio de Lago Bornstein, se han producido también los de Luis Gálvez e Ignacio López del Hierro. Ambos niegan cualquier aportación de dinero al partido conservador. “Nunca he ido a la sede de Génova [por motivo de mi desempeño profesional]”, ha insistido el marido de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa con Mariano Rajoy. “Nunca he estado en el edificio del PP de Génova”, ha apostillado también Gálvez.
Los dos aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas. Según la caja b, López del Hierro efectuó dos entregas de dinero en 1997 y 1998, bajo el concepto de “Lopéz Hierro” y “López H.”, por un total de 19 millones de pesetas (más de 114.000 euros). “Yo no soy ninguna de esas dos personas que figura ahí”, ha dicho el esposo de la exministra ante el tribunal. “Pienso que López H. podría ser perfectamente López Hernández”, se ha excusado.
En la misma línea se ha manifestado Gálvez, expresidente de la constructora Ploder, que ha negado que entregara en 2008 un total de 50.000 euros al PP nacional, como consta en los papeles de Bárcenas. El extesorero popular lo señaló como uno de los donantes irregulares de fondos y aseguró incluso, en el marco del caso Púnica, que este empresario también entregó en aquel tiempo otros 60.000 euros para la campaña electoral de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Pero Gálvez también niega esa segunda donación, por la que fue desimputado a finales del pasado marzo tras declarar ante el juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
A la derecha, el empresario Luis Gálvez, durante su declaración en el juicio de la caja b.
A la derecha, el empresario Luis Gálvez, durante su declaración en el juicio de la caja b.
—En los denominados papeles de Bárcenas, o contabilidad b del PP, aparece una anotación el 22 de febrero de 2008 en la que se dice que usted entregó 50.000 euros como donación al partido popular. ¿Ha efectuado usted esta donación? ¿Ha entregado ese dinero? —ha insistido el fiscal Antonio Romeral.
—No —ha respondido Gálvez.
—¿Usted conoce a Bárcenas?
—No.
—¿A Lapuerta?
—No.
—¿Ha realizado alguna aportación al PP?
—No la he entregado y nunca he estado en el edificio del PP de Génova.
[...]
—¿Y por qué cree que aparece su nombre en esos papeles de Bárcenas? —le ha preguntado más tarde Gonzalo Boye, abogado de una de las acusaciones populares.
—Como no me lo diga usted o alguien... Es que no lo sé. ¡Y ya está bien! Es que no han parado con los papeles desde hace no sé cuántos años.
UNA TRITURADORA DE LA VERDAD EN 11 SESIONES
La antigua cúpula del PP, con Aznar y Rajoy a la cabeza, niegan la contabilidad opaca confirmada por dos sentencias, numerosos testimonios y decenas de pruebas
El Partido Popular tenía capacidad suficiente a finales del siglo pasado para destruir en muy pocos segundos cualquier papel innecesario. Su contabilidad oficial registra ese año 2000 la compra de una trituradora Dahle por 1.194 euros —”gran volumen de trabajo con corte en tiras de 5,8 milímetros”— y una destructora Ofipack 4002 por 1.727 euros — capaz de eliminar “entre 39 y 41 hojas por minuto”—.
El extesorero del PP ha contado a varios jueces que su jefe Rajoy utilizó en 2010 (primera confesión) o 2009 (segunda confesión) una trituradora de papel que tenía en el despacho para destruir las fotocopias (segunda versión) o el último folio fotocopiado (primera versión) de la contabilidad paralela con la que el PP se había financiado ilegalmente durante dos décadas. El expresidente contestó que las versiones mutantes de su extesorero eran “absolutamente falsas” y “metafísicamente imposibles”: “No he triturado lo que nunca tuve en mis manos”.
Algunos abogados del juicio por los papeles de Bárcenas exageran sobre lo ocurrido tras 11 sesiones en la sala de vistas: “Aquí todos mienten”. La mentira es un derecho de los acusados y la verdad es un deber de los testigos. Pero las condenas por falso testimonio son excepcionales en España: una por cada 13.000 juicios, según las estadísticas de 2016.
La vista oral por los papeles de Bárcenas amenaza con convertirse en una trituradora de la verdad. EL PAÍS ha contrastado las declaraciones de los testigos con los hechos acreditados.
El expresidente contó al tribunal que durante sus 14 años al frente del partido no conoció el funcionamiento económico de la formación. Cuando se hizo cargo del PP, en 1989, los Estatutos vigentes concedían al presidente competencias sobre la supervisión de la tesorería, pero nunca las ejerció. Aznar despidió en 1990 al tesorero Rosendo Naseiro tras leer la investigación hecha por Alberto Ruiz-Gallardón: “Se acredita la disposición de Naseiro a solicitar donaciones no condicionadas a empresas que hayan resultado beneficiadas por adjudicaciones. Tanto Aznar como Fraga desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe”. Entre 1990 y 1993 no hubo tesorero en el PP. El secretario general Francisco Álvarez-Cascos ejerció esa función, pero Aznar no le supervisó: “No se aplicó nunca [esa competencia que tenía el presidente] justamente por la situación transitoria... Según la realidad del partido a partir del cese o dimisión del señor Naseiro es una función que deja de existir”. El PP eliminó en los nuevos estatutos de 1993 la competencia del presidente para supervisar la tesorería.
Aznar: “No he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie”. Bárcenas facilitó algunos recibís firmados por Jaime Ignacio del Burgo: pagos en metálico para compensar a Calixto Ayesa, entonces consejero navarro de salud, por la pérdida de ingresos al cerrar su consulta. Del Burgo aseguró que Aznar autorizó los pagos, pero el expresidente lo negó: “No podía autorizar ni dar instrucciones sobre ningún tipo de pago absolutamente a nadie”. El caso es que la Agencia Tributaria no halló en la contabilidad oficial del PP ninguna retención ni remuneración a Calixto Ayesa, fallecido hace 14 meses.
Aznar recalcó al tribunal su falta de competencias sobre las cuentas: “Yo no puedo dar ninguna instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para darla”. Sin embargo, entre la documentación que Bárcenas entregó al juez hay pagos a Pedro Arriola autorizados por Aznar. En la factura fechada el 23 de febrero de 1992, y pagada por el PP, se lee: “En virtud de trabajos y servicios adicionales encargados personalmente por el presidente del PP, José María Aznar, al margen de los contratos que nos vinculan con ustedes (...) les presentamos los siguientes honorarios”.
Rajoy aseguró que el PP no tuvo una contabilidad paralela. Al menos dos sentencias le desmienten. La Audiencia Nacional condenó a numerosos excargos del PP por el caso Gürtel y dejó escrito lo siguiente: “Otras cantidades detraídas sirvieron para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘Caja B’ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a miembros relevantes del partido”. El PP recurrió este fallo al Supremo, quien sentenció por su parte: “El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una ‘Caja B’, o contabilidad ‘extracontable’, del PP —sobre la que el recurrente [Bárcenas] ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por este, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir acciones de Libertad Digital”.
Rajoy: “Hay un señor [Bárcenas] que tenía unos papeles que son mentira”. El expresidente declaró que todas las anotaciones donde aparece su nombre son falsos y que la contabilidad b que llevaba el extesorero es mentira. Sin embargo, hay más de 50 apuntes en los papeles de Bárcenas que suman casi 3,5 millones en salidas de fondos —el total en la contabilidad b es de 7,5 millones— que están acreditados por documentos oficiales y el testimonio de las personas beneficiadas:
— Hay 56 ingresos en la cuenta de donativos anónimos entre 2002 y 2007 que suman 1,3 millones. Ese dinero se corresponde con algunas salidas reflejadas en la caja b. Se trataba de donaciones ilegales que se troceaban de manera que el cajero del PP, por indicación de Bárcenas, hacía varios ingresos inferiores a 60.000 euros que sumaban la cantidad sacada de la caja b.
— Bárcenas destinó 1,5 millones de la caja b a pagar parte de las obras de reforma de la sede central del PP. Los correos requisados a la empresa responsable de las obras y la confesión del extesorero prueban estos pagos.
— Luis Rodríguez, secretario del consejo de administración de Libertad Digital, certificó la compra y venta de acciones por 407.000 euros a personas vinculadas al PP reflejadas en los papeles de Bárcenas que no figuran en la contabilidad oficial.
— El empresario Rafael Palencia donó 150.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Palencia reconoció en una conversación grabada por el gerente del Canal de Isabel II que hacía aportaciones al PP a cambio de adjudicaciones de obra pública.
— Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, sostuvo en el juicio del caso Gürtel que aportaba dinero para “organismos centrales” del PP. En los apuntes de Bárcenas hay entregas por 258.000 euros.
— Los exparlamentarios del PP Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre; Luis Fraga, exsenador del PP, y el exgerente Cristóbal Paez, admitieron al juez que recibieron el dinero reflejado en la contabilidad paralela que llevó el extesorero del PP.
Rajoy: “Bárcenas dejó de ser senador en 2010 y a partir de ahí se rompió cualquier clase de relación”. En realidad, tras el cese de Bárcenas como senador, el PP le dio de alta en la Seguridad Social y le mantuvo la cotización hasta el 31 de enero de 2013, el mismo día que EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Entre abril de 2010 y febrero de 2013, Bárcenas tuvo el mayor sueldo del partido, chófer, secretaria y una sala, llamada Andalucía, donde guardaba sus papeles y hasta un trineo.
Rajoy. “Yo no alenté presiones contra la publicación de los papeles”. A preguntas de un abogado, Rajoy negó que hubiera presionado desde el PP contra la publicación de los papeles de Bárcenas: “Yo no alenté nada ni ninguna actuación sobre el asunto al que usted acaba de hacer referencia. Ni he alentado, ni he dado instrucciones ni conozco a nadie que haya hecho las presiones a las que usted hace referencia, ni a nadie que fuera conocedor de las mismas”.
Los principales altos cargos y ejecutivos del partido presentaron demandas contra EL PAÍS tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Todas fueron rechazadas por los tribunales o retiradas. El abogado del PP Alberto Durán amenazó por carta a este periódico por publicar documentos del sumario del caso.
El nuevo abogado del PP, Jesús Santos, sugirió en la última sesión del juicio que el PP no retiró las demandas contra EL PAÍS, sino que estaban “suspendidas por prejudicialidad penal”. Sin embargo, el PP presentó el 19 de diciembre de 2013 ante el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid un escrito de “renuncia de los demandantes Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja a la acción ejercitada contra Ediciones EL PAÍS”.
https://elpais.com/espana/2021-03-27/una-trituradora-de-la-verdad-en-11-sesiones.html
BÁRCENAS SIGUE SIENDO UN VILLANO PARA EL ANTIGUO PP: "LOS PAPELES SON SUYOS Y LA CAJA B, TAMBIÉN"
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas no cumple con su amenaza de sacar a la luz la grabación que probaría que el expresidente Mariano Rajoy cobró sobresueldos procedentes de donaciones de empresarios
Los tres pesos pesados del antiguo Partido Popular José María Aznar, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal defendieron esta semana, alejados ya de cualquier cargo político, que nunca existió una contabilidad paralela o una caja B en la formación. «La caja B será de esa persona, no del PP», dijo la exsecretaria general, y los dos expresidentes del Gobierno repitieron con ella que los papeles, las notas redactadas por Luis Bárcenas que la probarían, también son del extesorero y no tienen por qué reflejar ninguna realidad.
Lo mantuvieron ante la Audiencia Nacional, por videoconferencia desde los despachos de sus domicilios, a pesar de que el Tribunal Supremo, en sentencia firme, ratificó que hay pruebas suficientes de la existencia de dicha caja B, de una contabilidad paralela o irregular en el Partido Popular. Confirmó el alto tribunal la condena contra la formación como partícipe a título lucrativo -es decir, beneficiario de dicho sistema corrupto sin tener por qué conocerlo- que echó a Rajoy de la presidencia del Gobierno tras prosperar una moción de censura contra él.
En su momento, el presidente se aferró a la parte de la sentencia que decía que «no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación» para defender que la moción estuvo «construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no era firme».
El extesorero vuelve a escena
Más de un año después de ese fallo firme, Bárcenas, que entró en prisión igual que su esposa para cumplir condena por éste, volvió a escena con la intención de dar su merecido a los líderes del PP que no resultaron investigados en ninguna de las piezas de Gürtel y le acusan de ser un delincuente, un villano contra el partido. Si manejó dinero irregular, sería cosa suya y para su interés, vinieron a decir esta semana ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y si anotó en sus cuadernillos que ‘M. Rajoy’ había recibido sobresueldos en negro, él verá por qué lo hizo, «yo no me puedo poner en la mente de otras personas porque, entre otras cosas, las personas somos distintas», dijo Rajoy dejando una de sus frases para el recuerdo. Porque, aunque los dos exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre reconocieron la veracidad de los apuntes del extesorero en cuanto a que se les entregó dinero en efectivo (no de una caja B ilegal), otros ex altos cargos populares como Javier Arenas y Federico Trillo-Figueroa se escudaron en que «no soy el único Javier del PP» o «en el PP nadie me llama Federico» y para Rajoy «no se puede poner en tela de juicio la afirmación de más del 95% de las personas que salen en esos papeles de que no son ciertos». Para él la verdad es cuestión de proporción.
Antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el juicio por si la reforma de la sede central del PP se pagó con dinero negro procedente de la caja B nutrida con donaciones de empresarios no declaradas, Bárcenas amenazó con hacer pública una grabación en la que, según él, se probaría que Rajoy cobró sobresueldos. También se prestó a aportar información tanto al juez Santiago Pedraz que investiga si empresarios fueron premiados con adjudicaciones públicas por donar dinero al PP como al juez Manuel García Castellón que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño.
Pero los ex altos mandos del PP han desfilado por la Audiencia Nacional para declarar como testigos en el juicio de la reforma de la sede y ni la grabación salió a la luz ni las declaraciones de Bárcenas parecen relevantes para avanzar en las investigaciones. Dijo que un constructor pagó 60.000 euros a Esperanza Aguirre para la campaña electoral de 2008 y éste lo negó el jueves durante su declaración como investigado. El viernes, el juez archivó la investigación contra él restando credibilidad, por tanto, a la versión de Bárcenas. El extesorero también dijo que Rajoy destruyó parte de sus anotaciones de la caja B en una máquina trituradora de papel y el expresidente contestó que eso es «metafísicamente imposible». El presidente del tribunal del juicio de la reforma de la sede del PP rechazó un careo entre ambos para ver quién tiene razón.
Bárcenas va perdiendo en cuanto a «verdad judicial»
Bárcenas, que sabe que la cúpula policial entre 2013 y 2015, después de que salieran a la luz sus famosos papeles, le espió con cargo a los fondos reservados para recuperar la documentación ‘bomba’ que pudiera tener, va perdiendo contra el antiguo PP en lo que a «verdad judicial» se refiere. Ninguno de los altos cargos del partido resultó investigado en Gürtel y ninguno tampoco está investigado en la Audiencia Nacional por el operativo policial Kitchen que se desplegó durante el gobierno de Rajoy. Tan sólo el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, fueron imputados por el juez Manuel García Castellón. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, puesto que quien captó al chófer de Bárcenas para que hiciera de confidente de la operación pagándole con fondos reservados de Interior fue el policía que trabajó como asesor de la expresidenta de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo.
El extesorero no aporta las pruebas que asegura tener de que Rajoy conocía la financiación irregular del PP y de que ésta se remonta tres décadas atrás, cuando el exsecretario general Francisco Álvarez-Cascos supuestamente la instauró para que los ministros de Aznar no perdieran dinero al pasar de cobrar del partido a hacerlo del Gobierno, algo que el aludido también negó esta semana como testigo ante el tribunal que juzga las supuestas irregularidades en la reforma de la sede del PP.
Mientras tanto, los exministros y máximos responsables del antiguo PP que pasaron esta semana por la Audiencia Nacional continuaron abonando la imagen de aquel Bárcenas que «tenía dinero en muchos sitios, como hemos sabido después», como dijo Rajoy, que comenzaron a perfilar en 2013 tras conocerse que atesoraba 47 millones de euros en una cuenta suiza.
Las acusaciones populares recogen pocos frutos
Las acusaciones populares del juicio de la caja B o los papeles de Bárcenas se llevan dos testimonios que respaldan la veracidad de las notas del extesorero y exgerente del PP y casi una decena de declaraciones de ex altos cargos que aseguran que no existió una contabilidad irregular en el partido y, en el caso de haberla, sería del enemigo Bárcenas.
El antiguo PP (los expresidentes Rajoy y Aznar; los exsecretarios generales Cospedal, Arenas, Ángel Acebes, Cascos y los exministros Jaume Matas y Federico Trillo) unieron fuerzas contra el villano Bárcenas y sus «delirios». Tan sólo el ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, que también estuvo en prisión por las tarjetas Black y para el que ahora la Fiscalía Anticorrupción pide más de 60 años de prisión por incurrir, según consideran los investigadores, en más de 11 delitos fiscales con la gestión de su patrimonio personal, defendió la profesionalidad del extesorero. «No aprecié en nadie del PP que sufriera delirios», afirmó, aunque también negó que las referencias que se refieren a él en sus apuntes sean ciertas.
EL DIRECTOR DE EL PAÍS DETALLA CÓMO SE COMPROBÓ LA VERACIDAD DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
Javier Moreno, director de EL PAÍS en la actualidad y también cuando el diario reveló los papeles de Bárcenas, ha declarado este jueves como testigo en el juicio sobre la caja b del PP que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 8 de febrero. Moreno ha detallado ante los magistrados cómo el periódico, tras conseguir la documentación, comprobó la veracidad de los apuntes contables que reflejaba antes de publicarlos el 31 de enero de 2013. Un trabajo que duró varios días y que incluyó, entre otros aspectos, un análisis grafológico que ratificó que la letra que figuraba en ellos era del extesorero popular Luis Bárcenas y que, además, “no estaban redactados de una tirada”. Es decir, había “variaciones de letra y tinta” compatibles al tiempo que abarcaban.
La comparecencia del director de EL PAÍS se ha producido durante la undécima sesión de la vista oral, que también ha acogido los interrogatorios de Rodrigo Rato y Federico Trillo, ministros durante los gobiernos de José María Aznar. “Si no recuerdo mal, el 31 de enero era jueves y recibimos los papeles de Bárcenas el domingo anterior”, ha explicado Moreno. ¿Y qué se hizo durante el tiempo entre que se recibió y se publicó? “Naturalmente, tuvimos que comprobar una serie de extremos para confirmar y estar absolutamente seguros de que los papeles eran lo que parecían ser y representaban lo que parecían representar. Es decir, una contabilidad paralela que el PP había mantenido durante casi dos décadas”.
“Eso requería una serie de procedimientos”, ha proseguido Moreno. “Por ejemplo, hicimos un examen grafológico que nos confirmó al 100% que la letra era de Bárcenas. También mostraba que no había una unidad de acto, es decir, que no habían sido redactados de una tirada, que diríamos coloquialmente, sino que las variaciones de letra y de tinta se adecuaban a las casi dos décadas que abarcaban los papeles”. Además, también se compararon los apuntes contables de la caja b con otros documentos del partido conservador, como la contabilidad oficial. En ese caso, se descubrió que los asientos de Bárcenas recogían entradas de dinero de donantes que superaban los límites legales y que, en el mismo día que se recibían o a las pocas jornadas, se ingresaban en una cuenta del partido de forma troceada para no sobrepasar el máximo que permitía la ley.
Antes de difundir los papeles de Bárcenas, EL PAÍS contactó con todas las personas que aparecían en las anotaciones. Y, antes de su publicación, “todos negaron haber aportado o recibido cantidad alguna”, ha dicho Moreno. Después, en cambio, varios rectificaron y confirmaron los apuntes que se referían a ellos. De hecho, durante el juicio, cuatro ex altos cargos del PP han admitido que percibieron el dinero que reflejan los apuntes del extesorero: un exsenador, dos exdiputados y el exgerente. Además, según ha añadido el director de EL PAÍS, varias fuentes del PP confirmaron entonces el irregular modus operandi que regía en la financiación del partido.
PALABRA DE EXPRESIDENTES: AZNAR Y RAJOY ENMIENDAN AL SUPREMO Y MANTIENEN QUE NO HABÍA CAJA B EN EL PP
Se unen a la estrategia de defender que los papeles con anotaciones de la contabilidad opaca eran de Bárcenas, no del PP Aznar niega haber recibido sobresueldos en negro, pero se desmarca de sus sucesores: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa"
Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.
Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente".
Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.
Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.
El empeño de las acusaciones
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.
Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de decoración y una planta.
Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.
Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.
Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.
Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".
"No era inspector de cajas fuertes"
Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.
Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.
Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.
DOS EXDIPUTADOS MÁS DEL PP CONFIRMAN EN EL JUICIO LOS APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
El exparlamentario Del Burgo asegura que Aznar autorizó el pago de “compensaciones económicas”
Suma y sigue. En apenas dos horas, durante una nueva jornada del juicio sobre la caja b del PP, dos ex altos cargos de la formación conservadora han reconocido apuntes sobre entregas de dinero que reflejan los papeles de Bárcenas. Los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre han ratificado que percibieron el dinero recogido en la contabilidad paralela que el extesorero popular Luis Bárcenas llevó de su puño y letra durante cerca de dos décadas. Estas declaraciones se suman a los testimonios prestados ya por el propio Bárcenas; Cristóbal Páez, exgerente del partido; y Luis Fraga, exsenador durante 21 años, que también los admitieron ante el tribunal.
La sesión de este martes, la novena desde que arrancó la vista oral el pasado 8 de febrero, ha comenzado con el interrogatorio a Jaime Ignacio del Burgo. “No está claro que esos apuntes sean una contabilidad b”, ha alegado visiblemente irritado el exdiputado, a quien le han enseñado alguna de las hojas de los papeles de Bárcenas.
—¿Pone Jaime Ignacio por casualidad en algún lado? —ha preguntado el exparlamentario.
—No, por casualidad no —le ha respondido entonces, irónico, uno de los abogados de la acusación popular, Virgilio Latorre.
Del Burgo, que ha declarado por videoconferencia desde su despacho, se ha presentado como un intermediario. El testigo ha admitido que Bárcenas le entregó dinero en “metálico”, pero arguye que fue “absolutamente legal” y que esos importes tenían por destino a terceras personas. La contabilidad opaca refleja que, en 2001, el antiguo diputado recogió 500.000 pesetas (3.000 euros) en la sede del partido que, según el exparlamentario, eran para ayudar a una víctima de ETA, cuya casa había quedado destrozada en un atentado. También, que percibió en los años noventa cantidades periódicas para dárselas a Calixto Ayesa, entonces consejero de Salud de Navarra, como “compensación” que el partido le concedió a este último porque ganaba menos dinero como cargo público que en su trabajo privado como médico y porque arrastraba una deuda de la época de UCD. Esta “compensación económica” la autorizó, según ha dicho, el propio José María Aznar, entonces presidente del PP.
La Audiencia Nacional y el Supremo ya consideraron clave la declaración de Del Burgo en la sentencia sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, cuando dieron por acreditada la contabilidad paralela de los populares. Aunque el exparlamentario ha negado este martes que su testimonio demuestre la existencia de una caja b. “Las donaciones anónimas por su propia naturaleza son entregas en dinero en metálico. Y, por tanto, que el partido tuviera dinero para hacer pagos en metálico no significa absolutamente nada”, ha alegado Del Burgo, que ha insistido en que guardaba “recibís” de todas las operaciones en las que él intervenía. Eso sí, no ha sabido responder si los perceptores finales justificaban después esos ingresos ante Hacienda ni por qué no se recogían en la contabilidad oficial del PP. “Si yo hubiera sabido que ha habido una contabilidad b, hubiera puesto el grito en el cielo y hubiéramos acabado con esa práctica”, ha asegurado tajante.
“Yo no tenía la más remota idea de que pudiera haber una caja b”, se ha defendido también Eugenio Nasarre: “Y mi convicción es que, mientras no se demuestre lo contrario, yo no puedo decir que hubiera una caja b”. Pese a ello, este testigo también ha descrito el operativo ideado en la sede de la calle de Génova. Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, autorizaba las entregas de las cantidades y Bárcenas las daba. En su caso, percibió 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia: “Lapuerta me dijo que lo había conseguido de unas donaciones anónimas. Me lo entregaron y yo lo entregué a la fundación”. ¿Lo apuntaron como donación del PP en las cuentas de la fundación? “Se apuntó como donantes anónimos, que era exactamente el origen […] A mí me lo da una persona del PP, que me dice que procede de unos donantes anónimos. Yo le creí”.
El millón de García-Escudero
Pío García-Escudero, expresidente del Senado, también se ha reconocido en los papeles de Bárcenas. Pero, esta vez, solo a medias. Los apuntes contables del extesorero recogen una entrada de un millón de pesetas en diciembre de 2001 bajo el concepto “A Pío García-Escudero (devol. Antic. Atentado)”. Según ha admitido este martes el exdirigente del PP, en aquella época, pidió un préstamo al partido para rehabilitar su vivienda, que había quedado destrozada tras un atentado de ETA. Un crédito que, según su versión actual, ascendió a cuatro millones que devolvió después en cuatro pagos, como refleja la contabilidad oficial de la formación. Pero inicialmente, cuando EL PAÍS reveló la caja b, aseguró que fueron cinco millones. “Yo había manejado la cifra de cinco millones, pero finalmente pedí uno de cuatro millones”. Según ha dicho, entonces respondió “de memoria”. “En un principio, yo lo manifesté equivocadamente. Pero, cuando hice memoria, vi que eran cuatro”.
“Yo no he recibido ningún dinero”
Por su parte, Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente y expresidente de Baleares, ha negado el apunte contable reflejado a su nombre. El 2 de abril de 2003, Bárcenas anotó en sus papeles una salida de 8.400 euros bajo el concepto “A Matas para piso”. Justo el 24 de marzo de ese año, tras su salida del Gobierno, el popular había firmado un contrato de alquiler en Madrid por valor de 2.100 euros mensuales y había pedido ayuda económica al partido, que lo puso en nómina. “La fianza, más tres meses, salen 8.400, ¿es por este motivo [que se puso esa cantidad en la documentación del extesorero]?”, le ha preguntado una acusación popular. “Yo no he recibido ningún dinero. No recuerdo haber recibido alguna ayuda para un piso”, ha añadido el expolítico, en semilibertad desde agosto tras ser condenado por el caso Nóos.
Además de la declaración de estos cuatro testigos, para este martes se han programado otros cuatro interrogatorios. El de Pedro J. Ramírez, exdirector del periódico El Mundo. Y, también, el plato fuerte de la jornada: los de tres ex secretarios generales del PP —Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal—. Ángel Acebes, que ocupó el cargo entre octubre de 2003 y junio de 2008, ya lo hizo el pasado 15 de marzo, cuando negó cualquier conocimiento de la caja b. “No son ciertos [los papeles de Bárcenas]. No se corresponde con la realidad ni con nada que se le aproxime que yo conozca”, afirmó Acebes a preguntas de las partes y pese a la sentencia del Supremo que les dio validez como prueba.
ARENAS NIEGA EL COBRO DE SOBRESUELDOS DE LA 'CAJA B' DEL PP: "NO SOY EL ÚNICO JAVIER"
El exdiputado Jaime Ignacio Del Burgo dice que el expresidente Aznar autorizó pagar en efectivo una "compensación" a un político navarro
El exsecretario general del Partido Popular entre 1999 y 2003, Javier Arenas, ha negado este martes haber cobrado sobresueldos con cargo a la caja B o contabilidad irregular del partido, según recogió el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones. Bárcenas sostiene que dicha contabilidad irregular, que el partido no declaró, se nutrió de donaciones de empresarios durante tres décadas.
«No soy el único Javier de esos papeles y somos cientos de miles de militantes en el PP, desconozco si hay otro Javier Arenas», ha declarado como testigo el también exministro y presidente del partido en Andalucía hasta 2012. «Yo todas las cantidades que he recibido ha sido vía transferencia y están declaradas en mi renta. No he recibido ninguna cantidad proveniente de empresarios y todo lo declaré a Hacienda», ha contestado a las preguntas de las acusaciones populares del juicio por el supuesto pago de la reforma de la sede central del PP con dinero negro procedente supuestamente de dicha caja B.
Durante su declaración como acusado en este juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional, Bárcenas sostuvo que los sobresueldos en el PP los instauró el exsecretario general Francisco Álvarez-Cascos (que también declarará como testigo este martes) como «retribuciones a cargos electos, complementos de sueldo a quienes se quería ayudar por un tema especial, como a Luis Fraga como senador por Cuenca, o al ex gerente Páez con una determinada cantidad como gratificación». Afirmó que los secretarios generales siguientes Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal los mantuvieron y cobraron. «Yo entregué sobres a Cascos, Arenas, Rajoy, Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Trillo, Ortí Bordás, Pedro Arriola», sostuvo.
Este martes, Arenas lo ha negado. «Yo no recuerdo que el señor Bárcenas me haya hablado nunca de la caja B. Nunca he sido receptor ni he tenido reuniones con empresarios nunca. A mí el tesorero nunca me comentó sobre donativos que se recibían», ha dicho. Respecto a un apunte concreto de Bárcenas -«otros 100 a Javier»- por el que le han preguntado las acusaciones según la cual el empresario andaluz José Luis Sánchez, con quien ha reconocido que «coincidió en actos sociales», le habría entregado 100.000 euros, ha afirmado que es «ajeno» a este.
Cualquier decisión financiera era tomada autónomamente por Álvaro Lapuerta
Asimismo, ha negado que recibiese 100.000 euros más de Luis del Rivero, ex presidente del grupo Sacyr Vallehermoso. «Nunca he tenido una reunión privada» con él, ha sostenido el ex alto cargo del PP, que ha aclarado que cualquier decisión financiera de la formación era tomada autónomamente por quien era entonces tesorero del partido, el ya fallecido Álvaro Lapuerta. Tampoco conocía «en absoluto» una anotación de mayo de 1999 de dos millones de pesetas presentados como «Javier Arenas pagos varios».
Arenas ha reconocido que mantuvo contacto en diciembre de 2012 y en 2013 con Bárcenas para «hablar conmigo y comentar los asuntos que estaban en ese momento (…) no recuerdo un objetivo concreto». Ha diferenciado entre la responsabilidad «económica» del partido que desempeñaba Bárcenas y la política del secretario general. Ha afirmado que entre ellos no había una relación «ni de jerarquía ni de dependencia».
Testigos reconocen que recibieron dinero en metálico
Este martes también declararon como testigos el exdiputado del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo y el patrono de la fundación Humanismo y Democracia (ahora Concordia y Libertad) Eugenio Nasarre. Ambos, que aparecen en las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas como receptores de dinero en efectivo, han reconocido que cobraron cantidades en metálico pero no que procediera de una caja B del partido puesto que «firmaron recibís».
En el caso de Del Burgo, ha reconocido que él mismo fue a la sede del PP en 2001 para que le entregaran 500.000 pesetas (3.000 euros) para dárselos a Elena Murillo, concejala de Villaba (Navarra) que había sufrido un atentado y estaba en una «situación angustiosa y desesperada». El exdiputado popular ha afirmado que acordó la entrega de la cantidad con el entonces gerente del PP, Bárcenas, que según el testigo en aquel momento era «únicamente el cajero del PP, no tenía capacidad de decisión».
Por otro lado, Del Burgo también ha afirmado ante la Sala que el presidente del PP, José María Aznar, autorizó el pago de una «compensación económica» en 1991, cuando ya era presidente de la formación conservadora, para su compañero Calixto Ayesa, que asumió el cargo de consejero en el Gobierno navarro de UPN, partido en el que estaba integrado el PP en esta comunidad. Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en Navarra. Del Burgo ha considerado que «el dinero que se le entregó pudo proceder de donaciones anónimas porque era una fuente de financiación del PP», pero ha rechazado que dichas entregas en metálico tuvieran «conexión con nada que se tratara de un dinero negro y esa era la razón por la que se hacían recibís». La Abogada del Estado Rosa Seoane le preguntó si esas cantidades se podrían ingresar por tanto en una cuenta bancaria, a lo que Del Burgo contestó que si. Previamente, el testigo afirmó que «no tengo ni idea de por qué fue en metálico ni me lo planteo».
Por su parte, Eugenio Nasarre reconoció haber recibido, como patrono de la Fundación Humanismo y Democracia, 30.000 euros procedente de donaciones anónimas entre 2002 y 2003. Asegura que lo recibió de manos del entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en presencia del gerente Bárcenas. «Lo que me dijo Lapuerta es que era de donantes anónimos cercanos al PP que se lo habían dado. Puedo entender que lo pidió para la formación Humanismo y Democracia y consideraron que era un objetivo noble», ha declarado. Nasarre se ha mostrado convencido de que «no ha habido una caja B» y ha afirmado que «las donaciones eran legales en aquel momento».
Ha hecho una diferencia, sin embargo, entre el dinero que los afiliados aportaban al partido y del que un 0,7% se dirigía a la fundación de la que él era patrono y las donaciones. En el caso de las primeras, se hacía una transferencia a una cuenta bancaria. En el de las segundas, se entregaron en efectivo.
«Que el partido tuviera dinero en metálico para hacer pagos no quiere decir nada»
Tanto Del Burgo como Nasarre, que han reconocido haber recibido dinero en metálico del partido en condición de intermediarios, han rechazado que hubiese una contabilidad paralela. De hecho, el ex diputado por Navarra entre y 2008, ha cuestionado la sentencia de la Primera Época de Gürtel, ratificada por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, en la que se acreditaba la existencia de «una estructura financiera y contable paralela a la oficial» al menos desde el año 1989.
Jaime Ignacio del Burgo ha destacado que la recepción de las cantidades anotadas en los papeles de Bárcenas «no implica en absoluto el reconocimiento de la existencia de la caja B, porque en aquella época eran legales las donaciones anónimas que, por su propia naturaleza, son entregas de dinero en metálico». Por ello, ha justificado que el hecho de «que el partido tuviera dinero en metálico para hacer pagos no quiere decir absolutamente nada respecto a la ilicitud de los pagos y del procedimiento».
Por su parte, Nasarre ha señalado que los 30.000 euros que Lapuerta le entregó «de donantes anónimos» para la Fundación se hizo «con arreglo a las normas legales vigentes entonces».
ARENAS NIEGA EL COBRO DE SOBRESUELDOS DE LA 'CAJA B' DEL PP: "NO SOY EL ÚNICO JAVIER"
El exdiputado Jaime Ignacio Del Burgo dice que el expresidente Aznar autorizó pagar en efectivo una "compensación" a un político navarro
El exsecretario general del Partido Popular entre 1999 y 2003, Javier Arenas, ha negado este martes haber cobrado sobresueldos con cargo a la caja B o contabilidad irregular del partido, según recogió el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones. Bárcenas sostiene que dicha contabilidad irregular, que el partido no declaró, se nutrió de donaciones de empresarios durante tres décadas.
«No soy el único Javier de esos papeles y somos cientos de miles de militantes en el PP, desconozco si hay otro Javier Arenas», ha declarado como testigo el también exministro y presidente del partido en Andalucía hasta 2012. «Yo todas las cantidades que he recibido ha sido vía transferencia y están declaradas en mi renta. No he recibido ninguna cantidad proveniente de empresarios y todo lo declaré a Hacienda», ha contestado a las preguntas de las acusaciones populares del juicio por el supuesto pago de la reforma de la sede central del PP con dinero negro procedente supuestamente de dicha caja B.
Durante su declaración como acusado en este juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional, Bárcenas sostuvo que los sobresueldos en el PP los instauró el exsecretario general Francisco Álvarez-Cascos (que también declarará como testigo este martes) como «retribuciones a cargos electos, complementos de sueldo a quienes se quería ayudar por un tema especial, como a Luis Fraga como senador por Cuenca, o al ex gerente Páez con una determinada cantidad como gratificación». Afirmó que los secretarios generales siguientes Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal los mantuvieron y cobraron. «Yo entregué sobres a Cascos, Arenas, Rajoy, Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Trillo, Ortí Bordás, Pedro Arriola», sostuvo.
Este martes, Arenas lo ha negado. «Yo no recuerdo que el señor Bárcenas me haya hablado nunca de la caja B. Nunca he sido receptor ni he tenido reuniones con empresarios nunca. A mí el tesorero nunca me comentó sobre donativos que se recibían», ha dicho. Respecto a un apunte concreto de Bárcenas -«otros 100 a Javier»- por el que le han preguntado las acusaciones según la cual el empresario andaluz José Luis Sánchez, con quien ha reconocido que «coincidió en actos sociales», le habría entregado 100.000 euros, ha afirmado que es «ajeno» a este.
Cualquier decisión financiera era tomada autónomamente por Álvaro Lapuerta
Asimismo, ha negado que recibiese 100.000 euros más de Luis del Rivero, ex presidente del grupo Sacyr Vallehermoso. «Nunca he tenido una reunión privada» con él, ha sostenido el ex alto cargo del PP, que ha aclarado que cualquier decisión financiera de la formación era tomada autónomamente por quien era entonces tesorero del partido, el ya fallecido Álvaro Lapuerta. Tampoco conocía «en absoluto» una anotación de mayo de 1999 de dos millones de pesetas presentados como «Javier Arenas pagos varios».
Arenas ha reconocido que mantuvo contacto en diciembre de 2012 y en 2013 con Bárcenas para «hablar conmigo y comentar los asuntos que estaban en ese momento (…) no recuerdo un objetivo concreto». Ha diferenciado entre la responsabilidad «económica» del partido que desempeñaba Bárcenas y la política del secretario general. Ha afirmado que entre ellos no había una relación «ni de jerarquía ni de dependencia».
Testigos reconocen que recibieron dinero en metálico
Este martes también declararon como testigos el exdiputado del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo y el patrono de la fundación Humanismo y Democracia (ahora Concordia y Libertad) Eugenio Nasarre. Ambos, que aparecen en las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas como receptores de dinero en efectivo, han reconocido que cobraron cantidades en metálico pero no que procediera de una caja B del partido puesto que «firmaron recibís».
En el caso de Del Burgo, ha reconocido que él mismo fue a la sede del PP en 2001 para que le entregaran 500.000 pesetas (3.000 euros) para dárselos a Elena Murillo, concejala de Villaba (Navarra) que había sufrido un atentado y estaba en una «situación angustiosa y desesperada». El exdiputado popular ha afirmado que acordó la entrega de la cantidad con el entonces gerente del PP, Bárcenas, que según el testigo en aquel momento era «únicamente el cajero del PP, no tenía capacidad de decisión».
Por otro lado, Del Burgo también ha afirmado ante la Sala que el presidente del PP, José María Aznar, autorizó el pago de una «compensación económica» en 1991, cuando ya era presidente de la formación conservadora, para su compañero Calixto Ayesa, que asumió el cargo de consejero en el Gobierno navarro de UPN, partido en el que estaba integrado el PP en esta comunidad. Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en Navarra. Del Burgo ha considerado que «el dinero que se le entregó pudo proceder de donaciones anónimas porque era una fuente de financiación del PP», pero ha rechazado que dichas entregas en metálico tuvieran «conexión con nada que se tratara de un dinero negro y esa era la razón por la que se hacían recibís». La Abogada del Estado Rosa Seoane le preguntó si esas cantidades se podrían ingresar por tanto en una cuenta bancaria, a lo que Del Burgo contestó que si. Previamente, el testigo afirmó que «no tengo ni idea de por qué fue en metálico ni me lo planteo».
Por su parte, Eugenio Nasarre reconoció haber recibido, como patrono de la Fundación Humanismo y Democracia, 30.000 euros procedente de donaciones anónimas entre 2002 y 2003. Asegura que lo recibió de manos del entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en presencia del gerente Bárcenas. «Lo que me dijo Lapuerta es que era de donantes anónimos cercanos al PP que se lo habían dado. Puedo entender que lo pidió para la formación Humanismo y Democracia y consideraron que era un objetivo noble», ha declarado. Nasarre se ha mostrado convencido de que «no ha habido una caja B» y ha afirmado que «las donaciones eran legales en aquel momento».
Ha hecho una diferencia, sin embargo, entre el dinero que los afiliados aportaban al partido y del que un 0,7% se dirigía a la fundación de la que él era patrono y las donaciones. En el caso de las primeras, se hacía una transferencia a una cuenta bancaria. En el de las segundas, se entregaron en efectivo.
«Que el partido tuviera dinero en metálico para hacer pagos no quiere decir nada»
Tanto Del Burgo como Nasarre, que han reconocido haber recibido dinero en metálico del partido en condición de intermediarios, han rechazado que hubiese una contabilidad paralela. De hecho, el ex diputado por Navarra entre y 2008, ha cuestionado la sentencia de la Primera Época de Gürtel, ratificada por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, en la que se acreditaba la existencia de «una estructura financiera y contable paralela a la oficial» al menos desde el año 1989.
Jaime Ignacio del Burgo ha destacado que la recepción de las cantidades anotadas en los papeles de Bárcenas «no implica en absoluto el reconocimiento de la existencia de la caja B, porque en aquella época eran legales las donaciones anónimas que, por su propia naturaleza, son entregas de dinero en metálico». Por ello, ha justificado que el hecho de «que el partido tuviera dinero en metálico para hacer pagos no quiere decir absolutamente nada respecto a la ilicitud de los pagos y del procedimiento».
Por su parte, Nasarre ha señalado que los 30.000 euros que Lapuerta le entregó «de donantes anónimos» para la Fundación se hizo «con arreglo a las normas legales vigentes entonces».
CASCOS, ARENAS Y COSPEDAL SE ENROCAN EN NEGAR LA CAJA B DEL PP PESE A LAS EVIDENCIAS
Los tres ex secretarios generales se suman a Acebes y niegan haber conocido o manejado fondos de origen opaco
Virgilio Latorre, abogado de una de las acusaciones populares personadas en el juicio sobre la caja b del PP, observa a través del monitor a Javier Arenas, exsecretario general de la formación conservadora entre 1999 y 2003. El exministro de José María Aznar, que declara por videoconferencia, niega con insistencia cualquier conocimiento sobre la contabilidad paralela que el extesorero popular Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra. “Conocí esos papeles a través de los medios de comunicación”, dice. Aunque, de repente, admite que alguna anotación contable “puede ser cierta”, ya que varios receptores las han reconocido. Eso sí, destaca rápidamente: “En lo que a mí respecta, no [...] En los que aparezco yo, no reconozco el apunte”.
—Pero sabe usted que el señor Bárcenas ha declarado que todas las anotaciones que aparecían con el apellido, nombre, siglas o acrónimos ‘Javier Are.’, ‘J. A.’, ‘J. Ar’ o ‘Arenas’ se corresponde a pagos que se le efectuaron a usted. ¿Es cierta esa afirmación? —vuelve a la carga el letrado Latorre.
—No. Evidentemente, no soy el único Javier que aparece en esos papeles. Ni tampoco el único Javier del PP. Y le insisto en lo que he dicho antes. Yo no he recibido ninguna cantidad. Ni proveniente de empresarios, ni del partido. Nunca. Y todo lo que he recibido, lo he declarado.
—Pero, ¿sí es el único que se llama Javier Arenas en el PP?
—En la dirección del partido, sí. Pero ya dije en otra declaración, que somos cientos de miles de militantes. Y desconozco si en la organización hay algún otro Javier Arenas.
Arenas ha despejado así el balón durante su interrogatorio como testigo. Al igual que harían horas después, ya por la tarde, Francisco Álvarez Cascos y Marías Dolores de Cospedal, que también ocuparon el puesto de secretario general. Los tres se han enrocado en negar la caja b pese a las evidencias que se acumulan en este juicio y en anteriores resoluciones judiciales —incluida la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, que ya la dio por acreditada el pasado octubre—.
“El contenido de esos papeles [de Bárcenas], para mí no tiene ninguna significación”, ha dicho Álvarez Cascos. “Yo no recuerdo que el señor Bárcenas me hablara nunca de una caja b”, ha alegado también Arenas. “Yo no conozco ni admito el sistema de pagos de sobresueldos”, ha remachado Cospedal. Sus palabras se suman así a las que pronunció Acebes, que también ostentó el cargo de secretario general, durante su declaración como testigo del pasado 15 de marzo: “No son ciertos [los papeles de Bárcenas]. No se corresponde con la realidad ni con nada que se le aproxime que yo conozca”.
Durante su declaración como acusado el pasado 8 de marzo, el extesorero popular confirmó el contenido de sus apuntes y señaló directamente a los cuatro ex secretarios generales. Según dijo, todos ellos conocían la caja b, que se nutría de donaciones de empresarios. Todos ellos recibieron sobresueldos. Y a todos ellos, él les entregó el dinero en mano —a excepción de Acebes, a quien se lo habría dado su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta—. Además, Bárcenas aseguró que fue Álvarez Cascos, secretario general entre 1989 y 1999, quien ordenó a Lapuerta sistematizar la contabilidad opaca.
“Es falso”, ha resumido Cascos: “Yo nunca he conocido ni manejado ninguna caja b”. “Mientras desempeñé cargos en el PP, todas mis retribuciones se declararon a Hacienda. Siempre las hemos percibido a través de cheques nominativos o a través de transferencias”. “A mí no me ha entregado dinero nadie”, ha apostillado el único ex secretario general que ha acudido en persona a declarar ante el tribunal.
—Muchas gracias por su comparecencia —le ha despedido el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, tras una hora de negativas.
—Encantado de colaborar con la justicia —ha respondido Cascos, que recibió supuestamente 421.693 euros de la caja b, según los papeles del extesorero.
“La caja b es de esa persona, no del PP”
Cospedal, última en comparecer este martes y también por videoconferencia, se ha pronunciado en la misma línea que sus predecesores: “Yo nunca he conocido que se hicieran donaciones que no fueran regulares al PP”. La exministra de Defensa ha evitado durante gran parte de su declaración referirse a Bárcenas por su nombre, para lo que ha utilizado las expresiones “esa persona” o “el que fuera anteriormente el tesorero”. “La contabilidad era de él, no del PP”, ha repetido en un par de ocasiones. El extesorero anotó dos veces su nombre en los papeles como receptora, en 2008, de un total de 15.000 euros y, según aseguró, le entregó además un sobre con 25.000 euros, en 2010, cuando supuestamente se puso fin a esa contabilidad paralela. La expolítica los ha negado, al igual que ha rechazado que se pagara en negro parte de la reforma de la sede de la calle Génova, como mantiene la Policía y la Fiscalía Anticorrupción.
—Pero, entonces, ¿nadie sabía nada de las finanzas del partido excepto el tesorero? —le ha preguntado una abogada de la acusación.
—Es que las finanzas del partido figuran en una contabilidad remitida todos los años al Tribunal de Cuentas, fiscalizada con regularidad. […] Es que la caja paralela no existe. No era del PP. Sería de esa persona —ha contestado Cospedal, que ha admitido su “desprecio” hacia Bárcenas.
Los tres ex secretarios generales han descargado la responsabilidad de las finanzas del partido en los tesoreros Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, y Luis Bárcenas, este último desde junio de 2008. “Yo ni gestioné, ni negocié absolutamente nada. Un compañero me vino a contar una necesidad y yo le dije que fuera a hablarlo con el tesorero”, ha explicado Arenas, por ejemplo, sobre un apunte recogido en los papeles de Bárcenas relativo a Pío García-Escudero, expresidente del Senado, quien ya admitió en su día esa anotación y detalló que fue un crédito que pidió al partido tras sufrir un atentado de la banda terrorista ETA que destrozó totalmente su vivienda habitual en Madrid.
El turno de Aznar y Rajoy
Acabada la sesión de este martes, el juicio continuará el miércoles con uno de los platos fuertes de la vista. Entre los testigos previstos se encuentran José María Aznar y Mariano Rajoy, expresidentes del Gobierno y exlíderes del PP. Durante el mandato de ambos funcionó la contabilidad paralela acreditada por el Supremo. Ambos declararán por videoconferencia.
LAS ACUSACIONES NO TIENEN SU DÍA
Los exsecretarios generales del PP que declaran en la Audiencia logran irse de rositas y no admiten la caja b
Ya no hay dudas, el presidente del tribunal es un optimista sin remedio. Había citado para la jornada del martes a ocho testigos de peso, cuatro para que declararan entre las diez de la mañana y las doce del mediodía, y otros cuatro para que hicieran lo propio después de la pausa del café y antes de irse a comer. El caso es que a las 18.30 todavía estaba declarando María Dolores de Cospedal, y casi el único interés que podía deparar ya una jornada en la que los abogados de la acusación popular habían perdido por goleada frente a los antiguos secretarios generales del PP era si la exministra de Defensa, enemiga declarada de Luis Bárcenas, iba a llamar por su nombre al extesorero, a quien hasta entonces solo se había referido como “esa persona” o simplemente como “él”.
—Usted ha dicho al principio de su declaración —pregunta un abogado a De Cospedal— que no tiene amistad ni enemistad con ninguno de los acusados. ¿Tampoco con el señor Bárcenas?
—Hacia él solo siento desprecio.
Por fin una palabra caliente, rotunda, hermosa, inapelable. Hasta entonces —todo un día entero—, los exsecretarios del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal habían seguido al pie de la letra la senda iniciada la pasada semana por Ángel Acebes: negar una y otra vez la existencia de la caja b del PP y, por extensión, cualquier responsabilidad de los sucesivos secretarios generales en la gestión económica del partido. Los abogados de la acusación se estrellan una y otra vez contra los “en absoluto” de Arenas, la indignación de Álvarez Cascos —que casi pidió una medalla por haberle puesto coto a las constructoras—, y la altivez de De Cospedal, quien a pesar de haber sido grabada por el comisario Villarejo mientras urdían juntos un plan contra Bárcenas, continúa negando cualquier irregularidad.
—La caja paralela no existe. No era del PP. Sería de esa persona...
El optimismo del juez, sin embargo, tiene un efecto positivo, muy revelador. Además de los tres exsecretarios generales citados y del periodista Pedro J. Ramírez, que refiere casi en tiempo real sus cuatro horas de conversación con Bárcenas, declaran otros cuatro testigos pertenecientes al PP. Y entonces, como por arte de magia, ya sí empieza a oler en la sala a caja b o a un sistema paralelo de financiación que se le parece demasiado. Por orden de aparición, esos testigos son Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Jaume Matas y Pío García Escudero. Todos tienen una historia que contar. Todos advierten de entrada que nada les pareció irregular — “yo no lo hubiera permitido”, clama Del Burgo—, pero todos reconocen que sí recibieron del PP unas cantidades que, de forma total o parcial, aparecen consignadas en los famosos papeles de Bárcenas. Jaime Ignacio del Burgo, primer presidente de la Diputación Foral de Navarra y senador y diputado del PP durante 28 años, admite haber recibido dinero contante y sonante para ayudar a una víctima de ETA y para cubrir una vieja deuda con un banco de un exdirigente ya fallecido. El exdiputado Eugenio Nasarre también recogió de manos de Luis Bárcenas 30.000 euros en billetes destinados a la Fundación Humanismo y Democracia. El expresidente balear Jaume Matas admite que el partido le ayudó cuando dejó de ser ministro, aunque se desvincula de las anotaciones del extesorero, y el senador Pío García Escudero tres cuartos de lo mismo. Recibió un adelanto del partido para reconstruir su casa después de un atentado de ETA, y aunque su nombre figura en los papeles, dice que todo fue legal y que reintegró el préstamo.
La acumulación de testigos se muestra, por tanto, más eficaz que la labor de los abogados de las acusaciones populares, quienes sin la ayuda del fiscal ni la abogacía del Estado -—que apenas preguntaron— fueron incapaces durante toda la jornada de poner contra las cuerdas a unos exsecretarios generales que ya solo tienen en común un objetivo: librarse como sea del fantasma de Bárcenas.
https://elpais.com/espana/2021-03-23/las-acusaciones-no-tienen-su-dia.html
EL DIRECTOR DE EL PAÍS DETALLA CÓMO SE COMPROBÓ LA VERACIDAD DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
Javier Moreno declara como testigo en el juicio sobre la caja b del PP
Javier Moreno, director de EL PAÍS en la actualidad y también cuando el diario reveló los papeles de Bárcenas, ha declarado este jueves como testigo en el juicio sobre la caja b del PP que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 8 de febrero. Moreno ha detallado ante los magistrados cómo el periódico, tras conseguir la documentación, comprobó la veracidad de los apuntes contables que reflejaba antes de publicarlos el 31 de enero de 2013. Un trabajo que duró varios días y que incluyó, entre otros aspectos, un análisis grafológico que ratificó que la letra que figuraba en ellos era del extesorero popular Luis Bárcenas y que, además, “no estaban redactados de una tirada”. Es decir, había “variaciones de letra y tinta” compatibles al tiempo que abarcaban.
La comparecencia del director de EL PAÍS se ha producido durante la undécima sesión de la vista oral, que también ha acogido los interrogatorios de Rodrigo Rato y Federico Trillo, ministros durante los gobiernos de José María Aznar. “Si no recuerdo mal, el 31 de enero era jueves y recibimos los papeles de Bárcenas el domingo anterior”, ha explicado Moreno. ¿Y qué se hizo durante el tiempo entre que se recibió y se publicó? “Naturalmente, tuvimos que comprobar una serie de extremos para confirmar y estar absolutamente seguros de que los papeles eran lo que parecían ser y representaban lo que parecían representar. Es decir, una contabilidad paralela que el PP había mantenido durante casi dos décadas”.
“Eso requería una serie de procedimientos”, ha proseguido Moreno. “Por ejemplo, hicimos un examen grafológico que nos confirmó al 100% que la letra era de Bárcenas. También mostraba que no había una unidad de acto, es decir, que no habían sido redactados de una tirada, que diríamos coloquialmente, sino que las variaciones de letra y de tinta se adecuaban a las casi dos décadas que abarcaban los papeles”. Además, también se compararon los apuntes contables de la caja b con otros documentos del partido conservador, como la contabilidad oficial. En ese caso, se descubrió que los asientos de Bárcenas recogían entradas de dinero de donantes que superaban los límites legales y que, en el mismo día que se recibían o a las pocas jornadas, se ingresaban en una cuenta del partido de forma troceada para no sobrepasar el máximo que permitía la ley.
