CASO GÜRTEL : PS UDEF-BLA INFORME 22510/13

 

LAS NOTICIAS

24.01.21
 

JUICIO A LA CAJA B DEL PP EL CASO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

MISTERIOS, VERDADES Y DELITOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

EL JUICIO A VEINTE AÑOS DE TRAMPAS DEL PP IRRUMPE EN LOS PLANES DE CASADO PARA REFLOTAR EL PARTIDO

LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

BÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ AGUIRRE

UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

LUIS BÁRCENAS PODRÁ OPTAR EN FEBRERO A SUS PRIMEROS PERMISOS PENITENCIARIOS

BÁRCENAS "DOSIFICARÁ" LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE COMO "ESTRATEGIA PROCESAL"

CASADO SE CONSIDERA A SALVO DEL DESGASTE POR BÁRCENAS Y CREE QUE EL PP YA HA PAGADO EL COSTE DE LA CORRUPCIÓN

LAS OTRAS CUATRO REUNIONES DE RAJOY QUE PRUEBAN QUE ERA "PERFECTO CONOCEDOR" DE LA CAJA B

EL PSOE: "VOLVEMOS AL PUNTO DE PARTIDA DE LA CORRUPCIÓN: GÉNOVA 13"

LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE FUERA DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'

RECHAZADO EL INTENTO DEL PP DE REDUCIR A UNA VOZ TODAS LAS ACUSACIONES POPULARES EN EL JUICIO DE LA CAJA B

EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS ACUSACIONES POPULARES

LAS 'BOMBAS' CON LAS QUE BÁRCENAS PUEDE PONER EN APRIETOS AL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO TESTIGO A AZNAR EN EL JUICIO DE LA CAJA B DEL PP

JOSÉ MARÍA AZNAR SERÁ TESTIGO EN EL JUICIO A LA CAJA B DEL PP EN LA AUDIENCIA

AZNAR Y RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

MAYORÍA PROGRESISTA EN EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA 'CAJA B' DEL PP CON SU NUEVO PRESIDENTE

EL JUEZ QUE RATIFICÓ LA PRISIÓN DE ZAPLANA PRESIDIRÁ EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA ‘CAJA B’ DEL PP

EL JUEZ PROGRESISTA ANDREU SUSTITUYE AL RECUSADO POR EL PP EN EL ‘CASO BÁRCENAS’

EL PP LOGRA APARTAR DEL ‘CASO BÁRCENAS’ A UN JUEZ QUE CONDENÓ AL PARTIDO EN GÜRTEL

EL PP LOGRA QUE LA AUDIENCIA APARTE DEL JUICIO DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'

LA AUDIENCIA CRITICA AHORA LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' CON LOS MISMOS ARGUMENTOS QUE EL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE EL JUEZ DE PRADA INCLUYÓ ARGUMENTOS INNECESARIOS SOBRE EL PP EN LA SENTENCIA DE LA 'GÜRTEL'

DIEZ JUECES HAN PASADO POR EL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP ANTES DE EMPEZAR EL JUICIO

BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019

VÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

EL PP SERÁ DEFINITIVAMENTE JUZGADO COMO RESPONSABLE CIVIL DE LA CAJA B

EL PP INVOCA LA ‘DOCTRINA BOTÍN’ PARA EVITAR EL JUICIO DEL ‘CASO BÁRCENAS’

EL JUEZ DE LA MATA APRECIA DELITO ELECTORAL EN EL PP POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

EL JUEZ DE LA MATA ABRE JUICIO ORAL POR LA CAJA B DEL PP Y LE RECLAMA 1,2 MILLONES

EL ‘CASO BÁRCENAS’, PASO A PASO: LAS PRUEBAS DEL DELITO


RUZ ACREDITA 18 AÑOS DE CAJA B DEL PP

RUZ DA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE LA CAJA B DEL PP Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
 


 

 

JUICIO A LA CAJA B DEL PP EL CASO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Decenas de pruebas sobre la corrupción estructural en la formación de Aznar y Rajoy llegan a juicio esta semana. Crónica de los ocho años transcurridos desde que EL PAÍS publicó los papeles que pusieron en jaque al partido hasta llevar al extesorero al banquillo

Unos policías de paisano siguen a un hombre y a una mujer que caminan por el barrio de Salamanca de Madrid. No tienen orden de detenerlos, puede que ni siquiera sepan sus nombres ni por qué los siguen, pero sí deben anotar cada detalle de lo que hacen.

—El Moro y La Rubia llegan a la puerta de su domicilio. Allí saludan a un varón de raza blanca, complexión gruesa, de entre 50 y 55 años, de entre 1,70 y 1,75 de altura, que viste camisa azul y pantalones de color marrón.

La Rubia se llama Rosalía Iglesias y está casada con Luis Bárcenas, el extesorero del PP que lleva preso mes y medio. El Moro es el chófer de la familia, Sergio Ríos.

Son las 10.55 del 25 de julio de 2013. Media docena de policías han recibido el encargo de vigilar a dos personas que se mueven por los barrios caros de Madrid a bordo de un Alfa Romeo negro. No les han dicho por qué tienen que registrar las idas y venidas de La Rubia y El Moro ni cuánto tiempo deberán mantener los seguimientos. El Ministerio del Interior para el que trabajan ha puesto en marcha —según recogerá años después la investigación judicial— una operación secreta pagada con fondos reservados. Se trata de encontrar documentos que guarda Luis Bárcenas y que no lleguen a manos del juez que investiga las corruptelas del PP. La supervivencia del Gobierno está en juego. El escándalo afecta a los cimientos del partido conservador.

Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas. Se juzga el pago de una parte de las obras de la sede del PP con dinero negro procedente de la caja b que manejó Bárcenas, y también si el PP cometió delito fiscal al no tributar por las donaciones presuntamente ilegales que recibió y si el tesorero se quedó con parte del dinero que aportaban los empresarios al partido. Hay cuatro acusados además del extesorero: el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del despacho de arquitectura que hizo las obras en Génova, 13. El pasado jueves, Bárcenas remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confiesa hechos que afectan a exdirigentes del PP como Mariano Rajoy. También se compromete a colaborar con la justicia en esta y otras investigaciones que afectan a hechos que conoció durante su etapa como gerente o tesorero. Durante los cuatro meses que se prevé que dure el juicio declararán las principales figuras del PP, incluidos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

1. El origen

Todo comenzó el 31 de enero de 2013. EL PAÍS publica ese día en su primera página las cuentas secretas del PP anotadas por Bárcenas entre 1990 y 2008. Es la prueba de que, durante casi dos décadas, el partido de centroderecha manejó una contabilidad oculta. Debajo de un titular a cinco columnas —“Los papeles secretos de Bárcenas”—, se reproducen algunos extractos de las cuentas irregulares del PP. Los asientos contables, de puño y letra de Bárcenas, reflejan supuestos pagos a la cúpula del partido. Allí se pueden leer los nombres de Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o Dolores de Cospedal. También aparecen en portada las anotaciones sobre supuestos donativos de importantes empresarios como Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir. No se trata de un escándalo más. Es el escándalo.

Los extractos de los papeles secretos del extesorero del PP Luis Bárcenas reflejan las anotaciones de supuestos pagos a políticos de la cúpula del partido, como Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o Dolores de Cospedal. En el documento inferior, las anotaciones sobre presuntos donativos de empresarios, como Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir.

No hay más que repasar las portadas de los días sucesivos para constatar hasta qué punto aquello iba a marcar un punto de no retorno en la deriva del PP. Las informaciones se suceden, a cual más escandalosa, y el sábado 2 de febrero Mariano Rajoy no tiene más remedio que dar la cara. Lo hace a su manera, tras un atril, leyendo un papel y sin admitir preguntas: “Es falso. Nunca, nunca he recibido ni repartido dinero negro”. Pero la rotundidad de la frase no se corresponde ni con el rostro de preocupación del presidente del Gobierno ni con sus propias declaraciones dos días después, durante una visita a la canciller Angela Merkel en Berlín: “Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa…”.

2. “El PP se siente atacado”

No habían pasado ni dos años desde las elecciones de mayo de 2011, en las que el PP cosechó los mejores resultados de su historia, una mayoría absoluta de 185 diputados que le permitía gobernar sin mirar siquiera al Congreso, pero el caso de los papeles de Bárcenas había arrasado como un vendaval la alegría de la victoria. Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP y una de las supuestas beneficiarias de los pagos irregulares, declaró: “Alguien intenta perjudicar al PP, al Gobierno y al presidente del Gobierno. El PP se siente atacado”.

El partido pone en marcha el manual de comportamiento para situaciones de crisis heredado de los tiempos de Aznar: negación de la realidad y persecución del discrepante. Si eso fue lo que se hizo con la tragedia del Prestige, el atentado del 11-M o el accidente del Yak-42, ¿por qué no con los papeles de Bárcenas? Durante el primer semestre de 2013, el PP utiliza su poder para tratar de achicar los efectos de la publicación de la contabilidad b. Algunos ministros y exministros —y el propio PP— demandan a EL PAÍS para inocular en la opinión pública —o al menos en su propio electorado— la idea de que los papeles son falsos. También denuncian al diario algunos de los empresarios que aparecen en los papeles, pero los jueces archivan todas las demandas. Luis Bárcenas se pasea todavía por su barrio relajado, sonriente, tan pichi, una expresión tan madrileña como el desayuno a base de porras, churros y picatostes del restaurante en cuya puerta se dejó fotografiar.

La pelota del escándalo está ahora en el balcón del PP y Bárcenas espera que, por la cuenta que le trae, Rajoy acuda en su ayuda. Pero conforme iba acercándose el verano, la situación entre el extesorero y el partido de toda su vida, en el que ingresó a los 34 años y que le había permitido amasar una fortuna, se fue deteriorando.

3. El extesorero ingresa en prisión. El Gobierno tiembla

El verano de 2013 fue aún peor que el invierno para el PP. Los intentos de Bárcenas para que Rajoy se las ingenie para librarlo de la cárcel fracasan. Lo único que obtiene del presidente del Gobierno es un mensaje de ánimo —“Luis, sé fuerte”— que también puede ser interpretado como una petición de silencio. En febrero, el extesorero denuncia al PP por despido improcedente y por haberle sustraído presuntamente dos ordenadores personales que guardaba en su antiguo despacho. Y, el 27 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordena el ingreso en prisión de Bárcenas para “evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de las fuentes de prueba”. La Fiscalía Anticorrupción ya había pedido la prisión incondicional para el extesorero y el juez finalmente la concede. Bárcenas se ha quejado mucho del comportamiento de las dos fiscales, Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, ante los dirigentes del PP, e incluso ha llegado a pedir que se las quiten de encima, pero en el Ministerio de Justicia no mueven un dedo.

El Gobierno teme que la entrada en prisión del extesorero tenga consecuencias nefastas para el PP. No se equivocan.

4. La confesión

Diez días antes del comienzo de esta operación policial secreta, el preso Luis Bárcenas es conducido en un furgón de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional donde confiesa ante el juez Ruz que, aunque en un principio lo negó, los papeles publicados por EL PAÍS el 31 de enero son ciertos, que aquella es su letra y que, en suma, el PP recibió durante muchos años dinero negro de empresarios que tenían contratos con la administración. Un dinero que se repartía entre sus principales dirigentes, que lo cobraban en metálico y no lo declaraban a Hacienda.

Bárcenas ha empezado a tirar de la manta y lo que ha descubierto tiene los efectos de una bomba de destrucción para el prestigio del PP, un partido que atesora en ese momento el mayor poder institucional de su historia. El Gobierno de Mariano Rajoy entra en pánico por la confesión del extesorero al juez y se pone en marcha para intentar enterrar el escándalo. Por cauces legales e ilegales.

A la desesperada, Rajoy acude al Senado el 1 de agosto de ese año y pide perdón por confiar en Bárcenas. A la vez que el presidente del Gobierno rompe en público con su extesorero, policías a las órdenes de Interior, a cuyo frente está Jorge Fernández Díaz, buscan más papeles que pueda guardar Bárcenas para que no salpiquen a Rajoy.

5. El juez y las cloacas: una carrera desigual

Los jefes de la llamada policía patriótica del Ministerio del Interior que, de espaldas a la ley, investigan si Bárcenas conserva más secretos peligrosos no tienen intención de colaborar con la justicia, sino justo lo contrario. Se inicia entonces una carrera desigual. Mientras el juez Ruz, poco a poco, va descubriendo que muchos de los apuntes contables son verdaderos, los agentes encubiertos siguen de cerca a Rosalía Iglesias.

La investigación judicial va acumulando indicios cada vez más sólidos de la financiación ilegal del PP. Cristóbal Páez (exgerente), Pío García Escudero (expresidente del Senado), Calixto Ayesa (exconsejero navarro de Salud), Jaime Ignacio del Burgo (exdiputado nacional), Jaume Matas (expresidente balear), entre otros, admiten que han recibido el dinero que figura anotado en los papeles de Bárcenas y del que no existe rastro en la contabilidad oficial del PP. Pero hay más apuntes que la investigación confirma con un simple análisis de las cuentas oficiales del partido.

Los peritos calígrafos van apuntalando la principal prueba de cargo con informes donde señalan que la letra es de Bárcenas y que los papeles se escribieron a lo largo de 20 años. Pero la mayoría de los empresarios donantes y los dirigentes de la cúpula del PP que supuestamente cobraron sobresueldos niegan los hechos.

El juez cuenta con ello e insiste en sus autos de la existencia de una contabilidad paralela en el PP que se nutría de donaciones ilegales. Lo que Bárcenas escribió en aquellos papeles entre 1990 y 2008 aplasta cada día más la credibilidad del partido en el Gobierno.

6. Villarejo y ‘El Gordo’ en auxilio del PP

El comisario José Manuel Villarejo, que tiene hilo directo con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y colabora con ella para evitar que la investigación de la trama de corrupción Gürtel dañe al partido, entra en acción captando a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, para que haga de topo e intente recuperar la documentación que pueda tener escondida el extesorero. Desde el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz no solo se utiliza a policías para espiar a la familia de Bárcenas a espaldas del juez, sino que se paga con fondos reservados al chófer convertido en agente doble.

Los partes policiales del seguimiento diario al entorno de Bárcenas no son precisamente un modelo de corrección, pero aquella investigación tampoco lo es. Ni desde el punto de vista policial ni tampoco legal. El encargado de la operación encubierta es Enrique García Castaño, El Gordo, un veterano policía muy conocido en los ambientes políticos y periodísticos por su habilidad para hacer equilibrios peligrosos por el borde de la ley, unas veces para los gobiernos socialistas y otras para los del PP. Ahora le investiga un juez de la Audiencia Nacional por dirigir ese operativo ilegal para robar pruebas que pudieran perjudicar al Gobierno. García Castaño ha confesado que fue una orden política que le transmitió quien era número dos de Interior, Francisco Martínez.

Todo aquello que ocurría en secreto en 2013, y que estalló ante la opinión pública seis años después, se negaba una y otra vez desde los despachos del PP en La Moncloa y en la calle Génova.

Han pasado casi ocho años desde entonces, Bárcenas terminó en la cárcel, pero aun desde detrás de los barrotes siempre ha dado la impresión de que el futuro del Partido Popular estaba y sigue estando dentro de esa cartera de cuero marrón con la que se paseaba por Madrid como imputado.

Los dirigentes de entonces decían que todo era mentira. Los de ahora solo dicen que es pasado.

https://elpais.com/espana/2021-02-06/la-b-de-barcenas-cerca-al-pp.html



MISTERIOS, VERDADES Y DELITOS DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

Decenas de pruebas sobre los 20 años de corrupción estructural en la formación de Aznar y Rajoy llegan a juicio

Rosendo Naseiro, tesorero del PP entre 1987 y 1990, dimitió acorralado por una grave sospecha de corrupción y dejó a Luis Bárcenas al frente de una caja b en la que el partido ingresaba donaciones ilegales de empresarios con la que hacía frente a distintos gastos no declarados a Hacienda. Así se lo explicó Bárcenas al juez cuando recordó el origen de ese mecanismo de financiación ilegal que funcionó en el PP durante 20 años. Naseiro, cuyo nombre aparece en la contabilidad paralela, lo desmintió.

La primera anotación de la caja b está fechada en abril de 1990 y dice “entrega de R. N.” (Rosendo Naseiro, según Bárcenas) de ocho millones de pesetas. A continuación, los papeles recogen distintos pagos al abogado que logró librar al extesorero del PP de la causa de corrupción que le perseguía. Naseiro salió ileso de aquel proceso judicial por una cuestión formal: las escuchas que destaparon el escándalo buscaban droga y no corrupción política. Y se anularon.

Rosendo Naseiro dimitió como tesorero en 1990 pero no fue sustituido hasta tres años después por Álvaro Lapuerta. En ese periodo sin jefe en la tesorería, el joven Bárcenas comenzó a llevar las cuentas de la caja b del PP a través de un cuaderno secreto en el que sólo escribía él. A partir de 1993, Álvaro Lapuerta comenzó a controlar esas cuentas estampando en los márgenes de las hojas una especie de visé con el que daba su visto bueno, según Bárcenas.

EL PAÍS hizo públicos esos papeles el 31 de enero de 2013. Cada hoja del cuaderno se componía de cinco columnas —fecha, concepto, debe, haber y saldo— y en ella Bárcenas escribía de su puño y letra los nombres de quienes daban dinero y de quienes se beneficiaban de esos fondos.

Jueces, fiscales y policías que han analizado el contenido de esos documentos durante ocho años dan absoluta credibilidad a lo allí escrito. Hay numerosos apuntes que la investigación ha conseguido acreditar como ciertos, pero hay otros sobre los que no existen pruebas definitivas. Eso convierte al juicio oral que comienza el 8 de febrero en una nueva oportunidad para aclarar algunos puntos controvertidos de la contabilidad paralela del PP.

Lo que sigue intenta precisar cuáles son los hechos verdaderos de los papeles de Bárcenas porque la investigación ha conseguido atar todos los cabos para probarlo. También señala algunas de las dudas principales que existen sobre determinadas anotaciones.

Los papeles fueron escritos por Bárcenas a lo largo de 20 años

Los peritos calígrafos que han analizado la contabilidad paralela del PP, algunos por encargo de este periódico y otros por orden judicial, sostienen que la letra es de Luis Bárcenas sin lugar a dudas y que los papeles se escribieron durante ese periodo comprendido entre 1990 y 2008: “Los escritos no han sido realizados en unidad de acto. Disponen de todos los parámetros para poder estar realizados en las fechas indicadas en cada anotación”. Esos peritajes descartan que Bárcenas elaborase una contabilidad en un solo acto inventándose ingresos y gastos muchos años después para perjudicar a todas las personas —políticos y empresarios— que aparecen citadas en sus papeles.

El cambio de nombre de banco para ingresar las donaciones

El PP blanqueaba parte del dinero b que recibía mediante ingresos inferiores a 60.000 euros en la cuenta para donaciones anónimas que tenía abierta en un banco frente a la sede de Génova 13. Ejemplo: Bárcenas anota un día la donación de 120.000 euros de un empresario; en la contabilidad oficial del PP aparecen ese mismo día dos ingresos de 60.000 euros en la cuenta de donativos anónimos. Esa circunstancia se repite numerosas veces a lo largo de los años. Bárcenas anotaba en sus papeles esos ingresos en la cuenta de donativos con el apunte “Banco de Vitoria”. Esta entidad fue absorbida en septiembre de 2003 por Banesto. Bárcenas comenzó a escribir en sus papeles el nombre de Banesto a partir de 2004 con una flechita que salía de la palabra Banco de Vitoria.

Los sobresueldos y pagos a cargos políticos con dinero opaco

Bárcenas escribió muchas veces a lo largo de 20 años los nombres de los vicesecretarios y secretarios generales del PP en los papeles de la caja b. Cada trimestre, entregaba distintas cantidades en efectivo a la cúpula del partido en forma de sobresueldo que no llevaban retención de IRPF porque no se declaraban a Hacienda. Todos esos supuestos beneficiarios (Rodrigo Rato, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos o Dolores de Cospedal) declararon al juez, o a la prensa, que nunca recibieron dinero del partido que no hubieran declarado a Hacienda.

Bárcenas no ha podido probar en siete años que entregase dinero a esos dirigentes políticos, aunque así lo escribió en sus papeles y lo declaró en la Audiencia Nacional. Hay otros sobresueldos o pagos a cargos políticos del PP que sí han sido confirmados por sus receptores, como Cristóbal Páez, exgerente del partido que recibió un sobresueldo de 6.000 euros no declarado a Hacienda; o Pío García Escudero, expresidente del Senado, quien recibió 6.000 euros de la caja b para reparar su vivienda, dañada por un atentado de ETA; o Jaime Ignacio del Burgo, quien llevaba dinero en efectivo a distintos cargos de Navarra y País Vasco.

Los cobros de Dolores de Cospedal

Hay solo dos hojas de los papeles de Bárcenas distintas al resto y son las que recogen los movimientos de 2008. Allí figura un pago de sobresueldo a Dolores de Cospedal por 7.500 euros correspondiente al tercer trimestre de 2008 y otro por la misma cantidad correspondiente al cuarto trimestre de ese año. Cospedal, que entonces era secretaria general del PP, sostiene que ella nunca cobró nada de Bárcenas. El extesorero ha llegado a declarar que se citaba con Cospedal en un despacho del Senado para tratar sobre aportaciones ilegales de empresas para la campaña del PP en Castilla-La Mancha. Ninguno de estos extremos ha sido acreditado durante la investigación.

¿Quién es “J. M.”?

José María Aznar presidió el Partido Popular entre 1990 y 2004, un periodo en el que funcionó una caja b opaca al fisco, se pagaron sobresueldos a numerosos dirigentes del PP sin declarar a Hacienda, y una trama empresarial corrupta liderada por Francisco Correa hizo negocios gracias a numerosos dirigentes populares, según la investigación judicial. La mayor parte de los delitos que investiga la justicia en relación con el funcionamiento irregular del Partido Popular tuvieron lugar con Aznar al mando de la formación conservadora. Una nutrida representación de los corruptos de la trama Gürtel acudió en septiembre de 2002 a la boda de la hija del expresidente del Gobierno, Ana Aznar, con el empresario Alejandro Agag. Y una empresa de la red corrupta pagó como regalo a los novios una parte de los gastos de organización de los festejos de esa ceremonia, con 1.100 invitados.

Bárcenas anotó en sus papeles el pago de numerosos sobresueldos a la cúpula del PP (secretarios generales, vicesecretarios generales e incluso al presidente, en la etapa de Mariano Rajoy). Aunque el nombre de Aznar no aparece en los apuntes como receptor de sobresueldos, Bárcenas si apuntó algunos pagos con información sobre quién ordenaba los mismos: “Por indicación de J. M.”. Cuando el juez le preguntó por esas anotaciones, Bárcenas dudó: “Podría ser José María Aznar o Jaime Mayor, no puedo afirmarlo”. El caso es que durante los años en que Bárcenas escribió esas observaciones en su cuaderno, Jaime Mayor no tenía competencias ni autoridad suficiente en el partido para ordenar esos pagos.

Jaime Ignacio del Burgo se encargó de llevar dinero en efectivo a un exconsejero navarro de salud, Calixto Ayesa, y a víctimas del terrorismo del PP a quién ETA había destrozado sus negocios. Ese dinero salía de la caja b y el juez intentó saber más:

Juez.- ¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades?

Del Burgo.- El presidente, el presidente del partido.

Juez.- ¿Quién era?

Del Burgo.- José María Aznar.

Si Aznar sabía que esos pagos que supuestamente ordenaban se hacían con dinero de donaciones ilegales que engrosaban una caja b es algo que nadie ha acreditado durante la investigación.

Los ingresos reales de Bárcenas en Suiza y la caja b

Luis Bárcenas ocultó en Suiza un patrimonio multimillonario. El dinero escondido y no declarado en España llegó a sumar 48 millones de euros. En realidad, la investigación ha acreditado que el extesorero del PP ingresó en decenas de viajes importantes cantidades de dinero en dos bancos, el Lombard Odier y el Dresdner Bank, pero solo por cerca de ocho millones de euros. Y que ese dinero lo fue invirtiendo Bárcenas en acciones de grandes compañías que no solo se revalorizaron mucho —en algún caso, hasta el triple de su valor—, sino que generaron millonarios dividendos que Bárcenas fue añadiendo a ambas cuentas, lo que acabó sumando los 48 millones que llegó a guardar en ese país. Aunque intentó justificar ante el juez el origen del dinero en supuestos negocios privados, no fue capaz de acreditarlo.

La investigación tampoco ha podido aclarar si Bárcenas se quedaba con una parte de los donativos ilegales de empresas al PP. Él lo ha negado, y ningún empresario de los que aparecen citados en la contabilidad paralela ha declarado que donase más dinero del anotado en los papeles. De hecho, la mayoría de los empresarios han negado que hicieran esas donaciones.

