CASO GÜRTEL : CAJA B PP Y LA OPERACIÓN KITCHEN

El 28 de febrero 2017, el juez De la Mata, tras solicitarlo las acusaciones populares y el MF, decide reabrir parte de la instrucción de los denominados "Papeles de BÁRCENAS" para investigar las declaraciones de Francisco Correa y el empresario García Pozuelo que admitieron en el juicio de la PS 1999-2005 conocer la existencia de comisiones al PP por parte de grandes empresas ligadas al sector de la construcción. Tras casi 2 años de investigación, se han cruzado nuevos datos relacionados con la denominada "Operación Kitchen" por lo que el juez De la Mata ha imputado a Bárcenas e Iglesias y ha solicitado documentos policiales sobre la citada operación.

LAS NOTICIAS


EL JUEZ DE LOS CASOS DE VILLAREJO, 'PÚNICA' Y 'LEZO' DENUNCIA LA ENTRADA DE DESCONOCIDOS EN SU CASA

EL JUEZ BUSCA LAS CINTAS ROBADAS DE BÁRCENAS CON RAJOY Y ARENAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

EL COMISARIO VILLAREJO CITADO A DECLARAR POR EL ‘CASO FONDOS RESERVADOS’

MARTÍN BLAS Y EL ESCOLTA JEFE DE COSPEDAL SE SUMAN A PINO COMO IMPUTADOS POR SOBORNAR AL CHÓFER DE BÁRCENAS

EL JUEZ DE 'KITCHEN' IMPUTA A TODOS LOS JEFES DE LA POLICÍA POLÍTICA DEL PP POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

EL AGENTE PRINCIPAL DE LA GÜRTEL REFUTARÁ ANTE EL JUEZ LA TESIS DE LOS SOSPECHOSOS

LA FISCALÍA VE DELITOS EN LA CÚPULA DE INTERIOR DEL PP POR EL ROBO A BÁRCENAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

EL JUEZ INVESTIGA SI LA ORDEN PARA EL ESPIONAJE POLICIAL A BÁRCENAS PARTIÓ DE "DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR"

POLICÍAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' SE QUEDARON 600.000 EUROS DE FONDOS RESERVADOS

ANTICORRUPCIÓN CREE QUE "DIRIGENTES DEL PP" USARON A LA POLICÍA PARA DESTRUIR DATOS EN PODER DE BÁRCENAS

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDE AL JUEZ ARCHIVAR SU IMPUTACIÓN POR LA OPERACIÓN KITCHEN

BÁRCENAS DICE QUE SU CHÓFER TUVO 3 OCASIONES PARA ROBAR LOS PAPELES DE LA KITCHEN

EL JUEZ PROHÍBE AL EXJEFE DE LA POLICÍA SALIR DE ESPAÑA POR EL ‘CASO KITCHEN’

EL EX 'NÚMERO DOS' DE LA POLICÍA DECLARA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS FUE "LEGAL" Y PARA "CAPTAR INFORMACIÓN"

LA 'POLICÍA POLÍTICA' COLOCÓ MICRÓFONOS Y CÁMARAS EN EL ESTUDIO DONDE BÁRCENAS GUARDABA PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP

EL ESPIONAJE A BÁRCENAS REVELA QUE LA BRIGADA POLÍTICA CONTRA LA OPOSICIÓN MANIOBRÓ PARA PROTEGER A RAJOY

CERCA DE SETENTA POLICÍAS DEL ÁREA DE ESPECIAL SEGUIMIENTO VIGILARON AL ENTORNO DE BÁRCENAS EN EL VERANO Y OTOÑO DE 2013

"SEGUÍ ÓRDENES DEL COMISARIO PINO": EL GORDO DECLARA SOBRE LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS

INVESTIGAN A VILLAREJO POR EL ALLANAMIENTO DEL 'FALSO CURA' EN CASA DE BÁRCENAS

EL CHÓFER DE BÁRCENAS CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE FUE CAPTADO COMO TOPO POR EL POLICÍA DE CABECERA DE COSPEDAL

LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA AL COMISARIO QUE DIRIGIÓ LA POLICÍA CON EL PP POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

EL JUEZ PERMITE A BÁRCENAS PERSONARSE COMO ACUSACIÓN EN EL CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS

LA POLICÍA TAMBIÉN ROBÓ A BÁRCENAS UNA COPIA DE SUS MENSAJES CON RAJOY EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

BÁRCENAS EXCULPA A JUANMA MORENO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: "ES UN CHICO ESTUPENDO"

BÁRCENAS DECLARA QUE LOS PAPELES QUE LE ROBARON ERAN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COSPEDAL

LUIS BÁRCENAS INSINÚA QUE SU CHÓFER PUDO ROBARLE DOCUMENTOS

BÁRCENAS Y SU MUJER DECLARARÁN EL VIERNES ANTE EL JUEZ DE LA MATA COMO IMPUTADOS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

LA POLICÍA ABRE EXPEDIENTE AL CHÓFER DE BÁRCENAS

EL CHÓFER DE BÁRCENAS SE ACOGE A SU DERECHO A NO DECLARAR POR LA KITCHEN

VILLAREJO PERMANECERÁ EN PRISIÓN POR SU "ELEVADÍSIMO RIESGO DE FUGA"

EL JUEZ OBLIGA A PODEMOS A PURGAR EL SUMARIO DE VILLAREJO

LA OPERACIÓN KITCHEN Y LA CAJA B DEL PP DE MADRID

EL GRAVE DETERIORO FÍSICO EN PRISIÓN DEL FALSO CURA IMPIDE QUE TIRE DE LA MANTA SOBRE EL ASALTO A CASA DE LOS BÁRCENAS

EL CHÓFER TRAIDOR LLEGÓ ANTES QUE NADIE AL SECUESTRO DE LOS BÁRCENAS PESE A QUE ESE DÍA LIBRABA


VILLAREJO Y EL NÚMERO DOS DE FERNÁNDEZ DÍAZ TRATABAN PERSONALMENTE OPERACIONES ILEGALES

EL ESPIONAJE DE LA POLICÍA POLÍTICA A BÁRCENAS: LA CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA AL VIEJO Y AL NUEVO PP

INTERIOR ADMITE QUE POLICÍAS DE LA LUCHA ANTITERRORISTA PARTICIPARON EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

UN INFORME POLICIAL VINCULA A VILLAREJO CON UN CARGO CLAVE DE LA MINISTRA DELGADO

DESCLASIFICADOS LOS DOCUMENTOS SECRETOS SOBRE LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

LOS POLICÍAS ESPÍAS DE BÁRCENAS FUERON AVISADOS 2 SEMANAS ANTES QUE UN FALSO CURA IBA A ASALTAR LA CASA

VILLAREJO GRABÓ A BÁRCENAS Y LAPUERTA TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO GÜRTEL

EL CHOQUE DE BÁRCENAS CON LA CÚPULA POLICIAL SOCIALISTA: "TRASLADA A RUBALCABA MI OPINIÓN"

LA AUDIENCIA BLINDA EL CASO VILLAREJO: PROHÍBE CONSULTAR LAS PIEZAS DE CORINNA Y KITCHEN

EL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

LAS IMÁGENES QUE PRUEBAN EL SEGUIMIENTO POLICIAL A LOS AGENTES QUE INVESTIGARON A VILLAREJO

INTERIOR ADMITE QUE POLICÍAS DE LA LUCHA ANTITERRORISTA PARTICIPARON EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

FERNÁNDEZ DÍAZ SE DESMARCA DEL USO DE FONDOS RESERVADOS PARA ESPIAR A BÁRCENAS: “YO NO LOS GESTIONABA, QUE LO DEMUESTREN”

INTERIOR ADMITE AL JUEZ LA OPERACIÓN KITCHEN Y EL PAGO DE LA MISMA CON FONDOS RESERVADOS

LA AUDIENCIA INVESTIGA EN UNAS DILIGENCIAS SECRETAS LOS AUDIOS DE COSPEDAL CON VILLAREJO

LA CÚPULA DE LA 'POLICÍA PATRIÓTICA' FIRMÓ EL USO DE FONDOS RESERVADOS PARA DESTRUIR PRUEBAS DEL PP

INTERIOR BUSCÓ TRAPOS SUCIOS DEL MEJOR AMIGO DE BÁRCENAS PARA QUE LE TRAICIONARA EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

LA POLICÍA TOMÓ 3 DÍAS LA CASA DE BÁRCENAS PARA BUSCAR LOS PENDRIVE SENSIBLES TRAS FALLAR EL SECUESTRO

LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCIÓN

LAS NOTAS INTERNAS DE 'KITCHEN': "BÁRCENAS DICE QUE LE HAN ROBADO Y ASEGURA QUE HA SIDO EL GOBIERNO"

NUEVAS PRUEBAS DE LA CAJA B: 65.600 EUROS EN TRAJES PARA RAJOY, RATO, TRILLO Y CASCOS

INTERIOR PAGÓ 10.000 € DE FONDOS RESERVADOS AL FALSO CURA PARA SECUESTRAR A LOS BÁRCENAS

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR AL POLICÍA DE CONFIANZA DE COSPEDAL POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS DE LA BRIGADA POLÍTICA

UN SEGUNDO JUEZ RECLAMA A INTERIOR TODOS LOS DETALLES DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

INTERIOR ENVIARÁ AL JUEZ LOS RECIBÍS DE PAGOS AL CHÓFER DE BÁRCENAS CUANDO MONCLOA LEVANTE EL SECRETO DEL ‘CASO FONDOS RESERVADOS’

INTERIOR LOCALIZA PRUEBAS DEL DESVÍO DE FONDOS RESERVADOS PARA ESPIAR A BÁRCENAS

EL CASO QUE DESNUDÓ AL COMISARIO VILLAREJO RESURGE EN UN MOMENTO CRÍTICO PARA LA CÚPULA DE INTERIOR CON EL PARTIDO POPULAR

EL PP ENCARGÓ AL CLAN DE VILLAREJO 'ESPIAR' A LA POLICÍA DE ZAPATERO

PINO Y VILLAREJO ROBARON PRUEBAS QUE VINCULAN AL MARIDO DE COSPEDAL EN LOS CASOS PUJOL Y PP

TRES JUECES CERCAN A LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’

LAS MANIOBRAS DE LA POLICÍA POLÍTICA ACECHAN A LA CÚPULA DE INTERIOR DE RAJOY

EL 'CASO VILLAREJO' AFLORA LA GUERRA FRÍA ENTRE FERNÁNDEZ DÍAZ Y COSIDÓ EN INTERIOR

EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO QUE LEVANTE EL SECRETO EN EL CASO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR AL EXNÚMERO 2 DE LA POLICÍA Y AL CHÓFER DE BÁRCENAS POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

UN JUEZ PROCESA POR PRIMERA VEZ A DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP

UN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS

EL JUEZ DE LA MATA INVESTIGA SI INTERIOR DESTRUYÓ PRUEBAS DE LA CAJA B CON FONDOS RESERVADOS

LÓPEZ MADRID: "LLAMARÁ CATALÁ PARA QUE HICIÉRAMOS HUECO" EN EL AVE A UN DONANTE DEL PP

EL JUEZ INVESTIGA SI EL EQUIPO DE FERNÁNDEZ DÍAZ SOBORNÓ AL CHÓFER DE BÁRCENAS CON FONDOS RESERVADOS

LOS 'PAPELES DE KITCHEN' TIENEN PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP EN TODA ESPAÑA

OPERACIÓN KITCHEN: LA POLICÍA RASTREÓ LAS PRUEBAS DE BÁRCENAS CONTRA RAJOY EN LA SIERRA DE BURGOS

ORDENAN INVESTIGAR POSIBLES SOBORNOS DEL GOBIERNO DE RAJOY PARA FRUSTRAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP

UN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS

EL GOBIERNO DE RAJOY PREMIÓ A LOS POLICÍAS QUE ESPIARON A BÁRCENAS

UN DOCUMENTO OFICIAL PRUEBA QUE VILLAREJO REPORTABA A COSIDÓ DE SUS “TAREAS DE PENETRACIÓN EN GÜRTEL”

LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS CONTÓ CON HASTA 4 TOPOS DE SU ENTORNO FAMILIAR Y CARCELARIO

EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

LOS INTENTOS DEL PP PARA TORPEDEAR EL ‘CASO GÜRTEL’

LA TRAYECTORIA DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTA A QUE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LA GRABACIÓN DE VILLAREJO SERÁ UN CARTUCHO MOJADO

UN ALCALDE CONDENADO POR 'GÜRTEL' PIDE SU EXCARCELACIÓN POR LAS ESCUCHAS DE VILLAREJO

CONDENADOS POR GÜRTEL ANUNCIAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LAS REVELACIONES DE VILLAREJO

EL ‘NÚMERO DOS’ DE GÜRTEL RECLAMA REFORZAR LA SEGURIDAD DE VILLAREJO

COSPEDAL JUSTIFICA EL ENCARGO A VILLAREJO DE UN DOSIER SOBRE ARENAS: “CUMPLÍA CON MI OBLIGACIÓN”

COSPEDAL ENCARGÓ A VILLAREJO INVESTIGAR A ARENAS

VILLAREJO DESVELÓ A COSPEDAL QUE HABÍA UN TOPO DE LA POLICÍA EN GÉNOVA

EL PP NO TIENE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS A VILLAREJO Y REMITE A COSPEDAL

COSPEDAL Y SU MARIDO OFRECIERON A VILLAREJO HACER “TRABAJOS PUNTUALES” EN SU CITA EN GÉNOVA

JUECES Y FISCALES: "COSPEDAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR" LOS SECRETOS REVELADOS POR VILLAREJO

COSPEDAL SE REUNIÓ EN SECRETO CON VILLAREJO EN SU DESPACHO DE GÉNOVA

LOS AUDIOS DE VILLAREJO LLEVAN A UNA DE LAS ACUSACIONES A PEDIR QUE EL MARIDO DE COSPEDAL DECLARE POR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

COSPEDAL ADMITE QUE VILLAREJO INFORMÓ A SU MARIDO DE INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN QUE AFECTABAN AL PP

LAS AMISTADES PELIGROSAS DE VILLAREJO CON EL MARIDO DE COSPEDAL POR EL CASO GÜRTEL

VILLAREJO: “COSPEDAL ME LLAMÓ POR SU PELEA A MUERTE CON LA ‘PEQUEÑITA”

 


 

EL JUEZ DE LOS CASOS DE VILLAREJO, 'PÚNICA' Y 'LEZO' DENUNCIA LA ENTRADA DE DESCONOCIDOS EN SU CASA

Interior valora reforzar la seguridad del magistrado García-Castellón, que lleva escolta desde hace años.

La persona o personas que entraron lo hicieron mediante un sistema que no llamó la atención del único de los familiares del magistrado que en ese momento se encontraba en la vivienda, dentro de su habitación. La familia no tenía costumbre de atrancar con cerrojo la puerta ni poner la llave por dentro.

La Policía cree que, al ver que la casa estaba ocupada, los desconocidos se marcharon, dejando la puerta abierta de par en par.

Las fuentes consultadas aseguraron que ni García-Castellón ni su familia echaron nada en falta, por lo que podría tratarse de un "aviso" al magistrado, que en estos momentos instruye el delicado expediente que afecta al comisario José Manuel Villarejo. Es el procedimiento conocido como operación Tandem, que ya ha salpicado a altas instituciones del Estado.

García-Castellón también es el instructor de procesos relacionados con la corrupción política como Lezo o Púnica, pero las fuentes consultadas señalaron que se desconoce si el allanamiento, adelantado por el diario El Mundo, tiene relación con los asuntos de los que se encarga el magistrado. Su antecesor en el caso Tandem, Diego de Eega, no tuvo ningún incidente parecido.

El Ministerio del Interior está valorando el refuerzo de la seguridad del magistrado, que desde hace años va escoltado y se mueve en un coche oficial.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190313/casos-villarejo-punica-lezo-denuncia-entrada-desconocidos/382963212_0.html

EL JUEZ BUSCA LAS CINTAS ROBADAS DE BÁRCENAS CON RAJOY Y ARENAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción buscan grabaciones robadas por la Policía a Luis Bárcenas con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex vicesecretario del partido, Javier Arenas. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la denominada operación Kitchen interrogó este jueves al ex tesorero del PP en relación con la supuesta existencia de la grabación de dos de las reuniones clave que mantuvo con la cúpula del partido en las que pactó su salida tras ser imputado en Gürtel y descubrirse posteriormente la fortuna que ocultaba en Suiza. Bárcenas negó ayer haber grabado aquellos encuentros.

Concretamente los investigadores tienen indicios de que Bárcenas registró, custodiaba en su domicilio y le fueron sustraídas, en primer lugar, la comida que mantuvo en diciembre de 2012 con su entonces íntimo amigo Javier Arenas en el restaurante Oriza de Sevilla.

Según relató el ex tesorero, aquel almuerzo con Arenas se produjo cuando supo que las autoridades suizas habían comunicado a España la existencia de sus fondos y gestionaba con el partido cómo administrar el escándalo que se iba a desatar de manera inminente.

El ex tesorero explicó que Arenas, al que encargó la interlocución con el ex presidente sobre este asunto, le transmitió que ya había hablado con Rajoy y que como había regularizado el dinero aprovechando la Amnistía Fiscal no hacía falta llevar a cabo la desvinculación con el partido. Un extremo que le había propuesto semanas antes el ex tesorero a su compañero. Arenas siempre ha negado siempre la existencia de dicho encuentro.

ENCUENTRO CLAVE CON RAJOY

También fue requerido Bárcenas por parte del juez por el encuentro que mantuvo con Rajoy en la sede Génova en marzo de 2010 para abordar de nuevo su salida del PP tras ser investigado en el caso Gürtel. A aquella cita, que quedó reflejada en la agenda personal del ex tesorero robada en la operación Kitchen y desvelada por EL MUNDO, asistieron, además de Bárcenas y el ex presidente, el propio Arenas y la mujer del primero, Rosalía Iglesias.

En aquel encuentro, Bárcenas arremetió duramente contra María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, a quien atribuyó las revelaciones de este periódico en relación con el pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del partido durante décadas. Fue entonces cuando el ex tesorero relató y exhibió documentos vinculados con el cobro de una comisión de 200.000 euros a cambio del contrato de basuras de Toledo por orden del PP de Castilla-La Mancha.

LA PROMESA DEL PRESIDENTE A BÁRCENAS

Según explicó Bárcenas, en aquella cita Rajoy se comprometió personalmente con él a «no abandonarle», a seguir pagándole el mismo sueldo y a hacer lo posible por relevar a las fiscales del caso.

Todo ello al tiempo que le recriminó, siempre de acuerdo con el relato del ex tesorero, el haber conservado la documentación vinculada al soborno de la contrata municipal de Toledo. Durante los primeros meses de 2010, en los que comenzó a gestionar su salida del PP, presionado por su condición de investigado, continuó almorzando con frecuencia, tal y como anotó en las agendas sustraídas por la Policía, con los altos cargos del PP con los que mantenía una relación más estrecha. Hasta que fijó, en marzo de ese año, una «reunión presidente», en referencia a Mariano Rajoy, precisamente mientras negociaba su ya célebre indemnización en diferido con el partido.

No en vano, el propio Bárcenas dató durante esas fechas en su declaración más relevante ante la Audiencia Nacional el encuentro que mantuvo en Génova con Rajoy en el que acordó mantener sine die el mayor sueldo del partido, 21.300 euros al mes, coche oficial, secretaria y despacho en Génova 13. La investigación judicial de la operación Kitchen, el operativo puesto en marcha por Interior para robar a Bárcenas su arsenal contra el PP, se ha saldado ya con la imputación de la antigua cúpula policial al completo.

El juez ha imputado a todos los integrantes de la antigua Dirección Adjunta Operativa (DAO) y ayer interrogó como testigo al ex jefe de la lucha Antiterrorista, Enrique Barón, para esclarecer los fondos reservados y los medios de su departamento que se desviaron al operativo.