Antes de difundir los papeles de Bárcenas, EL PAÍS contactó con todas las personas que aparecían en las anotaciones. Y, antes de su publicación, “todos negaron haber aportado o recibido cantidad alguna”, ha dicho Moreno. Después, en cambio, varios rectificaron y confirmaron los apuntes que se referían a ellos. De hecho, durante el juicio, cuatro ex altos cargos del PP han admitido que percibieron el dinero que reflejan los apuntes del extesorero: un exsenador, dos exdiputados y el exgerente. Además, según ha añadido el director de EL PAÍS, varias fuentes del PP confirmaron entonces el irregular modus operandi que regía en la financiación del partido.
Se unen a la estrategia de defender que los papeles con anotaciones de la contabilidad opaca eran de Bárcenas, no del PP Aznar niega haber recibido sobresueldos en negro, pero se desmarca de sus sucesores: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa"
Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.
Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente".
Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.
Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.
El empeño de las acusaciones
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.
Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de decoración y una planta.
Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.
Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.
Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.
Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".
"No era inspector de cajas fuertes"
Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.
Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.
Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.
Cuatro ex altos cargos del PP han confirmado ya que cobraron de la contabilidad paralela
Las declaraciones de este miércoles de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, en el juicio sobre la caja b del PP que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado febrero, han llegado en la décima sesión de una intensa vista oral que ya ha dejado las primeras pruebas que apuntalan la contabilidad paralela que, según la instrucción, el partido mantuvo al menos desde 1990 a 2008 —periodo que el extesorero popular Luis Bárcenas amplía hasta 2009—. “La caja b no existe”, defendió Rajoy ante el tribunal. “No he conocido ninguna contabilidad paralela”, afirmó Aznar. Pese a las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que ya la dan por acreditada.
Casi seis años de espera. La vista comenzó el pasado 8 de febrero, casi seis años después de que el magistrado de instrucción José de la Mata dictase el auto de apertura de juicio oral. Tanto tiempo había pasado desde entonces que uno de los procesados, Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, nunca ha llegado a sentarse en el banquillo, pues falleció en 2018. Finalmente, solo cinco personas se enfrentan a peticiones de cárcel: Luis Bárcenas, extesorero del partido; Cristóbal Páez, exgerente; y dos socios y una trabajadora de Unifica, la empresa que reformó la sede de la calle de Génova.
La confesión de Bárcenas. En la primera sesión, dedicada a la fase de cuestiones previas, todos los focos apuntaron a Bárcenas, que durante dos décadas llevó una contabilidad paralela de su puño y letra. No solo era la cara más conocida del juicio, sino que solo unos días antes había enviado una nueva confesión a la Fiscalía Anticorrupción, donde admitía todas las acusaciones que se le atribuyen en este proceso y se mostraba dispuesto a colaborar con la justicia. También, apuntaba sin paliativos a las antiguas cúpulas del PP, especialmente a Mariano Rajoy. De hecho, su defensa aprovechó esta primera jornada para solicitar al tribunal que se estudiara celebrar un careo durante la vista entre el extesorero y el expresidente del Gobierno. Pero los magistrados optaron por denegarlo.
La declaración del extesorero. El interrogatorio a Bárcenas, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel, se prolongó a lo largo de dos días. Durante el 8 y 9 de marzo, el extesorero acusó a todos los líderes del PP hasta 2008 de conocer la caja b. Según dijo, todos los exsecretarios generales y expresidentes del partido la conocieron, aunque se guardó de no mencionar explícitamente el nombre de Aznar. También enumeró toda una batería de personas a las que, según dijo y reflejan sus apuntes contables, se le pagaron sobresueldos: Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato… “Sabíamos lo que estábamos haciendo”, remachó.
El extesorero también aprovechó la ocasión para detallar que parte de la reforma de la sede de la calle Génova se pagó con dinero negro. De esa caja b, nutrida por aportaciones de empresarios, él y Lapuerta también sacaron casi 300.000 euros para adquirir acciones del medio Libertad Digital, encabezado por Federico Jiménez Losantos, según su versión.
Cinco ex altos cargos ratifican los apuntes. Las diez sesiones que suma el juicio han servido ya para que cinco ex altos cargos del PP ratifiquen los apuntes contables. En primer lugar, lo hizo el propio Bárcenas, que en 2013 ya facilitó al juez Ruz un pendrive con más documentación que respaldaba su versión. Pero, además, el exgerente Cristóbal Páez admitió ante el tribunal que se le entregaron 12.000 euros en dos pagos de 6.000 que nunca se declararon a Hacienda, pero que constan en los papeles de Bárcenas.
A estos dos testimonios se suman los de Luis Fraga, senador del partido durante 21 años; y los diputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre. Los tres reconocieron que recibieron el dinero reflejado en los apuntes de la caja opaca. Estas declaraciones quedan reforzadas por dos más: por la de Jorge Trías, exparlamentario popular, que relató cómo vio la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas antes de que saliera a la luz en 2013 —el extesorero se la dejó para que pudiera analizarla—; y por la de Luis Molero, el cajero del PP, que subrayó que las hojas de los papeles de Bárcenas son iguales que las hojas contables que usaban habitualmente en la formación.
Las antiguas cúpulas se desmarcan. Frente a las evidencias que se acumulan en la vista y a la sentencia del Supremo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I y donde se dio por acreditada la contabilidad paralela, las antiguas cúpulas del PP han optado por negar todo. Los ex secretarios generales del partido entre 1990 y 2009 —Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal— se enrocaron en rechazar su existencia. La exministra de Defensa fue la más explícita a la hora de dejar claro que, en su opinión, de haber algo irregular, sería responsabilidad de Bárcenas: “La caja paralela no existe. No era del PP. Sería de esa persona”. Una línea que Rajoy y Aznar han seguido.
Un diputado apunta a Aznar. Los intentos de los populares de desacreditar los papeles de Bárcenas y rechazar cualquier tipo de sobresueldo dentro del partido se toparon este martes con el testimonio de Del Burgo. Aunque el exparlamentario popular se esforzó en negar cualquier irregularidad, confirmó que a principios de los noventa se dedicó a recoger cantidades periódicas en la sede del PP —reflejadas en la contabilidad paralela— que después entregaba a Calixto Ayesa, entonces consejero navarro de Salud. Del Burgo calificó ese dinero como una “compensación económica” que el propio Aznar aprobó para Ayesa con el objetivo de ayudarlo, ya que para ocupar el cargo público tenía que dejar su trabajo de médico —lo que reducía sus ingresos— y arrastraba además una deuda de su etapa en UCD. Aznar niega, en cambio, que autorizase esa operación.
Los expresidentes del Gobierno niegan de forma rotunda que haya existido jamás una contabilidad paralela en el PP
Aznar declara como testigo en el juicio por la caja B del PP. En vídeo, las frases de Aznar y Rajoy
Hace mucho tiempo que en la planta séptima de Génova 13 no se hacen fiestas de antiguos alumnos. Los exdirigentes del PP, como es público y notorio, no se llevan bien. Lo que la victoria unió, la derrota fue separando, y donde antes hubo afecto ahora existe algo muy parecido a lo contrario. Por el juicio de los papeles de Bárcenas está desfilando estos días una generación de políticos cansados, incluidos algunos que ya han estado en la cárcel y otros que siguen en arresto domiciliario. Solo hay algo que todavía les une, una causa, un nombre. Luis Bárcenas.
La traición del extesorero, que desveló hace ya ocho años unos papeles que demuestran la existencia de una financiación paralela en el PP, ha provocado la llamada a rebato. La consigna es negar la mayor. Cada uno a su estilo, hasta ahí podíamos llegar. Pero tan coordinados que a veces —los nervios del directo— utilizan las mismas palabras, idénticas expresiones, como cuando desde la sede de la que ahora Pablo Casado quiere huir se distribuía cada mañana un argumentario que los líderes pequeños, medianos y grandes recitaban por radios y televisiones.
Dijo Dolores de Cospedal el martes ante el tribunal:
—La caja paralela no existe. No era del PP. Sería de esa persona…
Y Mariano Rajoy declara el miércoles:
—La caja b no era del PP. Era de Bárcenas.
La jornada se divide en dos partes separadas por una hora para el almuerzo. Por la mañana se busca la verdad. O sea, los datos para condenar al menos a los principales acusados, el extesorero Luis Bárcenas y Gonzalo Urquijo, el dueño del estudio de arquitectura que dirigió la reforma de la sede del PP. Por la tarde, en cambio, toca espectáculo. Es lo que tienen los juicios mediáticos. Lo primero es más tedioso, requiere un conocimiento más concienzudo del sumario y, para colmo, tiene menos audiencia. Los testigos suelen ser además gente de a pie, una administrativa, una arquitecta de interiores, un contable, un jefe de obra. Ahí se suelen fajar a lo grande el fiscal y la abogada del Estado, que suelen pescar de entre las profundidades de ocho años de investigación un papel, una firma, un Excel endemoniado que a la postre pueda demostrar que sí, que parte de la remodelación de la sede del PP se pagó en dinero negro.
Lo segundo ya es harina de otro costal. Es casi seguro que nada de lo que se diga esta tarde influirá en la sentencia, pero cómo renunciar a llamar como testigos a José María Aznar y a Mariano Rajoy, nada más y nada menos que dos expresidentes del Gobierno, para que vuelvan a decir lo que ya han dicho tantas veces. Así que se abre el telón telemático, porque también parece haber aquí una directriz de la vieja cúpula del PP para sus dirigentes. Todos desde casa y con la mascarilla puesta. Hasta Aznar, que hace solo unos días asistió en loor de multitudes a una universidad privada y se la quitó tan tranquilo para una larga entrevista televisiva, comparece con el antifaz bien ajustado desde la soledad de su despacho.
El presidente del tribunal le toma juramento, le pregunta si tiene amistad o enemistad con algunos de los acusados y da paso enseguida a las preguntas de las acusaciones populares, que son las que han pedido su comparecencia. Y ya ahí, desde el principio, Aznar quiere dejar claro que sigue siendo Aznar. Le dice al abogado Benítez de Lugo que sabe muy bien quién es y de dónde procede, del socialismo de Madrid y de Europa...
—No hace falta que me haga usted la ficha —contesta el letrado sin arrugarse—, sino que conteste a las preguntas.
Lo mismo hace Aznar antes de que el abogado Gonzalo Boye tome la palabra:
—Usted es el abogado de Puigdemont...
El presidente del tribunal decide cortar por lo sano y amonesta al expresidente, cuya declaración puede resumirse en una frase: “No tengo la más remota idea”. La repite varias veces. Es una palabra muy de su gusto. La introdujo en una frase de la que tal vez debería avergonzarse —por lo injusta que es, por el dolor que provoca—, pero de la que se sigue sintiendo muy orgulloso. La acuñó tras la matanza terrorista de 2004, para seguir envolviendo en ella la mentira de su Gobierno durante aquellos tres días de marzo: “Los que idearon el 11-M no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”. Ahora la vuelve a utilizar, para insistir en que la caja b nunca existió, aunque tanto una sentencia del Tribunal Supremo y los propios testimonios de exdirigentes del PP que han pasado por el juicio demuestran la verosimilitud de una contabilidad paralela en Génova 13. “El tribunal”, dijo el Supremo refiriéndose a una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, “contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una caja b, o contabilidad extracontable del PP....”.
El siguiente en declarar es Mariano Rajoy. Solo necesita cinco minutos para dejar en evidencia a Aznar. Se presenta ante la cámara sin mascarilla y con una actitud completamente distinta. También se ajusta al guion. Su muletilla para negar la existencia de la caja b es la expresión “absolutamente falso”. Sale del trance sin que los abogados de la acusación consigan sacarlo de sus casillas. La buena educación no tiene que ver con la verdad. Ni con la mentira.
https://elpais.com/espana/2021-03-24/aznar-y-rajoy-ni-remota-idea.html
COSPEDAL: "SI HABÍA CAJA B ERA DE BÁRCENAS, NO DEL PP"
La exsecretaria general del PP alega además que el PP hizo una "auditoría" para desacreditar los papeles del extesorero que jamás presentó ante la justicia
Francisco Álvarez Cascos afirma que el PP acabó con el amaño de adjudicaciones pero la Audiencia Nacional ha condenado a los trabajadores de una entidad que dependía de su ministerio por concesiones ilícitas a la Gürtel
Como el resto y aunque el tribunal de la Gürtel ya calificó como inveraces estas declaraciones en el juicio por la primera época de la trama, Cospedal ha negado que percibiera sobresueldos, que intermediara para aportar donaciones de empresarios al partido o el conocimiento de la caja B.
La exsecretaria general ha manifestado, que de existir esa contabilidad paralela "sería de él" en referencia a Bárcenas, y "no del Partido Popular". Su aseveración ha provocado el asombro del letrado que en ese instante dirigía el interrogatorio, Virgilio Latorre, quien le ha espetado si acaso el extesorero pagaba de su bolsillo los sobresueldos que cobraban los dirigentes.
Una "auditoría interna" que no existió
En varias fases de su comparecencia, María Dolores de Cospedal también ha alardeado de que el PP encargó "una auditoría interna" para comprobar que esos papeles de Bárcenas no existieron y que no hubo sobresueldos o donaciones ilegales. Pero tal "auditoría" jamás existió. Se trató tan solo de un documento de ocho páginas al que ha accedido la SER, elaborado el 2 de febrero de 2013, solo unos días después de la publicación de los papeles de Bárcenas por el diario 'El País'. Ese documento está repleto de informaciones genéricas, sin dato o nombre alguno y sin autoría, y simplemente niega la existencia de la caja b y ensalza las saneadas cuentas del PP. Ese hecho entra en contradicción además con el ERE que el partido tuvo que ejecutar poco después para sus trabajadores, y con la propia venta de la sede central anunciada por Pablo Casado.
A preguntas del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, la exsecretaria general ha acabado reconociendo que "no fue una auditoría propiamente dicha" y que ese documento no fue presentado ante la justicia en descargo del PP, que iba a sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiario, y hubiera necesitado de pruebas de esas características para desmentir la existencia de la caja B ante el tribunal. El letrado también ha recordado a Cospedal que ni siquiera tuvo acceso al documento el jefe de la Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca Mignani.
Cascos y la realidad de la contratación pública
Por su parte, el exministro de Fomento y exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha negado también el cobro de sobresueldos, conocimiento alguno de la contabilidad paralela o las anotaciones que indican que él mismo ejerció como recaudador de fondos entre empresarios para esa caja negra del partido.
Cascos ha dicho sentirse "muy orgulloso" de haber formado parte de los gobiernos de Aznar que según ha dicho, acabaron con la posibilidad de amañar las adjudicaciones públicas. Pero su afirmación no se compadece con la realidad, porque siendo ministro de Fomento, la empresa pública AENA, que dependía de su ministerio, adjudicó contratos de forma ilícita vulnerando las reglas a la trama Gürtel, a cambio de mordidas y regalos, según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cinco años de cárcel tanto al director de Comunicación de AENA entre 2000 y 2002, Ángel López de la Mota, como a su subordinado, José María Matarí. La sentencia estableció que se enriquecieron "ilícitamente con cargo a fondos públicos, mediante contratos celebrados entre AENA y sociedades" de Francisco Correa, "con vulneración de la normativa administrativa".
https://cadenaser.com/ser/2021/03/23/tribunales/1616532344_141006.html
DOS EXDIPUTADOS MÁS DEL PP CONFIRMAN EN EL JUICIO LOS APUNTES DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
El exparlamentario Del Burgo asegura que Aznar autorizó el pago de “compensaciones económicas”
Suma y sigue. En apenas dos horas, durante una nueva jornada del juicio sobre la caja b del PP, dos ex altos cargos de la formación conservadora han reconocido apuntes sobre entregas de dinero que reflejan los papeles de Bárcenas. Los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre han ratificado que percibieron el dinero recogido en la contabilidad paralela que el extesorero popular Luis Bárcenas llevó de su puño y letra durante cerca de dos décadas. Estas declaraciones se suman a los testimonios prestados ya por el propio Bárcenas; Cristóbal Páez, exgerente del partido; y Luis Fraga, exsenador durante 21 años, que también los admitieron ante el tribunal.
La sesión de este martes, la novena desde que arrancó la vista oral el pasado 8 de febrero, ha comenzado con el interrogatorio a Jaime Ignacio del Burgo. “No está claro que esos apuntes sean una contabilidad b”, ha alegado visiblemente irritado el exdiputado, a quien le han enseñado alguna de las hojas de los papeles de Bárcenas.
—¿Pone Jaime Ignacio por casualidad en algún lado? —ha preguntado el exparlamentario.
—No, por casualidad no —le ha respondido entonces, irónico, uno de los abogados de la acusación popular, Virgilio Latorre.
Del Burgo, que ha declarado por videoconferencia desde su despacho, se ha presentado como un intermediario. El testigo ha admitido que Bárcenas le entregó dinero en “metálico”, pero arguye que fue “absolutamente legal” y que esos importes tenían por destino a terceras personas. La contabilidad opaca refleja que, en 2001, el antiguo diputado recogió 500.000 pesetas (3.000 euros) en la sede del partido que, según el exparlamentario, eran para ayudar a una víctima de ETA, cuya casa había quedado destrozada en un atentado. También, que percibió en los años noventa cantidades periódicas para dárselas a Calixto Ayesa, entonces consejero de Salud de Navarra, como “compensación” que el partido le concedió a este último porque ganaba menos dinero como cargo público que en su trabajo privado como médico y porque arrastraba una deuda de la época de UCD. Esta “compensación económica” la autorizó, según ha dicho, el propio José María Aznar, entonces presidente del PP.
La Audiencia Nacional y el Supremo ya consideraron clave la declaración de Del Burgo en la sentencia sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, cuando dieron por acreditada la contabilidad paralela de los populares. Aunque el exparlamentario ha negado este martes que su testimonio demuestre la existencia de una caja b. “Las donaciones anónimas por su propia naturaleza son entregas en dinero en metálico. Y, por tanto, que el partido tuviera dinero para hacer pagos en metálico no significa absolutamente nada”, ha alegado Del Burgo, que ha insistido en que guardaba “recibís” de todas las operaciones en las que él intervenía. Eso sí, no ha sabido responder si los perceptores finales justificaban después esos ingresos ante Hacienda ni por qué no se recogían en la contabilidad oficial del PP. “Si yo hubiera sabido que ha habido una contabilidad b, hubiera puesto el grito en el cielo y hubiéramos acabado con esa práctica”, ha asegurado tajante.
“Yo no tenía la más remota idea de que pudiera haber una caja b”, se ha defendido también Eugenio Nasarre: “Y mi convicción es que, mientras no se demuestre lo contrario, yo no puedo decir que hubiera una caja b”. Pese a ello, este testigo también ha descrito el operativo ideado en la sede de la calle de Génova. Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, autorizaba las entregas de las cantidades y Bárcenas las daba. En su caso, percibió 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia: “Lapuerta me dijo que lo había conseguido de unas donaciones anónimas. Me lo entregaron y yo lo entregué a la fundación”. ¿Lo apuntaron como donación del PP en las cuentas de la fundación? “Se apuntó como donantes anónimos, que era exactamente el origen […] A mí me lo da una persona del PP, que me dice que procede de unos donantes anónimos. Yo le creí”.
El millón de García-Escudero
Pío García-Escudero, expresidente del Senado, también se ha reconocido en los papeles de Bárcenas. Pero, esta vez, solo a medias. Los apuntes contables del extesorero recogen una entrada de un millón de pesetas en diciembre de 2001 bajo el concepto “A Pío García-Escudero (devol. Antic. Atentado)”. Según ha admitido este martes el exdirigente del PP, en aquella época, pidió un préstamo al partido para rehabilitar su vivienda, que había quedado destrozada tras un atentado de ETA. Un crédito que, según su versión actual, ascendió a cuatro millones que devolvió después en cuatro pagos, como refleja la contabilidad oficial de la formación. Pero inicialmente, cuando EL PAÍS reveló la caja b, aseguró que fueron cinco millones. “Yo había manejado la cifra de cinco millones, pero finalmente pedí uno de cuatro millones”. Según ha dicho, entonces respondió “de memoria”. “En un principio, yo lo manifesté equivocadamente. Pero, cuando hice memoria, vi que eran cuatro”.
“Yo no he recibido ningún dinero”
Por su parte, Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente y expresidente de Baleares, ha negado el apunte contable reflejado a su nombre. El 2 de abril de 2003, Bárcenas anotó en sus papeles una salida de 8.400 euros bajo el concepto “A Matas para piso”. Justo el 24 de marzo de ese año, tras su salida del Gobierno, el popular había firmado un contrato de alquiler en Madrid por valor de 2.100 euros mensuales y había pedido ayuda económica al partido, que lo puso en nómina. “La fianza, más tres meses, salen 8.400, ¿es por este motivo [que se puso esa cantidad en la documentación del extesorero]?”, le ha preguntado una acusación popular. “Yo no he recibido ningún dinero. No recuerdo haber recibido alguna ayuda para un piso”, ha añadido el expolítico, en semilibertad desde agosto tras ser condenado por el caso Nóos.
Cuatro testigos más
Además de la declaración de estos cuatro testigos, para este martes se han programado otros cuatro interrogatorios. El de Pedro J. Ramírez, exdirector del periódico El Mundo. Y, también, el plato fuerte de la jornada: los de tres ex secretarios generales del PP —Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal—. Ángel Acebes, que ocupó el cargo entre octubre de 2003 y junio de 2008, ya lo hizo el pasado 15 de marzo, cuando negó cualquier conocimiento de la caja b. “No son ciertos [los papeles de Bárcenas]. No se corresponde con la realidad ni con nada que se le aproxime que yo conozca”, afirmó Acebes a preguntas de las partes y pese a la sentencia del Supremo que les dio validez como prueba.
La vista oral sobre la caja B de los conservadores entra la próxima semana en su momento de mayor trascendencia política con las testificales de la plana mayor del partido entre 1990 y 2018, incluidos los expresidentes Aznar y Rajoy
Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. En calidad de testigos —con obligación de decir la verdad y de responder a todas las preguntas de las partes, por tanto— los antiguos miembros de la cúpula del PP tendrán que dar explicaciones sobre una financiación irregular ya acreditada en sentencia firme pero de la que previsiblemente dirán que son absolutos desconocedores.
Hasta ahora, los dirigentes que han comparecido ante el tribunal han trazado un dibujo un tanto inverosímil del funcionamiento de un partido que ha gobernado el país durante tres lustros y que tiene sobre sí desde 2009 la pesada losa de la trama Gürtel. En las varias horas de interrogatorio, el extesorero Luis Bárcenas ajustó cuentas con "el PP de Mariano Rajoy, no el de Pablo Casado" y acusó de "cobardía” a los dirigentes del PP que, según su testimonio, conocían —y se beneficiaron— de esas finanzas opacas aunque nunca lo hayan reconocido. "Lo único que me molesta es la cobardía de personas que no están dispuestas a reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos financiado irregularmente”, dijo al tribunal.
En esta vista se juzga precisamente una de las piezas separadas del macrosumario de Gürtel, la relativa al supuesto pago de parte de la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid con dinero de la contabilidad paralela. Una obra millonaria —sufragada supuestamente en parte con 1,5 millones de euros de la caja B— que, según dijo el pasado lunes ante el tribunal el ex secretario general Ángel Acebes se hizo poco menos que por empeño del entonces tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta.
Sus explicaciones no parecieron convencer a la abogada del Estado Rosa María Seoane. "¿Me quiere decir que la decisión la tomó don Álvaro Lapuerta y decidió el importe que se iba a gastar en esa reforma, de forma autónoma, y luego lo metió en los presupuestos?", le preguntó a Acebes, a lo que el exministro del Interior de Aznar contestó afirmativamente.
De hecho, precisó que la "iniciativa" de gastar millones en reformar Génova partió en 2005 del número dos de Bárcenas en la Gerencia del partido, Cristóbal Páez, y que esto tuvo que llevar el visto bueno de Lapuerta, tesorero en aquel entonces y del que dependía finalmente, pero que todo eso era ajeno al secretario general y al presidente. Para intentar asentar su tesis, Acebes dijo que luego Páez iba explicándoles el proyecto de la obra, planta a planta, pero a título meramente informativo, sin que hubiera nada que discutir.
A pesar de las dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dando por probada la financiación irregular del partido y la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder, Acebes aseguró que los manuscritos en los que se basa la causa que se está enjuiciando son "rotundamente falsos". En consecuencia, negó también haber recibido sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios. En concreto, los 107.100 euros, que recogen los papeles de Bárcenas. "No, en absoluto. Lo desmiento tajantemente. Es falso. Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria", afirmó.
De sobresueldos también habló el exsenador del PP y antiguo responsable de la acción exterior del partido, Luis María Fraga Egusquiaguirre, sobrino del fundador de Alianza Popular y del PP. Este exdirigente confirmó que en el PP se pagaban "sueldos de transición" cuando alguien dejaba un cargo. "Cómo se le iba a dejar en la indigencia", afirmó sin aclarar en concepto de qué se pagaban esos sobresueldos ni de dónde procedía el dinero. Cuando el abogado de una de las acusaciones populares, Gonzalo Boye, le insistió por la autorización de esos pagos, el testigo dijo que se le preguntara a Mariano Rajoy y "a la secretaria general que él puso", en referencia a Cospedal.
El argumento de los estatutos
Ambos están citados a declarar la próxima semana, aunque no se esperan de ellos grandes revelaciones. Previsiblemente los dos —y el resto de dirigentes que comparecerán en los días venideros— recurrirán a los estatutos del PP como argumento de descargo ante cualquier posible irregularidad. La normativa interna de la formación establece que los secretarios generales se encargan de la política, pero no de la administración, ni siquiera como supervisores de la labor de tesorero y gerente, pues el primero informa al comité ejecutivo para explicar en qué se ha gastado el dinero después de hacerlo.
El argumento de que los estatutos del partido permiten que el tesorero pueda tomar decisiones, por trascendentes que sean, donde no pueden entrar ni los presidentes, ni los secretarios generales, fue esgrimido en sus declaraciones en la fase de instrucción por Cospedal, Arenas o Álvarez Cascos. También Rajoy, en su comparecencia como testigo en el juicio de la trama central del caso Gürtel, en julio de 2017, insistió en varias ocasiones en que él nunca se había ocupado de cuestiones económicas, sino únicamente de las políticas.
En la fase de instrucción todos negaron también haber recibido los pagos que Bárcenas les atribuye en los cuadernos manuscritos en los que él y Lapuerta reflejaron decenas de entradas y salidas de dinero entre 1990 y 2008. Las entradas corresponden a donativos de empresarios, de los que el extesorero afirmó por primera vez en el escrito enviado a Anticorrupción el pasado febrero que en ocasiones eran a cambio de adjudicaciones concretas; y las salidas son pagos periódicos a la cúpula del partido y otros gastos.
Según las anotaciones, estos dirigentes se habrían embolsado más de 1,8 millones en sobresueldos durante esos años. Desde 1997, con el partido ya en el Gobierno, se registran pagos periódicos a miembros de la cúpula —secretarios generales y vicesecretarios— que formaban parte del gabinete de José María Aznar, a quien Bárcenas nunca ha señalado directamente como perceptor de estos pagos en negro a pesar de que existen varias anotaciones con la inscripción "J.M.".
La testifical de Aznar, prevista para el 24 de marzo, ha generado especial expectación porque es la primera vez que el expresidente del Gobierno y del partido tendrá que responder ante un tribunal sobre la financiación irregular de la formación que dirigió durante catorce años, entre 1990 y 2004. Al igual que Rajoy, Cospedal o el exministro Federico Trillo, Aznar declarará por videoconferencia al acogerse a la reciente regulación para evitar contagios en la Administración de Justicia.
Bárcenas sí ha señalado como perceptores de esas cantidades "en metálico", que estaban guardadas en la caja fuerte de su despacho y que él mismo o el fallecido Lapuerta repartían en "sobres", a Rajoy, Cospedal, Acebes, Rodrigo Rato o Álvarez Cascos, al que acusó directamente durante su interrogatorio de sistematizar estos pagos opacos. También ha apuntado como beneficiarios de esos fondos a dos cargos en activo en el PP: los senadores Javier Arenas y Pío García Escudero.
Todos ellos están citados por la Audiencia Nacional a declarar como testigos en los próximos días. Aunque muchos evitarán el paseíllo ante las cámaras al declarar a través de una pantalla, sus imágenes frente al tribunal evidenciarán de nuevo el duro lastre que supone para el PP de Pablo Casado esa herencia de décadas de trampas y dinero negro.
AZNAR DECLARARÁ POR VIDEOCONFERENCIA EN EL JUICIO DE LA CAJA B DEL PP
Varios trabajadores de Unifica, empresa que reformó la sede de la calle Génova, niegan irregularidades
El expresidente del Gobierno José María Aznar evitará el paseíllo ante las cámaras apostadas en la Audiencia Nacional, donde se celebra desde el pasado 8 de febrero el juicio sobre la caja b del PP. El tribunal ha aceptado la petición del antiguo líder de los populares para declarar por videoconferencia el próximo 24 de marzo, cuando está citado como testigo. Los magistrados han aprobado que también puedan comparecer así Federico Trillo, exministro de Defensa; y Jaime Ignacio del Burgo, exdiputado de la formación. Este lunes ya lo hizo Ángel Acebes, ex secretario general del partido.
Los jueces han aceptado esta solicitud al amparo de la ley dictada el pasado septiembre para evitar contagios por coronavirus en la Administración de Justicia. Dicha normativa contempla que, hasta el 20 de junio de 2021, se otorgue preferencia a las comparecencias telemáticas en casos de este tipo.
La decisión del tribunal sobre Aznar se ha conocido el mismo día en que han comparecido en el juicio varios trabajadores de Unifica, la empresa que reformó la sede del PP de la calle Génova. Según los investigadores, esta compañía cobró hasta 1,5 millones en dinero negro procedente de la caja b del partido. El propio extesorero popular Luis Bárcenas, principal acusado, afirmó que acordó con el arquitecto Gonzalo Urquijo, socio de la mercantil, abonarle parte de las obras con cantidades que nunca se declararon. Urquijo lo niega.
En esa línea, tres empleados de Unifica han mantenido este martes que tampoco detectaron ningún tipo de irregularidad ni supieron de ningún pago en negro dentro de la empresa. Pese a ello, la Fiscalía ya mostró en sesiones anteriores varios correos electrónicos de trabajadores y responsables de la compañía donde se hablaba de una “caja bis”, de usar “dinero en b”, “facturas ficticias” e, incluso, de “hacer 60.000 en b y quitarse 11.000 euros de IVA”.
—¿Alguna vez le pagaron algo en b? —, ha preguntado el fiscal Antonio Romeral a Juan Rodríguez, que llevaba entonces la contabilidad de Unifica.
—No. Nunca. Siempre percibí lo que en mi nómina salía y por transferencia. Que yo sepa no se pagó a ningún empleado en b.
JOSÉ MARÍA AZNAR Y MARIANO RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO A BÁRCENAS EL 24 DE MARZO
El tribunal que juzga la ‘caja b’ del Partido Popular también cita un día antes a Dolores de Cospedal, Álvarez Cascos y Arenas
Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han sido citados el 24 de marzo para declarar como testigos en el juicio al extesorero del PP Luis Bárcenas en relación con la caja b del partido, que está celebrando la Audiencia Nacional desde el pasado 8 de febrero. El tribunal que juzga el presunto pago de la reforma de la sede en Génova 13, también ha llamado a declarar a cuatro ex secretarios generales del partido. El primero en comparecer será Ángel Acebes, citado para declarar el próximo lunes. Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal lo harán el 23 de marzo, un día antes que los expresidentes.
Esta será la primera vez que Aznar tenga dar explicaciones ante un tribunal por la caja b del PP. Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del partido, cuando aseguró que “no existe ninguna caja b” y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos “ilegales” a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004. Por su parte, Mariano Rajoy volverá a ponerse delante del tribunal como testigo, ya había declarado como testigo en el caso Gürtel siendo presidente del Gobierno y negó entonces la existencia de esa contabilidad opaca en el partido.
En la carta en la que Luis Bárcenas se comprometió a colaborar con la justicia detallaba que Rajoy y otros dirigentes del partido percibieron sobresueldos. El extesorero aseguró que existe una grabación en la que el expresidente destruye en una trituradora de papel una copia de las anotaciones de la contabilidad paralela del partido sin saber que el extesorero tenía otra.
Según el calendario de la Sala que juzga estos hechos, el 25 de marzo comparecerán también el exvicepresidente Rodrigo Rato y el exministro de Defensa Federico Trillo. Ese mismo día declararán también empresarios que supuestamente hicieron donaciones a la caja b del PP, como el expresidente de OHL José Miguel Villar Mir.
Asegura en el juicio por los usos de la caja b que nunca vio una caja fuerte en la sede del partido y que los 'papeles de Bárcenas' son falsos. Indica que como secretario general del PP jamás tuvo ninguna responsabilidad económica.
Ángel Acebes, secretario general del Partido Popular entre 2004 y 2008, ha seguido la estrategia de la negación absoluta durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en relación a los usos de la caja b del PP. No solo ha negado rotundamente haber percibido retribuciones en dinero negro procedente de la caja b del partido, tal y como reflejan los 'papeles de Bárcenas', sino que ha negado la propia existencia de la caja b, un hecho acreditado en la sentencia sobre la primera época de la trama corrupta Gürtel.
Ángel Acebes aparece en dichos documentos como receptor, en cuatro años, de 107.100 euros procedentes de la caja b. Durante su declaración este lunes, el exministro del Interior ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal que "en absoluto" recibió esos pagos y que todo lo que ha percibido en su vida lo ha hecho "con las oportunas retenciones" y declarando por ello a la Agencia Tributaria. El fiscal, Antonio Romeral, ha insistido: "Pero ¿por qué Bárcenas le mencionó entonces en sus notas?". A lo que Acebes ha respondido: "No lo sé y sigo sin saberlo en este momento y sin explicarme a qué responden esos papeles, lo único que le puedo decir es que no son ciertos y son rotundamente falsos, porque no se corresponden con la realidad ni hay nada que pueda explicar qué se produzcan".
Acebes niega la existencia de la caja b, incluso ha negado que en la sede del PP hubiera alguna caja fuerte, desmintiendo a Bárcenas, que ha asegurado que en su despacho de la sexta planta del edificio de la calle Génova había una caja fuerte. "Ni conozco la caja b ni un dinero inexistente", ha dicho, pese a que la existencia de dicha caja de contabilidad paralela a la oficial ha quedado acreditada por los tribunales. Ha hecho Acebes referencia a la declaración que antes que él ha prestado el exsenador del PP Luis Fraga. "Me sorprende lo que ha declarado de que él sí percibió unos pagos para la campaña electoral. Es la primera noticia que tengo". Una de las acusaciones ha llamado la atención sobre el hecho de que haya podido presenciar la declaración de otro testigo, en un fallo claro de la Audiencia Nacional.
En los 'papeles de Bárcenas' consta que Acebes percibió entre 2004 y 2008, siendo secretario general de los 'populares' la cantidad de 6.300 euros mensuales. En este sentido, ha dicho que "siempre se declararon a Hacienda los sueldos de transición entre un cargo y otro".
El expolítico del PP ha asegurado que su puesto como secretario general no incluía ninguna responsabilidad económica y que la dirección financiera del partido recaía en el tesorero, en aquel momento, Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018. Según Acebes, el tesorero reportaba directamente al Comité Ejecutivo pero no directamente a él.
EL EX SENADOR DEL PP LUIS FRAGA CONVIERTE 'LOS PAPELES DE BÁRCENAS' EN "LOS PAPELES DE GÉNOVA"
El ex senador del PP Luis Fraga ha rebautizado los papeles de Bárcenas que contienen la supuesta contabilidad B del PP como "los papeles de Génova". Así los ha denominado este martes el sobrino del fallecido Manuel Fraga Iribarne en su declaración como testigo ante el tribunal del caso Gürtel. "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova", ha respondido cuando la fiscal de Anticorrupción le ha preguntado si había recibido "retribuciones del PP sin declarar".
El nombre de Luis Fraga apareció en el sumario arrastrado por la investigación sobre Luis Bárcenas, su "mejor amigo" y compañero de alpinismo. Además de abrir, según ha afirmado en el pasado el propio Fraga, la "ruta española" del Everest, también abrieron juntos cuentas en Suiza que mantuvieron opacas Hacienda.
El testigo ha explicado que su amistad con Bárcenas le facilitaba las gestiones con los bancos suizos. "El hecho de que yo tuviese una cuenta en Suiza y que fuese amigo de Bárcenas hace que me tratasen bien allí y me cobrasen menos intereses". El mismo día en el que se divulgaron los papeles de Bárcenas, Fraga pidió cancelar su cuenta, en la que el ex tesorero popular tenía poderes.
El nombre de Luis Fraga aparecía en la contabilidad paralela del PP, que reflejaba dos entregas de fondos para sufragar sus campañas al Senado. "En las campañas hay muchos gastos y hay que pagarlos. Pedí 3.000 euros en 2004 y me los dieron y pedí 6.000 en 2008 y también me los dieron", ha afirmado.
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Fraga ha explicado que los pagos debían estar autorizados por el ex tesorero Álvaro Lapuerta y que tanto éste como su entonces gerente Bárcenas tomaron nota de las cantidades aportadas: "No firmé un recibí pero sí lo apuntaron muy bien, cada uno en su libreta".
Además del incómodo calificativo de papeles de Génova, la insistencia en resaltar el papel de Lapuerta en la llevanza de la caja B también incomoda al PP, que siempre ha ensalzado a éste y denigrado a Bárcenas, al que atribuye la sola responsabilidad de la contabilidad B. En cualquier caso, la actuación de Lapuerta no está directamente en cuestión porque su salud mental le ha impedido finalmente ser juzgado.
Sobre sus ingresos en el extranjero, Fraga ha aseverado que no los declaró ni en el Senado, ni ante Hacienda hasta 2012 porque no lo "veía necesario" ni tenía "obligación" de hacerlo. Ha explicado que sólo informó a un gestor de uno de los bancos suizos de su condición de senador y ha restado importancia no haber informado de su posición política: "Como si digo que soy médico", ha ironizado. Las palabras de Fraga sobre la contabilidad B llegan la misma semana en la que se va a reactivar la investigación sobre los posibles pagos de empresarios al partido a cambio de adjudicaciones públicas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar este jueves al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y al empresario Alfonso García-Pozuelo, 'donante' confeso.
https://www.elmundo.es/espana/2017/03/21/58d125df268e3e020c8b4600.html
El pasado jueves, el exdiputado Jorge Trías aseguró que en 2011 revisó parte de la contabilidad paralela cuando se la dejó Bárcenas. “No eran unos papeles inocentes”, dijo. En la jornada del miércoles, el exgerente del PP Cristóbal Páez atribuyó toda la responsabilidad económica en el partido a Bárcenas, que era “quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo”, y se desmarcó ante el tribunal que le juzga porque “ni lo sabía ni lo quería saber”. También dijo que el expresidente Mariano Rajoy le pidió “que no le complicara la vida”. El martes, el extesorero cargó contra la antigua cúpula de la formación, a la que acusó de “cobarde” por no reconocer la financiación irregular. “Lo que está anotado ahí es veraz, desde el principio al final”, manifestó.
https://elpais.com/espana/2021-03-15/caso-barcenas-el-juicio-por-la-caja-b-del-pp-en-directo.html
LUIS BÁRCENAS. TODOPODEROSO, SOLITARIO Y DISTANTE
Los empleados de Luis Bárcenas en la sede del PP lo describen como el único que tenía acceso a la caja b
Bárcenas y su cuñado Antonio se trataban lo justito. “Vamos, que yo creo que mi casa no la ha pisado”, dice el cuñado desde el banquillo de los testigos. Esto, que sucede en las mejores familias, no tendría más importancia, pero aquí tiene su aquel porque Luis Bárcenas, antes de ascender a tesorero, fue durante muchos años gerente del PP, y Antonio de la Fuente, además del marido de su hermana, era el adjunto a la gerencia. El único adjunto a la gerencia, por cierto, hasta que Bárcenas fichó en 2004 a Cristóbal Páez para que metiera en cintura al personal de Génova 13 y controlara las obras.
—Don Antonio —pregunta el abogado de Páez— ayer dijo aquí mi cliente que Luis Bárcenas cerraba la puerta de su despacho incluso cuando estaba solo y que era muy hermético.
—Bastante hermético —confirma el cuñado.
—¿Y con usted tampoco se abría?
—Ni conmigo ni con nadie— responde don Antonio, que padece problemas de memoria, pero que ese mal rollo lo tiene tan grabado a fuego que no se interesó por la suerte de su cuñado ni antes ni después de que entrase en prisión.
El interrogatorio, aunque parezca más propio de Sálvame, tiene un objetivo claro. El abogado de Cristóbal Páez pretende construir la imagen de un Bárcenas todopoderoso, solitario y distante, una especie de virrey que, parapetado en su despacho con caja fuerte de la sexta planta, recibía el dinero de los constructores y lo repartía a su antojo. Y lo cierto es que la estrategia le ha salido bien en la jornada de este miércoles. Tres de los testigos que pertenecían a la plantilla de Génova 13 —el cuñado, la jefa de personal y el cajero— refrendan esa versión. El testimonio más sincero —por el interés con que contesta todas las preguntas— parece el del cajero, Luis Molero.
—¿Cuándo empezó usted a trabajar de cajero en el PP? —pregunta el fiscal.
—En el 84.
—¿Hasta cuándo?
—Hasta que me jubilé el pasado mes de enero.
—¿También de cajero?
—Sí.
Treinta y seis años de cajero en Génova 13 deben provocar una inercia difícil de frenar en tres meses, y Molero se refiere siempre al extesorero como “don Luis” o “el señor Bárcenas”, dejando claro a la sala que “el que mandaba era el señor Bárcenas”, sobre todo en las cosas importantes: “Antes de pagar una factura, aunque la hubiese supervisado Páez u otra persona, yo siempre le preguntaba al señor Bárcenas”. Por si acaso. El cajero reconoce la letra que había en los papeles que publicó EL PAÍS —”sí, es la de don Luis”— y también confirma que los ya famosos formularios que utilizaba el extesorero para apuntar de quién recibía y a quién le entregaba el dinero negro también se las pedía a él. El cajero confirma además que Bárcenas recibía a los donantes a puerta cerrada y sin testigos, que nunca consiguió ver a ninguno, pero que, eso sí, luego lo llamaba a su despacho, le entregaba 50.000 o 100.000 euros en billetes grandes y le ordenaba que los ingresara en el banco una vez fraccionados. Luego le devolvía a Bárcenas los recibos de los ingresos, que se hacían sin ningún nombre que delatara al donante y sin pasar por la contabilidad oficial del partido.
—¿Le dio alguna vez una explicación de por qué se quedaba con los recibos? —pregunta el fiscal.
—No daba ninguna explicación.
Bárcenas tampoco ha venido este miércoles. Ya recibió el martes la autorización para quedarse en prisión y solo aparecer por el juicio cuando le interese alguna declaración. Está en su derecho, pero tal vez no sea una buena estrategia. Basta escuchar las declaraciones como testigos de algunos de sus subordinados para percatarse de que sigue inspirando un respeto cercano al miedo. Nunca cayó bien y menos después de haberlos puesto a todos en la picota, pero testificar contra él con su aliento en el cogote no parece fácil.
Incluso el abogado Jorge Trías, que declara por videoconferencia desde Barcelona, aprovecha los últimos segundos de la conexión para decirle al abogado del extesorero que le envíe recuerdos a su cliente y le diga que siente mucho el trato que está recibiendo su esposa, también en prisión. El abogado, que es un señor muy cordial, le dice que sí, que de su parte, pero Bárcenas ya dejó claro cuando declaró hace un par de días que aquella amistad, si la hubo, se rompió para siempre.
Bárcenas sospechó en primer lugar que fue Cristóbal Páez quien había filtrado los papeles —y le amenazó con arrancarle la cabeza, algo que en los oídos de Páez resultó creíble e incluso posible—, pero luego pensó que el dueño de la traición fue Trías, porque le había dejado durante unas horas una copia de los papeles. El susodicho, que fue diputado del PP, afirma bajo juramento que no fue él, y que todo lo contó en un libro hace unos años. Explica que recibió un acoso terrible por parte del PP y que un día se encontró a Mariano Rajoy a la salida de un funeral y el entonces presidente del Gobierno se refirió al extesorero con desprecio:
—¿Sabes qué va a hacer ese...?
Solo era el principio de un desencuentro fatal. Poco después Bárcenas se convertiría para Rajoy en “esa persona de la que usted me habla”.
https://elpais.com/espana/2021-03-11/todopoderoso-solitario-y-distante.html
EL EXDIPUTADO DEL PP JORGE TRÍAS, EN EL JUICIO DE LA CAJA B: “AHORA RESULTA QUE NADIE SABÍA NADA”
El exparlamentario detalla que sufrió amenazas de exdirigentes del partido tras denunciar los sobresueldos en artículos periodísticos
El desfile de testigos por el juicio de la caja b ha comenzado este jueves con la declaración de Jorge Trías, el exdiputado del PP al que Luis Bárcenas dejó parte de la contabilidad paralela un día de 2011 para pedirle consejo sobre la dimensión delictiva que de ellos se desprendía. El extesorero estaba nervioso en aquella época tras el estallido del caso Gürtel y las informaciones que comenzaban a salir en la prensa: “Los revisé y se los devolví, pero hice una fotocopia. Le dije: ‘Luis, de estos papeles, de lo que yo he visto, no hay ningún delito fiscal, puesto que ninguna cantidad percibida se acerca al límite requerido para que haya delito. Ahora bien, a mí me parece que es un enorme escándalo político”. “Pero ahora resulta que nadie sabía nada”, ha ironizado a continuación el exparlamentario, abogado de profesión.
Con el PP volcado en marcar distancia con el antiguo responsables de cuentas del partido conservador y en poner en duda la caja b que él llevaba de su puño y letra, parte de la vista oral se centra en demostrar la veracidad de los bautizados como papeles de Bárcenas, revelados por EL PAÍS en 2013. El extesorero ya los ratificó ante el tribunal el pasado lunes, y varios perceptores que constan en ellos confirmaron con anterioridad que recibieron las cantidades que reflejan. Además, el Tribunal Supremo dio por acreditada la contabilidad paralela en el juicio de la trama Gürtel conocido como Época I. A ello se suma el testimonio de Trías, clave en este punto: él los vio antes de que salieran a la luz.
—¿Le dio veracidad a esa contabilidad que le dio Bárcenas? —, le ha interrogado una de las partes este jueves.
—Sí, totalmente.
De hecho, Trías no fue el único que los ojeó antes de su publicación. Según ha contado, el extesorero popular también le mostró una de las hojas a un periodista con él delante. “Bárcenas enseñaba esa documentación... no de una manera inocente. Supongo [que lo hacía] porque creía que eso le protegía, porque él no aparecía en la contabilidad. Yo le dije: ‘Luis, colabora con la justicia’. Pero él consideraba que los del PP eran sus amigos. Aunque yo le advertí que en política hay muy pocos amigos y que el señor Mariano Rajoy, a quien me encontré a la salida de un funeral, se refería a él como ‘ese”, ha relatado este viernes el exdiputado por Barcelona entre 1996 y 2000.
Trías nunca ha cortado la cadena de responsabilidades en Bárcenas y siempre ha señalado más arriba. En su opinión, había personas “que estaban obligadas a tener conocimiento” de la contabilidad paralela. Entre ellas, Rajoy, que había llevado algunas campañas electorales. “Pero ahora nadie sabía nada de todo esto”, ha ironizado ante el tribunal: “Resulta extraño”. De hecho, en su libro El baile de la corrupción, afirma que Bárcenas era el “hombre de confianza de Rajoy para las finanzas”: “Como demostró en 2008, cuando lo ascendió de gerente a tesorero”. El exdiputado escribió: “Rajoy quería tener como responsable de la economía popular a un hombre suyo, o sea, a Bárcenas. […] Rajoy sabía que los asuntos de dinero de un partido a veces requerían manejos complicados. Y para ello debía tener a su lado a personas dispuestas a hacer ese tipo de trabajos. Bárcenas era una de esas personas”.
“Mi opinión humana sobre el señor Rajoy es muy buena. Mi opinión política es manifiestamente mejorable”, ha proseguido este jueves el exdiputado. Al estallar el escándalo, “[sabía] que Rajoy no haría nada. Era un hombre muy indeciso, al que le molestaban lo que él llamaba los líos y [sabía] que dejaría pudrir [la cuestión]”. La vida de Trías, que también había denunciado la existencia de sobresueldos en artículos periodísticos, cambió drásticamente tras publicarse los papeles de Bárcenas. En el partido lo señalaron como el filtrador y comenzaron las presiones. “Los dirigentes de entonces del PP me amenazaron con todo tipo de desgracias que me ocurrirían, como demandas multimillonarias. Se me aproximó también el abogado de Álvaro Lapuerta, que era Javier Iglesias, [quien supuestamente ofreció a Bárcenas 500.000 euros a cambio de su silencio], para decirme que mi carrera profesional como abogado estaba terminada”. “Fue un acoso terrible”.
Las donaciones recibidas
Otros tres trabajadores del PP en aquella etapa han declarado también este jueves como testigos. Todos ellos han coincidido en describir a Bárcenas como un hombre con poder dentro del partido. Uno de ellos, Antonio de la Fuente, exresponsable de Seguridad y cuñado del extesorero, ha descrito cómo había empresarios que acudían a su despacho. Otro, Luis Molero, cajero de la formación, ha explicado que donantes le entregaban dinero en efectivo a Bárcenas, quien solía pedirle “hojas contables” de las que manejaba la fuerza política y que se corresponden con las de los papeles de Bárcenas.
“Imagínese que dejo un maletín con un millón”
En su declaración como testigo, Carlo Lucca Bugniani, auditor interno del PP durante la etapa enjuiciada, ha defendido que el partido operaba dentro de la legalidad. “Cómo va a ser opaca una contabilidad que se nutre de una caja oficial”, ha dicho: “Bárcenas seguía el funcionamiento que marcaba el partido”. “Cómo va a meter mano a la caja”, ha defendido, pese a que el extesorero del PP ha reiterado la veracidad de la contabilidad paralela, que el Supremo también da por acreditada.
“Usted imagínese que yo quiero hacer una donación al PP y me presento en Génova 13 con un maletín con un millón de pesetas dentro. Y subo al despacho del gerente, le entrego el maletín y me voy. Y yo desaparezco y solo queda el millón anónimo, porque manifiesto mi voluntad de no figurar. ¿Cómo se hace el ingreso al banco? Pues se puede hacer de golpe, dividido en tres, esperar a que lleguen más donativos y hacerlo a final de mes... ¡Si es que daba igual, si es que la ley lo permitía!”, ha exclamado el auditor interno del PP.
—¿Y entonces por qué se fraccionaba [a la hora de ingresar ese dinero en el banco]? —, le ha preguntado una acusación, a raíz de que Molero confirmase minutos antes que se hacía esa división.
—Pues yo no sé si se fraccionaba... —, ha esquivado Bugniani entonces.
El abogado Jorge Trias Sagnier declara como testigo que los dirigentes del PP le sometieron a “un acoso terrible” tras filtrar los ‘papeles de Bárcenas’ a 'El País'
El exdiputado del PP y abogado Jorge Trias Sagnier, quien entregó a un letrado que trabajaba para El País, los ‘papeles de Bárcenas’, ha dicho en el juicio de la caja B que todos los dirigentes del partido debían conocer la financiación irregular del mismo, incluido Mariano Rajoy. Antes que presidente del PP, Rajoy fue vicesecretario del partido encargado de las campañas electorales y, por tanto, de su financiación, según ha dicho el testigo.
De ese conocimiento de la caja B, Trias Sagnier ha señalado a los presidentes y secretarios generales del PP. “Hay personas que estaban obligados a tener ese conocimiento, entre ellos, el propio Rajoy porque había sido vicesecretario general del partido y era el encargado de todas las elecciones. El sistema de financiación de las elecciones debía pasar por sus manos, pero todo son suposiciones, por lo que leído en la prensa nadie sabía nada de esto. Resulta extraño”, ha declarado el testigo a preguntas de la abogada Ana Cortés, de la acusación popular de IU y ALA.
Trias Sagnier ha reconocido, como ha hecho varias veces públicamente, ser quien entregó la copia u original de la contabilidad paralela que le había confiado Bárcenas al diario El País. Ha dicho que “en la época de los ordenadores”, aquellos papeles eran “una chapuza” y que había sumas que no cuadraban. Trias Sagnier ha asegurado que su cargo en la comisión constitucional del Congreso le hace sabedor de que todos los partidos se financiaban irregularmente.
Tras la filtración, ha dicho Trias Sagnier, sufrió amenazas. “Los dirigentes del PP me amenazaron con todo tipo de desgracias que caerían sobre mi: demandas multimillonarias; se me acercó Javier Iglesias, el abogado de Álvaro Lapuerta, hijo del gran romanista Javier Iglesias, para decirme que mi carrera como abogado estaba terminada… en fin, fue un acoso terrible”.
También ha tenido un reproche al Consejo General del Poder Judicial de la época que dejó desamparado a Antonio Pedreira, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruyó el caso Gürtel durante una temporada. “Nunca entendí como el CGPJ, tan celoso, pudiera llevar sobre sus espaldas un enfermo de Parkinson, con escasez de medios, una causa de esta envergadura. Me dio compasión y pena y le ayudé en lo que pude. Y me encontré después en una situación muy embarazosa sin comerlo ni beberlo”, ha contado Trias, que ha declarado por videoconferencia.