El cohecho: donaciones a cambio de contratos

El juez Pablo Ruz, que dirigió los primeros años de investigación en la causa abierta por los papeles de Bárcenas, llegó a imputar a todos los empresarios que aparecían citados en la contabilidad paralela. Aunque todos ellos negaron haber entregado las cantidades anotadas por Bárcenas, Ruz intentó probar que los pagos tenían relación con la adjudicación de contratos públicos a los donantes por parte de administraciones gobernadas por el PP. Su intento fue inútil y tuvo que archivar el procedimiento abierto contra los empresarios. Pero algunos años después, durante el juicio del caso Gürtel algunos de los imputados apuntaron que las donaciones al PP estaban vinculadas supuestamente a contratos públicos. Fue entonces cuando el juez José de la Mata, que sustituyó a Ruz, tiró de ese hilo que todavía está investigándose y donde ya se han recabado algunos indicios sólidos de esa práctica ilegal. Aunque esa pieza separada de la investigación no se juzgará hasta dentro de un año al menos.

https://elpais.com/espana/2021-02-06/misterios-verdades-y-delitos-de-los-papeles-de-barcenas.html



EL JUICIO A VEINTE AÑOS DE TRAMPAS DEL PP IRRUMPE EN LOS PLANES DE CASADO PARA REFLOTAR EL PARTIDO

La reforma de la sede de Génova con dinero negro de la caja B, delito no prescrito cuando se inició el caso, llega este lunes a la Audiencia Nacional. Solo Bárcenas, que ha adelantado su confesión, se sentará en el banquillo de entre los responsables de la formación, pero desfilarán como testigos Rajoy, Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes y Cascos

El sistema de financiación que los fundadores del Partido Popular heredaron en 1989 de Alianza Popular y decidieron perpetuar hipoteca ahora su futuro, aunque hayan tenido que pasar 29 años para que comenzara a ejecutarse ese embargo político. Ocurrió el 1 de junio de 2018, justo cuando el luminoso del hemiciclo mostró a Mariano Rajoy el resultado de la moción de censura presentada en su contra por los socialistas. La alusión en una de las sentencias del caso Gürtel al sistema oculto de financiación del gran partido de la derecha generó un consenso mayoritario sobre la necesidad de desalojar al PP del poder. La sucesión de escándalos de corrupción venía de muy atrás, con ministros, presidentes autonómicos y dirigentes con mucho poder que estaban en la cárcel o habían pasado por ella. La sentencia de 2018 fue la gota que colmó la paciencia del PNV, que solo una semanas antes había aprobado los presupuestos y hasta de Ciudadanos. Supuso la salida definitiva de Rajoy de la política.

Desde este lunes, el primer juicio a partir de los papeles que acreditan esa caja B evidenciará hasta qué punto esa herencia de tres décadas de trampas y dinero negro implican un lastre imposible de soltar para Pablo Casado.

Entre los acusados se sentará Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1956), testigo de aquel traspaso de corruptelas entre los guardianes de la caja de AP y los del PP. “Al detener a (Rosendo) Naseiro me dan la llave de la caja y allí había 8 millones de pesetas”, declaró Bárcenas al juez Pablo Ruz el 10 de abril de 2014. Un año después, elDiario.es publicó los ‘papeles de Naseiro’, el primer tesorero del PP que escapó de la cárcel al anularse el proceso por escuchas ilegales. Entre esa documentación figura un documento que prueba la existencia de una cuenta bancaria con fondos no declarados por el partido y a nombre de Alianza Popular.

Bárcenas llega a la vista con ganas de ajustar cuentas con quienes considera que le han abandonado, esto es, los dirigentes de su partido con Rajoy a la cabeza. Condenado ya a 29 años de cárcel, cumplida su pesadilla de ver a su mujer ingresar en prisión, el ex tesorero del PP ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que muestra su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan en la vista que arranca mañana, y a colaborar en cualquier otra investigación.

Y un día antes de que comience la primera vista se publica una entrevista con él en el diario El Mundo en la que el extesorero vincula por primera vez a miembros de la actual dirección del PP con las negociaciones que según él mantuvo con el partido para no hacer más daño al PP. "Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido", asegura el extesorero en una entrevista que ve la luz en el ecuador de la campaña catalanas y cuando las encuestas sitúan a los populares muy parejos con Vox y por detrás de Ciudadanos. Ni Bárcenas ni el periódico ponen fecha a esa negociación pero el compromiso del extesorero solo pudo darse antes de que decidiese renunciar a ejercer la acusación en la causa de los discos duros, es decir durante el verano de 2016. En su conversación con El Mundo, Bárcenas, que continúa en prisión, tampoco detalla si las conversaciones con los miembros de la dirección del PP continuaron una vez que él cumplió con su parte del trato.

La principal causa en la que Bárcenas se presta ahora a colaborar está en pleno apogeo e indaga sobre las mordidas de grandes empresas a cambio de que las administraciones controladas por el partido le adjudicaran contratos desde los ministerios de José María Aznar en aquella era de mayorías absolutas de los populares. Las acusaciones creen que la aportación de Bárcenas puede ser determinante para que la causa prospere, lo que abocaría a un segundo juicio por la caja B distinto al que arranca mañana. De ser así, el pasado del partido seguirá estando muy presente en el intento de Pablo Casado de reflotar a su formación para que al final de esta legislatura el PP recupere el poder que le arrebató el descubrimiento de la caja B. Con ese sistema de financiación trucado, la derecha ganó dos elecciones generales y logró acumular un inmenso poder autonómico. Pero desde que perdió el Gobierno central hace casi dos años, la formación no levanta cabeza y millones de votantes han huido despavoridos primero hacia Ciudadanos y después a Vox, cuando no a la abstención.

¿Qué se juzga?

El auto de apertura del juicio oral que arranca este lunes detalla el funcionamiento de la contabilidad en negro entre 1990 y 2009, los años que abarcan las anotaciones de Bárcenas. Ahí aparecen sus donantes, la veintena de empresarios que estuvieron imputados pero a los que Ruz archivó la causa por no poder demostrar que sus inyecciones de dinero eran a cambio de obras concretas (la línea que se ha reabierto ahora). También constan los dirigentes que recibieron sobresueldos, con Rajoy a la cabeza, y el destino que se dio igualmente a los 8 millones que figuran en las anotaciones y de los que igualmente salieron gastos de las campañas electorales.

Sin embargo, el juicio se deberá centrar en los hechos no prescritos, que se ciñen al ejercicio fiscal de 2008. Ese año, el PP recibió 1.055.000 euros de dinero negro, por lo que habría dejado de ingresar 220.000 euros a la Hacienda Pública. Otro presunto delito fiscal radica en el pago con la caja B el de una parte de la reforma de la sede de la calle Génova en Madrid, 880.000 euros. El PP se ahorró así entre un 8 y un 10% que Unifica, el estudio de arquitectura encargado de la reforma, le perdonaba a cambio de cobrar en b.

Objeto de la vista serán igualmente los 209.550 euros que el fallecido y también extesorero del PP Álvaro Lapuerta se habría quedado, con conocimiento de Bárcenas, de los fondos de la caja en la maniobra de adquisición de acciones de Libertad Digital, el medio de Federico Jiménez Losantos, con cargo a la caja B. Luis Bárcenas ya fue condenado por quedarse con su parte en el juicio de Gürtel Primera Época.

Los acusados

El más alto responsable del Partido Popular que se sentará en el banquillo de los acusados será Luis Bárcenas. En 2008, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, Bárcenas había pasado de gerente a tesorero, dando el relevo a Álvaro Lapuerta. La investigación de Ruz no pudo demostrar que los presidentes del partido ni los secretarios generales tuvieran control de las cuentas de la formación, ya que la cúpula estaba blindada formalmente por unos estatutos que presentan a sus principales dirigentes como ajenos a las decisiones que toman el tesorero y gerente, por mucho que hayan sido ellos quien pusieran en el cargo a Lapuerta y Bárcenas. Históricos secretarios genrales del partido, que ocuparon los cargos de número dos en el organigrama, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal solo llegaron a declarar como testigos. Rajoy y Aznar ni siquiera.

Junto a Bárcenas se sentará Cristóbal Páez, su ayudante en los tiempos de la Gerencia y gerente cuando él ascendió a tesorero. Este último registró un escrito la pasada semana alegando estar enfermo de Covid-19. En la primera vista se le ha excusado de estar presente, aunque sí deberá acudir su abogado. Del lado de Unifica, la empresa que acometió la reforma del edificio del PP, ocuparán el banquillo de los acusados los socios de la empresa, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada Laura Montero.

La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para Bárcenas por delito fiscal, falsedad documental y apropiación indebida; y un año y medio a Cristóbal Páez por los dos primeros delitos. Cinco acusaciones populares están personadas, después de que Manos Limpias haya renunciado en el último momento, y eso complica la situación de los acusados. Dos de ellas, los socialistas valencianos e Izquierda Unida reclaman que se condena a los acusados por asociación ilícita y organización criminal, lo que incrementa las peticiones de penas a casi 28 años para Bárcenas y 25 para Páez.

El Partido Popular, por su parte, se enfrenta a su segunda posible condena. Como ya ocurrió en el juicio de Primera Época de Gürtel, la formación política, como persona jurídica, responde como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas. Por esta razón tuvo que abonar una fianza de 1,2 millones de euros a riesgo de que fuera embargada su sede. Si Bárcenas, Páez y el PP resultan condenados, éste último tendrá que hacer frente a los pagos de los dos primeros si éstos no pueden asumir el pago.

Los testigos

El plato fuerte del juicio, que celebrará un mínimo de tres sesiones por semana hasta el mes de mayo con un par de periodos de descanso, será sin duda la comparecencia de los testigos. El presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar López, está llamado a declarar, al igual que su sucesor en la presidencia del PP, Mariano Rajoy. Éste último tendrá que enfrentarse a las acusaciones de Bárcenas, quien en el escrito presentado a Anticorrupción le describe como “perfecto conocedor” de la caja B del partido y de los sobresueldos, de los que sería uno de los perceptores. Rajoy ya declaró como testigo en Primera Época de Gürtel en una intervención plagada de olvidos y frases ambigüas en la que negó estar al corriente de la caja B. Ahora lo hará después de que Bárcenas haya declarado por escrito que le entregó sus famosos papeles con las anotaciones de los pagos en B y que fue el presidente del partido en persona el que los metió en una máquina trituradora sin saber que el tesorero guardaba copias.

Junto a los presidentes del PP Aznar y Rajoy declararán sus secretarios generales: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal. A todos los señala Bárcenas como perceptores de sobresueldos y durante sus declaraciones en fase de instrucción se esforzaron en desvincularse de cualquier decisión en el partido que tuviera que ver con el dinero, pese a ser los números dos en el escalafón.

El tribunal

Tras más de una decena de cambios en su composición, el tribunal estará formado por María Fernanda Garcia, José Antonio Mora y Fernando Andreu. García será la encargada de redactar la sentencia y, como Mora, es relativamente nueva en la Audiencia Nacional. A diferencia de Andreu, quien intentó ser apartado por el Partido Popular con el argumento de que Dolores Delgado le ofreció el puesto de secretario de Estado cuando ella aceptó el cargo de ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Los cambios en el tribunal arrancaron con la recusación, ésta sí exitosa, de Enrique López y Concepción Espejel, a quienes sus compañeros de la Sala de lo Penal apartaron de esta vista y de otras de Gürtel por no guardar la apariencia de imparcialidad respecto al Partido Popular. A quien sí lograron recusar el PP y Bárcenas fue a José Ricardo de Prada por haberse ya pronunciado sobre hechos a juzgar en la sentencia de Gürtel. El PP atribuye a De Prada los párrafos de aquella sentencia que aluden a la caja B y que provocaron la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Una vez el Supremo ratificó la sentencia de Primera Época, las acusaciones populares pidieron sin éxito que se le repusiera en el tribunal de caja B.

https://www.eldiario.es/politica/juicio-veinte-anos-trampas-pp-irrumpe-planes-casado-reflotar-partido_1_7193026.html


LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009

Declara que algunas de las donaciones que recibió el PP eran a cambio de contratos públicos | “Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó, me guardé una copia”

“Hay una grabación donde Lapuerta habla de la entrega de dinero”

Denuncia presiones de su partido para guardar silencio sobre la caja b

El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a seis días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP, previsto para el próximo lunes, y donde se sienta como principal acusado. Se trata de un texto en el que Bárcenas confiesa una serie de hechos que afectan a exdirigentes populares muy relevantes―incluido el presidente del Gobierno Mariano Rajoy― y promete colaborar con la justicia en las distintas investigaciones aún en curso que afectan a hechos que conoció o en los que participó como gerente o tesorero del PP. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.

Bárcenas recuerda en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el 15 de julio de 2013 ya confesó al juez la existencia de una caja b en el PP y muchos detalles de su funcionamiento, pero remarca que esa declaración “pudo ser más amplia, mas no lo fue siguiendo la recomendación del abogado”. En su nueva confesión, sostiene, por ejemplo, que mostró a Rajoy los documentos que demostraban la financiación ilegal del PP durante 20 años y que el entonces presidente del partido los metió en una trituradora de papeles sin saber que el tesorero se había guardado una copia.

Además, Bárcenas sugiere en esta declaración que algunas donaciones de empresarios pudieron estar vinculadas a la adjudicación de contratos por parte de Administraciones del PP ―un delito de cohecho que todavía está en investigación y que el primer instructor tuvo que descartar al no encontrar pruebas suficientes durante sus pesquisas―.

El extesorero aclara a la Fiscalía Anticorrupción que su silencio de los últimos años en los que ha estado preso se ha debido a que el PP le prometió que su esposa, Rosalía Iglesias, no ingresaría en prisión si él se mantenía callado. Pero Iglesias fue finalmente juzgada y condenada a 12 años de cárcel por delito fiscal, blanqueo y apropiación indebida. Ingresó en prisión el pasado diciembre después de confirmar el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018.

Lo que sigue es un amplio resumen de la confesión de Bárcenas, firmada por el extesorero y fechada el 26 de enero:

“El Partido Popular me prometió que mi mujer no entraría en prisión”

“Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1. De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa ―por parte del Partido Popular― que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― `la paz’ con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular”.

“Me ha resultado desalentador conocer la Operación Kitchen”

“Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, en concreto en la Operación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales ―no acordadas judicialmente― e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales”.

Entre julio de 2013, apenas unos días después de la confesión de Bárcenas en el juzgado, y julio de 2015, el Ministerio del Interior puso presuntamente en marcha un operativo de espionaje ilegal a la familia Bárcenas, pagado con fondos reservados y realizado a espaldas del juez, con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el PP, según ha acreditado la investigación judicial.

“Me han sustraído documentación sensible al Partido Popular”

“Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas. (…) Llevo privado de libertad casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de estos errores y del dolor infligido a mi mujer y a mi hijo. Un sufrimiento del que no son merecedores. Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia”.

En realidad, los papeles que presuntamente robaron a Bárcenas los comisarios de la Operación Kitchen apenas añadieron gravedad a los hechos que el extesorero del PP ya había relatado en su confesión ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013. Esos papeles no se incorporaron a la investigación judicial hasta que estalló el caso Kitchen.

“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b”

“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (…) En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos b a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13. Esos fondos ―caja b― se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas. (…) Lapuerta era la persona designada para poner en conocimiento ―si fuera el caso― al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.

En esta declaración, Bárcenas sugiere que algunas donaciones de empresarios tenían efectos sobre adjudicaciones de contratos de ministerios. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre contratos adjudicados a donantes por más de 600 millones de euros en seis ministerios durante la etapa de gobierno de José María Aznar.

“Pudieran existir casos de donativos a cambio de contratos públicos”

“Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza, sino en otra en la que me ofrezco a prestar la colaboración oportuna”.

En sus distintas declaraciones durante la investigación del caso de la caja b, Bárcenas negó que las donaciones estuvieran vinculadas a contratos públicos. Es la primera vez que sugiere que algunos de los empresarios que entregaban dinero al Partido Popular recibían a cambio contratos públicos.

“Rajoy era perfecto conocedor de todas estas actuaciones, le mostré los papeles en su despacho y los destruyó”

“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto de que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.

Bárcenas declaró algo parecido al juez Pablo Ruz en 2013, pero lo situó en 2010: “Metí en un sobre 4.900 euros que quedaban en la caja, se los dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó luego en la destructora de papeles, y le dejé un sobre en el despacho”.

“Rajoy, Cospedal, Trillo, Cascos, Acebes, Arenas y Rato recibieron complementos salariales”

“Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Estas entregas eran realizadas, personalmente, por don Álvaro ―y en ocasiones por mí―, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente”.

Los papeles de Bárcenas recogen también otros nombres que también recibieron dinero de la caja b popular y que la investigación ha confirmado como verdaderos. Y aunque en esa contabilidad paralela también aparece “J.M.”, Bárcenas no ha confirmado nunca, ni lo ha hecho ahora, que esas iniciales correspondan a quien fue el presidente del partido entre 1990 y 2004, José María Aznar.

“Existe una grabación en la que Álvaro Lapuerta habla de las entregas, entre otros, a Mariano Rajoy”

“Existe una grabación en poder de una persona ―que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal― que yo he escuchado, en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.

Durante siete años de investigación judicial de los papeles de Bárcenas nunca se descubrieron grabaciones que apuntalaran las anotaciones recogidas en la contabilidad paralela del PP. Aunque los comisarios que realizaron el presunto espionaje ilegal de la familia Bárcenas llegaron a presumir de supuestas grabaciones del tesorero, nunca se ha confirmado su existencia. Ahora, Bárcenas hace referencia a la grabación que supuestamente ha escuchado y que hizo otra persona a Álvaro Lapuerta, quien fue tesorero nacional entre 1993 y 2008.

Un periodista de EL PAÍS habló en varias ocasiones con Álvaro Lapuerta después de la publicación de los papeles de Bárcenas por este diario en enero de 2013. En esas conversaciones, Lapuerta sugería que se produjeron las entregas de dinero en metálico a determinados miembros de la cúpula del partido.

Lapuerta sufrió una caída en abril de 2013 y estuvo varios días en coma. Desde entonces, las dificultades para tomarle declaración fueron enormes debido a los problemas de salud que sufría. Falleció en 2018 sin que los distintos jueces instructores de la Audiencia Nacional que pasaron por la causa lograran una declaración del extesorero, amplia y detallada, sobre el mecanismo de financiación que el PP mantuvo durante casi 20 años.

“Negociamos pagar parte de las obras de Génova 13 en b”

“En las negociaciones con la empresa Unifica se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento en torno a un 10%. (…) Estos pagos no se contabilizaron ni se declararon a Hacienda por parte del Partido Popular. En cuanto al pago en metálico era destinado, según las conversaciones que mantuvimos con Gonzalo Urquijo, a su criterio: para distribuirlo para el pago de sus proveedores y de sus servicios. Dichas cantidades fueron entregadas por mí a Gonzalo Urquijo”.

“Compramos acciones de Libertad Digital porque era afín a las ideas del PP y a las tesis de la autoría de ETA en el 11-M”

“En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital por Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con fondos procedentes de la caja b, que me pidió que se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho. El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital y por razón de que este medio resultaba afín a las ideas del Partido Popular y especialmente a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11-M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones”.

https://elpais.com/espana/2021-02-03/la-confesion-de-barcenas.html


 

BÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ AGUIRRE

 

El extesorero se ofrece para apuntalar dos investigaciones abiertas por la Audiencia

 

Luis Bárcenas ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel, apunta que pudieron existir contratos amañados a favor de empresarios que donaban dinero al PP. Además, entre la documentación que le sustrajeron durante la operación policial Kitchen, figuraban presupuestos del PP de Madrid que demostrarían supuestamente la financiación ilegal de las campañas electorales de Esperanza Aguirre.

 

El caso Púnica investiga distintas ramas de corrupción en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Tres expresidentes regionales —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están imputados. La investigación que les afecta reúne algunos indicios de la supuesta financiación ilegal que alimentó las campañas electorales de Aguirre, quien ganó por mayoría absoluta en los comicios de 2003, 2007 y 2011.

 

El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas conservaba en su poder numerosa documentación madrileña que incluía cheques, extractos bancarios y otros documentos contables que supuestamente demostrarían los excesos de gasto electoral del PP de Aguirre para los comicios autonómicos. Ese exceso de gastos fue ocultado al Tribunal de Cuentas, según se comprueba al comparar las cifras recogidas en la documentación que conservaba Bárcenas y la remitida al organismo fiscalizador por el PP de la Comunidad de Madrid.

 

Bárcenas le ha confesado ahora a la Fiscalía Anticorrupción que entre los documentos que le fueron sustraídos por los policías de la Operación Kitchen —el espionaje ilegal a la familia del extesorero pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior— había algunos “muy sensibles hacía el Partido Popular”. Entre esos documentos, según explican a EL PAÍS fuentes del entorno de Bárcenas, se encontraba la contabilidad electoral del PP de Aguirre.

 

La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los documentos que guardaba Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones. El testimonio de Bárcenas en esa causa puede apuntalar los indicios que ya ha acumulado la investigación sobre una financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

 

Por otra parte, el escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con otra confesión del ex tesorero.

 

Luis Bárcenas sostiene en el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicación de contratos públicos a empresarios a cambio de donaciones. El extesorero había mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios.

 

Ese dinero, repetía Bárcenas cada vez que le preguntaban, no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP. El extesorero tan sólo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso de adjudicación de contratos.

 

La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.

 

Rafael Palencia es un empresario que visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas, según numerosas pruebas en poder de la Audiencia. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones. El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen 23 contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de donantes del PP.

 

Contratos multimillonarios de la administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes del PP, con nueve aportaciones de fondos en distintos años según los papeles de Bárcenas. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.

 

El juez Pedraz ha solicitado ahora “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.

 

Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas.

 

Los papeles robados de la operación Kitchen

 

El sumario del caso Kitchen incluye un informe de la Unidad de Asuntos Internos sobre diversa documentación sustraída al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tan frívola resulto aquella operación secreta, hecha a espaldas del juez y pagada con fondos reservados, que algunos de los policías que intervinieron en la misma difundieron a través de varios medios de comunicación los documentos robados a Bárcenas. Esa información ocultada al juez que investigaba el caso, acabó publicada en parte en diversos medios. El juez del caso Kitchen reclamó esos papeles y pidió a la unidad de asuntos internos un análisis para conocer su importancia y trascendencia. Y los policías relataron que, según la documentación, el PP de la Comunidad de Madrid imitaba las prácticas del PP Nacional cuando recibía una donación que superaba los 60.000 euros y la troceaba para ingresarla en el banco como si se tratara de varias donaciones anónimas. “Se observa un fraccionamiento del importe de la donación para eludir el contenido del precepto legal”, señalan los autores del informe. También recoge el informe otros documentos que conservaba Luis Bárcenas y que demostrarían como el PP de Madrid utilizaba fondos de la fundación Fundescam para financiar actos electorales, algo expresamente prohibido por la Ley. Por último, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía analiza los documentos sobre presupuestos de campaña en poder de Luis Bárcenas y llega a la conclusión que los gastos allí consignados son muy superiores a los que declaró el PP de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal de Cuentas por la campaña electoral.

 

https://elpais.com/espana/2021-02-04/barcenas-apunta-al-cohecho-en-la-era-de-aznar-y-a-la-caja-b-que-uso-aguirre.html

 

 

UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

 

Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"

 

Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero

 

La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho

 

El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas. Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.

 

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

 

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

 

Investigando desde 2013

 

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.

 

La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda.

 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

 

Caja B acreditada desde 2015

 

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

 

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

 

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

 

Los veinte donantes y sus pagos

 

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

 

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

 

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

 

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

 

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

 

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

 

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

 

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

 

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

 

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

 

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros.

 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

 

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

 

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

 

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

 

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

 

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

 

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

 

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

 

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

 

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

 

Una veintena de contratos, bajo la lupa

 

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

 

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/la_confesion_barcenas_pone_disparadero_veintena_empresarios_investigados_por_presuntas_donaciones_caja_b_116273_1012.html

 

 

LUIS BÁRCENAS PODRÁ OPTAR EN FEBRERO A SUS PRIMEROS PERMISOS PENITENCIARIOS

 

El extesorero del Partido Popular puede solicitar este mismo mes sus primeros permisos para salir de la cárcel, según fuentes de su defensa, al cumplir las condiciones exigidas por la ley

 

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, está a punto de cumplir cuatro años y medio de sus 29 de condena por la sentencia de la época I del caso Gürtel, y por tanto estará en disposición de obtener sus primeros permisos penitenciarios este mismo mes de febrero, según destacan a la SER fuentes de su defensa, por lo que no busca esos beneficios con su confesión, en la que como novedad, admite que el PP cobró mordidas a cambio de obra pública o la existencia de una grabación sobre los sobresueldos a Rajoy y los motivos para financiar la ampliación de capital de Libertad Digital.