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/22/5c6f12affc6c83dd428b4609.html

EL COMISARIO VILLAREJO CITADO A DECLARAR POR EL ‘CASO FONDOS RESERVADOS’

La Audiencia Nacional también citará a otros miembros de la estructura policial creada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El comisario José Manuel Villarejo será otro de los llamados a declarar por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la nueva batería de citaciones que ha arrancado este jueves en relación a la operación diseñada con efectivos policiales y que utilizó fondos reservados para robar documentación al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y evitar de este modo que los documentos llegasen a la Justicia convertidos en pruebas judiciales, tal y como reveló OKDIARIO.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional comunicará la próxima semana la citación del comisario jubilado junto a otros altos cargos relacionados con el operativo policial, según ha podido saber este periódico por fuentes jurídicas.

Esta es la segunda vez que Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, será interrogado por la pieza séptima del ‘caso Tándem’. El ex comisario acudió el pasado 17 de enero a las dependencias de la Audiencia Nacional donde fue trasladado desde la prisión de Estremera.

Otros mandos policiales

También serán citados otros miembros de la estructura policial creada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que se suman a los ya interrogados este jueves: el ex comisario general de Información, Enrique Barón, y el inspector de la Policía encargado en origen de investigar el caso Gürtel y la caja B del PP que controlaba Bárcenas, Manuel Morocho.

Tal y como ha adelantado OKDIARIO existen otros cinco principales nombres que pasan ahora a estar bajo condición de investigados, y anticipan la gravedad del asunto y la escalada de la actuación judicial. Se trata de Eugenio Pino, que ya estaba previamente imputado, era en aquella época director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional; sus dos ayudantes -los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano-; el ex jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Gordo; y el que fuera jefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas.

El desprecinto de los archivos

Estas nuevas citaciones coinciden con que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha logrado desencriptar todo el material incautado al comisario José Villarejo durante su detención en noviembre de 2017.

Fue propio Villarejo quien advirtió en una misiva que le remitió desde la prisión al juez Diego de Egea, en aquel momento instructor de la causa durante la comisión de servicio como magistrado de apoyo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que el volcado de todos los discos duros destaparían misiones secretas como “agente encubierto” u otros trabajos de su empresa Cenyt como el que él llama “operación King”. Se tratan de documentos reservados de “alta sensibilidad para los intereses del Estado”.

https://okdiario.com/espana/2019/02/22/comisario-villarejo-sera-citado-declarar-caso-fondos-reservados-desvelado-okdiario-3738142

MARTÍN BLAS Y EL ESCOLTA JEFE DE COSPEDAL SE SUMAN A PINO COMO IMPUTADOS POR SOBORNAR AL CHÓFER DE BÁRCENAS

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de imputar a toda la cúpula policial por el uso de fondos reservados para sobornar al chófer de Luis Bárcenas para destruir pruebas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de imputar a toda la cúpula policial por el uso de fondos reservados para sobornar al chófer de Luis Bárcenas para destruir pruebas.

Los cinco principales nombres que pasan a estar bajo condición de investigados anticipan la gravedad del asunto y la escalada de la actuación judicial: Eugenio Pino, que ya estaba previamente imputado, era en aquella época director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional; sus dos ayudantes -los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano-; el ex jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Gordo. Y el que fuera jefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas.

García Castellón amplía de esta forma la investigación por la operación diseñada con efectivos policiales y que utilizó fondos reservados para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y evitar de este modo que los documentos llegasen a la Justicia convertidos en pruebas judiciales, tal y como adelantó OKDIARIO.

La nueva batería de citaciones de miembros de la estructura policial creada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha arrancado este jueves con la comparecencia como testigos de Enrique Barón, excomisario general de Información, y Manuel Morocho, inspector de la Policía encargado en origen de investigar el caso Gürtel y la caja B del PP que controlaba Bárcenas.

Ambos ocupaban puestos de responsabilidad en la Policía bajo mando de Eugenio Pino, que ya estaba previamente investigado en la causa junto al ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, por su implicación en el uso de fondos reservados.

La investigación analiza igualmente la participación en esta operación del comisario ya jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Asimismo, el juez citará también como testigo a Miguel Ángel Bayo, un facultativo adscrito a la Policía al que fuentes de la investigación señalan por ser el encargado de recoger y gestionar los fondos reservados para la Dirección Adjunta Operativa.

Hay que recordar que la operación se basó en el soborno al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien cobró 48.000 euros a lo largo de dos años a cambio de robar documentos de Bárcenas con el fin de que no llegaran nunca a la Justicia. Sergio Ríos, además, fue premiado con una plaza de policía a sus 40 años para poder tener un trabajo y sueldo permanente.

https://okdiario.com/investigacion/2019/02/21/imputan-ex-dao-pino-martin-blas-escolta-jefe-cospedal-sobornar-chofer-barcenas-373543

EL JUEZ DE 'KITCHEN' IMPUTA A TODOS LOS JEFES DE LA POLICÍA POLÍTICA DEL PP POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

La nueva batería de citaciones arranca este jueves con la comparecencia como testigos de Enrique Barón, ex comisario general de Información, y Manuel Morocho, inspector de la Policía En calidad de testigos, además de Barón, Morocho y el propio Bárcenas, el juez cita a otros dos comisarios que ejercían de secretarios generales de la DAO entre 2013 y 2015

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ampliado la investigación por la Operación Kitchen, diseñada para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la citación como investigados de distintos subordinados directos del que fuera director Adjunto de la Policía Eugenio Pino, así como del que fue jefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La nueva batería de citaciones de miembros de la estructura policial creada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, arranca este jueves con la comparecencia como testigos de Enrique Barón, excomisario general de Información, y Manuel Morocho, inspector de la Policía encargado en origen de investigar el Caso Gürtel y la caja B del PP que controlaba Bárcenas.

Ambos ocupaban puestos de responsabilidad en la Policía bajo mando de Eugenio Pino, que ya está investigado en la causa igual que el ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, por su posible implicación en esa operación costeada con fondos reservados, no judicializada, que habría tenido por objeto sustraer documentación del PP a Bárcenas y en la que habría participado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Dos adjuntados investigados

A la lista de investigados en esta pieza secreta de la causa se suman ahora los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, ambos adjuntos a la DAO de Eugenio Pino; y el ex comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, enfrentado públicamente con Villarejo, tal y como ha avanzado eldiario.es y ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas.

Pero además, el juez ha citado como investigado al que era jefe Seguimientos de la UCAO en 2013, cuando comenzó el despliegue de la Operación Kitchen, y que trabajaba directamente para Enrique García Castaño.

Ya en calidad de testigos, además de Barón, Morocho y el propio Bárcenas, que prestarán declaración este jueves en la Audiencia Nacional, el juez ha citado a otros dos subalternos de Pino, los dos comisarios que ejercían de secretarios generales de la DAO entre 2013 y 2015.

Asimismo, citará también como testigo a Miguel Ángel Bayo, un facultativo adscrito a la Policía al que fuentes de la investigación señalan por ser el encargado de recoger y gestionar los fondos reservados para la Dirección Adjunta Operativa, fondos estos en el punto de mira porque se utilizaron para pagar como confidente al chófer de la familia Bárcenas a fin de que le sustrajese documentación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/02/21/el_juez_kitchen_amplia_investigacion_con_mas_subordinados_eugenio_pino_jefe_asuntos_internos_92132_1012.html

EL AGENTE PRINCIPAL DE LA GÜRTEL REFUTARÁ ANTE EL JUEZ LA TESIS DE LOS SOSPECHOSOS

El juez cita a declarar como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la Gürtel, quien negará haber recibido apoyo del grupo policial dirigido por el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, en sus pesquisas sobre el PP. El testimonio desmonta la tesis de Pino y del comisario García Castaño, quienes afirmaron que Kitchen fue una operación para buscar las cuentas y testaferros de Bárcenas, y no para destruir pruebas que perjudicasen al Partido Popular

El titular del juzgado central de instrucción número 6 en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como testigo este jueves al agente 81.067, Manuel Morocho, inspector jefe del grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargado de la investigación de las distintas piezas del caso Gürtel, incluida la relativa a la caja b del Partido Popular.

Morocho comparece por la operación kitchen; el supuesto operativo desvelado por los documentos incautados al comisario Villarejo, y desarrollado entre 2013 y 2015 por la policía política del ministro Jorge Fernández Díaz, para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b. Para ello, emplearon fondos reservados con los que sobornaron al chófer de Bárcenas y supuestamente, pagaron a un falso cura para que secuestrara a su familia.

Trabas en la investigación

El inspector jefe Morocho negará ante el juez que hubiera recibido apoyo de un grupo policial que actuaba sin mandato judicial para descubrir las cuentas de Bárcenas o a sus testaferros, según las fuentes consultadas por la SER. El agente contradice de esta forma al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y al comisario García Castaño, quienes sostuvieron como imputados que el operativo fue creado con ese fin.

El testimonio de Morocho es relevante para los investigadores porque afianza sus sospechas de que en realidad, la operación fue montada para destruir pruebas que perjudicasen al Partido Popular. Morocho no solo incidirá en este aspecto, sino que si es preguntado afirmará que más que apoyo sufrió trabas en sus investigaciones, como los retrasos en la entrega a la justicia de distintos informes que afectaban a altos cargos del PP.

Además del inspector jefe Morocho comparecen este jueves como testigos el excomisario general de información de la Policía Nacional, Enrique Barón, y de nuevo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para ampliar su declaración sobre las relaciones con su chófer, Sergio Ríos, quien le espió durante dos años. Bárcenas será trasladado al juzgado desde el centro penitenciario de Soto del Real y no podrá declarar por vídeoconferencia, como pretendía.

https://cadenaser.com/ser/2019/02/21/tribunales/1550730298_712932.html

LA FISCALÍA VE DELITOS EN LA CÚPULA DE INTERIOR DEL PP POR EL ROBO A BÁRCENAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que «directivos de la Administración General del Estado y más concretamente del Ministerio del Interior» durante el Gobierno de Mariano Rajoy «abusaron de sus funciones» para «sustraer de algún lugar cerrado al que definen como «el zulo» documentación comprometedora para el PP y altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas y su esposa».

Para ello el Ministerio Público arguye que la antigua cúpula de Interior dispuso «efectivos policiales de gran consideración» con el único objetivo de «incautar y localizar la documentación».

En el marco de este operativo, que califican como «parapolicial», los fiscales afirman que se «procedió al seguimiento de altos cargos del PP con fines ajenos al interés general y a las funciones propias del Cuerpo Nacional de Policía, así como al destino conferido por la ley a los fondos reservados».

Guiados por este objetivo, prosigue Anticorrupción, se pusieron en marcha «labores operativas para obtener del cocinero o K2 esto es, Sergio Ríos Esgueva-ex chófer de Bárcenas-, a cambio de una entrega de 2.000 euros mensuales más gastos procedentes de los fondos reservados y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, información que les permitiría sustraer» el arsenal documental del ex tesorero contra el PP.

Anticorrupción sitúa la orden de la puesta en marcha de la denominada operación Kitchen en los altos mandos políticos de Interior, que en ese momento, «entre los años 2013 a 2015» estaba regido por Jorge Fernández Díaz, al frente del ministerio; por Francisco Martínez, al mando de la Secretaría de Estado; y por Ignacio Cosidó como director general de la Policía.

El Ministerio Público considera que el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, recibió el «encargo» por parte de sus «órganos superiores» y le señalan como «partícipe o al menos conocedor» del dispositivo para atracar al ex responsable de las finanzas del PP.

De tal forma que los altos mandos policiales, entre los que se destaca la participación de los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, «dirigieron y ejecutaron el servicio encomendado dirigido a la recuperación de los llamados papeles de Bárcenas, documental en poder del ex tesorero del PP que comprometería la posición de diversos dirigentes de dicho partido político».

Los mandos policiales que intervinieron en el dispositivo han alegado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga esta operación en el marco del caso Villarejo, que se limitaron a buscar «información válida para detectar los movimientos patrimoniales del Sr. Bárcenas y sus posibles testaferros», algo que consideran «parte del núcleo fundamental del desempeño policial».

En esta línea plantean incluso que no haber investigado en ese momento al ex tesorero del PP habría podido constituir un delito de prevaricación por su parte y niegan rotundamente haber sustraído documentación.

Asimismo argumentan que en las grabaciones que sirven para atribuirles su participación en la operación Kitchen, Villarejo aparece hablando en ellas en «evidente estado de embriaguez» y profiriendo una suerte de «fanfarronerías».

Los ex altos mandos de Interior, que se encuentran aforados, no se han pronunciado todavía sobre el fondo de la cuestión.

Cosidó se ha limitado a señalar que los fondos reservados eran competencia exclusiva de la Secretaría de Estado de Interior. El antiguo titular de ese departamento, Martínez, no se ha dado por aludido y no confirma si conocía el dispositivo. Por su parte, Fernández Díaz ha trasladado con indignación a su entorno más próximo que «nunca fue informado» por sus subordinados de la existencia de la operación Kitchen» y que «siente perplejidad» ante los hechos que está conociendo ahora a través de los medios de comunicación.

EL MUNDO reveló la pasada semana que comisarios que participaron en Kitchen ingresaron en sus cuentas más de 600.000 euros en efectivo que procedían de gratificaciones entregadas con cargo a los fondos reservados por su participación en operaciones «de alto riesgo» como fue el espionaje al ex tesorero popular.

Anticorrupción ha detectado que gran parte de los fondos fueron ingresados por uno de los mandos, García Castaño, en sus cuentas bancarias, negando este último que los fondos tuvieran procedencia ilícita. La investigación bancaria no ha deparado, sin embargo, irregularidades en los depósitos de otros comisarios imputados en esta causa como es el caso de Pino.

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c58ac6c21efa079228b45b7.html

EL JUEZ INVESTIGA SI LA ORDEN PARA EL ESPIONAJE POLICIAL A BÁRCENAS PARTIÓ DE "DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR"

La investigación no menciona aún a esos "dirigentes" pero atribuye un papel principal al entonces policía asesor de Cospedal, número dos de Rajoy "Se habrían servido de miembros de la Policía para conseguir objetivos particulares", dice en referencia a esos responsables políticos y a la Operación Kitchen La causa apunta a "órganos superiores" del Ministerio del Interior en el operativo de robo de material al extesorero que resultaba perjudicial para el Partido Popular

El juez del caso Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción desconfían de que la X de la Operación Kitchen sea el antiguo director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. A pesar de que el comisario evitó mencionar a sus superiores políticos en Interior durante su declaración como imputado, la investigación comienza a apuntar hacia ellos y a otro lugar ajeno al Ministerio, la sede central del Partido Popular en la calle Génova. Es allí donde tendrían su despacho los "dirigentes" a los que alude el juez en recientes autos y que habrían utilizado a policías para objetivos ajenos a los de la investigación de la caja B de la formación que ya seguía en 2013 la Audiencia Nacional.

En los autos sobre medidas cautelares impuestas en las últimas semanas en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el juez Manuel García Castellón incluye la siguiente frase: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones".

El magistrado instructor alude a un "operativo parapolicial" que tendría unos beneficiarios claros, "diversos dirigentes" del Partido Popular a los que "comprometería" la documentación en poder del tesorero que los agentes tenían la misión de sustraer. Por el momento, el juez y los fiscales Anticorrupción no van más allá, si bien en otro auto ajeno a la pieza 7 se destaca el papel de un mando policial, entonces en excedencia y trabajando a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Cospedal compaginaba el gobierno autonómico con su cargo de número dos de Mariano Rajoy en el PP.

Se trata de Andrés Gómez Gordo, ascendido a comisario por el último Gobierno del Partido Popular, e imputado actualmente en la pieza 7 del caso Villarejo por haber captado presuntamente al chófer que actuó de topo en casa de los Bárcenas. En un auto con fecha del 1 de febrero, el juez ordena acumular la investigación al comisario Enrique García Castaño, El Gordo, a la de la Operación Tándem o caso Villarejo. El anterior instructor, Diego de Egea, había decidido deslindar ambas causas a pesar de los evidentes vínculos entre ellas. La decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular, que ejerce Podemos.

En el relato que hace García Castellón sobre la colaboración presuntamente delictiva entre los comisarios Villarejo y García Castaño, el juez pone como ejemplo la Operación Kitchen. En el marco de este operativo se produce una "relación directa de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente el investigado Sergio Ríos Esgueva (el chófer) y Andrés Gómez Gordo, que no se explica sino dentro de ese marco colaborativo", recoge el citado auto.

Gómez Gordo regresó a la Policía en el último tramo de la Operación Kitchen, en marzo de 2015. Fue destinado a un puesto muy sensible, la jefatura de Vigilancias de la UDEF, con control sobre todas las investigaciones contra la corrupción, entre otras. Pero en una decisión poco habitual, Pino le ordenó que repartiera su tiempo entre ese puesto y la Dirección Adjunta Operativa, donde anidaba la policía política. A los seis meses de dejar su puesto de director de Análisis y Documentación en Castilla-La Mancha y regresar a la Policía, Gómez Gordo fue condecorado con una medalla pensionada.

Más allá de Gómez Gordo está acreditada una relación directa entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo. Así quedó de manifiesto en un audio publicado por moncloa.com y que grabó el policía. En él se recoge el primer encuentro personal entre ambos el 21 de julio de 2009. La secretaria general del PP recibe en su despacho de la planta noble de Génova, en secreto, al comisario. Se lo presenta su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quien conoce a Villarejo desde hace años y con quien el comisario asegura haber hecho "muchas maldades". Otras conversaciones publicadas por el mismo medio abundan en la colaboración entre López del Hierro y Villarejo para sabotear el caso Gürtel. Estas grabaciones acabaron con la carrera política de Cospedal.

"Órganos superiores y/o directivos de Interior"

El Partido Popular ganó las elecciones generales en diciembre de 2011 y Mariano Rajoy encomendó el Ministerio del Interior a Jorge Fernández Díaz. La nueva cúpula policial fue el resultado de un choque de intereses entre distintos dirigentes del PP. Finalmente, al frente de la misma se ubicó al comisario Pino, quien se dedicó a crear una nueva estructura secreta en el seno de la Dirección Adjunta Operativa que superaba las competencias legales de la Policía y que se dedicó a intentar combatir el proceso soberanista en Catalunya y a otros miembros de la oposición, como Podemos. En la DAO, como una especie de agente liberado, trabajaba ya con el PSOE José Manuel Villarejo. Y allí continuó con la llegada del PP al Gobierno.

La Operación Kitchen ha revelado cómo esa brigada política no solo fabricó informes contra la oposición democrática sino que se encargó de encubrir al Partido Popular. La Kitchen es, según plasma el juez en los citados autos, "un encargo asumido entre los años 2013 a 2015 por órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y más concretamente del Ministerio del Interior". En este punto, el magistrado alude al uso de fondos reservados, una materia competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El más alto cargo imputado hasta ahora por el espionaje a Bárcenas es Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía y artífice de la brigada política. Por encima de él estaban el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro Fernández Díaz. La investigación judicial todavía no dice que sean ellos quienes integraran los "órganos superiores y/o directivos" del Ministerio del Interior que se situarían entre los dirigentes del PP y los mandos policiales que siguieron a la familia de Bárcenas y le robaron diversa documentación, si bien no podrían ser investigados por la Audiencia Nacional por estar aforados ante el Tribunal Supremo.

Cosidó es el portavoz del Partido Popular en el Senado, uno de los pocos premios que un jefe de la oposición puede repartir entre sus subordinados, lo que da cuenta de la confianza depositada en él por el actual presidente del partido. Pablo Casado no tuvo reparos en incluirle en su Ejecutiva junto a Fernández Díaz, pese a las evidencias del uso partidista que ambos hicieron del Ministerio del Interior. Francisco Martínez, un hombre de Soraya Sáenz de Santamaría, conserva su escaño a pesar de la absoluta falta de sintonía con la actual dirección, que le ha permitido continuar como portavoz del Grupo Popular en la comisión constitucional.