Después de Trias Sagnier ha declarado Antonio de la Fuente, antiguo responsable de seguridad del PP y cuñado de Luis Bárcenas. De la Fuente ha dicho que había tres cajas de seguridad en el PP: en el despacho del tesorero, del gerente y también del secretario o secretaria general. Igualmente se ha ratificado en su declaración en fase de instrucción de que la sede del partido era visitada por empresarios. A la pregunta de la acusación popular de si uno de ellos era Antonio Vilela, que aparece como donante en los papeles de Bárcenas, el testigo ha contestado afirmativamente.
LOS VIEJOS FANTASMAS DE GÉNOVA 13
El exgerente Cristóbal Páez describe la sede del PP como un lugar caótico y lleno de envidias.
Dice que llegó a sentir miedo de Luis Bárcenas
Cristóbal Páez es de esa clase de personas que se lía hablando y que, cuando al cabo de media hora ya no sabe por dónde salir, le suelta al interlocutor: “¡Usted me está liando!”. Fue eso, literalmente, lo que el exgerente del PP le dijo al fiscal Antonio Romeral en un momento de la sesión del juicio. Tanto levantó la voz el tal Páez que el presidente del tribunal, muy poco tarjetero hasta el momento, rompió su silencio para llamarlo al orden. El acusado se dio cuenta de que había metido la pata y quiso enmendarlo dorándole la píldora al fiscal:
—Disculpe, si usted se caracteriza por algo es porque es supereducado...
El exgerente del PP dice que Bárcenas lo utilizó a él y a otra persona para ocultar “documentación”
Luis Bárcenas se ha quedado en la cárcel esta mañana. Si cualquiera pudiera pensar que qué raro, que cómo prefiere pasar la mañana en chirona en vez de venir al juicio, es que ese cualquiera no ha probado estos asientos de madera. La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares no es el Tribunal Supremo, con sus sillones forrados de damasco junto a la plaza de París. Es un polígono industrial en medio de un descampado, un outlet gigante y un Mercadona. De hecho, el único ambiente se lo daba la presencia de Bárcenas y su eterna promesa de tirar de la manta. Ha sido desaparecer el extesorero y esfumarse también las cámaras de televisión y hasta los abogados de las acusaciones populares. Cristóbal Páez, nada más sentarse ante el fiscal, dice que está dispuesto a contarlo todo, pero en ese todo no incluye respuestas concisas y razonablemente verídicas, sino una verborrea innecesaria en la que se va hundiendo su propia credibilidad.
Más que una declaración de inocencia, lo que se puede construir con la declaración de Cristóbal Páez, abogado de profesión, es un croquis de lo que era la sede de Génova 13 cuando, en 2004, Bárcenas lo ficha como adjunto. “Me dijo que me ocupara de poner en orden la casa”, explica, “porque había mal ambiente laboral, envidias, no existía comunicación interna y las plantas además eran un laberinto del que a veces yo no sabía por dónde salir. Me ocupé también de los servicios de limpieza y de informática, que tampoco funcionaban bien”. El paisanaje, según Páez, no era mucho mejor. El fiscal le pregunta qué relación tuvo con sus superiores. Dice que con Álvaro Lapuerta muy poca, porque el entonces tesorero del PP ya “tenía síntomas de demencia”. Páez reconoce que, pese a ello, Lapuerta lo llamó una vez. Describe la escena: “Me dijo: estamos muy contentos con tu trabajo, hijo, y me entregó un sobre con 6.000 euros. Yo le dije que me merecía más y de forma legal, pero me dijo que eso era lo que había. Me sentí incómodo, pero me guardé el sobre”. El año siguiente recibió otro, con una cantidad idéntica.
El retrato que hace Páez de Bárcenas tiene dos caras. La de los primeros años es la de un personaje poderoso y distante, que “cerraba la puerta de su despacho incluso cuando estaba solo”. Ese perfil coincide con el que trazó en la jornada del martes el arquitecto Gonzalo Urquijo, el de una persona que se hacía respetar con su sola presencia. La situación se empieza a torcer hasta convertirse en pesadilla cuando Bárcenas se ve envuelto en los primeros escándalos. El tesorero llama a Páez a su despacho:
—Me dijo: ‘Quiero darte una cosa para que me la guardes...’. Yo le dije: ‘¿por qué me pones en este compromiso?’. Me respondió: ‘porque tengo confianza en ti’. Yo le insistí: ‘No me comprometas. Pero aun así sacó los papeles y me los enseñó'.
El fiscal le pregunta, en el momento más tenso de la sesión, sobre el contenido de aquella carpeta. Cristóbal Páez se intenta escapar diciendo al principio que ni siquiera los miró, que no los quería ver, que tenía miedo.
Es la primera vez que lo dice. Miedo. Una palabra que empieza a repetirse como un estribillo hasta el final de la declaración. Un miedo que sube de categoría cuando, según cuenta, se vio envuelto en la lucha de poder entre Luis Bárcenas y Dolores de Cospedal, la entonces secretaria general del PP. El todavía tesorero se siente traicionado y llama a Páez a su despacho. Lo amenaza, lo insulta, le tira un encendedor que consigue esquivar. Según la declaración que prestó ante el juez Pablo Ruz en el verano de 2013, Bárcenas llegó a decirle a Páez que iba a “arrancarle la cabeza”. Se lo creyó, se refugió en su casa. Buscó la ayuda de Ángel Acebes, de Dolores de Cospedal, incluso de Mariano Rajoy. Aquí el relato de Páez se resquebraja. Hasta ahora ha dicho que era un mandado, prácticamente un don nadie en el PP. Lo que cuenta ahora es que puede acceder a los principales despachos de la séptima planta de Génova 13. Cuando quiere ver a Rajoy, no tiene más que llamar a la puerta. Pero el entonces presidente del PP le sirve de poco. Fiel a su estilo, no mueve un dedo, espera que las cosas se arreglen solas...
Cuando termina su declaración, Cristóbal Páez se marcha con un gesto triste que parece sincero. Las cosas no se arreglaron solas. Lo despidieron del PP con una indemnización excesiva que sigue oliendo a pacto de silencio. Huyó de España. Se construyó una nueva vida en Argentina. Ahora ha vuelto para revivir los viejos fantasmas de Génova 13.
https://elpais.com/espana/2021-03-10/los-viejos-fantasmas-de-genova-13.html
Finaliza su declaración en el juicio ajustando cuentas con "el PP de Mariano Rajoy, no el de Pablo Casado", al que acusa de ordenar el robo del audio que incrimina al expresidente. Tras esta declaración y la de Púnica resta la incógnita de si aparecerán los documentos sobre las mordidas de los empresarios que guardaría un amigo
La venganza en tres actos que prometía el escrito de Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción acaba de superar su ecuador. Tras la declaración en el caso Púnica y la de los últimos dos días en el juicio de la caja B solo resta que aparezcan los documentos que acreditarían las concesiones de administraciones del PP a empresarios a cambio de mordidas y que, según ha reiterado Bárcenas en la vista, está tratando de recuperar tras haberlos confiado a un amigo. Hasta ahora, el extesorero ha dejado un puñado de titulares sobre graves episodios de corrupción por parte de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre que no tendrán consecuencia penal alguna por ser inconstatables o estar prescritos.
El último de ellos fue la descripción del encuentro celebrado en febrero de 2009 en el despacho del presidente del PP, ubicado en la planta séptima de la aún sede nacional del partido de la calle Génova de Madrid que el actual líder, Pablo Casado, ha decidido abandonar. Acababa de estallar el caso Gürtel y Bárcenas fue a entregar el "remanente" de la caja B a Mariano Rajoy. Como había explicado la previa, el episodio de corrupción había advertido a los empresarios en contra de seguir entregando dinero al PP, por lo que Álvaro Lapuerta y él decidieron cerrar la caja B. Junto al dinero, Bárcenas entregó a Rajoy constancia documental extraoficial y el presidente del PP reaccionó "espantado". "Me dice que cómo puedo tener esos papeles y los destruye en la destructora que tenía a su espalda", continúa Bárcenas. Todo ello es grabado subrepticiamente por él, según trasladó en 2013 la periodista Marisa Gallero, que ella hace constar en un libro y que está citada a declarar como testigo en la vista oral.
El abogado Gustavo Galán, que defiende a Bárcenas, preguntó a su cliente por el déficit documental que tienen sus afirmaciones y que el letrado de la acusación popular Gonzalo Boye puso de manifiesto en el trámite de las cuestiones previas. El extesorero afirmó que él ha colaborado con la justicia desde que entró en prisión en junio de 2013 de forma ininterrumpida. En este sentido defendió que el juicio de la caja B se está celebrando por la documentación que él aportó al juez Pablo Ruz y que completaba la publicada por El País, defendió sus distintas confesiones o su declaración en la vista de Gürtel.
"Yo he seguido colaborando con la justicia pero se me hace muy difícil cuando papeles que darían un soporte adicional a lo que ya he presentado me han sido sustraídos", explicó a continuación Bárcenas. Y en ese momento entró de lleno en la investigación de la Operación Kitchen y citó escritos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Asuntos Internos que señalan al comisario Andrés Gómez Gordo, el policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal, como la persona que se quedó con la grabación a Rajoy, otra a Javier Arenas y diversa documentación, después de que le fuera sustraída presuntamente por el también comisario Enrique García Castaño de un local donde su mujer guardaba obras de arte.
En sus respuestas al fiscal el lunes, Bárcenas reveló un episodio desconocido hasta ahora: el supuesto intento del PP por que fabricara unos papeles distintos a los publicados por El País para que el partido pudiera denunciar una maniobra contra él. Fue el abogado Javier Iglesias –El Largo, según las menciones de Villarejo y su banda en las grabaciones del caso Tándem– quien le ofreció 500.000 euros de dinero negro de los empresarios a cambio de saldar su conflicto laboral con el partido. Bárcenas lo rechazó porque, según él, quería cobrar legalmente y además la deuda ascendía a 975.000 euros.
Su letrado le siguió preguntando por el carácter de su colaboración de la justicia y Bárcenas negó cualquier animadversión hacia sus "compañeros de partido durante más de treinta años". "Lo único molesto para mí es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente, y que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y en un momento como éste, donde todos están fuera de la política, y eso que se llaman responsabilidades políticas no se les pueden exigir, me parece una cobardía en términos coloquiales eso de no dar la cara", afirmó Bárcenas con un matiz, la consabida mala relación que tiene con Cospedal en la que destaca, dijo, la "animadversión" que tiene hacia él la exsecretaria general del PP.
Luis Bárcenas también descartó cualquier inquina al PP como partido excluyendo al "PP de Pablo Casado" de cualquier responsabilidad. Fue "el PP de Mariano Rajoy", añadió, quien ordenó la operación policial para robarle las pruebas de la caja B que aún constaban en su poder. En este sentido, afirmó que había dado instrucciones a su letrado para que desmintiera la noticia de El Mundo de una negociación entre dos personas próximas al PP y un amigo suyo. Reconoció que eran "próximas" al actual PP porque uno de ellos, el magistrado entonces de la Audiencia Nacional Enrique López ahora es vicesecretario de Justicia de la formación y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid y el letrado Jesús Santos presta servicio al partido, pero negó que mantuvieran una negociación como tal con él a través de un tercero.
Desconfianza de la Fiscalía
Esta colaboración que ofrece Luis Bárcenas se ha encontrado con la desconfianza de la Fiscalía. Anticorrupción hizo pública una nota cuando el PP acusó al Ministerio Público de pactar con el acusado para perjudicarle. En esa nota, la Fiscalía especializada rebajaba la importancia del ofrecimiento de Bárcenas y lo atribuía en exclusiva a la iniciativa del extesorero. Esa distancia con la oferta quedó de manifiesto cuando Anticorrupción retiró a una de las dos fiscales históricas de Púnica de la declaración a Bárcenas e hizo que las preguntas las formulase un fiscal recién incorporado al caso que en todo momento cuestionó las afirmaciones del extesorero del PP. Entre estas acusaciones, Bárcenas dijo que Esperanza Aguirre había recogido un sobre con una donación irregular de 60.000 euros por un empresario que quería aportar a su campaña de 2007.
El carácter remiso de la Fiscalía al ofrecimiento de Bárcenas se confirmó el lunes cuando el respresentante del Ministerio Público en el juicio de la caja B, Antonio Romeral, llegó a poner en duda los papeles de Bárcenas cuestionando la credibilidad de algunas anotaciones, pese a ser la prueba sobre la que se apoya la misma causa y que ha sido validada por sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El extesorero se escuda en la Operación Kitchen para justificar por qué no entrega más documentación
—Buenos días, vamos a continuar con el interrogatorio al señor Bárcenas y le cedo la palabra a la representante de la Abogacía del Estado.
Con esta breve introducción, el magistrado José Antonio Mora, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia la caja b del PP, ha dado por inaugurado este martes el segundo asalto de la extensa declaración del extesorero popular Luis Bárcenas. Acabado el lunes el turno de la Fiscalía, que se prolongó durante casi tres horas y media, el antiguo responsable de finanzas ha continuado esta mañana con su exposición durante cerca de otra hora. Tras negarse a responder al resto de defensas y a las acusaciones populares, ha aprovechado las preguntas de la Abogacía del Estado y de su propio abogado para ratificar la contabilidad paralela y el pago en negro de la reforma de la sede del partido. También, para entonar un mea culpa y exigir que pidan disculpas los “cobardes” que integraron las cúpulas de la formación .
—¿Su testimonio podría estar movido por la animadversión al PP? —, le ha interpelado su letrado, Gustavo Galán.
—En absoluto. En ningún caso [...] En este tema, lo único molesto es la cobardía de una serie de personas a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo.
Los nombres de los señalados ya los expuso este lunes: “Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes, Rodrigo Rato...”. A todos ellos los acusa de haber recibido sobresueldos de una caja b nutrida por donaciones irregulares de empresarios, y de cuyo sistema estuvieron al tanto todos los expresidentes y exsecretarios generales del partido. “En un momento en el que todos están fuera de la política y no se les puede exigir responsabilidades políticas, me parece una cobardía no dar la cara”, ha remachado este martes Bárcenas, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel.
El extesorero también ha querido dedicar esta sesión, la cuarta desde que arrancó la vista oral el 8 de febrero, para manifestar que lleva “colaborando” con la justicia desde el 15 de julio de 2013, cuando se plantó ante el juez instructor Pablo Ruz y admitió por primera vez toda la batería de irregularidades que reflejaban los papeles de Bárcenas revelados por EL PAÍS en enero de ese mismo año. “Si en estos momentos estamos sentados aquí es gracias a mi declaración”, ha exclamado. “Yo hice entrega al instructor de todos los documentos originales”, ha añadido sobre la contabilidad paralela, que el Tribunal Supremo ya ha dado por acreditada. “Lo que está anotado ahí es veraz desde el principio hasta el final. O vale todo o no vale nada”. “Yo estoy pagando una parte de mis errores”.
Si no ha podido aportar más documentos hasta ahora, ha seguido el acusado, es porque se los “sustrajeron” durante la bautizada como Operación Kitchen, la trama policial urdida en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para presuntamente robarle papeles comprometedores para dirigentes del PP. Según ha dicho, escondió el material sensible en un “sillón arcón” hueco que tenía en el taller de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias, aunque en otras declaraciones anteriores afirmó que nunca se había guardado más pruebas y que todo lo importante ya lo había entregado a Ruz.
Bárcenas dice ahora que entre los documentos robados había dos audios: uno que recogía una conversación con Arenas sobre la contabilidad paralela y otra grabación de un encuentro con Rajoy en el que le entregó una copia de los papeles de la caja b. “En la conversación con Rajoy, mi introducción es: ‘He hablado con Javier Arenas, le he comentado que me queda un saldo en la caja b, que entiendo que dadas las circunstancias no se va a utilizar y que Javier me ha dicho: ‘Desentiéndete de esto y entrégale el sobre a Rajoy, que él sabe lo que tiene que hacer’. Yo subo al despacho de Rajoy, le entrego la cantidad y le enseño las dos últimas hojas para que viese cómo llevábamos ese tema. Me pregunta: ‘Pero Luis, cómo podéis llevar esto’. Y yo le digo que era una indicación de Álvaro Lapuerta [su antecesor en el cargo], y que era una garantía para nosotros, por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera [decir] que había habido una apropiación indebida por parte de alguien’. La conversación es así de rápida”, ha dicho. Según él, Rajoy cogió los papeles entonces y los destruyó en una trituradora.
Turno del arquitecto de la reforma de Génova, 13
Finalizado el interrogatorio a Bárcenas, ha llegado el turno de un segundo acusado: el arquitecto Gonzalo Urquijo, coadministrador de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede del PP en la madrileña calle de Génova.
—Voy a declarar a todas las partes, menos a las acusaciones populares. Y, si me lo permite, voy a contestar exclusivamente respecto a las plantas segunda y quinta [de la obra], porque son a las que se imputan el delito por el que estoy aquí —, ha avanzado el procesado al tribunal, resguardado tras una mascarilla negra que ha mantenido todo el tiempo, a diferencia de Bárcenas, que optó por quitársela.
Urquijo, a preguntas del fiscal Antonio Romeral, ha esquivado toda responsabilidad. Ha negado el relato del extesorero popular, que explicó apenas unos minutos antes cómo él mismo y Álvaro Lapuerta le ofrecieron en una reunión que podían pagarle hasta un 30% de la obra con dinero negro —los investigadores, que intervinieron presuntas facturas falsas y presupuestos doblados en los registros a la compañía y al PP, calculan que esa cifra se elevaría hasta 1,5 millones de euros—. Una propuesta que, según Bárcenas, el máximo responsable de Unifica se pensó y finalmente aceptó. “Pero esa reunión no existió”, se ha defendido el arquitecto.
“Hay tres versiones de los papeles [de Bárcenas]: las publicadas por EL PAÍS, las manuscritas [por el extesorero] y las que están por ordenador”, ha continuado Urquijo, que ha puesto en duda así la veracidad de la contabilidad opaca que llevaba de su puño y letra el antiguo responsable de finanzas del partido conservador, donde se reflejan varios pagos a Urquijo. Una caja b que el Tribunal Supremo ya ha dado por acreditada. “Pero ¿por qué aparece usted y no otros proveedores [en esas anotaciones]?”, le ha inquirido el fiscal. “Yo soy el de las cantidades más altas porque, en aquella época, era el mayor coste del PP”, ha respondido el acusado, que ha calificado también a la formación política como “un mal pagador”. “Nunca tenían dinero, costaba cobrar”, ha alegado, mientras el ministerio público le mostraba las facturas por diversas cantidades encontradas.
Con un tono calmado y amable, Romeral ha ido acorralando al arquitecto con numerosos correos electrónicos intercambiados entre él y sus empleados donde se habla de utilizar “dinero en b”, de “facturas ficticias” o del uso de una “caja bis”. Sus últimas preguntas han sido el culmen:
—Usted hizo una regularización tributaria de bienes que estaban en Canadá, Suiza y otros países —, le ha preguntado el fiscal.
—Sí, en 2012.
—¿Ese dinero de dónde procedía?
— ...Son temas míos personales… prefiero no...
“No voy a contestar nada más”
La socia de Urquijo, Belén García, también acusada, ha declarado a continuación este martes y ha mantenido una línea de defensa similar a la de su compañero: que no cobraban en dinero negro. Además, ha dicho que su intervención en las obras de la sede del PP fue mínima. El fiscal le ha leído entonces varios emails donde se habla, por ejemplo, de pagar a trabajadores en “dinero efectivo tipo b” o de “hacer 60.000 en b y quitarse 11.000 euros de IVA”. Al igual que su compañero, también tenía dinero en el extranjero que regularizó en 2012. Entre ambos, legalizaron 2,18 millones de euros, según un informe de 2014 de la Policía Nacional.
—Usted hizo una regulación tributaria de dinero que tenía en Suiza, Canadá, Luxemburgo... ¿Cuál era la procedencia de ese dinero? —, le ha preguntado el fiscal.
—Bueno... La regulación está bien hecha, se han pagado los impuestos que correspondían... No voy a contestar nada más.
Pasadas las seis de la tarde, el tribunal ha dado por finalizada esta cuarta sesión. El juicio continuará este miércoles con el interrogatorio de los dos procesados que quedan: Laura Montero, directora de proyectos de Unifica, y Cristóbal Páez, exgerente del PP.
GONZALO URQUIJO : TUTEO AL ESTADO
Gonzalo Urquijo, el arquitecto acusado de graves delitos fiscales, llama de usted al fiscal y apea el tratamiento a la abogada del Estado en el juicio de Bárcenas
El presidente del tribunal es un hombre de costumbres. A las doce en punto, pausa para el café. Y a las dos de la tarde, hora de almorzar. Luis Bárcenas, que ya ha declarado todo lo que tenía que declarar y ha pedido permiso para volver solo a las sesiones de postín —cuando venga M. Rajoy, por ejemplo—, se pone de pie a las 11.55 y sale rápido de la sala, como esos aficionados que no quieren pillar atasco y se pierden el típico gol de Sergio Ramos en el descuento. Una pena, porque nada más irse —con dos policías cubriéndole la retirada hacia el furgón de la Guardia Civil— el fiscal Antonio Romeral termina su interrogatorio a Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, el arquitecto que hizo la reforma de la sede del PP. La última pregunta del fiscal es si guardaba dinero en la caja fuerte que tenía en un banco. Urquijo responde:
—Yo le puedo decir que…
A continuación, la abogada del Estado María Fernández Cifuentes formula al arquitecto su primera pregunta:
—Señor Urquijo, ¿recuerda que entre los años 2006 y 2010 repartiera los beneficios con su socia?
El arquitecto responde:
—Yo ahora mismo no te lo puedo asegurar…
Gonzalo Urquijo ha tardado solo dos minutos en pasar del usted con el que trataba al fiscal Romeral, un señor maduro de pelo cano y grandes entradas, a tutear a la abogada del Estado Fernández, una mujer joven. Se produce un primer momento de extrañeza en la sala, que se confirma en la segunda, en la tercera, en la cuarta respuesta, en toda la declaración. La abogada del Estado lo somete —siempre con el “usted” y el “señor” por delante— a un interrogatorio mucho más preciso y documentado que el del fiscal, pero Gonzalo Urquijo, un hombre de 50 años, arquitecto de profesión, dueño de una empresa boyante que hasta le permite disponer de cuentas en Suiza, sigue tuteándola. No parece haber entendido, ni aun sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional justo al día siguiente al 8 de marzo, que esa forma desigual de tratamiento en función de quien sea el interlocutor, un hombre o una mujer, tiene un nombre muy feo que, precisamente, en días como el del lunes millones de mujeres de todo el mundo tratan de denunciar.
El juicio continúa. Tal vez por las mascarillas, el olor a rancio pasa inadvertido para el presidente del tribunal, que, o no se ha percatado del asunto o no ha considerado oportuno reconvenir al acusado. A las dos y media, 30 minutos más tarde del horario habitual, se levanta la sesión.
Hay quien cree todavía que los juicios son aburridos. Nada más lejos de la realidad. Incluso en las sesiones plúmbeas, o precisamente por eso, se aprende algo, cada detalle es una pista, si no de un comportamiento criminal, sí de la condición humana. En la del martes, además del lío de papeles que tenía la empresa de Urquijo y sus triquiñuelas contables —para él absolutamente legales, ya veremos lo que dice la sentencia—, se ha podido comprobar el esfuerzo de Bárcenas por levantarse del barro. Uno de los dos malos oficiales de los últimos años —el otro es el comisario José Manuel Villarejo y no parece que vaya a abandonar su nuevo perfil de pirata— ha querido dejar claro durante su extensa declaración que reconoce su parte de culpa, pero que es más valiente y más digno que todos los empresarios que le entregaron dinero negro y que aquellos políticos que lo recibieron de sus manos y que tantos años después siguen negándolo. Dice que sí, que esas grabaciones fantasmas que implican a Javier Arenas y a Mariano Rajoy se hicieron, y que tal vez estén por ahí, pero en sus palabras y en su tono se nota que hace esfuerzos por alejarse del perfil de hombre vengativo que quiere morir matando.
Hace además una cosa a la que no todos se atrevieron en el banquillo de los acusados, y ahí está el ejemplo no tan lejano de Juan Ignacio Zoido durante el juicio a la intentona secesionista. Si el exministro del Interior eludió la responsabilidad de la actuación policial del 1 de octubre descargándola en sus subordinados, Bárcenas está haciendo justo lo contrario. Intenta por todos los medios salvar la cara de sus subordinados. Tal vez no sea suficiente, ni desde el punto de vista legal ni desde el moral, teniendo en cuenta que durante casi 20 años conoció y perpetró los tejemanejes de un partido que, a la misma hora que dirigía el Ministerio de Hacienda, recaudaba dinero negro de empresarios corruptos para pagar un sobresueldo a ministros aparentemente impolutos; pero cuando vuelve a su sitio en el banquillo después de declarar parece tranquilo. Mira a su abogado, cruza los brazos y estira las piernas.
Desde el fondo de la sala se ve a tres hombres que cruzan los brazos a la vez, pero de forma distinta. Bárcenas, el arquitecto y el juez. De los tres, el que va a dormir en la cárcel parece el más relajado.
https://elpais.com/espana/2021-03-09/tuteo-al-estado.html
BÁRCENAS ACUSA A TODOS LOS LÍDERES DEL PP HASTA 2008 DE CONOCER LA CAJA B
El extesorero asegura que un abogado relacionado con el PP le ofreció 500.000 euros en una reunión donde le pidieron manipular los papeles publicados en EL PAÍS
Luis Bárcenas se lanzó este lunes a la batalla contra el PP durante su declaración como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la caja b que mantuvo el partido durante más de dos décadas. El extesorero reforzó la tesis de la Fiscalía, que pide para él una pena de cinco años de cárcel, al confirmar la veracidad de la contabilidad paralela que publicó EL PAÍS en 2013. El antiguo responsable de las cuentas señaló también a las sucesivas cúpulas de la formación como ideólogas y conocedoras de esas finanzas opacas y acusó a Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general, de dar la orden de sistematizarlas. También denunció que muchos de los que fueran dirigentes populares, como Mariano Rajoy, cobraron sobresueldos.
Bárcenas llevaba tiempo esperando esta cita tras enviar el pasado 26 de enero un escrito de confesión a la Fiscalía Anticorrupción mostrando su disposición a colaborar. Estaba previsto que declarara el pasado 10 de febrero, pero el juicio tuvo que aplazarse hasta este lunes después de que otro de los acusados, Cristóbal Páez, exgerente del PP, cayera enfermo por coronavirus.
—Disculpe, ¿puedo retirarme la mascarilla a la hora de responder? —le preguntó este lunes Bárcenas al tribunal apenas unos segundos después de sentarse en el banquillo donde iba a ser interrogado por el fiscal Antonio Romeral— Es que prefiero que sea así, porque me cuesta trabajo respirar.
El extesorero necesitaba aire para las casi tres horas y media que duraría su testimonio. Una extensa exposición, que continuará este martes con las preguntas de la Abogacía del Estado, durante la que ratificó las principales tesis de acusación de la Fiscalía y disparó contra las antiguas cúpulas del PP.
Los papeles. Bárcenas solo tardó unos minutos en confirmar la veracidad de los documentos que publicó EL PAÍS en enero de 2013, que se bautizaron como los papeles de Bárcenas y que precipitaron el estallido del caso. Según detalló, esa era buena parte de la contabilidad paralela que él llevaba de su puño y letra, y que visaba personalmente con su firma Álvaro Lapuerta, que le precedió en el cargo de tesorero.
Una caja b que se nutría principalmente de donaciones de empresarios y de la que, incidió, estuvieron al tanto todos los presidentes y secretarios generales de la formación. Es decir, la cúpula conocía ese mecanismo ilegal. Tanto es así que, según su versión, cuando salieron a la luz los documentos, mantuvo un encuentro con un abogado vinculado al PP que le planteó manipular esos apuntes contables para confundir a la ciudadanía. “A los pocos días, en el despacho del abogado de Lapuerta, hubo una reunión con [el letrado] Javier Iglesias [...] en la que me plantearon la preocupación que había en el partido con esos documentos. Y me plantearon que volviera a repetirlos, pero variando conceptos y cantidades de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública de cuáles eran buenos y cuáles malos”.
El extesorero del PP añadió que en esa cita se le ofrecieron también en nombre del partido 500.000 euros por acabar con el conflicto laboral que había entre ambas partes. Pero Bárcenas aseguró que lo rechazó. Quería más dinero y que no fuera en negro.
—¿Quién le hace el ofrecimiento? —, le inquirió el fiscal.
—Javier Iglesias, abogado del PP y luego, como ya conocemos, muy vinculado como interlocutor del PP con respecto a mí y con respecto a acciones contra mí.
—La fuente del dinero, ¿quién era?
—Empresarios. A mí me dijo que no habría ningún problema porque hay empresarios que aportarán esa cantidad. Y yo le contesté que no quería los 500.000 euros, que la cantidad eran 975.000. Que, si eran 975.000, a lo mejor hablamos, y que los quería oficialmente y no en dinero b.
Creación del sistema. Bárcenas afirmó este lunes que él y Lapuerta heredaron la caja b de Rosendo Naseiro, anterior tesorero durante los años ochenta. Y que se encontraron con que recibían unos donativos que superaban los límites permitidos mientras, a la vez, tenían “que satisfacer” una serie de compromisos de “forma no oficial”: como retribuciones a algunos cargos electos, pagos a asesores o ayudas a familiares de concejales asesinados por ETA. “Necesitábamos dinero de esas características para atender pagos de esas características”, resumió.
Fue entonces cuando, según Bárcenas, Francisco Álvarez Cascos, secretario general entre 1989 y 1999, ordenó a Lapuerta sistematizar estos abonos a través de la contabilidad opaca.
Sobresueldos. De esa caja b, precisó también el acusado a continuación, salieron los sobresueldos reflejados en sus papeles y percibidos supuestamente por exdirigentes del partido. Entre otros perceptores, enumeró a Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato. Según dijo, excepto a estos dos últimos, a quienes jamás dio él las cantidades en mano —sino Lapuerta—, “al resto, en alguna ocasión, yo les he entregado el sobre con lo que les correspondía”.
Según su versión, esas retribuciones extra se idearon al existir cargos que, además de ser diputados, “dedicaban una parte muy importante de su tiempo al partido”. “De forma que perciben, hasta que se llega al Gobierno, una cantidad en gastos de representación que se pagaba por la caja oficial. Pero, al llegar al Gobierno, la ley de incompatibilidades lo impedía y, evidentemente, suponía una merma muy importante en la retribución que percibían. La propuesta que recibe el tesorero es que, a partir de ese momento, no recibieran menos dinero neto”. El objetivo era, añadió, que se complementara su salario oficial con cantidades de la caja b.
“No solo [cobraban] los secretarios generales [...], a los que siempre se les informaba de lo que estaba haciendo el partido”, continuó Bárcenas, que remachó que su último movimiento como tesorero fue entregar sendos sobres con 25.000 euros a Rajoy y Cospedal. La expolítica lo negó este lunes en un comunicado: “Miente impunemente para defenderse”.
Rechazado el careo. Antes del interrogatorio, los jueces rechazaron el careo entre Bárcenas y Rajoy que propuso la defensa del extesorero en la fase de cuestiones previas. La acusación popular ya pretendió en el juicio celebrado sobre la primera etapa del caso Gürtel, conocido como Época I, que se celebrara un enfrentamiento de este tipo, pero los magistrados también lo descartaron entonces.
El tribunal sí aceptó, en cambio, que declaren como testigos en la vista oral dos periodistas, Francisco Mercado y Eduardo Inda, sobre la existencia de una supuesta grabación del fallecido Lapuerta, donde hablaba de la contabilidad paralela y que ellos podrían haber escuchado.
Dardo contra Aguirre. Luis Bárcenas aprovechó el interrogatorio al que le sometió el fiscal anticorrupción para insistir en un aspecto que hace unos días contó ante el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón: que él mismo fue testigo de cómo su entonces jefe como tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, entregó en 2007 un sobre con 60.000 euros a quien era, a la sazón, líder del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. El dinero, según Bárcenas, lo había llevado un constructor para financiar de manera irregular la campaña de Aguirre a las elecciones autonómicas de ese año.
Tras aquel testimonio, la expresidenta madrileña lanzó una ofensiva de declaraciones públicas y escritos ante el juez para negar la acusación del extesorero. Este lunes, Bárcenas reiteró sus acusaciones durante el juicio de la caja b. Para ello detalló la supuesta vinculación personal entre Aguirre y el constructor —al que la líder del PP de Madrid negó conocer— a través de Sigfrido Herráez, un miembro del partido muy relacionado con la entonces presidenta, que estaba casado con la hija del empresario y a cuya boda ella asistió, según dijo el acusado.
Las sesiones. El juicio por la caja b del PP comenzó el pasado 8 de febrero con la fase de cuestiones previas, pero se suspendió tras celebrarse solo dos sesiones debido a la enfermedad de Páez, que requirió hospitalización. Tras acabar este lunes el interrogatorio de la Fiscalía, la vista se reanudará el martes con las preguntas de la Abogacía del Estado. Después, le llegará el turno al abogado del propio Bárcenas, que se ha acogido a su derecho a no responder al resto de las partes.
Cuando finalice el extesorero, el juicio continuará con los interrogatorios del resto de acusados que se sientan en el banquillo: además de Páez, Gonzalo Urquijo y Belén García, administradores de Unifica, empresa que reformó la sede de Génova, y Laura Montero, directora de proyectos de la compañía. El PP y Unifica, como personas jurídicas, también se encuentran procesados como responsables civiles subsidiarios.
La declaración del extesorero deja a uno en una situación más favorable que al otro de cara a sus respectivas comparecencias en la Audiencia Nacional, que aún no tienen fecha
Al primero no le menciona y del segundo asegura que cobró sobresueldos en negro y que conocía la caja b, en el juicio sobre el presunto pago en b de las obras en Génova
El Partido Popular tuvo cuatro presidentes hasta 2018. De ellos, dos –José María Aznar y Mariano Rajoy– dirigieron la formación política cuando Luis Bárcenas controlaba la contabilidad en negro desde la que se pagaron sobresueldos y se financiaron campaña electorales y reformas de sedes. Pero los ataques del extesorero sólo van dirigidos directamente a uno, Rajoy, el que presidía el partido cuando todos los escándalos de corrupción estallaron y el que le mandó un mensaje de ánimo y renegó de él después. De Aznar y su posible conocimiento de las ilegalidades que se cometían en el PP, salvo las declaraciones que ha prestado él mismo negando tener ningún conocimiento, nada más se sabe.
Aznar y Rajoy serán los testigos estrella, aún sin fechas, del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre el presunto pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Y Bárcenas ha dejado este lunes muy claro a quién ha dejado en peor situación de cara a esa declaración. Mientras que de Aznar no ha dicho absolutamente nada –sólo le ha citado una vez como parte de la enumeración de los presidentes que tuvo el PP durante los treinta años que él estuvo en el partido–, no ha ahorrado en menciones a Rajoy siempre que podía y siempre que el curso de su comparecencia como acusado le ha servido de excusa para sacarlo a colación.
Tanto se ha nombrado a Mariano Rajoy en la declaración de Bárcenas durante el juicio que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha acabado confundiendo uno con otro. "¿El señor Rajoy desea ir al baño?", ha preguntado al decretar el receso de la sesión a media mañana. Nadie ha respondido, pero estaba claro que se refería al acusado.
Del que fue presidente del partido conservador entre 2004 y 2018, Bárcenas ha reiterado que le pagó sobresueldos procedentes de la "contabilidad extracontable" –como la ha llamado al principio del juicio, aunque después ya ha accedido a referirse a ella como caja B y en una ocasión ha hablado de la documentación que él manejó como "los papeles del PP"–. Lo ha repetido las veces que ha podido. También le ha situado en la lista de secretarios generales del PP con Aznar que mantenían una relación directa con el que fue tesorero antes que él, el fallecido Álvaro Lapuerta, el mismo que, según su versión, entregaba los sobres con el dinero negro, desplazándose para ello incluso a los ministerios que dirigían entonces.
"Ellos saben qué hacen con ello"
Esta versión no es nueva en absoluto. El nombre de Rajoy aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas, la contabilidad en B del PP, y el extesorero ya lo confirmó al juez durante la instrucción de este procedimiento en 2013. Este lunes ha vuelto a mencionar una donación en efectivo que hizo un empresario al partido por "40.000 o 50.000 euros" y que Bárcenas dividió en dos y entregó a Rajoy y la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Junto con el expresidente, la también exministra de Defensa es otro de sus claros enemigos, como demuestran los litigios que ambos han mantenido desde que el extesorero fue despedido. De hecho, él mismo lo recordó hace un par de semanas en la Audiencia Nacional, durante la declaración como testigo en otra causa de corrupción que afecta al PP, el caso Púnica, donde afirmó que con Cospedal se lleva "fatal".
Bárcenas no da puntada sin hilo: sitúa el supuesto cobro de este dinero negro por parte de Rajoy y Cospedal en 2010, sólo tres años antes de la apertura de la causa de la caja B en la Audiencia Nacional. "Como desde el último apunte del 2008 ni la secretaria general María Dolores de Cospedal ni el presidente Mariano Rajoy habían recibido nada porque habíamos dejado la caja a cero, le doy un sobre a cada uno con la mitad y ellos saben lo que hacen con ello". Ese, según su versión, habría sido el final de la caja B. También ha destacado otros apuntes de sus papeles, en concreto de 2008, en los que figuran entregas de dinero a Rajoy por 12.600 y 2.400 euros. En ambos casos, se trataría de pagos no declarados y cobrados en años no prescritos, al ser de los cinco años previos a la apertura de la investigación.
De la comparecencia de Bárcenas este lunes en el juicio por la caja B del PP, donde se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel. los dardos han ido dirigidos a Rajoy, ninguno a Aznar. Ambos presidieron el PP el mismo tiempo, catorce años, pero la contabilidad opaca estuvo activa más años con el segundo que con el primero, según los papeles del extesorero y las dos sentencias judiciales que la acreditan. Los dos expresidentes han negado cualquier conocimiento al respecto, pero sólo Rajoy se ha visto en la tesitura de decirlo ante un tribunal, durante el primer juicio de Gürtel, donde también negó haber cobrado sobresueldos en negro.
"Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", dijo en julio de 2017, cuando compareció como testigo. Su credibilidad, no obstante, ya fue cuestionada por el tribunal, y así fue reflejado en la sentencia. Bárcenas ha rebatido ahora esta versión de su exjefe: ha asegurado que efectivamente los altos cargos del PP recibían sobresueldos, pero que cuando entraron en el Gobierno en 1996 los pagos pasaron a ser en B debido a la ley de incompatibilidades y así poder igualar el sueldo que habían venido percibiendo.
"La propuesta que recibe el tesorero –Lapuerta– es que, a partir de ese momento, se nivele. Que no perciba menos neto. Había que complementar con fondos de la contabilidad extracontable hasta llegar a esa cantidad, que igualase la que venían recibiendo, periódicamente», ha aseverado, tras facilitar una lista de nombres: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Mariano Rajoy.
Sitúa a Cascos como el ideólogo de los sobresueldos
De Aznar, una vez más, nada. Y eso a pesar de que el extesorero del PP ha aportado otro dato en su declaración que salpica al entorno más cercano del que fue presidente del partido entre 1990 y 2004: "Creo que Francisco Álvarez Cascos fue el que le dio a Álvaro Lapuerta instrucciones para esa forma de actuar", ha dicho en referencia a los sobresueldos, en respuesta a una de las preguntas que le ha dirigido el fiscal anticorrupción Antonio Romeral.
La situación de Rajoy frente a su próxima declaración como testigo en el juicio es, a todas luces, bastante más desfavorable que la de Aznar. Ya lo venía anunciando el extesorero desde que aportó el pasado febrero un escrito a la Fiscalía en el que señalaba a Rajoy por ser "perfecto conocedor" de la financiación irregular del PP, cuyo origen sitúa en 1982. Aunque no aportaba prueba documental de ese conocimiento que pudo tener el expresidente conservador, el patrón se repetía: todo contra Rajoy, nada contra Aznar.
No obstante, hay que tener en cuenta que Bárcenas es acusado en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, por lo que puede elegir qué contesta, cómo lo contesta y a quién. De hecho, ya ha anunciado que sólo responderá a las preguntas del Ministerio Público, la Abogacía del Estado y su abogado –los dos últimos interrogarán este martes–. Los testigos, en cambio, están obligados a decir la verdad y han de contestar a todas las partes, también a las acusaciones populares.
Son muchas las cuestiones que Bárcenas ha dejado abiertas para la declaración de Rajoy, en la que es más que previsible que alguna de las partes las saque a colación. Aparte de los ya mencionados sobresueldos, ha aportado un dato desconocido hasta ahora a pesar de los ocho años que lleva en instrucción la causa de la caja B del PP: una posible oferta económica del partido a principios de 2013 a cambio de manipular la contabilidad opaca, que había sido publicada por El País, para así generar confusión entre la opinión pública "de cara a cuáles eran los buenos y los malos y si había una manipulación de alguien para perjudicar al PP". "Se me ofrecieron 500.000 euros que aportarían empresarios", ha apuntado, para después añadir que rechazó esta cantidad porque, en su opinión, le correspondían 975.000 euros y no en negro.
Lo más seguro es que esta revelación no tenga ninguna consecuencia jurídica o penal, si bien la situación vuelve a desfavorecer a Rajoy: la imagen que Bárcenas intenta transmitir es que los responsables del PP en 2013, un partido que dirigía entonces Rajoy, trataron de sobornarle para alterar las pruebas de la financiación irregular que habían sido publicadas en prensa.
De todas formas, aunque Bárcenas haya salvado a Aznar en su declaración, éste no debería relajarse, pues en la línea de investigación que aún está abierta, en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, sobre las presuntas comisiones finalistas entregadas por empresarios al partido, esto es, a cambio de adjudicaciones de obra pública, el juez Santiago Pedraz ha ordenado a la Policía que indague en los más de una veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos entre 2002 y 2004 con uno de los donantes del PP. La cuantía del valor de las adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.
EL PP PACTÓ CON BÁRCENAS EN 2016 PARA TRATAR DE APARTAR AL JUEZ DE PRADA DE LA GÜRTEL
Semanas antes del inicio del juicio por la primera época de la trama, el letrado de la formación trató con un emisario de Bárcenas una estrategia indirecta para recusarlo
El rechazo del Partido Popular hacia el juez José Ricardo de Prada no es nuevo. Ni siquiera comenzó después de la intervención del magistrado en la redacción de la sentencia sobre la trama Gürtel que acabó desembocando en la moción de censura que desalojó del Gobierno al expresidente Mariano Rajoy. En septiembre del año 2016, un mes antes de que comenzara el juicio por la primera época de actividades de la red que lideraba Francisco Correa, el PP desconfiaba ya de De Prada, hasta el punto de maniobrar para pactar con el extesorero Luis Bárcenas una estrategia dirigida a tratar de evitar que el juez formara parte del tribunal.
El magistrado de la Audiencia Nacional se ha convertido cuatro años y medio después en el motivo del nuevo bloqueo del acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las negociaciones, encarriladas hasta el pasado jueves, saltaron por los aires ante la insistencia del Ejecutivo en mantenerle como vocal del turno de juristas en el nuevo Consejo y el rechazo completo de los populares a aceptar su presencia. Ambas partes se han dado unos días antes de decidir si continúan las conversaciones para reconducir la negociación.
En septiembre de 2016, la situación era muy distinta. El PP era por entonces el partido del Gobierno y se enfrentaba al primer juicio por prácticas corruptas. Varios de sus miembros se sentaban en el banquillo, al igual que la propia formación como responsable civil de los manejos irregulares de la red de Correa. Ante ese escenario, tuvo lugar una de esas reuniones entre el abogado de los populares y un emisario del extesorero. En nombre de Bárcenas acudió el abogado Miguel Durán, informan a El Confidencial fuentes conocedoras de la cita.
En el encuentro, según explican las fuentes consultadas, se abordó la composición del tribunal que debía juzgar a uno y otro. Lo integraban Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Ya por entonces, era público que el último era un magistrado progresista y el PP consideraba que su presencia en el tribunal podía ser problemática. No obstante, consciente de que atacar al juez a pocas semanas del inicio del juicio podía ser contraproducente, decidió intentar una vía lateral. Por ello, sugirió en aquella reunión que vería con buenos ojos que fuera Bárcenas u otra acusación quien intentara eliminarle de la ecuación a través de una recusación.
Como ha explicado Bárcenas, estos encuentros con la defensa del PP a través de personas de su confianza se prolongaron durante años. Según la versión del extesorero, el PP le garantizaba en ellos que su mujer, Rosalía Iglesias, saldría bien parada en los distintos procesos que afrontaba. Según la versión del letrado Jesús Santos, los contactos se prolongaron durante un corto periodo de tiempo, siempre a instancias de Bárcenas, y su contenido no era "en absoluto relevante".
El acuerdo para tratar de apartar a De Prada se llevó a cabo. Solo unos días después de aquel encuentro y a falta de dos semanas para el inicio del juicio, la defensa del acusado Pablo Crespo recusó al juez, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Argumentó que tenía interés en la causa por su amistad con el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, condenado por ordenar grabar en prisión las conversaciones de los cabecillas de la organización, entre ellos, el propio Crespo, con sus abogados.
La misma Audiencia Nacional que había apoyado apartar del mismo procedimiento a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel rechazó la petición de Crespo, a la que se adhirió una docena de acusados, entre ellos el propio Bárcenas y el PP, que se sentaba como responsable civil por las ayudas de la trama en las campañas electorales de ambos exalcaldes. De Prada se mantuvo en el tribunal y participó de forma activa en la redacción de la sentencia que condenó al partido como partícipe a título lucrativo en la que se le atribuyen las frases más contundentes sobre la caja B del PP.
La 'otra' recusación
Tras la resolución, vinieron nuevas recusaciones ya sin estrategia. El magistrado, de hecho, iba a ser uno de los jueces del tribunal de la caja B, el procedimiento que mantiene en el banquillo a Bárcenas desde comienzos de febrero. Pero, en mayo de 2019, desde Génova pidieron apartar al juez de este juicio. Su participación en la sentencia sobre la denominada Época I de la trama Gürtel, su "notoria y estrecha" relación de amistad con el juez inhabilitado Baltasar Garzón y su elección, por parte de la entonces ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como miembro externo de la comisión asesora para el restablecimiento de la Justicia universal fueron algunos de los argumentos que lanzó el PP en el correspondiente incidente de recusación: "Resulta indiscutible que estas circunstancias implican su falta de idoneidad para formar parte del tribunal de enjuiciamiento", sostenían.
En octubre de 2019, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendió estas alegaciones y decidió apartarle del tribunal. Con ocho votos a favor y siete en contra, sus compañeros en la Audiencia Nacional consideraron que no debía participar en este procedimiento porque ya formó parte del que condenó por la primera época de actividades de la trama Gürtel, donde se trató la contabilidad B de forma colateral. El incidente de recusación fue presentado por el PP, pero también por el propio Bárcenas.
BÁRCENAS SE JUEGA CON LA CAJA B DEL PP SU SEMILIBERTAD TRAS CUATRO AÑOS EN PRISIÓN
La Audiencia Nacional ya ha fijado su condena máxima en doce años de cárcel por el caso Gürtel y se le acaban de conceder sus dos primeros permisos de salida al haber cumplido ya una cuarta parte
La investigación por las donaciones de empresarios en la causa abierta sobre la financiación irregular del partido podría complicarle las cosas si fuera condenado por cohecho
Luis Bárcenas ya puede optar a permisos penitenciarios y acaba de obtener el primero, que aún está a la espera de ser confirmado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Al haber cumplido más de la cuarta parte de la pena máxima de doce años fijada por la Audiencia Nacional, el extesorero del PP está en disposición de solicitar permisos por 36 días al año y, de hecho, la prisión de Soto del Real (Madrid), donde cumple su condena por el caso Gürtel, ha dado el visto bueno a dos de seis días cada uno. Pero sus todavía causas pendientes con la justicia, el juicio por la reforma supuestamente con dinero negro de la sede central del partido y la investigación por las presuntas donaciones de empresarios al partido conservador a cambio de contratos públicos, podrían amenazar esta nueva situación penitenciaria que se le presenta favorable tras más de cuatro años encarcelado.
Bárcenas fue condenado en firme el pasado octubre por el Tribunal Supremo a más de 29 años de prisión por la primera época de actividades de la trama liderada por Francisco Correa. Los delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal, ambos tipos penados en el Código Penal con un máximo de cuatro años de cárcel. En virtud del artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, por lo que la Audiencia Nacional, a petición de la defensa del extesorero, hizo el cálculo de cuánto es el tiempo máximo que deberá pasar éste en la cárcel, esto es, doce años.
Tal y como consta en el Reglamento Penitenciario, cualquier preso en segundo grado –como Bárcenas– podrá optar a permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración cada uno, hasta un total de 36 ó 48 días por año, siempre que haya extinguido la cuarta parte de la condena y no se observe mala conducta. El preso hace la solicitud, pero es la Junta de Tratamiento de la prisión correspondiente la que se encarga de analizar, estudiando cada caso concreto, si puede beneficiarse del permiso.
Según la defensa del extesorero del PP, contando el tiempo que éste pasó en prisión preventiva y lo que ha cumplido ya de la condena efectiva por Gürtel –en total más de cuatro años–, ya ha superado con creces la cuarta parte de la pena y, por tanto, presentó su solicitud de primer permiso ordinario antes incluso de que la Audiencia Nacional hiciera el cálculo oficial. Desde Instituciones Penitenciarias aclaran que la situación de cada reo es particular y en el estudio de las solicitudes de permisos influyen muchos condicionantes que no sólo pasan por el cumplimiento del cuarto de la condena. Tal y como explican fuentes de este departamento a infoLibre, las juntas de tratamiento de las prisiones realizan un estudio muy pormenorizado de cada caso que, también en el del extesorero, ha llevado varias semanas.
En todo caso, el horizonte más inmediato no pinta mal para la situación penitenciaria del extesorero del PP, pero hay dos nubarrones que podrían torcer sus planes, pues aún tiene cuentas con la justicia que están pendientes de resolución. Son las dos causas en las que Bárcenas se ha comprometido a colaborar una vez que se constató la sentencia del Supremo y la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, condenada a doce años y once meses de cárcel, de los que se le queda una pena máxima a cumplir de siete años y medio.
Como aperitivo, presentó un escrito en la Fiscalía Anticorrupción que, en realidad, pocas novedades aportaba y las que apuntaba no iban acompañadas de ninguna prueba documental o de referencia a algún testimonio que pueda corroborar sus afirmaciones, tales como que el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de la existencia de una contabilidad opaca en el partido y que destruyó documentación que lo probaba. Tal y como ha dejado claro el Ministerio Público, lo que pueda decir Bárcenas ha de ser analizado para saber si puede ayudar a esclarecer los hechos investigados.
La causa de la que más pende de un hilo el extesorero del PP es la conocida como caja b o papeles de Bárcenas. Es la que continúa en investigación por posible delito de cohecho, pues de la documentación de la contabilidad en negro del partido que Bárcenas manejó durante casi veinte años, primero como gerente y después como tesorero, se extraen donaciones que habrían hecho empresarios, en su mayoría constructores, a cambio supuestamente de beneficiarse de contratos de obra pública en distintas administraciones del Estado dirigidas por miembros del PP. Son las épocas de José María Aznar y de Mariano Rajoy al frente del PP y el objeto de la instrucción es determinar si esas donaciones fueron finalistas, es decir, si se correspondían con alguna adjudicación en concreto. Una de las revelaciones de Bárcenas en su escrito a Anticorrupción es que algunos de esos pagos tuvieron ese carácter finalista.
Evitar un nuevo cálculo de cumplimiento máximo
El Código Penal establece penas de prisión de entre tres y seis años por cohecho. Una condena máxima por este delito para Bárcenas implicaría complicar de nuevo su situación penitenciaria, pues le devolvería a una casilla inicial, esto es, un nuevo cómputo de la Audiencia Nacional para determinar el cumplimiento máximo, que necesariamente sería mayor que el fijado ahora de doce años, al cambiar el delito de condena más gravoso. Una colaboración activa con esta investigación de la caja b que supusiera el esclarecimiento de los hechos o, al menos, que hiciera avanzar la investigación, podría reducir las opciones de acabar condenado a una pena alta por esta causa.
En cuando al juicio por la reforma con dinero negro de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, en el que Bárcenas está acusado, la Fiscalía Anticorrupción pide para él cinco años de prisión, pero el delito que suma más pena es el de apropiación indebida, por el que solicita dos años. En este caso, una posible condena por lo que pide el Ministerio Público no supondría cambios en la situación penitenciaria del extesorero, pues se le seguiría aplicando el cómputo actual, ya que el delito más grave por el que está condenado continuaría siendo el de blanqueo. Por eso, la expectación máxima reside en lo que pueda contar o aportar a la investigación de la pieza del posible cohecho.
Versiones contradictorias
A la espera de que Bárcenas acuda a la Audiencia Nacional a ratificar su escrito –la comparecencia estaba prevista para mediados de febrero, pero fue suspendida por la coincidencia de otras declaraciones–, el juez Santiago Pedraz, instructor recién llegado al Juzgado Central número 5 que investiga los papeles de Bárcenas, ha pedido a la defensa que le haga llegar todas las pruebas de que disponga para sustentar sus acusaciones, si es que las tiene, para ir estudiándolas.
Las versiones que ha ido ofreciendo tanto el extesorero como su defensa son contradictorias entre sí y aún no se ha presentado un solo papel en la Audiencia Nacional. Primero, el abogado de Bárcenas dijo en el primer día del juicio por la obra de la sede de Génova que cuenta con un "déficit" de documentación para respaldar sus acusaciones y que hace años contaba con "ingente" información que le fue sustraída en la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial y sufragado con fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación que se hubiera podido llevar del PP cuando fue despedido.