 

El artículo 154 del régimen penitenciario establece que Bárcenas podrá solicitar permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración, como preparación a la vida en libertad, una vez cumplida la cuarta parte de su condena.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/02/04/tribunales/1612440998_720281.html

 

BÁRCENAS "DOSIFICARÁ" LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE COMO "ESTRATEGIA PROCESAL"

 

Su abogado Gustavo Galán avanza que "igual no es oportuno" presentar pruebas de los sobresueldos de altos cargos del PP o de que éstos provenían de donaciones "finalistas" de empresarios, a cambio de adjudicaciones públicas, en el juicio de la 'caja B'

 

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que se ha mostrado dispuesto a «colaborar con la Justicia» y aportar información sobre la supuesta financiación irregular de dicho partido que describió como «institucionalizada» desde el año 1982 hasta el año 2009 en un escrito presentado este martes a la Fiscalía Anticorrupción, «dosificará» la documentación con la que tratará de probar estos hechos por razones de estrategia procesal de defensa.

 

Así lo ha manifestado su abogado, Gustavo Galán, en una entrevista concedida este jueves a Onda Cero, en la que ha adelantado que «igual no es oportuno» aportar dicha información en el juicio que arranca el próximo lunes en la Audiencia Nacional, donde se juzgará si el partido pagó la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid con el dinero de una caja B nutrida de donaciones de empresarios que no se declararon.

 

Preguntado por una grabación en la que supuestamente el fallecido Álvaro Lapuerta describe los sobresueldos cobrados por altos cargos del PP, entre ellos el ex presidente Mariano Rajoy, con cargo a dicha caja B a la que Bárcenas se refiere en su escrito afirmando que está en poder de una persona que él conoce, su representante afirma que tendrán que elegir la «oportunidad procesal» para aportar esta y otra documentación en sus manos. Afirma que valorarán «dosificarlas o presentarlas donde sea oportuno».

 

No todos tenían que conocer el objetivo de las donaciones

 

«No solamente está la pieza que empieza el próximo lunes, sino que también hay otras como Púnica o la que se está instruyendo en el Juzgado Central 5 que se refiere a la posibilidad de que las donaciones de empresarios sean finalistas», ha explicado el abogado durante la entrevista.

 

Galán se refiere a la investigación abierta por el juez Santiago Pedraz para ver si la adjudicación de distintos contratos por parte de ministros del Gobierno de José María Aznar fueron en compensación por donaciones al partido realizadas previamente por empresarios. Precisamente para el avance de esta causa podrían ser relevantes las pruebas que aporte Luis Bárcenas de que efectivamente las donaciones fueron «finalistas», si es que las tiene.

 

En este sentido, su letrado ha querido aclarar que no todos los altos cargos del PP a los que se refirió el ex tesorero en su escrito de este martes como receptores de sobresueldos supieran que éstos procedían de donaciones de empresarios que esperaban conseguir una adjudicación pública a cambio. «Eso tendrá que desarrollarse en una investigación, la que se está realizando en el Juzgado Central número 5, que no es la que toca ahora y ahí habrá que depurar quiénes tenían conocimiento de esos hechos. Pero no quien recibió dichas comisiones tenía que conocer que las donaciones eran finalistas», ha explicado.

 

«Gravísimos» los indicios de la ‘Kitchen’

 

Galán también se ha referido a la operación Kitchen que supuestamente habría desplegado el Gobierno de Rajoy, con la ayuda de la cúpula policial según se investiga en la Audiencia Nacional, para requisarle a Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos de dicho partido ocultándolos a la Justicia.

 

Para el ex tesorero popular, conocer dicha operación -en la que miembros de la Policía entraron en un estudio de restauración de su mujer o un falso cura (él también encuadra este episodio en la Kitchen) «secuestró» a su mujer e hijo en su domicilio pidiéndoles información- fue la gota que colmó el vaso para romper su «paz» con el PP, según explicó en su escrito de este martes. «Se llevaron prácticamente todo lo que tenía el señor Bárcenas para reservárselo a su defensa», ha afirmado Galán en la entrevista radiofónica. «Naturalmente que sí» había pruebas de la comisión de delitos, ha dicho. Y éstas «podrían» afectar a personas que no han sido juzgadas», ha sostenido.

 

«Esos indicios de la Kitchen para mí es algo gravísimo. Más graves de los que luego se enjuician o por las que es condenado el señor Bárcenas. Utilización de fondos reservados con miembros del Gobierno y la Policía, si se demuestra que esto fue así, me parece gravísimo», ha considerado el letrado del ex tesorero y ex gerente popular.

 

https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/04/barcenas-dosificara-la-documentacion-que-tiene-como-estrategia-procesal/

 

CASADO SE CONSIDERA A SALVO DEL DESGASTE POR BÁRCENAS Y CREE QUE EL PP YA HA PAGADO EL COSTE DE LA CORRUPCIÓN

 

“Si alguien sale salpicado, el guion está escrito: sea el que sea”, aseguran fuentes del partido conservador

 

El líder del PP se refugia en un acto electoral sin preguntas para no responder sobre el extesorero

 

La agenda de Pablo Casado de este jueves incluía una visita a una granja de cerdos en la localidad de Castellnou de Seana (Lleida). Allí, en un acto más de la campaña electoral del PP, tuvo tiempo de posar con un lechón en brazos y de insistir en que el Gobierno está ocultando un dictamen del Consejo de Estado que, según él, incluye críticas “absolutamente devastadoras” hacia el modelo de gestión de los fondos europeos de reconstrucción aprobado por el Congreso de los Diputados. Pero no para hacer comentario alguno en torno al escrito dirigido a Anticorrupción por el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, en el que acusó al PP de recibir dinero a cambio de adjudicaciones públicas e involucró a su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy.

 

Fuentes del PP consultadas por infoLibre dan por hecho que Casado no va a prestar atención alguna a la nueva declaración de Bárcenas porque considera que no le atañe en absoluto. “Da la impresión de que a la cúpula no les importa nada Rajoy ni Aznar”, asegura un dirigente con años de experiencia en el partido. Eso “ha quedado claro desde que Casado llegó a la presidencia” del PP, hade ahora dos años y medio, y por eso cree que no hace falta ninguna escenificación mayor con la que poner distancia con los casos de corrupción del pasado. “La ruptura de etapa es clara” y la mejor muestra de que lo que diga Bárcenas le es ajeno es mostrar “desprecio” por este asunto.

 

Por no preocupar, asegura la misma fuente, tampoco inquieta en el PP que la declaración del extesorero y el inicio la semana que viene del juicio sobre la caja b del partido en relación con la financiación de las obras de la emblemática sede de la calle Génova puedan tener consecuencias sobre el voto en las elecciones catalanas. El coste electoral por este asunto y por los casos de corrupción en general ya se pagó en las elecciones de 2019. A él atribuyen el retroceso sufrido en las generales, las municipales, las europeas y algunas autonómicas. “Evidentemente bien no viene”, admiten, sobre todo en unas elecciones en las que el PP se mueve entre la supervivencia, el miedo a verse superado por Vox y una expectativa que como mucho aspira a repetir el segundo peor resultado de los últimos 30 años. Pero aun así dan amortizado el desgaste que provocan este tipo de noticias.

 

“Bien no viene”, admite también otro dirigente territorial con el que ha hablado infoLibre que, sin embargo, cree que ya se ha pasado página. “¿Cuánto tiempo llevamos con esto?” A estas alturas “Casado ya ha marcado la línea de la ejemplaridad” y “si alguien en puestos destacados resulta salpicado ahora, el guion está escrito. Sea quien sea”, advierte señalando la puerta de salida de la organización. Eso sí, tendrá que ser algo más que una mera acusación de Bárcenas. De aquella época quedan en estos relevantes al menos Javier Arenas y Pío García-Escudero, ambos con escaño en el Senado.

 

La actual dirección del PP considera que lo ocurrido con el extesorero y con sus antecesores al frente del partido no es cosa suya. “Todo lo que ha salido estos días lo llevamos leyendo años en los periódicos”, subrayan, así que “¿por qué nos va a preocupar más ahora?”

 

Los pocos miembros del PP que hablaron este jueves del caso lo hicieron en la misma línea, tratando de desacreditar la declaración de Bárcenas como “la estrategia de defensa” de un convicto por corrupción. Y enfatizando que no consideran tener ningún vínculo con sus antecesores, aunque Pablo Casado o Javier Maroto, por ejemplo, llegasen a la cúpula del partido precisamente de la mano de Rajoy.

 

En defensa de Rajoy

 

Este jueves volvió a ser Javier Maroto el que, en ausencia de Casado y de su mano derecha, Teodoro García Egea, asumió la tarea de dar la cara por la actual dirección. Al ser preguntado sobre si cree que Rajoy debería ofrecer algún tipo de explicación, respondió que él no iba a hablar por otros y destacó, por “ejemplar”, el paso del expresidente a la segunda línea cuando abandonó la presidencia del PP… En su opinión, se trata de una “persona honesta”. “Yo no he conocido nunca una trituradora en el despacho del presidente. Eso puedo decir cuando yo entraba en ese despacho, que es a partir de 2015”, manifestó subrayando la fecha para marcar distancias con la época de Bárcenas.

 

Algunas voces de la actual dirección citadas por el diario El Mundo emplazaron a Rajoy a responder a Bárcenas porque es a él a quien afecta su declaración, no a la dirección actual. “Que responda él, no es cosa nuestra”, aseguraron, tratando de marcar distancias.

 

Durante toda la jornada fueron varios los partidos exigieron a Casado que dé explicaciones sobre la trayectoria del partido que preside. Que no se “esconda” y "colabore con la justicia”, le pidió, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. No puede “refugiarse en el pasado” para desvincularse porque no representa “una época” superada sino que es “toda la historia del PP”, subrayó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

 

En la Comisión de Justicia del Senado PSOE el senador socialista José María Oleaga acusó al PP de convertirse en “una organización cuasidelictiva” y le apremió a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos.

 

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, celebró a su vez que el extesorero del PP haya decidido “tirar de la manta” e instó al PP a colaborar con la Justicia contando lo que sepa sobre este asunto, algo que cree que todavía no ha hecho. “Me encantaría que fuera así porque creo que los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con la financiación irregular del PP y si es cierto y puede demostrar de alguna manera que había empresarios que se encontraban conchabados con el PP de forma que a cambio de donaciones recibían la adjudicación de ciertos contratos”, añadió.

 

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/casado_considera_salvo_que_pueda_decir_barcenas_cree_que_ha_pagado_coste_los_casos_corrupcion_116282_1012.html

 

 

LAS OTRAS CUATRO REUNIONES DE RAJOY QUE PRUEBAN QUE ERA "PERFECTO CONOCEDOR" DE LA CAJA B

 

"Estaba Rajoy porque yo pedí que estuviese Rajoy, porque dije ‘es que si no viene, esta reunión no va a servir’

   

Trias sobre Gürtel: "Tuve cuatro reuniones con Rajoy. No puedo concebir que no estuviese informado"

 

Tiempo ha que el extesorero del PP Luis Bárcenas amenaza y amaga con “tirar de la manta”, y este miércoles cumplió. En un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción relató que Mariano Rajoy era “perfecto conocedor” de la caja B y, de hecho “tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B”. El expresidente del Gobierno le reprendió que conservara aún los documentos y los destruyó. Rajoy siempre ha negado la mayor, pero esta cita en la que Bárcenas narra cómo trituró los documentos no es la única reunión que pone de manifiesto que, efectivamente, el exlíder popular no era ajeno a la financiación irregular.

 

En junio del año 2018, ElPlural.com entrevistó al exdiputado del PP Jorge Trias Sagnier con motivo de la presentación de su libro El baile de la corrupción, donde relata los entresijos y el backstage del caso Gürtel, el verdugo de Rajoy.

 

Fue el propio Luis Bárcenas quien enseñó los Papeles a Trias. En el libro, además de entrar en detalle en los mismos, asegura que mantuvo hasta cuatro reuniones con Rajoy así como con otros personajes como Javier Arenas o Federico Trillo. También mantuvo encuentros con el juez instructor de la causa Antonio Pedreira, ya fallecido. De estos encuentros, el exdiputado extrae una irrefutable conclusión: Rajoy lo sabía.

 

A preguntas de este periódico, argumentó que “si no sabia nada, fatal, porque entonces es un incompetente. Porque quien preside un partido y quien desde las elecciones del año 2000, por lo menos por lo que yo sé, era el vicesecretario general y el responsable de toda la campaña electoral. Decir que él no se ocupaba de temas económicos… Es evidente que el presidente de una gran empresa tampoco se ocupa de los temas económicos del personal, de ingresos, gastos… Se ocupa del balance. Pero que pueda decir que él desconocía por completo todo lo que ocurría en el partido, es que no se ocupaba del partido”.

 

En este punto, aclaró que se vio con Rajoy en cuatro ocasiones y “la sensación es que él sí lleva las riendas del partido. De hecho, hay una reunión que narro en el libro en la cual está Federico Trillo, Luis Bárcenas, Javier Arenas, Mariano Rajoy y yo. Estaba Rajoy porque yo pedí que estuviese Rajoy, porque dije ‘es que si no viene, esta reunión no va a servir’”.

 

¿El motivo del cónclave?, “coordinar todas las actuaciones judiciales que se estaban llevando- y políticas-, en torno a todo este proceso de investigación que estaba llevando entonces el juez Antonio Pedreira”.

 

“Yo no puedo concebir que Rajoy no estuviese informado. Porque además, Álvaro Lapuerta lo explicó con mucho detalle cuál era el proceso. La empresa 'X' venía y hacía una donación al partido, por ejemplo, 200.000 euros. Subía a la séptima planta y le decía al presidente, primero a Aznar y después a Rajoy: mira presidente, hemos recibido una donación. Llámale, al empresario que sea, para darle las gracias y que te has enterado de que esta persona estaba contribuyendo a las atenciones de partido”, insistió Trias.

 

Incluso, asegura que el propio Rajoy le confesó cuál era la estrategia a seguir para evitar ser tumbado por el caso Gürtel: “Es su teoría del junco. Piensa que el político, él en concreto, era como un junco. Si soplaba el huracán, el ciclón o el tifón, depende de la intensidad, lo que había que hacer era doblarse y esperar que pasase. Porque si ponías resistencia lo más seguro es que el ciclón te llevase por delante. Si te doblabas, el ciclón pasaba y cuando había pasado volvías a erguirte”.

 

https://www.elplural.com/politica/reuniones-rajoy-evidencian-perfecto-conocedor-caja_258893102

 

EL PSOE: "VOLVEMOS AL PUNTO DE PARTIDA DE LA CORRUPCIÓN: GÉNOVA 13"

 

Así lo ha expresado el partido socialista en su cuenta de Twitter haciendo referencia al escrito que ha enviado Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que tiene una copia de los papeles de la caja b

 

El mensaje publicado en la red social también recuerda uno de los SMS que le envió Rajoy a Bárcenas: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo"

 

El PSOE ha definido este miércoles al PP y su sede de la calle Génova 13 como el "punto de partida de la corrupción", tras conocerse el escrito en el que el extesorero de los populares Luis Bárcenas explica a la Fiscalía Anticorrupción que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja b del partido "sin saber" que él conservaba una copia, según informe Europa Press.

 

Así lo ha asegurado el PSOE en un mensaje publicado en Twitter, recogido por Europa Press, en el que también recuerda uno de los SMS que le envió Rajoy a Bárcenas cuando comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre la supuesta contabilidad en B del partido, según reveló El Mundo.

 

En concreto, los socialistas reproducen el mensaje que rezaba Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, y lo acompañan de las iniciales "M.R.", en referencia a las que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas, en los que el extesorero apuntaba esa supuesta contabilidad en B.

 

"Siempre volvemos al punto de partida de la corrupción: Génova 13", aseguran a continuación en su mensaje, en el que se hacen eco de escrito que Bárcenas ha remitido a la Fiscalía, que se ha dado a conocer justo cinco días antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgarle por el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta contabilidad paralela.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/03/el_psoe_volvemos_punto_partida_corrupcion_genova_116253_1012.html

 

LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS

 

El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009

 

Declara que algunas de las donaciones que recibió el PP eran a cambio de contratos públicos | “Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó, me guardé una copia” | “Hay una grabación donde Lapuerta habla de la entrega de dinero” | Denuncia presiones de su partido para guardar silencio sobre la caja b

 

El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a seis días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP, previsto para el próximo lunes, y donde se sienta como principal acusado. Se trata de un texto en el que Bárcenas confiesa una serie de hechos que afectan a exdirigentes populares muy relevantes―incluido el presidente del Gobierno Mariano Rajoy― y promete colaborar con la justicia en las distintas investigaciones aún en curso que afectan a hechos que conoció o en los que participó como gerente o tesorero del PP. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.

 

Bárcenas recuerda en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el 15 de julio de 2013 ya confesó al juez la existencia de una caja b en el PP y muchos detalles de su funcionamiento, pero remarca que esa declaración “pudo ser más amplia, mas no lo fue siguiendo la recomendación del abogado”. En su nueva confesión, sostiene, por ejemplo, que mostró a Rajoy los documentos que demostraban la financiación ilegal del PP durante 20 años y que el entonces presidente del partido los metió en una trituradora de papeles sin saber que el tesorero se había guardado una copia.

 

Además, Bárcenas sugiere en esta declaración que algunas donaciones de empresarios pudieron estar vinculadas a la adjudicación de contratos por parte de Administraciones del PP ―un delito de cohecho que todavía está en investigación y que el primer instructor tuvo que descartar al no encontrar pruebas suficientes durante sus pesquisas―.

 

El extesorero aclara a la Fiscalía Anticorrupción que su silencio de los últimos años en los que ha estado preso se ha debido a que el PP le prometió que su esposa, Rosalía Iglesias, no ingresaría en prisión si él se mantenía callado. Pero Iglesias fue finalmente juzgada y condenada a 12 años de cárcel por delito fiscal, blanqueo y apropiación indebida. Ingresó en prisión el pasado diciembre después de confirmar el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018.

 

Lo que sigue es un amplio resumen de la confesión de Bárcenas, firmada por el extesorero y fechada el 26 de enero:

 

“El Partido Popular me prometió que mi mujer no entraría en prisión”

 

“Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1. De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa ―por parte del Partido Popular― que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― `la paz’ con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular”.

 

“Me ha resultado desalentador conocer la Operación Kitchen”

 

“Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, en concreto en la Operación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales ―no acordadas judicialmente― e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales”.

 

Entre julio de 2013, apenas unos días después de la confesión de Bárcenas en el juzgado, y julio de 2015, el Ministerio del Interior puso presuntamente en marcha un operativo de espionaje ilegal a la familia Bárcenas, pagado con fondos reservados y realizado a espaldas del juez, con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el PP, según ha acreditado la investigación judicial.

 

“Me han sustraído documentación sensible al Partido Popular”

 

“Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas. (…) Llevo privado de libertad casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de estos errores y del dolor infligido a mi mujer y a mi hijo. Un sufrimiento del que no son merecedores. Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia”.

 

En realidad, los papeles que presuntamente robaron a Bárcenas los comisarios de la Operación Kitchen apenas añadieron gravedad a los hechos que el extesorero del PP ya había relatado en su confesión ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013. Esos papeles no se incorporaron a la investigación judicial hasta que estalló el caso Kitchen.

 

“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b”

 

“Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (…) En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos b a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13. Esos fondos ―caja b― se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas. (…) Lapuerta era la persona designada para poner en conocimiento ―si fuera el caso― al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.

 

En esta declaración, Bárcenas sugiere que algunas donaciones de empresarios tenían efectos sobre adjudicaciones de contratos de ministerios. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre contratos adjudicados a donantes por más de 600 millones de euros en seis ministerios durante la etapa de gobierno de José María Aznar.

 

“Pudieran existir casos de donativos a cambio de contratos públicos”

 

“Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza, sino en otra en la que me ofrezco a prestar la colaboración oportuna”.

 

En sus distintas declaraciones durante la investigación del caso de la caja b, Bárcenas negó que las donaciones estuvieran vinculadas a contratos públicos. Es la primera vez que sugiere que algunos de los empresarios que entregaban dinero al Partido Popular recibían a cambio contratos públicos.

 

“Rajoy era perfecto conocedor de todas estas actuaciones, le mostré los papeles en su despacho y los destruyó”

 

“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto de que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.

 

Bárcenas declaró algo parecido al juez Pablo Ruz en 2013, pero lo situó en 2010: “Metí en un sobre 4.900 euros que quedaban en la caja, se los dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó luego en la destructora de papeles, y le dejé un sobre en el despacho”.

 

“Rajoy, Cospedal, Trillo, Cascos, Acebes, Arenas y Rato recibieron complementos salariales”

 

“Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Estas entregas eran realizadas, personalmente, por don Álvaro ―y en ocasiones por mí―, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente”.

 

Los papeles de Bárcenas recogen también otros nombres que también recibieron dinero de la caja b popular y que la investigación ha confirmado como verdaderos. Y aunque en esa contabilidad paralela también aparece “J.M.”, Bárcenas no ha confirmado nunca, ni lo ha hecho ahora, que esas iniciales correspondan a quien fue el presidente del partido entre 1990 y 2004, José María Aznar.

 

“Existe una grabación en la que Álvaro Lapuerta habla de las entregas, entre otros, a Mariano Rajoy”

 

“Existe una grabación en poder de una persona ―que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal― que yo he escuchado, en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.

 

Durante siete años de investigación judicial de los papeles de Bárcenas nunca se descubrieron grabaciones que apuntalaran las anotaciones recogidas en la contabilidad paralela del PP. Aunque los comisarios que realizaron el presunto espionaje ilegal de la familia Bárcenas llegaron a presumir de supuestas grabaciones del tesorero, nunca se ha confirmado su existencia. Ahora, Bárcenas hace referencia a la grabación que supuestamente ha escuchado y que hizo otra persona a Álvaro Lapuerta, quien fue tesorero nacional entre 1993 y 2008.

 

Un periodista de EL PAÍS habló en varias ocasiones con Álvaro Lapuerta después de la publicación de los papeles de Bárcenas por este diario en enero de 2013. En esas conversaciones, Lapuerta sugería que se produjeron las entregas de dinero en metálico a determinados miembros de la cúpula del partido.

 

Lapuerta sufrió una caída en abril de 2013 y estuvo varios días en coma. Desde entonces, las dificultades para tomarle declaración fueron enormes debido a los problemas de salud que sufría. Falleció en 2018 sin que los distintos jueces instructores de la Audiencia Nacional que pasaron por la causa lograran una declaración del extesorero, amplia y detallada, sobre el mecanismo de financiación que el PP mantuvo durante casi 20 años.

 

“Negociamos pagar parte de las obras de Génova 13 en b”

 

“En las negociaciones con la empresa Unifica se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento en torno a un 10%. (…) Estos pagos no se contabilizaron ni se declararon a Hacienda por parte del Partido Popular. En cuanto al pago en metálico era destinado, según las conversaciones que mantuvimos con Gonzalo Urquijo, a su criterio: para distribuirlo para el pago de sus proveedores y de sus servicios. Dichas cantidades fueron entregadas por mí a Gonzalo Urquijo”.

 

“Compramos acciones de Libertad Digital porque era afín a las ideas del PP y a las tesis de la autoría de ETA en el 11-M”

 

“En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital por Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con fondos procedentes de la caja b, que me pidió que se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho. El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital y por razón de que este medio resultaba afín a las ideas del Partido Popular y especialmente a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11-M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones”.

 

https://elpais.com/espana/2021-02-03/la-confesion-de-barcenas.html


LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE FUERA DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'

El Pleno de la Sala de lo Penal rechaza el escrito de la acusación popular Adade que pedía restituirle José Ricardo de Prada fue apartado al admitirse la recusación del PP y Bárcenas, pero luego el Supremo validó las pruebas de la "contabilidad extracontable"

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, juez clave en la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, queda fuera definitivamente del tribunal que juzgará el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la contabilidad opaca que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas. El Pleno de la Sala de lo Penal, que se reunió este viernes, ha rechazado el escrito que había presentado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) en el que se solicitaba la reincorporación del juez después de la sentencia del Tribunal Supremo que validó las pruebas de la caja B.

Según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, los magistrados de la Sala consideran que el argumento de Adade amparándose en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre nulidad de actuaciones no es válido en este momento del procedimiento, ya que debe ser durante el propio acto de la vista oral o una vez finalizado éste cuando deben plantearse este tipo de razonamientos, ni tampoco son ellos los que deben posicionarse al respecto, sino que la acusación popular debe dirigirse al actual tribunal, cuya composición no se puede alterar por esta vía.