Ignacio Cosidó se defiende una y otra vez asegurando que él no tuvo conocimiento de la Operación Kitchen, a pesar de ser el máximo responsable de la Policía, y no pierde oportunidad para recordar que la gestión de los fondos reservados correspondía a Martínez, como secretario de Estado de Seguridad. Cosidó insiste en que él no trataba con Villarejo, algo que no han defendido Fernández Díaz y su número dos, quienes mantenían hilo directo con el comisario acusado de liderar por entonces una organización criminal. Martínez, cuyas frecuentes llamadas con el comisario aparecen en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, defiende que su trato con Villarejo se ceñía a la lucha antiterrorista.

https://www.eldiario.es/politica/investiga-Barcenas-dirigentes-Partido-Popular_0_864414417.html

POLICÍAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' SE QUEDARON 600.000 EUROS DE FONDOS RESERVADOS

Mandos policiales que intervinieron en la operación Kitchen ingresaron en sus cuentas bancarias personales más de 600.000 euros en efectivo durante los últimos años procedentes de fondos reservados del Ministerio del Interior.

La investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acreditado, como ha podido confirmar EL MUNDO, abundantes ingresos de dinero en metálico en los depósitos personales de algunos de los comisarios imputados por haber participado en el operativo para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle su arsenal documental contra la cúpula del partido.

Las pesquisas llevadas a cabo por el juez Manuel García Castellón junto a la Fiscalía Anticorrupción han podido documentar la existencia de estas operaciones con fondos de procedencia en apariencia desconocida durante un plazo que se prolonga durante al menos cinco años y en el que se repite de manera periódica la misma y rudimentaria mecánica.

Algunos de los destacados integrantes del operativo policial, que estuvo comandado por el comisario José Manuel Villarejo, en estos momentos en prisión acusado de liderar una organización criminal, y del que formó parte, entre otros, el también mando policial Enrique García Castaño, realizaron ingresos periódicos en sus depósitos bancarios de varios miles de euros. Las cantidades partían de los 1.000 euros y superaban en ocasiones con creces los 5.000.

Según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes policiales, estos fondos procedían de lo que se denominaban «gratificaciones» y que se entregaban en sobres y en mano a los policías que participaban en operaciones consideradas de alto riesgo. Las mismas abarcaban desde las vinculadas al terrorismo como a la referida Kitchen, en la que se acabaron sustrayendo documentos y agendas personales de Bárcenas que nunca fueron entregados al juez que investigaba al ex tesorero popular.

Las mismas fuentes aseguran que el sistema de pago de estos sobresueldos fue institucionalizado desde hace décadas y continuó hasta fechas muy recientes, a pesar de los escándalos que salpicaron los gobiernos de Felipe González por el desvío de estas remesas de fondos públicos. Estos abonos se nutrían de las partidas de fondos reservados de las que disponía la Secretaría de Estado de Interior.

Sobres en mano

Las cifras de fondos manejadas, por ejemplo, por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) durante los últimos años para pagar a confidentes y sufragar los gastos de los operativos policiales, ascendía a unos 300.000 euros mensuales, de los que aproximadamente una tercera parte se destinaban a la Comisaría General de Información. La entrega de los sobresueldos se realizaba mediante sobres que se entregaban en mano a los mandos policiales que, acto seguido, ingresaban el dinero en sus cuentas bancarias sin especificar el origen.

De manera paralela, fue establecido un registro contable mediante el que cada vez que se retiraba dinero para un operativo policial, el receptor del montante total de los mismos estampaba su firma y especificaba los servicios a los que teóricamente iban a ir destinados.

Así, con cargo a la partida que fue adjudicada a la operación Kitchen se realizaron abonos mensuales de 2.000 euros al ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a cambio de que reportara puntualmente los movimientos de la familia, las conversaciones privadas que presenciaba o que ayudara en la entrada en sus domicilios sin orden judicial y se apoderara de documentos sensibles vinculados con la contabilidad B del PP.

Pero también con cargo a las mismas partidas, y tal y como reveló este periódico, la Policía compró una pistola al ex chófer de Bárcenas, abonando su importe en una armería madrileña con dinero en efectivo y tramitándole, en este caso a través de la Guardia Civil, la correspondiente licencia de arma corta. Por estos primeros pagos, de los que constan los recibís en el Ministerio del Interior y que ya han sido reconocidos por el propio conductor, el juez y la Fiscalía Anticorrupción advierten la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. En el registro practicado en el domicilio de Villarejo también fueron confiscadas pruebas de estos pagos, que motivaron la apertura de una pieza separada.

Por estos mismos hechos se le imputa el mismo delito de malversación al ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino; al comisario Andrés Gómez Gordo, que participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente y al propio Ríos. La investigación judicial rastrea en estos momentos las cuentas de todos los mandos para cuantificar la cifra final de fondos reservados que se repartieron durante los últimos años. No se han hallado irregularidades contables hasta el momento en los casos de Pino y Gómez Gordo.

De los escándalos del felipismo a espiar a Bárcenas

EL MUNDO destapó en la década de los 90 el 'caso fondos reservados' que acabó con el ex secretario de Estado de Interior de Felipe González, Rafael Vera, condenado a siete años por malversar dinero público. En su caso ingresó en la cárcel por "dar dinero a todo el mundo" y desviarse para sí "una importantísima cantidad". La operación Kitchen destapa ahora la secuela moderna. Interior ha seguido pagando sobresueldos no declarados a mandos policiales durante los gobiernos del PP. Este operativo lleva aparejado el pago a confidentes como el chófer de Bárcenas y gratificaciones a comisarios por el espionaje político.

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/01/5c535c97fc6c830f238b46a5.html

ANTICORRUPCIÓN CREE QUE "DIRIGENTES DEL PP" USARON A LA POLICÍA PARA DESTRUIR DATOS EN PODER DE BÁRCENAS

Considera que la documentación buscada en la operación Kitchen comprometía "la posición de dirigentes de dicho partido".

La Fiscalía Anticorrupción cree que altos cargos del Partido Popular se beneficiaron de la ocultación de datos que se produjo supuestamente durante la operación Kitchen, el dispositivo secreto por el que agentes vinculados a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional captaron como confidente al conductor del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la tesis de la Fiscalía, que investiga en secreto la operación policial bajo la instrucción de la Audiencia Nacional, estriba en que "dirigentes del Partido Popular" se habrían servido "de miembros de la Policía Nacional para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones".

"En dicho operativo parapolicial", prosigue la Fiscalía en uno de sus escritos, "los principales investigados en esta pieza dirigieron y ejecutaron el servicio encomendado, dirigido a la recuperación de los llamados Papeles de Bárcenas, documental en poder del extesorero del Partido Popular que comprometía la posición de diversos dirigentes de dicho partido político".

La reforma en casa de Rajoy

Ya en 2015 este diario publicó que el dispositivo policial encubierto, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa, se hizo con documentación importante para la investigación que nunca se trasladó a los jueces. Datos como el presunto uso de dinero negro para abonar una posible reforma en la casa de Mariano Rajoy, líder del partido y entonces presidente del Gobierno.

Desde que la Audiencia Nacional abrió en noviembre una pieza separada para investigar el operativo, son ya cinco los agentes y altos cargos policiales a los que el tribunal encargado del caso ha tomado declaración. Según ha podido conocer este diario, la tesis de los investigadores para por que los miembros del dispositivo consiguieron información relevante en poder de Luis Bárcenas que comprometía a otros miembros del partido.

Sin embargo, esos datos no habrían servido para complementar la investigación judicial que en ese momento tenía abierta la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Más bien al contrario: la investigación sirvió -según la tesis de los investigadores- como análisis de riesgo para distintas personalidades dentro del Partido Popular, y luego los datos acabaron soterrados y sin conocimiento judicial.

De hecho y según avanzó el diario El Mundo, en las declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón, los responsables policiales han podido escuchar varias grabaciones realizadas por el comisario José Villarejo. En ellas se alude directamente a ayudar "al barbas", en referencia al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Eugenio Pino, el policía de mayor rango

Como principal responsable de la operación, la Audiencia Nacional citó a declarar como investigado a Eugenio Pino, máximo cargo operativo de la Policía Nacional en las fechas en las que se llevó a cabo la operación Kitchen.

En su defensa, Pino mantuvo en todo momento que el operativo estuvo enmarcado dentro de la legalidad y que la prevaricación, uno de los delitos que se le imputan al autorizar este operativo, hubiera consistido en no llevarlo a cabo si existía la posibilidad de conocer datos de importancia para la investigación.

Ante el juez, Pino argumentó que el dispositivo nunca fue secreto, ya que la llamada operación Kitchen se incluyó en la base de datos policial en la que, según la Ley, deben registrarse todos los casos. Como norma general y para evitar manipulaciones o duplicidades, todas las investigaciones desarrolladas por la Policía, culminen o no en diligencias judiciales, quedan reflejadas en un sistema informático llamado GATI (Grupo de Análisis y Tramitación de Información).

El problema para Pino no es tanto que autorizara el operativo como que los documentos más importantes, según las investigaciones, nunca fueron trasladados a autoridad judicial alguna. Ante la Audiencia Nacional, el responsable del Ministerio del Interior y cargo de confianza del ministro Jorge Fernández Díaz defendió la legalidad de haber pagado mensualmente 2.000 euros de fondos reservados al conductor de Bárcenas para que actuara como confidente policial.

El máximo responsable de la DAO lo calificó como un procedimiento legal y aportó otros ejemplos donde la Policía Nacional actuó de la misma manera.

https://www.elespanol.com/espana/20190201/anticorrupcion-dirigentes-pp-usaron-policia-destruir-barcenas/372713943_0.html

LA MUJER DE BÁRCENAS PIDE AL JUEZ ARCHIVAR SU IMPUTACIÓN POR LA OPERACIÓN KITCHEN

El juez imputó en diciembre al extesorero del PP y a su esposa tras tener conocimiento de que disponían de documentación que no constaba en el sumario que investiga la caja B

La mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha pedido al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional que archive su imputación en la causa de la caja B que investiga el magistrado José de la Mata. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, su defensa alega que tanto ella como su marido son "perjudicados directos" de la conocida como operación Kitchen, una maniobra orquestada por Interior en 2013 para robar documentos sensibles a Bárcenas.

El juez imputó en diciembre al extesorero del PP y a su esposa tras tener conocimiento de que disponían de documentación que no constaba en ese momento en el sumario que investiga la caja B, información que trascendió después de que se destapara la mencionada operación encubierta. De todos modos, Iglesias alega que estos nuevos datos que provocaron su imputación forman parte "de comunicaciones enteramente reservadas entre abogado y cliente", por lo que "no puede derivarse responsabilidad penal alguna".

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-29/mujer-barcenas-imputacion-kitchen-cajab_1791334/

BÁRCENAS DICE QUE SU CHÓFER TUVO 3 OCASIONES PARA ROBAR LOS PAPELES DE LA KITCHEN

El extesorero no da revelancia a los documentos presuntamente por el chófer y deja caer una pulla: "a ver si recuperais los discos duros"

En el escrito, su defensa insiste en que se trata de "una documentación supuestamente intervenida de forma ilícita a mi representada y su esposo [por los responsables de Kitchen]", quitando además peso al contenido de la misma: "Estas notas podían corresponderse con las notas que ella tomaba para transmitir a su esposo en prisión las preguntas que le adelantaban sus abogados y con relación a la declaración que debía preparar el Sr. Bárcenas con sus abogados y que finalmente prestó el 15 de julio de 2013".

La defensa de la mujer del extesorero recuerda además que el propio juez reconoció el 21 de diciembre, fecha en la que tomó declaración a Iglesias, que no la investiga por ningún delito concreto: "La razón por la que comparece en calidad de investigada no es porque se le esté haciendo una imputación concreta en este procedimiento, al menos por el momento no es así, es una condición que se le atribuye, por así decirlo, de carácter técnico, simplemente en garantía de sus derechos, y que tenga un estatuto determinado y tenga asistencia letrada, y por si alguna cuestión pudiera afectar en otras piezas del procedimiento", habría dicho el magistrado ese día, según recoge el escrito de su defensa.

Al margen de su imputación por la caja B del PP, Rosalía Iglesias ya declaró como testigo el 16 de enero en la pieza secreta del caso Kitchen, investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Además de ella, también su marido ha comparecido como testigo por esta pieza, mientras que otros cinco lo han hecho como investigados: el comisario Eugenio Pino, número dos de la Policía Nacional entre 2012 y 2016; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño; el inspector jefe de la Policía Nacional y hombre cercano a María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo; el exchofer de Bárcenas Sergio Ríos, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-29/mujer-barcenas-imputacion-kitchen-cajab_1791334/

EL JUEZ PROHÍBE AL EXJEFE DE LA POLICÍA SALIR DE ESPAÑA POR EL ‘CASO KITCHEN’

El comisario Pino admitió el martes la existencia de un operativo policial para espiar a Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de la caja b del PP, pero aseguró que era legal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha dictado este miércoles un auto por el que retira el pasaporte y prohíbe salir de España al comisario jubilado Eugenio Pino, máximo jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, por su presunta implicación en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han confirmado fuentes jurídicas. Pino declaró ayer ante el magistrado después de que varios de sus subordinados le señalaran como el responsable policial que ordenó la puesta en marcha de la que algunos de ellos bautizaron como Operación Kitchen.

El comisario jubilado admitió la existencia de un operativo para investigar al extesorero del PP, aunque destacó que fue legal y que tenía como objetivo localizar los posibles fondos que este pudiera tener ocultos en el extranjero. Pino fue señalado por la comisión de investigación del Congreso como uno de los más destacados integrantes de la llamada brigada patriótica que operó durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente de Interior para espiar a rivales políticos. Un juez de Madrid le procesó recientemente por el intento de colar un pendrive con información robada de las cuentas de la familia de Jordi Pujol en el sumario en el que se investiga al expresidente de la Generalitat.

Pino declaró este martes por espacio de cuatro horas ante el juez y dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción acusado de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada dentro de la pieza secreta 7 del caso Villarejo. Al término del interrogatorio, estos solicitaron para el policía medidas cautelares para evitar que se sustrajera a la acción de la justicia. Al abandonar la sede judicial y preguntarle los periodistas si seguía manteniendo que la trama, supuestamente dirigida por su subordinado José Villarejo, hoy en prisión, no existía, Pino se limitó a encogerse de hombros.

Sin embargo, dentro de la sala admitió que hubo un operativo que se inició en 2013, aunque negó que hubiera sido bautizado con el nombre de Kitchen, y lo encuadró dentro de actividades legales para recabar información sobre Bárcenas y su entorno, como apuntaron también en los últimos días otros dos comisarios imputados que dependían jerárquicamente de él, el propio José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. Entonces, el extesorero del PP había sido encarcelado de manera preventiva por su implicación en el caso Gürtel. Ninguno de los informes que se elaboraron de aquellos seguimientos (algunos de los cuales ha localizado recientemente el Ministerio del Interior en sus archivos) fueron entregados al juez que entonces investigaba la caja b del PP, Pablo Ruz.

Según fuentes jurídicas, el comisario Pino admitió también los pagos con fondos reservados al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también imputado en la causa, a cambio de que facilitase información sobre los movimientos del extesorero y su familia. El policía hoy jubilado añadió que los pagos se hicieron después de que el conductor dejase de cobrar su sueldo porque el juez había bloqueado las cuentas de Bárcenas y para asegurar que siguiera colaborando. La partida de estos gastos era, en primer lugar, autorizada por él y, después, validada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, hoy diputado del PP.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, Pino no se refirió a este durante su declaración y sí señaló al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la actualidad portavoz popular en el Senado, como una de las personas impulsoras del operativo. El comisario Villarejo, en una declaración anterior, también había señalado a Cosidó como uno de los responsables políticos al tanto de esta investigación policial sin control judicial. El hoy senador del PP siempre ha negado conocer este operativo escudándose que entonces estaba enfrentado a Fernández Díaz y Pino no despachaba con él.

https://elpais.com/politica/2019/01/23/actualidad/1548242477_026209.html

EL EX 'NÚMERO DOS' DE LA POLICÍA DECLARA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS FUE "LEGAL" Y PARA "CAPTAR INFORMACIÓN"

Un comisario socio de Villarejo declara que el ex jefe de la Policía ordenó investigar la fortuna de Bárcenas

Eugenio Pino, ex 'número dos' de la Policía: "La 'operación Kitchen' no existe"

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía entre 2012 y 2016, Eugenio Pino, declaró este martes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo que la operación policial que se realizó en 2013 para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía como objetivo la "captación de información" y que "todo fue legal".

Así informaron a este diario fuentes conocedoras del contenido del interrogatorio que prestó el ex alto mando policial durante casi cuatro horas, en la tarde de este martes, en el marco de la llamada pieza Kitchen, donde se investiga el uso de fondos reservados para financiar un operativo que no contó con autorización judicial.

Eugenio Pino, que fue citado a declarar por el magistrado Manuel García-Castellón en calidad de investigado, era el número dos de la Policía cuando se realizó este operativo, en el que también participaron el comisario jubilado José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017- y el comisario, también jubilado, Enrique García Castaño, imputado también en esta pieza y ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), según reconocieron ante el juez en declaraciones prestadas los pasados 17, 18 y 21 de enero.

Villarejo reconoció la existencia de la operación y señaló a Ignacio Cosidó, director general de la Policía entre 2012 y 2016 y actual portavoz del PP en el Senado, como la persona que les ordenó ejecutar el operativo. Por su parte, García Castaño declaró que la operación se realizó para investigar la fortuna de Bárcenas y buscar a sus testaferros.

Es la segunda vez en cinco días que Pino acude a la Audiencia Nacional para rendir cuentas por el espionaje policial a Bárcenas. El pasado 17 de enero fue citado por el juez, pero abandonó el edificio sin prestar declaración, siendo citado de nuevo este martes.

En aquella ocasión, el que fuera número dos de Ignacio Cosidó se limitó a manifestar a los periodistas, a la salida de la Audiencia, que "la operación Kitchen no existe", al menos con ese nombre, que fue con el que la bautizó el comisario Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción, parte acusadora en este procedimiento junto al partido Podemos, que está personado como acusación popular, ha solicitado al juez medidas cautelares contra Eugenio Pino, según confirmaron fuentes jurídicas.

En concreto, los fiscales encargados del llamado caso Tándem -más conocido como caso Villarejo- han pedido la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

En esta misma pieza están imputados el comisario Villarejo, así como García Castaño, el chófer de Luis Bárcenas (Sergio Ríos) y el que fuera asesor de la ex secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, el agente policial Andrés Gómez Gordo. A excepción de Villarejo, que está en prisión, los otros tres tienen impuestas las medidas cautelares que los fiscales pidieron para Pino.

https://www.elmundo.es/espana/2019/01/22/5c476ce421efa0457f8b471c.html

LA 'POLICÍA POLÍTICA' COLOCÓ MICRÓFONOS Y CÁMARAS EN EL ESTUDIO DONDE BÁRCENAS GUARDABA PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP

La Operación Kitchen, un operativo desarrollado entre 2013 y 2015 por la denominada policía política en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, no se circunscribió a los seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ejecutados mediante el soborno con fondos reservados a su chófer, Sergio Ríos.

“Toda la familia” e incluso “la empleada del hogar”, fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegado, según confirman a la SER policías que participaron en aquel operativo y que prefieren permanecer en el anonimato.

Gracias a la intercesión del chófer, los agentes entraron en el estudio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja b del PP, y no solo fotocopiaron documentación de todo tipo, entre ella la que perjudicaba al PP o a sus dirigentes, sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon y visionaron la actividad del extesorero “durante meses”.

Los “fontaneros” para espiar sin orden judicial

Para colocar estos dispositivos electrónicos, la Policía Política de Eugenio Pino, García Castaño, Gómez Gordo y Villarejo, no empleó a la brigada especializada de la Policía Nacional que se dedica a estos cometidos, sino que utilizó al grupo de “fontaneros” del comisario Mariano Hervás, que desde la época de la lucha antiterrorista contra ETA ha sido usado en ocasiones para este tipo de operaciones sin necesidad de mandato judicial.