Sin embargo, la semana pasada, en su declaración como testigo en el caso Púnica, concretamente en la pieza que investiga una posible financiación irregular en el PP de Madrid, aseguró que hace años entregó a una persona, de la que no ha desvelado la identidad, tres cajas con diversa documentación sobre sus anotaciones sobre la caja b y que está dispuesto a aportar. Dijo que ya había puesto en conocimiento del órgano judicial correspondiente esta información, en referencia al Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige Pedraz, pero en dicho órgano judicial no había entrado estos días ninguna comunicación oficial en la que Bárcenas informara de este hecho ni facilitara ningún nombre a quien se pudiera requerir la documentación.
El tribunal había previsto reiniciar la vista este martes con el interrogatorio de Luis Bárcenas
La reanudación del juicio sobre la caja b del PP, convertido en una auténtica pesadilla para la formación conservadora, tendrá que esperar. La Audiencia Nacional ha decidido aplazar sine die la vista oral debido a la enfermedad de Cristóbal Páez, exgerente del partido y uno de los acusados, que padece coronavirus y fue hospitalizado la pasada semana. Según argumenta el tribunal a través de un auto dictado este mismo lunes, su “presencia es necesaria” para continuar con las sesiones. “Hay que respetar su derecho a su defensa”, avanzó el juez José Antonio Mora el pasado martes.
El juicio comenzó el lunes 8 de febrero con la fase de cuestiones previas, que se prolongó durante dos días. El miércoles 10 debían arrancar los interrogatorios de los cinco acusados —además de Páez, en el banquillo se sientan Luis Bárcenas, extesorero popular, y tres responsables de Unifica, la empresa que reformó la sede del PP de la madrileña calle de Génova—, pero finalmente se pospusieron a causa de la enfermedad del antiguo gerente. En principio, se suspendió hasta este martes 16 de febrero, a la espera de que se recuperara, pero los jueces han decidido este lunes dejar sin fecha el reinicio de la vista oral.
El tribunal ha pedido al médico forense de la Audiencia Nacional que, a lo largo de esta semana, examine a Páez y emita un informe acerca de su “estado de salud, evolución y previsión de curación”. El objetivo es poder “determinar una posible fecha de reanudación”. Aunque, de momento, se suspenden todas las citaciones de acusados y testigos previstas para los días 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero.
LUIS BÁRCENAS VUELVE A LA CALLE GÉNOVA
Pablo Casado insiste en que la caja b es cosa del pasado, pero los métodos que condujeron al escándalo de la financiación del PP siguen sobrevolando el juicio
A falta de futuro, el pasado ya está aquí. Se ha presentado por alusiones, no en vano Pablo Casado, el líder del PP, lleva varios días invocándolo por las esquinas, encomendándose a él con la misma fuerza con que sus abogados se agarran a la prescripción de unos delitos que ya no pueden negar.
—No tenemos absolutamente nada que ver con los papeles de Bárcenas —asegura Casado de entrevista en entrevista, para luego añadir a modo de jaculatoria—, todo eso es parte del pasado.
Así que el pasado, que también debe de tener sentimientos, ha decidido presentarse en el peor momento para el PP, durante la segunda jornada del juicio contra el extesorero Luis Bárcenas y a cinco días escasos de las elecciones en Cataluña. Unos minutos antes de las diez de la mañana del martes, el abogado del partido en el juicio de la caja b llega a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Los periodistas lo acribillan a preguntas para que responda si es verdad que, como se acaba de publicar, él y Enrique López, actual consejero de Justicia e Interior de Madrid, intentaron negociar bajo cuerda con un empresario cercano a Bárcenas la posibilidad de que el extesorero y el PP enterrasen el hacha de guerra. Por si fuera poco, los contactos fueron en 2017, cuando López era magistrado de la Audiencia Nacional. ¿Qué hacía el abogado del PP, exfiscal de la Audiencia Nacional para más señas, utilizando de intermediario a un juez en ejercicio para negociar con un preso acusado de graves delitos? ¿A cambio de qué? Jesús Santos sigue caminando en silencio. Le preguntan si la noticia es verdadera. No dice ni que sí ni que no, lo que en estos casos suele significar que sí.
Ocho años después de desvelar la existencia de una caja B en el PP, su extesorero Luis Bárcenas vuelve a sentarse este lunes en el banquillo decidido a poner contra las cuerdas al que durante 20 años fue su partido y al que acusa sin tapujos de financiación irregular "institucionalizada" desde 1982. EFE/Juan Carlos Hidalgo POOL
El extesorero del PP Luis Bárcenas (C) sentado en el banquillo de los acusados durante la primera sesión del juicio de los "papeles de Bárcenas" este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Ocho años después de desvelar la existencia de una caja B en el PP, su extesorero Luis Bárcenas vuelve a sentarse este lunes en el banquillo decidido a poner contra las cuerdas al que durante 20 años fue su partido y al que acusa sin tapujos de financiación irregular "institucionalizada" desde 1982. EFE/Ballesteros POOL
El circo político de la caja b
El abogado de Bárcenas propone un careo con Rajoy y el PP intenta reducir al mínimo el juicio
El presidente del tribunal, José Antonio Mora, abre la sesión. Lo primero que hace es conectar en directo con el domicilio del exgerente del PP Cristóbal Páez, uno de los cinco acusados, que se encuentra convaleciente tras haber dado la pasada semana positivo de covid.
—¿Se encuentra mejor hoy?
—Igual que ayer.
El juez quiere saber si el fiscal, la abogada del Estado y las distintas acusaciones populares tienen algún inconveniente en que se aplace el juicio hasta que Páez se encuentre mejor. Todos los abogados se muestran de acuerdo, incluso uno de ellos, Gonzalo Boye, que en este juicio representa a la asociación DESC-Observatorio de Derechos Humanos, va más allá de la cuestión humanitaria. “Así evitamos”, advierte perspicaz, “que el hecho de continuar el juicio con un acusado enfermo pueda ser objeto en el futuro de algún tipo de recusación”.
El abogado Boye, que lo es también del expresidente catalán Carles Puigdemont, se sabe todos los trucos, y es consciente de que a falta de pruebas exculpatorias —los papeles de Bárcenas hablan por sí solos— sus colegas de la defensa ya se han abonado al terreno de las prescripciones. Un jurista español que llegó a ministro suele contar que su padre, también abogado de prestigio, le dio un consejo muy útil:
—Cuando la verdad esté de tu parte, utiliza el derecho natural. Y cuando no lo esté, el derecho procesal.
No hay que olvidar que, gracias al derecho procesal, el PP consiguió que el caso Naseiro —el pecado original de toda la corrupción que vino después— fue archivado a principios de los 90 porque las pruebas se obtuvieron de manera irregular. Aquello sí puede considerarse pasado, ¿pero es pasado 2017? Dinero negro, conversaciones clandestinas, la esperanza puesta en los agujeros de la ley. A falta de futuro, el presente es más pasado que nunca.
José Antonio Mora concede el aplazamiento hasta el próximo martes, salvo que el estado de Páez se agrave. “No lo quiera Dios”, subraya el juez, que informa a continuación de que la vista se reanudará en el edificio central de la Audiencia Nacional, justo enfrente de la sede del PP de la calle Génova. Unos minutos antes de las diez de la mañana, un furgón de la Guardia Civil pasará por allí con Luis Bárcenas en su interior. Demasiado cerca para ser pasado.
Enrique López medió cuando era juez en la Audiencia
El actual consejero madrileño de Justicia, Enrique López, medió en 2017 para concertar una serie de citas entre un empresario afín a Luis Bárcenas, Agustín D., y el abogado contratado para defender los intereses del PP en este caso, Jesús Santos, según reveló este martes 'El Mundo'. López, actual secretario ejecutivo nacional del PP sobre Justicia, era entonces magistrado en la Audiencia Nacional y admitió este martes su interlocución, aunque precisó que lo hizo por su conocimiento de ambas personas y que no realizó ninguna gestión en nombre de ese partido. Desde el PP y el entorno de López se indicó que accedió a ese puesto en la cúpula del partido en 2020. El consejero madrileño, fichado para el equipo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid por Pablo Casado, ejerció en varios puestos en la Audiencia Nacional más de 13 años y es ahora el negociador del PP para la frustrada renovación del Consejo del Poder Judicial. Desde el Gobierno, el PSOE y Podemos se cuestionó esa mediación, se exigieron explicaciones y se relacionó a López con el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces para beneficiar al PP en sus casos de corrupción en vía judicial.
https://elpais.com/espana/2021-02-09/luis-barcenas-vuelve-a-la-calle-genova.html
El extesorero pone en el centro de la diana el testimonio que prestará el expresidente del Gobierno durante el juicio por el pago en negro de la reforma de la sede de Génova El exlíder del PP negó conocer la financiación irregular y haber cobrado sobresueldos, tanto en declaraciones públicas como judiciales La defensa de Bárcenas admite que tiene un "déficit" de documentación para defender sus acusaciones porque se la robaron en la 'operación Kitchen' Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
El posible conocimiento de la dirección del PP de la existencia de la caja b, los sobresueldos que habría cobrado parte de la cúpula del partido y la acusación de destrucción de los documentos que acreditarían esa financiación irregular serían los tres elementos sobre los que giraría el careo con el expresidente Mariano Rajoy que la defensa del extesorero Luis Bárcenas ha adelantado que solicitará a la Audiencia Nacional, a la vista de las más que previsibles contradicciones que plantearán las versiones de su cliente y del exjefe del Ejecutivo.
Todo forma parte de la nueva estrategia de defensa de Bárcenas, que ha optado por dinamitar el pacto de no agresión que ha mantenido en los últimos años con el PP y con sus exdirigentes a raíz de la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, después de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a casi 13 años de prisión. Es lo que explica el propio extesorero en el escrito que presentó la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción y que ha sido aportado este lunes al juicio por el pago con dinero negro de parte de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid.
Según Bárcenas, creyó "inocentemente en la promesa por parte del Partido Popular que se me hizo llegar sobre que Rosa [su esposa] no entraría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado". De ahí que "firmara la paz con dicho partido político" y que retirara la acusación particular en el juicio por la destrucción de los discos duros tras su despido de la formación. En declaraciones al diario El Mundo el pasado fin de semana, afirmó que negoció "enterrar el hacha de guerra con el PP" con dos personas muy vinculadas actualmente al partido que le contactaron en diciembre de 2018, aunque no ha citado nombres concretos.
Ahora, sitúa la entrada en la cárcel de su mujer y las revelaciones de la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial que se puso en marcha tras su salida del PP para robarle documentación, como la chispa que ha llevado al extesorero a anunciar nuevas revelaciones sobre la financiación opaca del partido que él mismo gestionó durante casi veinte años, pero que estuvo en funcionamiento, según su versión, desde 1982. Y en esta nueva información que dice Bárcenas que va a contar, hay un nombre en el centro de la diana de las acusaciones del extesorero: Mariano Rajoy.
Está previsto que Rajoy comparezca como testigo en el juicio que ha empezado esta semana por la reforma en b de la sede central del partido, a petición de las acusaciones populares y de la defensa del extesorero, y Bárcenas está dispuesto a protagonizar un careo con él ante el tribunal ante el convencimiento de que el expresidente va a negar todas estas acusaciones. Y eso que su abogado asegura que no quiere convertir la vista oral en un "circo mediático".
1. Caja b o financiación ilegal
Esta es la principal contradicción entre lo que asegura Bárcenas y lo que siempre ha venido defendiendo Mariano Rajoy, quien ha negado conocer la existencia de una caja b en el partido que presidió durante quince años, tanto en declaraciones públicas como en sede judicial. Ante la Audiencia Nacional lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era presidente del Gobierno, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel, donde compareció como testigo. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta financiación opaca porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, el tribunal cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno. Hace sólo cuatro meses, el Tribunal Supremo validó las pruebas de la caja B.
El extesorero tiene otra versión. Del expresidente asegura en su escrito a Anticorrupción que era "perfecto conocedor" de la financiación ilegal del PP, una acusación que ya hizo cuando confesó la autoría de los llamados papeles de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013. Sólo un par de semanas después de la confesión del extesorero en la Audiencia Nacional, Rajoy compareció en el Congreso, presionado por los acontecimientos. En aquella ocasión, proclamó sobre las acusaciones del extesorero: "Son falsas sus acusaciones, son falsas sus medias verdades y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades".
Ante las peticiones de dimisión de los grupos de la oposición, afirmó que no iba a declararse culpable y, sobre Bárcenas, resaltó: "Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía".
2. Sobresueldos en negro
Los supuestos sobres con dinero que, según Bárcenas, entregó a exdirigentes del PP por orden de su superior de entonces, Álvaro Lapuerta, es otra de las contradicciones que más que probablemente saldrán a relucir durante el juicio y que justificarían la petición de un careo para la defensa del extesorero. En el escrito de la semana pasada, él llama "complementos salariales" a los sobresueldos y subraya que los recibieron Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Por esto mismo, todos ellos serán citados como testigos a petición de las acusaciones populares.
Lapuerta falleció en 2018 sin reconocer nada ante los jueces, pero Bárcenas asegura que el que fue su jefe durante casi dos décadas sí habló con alguien de la caja B y de los sobresueldos que recibían altos cargos del partido. En su escrito a la Fiscalía, explica que existe una grabación que él ha escuchado y que está en poder de "una persona".
Ha sido en la primera sesión del juicio por el pago en negro de las obras de la sede cuando el abogado de Bárcenas ha revelado que la grabación estaría en posesión del periodista Francisco Mercado, por lo que ha solicitado su comparecencia como testigo. En el audio se escucharía a Lapuerta explicar cómo pagó sobresueldos en metálico a dirigentes como Mariano Rajoy. La defensa de Bárcenas, que reconoce que no tiene la cinta, también ha pedido otras testificales de otros periodistas que aseguran haberla escuchado, como Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y Marisa Gallero.
Después de que se publicaran las primeras informaciones periodísticas sobre los presuntos sobresueldos y los papeles de Bárcenas, fueron numerosas las ocasiones en las que se preguntó a Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, por este asunto. Una de las más recordadas fue en la que un fallo de cálculo le llevó a manifestar: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a algunos compañeros míos de partido que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es lo que han publicado los medios de comunicación". A continuación, añadió: "Dicho de otra manera, es total y absolutamente falso".
3. Destrucción de papeles
Bárcenas no sólo afirma que Rajoy era "perfecto conocedor" de la caja B, sino que destruyó personalmente los documentos que así lo acreditaban, "sin saber" que el extesorero se guardaba una copia. Es lo que ha dicho ahora en su escrito a Anticorrupción, pero ya lo había manifestado en julio de 2013 durante la instrucción de la causa de la caja b ante el juez Ruz. De hecho, en ambos casos habló de que Rajoy utilizó una trituradora de papel, pero difiere en las fechas: en 2013 dijo que los hechos ocurrieron en 2010, mientras que la semana pasada los encuadra en 2009.
"En 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”, explica Bárcenas.
Y 'Kitchen', ¿qué?
La operación Kitchen, que está todavía en investigación en la Audiencia Nacional, no estará exenta de aparecer en el juicio del pago en negro de la reforma de la sede de Génova. De hecho, la defensa de Bárcenas ya la ha sacado a colación en la primera sesión, remarcando que “ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrives” que el extesorero tenía en su poder sobre la caja b del PP fue “sustraída” en el marco de esa operación, en la que están implicados miembros del Ejecutivo del PP y mandos policiales. Después ha admitido que esa “sustracción” supone un “déficit” a la hora de valorar la credibilidad de su cliente, que en su escrito a Anticorrupción.
No es descabellado pensar que a Rajoy también le preguntarán por este asunto cuando declare como testigo. Sería la primera vez que el expresidente tuviera que responder a preguntas al respecto, ya que la pieza 7 del caso Villarejo se abrió cuando ya había dejado La Moncloa y en algún acto público posterior en el que se le ha consultado sobre el tema ha declinado hacer declaraciones. Imputados en la Kitchen como los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño han dado a entender en sus declaraciones o en audios intervenidos por los investigadores que Rajoy estaba al tanto del operativo.
Primero deberá declarar Mariano Rajoy, tras lo cual la defensa de Bárcenas deberá decidir si cumple su amenaza de solicitar el careo, tras lo cual será el tribunal –formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García– el que deberá decidir si lo acuerda o no. Es poco frecuente que los tribunales acuerden careos durante los juicios. La última vista oral mediática en la que se solicitó un careo fue el del proceso independentista catalán en el Tribunal Supremo, cuando la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn pidió uno entre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el que era número dos de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, Ferran López. Los magistrados no lo aceptaron.
El que sí se llevó a cabo hace 22 años fue el que tuvo lugar entre José Barrionuevo, exministro del Interior, y Julián Sancristóbal, quien declaró en calidad de exgobernador civil de Vizcaya, pero que también fue director general de Seguridad, durante el juicio por el secuestro del empresario Segundo Marey a manos del GAL. No en juicio, sino en fase de instrucción, la Audiencia Nacional fue testigo de otro careo, el que enfrentó al exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez por la operación Kitchen.
José Luis Ábalos exige al presidente del PP que detalle con qué personas de la actual dirección negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio La formación morada considera que, tras la declaración del extesorero de los conservadores, "no queda ninguna excusa" para no investigar al expresidente del Gobierno.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas porque, según ha denunciado, dirige el mismo PP "del dinero negro".
"Es urgente que Casado dé explicaciones", ha manifestado Ábalos en rueda de prensa desde Ferraz, donde ha subrayado la necesidad de que Casado detalle con qué personas de la actual dirección del PP negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio, según informa Europa Press.
"No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara", ha insistido el número tres de los socialistas, quien sostiene que Casado debe dar cuenta de los "tejemanejes" que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según ha dicho, "no es otro partido, sino el mismo". "Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la caja b'", ha apostillado.
Eso sí, Ábalos no ha especificado, no obstante, si esas explicaciones deben realizarse en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen del Congreso. "No lo estoy siguiendo, pero la relación de comparecientes que hay hoy es la oportuna", ha comentado.
Podemos pide investigar a Rajoy y que Casado a declare en la comisión
Por su parte, Podemos considera que tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas "ya no queda ninguna excusa" para que no se investigue al expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy por la financiación irregular de la formación e insiste en que el actual máximo responsable de los conservadores debe comparecer ante la comisión de investigación.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, su portavoz, Isa Serra, para quien las declaraciones de Casado intentando desvincular a la dirección actual del PP de la de los tiempos de Bárcenas son "absolutamente ridículas y vergonzantes".
"Este PP es el mismo que está en las instituciones y en gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid; la forma de gobierno y de corrupción del PP es la misma", ha afirmado, recordando cómo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes no sólo está ahora en el banquillo por el caso de su máster, sino que también tiene pendiente la causa de Púnica.
Buscar el momento oportuno para citarle
Además, Serra ha hecho hincapié en que la ciudadanía tiene claro que "M. Rajoy es Mariano Rajoy" y que si no se investiga al expresidente se enviará el mensaje de que "hay personas absolutamente impunes e intocables".
Respecto a Casado, la portavoz del partido morado ha explicado que debe ser el grupo parlamentario de Unidas Podemos el que decida en qué momento es más pertinente citarle ante la comisión Kitchen, pero ha remarcado que su formación no tiene ninguna duda de que debe dar explicaciones ante este órgano que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
En la estrategia de defensa de los conservadores no encaja que su líder, elegido en julio de 2018, diga no tener ni idea de la contabilidad de los años que le preceden en el cargo, que la renovación que puso en marcha fue una "depuración" o que no existió una sentencia demoledora de la primera etapa de Gürtel infoLibre repasa, en seis claves, las zonas de sombra de la estrategia de Casado para marcar distancia con los principales casos de corrupción que aún afectan a su partido y, que en contra de lo que él afirma, sí afectaron a dinero público Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
El juicio por la supuesta caja b del Partido Popular ha puesto a la dirección nacional de la formación conservadora, en manos de Pablo Casado, ante el espejo de su pasado. No es ningún secreto que los escándalos de corrupción llevan sacudiendo al ahora principal partido de la oposición más de una década. Y tampoco que cuando el actual líder tomó las riendas del partido, a finales de julio de 2018, podía intuir el calvario judicial que las siglas de las que se ponía al frente tenía por delante. Este juicio en particular pilla a los conservadores haciendo campaña para las elecciones catalanas del 14F con un panorama poco optimista en las encuestas y el riesgo de un sorpasso de Vox.
En los últimos días, la dirección nacional del PP ha desplegado un argumentario que pasa por ubicar toda la materia que se va a abordar en el juicio en el pasado, en otra época, dibujando una especie de cordón sanitario respecto a todo episodio del partido que haya tenido lugar antes de que Casado asumiese la presidencia. Es otro partido y otras personas al frente, resumen. Mientras las siglas y la sede siguen siendo las mismas.
Afirmar que el actual líder del PP era una persona con altísima capacidad de decisión mientras Rajoy estaba al frente del partido es complicado de sostener. Pero también lo es que él, como líder del partido desde el verano de 2018, no tenga ni idea de la contabilidad de los años que le preceden en el cargo, que la renovación que puso en marcha fue una especie de "depuración" o que no existió una sentencia demoledora de la primera etapa de Gürtel.
infoLibre repasa, en seis claves, las zonas de sombra de la estrategia de Casado.
1. El "nuevo PP" de un cargo de Rajoy... y de Aznar
Partido Socialista y Unidas Podemos llevan varios días pidiendo explicaciones a Pablo Casado. Consideran que, pese a que los hechos se ubiquen en el pasado, el líder del principal partido de la oposición no puede estar callado porque no llegó de nuevas al PP cuando asumió su liderazgo, sino que ya llevaba un tiempo en la cúpula de la formación, como vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. También recuerda que fue una de las personas de máxima confianza del expresidente José María Aznar en Faes.
"No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara", señaló este mismo lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa desde la sede de Ferraz. A juicio del número tres de los socialistas, Casado debe dar cuenta de los "tejemanejes" que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según dijo, "no es otro partido, sino el mismo". "Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la 'caja b'", añadió.
Ábalos sostuvo que le parece llamativo que Casado diga que ese PP ya "no existe" cuando él mismo formó parte de su dirección y cuando "medraba" para convertirse en su líder. Según recordó, contó con el apoyo de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, cuando esta perdió en la primera fase de las primarias y pasaron a la segunda el propio Casado y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El nombre de Cospedal figura en esos papeles del extesorero.
Mientras socialistas y morados ve incompatible que Casado diga que el PP que está ahora en tela de juicio en los tribunales "ya no existe" porque él mismo formaba parte del Comité de Dirección y también, por ejemplo, Javier Maroto, actual portavoz en el Senado –fue vicesecretario de Política Social– los conservadores ponen el énfasis en lo contrario. En que ese PP, efectivamente, "no existe". En que la actual dirección "nunca ha hablado" con delincuentes.
En Génova venden la llegada del "nuevo PP" como una ruptura con el pasado y ese no ha sido siempre el enfoque que ha mantenido Casado desde que llegó a la presidencia del partido.
En su discurso como candidato al congreso extraordinario de sucesión de Rajoy mantuvo que estaba tremendamente orgullosos de la labor que Rajoy había hecho al frente del Gobierno. Y "tremendamente honrado" de haber sido su portavoz y su vicesecretario de comunicación "en las peores circunstancias".
En uno de sus primeros actos como presidente, en septiembre de 2018, reivindicó, en presencia de Alberto Núñez Feijóo el legado de Mariano Rajoy. Y, a finales de enero de 2019, se rodeó de Rajoy de Aznar en la convención ideológica en una especie de reivindicación de todo el legado del PP desde su refundación. Ahora, en Génova subrayan que Casado marcó una línea clara de tolerancia cero a la corrupción. Y que tomará las decisiones que tenga que tomar "sea quien sea" el afectado. Y "caiga quien caiga".
Pese a la exigencia de explicaciones, los socialistas no quieren, de momento, ir más allá y no prevén, al menos de momento, incluir a Casado como compareciente en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos, sin embargo, sí lo cree necesario: "Ya no queda ninguna excusa" para que no se investigue a Rajoy e insiste en que Casado, debe comparecer en la citada comisión.
En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, la portavoz de la formación Morada, Isa Serra, consideró "absolutamente ridículas y vergonzantes" las declaraciones de Casado desvinculando a la dirección actual del PP de la de los tiempos de Bárcenas.
"Este PP es el mismo que está en las instituciones y en gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid; la forma de gobierno y de corrupción del PP es la misma", sostuvo.
2. ¿"Depuración"?
En el relato que hace el PP estos días para defenderse del intento de Bárcenas de extender la sombra de sospecha sobre todas las etapas de la formación conservadora, el entorno de Casado intenta instalar la idea de que hace dos años los afiliados del partido eligieron al actual líder en primarias "para pasar página de una etapa que no reconocen como parte de la historia de un partido fundamental para España". Para "depurar" cualquier falta de ejemplaridad.
Lo cierto es que, en privado, en las semanas previas al congreso extraordinario del PP del que Casado salió victorioso, desde la candidatura del ahora jefe de los conservadores sí se exhibía como uno de sus pluses el hecho de que la integrasen un grupo de jóvenes sin vinculación directa con el extesorero y con los escándalos de corrupción que llevaban desde 2009 sobresaltando el día a día del partido.
En público, en cambio, todo solía plantearse de una forma más sutil. La candidatura de Casado proponía a los electores ideología, ideología e ideología. Una vuelta a los "principios y valores" tradicionales del partido, algo que sonaba mucho al aguirrismo y al aznarismo, familias conservadoras en las que Casado había militado. Ideología pero con rostros nuevos, más jóvenes. Sáenz de Santamaría, por su parte, vendía como su punto fuerte la gestión. No en vano, en su candidatura ocupaban puestos destacados excompañeros suyos de su etapa en la Moncloa.
Uno de los momentos más polémicos de la campaña fue la difusión de un vídeo, titulado Cuéntame cómo vais a renovarnos en el que, con la banda sonora de la televisiva ‘Cuéntame’ se señalaba a Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, apoyos de Santamaría, como parte del pasado y, por tanto, incompatibles con la nueva etapa. En la candidatura de la exvicepresidenta se atribuyó la autoría al equipo de Casado.
¿Y qué pasó después? Casado ganó y es cierto que emprendió una importante renovación en la cúpula del partido, empezando por nombrar a Teodoro García Egea, su mano derecha durante la campaña de las primarias, como secretario general. El sector crítico no interpretó los cambios y la forma en la que se apartó a cargos destacados de la etapa de Rajoy como una forma de regenerar o depurar a perfiles inmersos en escándalos de corrupción, sino como una forma de ubicar a sus fieles y poner fin a las cotas de poder del marianismo. Esto se vio en la configuración de la cúpula del partido y en la elaboración de las listas electorales. Y esta renovación ahora continúa en los congresos provinciales y se extenderá a los autonómicos.
3. “No queda ninguna sombra de sospecha”
En su afán por distanciarse del pasado y de la corrupción que afecta a su partido, Pablo Casado se empeña en afirmar que en estos momentos ya no pesa ni siquiera una sospecha sobre ningún cargo orgánico del PP. Y tampoco sobre las personas que ocupan cargos institucionales, sean o no electos.
“No queda ninguna sombra de sospecha en ningún representante que tenga un cargo electo ahora mismo en el PP”, repitió la entrevista que concedió este lunes al programa Más de Uno (Onda Cero) que dirige el periodista Carlos Alsina. La afirmación del líder de los conservadores es tajante pero no totalmente cierta. Hay al menos dos senadores, Javier Arenas y Pío García-Escudero —este último es además el máximo responsable del PP de Madrid— señalados expresamente Luis Bárcenas. Según el extesorero, ambos cobraron sobresueldos a cargo del dinero que numerosas empresas entregaban al partido supuestamente a cambio de recibir después concesiones o contratos públicos.
Los dos están en el Senado desde las elecciones de noviembre de 2009, a las que se presentaron formando parte de las listas aprobadas por el propio Casado.
Arenas fue presidente del PP andaluz entre 1993 y 1999 y entre 2004 y 2012, con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Y secretario general del partido entre 1999-2003. Fue también ministro de Trabajo, de Administraciones Públicas y de la Presidencia.
Pio García-Escudero fue presidente del Senado hasta mayo de 2019 y desde entonces ocupa la vicepresidencia segunda. Preside el PP de Madrid por mandato expreso de Rajoy desde que Cristina Cifuentes renunciara al cargo como consecuencia del escándalo de su máster y de la difusión de unas imágenes que la mostraban como supuesta autora de un robo un supermercado. Él mismo confirmó en su día haber recibido sobresueldos, aunque lo justificó como una compensación para reparar su vivienda tras sufrir un atentado de ETA.
4. “Yo no estaba”
Dos años y medio después de ser elegido presidente del partido, Pablo Casado sigue sin aclarar si ha pedido o no explicaciones internas sobre la utilización de dinero negro para abonar las obras que se llevaron a cabo en la sede del PP a la que desde entonces acude a diario a trabajar. Ni si, como consecuencia de esas gestiones, está en condiciones de afirmar que todo se hizo correctamente o si, como sospecha la justicia, se utilizó dinero de la caja B del partido.
Casado se escuda en que cuando ocurrieron esos hechos él no estaba al frente del PP como si ahora que lo está no tuviera acceso a la contabilidad del partido y a la información de los gastos efectuados en las últimas décadas. “Yo no tengo constancia de una época en la que yo no estaba ni siquiera en esa sede”, reiteró este lunes por toda explicación. No quiere ni siquiera defender si el partido obró correctamente: “¿Defender el qué, si la información que yo tengo es de los medios de comunicación?” “Hay quien dice que se hizo así y el juez determinará si es así”, añadió.
Por no explicar, Casado ni siquiera ha revelado si pidió explicaciones a sus antecesores en el cargo, José María Aznar y Mariano Rajoy, ni cuál fue su respuesta. “Ellos lo han declarado en sede judicial. Yo la información que tengo es exactamente la misma que [ofrecieron] como testigos”.
5. “Aquí no ha habido detraimiento de fondos públicos”
La relectura que Casado hace de la historia de su partido y de su largo itinerario judicial trata siempre de minimizar la trascendencia y la relevancia social de los casos de corrupción que afectan aún hoy al partido que preside. Tanto es así que este lunes llegó a afirmar que el PP es en realidad el perjudicado por estos hechos. Según él no ha afectado a dinero público porque el extesorero Luis Bárcenas en realidad lo que hacía era robar al partido dinero que las empresas donaban al PP. “Se juzgan donaciones al PP; si son correctas o no correctas o tiene que decirlo la justicia”
La justicia, según Casado, no ha dicho en ningún momento que esas donaciones se entregasen a cambio de adjudicaciones o contratos públicos. “Eso no lo ha dicho ningún juez”, afirmó tajante este lunes cuando se lo recordó el periodista Carlos Alsina en Onda Cero. “No puedo pedir al señor Bárcenas que devuelva el dinero a los contribuyentes porque era un dinero que supuestamente iba para el partido. Es doblemente un menoscabo para el partido: el dinero no acababa en el partido, sino que se las llevaba a Suiza”. “Aquí”, enfatizó rotundo, “no ha habido detraimiento (sic) de fondos públicos”.
La justicia, sin embargo, ha establecido precisamente todo lo contrario. La sentencia del caso Gürtel de mayo de 2018 consideró probado que Francisco Correa y el PP crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local” que sólo era posible gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP, que tenían posibilidades de “influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
Esas empresas disfrutaban de “un arbitrario trato de favor en la contratación pública”. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía después entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos en dinero o en forma de “otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
6. La doctrina de los ERE
Este lunes, conservadores y socialistas se han arrojado a la cabeza la sentencia de los ERE. Ábalos recordó que fue criticado por el PP por haber dicho que el caso ERE no es un caso del PSOE. Y recordó que los socialistas cuando ahora piden a Casado que rinda cuentas se refieren al ámbito de la "responsabilidad política". "No tienen más que aplicarse la propia doctrina", señaló el número tres de los socialistas.
En el caso de los ERE de Andalucía, el líder del PP ha mantenido que Pedro Sánchez era "responsable" de este escándalo porque tenía en su Gobierno a tres ministros que fueron consejeros en Andalucía con Manuel Chaves o José Antonio Griñán.
"Por tanto, como Sánchez ha nombrado a Luis Planas, a Carmen Calvo y a María Jesús Montero ministras del Gobierno de España, que fueron consejeras de Chaves y Griñán, sí que tiene que dar explicaciones de los ERE, que es el escándalo más abultado en cuanto a fondos públicos de corrupción de la historia de España y de Europa en cuanto a fondos públicos defraudados", señalaba Casado a finales de 2019.
Esta exigencia de explicaciones del PP al PSOE en el marco del caso de los ERE fue recuperada por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. Tras criticar que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidiese a Casado que trasladase sus "disculpas" por el caso Bárcenas.
"No estás tú para retar a nadie. 679.432.179,09 euros malversados con los ERE en Andalucía exigen tus disculpas. Los andaluces las esperan", espetó Gamarra a Calvo desde su perfil de Twitter.
“BÁRCENAS SOLO HA MOVIDO UN POCO LA MANTA, PERO NO HA TIRADO DE ELLA”
José Mariano Benítez de Lugo, abogado de una de las acusaciones populares, explica que no descarta volver a pedir un careo entre el extesorero y Rajoy en el juicio sobre la caja b
A sus 80 años, José Mariano Benítez de Lugo (Madrid, 1941) será una de las voces del juicio sobre la caja b del PP, que empezó este lunes en la Audiencia Nacional. Este experimentado abogado, con 58 años de carrera profesional a la espalda y que ya logró que Mariano Rajoy declarase como testigo en la vista principal sobre la trama Gürtel, representa a una acusación popular, Adade (Asociación de Abogados Demócratas de Europa), cuya presidencia honoraria ostenta. A raíz de la reciente confesión de Luis Bárcenas, que señaló directamente al expresidente del Gobierno, no descarta pedir que se celebre un careo entre ambos. Ya lo intentó sin éxito en el juicio anterior.
Pregunta. Empecemos por el final, ¿qué supone la última confesión de Bárcenas para el juicio que comienza?
Respuesta. El escrito de Bárcenas es una bomba pasada de fecha. Él expresa un lamento por lo traicionado que se siente por el PP, pero no dice grandes cosas. Ya no hay dudas sobre la autenticidad de los papeles. Y ahora la cuestión es, frente a las afirmaciones de Bárcenas de que entregó esos dineros, cómo se acredita que realmente fue así. Hay casos en los que no hay mayor discusión. Por ejemplo, en el caso de Unifica, [la empresa que reformó la sede de la calle Génova], está claro que se hicieron facturas oficiales y abonos extraoficiales. Pero sobre otros, él no entra en detalles.
P. ¿Y cree que Bárcenas puede contarlos durante el juicio? Sobre todo, de cara a la investigación del delito de cohecho, que aún sigue en instrucción.
R. La postura de Bárcenas siempre ha sido guardarse algo en la recámara. Creo que aún tiene algún as en la manga. Él va soltando todo en pequeñas dosis. No me extrañaría que intente buscar algún tipo de trato suave por parte de la Fiscalía y las acusaciones. Bárcenas solo ha movido un poco la manta, pero no ha tirado de ella. Así que dependerá de eso y de las respuestas de los testigos, que sabedores de que penalmente ya no pueden ser perseguidos, admitan que sí recibieron ese dinero. Aunque es una visión un poco utópica esperar eso.
P. El juez instructor habla de un sistema “institucionalizado” de financiación ilegal, pero el cargo más alto que se sienta en el banquillo es Bárcenas. ¿Es posible que nadie lo supiera más arriba?
R. No es verosímil. En los estatutos del PP se establece que todos los aspectos económicos pasan por el presidente del partido. Aquí hay una aparente ignorancia buscada o deliberada. Es decir, en términos castizos, miraban para otro lado. Es evidente que esa contabilidad del Partido Popular, que no de Bárcenas, puede conllevar una responsabilidad civil para el partido. Pero la ventaja que tienen los perceptores es que, como el delito fiscal habría prescrito para ellos, solo les podría suponer un reproche moral.
P. ¿Qué significa este juicio dentro de toda la trama Gürtel?
R. El PP no puede decir que esto es cosa del pasado. [Quienes aparecen en los papeles de Bárcenas] son exdirigentes muy considerados dentro del PP, algunos han sido senadores, diputados, expresidentes del Gobierno... Que no nos vengan con que no tienen nada que ver. Tienen el mismo DNI. El PP debería hacer, lo que los cristianos llaman, el acto de contrición perfecta. Decir: ‘Pues sí. En ese momento nuestra organización era corrupta. Lo lamentamos. Y no nos solidarizamos con la actuación de nuestros dirigentes pasados’. Eso es lo que debería decir el señor Pablo Casado.
P. Ustedes han llamado a José María Aznar como testigo, ¿qué esperan de su declaración?
R. Aznar no aparece como perceptor claro de estos fondos de la caja b. Yo le pregunté a Bárcenas si las iniciales ‘J. M.’, que constan en uno de los apuntes, querían decir José María Aznar, pero él me dijo que no. En todo esto, Aznar aparece como una especie de ser espiritual que no se enteraba de nada, pero era el presidente del partido cuando estaba en plena ebullición la caja b.
P. ¿Y de Rajoy?
R. Volverá a su galleguismo, del que hizo gala durante toda su presidencia del Gobierno. Mirar para otro lado y negarlo.
P. Las diferentes investigaciones judiciales han evidenciado conexiones entre las causas de corrupción de Gürtel, Púnica, Lezo... Y, ahora, también con Kitchen, la operación de espionaje sin control judicial a Bárcenas.
R. Estos nexos evidencian una corrupción sistémica por parte del PP durante muchos años. Se utilizaban los instrumentos del Estado para sus propias cloacas. Eran las cloacas del PP.
P. ¿Qué ha supuesto Kitchen?
R. Ha sido el detonante para que Bárcenas mueva un poco la manta. Ahora falta que aporte el soporte documental que justifique sus últimas afirmaciones a Anticorrupción. Ya no se pretende la acusación contra las antiguas élites del PP, pero sí que queden tachados de corruptos.
EL ABOGADO DEL PP SE REUNIÓ CON UN CONTACTO DE BÁRCENAS TRAS MEDIAR ENRIQUE LÓPEZ
Fuentes conocedoras de los encuentros aseguran a El Confidencial que mantuvo una veintena de citas con un amigo íntimo del extesorero desde que terminó el juicio sobre la trama Gürtel
Desde que Luis Bárcenas desvelara en su confesión a la Fiscalía Anticorrupción y confirmara después que dos emisarios del Partido Popular (PP) redoblaron en los últimos años los esfuerzos para tratar de garantizar su silencio, la identidad de estas dos personas ha sido una incógnita. Fuentes conocedoras de los encuentros aseguran a El Confidencial que uno de ellos es el abogado que representa al PP en el juicio por la presunta caja B, Jesús Santos, que mantuvo varias citas con un amigo íntimo del extesorero desde que terminó el juicio sobre la trama Gürtel, en 2017. Lo hizo tras presentarles Enrique López, actual consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y que en aquel momento no estaba en el PP. Fuentes del entorno del consejero insisten en que él "simplemente los puso en contacto porque se lo pidieron, pero nunca mantuvo interlocución".
Las claves del juicio a Luis Bárcenas
El político es el segundo intermediario de los dos contactos que citó el entorno de Bárcenas (afirmando que uno tenía "presencia pública" y formaba parte de la junta directiva), aunque cuando López llegó al partido y se hizo cargo de la cartera en el Gobierno regional, esos contactos ya no existían, insisten en su entorno. Las citas de Santos y el amigo íntimo del extesorero se alargaron tres años, hasta al menos 2019. Una veintena, apuntan estas fuentes.
Las conversaciones, que se llevaron a cabo en el máximo secreto, se establecieron a través de un intermediario, una persona de la total confianza del extesorero, su amigo Agustín de Diego. Arrancaron en el mes de noviembre de 2017, después de que el juicio por la primera época de actividades de la red que encabezaba Francisco Correa quedara visto para sentencia. Todos los encuentros contaron con la aprobación del partido, a quien Santos consultaba antes de recibir al amigo de Bárcenas.
En aquel momento, uno de los principales temores de Bárcenas era el destino de su mujer, Rosalía Iglesias. Su esposa se había sentado junto a él en el banquillo de los acusados durante el año largo que se prolongó la vista y se enfrentaba a una elevada petición de penas. La Fiscalía Anticorrupción también acusaba al PP de ser partícipe a título lucrativo de la trama y defendía que se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Un año más tarde, en 2018, Rosalía acabaría condenada.
"Ya no me coge el teléfono"
A lo largo de estos encuentros, el íntimo del extesorero y Santos conversaban sobre aspectos técnicos de la evolución de los distintos procedimientos y sus perspectivas de futuro. En una ocasión —indican—, De Diego propuso una cita directa con Bárcenas cuando aún se encontraba en libertad. El PP se negó a aquel encuentro. Las mismas fuentes aseguran que la intermediación de López acabó cuando fue nombrado consejero por el Gobierno de Madrid. "Ya no me coge el teléfono", se quejaba el contacto de Bárcenas. El consejero insiste en que su única intervención fue la presentación entre ambos y que no mantuvo ninguna conversación desde su aterrizaje en el PP. Y el propio Casado se reafirmó este lunes en que nadie de la dirección actual había hablado con Bárcenas.
Rajoy, en el centro de la diana de Bárcenas
Según ha indicado por escrito el extesorero, el silencio mantenido durante los últimos años en que ha estado preso se debió a que el PP le prometió que su mujer no ingresaría en prisión si él no hablaba. "Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1", aseguraba.
"El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― 'la paz' con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular", añadía en su escrito. Santos, ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, ha representado al PP en las principales causas de corrupción de los últimos años. El 19 de diciembre de 2013, cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió una comisión judicial a la sede de Génova 13 por la reforma que ahora se enjuicia, el abogado se presentó de madrugada para asesorar al partido. En 2017, llevó la defensa del PP ante el caso Gürtel, donde Mariano Rajoy tuvo que declarar como testigo, y en 2019 volvió a representar a la formación en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que terminó con una sentencia que tumbaba la versión del extesorero por carecer de "fiabilidad suficiente".
Santos incidió en esa idea en el arranque del juicio por la presunta caja B este lunes: “19 órganos judiciales se han pronunciado en estos años sobre las declaraciones de Bárcenas y ninguno le ha dado la más mínima credibilidad y verosimilitud”. En cuanto al cara a cara con Rajoy que pidió la defensa del extesorero para contraponer sus versiones, se mostró tajante: “Este careo quiere contribuir más al circo mediático”. Pero la mayor parte de su intervención se centró en cargar contra las acusaciones populares y su "finalidad espúrea", en "poner de manifiesto las vinculaciones políticas" de las mismas. Calificó como "brillante" la exposición de la Fiscalía al invocar la conocida como 'doctrina Botín', y pidió al tribunal que exija a las acusaciones populares presentar nuevos escritos que se ajusten el objeto del procedimiento. En el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, ya coincidió con tres de las acusaciones populares que ahora tiene enfrente: Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc
El secretario de Justicia del PP facilitó al empresario Agustín D. el contacto con el letrado Jesús Santos. Génova culpa a Rafael Catalá, ex ministro de Justicia con Mariano Rajoy
El abogado del Partido Popular, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un íntimo amigo que hacía de enlace con el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas. Lo hizo tras facilitárselo Enrique López, actual consejero de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia en la Junta Directiva del PP de Pablo Casado. La realidad de esos encuentros ha sido confirmada por EL MUNDO por todas las partes implicadas. La dirección actual del PP niega que los conociera y señala a Rafael Catalá, ex ministro de Justicia con Mariano Rajoy.
El enlace de Bárcenas, el empresario Agustín D., se puso en contacto con López y con el letrado de la formación conservadora para intentar ayudar al ex tesorero popular en los frentes judiciales que tenía abiertos por el 'caso Gürtel', que han desembocado en su ingreso en prisión y en el de su esposa, Rosalía Iglesias.
El primer acercamiento con los interlocutores referidos tuvo lugar, aseguran las mismas fuentes, a finales de 2017, mientras Mariano Rajoy presidía todavía el PP. En ese momento, el empresario contactó con López, entonces magistrado de la Audiencia Nacional, y le pidió ayuda para Bárcenas y su mujer.
En este contexto, el actual consejero de la Comunidad de Madrid asegura que se limitó a ponerlo en contacto con el letrado del partido, Jesús Santos. El también secretario de Justicia de Pablo Casado subraya, en conversación con este diario, que accedió a poner en contacto al intermediario de Bárcenas con el abogado del PP porque a ambos le unía una relación de amistad.
No obstante, López niega haber hecho gestión alguna para favorecer al matrimonio Bárcenas y explica que en todo momento le transmitió a Agustín D. que la situación procesal era muy complicada. De hecho, asegura que si el ex tesorero sugiere lo contrario ejercerá acciones legales contra él y subraya que jamás ha tenido contacto directo alguno con Bárcenas.
A partir de ese momento, se produjo una cadena de encuentros entre el abogado Santos y el enlace de Luis Bárcenas. Según ha podido saber este periódico, se produjeron tres reuniones en 2017, cuatro o cinco a lo largo del año 2018, y tres o cuatro más en 2019, siendo ya Pablo Casado el máximo responsable de la formación conservadora. Esas reuniones se hicieron siempre con "conocimiento" y "permiso" de Génova, según las distintas fuentes consultadas.
Las fuentes informantes difieren en el contenido y objetivo de las reuniones mantenidas. Así, mientras el ex tesorero del PP sostiene, como reveló en la entrevista concedida en exclusiva a este periódico, que se produjo una negociación para que él no arremetiese contra el partido a cambio de que se realizasen gestiones para que Rosalía Iglesias evitara el ingreso en prisión, López y Santos aseguran que se limitaron a escuchar al empresario Agustín D. y niegan rotundamente la existencia de negociación ni de gestión alguna encaminada a favorecer procesalmente a Bárcenas y a su esposa.
En este sentido, la defensa del PP consideró "interesante explorar" el contacto con este empresario para "obtener información" y solicitaron autorización al partido, tanto en la época de Rajoy como en la de Casado, para llevar a cabo las reuniones con el enlace de Bárcenas. El empresario transmitió su estrecha relación personal con el ex tesorero y la voluntad de ayudarle en todo lo posible como "amigo".
Tras los primeros encuentros, Agustín D. comunicó a Santos el deseo del ex senador Bárcenas de verse en persona con él. El abogado, reputado penalista y ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, le aclaró que nunca podría celebrarse esa reunión sin la autorización del partido y sin que estuviera presente en la misma el entonces letrado del ex tesorero del PP, Joaquín Ruiz de Infante.
Santos evacuó la consiguiente consulta con la dirección del PP de Rajoy y le fue denegada la autorización para que se celebrase dicho encuentro. La reunión, por lo tanto, nunca se produjo.
No obstante, los encuentros continuaron y en el transcurso de los mismos el amigo íntimo de Bárcenas pidió de nuevo ayuda para el ex tesorero y su esposa, que se enfrentaban en 2018 a la sentencia de la Primera Época del caso Gürtel. Al mismo tiempo le contó que el partido se estaba portando muy mal con Bárcenas y le solicitó que realizara todo lo posible para ayudarle.
Santos, al que conmovió el interés humano del amigo del ex tesorero, se limitó a compartir sus impresiones sobre el procedimiento y no realizó gestión alguna ni entabló ningún tipo de negociación. Así lo afirman con contundencia fuentes próximas al jurista, que precisan que el abogado puede documentar que todas las citas fueron a petición del amigo de Bárcenas, nunca al revés.
En este sentido, el abogado conserva la totalidad de los mensajes que se han intercambiado por Whatsapp durante tres años. En los encuentros mencionados, el amigo de Bárcenas se lamentó de que, tras el contacto inicial, López ya no le cogía el teléfono ni le atendía.
Por su parte, fuentes de la actual dirección nacional del PP subrayan que Jesús Santos fue un letrado contratado por el equipo de Mariano Rajoy, que trabaja en un bufete externo y que "nunca trataron este asunto con él ni le autorización a mantener estos contactos". Génova señala al ex ministro Rafael Catalá.
Por su parte, desde el entorno de Bárcenas aseguran que hubo acercamientos del PP al ex tesorero con anterioridad. Tuvieron lugar, sostienen, en el verano de 2016, y hubo otra aproximación por parte del partido a finales de 2018.
Así, los primeros contactos, encaminados según Bárcenas a "enterrar el hacha de guerra" entre el ex tesorero y el PP, tuvieron lugar cuando la juez del caso de los discos duros decidió enviar al banquillo al PP como persona jurídica.
Bárcenas, que era el denunciante en el citado procedimiento, decidió en septiembre de 2016 retirar de forma sorpresiva la acusación contra los populares. Aquella maniobra procesal, acompañada del cambio de discurso del ex tesorero sobre el que fue su partido en todas sus intervenciones públicas, hizo saltar las alarmas de que había una negociación soterrada ya con el PP por aquel entonces. No obstante, tanto López como Santos niegan haber realizado intervención alguna en esas fechas.
La segunda vez que hubo acercamientos entre el ex tesorero y el partido, según fuentes cercanas al que fuera el hombre que manejó las finanzas del PP durante más de 20 años, fue en diciembre de 2018, cuando los abogados de Bárcenas recurrieron ante el Tribunal Supremo la condena de 33 años que le impuso la Audiencia Nacional por la Primera Época de la trama Gürtel. Según Bárcenas, se le trasladó una promesa incumplida: que Rosalía Iglesias no entraría en prisión.
https://www.elmundo.es/espana/2021/02/08/60218c2b21efa03d758b45fb.html
EL CIRCO POLÍTICO DE LA CAJA B
El abogado de Bárcenas propone un careo con Rajoy y el PP intenta reducir al mínimo el juicio
Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgó el desafío independentista catalán, no estaba este lunes en el centro del tribunal, ni Javier Zaragoza iba a conducir el ataque de los fiscales. En su lugar, un juez de perfil bajo y un fiscal que en algún momento pareció jugar de defensa. Para colmo, “don Luis” o “el señor Bárcenas” —así lo llamaba alternativamente su abogado— tenía mala cara. Se había esforzado en lucir su palmito de siempre —corbata oscura, gemelos en los puños de la camisa, un pañuelo blanco asomándose por el bolsillo delantero de la americana—, pero se notaba que el barbero de la prisión no le acaba de pillar el corte y además lucía unas ojeras oscuras sobre la mascarilla negra. ¿De dónde vendría entonces el espectáculo en el primer juicio mediático del año? No tardó en saberse:
— A mí no me gusta generar ningún tipo de circo —advirtió el abogado Gustavo Galán a modo de aviso—, pero sería ilógico no solicitar que testificara don Mariano Rajoy. Y si existiese contradicción en su testimonio, que se le sometiese a un careo con el señor Bárcenas.
Por si quedase alguna duda de que a él, al letrado del extesorero del Partido Popular (PP) que cogió su defensa hace apenas un mes, no le gusta nada el circo, pidió que testifiquen tres periodistas a los que hasta ahora nadie había recurrido para investigar lo ocurrido con la financiación ilegal del PP.
“Bárcenas solo ha movido un poco la manta, pero no ha tirado de ella”
Gustavo Galán solicitó al juez que incluya en la lista de testigos a un periodista al que se considera dueño de un secreto de ultratumba. El reportero en cuestión grabó hace muchos años una conversación con Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, en la que el tesorero del PP durante 15 años le confesó supuestamente que él en persona le regalaba periódicamente al presidente José María Aznar libros entre cuyas páginas introducía billetes procedentes de la caja b del partido. Una grabación a modo de prueba definitiva de lo que Bárcenas lleva gritando siete años: que los principales dirigentes del PP cobraban cada trimestre unos sobresueldos en metálico que procedían de la caja b alimentada por las donaciones ilegales de empresarios contratistas de la administración.
No estaba mal para una jornada, la primera, destinada a dilucidar las cuestiones previas del juicio. Entre ellas, un posible aplazamiento para permitir que uno de los acusados, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, se pueda recuperar de una infección de covid.
El presidente del tribunal, José Antonio Moral, pidió que se estableciera conexión con su domicilio:
— ¿Se encuentra usted bien? ¿Tiene fiebre? —le preguntó el juez.
— Unas veces 38 y otras 39 —respondió el acusado.
— Bueno, que se mejore. Así puede usted seguir el juicio.
En la sala de vistas, para evitar contagios, no hay público ni periodistas. Solo los jueces, los acusados —cuatro este lunes y cinco cuando Cristóbal Páez se recupere—, sus respectivos abogados defensores, el fiscal, las abogadas del Estado y una legión de letrados de las acusaciones populares.
A ellos se dirigieron, con bastante dureza en algunos casos, los abogados defensores. El primero en ponerlos a caer de un burro fue el abogado de Belén García, la administradora de la empresa que reformó la sede del PP en el número 13 de la calle de Génova y cobró una parte importante de los trabajos en dinero negro que no declararon a la Hacienda Pública, según ha acreditado la investigación con numerosa documentación oficial y, ahora, con el testimonio del propio Bárcenas. Dijo que sus colegas de la acusación popular han incurrido en fallos que no comete ni “un estudiante de segundo de Derecho” ni siquiera “un peón caminero”.
Nada comparable, en cualquier caso, con la intervención de Jesús Santos, el abogado defensor del PP, el partido que vuelve a jugarse su prestigio en este envite judicial. Santos Alonso fue durante muchos años fiscal de la Audiencia Nacional, a donde llegó en 1989 para sustituir a Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA. Tras llegar a desempeñar durante años el cargo de teniente fiscal, en 2012 decidió abandonar la carrera e integrarse en un importante bufete de abogados. Uno de sus clientes es el PP, un partido que desde hace muchos años —primero con José María Aznar, después con Mariano Rajoy y ahora con Pablo Casado— suele poner en práctica un manual de comportamiento para situaciones de crisis un tanto peculiar. El espíritu puede resumirse en una frase: “La culpa siempre es de los demás, sobre todo si es nuestra”.
Hay una retahíla de hechos históricos —de la marea negra del Prestige al accidente del Yak-42 pasando por la guerra de Irak— donde se puso en práctica esa táctica. Y la forma de aplicarla se basa fundamentalmente en negar la realidad y perseguir al que discrepa.