De Prada fue apartado del tribunal que juzgará a partir del próximo 8 de febrero el caso de la caja B, en el que el que el PP está acusado como presunto responsable civil subsidiario, en octubre de 2019. Fue la misma Sala de lo Penal la que aceptó las recusaciones presentadas tanto por el partido conservador como por el extesorero ya se ha pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad en negro en la sentencia de la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, la misma sentencia que se publicó a finales de mayo de 2018 y llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. A este magistrado se le atribuyen los planteamientos con los que se daba por acreditado la existencia de esa caja B.

Pero todo esto fue antes de que el Supremo se pronunciara. Un año después de que De Prada fuera apartado, en octubre de 2020, el alto tribunal confirmó la sentencia que había declarado al PP beneficiario económico –partícipe a título lucrativo– de la trama Gürtel y ratificó también que, tal como sostuvo la Audiencia Nacional, existía la caja B del partido "o contabilidad 'extracontable", sobre la que Bárcenas ostentaba "plena capacidad de control y disponibilidad". En una de sus 1.844 páginas, el Supremo lo expuso literalmente así: "El Tribunal [la Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP".

La sentencia del Supremo llevó a Adade a pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anulara la recusación de De Prada al entender que no cabe "mantener en vigor las censuras a la sentencia (...) pues ya ha sido aceptada" por el alto tribunal. Afirmaba además que el pronunciamiento del juez en la sentencia de Gürtel no obedecía tanto a una toma de postura, sino que resultaba necesario para un adecuado conocimiento de la causa, por lo que el tribunal de instancia "no se extralimitó".

Desde la acusación popular citaban el artículo 24.2 de la Constitución para subrayar que la garantía del juez predeterminado por la ley tiene como objetivo sustraer la designación de juez o magistrado a toda discrecionalidad y se apoyaban en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener que el hecho de que un juez se haya pronunciado sobre delitos similares, pero diversos, no puede por sí mismo socavar su imparcialidad en un caso posterior. Así, apelaban al "supuesto excepcional" que prevé el artículo 241 de la LOPJ para solicitar que se declarara la nulidad de actuaciones del auto de octubre de 2019 que apartó a De Prada del tribunal de la caja B.

A sólo quince días de que dé comienzo el esperado juicio sobre el presunto pago con dinero negro de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, la Sala de lo Penal ha abordado el escrito de Adade y ha optado por rechazarlo por no ser el momento procesal oportuno para plantear una nulidad. La Sala expondrá sus conclusiones en una resolución que hará pública la próxima semana.

En la vista oral, el tribunal –que estará compuesto por los magistrados José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García– examinará las pruebas sobre la contabilidad opaca o en B que gestionaron durante años los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y si esa caja se nutría con fondos de empresarios amigos. Serán cuarenta sesiones en las que el partido conservador se sentará, figuradamente, en el banquillo una vez más como presunto responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que otros acusados podrían haber cometido –apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública–. Ahí está la importancia de este procedimiento, no tanto por lo que se juzga como por las implicaciones que tendrá para el partido que ahora preside Pablo Casado.

Aznar y Rajoy, testigos

Están acusados también Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, los socios de Unifica –la empresa que presuntamente cobró en negro la reforma– Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, para quien el fiscal pide el sobreseimiento. Pero la expectación estará más en las testificales, pues están citados a declarar los dos expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares y no por la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional, donde no fue citado ni en la fase de instrucción, para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Sí compareció en la comisión de investigación del Congreso, en la que aseguró que "no existe ninguna caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional: lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era jefe del Ejecutivo, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja B en el partido que presidió entre 2004 y 2018 porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.
Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila, y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido, todos ya fuera de la primera línea de la política.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/23/la_audiencia_nacional_mantiene_fuera_del_tribunal_caja_del_magistrado_clave_sentencia_gurtel_115785_1012.html


RECHAZADO EL INTENTO DEL PP DE REDUCIR A UNA VOZ TODAS LAS ACUSACIONES POPULARES EN EL JUICIO DE LA CAJA B

La Audiencia Nacional niega a los populares aglutinar bajo un solo abogado la participación de los colectivos personados

El pasado 23 de noviembre, a menos de tres meses del inicio del juicio de los Papeles de Bárcenas, el PP quiso mover ficha en la Audiencia Nacional. La formación presentó un escrito para intentar que todas las acusaciones populares quedaran reducidas a una sola voz durante la vista oral, unificándolas bajo un solo abogado. El partido conservador —a sabiendas del desgaste político que le supondrán unas sesiones por donde van a pasar, entre otros, Mariano Rajoy y Jose María Aznar— alegó que así se “agilizaría la práctica de la prueba” y se “evitarían reiteraciones en los interrogatorios”. Pero los magistrados no comparten esa tesis y la han rechazado de lleno.

Según consta en un auto dictado este jueves, al que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal califica esa iniciativa de “extemporánea”. Los jueces recuerdan que, a poco más de un mes de que arranque la vista —prevista para el 8 de febrero—, no se puede “alterar” la estructura de las acusaciones populares, ya que se infligiría un importante golpe a su “legítimo derecho de defensa y ejercicio de la acción penal por el letrado de su elección”. Además, insisten, no todas persiguen los mismos intereses.

Los magistrados subrayan que, llegados esta fase, cada parte ha desplegado ya la estrategia que ha considerado más adecuada. No solo a través de la presentación de un escrito de acusación con los “hechos que consideran punibles y las personas contra quienes se dirigen”, sino también mediante los testigos propuestos para que declaren en el juicio.

En este caso de los papeles de Bárcenas, una derivada del macrosumario sobre la trama Gürtel y que versa sobre la caja b reflejada en la contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas, se sentarán en el banquillo el propio extesorero popular; Cristóbal Páez, exgerente del PP; y los tres responsables de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede de la calle Génova. El partido conservador también se encuentra procesado como persona jurídica, al igual que lo estuvo en el juicio conocido como Época I, donde acabó condenado como y por el que acaba de pagar 245.000 euros por lucrarse de la red de corrupción liderada por Francisco Correa.

Según los datos de la propia Audiencia, esta causa cuenta con seis acusaciones populares: Izquierda Unida; la Asociación Libre de Abogados; la Asociación Coda-Ecologistas en Acción; el sindicato Manos Limpias; la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC); la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), próxima al PSOE y que esta misma semana ha pedido devolver al juez José Ricardo De Prada, recusado por el PP, al tribunal que juzgará los hechos. Aunque, en la práctica, este número se reduce pues tres de estos colectivos ya fueron aglutinados bajo una misma dirección letrada durante la instrucción.

https://elpais.com/espana/2020-12-18/rechazado-el-intento-del-pp-de-reducir-a-una-voz-todas-las-acusaciones-populares-en-el-juicio-de-la-caja-b.html

EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS ACUSACIONES POPULARES

Pide a la Audiencia Nacional que se unifiquen a partir de ahora y tengan una sola voz siete años después de que arrancara la causa. El PP intentó ser acusación popular en el caso pero Ruz se lo impidió por pervertir esa figura en Gürtel y actuar en realidad como defensor de Bárcenas

El Partido Popular se prepara ya para el juicio de la caja B que arrancará en febrero del próximo año. Su representación legal ha pedido a la Audiencia Nacional que a partir de ahora los seis partidos y asociaciones que ejercen la acción popular sean unificados en una sola acusación, de tal manera que el peso de la vista oral se vea drásticamente reducido, por ejemplo, en los interrogatorios a testigos y acusados. "La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismos hechos y acusan a las mismas personas", justifica la representación del PP en el citado escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En representación del partido, el abogado Jesús Santos pide reducir los "cuatro meses de pena de banquillo" que supondría un juicio con seis acusaciones populares, al tiempo que admite la "relevancia mediática considerable" que tendrá una vista en la que se expondrá la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas.

El PP tienta a los magistrados de la Sección Segunda con que el "el tiempo del pleito se vería reducido significativamente" si de quince togados participantes entre acusaciones y defensas (el fiscal, el abogado del Estado, los seis letrados de la defensa, los seis de la acusación popular y el suyo propio, como responsable civil) se pasa a diez. También advierte a los jueces de que deberán tramitar muchos menos recursos ante una eventual absolución.

La agrupación de las acusaciones populares en una sola es una decisión que suelen tomar los jueces de instrucción al inicio de la causa y que no se adopta siempre. No ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna de las piezas del caso Gürtel, al que también pertenece la caja B del PP, ni fue el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde las distintas acusaciones populares tuvieron voz propia en el juicio, el primero a un partido político como acusado, y del que la formación de Pablo Casado resultó absuelta.

Se da la circunstancia de que el Partido Popular pretendió convertirse en una de esas acusaciones populares del caso de la caja B cuando éste arrancó en 2013 como una pieza separada de Gürtel. El juez Pablo Ruz, sin embargo, se vio obligado a expulsar al PP de la acusación popular que había ejercido durante cuatro años en Gürtel y rechazar su personación en la pieza de la Caja B. El magistrado alegó mala fe procesal del PP al actuar en realidad como abogado defensor de Luis Bárcenas. Ocurrió unos meses antes de que el extesorero confesara la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas.

El PP argumenta ahora: "La previsible reiteración en los interrogatorios durante la práctica de la prueba, la multiplicación de trámites y la proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las mismas finalidades; en definitiva, el número de acusaciones populares, nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación".

Las seis acusaciones populares personadas en el caso de la caja B son de dos particulares, que representan a los socialistas valencianos y al Partido Socialista de Madrid, respectivamente, Izquierda Unida, las asociaciones Observatori Desc y Adade, y el pseudosindicato Manos Limpias, juzgado en la actualidad como parte de una presunta organización criminal.

El abogado del PP hace un repaso de sus respectivos escritos de acusación y concluye que las seis acusaciones populares coinciden en describir el funcionamiento de la caja B durante casi 20 años y acusan por ello al PP de falsedad, a diferencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado; señalan en qué consisten las obras de Génova que se pagaron presuntamente con dinero negro, lo hacen "planta por planta" y "año por año"; distinguen pagos "oficiales" de los que no lo fueron; reiteran que el partido dejó de pagar a Hacienda 220.167,04 en 2008, el único ejercicio fiscal que no está prescrito; y reproducen el "supuesto apoderamiento de dinero" por Lapuerta y Bárcenas de fondos de esa supuesta caja B para comprar acciones de Libertad Digital.

Esto es, el abogado del PP se queja de que las seis acusaciones coinciden en incluir en sus escritos todos los hechos que siete años de instrucción ha dejado acreditados de forma indiciaria si bien difieren en la calificación de los delitos que hacen Fiscalía y Abogacía. "La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismo hechos y acusan a las mismas personas", concluye el escrito de la defensa del PP.

En este sentido, y para apuntalar su petición, el PP reclama su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añade que con seis acusaciones se va a dar "un escenario de artificial complejidad que difícilmente va a ser el ámbito sereno que requiere la adopción de una respuesta justa".

Por si pareciera una conculcación de derechos, el PP defiende su petición en que no se niega la acción penal a nadie y que la acusación popular, según la Ley, está para "coadyuvar a la función pública de acusar". "No está en juego su derecho fundamental a la tutela judicial ni a su derecho fundamental a la defensa", añade.

Asimismo, el abogado del PP hace referencia al Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de aprobar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el sentido de que elimina del ejercicio de la acción popular a partidos y sindicatos como los que integran la acción popular del caso de la caja B.

https://www.eldiario.es/politica/pp-rebajar-juicio-caja-b-reduciendo-seis-acusaciones-populares_1_6460705.html


LAS 'BOMBAS' CON LAS QUE BÁRCENAS PUEDE PONER EN APRIETOS AL PP

El extesorero del Partido Popular no ha entregado toda la documentación que guarda sobre la 'caja B' de la formación, como él mismo vino a reconocer durante su declaración como testigo por los hallazgos de la 'operación Kitchen'

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, aprovechó algunas de sus últimas declaraciones en sede judicial para dejar pistas, para quien las quiera entender, de que aún guarda información relevante para la investigación de la caja B de la formación que llevan a cabo el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción y que nunca habría entregado en un juzgado.

Lo hizo en diciembre de 2018, cuando De la Mata le citó en calidad de testigo para que aclarase por qué él y su esposa guardaban hasta 27 documentos que les fueron requisados supuestamente durante la operación Kitchen, operativo investigado también en la Audiencia Nacional por si lo puso en marcha el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para hacerse con la documentación comprometedora que guardaba el extesorero contra altos cargos del partido. El instructor preguntó por qué no los entregó al juez Pablo Ruz, que comenzó a investigar sobre las anotaciones de entradas y salidas de dinero de la caja B del extesorero, los denominados papeles de Bárcenas. Él contestó que «entregó toda la documentación relevante para la causa», por lo que dejó caer que hubo más información, que no consideró «relevante», que no puso en manos de la Justicia. Aquél día, cuando acabó su comparecencia, dijo a representantes de la acusación allí presentes: «Buscad los discos duros».

Meses más tarde, en junio de 2019, tuvo lugar el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en el que el PP fue absuelto de dos delitos de daños informáticos. El juez Eduardo Muñoz Baena concluyó, además, que no existían pruebas de que los dispositivos contuvieran información sobre la financiación irregular del partido. Sin embargo, Bárcenas afirmó durante su declaración como testigo en aquel juicio que los dispositivos guardaban «información relevante», como «recibos que complementaban los apuntes de la caja B desde 1990 a 2008, presupuestos de las campañas electorales o información de donantes». Encuadró la destrucción de esos discos duros en la operación Kitchen.

Si Bárcenas guardó esa información en otros lugares, o puede aportar detalles que ayuden a atar cabos, parece que habría llegado el momento de sacarla a la luz. Según publicó este martes El País, el extesorero popular, a través de sus abogados, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción y se ha mostrado dispuesto a abrir una vía de colaboración para avanzar en la investigación de la presunta financiación irregular del PP.

Lo ha hecho cuando su esposa, Rosalía Iglesias, ha ingresado en la prisión madrileña de Alcalá Meco para cumplir con la pena de 12 años de prisión con la que el Tribunal Supremo confirmó su responsabilidad penal en Gürtel.

Comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones

Cuando Bárcenas declaró en 2013 sobre las anotaciones que él mismo entregó a la Justicia, y en las que registró las entregas que hicieron al partido empresarios de la construcción, afirmó que no se trataba de donaciones «finalistas». Es decir, negó que las hicieran a cambio de recibir después adjudicaciones públicas por parte de las administraciones al frente de las que estuviera el PP.

Alejó así la posibilidad de que se investigara al partido y a sus responsables por distintos delitos de corrupción. En 2017, la declaración del responsable del Grupo Correa, Francisco Correa, en el juicio de Gürtel Época I, dio motivos al juez De la Mata para reabrir la causa de la caja B. También a principios de 2018, en el juicio de Gürtel Valencia, hasta nueve empresarios admitieron haber financiado actos de campaña del PP en la Comunidad Valenciana a través de las empresas de Correa, fingiendo que éstas les habían prestado trabajos. Llegaron a un acuerdo con Anticorrupción para reconocer los hechos a cambio de peticiones de condenas de multa económica por las que finalmente fueron condenados.

Bárcenas sabe qué empresarios hicieron donaciones al partido y con qué intención. Según publicó El Mundo el 4 de febrero de 2013, el extesorero fallecido Álvaro Lapuerta y él mismo recibían entregas en metálico en un despacho de la sede del PP de Génova. Así lo reconoció un empresario que detalló cómo entregó billetes a ambos: «Lapuerta los guardó en una caja fuerte de la propia sede y Bárcenas apuntó la cantidad en una libreta», se recogió en la citada información. Unos fondos que habrían servido para pagar «gastos de representación del PP».
Sobresueldos en sobres

El 31 de enero de 2013, El País publicó las anotaciones de la libreta de Luis Bárcenas en las que reflejó el pago de sobresueldos con dinero negro, trimestral o semestralmente, a altos cargos del partido, entre ellos el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Precisamente la causa todavía abierta se denomina papeles de Bárcenas por aquellas anotaciones. Los aludidos han negado siempre que recibieran ninguna cantidad en negro, mientras Bárcenas sostiene que pagó a Rajoy y Cospedal hasta 25.000 euros por este método. Habrá que ver si tiene alguna manera de demostrarlo documentalmente.

El pacto del silencio

Según se desprende del sumario de Kitchen, un abogado próximo al Partido Popular trató de convencer a Luis Bárcenas, a través de su esposa Rosalía Iglesias, de que guardara silencio sobre lo que sabía acerca del partido a cambio de dinero. Un ofrecimiento que ésta rechazó. «Arrieritos somos», le dijo al interlocutor, y le transmitió que Bárcenas no filtraría información a la prensa, que quería ir por la vía de la Justicia.

Así lo contó el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, al comisario José Manuel Villarejo, quien le captó como como confidente del operativo «parapolicial» Kitchen, como lo define la Fiscalía Anticorrupción, haciéndole entrega de cantidades mensuales con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. Villarejo grabó la conversación en la que Ríos le contó el mencionado intento de pacto de silencio por parte de enviados del PP. Bárcenas no ha tenido ocasión de confirmar o desmentir los hechos.

Gastos de campaña

En la sentencia del caso Gürtel Valencia de la Audiencia Nacional se consideró probado que el Partido Popular de dicha comunidad financió las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 de manera irregular por medio de pagos de empresarios con la ayuda de las empresas de Correa. En la pieza 9 del caso Púnica también se investiga si Esperanza Aguirre ideó una caja B en el PP de la Comunidad de Madrid para «fortalecer su figura política» con cargo a fondos públicos. Bárcenas, como tesorero del partido durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, es quien conoce si el partido financió o no también de manera irregular actos de campaña a nivel nacional. Es otro de los puntos sobre los que puede arrojar información.

La reforma de la sede de Génova

Mientras se despeja si Bárcenas aportará pruebas de las «bombas» que conocería y aún no ha desvelado, según consideran fuentes de la acusación de la causa de la caja B consultadas, está muy próximo el juicio por la reforma de la sede central del partido de la céntrica calle Génova para despejar si se pagó con fondos de la caja irregular.

La Audiencia Nacional lo ha fechado a partir del 8 de febrero de 2021 y está previsto que declaren como testigos los expresidentes Aznar y Rajoy, la exsecretaria general Cospedal, el exsecretario general del PP andaluz, Javier Arenas, así como los exministros Ángel Acebes y Rodrigo Rato, entre otros.

Precisamente una de las acusaciones populares de la causa, la ejercida por Izquierda Unida, solicitó que en este juicio se añadan pruebas de donaciones hechas al partido y que se investigan en otras causas. Concretamente, solicitaron incorporar una grabación del caso Lezo que se encontró en casa del exgerente del Canal de Isabel II investigado, Ildefonso de Miguel. Se trata de una conversación en la que el empresario del grupo Degremont, Rafael Palencia, reconoció haber pagado 35.000 euros al PP «para que el partido me ayude en general». En dicha grabación, que se podría habría hecho, según la investigación, con el fin de chantajear a Rajoy, Palencia contó a De Miguel que él mismo llevó a Bárcenas y Lapuerta «folletos» después de hacer el pago, se entiende que para recibir adjudicaciones. Precisamente Bárcenas registró en sus papeles una entrada de dinero por la misma cantidad de la que habló Palencia en 2008. El extesorero también podría aclarar si se corresponde con el pago del empresario y si fue a cambio de alguna adjudicación.

https://www.elindependiente.com/espana/2020/11/11/las-bombas-con-las-que-barcenas-puede-poner-en-aprietos-al-pp/


LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO TESTIGO A AZNAR EN EL JUICIO DE LA CAJA B DEL PP

El tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas acepta la petición de ADADE para que el expresidente del Gobierno dé explicaciones sobre los sobresueldos en dinero negro

El expresidente del Gobierno y expresidente del Partido Popular, José María Aznar, tendrá que declarar en el juicio de la Caja B en la Audiencia Nacional. Y tendrá que decir la verdad. Es la gran novedad de las listas de testigos que ha admitido la Sección segunda de lo Penal, compuesta por José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García, y que juzgará la pieza también conocida como los papeles de Bárcenas. Un cartel que incluye decenas de testigos y que hará que vuelvan a desfilar por los tribunales rostros tan conocidos como el de Mariano Rajoy y buena parte de los secretarios generales de la historia del PP: María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Javier Arenas.

Muchos de estos testigos ya tuvieron que declarar en el juicio a la primera parte de la Gürtel (1999-2005). La declaración más sonada fue, sin duda, la de Mariano Rajoy, cuya credibilidad al negar la existencia de una caja B en el PP fue puesta en duda por el tribunal en su demoledora sentencia -la primera que condenaba en la historia a un partido político- y provocó la moción de censura que expulsó a los conservadores y llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

La propia declaración de Mariano Rajoy fue histórica porque se trataba de la primera vez que un presidente del Gobierno en activo declaraba como testigo. Antes lo había hecho Felipe González y ya como expresidente, y ahora se suma a esa lista José María Aznar. ADADE, la acusación popular que se apuntó el tanto de citar a Rajoy en el primer juicio Gürtel era también ahora, en la caja B, la única parte que había citado a Aznar.

A la lista de testigos se suman los históricos secretarios generales del Partido Popular: Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, así como María Dolores de Cospedal. El cargo de número dos también lo ejerció Mariano Rajoy antes de ser presidente. Les acompañarán otros rostros conocidos del PP como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente del Congreso Federico Trillo, el expresidente de Baleares Jaume Matas, el expresidente del Senado Pío García Escudero y el expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino.

Una cara más conocida, pero fundamental en la historia reciente del PP, es la de Jorge Trías Sagnier, que también tendrá que declarar. Este exdiputado del PP fue quien entregó a El País los llamados papeles de Bárcenas y confesó el presunto sistema de reparto de sobresueldos en dinero negro entre la cúpula del PP a través de una Caja B.

Además de los supuestos perceptores de sobresueldos, también serán citados a declarar buena parte de los presuntos donantes, los empresarios: Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (expresidente de Sacyr Vallehermoso), José Mayor Oreja (FCC), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) y Rafael Palencia (Dregemont Iberia). Este último, por la derivada del Caso Lezo, donde un imputado en esa causa de corrupción, Ildefonso de Miguel, le grabó reconociendo haber donado 30.000 euros al PP.

Según la Fiscalía, el PP no cometió delito tributario con las donaciones de los empresarios que Bárcenas apuntaba en sus papeles. Pero si cree que el partido podría ser responsable civil por loan presuntos pagos en negro que atribuye al extesorero. Junto a él, que cumple una condena de 33 años de prisión, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del estudio de arquitectura que realizaron las reformas de la calle Génova pagadas con dinero negro, despacho de Mariano Rajoy incluido.

La causa se había dado ya por concluida en 2015, pero volvió a abrirse a raíz de la confesión de Francisco Correa, considerado el cabecilla de la Gürtel, que desveló el cobro del 3 % a empresarios por parte de miembros del PP. Esto llevó al juez José de la Mata, a petición de las acusaciones, a reabrir esta pieza. De ahí que las listas de testigos que ahora ha aceptado el tribunal se remonten incluso al año 2013, tiempo en el que algunos de los considerados testigos clave, como Álvaro Lapuerta, ya hayan fallecido. El auto de la Audiencia Nacional conmina ahora a las partes a concretar las direcciones de los testigos, como ocurre con José María Aznar, para trasladarles la citación para declarar.

https://www.elplural.com/politica/espana/juicio-caja-b-partido-popular-jose-maria-aznar-banquillo-testigos-audiencia-nacional_232981102


JOSÉ MARÍA AZNAR SERÁ TESTIGO EN EL JUICIO A LA CAJA B DEL PP EN LA AUDIENCIA

El tribunal admite la propuesta de prueba de la acusación popular ADADE, quien reclama su testimonio porque con el expresidente del Gobierno arrancaron los primeros apuntes en los papeles de Bárcenas

El expresidente del Gobierno José María Aznar declarará como testigo en la Audiencia Nacional en el caso de la caja b del Partido Popular. El tribunal admite la petición del grupo de asesores ADADE para que comparezca y junto a él, varios antiguos miembros de gobiernos del PP.

La Sección Segunda de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional acepta todas las pruebas testificales solicitadas por las partes, y ello supone admitir las reclamadas por la acusación popular de ADADE, que ha pedido la intervención como testigo de José María Aznar. Con el expresidente, supuestamente, empezó todo. Cuando él pasa a dirigir el PP es cuando arrancan en 1990 las primeras anotaciones en la contabilidad b que llevaba Luis Bárcenas. Y varias de esas anotaciones apuntan al expresidente en el cobro de sobresueldos, identificado como "J.M.", presunto acrónimo de su nombre compuesto, José María.