La mayor parte de los agentes eran “operativos ciegos”

La mayoría del amplio operativo de agentes de la Policía Nacional que se encargó de los seguimientos a Bárcenas y a su familia, o espió mediante cámaras y micrófonos la actividad del extesorero del PP, eran lo que el colectivo denomina “operativos ciegos”, según las fuentes consultadas. Es decir, ni siquiera sabían a quién iban a grabar los dispositivos electrónicos que colocaban y los que sabían a quién o quiénes estaban siguiendo y espiando, creían que actuaban bajo mandato judicial y para encontrar pruebas que incriminaran al extesorero. Nunca para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b. El conocimiento del objetivo real de la operación correspondía sobre todo a la imputada cúpula de la policía política, según las fuentes consultadas por la SER.

https://cadenaser.com/ser/2019/01/20/tribunales/1548015638_635587.html

UN MANDO POLICIAL JUSTIFICA EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN LA ALARMA SOCIAL CREADA POR LA CAJA B DEL PP

El comisario García Castaño insiste en su segundo día de declaración que cumplía órdenes y señala a su superior, Eugenio Pino, como su responsable

El comisario Enrique García Castaño, uno de los altos mandos policiales imputados en la llamada Operación Kitchen, ha asegurado este viernes al juez Manuel García-Castellón, instructor del sumario en el que se investigan las actividades del comisario José Manuel Villarejo, que el Ministerio del Interior decidió en 2013 espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas por la “alarma social” que entonces había provocado su contabilidad manuscrita sobre la caja b del partido. García Castaño, que acudía a declarar como imputado por segundo día consecutivo, volvió a insistir en que el dispositivo en el que participó fue absolutamente "legal" y tenía como objetivo localizar las cuentas y testaferros que el político pudiera estar utilizando para ocultar en el extranjero su fortuna. También ha afirmado que el máximo responsable del operativo era otro comisario, Eugenio Pino, entonces número dos de la Policía Nacional en su condición de director adjunto operativo (DAO) y, por tanto, su superior jerárquico.

García Castaño era, cuando se produjo el espionaje —2013 y 2014—, el máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), un grupo policial adscrito a la lucha antiterrorista especializado en seguimientos e instalación de dispositivos de control de sospechosos que colaboraba con otras unidades policiales. Según fuentes jurídicas, en su declaración de este viernes, el comisario aseguró que fue en su condición de experto por lo que se reclamó su participación en el espionaje a Bárcenas, que él ha insistido en calificar de “legal”. En este sentido, insistió en que él se limitó a hacer su trabajo y “cumplir órdenes”. Según ha comentado a un grupo de periodistas al salir de declarar, su participación fue “una operación oficial de apoyo a la policía que investigaba a Bárcenas”.

El antiguo jefe de la UCAO también ha asegurado que todos los trabajos que él y sus subordinados hicieron se plasmaron en documentos oficiales. En concreto, en las denominadas “notas informativas”, documentos internos policiales en los que los agentes dan cuenta a sus superiores de las gestiones realizadas y su resultado. Dichas notas se registran y se envían a la unidad que las solicitó. En este caso, a la DAO que encabeza el comisario Pino. Según fuentes policiales, allí se registraban y se enviaba copia tanto a la Unidad de Asuntos Internos como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable entonces de la investigación del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas. Sin embargo, ninguno de estos documentos llegó nunca al entonces juez instructor del sumario, Pablo Ruz.

Este viernes, García Castaño ha detallado que uno de esos trabajos que realizó dentro de la investigación fue el seguimiento a un preso de origen dominicano que había coincidido en 2013 en la prisión de Soto del Real (Madrid) con Bárcenas en su primer encarcelamiento. Según la información facilitada por otro recluso captado como confidente por la Policía, este interno iba a aprovechar un permiso de salida para encriptar documentación que el extesorero supuestamente escondía en un almacenamiento virtual. Fue la unidad de este comisario quien se encargó de vigilar al preso y comprobar que nunca realizó el supuesto encargo y que pasó el fin de semana de juerga. Uno de los documentos que Interior ha localizado recientemente —y cuyo secreto ha levantado este viernes el Consejo de Ministros— es, precisamente, la nota informativa sobre este servicio, según detallan fuentes policiales.

El comisario también ha destacado durante su declaración que el operativo para seguir a Bárcenas nunca fue bautizada como Operación Kitchen, y ha achacado esa denominación al principal implicado en la trama, José Manuel Villarejo, quien cuando se produjo el espionaje ocupaba un puesto en la DAO bajo las órdenes directas de Pino. De hecho, cuando el Ministerio del Interior rastreó de orden del juez García Castellón y de su compañero José de la Mata —que instruye la investigación por los llamados papeles de Bárcenas— sus archivos en busca de los informes relacionados con los seguimientos al extesorero no encontró nada con dicha denominación. García Castaño también ha cargado contra el que fuera su compañero, al que ha acusado de mentir.

https://elpais.com/politica/2019/01/18/actualidad/1547818160_369691.html?rel=mas

EL ESPIONAJE A BÁRCENAS REVELA QUE LA BRIGADA POLÍTICA CONTRA LA OPOSICIÓN MANIOBRÓ PARA PROTEGER A RAJOY

El grupo de policías que interfirió en la causa de la caja B orquestó la Operación Catalunya, atacó a Podemos y revisó el 11-M y el Faisán contra el PSOE

Villarejo declara en la Audiencia Nacional que la Operación Kitchen buscaba obtener información "comprometedora" para el presidente Rajoy

El comisario al frente, Eugenio Pino, está imputado por el espionaje a Bárcenas e irá a juicio por intentar adulterar la investigación a los Pujol

El juez sospecha que el Ministerio de Fernández Díaz recuperó una práctica de la guerra sucia: pagar a un mercenario para asaltar la casa del extesorero

Podemos

Policías que participan en una operación extrajudicial. Policías que manejan el dinero de los fondos reservados. Policías que trabajan con un fines distintos a la persecución de delitos. Con estos tres paneles, tan próximos a formar la silueta de una guerra sucia, trabaja la Audiencia Nacional en la investigación del espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del PP que un mes después de entrar en la cárcel reveló la financiación irregular de la formación desde su nacimiento.

Estas tres prácticas policiales habían aflorado hasta ahora en los ataques que la oposición sufrió entre 2012 y 2016, la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pero las últimas revelaciones acerca de la Operación Kitchen demuestran que las prácticas de un grupo de agentes en la cúspide del organigrama de la Policía también se dirigieron a proteger al partido del Gobierno.

Tres mandos policiales, entre ellos el máximo responsable operativo del cuerpo, están investigados por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. Estas imputaciones se traducen en que son sospechosos de haber organizado un plan para obtener cualquier información o documento en poder de Bárcenas o su entorno que pudiera perjudicar al Partido Popular o, como aseguró el comisario Villarejo el viernes en la Audiencia Nacional, directamente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Villarejo le dijo al juez que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le encargó recuperar la información "comprometedora" de Rajoy y que eso era un objetivo prioritario.

Para hacerlo utilizaron los fondos reservados del Ministerio del Interior, con los que habrían pagado al chófer de la familia y, aquí radica la última novedad, presuntamente a un delincuente común que se disfrazó de cura y, armado con una pistola, asaltó la casa de la familia del extesorero. Por eso los fiscales Anticorrupción incluyeron el delito de allanamiento en su solicitud de imputación de esos tres mandos y el chófer. El juez Manuel García-Castellón preguntó por la maniobra del falso cura en las declaraciones que tomó la pasada semana, pero los policías investigados negaron tener conocimiento de aquello.

Esta imputación es la segunda de Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía en aquella época. La otra está vinculada a la Operación Catalunya, la gran misión de la brigada política que él puso en marcha en el seno de la Dirección Adjunta Operativa. El hoy comisario jubilado se enfrenta a una petición de más de dos años de cárcel por haber intentado introducir de forma irregular información robada en la causa contra los Pujol.

Jefe de los antidisturbios con Aznar, Eugenio Pino hizo de la escalada soberanista en Catalunya el objetivo a combatir por un cuerpo que desempeña funciones de policía judicial, al que trascienden por ley los trabajos de inteligencia. El disfraz fue la persecución de la corrupción que cercaba a dirigentes de la derecha nacionalista catalana. Pero todo se quedó en investigaciones prospectivas, sin control judicial, que culminaban en informes sin firma ni sello. Estos, en lugar de ser enviados al juzgado, acababan en las portadas, digitales o en papel, de medios afines en Madrid.

Después de Catalunya, Podemos

El devenir de la primera legislatura de Rajoy puso el foco en Podemos, el partido entonces en auge de la izquierda. De nuevo, un supuesto informe policial comenzaba a circular por algunas redacciones hasta que un medio digital se decidió a publicarlo, a lo que siguió una cascada inmediata de informaciones en el mismo sentido. Como había ocurrido con los informes apócrifos de la Operación Catalunya, el momento no fue casual. Si los primeros aparecían coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista, el informe contra Podemos irrumpió al arrancar las negociaciones sobre la posible investidura de Pedro Sánchez en enero de 2016.

El autor o autores se atrevieron a llamarlo Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Otra vez sin firma ni sello, el documento suponía un hito en el trabajo de inteligencia, pero por el bochorno que provocó en los expertos. El Centro Nacional de Inteligencia, habituado a guardar silencio sobre cualquier cuestión, se desvinculó rotundamente del mismo en respuesta a los periodistas que todavía dudaban de la procedencia del informe.

Aquella maniobra todavía depararía algún otro hecho sin precedentes. El Ministerio del Interior reconoció que el papel salía de la Dirección Adjunta Operativa y que se había entregado a la UDEF, la unidad de Policía Judicial que, entre otros fenómenos delictivos, combate la corrupción. El problema surgió al tener que entregar aquel material a un tribunal y que éste lo valorara. La solución estuvo en Manos Limpias, el pseudosindicato ultraderechista dedicado a poner querellas que, como ha demostrado una investigación judicial, era un instrumento de extorsión. La organización recibió el informe por alguna vía y lo incorporó a una querella contra Iglesias y Errejón.

El Tribunal Supremo despreció el contenido del documento que atribuía a Podemos, a través de conjeturas, una financiación procedente de Irán. Antes de hacerlo, elespanol.com desveló que comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, se había ofrecido a jueces del Tribunal Supremo para aclararles cualquier duda que les presentara el papel.

Revisión del 11-M diez años después

Cuando parecía que “rojos” y separatistas completaban la nómina de objetivos de la brigada política, Pino habló en una entrevista a El Mundo en febrero de 2017. En ella reconocía la existencia de otro informe, éste para aclarar “algunas cosas” del 11-M diez años despúes del mayor atentado de la historia de España, que precedió en tres días a la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 y bajo cuyo Gobierno se desarrolló el grueso de la investigación policial.

El DAO había ordenado la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en el seno de Asuntos Internos con el supuesto fin de estudiar fallos de la Policía en investigaciones pasadas. La opacidad con la que trabaja Asuntos Internos fue aprovechada por Pino para encargos que nada tenían que ver con la investigación de delitos cometidos por policías, como la llamada con posterioridad Operación Catalunya.

El 11-M había servido a un sector del PP para lanzar acusaciones infundadas sobre implicaciones y objetivos distintos a los que aparecen en las sentencias judiciales. Pero la del 11-M no fue la única investigación que hurgó en la época socialista. El Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en pleno proceso de paz de 2006, también fue objeto de informe por la BARC. Solo dos policías habían sido condenados, sin que pudiera demostrarse que algún responsable político del ministerio en aquella época hubiera participado en el soplo.

Los supuestos resultados de Kitchen se evaporaron

A diferencia de éstas, en la operación para obtener de los Bárcenas información comprometedora para el PP no participó Asuntos Internos. Coincidió, sin embargo, en que Kitchen se desarrolló a espaldas de un juez, en este caso el que investigaba la caja B del PP. Ni el magistrado Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que trabajaban a sus órdenes directas participaron o fueron informados del resultado de la Operación Kitchen, confirman fuentes del caso.

Dadas las evidencias, ¿cómo han justificado el operativo sus responsables? El pasado viernes, el comisario Enrique García Castaño dijo al juez que había que recuperar el dinero oculto de Bárcenas y descubrir quiénes eran sus testaferros. Según adelantó eldiario.es, el comisario incluso señaló a uno de ellos, Javier Sánchez-Lázaro, un exsenador del PP, amigo de Bárcenas, al que nunca se llamó a declarar ni aparece en ningún informe. La explicación está en que los supuestos descubrimientos de la denominada Operación Kitchen nunca fueron puestos a disposición de la investigación judicial por la caja B del PP. El comisario Villarejo también declaró que la Kitchen era un operativo oficial contra la corrupción.

“La Operación Kitchen no existe. No existe”, repitió ante las cámaras el jueves Eugenio Pino, el máximo responsable de la denominada brigada política. Lo hizo al abandonar la Audiencia Nacional, después de que se pospusiera su declaración como imputado por la sobrecarga de trabajo que soporta el Juzgado del caso Villarejo. Y lo dijo a pesar de que en los registros al comisario que da nombre a la causa se encontraron recibís de los pagos de los fondos reservados al chófer de los Bárcenas, al testimonio judicial del topo y otros implicados en la maniobra y a la documentación que el Ministerio del Interior actual ha enviado a la Audiencia Nacional.

A la espera de la declaración de Pino mañana martes, la afirmación del exDAO a las puertas del tribunal podría abundar en la tesis de García Castaño, con el que comparte bufete de abogados, el del exjuez Baltasar Garzón: el nombre de Kitchen fue un invento de Villarejo (por el aspecto de cocinero que tenía el chófer) y todo lo que aflora es el rastro de una operación policial para perseguir los graves delitos de Bárcenas. Villarejo no habló en su declaración de testaferros ni dinero oculto: atribuyó al director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, la orden de recuperar información “comprometedora” porque afectaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por encima de Eugenio Pino, el policía en la cúspide del organigrama policial, solo estaban Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La Audiencia Nacional no podría investigarlos porque los tres son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo. Cosidó y Fernández Díaz han sido elegidos por el actual presidente del PP, Pablo Casado, para integrar su ejecutiva.

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CERCA DE SETENTA POLICÍAS DEL ÁREA DE ESPECIAL SEGUIMIENTO VIGILARON AL ENTORNO DE BÁRCENAS EN EL VERANO Y OTOÑO DE 2013

El Gobierno envía al juez un informe con las “notas de seguimiento” realizadas en el verano y otoño de 2013 a Rosalía Iglesias y otras personas

Los papeles no identifican al mando que ordenó el espionaje ni se clasifican con el nombre de operación alguna

El comisario García Castaño dice al juez que la operación sirvió para descubrir a un testaferro de Bárcenas que nunca llegó a estar imputado

Los últimos documentos enviados por el Ministerio del Interior al juez del espionaje al entorno de Luis Bárcenas no identifican al mando que pudo ordenar los seguimientos al entorno del extesorero, ni aparecen encabezados con un nombre que pueda hacer reconocible la operación. Son las notas que cerca de setenta agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) redactaron sobre el trabajo de campo realizado en el verano y el otoño de 2013 con la familia y otras personas próximas a Bárcenas, quien había ingresadon en prisión provisional el 13 de junio de ese año, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

El Área Especial de Seguimientos (AES) pertenece a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que en ese momento mandaba el comisario principal Enrique García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’. La UCAO es la unidad encargada de los seguimientos, los medios tecnológicos de investigaciones y la captación de fuentes. Enmarcada en la Comisaría General de Información (CGI), estructura antiterrorista de la Policía, trabaja sin embargo para cualquier unidad especializada que requiera de sus capacitaciones.

Las fuentes consultadas explican que las “notas de seguimiento”, como se refirió a ellas Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogen los seguimientos realizados por hasta ochenta agentes de la AES en distintos turnos y días. No se trataba, precisan esas fuentes, de un control de 24 horas sobre Rosalía Iglesias y otras personas del entorno porque no es el método de trabajo que se aplica. A los policías de la AES se les marcaba el objetivo y ellos se limitaban a reflejar sus averiguaciones.

Los documentos que se han encontrado en la Comisaría General de Información a raíz de la petición de los jueces del caso Villarejo y el caso de la caja B no aclaran quién ordenó los seguimientos ni por qué. Al menos los que estaban en los archivos cuando se han ido a buscar. Cabe destacar que ni los mandos policiales ni los políticos del Ministerio del Interior son los mismos que cuando se ordenó el espionaje a Bárcenas. Por el momento ha sido imposible determinar si se han hecho desaparecer documentos o si los encontrados han sido modificados.

Los mandos que dirigieron la Operación Kitchen han explicado esta semana al juez que se trató de un dispositivo oficial encaminado a descubrir los testaferros y el dinero que supuestamente escondía Luis Bárcenas después de haber entrado en prisión. Juez y fiscales creen que fue una operación para robar documentación y adivinar los próximos movimientos de Bárcenas, que un mes después de su entrada en la cárcel reveló al juez veinte años de financiación irregular del Partido Popular.

El entonces jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, ha explicado que intentó contactar con el chófer, que este se negó a tratar con él y que fue el policía asesor de Cospedal en esa época, Andrés Gómez Gordo, quien terminó por captar al conductor, con el que había coincidido en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Francisco Granados. Gómez Gordo ha explicado que fue Pino quien le ordenó el trabajo y que el fin era aportar a la investigación judicial que se seguía por el caso Gürtel y la caja B del PP.

Es más, Gómez Gordo ha dicho al magistrado Manuel García-Castellón que los seguimientos y el trabajo del topo permitieron identificar a los testaferros de Bárcenas. Según fuentes jurídicas ha señalado al exsenador del PP y amigo de Bárcenas Javier Sánchez Lázaro como una de las personas que escondía el dinero del extesorero. Sin embargo, Sánchez Lázaro no aparece en los informes policiales del sumario ni fue llamado a declarar, ni como imputado ni como testigo.

Los responsables de la investigación del espionaje a Bárcenas ya han constatado que la UDEF, unidad de policía que trabajaba a las órdenes del juez Pablo Ruz en el caso Gürtel, nunca fue informada de las supuestas averiguaciones de la brigada política en la Operación Kitchen, pese a que los mandos policiales defienden lo contrario. García Castaño ha dicho que ese apelativo fue un invento del “canalla” de Villarejo por el aspecto del chófer, que le recordaba a “un cocinero”.

El juez García-Castellón ha imputado a Villarejo y a García-Castaño por dirigir la operación de infiltración del chófer y pagarle con fondos reservados; a Gómez Gordo por captarle y a Eugenio Pino como máximo responsable en tanto en cuanto director adjunto operativo de la Pollicía en ese momento y jefe directo de todos los demás. A todos ellos se les atribuye indiciariamente los delitos de robo, cohecho, malversación y prevaricación. Excepto a Gómez Gordo, y por el momento, también se les investiga por el asalto de un falso cura armado a casa de los Bárcenas, por los que se les atribuye presuntamente un delito de allanamiento de morada.

https://m.eldiario.es/politica/operacion-identificado-seguimientos-Barcenas-Interior_0_858465044.html

"SEGUÍ ÓRDENES DEL COMISARIO PINO": EL GORDO DECLARA SOBRE LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño ha confirmado que "hubo un dispositivo para averiguar el dinero, los fondos y los testaferros" del extesorero del PP

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, ha asegurado este viernes ante el juez que su papel en la operación Kitchen, diseñada en 2013 por Interior para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, se limitó a "seguir órdenes de Pino", el número dos de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. Aunque García Castaño ha negado que la operación fuera bautizada como Kitchen, nombre que considera que fue puesto por el también investigado José Manuel Villarejo, sí ha confirmado que "hubo un dispositivo legal para averiguar el dinero, los fondos y los testaferros [del extesorero]".

El exjefe de la UCAO, también conocido como el Gordo, ha reconocido además que debido a la "gran alarma social creada por Bárcenas, la Policía tuvo que actuar", asegurando en este sentido que él hizo "muy bien" su trabajo. El Ministerio del Interior ya reconoció el pasado diciembre la existencia de Kitchen ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, que investiga la caja b del PP: la Dirección General de la Policía explicó en un escrito que "hasta el momento se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información", añadiendo que a la misma se sumaron "colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".

García Castaño ha declarado este jueves y viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que investiga esta operación orquestada por Interior en 2013. Tras interrumpirse ayer su comparecencia por tener el magistrado que dedicarse a otras causas, el exjefe de la UCAO ha vuelto a sede judicial este viernes y ha declarado durante más de tres horas como investigado. Además de él, en la pieza también están imputados el comisario jubilado Villarejo, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el antiguo chófer del extesorero del PP Sergio Ríos y el inspector jefe de la Policía Nacional Andrés Gómez Gordo. Fuentes jurídicas explican que en la pieza se investigan los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, robo de documentos y allanamiento de morada.