El abogado Jesús Santos, a media mañana en la Audiencia Nacional, y Pablo Casado, un poco antes en los micrófonos de Onda Cero, volvieron a echar mano de la vieja estrategia. El letrado Santos hizo un ataque descarnado a sus colegas de las acusaciones populares, uno por uno, acusándolos de “finalidades espurias [ese sinónimo fino de “bastardas”] dadas sus vinculaciones políticas”.
Llama la atención en el abogado de un partido que también suele presentarse como acusación popular en los casos que, como el de los ERE de Andalucía, afectan a sus rivales políticos. El mismo partido que en el caso Gürtel se presentó como acusación popular y fue expulsado del procedimiento por el juez Pablo Ruz al entender que, en realidad, se dedicaba a defender a dos de los imputados, el extesorero Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino.
Por el mismo camino del abogado del PP ha transitado este lunes el presidente de la formación conservadora, Pablo Casado, en la entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. El actual líder del partido deslizó la idea de que detrás de la filtración de las nuevas acusaciones de Bárcenas no está el extesorero, como parece claro, sino la Fiscalía General del Estado en manos de Dolores Delgado. Una acusación gruesa sin ninguna prueba que delata el nerviosismo que las amenazas de Bárcenas han provocado en el Partido Popular.
En un momento del juicio, irrumpe entre los abogados una funcionaria de la Audiencia Nacional que va dejando en las mesas unos folios grapados. Es la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción al escrito de Bárcenas... y a las acusaciones de Casado.
El escrito relata cómo llega a la Fiscalía Anticorrupción la confesión del extesorero y como ese documento también se traslada a la Audiencia Nacional. A continuación, la Fiscalía recuerda las circunstancias de la Ley ante confesiones realizadas unos días antes del comienzo de un juicio oral. Una colaboración con la justicia a tiempo puede acarrear unos beneficios determinados para el acusado. Pero de momento, explica la Fiscalía Anticorrupción en su nota repartida durante la primera jornada del juicio, Luis Bárcenas no ha aportado grandes novedades respecto a lo que siete años de investigación judicial ha dejado en el sumario.
Pero todavía es pronto. El abogado de Bárcenas ha amenazado en el primer día de juicio con nuevas revelaciones sobre la caja b.
https://elpais.com/espana/2021-02-08/el-circo-politico-de-la-caja-b.html
“BÁRCENAS SOLO HA MOVIDO UN POCO LA MANTA, PERO NO HA TIRADO DE ELLA”
José Mariano Benítez de Lugo, abogado de una de las acusaciones populares, explica que no descarta volver a pedir un careo entre el extesorero y Rajoy en el juicio sobre la caja b
A sus 80 años, José Mariano Benítez de Lugo (Madrid, 1941) será una de las voces del juicio sobre la caja b del PP, que empezó este lunes en la Audiencia Nacional. Este experimentado abogado, con 58 años de carrera profesional a la espalda y que ya logró que Mariano Rajoy declarase como testigo en la vista principal sobre la trama Gürtel, representa a una acusación popular, Adade (Asociación de Abogados Demócratas de Europa), cuya presidencia honoraria ostenta. A raíz de la reciente confesión de Luis Bárcenas, que señaló directamente al expresidente del Gobierno, no descarta pedir que se celebre un careo entre ambos. Ya lo intentó sin éxito en el juicio anterior.
Pregunta. Empecemos por el final, ¿qué supone la última confesión de Bárcenas para el juicio que comienza?
Respuesta. El escrito de Bárcenas es una bomba pasada de fecha. Él expresa un lamento por lo traicionado que se siente por el PP, pero no dice grandes cosas. Ya no hay dudas sobre la autenticidad de los papeles. Y ahora la cuestión es, frente a las afirmaciones de Bárcenas de que entregó esos dineros, cómo se acredita que realmente fue así. Hay casos en los que no hay mayor discusión. Por ejemplo, en el caso de Unifica, [la empresa que reformó la sede de la calle Génova], está claro que se hicieron facturas oficiales y abonos extraoficiales. Pero sobre otros, él no entra en detalles.
P. ¿Y cree que Bárcenas puede contarlos durante el juicio? Sobre todo, de cara a la investigación del delito de cohecho, que aún sigue en instrucción.
R. La postura de Bárcenas siempre ha sido guardarse algo en la recámara. Creo que aún tiene algún as en la manga. Él va soltando todo en pequeñas dosis. No me extrañaría que intente buscar algún tipo de trato suave por parte de la Fiscalía y las acusaciones. Bárcenas solo ha movido un poco la manta, pero no ha tirado de ella. Así que dependerá de eso y de las respuestas de los testigos, que sabedores de que penalmente ya no pueden ser perseguidos, admitan que sí recibieron ese dinero. Aunque es una visión un poco utópica esperar eso.
P. El juez instructor habla de un sistema “institucionalizado” de financiación ilegal, pero el cargo más alto que se sienta en el banquillo es Bárcenas. ¿Es posible que nadie lo supiera más arriba?
R. No es verosímil. En los estatutos del PP se establece que todos los aspectos económicos pasan por el presidente del partido. Aquí hay una aparente ignorancia buscada o deliberada. Es decir, en términos castizos, miraban para otro lado. Es evidente que esa contabilidad del Partido Popular, que no de Bárcenas, puede conllevar una responsabilidad civil para el partido. Pero la ventaja que tienen los perceptores es que, como el delito fiscal habría prescrito para ellos, solo les podría suponer un reproche moral.
P. ¿Qué significa este juicio dentro de toda la trama Gürtel?
R. El PP no puede decir que esto es cosa del pasado. [Quienes aparecen en los papeles de Bárcenas] son exdirigentes muy considerados dentro del PP, algunos han sido senadores, diputados, expresidentes del Gobierno... Que no nos vengan con que no tienen nada que ver. Tienen el mismo DNI. El PP debería hacer, lo que los cristianos llaman, el acto de contrición perfecta. Decir: ‘Pues sí. En ese momento nuestra organización era corrupta. Lo lamentamos. Y no nos solidarizamos con la actuación de nuestros dirigentes pasados’. Eso es lo que debería decir el señor Pablo Casado.
P. Ustedes han llamado a José María Aznar como testigo, ¿qué esperan de su declaración?
R. Aznar no aparece como perceptor claro de estos fondos de la caja b. Yo le pregunté a Bárcenas si las iniciales ‘J. M.’, que constan en uno de los apuntes, querían decir José María Aznar, pero él me dijo que no. En todo esto, Aznar aparece como una especie de ser espiritual que no se enteraba de nada, pero era el presidente del partido cuando estaba en plena ebullición la caja b.
P. ¿Y de Rajoy?
R. Volverá a su galleguismo, del que hizo gala durante toda su presidencia del Gobierno. Mirar para otro lado y negarlo.
P. Las diferentes investigaciones judiciales han evidenciado conexiones entre las causas de corrupción de Gürtel, Púnica, Lezo... Y, ahora, también con Kitchen, la operación de espionaje sin control judicial a Bárcenas.
R. Estos nexos evidencian una corrupción sistémica por parte del PP durante muchos años. Se utilizaban los instrumentos del Estado para sus propias cloacas. Eran las cloacas del PP.
P. ¿Qué ha supuesto Kitchen?
R. Ha sido el detonante para que Bárcenas mueva un poco la manta. Ahora falta que aporte el soporte documental que justifique sus últimas afirmaciones a Anticorrupción. Ya no se pretende la acusación contra las antiguas élites del PP, pero sí que queden tachados de corruptos.
EL EXTESORERO LUIS BÁRCENAS PIDE UN CARA A CARA CON RAJOY SOBRE LA CAJA B DEL PP
El extesorero pretende un enfrentamiento abierto con el expresidente del Gobierno en el juicio sobre los usos de la caja b del PP
El tribunal aplazará en principio hasta el lunes la resolución de las cuestiones previas y el inicio de los interrogatorios por el COVID del exgerente del partido, Cristóbal Páez
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha dejado claro sin pronunciar una sola palabra en la primera sesión del juicio por el supuesto pago en negro de las obras de la sede central del PP, que ha desenterrado el hacha de guerra contra la formación conservadora.
A través de su abogado Gustavo Galán, durante el trámite de cuestiones previas, ha solicitado un careo con el expresidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, si como está previsto, su testimonio entra en contradicción con la declaración del extesorero. La comparecencia del expresidente como testigo ya está prevista por el tribunal, que será el que decida si procede llevar a cabo el enfrentamiento simultáneo entre ambos en sede judicial.
Galán justifica la petición en la falta de credibilidad aireada por la defensa del PP de su defendido. Si ese es el caso, qué mejor escenario que confrontar de forma abierta ambas posturas para que los magistrados extraigan sus propias conclusiones.
Una confesión "sin novedad sustancial"
Otra prueba más de la ruptura entre Bárcenas y el partido para el que trabajó más de 25 años es que ha sido la propia defensa del extesorero la que ha presentado el escrito con su confesión ante el tribunal, para que sea admitido en el juicio oral y pueda debatirse al respecto e interrogar a los testigos que sean llamados al procedimiento.
Bárcenas admite por primera vez donaciones a la caja b del PP a cambio de contratos públicos
Un escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha descalificado al destacar este mismo lunes en una nota de prensa que no contiene "ninguna novedad sustancial" respecto a lo conocido hasta ahora, y para recordar que el Ministerio Público no ha suscrito pacto alguno con el principal acusado en este proceso, para quien reclama cinco años de cárcel.
Aplazamiento hasta el lunes como mínimo por el COVID de un acusado
El juicio se reanudará este martes a partir de las diez de la mañana, con la respuesta de las acusaciones populares a las cuestiones previas planteadas por las defensas y la Fiscalía, que invocan la doctrina Botín para discutir su facultad de perseguir los delitos fiscales atribuidos al Partido Popular, las acusan de estar politizadas o de excederse en la atribución delictiva. Con posterioridad, según fuentes jurídicas, el tribunal se retirará a deliberar, y en principio tiene previsto aplazar el juicio hasta el lunes, coincidiendo con la petición del exgerente del PP, Cristóbal Páez, convaleciente de COVID. Si éste está en condiciones el lunes, se reanudará entonces la sesión con la respuesta a las cuestiones previas planteadas por las partes y el interrogatorio a Bárcenas y el resto de acusados.
Durante la sesión de este lunes, el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, ha pedido al Tribunal que delimite los hechos y limite o renuncie a prueba que no es necesaria para este procedimiento. También ha solicitado que Bárcenas sea eximido del delito de apropiación indebida de fondos de la caja b con los que se ejecutó la ampliación de capital de Libertad Digital al tratarse de una "cosa juzgada" ya por el Tribunal Supremo.
El PP carga contra las acusaciones populares
Las defensas se han adherido a la postura de la Fiscalía, que solo observa delito fiscal en el ejercicio de 2007 y descarta el año 2008, lo que rebajaría en caso de condena, la sanción a pagar por el PP como responsable civil subsidiario si los acusados directos no pueden responder del delito.
Los abogados defensores han clamado contra lo que consideran "fuegos de artificio" en este procedimiento, en el que reclaman que se ciña a los hechos, que son el pago en negro de la sede y los delitos fiscales que puedan derivarse por ello.
Por su parte, el letrado defensor del Partido Popular, Jesús Santos, ha reclamado al tribunal que suspenda el juicio hasta que redacte un nuevo auto en el que aclare cuál es el objeto exacto del procedimiento y elimine la prueba que a su juicio sobra en este proceso, como la declaración de numerosos testigos que deben comparecer en otras causas.
El letrado del PP ha cargado contra las acusaciones populares, a las que considera fuertemente politizadas, que pretenden emplear el juicio como “un circo” para provocar el “desgaste político” y “dañar el honor e imagen” del Partido Popular.
Por su parte, Gonzalo Martínez Fresneda, abogado del exgerente del PP, Cristóbal Páez, ha pedido un aplazamiento hasta el lunes, cuando vence el periodo de 10 días que le dieron los médicos al serle diagnosticado el COVID. Visiblemente desmejorado a través de una videoconferencia, Páez ha comparecido ante el tribunal pero como han avanzado fuentes jurídicas a la SER, los magistrados ordenarán el aplazamiento en principio hasta el lunes, porque el acusado tiene derecho a comparecer de forma presencial ante el tribunal que le enjuicia, para proteger su derecho a defensa.
https://cadenaser.com/ser/2021/02/08/tribunales/1612780780_793966.html
BÁRCENAS RETA A RAJOY EN EL ARRANQUE DEL JUICIO Y COMPLICA LA AGENDA DEL PP
El abogado del antiguo tesorero amenaza con un careo si el expresidente del Gobierno se atreve a desmentirle, justo cuando Pablo Casado comienza a distanciarse tímidamente de su predecesor. En el plano judicial, Anticorrupción aguarda a conocer lo que sabe Bárcenas y resta valor a su confesión de ocho folios
Luis Bárcenas tiene a Mariano Rajoy en el primer puesto de su plan para ajustar cuentas. En la sesión inicial del juicio de la caja B, Gustavo Galán, abogado del extesorero del PP, planteó B la posibilidad de solicitar un careo entre su cliente y el expresidente del Gobierno si este se atreve a contradecirle durante su declaración en la vista oral.
De entre la larga lista de testigos que desfilarán durante las cuarenta jornadas que está previsto que se alargue el juicio, el extesorero eligió al anterior presidente del PP y dejó así abierta la posibilidad de que el tímido desmarque de Pablo Casado con su antecesor, por el que ha optado el actual líder de la formación conservadora coincidiendo con el arranque de la vista, resulte insuficiente de aquí al 20 de mayo, fecha prevista para su finalización.
Con independencia de lo que decida el tribunal frente a esa eventual petición de careo, la primera sesión deja claras cuáles son las prioridades de Bárcenas. Pese a que su anunciada confesión respecto a las donaciones de grandes empresarios a cambio de adjudicaciones debe afectar de lleno a la época de José María Aznar —la investigación en marcha por el juez Pedraz se refiere por ahora a 23 contratos de aquel Gobierno—, Luis Bárcenas ha evitado referirse en todo momento al líder del partido hasta 2008. Aznar tampoco está en la lista que Bárcenas incluye en su escrito a la Fiscalía sobre los dirigentes del PP que cobraron sobresueldos.
Fue Rajoy quien supuestamente falló a Bárcenas en las promesas que recibió tras empezar a revelar la financiación irregular del PP, con la de que su mujer no entraría en la cárcel al frente, tal y como el extesorero ha contado. Pero no solo el expresidente. Bárcenas ha dicho que enterró el hacha de guerra en 2018 porque un amigo íntimo suyo negoció "la paz" con dos personas muy próximas a la actual dirección del PP, en lo que resulta otra enmienda a la agenda política que quisiera marcar Pablo Casado a corto y medio plazo.
La actual dirección del PP lleva desde el pasado miércoles —cuando se hizo público el escrito de confesión que Bárcenas ha enviado a la Fiscalía— intentando desmarcarse de esta etapa de la formación, pero evitando personalizar. "Estamos muy hartos. Son ya diez años teniendo que responder de algo de lo que no tenemos ninguna información", dijo este lunes Pablo Casado en una entrevista en Onda Cero, donde también retó a Bárcenas a aportar pruebas si es que las tiene. El movimiento del hombre que manejó las finanzas del partido durante dos décadas sorprendió al PP en plena campaña de las catalanas y cuando las encuestas sitúan a los populares muy parejos con Vox y por detrás de Ciudadanos.
Durante el trámite de cuestiones previas del juicio, el abogado que defiende al PP, Jesús Santos, también acusó a Bárcenas de seguir el juego a las acusaciones populares con una posible propuesta de careo que solo busca "circo mediático" y el "escarnio del adversario político". El partido se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por su extesorero. Por esta razón tuvo que abonar una fianza de 1,2 millones de euros a riesgo de que fuera embargada su sede. Si Bárcenas, Páez y el PP resultan condenados, éste último tendrá que hacer frente a los pagos de los dos primeros si estos no pueden asumir el pago.
Ataque y respuesta de la Fiscalía
En la misma entrevista, Casado acusó a la Fiscalía de haber filtrado el escrito que el abogado de Bárcenas presentó en Anticorrupción y en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía General del Estado reaccionó haciendo pública una nota en la que negaba tal filtración y en la que aseguraba que no fue hasta el día 4 que Anticorrupción envió a la fiscal general la confesión del antiguo tesorero del PP.
En su nota, el Ministerio Público aprovechaba para restar valor a las afirmaciones ahí plasmadas por Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción identifica "escasas novedades, ninguna sustancial", tanto al juicio que se ha empezado a celebrar en la Audiencia Nacional como a otras piezas, caso de la que investiga Pedraz de las donaciones finalistas. La Fiscalía precisa: "Salvo, claro está, lo que pueda declarar o aportar el acusado Luis Bárcenas o su defensa en las sesiones del juicio oral o en los correspondientes procedimientos, algo que la Fiscalía desconoce". Bárcenas decía en el escrito que Rajoy es "perfecto conocedor" de la caja B.
En esta primera sesión de la vista, la defensa de Bárcenas reconoció tener problemas para probar sus afirmaciones sobre la existencia de esa contabilidad paralela, algo que ha atribuido al operativo "parapolicial" de espionaje al extesorero que puso en marcha el Gobierno del PP y que se está investigando en la Audiencia Nacional, la llamada operación Kitchen.
El letrado Galán afirmó que "ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrive" que Bárcenas tenía en su poder sobre la caja B del PP fue "sustraída" en el marco de esa operación, en la que están implicados miembros del Ejecutivo del PP y mandos policiales. Y ha admitido que esa "sustracción" supone un "déficit" a la hora de valorar la credibilidad de su cliente, que en su escrito a Anticorrupción muestra su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan en la vista que ha arrancado este lunes, y a colaborar en cualquier otra investigación.
De hecho, la única prueba que, por el momento, ha anunciado que va a aportar es la declaración como testigos de varios periodistas que podrían tener información sobre la caja B. Entre ellos, Francisco Mercado, quien realizó en 2013 la grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta supuestamente reconoce los sobresueldos que recibían dirigentes del PP a cargo de esa caja B y cita a Rajoy.
Retraso en el juicio y comparecencia ante Pedraz
Por su parte, el juez Pedraz saldrá de dudas en cuanto se lo permita la celebración del juicio de la caja B. El pasado viernes, en cuanto Anticorrupción le informó del escrito, Pedraz contestó a la Fiscalía –Antonio Romeral representa al Ministerio Público en la vista en la pieza que instruye Pedraz– cuándo podría citar a Bárcenas, e hizo lo propio con el tribunal.
Los magistrados comenzaron a analizar ayer mismo la posibilidad de suspender la vista hasta el lunes, como había pedido en sala el abogado de Cristóbal Páez, ex gerente del PP que se sienta también en el banquillo, al haberse contagiado este de Covid y estar aislado en su casa con fiebre, según relató él mismo por videoconferencia. El tribunal se decanta por aplazar al próximo lunes, pero será difícil encajar una declaración de Bárcenas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en lo que resta de semana, ya que es el propio Pedraz el que tiene sobrecarga de trabajo por dirigir a la vez en estos momentos los juzgados 1 y 5 de la Audiencia Nacional, explican fuentes del tribunal especial.
JUICIO A LA CAJA B DEL PP EL CASO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
MISTERIOS, VERDADES Y DELITOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’
Decenas de pruebas sobre los 20 años de corrupción estructural en la
formación de Aznar y Rajoy llegan a juicio
Rosendo Naseiro, tesorero del PP entre 1987 y 1990, dimitió acorralado
por una grave sospecha de corrupción y dejó a Luis Bárcenas al frente de
una caja b en la que el partido ingresaba donaciones ilegales de
empresarios con la que hacía frente a distintos gastos no declarados a
Hacienda. Así se lo explicó Bárcenas al juez cuando recordó el origen de
ese mecanismo de financiación ilegal que funcionó en el PP durante 20
años. Naseiro, cuyo nombre aparece en la contabilidad paralela, lo
desmintió.
La primera anotación de la caja b está fechada en abril de 1990 y dice
“entrega de R. N.” (Rosendo Naseiro, según Bárcenas) de ocho millones de
pesetas. A continuación, los papeles recogen distintos pagos al abogado
que logró librar al extesorero del PP de la causa de corrupción que le
perseguía. Naseiro salió ileso de aquel proceso judicial por una
cuestión formal: las escuchas que destaparon el escándalo buscaban droga
y no corrupción política. Y se anularon.
Rosendo Naseiro dimitió como tesorero en 1990 pero no fue sustituido
hasta tres años después por Álvaro Lapuerta. En ese periodo sin jefe en
la tesorería, el joven Bárcenas comenzó a llevar las cuentas de la caja
b del PP a través de un cuaderno secreto en el que sólo escribía él. A
partir de 1993, Álvaro Lapuerta comenzó a controlar esas cuentas
estampando en los márgenes de las hojas una especie de visé con el que
daba su visto bueno, según Bárcenas.
EL PAÍS hizo públicos esos papeles el 31 de enero de 2013. Cada hoja del
cuaderno se componía de cinco columnas —fecha, concepto, debe, haber y
saldo— y en ella Bárcenas escribía de su puño y letra los nombres de
quienes daban dinero y de quienes se beneficiaban de esos fondos.
Jueces, fiscales y policías que han analizado el contenido de esos
documentos durante ocho años dan absoluta credibilidad a lo allí
escrito. Hay numerosos apuntes que la investigación ha conseguido
acreditar como ciertos, pero hay otros sobre los que no existen pruebas
definitivas. Eso convierte al juicio oral que comienza el 8 de febrero
en una nueva oportunidad para aclarar algunos puntos controvertidos de
la contabilidad paralela del PP.
Lo que sigue intenta precisar cuáles son los hechos verdaderos de los
papeles de Bárcenas porque la investigación ha conseguido atar todos los
cabos para probarlo. También señala algunas de las dudas principales que
existen sobre determinadas anotaciones.
Los papeles fueron escritos por Bárcenas a lo largo de 20 años
Los peritos calígrafos que han analizado la contabilidad paralela del
PP, algunos por encargo de este periódico y otros por orden judicial,
sostienen que la letra es de Luis Bárcenas sin lugar a dudas y que los
papeles se escribieron durante ese periodo comprendido entre 1990 y
2008: “Los escritos no han sido realizados en unidad de acto. Disponen
de todos los parámetros para poder estar realizados en las fechas
indicadas en cada anotación”. Esos peritajes descartan que Bárcenas
elaborase una contabilidad en un solo acto inventándose ingresos y
gastos muchos años después para perjudicar a todas las personas
—políticos y empresarios— que aparecen citadas en sus papeles.
El cambio de nombre de banco para ingresar las donaciones
El PP blanqueaba parte del dinero b que recibía mediante ingresos
inferiores a 60.000 euros en la cuenta para donaciones anónimas que
tenía abierta en un banco frente a la sede de Génova 13. Ejemplo:
Bárcenas anota un día la donación de 120.000 euros de un empresario; en
la contabilidad oficial del PP aparecen ese mismo día dos ingresos de
60.000 euros en la cuenta de donativos anónimos. Esa circunstancia se
repite numerosas veces a lo largo de los años. Bárcenas anotaba en sus
papeles esos ingresos en la cuenta de donativos con el apunte “Banco de
Vitoria”. Esta entidad fue absorbida en septiembre de 2003 por Banesto.
Bárcenas comenzó a escribir en sus papeles el nombre de Banesto a partir
de 2004 con una flechita que salía de la palabra Banco de Vitoria.
Los sobresueldos y pagos a cargos políticos con dinero opaco
Bárcenas escribió muchas veces a lo largo de 20 años los nombres de los
vicesecretarios y secretarios generales del PP en los papeles de la caja
b. Cada trimestre, entregaba distintas cantidades en efectivo a la
cúpula del partido en forma de sobresueldo que no llevaban retención de
IRPF porque no se declaraban a Hacienda. Todos esos supuestos
beneficiarios (Rodrigo Rato, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes,
Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos o Dolores de Cospedal)
declararon al juez, o a la prensa, que nunca recibieron dinero del
partido que no hubieran declarado a Hacienda.
Bárcenas no ha podido probar en siete años que entregase dinero a esos
dirigentes políticos, aunque así lo escribió en sus papeles y lo declaró
en la Audiencia Nacional. Hay otros sobresueldos o pagos a cargos
políticos del PP que sí han sido confirmados por sus receptores, como
Cristóbal Páez, exgerente del partido que recibió un sobresueldo de
6.000 euros no declarado a Hacienda; o Pío García Escudero, expresidente
del Senado, quien recibió 6.000 euros de la caja b para reparar su
vivienda, dañada por un atentado de ETA; o Jaime Ignacio del Burgo,
quien llevaba dinero en efectivo a distintos cargos de Navarra y País
Vasco.
Los cobros de Dolores de Cospedal
Hay solo dos hojas de los papeles de Bárcenas distintas al resto y son
las que recogen los movimientos de 2008. Allí figura un pago de
sobresueldo a Dolores de Cospedal por 7.500 euros correspondiente al
tercer trimestre de 2008 y otro por la misma cantidad correspondiente al
cuarto trimestre de ese año. Cospedal, que entonces era secretaria
general del PP, sostiene que ella nunca cobró nada de Bárcenas. El
extesorero ha llegado a declarar que se citaba con Cospedal en un
despacho del Senado para tratar sobre aportaciones ilegales de empresas
para la campaña del PP en Castilla-La Mancha. Ninguno de estos extremos
ha sido acreditado durante la investigación.
¿Quién es “J. M.”?
José María Aznar presidió el Partido Popular entre 1990 y 2004, un
periodo en el que funcionó una caja b opaca al fisco, se pagaron
sobresueldos a numerosos dirigentes del PP sin declarar a Hacienda, y
una trama empresarial corrupta liderada por Francisco Correa hizo
negocios gracias a numerosos dirigentes populares, según la
investigación judicial. La mayor parte de los delitos que investiga la
justicia en relación con el funcionamiento irregular del Partido Popular
tuvieron lugar con Aznar al mando de la formación conservadora. Una
nutrida representación de los corruptos de la trama Gürtel acudió en
septiembre de 2002 a la boda de la hija del expresidente del Gobierno,
Ana Aznar, con el empresario Alejandro Agag. Y una empresa de la red
corrupta pagó como regalo a los novios una parte de los gastos de
organización de los festejos de esa ceremonia, con 1.100 invitados.
Bárcenas anotó en sus papeles el pago de numerosos sobresueldos a la
cúpula del PP (secretarios generales, vicesecretarios generales e
incluso al presidente, en la etapa de Mariano Rajoy). Aunque el nombre
de Aznar no aparece en los apuntes como receptor de sobresueldos,
Bárcenas si apuntó algunos pagos con información sobre quién ordenaba
los mismos: “Por indicación de J. M.”. Cuando el juez le preguntó por
esas anotaciones, Bárcenas dudó: “Podría ser José María Aznar o Jaime
Mayor, no puedo afirmarlo”. El caso es que durante los años en que
Bárcenas escribió esas observaciones en su cuaderno, Jaime Mayor no
tenía competencias ni autoridad suficiente en el partido para ordenar
esos pagos.
Jaime Ignacio del Burgo se encargó de llevar dinero en efectivo a un
exconsejero navarro de salud, Calixto Ayesa, y a víctimas del terrorismo
del PP a quién ETA había destrozado sus negocios. Ese dinero salía de la
caja b y el juez intentó saber más:
Juez.- ¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades?
Del Burgo.- El presidente, el presidente del partido.
Juez.- ¿Quién era?
Del Burgo.- José María Aznar.
Si Aznar sabía que esos pagos que supuestamente ordenaban se hacían con
dinero de donaciones ilegales que engrosaban una caja b es algo que
nadie ha acreditado durante la investigación.
Los ingresos reales de Bárcenas en Suiza y la caja b
Luis Bárcenas ocultó en Suiza un patrimonio multimillonario. El dinero
escondido y no declarado en España llegó a sumar 48 millones de euros.
En realidad, la investigación ha acreditado que el extesorero del PP
ingresó en decenas de viajes importantes cantidades de dinero en dos
bancos, el Lombard Odier y el Dresdner Bank, pero solo por cerca de ocho
millones de euros. Y que ese dinero lo fue invirtiendo Bárcenas en
acciones de grandes compañías que no solo se revalorizaron mucho —en
algún caso, hasta el triple de su valor—, sino que generaron millonarios
dividendos que Bárcenas fue añadiendo a ambas cuentas, lo que acabó
sumando los 48 millones que llegó a guardar en ese país. Aunque intentó
justificar ante el juez el origen del dinero en supuestos negocios
privados, no fue capaz de acreditarlo.
La investigación tampoco ha podido aclarar si Bárcenas se quedaba con
una parte de los donativos ilegales de empresas al PP. Él lo ha negado,
y ningún empresario de los que aparecen citados en la contabilidad
paralela ha declarado que donase más dinero del anotado en los papeles.
De hecho, la mayoría de los empresarios han negado que hicieran esas
donaciones.
El cohecho: donaciones a cambio de contratos
El juez Pablo Ruz, que dirigió los primeros años de investigación en la
causa abierta por los papeles de Bárcenas, llegó a imputar a todos los
empresarios que aparecían citados en la contabilidad paralela. Aunque
todos ellos negaron haber entregado las cantidades anotadas por
Bárcenas, Ruz intentó probar que los pagos tenían relación con la
adjudicación de contratos públicos a los donantes por parte de
administraciones gobernadas por el PP. Su intento fue inútil y tuvo que
archivar el procedimiento abierto contra los empresarios. Pero algunos
años después, durante el juicio del caso Gürtel algunos de los imputados
apuntaron que las donaciones al PP estaban vinculadas supuestamente a
contratos públicos. Fue entonces cuando el juez José de la Mata, que
sustituyó a Ruz, tiró de ese hilo que todavía está investigándose y
donde ya se han recabado algunos indicios sólidos de esa práctica
ilegal. Aunque esa pieza separada de la investigación no se juzgará
hasta dentro de un año al menos.
https://elpais.com/espana/2021-02-06/misterios-verdades-y-delitos-de-los-papeles-de-barcenas.html
EL JUICIO A VEINTE AÑOS DE TRAMPAS DEL PP IRRUMPE EN LOS PLANES DE
CASADO PARA REFLOTAR EL PARTIDO
La reforma de la sede de Génova con dinero negro de la caja B, delito no
prescrito cuando se inició el caso, llega este lunes a la Audiencia
Nacional. Solo Bárcenas, que ha adelantado su confesión, se sentará en
el banquillo de entre los responsables de la formación, pero desfilarán
como testigos Rajoy, Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes y Cascos
El sistema de financiación que los fundadores del Partido Popular
heredaron en 1989 de Alianza Popular y decidieron perpetuar hipoteca
ahora su futuro, aunque hayan tenido que pasar 29 años para que
comenzara a ejecutarse ese embargo político. Ocurrió el 1 de junio de
2018, justo cuando el luminoso del hemiciclo mostró a Mariano Rajoy el
resultado de la moción de censura presentada en su contra por los
socialistas. La alusión en una de las sentencias del caso Gürtel al
sistema oculto de financiación del gran partido de la derecha generó un
consenso mayoritario sobre la necesidad de desalojar al PP del poder. La
sucesión de escándalos de corrupción venía de muy atrás, con ministros,
presidentes autonómicos y dirigentes con mucho poder que estaban en la
cárcel o habían pasado por ella. La sentencia de 2018 fue la gota que
colmó la paciencia del PNV, que solo una semanas antes había aprobado
los presupuestos y hasta de Ciudadanos. Supuso la salida definitiva de
Rajoy de la política.
Desde este lunes, el primer juicio a partir de los papeles que acreditan
esa caja B evidenciará hasta qué punto esa herencia de tres décadas de
trampas y dinero negro implican un lastre imposible de soltar para Pablo
Casado.
Entre los acusados se sentará Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1956),
testigo de aquel traspaso de corruptelas entre los guardianes de la caja
de AP y los del PP. “Al detener a (Rosendo) Naseiro me dan la llave de
la caja y allí había 8 millones de pesetas”, declaró Bárcenas al juez
Pablo Ruz el 10 de abril de 2014. Un año después, elDiario.es publicó
los ‘papeles de Naseiro’, el primer tesorero del PP que escapó de la
cárcel al anularse el proceso por escuchas ilegales. Entre esa
documentación figura un documento que prueba la existencia de una cuenta
bancaria con fondos no declarados por el partido y a nombre de Alianza
Popular.
Bárcenas llega a la vista con ganas de ajustar cuentas con quienes
considera que le han abandonado, esto es, los dirigentes de su partido
con Rajoy a la cabeza. Condenado ya a 29 años de cárcel, cumplida su
pesadilla de ver a su mujer ingresar en prisión, el ex tesorero del PP
ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que muestra
su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova
con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan
en la vista que arranca mañana, y a colaborar en cualquier otra
investigación.
Y un día antes de que comience la primera vista se publica una
entrevista con él en el diario El Mundo en la que el extesorero vincula
por primera vez a miembros de la actual dirección del PP con las
negociaciones que según él mantuvo con el partido para no hacer más daño
al PP. "Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío
con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio
de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en
el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy
claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los
interlocutores del PP no han cumplido", asegura el extesorero en una
entrevista que ve la luz en el ecuador de la campaña catalanas y cuando
las encuestas sitúan a los populares muy parejos con Vox y por detrás de
Ciudadanos. Ni Bárcenas ni el periódico ponen fecha a esa negociación
pero el compromiso del extesorero solo pudo darse antes de que decidiese
renunciar a ejercer la acusación en la causa de los discos duros, es
decir durante el verano de 2016. En su conversación con El Mundo,
Bárcenas, que continúa en prisión, tampoco detalla si las conversaciones
con los miembros de la dirección del PP continuaron una vez que él
cumplió con su parte del trato.
La principal causa en la que Bárcenas se presta ahora a colaborar está
en pleno apogeo e indaga sobre las mordidas de grandes empresas a cambio
de que las administraciones controladas por el partido le adjudicaran
contratos desde los ministerios de José María Aznar en aquella era de
mayorías absolutas de los populares. Las acusaciones creen que la
aportación de Bárcenas puede ser determinante para que la causa
prospere, lo que abocaría a un segundo juicio por la caja B distinto al
que arranca mañana. De ser así, el pasado del partido seguirá estando
muy presente en el intento de Pablo Casado de reflotar a su formación
para que al final de esta legislatura el PP recupere el poder que le
arrebató el descubrimiento de la caja B. Con ese sistema de financiación
trucado, la derecha ganó dos elecciones generales y logró acumular un
inmenso poder autonómico. Pero desde que perdió el Gobierno central hace
casi dos años, la formación no levanta cabeza y millones de votantes han
huido despavoridos primero hacia Ciudadanos y después a Vox, cuando no a
la abstención.
¿Qué se juzga?
El auto de apertura del juicio oral que arranca este lunes detalla el
funcionamiento de la contabilidad en negro entre 1990 y 2009, los años
que abarcan las anotaciones de Bárcenas. Ahí aparecen sus donantes, la
veintena de empresarios que estuvieron imputados pero a los que Ruz
archivó la causa por no poder demostrar que sus inyecciones de dinero
eran a cambio de obras concretas (la línea que se ha reabierto ahora).
También constan los dirigentes que recibieron sobresueldos, con Rajoy a
la cabeza, y el destino que se dio igualmente a los 8 millones que
figuran en las anotaciones y de los que igualmente salieron gastos de
las campañas electorales.
Sin embargo, el juicio se deberá centrar en los hechos no prescritos,
que se ciñen al ejercicio fiscal de 2008. Ese año, el PP recibió
1.055.000 euros de dinero negro, por lo que habría dejado de ingresar
220.000 euros a la Hacienda Pública. Otro presunto delito fiscal radica
en el pago con la caja B el de una parte de la reforma de la sede de la
calle Génova en Madrid, 880.000 euros. El PP se ahorró así entre un 8 y
un 10% que Unifica, el estudio de arquitectura encargado de la reforma,
le perdonaba a cambio de cobrar en b.
Objeto de la vista serán igualmente los 209.550 euros que el fallecido y
también extesorero del PP Álvaro Lapuerta se habría quedado, con
conocimiento de Bárcenas, de los fondos de la caja en la maniobra de
adquisición de acciones de Libertad Digital, el medio de Federico
Jiménez Losantos, con cargo a la caja B. Luis Bárcenas ya fue condenado
por quedarse con su parte en el juicio de Gürtel Primera Época.
Los acusados
El más alto responsable del Partido Popular que se sentará en el
banquillo de los acusados será Luis Bárcenas. En 2008, bajo la
presidencia de Mariano Rajoy, Bárcenas había pasado de gerente a
tesorero, dando el relevo a Álvaro Lapuerta. La investigación de Ruz no
pudo demostrar que los presidentes del partido ni los secretarios
generales tuvieran control de las cuentas de la formación, ya que la
cúpula estaba blindada formalmente por unos estatutos que presentan a
sus principales dirigentes como ajenos a las decisiones que toman el
tesorero y gerente, por mucho que hayan sido ellos quien pusieran en el
cargo a Lapuerta y Bárcenas. Históricos secretarios genrales del
partido, que ocuparon los cargos de número dos en el organigrama, como
Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal solo
llegaron a declarar como testigos. Rajoy y Aznar ni siquiera.
Junto a Bárcenas se sentará Cristóbal Páez, su ayudante en los tiempos
de la Gerencia y gerente cuando él ascendió a tesorero. Este último
registró un escrito la pasada semana alegando estar enfermo de Covid-19.
En la primera vista se le ha excusado de estar presente, aunque sí
deberá acudir su abogado. Del lado de Unifica, la empresa que acometió
la reforma del edificio del PP, ocuparán el banquillo de los acusados
los socios de la empresa, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada
Laura Montero.
La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para Bárcenas
por delito fiscal, falsedad documental y apropiación indebida; y un año
y medio a Cristóbal Páez por los dos primeros delitos. Cinco acusaciones
populares están personadas, después de que Manos Limpias haya renunciado
en el último momento, y eso complica la situación de los acusados. Dos
de ellas, los socialistas valencianos e Izquierda Unida reclaman que se
condena a los acusados por asociación ilícita y organización criminal,
lo que incrementa las peticiones de penas a casi 28 años para Bárcenas y
25 para Páez.
El Partido Popular, por su parte, se enfrenta a su segunda posible
condena. Como ya ocurrió en el juicio de Primera Época de Gürtel, la
formación política, como persona jurídica, responde como responsable
civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas. Por esta razón
tuvo que abonar una fianza de 1,2 millones de euros a riesgo de que
fuera embargada su sede. Si Bárcenas, Páez y el PP resultan condenados,
éste último tendrá que hacer frente a los pagos de los dos primeros si
éstos no pueden asumir el pago.
Los testigos
El plato fuerte del juicio, que celebrará un mínimo de tres sesiones por
semana hasta el mes de mayo con un par de periodos de descanso, será sin
duda la comparecencia de los testigos. El presidente del Gobierno entre
1996 y 2004, José María Aznar López, está llamado a declarar, al igual
que su sucesor en la presidencia del PP, Mariano Rajoy. Éste último
tendrá que enfrentarse a las acusaciones de Bárcenas, quien en el
escrito presentado a Anticorrupción le describe como “perfecto
conocedor” de la caja B del partido y de los sobresueldos, de los que
sería uno de los perceptores. Rajoy ya declaró como testigo en Primera
Época de Gürtel en una intervención plagada de olvidos y frases ambigüas
en la que negó estar al corriente de la caja B. Ahora lo hará después de
que Bárcenas haya declarado por escrito que le entregó sus famosos
papeles con las anotaciones de los pagos en B y que fue el presidente
del partido en persona el que los metió en una máquina trituradora sin
saber que el tesorero guardaba copias.
Junto a los presidentes del PP Aznar y Rajoy declararán sus secretarios
generales: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María
Dolores de Cospedal. A todos los señala Bárcenas como perceptores de
sobresueldos y durante sus declaraciones en fase de instrucción se
esforzaron en desvincularse de cualquier decisión en el partido que
tuviera que ver con el dinero, pese a ser los números dos en el
escalafón.
El tribunal
Tras más de una decena de cambios en su composición, el tribunal estará
formado por María Fernanda Garcia, José Antonio Mora y Fernando Andreu.
García será la encargada de redactar la sentencia y, como Mora, es
relativamente nueva en la Audiencia Nacional. A diferencia de Andreu,
quien intentó ser apartado por el Partido Popular con el argumento de
que Dolores Delgado le ofreció el puesto de secretario de Estado cuando
ella aceptó el cargo de ministra de Justicia en el primer Gobierno de
Pedro Sánchez.
Los cambios en el tribunal arrancaron con la recusación, ésta sí
exitosa, de Enrique López y Concepción Espejel, a quienes sus compañeros
de la Sala de lo Penal apartaron de esta vista y de otras de Gürtel por
no guardar la apariencia de imparcialidad respecto al Partido Popular. A
quien sí lograron recusar el PP y Bárcenas fue a José Ricardo de Prada
por haberse ya pronunciado sobre hechos a juzgar en la sentencia de
Gürtel. El PP atribuye a De Prada los párrafos de aquella sentencia que
aluden a la caja B y que provocaron la presentación de la moción de
censura contra Mariano Rajoy. Una vez el Supremo ratificó la sentencia
de Primera Época, las acusaciones populares pidieron sin éxito que se le
repusiera en el tribunal de caja B.
https://www.eldiario.es/politica/juicio-veinte-anos-trampas-pp-irrumpe-planes-casado-reflotar-partido_1_7193026.html
LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en
el que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009
Declara que algunas de las donaciones que recibió el PP eran a cambio de
contratos públicos | “Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó,
me guardé una copia”
“Hay una grabación donde Lapuerta habla de la entrega de dinero”
Denuncia presiones de su partido para guardar silencio sobre la caja b
El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel
a 29 años de cárcel, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción
a seis días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP,
previsto para el próximo lunes, y donde se sienta como principal
acusado. Se trata de un texto en el que Bárcenas confiesa una serie de
hechos que afectan a exdirigentes populares muy relevantes―incluido el
presidente del Gobierno Mariano Rajoy― y promete colaborar con la
justicia en las distintas investigaciones aún en curso que afectan a
hechos que conoció o en los que participó como gerente o tesorero del
PP. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por apropiación
indebida y falsedad documental.
Bárcenas recuerda en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el
15 de julio de 2013 ya confesó al juez la existencia de una caja b en el
PP y muchos detalles de su funcionamiento, pero remarca que esa
declaración “pudo ser más amplia, mas no lo fue siguiendo la
recomendación del abogado”. En su nueva confesión, sostiene, por
ejemplo, que mostró a Rajoy los documentos que demostraban la
financiación ilegal del PP durante 20 años y que el entonces presidente
del partido los metió en una trituradora de papeles sin saber que el
tesorero se había guardado una copia.
Además, Bárcenas sugiere en esta declaración que algunas donaciones de
empresarios pudieron estar vinculadas a la adjudicación de contratos por
parte de Administraciones del PP ―un delito de cohecho que todavía está
en investigación y que el primer instructor tuvo que descartar al no
encontrar pruebas suficientes durante sus pesquisas―.
El extesorero aclara a la Fiscalía Anticorrupción que su silencio de los
últimos años en los que ha estado preso se ha debido a que el PP le
prometió que su esposa, Rosalía Iglesias, no ingresaría en prisión si él
se mantenía callado. Pero Iglesias fue finalmente juzgada y condenada a
12 años de cárcel por delito fiscal, blanqueo y apropiación indebida.
Ingresó en prisión el pasado diciembre después de confirmar el Tribunal
Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018.
Lo que sigue es un amplio resumen de la confesión de Bárcenas, firmada
por el extesorero y fechada el 26 de enero:
“El Partido Popular me prometió que mi mujer no entraría en prisión”
“Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con
esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena
la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de
que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de
la sentencia de la pieza Época 1. De hecho, ya hice constar en mi
declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el
fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del
que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en
prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi
mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me
hizo creer, inocentemente, en la promesa ―por parte del Partido Popular―
que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo
llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que
se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― `la paz’ con
dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por
la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi
disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción
laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular”.
“Me ha resultado desalentador conocer la Operación Kitchen”
“Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que
alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo
cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos
que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la Audiencia
Nacional, en concreto en la Operación Kitchen, que revelan el montaje de
seguimientos y vigilancias ilegales ―no acordadas judicialmente― e
incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del
entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la
inestimable colaboración de altos cargos policiales”.
Entre julio de 2013, apenas unos días después de la confesión de
Bárcenas en el juzgado, y julio de 2015, el Ministerio del Interior puso
presuntamente en marcha un operativo de espionaje ilegal a la familia
Bárcenas, pagado con fondos reservados y realizado a espaldas del juez,
con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el PP,
según ha acreditado la investigación judicial.
“Me han sustraído documentación sensible al Partido Popular”
“Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción
de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo
el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y
diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que
están siendo investigadas en otras piezas. (…) Llevo privado de libertad
casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los
errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a
la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de
estos errores y del dolor infligido a mi mujer y a mi hijo. Un
sufrimiento del que no son merecedores. Todas estas circunstancias me
han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la
justicia”.
En realidad, los papeles que presuntamente robaron a Bárcenas los
comisarios de la Operación Kitchen apenas añadieron gravedad a los
hechos que el extesorero del PP ya había relatado en su confesión ante
el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013. Esos papeles no se
incorporaron a la investigación judicial hasta que estalló el caso
Kitchen.
“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP
con percepciones en b”
“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP
con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (…) En
2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de
1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con
cargo a aquellos fondos b a la remodelación de la sede del Partido
Popular en Madrid en la calle de Génova número 13. Esos fondos ―caja b―
se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas
por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes
adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en
metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo
presente en algunas de ellas. (…) Lapuerta era la persona designada para
poner en conocimiento ―si fuera el caso― al ministro que fuera
competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la
concreta adjudicación pública”.
En esta declaración, Bárcenas sugiere que algunas donaciones de
empresarios tenían efectos sobre adjudicaciones de contratos de
ministerios. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre
contratos adjudicados a donantes por más de 600 millones de euros en
seis ministerios durante la etapa de gobierno de José María Aznar.
“Pudieran existir casos de donativos a cambio de contratos públicos”
“Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una
naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación
por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado,
sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que
sí concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de
enjuiciamiento en la presente pieza, sino en otra en la que me ofrezco a
prestar la colaboración oportuna”.
En sus distintas declaraciones durante la investigación del caso de la
caja b, Bárcenas negó que las donaciones estuvieran vinculadas a
contratos públicos. Es la primera vez que sugiere que algunos de los
empresarios que entregaban dinero al Partido Popular recibían a cambio
contratos públicos.
“Rajoy era perfecto conocedor de todas estas actuaciones, le mostré los
papeles en su despacho y los destruyó”
“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy,
hasta el punto de que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el
que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo
podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que
terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de
papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran
parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando
entraron a robar en el mismo”.
Bárcenas declaró algo parecido al juez Pablo Ruz en 2013, pero lo situó
en 2010: “Metí en un sobre 4.900 euros que quedaban en la caja, se los
dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó luego en
la destructora de papeles, y le dejé un sobre en el despacho”.
“Rajoy, Cospedal, Trillo, Cascos, Acebes, Arenas y Rato recibieron
complementos salariales”
“Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en
concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío
García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas,
Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Estas entregas eran realizadas,
personalmente, por don Álvaro ―y en ocasiones por mí―, con mi
conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico
de la caja fuerte situada en mi despacho con una periodicidad que
dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía
en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente”.
Los papeles de Bárcenas recogen también otros nombres que también
recibieron dinero de la caja b popular y que la investigación ha
confirmado como verdaderos. Y aunque en esa contabilidad paralela
también aparece “J.M.”, Bárcenas no ha confirmado nunca, ni lo ha hecho
ahora, que esas iniciales correspondan a quien fue el presidente del
partido entre 1990 y 2004, José María Aznar.
“Existe una grabación en la que Álvaro Lapuerta habla de las entregas,
entre otros, a Mariano Rajoy”
“Existe una grabación en poder de una persona ―que oportunamente
señalaré por razones de oportunidad procesal― que yo he escuchado, en la
que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la
que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en
metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la
que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.
Durante siete años de investigación judicial de los papeles de Bárcenas
nunca se descubrieron grabaciones que apuntalaran las anotaciones
recogidas en la contabilidad paralela del PP. Aunque los comisarios que
realizaron el presunto espionaje ilegal de la familia Bárcenas llegaron
a presumir de supuestas grabaciones del tesorero, nunca se ha confirmado
su existencia. Ahora, Bárcenas hace referencia a la grabación que
supuestamente ha escuchado y que hizo otra persona a Álvaro Lapuerta,
quien fue tesorero nacional entre 1993 y 2008.
Un periodista de EL PAÍS habló en varias ocasiones con Álvaro Lapuerta
después de la publicación de los papeles de Bárcenas por este diario en
enero de 2013. En esas conversaciones, Lapuerta sugería que se
produjeron las entregas de dinero en metálico a determinados miembros de
la cúpula del partido.
Lapuerta sufrió una caída en abril de 2013 y estuvo varios días en coma.
Desde entonces, las dificultades para tomarle declaración fueron enormes
debido a los problemas de salud que sufría. Falleció en 2018 sin que los
distintos jueces instructores de la Audiencia Nacional que pasaron por
la causa lograran una declaración del extesorero, amplia y detallada,
sobre el mecanismo de financiación que el PP mantuvo durante casi 20
años.
“Negociamos pagar parte de las obras de Génova 13 en b”
“En las negociaciones con la empresa Unifica se acordó pagar parte de la
ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la
finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un
descuento en torno a un 10%. (…) Estos pagos no se contabilizaron ni se
declararon a Hacienda por parte del Partido Popular. En cuanto al pago
en metálico era destinado, según las conversaciones que mantuvimos con
Gonzalo Urquijo, a su criterio: para distribuirlo para el pago de sus
proveedores y de sus servicios. Dichas cantidades fueron entregadas por
mí a Gonzalo Urquijo”.
“Compramos acciones de Libertad Digital porque era afín a las ideas del
PP y a las tesis de la autoría de ETA en el 11-M”
“En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital por
Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros que tuvo lugar
a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con
fondos procedentes de la caja b, que me pidió que se los facilitara, y
así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho. El motivo
por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del
aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital y por
razón de que este medio resultaba afín a las ideas del Partido Popular y
especialmente a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11-M
que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas
acciones”.
https://elpais.com/espana/2021-02-03/la-confesion-de-barcenas.html
BÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ AGUIRRE
El extesorero se ofrece para apuntalar dos investigaciones abiertas por la Audiencia
Luis Bárcenas ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel, apunta que pudieron existir contratos amañados a favor de empresarios que donaban dinero al PP. Además, entre la documentación que le sustrajeron durante la operación policial Kitchen, figuraban presupuestos del PP de Madrid que demostrarían supuestamente la financiación ilegal de las campañas electorales de Esperanza Aguirre.
El caso Púnica investiga distintas ramas de corrupción en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Tres expresidentes regionales —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están imputados. La investigación que les afecta reúne algunos indicios de la supuesta financiación ilegal que alimentó las campañas electorales de Aguirre, quien ganó por mayoría absoluta en los comicios de 2003, 2007 y 2011.
El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas conservaba en su poder numerosa documentación madrileña que incluía cheques, extractos bancarios y otros documentos contables que supuestamente demostrarían los excesos de gasto electoral del PP de Aguirre para los comicios autonómicos. Ese exceso de gastos fue ocultado al Tribunal de Cuentas, según se comprueba al comparar las cifras recogidas en la documentación que conservaba Bárcenas y la remitida al organismo fiscalizador por el PP de la Comunidad de Madrid.
Bárcenas le ha confesado ahora a la Fiscalía Anticorrupción que entre los documentos que le fueron sustraídos por los policías de la Operación Kitchen —el espionaje ilegal a la familia del extesorero pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior— había algunos “muy sensibles hacía el Partido Popular”. Entre esos documentos, según explican a EL PAÍS fuentes del entorno de Bárcenas, se encontraba la contabilidad electoral del PP de Aguirre.
La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los documentos que guardaba Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones. El testimonio de Bárcenas en esa causa puede apuntalar los indicios que ya ha acumulado la investigación sobre una financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con otra confesión del ex tesorero.
Luis Bárcenas sostiene en el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicación de contratos públicos a empresarios a cambio de donaciones. El extesorero había mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios.
Ese dinero, repetía Bárcenas cada vez que le preguntaban, no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP. El extesorero tan sólo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso de adjudicación de contratos.
La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.
Rafael Palencia es un empresario que visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas, según numerosas pruebas en poder de la Audiencia. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones. El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen 23 contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de donantes del PP.
Contratos multimillonarios de la administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes del PP, con nueve aportaciones de fondos en distintos años según los papeles de Bárcenas. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.
El juez Pedraz ha solicitado ahora “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.
Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas.
Los papeles robados de la operación Kitchen
El sumario del caso Kitchen incluye un informe de la Unidad de Asuntos Internos sobre diversa documentación sustraída al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tan frívola resulto aquella operación secreta, hecha a espaldas del juez y pagada con fondos reservados, que algunos de los policías que intervinieron en la misma difundieron a través de varios medios de comunicación los documentos robados a Bárcenas. Esa información ocultada al juez que investigaba el caso, acabó publicada en parte en diversos medios. El juez del caso Kitchen reclamó esos papeles y pidió a la unidad de asuntos internos un análisis para conocer su importancia y trascendencia. Y los policías relataron que, según la documentación, el PP de la Comunidad de Madrid imitaba las prácticas del PP Nacional cuando recibía una donación que superaba los 60.000 euros y la troceaba para ingresarla en el banco como si se tratara de varias donaciones anónimas. “Se observa un fraccionamiento del importe de la donación para eludir el contenido del precepto legal”, señalan los autores del informe. También recoge el informe otros documentos que conservaba Luis Bárcenas y que demostrarían como el PP de Madrid utilizaba fondos de la fundación Fundescam para financiar actos electorales, algo expresamente prohibido por la Ley. Por último, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía analiza los documentos sobre presupuestos de campaña en poder de Luis Bárcenas y llega a la conclusión que los gastos allí consignados son muy superiores a los que declaró el PP de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal de Cuentas por la campaña electoral.
UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho
El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas. Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.
Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.
Investigando desde 2013
La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.
La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda.
En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.
Caja B acreditada desde 2015
"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.
En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.
Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.
Los veinte donantes y sus pagos
El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.
José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.
Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.
Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.
Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.
José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.
Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.
Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.
Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros.
Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.
Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.
José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.
José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.
Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.
Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.
Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.
Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.
Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.
En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.
Una veintena de contratos, bajo la lupa
Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.
Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.
LUIS BÁRCENAS PODRÁ OPTAR EN FEBRERO A SUS PRIMEROS PERMISOS PENITENCIARIOS
El extesorero del Partido Popular puede solicitar este mismo mes sus primeros permisos para salir de la cárcel, según fuentes de su defensa, al cumplir las condiciones exigidas por la ley
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, está a punto de cumplir cuatro años y medio de sus 29 de condena por la sentencia de la época I del caso Gürtel, y por tanto estará en disposición de obtener sus primeros permisos penitenciarios este mismo mes de febrero, según destacan a la SER fuentes de su defensa, por lo que no busca esos beneficios con su confesión, en la que como novedad, admite que el PP cobró mordidas a cambio de obra pública o la existencia de una grabación sobre los sobresueldos a Rajoy y los motivos para financiar la ampliación de capital de Libertad Digital.
El artículo 154 del régimen penitenciario establece que Bárcenas podrá solicitar permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración, como preparación a la vida en libertad, una vez cumplida la cuarta parte de su condena.
https://cadenaser.com/ser/2021/02/04/tribunales/1612440998_720281.html
BÁRCENAS "DOSIFICARÁ" LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE COMO "ESTRATEGIA PROCESAL"
Su abogado Gustavo Galán avanza que "igual no es oportuno" presentar pruebas de los sobresueldos de altos cargos del PP o de que éstos provenían de donaciones "finalistas" de empresarios, a cambio de adjudicaciones públicas, en el juicio de la 'caja B'
El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que se ha mostrado dispuesto a «colaborar con la Justicia» y aportar información sobre la supuesta financiación irregular de dicho partido que describió como «institucionalizada» desde el año 1982 hasta el año 2009 en un escrito presentado este martes a la Fiscalía Anticorrupción, «dosificará» la documentación con la que tratará de probar estos hechos por razones de estrategia procesal de defensa.
Así lo ha manifestado su abogado, Gustavo Galán, en una entrevista concedida este jueves a Onda Cero, en la que ha adelantado que «igual no es oportuno» aportar dicha información en el juicio que arranca el próximo lunes en la Audiencia Nacional, donde se juzgará si el partido pagó la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid con el dinero de una caja B nutrida de donaciones de empresarios que no se declararon.
Preguntado por una grabación en la que supuestamente el fallecido Álvaro Lapuerta describe los sobresueldos cobrados por altos cargos del PP, entre ellos el ex presidente Mariano Rajoy, con cargo a dicha caja B a la que Bárcenas se refiere en su escrito afirmando que está en poder de una persona que él conoce, su representante afirma que tendrán que elegir la «oportunidad procesal» para aportar esta y otra documentación en sus manos. Afirma que valorarán «dosificarlas o presentarlas donde sea oportuno».
No todos tenían que conocer el objetivo de las donaciones
«No solamente está la pieza que empieza el próximo lunes, sino que también hay otras como Púnica o la que se está instruyendo en el Juzgado Central 5 que se refiere a la posibilidad de que las donaciones de empresarios sean finalistas», ha explicado el abogado durante la entrevista.
Galán se refiere a la investigación abierta por el juez Santiago Pedraz para ver si la adjudicación de distintos contratos por parte de ministros del Gobierno de José María Aznar fueron en compensación por donaciones al partido realizadas previamente por empresarios. Precisamente para el avance de esta causa podrían ser relevantes las pruebas que aporte Luis Bárcenas de que efectivamente las donaciones fueron «finalistas», si es que las tiene.
En este sentido, su letrado ha querido aclarar que no todos los altos cargos del PP a los que se refirió el ex tesorero en su escrito de este martes como receptores de sobresueldos supieran que éstos procedían de donaciones de empresarios que esperaban conseguir una adjudicación pública a cambio. «Eso tendrá que desarrollarse en una investigación, la que se está realizando en el Juzgado Central número 5, que no es la que toca ahora y ahí habrá que depurar quiénes tenían conocimiento de esos hechos. Pero no quien recibió dichas comisiones tenía que conocer que las donaciones eran finalistas», ha explicado.
«Gravísimos» los indicios de la ‘Kitchen’
Galán también se ha referido a la operación Kitchen que supuestamente habría desplegado el Gobierno de Rajoy, con la ayuda de la cúpula policial según se investiga en la Audiencia Nacional, para requisarle a Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos de dicho partido ocultándolos a la Justicia.
Para el ex tesorero popular, conocer dicha operación -en la que miembros de la Policía entraron en un estudio de restauración de su mujer o un falso cura (él también encuadra este episodio en la Kitchen) «secuestró» a su mujer e hijo en su domicilio pidiéndoles información- fue la gota que colmó el vaso para romper su «paz» con el PP, según explicó en su escrito de este martes. «Se llevaron prácticamente todo lo que tenía el señor Bárcenas para reservárselo a su defensa», ha afirmado Galán en la entrevista radiofónica. «Naturalmente que sí» había pruebas de la comisión de delitos, ha dicho. Y éstas «podrían» afectar a personas que no han sido juzgadas», ha sostenido.
«Esos indicios de la Kitchen para mí es algo gravísimo. Más graves de los que luego se enjuician o por las que es condenado el señor Bárcenas. Utilización de fondos reservados con miembros del Gobierno y la Policía, si se demuestra que esto fue así, me parece gravísimo», ha considerado el letrado del ex tesorero y ex gerente popular.
“Si alguien sale salpicado, el guion está escrito: sea el que sea”, aseguran fuentes del partido conservador
El líder del PP se refugia en un acto electoral sin preguntas para no responder sobre el extesorero
La agenda de Pablo Casado de este jueves incluía una visita a una granja de cerdos en la localidad de Castellnou de Seana (Lleida). Allí, en un acto más de la campaña electoral del PP, tuvo tiempo de posar con un lechón en brazos y de insistir en que el Gobierno está ocultando un dictamen del Consejo de Estado que, según él, incluye críticas “absolutamente devastadoras” hacia el modelo de gestión de los fondos europeos de reconstrucción aprobado por el Congreso de los Diputados. Pero no para hacer comentario alguno en torno al escrito dirigido a Anticorrupción por el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, en el que acusó al PP de recibir dinero a cambio de adjudicaciones públicas e involucró a su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy.
Fuentes del PP consultadas por infoLibre dan por hecho que Casado no va a prestar atención alguna a la nueva declaración de Bárcenas porque considera que no le atañe en absoluto. “Da la impresión de que a la cúpula no les importa nada Rajoy ni Aznar”, asegura un dirigente con años de experiencia en el partido. Eso “ha quedado claro desde que Casado llegó a la presidencia” del PP, hade ahora dos años y medio, y por eso cree que no hace falta ninguna escenificación mayor con la que poner distancia con los casos de corrupción del pasado. “La ruptura de etapa es clara” y la mejor muestra de que lo que diga Bárcenas le es ajeno es mostrar “desprecio” por este asunto.
Por no preocupar, asegura la misma fuente, tampoco inquieta en el PP que la declaración del extesorero y el inicio la semana que viene del juicio sobre la caja b del partido en relación con la financiación de las obras de la emblemática sede de la calle Génova puedan tener consecuencias sobre el voto en las elecciones catalanas. El coste electoral por este asunto y por los casos de corrupción en general ya se pagó en las elecciones de 2019. A él atribuyen el retroceso sufrido en las generales, las municipales, las europeas y algunas autonómicas. “Evidentemente bien no viene”, admiten, sobre todo en unas elecciones en las que el PP se mueve entre la supervivencia, el miedo a verse superado por Vox y una expectativa que como mucho aspira a repetir el segundo peor resultado de los últimos 30 años. Pero aun así dan amortizado el desgaste que provocan este tipo de noticias.
“Bien no viene”, admite también otro dirigente territorial con el que ha hablado infoLibre que, sin embargo, cree que ya se ha pasado página. “¿Cuánto tiempo llevamos con esto?” A estas alturas “Casado ya ha marcado la línea de la ejemplaridad” y “si alguien en puestos destacados resulta salpicado ahora, el guion está escrito. Sea quien sea”, advierte señalando la puerta de salida de la organización. Eso sí, tendrá que ser algo más que una mera acusación de Bárcenas. De aquella época quedan en estos relevantes al menos Javier Arenas y Pío García-Escudero, ambos con escaño en el Senado.
La actual dirección del PP considera que lo ocurrido con el extesorero y con sus antecesores al frente del partido no es cosa suya. “Todo lo que ha salido estos días lo llevamos leyendo años en los periódicos”, subrayan, así que “¿por qué nos va a preocupar más ahora?”
Los pocos miembros del PP que hablaron este jueves del caso lo hicieron en la misma línea, tratando de desacreditar la declaración de Bárcenas como “la estrategia de defensa” de un convicto por corrupción. Y enfatizando que no consideran tener ningún vínculo con sus antecesores, aunque Pablo Casado o Javier Maroto, por ejemplo, llegasen a la cúpula del partido precisamente de la mano de Rajoy.
En defensa de Rajoy
Este jueves volvió a ser Javier Maroto el que, en ausencia de Casado y de su mano derecha, Teodoro García Egea, asumió la tarea de dar la cara por la actual dirección. Al ser preguntado sobre si cree que Rajoy debería ofrecer algún tipo de explicación, respondió que él no iba a hablar por otros y destacó, por “ejemplar”, el paso del expresidente a la segunda línea cuando abandonó la presidencia del PP… En su opinión, se trata de una “persona honesta”. “Yo no he conocido nunca una trituradora en el despacho del presidente. Eso puedo decir cuando yo entraba en ese despacho, que es a partir de 2015”, manifestó subrayando la fecha para marcar distancias con la época de Bárcenas.
Algunas voces de la actual dirección citadas por el diario El Mundo emplazaron a Rajoy a responder a Bárcenas porque es a él a quien afecta su declaración, no a la dirección actual. “Que responda él, no es cosa nuestra”, aseguraron, tratando de marcar distancias.
Durante toda la jornada fueron varios los partidos exigieron a Casado que dé explicaciones sobre la trayectoria del partido que preside. Que no se “esconda” y "colabore con la justicia”, le pidió, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. No puede “refugiarse en el pasado” para desvincularse porque no representa “una época” superada sino que es “toda la historia del PP”, subrayó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En la Comisión de Justicia del Senado PSOE el senador socialista José María Oleaga acusó al PP de convertirse en “una organización cuasidelictiva” y le apremió a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, celebró a su vez que el extesorero del PP haya decidido “tirar de la manta” e instó al PP a colaborar con la Justicia contando lo que sepa sobre este asunto, algo que cree que todavía no ha hecho. “Me encantaría que fuera así porque creo que los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con la financiación irregular del PP y si es cierto y puede demostrar de alguna manera que había empresarios que se encontraban conchabados con el PP de forma que a cambio de donaciones recibían la adjudicación de ciertos contratos”, añadió.
LAS OTRAS CUATRO REUNIONES DE RAJOY QUE PRUEBAN QUE ERA "PERFECTO CONOCEDOR" DE LA CAJA B
"Estaba Rajoy porque yo pedí que estuviese Rajoy, porque dije ‘es que si no viene, esta reunión no va a servir’
Trias sobre Gürtel: "Tuve cuatro reuniones con Rajoy. No puedo concebir que no estuviese informado"
Tiempo ha que el extesorero del PP Luis Bárcenas amenaza y amaga con “tirar de la manta”, y este miércoles cumplió. En un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción relató que Mariano Rajoy era “perfecto conocedor” de la caja B y, de hecho “tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B”. El expresidente del Gobierno le reprendió que conservara aún los documentos y los destruyó. Rajoy siempre ha negado la mayor, pero esta cita en la que Bárcenas narra cómo trituró los documentos no es la única reunión que pone de manifiesto que, efectivamente, el exlíder popular no era ajeno a la financiación irregular.
En junio del año 2018, ElPlural.com entrevistó al exdiputado del PP Jorge Trias Sagnier con motivo de la presentación de su libro El baile de la corrupción, donde relata los entresijos y el backstage del caso Gürtel, el verdugo de Rajoy.
Fue el propio Luis Bárcenas quien enseñó los Papeles a Trias. En el libro, además de entrar en detalle en los mismos, asegura que mantuvo hasta cuatro reuniones con Rajoy así como con otros personajes como Javier Arenas o Federico Trillo. También mantuvo encuentros con el juez instructor de la causa Antonio Pedreira, ya fallecido. De estos encuentros, el exdiputado extrae una irrefutable conclusión: Rajoy lo sabía.
A preguntas de este periódico, argumentó que “si no sabia nada, fatal, porque entonces es un incompetente. Porque quien preside un partido y quien desde las elecciones del año 2000, por lo menos por lo que yo sé, era el vicesecretario general y el responsable de toda la campaña electoral. Decir que él no se ocupaba de temas económicos… Es evidente que el presidente de una gran empresa tampoco se ocupa de los temas económicos del personal, de ingresos, gastos… Se ocupa del balance. Pero que pueda decir que él desconocía por completo todo lo que ocurría en el partido, es que no se ocupaba del partido”.
En este punto, aclaró que se vio con Rajoy en cuatro ocasiones y “la sensación es que él sí lleva las riendas del partido. De hecho, hay una reunión que narro en el libro en la cual está Federico Trillo, Luis Bárcenas, Javier Arenas, Mariano Rajoy y yo. Estaba Rajoy porque yo pedí que estuviese Rajoy, porque dije ‘es que si no viene, esta reunión no va a servir’”.
¿El motivo del cónclave?, “coordinar todas las actuaciones judiciales que se estaban llevando- y políticas-, en torno a todo este proceso de investigación que estaba llevando entonces el juez Antonio Pedreira”.
“Yo no puedo concebir que Rajoy no estuviese informado. Porque además, Álvaro Lapuerta lo explicó con mucho detalle cuál era el proceso. La empresa 'X' venía y hacía una donación al partido, por ejemplo, 200.000 euros. Subía a la séptima planta y le decía al presidente, primero a Aznar y después a Rajoy: mira presidente, hemos recibido una donación. Llámale, al empresario que sea, para darle las gracias y que te has enterado de que esta persona estaba contribuyendo a las atenciones de partido”, insistió Trias.
Incluso, asegura que el propio Rajoy le confesó cuál era la estrategia a seguir para evitar ser tumbado por el caso Gürtel: “Es su teoría del junco. Piensa que el político, él en concreto, era como un junco. Si soplaba el huracán, el ciclón o el tifón, depende de la intensidad, lo que había que hacer era doblarse y esperar que pasase. Porque si ponías resistencia lo más seguro es que el ciclón te llevase por delante. Si te doblabas, el ciclón pasaba y cuando había pasado volvías a erguirte”.
https://www.elplural.com/politica/reuniones-rajoy-evidencian-perfecto-conocedor-caja_258893102
EL PSOE: "VOLVEMOS AL PUNTO DE PARTIDA DE LA CORRUPCIÓN: GÉNOVA 13"
Así lo ha expresado el partido socialista en su cuenta de Twitter haciendo referencia al escrito que ha enviado Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que tiene una copia de los papeles de la caja b
El mensaje publicado en la red social también recuerda uno de los SMS que le envió Rajoy a Bárcenas: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo"
El PSOE ha definido este miércoles al PP y su sede de la calle Génova 13 como el "punto de partida de la corrupción", tras conocerse el escrito en el que el extesorero de los populares Luis Bárcenas explica a la Fiscalía Anticorrupción que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja b del partido "sin saber" que él conservaba una copia, según informe Europa Press.
Así lo ha asegurado el PSOE en un mensaje publicado en Twitter, recogido por Europa Press, en el que también recuerda uno de los SMS que le envió Rajoy a Bárcenas cuando comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre la supuesta contabilidad en B del partido, según reveló El Mundo.
En concreto, los socialistas reproducen el mensaje que rezaba Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, y lo acompañan de las iniciales "M.R.", en referencia a las que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas, en los que el extesorero apuntaba esa supuesta contabilidad en B.
"Siempre volvemos al punto de partida de la corrupción: Génova 13", aseguran a continuación en su mensaje, en el que se hacen eco de escrito que Bárcenas ha remitido a la Fiscalía, que se ha dado a conocer justo cinco días antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgarle por el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta contabilidad paralela.
El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009
Declara que algunas de las donaciones que recibió el PP eran a cambio de contratos públicos | “Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó, me guardé una copia” | “Hay una grabación donde Lapuerta habla de la entrega de dinero” | Denuncia presiones de su partido para guardar silencio sobre la caja b
El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a seis días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP, previsto para el próximo lunes, y donde se sienta como principal acusado. Se trata de un texto en el que Bárcenas confiesa una serie de hechos que afectan a exdirigentes populares muy relevantes―incluido el presidente del Gobierno Mariano Rajoy― y promete colaborar con la justicia en las distintas investigaciones aún en curso que afectan a hechos que conoció o en los que participó como gerente o tesorero del PP. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.
Bárcenas recuerda en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el 15 de julio de 2013 ya confesó al juez la existencia de una caja b en el PP y muchos detalles de su funcionamiento, pero remarca que esa declaración “pudo ser más amplia, mas no lo fue siguiendo la recomendación del abogado”. En su nueva confesión, sostiene, por ejemplo, que mostró a Rajoy los documentos que demostraban la financiación ilegal del PP durante 20 años y que el entonces presidente del partido los metió en una trituradora de papeles sin saber que el tesorero se había guardado una copia.
Además, Bárcenas sugiere en esta declaración que algunas donaciones de empresarios pudieron estar vinculadas a la adjudicación de contratos por parte de Administraciones del PP ―un delito de cohecho que todavía está en investigación y que el primer instructor tuvo que descartar al no encontrar pruebas suficientes durante sus pesquisas―.
El extesorero aclara a la Fiscalía Anticorrupción que su silencio de los últimos años en los que ha estado preso se ha debido a que el PP le prometió que su esposa, Rosalía Iglesias, no ingresaría en prisión si él se mantenía callado. Pero Iglesias fue finalmente juzgada y condenada a 12 años de cárcel por delito fiscal, blanqueo y apropiación indebida. Ingresó en prisión el pasado diciembre después de confirmar el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018.
Lo que sigue es un amplio resumen de la confesión de Bárcenas, firmada por el extesorero y fechada el 26 de enero:
“El Partido Popular me prometió que mi mujer no entraría en prisión”
“Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1. De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa ―por parte del Partido Popular― que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― `la paz’ con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular”.
“Me ha resultado desalentador conocer la Operación Kitchen”
“Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, en concreto en la Operación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales ―no acordadas judicialmente― e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales”.
Entre julio de 2013, apenas unos días después de la confesión de Bárcenas en el juzgado, y julio de 2015, el Ministerio del Interior puso presuntamente en marcha un operativo de espionaje ilegal a la familia Bárcenas, pagado con fondos reservados y realizado a espaldas del juez, con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el PP, según ha acreditado la investigación judicial.
“Me han sustraído documentación sensible al Partido Popular”
“Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas. (…) Llevo privado de libertad casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de estos errores y del dolor infligido a mi mujer y a mi hijo. Un sufrimiento del que no son merecedores. Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia”.
En realidad, los papeles que presuntamente robaron a Bárcenas los comisarios de la Operación Kitchen apenas añadieron gravedad a los hechos que el extesorero del PP ya había relatado en su confesión ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013. Esos papeles no se incorporaron a la investigación judicial hasta que estalló el caso Kitchen.
“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b”
“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (…) En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos b a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13. Esos fondos ―caja b― se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas. (…) Lapuerta era la persona designada para poner en conocimiento ―si fuera el caso― al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.
En esta declaración, Bárcenas sugiere que algunas donaciones de empresarios tenían efectos sobre adjudicaciones de contratos de ministerios. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre contratos adjudicados a donantes por más de 600 millones de euros en seis ministerios durante la etapa de gobierno de José María Aznar.
“Pudieran existir casos de donativos a cambio de contratos públicos”
“Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza, sino en otra en la que me ofrezco a prestar la colaboración oportuna”.
En sus distintas declaraciones durante la investigación del caso de la caja b, Bárcenas negó que las donaciones estuvieran vinculadas a contratos públicos. Es la primera vez que sugiere que algunos de los empresarios que entregaban dinero al Partido Popular recibían a cambio contratos públicos.
“Rajoy era perfecto conocedor de todas estas actuaciones, le mostré los papeles en su despacho y los destruyó”
“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto de que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.
Bárcenas declaró algo parecido al juez Pablo Ruz en 2013, pero lo situó en 2010: “Metí en un sobre 4.900 euros que quedaban en la caja, se los dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó luego en la destructora de papeles, y le dejé un sobre en el despacho”.
“Rajoy, Cospedal, Trillo, Cascos, Acebes, Arenas y Rato recibieron complementos salariales”
“Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Estas entregas eran realizadas, personalmente, por don Álvaro ―y en ocasiones por mí―, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente”.
Los papeles de Bárcenas recogen también otros nombres que también recibieron dinero de la caja b popular y que la investigación ha confirmado como verdaderos. Y aunque en esa contabilidad paralela también aparece “J.M.”, Bárcenas no ha confirmado nunca, ni lo ha hecho ahora, que esas iniciales correspondan a quien fue el presidente del partido entre 1990 y 2004, José María Aznar.
“Existe una grabación en la que Álvaro Lapuerta habla de las entregas, entre otros, a Mariano Rajoy”
“Existe una grabación en poder de una persona ―que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal― que yo he escuchado, en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.
Durante siete años de investigación judicial de los papeles de Bárcenas nunca se descubrieron grabaciones que apuntalaran las anotaciones recogidas en la contabilidad paralela del PP. Aunque los comisarios que realizaron el presunto espionaje ilegal de la familia Bárcenas llegaron a presumir de supuestas grabaciones del tesorero, nunca se ha confirmado su existencia. Ahora, Bárcenas hace referencia a la grabación que supuestamente ha escuchado y que hizo otra persona a Álvaro Lapuerta, quien fue tesorero nacional entre 1993 y 2008.
Un periodista de EL PAÍS habló en varias ocasiones con Álvaro Lapuerta después de la publicación de los papeles de Bárcenas por este diario en enero de 2013. En esas conversaciones, Lapuerta sugería que se produjeron las entregas de dinero en metálico a determinados miembros de la cúpula del partido.
Lapuerta sufrió una caída en abril de 2013 y estuvo varios días en coma. Desde entonces, las dificultades para tomarle declaración fueron enormes debido a los problemas de salud que sufría. Falleció en 2018 sin que los distintos jueces instructores de la Audiencia Nacional que pasaron por la causa lograran una declaración del extesorero, amplia y detallada, sobre el mecanismo de financiación que el PP mantuvo durante casi 20 años.
“Negociamos pagar parte de las obras de Génova 13 en b”
“En las negociaciones con la empresa Unifica se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento en torno a un 10%. (…) Estos pagos no se contabilizaron ni se declararon a Hacienda por parte del Partido Popular. En cuanto al pago en metálico era destinado, según las conversaciones que mantuvimos con Gonzalo Urquijo, a su criterio: para distribuirlo para el pago de sus proveedores y de sus servicios. Dichas cantidades fueron entregadas por mí a Gonzalo Urquijo”.
“Compramos acciones de Libertad Digital porque era afín a las ideas del PP y a las tesis de la autoría de ETA en el 11-M”
“En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital por Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con fondos procedentes de la caja b, que me pidió que se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho. El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital y por razón de que este medio resultaba afín a las ideas del Partido Popular y especialmente a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11-M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones”.
https://elpais.com/espana/2021-02-03/la-confesion-de-barcenas.html
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE FUERA DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP AL
MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'
El Pleno de la Sala de lo Penal rechaza el escrito de la acusación
popular Adade que pedía restituirle José Ricardo de Prada fue apartado
al admitirse la recusación del PP y Bárcenas, pero luego el Supremo
validó las pruebas de la "contabilidad extracontable"
El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, juez clave
en la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, queda fuera
definitivamente del tribunal que juzgará el presunto pago de las obras
de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la contabilidad
opaca que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas. El Pleno de la Sala de
lo Penal, que se reunió este viernes, ha rechazado el escrito que había
presentado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados
Demócratas de Europa (Adade) en el que se solicitaba la reincorporación
del juez después de la sentencia del Tribunal Supremo que validó las
pruebas de la caja B.
Según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, los magistrados de la
Sala consideran que el argumento de Adade amparándose en el artículo 241
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre nulidad de
actuaciones no es válido en este momento del procedimiento, ya que debe
ser durante el propio acto de la vista oral o una vez finalizado éste
cuando deben plantearse este tipo de razonamientos, ni tampoco son ellos
los que deben posicionarse al respecto, sino que la acusación popular
debe dirigirse al actual tribunal, cuya composición no se puede alterar
por esta vía.
De Prada fue apartado del tribunal que juzgará a partir del próximo 8 de
febrero el caso de la caja B, en el que el que el PP está acusado como
presunto responsable civil subsidiario, en octubre de 2019. Fue la misma
Sala de lo Penal la que aceptó las recusaciones presentadas tanto por el
partido conservador como por el extesorero ya se ha pronunciado con
respecto a la supuesta contabilidad en negro en la sentencia de la
primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, la misma
sentencia que se publicó a finales de mayo de 2018 y llevó al PSOE a
presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. A
este magistrado se le atribuyen los planteamientos con los que se daba
por acreditado la existencia de esa caja B.
Pero todo esto fue antes de que el Supremo se pronunciara. Un año
después de que De Prada fuera apartado, en octubre de 2020, el alto
tribunal confirmó la sentencia que había declarado al PP beneficiario
económico –partícipe a título lucrativo– de la trama Gürtel y ratificó
también que, tal como sostuvo la Audiencia Nacional, existía la caja B
del partido "o contabilidad 'extracontable", sobre la que Bárcenas
ostentaba "plena capacidad de control y disponibilidad". En una de sus
1.844 páginas, el Supremo lo expuso literalmente así: "El Tribunal [la
Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para
concluir tanto la existencia de una 'caja', o contabilidad
'extracontable', del PP".
La sentencia del Supremo llevó a Adade a pedir a la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional que anulara la recusación de De Prada al entender
que no cabe "mantener en vigor las censuras a la sentencia (...) pues ya
ha sido aceptada" por el alto tribunal. Afirmaba además que el
pronunciamiento del juez en la sentencia de Gürtel no obedecía tanto a
una toma de postura, sino que resultaba necesario para un adecuado
conocimiento de la causa, por lo que el tribunal de instancia "no se
extralimitó".
Desde la acusación popular citaban el artículo 24.2 de la Constitución
para subrayar que la garantía del juez predeterminado por la ley tiene
como objetivo sustraer la designación de juez o magistrado a toda
discrecionalidad y se apoyaban en sentencias tanto del Tribunal
Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para
sostener que el hecho de que un juez se haya pronunciado sobre delitos
similares, pero diversos, no puede por sí mismo socavar su imparcialidad
en un caso posterior. Así, apelaban al "supuesto excepcional" que prevé
el artículo 241 de la LOPJ para solicitar que se declarara la nulidad de
actuaciones del auto de octubre de 2019 que apartó a De Prada del
tribunal de la caja B.
A sólo quince días de que dé comienzo el esperado juicio sobre el
presunto pago con dinero negro de la reforma de la sede nacional del PP
en la calle Génova de Madrid, la Sala de lo Penal ha abordado el escrito
de Adade y ha optado por rechazarlo por no ser el momento procesal
oportuno para plantear una nulidad. La Sala expondrá sus conclusiones en
una resolución que hará pública la próxima semana.
En la vista oral, el tribunal –que estará compuesto por los magistrados
José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García– examinará
las pruebas sobre la contabilidad opaca o en B que gestionaron durante
años los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y si esa caja se
nutría con fondos de empresarios amigos. Serán cuarenta sesiones en las
que el partido conservador se sentará, figuradamente, en el banquillo
una vez más como presunto responsable civil subsidiario de los presuntos
delitos que otros acusados podrían haber cometido –apropiación indebida,
falsedad documental y contra la Hacienda Pública–. Ahí está la
importancia de este procedimiento, no tanto por lo que se juzga como por
las implicaciones que tendrá para el partido que ahora preside Pablo
Casado.
Aznar y Rajoy, testigos
Están acusados también Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez,
los socios de Unifica –la empresa que presuntamente cobró en negro la
reforma– Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero,
para quien el fiscal pide el sobreseimiento. Pero la expectación estará
más en las testificales, pues están citados a declarar los dos
expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy,
cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares
y no por la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Aznar, será la
primera vez que declare en la Audiencia Nacional, donde no fue citado ni
en la fase de instrucción, para que explique qué sabe sobre la presunta
contabilidad paralela de su partido. Sí compareció en la comisión de
investigación del Congreso, en la que aseguró que "no existe ninguna
caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a
dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.
En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un
tribunal de la Audiencia Nacional: lo hizo en julio de 2017, cuando
todavía era jefe del Ejecutivo, en el juicio sobre los primeros años de
actividades de la trama Gürtel. En aquella ocasión, afirmó que "jamás"
supo nada de la presunta caja B en el partido que presidió entre 2004 y
2018 porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no
contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad
de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad
paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura
contra su Gobierno.
Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del
PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores
de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los
exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila, y el
expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos
cargos del partido, todos ya fuera de la primera línea de la política.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/23/la_audiencia_nacional_mantiene_fuera_del_tribunal_caja_del_magistrado_clave_sentencia_gurtel_115785_1012.html
RECHAZADO EL INTENTO DEL PP DE REDUCIR A UNA VOZ TODAS LAS ACUSACIONES
POPULARES EN EL JUICIO DE LA CAJA B
La Audiencia Nacional niega a los populares aglutinar bajo un solo
abogado la participación de los colectivos personados
El pasado 23 de noviembre, a menos de tres meses del inicio del juicio
de los Papeles de Bárcenas, el PP quiso mover ficha en la Audiencia
Nacional. La formación presentó un escrito para intentar que todas las
acusaciones populares quedaran reducidas a una sola voz durante la vista
oral, unificándolas bajo un solo abogado. El partido conservador —a
sabiendas del desgaste político que le supondrán unas sesiones por donde
van a pasar, entre otros, Mariano Rajoy y Jose María Aznar— alegó que
así se “agilizaría la práctica de la prueba” y se “evitarían
reiteraciones en los interrogatorios”. Pero los magistrados no comparten
esa tesis y la han rechazado de lleno.
Según consta en un auto dictado este jueves, al que tuvo acceso EL PAÍS,
el tribunal califica esa iniciativa de “extemporánea”. Los jueces
recuerdan que, a poco más de un mes de que arranque la vista —prevista
para el 8 de febrero—, no se puede “alterar” la estructura de las
acusaciones populares, ya que se infligiría un importante golpe a su
“legítimo derecho de defensa y ejercicio de la acción penal por el
letrado de su elección”. Además, insisten, no todas persiguen los mismos
intereses.
Los magistrados subrayan que, llegados esta fase, cada parte ha
desplegado ya la estrategia que ha considerado más adecuada. No solo a
través de la presentación de un escrito de acusación con los “hechos que
consideran punibles y las personas contra quienes se dirigen”, sino
también mediante los testigos propuestos para que declaren en el juicio.
En este caso de los papeles de Bárcenas, una derivada del macrosumario
sobre la trama Gürtel y que versa sobre la caja b reflejada en la
contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas, se sentarán en el
banquillo el propio extesorero popular; Cristóbal Páez, exgerente del
PP; y los tres responsables de Unifica, la empresa que se encargó de la
reforma de la sede de la calle Génova. El partido conservador también se
encuentra procesado como persona jurídica, al igual que lo estuvo en el
juicio conocido como Época I, donde acabó condenado como y por el que
acaba de pagar 245.000 euros por lucrarse de la red de corrupción
liderada por Francisco Correa.
Según los datos de la propia Audiencia, esta causa cuenta con seis
acusaciones populares: Izquierda Unida; la Asociación Libre de Abogados;
la Asociación Coda-Ecologistas en Acción; el sindicato Manos Limpias; la
Asociación Observatori de Drets Humans (DESC); la Asociación de Abogados
Demócratas de Europa (Adade), próxima al PSOE y que esta misma semana ha
pedido devolver al juez José Ricardo De Prada, recusado por el PP, al
tribunal que juzgará los hechos. Aunque, en la práctica, este número se
reduce pues tres de estos colectivos ya fueron aglutinados bajo una
misma dirección letrada durante la instrucción.
https://elpais.com/espana/2020-12-18/rechazado-el-intento-del-pp-de-reducir-a-una-voz-todas-las-acusaciones-populares-en-el-juicio-de-la-caja-b.html
EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS
ACUSACIONES POPULARES
Pide a la Audiencia Nacional que se unifiquen a partir de ahora y tengan
una sola voz siete años después de que arrancara la causa. El PP intentó
ser acusación popular en el caso pero Ruz se lo impidió por pervertir
esa figura en Gürtel y actuar en realidad como defensor de Bárcenas
El Partido Popular se prepara ya para el juicio de la caja B que
arrancará en febrero del próximo año. Su representación legal ha pedido
a la Audiencia Nacional que a partir de ahora los seis partidos y
asociaciones que ejercen la acción popular sean unificados en una sola
acusación, de tal manera que el peso de la vista oral se vea
drásticamente reducido, por ejemplo, en los interrogatorios a testigos y
acusados. "La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen
los mismos hechos y acusan a las mismas personas", justifica la
representación del PP en el citado escrito, al que ha tenido acceso
elDiario.es.
En representación del partido, el abogado Jesús Santos pide reducir los
"cuatro meses de pena de banquillo" que supondría un juicio con seis
acusaciones populares, al tiempo que admite la "relevancia mediática
considerable" que tendrá una vista en la que se expondrá la financiación
irregular del partido durante al menos dos décadas.
El PP tienta a los magistrados de la Sección Segunda con que el "el
tiempo del pleito se vería reducido significativamente" si de quince
togados participantes entre acusaciones y defensas (el fiscal, el
abogado del Estado, los seis letrados de la defensa, los seis de la
acusación popular y el suyo propio, como responsable civil) se pasa a
diez. También advierte a los jueces de que deberán tramitar muchos menos
recursos ante una eventual absolución.
La agrupación de las acusaciones populares en una sola es una decisión
que suelen tomar los jueces de instrucción al inicio de la causa y que
no se adopta siempre. No ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna de las
piezas del caso Gürtel, al que también pertenece la caja B del PP, ni
fue el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde las
distintas acusaciones populares tuvieron voz propia en el juicio, el
primero a un partido político como acusado, y del que la formación de
Pablo Casado resultó absuelta.
Se da la circunstancia de que el Partido Popular pretendió convertirse
en una de esas acusaciones populares del caso de la caja B cuando éste
arrancó en 2013 como una pieza separada de Gürtel. El juez Pablo Ruz,
sin embargo, se vio obligado a expulsar al PP de la acusación popular
que había ejercido durante cuatro años en Gürtel y rechazar su
personación en la pieza de la Caja B. El magistrado alegó mala fe
procesal del PP al actuar en realidad como abogado defensor de Luis
Bárcenas. Ocurrió unos meses antes de que el extesorero confesara la
financiación irregular del partido durante al menos dos décadas.
El PP argumenta ahora: "La previsible reiteración en los interrogatorios
durante la práctica de la prueba, la multiplicación de trámites y la
proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las
mismas finalidades; en definitiva, el número de acusaciones populares,
nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a
dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda
en un indeseable retraso en su tramitación".
Las seis acusaciones populares personadas en el caso de la caja B son de
dos particulares, que representan a los socialistas valencianos y al
Partido Socialista de Madrid, respectivamente, Izquierda Unida, las
asociaciones Observatori Desc y Adade, y el pseudosindicato Manos
Limpias, juzgado en la actualidad como parte de una presunta
organización criminal.
El abogado del PP hace un repaso de sus respectivos escritos de
acusación y concluye que las seis acusaciones populares coinciden en
describir el funcionamiento de la caja B durante casi 20 años y acusan
por ello al PP de falsedad, a diferencia de la Fiscalía y la Abogacía
del Estado; señalan en qué consisten las obras de Génova que se pagaron
presuntamente con dinero negro, lo hacen "planta por planta" y "año por
año"; distinguen pagos "oficiales" de los que no lo fueron; reiteran que
el partido dejó de pagar a Hacienda 220.167,04 en 2008, el único
ejercicio fiscal que no está prescrito; y reproducen el "supuesto
apoderamiento de dinero" por Lapuerta y Bárcenas de fondos de esa
supuesta caja B para comprar acciones de Libertad Digital.
Esto es, el abogado del PP se queja de que las seis acusaciones
coinciden en incluir en sus escritos todos los hechos que siete años de
instrucción ha dejado acreditados de forma indiciaria si bien difieren
en la calificación de los delitos que hacen Fiscalía y Abogacía. "La
convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismo
hechos y acusan a las mismas personas", concluye el escrito de la
defensa del PP.
En este sentido, y para apuntalar su petición, el PP reclama su derecho
a un proceso sin dilaciones indebidas, como marca la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y añade que con seis acusaciones se va a dar
"un escenario de artificial complejidad que difícilmente va a ser el
ámbito sereno que requiere la adopción de una respuesta justa".
Por si pareciera una conculcación de derechos, el PP defiende su
petición en que no se niega la acción penal a nadie y que la acusación
popular, según la Ley, está para "coadyuvar a la función pública de
acusar". "No está en juego su derecho fundamental a la tutela judicial
ni a su derecho fundamental a la defensa", añade.
Asimismo, el abogado del PP hace referencia al Anteproyecto de Ley para
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de aprobar el
Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el sentido de que elimina del
ejercicio de la acción popular a partidos y sindicatos como los que
integran la acción popular del caso de la caja B.
https://www.eldiario.es/politica/pp-rebajar-juicio-caja-b-reduciendo-seis-acusaciones-populares_1_6460705.html
LAS 'BOMBAS' CON LAS QUE BÁRCENAS PUEDE PONER EN APRIETOS AL PP
El extesorero del Partido Popular no ha entregado toda la documentación
que guarda sobre la 'caja B' de la formación, como él mismo vino a
reconocer durante su declaración como testigo por los hallazgos de la
'operación Kitchen'
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, aprovechó algunas de
sus últimas declaraciones en sede judicial para dejar pistas, para quien
las quiera entender, de que aún guarda información relevante para la
investigación de la caja B de la formación que llevan a cabo el juez de
la Audiencia Nacional José De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción y que
nunca habría entregado en un juzgado.
Lo hizo en diciembre de 2018, cuando De la Mata le citó en calidad de
testigo para que aclarase por qué él y su esposa guardaban hasta 27
documentos que les fueron requisados supuestamente durante la operación
Kitchen, operativo investigado también en la Audiencia Nacional por si
lo puso en marcha el Ministerio del Interior durante el Gobierno de
Rajoy para hacerse con la documentación comprometedora que guardaba el
extesorero contra altos cargos del partido. El instructor preguntó por
qué no los entregó al juez Pablo Ruz, que comenzó a investigar sobre las
anotaciones de entradas y salidas de dinero de la caja B del extesorero,
los denominados papeles de Bárcenas. Él contestó que «entregó toda la
documentación relevante para la causa», por lo que dejó caer que hubo
más información, que no consideró «relevante», que no puso en manos de
la Justicia. Aquél día, cuando acabó su comparecencia, dijo a
representantes de la acusación allí presentes: «Buscad los discos
duros».
Meses más tarde, en junio de 2019, tuvo lugar el juicio por la
destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en el que
el PP fue absuelto de dos delitos de daños informáticos. El juez Eduardo
Muñoz Baena concluyó, además, que no existían pruebas de que los
dispositivos contuvieran información sobre la financiación irregular del
partido. Sin embargo, Bárcenas afirmó durante su declaración como
testigo en aquel juicio que los dispositivos guardaban «información
relevante», como «recibos que complementaban los apuntes de la caja B
desde 1990 a 2008, presupuestos de las campañas electorales o
información de donantes». Encuadró la destrucción de esos discos duros
en la operación Kitchen.
Si Bárcenas guardó esa información en otros lugares, o puede aportar
detalles que ayuden a atar cabos, parece que habría llegado el momento
de sacarla a la luz. Según publicó este martes El País, el extesorero
popular, a través de sus abogados, se ha dirigido a la Fiscalía
Anticorrupción y se ha mostrado dispuesto a abrir una vía de
colaboración para avanzar en la investigación de la presunta
financiación irregular del PP.
Lo ha hecho cuando su esposa, Rosalía Iglesias, ha ingresado en la
prisión madrileña de Alcalá Meco para cumplir con la pena de 12 años de
prisión con la que el Tribunal Supremo confirmó su responsabilidad penal
en Gürtel.
Comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones
Cuando Bárcenas declaró en 2013 sobre las anotaciones que él mismo
entregó a la Justicia, y en las que registró las entregas que hicieron
al partido empresarios de la construcción, afirmó que no se trataba de
donaciones «finalistas». Es decir, negó que las hicieran a cambio de
recibir después adjudicaciones públicas por parte de las
administraciones al frente de las que estuviera el PP.
Alejó así la posibilidad de que se investigara al partido y a sus
responsables por distintos delitos de corrupción. En 2017, la
declaración del responsable del Grupo Correa, Francisco Correa, en el
juicio de Gürtel Época I, dio motivos al juez De la Mata para reabrir la
causa de la caja B. También a principios de 2018, en el juicio de Gürtel
Valencia, hasta nueve empresarios admitieron haber financiado actos de
campaña del PP en la Comunidad Valenciana a través de las empresas de
Correa, fingiendo que éstas les habían prestado trabajos. Llegaron a un
acuerdo con Anticorrupción para reconocer los hechos a cambio de
peticiones de condenas de multa económica por las que finalmente fueron
condenados.
Bárcenas sabe qué empresarios hicieron donaciones al partido y con qué
intención. Según publicó El Mundo el 4 de febrero de 2013, el extesorero
fallecido Álvaro Lapuerta y él mismo recibían entregas en metálico en un
despacho de la sede del PP de Génova. Así lo reconoció un empresario que
detalló cómo entregó billetes a ambos: «Lapuerta los guardó en una caja
fuerte de la propia sede y Bárcenas apuntó la cantidad en una libreta»,
se recogió en la citada información. Unos fondos que habrían servido
para pagar «gastos de representación del PP».
Sobresueldos en sobres
El 31 de enero de 2013, El País publicó las anotaciones de la libreta de
Luis Bárcenas en las que reflejó el pago de sobresueldos con dinero
negro, trimestral o semestralmente, a altos cargos del partido, entre
ellos el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, María Dolores
de Cospedal. Precisamente la causa todavía abierta se denomina papeles
de Bárcenas por aquellas anotaciones. Los aludidos han negado siempre
que recibieran ninguna cantidad en negro, mientras Bárcenas sostiene que
pagó a Rajoy y Cospedal hasta 25.000 euros por este método. Habrá que
ver si tiene alguna manera de demostrarlo documentalmente.
El pacto del silencio
Según se desprende del sumario de Kitchen, un abogado próximo al Partido
Popular trató de convencer a Luis Bárcenas, a través de su esposa
Rosalía Iglesias, de que guardara silencio sobre lo que sabía acerca del
partido a cambio de dinero. Un ofrecimiento que ésta rechazó.
«Arrieritos somos», le dijo al interlocutor, y le transmitió que
Bárcenas no filtraría información a la prensa, que quería ir por la vía
de la Justicia.
Así lo contó el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, al
comisario José Manuel Villarejo, quien le captó como como confidente del
operativo «parapolicial» Kitchen, como lo define la Fiscalía
Anticorrupción, haciéndole entrega de cantidades mensuales con cargo a
los fondos reservados del Ministerio del Interior. Villarejo grabó la
conversación en la que Ríos le contó el mencionado intento de pacto de
silencio por parte de enviados del PP. Bárcenas no ha tenido ocasión de
confirmar o desmentir los hechos.
Gastos de campaña
En la sentencia del caso Gürtel Valencia de la Audiencia Nacional se
consideró probado que el Partido Popular de dicha comunidad financió las
campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las
generales de 2008 de manera irregular por medio de pagos de empresarios
con la ayuda de las empresas de Correa. En la pieza 9 del caso Púnica
también se investiga si Esperanza Aguirre ideó una caja B en el PP de la
Comunidad de Madrid para «fortalecer su figura política» con cargo a
fondos públicos. Bárcenas, como tesorero del partido durante los
gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, es quien conoce si el
partido financió o no también de manera irregular actos de campaña a
nivel nacional. Es otro de los puntos sobre los que puede arrojar
información.
La reforma de la sede de Génova
Mientras se despeja si Bárcenas aportará pruebas de las «bombas» que
conocería y aún no ha desvelado, según consideran fuentes de la
acusación de la causa de la caja B consultadas, está muy próximo el
juicio por la reforma de la sede central del partido de la céntrica
calle Génova para despejar si se pagó con fondos de la caja irregular.
La Audiencia Nacional lo ha fechado a partir del 8 de febrero de 2021 y
está previsto que declaren como testigos los expresidentes Aznar y
Rajoy, la exsecretaria general Cospedal, el exsecretario general del PP
andaluz, Javier Arenas, así como los exministros Ángel Acebes y Rodrigo
Rato, entre otros.
Precisamente una de las acusaciones populares de la causa, la ejercida
por Izquierda Unida, solicitó que en este juicio se añadan pruebas de
donaciones hechas al partido y que se investigan en otras causas.
Concretamente, solicitaron incorporar una grabación del caso Lezo que se
encontró en casa del exgerente del Canal de Isabel II investigado,
Ildefonso de Miguel. Se trata de una conversación en la que el
empresario del grupo Degremont, Rafael Palencia, reconoció haber pagado
35.000 euros al PP «para que el partido me ayude en general». En dicha
grabación, que se podría habría hecho, según la investigación, con el
fin de chantajear a Rajoy, Palencia contó a De Miguel que él mismo llevó
a Bárcenas y Lapuerta «folletos» después de hacer el pago, se entiende
que para recibir adjudicaciones. Precisamente Bárcenas registró en sus
papeles una entrada de dinero por la misma cantidad de la que habló
Palencia en 2008. El extesorero también podría aclarar si se corresponde
con el pago del empresario y si fue a cambio de alguna adjudicación.
https://www.elindependiente.com/espana/2020/11/11/las-bombas-con-las-que-barcenas-puede-poner-en-aprietos-al-pp/
LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO TESTIGO A AZNAR EN EL JUICIO DE LA
CAJA B DEL PP
El tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas acepta la petición de
ADADE para que el expresidente del Gobierno dé explicaciones sobre los
sobresueldos en dinero negro
El expresidente del Gobierno y expresidente del Partido Popular, José
María Aznar, tendrá que declarar en el juicio de la Caja B en la
Audiencia Nacional. Y tendrá que decir la verdad. Es la gran novedad de
las listas de testigos que ha admitido la Sección segunda de lo Penal,
compuesta por José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda
García, y que juzgará la pieza también conocida como los papeles de
Bárcenas. Un cartel que incluye decenas de testigos y que hará que
vuelvan a desfilar por los tribunales rostros tan conocidos como el de
Mariano Rajoy y buena parte de los secretarios generales de la historia
del PP: María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Javier
Arenas.
Muchos de estos testigos ya tuvieron que declarar en el juicio a la
primera parte de la Gürtel (1999-2005). La declaración más sonada fue,
sin duda, la de Mariano Rajoy, cuya credibilidad al negar la existencia
de una caja B en el PP fue puesta en duda por el tribunal en su
demoledora sentencia -la primera que condenaba en la historia a un
partido político- y provocó la moción de censura que expulsó a los
conservadores y llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
La propia declaración de Mariano Rajoy fue histórica porque se trataba
de la primera vez que un presidente del Gobierno en activo declaraba
como testigo. Antes lo había hecho Felipe González y ya como
expresidente, y ahora se suma a esa lista José María Aznar. ADADE, la
acusación popular que se apuntó el tanto de citar a Rajoy en el primer
juicio Gürtel era también ahora, en la caja B, la única parte que había
citado a Aznar.
A la lista de testigos se suman los históricos secretarios generales del
Partido Popular: Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas,
así como María Dolores de Cospedal. El cargo de número dos también lo
ejerció Mariano Rajoy antes de ser presidente. Les acompañarán otros
rostros conocidos del PP como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo
Rato, el expresidente del Congreso Federico Trillo, el expresidente de
Baleares Jaume Matas, el expresidente del Senado Pío García Escudero y
el expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la
Policía, Juan Cotino.
Una cara más conocida, pero fundamental en la historia reciente del PP,
es la de Jorge Trías Sagnier, que también tendrá que declarar. Este
exdiputado del PP fue quien entregó a El País los llamados papeles de
Bárcenas y confesó el presunto sistema de reparto de sobresueldos en
dinero negro entre la cúpula del PP a través de una Caja B.
Además de los supuestos perceptores de sobresueldos, también serán
citados a declarar buena parte de los presuntos donantes, los
empresarios: Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (expresidente
de Sacyr Vallehermoso), José Mayor Oreja (FCC), Alfonso García Pozuelo
(Constructora Hispánica) y Rafael Palencia (Dregemont Iberia). Este
último, por la derivada del Caso Lezo, donde un imputado en esa causa de
corrupción, Ildefonso de Miguel, le grabó reconociendo haber donado
30.000 euros al PP.
Según la Fiscalía, el PP no cometió delito tributario con las donaciones
de los empresarios que Bárcenas apuntaba en sus papeles. Pero si cree
que el partido podría ser responsable civil por loan presuntos pagos en
negro que atribuye al extesorero. Junto a él, que cumple una condena de
33 años de prisión, se sentarán en el banquillo de los acusados el
exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del estudio de
arquitectura que realizaron las reformas de la calle Génova pagadas con
dinero negro, despacho de Mariano Rajoy incluido.
La causa se había dado ya por concluida en 2015, pero volvió a abrirse a
raíz de la confesión de Francisco Correa, considerado el cabecilla de la
Gürtel, que desveló el cobro del 3 % a empresarios por parte de miembros
del PP. Esto llevó al juez José de la Mata, a petición de las
acusaciones, a reabrir esta pieza. De ahí que las listas de testigos que
ahora ha aceptado el tribunal se remonten incluso al año 2013, tiempo en
el que algunos de los considerados testigos clave, como Álvaro Lapuerta,
ya hayan fallecido. El auto de la Audiencia Nacional conmina ahora a las
partes a concretar las direcciones de los testigos, como ocurre con José
María Aznar, para trasladarles la citación para declarar.
https://www.elplural.com/politica/espana/juicio-caja-b-partido-popular-jose-maria-aznar-banquillo-testigos-audiencia-nacional_232981102
JOSÉ MARÍA AZNAR SERÁ TESTIGO EN EL JUICIO A LA CAJA B DEL PP EN LA
AUDIENCIA
El tribunal admite la propuesta de prueba de la acusación popular ADADE,
quien reclama su testimonio porque con el expresidente del Gobierno
arrancaron los primeros apuntes en los papeles de Bárcenas
El expresidente del Gobierno José María Aznar declarará como testigo en
la Audiencia Nacional en el caso de la caja b del Partido Popular. El
tribunal admite la petición del grupo de asesores ADADE para que
comparezca y junto a él, varios antiguos miembros de gobiernos del PP.
La Sección Segunda de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional
acepta todas las pruebas testificales solicitadas por las partes, y ello
supone admitir las reclamadas por la acusación popular de ADADE, que ha
pedido la intervención como testigo de José María Aznar. Con el
expresidente, supuestamente, empezó todo. Cuando él pasa a dirigir el PP
es cuando arrancan en 1990 las primeras anotaciones en la contabilidad b
que llevaba Luis Bárcenas. Y varias de esas anotaciones apuntan al
expresidente en el cobro de sobresueldos, identificado como "J.M.",
presunto acrónimo de su nombre compuesto, José María.
Aznar siempre ha negado los cobros en negro. El expresidente también
será interrogado por las revelaciones del exdiputado del UPN, Jaime
Ignacio del Burgo, quien en 2013 ante el juez Pablo Ruz, afirmó que fue
el propio Aznar quien autorizó los pagos de 3.600 euros al mes durante
cuatro años al parlamentario Calixto Ayesa. Con la frase “le
ayudaremos”, según Del Burgo, Aznar autorizó la operación, aunque el
exdiputado de UPN, amparándose en la falta de memoria porque ya habían
“pasado 22 años” no aclaró quién le comunicó cómo se ejecutarían los
sobresueldos a Ayesa, que fueron distribuidos por él mismo en
“cafeterías y sobres de color marrón” y todos se abonaron en negro.
José María Aznar nunca ha rebatido las aseveraciones de Jaime Ignacio
del Burgo. El expresidente podrá responder sobre ello dentro de un año,
cuando tenga lugar el juicio por las obras de la sede central del PP,
pagadas supuestamente en negro. Además de Aznar, también serán testigos
Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Francisco
Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Federico Trillo, entre otros.
https://cadenaser.com/ser/2020/02/11/tribunales/1581422008_573974.html
AZNAR Y RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO DE LOS ‘PAPELES DE
BÁRCENAS’
La Audiencia Nacional también ha citado, entre otros, a los exministros
Rodrigo Rato y Federico Trillo
El expresidente del Gobierno José María Aznar declarará como testigo en
la Audiencia Nacional en el juicio del caso Bárcenas, relativo al
presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido
en la calle Génova 13 de Madrid con dinero de la caja b del PP. Será la
primera vez que Aznar dé explicaciones ante un tribunal por este caso.