Aznar siempre ha negado los cobros en negro. El expresidente también será interrogado por las revelaciones del exdiputado del UPN, Jaime Ignacio del Burgo, quien en 2013 ante el juez Pablo Ruz, afirmó que fue el propio Aznar quien autorizó los pagos de 3.600 euros al mes durante cuatro años al parlamentario Calixto Ayesa. Con la frase “le ayudaremos”, según Del Burgo, Aznar autorizó la operación, aunque el exdiputado de UPN, amparándose en la falta de memoria porque ya habían “pasado 22 años” no aclaró quién le comunicó cómo se ejecutarían los sobresueldos a Ayesa, que fueron distribuidos por él mismo en “cafeterías y sobres de color marrón” y todos se abonaron en negro.

José María Aznar nunca ha rebatido las aseveraciones de Jaime Ignacio del Burgo. El expresidente podrá responder sobre ello dentro de un año, cuando tenga lugar el juicio por las obras de la sede central del PP, pagadas supuestamente en negro. Además de Aznar, también serán testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Federico Trillo, entre otros.

https://cadenaser.com/ser/2020/02/11/tribunales/1581422008_573974.html


AZNAR Y RAJOY DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

La Audiencia Nacional también ha citado, entre otros, a los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo

El expresidente del Gobierno José María Aznar declarará como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Bárcenas, relativo al presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova 13 de Madrid con dinero de la caja b del PP. Será la primera vez que Aznar dé explicaciones ante un tribunal por este caso. En el juicio, para el que todavía no hay fecha, aunque se espera que se celebre este año, declarará también su sucesor, Mariano Rajoy, si bien el tribunal ha pedido a las acusaciones que sean ellas las que faciliten los datos necesarios para notificarles la citación, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La citación de Aznar ha sido solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la misma que consiguió que se llamara a declarar como testigo a Rajoy en el juicio a la primera época de Gürtel (1999-2005), convirtiéndose en el primer presidente en activo en testificar ante un tribunal. De hecho, tanto Adade como Izquierda Unida, acusaciones en este juicio, son las que han reclamado la citación de Rajoy así como la de los cuatro secretarios generales del PP, entre ellos María Dolores de Cospedal.

Entre la lista de testigos figura también el exvicepresidente económico Rodrigo Rato, actualmente en prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, así como el exministro de Justicia José María Michavila y el que lo fuera de Defensa, Federico Trillo. Entre los empresarios cuya comparecencia ha reclamado esta acusación destaca el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien en su día negó ante el juez los pagos que aparecen a nombre de su empresa en los papeles de Bárcenas.

En el juicio por el caso Bárcenas, basado en los famosos papeles del extesorero, publicados por EL PAÍS en enero de 2013, también serán llamados como testigos Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (expresidente de Sacyr Vallehermoso), José Mayor Oreja (FCC), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) y Rafael Palencia (Dregemont Iberia), quien, en una grabación de 2008, presuntamente reconocía haber realizado un pago al PP de 30.000 euros.

La sentencia de Gürtel, que provocó la caída del Gobierno de Rajoy al prosperar la moción de censura del PSOE, señalaba que tanto el expresidente del Gobierno como los secretarios generales del PP que testificaron (y cuya citación ha sido también admitida) –Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos– se escudaron en “la falta de credibilidad de dichos papeles” y negaron la existencia de una caja b en el partido.

En este juicio, al igual que en el de la causa central de Gürtel, el PP está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en negro de los 888.000 euros que costó la reforma, por lo que ha tenido que prestar antes de la vista oral una fianza de 1,2 millones de euros.

La Fiscalía no vio delito tributario del PP en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al partido responsable civil por los presuntos pagos en negro, que atribuye al extesorero, que está cumpliendo una condena de 33 años de cárcel por Gürtel, y para el que pide cinco años de prisión. Junto a él se sentarán en el banquillo el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del estudio de arquitectura que hizo las obras en la sede de Génova.

https://elpais.com/politica/2020/02/11/actualidad/1581418742_603606.html

MAYORÍA PROGRESISTA EN EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA 'CAJA B' DEL PP CON SU NUEVO PRESIDENTE

José Antonio Mora Alarcón, procedente de la Audiencia de Valencia, presidirá la Sección Segunda de la Sala de lo Penal

El año comienza con cambios de magistrados en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar los casos más mediáticos seguidos en los juzgados centrales. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió el pasado 18 de diciembre el concurso para cubrir las plazas que han dejado vacantes María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda donde se juzgará, entre otros casos, el de ‘los papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del Partido Popular, así como las de las magistradas Ángeles Barreiro y Clara Bayarri.

Duplá, ahora en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido reemplazada por el magistrado José Antonio Mora Alarcón, procedente de la Audiencia de Valencia y de tendencia progresista. Los puestos de Barreiro (que se fue a la misma sección que Duplá) y Bayarri (a la Audiencia de Valencia) los ocupan los magistrados Carlos Francisco Fraile Coloma, de la Audiencia de Madrid y Juan Carlos Campo Moreno, diputado socialista en el Congreso por Cádiz que al ser reelegido en la Cámara no se incorporará y su plaza se anunciará en un nuevo concurso, según ha podido saber El Independiente de fuentes jurídicas.

La llegada de José Antonio Mora a la presidencia de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un peso más en la balanza progresista de la sección que tendrá que juzgar la presunta financiación irregular del Partido Popular en el caso conocido como ‘papeles de Bárcenas’.

La propia Sección Segunda determinó en octubre, según adelantó Confilegal, que el juez Fernando Andreu sustituyera a José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgará el caso. De Prada fue apartado después de que la defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del propio partido argumentaran que ya se pronunció sobre la existencia de una caja opaca o ‘b’ en la sentencia de la primera época del caso Gürtel.

Completaban la terna del tribunal María José Rodríguez Duplá y la magistrada María Fernanda García. Ahora que Mora sustituye a Duplá en la presidencia, quedarían él, Andreu y María Fernanda García, magistrada garantista que recientemente ha dictado los últimos autos de libertad provisional bajo fianza de los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo y tenencia de explosivos.

Mantuvo a Zaplana en prisión

Por su parte, José Antonio Mora formaba parte hasta ahora de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que ratificó la prisión preventiva del ex presidente popular de dicha comunidad, Eduardo Zaplana, a pesar de sufrir un cáncer que los médicos forenses diagnosticaron como irreversible.

El magistrado Mora también firmó recientemente un mediático auto en el que reprochaba a los distintos gobiernos españoles que no hayan ratificado una convención de la ONU que le habría permitido investigar la querella por presuntas torturas de un estudiante contra el policía de la Brigada Político Social franquista Benjamín Solsona en el año 1971. Se trata de la Convención de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A ella se refirió Mora en su auto, según publicó Eldiario.es, para archivar la causa contra el policía pero afirmando que no haberla ratificado «impide la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificados como delito de lesa humanidad» cometidos antes de 2004.

https://www.elindependiente.com/politica/2020/01/08/mayoria-progresista-en-el-tribunal-que-juzgara-la-caja-b-del-pp-con-su-nuevo-presidente/

EL JUEZ QUE RATIFICÓ LA PRISIÓN DE ZAPLANA PRESIDIRÁ EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA ‘CAJA B’ DEL PP

José Antonio Mora Alarcón ocupará la plaza que ha dejado libre María José Rodríguez Duplá

El juez José Antonio Mora Alarcón, magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, ocupará la plaza que ha dejado libre en la Audiencia Nacional la que fuera presidenta del tribunal que juzgará la ‘caja B’ del PP en la trama Gürtel, María José Rodríguez Duplá, según confirman fuentes judiciales a OKDIARIO.

Duplá presidía hasta hace unas semanas la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin embargo, ha abandonado esta plaza tras marcharse a la Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió hace unos días el concurso convocado para cubrir esta vacante que ha dejado libre Duplá, aunque no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta dentro de unas semanas. El elegido, por ser el candidato con mayor antigüedad en la carrera judicial, ha sido el magistrado Mora Alarcón.

Ratificó la prisión de Zaplana

Este magistrado formó parte del tribunal que corroboró la prisión provisional del ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, quien se encontraba en estado grave de salud.

El que fuera político del PP presentó un recurso de apelación «por razones humanitarias» contra los autos dictados por la juez instructora Isabel Rodríguez Guerola, que rechazó hasta en cuatro ocasiones las peticiones realizadas por el ex ministro para abandonar la prisión de Picassent. La reclusión en el centro penitenciario estaba repercutiendo de manera muy negativa en la enfermedad que padece Zaplana e incluso tuvo que ser hospitalizado de urgencias el 18 de diciembre del año pasado en el Hospital La Fe de Valencia.

Sin embargo, el tribunal formado por María Begoña Solaz Roldán, José Antonio Mora Alarcón y Alicia Amer Martín desestimaron el recurso presentado por la defensa de Zaplana al considerar que existía riesgo de fuga. En línea con la postura adoptada con la juez instructora que llegó a afirmar en un auto que denegaba la libertad con medidas cautelares porque «hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales».

El portavoz del PSOE en Justicia

El diputado socialista Juan Carlos Campo, que ejerce la portavocía del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, presentó su candidatura para ocupar la presidencia del tribunal que juzgará presuntos pagos de la reforma de la sede del Partido Popular con dinero procedente de una contabilidad en B.

Pero la adjudicación de esta plaza es de potestad reglada, es decir, que el único requisito que el CGPJ tiene en cuenta para el nombramiento es la antigüedad y el diputado socialista no ha sido el candidato con mayor antigüedad en la carrera judicial.

Las mismas fuentes confirman que Campo no se ha quedado sin plaza y, aunque no haya conseguido ésta, sí ha logrado la plaza que dejado libre la magistrada Clara Bayarri en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

https://okdiario.com/espana/juez-que-ratifico-prision-zaplana-presidira-tribunal-que-juzgara-caja-b-del-pp-4893303

EL CASO SOBRE LA CAJA B DEL PP ROZA YA LOS CINCO AÑOS EN ESPERA DE QUE LA AUDIENCIA FIJE LA FECHA DEL JUICIO

Será la vista oral la que determine si el partido pagó con dinero negro 1,5 millones de la reforma de la sede de Génova

Además de 'Época 1', la Audiencia ya ha juzgado tres piezas posteriores a la de los 'papeles' y ha fijado calendario para otra, cuya vista comienza en marzo

Otra parte de lo que originalmente formaba la pieza de la contabilidad B volvió a la fase de investigación tras la confesión de Correa y con un plazo que en principio expira este verano

Considerada la de mayor alcance político del caso Gürtel hasta la demoledora sentencia de la considerada pieza principal, la que en 2018 desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, la vista oral de los llamados papeles de Bárcenas lleva ya casi cinco años en espera de que la Audiencia Nacional señale fecha para su comienzo. Oficialmente, nadie explica el porqué de tal demora.

Sea cual sea la causa última del retraso en la celebración de la vista oral, lo cierto es que hoy, a cuatro meses de que se cumpla un quinquenio de incertidumbre sobre cuándo y qué ocurrirá, otra investigación judicial en el candelero amenaza con devolver al primer plano las anotaciones de la contabilidad paralela que el extesorero del PP fue plasmando a mano durante dos décadas. Y esa investigación es la del caso Villarejo, uno de cuyos puntales se localiza en el dispositivo policial y parapolicial desplegado en 2013 y pagado con fondos reservados para evitar que Bárcenas conservara más papeles incriminatorios para el partido. Es decir, papeles adicionales a los manuscritos contables que en enero de aquel año ya habían salido a la luz y sobre cuyo contenido ordenó diligencias casi de inmediato el juez de Gürtel. A espaldas de aquel juez –entonces, Pablo Ruz– se hizo la operación de espionaje a Bárcenas, bautizada en el caso Villarejo como Kitchen y que avanza ahora bajo secreto de sumario.

Fue el 28 de mayo de 2015 cuando el magistrado que había tomado el relevo de Ruz y finalizado la instrucción de la pieza de papeles, José de la Mata, dictó lo que en el argot jurídico se conoce como “auto de apertura de juicio”. A partir de ese auto ningún recurso puede impedir que los acusados –cuatro aquí, con Luis Bárcenas en cabeza y el PP como responsable civil subsidiario– se sienten en el banquillo.

A lo largo del lustro transcurrido desde entonces, la Audiencia ha juzgado no solo la pieza troncal sino otras tres ramas del frondoso y complejo árbol de Gürtel: las que afectaban a la financiación ilegal del PP valenciano, donde se produjo la confesión del antiguo número dos del PP regional, Ricardo Costa, y la de nueve adjudicatarios de contratos de la Generalitat; la de los contratos a la trama con el Ayuntamiento de Jerez, donde quedó exonerada antes de la vista oral la entonces alcaldesa porque el Supremo adujo que no tenía por qué saber lo que firmaba; y la referida a las adjudicaciones de Aena. La Audiencia también ha fijado ya para marzo el inicio de una cuarta vista, la de la visita del papa a Valencia.

En esos cuatro casos, los respectivos autos de apertura de juicio habían sido posteriores en no menos de seis meses al de la contabilidad b del PP. Sus “rollos de sala”, el número de expediente que se asigna a cada causa en cuanto llega a la sala competente, reflejan, por tanto, una fecha más tardía.

"Nada" impide el juicio

Parte de lo investigado sobre los papeles de Bárcenas volvió a la fase de instrucción en marzo de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de la pieza troncal, la llamada Época 1: básicamente, lo que dijo el jefe de la red es que hubo empresarios que pagaron comisiones a cambio de contratos públicos.

Pero esa parte reabierta, cuya nueva fase de investigación reabierta expira en principio antes del verano, quedó desgajada de la pieza que ya entonces se encontraba pendiente de juicio. En la que irá a juicio en cuanto la Audiencia marque fecha, el tribunal debe emitir dictamen sobre cuatro cuestiones: la existencia y funcionamiento de una caja B: si el PP pagó con dinero negro 1,5 millones de la reforma de su sede central; la falta de declaración del impuesto de sociedades del PP en 2008 y la compra de acciones de Libertad Digital. El primero, sin duda, es el que mayores complicaciones presenta por lo ya expuesto sobre la sentencia de mayo de 2018.

Que las revelaciones de Correa partieron en dos la pieza de los papeles de Bárcenas lo ilustra un escrito del juez José de la Mata. El 15 de octubre de 2018, el juez que había resumido la investigación sobre los hipotéticos pagos de empresarios dirigió a la Sala Penal de la Audiencia una providencia casi didáctica. En ese texto, De la Mata no solo explicaba qué cosas de la pieza original habían vuelto exactamente a sus manos y cuáles eran las que se encontraban ya en espera de vista oral sino que añadía una afirmación tajante: el contenido de las diligencias reabiertas “no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento”.

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

Cuatro recusaciones y un auto que da oxígeno al PP

Hasta ahora y desde febrero de 2016, cuatro jueces han sido apartados del tribunal que debe dirigir la vista oral cuando se celebre, tres conservadores y uno progresista. El segundo factor por orden cronológico, más volátil en cuanto a su peso jurídico pero plúmbeo en lo político, consiste en que el PP aguarda en vilo que triunfe su recurso y el Tribunal Supremo revoque la citada sentencia de 2018: es decir, la dictada tras un macrojuicio que dibujó el mapa global de Gürtel, trazó las líneas maestras de cómo funcionaba la trama en conexión con responsables del PP en distintas administraciones, declaró al partido beneficiario económico de los desmanes y dio por probada la existencia de una caja B. Porque el tribunal dictaminó que el partido recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

Pero el profundo calado de la sentencia de 2018 –sostienen los juristas consultados– en absoluto impide juzgar las ramas que cuelgan del tronco de Gürtel. Es decir, otras piezas como las tres ya juzgadas a lo largo de estos cinco años y la que se juzgará a partir de marzo. O también, esta de los papeles de Bárcenas, exclusivamente centrada a efectos del juicio en la contabilidad paralela y en el efecto que esta pudo tener en el pago de la reforma de la sede central del PP, la de la calle Génova.

Por qué entonces sigue sin conocerse cuándo se celebrará la vista del juicio sobre la contabilidad opaca es una pregunta para la que infoLibre carece de respuesta incuestionable: la Audiencia no ha accedido a dar explicaciones. Y es aquí donde, ante el silencio oficial, emergen las preguntas. Y la más evidente parece esta: ¿influyen realmente las sucesivas recusaciones?

Una fuente jurídica que conoce muy de cerca el caso ofrece un no taxativo: "La fecha del juicio de los papeles se podía haber fijado antes incluso de que terminara la vista de Época 1 y cuando ya se habían resuelto las dos primeras recusaciones y nadie se había planteado aún siquiera las restantes. Se podía calcular que la sentencia iba a estar para mayo de 2018 y, de hecho, el ponente, Ángel Hurtado, estuvo meses exento de reparto de asuntos para que pudiera dedicarse a la sentencia". Al quedarse en minoría, Hurtado acabó renunciando a redactar por completo la resolución y emitió un voto particular contrario al pronunciamiento sobre la contabilidad B del PP.

Firmante del recurso de mayor envergadura política, el partido de Pablo Casado se siente ahora respaldado en su recurso por el auto con que la Audiencia Nacional apartó el pasado mes de octubre al último de los cuatro recusados, miembro del tribunal que dictó la primera sentencia y demonizado por los conservadores a partir de ese momento, José Ricardo de Prada, de talante progresista. Es a Prada a quien el PP considera responsable de que la sentencia hable de la caja b. La formación conservadora terminó por recusarlo para juzgar los papeles de Bárcenas. Pero, como recuerda una fuente, la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, "tardó varios meses en reunir el pleno de la sala para decidir sobre la recusación de De Prada". Y eso demoró, objetiva y nuevamente, la posibilidad de fijar una fecha para el juicio. Las acusaciones siempre han dudado de Espejel, que fue junto con Enrique López, hoy consejero de Justicia del Madrid y responsable de esa área en el PP, la primera jueza recusada y apartada en Gürtel.

La "íntima cohesión" entre ramas del mismo árbol

Aunque el auto que sacó del tablero de los papeles de Bárcenas a De Prada no corrige ni anula la sentencia de 2018 porque solo el Supremo puede dar ese paso, su texto llega a decir, con otras palabras, que la Audiencia se extralimitó. Los hechos relativos a la caja B, dice la resolución de octubre, "no eran objeto estricto de enjuiciamiento" y ese pronunciamiento no era "absolutamente necesario".

La afirmación de que no era "absolutamente necesario" hablar de la caja B topa con uno de los argumentos que ciertas fuentes destacan de la sentencia y que, en la vorágine desatada en la primavera de 2018, pasó más inadvertido: que sin constatar que tal caja o contabilidad nutrida con fondos ajenos al circuito legal existía, Bárcenas, por ejemplo, no habría sido condenado también por apropiación indebida: indebida porque parte de su dinero oculto –es lo que sostiene la sentencia– procedía en realidad del partido.

Y topa también esa afirmación del auto –opinan juristas que asimismo piden que no se les identifique– con una de las tesis centrales por las que Anticorrupción defendió que ni la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, ni Enrique López, hoy consejero de Justicia en el Gobierno de Madrid y responsable de esa área en la ejecutiva nacional del PP, podían participar no ya en el juicio principal de Gürtel ni en el de los papeles, de los que ya habían sido apartados, sino en ninguno conectado a la causa: porque entre todas las piezas había una "íntima cohesión". Lo que desde el inicio han defendido la acusación pública y la privada es que el caso Gürtel se troceó en piezas por razones de orden práctico y procedimental. Pero que todas las piezas son, en efecto, ramas de un tronco común.

El argumento de la "íntima cohesión" fue esencial para que la Fiscalía se opusiera a que ninguno de los dos primeros jueces recusados y apartados de la pieza central Gürtel rozaran la de los papeles de Bárcenas ni ninguna de las restantes. Los dos magistrados apartados fueron los ya citados Concepción Espejel y Enrique López. En octubre de 2015 quedaron excluidos del tribunal del macrojuicio de Época 1. Y en febrero de 2016, también del futuro juicio de los papeles de Bárcenas. Ambos habían sido propuestos en épocas anteriores a su desembarco en la Audiencia como vocales para el Poder Judicial (CGPJ) gracias al voto parlamentario del PP. Entre quienes votaron a Espejel figuraba, por ejemplo, Luis Bárcenas, senador hasta que el estallido y avance de Gürtel le llevó a dimitir en abril de 2010.

El tercer recusado y apartado por su afinidad al PP fue el juez Juan Pablo González, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ya en 2019, la Audiencia excluyó a José Ricardo de Prada. Según la Audiencia, haber participado en el primer juicio podía contaminar a De Prada y obstruir su capacidad para valorar los hechos en la pieza sobre la caja b sin tener una idea preconcebida.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/08/el_caso_sobre_caja_del_roza_los_cinco_anos_espera_que_audiencia_fije_fecha_del_juicio_103404_1012.html

EL JUEZ PROGRESISTA ANDREU SUSTITUYE AL RECUSADO POR EL PP EN EL ‘CASO BÁRCENAS’

Los populares ya trataron de apartar al magistrado cuando formaba parte del tribunal

El magistrado José Ricardo De Prada, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia Nacional, ya tiene sustituto en el tribunal que juzgará la caja b del PP. Después de que la Sala de lo Penal aceptase su recusación a petición del partido conservador y del extesorero Luis Bárcenas, el órgano ha nombrado ahora a Fernando Andreu, también considerado progresista, para que ocupe su lugar. Andreu llegó a formar parte, en un principio, de este mismo tribunal y también fue recusado entonces por la formación encabezada por Pablo Casado.

La estrategia del PP de deshacerse de los jueces que considera adversos se topa así con un nuevo escollo. Tras conseguir que la Sala de lo Penal apartara a De Prada al apreciar que ya se había pronunciado sobre el fondo del asunto —declaró probada la contabilidad paralela en la sentencia del juicio central del caso Gürtel, la llamada Época 1—, la formación conservadora conoció este viernes que Fernando Andreu le sustituirá en el puesto. Un magistrado considerado progresista, próximo a la ministra Dolores Delgado y uno de los cinco jueces que firmó un voto particular para oponerse a la resolución contra De Prada, donde reprochó incluso a la mayoría de la Sala que hayan asumido la tesis de "confusión" argumentada por el partido de Casado para recursarle.

Esta decisión de la Audiencia Nacional implica, por tanto, que la terna de magistrados que juzgará el bautizado como caso Bárcenas queda compuesta, de momento, por la presidenta María José Rodríguez Duplá, considerada conservadora; por María Fernanda García Pérez y por el propio Andreu. Todavía no se ha fijado una fecha para el arranque de la vista oral donde se abordará el presunto pago en negro de la reforma de la sede del partido, en el número 13 de la madrileña calle de Génova.

A finales del pasado año, Andreu ya formaba parte del tribunal que iba a juzgar esta causa y, de hecho, era el elegido para redactar la sentencia. Entonces, el PP trató de apartarlo con el argumento de que su imparcialidad estaba en cuestión debido a su supuesta "cercanía" con el PSOE, a su "amistad" con la actual ministra en funciones de Justicia y a que había sido propuesto por los socialistas para ejercer como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "[Tiene] una más que evidente relación con el PSOE, principal adversario político del Partido Popular, así como con algunos de sus miembros", apuntaba la formación de Casado en su escrito, donde también lo vinculaba con Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional y primer instructor de Gürtel.

Una ofensiva del PP que quedó finalmente en nada. Porque, antes de pronunciarse sobre el fondo de la recusación, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sustituyó a Andreu por la magistrada María Fernanda García, a la que se acababa de nombrar como adscrita a este órgano. De esta forma, las alegaciones de los populares decayeron entonces —aunque ahora tienen la posibilidad de retomarlas—.

Antes de incorporarse a la Sección Segunda, Andreu desempeñó el cargo de titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Entre otras causas, se encargó allí de las investigaciones del caso Bankia y de los atentados yihadistas del 17 de agosto en Cataluña. Aquí llegó después de abandonar el País Vasco en los 90 cuando su esposa fue señalada en una carnicería de Hernani (Gipuzkoa). Andreu se ha mostrado crítico con el papel de la Audiencia tras el fin del terrorismo etarra. "Creo que está siendo utilizada mediante un criterio de oportunidad según cuáles sean los problemas de la sociedad en cada momento (…) se corre el riesgo de que se pueda acabar eligiendo tribunal para determinados asuntos", señaló. También ha denunciado que recibió presiones en 2009 para cerrar el caso abierto contra siete mandos militares israelíes por un bombardeo en Gaza en el que murieron 14 ciudadanos palestinos.