Al margen de esta pieza, Manuel García Castellón también ha imputado a García Castaño en otras dos causas relacionadas con Villarejo: la pieza Iron, en la que se investiga cómo fueron contratados por el despacho de abogados Herrero y Asociados para obtener información sobre un bufete de la competencia, y la pieza Land, que versa sobre la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la urbanización La Finca. En ambos casos se le acusa de "los delitos de revelación de secretos y/o cochecho".

García Castaño fue detenido en julio en el marco del caso Tándem, en el que se enmarcan todas las piezas comentadas, y puesto en libertad por el anterior juez, Diego De Egea, con la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió su ingreso en prisión.

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-18/garcia-castano-kitchen-barcenas-pino-pp-policia_1767206/

INVESTIGAN A VILLAREJO POR EL ALLANAMIENTO DEL 'FALSO CURA' EN CASA DE BÁRCENAS

El juez vincula este episodio con la operación Kitchen

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga a los comisarios retirados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño por el allanamiento de morada que perpetró un hombre disfrazado de cura en el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación del partido, suceso que tuvo lugar el 23 de octubre de 2013 y que queda así oficialmente relacionado con la llamada 'operación Kitchen', según han informado fuentes jurídicas, citadas por Europa Press.

Los dos comisarios habían sido citados a declarar este jueves en la Audiencia Nacional en relación a la pieza homónima del caso Tándem, el operativo policial por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer de Bárcenas para, sin supervisión judicial mediante, sustraerle documentos comprometedores que el extesorero se habría llevado del Partido Popular.

El faso cura

Según las fuentes jurídicas consultadas, los dos están investigados en esta pieza del caso por delitos de malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada, en relación a la vivienda familiar de Luis Bárcenas a la que accedió aquel 'falso cura', Enrique O.G., para acabar encañonando a la esposa, Rosalía Iglesias, a un hijo del matrimonio y a la empleada de hogar.

Este hombre cumple una sentencia firme de 22 años de cárcel por aquel suceso que ahora se relaciona con 'Kitchen'. El chófer de Bárcenas, que aquel día libraba pero casualmente estaba cerca del domicilio e intervino para ayudar a la familia, testificó contra él en el juicio.

El juez volverá a interrogar a García Castaño

García Castaño ha comparecido ante el juez a partir de las 9:30 y ha prestado declaración durante algo más de dos horas, momento en el que el magistrado ha suspendido el interrogatorio con intención de retomarlo este viernes 18 de enero a las 9:30 de la mañana. A su salida de la sede judicial, se ha mostrado tranquilo. "Es normal y corriente y es secreto", había comentado al llegar.

El conocido como 'Big' o 'El Gordo', seguirá respondiendo a preguntas sobre la 'operación Kitchen', aunque también se le interrogará sobre su presunta participación en otros negocios de Villarejo objeto de la investigación, las piezas 'Iron' -espionaje a un despacho de abogados- y 'Land' -espionaje entre miembros de una familia adinerada-, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Villarejo volverá ante el juez el lunes

Por su parte, Villarejo, que ha llegado en furgón desde la prisión madrileña de Estremera donde se encuentra desde noviembre de 2017, ha prestado declaración durante otras dos horas sobre 'Kitchen' y también en este caso, el juez ha acordado emplazarle para continuar el interrogatorio la próxima semana. A falta de que se concrete la citación, la idea es que vuelva a la Audiencia Nacional el lunes a las 9:30 horas.

Eugenio Pino volverá a declarar el martes

En esta jornada de declaraciones estaba fijada también la del exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, bajo cuyo mando habría tenido lugar la operación. La extensión de la declaración de García Castaño y los recesos que se han debido adoptar para que el juez, que está de guardia, atendiera otros asuntos, han llevado a suspenderla.

Pino volverá a ser citado, previsiblemente, para el próximo martes por la tarde, de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press. En declaraciones a los medios de comunicación y aparentemente tranquilo, ha aseverado que "la operación Kitchen no existe".

Este nuevo calendario ha motivado que se suspendan las declaraciones previstas para este viernes y que estaban relacionadas con la pieza 'Iron'. El juez había citado a dos inspectores jefe de la Policía ya retirados, Antonio Bonilla y Antonio Serrano, por delitos de revelación de secretos y, en el primer caso, también de cohecho.

Para el lunes, cuando ahora se espera que vuelva Villarejo, estaba previsto y se ha suspendido que acudieran a la Audiencia Nacional los damnificados de la pieza Land, es decir, las personas sobre las que Villarejo elaboró un informe por encargo de miembros de su propia familia, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

https://www.elplural.com/politica/investigan-a-villarejo-allanamiento-del-falso-cura-en-casa-de-barcenas_209595102

EL CHÓFER DE BÁRCENAS CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE FUE CAPTADO COMO TOPO POR EL POLICÍA DE CABECERA DE COSPEDAL

El comisario Gómez Gordo trabajaba en excedencia para la presidenta de Castilla-La Mancha cuando recibió el encargo de la brigada política de Interior Conoció al chófer de los Bárcenas en su época de asesor de Francisco Granados, el entonces consejero madrileño que tenía como conductor a Sergio Ríos Andrés Gómez Gordo, al igual que el comisario Villarejo, está relacionado con el empresario López del Hierro, marido de Cospedal, desde hace años

El comisario Gómez Gordo trabajaba en excedencia para la presidenta de Castilla-La Mancha cuando recibió el encargo de la brigada política de Interior

Conoció al chófer de los Bárcenas en su época de asesor de Francisco Granados, el entonces consejero madrileño que tenía como conductor a Sergio Ríos

Andrés Gómez Gordo, al igual que el comisario Villarejo, está relacionado con el empresario López del Hierro, marido de Cospedal, desde hace años

El que fuera chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, confesó este martes durante tres horas en la Audiencia Nacional su participación en la operación de espionaje al que fue sometido en 2013 el extesorero del PP por parte del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. Según han informado a eldiario.es fuentes del caso, Ríos Esgueva explicó en su declaración que fue captado por el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, por aquel entonces en excedencia, para trabajar a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

Ríos Esgueva había comparecido como imputado en diciembre y el pasado lunes, pero en ambas ocasiones se había acogido a su derecho a no declarar. Su confesión del martes da un giro al caso y se produce en un momento clave. Este mismo miércoles comparecen ante el juez del caso Villarejo las víctimas del espionaje, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.

Gómez Gordo ha comparecido este miércoles a primera hora ante el juez Manuel García-Castellón. Al término de su comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga la medida cautelar de comparecencias periódicas en el juzgado, informa Europa Press. Antes de que acabe la semana, desfilarán también ante el juez magistrado los comisarios que pilotaron la operación, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; y el máximo responsable operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, director adjunto del Cuerpo que solo respondía ante la cúpula política del Ministerio. Todos ellos lo harán en calidad de investigados en la pieza separada 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el nombre que los policías dieron al espionaje a Bárcenas.

La confesión de Ríos Esgueva sobre la participación de Gómez Gordo en la Operación Kitchen acrecienta además el foco sobre María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Este conoce a Gómez Gordo desde hace años, según fuentes policiales. Por su parte, la relación de López del Hierro con Villarejo ha quedado acreditada por las conversaciones grabadas por el comisario en 2009 en las que la secretaria general del PP y su marido le piden que boicotee la investigación policial del caso Gürtel.

Gómez Gordo ha dejado dos veces la Policía de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que también investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

Andrés Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se desarrolló la Operación Kitchen. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Cuando se conocieron, Ríos trabajaba como conductor de Granados, entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.

Una vez captado por Gómez Gordo, el control de Ríos Esgueva habría corrido a cargo de Villarejo y del comisario García Castaño, El Gordo. Recibís de los pagos al chófer aparecieron en los registros a Villarejo de noviembre de 2017, así como audios de conversaciones con el topo. Ríos Esgueva estuvo cobrando 2.000 euros al mes por su trabajo secreto, una cantidad desmesurada para un confidente, y cuando finalizó su misión ingresó en la Policía.

Ríos Esgueva Tenía 42 años y juró el cargo rodeado de veinteañeros. Fue destinado a Lleida, pero al poco tiempo regresó a Madrid a través del procedimiento excepcional de la comisión de servicios. Interior le ha abierto un expediente, pero a día de hoy sigue destinado en la Brigada de Transportes, un lugar privilegiado, según se considera en la Policía.

El captador del exchófer, Gómez Gordo, ya había trabajado con el PP con anterioridad a su puesto a la sombra de Cospedal. Había llegado a cobrar 6.000 euros mensuales de la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el faraónico plan del PP en Madrid que supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar entonces como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior, donde conoció a Sergio Ríos Esgueva.

Ascendido a comisario en la última etapa de Zoido

Se da la circunstancia de que Gómez Gordo juró como comisario del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 20 de diciembre, tras haber completado el curso de ascenso, según desveló eldiario.es. Las pruebas habían sido superadas por el policía, sin embargo, en las últimas semanas de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio. En el tribunal que lo examinó y aprobó estaba uno de los dos máximos responsables operativos de la Policía en ese momento, el jefe de la Brigada Central de Información e Investigación, Juan Carlos Ortiz. Este comisario principal fue antiguo jefe superior de Castilla-La Mancha y es otro policía próximo a María Dolores de Cospedal.

Las declaraciones de esta semana en el caso Villarejo suponen un salto cualitativo en la investigación de la utilización política de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de aquellas maniobras del Ministerio del Interior con Fernández Díaz.

Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso. O para fabricar el informe de la falsa financiación irregular de Podemos.

El artífice de esa brigada política fue el comisario Eugenio Pino, el comisario que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía. Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

https://www.eldiario.es/politica/exchofer-Barcenas-Audiencia-Nacional-Cospedal_0_857415308.html

LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA AL COMISARIO QUE DIRIGIÓ LA POLICÍA CON EL PP POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

Eugenio Pino, jefe de la brigada política, declarará en los próximos días ante el juez del caso Villarejo por el pago de fondos reservados al chófer del extesorero

El magistrado también llamará como investigados al policía de cabecera de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, a Villarejo y al comisario García Castaño
Todos respondían ante el comisario Pino y éste solo tenía por encima a Cosidó, Francisco Martínez y Fernández Díaz, los tres aforados ante el Supremo

La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.

Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.

Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.

Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.

Entre los trabajos de esa brigada política también figura el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.

Fondos reservados, materia secreta

El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.

Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.

Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.

El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.

Como una gran operación antiterrorista

En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.

La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.

Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.

https://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Policia-PP-Barcenas_0_856364752.html

EL JUEZ PERMITE A BÁRCENAS PERSONARSE COMO ACUSACIÓN EN EL CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha aceptado que el extesorero del PP Luis Bárcenas se persone como acusación particular en la causa que investiga las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en tanto que habrían sido víctimas de un robo de documentos en el marco de la llamada operación 'Fondos reservados', según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La defensa de Bárcenas solicitó personarse en esta pieza el pasado mes de noviembre, cuando trascendió la existencia de una operación encubierta en la que habría estado involucrado Villarejo y que con fondos reservados del Ministerio del Interior, habría costeado que el chófer del extesorero del PP le robase documentación sensible que él conservaba sobre el partido.

De hecho, tanto Bárcenas como su mujer, Rosalía Iglesias, iban a ser llamados a declarar ante el juzgado en calidad de testigos como víctimas de aquel presunto robo, pero la citación quedó en suspenso porque otro juez de la Audiencia Nacional, el titular del Central de Instrucción número 5, que investiga la presunta financiación irregular del PP, les tomó declaración tras conocer que podían existir papeles que le hubieran sustraído y que no figurasen en la causa.

La declaración, a la que acudieron en calidad de imputados, según les explicó el juez, para poder contar con un abogado y derecho a no contestar dado que están investigados en la causa por otras razones y podrían verse perjudicados, se celebró el 21 de diciembre y en ella reconocieron que hasta en tres ocasiones pudo el chófer hacerse con los documentos mientras los trasladaba de un sitio a otro.

Bárcenas señaló además que él entregó en su momento al juzgado toda la documentación relevante sobre la financiación del PP que tenía a su disposición, incluyendo los papeles que después se supo que habían sido sustraídos. Dijo que se trataba de anotaciones relativas a la que fue secretaria General del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y apuntó que o se habían traspapelado, o alguien los había querido ocultar al instructor.

De acuerdo a las fuentes consultadas, es previsible que Bárcenas e Iglesias vuelvan a ser llamados a declarar sobre fondos reservados pero esta vez, ante Manuel García Castellón, que instruye el caso. Su predecesor al frente de la causa, Diego De Egea, tenía intención de haberles llamado a finales de diciembre, pero abandonó la Audiencia Nacional por motivos personales antes de proceder a la citación.

Bárcenas se encuentra en prisión cumpliendo una condena a 33 años de cárcel por el caso Gürtel. Iglesias, por su parte, fue condenada a 15 años en el mismo procedimiento, pero está en libertad en espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra aquella sentencia.

https://okdiario.com/espana/2019/01/11/juez-permite-barcenas-personarse-como-acusacion-caso-fondos-reservados-3566753

LA POLICÍA TAMBIÉN ROBÓ A BÁRCENAS UNA COPIA DE SUS MENSAJES CON RAJOY EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

La Policía se apoderó de una copia completa de las comunicaciones mantenidas entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy entre 2012 y 2013. Entre ellas se encontraban los célebres SMS que se intercambiaron el ex tesorero del PP y el ex presidente del Gobierno en los que este último le trasladaba su apoyo después de conocerse su fortuna oculta en Suiza.

EL MUNDO ha tenido acceso al material sustraído a Bárcenas en el marco de la denominada operación Kitchen, puesta en marcha por el Ministerio del Interior para arrebatar al ex tesorero popular su arsenal contra el Gobierno del PP. Esta documentación fue intervenida por el operativo policial en el que estaba integrado el ex comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión acusado de liderar una organización criminal. La sustracción, al igual que ocurrió con el resto de documentación, tuvo lugar gracias a la colaboración del ex chófer de Bárcenas, captado como confidente y que fue remunerado con fondos reservados.

El robo de este material tuvo lugar, al igual que ocurrió con las agendas personales y de trabajo de Bárcenas desveladas por este periódico, aprovechando uno de los traslados de material que realizó para intentar poner la información sensible a buen recaudo. De la misma manera que sucedió con el resto de pruebas documentales interceptadas, nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que investigaba en ese momento a Bárcenas en el marco del denominado caso Gürtel y, posteriormente, en el sumario en el que se rastrea la caja B del partido. Entre las pruebas documentales de las referidas comunicaciones, que Bárcenas guardó en formato electrónico entre otros documentos comprometedores contra la cúpula del PP, se encontraba una copia completa de los mensajes que se intercambiaron durante dos años. Pero también las pruebas de las llamadas que realizó el entonces presidente del Gobierno a su tesorero, obrando en poder de éste una copia del rastro que dejaron algunas de ellas.

"MARIANO, LA NOTA TIENE QUE SER DEL PARTIDO"

Bárcenas se comunicó con Rajoy a través de dos números diferentes. El primero, uno largo que tenía registrado como «Mariano Rajoy» y un segundo, con una extensión corporativa del partido, identificado como «Mariano 2». El primer mensaje sustraído por el operativo policial data del 21 de febrero de 2012, cuando el ex tesorero se desayunó con el siguiente titular en EL MUNDO: «Bárcenas y cuatro cargos del PP se repartieron dos millones de 'Gürtel'».

El ex senador exigió personalmente a Rajoy que la formación saliera en su defensa. «Mariano, la nota tiene que ser del partido. Se están dando datos que no coinciden con la contabilidad del partido como lo voy a certificar yo [...] Si no lo hace el partido nos dejas a los pies de los caballos y creo que ya hemos sufrido bastante. Dale instrucciones a prensa, por favor. Gracias».

Junto a este mensaje, el primero de los sustraídos por la operación Kitchen escrito por Rajoy data de dos días después. El 23 de febrero Rajoy intenta calmar a Bárcenas ante sus quejas de los ataques que estaba recibiendo por parte de la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. «No es cierto, Luis. Para qué va a hacer daño. Yo hablé con ella... Esto no es fácil, no hay que equivocarse. Tranquilidad... Es lo único que no se puede perder. Un abrazo».

"LUIS, HACEMOS LO QUE PODEMOS"

En la misma línea, tres días más tarde, el 26 de febrero, Rajoy remitió otro de sus ya célebres mensajes, en el que, tras las reiteradas quejas de Bárcenas, le insiste: «Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo». Intentando de esta forma apaciguar al ex tesorero en medio del enfrentamiento abierto que ya mantenía entonces con Cospedal, que forzó su salida como responsable de las finanzas populares.

En la relación de comunicaciones entre ambos, además del intercambio de quejas y paños calientes aparecen intentos de Bárcenas de quedar personalmente con Rajoy que, al menos en una ocasión, éste aplaza. «Mañana no puedo, viernes a las 17 horas», le emplaza el 10 de abril.

El 18 de enero de 2013, tras conocerse que Bárcenas había escondido en Suiza una fortuna que llegó a ascender a 48 millones de euros, Rajoy le envía su mensaje más conocido: «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo».

También consiguió la Policía documentar el último intento registrado de Mariano Rajoy por hablar con Bárcenas. El 6 de marzo de 2013, cuando habían aflorado ya los conocidos como papeles de Bárcenas en El País y EL MUNDO había revelado el pago de sobresueldos en negro a la cúpula del partido, el presidente marca el número del ex tesorero a las 10.52 horas. Un día antes, Bárcenas le había advertido por mensaje a Rajoy, en referencia a la gestión por parte del partido de la crisis derivada de la doble contabilidad del partido: «Os estáis equivocando [...] Yo sí tengo las ideas claras».

En la documentación policial figura una copia del mensaje de texto que saltó en el teléfono de Bárcenas dejando constancia de la llamada perdida del presidente. Al que el ex tesorero responde poco después: «Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado pero no he podido hablar contigo».

"VERGONZOSO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ABOGADOS"

La secuencia de mensajes la remata el enviado por el ex responsable de las finanzas del PP a Rajoy que constituyó la declaración formal de una guerra que no había hecho más que comenzar. «Mariano, vergonzoso el comportamiento esta tarde de los dos abogados del partido. No han permitido que las personas que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizaste. Tú sabrás a qué estáis jugando, pero yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido».

A partir de ese momento, Bárcenas comenzó a reunirse con periodistas en unos meses que acabarían culminando con su explosiva declaración ante la Audiencia Nacional en la que desgranó el funcionamiento de la financiación ilegal del partido durante décadas e implicó personalmente a Rajoy.

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/26/5c22832b21efa08b338b474d.html

BÁRCENAS EXCULPA A JUANMA MORENO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: "ES UN CHICO ESTUPENDO"

Asegura que guardó datos de sus conversaciones con Cospedal en el taller de su mujer.

Mantiene que el empresario David Marjaliza nunca le entregó dinero.

Bárcenas deja caer al juez que hay más información sobre la 'caja B' del PP de la que entregó

Luis Bárcenas acudió el pasado viernes a la Audiencia Nacional para responder al juez sobre la documentación sustraída por la Policía de su casa en la llamada operación Kitchen. Pero además, aprovechó las preguntas de su abogado para desvincular al candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, con la presunta financiación ilegal del partido investigada en esa causa: "Es un chico estupendo pero no tiene nada que ver con esa historia".

En su declaración, a la que ha podido acceder de forma íntegra EL ESPAÑOL, el extesorero del PP se negó a contestar a las preguntas del juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción y atendió únicamente a las de su abogado. Con su mención al líder del PP andaluz, Bárcenas contestaba en realidad a las acusaciones del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que declaró en el mismo juzgado hace un mes.

El pasado 28 de noviembre, el exprimer edil madrileño relató ante la Audiencia Nacional las presuntas presiones a las que era sometido por la cúpula del PP, con Bárcenas a la cabeza, para que entregara contratos públicos de su ayuntamiento a donantes del partido. Ante el juez aseguró que puso esos movimientos en conocimiento tanto de Mariano Rajoy, entonces máximo responsable del PP, como de Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de política municipal en la cúpula del partido.