En el juicio, para el que todavía no hay fecha, aunque se espera que se
celebre este año, declarará también su sucesor, Mariano Rajoy, si bien
el tribunal ha pedido a las acusaciones que sean ellas las que faciliten
los datos necesarios para notificarles la citación, han informado a Efe
fuentes jurídicas.
La citación de Aznar ha sido solicitada por la Asociación de Abogados
Demócratas por Europa (Adade), la misma que consiguió que se llamara a
declarar como testigo a Rajoy en el juicio a la primera época de Gürtel
(1999-2005), convirtiéndose en el primer presidente en activo en
testificar ante un tribunal. De hecho, tanto Adade como Izquierda Unida,
acusaciones en este juicio, son las que han reclamado la citación de
Rajoy así como la de los cuatro secretarios generales del PP, entre
ellos María Dolores de Cospedal.
Entre la lista de testigos figura también el exvicepresidente económico
Rodrigo Rato, actualmente en prisión por el caso de las tarjetas black
de Caja Madrid, así como el exministro de Justicia José María Michavila
y el que lo fuera de Defensa, Federico Trillo. Entre los empresarios
cuya comparecencia ha reclamado esta acusación destaca el presidente de
Mercadona, Juan Roig, quien en su día negó ante el juez los pagos que
aparecen a nombre de su empresa en los papeles de Bárcenas.
En el juicio por el caso Bárcenas, basado en los famosos papeles del
extesorero, publicados por EL PAÍS en enero de 2013, también serán
llamados como testigos Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (expresidente
de Sacyr Vallehermoso), José Mayor Oreja (FCC), Alfonso García Pozuelo
(Constructora Hispánica) y Rafael Palencia (Dregemont Iberia), quien, en
una grabación de 2008, presuntamente reconocía haber realizado un pago
al PP de 30.000 euros.
La sentencia de Gürtel, que provocó la caída del Gobierno de Rajoy al
prosperar la moción de censura del PSOE, señalaba que tanto el
expresidente del Gobierno como los secretarios generales del PP que
testificaron (y cuya citación ha sido también admitida) –Javier Arenas,
Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos– se escudaron en “la falta de
credibilidad de dichos papeles” y negaron la existencia de una caja b en
el partido.
En este juicio, al igual que en el de la causa central de Gürtel, el PP
está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en
negro de los 888.000 euros que costó la reforma, por lo que ha tenido
que prestar antes de la vista oral una fianza de 1,2 millones de euros.
La Fiscalía no vio delito tributario del PP en las donaciones de
empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al
partido responsable civil por los presuntos pagos en negro, que atribuye
al extesorero, que está cumpliendo una condena de 33 años de cárcel por
Gürtel, y para el que pide cinco años de prisión. Junto a él se sentarán
en el banquillo el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables
del estudio de arquitectura que hizo las obras en la sede de Génova.
https://elpais.com/politica/2020/02/11/actualidad/1581418742_603606.html
MAYORÍA PROGRESISTA EN EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA 'CAJA B' DEL PP CON SU
NUEVO PRESIDENTE
José Antonio Mora Alarcón, procedente de la Audiencia de Valencia,
presidirá la Sección Segunda de la Sala de lo Penal
El año comienza con cambios de magistrados en la Sala Penal de la
Audiencia Nacional, encargada de juzgar los casos más mediáticos
seguidos en los juzgados centrales. La Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió el pasado 18 de diciembre el
concurso para cubrir las plazas que han dejado vacantes María José
Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda donde se juzgará,
entre otros casos, el de ‘los papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del
Partido Popular, así como las de las magistradas Ángeles Barreiro y
Clara Bayarri.
Duplá, ahora en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido reemplazada por el
magistrado José Antonio Mora Alarcón, procedente de la Audiencia de
Valencia y de tendencia progresista. Los puestos de Barreiro (que se fue
a la misma sección que Duplá) y Bayarri (a la Audiencia de Valencia) los
ocupan los magistrados Carlos Francisco Fraile Coloma, de la Audiencia
de Madrid y Juan Carlos Campo Moreno, diputado socialista en el Congreso
por Cádiz que al ser reelegido en la Cámara no se incorporará y su plaza
se anunciará en un nuevo concurso, según ha podido saber El
Independiente de fuentes jurídicas.
La llegada de José Antonio Mora a la presidencia de la Sección Segunda
de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un peso más en la
balanza progresista de la sección que tendrá que juzgar la presunta
financiación irregular del Partido Popular en el caso conocido como
‘papeles de Bárcenas’.
La propia Sección Segunda determinó en octubre, según adelantó
Confilegal, que el juez Fernando Andreu sustituyera a José Ricardo de
Prada en el tribunal que juzgará el caso. De Prada fue apartado después
de que la defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del propio
partido argumentaran que ya se pronunció sobre la existencia de una caja
opaca o ‘b’ en la sentencia de la primera época del caso Gürtel.
Completaban la terna del tribunal María José Rodríguez Duplá y la
magistrada María Fernanda García. Ahora que Mora sustituye a Duplá en la
presidencia, quedarían él, Andreu y María Fernanda García, magistrada
garantista que recientemente ha dictado los últimos autos de libertad
provisional bajo fianza de los miembros de los Comités en Defensa de la
República (CDR) acusados de terrorismo y tenencia de explosivos.
Mantuvo a Zaplana en prisión
Por su parte, José Antonio Mora formaba parte hasta ahora de la Sección
Quinta de la Audiencia de Valencia que ratificó la prisión preventiva
del ex presidente popular de dicha comunidad, Eduardo Zaplana, a pesar
de sufrir un cáncer que los médicos forenses diagnosticaron como
irreversible.
El magistrado Mora también firmó recientemente un mediático auto en el
que reprochaba a los distintos gobiernos españoles que no hayan
ratificado una convención de la ONU que le habría permitido investigar
la querella por presuntas torturas de un estudiante contra el policía de
la Brigada Político Social franquista Benjamín Solsona en el año 1971.
Se trata de la Convención de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad. A ella se refirió Mora en su auto,
según publicó Eldiario.es, para archivar la causa contra el policía pero
afirmando que no haberla ratificado «impide la persecución en España de
los hechos susceptibles de ser calificados como delito de lesa
humanidad» cometidos antes de 2004.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/01/08/mayoria-progresista-en-el-tribunal-que-juzgara-la-caja-b-del-pp-con-su-nuevo-presidente/
EL JUEZ QUE RATIFICÓ LA PRISIÓN DE ZAPLANA PRESIDIRÁ EL TRIBUNAL QUE
JUZGARÁ LA ‘CAJA B’ DEL PP
José Antonio Mora Alarcón ocupará la plaza que ha dejado libre María
José Rodríguez Duplá
El juez José Antonio Mora Alarcón, magistrado de la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de Valencia, ocupará la plaza que ha dejado libre
en la Audiencia Nacional la que fuera presidenta del tribunal que
juzgará la ‘caja B’ del PP en la trama Gürtel, María José Rodríguez
Duplá, según confirman fuentes judiciales a OKDIARIO.
Duplá presidía hasta hace unas semanas la Sección Segunda de lo Penal de
la Audiencia Nacional, sin embargo, ha abandonado esta plaza tras
marcharse a la Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
resolvió hace unos días el concurso convocado para cubrir esta vacante
que ha dejado libre Duplá, aunque no se publicará en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) hasta dentro de unas semanas. El elegido, por ser el
candidato con mayor antigüedad en la carrera judicial, ha sido el
magistrado Mora Alarcón.
Ratificó la prisión de Zaplana
Este magistrado formó parte del tribunal que corroboró la prisión
provisional del ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana
Eduardo Zaplana, quien se encontraba en estado grave de salud.
El que fuera político del PP presentó un recurso de apelación «por
razones humanitarias» contra los autos dictados por la juez instructora
Isabel Rodríguez Guerola, que rechazó hasta en cuatro ocasiones las
peticiones realizadas por el ex ministro para abandonar la prisión de
Picassent. La reclusión en el centro penitenciario estaba repercutiendo
de manera muy negativa en la enfermedad que padece Zaplana e incluso
tuvo que ser hospitalizado de urgencias el 18 de diciembre del año
pasado en el Hospital La Fe de Valencia.
Sin embargo, el tribunal formado por María Begoña Solaz Roldán, José
Antonio Mora Alarcón y Alicia Amer Martín desestimaron el recurso
presentado por la defensa de Zaplana al considerar que existía riesgo de
fuga. En línea con la postura adoptada con la juez instructora que llegó
a afirmar en un auto que denegaba la libertad con medidas cautelares
porque «hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos
fiscales».
El portavoz del PSOE en Justicia
El diputado socialista Juan Carlos Campo, que ejerce la portavocía del
PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, presentó
su candidatura para ocupar la presidencia del tribunal que juzgará
presuntos pagos de la reforma de la sede del Partido Popular con dinero
procedente de una contabilidad en B.
Pero la adjudicación de esta plaza es de potestad reglada, es decir, que
el único requisito que el CGPJ tiene en cuenta para el nombramiento es
la antigüedad y el diputado socialista no ha sido el candidato con mayor
antigüedad en la carrera judicial.
Las mismas fuentes confirman que Campo no se ha quedado sin plaza y,
aunque no haya conseguido ésta, sí ha logrado la plaza que dejado libre
la magistrada Clara Bayarri en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional.
https://okdiario.com/espana/juez-que-ratifico-prision-zaplana-presidira-tribunal-que-juzgara-caja-b-del-pp-4893303
EL CASO SOBRE LA CAJA B DEL PP ROZA YA LOS CINCO AÑOS EN ESPERA DE QUE
LA AUDIENCIA FIJE LA FECHA DEL JUICIO
Será la vista oral la que determine si el partido pagó con dinero negro
1,5 millones de la reforma de la sede de Génova
Además de 'Época 1', la Audiencia ya ha juzgado tres piezas posteriores
a la de los 'papeles' y ha fijado calendario para otra, cuya vista
comienza en marzo
Otra parte de lo que originalmente formaba la pieza de la contabilidad B
volvió a la fase de investigación tras la confesión de Correa y con un
plazo que en principio expira este verano
Considerada la de mayor alcance político del caso Gürtel hasta la
demoledora sentencia de la considerada pieza principal, la que en 2018
desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, la vista oral de
los llamados papeles de Bárcenas lleva ya casi cinco años en espera de
que la Audiencia Nacional señale fecha para su comienzo. Oficialmente,
nadie explica el porqué de tal demora.
Sea cual sea la causa última del retraso en la celebración de la vista
oral, lo cierto es que hoy, a cuatro meses de que se cumpla un
quinquenio de incertidumbre sobre cuándo y qué ocurrirá, otra
investigación judicial en el candelero amenaza con devolver al primer
plano las anotaciones de la contabilidad paralela que el extesorero del
PP fue plasmando a mano durante dos décadas. Y esa investigación es la
del caso Villarejo, uno de cuyos puntales se localiza en el dispositivo
policial y parapolicial desplegado en 2013 y pagado con fondos
reservados para evitar que Bárcenas conservara más papeles
incriminatorios para el partido. Es decir, papeles adicionales a los
manuscritos contables que en enero de aquel año ya habían salido a la
luz y sobre cuyo contenido ordenó diligencias casi de inmediato el juez
de Gürtel. A espaldas de aquel juez –entonces, Pablo Ruz– se hizo la
operación de espionaje a Bárcenas, bautizada en el caso Villarejo como
Kitchen y que avanza ahora bajo secreto de sumario.
Fue el 28 de mayo de 2015 cuando el magistrado que había tomado el
relevo de Ruz y finalizado la instrucción de la pieza de papeles, José
de la Mata, dictó lo que en el argot jurídico se conoce como “auto de
apertura de juicio”. A partir de ese auto ningún recurso puede impedir
que los acusados –cuatro aquí, con Luis Bárcenas en cabeza y el PP como
responsable civil subsidiario– se sienten en el banquillo.
A lo largo del lustro transcurrido desde entonces, la Audiencia ha
juzgado no solo la pieza troncal sino otras tres ramas del frondoso y
complejo árbol de Gürtel: las que afectaban a la financiación ilegal del
PP valenciano, donde se produjo la confesión del antiguo número dos del
PP regional, Ricardo Costa, y la de nueve adjudicatarios de contratos de
la Generalitat; la de los contratos a la trama con el Ayuntamiento de
Jerez, donde quedó exonerada antes de la vista oral la entonces
alcaldesa porque el Supremo adujo que no tenía por qué saber lo que
firmaba; y la referida a las adjudicaciones de Aena. La Audiencia
también ha fijado ya para marzo el inicio de una cuarta vista, la de la
visita del papa a Valencia.
En esos cuatro casos, los respectivos autos de apertura de juicio habían
sido posteriores en no menos de seis meses al de la contabilidad b del
PP. Sus “rollos de sala”, el número de expediente que se asigna a cada
causa en cuanto llega a la sala competente, reflejan, por tanto, una
fecha más tardía.
"Nada" impide el juicio
Parte de lo investigado sobre los papeles de Bárcenas volvió a la fase
de instrucción en marzo de 2017 tras las revelaciones de Francisco
Correa en el juicio de la pieza troncal, la llamada Época 1:
básicamente, lo que dijo el jefe de la red es que hubo empresarios que
pagaron comisiones a cambio de contratos públicos.
Pero esa parte reabierta, cuya nueva fase de investigación reabierta
expira en principio antes del verano, quedó desgajada de la pieza que ya
entonces se encontraba pendiente de juicio. En la que irá a juicio en
cuanto la Audiencia marque fecha, el tribunal debe emitir dictamen sobre
cuatro cuestiones: la existencia y funcionamiento de una caja B: si el
PP pagó con dinero negro 1,5 millones de la reforma de su sede central;
la falta de declaración del impuesto de sociedades del PP en 2008 y la
compra de acciones de Libertad Digital. El primero, sin duda, es el que
mayores complicaciones presenta por lo ya expuesto sobre la sentencia de
mayo de 2018.
Que las revelaciones de Correa partieron en dos la pieza de los papeles
de Bárcenas lo ilustra un escrito del juez José de la Mata. El 15 de
octubre de 2018, el juez que había resumido la investigación sobre los
hipotéticos pagos de empresarios dirigió a la Sala Penal de la Audiencia
una providencia casi didáctica. En ese texto, De la Mata no solo
explicaba qué cosas de la pieza original habían vuelto exactamente a sus
manos y cuáles eran las que se encontraban ya en espera de vista oral
sino que añadía una afirmación tajante: el contenido de las diligencias
reabiertas “no impide en nada la continuación de las actuaciones de
enjuiciamiento”.
En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán
banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto
inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay
dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables
civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la
reforma.
Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a
las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque
otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la
financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el
Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el
principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de
cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal
Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.
Cuatro recusaciones y un auto que da oxígeno al PP
Hasta ahora y desde febrero de 2016, cuatro jueces han sido apartados
del tribunal que debe dirigir la vista oral cuando se celebre, tres
conservadores y uno progresista. El segundo factor por orden
cronológico, más volátil en cuanto a su peso jurídico pero plúmbeo en lo
político, consiste en que el PP aguarda en vilo que triunfe su recurso y
el Tribunal Supremo revoque la citada sentencia de 2018: es decir, la
dictada tras un macrojuicio que dibujó el mapa global de Gürtel, trazó
las líneas maestras de cómo funcionaba la trama en conexión con
responsables del PP en distintas administraciones, declaró al partido
beneficiario económico de los desmanes y dio por probada la existencia
de una caja B. Porque el tribunal dictaminó que el partido recibía
donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos
empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por
adjudicaciones irregulares".
Pero el profundo calado de la sentencia de 2018 –sostienen los juristas
consultados– en absoluto impide juzgar las ramas que cuelgan del tronco
de Gürtel. Es decir, otras piezas como las tres ya juzgadas a lo largo
de estos cinco años y la que se juzgará a partir de marzo. O también,
esta de los papeles de Bárcenas, exclusivamente centrada a efectos del
juicio en la contabilidad paralela y en el efecto que esta pudo tener en
el pago de la reforma de la sede central del PP, la de la calle Génova.
Por qué entonces sigue sin conocerse cuándo se celebrará la vista del
juicio sobre la contabilidad opaca es una pregunta para la que infoLibre
carece de respuesta incuestionable: la Audiencia no ha accedido a dar
explicaciones. Y es aquí donde, ante el silencio oficial, emergen las
preguntas. Y la más evidente parece esta: ¿influyen realmente las
sucesivas recusaciones?
Una fuente jurídica que conoce muy de cerca el caso ofrece un no
taxativo: "La fecha del juicio de los papeles se podía haber fijado
antes incluso de que terminara la vista de Época 1 y cuando ya se habían
resuelto las dos primeras recusaciones y nadie se había planteado aún
siquiera las restantes. Se podía calcular que la sentencia iba a estar
para mayo de 2018 y, de hecho, el ponente, Ángel Hurtado, estuvo meses
exento de reparto de asuntos para que pudiera dedicarse a la sentencia".
Al quedarse en minoría, Hurtado acabó renunciando a redactar por
completo la resolución y emitió un voto particular contrario al
pronunciamiento sobre la contabilidad B del PP.
Firmante del recurso de mayor envergadura política, el partido de Pablo
Casado se siente ahora respaldado en su recurso por el auto con que la
Audiencia Nacional apartó el pasado mes de octubre al último de los
cuatro recusados, miembro del tribunal que dictó la primera sentencia y
demonizado por los conservadores a partir de ese momento, José Ricardo
de Prada, de talante progresista. Es a Prada a quien el PP considera
responsable de que la sentencia hable de la caja b. La formación
conservadora terminó por recusarlo para juzgar los papeles de Bárcenas.
Pero, como recuerda una fuente, la presidenta de la Sala, Concepción
Espejel, "tardó varios meses en reunir el pleno de la sala para decidir
sobre la recusación de De Prada". Y eso demoró, objetiva y nuevamente,
la posibilidad de fijar una fecha para el juicio. Las acusaciones
siempre han dudado de Espejel, que fue junto con Enrique López, hoy
consejero de Justicia del Madrid y responsable de esa área en el PP, la
primera jueza recusada y apartada en Gürtel.
La "íntima cohesión" entre ramas del mismo árbol
Aunque el auto que sacó del tablero de los papeles de Bárcenas a De
Prada no corrige ni anula la sentencia de 2018 porque solo el Supremo
puede dar ese paso, su texto llega a decir, con otras palabras, que la
Audiencia se extralimitó. Los hechos relativos a la caja B, dice la
resolución de octubre, "no eran objeto estricto de enjuiciamiento" y ese
pronunciamiento no era "absolutamente necesario".
La afirmación de que no era "absolutamente necesario" hablar de la caja
B topa con uno de los argumentos que ciertas fuentes destacan de la
sentencia y que, en la vorágine desatada en la primavera de 2018, pasó
más inadvertido: que sin constatar que tal caja o contabilidad nutrida
con fondos ajenos al circuito legal existía, Bárcenas, por ejemplo, no
habría sido condenado también por apropiación indebida: indebida porque
parte de su dinero oculto –es lo que sostiene la sentencia– procedía en
realidad del partido.
Y topa también esa afirmación del auto –opinan juristas que asimismo
piden que no se les identifique– con una de las tesis centrales por las
que Anticorrupción defendió que ni la presidenta de la Sala Penal de la
Audiencia, Concepción Espejel, ni Enrique López, hoy consejero de
Justicia en el Gobierno de Madrid y responsable de esa área en la
ejecutiva nacional del PP, podían participar no ya en el juicio
principal de Gürtel ni en el de los papeles, de los que ya habían sido
apartados, sino en ninguno conectado a la causa: porque entre todas las
piezas había una "íntima cohesión". Lo que desde el inicio han defendido
la acusación pública y la privada es que el caso Gürtel se troceó en
piezas por razones de orden práctico y procedimental. Pero que todas las
piezas son, en efecto, ramas de un tronco común.
El argumento de la "íntima cohesión" fue esencial para que la Fiscalía
se opusiera a que ninguno de los dos primeros jueces recusados y
apartados de la pieza central Gürtel rozaran la de los papeles de
Bárcenas ni ninguna de las restantes. Los dos magistrados apartados
fueron los ya citados Concepción Espejel y Enrique López. En octubre de
2015 quedaron excluidos del tribunal del macrojuicio de Época 1. Y en
febrero de 2016, también del futuro juicio de los papeles de Bárcenas.
Ambos habían sido propuestos en épocas anteriores a su desembarco en la
Audiencia como vocales para el Poder Judicial (CGPJ) gracias al voto
parlamentario del PP. Entre quienes votaron a Espejel figuraba, por
ejemplo, Luis Bárcenas, senador hasta que el estallido y avance de
Gürtel le llevó a dimitir en abril de 2010.
El tercer recusado y apartado por su afinidad al PP fue el juez Juan
Pablo González, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Y
ya en 2019, la Audiencia excluyó a José Ricardo de Prada. Según la
Audiencia, haber participado en el primer juicio podía contaminar a De
Prada y obstruir su capacidad para valorar los hechos en la pieza sobre
la caja b sin tener una idea preconcebida.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/08/el_caso_sobre_caja_del_roza_los_cinco_anos_espera_que_audiencia_fije_fecha_del_juicio_103404_1012.html
EL JUEZ PROGRESISTA ANDREU SUSTITUYE AL RECUSADO POR EL PP EN EL ‘CASO
BÁRCENAS’
Los populares ya trataron de apartar al magistrado cuando formaba parte
del tribunal
El magistrado José Ricardo De Prada, enmarcado en el sector progresista
de la Audiencia Nacional, ya tiene sustituto en el tribunal que juzgará
la caja b del PP. Después de que la Sala de lo Penal aceptase su
recusación a petición del partido conservador y del extesorero Luis
Bárcenas, el órgano ha nombrado ahora a Fernando Andreu, también
considerado progresista, para que ocupe su lugar. Andreu llegó a formar
parte, en un principio, de este mismo tribunal y también fue recusado
entonces por la formación encabezada por Pablo Casado.
La estrategia del PP de deshacerse de los jueces que considera adversos
se topa así con un nuevo escollo. Tras conseguir que la Sala de lo Penal
apartara a De Prada al apreciar que ya se había pronunciado sobre el
fondo del asunto —declaró probada la contabilidad paralela en la
sentencia del juicio central del caso Gürtel, la llamada Época 1—, la
formación conservadora conoció este viernes que Fernando Andreu le
sustituirá en el puesto. Un magistrado considerado progresista, próximo
a la ministra Dolores Delgado y uno de los cinco jueces que firmó un
voto particular para oponerse a la resolución contra De Prada, donde
reprochó incluso a la mayoría de la Sala que hayan asumido la tesis de
"confusión" argumentada por el partido de Casado para recursarle.
Esta decisión de la Audiencia Nacional implica, por tanto, que la terna
de magistrados que juzgará el bautizado como caso Bárcenas queda
compuesta, de momento, por la presidenta María José Rodríguez Duplá,
considerada conservadora; por María Fernanda García Pérez y por el
propio Andreu. Todavía no se ha fijado una fecha para el arranque de la
vista oral donde se abordará el presunto pago en negro de la reforma de
la sede del partido, en el número 13 de la madrileña calle de Génova.
A finales del pasado año, Andreu ya formaba parte del tribunal que iba a
juzgar esta causa y, de hecho, era el elegido para redactar la
sentencia. Entonces, el PP trató de apartarlo con el argumento de que su
imparcialidad estaba en cuestión debido a su supuesta "cercanía" con el
PSOE, a su "amistad" con la actual ministra en funciones de Justicia y a
que había sido propuesto por los socialistas para ejercer como vocal del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "[Tiene] una más que evidente
relación con el PSOE, principal adversario político del Partido Popular,
así como con algunos de sus miembros", apuntaba la formación de Casado
en su escrito, donde también lo vinculaba con Baltasar Garzón, exjuez de
la Audiencia Nacional y primer instructor de Gürtel.
Una ofensiva del PP que quedó finalmente en nada. Porque, antes de
pronunciarse sobre el fondo de la recusación, la Sección Segunda de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sustituyó a Andreu por la
magistrada María Fernanda García, a la que se acababa de nombrar como
adscrita a este órgano. De esta forma, las alegaciones de los populares
decayeron entonces —aunque ahora tienen la posibilidad de retomarlas—.
Antes de incorporarse a la Sección Segunda, Andreu desempeñó el cargo de
titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia
Nacional. Entre otras causas, se encargó allí de las investigaciones del
caso Bankia y de los atentados yihadistas del 17 de agosto en Cataluña.
Aquí llegó después de abandonar el País Vasco en los 90 cuando su esposa
fue señalada en una carnicería de Hernani (Gipuzkoa). Andreu se ha
mostrado crítico con el papel de la Audiencia tras el fin del terrorismo
etarra. "Creo que está siendo utilizada mediante un criterio de
oportunidad según cuáles sean los problemas de la sociedad en cada
momento (…) se corre el riesgo de que se pueda acabar eligiendo tribunal
para determinados asuntos", señaló. También ha denunciado que recibió
presiones en 2009 para cerrar el caso abierto contra siete mandos
militares israelíes por un bombardeo en Gaza en el que murieron 14
ciudadanos palestinos.
La pugna que ha dividido a la Audiencia
La decisión de nombrar a Andreu como miembro del tribunal del caso
Bárcenas llega después de que la recusación de De Prada haya dividido a
la Audiencia Nacional. El pasado 4 de octubre, el voto a favor de ocho
magistrados dio luz verde a la petición del PP de apartar al juez que
condenó a los populares en Gürtel. Pero otros siete jueces se opusieron
a esa decisión. Cinco de ellos, entre los que se encuentra el propio
Andreu, firmarían después un voto particular para evidenciar su
disconformidad con la medida respaldada por la mayoría, en el que acusan
también al partido conservador de “presentar interesadamente hechos
secundarios como principales” para tratar de asemejar los dos casos y
lograr así que De Prada no los juzgara.
https://elpais.com/politica/2019/10/25/actualidad/1572012864_342215.html
EL PP LOGRA APARTAR DEL ‘CASO BÁRCENAS’ A UN JUEZ QUE CONDENÓ AL PARTIDO
EN GÜRTEL
El tribunal acepta la recusación del magistrado De Prada por haber
declarado probada la contabilidad paralela del PP en el juicio central
de Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada no formará parte
del tribunal que enjuiciará la caja b del Partido Popular, la llamada
pieza de los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas. El pleno de
la Sala de lo Penal de la Audiencia ha admitido este viernes, por ocho
votos contra siete, la recusación del magistrado, que fue planteada
tanto por el PP como por el propio extesorero encarcelado. El sector
mayoritario del pleno considera que De Prada, encuadrado entre los
magistrados progresistas de la Audiencia, no debe enjuiciar la pieza
sobre la contabilidad paralela de Génova 13 ya que se pronunció sobre el
fondo de este asunto al declarar probada la contabilidad paralela del PP
en la sentencia del juicio central del caso Gürtel, la llamada Época 1.
Esta sentencia, de mayo de 2018, provocó la caída del Gobierno de
Mariano Rajoy tras la moción de censura que llevó a La Moncloa a Pedro
Sánchez.
En cambio, el órgano que reúne a todos los magistrados juzgadores de lo
Penal de la Audiencia ha rechazado apartar —en este caso por 10 contra
cinco— a De Prada de la otra pieza del macrosumario Gürtel en la que
había sido recusado, la que juzgará los negocios de la trama en Boadilla
del Monte (Madrid). En ninguna de las dos decisiones ha participado la
presidenta de la sala, la conservadora Concepción Espejel, que fue
apartada previamente de los juicios del caso Gürtel.
La vista oral sobre el llamado caso Bárcenas, que comenzó a investigarse
en febrero de 2013, después de que EL PAÍS publicara la contabilidad
secreta del extesorero del PP, está todavía pendiente de que se fije su
fecha de inicio. En ese tribunal de la Sección Segunda de lo Penal no se
sentará De Prada y la terna de jueces estará formada por la presidenta
María José Rodríguez Duplá, considerada conservadora, la magistrada
María Fernanda García Pérez y un tercer juez que será designado por
turno de reparto.
En el llamado caso Bárcenas, de cuyo enjuiciamiento se ha apartado a De
Prada, se ha investigado el pago de las obras de reforma de la sede
central del PP —en la calle Génova 13 de Madrid— con dinero negro
supuestamente procedente de grandes empresarios de la obra pública. En
ella están encausados, además de Luis Bárcenas y el PP como partícipe a
título lucrativo, los arquitectos que realizaron la obra, en su caso por
delitos fiscales y falsedad documental.
Fuentes judiciales recuerdan que la caja b del PP “aparece como el
océano en todas las piezas” del macrosumario Gürtel, “pero no es el
hecho nuclear que configura el objeto de ese juicio”. Por ello ven
“incongruente” que se aparte a De Prada del juicio del caso Bárcenas y
se le mantenga en el de Boadilla, donde la fiscalía considera que el
dinero que se recogía “terminaba en la caja b”.
Para la vista de los negocios de la trama de Boadilla, De Prada formará
tribunal con Rodríguez Duplá y el magistrado Julio de Diego, con quien
también participó en el juicio por la trama central del caso Gürtel.
Este proceso, en el que hubo 37 acusados, se saldó con penas para 29 de
ellos. El cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, fue condenado
a 51 años de cárcel y Luis Bárcenas, máximo responsable de las cuentas
de la formación conservadora, recibió una condena de 33 años, que cumple
actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real.
De Prada fue incluido por el PSOE en el turno de juristas para la
fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado
otoño. El magistrado llegó incluso a someterse a la preceptiva
comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, el
portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, le espetó: "Es bueno para
la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que
deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo".
https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570186561_709907.html
EL PP LOGRA QUE LA AUDIENCIA APARTE DEL JUICIO DE LOS 'PAPELES DE
BÁRCENAS' AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'
La Sala de lo Penal acepta la recusación contra José Ricardo de Prada
bajo el argumento de que al resolver sobre la llamada 'Época 1' de la
trama ya dio por acreditada la 'caja B'
La decisión ha sido muy reñida ya que se ha tomado por 8 votos a 7
José Ricardo de Prada, juez clave en la sentencia de la pieza central
del caso Gürtel, que consideró acreditada la existencia de la caja B del
PP, acaba de quedar excluido del tribunal que juzgará los papeles de
Bárcenas. Así lo ha decidido el Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, que ha atendido la recusación planteada por el PP.
Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que la decisión no ha
sido unánime sino muy reñida, por 8 votos contra 7. La Sala ha rechazado
la segunda recusación planteada contra el magistrado, la que afecta al
juicio también pendiente sobre los manejos de Gürtel en el municipio
madrileño de Boadilla.
Tanto el PP como su extesorero Luis Bárcenas presentaron sendas
recusaciones en las que subrayaban que De Prada ya se ha pronunciado con
respecto a la supuesta contabilidad B en la sentencia de la primera
época de actividades de la trama Gürtel, que se publicó a finales de
mayo de 2018 y llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el
Gobierno de Mariano Rajoy. Y que eso le contamina para juzgar los
supuestos pagos en B para la reforma de la sede central de Génova, pagos
que sustentan la acusación. La pieza de los papeles quedó escindida en
dos: una, la de la sede, está pendiente de juicio; la otra, de mucha más
envergadura, se sigue investigando para determinar si el PP recibió
donaciones ilegales de adjudicatarios de contratos públicos.
En aquella sentencia, el tribunal –que además de De Prada estaba formado
por los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego– daba por acreditada
la existencia de una 'caja B' en el PP, que definía como "una estructura
financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas
partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas
manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se
hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades
entregadas a personas miembros relevantes del partido".
Así pues, tanto el PP como Bárcenas solicitaron que De Prada sea
apartado del tribunal porque consideran que está contaminado por estas
conclusiones introducidas en la sentencia, que se han acabado
atribuyendo a este magistrado en concreto.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/04/el_logra_que_audiencia_apartae_del_juicio_los_papeles_barcenas_magistrado_clave_sentencia_gurtel_99524_1012.html
LA AUDIENCIA CRITICA AHORA LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' CON LOS MISMOS
ARGUMENTOS QUE EL PP
La decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de apartar al juez
José Ricardo de Prada del futuro juicio sobre los papeles de Bárcenas
bajo el argumento de que haber participado en el primer gran juicio de
Gürtel rompe su apariencia de imparcialidad para esta otra vista ha
quedado plasmada en un auto que critica la sentencia que terminó
derribando a Mariano Rajoy al considerar acreditada la existencia de la
caja B del PP. El auto utiliza los mismos argumentos que el PP esgrime
en el recurso con que busca que el Supremo anule la sentencia: que –dice
la resolución– los hechos relativos a la caja B "no eran objeto estricto
de enjuiciamiento" y que ese pronunciamiento no era "absolutamente
necesario". La Sala alega que "el posicionamiento explícito del
magistrado [De Prada] en estas materias le priva objetivamente de las
condiciones de imparcialidad exigibles".
El texto destaca tales afirmaciones con letras negritas visibles al
primer golpe de vista y, de manera sorprendente según distintas fuentes
jurídicas, se posiciona a favor del voto particular que elevó el único
de los tres miembros del tribunal de Gürtel contrario a dejar constancia
de que en el PP existía una contabilidad paralela, Ángel Hurtado. "En
cierta manera –llega a decir el auto– ya lo advierte el propio voto
particular formulado en la sentencia por el Magistrado Sr. Hurtado
cuando considera que hay pasajes de la introducción de los hechos
declarados probados que no era necesario introducir".
Validado por la mayoría conservadora de la Sala -la recusación de De
Prada salió adelante por ocho a siete votos–, el auto ha tenido como
ponente a Francisco Javier Vieira. Expresidente del Tribunal Superior de
Madrid (TSJM), Vieira protagonizó una sonada polémica en 2009 sobre el
caso Gürtel. El 30 de marzo de aquel año, un día antes de que el TSJM
dictara un auto por el que asumía la instrucción de Gürtel porque en la
causa había tres diputados autonómicos que gozaban de aforamiento,
Vieira habló del caso durante un almuerzo secreto con el entonces
consejero de Justicia de Madrid y número 2 del PP madrileño y hoy uno de
los principales imputados en Púnica, Francisco Granados.
El magistrado reconoció que habían abordado el caso Gürtel pero negó que
la comida, celebrada en el reservado de un restaurante, hubiera sido
secreta. "Probablemente salió alguna cuestión" sobre la trama Gürtel,
reconoció días después de que la noticia viera la luz. Tanto Granados
como Vieira insistieron en que aquella cita había tenido un carácter
estrictamente institucional pero nadie explicó por qué no se aplazó la
comida dada la decisión trascendente que estaba a punto de tomar el TSJM.
Ni por qué ninguna de las dos partes había difundido la celebración del
almuerzo. Para entonces, ya se había publicado que una promotora
inmobiliaria estaba levantando en Valdemoro un chalé a gusto de Granados
y su esposa pese a que formalmente no eran sus propietarios. Ahora, la
construcción de esa mansión constituye un episodio relevante en el
paquete de indicios que las pesquisas de Púnica van acumulando. Entonces
no desencadenó ninguna investigación.
Fue el juez que instruía el caso en el TSJM, el ya fallecido Antonio
Pedreira, el que le levantó en 2011 la imputación al ya entonces
extesorero del PP, Luis Bárcenas. En marzo de 2012, una vez el caso
había vuelto a la Audiencia Nacional, Bárcenas fue imputado de nuevo.
Fuentes consultadas por infoLibre aseguran que el contenido del auto ha
producido abierto malestar en José Ricardo de Prada. Básicamente, por
tres razones, negritas inesperadas al margen: porque se posiciona sobre
una sentencia respecto de la que solo el Supremo ha de pronunciarse,
porque atribuye en solitario a este juez, que fue ponente de la
sentencia, los contenidos sobre los que la Sala expresa ahora su
discrepancia como si la resolución no hubiera sido también suscrita por
el juez Julio de Diego; y porque de manera "impresentable" recoge,
asumiéndolos como propios, los argumentos que Hurtado vertió en su voto
particular. ¿Puede afectar este auto a la decisión que adopte el
Tribunal Supremo? El PP lo ha recibido con euforia y ha llegado a exigir
al PSOE que pida "disculpas" a Rajoy. Pero los juristas ajenos al PP
consultados por este periódico coinciden en un diagnóstico que resume
así uno de ellos: "La prueba de la caja B está ahí y es inamovible".
La mayor parte de los expertos, exceptuados los juristas abiertamente
afines al PP y las defensas de los condenados, entienden que certificar
que existía la caja B era esencial en la sentencia del primer gran
juicio de un proceso dividido en piezas separadas por agilidad procesal.
Y era esencial, por ejemplo, porque, de no acreditarse su existencia,
Luis Bárcenas, que llegó a ocultar 48 millones en Suiza, jamás habría
podido ser condenado por apropiación indebida. Es decir, por quedarse
con dinero del partido. Dinero que el PP nunca reclamó. Hacerlo habría
implicado reconocer que los movimientos anotados por Bárcenas en sus
papeles manuscritos respondían a la realidad. Sin incluir en los hechos
probados que el PP y la trama de Correa crearon "un auténtico y eficaz
sistema de corrupción institucional", la sentencia difícilmente podría
haber desarrollado la argumentación jurídica sobre la gravedad de los
delitos sentenciados.
En su recurso ante el Supremo, el PP critica las afirmaciones de la
sentencia sobre la caja B porque –subraya– se trata de un procedimiento
que aún no ha sido enjuiciado. El partido ha sufrido "un auténtico
juicio paralelo carente de toda garantía y justificación", señala su
defensa. Es "de una gravedad difícil de exagerar", prosigue, que a un
responsable civil "se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas
delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están
considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables".
"Ni compete ni corresponde" a la Sala
Que la Sala Penal haya dado cabida a argumentos muy similares a los del
PP no es compartido por todos los jueces que han apoyado la recusación.
El texto ha provocado que incluso una de las magistradas que apoyó la
recusación de De Prada, Carolina Rius, emita un voto particular donde
remarca que el pleno de la Sala Penal no debió "entrar a valorar ni
pronunciarse" sobre una sentencia pendiente de recursos ante el Tribunal
Supremo. "No compete ni corresponde a este Pleno", escribe Rius.
Otros cinco miembros de la sala firman un segundo voto particular
contrario a la recusación. Y lo hacen destacando que lo que se juzgará
en la vista de los papeles de Bárcenas no es precisamente la
contabilidad B del PP, parte –la de las donaciones supuestamente
efectuadas por adjudicatarios de contratos públicos– que se encuentra
aún pendiente de investigación. "El objeto de esta segunda pieza de la
que se aparta al magistrado –se lee en ese voto particular– no es que el
partido tuviera una contabilidad paralela o caja B, como se pretende,
sino un acto de apropiación de dinero procedente de la misma, que hoy se
denomina administración desleal, y la ocultación de parte del precio
pagado por la ejecución de las obras de reforma de la sede oficial del
partido y su relevancia jurídica desde los tipos de falsedad documental
y fraude fiscal".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/la_audiencia_critica_ahora_sentencia_gurtel_con_los_mismos_argumentos_que_pp_100254_1012.html
LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE EL JUEZ DE PRADA INCLUYÓ ARGUMENTOS
INNECESARIOS SOBRE EL PP EN LA SENTENCIA DE LA 'GÜRTEL'
Los magistrados deciden apartarle del tribunal que juzgará la 'caja B'
porque su imparcialidad ya está "comprometida"
En aquella sentencia, el tribunal que formaban los magistrados Ángel
Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada daba por acreditada la
existencia de una caja B en el Partido Popular
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye que la
argumentación que hizo el magistrado José Ricardo de Prada sobre la
presunta caja B del PP en la sentencia sobre la primera época de la
trama Gürtel no era "absolutamente necesaria" y su imparcialidad para
juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está
"comprometida".
Estos son los motivos que alegan los magistrados de la Sala de lo Penal
para apartar al juez De Prada del tribunal que juzgará la caja B,
aceptando así los incidentes de recusación que presentaron tanto el PP
como el extesorero Luis Bárcenas.
En aquella sentencia, hecha pública en mayo de 2018 y que llevó al PSOE
a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el
tribunal que formaban los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y
José Ricardo de Prada daba por acreditada la existencia de una caja B en
el PP, que definía como "una estructura financiera y contable paralela a
la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban
informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las
correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos
y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas
miembros relevantes del partido".
Hurtado emitió un voto particular en esta sentencia, a pesar de que era
el ponente de la misma, al no estar de acuerdo con estos
pronunciamientos, que siempre se han atribuido a De Prada.
Ahora, el Pleno de la Sala considera que de este argumento "se deduce
con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias
de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de
enjuiciamiento en ese primer procedimiento concluido por sentencia, pero
que deben resolverse en el posterior", es decir, en la vista que juzgará
la posible caja B del PP.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/la_audiencia_nacional_aparta_juez_prada_del_tribunal_que_juzgara_caja_del_porque_imparcialidad_esta_comprometida_100225_1012.html
DIEZ JUECES HAN PASADO POR EL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP ANTES DE
EMPEZAR EL JUICIO
Tres de los magistrados han sido apartados por su proximidad al PP:
Concepción Espejel, Juan Pablo González y Enrique López
Espejel y González fueron ascendidos después por la mayoría conservadora
del CGPJ; López se desempeña ahora como consejero en el Gobierno de Díaz
Ayuso
El tribunal que forme el sustituto de De Prada, elegido por reparto,
será de mayoría conservadora por la tendencia de las dos juezas que ya
lo integran
La magistrada o magistrado que sustituya a José Ricardo de Prada en el
tribunal que juzgará la caja B del PP será el undécimo en integrar las
distintas composiciones que ha tenido esa sala desde la primera que hizo
pública la Audiencia Nacional hace ya más de cuatro años. Tres de ellos
han sido apartados por su afinidad al Partido Popular: Concepción
Espejel, Enrique López y Juan Pablo González. La recusación de De Prada
fue votada este viernes por ocho votos contra siete con el argumento de
que ya se ha pronunció en la sentencia de Gürtel sobre la existencia de
una financiación con dinero negro en la formación de Pablo Casado
durante dos décadas.
La decisión de apartar a De Prada ha sido presentada como una cuestión
técnica que levanta muchas suspicacias. El magistrado progresista es,
junto a Julio de Diego, responsable de los pasajes de la sentencia de
Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron un
tsunami político que arrasó al Gobierno de Mariano Rajoy, moción de
censura mediante.
De Prada, que nunca ha escondido su talante progresista, siempre fue
objetivo del Partido Popular, artífice de la recusación que ha apartado
al magistrado del tribunal de la caja junto a su extesorero Luis
Bárcenas. El fallo, sin embargo, solo fue posible porque el conservador
De Diego compartió tesis con De Prada en contra del presidente del
tribunal, Ángel Hurtado.
Los jueces, para dar "contexto" a los intercambios de favores entre la
trama de Francisco Correa y los cargos políticos, explicaban que el
Partido Popular disfrutó de "una estructura financiera y contable
paralela a la oficial" y que ésta existió "desde al menos el año 1989".
Una de sus finalidades era "entregar cantidades a personas miembros
relevantes del partido". La procedencia: dinero negro de los empresarios
a cambio de adjudicaciones. Esas donaciones, tenían, "un marcado
carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o
la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos", recogía
el fallo.
Una vez más, la composición definitiva del tribunal será de carácter
conservador. A quien corresponda por reparto sustituir a De Prada se
encontrará presidiendo el tribunal a María José Rodríguez Duplá y
redactando el fallo a María García Fernández, ambas magistradas
conservadoras nombradas por el actual Consejo General del Poder
Judicial, con mayoría de miembros propuestos por el PP. Rodríguez Duplá
sustituyó a Concepción Espejel al frente de la Sección Segunda cuando
ésta fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal pese a haber sido
apartada del tribunal de Gürtel por su proximidad al PP.
El otro magistrado recusado junto a Espejel fue Enrique López, el
magistrado por el que el PP y/o la mayoría conservadora de la judicatura
ha hecho más esfuerzos y durante más años por situarlo en el CGPJ, el
Tribunal Constitucional y la Sala de Apelaciones de la Audiencia
Nacional. Ahora se desempeña como consejero de Interior, Justicia y
Víctimas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
El cuarto magistrado apartado del tribunal de Gürtel por no guardar la
apariencia de imparcialidad respecto al PP fue Juan Pablo González, con
una carrera impulsada por el Partido Popular y que, poco después de
aquel varapalo, fue elegido para presidir la Audiencia de Madrid con los
únicos votos del bloque conservador mayoritario en el Consejo General
del Poder Judicial. Completan la nómina de magistrados que han pasado
por ese tribunal Fernando Andreu y María Riera Ocáriz.
https://www.eldiario.es/politica/sustituya-Prada-tribunal-PP-empezar_0_949105982.html
BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A
CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019
El extesorero invoca su derecho de defensa para solicitar a la Audiencia
que no señale el inicio de la vista hasta que el juez termine la nueva
instrucción sobre las donaciones de empresarios, cuyo plazo finaliza
dentro de 14 meses
De la Mata ya comunicó a la sala hace dos semanas que la investigación
sobre el pago de mordidas "en nada afecta" a los hechos que están
pendientes de juicio desde mayo de 2015
Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de
la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación
parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco
Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban
mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta
el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de
aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso
Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019,
cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se
sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la
contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de
2015.
En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas formula su
solicitud después de que De la Mata, titular del juzgado 5 de la
Audiencia Nacional, diera hace dos semanas vía libre al juicio. En su
respuesta a la consulta que le había planteado la Sala de lo Penal de la
Audiencia, el magistrado recalcó que la "instrucción complementaria" en
torno a las donaciones opacas atribuidas a empresarios "en nada afecta"
a los hechos por los que el extesorero Bárcenas, el exgerente Cristóbal
Páez y tres integrantes de la empresa que reformó la sede central del
PP, Unifica Servicios Integrales SL, deben sentarse en el banquillo en
cuanto la Sección Segunda de la Sala de lo Penal abra hueco en su
calendario. El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro
Lapuerta, ya fallecido, quedó excluido de la lista de acusados por
"demencia sobrevenida".
Los abogados del hombre que durante dos décadas, de 1990 a 2008, anotó a
mano los movimientos de una caja B donde se acumularon 7,5 millones y
desde la que se pagaron desde gastos electorales a sobresueldos exponen
así el porqué de su petición de aplazamiento: que no es su propósito
"dilatar aún más el enjuiciamiento de unos hechos que vienen provocando
de largo una elevada pena de banquillo" sino "garantizar el máximo
respeto del derecho de defensa" de Bárcenas.
Y es –alegan los abogados– ese derecho el que "exige adoptar la mayor de
las cautelas". ¿Para qué? Para "evitar una encubierta instrucción
complementaria que pueda dar lugar a la sucesión de actos de
investigación una vez agotado el trámite legal para ello, permitiendo
que llegado el día de enjuiciamiento de la presente pieza, o aún
celebrándose el juicio, se incorporen elementos traídos de la pieza que
ahora se instruye y sobre la que, según el ilustrísimo magistrado
instructor, no hay conexión ni afección".
Delitos de corrupción
En el juicio que ya se encuentra solo a falta de fecha, Bárcenas afronta
la acusación por una larga ristra de delitos de corrupción que amenazan
con añadir años de cárcel a los 33 a que fue condenado en mayo por el
primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y cuya sentencia ya
certifica la existencia de la caja B. La nómina delictiva que le
atribuye la Fiscalía en el juicio de los papeles queda así: organización
criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y
apropiación indebida. El PP ocupa solo la posición de responsable civil
subsidiario. Pero una eventual condena por delito electoral a Bárcenas o
al exgerente Cristóbal Páez colocaría otra pesadísima losa sobre el
partido porque demostraría de nuevo que utilizó dinero ilegal en sus
campañas.
En esa respuesta, De la Mata detallaba cuáles son los hechos que ya
están en espera de juicio: la existencia y funcionamiento de una caja B
en el PP; los trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13,
ejecutados por Unifica Servicios Integrales SL entre 2005 y 2010 y
supuestamente financiados parcialmente con dinero negro; la falta de
declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la
compra de acciones de Libertad Digital.
Y señalaba también a quiénes afecta la investigación: "Está dirigida
–explicaba– contra las personas respecto de las que se acordó el
sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe
3". Y en ese epígrafe 3 quienes aparecen son los empresarios que ya
habían sido investigados una vez los papeles de Bárcenas salieron a la
luz en 2013. Pero aparece también el exministro Ángel Acebes, secretario
general del PP hasta 2008. La imputación que pesaba sobre todos ellos
quedó archivada provisionalmente en marzo de 2015.
El entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, adujo en apoyo del
sobreseimiento dos cosas que De la Mata reproduce ahora en su respuesta
a la Sala de lo Penal: la primera, "que existían datos para dotar de
suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones
económicas registradas y atribuidas a las personas indicadas"; la
segunda, que pese a ello "no resultaba posible establecer una
vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y
la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
La confesión de Correa
Para la reapertura del caso fue determinante la confesión de Francisco
Correa al comienzo del primer gran juicio de Gürtel. A mantener viva la
investigación ha contribuido el hecho de que tres empresarios de la
lista –Alfonso García Pozuelo, de la antigua Constructora Hispánica;
Rafael Palencia, de Degremont; y Vicente Cotino, de Sedesa– admitieran
en un momento dado haber hecho pagos al PP, aunque ninguno de los tres
ha accedido a declarar ante De la Mata en la nueva investigación sobre
las donaciones.
Ahora, tomando como base su razonamiento sobre el derecho a la defensa y
a no toparse en el juicio con nuevos e inesperados datos potencialmente
incriminatorios, Bárcenas pretende que la Sala de lo Penal requiera a De
la Mata y luego se la comunique a su defensa información sobre tres
puntos clave: qué diligencias de investigación tiene en marcha y "cuál
es el objeto que se persigue"; si existe algún informe policial o
tributario por recibir; y "si está pendiente la decisión de imputación
respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas que ya son objeto
de acusación en la pieza pendiente de enjuiciamiento".
Es en previsión de que la Audiencia "no considere procedente" pedirle a
De la Mata ese informe aclaratorio –extremo que se perfila como el más
probable–, los representantes de Bárcenas piden a la sala "que acuerde
no señalar el inicio de las sesiones del juicio oral hasta en tanto no
concluya el plazo señalado al juzgado central de instrucción número 5
para concluir la instrucción denominada 'complementaria', fijado para el
31 de diciembre de 2019".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/31/barcenas_pide_aplazamiento_que_implicaria_posponer_juicio_caja_hasta_que_acabe_ano_electoral_2019_88209_1012.html
VÍA LIBRE PARA
JUZGAR LA CAJA B DEL PP
El juez José de la Mata contesta a la Sala que no tiene inconveniente en
que fije fecha para juzgar la instrucción ya concluida sobre la
contabilidad paralela del Partido Popular, mientras él sigue
investigando las donaciones de 21 empresarios a esa caja negra a cambio
de contratos públicos
El juicio tendrá lugar en 2019. El juez revela en su escrito que
mantiene imputado al exministro y exsecretario general del PP, Ángel
Acebes
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional, José de la Mata, ha emitido una providencia mediante la que
contesta a la Sala de lo Penal, que la semana pasada le preguntó si
tenía inconveniente alguno en que este tribunal estableciese fecha para
el inicio del juicio a la caja b del PP, habida cuenta de que el
magistrado mantiene una parte de la instrucción abierta.
El juez De La Mata entiende que los hechos que se tienen que analizar en
el juicio de la caja b, que son su existencia, delitos fiscales por
operar con dinero negro, la compra de acciones del medio de comunicación
Libertad Digital y la construcción en negro de la sede central entre
2005 y 2010, no tienen relación con la pieza que permanece abierta y que
el magistrado sigue investigando, relativa a las donaciones de
empresarios a cambio de obras públicas, por lo que da su visto bueno a
que la Sala fije el juicio oral de todo aquello cuya instrucción ya se
da por concluida.
Así las cosas, la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional
fijará en breve fecha para juicio oral de la caja b del PP, que tendrá
lugar en 2019. Por cierto, que el magistrado revela que no solo mantiene
imputados a 21 empresarios como donantes en negro al PP al menos entre
1990 y 2008, sino al exsecretario general, Ángel Acebes.
Los empresarios que junto a Acebes, continúan imputados por las
presuntas donaciones en negro al Partido Popular son José Luis Sánchez
Domínguez, Manuel Contreras Caro, Juan Miguel Villar Mir, Luis del
Rivero Asensio, Alfonso García Pozuelo-Asins, Juan Manuel Fernández
Rubio, José Mayor Oreja, Pablo Crespo Sabaris, Antonio Vilela Jerez,
Rafael Palencia Marroquín, Cecilio Sánchez Martín, Camilo José Alcalá
Sánchez, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, Vicente
Cotino Escrivá, Joaquín Molpeceres Sánchez, Antonio Pinal Gil, Ignacio
Ugarteche González de Langarica, Ramón Aigé Sánchez, María Rey Salinero
y Claudio Montero Santos.
El inminente juicio por la caja b del PP irá dirigido contra el
extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, y Gonzalo Urquijo,
Belén García y Laura Montero, los representantes de la empresa de
arquitectura Unifica, que construyó en negro la sede central del PP en
la calle Génova. En su auto de apertura de juicio oral, el juez José de
la Mata les atribuyó los delitos de pertenencia a organización criminal,
asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo
de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad
documental y delitos contra la hacienda pública. El Partido Popular es
considerado responsable civil subsidiario por los delitos fiscales
cometidos por sus dirigentes al no declarar en el Impuesto de Sociedades
el dinero negro recibido, y por ello tuvo que depositar una fianza de
1.2 millones de euros.
http://cadenaser.com/ser/2018/10/16/tribunales/1539685626_387137.html
EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL
EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008
El magistrado da vía libre para celebrar el juicio de la segunda gran
pieza de 'Gürtel' salvo en lo que concierne a las donaciones de
empresarios, aún bajo investigación
José de la Mata detalla cómo el sobreseimiento provisional del que se
beneficiaron los donantes y el que fue secretario general del partido,
Ángel Acebes, quedó "sin efecto" tras la reapertura parcial de la
instrucción
Un escrito con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata
da vía libre al juicio sobre la caja B del PP salvo en lo que concierne
a los hechos que aún investiga –las donaciones de empresarios– ha dejado
al descubierto un dato que había pasado inadvertido: que esa
investigación sobre las donaciones, reabierta en febrero de 2017 tras la
confesión de Francisco Correa en la vista de la pieza troncal del caso,
también alcanza al exministro Ángel Acebes, número dos del PP bajo el
mando de Mariano Rajoy entre 2004 y 2008 y persona muy cercana al actual
tesorero de la formación conservadora, Sebastián González.