La pugna que ha dividido a la Audiencia

La decisión de nombrar a Andreu como miembro del tribunal del caso Bárcenas llega después de que la recusación de De Prada haya dividido a la Audiencia Nacional. El pasado 4 de octubre, el voto a favor de ocho magistrados dio luz verde a la petición del PP de apartar al juez que condenó a los populares en Gürtel. Pero otros siete jueces se opusieron a esa decisión. Cinco de ellos, entre los que se encuentra el propio Andreu, firmarían después un voto particular para evidenciar su disconformidad con la medida respaldada por la mayoría, en el que acusan también al partido conservador de “presentar interesadamente hechos secundarios como principales” para tratar de asemejar los dos casos y lograr así que De Prada no los juzgara.

https://elpais.com/politica/2019/10/25/actualidad/1572012864_342215.html


EL PP LOGRA APARTAR DEL ‘CASO BÁRCENAS’ A UN JUEZ QUE CONDENÓ AL PARTIDO EN GÜRTEL

El tribunal acepta la recusación del magistrado De Prada por haber declarado probada la contabilidad paralela del PP en el juicio central de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada no formará parte del tribunal que enjuiciará la caja b del Partido Popular, la llamada pieza de los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha admitido este viernes, por ocho votos contra siete, la recusación del magistrado, que fue planteada tanto por el PP como por el propio extesorero encarcelado. El sector mayoritario del pleno considera que De Prada, encuadrado entre los magistrados progresistas de la Audiencia, no debe enjuiciar la pieza sobre la contabilidad paralela de Génova 13 ya que se pronunció sobre el fondo de este asunto al declarar probada la contabilidad paralela del PP en la sentencia del juicio central del caso Gürtel, la llamada Época 1. Esta sentencia, de mayo de 2018, provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez.

En cambio, el órgano que reúne a todos los magistrados juzgadores de lo Penal de la Audiencia ha rechazado apartar —en este caso por 10 contra cinco— a De Prada de la otra pieza del macrosumario Gürtel en la que había sido recusado, la que juzgará los negocios de la trama en Boadilla del Monte (Madrid). En ninguna de las dos decisiones ha participado la presidenta de la sala, la conservadora Concepción Espejel, que fue apartada previamente de los juicios del caso Gürtel.

La vista oral sobre el llamado caso Bárcenas, que comenzó a investigarse en febrero de 2013, después de que EL PAÍS publicara la contabilidad secreta del extesorero del PP, está todavía pendiente de que se fije su fecha de inicio. En ese tribunal de la Sección Segunda de lo Penal no se sentará De Prada y la terna de jueces estará formada por la presidenta María José Rodríguez Duplá, considerada conservadora, la magistrada María Fernanda García Pérez y un tercer juez que será designado por turno de reparto.

En el llamado caso Bárcenas, de cuyo enjuiciamiento se ha apartado a De Prada, se ha investigado el pago de las obras de reforma de la sede central del PP —en la calle Génova 13 de Madrid— con dinero negro supuestamente procedente de grandes empresarios de la obra pública. En ella están encausados, además de Luis Bárcenas y el PP como partícipe a título lucrativo, los arquitectos que realizaron la obra, en su caso por delitos fiscales y falsedad documental.

Fuentes judiciales recuerdan que la caja b del PP “aparece como el océano en todas las piezas” del macrosumario Gürtel, “pero no es el hecho nuclear que configura el objeto de ese juicio”. Por ello ven “incongruente” que se aparte a De Prada del juicio del caso Bárcenas y se le mantenga en el de Boadilla, donde la fiscalía considera que el dinero que se recogía “terminaba en la caja b”.

Para la vista de los negocios de la trama de Boadilla, De Prada formará tribunal con Rodríguez Duplá y el magistrado Julio de Diego, con quien también participó en el juicio por la trama central del caso Gürtel. Este proceso, en el que hubo 37 acusados, se saldó con penas para 29 de ellos. El cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, fue condenado a 51 años de cárcel y Luis Bárcenas, máximo responsable de las cuentas de la formación conservadora, recibió una condena de 33 años, que cumple actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real.

De Prada fue incluido por el PSOE en el turno de juristas para la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado otoño. El magistrado llegó incluso a someterse a la preceptiva comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, el portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, le espetó: "Es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo".

https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570186561_709907.html


EL PP LOGRA QUE LA AUDIENCIA APARTE DEL JUICIO DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' AL MAGISTRADO CLAVE DE LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL'

La Sala de lo Penal acepta la recusación contra José Ricardo de Prada bajo el argumento de que al resolver sobre la llamada 'Época 1' de la trama ya dio por acreditada la 'caja B'

La decisión ha sido muy reñida ya que se ha tomado por 8 votos a 7

José Ricardo de Prada, juez clave en la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, que consideró acreditada la existencia de la caja B del PP, acaba de quedar excluido del tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas. Así lo ha decidido el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha atendido la recusación planteada por el PP. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que la decisión no ha sido unánime sino muy reñida, por 8 votos contra 7. La Sala ha rechazado la segunda recusación planteada contra el magistrado, la que afecta al juicio también pendiente sobre los manejos de Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla.

Tanto el PP como su extesorero Luis Bárcenas presentaron sendas recusaciones en las que subrayaban que De Prada ya se ha pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad B en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel, que se publicó a finales de mayo de 2018 y llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Y que eso le contamina para juzgar los supuestos pagos en B para la reforma de la sede central de Génova, pagos que sustentan la acusación. La pieza de los papeles quedó escindida en dos: una, la de la sede, está pendiente de juicio; la otra, de mucha más envergadura, se sigue investigando para determinar si el PP recibió donaciones ilegales de adjudicatarios de contratos públicos.

En aquella sentencia, el tribunal –que además de De Prada estaba formado por los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego– daba por acreditada la existencia de una 'caja B' en el PP, que definía como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Así pues, tanto el PP como Bárcenas solicitaron que De Prada sea apartado del tribunal porque consideran que está contaminado por estas conclusiones introducidas en la sentencia, que se han acabado atribuyendo a este magistrado en concreto.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/04/el_logra_que_audiencia_apartae_del_juicio_los_papeles_barcenas_magistrado_clave_sentencia_gurtel_99524_1012.html


LA AUDIENCIA CRITICA AHORA LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' CON LOS MISMOS ARGUMENTOS QUE EL PP

La decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de apartar al juez José Ricardo de Prada del futuro juicio sobre los papeles de Bárcenas bajo el argumento de que haber participado en el primer gran juicio de Gürtel rompe su apariencia de imparcialidad para esta otra vista ha quedado plasmada en un auto que critica la sentencia que terminó derribando a Mariano Rajoy al considerar acreditada la existencia de la caja B del PP. El auto utiliza los mismos argumentos que el PP esgrime en el recurso con que busca que el Supremo anule la sentencia: que –dice la resolución– los hechos relativos a la caja B "no eran objeto estricto de enjuiciamiento" y que ese pronunciamiento no era "absolutamente necesario". La Sala alega que "el posicionamiento explícito del magistrado [De Prada] en estas materias le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles".

El texto destaca tales afirmaciones con letras negritas visibles al primer golpe de vista y, de manera sorprendente según distintas fuentes jurídicas, se posiciona a favor del voto particular que elevó el único de los tres miembros del tribunal de Gürtel contrario a dejar constancia de que en el PP existía una contabilidad paralela, Ángel Hurtado. "En cierta manera –llega a decir el auto– ya lo advierte el propio voto particular formulado en la sentencia por el Magistrado Sr. Hurtado cuando considera que hay pasajes de la introducción de los hechos declarados probados que no era necesario introducir".

Validado por la mayoría conservadora de la Sala -la recusación de De Prada salió adelante por ocho a siete votos–, el auto ha tenido como ponente a Francisco Javier Vieira. Expresidente del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Vieira protagonizó una sonada polémica en 2009 sobre el caso Gürtel. El 30 de marzo de aquel año, un día antes de que el TSJM dictara un auto por el que asumía la instrucción de Gürtel porque en la causa había tres diputados autonómicos que gozaban de aforamiento, Vieira habló del caso durante un almuerzo secreto con el entonces consejero de Justicia de Madrid y número 2 del PP madrileño y hoy uno de los principales imputados en Púnica, Francisco Granados.

El magistrado reconoció que habían abordado el caso Gürtel pero negó que la comida, celebrada en el reservado de un restaurante, hubiera sido secreta. "Probablemente salió alguna cuestión" sobre la trama Gürtel, reconoció días después de que la noticia viera la luz. Tanto Granados como Vieira insistieron en que aquella cita había tenido un carácter estrictamente institucional pero nadie explicó por qué no se aplazó la comida dada la decisión trascendente que estaba a punto de tomar el TSJM. Ni por qué ninguna de las dos partes había difundido la celebración del almuerzo. Para entonces, ya se había publicado que una promotora inmobiliaria estaba levantando en Valdemoro un chalé a gusto de Granados y su esposa pese a que formalmente no eran sus propietarios. Ahora, la construcción de esa mansión constituye un episodio relevante en el paquete de indicios que las pesquisas de Púnica van acumulando. Entonces no desencadenó ninguna investigación.

Fue el juez que instruía el caso en el TSJM, el ya fallecido Antonio Pedreira, el que le levantó en 2011 la imputación al ya entonces extesorero del PP, Luis Bárcenas. En marzo de 2012, una vez el caso había vuelto a la Audiencia Nacional, Bárcenas fue imputado de nuevo.

Fuentes consultadas por infoLibre aseguran que el contenido del auto ha producido abierto malestar en José Ricardo de Prada. Básicamente, por tres razones, negritas inesperadas al margen: porque se posiciona sobre una sentencia respecto de la que solo el Supremo ha de pronunciarse, porque atribuye en solitario a este juez, que fue ponente de la sentencia, los contenidos sobre los que la Sala expresa ahora su discrepancia como si la resolución no hubiera sido también suscrita por el juez Julio de Diego; y porque de manera "impresentable" recoge, asumiéndolos como propios, los argumentos que Hurtado vertió en su voto particular. ¿Puede afectar este auto a la decisión que adopte el Tribunal Supremo? El PP lo ha recibido con euforia y ha llegado a exigir al PSOE que pida "disculpas" a Rajoy. Pero los juristas ajenos al PP consultados por este periódico coinciden en un diagnóstico que resume así uno de ellos: "La prueba de la caja B está ahí y es inamovible".

La mayor parte de los expertos, exceptuados los juristas abiertamente afines al PP y las defensas de los condenados, entienden que certificar que existía la caja B era esencial en la sentencia del primer gran juicio de un proceso dividido en piezas separadas por agilidad procesal. Y era esencial, por ejemplo, porque, de no acreditarse su existencia, Luis Bárcenas, que llegó a ocultar 48 millones en Suiza, jamás habría podido ser condenado por apropiación indebida. Es decir, por quedarse con dinero del partido. Dinero que el PP nunca reclamó. Hacerlo habría implicado reconocer que los movimientos anotados por Bárcenas en sus papeles manuscritos respondían a la realidad. Sin incluir en los hechos probados que el PP y la trama de Correa crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional", la sentencia difícilmente podría haber desarrollado la argumentación jurídica sobre la gravedad de los delitos sentenciados.

En su recurso ante el Supremo, el PP critica las afirmaciones de la sentencia sobre la caja B porque –subraya– se trata de un procedimiento que aún no ha sido enjuiciado. El partido ha sufrido "un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y justificación", señala su defensa. Es "de una gravedad difícil de exagerar", prosigue, que a un responsable civil "se le atribuyan en la sentencia supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables".

"Ni compete ni corresponde" a la Sala

Que la Sala Penal haya dado cabida a argumentos muy similares a los del PP no es compartido por todos los jueces que han apoyado la recusación. El texto ha provocado que incluso una de las magistradas que apoyó la recusación de De Prada, Carolina Rius, emita un voto particular donde remarca que el pleno de la Sala Penal no debió "entrar a valorar ni pronunciarse" sobre una sentencia pendiente de recursos ante el Tribunal Supremo. "No compete ni corresponde a este Pleno", escribe Rius.

Otros cinco miembros de la sala firman un segundo voto particular contrario a la recusación. Y lo hacen destacando que lo que se juzgará en la vista de los papeles de Bárcenas no es precisamente la contabilidad B del PP, parte –la de las donaciones supuestamente efectuadas por adjudicatarios de contratos públicos– que se encuentra aún pendiente de investigación. "El objeto de esta segunda pieza de la que se aparta al magistrado –se lee en ese voto particular– no es que el partido tuviera una contabilidad paralela o caja B, como se pretende, sino un acto de apropiación de dinero procedente de la misma, que hoy se denomina administración desleal, y la ocultación de parte del precio pagado por la ejecución de las obras de reforma de la sede oficial del partido y su relevancia jurídica desde los tipos de falsedad documental y fraude fiscal".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/la_audiencia_critica_ahora_sentencia_gurtel_con_los_mismos_argumentos_que_pp_100254_1012.html


LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE EL JUEZ DE PRADA INCLUYÓ ARGUMENTOS INNECESARIOS SOBRE EL PP EN LA SENTENCIA DE LA 'GÜRTEL'

Los magistrados deciden apartarle del tribunal que juzgará la 'caja B' porque su imparcialidad ya está "comprometida"

En aquella sentencia, el tribunal que formaban los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada daba por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye que la argumentación que hizo el magistrado José Ricardo de Prada sobre la presunta caja B del PP en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel no era "absolutamente necesaria" y su imparcialidad para juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está "comprometida".

Estos son los motivos que alegan los magistrados de la Sala de lo Penal para apartar al juez De Prada del tribunal que juzgará la caja B, aceptando así los incidentes de recusación que presentaron tanto el PP como el extesorero Luis Bárcenas.

En aquella sentencia, hecha pública en mayo de 2018 y que llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el tribunal que formaban los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada daba por acreditada la existencia de una caja B en el PP, que definía como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Hurtado emitió un voto particular en esta sentencia, a pesar de que era el ponente de la misma, al no estar de acuerdo con estos pronunciamientos, que siempre se han atribuido a De Prada.

Ahora, el Pleno de la Sala considera que de este argumento "se deduce con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento en ese primer procedimiento concluido por sentencia, pero que deben resolverse en el posterior", es decir, en la vista que juzgará la posible caja B del PP.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/la_audiencia_nacional_aparta_juez_prada_del_tribunal_que_juzgara_caja_del_porque_imparcialidad_esta_comprometida_100225_1012.html


DIEZ JUECES HAN PASADO POR EL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP ANTES DE EMPEZAR EL JUICIO

Tres de los magistrados han sido apartados por su proximidad al PP: Concepción Espejel, Juan Pablo González y Enrique López

Espejel y González fueron ascendidos después por la mayoría conservadora del CGPJ; López se desempeña ahora como consejero en el Gobierno de Díaz Ayuso

El tribunal que forme el sustituto de De Prada, elegido por reparto, será de mayoría conservadora por la tendencia de las dos juezas que ya lo integran

La magistrada o magistrado que sustituya a José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgará la caja B del PP será el undécimo en integrar las distintas composiciones que ha tenido esa sala desde la primera que hizo pública la Audiencia Nacional hace ya más de cuatro años. Tres de ellos han sido apartados por su afinidad al Partido Popular: Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González. La recusación de De Prada fue votada este viernes por ocho votos contra siete con el argumento de que ya se ha pronunció en la sentencia de Gürtel sobre la existencia de una financiación con dinero negro en la formación de Pablo Casado durante dos décadas.

La decisión de apartar a De Prada ha sido presentada como una cuestión técnica que levanta muchas suspicacias. El magistrado progresista es, junto a Julio de Diego, responsable de los pasajes de la sentencia de Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron un tsunami político que arrasó al Gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante.

De Prada, que nunca ha escondido su talante progresista, siempre fue objetivo del Partido Popular, artífice de la recusación que ha apartado al magistrado del tribunal de la caja junto a su extesorero Luis Bárcenas. El fallo, sin embargo, solo fue posible porque el conservador De Diego compartió tesis con De Prada en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Los jueces, para dar "contexto" a los intercambios de favores entre la trama de Francisco Correa y los cargos políticos, explicaban que el Partido Popular disfrutó de "una estructura financiera y contable paralela a la oficial" y que ésta existió "desde al menos el año 1989". Una de sus finalidades era "entregar cantidades a personas miembros relevantes del partido". La procedencia: dinero negro de los empresarios a cambio de adjudicaciones. Esas donaciones, tenían, "un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos", recogía el fallo.

Una vez más, la composición definitiva del tribunal será de carácter conservador. A quien corresponda por reparto sustituir a De Prada se encontrará presidiendo el tribunal a María José Rodríguez Duplá y redactando el fallo a María García Fernández, ambas magistradas conservadoras nombradas por el actual Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de miembros propuestos por el PP. Rodríguez Duplá sustituyó a Concepción Espejel al frente de la Sección Segunda cuando ésta fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal pese a haber sido apartada del tribunal de Gürtel por su proximidad al PP.

El otro magistrado recusado junto a Espejel fue Enrique López, el magistrado por el que el PP y/o la mayoría conservadora de la judicatura ha hecho más esfuerzos y durante más años por situarlo en el CGPJ, el Tribunal Constitucional y la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Ahora se desempeña como consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El cuarto magistrado apartado del tribunal de Gürtel por no guardar la apariencia de imparcialidad respecto al PP fue Juan Pablo González, con una carrera impulsada por el Partido Popular y que, poco después de aquel varapalo, fue elegido para presidir la Audiencia de Madrid con los únicos votos del bloque conservador mayoritario en el Consejo General del Poder Judicial. Completan la nómina de magistrados que han pasado por ese tribunal Fernando Andreu y María Riera Ocáriz.

https://www.eldiario.es/politica/sustituya-Prada-tribunal-PP-empezar_0_949105982.html


BÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019

El extesorero invoca su derecho de defensa para solicitar a la Audiencia que no señale el inicio de la vista hasta que el juez termine la nueva instrucción sobre las donaciones de empresarios, cuyo plazo finaliza dentro de 14 meses

De la Mata ya comunicó a la sala hace dos semanas que la investigación sobre el pago de mordidas "en nada afecta" a los hechos que están pendientes de juicio desde mayo de 2015

Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019, cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de 2015.

En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas formula su solicitud después de que De la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, diera hace dos semanas vía libre al juicio. En su respuesta a la consulta que le había planteado la Sala de lo Penal de la Audiencia, el magistrado recalcó que la "instrucción complementaria" en torno a las donaciones opacas atribuidas a empresarios "en nada afecta" a los hechos por los que el extesorero Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y tres integrantes de la empresa que reformó la sede central del PP, Unifica Servicios Integrales SL, deben sentarse en el banquillo en cuanto la Sección Segunda de la Sala de lo Penal abra hueco en su calendario. El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, quedó excluido de la lista de acusados por "demencia sobrevenida".

Los abogados del hombre que durante dos décadas, de 1990 a 2008, anotó a mano los movimientos de una caja B donde se acumularon 7,5 millones y desde la que se pagaron desde gastos electorales a sobresueldos exponen así el porqué de su petición de aplazamiento: que no es su propósito "dilatar aún más el enjuiciamiento de unos hechos que vienen provocando de largo una elevada pena de banquillo" sino "garantizar el máximo respeto del derecho de defensa" de Bárcenas.

Y es –alegan los abogados– ese derecho el que "exige adoptar la mayor de las cautelas". ¿Para qué? Para "evitar una encubierta instrucción complementaria que pueda dar lugar a la sucesión de actos de investigación una vez agotado el trámite legal para ello, permitiendo que llegado el día de enjuiciamiento de la presente pieza, o aún celebrándose el juicio, se incorporen elementos traídos de la pieza que ahora se instruye y sobre la que, según el ilustrísimo magistrado instructor, no hay conexión ni afección".

Delitos de corrupción

En el juicio que ya se encuentra solo a falta de fecha, Bárcenas afronta la acusación por una larga ristra de delitos de corrupción que amenazan con añadir años de cárcel a los 33 a que fue condenado en mayo por el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y cuya sentencia ya certifica la existencia de la caja B. La nómina delictiva que le atribuye la Fiscalía en el juicio de los papeles queda así: organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y apropiación indebida. El PP ocupa solo la posición de responsable civil subsidiario. Pero una eventual condena por delito electoral a Bárcenas o al exgerente Cristóbal Páez colocaría otra pesadísima losa sobre el partido porque demostraría de nuevo que utilizó dinero ilegal en sus campañas.

En esa respuesta, De la Mata detallaba cuáles son los hechos que ya están en espera de juicio: la existencia y funcionamiento de una caja B en el PP; los trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13, ejecutados por Unifica Servicios Integrales SL entre 2005 y 2010 y supuestamente financiados parcialmente con dinero negro; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital.

Y señalaba también a quiénes afecta la investigación: "Está dirigida –explicaba– contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3". Y en ese epígrafe 3 quienes aparecen son los empresarios que ya habían sido investigados una vez los papeles de Bárcenas salieron a la luz en 2013. Pero aparece también el exministro Ángel Acebes, secretario general del PP hasta 2008. La imputación que pesaba sobre todos ellos quedó archivada provisionalmente en marzo de 2015.

El entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, adujo en apoyo del sobreseimiento dos cosas que De la Mata reproduce ahora en su respuesta a la Sala de lo Penal: la primera, "que existían datos para dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a las personas indicadas"; la segunda, que pese a ello "no resultaba posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".

La confesión de Correa

Para la reapertura del caso fue determinante la confesión de Francisco Correa al comienzo del primer gran juicio de Gürtel. A mantener viva la investigación ha contribuido el hecho de que tres empresarios de la lista –Alfonso García Pozuelo, de la antigua Constructora Hispánica; Rafael Palencia, de Degremont; y Vicente Cotino, de Sedesa– admitieran en un momento dado haber hecho pagos al PP, aunque ninguno de los tres ha accedido a declarar ante De la Mata en la nueva investigación sobre las donaciones.

Ahora, tomando como base su razonamiento sobre el derecho a la defensa y a no toparse en el juicio con nuevos e inesperados datos potencialmente incriminatorios, Bárcenas pretende que la Sala de lo Penal requiera a De la Mata y luego se la comunique a su defensa información sobre tres puntos clave: qué diligencias de investigación tiene en marcha y "cuál es el objeto que se persigue"; si existe algún informe policial o tributario por recibir; y "si está pendiente la decisión de imputación respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas que ya son objeto de acusación en la pieza pendiente de enjuiciamiento".

Es en previsión de que la Audiencia "no considere procedente" pedirle a De la Mata ese informe aclaratorio –extremo que se perfila como el más probable–, los representantes de Bárcenas piden a la sala "que acuerde no señalar el inicio de las sesiones del juicio oral hasta en tanto no concluya el plazo señalado al juzgado central de instrucción número 5 para concluir la instrucción denominada 'complementaria', fijado para el 31 de diciembre de 2019".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/31/barcenas_pide_aplazamiento_que_implicaria_posponer_juicio_caja_hasta_que_acabe_ano_electoral_2019_88209_1012.html


VÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

El juez José de la Mata contesta a la Sala que no tiene inconveniente en que fije fecha para juzgar la instrucción ya concluida sobre la contabilidad paralela del Partido Popular, mientras él sigue investigando las donaciones de 21 empresarios a esa caja negra a cambio de contratos públicos

El juicio tendrá lugar en 2019. El juez revela en su escrito que mantiene imputado al exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha emitido una providencia mediante la que contesta a la Sala de lo Penal, que la semana pasada le preguntó si tenía inconveniente alguno en que este tribunal estableciese fecha para el inicio del juicio a la caja b del PP, habida cuenta de que el magistrado mantiene una parte de la instrucción abierta.

El juez De La Mata entiende que los hechos que se tienen que analizar en el juicio de la caja b, que son su existencia, delitos fiscales por operar con dinero negro, la compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital y la construcción en negro de la sede central entre 2005 y 2010, no tienen relación con la pieza que permanece abierta y que el magistrado sigue investigando, relativa a las donaciones de empresarios a cambio de obras públicas, por lo que da su visto bueno a que la Sala fije el juicio oral de todo aquello cuya instrucción ya se da por concluida.

Así las cosas, la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional fijará en breve fecha para juicio oral de la caja b del PP, que tendrá lugar en 2019. Por cierto, que el magistrado revela que no solo mantiene imputados a 21 empresarios como donantes en negro al PP al menos entre 1990 y 2008, sino al exsecretario general, Ángel Acebes.

Los empresarios que junto a Acebes, continúan imputados por las presuntas donaciones en negro al Partido Popular son José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero Asensio, Alfonso García Pozuelo-Asins, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Pablo Crespo Sabaris, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia Marroquín, Cecilio Sánchez Martín, Camilo José Alcalá Sánchez, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, Vicente Cotino Escrivá, Joaquín Molpeceres Sánchez, Antonio Pinal Gil, Ignacio Ugarteche González de Langarica, Ramón Aigé Sánchez, María Rey Salinero y Claudio Montero Santos.