"A González Panero le he visto dos veces. En una boda y en el despacho de Álvaro Lapuerta", reconoció Bárcenas. "Por teléfono he hablado con él en una ocasión, el domingo antes de la presentación de las listas en Madrid del 2007 y era para discutir sobre la inclusión o no de una persona que quería meter Esperanza Aguirre". En este pasaje de su declaración, el exsenador hace referencia a la incorporación en las listas de Francisco Sánchez Arranz, que terminó siendo concejal y ostentaba además un cargo de responsabilidad en Iberia.

A una interpelación del fiscal, Bárcenas aseguró que era "falso" que González Panero llamara al líder del PP andaluz para quejarse de esa llamada. El extesorero del PP explicó que Moreno Bonilla "no era el candidato" a esas elecciones, por lo que su capacidad de presión era mínima. "O se ha equivocado o ha mentido Panero", llegó a decir el extesorero del PP. Juanma Moreno "es un chico estupendo, pero no tiene nada que ver con esa historia", mantuvo, zanjando el tema.

"No se cómo ha llegado esto a manos del chófer"

En los primeros compases de su declaración, Bárcenas accedió a aportar explicaciones sobre el documento publicado el noviembre de 2015 por EL ESPAÑOL, en el que su mujer, Rosalía Iglesias, hacía una serie de anotaciones que delataban el presunto uso de dinero del partido para reformar la casa personal del presidente Rajoy.

"La segunda parte solo son anotaciones personales que van desde cuánto se ha pagado a (Javier) Gómez de Liaño (quien era su abogado en aquellas fechas) hasta dónde tiene domiciliado el gas", mantuvo Bárcenas, concretando que las anotaciones eran anteriores a su declaración de 2015 y cuando su abogado "se había personado recientemente en la causa", por lo que le hizo ese listado a su mujer para que le fuera preguntado en prisión. "No se cómo ha llegado esto a manos del chófer que es quien se ha apoderado de ello". "Creo que la persona que trabajaba para nosotros fue contratada por el Ministerio del Interior para investigarnos", explicó al juez en otro momento.

A la vista de otros 20 nuevos documentos, que incluían distintas hojas de su agenda personal, Bárcenas aseguró que todos ellos "estaban en una carpeta que se envió" a su abogado. "Incluidos los datos de Sacyr y la operación de Toledo". En este punto, el extesorero hace referencia a un contrato que fue investigado y archivado ya por la Justicia: el de basuras en Toledo, entregado a una filial de Sacyr llamada Sufi y que fue señalado por Bárcenas en 2015. "La agenda es exhaustiva. Incluido todo lo conversado con María Dolores de Cospedal".

En varios momentos, el exresposable de las finanzas del PP aseguró que toda documentación relevante para la causa había sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional que esos documentos solo hacían referencia a datos y operaciones ya aportados. "Esta documentación siempre la tuve en la sede del PP. Cuando se desaloja la oficina Andalucía fue mi conductor el encargado de recogerla y la llevaron a un almacén en el estudio de restauración y ahí no había nada referente al proceso", se escudó Bárcenas. "Todo lo relevante, siguiendo instrucciones de Gómez de Liaño, se entregó en el juzgado". "Yo no me quedé copia de nada", recordó en otro de los pasajes de su declaración.

"No he visto a Marjaliza en mi vida"

En los últimos compases de su comparecencia, Bárcenas negó también a otro de los imputados en un procedimiento judicial que afecta al PP de Madrid: David Marjaliza. En sus declaraciones ante la Audiencia Nacional el empresario aseguró que entregó una importante cantidad de dinero al entonces tesorero Álvaro Lapuerta como donación al partido. Marjaliza aseguró ante el juez García Castellón, encargado del caso Púnica, que Bárcenas estaba también presente en ese encuentro. Eso le costó resultar imputado en el proceso de "papeles de Bárcenas" que desde 2013 tiene abierto el juzgado de José de la Mata.

"No lo he visto en mi vida", aseguró el extesorero en referencia a Marhaliza" No dudo de lo que dice de haberle entregado una cantidad a Lapuerta pero se ha equivocado al incluirme en esa reunión", alegó sobre el asunto.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181227/barcenas-exculpa-juanma-moreno-financiacion-pp-estupendo/363714089_0.html

BÁRCENAS DECLARA QUE LOS PAPELES QUE LE ROBARON ERAN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COSPEDAL

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que los papeles y anotaciones que presuntamente le sustrajo su chófer, Sergio Ríos, como confidente policial en la llamada 'operación Kitchen', versaban sobre la financiación de la campaña electoral de la expresidenta de Castilla La Mancha y ex vicesecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y que si no están en la causa, es porque alguien quiso ocultarlo.

Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la presunta 'caja B' del Partido Popular. El interrogatorio ha versado sobre esa operación policial en la que habría estado involucrado el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo y por la que se pagó al chófer del matrimonio, Sergio Ríos, con fondos reservados, para que les sustrajese documentación comprometedora para el PP que él tendría en su poder.

Según informa Europa Press citando a fuentes presentes en la declaración, Bárcenas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha explicado que no era consciente de que se le habían sustraído aquellos papeles, que ha descrito como “anotaciones” y que no constaban en la causa, ya que conforme ha apuntado, su intención fue aportar toda la documentación al instructor, que recibió una serie de carpetas de mano de su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño.

En esos papeles, de acuerdo a las mismas fuentes, había anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias -que ha reconocido su letra escrita “rápida”- tomaba en sus encuentros con Bárcenas en prisión, donde le trasladaba preguntas de su abogado, pero también notas del propio extesorero y entre ellas, material relativo a la financiación de campaña de María Dolores de Cospedal en Toledo a cargo de Sacyr, una acusación que él ya ha elevado otras veces en sede judicial.

También consta en esa documentación una anotación sobre un pago de 300.000 euros del expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, que ya apareció como presunto donante del PP en la investigación sobre la financiación irregular del partido y que viene negando este tipo de actividades.

Bárcenas asegura que él incluyó esos papeles en la documentación que aportó a la causa a través de su abogado y sólo se explica que el juez no los tenga porque se hubieran traspapelado o porque alguien los hubiese querido ocultar. Con todo, señala que el chófer, de quien ahora dice que fue contratado por el Ministerio del Interior para espiarle, tuvo que ser la persona que le sustrajo la documentación y descarta que nadie más tuviera acceso.

En este sentido, y siempre según las mismas fuentes, ha mencionado ante el juez tres ocasiones en que Ríos pudo hacerse con los papeles: Cuando los llevó Rosalía Iglesias a la prisión de Soto del Real, cuando trasladó las carpetas de documentación a Gómez de Liaño, y cuando desalojó su despacho trasladando sus enseres al taller de restauración de la mujer.

https://www.elboletin.com/

LUIS BÁRCENAS INSINÚA QUE SU CHÓFER PUDO ROBARLE DOCUMENTOS

En su declaración ante el juez señala tres momentos en los que el conductor pudo sustraerle anotaciones sobre la contabilidad b del PP y la posible implicación de Cospedal

El chófer fue sobornado por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, supuestamente, para interceptar documentación que pudiera perjudicar al PP o a sus dirigentes, en el caso de la caja b

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado como imputado en el caso abierto por el titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien pretende averiguar si el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, llevó a cabo un operativo con fondos reservados, denominado Kitchen, para destruir pruebas sobre el caso de la caja b del PP que investiga ese juzgado. Por idénticos hechos, también ha comparecido su esposa, Rosalía Iglesias.

Bárcenas ha manifestado que el chófer, Sergio Ríos, pudo sustraerle los 27 documentos cuando llevó la documentación a su abogado; al acompañar a su mujer a la cárcel de Soto donde se encontraba el extesorero en prisión provisional; o cuando trasladó sus enseres desde la Sala Andalucía de la sede del PP en la madrileña calle Génova, hasta un taller de Rosalía.

En cualquier caso, el extesorero ha restado importancia a los documentos encontrados ahora, y ha manifestado que creía que estaban en poder del juzgado. Entre esa documentación se encuentran gastos en trajes de Mariano Rajoy y otros líderes del PP como Rodrigo Rato, supuestamente pagados en b. Otros documentos manuscritos que vienen a certificar pagos que tienen su correspondencia en la contabilidad b, y anotaciones que refuerzan la existencia de la supuesta mordida de al menos 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha. A Cospedal, Bárcenas ha llegado a mencionarla en su comparecencia hasta en cuatro ocasiones.

En tono irónico, Luis Bárcenas ha deslizado que puede haber mucha más documentación más relevante sobre la caja negra del partido, ya que al finalizar su declaración, se ha dirigido a los abogados de la acusación para decirles “encontrad los discos duros”, en referencia la existencia de una posible copia de los dispositivos que fueron destruidos por el Partido Popular, y que guardarían información sensible sobre la doble contabilidad.

https://cadenaser.com/ser/2018/12/21/tribunales/1545397381_687130.html


BÁRCENAS Y SU MUJER DECLARARÁN EL VIERNES ANTE EL JUEZ DE LA MATA COMO IMPUTADOS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración en calidad de investigados al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, el próximo 21 de diciembre, por la denominada `Operación Kitchen´, en el marco de la pieza por los `papeles de Bárcenas´ del 'caso Gürtel'.

El magistrado acordó esta diligencia el pasado día 5, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de la documentación aportada por el diario `El Mundo´ sobre supuestos manuscritos de Rosalía Iglesias, anotaciones de Luis Bárcenas "y otros referidos a ingresos y gastos del Partido Popular" distintos a los aportados por el extesorero el 15 de julio de 2013.

De la Mata acordó también solicitar la desclasificación oficial de la información y documentación relativa a la mencionada `operación Kitchen´ que pueda estar afectada por las Leyes 9/1968 y 11/1995 y que el Gobierno ya ha decidido desclasificar.

El instructor ha denegado, por el momento y sin perjuicio del resultado de la investigación, la citación de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, declaración como testigos que había solicitado la acusación Asociación Observatori de Drets Humans DESC.

Igualmente, De la Mata solicita al Juzgado Central de Instrucción 6, que investiga también la `Operación Kitchen´ en una pieza separada de la denominada `operación Tándem´, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que remita testimonio de dos oficios policiales enviados a dicho órgano judicial.

Se da la circunstancia de que el juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6, Diego de Egea, había citado a declarar en calidad de testigos al matrimonio Bárcenas la pasada semana, pero finalmente suspendió la declaración.

De la Mata reclamaba también "cualesquiera otras informaciones o documentos obrantes en la causa relacionados con la `operación Kitchen´ y, en particular, de la documentación que obre en la causa que haya sido generada y/u obtenida durante su desarrollo (oficios, informes, notas de servicio y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte y por cualquier vía), información que se conservará en pieza separada secreta.

Documentos robados

El juez José de la Mata cita al matrimonio Bárcenas para esclarecer el contenido de la documentación que le fue robada y que, supuestamente, aportaría datos sobre la `caja B´ del Partido Popular. Sin embargo, deniega citar a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en relación con las conversaciones que habrían mantenido en 2009 sobre la obtención de información reservada en poder de Bárcenas.

En 2013, Bárcenas, que se encontraba en prisión, reconoció la financiación irregular del Partido Popular e identificó a Ignacio López del Hierro como uno de sus artífices. Además, señaló a Cospedal como la persona que le dio instrucciones en relación con ciertas contrataciones.

El juez dice en su auto que "procede denegar, por el momento, y sin perjuicio del resultado de la investigación de la causa", esta comparecencia, aunque no la descarta para el futuro.

El diario `El Mundo´ reveló una serie de manuscritos del matrimonio Bárcenas que eran desconocidos hasta ahora y que el periódico remitió al juzgado en relación con supuestos pagos de dinero negro para financiar al PP, lo que ha motivado la citación.

El magistrado ya ha enviado a la Policía Judicial la documentación entregada por el diario y que habría sido supuestamente obtenida de manera ilegal por policías a las órdenes del excomisario Villarejo "a fin de que proceda a realizar un análisis de su contenido y relacional con el resto de documentación obrante en la causa".

El juez requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para que entregue "de modo inmediato" un informe completo sobre el operativo policial puesto en marcha en 2013 y que al margen de cauces legales habría obtenido pruebas documentales al matrimonio Bárcenas. Esos documentos no fueron remitidos a la Audiencia Nacional en el curso de la investigación al matrimonio Bárcenas por la presunta financiación irregular del PP.

El magistrado Diego de Egea, que ya ha anunciado su marcha de la Audiencia Nacional a final de este mes, investiga otros aspecto de la llamada `operación kitchen´, para tratar de esclarecer si los Bárcenas fueron espiados gracias a una operación presuntamente urdida por el excomisario José Manuel Villarejo.

Supuestamente habría existido una operación policial de vigilancia que desembocó en el robo de una caja que estaba en posesión de Bárcenas y que podría contener documentación y datos sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, incluyendo contratos entre el PP y empresas cuyos pagos se habrían hecho en `B´.

Según la investigación, Villarejo habría pagado 48.000 euros con fondos reservados a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, para que robara la documentación que el extesorero popular sacó de la sede del PP cuando fue despedido. Ríos compareció el pasado día 12 ante el juez De Egea, pero se acogió a su derecho a no declarar.

En su día, el extesorero aseguró que varios de esos contratos le habían sido impuestos por la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal "para beneficiar a su entorno directo".

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9585940/12/18/Barcenas-y-su-mujer-declararan-el-viernes-ante-el-juez-de-la-mata-como-imputados-en-la-operacion-kitchen.html

 

LA POLICÍA ABRE EXPEDIENTE AL CHÓFER DE BÁRCENAS

Por su papel como confidente de Villarejo con cargo a fondos reservados durante el Gobierno de Mariano Rajoy

La Policía Nacional ha abierto expediente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas investigado en la Audiencia Nacional, por su papel como confidente presuntamente captado por el excomisario José Manuel Villarejo con cargo a fondos reservados aprobados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, han informado fuentes policiales.

Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea sobre su posible implicación en la operación Kitchen, el operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP documentación sensible sobre el partido, según han informado fuentes jurídicas.

Tras la apertura la pieza separada sobre Kitchen, fuentes policiales confirmaron que Sergio Ríos ejerce en la actualidad como policía nacional, puesto que consiguió tras su paso como chófer de Bárcenas en 2013, cuando estalló el escándalo del extesorero del PP.

La Dirección General de la Policía ha remitido ya al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también se ha interesado por esta cuestión al ser el instructor de la causa sobre los papeles de Bárcenas, un oficio de la Unidad de Asuntos Internos en la que acredita que se usaron fondos reservados. Este juez aún espera el informe detallado de la operación Kitchen reclamado en dos ocasiones a la Secretaría de Estado de Seguridad, según confirman fuentes de Interior.

Mientras se instruye la investigación sobre Sergio Ríos, la Policía Nacional ha abierto expediente este miércoles, según ha avanzado Vozpopuli, tal y como hace con los funcionarios del cuerpo que se enfrentan a este tipo de procedimientos judiciales.

Petición de la Fiscalía Anticorrupción
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 citó a declarar como investigado a Ríos a petición de la Fiscalía Anticorrupción para que aclarase si fue contratado por el operativo presuntamente liderado por los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño y sufragado con fondos reservados para hacerse con los documentos que Bárcenas se habría llevado del partido cuando fue despedido.

El exchófer y ahora policía nacional estaba convocado en la Audiencia Nacional a las 10:00 horas, pero ha llegado con más de una hora de antelación. Pocos periodistas gráficos había a esa hora en la sede del tribunal y los que había han podido fotografiar al investigado, pero no su rostro, ya que iba cubierto por un casco de moto que sólo se ha quitado cuando ha entrado en el edificio que alberga las salas de vistas.

Ríos se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha explicado el motivo por el que no ha querido contestar a las preguntas de los fiscales o del juez, aunque tampoco está obligado a argumentarlo, según han indicado las fuentes consultadas. El instructor no le ha impuesto ninguna medida cautelar.

El último en salir de las dependencias del tribunal ha sido el propio Ríos, que lo ha vuelto a hacer con el casco de moto puesto para que las cámaras de televisión y los fotógrafos, mucho más numerosos a esa hora, no pudieran captar una imagen de su rostro. A paso rápido, se ha dirigido hacia una calle paralela a la Audiencia Nacional, donde se ha subido en su motocicleta y se ha marchado.

Kitchen es la séptima pieza secreta derivada del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo. Es, según fuentes consultadas por Europa Press, la más delicada de toda la investigación, pues se trataría de un encargo realizado al comisario jubilado pero costeado con fondos públicos para satisfacer intereses particulares, esto es, del PP.

La pieza Kitchen se incoó tras un atestado policial fruto del análisis de la documentación intervenida en su día a Villarejo, donde aparecieron recibís firmados por el propio Sergio Ríos así como una serie de audios que apuntarían a la existencia de un operativo secreto para sustraer documentación del PP a Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en el año 2013.

De Egea retrasó las comparecencias de Bárcenas y su mujer, si bien ayer mismo se conoció que este juez renunciará a su plaza como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, de modo que el 31 de diciembre terminará su comisión de servicio en la Audiencia Nacional.

Por todo ello, están en el aire otras declaraciones de investigados en Kitchen, pero que el juez De Egea aún no había acordado. Para empezar, los policías supuestamente implicados en el operativo, como los ya mencionados Villarejo y García Castaño, así como el inspector jefe de Policía Nacional Andrés Gómez Gordo, que ocupó un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) del mismo cuerpo policial Eugenio Pino.

https://www.elplural.com/sociedad/chofer-barcenasla-policia-abre-expediente-operacion-kitchen_207983102

EL CHÓFER DE BÁRCENAS SE ACOGE A SU DERECHO A NO DECLARAR POR LA KITCHEN

A Sergio Ríos se le imputan delitos de robo o hurto, prevaricación y malversación de caudales públicos

El que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez del caso Tándem, Diego de Egea, que le había citado por la Operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP con ayuda de Ríos.

El magistrado le citó el pasado viernes a petición de la Fiscalía Anticorrupción imputado de delitos de robo o hurto, prevaricación y malversación de caudales públicos, según han informado fuentes jurídicas.

Hoy también estaba prevista las comparecencias como testigos ante De Egea de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, pero el juez decidió el pasado viernes suspenderlas porque tendrán que declarar como imputados sobre Kitchen la semana que viene en el marco de la causa de la caja B del PP que lleva otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Ríos, que fue citado en condición de investigado, ha llegado poco antes de las 10.00 horas a la sede de la Audiencia Nacional y ha entrado en el edificio con un casco de moto puesto en la cabeza, lo mismo que a su salida del tribunal.

El que fuera chófer de Bárcenas también ha sido citado el próximo día 18 en el en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP del Congreso para que de su versión sobre la Operación Kitchen.

Ríos, que en la época en que ocurrieron los hechos no era policía y por tanto no está sujeto a la ley de secretos oficiales, actuó supuestamente en esta operación como confidente de la Policía para robar a Bárcenas documentos comprometedores para el PP.

La operación la puso en marcha en 2013 el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz con la ayuda del excomisario Villarejo y supuestamente se financió con fondos reservados, de donde habrían salido los 48.000 euros que pudo cobrar el chófer a cambio de robar los documentos.

De hecho, Interior ha informado a la Audiencia Nacional de que se han hallado evidencias de que en Kitchen participaron policías y confidentes, algunos pagados con fondos reservados.

"De los indicios recopilados hasta el momento, se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la sazón (años 2013 a 2015 aproximadamente) a la Dirección Adjunta Operativa del CNP así como a la Comisaría General de Información, existiendo la constancia de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada", indica Interior en un informe al que ha tenido acceso Efe.

La operación culminó supuestamente con la sustracción de documentos relacionados con los llamados "papeles de Bárcenas" sobre supuestos pagos de empresarios al PP y se investiga en una pieza separada del caso Tándem, la número 7.

Según lo publicado por El Mundo, se lograron además sustraer a Bárcenas tanto su agenda personal como documentos de la contabilidad B del PP en Galicia, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (asunto que se investiga en otra causa de corrupción: Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.