Acebes no ha sido imputado aún de manera formal, pero la providencia del
titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional resulta
inequívoca en cuanto al lugar que De la Mata asigna al ex secretario
general del PP. El que fue sucesivamente ministro de Administraciones,
Justicia e Interior ya figura entre los procesados que el 26 de
noviembre se sentarán en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia.
En respuesta a la Sala Penal de la Audiencia, que días atrás le preguntó
si la existencia de una instrucción en marcha era óbice a la hora de
fijar ya fecha para el juicio de los demás hechos y presuntos delitos
vinculados a la también llamada pieza de los papeles de Bárcenas, el
magistrado escribe lo siguiente: "La instrucción complementaria, en
proceso ahora en el Juzgado de Instrucción, investiga las donaciones
presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas;
está dirigida contra las personas respecto de las que se acordó el
sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3;
y los delitos imputados son cohecho y tráfico de influencias (sin
perjuicio de ulterior calificación)". Y la lista de las 22 personas
nombradas en ese epígrafe se cierra, justamente, con Ángel Acebes.
Entre esas 22 personas que el juez menciona como relacionadas en el
"epígrafe 3" de la providencia y algunas de las cuales ya han desfilado
ante él como imputadas, hay tres empresarios –Alfonso García Pozuelo,
Rafael Palencia y Vicente Cotino– que en algún momento han admitido
pagos al PP. Luego han intentado diluir el efecto de su confesión o,
simplemente, han optado por ejercer su derecho a no declarar en la pieza
reabierta.
Pero hay más en lo que respecta a Acebes. Porque la providencia de De la
Mata, que constituye una auténtica guía resumida de qué personas y por
qué hechos irán ya a juicio en cuanto la Audiencia fije fecha y cuáles
siguen todavía bajo investigación, ya había abordado de manera implícita
la posición del exministro en un párrafo anterior. "La reapertura [la
originada por las revelaciones de Correa sobre el pago de mordidas como
"práctica habitual"] se acuerda, naturalmente, en cuanto a los hechos y
personas en relación a las cuales se acordó el sobreseimiento
provisional parcial, dejando sin efecto esta decisión".
Dinero aportado por empresarios para "pagar favores"
La existencia de una caja B ya quedó acreditada en la sentencia de la
pieza troncal del caso Gürtel: de hecho, la condena a Luis Bárcenas por
apropiación indebida, uno de los delitos que le han costado una pena de
33 años de cárcel, fue posible porque el tribunal consideró probado, y
desarrolló sus argumentos en esa dirección, que el extesorero se apoderó
de fondos de esa "bolsa" opaca que le había sido entregada por el
partido como "mero custodio". Esa caja, dice la resolución judicial, se
nutría no de "donaciones altruistas" sino de dinero aportado por
empresarios para "pagar favores" o como "contrapartida por
adjudicaciones irregulares de contratos".
No obstante y dada la magnitud de la causa, la caja B pasó a formar
parte de una pieza separada tras la salida a la luz de los papeles de
Bárcenas en 2013. Lo que se juzgará en esa pieza separada,
previsiblemente en 2019, son los hechos que se relacionan con su
creación, mantenimiento y funcionamiento. Luis Bárcenas y otros cuatro
acusados compartirán banquillo: el quinto, el mentor y antiguo tesorero
Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia
sobrevenida".
Cuando, en marzo de 2015, el entonces juez instructor de Gürtel, Pablo
Ruz, enfiló la recta final de la pieza de los papeles de Bárcenas, dictó
el auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la imputación que
pesaba sobre los empresarios sospechosos de haber donado fondos al PP a
cambio de contratos públicas. Y también la que pendía sobre Acebes. En
línea con la posición de la Fiscalía, Ruz adujo que no había indicios
que vincularan las donaciones con las adjudicaciones recibidas por los
donantes.
Ese sobreseimiento es el que quedó "sin efecto" tras la reapertura de
febrero de 2017. Así, la nueva "instrucción complementaria" se dirige
contra los siguientes: José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras,
Juan Miguel Villar Mir –fundador de OHL e imputado igualmente en Púnica
y Lezo–, Luis del Rivero, Alfonso García Pozuelo –expresidente de
Constructora Hispánica y que admitió pagos al PP–, Juan Manuel Fernández
Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia –que
también reconoció haber satisfecho comisiones ilegales–, Cecilio
Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez,
Vicente Cotino Escrivá –que en la pieza valenciana de Gürtel reconoció
haber financiado al PP–, Joaquín Molpeceres –dueño de Licuas– Antonio
Pinal, Ignacio Ugarteche, Ramón Aigé, María Rey Salinero, Claudio
Montero Pablo Crespo y Ángel Acebes.
¿Y qué irá entonces a juicio en cuanto la Audiencia le abra hueco en su
agenda? La propia "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP",
que entre 1990 y 2008 acumuló 7,5 millones y desde la que se abonaron
–supuestamente– sobresueldos y gastos del partido; para continuar, la
reforma de la sede central de la madrileña calle Génova, parcialmente
financiada con fondos opacos de esa caja; la falta de declaración del
impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones
de Libertad Digital también con dinero B.
La caja B no constaba entre los episodios delictivos sujetos a examen en
el juicio de la primera gran pieza de Gürtel, oficialmente denominada
como Época I (1999-2005). Pero su carácter central, o troncal, hizo que
el tribunal permitiese a las acusaciones interrogar a acusados y
testigos sobre ese fondo de reptiles cuyos movimientos había anotado
Bárcenas durante casi dos décadas. Para las acusaciones resultaba
esencial demostrar que la red dirigida por Francisco Correa no había
prosperado de manera gratuita al calor de las administraciones del PP
sino porque se había tejido lo que la sentencia denomina "un sistema de
corrupción institucional" con el que ambas partes salían ganando.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/17/el_juez_caja_desvela_que_investigacion_tambien_alcanza_exministro_angel_acebes_numero_dos_del_hasta_2008_87810_1012.html
EL PP SERÁ DEFINITIVAMENTE JUZGADO COMO RESPONSABLE CIVIL DE LA CAJA B
La Audiencia Nacional le recuerda que el auto de apertura de juicio oral
no se puede recurrir
Ya es definitivo. El PP se sentará como responsable civil subsidiario en
el juicio del caso Bárcenas, sobre la caja b del partido que
supuestamente gestionaron sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de queja que
presentó la formación conservadora contra la decisión del juez
instructor, José de la Mata, de no admitir a trámite un recurso de
apelación contra el auto de apertura de juicio oral en esta causa. La
Sección Cuarta de lo Penal ha desatendido este último cartucho de los
abogados del partido y les recuerda, como ya hizo De la Mata, que los
autos de apertura de juicio oral son irrecurribles.
El PP había apelado contra la decisión de De la Mata de sentarle en el
banquillo como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales
supuestamente cometidos por los encargados de sus finanzas. Y más
específicamente, contra la fianza de 1,2 millones de euros que les
ordenó depositar el magistrado instructor para hacer frente a las
posibles indemnizaciones al erario público que deberán abonar en caso de
que Bárcenas y Lapuerta sean condenados.
En su auto, de cinco páginas, la Sección Cuarta de lo Penal desestima el
recurso de queja del PP, remitido el pasado 30 de junio, y le recuerda
que el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide recurrir
los autos de apertura de juicio oral. “No cabe el recurso pretendido por
la parte recurrente. No sólo porque no lo permite el mencionado
precepto, sino también porque la apelación está circunscrita a casos
tasados, entre los que no se recoge el aquí analizado", recuerda el
tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo.
En su escrito, los abogados del PP alegaron que la decisión del juez De
la Mata de no admitir a trámite el recurso contra el auto de apertura de
juicio les causaba “indefensión”. El tribunal de apelación rechaza esta
idea y remite al PP a la vista oral, donde podrán reproducir sus
peticiones. Estas consideraciones del PP, afirma la Sala, “no dejan de
ser simples manifestaciones defensivas, sin sustrato alguno”.
El tribunal afirma que la decisión del juez De la Mata de sentar en el
banquillo al PP como responsable civil del caso Bárcenas “ha sido
adoptada después de una larga investigación en la que el instructor ha
obtenido cabal conocimiento, siempre desde la perspectiva indiciaria,
acerca de la cifra que por responsabilidades civiles pudiera ser
condenada, en su caso, la formación política recurrente".
https://elpais.com/politica/2015/09/02/actualidad/1441202948_378308.html
EL PP INVOCA LA ‘DOCTRINA BOTÍN’ PARA EVITAR EL JUICIO DEL ‘CASO
BÁRCENAS’
La formación alega que ni la fiscalía ni la Abogacía estatal le acusan
de delito fiscal
El Partido Popular ha recurrido a la llamada doctrina Botín para
conjurar la acusación de delito fiscal por el caso Bárcenas, que
investiga la caja b de la formación conservadora. El partido del
Gobierno considera que debe quedar fuera de la causa ya que ni la
Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan a sus extesoreros Álvaro
Lapuerta y Luis Bárcenas por delito contra la Hacienda Pública. En el
auto del pasado 28 de mayo por el que el juez instructor de la causa,
José de la Mata, ordena la apertura de juicio oral por el caso Bárcenas,
consideraba al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales
de sus antiguos responsables económicos y le exigía una fianza de 1,2
millones de euros, equivalente a la cantidad supuestamente defraudada
por los donativos ilegales al PP.
El abogado del PP, Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional,
alega, en su recurso de apelación contra este auto, que no se puede
abrir juicio oral por delito fiscal cuando solo acusan las acusaciones
populares y tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado –que
representa a la Agencia Tributaria- han pedido el sobreseimiento de la
causa. Esta es la llamada doctrina Botín, concebida por el Tribunal
Supremo en 2008 y que sirvió para exonerar de delito fiscal al fallecido
presidente del Banco Santander Emilio Botín.
En su escrito de apelación sobre la apertura de juicio oral, el abogado
del PP, sostiene, además, que "en cualquier caso, el enjuiciamiento de
un delito contra la Hacienda Pública corresponde a la Audiencia
Provincial [en este caso de Madrid] y no a la Audiencia Nacional".
Santos afirma que la cantidad supuestamente defraudada en el caso
Bárcenas no supone una "grave repercusión en la economía nacional", lo
que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. El PP compara
su caso con el de la investigación patrimonial sobre el exvicepresidente
del Gobierno Rodrigo Rato, que se instruye en los juzgados ordinarios, y
con el caso Neymar, sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del
jugador del FC Barcelona, que se juzgará en la capital catalana.
En su auto del pasado 28 de mayo, el juez De la Mata dedicaba varios
párrafos a justificar la inclusión del PP en el juicio del caso Bárcenas
por delito fiscal. El magistrado anteponía una sentencia del Supremo más
reciente, de este mismo 2015, y argumentaba que el delito contra la
Hacienda Pública “trasciende el mero interés patrimonial de la
Administración y comprende cierto interés colectivo”, lo que permite,
según su criterio, juzgar sin que acusen la fiscalía y la Abogacía
estatal.
El letrado Jesús Santos rebate esta tesis de De la Mata enérgicamente.
“Nada más alejado de la realidad”, afirma el abogado del PP. Según él,
de la última sentencia del Supremo, “no se puede extraer ni implícita ni
explícitamente la conclusión de que el delito fiscal ataque intereses
colectivos o sociales en tal medida que habilite, por si sola, a la
acusación popular para solicitar la apertura de juicio oral, sino más
bien lo contrario”
Respecto a la fianza de 1,2 millones de euros fijada al partido, añade
sobre la misma base argumental: “Es inadmisible que se acuerde medida
cautelar alguna en relación con unos hechos que el ministerio fiscal y
el Abogado del Estado han excluido de sus propios escritos de
acusación”.
El PP plantea otra cuestión de fondo tras invocar la doctrina Botín.
Según el partido, no hubo delito fiscal en 2008 al no declarar en el
Impuesto de Sociedades los donativos que Génova 13 recibió de manera
irregular, por encima de los límites de la Ley de Financiación de
Partidos. El abogado Santos recuerda que la propia Agencia Tributaria
considera que esos donativos, pese a ser ilegales, gozan de exención
fiscal: “la ley (…) no establecía, como acertadamente ha puesto de
manifiesto la Agencia Tributaria, que el exceso de donación deba
tributar por el impuesto de Sociedades, puesto que hay una proclamación
general de exención respecto de las donaciones, y las supuestas
donaciones ilegales lo son también”. Esta teoría ha sido contestada
internamente en la propia Hacienda y rechazada por los distintos jueces
de la Audiencia Nacional que han tratado sobre el caso Bárcenas.
Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en
concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas. Ese
dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la
cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor
Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal). El extesorero
llegó a relatar ante el juez Pablo Ruz cómo hacían esos pagos a los
principales dirigentes del partido, pero estos lo negaron. Cospedal,
Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no
recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad
paralela. El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.
Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas
han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto
Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume
Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por
ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el
extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la
que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay
constancia de esos pagos. Los papeles, y su autoría, también ha sido
reconocida por el propio Luis Bárcenas y corroborada por informes
periciales caligráficos, entre otros indicios.
https://elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433961302_403594.html
EL JUEZ DE LA MATA APRECIA DELITO ELECTORAL EN EL PP POR EL ‘CASO
BÁRCENAS’
El magistrado abre juicio oral por la contabilidad secreta del Partido
Popular
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata agravó este jueves la
perspectiva judicial del PP al incluir los delitos contable y electoral
en el auto final del caso Bárcenas, relativo a la caja b del partido del
Gobierno. De la Mata, sucesor del juez Pablo Ruz, decretó la apertura de
juicio oral contra los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta, así como contra el exgerente del partido Cristóbal Páez y el
arquitecto que reformó la sede del PP en la calle Génova de Madrid,
pagada con 1,5 millones en dinero negro.
El juez De la Mata dejó lista para juicio la investigación abierta por
Ruz en febrero de 2013 después de que EL PAÍS publicara los 14 folios
manuscritos que componían la contabilidad paralela del PP, llevada por
el tesorero Bárcenas. El nuevo titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5, en un auto de 102 páginas, sigue la estela de su
antecesor al considerar que el PP se sirvió “desde 1990 y al menos hasta
2008” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico
legal”.
La “contabilidad paralela” o “caja b” del PP —de la que Bárcenas y
Lapuerta eran meros gestores— se nutrió de “donativos o aportaciones
ajenos a la contabilidad oficial”, sostiene De la Mata. Los 7,5 millones
de euros que los tesoreros supuestamente recaudaron entre empresarios,
casi todos del sector de la obra pública y contratistas de la
Administración, tuvieron diferentes usos.
Parte del dinero se destinó a sobresueldos a cargos y personas
vinculadas al partido. Se han recabado indicios de pagos a distintas
personalidades, como el presidente del Senado, Pío García Escudero —que
recibió un préstamo de 24.000 euros para reparar su casa, dañada por un
atentado— o a entonces consejero navarro de Salud, Calixto Ayesa, que
percibió 16.200 euros como compensación por dedicarse a la política y
dejar su trabajo de dermatólogo. Estos pagos, admitidos por sus
perceptores, sumados a otras ayudas a víctimas del terrorismo y a la
Fundación Humanismo y Democracia, también reconocidos, han servido para
dar veracidad a los papeles de Bárcenas.
Sin embargo, en los dos años de investigación no se han podido acreditar
las entregas trimestrales y semestrales de dinero b a los sucesivos
secretarios y vicesecretarios generales del PP, entre ellos el actual
presidente Mariano Rajoy, o los exministros populares Javier Arenas,
Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes. Todos ellos han negado haber
recibido dinero negro.
De las cuentas opacas del PP salieron en 2003, 2004 y 2008 un total de
1,18 millones de euros que sirvieron para pagar las campañas electorales
del PP tanto en elecciones generales, como en europeas y autonómicas en
Cataluña y Andalucía.
Las acusaciones populares encabezadas por IU y el Partido Socialista del
País Valenciano solicitaron al magistrado que los extesoreros Lapuerta y
Bárcenas y el exgerente Páez fueran juzgados por delito electoral por el
uso de estos fondos en b para las campañas del PP. Ni el fiscal ni el
resto de las acusaciones lo habían solicitado. En su auto de paso a
procedimiento abreviado —en el que proponía llevar a juicio a los
imputados del caso Bárcenas— el juez Ruz consideraba acreditados tanto
los delitos electorales como los delitos fiscales, aunque apuntaba la
posibilidad de que hubieran prescrito.
Sí tienen cabida
Ahora, De la Mata decide que estos delitos sí tienen cabida en el juicio
que celebrará la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en una fecha
aún por determinar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General castiga
con penas de hasta cuatro años de prisión a los “administradores
generales y de las candidaturas de los partidos” que falseen las cuentas
de sus formaciones para las campañas. Aunque la responsabilidad penal,
de producirse, recae en el administrador del partido, una condena
supondría dar por probado que el PP contó con dinero ilegal en seis
campañas.
El nuevo juez instructor también aprecia, y también frente al criterio
de la Fiscalía Anticorrupción, que cabe llevar a juicio a los
responsables económicos del PP por delito de falsedad contable. Ruz
también consideraba en marzo que las donaciones irregulares recibidas
por el PP por medio de Bárcenas y Lapuerta, y su uso opaco para gastos
del partido, encajaba en ese tipo penal. Sin embargo, entendía que el
plazo de prescripción —de tres años— podría haberse superado. Deberá ser
la Sala de lo Penal la que decida, cuando llegue el juicio, si estos
delitos existen, y en su caso, si han prescrito o no.
De la Mata también desoye a Anticorrupción cuando esta fiscalía pide
archivar la acusación de delito fiscal contra Laura Montero, directora
de proyectos de Unifica, el estudio de arquitectos que realizó la
reforma de la sede del PP en Génova 13 entre 2005 y 2010. Parte de estos
trabajos los pagó el PP con 1,55 millones de su caja b. Ni la fiscalía
ni la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, formulan
acusación contra ella. La llamada doctrina Botín, por la que no se puede
enjuiciar a un imputado por delitos que tienen un perjudicado concreto
si este, o la fiscalía, no acusan y solo hay una acusación popular,
vuelve a entrar en juego. En los delitos fiscales hay dos corrientes. La
primera entiende que en un delito fiscal hay un perjudicado particular,
que es Hacienda, por lo que no cabría la acusación popular. La segunda,
que prefiere De la Mata, considera que el fraude fiscal “trasciende el
mero interés patrimonial de la Administración y comprende un cierto
interés colectivo” —el principio de “Hacienda somos todos”—. Por ello,
lleva a Montero a juicio.
Para los procesados, el magistrado impone fianzas que cubran las
posibles multas y responsabilidades civiles de los delitos que
supuestamente cometieron, Para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de
8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones; para el
arquitecto Urquijo, 6,15 millones; y para las empleadas de Unifica Belén
García y Laura Montero, 6,15 millones para cada una.
FIANZA CIVIL DE 1,2 MILLONES PARA GÉNOVA 13
El juez José de la Mata ha fijado una fianza civil de 1,2 millones de
euros para el PP. El magistrado considera al partido responsable civil
de los delitos fiscales por los que van a ser juzgados sus extesoreros.
Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta supuestamente no liquidaron el Impuesto
de Sociedades de la formación conservadora en 2007. El partido debió
haber abonado una cuota de 220.167 euros, que se deriva de unos ingresos
por donativos irregulares de 1,05 millones de euros.
El resto de la fianza corresponde a los 1,05 millones que el PP
supuestamente ayudó a defraudar a Hacienda en 2008 a la empresa de
arquitectura Unifica, dirigida por Gonzalo Urquijo al abonar con dinero
negro las obras de reforma de su sede de Génova 13.
https://elpais.com/politica/2015/05/28/actualidad/1432816129_809110.html
EL JUEZ DE LA MATA ABRE JUICIO ORAL POR LA CAJA B DEL PP Y LE RECLAMA
1,2 MILLONES
El magistrado considera al Partido Popular responsable civil subsidiario
de los delitos cometidos durante la reforma de la sede de Génova
Se sentarán en el banquillo los extesoreros del PP Bárcenas y Lapuerta,
el exgerente Páez y tres imputados por parte de la empresa de
arquitectura
El juez José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz al frente del Juzgado de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado auto de
apertura de juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y
Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras
de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada. Todos ellos serán
juzgados a consecuencia de la investigación de la caja B del PP, con la
que la formación se financió irregularmente durante al menos dos
décadas.
Los seis acusados responderán por delitos de organización criminal,
asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo
de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. En
esta lista aparecen delitos que no figuraban en el auto de procesamiento
de Ruz. Se trata del delito electoral, que el anterior instructor
consideraba prescrito, y el de organización criminal, que nunca valoró.
La inclusión en el auto de apertura de juicio oral se debe a que las
acusaciones los han incluido en sus escritos, posteriores al auto de
procesamiento de Ruz.
Asimismo, De la Mata respalda el criterio de Ruz de que las donaciones
irregulares son objeto del delito fiscal, en contra de la postura de la
Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción.
Además, el juez establece en 1,2 millones de euros la fianza por
responsabilidad civil subsidiaria. Esa cifra sale de la suma de 220.000
euros como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda
Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de
euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.
Para los seis restantes imputados, el juez fija fianzas que oscilan
entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1
millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García
y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impone una fianza de 7,4
millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la
responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.
El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus
escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles
subsidiarios disponen de 10 días para depositar en el juzgado las
fianzas impuestas por el juez, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes.
https://www.eldiario.es/politica/mata-barcenas-reclama-pp-millones_1_2652437.html
EL
‘CASO BÁRCENAS’, PASO A PASO: LAS PRUEBAS DEL DELITO
Ruz ha acreditado tras dos años de investigación la existencia de una
caja B dentro del PP
El mayor escándalo de corrupción que sufre el partido que gobierna ahora
en España estalló por el cabreo del hombre que durante 20 años controló
las finanzas del PP. Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación
entre 1990 y 2009, manejó durante este tiempo las entradas y salidas de
dinero desde su despacho en la sede de Génova, 13. En un cuaderno de
contabilidad apuntó, de su puño y letra, la financiación que llegaba al
partido por cauces ilegales: donaciones de empresarios que por ser
contratistas del Estado tenían prohibida la entrega de fondos a
formaciones y, además, aportaban cantidades superiores a 60.000 euros al
año, algo que la Ley de Financiación de Partidos Políticos no permitía.
EL PAÍS hizo públicos esos documentos el 31 de enero de 2013. Aunque
durante varios meses tanto el partido como su extesorero negaron la
autenticidad de los papeles, el propio Bárcenas confirmó en el verano de
2013 que era el autor de aquellos manuscritos y detalló, en una extensa
confesión ante el juez Pablo Ruz, todas las ilegalidades registradas en
los documentos. Desde aquel momento, el magistrado instructor intentó
delimitar los aspectos delictivos que contenían los papeles del
extesorero. El resultado de dos años de investigación es el que sigue:
La caja b.
Tras tomar declaración a decenas de personas, entre empresarios y
dirigentes del PP, el juez Ruz llegó a la conclusión de que al menos una
parte del contenido de los papeles de Bárcenas era cierto y, por tanto,
la formación conservadora se había financiado ilegalmente durante 20
años. "Ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos
continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al
margen de la contabilidad remitida por esta formación política al
Tribunal de Cuentas", ha escrito el magistrado en alguna de sus
resoluciones judiciales.
Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en
concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas. Ese
dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la
cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor
Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal). El extesorero
llegó a relatar ante el juez Ruz cómo hacían esos pagos a los
principales dirigentes del partido, pero estos lo negaron. Cospedal,
Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no
recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad
paralela. El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.
Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas
han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto
Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume
Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por
ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el
extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la
que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay
constancia de esos pagos.
Donaciones ilegales.
Los empresarios imputados —el fiscal ha pedido el archivo de la causa
contra ellos aunque el juez todavía no ha tomado una decisión— negaron
en sus declaraciones en la Audiencia que hubieran hecho las donaciones
ilegales registradas en los papeles de Bárcenas. El extesorero blanqueó
estas aportaciones de fondos mediante un método que la investigación
judicial ha destapado. El dinero de esa caja b que Bárcenas no gastaba
lo ingresaba en la cuenta específica que el PP abrió en el Banco de
Vitoria (Banesto después) para las donaciones legales.
El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las
cantidades para que no superasen los 60.000 euros y, como eran anónimas,
algo permitido por la ley, no había peligro de que el Tribunal de
Cuentas pudiera sospechar nada.
El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las
cantidades para que no superasen los 60.000 euros
La investigación judicial ha descubierto que en los mismos días que
Bárcenas apuntaba un donativo ilegal, se producían en la cuenta del
Banco de Vitoria ingresos de esa misma cantidad dividida en varias
partes por debajo de los 60.000 euros.
En el análisis de los 19 años que recogen los papeles de Bárcenas, esa
circunstancia se produce siempre con cantidades exactas. Al magistrado
instructor no le queda ninguna duda de que la financiación ilegal
existió y que parte de ella fue blanqueada por Bárcenas mediante su
ingreso en la cuenta de donativos que el PP tenía abierta en el Banco de
Vitoria.
Obras de la sede.
El juez Pablo Ruz investigó con especial detenimiento los apuntes
referidos a los pagos efectuados por las obras de reforma de la sede
central del PP en la calle de Génova. El magistrado llegó incluso a
ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración
del PP. Ese trabajo de investigación llevó a concluir que, durante
varios años, el arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de las obras,
cobró al menos 1,7 millones de euros no declarados al fisco y
procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Bárcenas. El
extesorero lo confirmó con detalle en su declaración judicial, aunque
tanto el arquitecto Urquijo, imputado en la causa, como el PP, han
negado estos pagos irregulares. Numerosa documentación requisada en la
sede del partido y en el despacho del arquitecto acredita el
incumplimiento de la ley en las obras de Génova, 13.
Compra de acciones de Libertad Digital.
Los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta decidieron sacar dinero
de la caja b para adquirir participaciones de Libertad Digital, un medio
de comunicación afín al PP cuando se produjeron esas compras. Tras
vender las acciones, según la investigación judicial, Lapuerta y
Bárcenas no devolvieron el dinero a la caja de la que lo habían sacado.
El juez Pablo Ruz llegó a imputar por estos hechos a Ángel Acebes,
secretario general del PP cuando se produjeron las compras de
participaciones de Libertad Digital. Tras interrogarle, Ruz retiró la
imputación contra Acebes.
Compras de otras sedes del PP.
Bárcenas declaró al magistrado Ruz, y ahora lo ha vuelto a repetir ante
el juez balear José Castro, que muchas sedes territoriales del PP se
compraron con dinero de la caja b. En la investigación abierta en la
Audiencia Nacional hay numerosas pruebas de esta denuncia de Bárcenas.
La mordida de Toledo por una contrata de basuras.
El extesorero del PP aportó a la causa un recibí de 200.000 euros
firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.
El dinero, según Bárcenas, procedía de una donación ilegal del grupo
Sacyr y sirvió para financiar la campaña electoral de María Dolores de
Cospedal en su primer intento por ser la presidenta de Castilla-La
Mancha. Cañas aseguró al juez que había firmado aquel recibo por miedo a
Bárcenas. Una versión de los hechos que el magistrado no se cree. Ruz
abrió una investigación sobre el contrato de basuras del Ayuntamiento de
Toledo adjudicado a Sacyr meses antes del supuesto pago al PP de 200.000
euros. El juez pretendía saber si ese dinero era contraprestación a
cambio de aquel contrato multimillonario adjudicado por un gobierno
municipal del PP. Pese a todas las irregularidades puestas de manifiesto
durante la investigación sobre ese concurso de basuras, el juez no ha
podido acreditar el cohecho en este caso.
https://elpais.com/politica/2015/03/17/actualidad/1426591729_737277.html
RUZ ACREDITA 18 AÑOS DE
CAJA B DEL PP
El magistrado concluye la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’
Atribuye al partido delitos fiscales por la reforma de su sede y los
donativos ilegales
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este lunes por concluida
la investigación sobre los papeles de Bárcenas y considera acreditado
que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca)
entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos
a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la
emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. En un auto
de 190 páginas, el magistrado considera que existen “sólidos y fundados
indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años
y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al
circuito económico legal”.
Tras dos años de investigación en los que ha tenido que enfrentarse a
las resistencias tanto del PP como de organismos públicos controlados
por este partido, como la Agencia Tributaria, el juez concluye que los
fondos opacos del PP fluyeron “al margen de la contabilidad remitida al
Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la
Hacienda Pública”. En su resolución, Ruz propone juzgar a seis personas:
los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que
controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y
una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la
reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero
negro, según los cálculos del magistrado.
Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2013, después de que EL PAÍS
publicara los 14 folios que constituyen la contabilidad secreta del
extesorero Luis Bárcenas. En esos documentos el antiguo responsable de
las finanzas del PP consignó supuestamente ingresos en dinero negro por
valor de casi ocho millones de euros procedentes de empresarios, en su
mayoría del sector de la obra pública. El dinero se destinó a cubrir
gastos de naturaleza variada. El juez, no obstante, archiva la causa
abierta contra los 22 empresarios pagadores, al entender que no hay
indicios para establecer correspondencia entre los pagos ilegales al PP
y las adjudicaciones de contratos públicos, base para imputar un delito
de cohecho.
Propone juzgar a los extesoreros y los arquitectos de la obra de Génova,
13
Después de negar durante meses la existencia de una caja b, los líderes
del PP optaron por atribuir toda la responsabilidad sobre los supuestos
fondos opacos a su extesorero Bárcenas, quien tras ingresar en prisión
en junio de 2013 confesó ante el juez la veracidad de sus manuscritos.
Ruz, sin embargo, rechaza la tesis de la cúpula del PP, y a lo largo de
su resolución dedica varios pasajes a atribuir el sistema de donativos
en negro inequivocamente al partido liderado por Mariano Rajoy. A lo
largo del auto abundan las expresiones siguientes: “La doble estructura
contable creada por el PP”, “un sistema de financiación de la formación
política”, o simplemente “los fondos de la caja b del PP”. A Bárcenas
—gerente desde 1990 a 2008, cuando se convirtió en tesorero— y a su
antecesor Lapuerta, el juez les atribuye la mera “llevanza” de la
“contabilidad paralela del PP”.
Ruz, cuyo paso por la Audiencia Nacional toca a su fin después de que el
Poder Judicial sacara a concurso el pasado diciembre la plaza que ocupa,
disecciona la caja b aplicando los criterios básicos de contabilidad. En
el apartado de las entradas detalla las aportaciones de los empresarios,
entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que,
según la contabilidad de Bárcenas, entregó un total de 530.000 euros
entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que donó supuestamente
480.000. Los principales pagadores, según los papeles de Bárcenas,
fueron los constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando,
1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros).
En cuanto a las salidas de fondos, Ruz relata que parte del dinero negro
se ingresaba (fraccionado para no superar los límites de la ley de
financiación de partidos) en las cuentas oficiales de donativos (hasta
1,27 millones). Otra parte se destinó al pago de retribuciones y
sobresueldos a personas vinculadas con el partido, como el exconsejero
navarro Calixto Ayesa, que recibió 86.545 euros como “compensación” por
dejar su trabajo para dedicarse a la política. Otras cantidades se
utilizaron para ayudar a víctimas del terrorismo. También hay gastos
para campañas electorales o para la compra de sedes, como las de Bizkaia
(36.000 euros en 2002) y La Rioja (200.000 euros en 2008).
Archivada la causa contra 22 empresarios y Ángel Acebes
Sin embargo, Ruz dedica el grueso de su exposición a analizar el uso de
1,55 millones de euros en b entre 2005 y 2010 para reformar la sede del
PP en la calle Génova, 13. Esta operación supuso una defraudación fiscal
de la que considera responsable directo a la sociedad Unifica y a sus
administradores y socios Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada
Laura Montero. El juez considera que el PP es responsable civil
subsidiario de este supuesto delito fiscal.
El juez imputa a Bárcenas y a Lapuerta un delito de apropiación indebida
por quedarse para sí con 120.000 y 209.550 euros de la caja b,
respectivamente. Ese dinero iba destinado a la compra de acciones de
Libertad Digital en 2004, año en el que el grupo de medios del locutor
Federico Jiménez Losantos alimentaba, con el apoyo del PP, la teoría de
la conspiración sobre el atentado del 11-M. La adquisición de los
títulos fue, según Bárcenas, ordenada por el entonces secretario
general, Ángel Acebes. El juez, que tenía a este exdirigente imputado,
decidió archivar la causa contra él.
Ruz abre una pieza separada, que envía a los juzgados de Toledo, sobre
la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de
recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la
contraprestación por una donación de 200.000 euros para la campaña de la
presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007. El
magistrado entiende que “en el momento presente” no existen “elementos
indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas, por lo
que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y
lo remite a los juzgados ordinarios. Ruz aprecia en el caso de los pagos
de Sufi un delito de prevaricación.
DELITO FISCAL
En su auto, el juez Pablo Ruz considera al PP "responsable" de un delito
fiscal por no haber tributado las donaciones ilegales recibidas en 2008.
El magistrado rechaza así la teoría de la Agencia Tributaria de que los
donativos que exceden el límite legal siguen estando exentos de
tributación como los legales. No obstante, Ruz deja la decisión final en
manos del tribunal que juzgue el caso Bárcenas. La Agencia Tributaria
llegó a comparar al PP con Cáritas para justificar la exención fiscal de
los fondos ilegales.
El magistrado resume las diligencias practicadas durante la instrucción:
registros en las sedes de Unifica y del PP, análisis de documentación de
Hacienda y el Tribunal de Cuentas, escritos de las partes implicadas,
declaraciones de 81 testigos e imputados, 28 informes policiales, 13
pruebas periciales caligráficas e informáticas, ocho informes de
técnicos de Hacienda y cinco de la Intervención General de la
Administración del Estado.
Ruz recuerda que hay una investigación pendiente sobre la destrucción de
los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, custodiados por el PP.
https://elpais.com/politica/2015/03/23/actualidad/1427123957_555826.html
RUZ DA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE LA CAJA B DEL PP Y CIERRA LA
INVESTIGACIÓN DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
El PP dice que desconocía la caja B y que las donaciones están exentas
de tributación
El Gobierno dice que el auto no es la sentencia definitiva y pide
esperar
Dos años de investigación han llevado a la conclusión de que el PP no
era Cáritas, sino una formación política que durante casi dos décadas
mantuvo una contabilidad oculta a Hacienda, alimentada de donaciones
ilegales y destinada a gastos como el pago en negro de sobresueldos y
campañas electorales.
Ésa es la conclusión a la que ha llegado el juez Ruz, que en 2013
comenzó a investigar los llamados papeles de Bárcenas, los documentos en
los que durante al menos 18 años (desde 1990 a 2008) el ex tesorero
popular fue anotando la contabilidad paralela de su partido. [Lea el
auto en PDF]
El magistrado de la Audiencia Nacional da por cerrada la instrucción y
concluye que hay indicios suficientes para llevar a juicio esas casi dos
décadas de caja B. Entre las seis personas que se sentarán en el
banquillo están los ex tesoreros Bárcenas y Lapuerta y el ex gerente
Cristóbal Páez. El PP, que como partido no puede ser acusado, estará en
el juicio como responsable civil.
«Queda indiciariamente acreditado», dice el auto del juez Ruz, «cómo la
formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año
2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación
ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la
referida formación operase [...] con varios sistemas de cuentas que
registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero
(ingresos y pagos), al margen de la contabilidad oficial declarada por
el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las
referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en
efectivo o cajas B».
Tras acreditar la veracidad de su contenido, el juez ofrece el balance
delictivo que arrojan los papeles de Bárcenas: un delito fiscal cometido
por el PP, dos delitos fiscales de la empresa a la que pagó en negro por
reformar su sede central, un delito de apropiación indebida por el
dinero B del partido que Lapuerta se metió al bolsillo y una posible
prevaricación en una contrata de basuras.
Pagos de empresarios
El circuito económico de dinero negro se ponía en marcha con el pago de
donaciones ilegales por parte de empresarios de la construcción que, por
contratar con el sector público, tenían vetadas las entregas de dinero a
partidos. El juez da por acreditadas las donaciones opacas, pero archiva
la causa respecto a los empresarios al no haberse conseguido relacionar
los pagos con adjudicaciones de obras concretas -lo que supondría un
cohecho-. El archivo, en todo caso, es provisional, lo que implica que
la investigación podría reabrirse si aparecieran nuevos indicios de
delito.
Destino de los fondos
Una vez introducido el dinero en la caja B del PP o en la caja A tras
fraccionarlo como donaciones anónimas, Bárcenas y Lapuerta lo destinaban
al pago de sobresueldos, gastos electorales y la compra o reforma de
sedes del partido.
Sobre el «pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones
a personas vinculadas con el partido», los papeles recogen sobresueldos
a dirigentes como Mariano Rajoy, Javier Arenas, Ángel Acebes y María
Dolores de Cospedal, que todos ellos negaron. El auto no menciona sus
nombres entre los receptores, tan sólo los de aquellos -de menor
relevancia política- que sí reconocieron haber recibido dinero.
El gasto en sedes del PP se centra en las de Génova, el País Vasco y La
Rioja. En cuanto a los gastos electorales, el dinero B sufragó
elecciones europeas, generales y autonómicas de Cataluña y Andalucía.
Delito por las donaciones
El delito concreto más comprometido para el PP es el delito fiscal que
se le atribuye por no haber declarado en el Impuesto de Sociedades de
2008 el millón de euros que recibió en donaciones ilegales.
Éste es el delito que, según los informes de Hacienda, el PP nunca pudo
haber cometido, dado que las donaciones, como las recibidas por Cáritas
o la Cruz Roja, estaban exentas de tributar. El juez discrepa de esta
interpretación y propone que el asunto se lleve a juicio y sea el
tribunal sentenciador, no Hacienda, el que diga si debían tributar o no.
Su opinión es que sí, porque esas donaciones «no cumplían [...] con los
presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales,
establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de
los partidos políticos, careciendo las aportaciones privadas recibidas
de la consideración de rentas exentas por no haber cumplido con el
criterio de transparencia legalmente marcado, y habiéndose destinado a
los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida
por el partido al Tribunal de Cuentas que han sido indiciariamente
acreditados».
El PP no puede ser acusado de delito -sí podría si lo hubiera cometido
hoy, tras una reforma legal-, por lo que los responsables penales serían
Bárcenas y Páez, con Lapuerta de cooperador. El PP sí sería responsable
civil subsidiario y se le podría reclamar la indemnización que fijara
una eventual sentencia condenatoria. Tras vencer las resistencias de
Hacienda, el juez logró que la Agencia Tributaria le calculara lo que el
PP habría defraudado: 226.167 euros.
Delito por la reforma
Otros dos delitos fiscales detectados (Impuesto de Sociedades de 2007 e
IVA de 2010) habrían sido cometidos por los dos arquitectos responsables
de la reforma de la sede de Génova, Gonzalo Urquijo y Belén García, así
como por una empleada de Unifica. Los arquitectos, en especial Urquijo,
fueron los que recibieron del PP pagos en negro por una cuantía que el
juez estima en al menos 1.552.000 euros. Esta cifra es superior a lo
reflejado en los papeles, lo que apunta a que había dinero negro en el
partido que ni siquiera llegaba a la contabilidad paralela.
También en este caso el PP podría ser condenado como responsable civil
de la indemnización fijada en sentencia contra sus empleados que
colaboraron en el delito.
Apropiación indebida
El juez también ve motivos para llevar a juicio a Lapuerta y Bárcenas
por un delito de apropiación indebida, ya que el primero se habría
quedado con fondos B del PP. Según la investigación, Lapuerta acordó
comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro, con la supuesta
intención de venderlas pasado un plazo y reintegrar los fondos a la
contabilidad B. Efectivamente, acudieron a la ampliación de capital y
con el tiempo las acciones se vendieron, pero no hay rastro de que los
fondos volvieran al Partido Popular. Ese dinero, dice el juez, pasó «a
integrar su propio patrimonio, con el conocimiento y anuencia de Luis
Bárcenas».
Libre por prescripción
De los casi 200 folios de auto se desprende que el PP habría cometido
otros delitos a los que no deberá hacer frente por estar prescritos. Uno
de ellos sería el delito contable, por no haber reflejado correctamente
sus cuentas. Otro sería el delito electoral, ya que no hizo públicos sus
verdaderos gastos en varias campañas.
En cuanto al delito de financiación ilegal, el PP no lo cometió porque
en el momento de los hechos no existía en el Código Penal. Ruz llega a
plantearse la posibilidad, recogida en la ley, de proponer al Gobierno
que introduzca el delito, pero lo descarta al comprobar que ya aparece
en la reforma del Código Penal que actualmente está en fase de enmiendas
en el Senado.
Sospechas en Toledo
En otra parte del auto, el juez resuelve enviar a un juzgado de Toledo
otra parte de la investigación. Se trata de la que se inició para tratar
de descubrir si, como apuntaba Bárcenas, la constructora Sacyr pagó
200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha a cambio de que su filial Sufi
se adjudicara la contrata de basuras de Toledo. El dinero se habría
destinado a sufragar, según el ex tesorero, la campaña autonómica de
María Dolores de Cospedal de 2007.
El juez da por probado que la cúpula de Sacyr entregó el dinero a
Bárcenas, que a su vez se lo dio al entonces gerente regional del PP,
José Ángel Cañas. Éste lo negó, pero el juez no le cree, entre otras
cosas porque consta el recibí del dinero. Lo que no se ha encontrado es
el vínculo entre el pago y la adjudicación bajo sospecha, por lo que no
puede sostenerse el delito de cohecho. Aun así, el juez prefiere no
archivar esa vía -un sobreseimiento que sí apoyaba el fiscal-, sino
dejarla abierta para que sea el juzgado competente de Toledo el que la
cierre, la mantenga abierta o, eventualmente, la mande al Tribunal
Superior de Castilla-La Mancha si se topa con algún aforado implicado.
Lo que sí pide el juez que se investigue en Toledo es la adjudicación y
ejecución de ese contrato de basuras, en el que ha detectado
irregularidades que le llevan a pensar que se cometió un delito de
prevaricación.
Los próximos pasos
El auto dictado ayer supone que el juez cierra la investigación y abre
un plazo de 20 días para que la Fiscalía y el resto de acusaciones
presenten sus escritos, precisando a quiénes acusan y qué penas piden
para cada uno. Luego el juez recabará los escritos de las defensas y
mandará el asunto a juicio. Estos pasos los dará ya previsiblemente el
juez José de la Mata, que en breve sustituirá a Ruz en la Audiencia.
https://www.elmundo.es/espana/2015/03/23/55102dc5ca47416a6d8b456b.html
LA CONTABILIDAD SECRETA DE BÁRCENAS LLEVA LAS FINANZAS DEL PP ANTE EL
JUEZ
El magistrado Ruz vincula los papeles del extesorero con el ‘caso Gürtel’
La contabilidad manuscrita secreta del extesorero del Partido Popular
(PP) Luis Bárcenas, destapada por EL PAÍS el pasado 31 de enero y negada
sistemáticamente por los dirigentes de la formación conservadora, será
investigada por la Justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz agravó este jueves en el severo aprieto del partido del
Gobierno al vincular oficialmente los llamados papeles de Bárcenas con
el caso Gürtel, la gran trama de corrupción en los aledaños del PP, que
también instruye él. Ruz, en un auto dictado este jueves, abrió una
pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP, en la
que figuran entradas de dinero por 7,5 millones de euros entre 1990 y
2008 supuestamente procedentes de empresarios con intereses en
adjudicaciones públicas, y el reparto de parte de estos fondos entre
diferentes dirigentes del partido. De acuerdo con esta contabilidad
artesanal que todos los expertos grafólogos consultados atribuyen sin
duda a Bárcenas, entre los supuestos receptores de estos fondos figuran,
entre otros, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Dolores de
Cospedal y el propio presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy. Y
también hay supuestos pagos a asesores como Pedro Arriola o gastos para
cubrir ayudas a víctimas del terrorismo.
En su resolución, Ruz pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción
la apertura de las diligencias judiciales. Este aviso obliga al
ministerio público a dejar la investigación que abrió de oficio después
de que este periódico publicara la contabilidad secreta de Bárcenas.
La vinculación del caso Gürtel y los papeles del extesorero —y la
consiguiente judicialización de la contabilidad B— ha sido una petición
recurrente de algunas acusaciones particulares personadas en el sumario
de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, especialmente el
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). El juez Ruz, en un
principio se mostró remiso a establecer esta conexión. Sin embargo, el
pasado 1 de marzo cambió de parecer y pidió a la Brigada de Blanqueo de
Capitales de la Policía que le presentara “a la mayor brevedad” un
informe sobre los posibles puntos de conexión entre el caso Gürtel y los
papeles de Bárcenas.
La nueva apreciación de Ruz coincidió en el tiempo con la presentación
de al menos dos querellas sobre los papeles de Bárcenas en los juzgados
de Instrucción de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla —una del
sindicato Manos Limpias y otra del Observatorio Desc contra la
corrupción— y otra querella de Izquierda Unida en la propia Audiencia
Nacional. Esta denuncia de la coalición liderada por Cayo Lara recayó
por turno de reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 3,
presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que llegó a abrir
diligencias y solicitar a la Fiscalía un informe sobre la competencia
para investigar los hechos.
La posibilidad de que alguno de los jueces que recibieron las querellas
decidiera abrir una investigación y que dos casos conectados quedaran
desperdigados en diferentes sedes judiciales con el consiguiente retraso
aceleró la decisión.
El pasado miércoles, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales
llegó a la mesa de Ruz. Sobre este documento policial, de 35 páginas, el
magistrado establece la relación entre ambas tramas y se encarga de la
investigación de la contabilidad B.
El documento policial recoge cuatro correspondencias entre las personas,
hechos y momentos recogidos en el sumario de Gürtel, abierto en 2008, y
los papeles de Bárcenas, que vieron la luz el pasado 31 de enero.
También arroja gruesos nubarrones sobre la financiación del Partido
Popular en los últimos quince años.
La primera coincidencia es la documentación intervenida al exsecretario
de organización del PP gallego, Pablo Crespo, en una caja fuerte en
febrero de 2009. En estos papeles se detalla un “doble sistema de
facturación de los actos” electorales del PP gallego en las campañas
electorales municipal y autonómica de 1997 y 1999 y aparece una entrega,
sin recibo, a la “sede nacional” de 21 millones de pesetas (126.000
euros) en mayo de 1999. En la contabilidad de Bárcenas consta en ese mes
una entrega de un tal “P. Crespo” por esa cantidad exactamente.
La segunda coincidencia, tiene que ver con la documentación sobre las
campañas electorales del PP gallego entre abril y octubre de 1999
hallada en el domicilio de José Luis Izquierdo, supuesto contable del
cerebro del Gürtel, Francisco Correa. En ella figura una entrada de
nueve millones de pesetas (54.000 euros) en octubre de 1999 con origen
en Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica. En los
papeles del extesorero del PP Bárcenas, constan entradas en enero, julio
y noviembre del año 2000 por un valor total de 12 millones de pesetas
(72.000 euros). La policía considera en su informe que estas anotaciones
son “compatibles con los ingresos anotados en la contabilidad B de
Correa”, que abarcan un periodo comprendido entre 1999 y 2001.
El tercer indicio de conexión son las supuestas entregas de dinero del
empresario García Pozuelo a la red de Correa entre febrero de 2002 y
julio de 2004. Estas donaciones, tienen, según la Policía, “presunto
origen en adjudicaciones de contratos públicos” a Constructora
Hispánica. El 27 de noviembre de 2003, figura en los documentos del
contable Izquierdo una entrada atribuida a García Pozuelo de 600.000
euros. Esta cantidad fue distribuida posteriormente entre “diversos
partícipes”, entre ellos el propio constructor, que se quedó con un
sobre con 60.000 euros en metálico.
En los papeles del extesorero Bárcenas publicados por EL PAÍS consta un
ingreso de 60.000 euros a nombre de “Alfonso Gª Pozuelo” con fecha de 4
de diciembre de 2003, esto es una semana después de la fecha en la que,
según la contabilidad de Correa, se repartieron las supuestas comisiones
por la adjudicación del contrato.
La investigación ha sido encomendada al mismo equipo policial que ya
indagó sobre los papeles de Bárcenas a las órdenes de la Fiscalía
Anticorrupción. La Brigada de Blanqueo de Capitales también hace constar
como cuarto indicio la declaración que prestó el exempleado del PP ante
el juez Ruz el pasado 25 de febrero. Bárcenas fue citado ese día para
aclarar el origen del dinero —no menos de 38 millones de euros— que
guarda en cuentas en bancos suizos y que ha sido destapada por una
comisión rogatoria del caso Gürtel.
En ese interrogatorio, Bárcenas entregó al juez un cuadro con el título
“Donativos Partido Popular”, que recoge que la formación conservadora
recibió entre 1999 y 2007 un total de 33,1 millones de euros. De esta
cantidad, 23,7 millones pertenecen a entregas anónimas de dinero. Este
cuadro está confeccionado supuestamente con datos remitidos por el PP al
Tribunal de Cuentas en distintos ejercicios.
Pese a que aprecia conexión entre ambas causas, Ruz ha decidido
investigar los papeles de Bárcenas como una pieza separada del caso
Gürtel por razones de “economía procesal”. La resolución del titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 no es firme, y se puede recurrir
tanto ante el propio Ruz como en apelación ante la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
https://elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362687216_482203.html
EL JUEZ RUZ VINCULA LOS PAPELES DE BÁRCENAS CON EL CASO GÜRTEL Y ASUME
SU INVESTIGACIÓN
Pablo Ruz abre una pieza separada en Gürtel, llamada "Informe UDEF-Bla".
Aprecia varias correspondencias entre "apuntes" realizados en la
documentación de la trama Gürtel y otros que figuran en los papeles
publicados por 'El País'.
Los registros, de supuestos pagos y entradas de dinero, afectan a Pablo
Crespo, número dos de Francisco Correa, y al constructor Alfonso García
Pozuelo.
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha asumido
la investigación de los llamados papeles de Bárcenas sobre una supuesta
contabilidad B en el PP al entender que guardan relación con esta causa
de presunta corrupción.
Ruz ha abierto unas diligencias previas después de recibir un informe de
la unidad policial UDEF que "parte de una descripción de los documentos
publicados por el diario El País (...) y que son aportados mediante
copia por la representación procesal de Ángel Luna y otros en ejercicio
de la acusación popular".
El auto habla de delitos "conexos" y aprecian "correspondencias" entre
la causa que investiga la trama Gürtel y el informe policial sobre los
papeles de Bárcenas. El juez pone todo esto en conocimiento de la
Fiscalía Anticorrupción que, según la ley de Enjuiciamiento Criminal,
debe "cesar" en sus investigaciones para dejar trabajar a la Audiencia
Nacional; la decisión del juez, no obstante, es recurrible.
Tres conexiones
Ruz aprecia tres conexiones. En primer lugar, el juez explica que en un
registro que se practicó en 2009 sobre una caja de seguridad en una
sucursal bancaria de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo —entonces
secretario de organización del PP de Galicia—"se intervinieron un
conjunto de documentos correspondientes a los gastos realizados por el
Partido Popular de Galicia" entre 1996 y 1999.
La documentación que estaba en la caja, explica el juez, muestra que
había "un doble sistema de facturación de los actos de la formación
política durante la campaña municipal y autonómica celebrada en 1997 y
1999. En esa supuesta contabilidad B "figura un apunte" de 21 millones
de pesetas que coincide con otro que consta en los papeles publicados
por El País y que tiene como concepto "P. Crespo".
En segundo lugar, establece correspondencias entre un apunte de una
entrada "en efectivo" de 9 millones de pesetas que se anotó en la
documentación intervenida "en el domicilio particular del imputado José
Luis Izquierdo"—contable de la organización de Francisco Correa—, a
nombre del constructor Alfonso García Pozuelo, y varios apuntes de los
papeles de Bárcenas.
La policía, dice el juez, los "considera compatibles con los ingresos
anotados en la contabilidad B de Correa". En tercer lugar, hay
coincidencias, según las diligencias, entre otros apuntes relativos "al
pago de cantidades por parte de Alfonso García Pozuelo (...) con
presunto origen en adjudicaciones de contratos públicos" y su posterior
reparto entre varias personas con una anotación de 60.000 euros en los
papeles de Bárcenas.
La "eventual conexión", dice el juez, entre las dos instrucciones ha
quedado así "evidenciada". Todos estos hechos, añade, "adquieren mayor
relevancia tras la declaración prestada por el imputado Luis Bárcenas"
del 25 de febrero en la que el extesorero del PP admitió que acudió a un
notario para reconocer que era el responsable "del control de los
ingresos y gastos del epígrafe donativos del Partido Popular entre los
años 1994 y 2009"·
De hecho, el juez ha reclamado en otro auto al notario que remita la
declaración de Bárcenas al juzgado para su incorporación a la causa,
aceptando de esta forma la petición de la acusación particular y de la
Fiscalía.
Para evitar retrasos injustificados y considerando que la investigación
de la trama Gürtel está bastante avanzada, el juez decide abrir una
pieza separada en la causa para la instrucción de los papeles de
Bárcenas, que completará con la documentación que le entregue la
Fiscalía.
https://www.20minutos.es/noticia/1751357/0/trama-gurtel/papeles-de-barcenas/juez-ruz/?autoref=true
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