El inminente juicio por la caja b del PP irá dirigido contra el extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, y Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, los representantes de la empresa de arquitectura Unifica, que construyó en negro la sede central del PP en la calle Génova. En su auto de apertura de juicio oral, el juez José de la Mata les atribuyó los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública. El Partido Popular es considerado responsable civil subsidiario por los delitos fiscales cometidos por sus dirigentes al no declarar en el Impuesto de Sociedades el dinero negro recibido, y por ello tuvo que depositar una fianza de 1.2 millones de euros.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/16/tribunales/1539685626_387137.html


EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

El magistrado da vía libre para celebrar el juicio de la segunda gran pieza de 'Gürtel' salvo en lo que concierne a las donaciones de empresarios, aún bajo investigación

José de la Mata detalla cómo el sobreseimiento provisional del que se beneficiaron los donantes y el que fue secretario general del partido, Ángel Acebes, quedó "sin efecto" tras la reapertura parcial de la instrucción

Un escrito con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da vía libre al juicio sobre la caja B del PP salvo en lo que concierne a los hechos que aún investiga –las donaciones de empresarios– ha dejado al descubierto un dato que había pasado inadvertido: que esa investigación sobre las donaciones, reabierta en febrero de 2017 tras la confesión de Francisco Correa en la vista de la pieza troncal del caso, también alcanza al exministro Ángel Acebes, número dos del PP bajo el mando de Mariano Rajoy entre 2004 y 2008 y persona muy cercana al actual tesorero de la formación conservadora, Sebastián González.

Acebes no ha sido imputado aún de manera formal, pero la providencia del titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional resulta inequívoca en cuanto al lugar que De la Mata asigna al ex secretario general del PP. El que fue sucesivamente ministro de Administraciones, Justicia e Interior ya figura entre los procesados que el 26 de noviembre se sentarán en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia.

En respuesta a la Sala Penal de la Audiencia, que días atrás le preguntó si la existencia de una instrucción en marcha era óbice a la hora de fijar ya fecha para el juicio de los demás hechos y presuntos delitos vinculados a la también llamada pieza de los papeles de Bárcenas, el magistrado escribe lo siguiente: "La instrucción complementaria, en proceso ahora en el Juzgado de Instrucción, investiga las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas; está dirigida contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3; y los delitos imputados son cohecho y tráfico de influencias (sin perjuicio de ulterior calificación)". Y la lista de las 22 personas nombradas en ese epígrafe se cierra, justamente, con Ángel Acebes.

Entre esas 22 personas que el juez menciona como relacionadas en el "epígrafe 3" de la providencia y algunas de las cuales ya han desfilado ante él como imputadas, hay tres empresarios –Alfonso García Pozuelo, Rafael Palencia y Vicente Cotino– que en algún momento han admitido pagos al PP. Luego han intentado diluir el efecto de su confesión o, simplemente, han optado por ejercer su derecho a no declarar en la pieza reabierta.

Pero hay más en lo que respecta a Acebes. Porque la providencia de De la Mata, que constituye una auténtica guía resumida de qué personas y por qué hechos irán ya a juicio en cuanto la Audiencia fije fecha y cuáles siguen todavía bajo investigación, ya había abordado de manera implícita la posición del exministro en un párrafo anterior. "La reapertura [la originada por las revelaciones de Correa sobre el pago de mordidas como "práctica habitual"] se acuerda, naturalmente, en cuanto a los hechos y personas en relación a las cuales se acordó el sobreseimiento provisional parcial, dejando sin efecto esta decisión".

Dinero aportado por empresarios para "pagar favores"

La existencia de una caja B ya quedó acreditada en la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel: de hecho, la condena a Luis Bárcenas por apropiación indebida, uno de los delitos que le han costado una pena de 33 años de cárcel, fue posible porque el tribunal consideró probado, y desarrolló sus argumentos en esa dirección, que el extesorero se apoderó de fondos de esa "bolsa" opaca que le había sido entregada por el partido como "mero custodio". Esa caja, dice la resolución judicial, se nutría no de "donaciones altruistas" sino de dinero aportado por empresarios para "pagar favores" o como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos".

No obstante y dada la magnitud de la causa, la caja B pasó a formar parte de una pieza separada tras la salida a la luz de los papeles de Bárcenas en 2013. Lo que se juzgará en esa pieza separada, previsiblemente en 2019, son los hechos que se relacionan con su creación, mantenimiento y funcionamiento. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo: el quinto, el mentor y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida".

Cuando, en marzo de 2015, el entonces juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, enfiló la recta final de la pieza de los papeles de Bárcenas, dictó el auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre los empresarios sospechosos de haber donado fondos al PP a cambio de contratos públicas. Y también la que pendía sobre Acebes. En línea con la posición de la Fiscalía, Ruz adujo que no había indicios que vincularan las donaciones con las adjudicaciones recibidas por los donantes.

Ese sobreseimiento es el que quedó "sin efecto" tras la reapertura de febrero de 2017. Así, la nueva "instrucción complementaria" se dirige contra los siguientes: José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir –fundador de OHL e imputado igualmente en Púnica y Lezo–, Luis del Rivero, Alfonso García Pozuelo –expresidente de Constructora Hispánica y que admitió pagos al PP–, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia –que también reconoció haber satisfecho comisiones ilegales–, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez, Vicente Cotino Escrivá –que en la pieza valenciana de Gürtel reconoció haber financiado al PP–, Joaquín Molpeceres –dueño de Licuas– Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Ramón Aigé, María Rey Salinero, Claudio Montero Pablo Crespo y Ángel Acebes.

¿Y qué irá entonces a juicio en cuanto la Audiencia le abra hueco en su agenda? La propia "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", que entre 1990 y 2008 acumuló 7,5 millones y desde la que se abonaron –supuestamente– sobresueldos y gastos del partido; para continuar, la reforma de la sede central de la madrileña calle Génova, parcialmente financiada con fondos opacos de esa caja; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital también con dinero B.

La caja B no constaba entre los episodios delictivos sujetos a examen en el juicio de la primera gran pieza de Gürtel, oficialmente denominada como Época I (1999-2005). Pero su carácter central, o troncal, hizo que el tribunal permitiese a las acusaciones interrogar a acusados y testigos sobre ese fondo de reptiles cuyos movimientos había anotado Bárcenas durante casi dos décadas. Para las acusaciones resultaba esencial demostrar que la red dirigida por Francisco Correa no había prosperado de manera gratuita al calor de las administraciones del PP sino porque se había tejido lo que la sentencia denomina "un sistema de corrupción institucional" con el que ambas partes salían ganando.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/17/el_juez_caja_desvela_que_investigacion_tambien_alcanza_exministro_angel_acebes_numero_dos_del_hasta_2008_87810_1012.html


EL PP SERÁ DEFINITIVAMENTE JUZGADO COMO RESPONSABLE CIVIL DE LA CAJA B

La Audiencia Nacional le recuerda que el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir

Ya es definitivo. El PP se sentará como responsable civil subsidiario en el juicio del caso Bárcenas, sobre la caja b del partido que supuestamente gestionaron sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de queja que presentó la formación conservadora contra la decisión del juez instructor, José de la Mata, de no admitir a trámite un recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral en esta causa. La Sección Cuarta de lo Penal ha desatendido este último cartucho de los abogados del partido y les recuerda, como ya hizo De la Mata, que los autos de apertura de juicio oral son irrecurribles.

El PP había apelado contra la decisión de De la Mata de sentarle en el banquillo como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales supuestamente cometidos por los encargados de sus finanzas. Y más específicamente, contra la fianza de 1,2 millones de euros que les ordenó depositar el magistrado instructor para hacer frente a las posibles indemnizaciones al erario público que deberán abonar en caso de que Bárcenas y Lapuerta sean condenados.

En su auto, de cinco páginas, la Sección Cuarta de lo Penal desestima el recurso de queja del PP, remitido el pasado 30 de junio, y le recuerda que el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide recurrir los autos de apertura de juicio oral. “No cabe el recurso pretendido por la parte recurrente. No sólo porque no lo permite el mencionado precepto, sino también porque la apelación está circunscrita a casos tasados, entre los que no se recoge el aquí analizado", recuerda el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo.

En su escrito, los abogados del PP alegaron que la decisión del juez De la Mata de no admitir a trámite el recurso contra el auto de apertura de juicio les causaba “indefensión”. El tribunal de apelación rechaza esta idea y remite al PP a la vista oral, donde podrán reproducir sus peticiones. Estas consideraciones del PP, afirma la Sala, “no dejan de ser simples manifestaciones defensivas, sin sustrato alguno”.

El tribunal afirma que la decisión del juez De la Mata de sentar en el banquillo al PP como responsable civil del caso Bárcenas “ha sido adoptada después de una larga investigación en la que el instructor ha obtenido cabal conocimiento, siempre desde la perspectiva indiciaria, acerca de la cifra que por responsabilidades civiles pudiera ser condenada, en su caso, la formación política recurrente".

https://elpais.com/politica/2015/09/02/actualidad/1441202948_378308.html


EL PP INVOCA LA ‘DOCTRINA BOTÍN’ PARA EVITAR EL JUICIO DEL ‘CASO BÁRCENAS’

La formación alega que ni la fiscalía ni la Abogacía estatal le acusan de delito fiscal

El Partido Popular ha recurrido a la llamada doctrina Botín para conjurar la acusación de delito fiscal por el caso Bárcenas, que investiga la caja b de la formación conservadora. El partido del Gobierno considera que debe quedar fuera de la causa ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan a sus extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas por delito contra la Hacienda Pública. En el auto del pasado 28 de mayo por el que el juez instructor de la causa, José de la Mata, ordena la apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, consideraba al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales de sus antiguos responsables económicos y le exigía una fianza de 1,2 millones de euros, equivalente a la cantidad supuestamente defraudada por los donativos ilegales al PP.

El abogado del PP, Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, alega, en su recurso de apelación contra este auto, que no se puede abrir juicio oral por delito fiscal cuando solo acusan las acusaciones populares y tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado –que representa a la Agencia Tributaria- han pedido el sobreseimiento de la causa. Esta es la llamada doctrina Botín, concebida por el Tribunal Supremo en 2008 y que sirvió para exonerar de delito fiscal al fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín.

En su escrito de apelación sobre la apertura de juicio oral, el abogado del PP, sostiene, además, que "en cualquier caso, el enjuiciamiento de un delito contra la Hacienda Pública corresponde a la Audiencia Provincial [en este caso de Madrid] y no a la Audiencia Nacional". Santos afirma que la cantidad supuestamente defraudada en el caso Bárcenas no supone una "grave repercusión en la economía nacional", lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. El PP compara su caso con el de la investigación patrimonial sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que se instruye en los juzgados ordinarios, y con el caso Neymar, sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del jugador del FC Barcelona, que se juzgará en la capital catalana.

En su auto del pasado 28 de mayo, el juez De la Mata dedicaba varios párrafos a justificar la inclusión del PP en el juicio del caso Bárcenas por delito fiscal. El magistrado anteponía una sentencia del Supremo más reciente, de este mismo 2015, y argumentaba que el delito contra la Hacienda Pública “trasciende el mero interés patrimonial de la Administración y comprende cierto interés colectivo”, lo que permite, según su criterio, juzgar sin que acusen la fiscalía y la Abogacía estatal.

El letrado Jesús Santos rebate esta tesis de De la Mata enérgicamente. “Nada más alejado de la realidad”, afirma el abogado del PP. Según él, de la última sentencia del Supremo, “no se puede extraer ni implícita ni explícitamente la conclusión de que el delito fiscal ataque intereses colectivos o sociales en tal medida que habilite, por si sola, a la acusación popular para solicitar la apertura de juicio oral, sino más bien lo contrario”

Respecto a la fianza de 1,2 millones de euros fijada al partido, añade sobre la misma base argumental: “Es inadmisible que se acuerde medida cautelar alguna en relación con unos hechos que el ministerio fiscal y el Abogado del Estado han excluido de sus propios escritos de acusación”.

El PP plantea otra cuestión de fondo tras invocar la doctrina Botín. Según el partido, no hubo delito fiscal en 2008 al no declarar en el Impuesto de Sociedades los donativos que Génova 13 recibió de manera irregular, por encima de los límites de la Ley de Financiación de Partidos. El abogado Santos recuerda que la propia Agencia Tributaria considera que esos donativos, pese a ser ilegales, gozan de exención fiscal: “la ley (…) no establecía, como acertadamente ha puesto de manifiesto la Agencia Tributaria, que el exceso de donación deba tributar por el impuesto de Sociedades, puesto que hay una proclamación general de exención respecto de las donaciones, y las supuestas donaciones ilegales lo son también”. Esta teoría ha sido contestada internamente en la propia Hacienda y rechazada por los distintos jueces de la Audiencia Nacional que han tratado sobre el caso Bárcenas.

Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas. Ese dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal). El extesorero llegó a relatar ante el juez Pablo Ruz cómo hacían esos pagos a los principales dirigentes del partido, pero estos lo negaron. Cospedal, Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela. El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.

Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay constancia de esos pagos. Los papeles, y su autoría, también ha sido reconocida por el propio Luis Bárcenas y corroborada por informes periciales caligráficos, entre otros indicios.

https://elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433961302_403594.html

EL JUEZ DE LA MATA APRECIA DELITO ELECTORAL EN EL PP POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

El magistrado abre juicio oral por la contabilidad secreta del Partido Popular

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata agravó este jueves la perspectiva judicial del PP al incluir los delitos contable y electoral en el auto final del caso Bárcenas, relativo a la caja b del partido del Gobierno. De la Mata, sucesor del juez Pablo Ruz, decretó la apertura de juicio oral contra los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que reformó la sede del PP en la calle Génova de Madrid, pagada con 1,5 millones en dinero negro.

El juez De la Mata dejó lista para juicio la investigación abierta por Ruz en febrero de 2013 después de que EL PAÍS publicara los 14 folios manuscritos que componían la contabilidad paralela del PP, llevada por el tesorero Bárcenas. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, en un auto de 102 páginas, sigue la estela de su antecesor al considerar que el PP se sirvió “desde 1990 y al menos hasta 2008” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

La “contabilidad paralela” o “caja b” del PP —de la que Bárcenas y Lapuerta eran meros gestores— se nutrió de “donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial”, sostiene De la Mata. Los 7,5 millones de euros que los tesoreros supuestamente recaudaron entre empresarios, casi todos del sector de la obra pública y contratistas de la Administración, tuvieron diferentes usos.

Parte del dinero se destinó a sobresueldos a cargos y personas vinculadas al partido. Se han recabado indicios de pagos a distintas personalidades, como el presidente del Senado, Pío García Escudero —que recibió un préstamo de 24.000 euros para reparar su casa, dañada por un atentado— o a entonces consejero navarro de Salud, Calixto Ayesa, que percibió 16.200 euros como compensación por dedicarse a la política y dejar su trabajo de dermatólogo. Estos pagos, admitidos por sus perceptores, sumados a otras ayudas a víctimas del terrorismo y a la Fundación Humanismo y Democracia, también reconocidos, han servido para dar veracidad a los papeles de Bárcenas.

Sin embargo, en los dos años de investigación no se han podido acreditar las entregas trimestrales y semestrales de dinero b a los sucesivos secretarios y vicesecretarios generales del PP, entre ellos el actual presidente Mariano Rajoy, o los exministros populares Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes. Todos ellos han negado haber recibido dinero negro.

De las cuentas opacas del PP salieron en 2003, 2004 y 2008 un total de 1,18 millones de euros que sirvieron para pagar las campañas electorales del PP tanto en elecciones generales, como en europeas y autonómicas en Cataluña y Andalucía.

Las acusaciones populares encabezadas por IU y el Partido Socialista del País Valenciano solicitaron al magistrado que los extesoreros Lapuerta y Bárcenas y el exgerente Páez fueran juzgados por delito electoral por el uso de estos fondos en b para las campañas del PP. Ni el fiscal ni el resto de las acusaciones lo habían solicitado. En su auto de paso a procedimiento abreviado —en el que proponía llevar a juicio a los imputados del caso Bárcenas— el juez Ruz consideraba acreditados tanto los delitos electorales como los delitos fiscales, aunque apuntaba la posibilidad de que hubieran prescrito.

Sí tienen cabida

Ahora, De la Mata decide que estos delitos sí tienen cabida en el juicio que celebrará la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General castiga con penas de hasta cuatro años de prisión a los “administradores generales y de las candidaturas de los partidos” que falseen las cuentas de sus formaciones para las campañas. Aunque la responsabilidad penal, de producirse, recae en el administrador del partido, una condena supondría dar por probado que el PP contó con dinero ilegal en seis campañas.

El nuevo juez instructor también aprecia, y también frente al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que cabe llevar a juicio a los responsables económicos del PP por delito de falsedad contable. Ruz también consideraba en marzo que las donaciones irregulares recibidas por el PP por medio de Bárcenas y Lapuerta, y su uso opaco para gastos del partido, encajaba en ese tipo penal. Sin embargo, entendía que el plazo de prescripción —de tres años— podría haberse superado. Deberá ser la Sala de lo Penal la que decida, cuando llegue el juicio, si estos delitos existen, y en su caso, si han prescrito o no.

De la Mata también desoye a Anticorrupción cuando esta fiscalía pide archivar la acusación de delito fiscal contra Laura Montero, directora de proyectos de Unifica, el estudio de arquitectos que realizó la reforma de la sede del PP en Génova 13 entre 2005 y 2010. Parte de estos trabajos los pagó el PP con 1,55 millones de su caja b. Ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, formulan acusación contra ella. La llamada doctrina Botín, por la que no se puede enjuiciar a un imputado por delitos que tienen un perjudicado concreto si este, o la fiscalía, no acusan y solo hay una acusación popular, vuelve a entrar en juego. En los delitos fiscales hay dos corrientes. La primera entiende que en un delito fiscal hay un perjudicado particular, que es Hacienda, por lo que no cabría la acusación popular. La segunda, que prefiere De la Mata, considera que el fraude fiscal “trasciende el mero interés patrimonial de la Administración y comprende un cierto interés colectivo” —el principio de “Hacienda somos todos”—. Por ello, lleva a Montero a juicio.

Para los procesados, el magistrado impone fianzas que cubran las posibles multas y responsabilidades civiles de los delitos que supuestamente cometieron, Para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones; para el arquitecto Urquijo, 6,15 millones; y para las empleadas de Unifica Belén García y Laura Montero, 6,15 millones para cada una.

FIANZA CIVIL DE 1,2 MILLONES PARA GÉNOVA 13

El juez José de la Mata ha fijado una fianza civil de 1,2 millones de euros para el PP. El magistrado considera al partido responsable civil de los delitos fiscales por los que van a ser juzgados sus extesoreros. Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta supuestamente no liquidaron el Impuesto de Sociedades de la formación conservadora en 2007. El partido debió haber abonado una cuota de 220.167 euros, que se deriva de unos ingresos por donativos irregulares de 1,05 millones de euros.

El resto de la fianza corresponde a los 1,05 millones que el PP supuestamente ayudó a defraudar a Hacienda en 2008 a la empresa de arquitectura Unifica, dirigida por Gonzalo Urquijo al abonar con dinero negro las obras de reforma de su sede de Génova 13.


https://elpais.com/politica/2015/05/28/actualidad/1432816129_809110.html


EL JUEZ DE LA MATA ABRE JUICIO ORAL POR LA CAJA B DEL PP Y LE RECLAMA 1,2 MILLONES

El magistrado considera al Partido Popular responsable civil subsidiario de los delitos cometidos durante la reforma de la sede de Génova

Se sentarán en el banquillo los extesoreros del PP Bárcenas y Lapuerta, el exgerente Páez y tres imputados por parte de la empresa de arquitectura

El juez José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada. Todos ellos serán juzgados a consecuencia de la investigación de la caja B del PP, con la que la formación se financió irregularmente durante al menos dos décadas.

Los seis acusados responderán por delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. En esta lista aparecen delitos que no figuraban en el auto de procesamiento de Ruz. Se trata del delito electoral, que el anterior instructor consideraba prescrito, y el de organización criminal, que nunca valoró. La inclusión en el auto de apertura de juicio oral se debe a que las acusaciones los han incluido en sus escritos, posteriores al auto de procesamiento de Ruz.

Asimismo, De la Mata respalda el criterio de Ruz de que las donaciones irregulares son objeto del delito fiscal, en contra de la postura de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción.

Además, el juez establece en 1,2 millones de euros la fianza por responsabilidad civil subsidiaria. Esa cifra sale de la suma de 220.000 euros como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

Para los seis restantes imputados, el juez fija fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impone una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles subsidiarios disponen de 10 días para depositar en el juzgado las fianzas impuestas por el juez, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes.

https://www.eldiario.es/politica/mata-barcenas-reclama-pp-millones_1_2652437.html


EL ‘CASO BÁRCENAS’, PASO A PASO: LAS PRUEBAS DEL DELITO

Ruz ha acreditado tras dos años de investigación la existencia de una caja B dentro del PP

El mayor escándalo de corrupción que sufre el partido que gobierna ahora en España estalló por el cabreo del hombre que durante 20 años controló las finanzas del PP. Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación entre 1990 y 2009, manejó durante este tiempo las entradas y salidas de dinero desde su despacho en la sede de Génova, 13. En un cuaderno de contabilidad apuntó, de su puño y letra, la financiación que llegaba al partido por cauces ilegales: donaciones de empresarios que por ser contratistas del Estado tenían prohibida la entrega de fondos a formaciones y, además, aportaban cantidades superiores a 60.000 euros al año, algo que la Ley de Financiación de Partidos Políticos no permitía.

EL PAÍS hizo públicos esos documentos el 31 de enero de 2013. Aunque durante varios meses tanto el partido como su extesorero negaron la autenticidad de los papeles, el propio Bárcenas confirmó en el verano de 2013 que era el autor de aquellos manuscritos y detalló, en una extensa confesión ante el juez Pablo Ruz, todas las ilegalidades registradas en los documentos. Desde aquel momento, el magistrado instructor intentó delimitar los aspectos delictivos que contenían los papeles del extesorero. El resultado de dos años de investigación es el que sigue:

La caja b.

Tras tomar declaración a decenas de personas, entre empresarios y dirigentes del PP, el juez Ruz llegó a la conclusión de que al menos una parte del contenido de los papeles de Bárcenas era cierto y, por tanto, la formación conservadora se había financiado ilegalmente durante 20 años. "Ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por esta formación política al Tribunal de Cuentas", ha escrito el magistrado en alguna de sus resoluciones judiciales.

Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas. Ese dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal). El extesorero llegó a relatar ante el juez Ruz cómo hacían esos pagos a los principales dirigentes del partido, pero estos lo negaron. Cospedal, Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela. El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.

Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay constancia de esos pagos.

Donaciones ilegales.

Los empresarios imputados —el fiscal ha pedido el archivo de la causa contra ellos aunque el juez todavía no ha tomado una decisión— negaron en sus declaraciones en la Audiencia que hubieran hecho las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas. El extesorero blanqueó estas aportaciones de fondos mediante un método que la investigación judicial ha destapado. El dinero de esa caja b que Bárcenas no gastaba lo ingresaba en la cuenta específica que el PP abrió en el Banco de Vitoria (Banesto después) para las donaciones legales.

El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las cantidades para que no superasen los 60.000 euros y, como eran anónimas, algo permitido por la ley, no había peligro de que el Tribunal de Cuentas pudiera sospechar nada.

El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las cantidades para que no superasen los 60.000 euros

La investigación judicial ha descubierto que en los mismos días que Bárcenas apuntaba un donativo ilegal, se producían en la cuenta del Banco de Vitoria ingresos de esa misma cantidad dividida en varias partes por debajo de los 60.000 euros.

En el análisis de los 19 años que recogen los papeles de Bárcenas, esa circunstancia se produce siempre con cantidades exactas. Al magistrado instructor no le queda ninguna duda de que la financiación ilegal existió y que parte de ella fue blanqueada por Bárcenas mediante su ingreso en la cuenta de donativos que el PP tenía abierta en el Banco de Vitoria.

Obras de la sede.

El juez Pablo Ruz investigó con especial detenimiento los apuntes referidos a los pagos efectuados por las obras de reforma de la sede central del PP en la calle de Génova. El magistrado llegó incluso a ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración del PP. Ese trabajo de investigación llevó a concluir que, durante varios años, el arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de las obras, cobró al menos 1,7 millones de euros no declarados al fisco y procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Bárcenas. El extesorero lo confirmó con detalle en su declaración judicial, aunque tanto el arquitecto Urquijo, imputado en la causa, como el PP, han negado estos pagos irregulares. Numerosa documentación requisada en la sede del partido y en el despacho del arquitecto acredita el incumplimiento de la ley en las obras de Génova, 13.

Compra de acciones de Libertad Digital.

Los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta decidieron sacar dinero de la caja b para adquirir participaciones de Libertad Digital, un medio de comunicación afín al PP cuando se produjeron esas compras. Tras vender las acciones, según la investigación judicial, Lapuerta y Bárcenas no devolvieron el dinero a la caja de la que lo habían sacado. El juez Pablo Ruz llegó a imputar por estos hechos a Ángel Acebes, secretario general del PP cuando se produjeron las compras de participaciones de Libertad Digital. Tras interrogarle, Ruz retiró la imputación contra Acebes.