Por su parte, La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario a Sergio Ríos, después de que hoy se acogiera a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

Fuentes policiales han indicado a Efe de la apertura de este expediente al policía, que ingresó en el cuerpo en 2015 y que según informó el diario "El Mundo", está destinado a la unidad de transportes.

https://www.diarioinformacion.com/nacional/2018/12/12/chofer-barcenas-acoge-derecho-declarar/2096720.html

VILLAREJO PERMANECERÁ EN PRISIÓN POR SU "ELEVADÍSIMO RIESGO DE FUGA"

El juez García Castellón, según fuentes jurídicas, descarta dejar en libertad bajo fianza al excomisario en contra de lo que se había planteado el magistrado Diego de Egea, que esta semana ha renunciado a continuar con el caso

"Más que de huida, hay riesgo de que desaparezca para siempre" si queda en libertad, según las mismas fuentes

Otras fuentes de la investigación recalcan que llegarán "hasta el final" y apuntan al secretario de Estado de Seguridad, "principal responsable" en la autorización de fondos reservados

El caso Villarejo dará un giro de 180 grados después de la renuncia del juez de refuerzo número 6, Diego de Egea, a continuar en la Audiencia Nacional a partir del 1 de enero y por tanto, a seguir con la instrucción del caso Villarejo. De Egea se había planteado dejar en libertad bajo una fianza millonaria al excomisario, cuando ha pasado más de un año desde que ordenó su prisión provisional.

Sin embargo, Manuel García Castellón, el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y quien tomará las riendas del caso en cuanto se marche Diego de Egea, descarta esa posibilidad, según fuentes jurídicas, y atenderá el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes justifican su decisión en la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas que aún no han sido decodificadas y cuyo código de acceso a una nube solo conoce Villarejo. Pero sobre todo, por el "elevadísimo riesgo de fuga" del excomisario.

Sostienen que Villarejo es el hombre “con la mayor capacidad” de España “no de fugarse, sino de desaparecer para siempre”. Aseguran que aún conserva “docenas de millones” ocultos en el extranjero y una estructura societaria que haría “muy difícil” su localización.

El Secretario de Estado, clave en la 'Operación Kitchen'

Otras fuentes afirman que la intención de los investigadores es "llegar hasta el final" y fijan su punto de mira en el cargo del secretario de Estado de Seguridad, que tenía "la llave de la caja de los fondos reservados" para la operación Kitchen.

Destacan cómo Ignacio Ulloa, primer secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior, dimitió en 2013, alegando "motivos personales" cuando hacía solo un año que había sido nombrado. En aquella época ya habían saltado los escándalos de los informes falsos de Artur Mas y la operación Cataluña, pagados también, supuestamente, con fondos reservados.

A Ulloa le sucedería en enero de 2013 Francisco Martínez, quien no era un político sólido o de prestigio como suelen ser los elegidos para ese cargo, sino el jefe de gabinete de Fernández Díaz y persona de su "más estrecha confianza". Siendo Martínez secretario de Estado de Seguridad se desarrolló la Operación Kitchen; el supuesto robo e intervención de información que pudiera dañar al Partido Popular o a sus dirigentes en el caso de su caja b. Para ello se emplearon fondos reservados.

Tal y como avanzó la SER, en la documentación sobre la autorización de fondos reservados de la operación Kitchen, que Interior hará llegar próximamente tanto al juzgado 6 como al 5 de la Audiencia Nacional, solo figuran las firmas del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, así como las de varios de sus colaboradores más directos en la ‘Policía Patriótica’. No obstante, los investigadores aseveran que “como mínimo” el secretario de Estado de Seguridad, tuvo que autorizar el operativo.

http://cadenaser.com/ser/2018/12/13/tribunales/1544723100_143117.html

EL JUEZ OBLIGA A PODEMOS A PURGAR EL SUMARIO DE VILLAREJO

La acusación particular que ejerce en solitario Podemos debe lidiar con una dura papeleta en el caso Tándem: decidir qué parte del sumario debería permanecer en la causa y qué debe ser excluido por razones legales y de intimidad de terceras personas ajenas a los hechos puramente delictivos.

La causa ya llega mutilada a Podemos. La policía se ha encargado de eliminar del sumario todo aquello que entienden que afecta a la seguridad del Estado, léase las grabaciones de Corinna, por ejemplo, según informaron fuentes judiciales a MONCLOA.COM.

Esto es un concepto tan vago como discutible. De hecho, ha sido esgrimido por los implicados tanto para justificar sus conductas como para lograr una coartada, basada en no contar lo que hicieron porque vulneraría los secretos del Estado. Obviamente, en los 20 terabytes de información contenida en los discos duros del comisario José Manuel Villarejo siempre puede haber elementos que rocen su actividad profesional legítima, el combate del terrorismo o la delincuencia común.

Otro tanto puede ocurrirle a su amigo y socio de aventuras Enrique García Castaño, exjefe de la unidad de la Comisaría General de Información encargada de balizar o pinchar teléfonos a los terroristas durante años. En los cientos de conversaciones grabadas entre ambos, pueden aflorar asuntos que tengan que ver estrictamente con la lucha policial contra el delito.

Pero hay muchas otras informaciones que son ajenas a tal lucha: García Castaño aflora en el presunto caso de extorsión de un miembro de la familia García Cereceda cuyo signo es la ambición económica y una guerra fratricida entre hermanas. Ninguna de ellas era yihadista.

Y, sin embargo, García Castaño presuntamente facilitó a Villarejo teléfonos de todos los personajes vinculados con una de las hermanas García Cereceda. Tampoco el caso en el que se investiga al marido y socio de Ana Rosa tiene que ver con el terrorismo, sino con una supuesta extorsión para cobrar deudas.

Por todo ello, es complejo el papel del policía que hubo de escudriñar cuándo el tándem Villarejo-García Castaño habla de presuntas extorsiones a privados y cuándo habla de terrorismo, porque en el mismo audio pueden cruzarse ambos caminos reiteradamente.

El papel que le toca a Podemos es doble. En la parte escrita, fundamentada casi en exclusiva a la presunta extorsión a ciudadanos guineanos, los letrados de este partido deben proponer qué folios o elementos deben ser excluidos porque no revisten interés penal.

Pero más dura se prevé la tarea que deben aplicar a la parte informática: determinar y proponer qué parte se tiene que excluir del sumario por entender que no reviste interés penal o porque vulnera la intimidad de terceros.

Y esta labor debe realizarse de manera absolutamente analógica: sin teléfonos, ni cámaras ni escáners. Papel y lápiz. Ni siguiera se permite el uso de un sospechoso bolígrafo, siempre posible continente de cámara o grabadora. Y todo esto en un plazo récord de 90 días, si bien prorrogables, visionando el material en los ordenadores habilitados en el juzgado.

Podemos pone el grito en el cielo

Los abogados de Podemos han puesto el grito en el cielo y en Twitter: “La obstaculización a la justicia es el grave problema al que a menudo nos enfrentamos a la hora de preparar casos tan relevantes y graves como es Tándem (Villarejo). Nos dan 90 días para examinar 20 terabytes de información, anotando lo que nos interesa a papel y lápiz”, señaló el equipo legal de la formación morada.

La queja de los letrados del partido de Iglesias no acaba aquí: “¿La consecuencia de esto? La pagaremos todas y todos. Errores, datos mal anotados o simplemente ‘perdidos’ entre Teras de información. Barreras materiales y temporales que obstruyen y perjudican nuestro trabajo y por ende, a la justicia.

Un Terabyte bastaría para grabar 250.000 canciones en MP3, suficientes para llenar dos años de escucha sin parar; dos semanas de películas en DVD sin pausa o 500.000 fotografías digitales”.

Esta es la herencia que deja el juez instructor, Diego De Egea, que ha protagonizado un duelo cruento con los fiscales de la causa. El magistrado ha archivado piezas por no ver delito, medidas que los fiscales han recurrido urgiendo la práctica de pesquisas básicas antes de dar carpetazo. Un juez que creyó que los clientes de Villarejo no sabían que era comisario.

De Egea ha renunciado por “razones personales” a su papel de juez de apoyo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García Castellón, hereda un polvorín, salvo que logre un nuevo juez de apoyo…o huya también a otro puesto.

https://www.moncloa.com/juez-podemos-villarejo/


LA OPERACIÓN KITCHEN Y LA CAJA B DEL PP DE MADRID

Nuevos documentos confirman su existencia y funcionamiento

LOS GENOVESES

Desde que se conocieran en febrero del 2009 la primeras informaciones sobre el Caso Gürtel, la financiación irregular del PP Nacional, del PP de Madrid y del PP de Valencia ha sido motivo de investigación. Durante las diferentes fases de instrucción ha quedado acreditado que en el caso de Génova 13 ha coexistido, al menos durante 20 años una Caja B. En mayo del 2018 una sentencia de la Audiencia Nacional ratificaba la investigación. En el caso del PPCV otra sentencia, también de la Audiencia Nacional confirmaba que durante las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y generales del 2008 hubo financiación irregular a través de donaciones realizadas por 9 empresarios.

En el caso del PP de Madrid los primeros informes de la UDEF y los documentos hallados en el pendrive del contable del entramado de Francisco Correa señalaban que durante la etapa de la presidencias de Pio García Escudero y sobre todo de Esperanza Aguirre los genoveses madrileños recibieron cientos de miles de euros de empresarios con nombre y apellido a través de FUNDESCAM una Fundación que utilizaba esas donaciones interesadas para pagar actos electorales, sorteando la ley electoral y la ley de financiación de los Partidos Políticos. Como suele ser demasiado habitual en este tipo de delitos con el paso del tiempo habrían prescrito y los jueces instructores no siguieron investigado.

Ha habido que esperar a la aparición de los Casos Púnica y Lezo para que la financiación irregular del PP madrileño, con Fundescam a la cabeza, vuelva a ser objeto de investigación sin que en esta ocasión los presuntos delitos hayan prescrito. El juez García Castellón, instructor de ambos casos, ha optado por agrupar en una sola PS del Caso Púnica las dos investigaciones abiertas que sobre esta financiación están llevando a cabo la UCO, la AEAT y la Fiscalía Anticorrupción.

Operación Kitchen

Y en estas estábamos cuando de un día para otro, como si fuera un hecho fortuito, aparecen en escena nuevos personajes, entre otros, Sergio Javier Ríos Esgueva, el conductor espía de Bárcenas y actualmente policía nacional y el ex Comisario Villarejo que lleva mas de 1 año en prisión y con decenas de grabaciones a la espalda. Junto a estos nuevos “extras” también se “filtran” simultáneamente varios documentos supuestamente “robados” al ex Tesorero Nacional Luis Bárcenas que refuerzan aún mas los indicios de que el PP tenía repartido a lo ancho y largo del país numerosas replicas de su Caja B Nacional y entre las más destacada, la de Madrid.

Tras publicarse una parte de esos nuevos documentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, José de la Mata que instruye la reapertura de la Caja B del PP en lo que se refiere al posible delito de cohecho, ha solicitado que le fueran remitidos a su juzgado las copias de esos documentos . Es decir, ya son dos los jueces de la Audiencia Nacional, el otro es el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 Diego de Egea, los que están investigando la PS Operación Kitchen en la que figuran esos y otros personajes y numerosa documentación sobre la financiación irregular del PP.

Caja B PP Madrid

Para situarnos recordar que Esperanza Aguirre tuvo que dimitir en sucesivas oleadas de todos sus cargos electos (Diputada Asamblea, Presidenta de la CM y Concejal Ayuntamiento de Madrid ) y de los orgánicos (Presidenta del PP de Madrid), según ella, por razones personales y sobre todo por no haber vigilado suficientemente a los colaboradores ranas que le habían salido en su entorno y que habían acabado en prisión (Francisco Granados e Ignacio González).


Además su Gerente Beltrán Gutiérrez está doblemente investigado en Púnica y Lezo por sus vinculaciones con la Caja B a través de su condición de responsable de Fundescam y sus fuertes relaciones con Luis Bárcenas. De hecho, varios de los documentos en los que se le vincula con la financiación irregular del PP de Madrid y que ahora se han ido conocido tienen su sustento en esas relaciones entre el gerente nacional y posteriormente Tesorero y el propio Beltrán.

Es el caso de las facturas de Easy Concept remitidas a Luis Bárcenas por parte de su Consejero Delegado Pablo Crespo, segundo de Francisco Correa por actos relacionados con las elecciones del 26 de octubre del 2003 en las que obtuvo la mayoría absoluta Esperanza Aguirre y que son otro nuevo indicio de que en realidad durante esa campaña electoral se celebraron numerosos actos “pagados” de forma irregular a través de Fundescam y las donaciones empresariales que recibía. De hecho el Presupuesto “oficial” frente al “real” que se preparó para esas elecciones y que figura entre los documentos filtrados arrojaría una diferencia de 400 mil euros gastados de forma irregular y no fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

En esa misma dirección apuntan algunas de las anotaciones que aparecen con ingresos de 100 mil € en un solo día y en 4 entregas en efectivo de donantes “anónimos” en el que algunos conocedores de la investigación les identifican con un tal Norni, estrecho colaborador de Rodrigo Rato, por entonces todopoderoso dirigente del PP Nacional y referente del PP de Madrid. Estas contabilidad paralela confirmaría las sospechas de que el PP había recibido una sobrefinanciación fuera de los cauces legales para afrontar los sucesivos procesos electorales celebrados en la Comunidad de Madrid entre los años 2003-2011 con el que se habrían pagado numerosos actos públicos a cambio de adjudicaciones de contratos de la CM y de un buen número de ayuntamientos.

Y es que en definitiva lo que apuntan estas facturas y estos presupuestos falseados que se están ahora conociendo dentro de la “Operación Kitchen, son piezas de un mismo puzle judicial que afecta a varios sumarios (Gürtel, Púnica, Lezo, Taula, Palma Arena, etc.).

El resultado final de este puzle no aventura nada bueno para el PP. Y es que como se ha podido comprobar hace apenas 4 meses si con solo con una sentencia de una de las 13 PS del Caso Gürtel, se ha hecho caer al Gobierno de Rajoy, están aún por evaluar las consecuencias que tendrán para Pablo Casado las sucesivas sentencias restantes que de este caso y de otros similares se están acumulando y que apuntan a una generalización de Cajas B en el Partido Popular y en sus organizaciones territoriales.

https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/la-operacion-kitchen-y-la-caja-b-del-pp-de-madrid_207288102


EL GRAVE DETERIORO FÍSICO EN PRISIÓN DEL FALSO CURA IMPIDE QUE TIRE DE LA MANTA SOBRE EL ASALTO A CASA DE LOS BÁRCENAS

Las facultades mentales de Enrique Olivares han empeorado y apenas puede expresarse desde que sufrió un ictus hace meses Acaba de ser trasladado de la prisión de Cuenca a una cárcel de Madrid con más medios para el cumplimiento de pena de los enfermos crónicos

Los investigadores sospechan que el secuestro de la mujer y el hijo de Bárcenas para robar información fue un encargo de la policía política

El falso cura que asaltó la casa de los Bárcenas tiene difícil tirar de la manta. La sospecha de los investigadores de que Enrique Olivares actuó por encargo de la brigada política del Ministerio del Interior no podrá ser ratificada por el preso, que hace unos meses sufrió un ictus en el centro penitenciario de Cuenca, según han informado a eldiario.es fuentes del entorno del recluso. Olivares apenas puede expresarse y cuando lo hace incurre en continuas incoherencias.

El recluso Enrique Olivares cumple una condena de 22 años de cárcel por el secuestro de Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar Victoria Feliz de la Cruz, entre otros delitos cometidos el 23 de octubre de 2013 en el domicilio del extesorero en el madrileño barrio de Salamanca. Según desveló okdiario.com, Olivares fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje a los Bárcenas, y cobró 10.000 euros por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP.

Los hechos serían así parte de la Operación Kitchen, que también incluyó la captación del chófer de la familia para que informara de los movimientos de Rosalía Iglesias después de que el extesorero entrara en prisión provisional, en el mes de junio de 2013. Sergio Ríos, que así se llama el topo, debería también robar el material comprometedor para el PP que escondieran los Bárcenas. Pero el supuesto envío de un delincuente común vestido de cura al domicilio de la familia terminó torciéndose. Willy Bárcenas logró desatarse de las bridas que había puesto Olivares a los tres retenidos, le dio un cabezazo y lo redujo.

En el juicio, el acusado gritaba que voces dentro de su cabeza le daban órdenes. El tribunal concluyó que fingía, si bien la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce en Olivares un "trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales". Este diagnóstico le valió un atenuante y fue condenado a la pena prevista en la ley en su mitad inferior, esto es, seis años por cada uno de los secuestros, más dos años por tenencia ilícita de armas, seis meses por allanamiento de morada y a otros tres delitos de amenazas, castigados también con seis meses cada uno. Un total de 22 años de cárcel porque Olivares tenía "parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta en los términos requeridos por la ley".

Olivares, que cumple 70 años el próximo mes de enero, fue ingresado en el módulo de enfermería de la prisión de Cuenca después de sufrir el ictus. Su estado desde entonces apenas ha mejorado y por eso ha sido trasladado a una cárcel con más medios de atención a enfermos crónicos, según las fuentes consultadas. eldiario.es se ha puesto en contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para conocer los detalles del traslado y sobre el estado de salud de Olivares, pero un portavoz ha rechazado facilitar cualquier información en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

El relato de hechos probados de la sentencia recoge Olivares se presentó por el telefonillo como un sacerdote que iba de parte de Instituciones Penitenciarias para gestionar la salida de la cárcel de Bárcenas. Tras veinte minutos de charla intrascendente sacó un revólver que "se encontraba en mal estado de conservación, con sus partes metálicas oxidadas, pese a lo cual, accionado en vacío, funcionaba correctamente".

Enrique Olivares fue asistido por un abogado de oficio colegiado en Madrid durante toda la instrucción, pero antes del juicio se hizo cargo de su defensa Andrés Ruiz Cubero, penalista con despacho en la capital y también en Cuenca, de donde es oriundo el falso cura. Ruiz Cubero ha declarado a eldiario.es que se hizo cargo de la defensa de Olivares porque así se lo pidió un cliente y amigo del despacho de Cuenca que nada tiene que ver con el mundo policial o de la política.

Armado con un arma "especialmente peligrosa"

La Operación Kitchen es objeto de una pieza separada y secreta del caso Villarejo, la número 7. Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que aún no han aparecido indicios sobre la presunta utilización de Olivares por parte del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz, aunque los investigadores intentan profundizar en esa posibilidad. De aparecer, mandos policiales que actuaban a las órdenes de la cúpula de interior habrían introducido a un delincuente común armado para practicar un robo por la fuerza, y mediante secuestro. La sentencia que condenó a Olivares recoge que el arma que portaba estaba "en condiciones o circunstancias que la convertían en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana en general, y para las víctimas de la detención en particular".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Diego de Egea por ahora la imputación de cuatro mandos policiales y del chófer, Sergio Ríos Esgueva, quien después de acabar su misión y cobrar de los fondos reservados ingresó en la Policía con 42 años y recibió un destino privilegiado.

En el momento del asalto del falso cura, Ríos había salido casualmente a ver a su entonces esposa, quien trabajaba en una tienda no muy lejos del domicilio de los Bárcenas. Llegó justo a tiempo para ayudar a Willy Bárcenas una vez éste había reducido a Olivares y poco antes de que se personaran en el domicilio los primeros agentes, de la Policía Municipal. El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid se refiere a Ríos como "un amigo de la famiilia que había desempeñado en ocasiones trabajos esporádicos para la misma".

Ríos Esgueva había sido el chófer de Francisco Granados y así llegó al servicio de Bárcenas. Cuando la familia fue embargada por la justicia, decidió seguir trabajando sin cobrar, por eso la familia le consideraba "un amigo". Rosalía Iglesias y su marido desconocían que cobraba de los fondos reservados del Ministerio del Interior por espiarles.

Los cuatro mandos policiales para los que Anticorrupción solicita la imputación son el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino; los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo. Los tres superiores por encima de Pino, el director general, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, están en la actualidad aforados ante el Tribunal Supremo en su condición de parlamentarios.

De Egea había decidido resolver la petición de Anticorrupción cuando el Ministerio del Interior le entregara el informe completo de la Operación Kitchen, previa desclasificación por parte del Consejo de Ministras, lo que se produjo el pasado viernes.