Compras de otras sedes del PP.

Bárcenas declaró al magistrado Ruz, y ahora lo ha vuelto a repetir ante el juez balear José Castro, que muchas sedes territoriales del PP se compraron con dinero de la caja b. En la investigación abierta en la Audiencia Nacional hay numerosas pruebas de esta denuncia de Bárcenas.

La mordida de Toledo por una contrata de basuras.

El extesorero del PP aportó a la causa un recibí de 200.000 euros firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. El dinero, según Bárcenas, procedía de una donación ilegal del grupo Sacyr y sirvió para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en su primer intento por ser la presidenta de Castilla-La Mancha. Cañas aseguró al juez que había firmado aquel recibo por miedo a Bárcenas. Una versión de los hechos que el magistrado no se cree. Ruz abrió una investigación sobre el contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo adjudicado a Sacyr meses antes del supuesto pago al PP de 200.000 euros. El juez pretendía saber si ese dinero era contraprestación a cambio de aquel contrato multimillonario adjudicado por un gobierno municipal del PP. Pese a todas las irregularidades puestas de manifiesto durante la investigación sobre ese concurso de basuras, el juez no ha podido acreditar el cohecho en este caso.

https://elpais.com/politica/2015/03/17/actualidad/1426591729_737277.html


RUZ ACREDITA 18 AÑOS DE CAJA B DEL PP

El magistrado concluye la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’

Atribuye al partido delitos fiscales por la reforma de su sede y los donativos ilegales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este lunes por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas y considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. En un auto de 190 páginas, el magistrado considera que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

Tras dos años de investigación en los que ha tenido que enfrentarse a las resistencias tanto del PP como de organismos públicos controlados por este partido, como la Agencia Tributaria, el juez concluye que los fondos opacos del PP fluyeron “al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública”. En su resolución, Ruz propone juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos del magistrado.

Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2013, después de que EL PAÍS publicara los 14 folios que constituyen la contabilidad secreta del extesorero Luis Bárcenas. En esos documentos el antiguo responsable de las finanzas del PP consignó supuestamente ingresos en dinero negro por valor de casi ocho millones de euros procedentes de empresarios, en su mayoría del sector de la obra pública. El dinero se destinó a cubrir gastos de naturaleza variada. El juez, no obstante, archiva la causa abierta contra los 22 empresarios pagadores, al entender que no hay indicios para establecer correspondencia entre los pagos ilegales al PP y las adjudicaciones de contratos públicos, base para imputar un delito de cohecho.

Propone juzgar a los extesoreros y los arquitectos de la obra de Génova, 13

Después de negar durante meses la existencia de una caja b, los líderes del PP optaron por atribuir toda la responsabilidad sobre los supuestos fondos opacos a su extesorero Bárcenas, quien tras ingresar en prisión en junio de 2013 confesó ante el juez la veracidad de sus manuscritos. Ruz, sin embargo, rechaza la tesis de la cúpula del PP, y a lo largo de su resolución dedica varios pasajes a atribuir el sistema de donativos en negro inequivocamente al partido liderado por Mariano Rajoy. A lo largo del auto abundan las expresiones siguientes: “La doble estructura contable creada por el PP”, “un sistema de financiación de la formación política”, o simplemente “los fondos de la caja b del PP”. A Bárcenas —gerente desde 1990 a 2008, cuando se convirtió en tesorero— y a su antecesor Lapuerta, el juez les atribuye la mera “llevanza” de la “contabilidad paralela del PP”.

Ruz, cuyo paso por la Audiencia Nacional toca a su fin después de que el Poder Judicial sacara a concurso el pasado diciembre la plaza que ocupa, disecciona la caja b aplicando los criterios básicos de contabilidad. En el apartado de las entradas detalla las aportaciones de los empresarios, entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que, según la contabilidad de Bárcenas, entregó un total de 530.000 euros entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que donó supuestamente 480.000. Los principales pagadores, según los papeles de Bárcenas, fueron los constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros).

En cuanto a las salidas de fondos, Ruz relata que parte del dinero negro se ingresaba (fraccionado para no superar los límites de la ley de financiación de partidos) en las cuentas oficiales de donativos (hasta 1,27 millones). Otra parte se destinó al pago de retribuciones y sobresueldos a personas vinculadas con el partido, como el exconsejero navarro Calixto Ayesa, que recibió 86.545 euros como “compensación” por dejar su trabajo para dedicarse a la política. Otras cantidades se utilizaron para ayudar a víctimas del terrorismo. También hay gastos para campañas electorales o para la compra de sedes, como las de Bizkaia (36.000 euros en 2002) y La Rioja (200.000 euros en 2008).

Archivada la causa contra 22 empresarios y Ángel Acebes

Sin embargo, Ruz dedica el grueso de su exposición a analizar el uso de 1,55 millones de euros en b entre 2005 y 2010 para reformar la sede del PP en la calle Génova, 13. Esta operación supuso una defraudación fiscal de la que considera responsable directo a la sociedad Unifica y a sus administradores y socios Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada Laura Montero. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario de este supuesto delito fiscal.

El juez imputa a Bárcenas y a Lapuerta un delito de apropiación indebida por quedarse para sí con 120.000 y 209.550 euros de la caja b, respectivamente. Ese dinero iba destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004, año en el que el grupo de medios del locutor Federico Jiménez Losantos alimentaba, con el apoyo del PP, la teoría de la conspiración sobre el atentado del 11-M. La adquisición de los títulos fue, según Bárcenas, ordenada por el entonces secretario general, Ángel Acebes. El juez, que tenía a este exdirigente imputado, decidió archivar la causa contra él.

Ruz abre una pieza separada, que envía a los juzgados de Toledo, sobre la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la contraprestación por una donación de 200.000 euros para la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007. El magistrado entiende que “en el momento presente” no existen “elementos indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas, por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y lo remite a los juzgados ordinarios. Ruz aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricación.

DELITO FISCAL

En su auto, el juez Pablo Ruz considera al PP "responsable" de un delito fiscal por no haber tributado las donaciones ilegales recibidas en 2008. El magistrado rechaza así la teoría de la Agencia Tributaria de que los donativos que exceden el límite legal siguen estando exentos de tributación como los legales. No obstante, Ruz deja la decisión final en manos del tribunal que juzgue el caso Bárcenas. La Agencia Tributaria llegó a comparar al PP con Cáritas para justificar la exención fiscal de los fondos ilegales.

El magistrado resume las diligencias practicadas durante la instrucción: registros en las sedes de Unifica y del PP, análisis de documentación de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, escritos de las partes implicadas, declaraciones de 81 testigos e imputados, 28 informes policiales, 13 pruebas periciales caligráficas e informáticas, ocho informes de técnicos de Hacienda y cinco de la Intervención General de la Administración del Estado.

Ruz recuerda que hay una investigación pendiente sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, custodiados por el PP.

https://elpais.com/politica/2015/03/23/actualidad/1427123957_555826.html


RUZ DA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE LA CAJA B DEL PP Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

El PP dice que desconocía la caja B y que las donaciones están exentas de tributación

El Gobierno dice que el auto no es la sentencia definitiva y pide esperar

Dos años de investigación han llevado a la conclusión de que el PP no era Cáritas, sino una formación política que durante casi dos décadas mantuvo una contabilidad oculta a Hacienda, alimentada de donaciones ilegales y destinada a gastos como el pago en negro de sobresueldos y campañas electorales.

Ésa es la conclusión a la que ha llegado el juez Ruz, que en 2013 comenzó a investigar los llamados papeles de Bárcenas, los documentos en los que durante al menos 18 años (desde 1990 a 2008) el ex tesorero popular fue anotando la contabilidad paralela de su partido. [Lea el auto en PDF]

El magistrado de la Audiencia Nacional da por cerrada la instrucción y concluye que hay indicios suficientes para llevar a juicio esas casi dos décadas de caja B. Entre las seis personas que se sentarán en el banquillo están los ex tesoreros Bárcenas y Lapuerta y el ex gerente Cristóbal Páez. El PP, que como partido no puede ser acusado, estará en el juicio como responsable civil.

«Queda indiciariamente acreditado», dice el auto del juez Ruz, «cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase [...] con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos), al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B».

Tras acreditar la veracidad de su contenido, el juez ofrece el balance delictivo que arrojan los papeles de Bárcenas: un delito fiscal cometido por el PP, dos delitos fiscales de la empresa a la que pagó en negro por reformar su sede central, un delito de apropiación indebida por el dinero B del partido que Lapuerta se metió al bolsillo y una posible prevaricación en una contrata de basuras.

Pagos de empresarios

El circuito económico de dinero negro se ponía en marcha con el pago de donaciones ilegales por parte de empresarios de la construcción que, por contratar con el sector público, tenían vetadas las entregas de dinero a partidos. El juez da por acreditadas las donaciones opacas, pero archiva la causa respecto a los empresarios al no haberse conseguido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas -lo que supondría un cohecho-. El archivo, en todo caso, es provisional, lo que implica que la investigación podría reabrirse si aparecieran nuevos indicios de delito.

Destino de los fondos

Una vez introducido el dinero en la caja B del PP o en la caja A tras fraccionarlo como donaciones anónimas, Bárcenas y Lapuerta lo destinaban al pago de sobresueldos, gastos electorales y la compra o reforma de sedes del partido.

Sobre el «pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido», los papeles recogen sobresueldos a dirigentes como Mariano Rajoy, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, que todos ellos negaron. El auto no menciona sus nombres entre los receptores, tan sólo los de aquellos -de menor relevancia política- que sí reconocieron haber recibido dinero.

El gasto en sedes del PP se centra en las de Génova, el País Vasco y La Rioja. En cuanto a los gastos electorales, el dinero B sufragó elecciones europeas, generales y autonómicas de Cataluña y Andalucía.

Delito por las donaciones

El delito concreto más comprometido para el PP es el delito fiscal que se le atribuye por no haber declarado en el Impuesto de Sociedades de 2008 el millón de euros que recibió en donaciones ilegales.

Éste es el delito que, según los informes de Hacienda, el PP nunca pudo haber cometido, dado que las donaciones, como las recibidas por Cáritas o la Cruz Roja, estaban exentas de tributar. El juez discrepa de esta interpretación y propone que el asunto se lleve a juicio y sea el tribunal sentenciador, no Hacienda, el que diga si debían tributar o no. Su opinión es que sí, porque esas donaciones «no cumplían [...] con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos, careciendo las aportaciones privadas recibidas de la consideración de rentas exentas por no haber cumplido con el criterio de transparencia legalmente marcado, y habiéndose destinado a los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el partido al Tribunal de Cuentas que han sido indiciariamente acreditados».

El PP no puede ser acusado de delito -sí podría si lo hubiera cometido hoy, tras una reforma legal-, por lo que los responsables penales serían Bárcenas y Páez, con Lapuerta de cooperador. El PP sí sería responsable civil subsidiario y se le podría reclamar la indemnización que fijara una eventual sentencia condenatoria. Tras vencer las resistencias de Hacienda, el juez logró que la Agencia Tributaria le calculara lo que el PP habría defraudado: 226.167 euros.

Delito por la reforma

Otros dos delitos fiscales detectados (Impuesto de Sociedades de 2007 e IVA de 2010) habrían sido cometidos por los dos arquitectos responsables de la reforma de la sede de Génova, Gonzalo Urquijo y Belén García, así como por una empleada de Unifica. Los arquitectos, en especial Urquijo, fueron los que recibieron del PP pagos en negro por una cuantía que el juez estima en al menos 1.552.000 euros. Esta cifra es superior a lo reflejado en los papeles, lo que apunta a que había dinero negro en el partido que ni siquiera llegaba a la contabilidad paralela.

También en este caso el PP podría ser condenado como responsable civil de la indemnización fijada en sentencia contra sus empleados que colaboraron en el delito.

Apropiación indebida

El juez también ve motivos para llevar a juicio a Lapuerta y Bárcenas por un delito de apropiación indebida, ya que el primero se habría quedado con fondos B del PP. Según la investigación, Lapuerta acordó comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro, con la supuesta intención de venderlas pasado un plazo y reintegrar los fondos a la contabilidad B. Efectivamente, acudieron a la ampliación de capital y con el tiempo las acciones se vendieron, pero no hay rastro de que los fondos volvieran al Partido Popular. Ese dinero, dice el juez, pasó «a integrar su propio patrimonio, con el conocimiento y anuencia de Luis Bárcenas».

Libre por prescripción

De los casi 200 folios de auto se desprende que el PP habría cometido otros delitos a los que no deberá hacer frente por estar prescritos. Uno de ellos sería el delito contable, por no haber reflejado correctamente sus cuentas. Otro sería el delito electoral, ya que no hizo públicos sus verdaderos gastos en varias campañas.

En cuanto al delito de financiación ilegal, el PP no lo cometió porque en el momento de los hechos no existía en el Código Penal. Ruz llega a plantearse la posibilidad, recogida en la ley, de proponer al Gobierno que introduzca el delito, pero lo descarta al comprobar que ya aparece en la reforma del Código Penal que actualmente está en fase de enmiendas en el Senado.

Sospechas en Toledo

En otra parte del auto, el juez resuelve enviar a un juzgado de Toledo otra parte de la investigación. Se trata de la que se inició para tratar de descubrir si, como apuntaba Bárcenas, la constructora Sacyr pagó 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha a cambio de que su filial Sufi se adjudicara la contrata de basuras de Toledo. El dinero se habría destinado a sufragar, según el ex tesorero, la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal de 2007.

El juez da por probado que la cúpula de Sacyr entregó el dinero a Bárcenas, que a su vez se lo dio al entonces gerente regional del PP, José Ángel Cañas. Éste lo negó, pero el juez no le cree, entre otras cosas porque consta el recibí del dinero. Lo que no se ha encontrado es el vínculo entre el pago y la adjudicación bajo sospecha, por lo que no puede sostenerse el delito de cohecho. Aun así, el juez prefiere no archivar esa vía -un sobreseimiento que sí apoyaba el fiscal-, sino dejarla abierta para que sea el juzgado competente de Toledo el que la cierre, la mantenga abierta o, eventualmente, la mande al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha si se topa con algún aforado implicado.

Lo que sí pide el juez que se investigue en Toledo es la adjudicación y ejecución de ese contrato de basuras, en el que ha detectado irregularidades que le llevan a pensar que se cometió un delito de prevaricación.

Los próximos pasos

El auto dictado ayer supone que el juez cierra la investigación y abre un plazo de 20 días para que la Fiscalía y el resto de acusaciones presenten sus escritos, precisando a quiénes acusan y qué penas piden para cada uno. Luego el juez recabará los escritos de las defensas y mandará el asunto a juicio. Estos pasos los dará ya previsiblemente el juez José de la Mata, que en breve sustituirá a Ruz en la Audiencia.

https://www.elmundo.es/espana/2015/03/23/55102dc5ca47416a6d8b456b.html


LA CONTABILIDAD SECRETA DE BÁRCENAS LLEVA LAS FINANZAS DEL PP ANTE EL JUEZ

El magistrado Ruz vincula los papeles del extesorero con el ‘caso Gürtel’

La contabilidad manuscrita secreta del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, destapada por EL PAÍS el pasado 31 de enero y negada sistemáticamente por los dirigentes de la formación conservadora, será investigada por la Justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz agravó este jueves en el severo aprieto del partido del Gobierno al vincular oficialmente los llamados papeles de Bárcenas con el caso Gürtel, la gran trama de corrupción en los aledaños del PP, que también instruye él. Ruz, en un auto dictado este jueves, abrió una pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP, en la que figuran entradas de dinero por 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008 supuestamente procedentes de empresarios con intereses en adjudicaciones públicas, y el reparto de parte de estos fondos entre diferentes dirigentes del partido. De acuerdo con esta contabilidad artesanal que todos los expertos grafólogos consultados atribuyen sin duda a Bárcenas, entre los supuestos receptores de estos fondos figuran, entre otros, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Dolores de Cospedal y el propio presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy. Y también hay supuestos pagos a asesores como Pedro Arriola o gastos para cubrir ayudas a víctimas del terrorismo.

En su resolución, Ruz pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la apertura de las diligencias judiciales. Este aviso obliga al ministerio público a dejar la investigación que abrió de oficio después de que este periódico publicara la contabilidad secreta de Bárcenas.

La vinculación del caso Gürtel y los papeles del extesorero —y la consiguiente judicialización de la contabilidad B— ha sido una petición recurrente de algunas acusaciones particulares personadas en el sumario de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, especialmente el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). El juez Ruz, en un principio se mostró remiso a establecer esta conexión. Sin embargo, el pasado 1 de marzo cambió de parecer y pidió a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que le presentara “a la mayor brevedad” un informe sobre los posibles puntos de conexión entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

La nueva apreciación de Ruz coincidió en el tiempo con la presentación de al menos dos querellas sobre los papeles de Bárcenas en los juzgados de Instrucción de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla —una del sindicato Manos Limpias y otra del Observatorio Desc contra la corrupción— y otra querella de Izquierda Unida en la propia Audiencia Nacional. Esta denuncia de la coalición liderada por Cayo Lara recayó por turno de reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 3, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que llegó a abrir diligencias y solicitar a la Fiscalía un informe sobre la competencia para investigar los hechos.

La posibilidad de que alguno de los jueces que recibieron las querellas decidiera abrir una investigación y que dos casos conectados quedaran desperdigados en diferentes sedes judiciales con el consiguiente retraso aceleró la decisión.

El pasado miércoles, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales llegó a la mesa de Ruz. Sobre este documento policial, de 35 páginas, el magistrado establece la relación entre ambas tramas y se encarga de la investigación de la contabilidad B.

El documento policial recoge cuatro correspondencias entre las personas, hechos y momentos recogidos en el sumario de Gürtel, abierto en 2008, y los papeles de Bárcenas, que vieron la luz el pasado 31 de enero. También arroja gruesos nubarrones sobre la financiación del Partido Popular en los últimos quince años.

La primera coincidencia es la documentación intervenida al exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, en una caja fuerte en febrero de 2009. En estos papeles se detalla un “doble sistema de facturación de los actos” electorales del PP gallego en las campañas electorales municipal y autonómica de 1997 y 1999 y aparece una entrega, sin recibo, a la “sede nacional” de 21 millones de pesetas (126.000 euros) en mayo de 1999. En la contabilidad de Bárcenas consta en ese mes una entrega de un tal “P. Crespo” por esa cantidad exactamente.

La segunda coincidencia, tiene que ver con la documentación sobre las campañas electorales del PP gallego entre abril y octubre de 1999 hallada en el domicilio de José Luis Izquierdo, supuesto contable del cerebro del Gürtel, Francisco Correa. En ella figura una entrada de nueve millones de pesetas (54.000 euros) en octubre de 1999 con origen en Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica. En los papeles del extesorero del PP Bárcenas, constan entradas en enero, julio y noviembre del año 2000 por un valor total de 12 millones de pesetas (72.000 euros). La policía considera en su informe que estas anotaciones son “compatibles con los ingresos anotados en la contabilidad B de Correa”, que abarcan un periodo comprendido entre 1999 y 2001.

El tercer indicio de conexión son las supuestas entregas de dinero del empresario García Pozuelo a la red de Correa entre febrero de 2002 y julio de 2004. Estas donaciones, tienen, según la Policía, “presunto origen en adjudicaciones de contratos públicos” a Constructora Hispánica. El 27 de noviembre de 2003, figura en los documentos del contable Izquierdo una entrada atribuida a García Pozuelo de 600.000 euros. Esta cantidad fue distribuida posteriormente entre “diversos partícipes”, entre ellos el propio constructor, que se quedó con un sobre con 60.000 euros en metálico.

En los papeles del extesorero Bárcenas publicados por EL PAÍS consta un ingreso de 60.000 euros a nombre de “Alfonso Gª Pozuelo” con fecha de 4 de diciembre de 2003, esto es una semana después de la fecha en la que, según la contabilidad de Correa, se repartieron las supuestas comisiones por la adjudicación del contrato.

La investigación ha sido encomendada al mismo equipo policial que ya indagó sobre los papeles de Bárcenas a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. La Brigada de Blanqueo de Capitales también hace constar como cuarto indicio la declaración que prestó el exempleado del PP ante el juez Ruz el pasado 25 de febrero. Bárcenas fue citado ese día para aclarar el origen del dinero —no menos de 38 millones de euros— que guarda en cuentas en bancos suizos y que ha sido destapada por una comisión rogatoria del caso Gürtel.

En ese interrogatorio, Bárcenas entregó al juez un cuadro con el título “Donativos Partido Popular”, que recoge que la formación conservadora recibió entre 1999 y 2007 un total de 33,1 millones de euros. De esta cantidad, 23,7 millones pertenecen a entregas anónimas de dinero. Este cuadro está confeccionado supuestamente con datos remitidos por el PP al Tribunal de Cuentas en distintos ejercicios.

Pese a que aprecia conexión entre ambas causas, Ruz ha decidido investigar los papeles de Bárcenas como una pieza separada del caso Gürtel por razones de “economía procesal”. La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no es firme, y se puede recurrir tanto ante el propio Ruz como en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

https://elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362687216_482203.html

EL JUEZ RUZ VINCULA LOS PAPELES DE BÁRCENAS CON EL CASO GÜRTEL Y ASUME SU INVESTIGACIÓN

Pablo Ruz abre una pieza separada en Gürtel, llamada "Informe UDEF-Bla".

Aprecia varias correspondencias entre "apuntes" realizados en la documentación de la trama Gürtel y otros que figuran en los papeles publicados por 'El País'.

Los registros, de supuestos pagos y entradas de dinero, afectan a Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha asumido la investigación de los llamados papeles de Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en el PP al entender que guardan relación con esta causa de presunta corrupción.

Ruz ha abierto unas diligencias previas después de recibir un informe de la unidad policial UDEF que "parte de una descripción de los documentos publicados por el diario El País (...) y que son aportados mediante copia por la representación procesal de Ángel Luna y otros en ejercicio de la acusación popular".

El auto habla de delitos "conexos" y aprecian "correspondencias" entre la causa que investiga la trama Gürtel y el informe policial sobre los papeles de Bárcenas. El juez pone todo esto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que, según la ley de Enjuiciamiento Criminal, debe "cesar" en sus investigaciones para dejar trabajar a la Audiencia Nacional; la decisión del juez, no obstante, es recurrible.

Tres conexiones

Ruz aprecia tres conexiones. En primer lugar, el juez explica que en un registro que se practicó en 2009 sobre una caja de seguridad en una sucursal bancaria de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo —entonces secretario de organización del PP de Galicia—"se intervinieron un conjunto de documentos correspondientes a los gastos realizados por el Partido Popular de Galicia" entre 1996 y 1999.

La documentación que estaba en la caja, explica el juez, muestra que había "un doble sistema de facturación de los actos de la formación política durante la campaña municipal y autonómica celebrada en 1997 y 1999. En esa supuesta contabilidad B "figura un apunte" de 21 millones de pesetas que coincide con otro que consta en los papeles publicados por El País y que tiene como concepto "P. Crespo".

En segundo lugar, establece correspondencias entre un apunte de una entrada "en efectivo" de 9 millones de pesetas que se anotó en la documentación intervenida "en el domicilio particular del imputado José Luis Izquierdo"—contable de la organización de Francisco Correa—, a nombre del constructor Alfonso García Pozuelo, y varios apuntes de los papeles de Bárcenas.

La policía, dice el juez, los "considera compatibles con los ingresos anotados en la contabilidad B de Correa". En tercer lugar, hay coincidencias, según las diligencias, entre otros apuntes relativos "al pago de cantidades por parte de Alfonso García Pozuelo (...) con presunto origen en adjudicaciones de contratos públicos" y su posterior reparto entre varias personas con una anotación de 60.000 euros en los papeles de Bárcenas.

La "eventual conexión", dice el juez, entre las dos instrucciones ha quedado así "evidenciada". Todos estos hechos, añade, "adquieren mayor relevancia tras la declaración prestada por el imputado Luis Bárcenas" del 25 de febrero en la que el extesorero del PP admitió que acudió a un notario para reconocer que era el responsable "del control de los ingresos y gastos del epígrafe donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009"·

De hecho, el juez ha reclamado en otro auto al notario que remita la declaración de Bárcenas al juzgado para su incorporación a la causa, aceptando de esta forma la petición de la acusación particular y de la Fiscalía.

Para evitar retrasos injustificados y considerando que la investigación de la trama Gürtel está bastante avanzada, el juez decide abrir una pieza separada en la causa para la instrucción de los papeles de Bárcenas, que completará con la documentación que le entregue la Fiscalía.

https://www.20minutos.es/noticia/1751357/0/trama-gurtel/papeles-de-barcenas/juez-ruz/?autoref=true
 

 

VOLVER

© Copyright. 1998 - 2021 www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior  a 1024 x 768 píxeles )