Entre tanto, De Egea ha informado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renuncia a la comisión de servicio que le mantenía en la Audiencia Nacional hasta el 31 de diciembre próximo y que estaba pendiente de ser renovada. En su escrito, entregado el pasado miércoles, De Egea atribuye su decisión “estrictamente a motivos personales”. El juez mantiene un enfrentamiento abierto con la Fiscalía Anticorrupción por casi todos los aspectos más relevantes del delicado caso Villarejo.

https://www.eldiario.es/politica/deterioro-fisico-asalto-Barcenas-dificulta_0_845866372.html


EL CHÓFER TRAIDOR LLEGÓ ANTES QUE NADIE AL SECUESTRO DE LOS BÁRCENAS PESE A QUE ESE DÍA LIBRABA

El chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, que el 23 de octubre de 2013 ya trabajaba como topo del Ministerio del Interior, se hallaba en las inmediaciones del domicilio familiar del ex tesorero del PP en el momento en que el falso cura, un mercenario comprado con fondos reservados por el Ministerio del Interior, secuestraba a su mujer Rosalía Iglesias y a su hijo Guillermo..

El conductor, que también había sido sobornado con fondos reservados de la Policía para facilitar información sobre los movimientos de los Bárcenas, se encontraba tan cerca de la residencia madrileña de Príncipe de Vergara que llegó antes que nadie al lugar de los hechos y tuvo hasta tiempo de auxiliar al hijo de Bárcenas cuando éste forcejeaba con el secuestrador.

Pero el hecho de que el conductor Ríos Esgueva se encontrara tan cerca de la vivienda suscita ahora sospechas en la familia Bárcenas porque la tarde del secuestro disfrutaba de una libranza en su puesto de trabajo y, por tanto, no tenía motivos para hallarse en la zona.

OKDIARIO desveló que la Policía pactó con el delincuente Enrique Olivares el pago de cincuenta mil euros de fondos reservados por secuestrar en octubre de 2013 a la familia Bárcenas y recuperar tres pendrives con información sensible que afectaba a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Fuentes de Interior manifestaron a OKDIARIO que el chófer, que había facilitado a sus controladores los datos de la distribución del piso del ex tesorero, había recibido también instrucciones de la Policía para que ese día se mantuviera alejado de la residencia de los Bárcenas.

Sin embargo, el operativo policial para recuperar los pendrives del ex tesorero resultó todo un fiasco y culminó con la detención del falso cura. Enrique Olivares realmente era un delincuente común con una amplia ficha de antecedentes policiales.

La coartada del chófer

Tras los gritos de socorro de la empleada de hogar de los Bárcenas y una vecina, fue el mismo Ríos quien liberó a Rosalía Iglesias de las bridas colocadas en sus muñecas por el secuestrador. La rápida intervención del chófer en la resolución del secuestro despertó una serie de dudas en el seno de los Bárcenas. Desde entonces se han repetido una pregunta: ¿qué pintaba el chófer allí cuando aquel era su día libre?.

Y Rosalía Iglesias quiso encontrar una respuesta a esa pregunta cuando leyó en OKDIARIO que el chófer había trabajado en su familia como topo entre los años 2013 y 2014, misión por la que había sido recompensado con 48.000 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior y una plaza de subinspector en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Horas después del secuestro, cuando Sergio Ríos fue interrogado por los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid, manifestó que se encontraba en la zona cuando recibió una llamada del portero de un portal vecino. Éste le alertó de que en el domicilio de los Bárcenas había un hombre con un arma de fuego amenazando a la familia.

Según Ríos, salió corriendo hacia el piso de Príncipe de Vergara y llegó cuando Guillermo Bárcenas forcejeaba en el suelo con el secuestrador. Lo primero que hizo fue ayudar al hijo del ex tesorero a reducir al delincuente hasta que se personó la Policía, que había sido avisada por una vecina del tercero.

Resultaba increíble que el conductor de Bárcenas se presentara en el domicilio al mismo tiempo que la Policía Municipal y los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que habían recibido el aviso antes que él. Diez minutos antes, los vecinos habían escuchados gritos de “auxilio policía” desde el balcón de la vivienda de Bárcenas.

En en el lugar de los hechos también se personaron los funcionarios de la Sección de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica para realizar la inspección ocular técnico-policial, como se conoce en el argot de la seguridad.

Ríos se presentaba como amigo de la familia

El conductor de Bárcenas aseguró a los agentes que se encontraba con su esposa en la calle General Díaz Porlier donde ella trabajaba en una tienda de ropa. Según el chófer, fue avisado por un conserje, con quien tenía amistad, de que una persona estaba pidiendo auxilio.

Ríos Esgueva no se vio obligado a facilitar el nombre del portero del inmueble de Príncipe de Vergara ni a aportar más datos porque en aquellos días nadie sospechaba de su condición de topo. Sobre todo, porque él mismo se presentó ante la Policía como “una persona de confianza y amigo de la familia”, como queda reflejado en el atestado policial.

El chófer traidor llegó antes que nadie al secuestro de los Bárcenas pese a que ese día libraba

Lo sorprendente es que el chófer, en su día libre, tuvo tiempo de sobra para llegar a la vivienda desde la calle Díaz Porlier y encontrarse a Rosalía Iglesias gritando y a Guillermo Bárcenas forcejeando con el falso cura. Y, según su confesión, pudo también ayudar al hijo del ex tesorero a reducir al delincuente mientras éste vociferaba: “Rajoy, yo no quería dinero. Lo que quiero son los discos duros. Quiero derrocar al fascismo”.

Esa era la consigna pactada por el falso cura con sus controladores de la Policía para desviar la atención sobre su verdadera motivación para perpetrar el triple secuestro. Finalmente, OKDIARIO ha podido demostrar, según el testimonio de quienes participaron en la operación, que el mercenario Enrique Olivares más que atacar a Rajoy lo que pretendía era rescatar los pendrives que perjudicaban al Partido Popular.

https://okdiario.com/investigacion/2018/12/14/chofer-traidor-llego-antes-que-nadie-secuestro-barcenas-pese-que-ese-dia-libraba-3468965


VILLAREJO Y EL NÚMERO DOS DE FERNÁNDEZ DÍAZ TRATABAN PERSONALMENTE OPERACIONES ILEGALES

El juez de Tándem no ha investigado el tráfico de llamadas del móvil del comisario en fechas claves como en las que se fraguó la Operación Kitchen o Cataluña, pero en el sumario del caso Nicolás aparecen varias llamadas entre el actual diputado del PP Francisco Martínez y el policía encarcelado. Fuentes judiciales aseguran que entre ambos había una relación personal, con encuentros que podría estar grabados donde se trató de estos trabajos extra oficiales.

Entre la cúpula policial del ex ministro Jorge Fernández Díaz apodaron al ex secretario de Estado de Interior como Paco Bomba. "Recibir una llamada de Francisco Martínez era para echarse a temblar, porque con él se trataban directamente los temas más delicados", asegura a Público ex comisario principal de dicha cúpula. Lo que podía ser normal entre los comisarios generales, sin embargo no lo era entre otros escalafones más bajos en la jerarquía como era el caso de José Manuel Villarejo, que ocupaba un puesto de adjunto a la dirección general operativa (DAO), que encabezaba Eugenio Pino.

Pero la relación del policía encarcelado con el actual diputado del PP, que guarda silencio ante el cerco de procesos penales contra sus hombres en la Policía, dejó su rastro en el sumario del caso del pequeño Nicolás, donde la Unidad de Asuntos Internos investigó el tráfico de llamadas durante dos meses de los miembros de una presunta "organización criminal" que existía dentro de la Policía, como se va demostrando.

Sin embargo, el juez Diego de Egea, que abandonará este diciembre la causa Tándem después de un año de instrucción, no ha investigado el tráfico telefónico del comisario para ver hasta que punto sus mandos pudieron estar al tanto de sus actuaciones en la pieza abierta sobre la Operación Kitchen o en otros momentos trascendentales para la investigación.

Dos llamadas el día de la detención de Nicolás

Con la pequeña muestra del caso del pequeño Nicolás, los investigadores de Asuntos Internos sacaron en claro el interés que clientes, amigos y mandos del comisario Villarejo tenían el día de la detención del presunto estafador.

El primer cruce de llamadas se produce el mismo día de la detención de Francisco Nicolás, cuya denuncia partió entre otros estamentos del propio ex secretario de Estado. Por eso, aunque pudiera ser normal el interés, resultó extraño que al ser preguntado por el juez Arturo Zamarriego el comisario Villarejo justificara más de 20 minutos de conversación en dos llamadas alegando que informaba a Martínez sobre asuntos de "terrorismo yihadista". Esos temas se llevaban en la Comisaría General de Información, que dirigía Enrique Barón, y con la cual no consta oficialmente que Villarejo colaborara. En esa mima declaración dejó deslizar el comisario que la Policía había hecho operaciones ilegales en Cataluña, de las que ha intentado culpar el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

La tarde de la detención del pequeño Nicolás, Villarejo también se comunicó varias veces con el empresario Adrián de la Joya, relacionado directamente con la finca con la que el pequeño Nicolás planeaba una operación con el Banco de Guinea Ecuatorial; con el consejero de Dragados vinculado a los acusados de blanqueo de capitales en la trama Gürtel, Manuel Delgado Solis; con el consejero de Atresmedia, Mauricio Casals; y con el comisario José Luis Olivera, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que desde su puesto tenía acceso a los movimientos de asuntos internos en la causa.

Al tanto de la grabación ilegal al CNI y Asuntos Internos

Los investigadores también detectaron llamadas en días claves de la investigación, como cuando Eduardo Inda y Esteban Urreztieta quedaron con el pequeño Nicolás en el parque del Canal de Isabel II y la entregaron la grabación ilegal hecha al CNI y a los investigadores de Asuntos Internos que Villarejo, su mujer y un periodista del digital que tenía el matrimonio hicieron y por la que ya están acusados y a espera de juicio.

Las llamadas entre Villarejo y el ex secretario de estado también se producen también el día que Inda y Urreztieta se reúnen con Nicolás y le muestran la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos que el comisario ha hecho para cerrar el caso.

Las llamadas entre Villarejo y el ex secretario de estado también se producen también el día que Inda y Urreztieta se reúnen con Nicolás y le muestran la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos que el comisario ha hecho para cerrar el caso.

Estas llamadas se repiten el día 17 de noviembre, cuando se celebra la reunión entre los "infliltrados" de Villarejo, Inda y Urreztieta; y también el sábado 22, cuando "el secretario de Estado, Francisco Martínez, llama al comisario Villarejo cuando sale publicada en El Mundo la exclusiva de la entrevista de Francisco Nicolás, a pesar de ser sábado (día no laboral)", exponen los investigadores en sus informes.

Y es que las relaciones entre Martínez y Villarejo se extendían también a encuentros fuera del ámbito laboral, que podrían haber sido grabados por el comisario acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, según relatan fuentes policiales y judiciales a Público.

https://www.publico.es/politica/villarejo-numero-fernandez-diaz-trataban-personalmente-operaciones-ilegales.html


EL ESPIONAJE DE LA POLICÍA POLÍTICA A BÁRCENAS: LA CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA AL VIEJO Y AL NUEVO PP

Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se produjo la Operación Kitchen, mantiene un puesto de responsabilidad en el Comité Ejecutivo de Casado

El entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, es hoy el portavoz del PP en el Senado y su secretario de Estado de Seguridad tiene un cargo en el Congreso

Génova opta por la cautela, pero advierte de que la consigna de Casado es "no pasar ni una" ante actitudes "poco ejemplares" de los dirigentes populares

Las últimas revelaciones del caso Villarejo por el espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas apuntan directamente al Ministerio del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy y eso equivale a decir, por tanto, a destacados miembros de la actual Ejecutiva del PP.

El presidente del partido, Pablo Casado, despreció al resultar elegido las informaciones acerca de la Operación Catalunya y los vínculos del comisario José Manuel Villarejo con los antiguos responsables de Interior y se rodeó del exministro Jorge Fernández Díaz; del que fuera número dos de éste, Francisco Martínez; y del director de la Policía en tiempos de la brigada polítíca, Ignacio Cosidó.

Casado nombró en julio secretario de Interior y Libertades de su Comité Ejecutivo a Fernández Díaz; a Cosidó, portavoz del PP en el Senado; y a Martínez, portavoz de los populares en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

El exministro había apoyado en las primarias a Juan Ramón García Hernández en un principio, pero se pasó al bando de Casado cuando el primero quedó sin opciones. Cosidó fue fiel a su casi paisano de Palencia (nacido en Salamanca, el exdirector de la Policía tiene en la capital palentina a su familia) y Martínez es considerado un apoyo de la derrotada Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció siendo letrado de las Cortes.

Una pieza secreta del caso Villarejo investiga el espionaje a la familia Bárcenas a través del entonces chófer de la familia, Sergio Ríos, quien habría cobrado de los fondos reservados durante dos años y al que luego se habría facilitado el ingreso en la Policía a la tardía edad de 42 años. Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía el comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó.

En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario Villarejo. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de "Paco Bomba".

Por su parte, el exministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.

En el caso de Cosidó, éste insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas y asegura que nunca habló con Villarejo. Esta misma semana ha asegurado que entre sus competencias al frente de la Policía no estaba la gestión de esos fondos y ha dicho que era "ajeno" al uso que se hizo de ellos. El actual portavoz del PP en el Senado estaba citado a la comisión de la financiación del PP en el Congreso para el pasado martes, junto a Fernández Díaz, pero sus comparecencias han sido aplazadas a la espera de la investigación judicial de la Operación Kitchen.

Ignacio Cosidó ocupa uno de los pocos puestos preciados que el recién nombrado presidente del PP podía reservar a sus fieles. El de líder en el Congreso estaba guardado para Dolors Montserrat, un peaje que le debía Casado a María Dolores de Cospedal por su apoyo en las primarias. El cargo de portavoz en el Senado esta vez no era poca cosa: no solo permite medirse al presidente del Gobierno en las sesiones de control, sino que supone estar al frente de la Cámara que el PP utiliza de ariete contra el Ejecutivo socialista, la única en la que conserva la mayoría absoluta.

Ante estas revelaciones que apuntan a los departamentos que en abril de 2016 estaban en manos de Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó y Francisco Martínez el equipo de Pablo Casado opta por la cautela. Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por eldiario.es aseguran estar "cero preocupados" por el asunto, pero han evitado respaldar de forma explícita a esos tres compañeros de filas que actualmente siguen ocupando cargos de la más alta responsabilidad en la cúpula popular.

La preocupación de Rajoy

Génova advierte de que la consigna de Casado es "no pasar ni una" ante actitudes poco ejemplares de sus cargos políticos, por lo que las fuentes consultadas aseguran que si llega el momento en el que se demuestre la participación de alguno de esos u otros dirigentes populares en actividades ilícitas el líder del PP no tendrá ningún miramiento a la hora de "cortar manos" y destituirlos de sus cargos.

Miembros de los distintos ejecutivos de Mariano Rajoy explican a este diario que no les consta que el expresidente ni ningún integrante de su equipo esté preocupado porque la investigación pueda salpicarles. En cambio, dirigentes populares cercanos a Casado se lavan las manos y tratan de marcar distancias con el anterior gabinete cuando se les pregunta por si consideran que las revelaciones del caso pueden hacer daño a la imagen de renovación y limpieza que trata de proyectar el líder del PP: "eso es del anterior gobierno", zanjan.

https://m.eldiario.es/politica/espionaje-Barcenas-corrupcion-involucra-PP_0_845516314.html



INTERIOR ADMITE QUE POLICÍAS DE LA LUCHA ANTITERRORISTA PARTICIPARON EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

Un informe remitido al juez De la Mata afirma que en la Operación Kitchen participaron agentes de la Dirección Adjunta Operativa y de la Comisaría General de Información

El director general de la Policía, Francisco Pardo, remitió el 3 de diciembre al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —que investiga la caja b del PP— un breve informe en el que admite oficialmente la existencia de la denominada Operación Kitchen para espiar fuera de control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. En el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, se detalla que en este dispositivo —cuyo objetivo era sustraer la documentación comprometedora para los populares que pudiera esconder Bárcenas— no solo participaron agentes adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía el comisario Eugenio Pino, señalado como jefe de la brigada patriótica, sino también policías destinados en la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista. Uno de sus mandos, el comisario Enrique García Castaño, imputado por sus vínculos con el también comisario José Manuel Villarejo, pidió recientemente declarar sobre los detalles de este dispositivo que conocía.


En el informe, de poco más de un folio de extensión, la Unidad de Asuntos Internos también destaca que hay “constancia de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada”, en clara referencia a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, que durante dos años recibió con cargo a los fondos reservados 2.000 euros mensuales como pago a la información que facillitaba sobre los movimientos del extesorero y su entorno.

La Policía recuerda que las pesquisas están aún lejos de concluirse y que “se continúan efectuando gestiones para determinar todos aquellos extremos relativos” a este operativo que el juez De la Mata reclamó recientemente de manera urgente a Interior. Entre ellos, el magistrado quería que se le facilitasen todos los informes que se conservaran de la Operación Kitchen, así como la identidad de los responsables que la pusieron en marcha.

La Operación Kitchen está siendo investigada también por el juez Diego de Egea —que renunciará en breve a su puesto de magistrado de apoyo en la Audiencia Nacional— en una de las siete piezas separadas del caso Villarejo, en el que se investigan las actividades irregulares del comisario jubilado. De Egea inició las pesquisas a finales de octubre tras recibir un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía que destacaba el papel activo que había tenido el comisario Villarejo en aquellos seguimientos a Bárcenas sin autorización judicial y el uso irregular de fondos reservados.

https://elpais.com/politica/2018/12/11/actualidad/1544544105_929658.html

UN INFORME POLICIAL VINCULA A VILLAREJO CON UN CARGO CLAVE DE LA MINISTRA DELGADO

El documento refleja la relación entre el polémico mando y el secretario general de Justicia, Antonio Viejo, en un apartado que aborda la red de contactos de comisario.

La figura del polémico excomisario José Manuel Villarejo cerca de nuevo a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En este caso salpica de lleno a uno de sus más directos colaboradores en el Ministerio. Se trata del secretario general de Justicia, Antonio Viejo. Un informe policial al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ documenta la relación entre el cabecilla del ‘caso Tándem’ y este alto cargo llegado al Departamento con Delgado. El vínculo entre ambos, según el documento de la Policía, se remonta al menos al año 2016 cuando Viejo desempeñaba el puesto de juez decano de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Consultado por este periódico, Viejo admite conocer a Villarejo desde 2014 y dice haber mantenido una relación meramente institucional, si bien matiza aspectos del informe, de 378 folios, que fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid que investigó el 'caso Nicolay' sobre las actividades del pequeño Nicolás. En el marco de esas pesquisas también se indagó en una posible relación entre el joven y Villarejo así como la actuación del excomisario en la grabación ilegal de una reunión entre agentes de Asuntos Internos y el CNI. Por este último hecho, el polémico mando ha sido procesado acusado de un delito de revelación de secretos el mes pasado.

La presencia de Viejo en ese informe -incluido en el apartado de las relaciones del comisario- no fue obstáculo para que Delgado, todavía entonces a salvo del terremoto Villarejo, le nombrase en junio de este año para ocupar un puesto clave en el renovado Ministerio. De la Secretaría General de Justicia dependen estructuras como la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Subdirección General de Programación de la Modernización, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y el Gabinete Técnico de la Secretaría General.

Las pesquisas policiales corrieron a cargo de la comisión judicial a las órdenes de este juzgado, que el 12 de julio de 2017 remitieron el extenso informe a la magistrada Pilar Martínez Gamo. El documento versaba sobre una finca ubicada en Toledo con la que, a juicio de la Policía, el pequeño Nicolás había intentado estafar a un banco de Guinea Ecuatorial. Pero a lo largo de los casi 400 folios de informe, la comisión judicial abordaba también las vinculaciones entre esta finca llamada “La Alamedilla” y los casos Nicolay, Banesto y la grabación ilegal.

Uno de los apartados trata sobre “las relaciones del Comisario Villarejo” y se extiende unos 30 folios. Ahí es dónde se recoge un encuentro en el que aparecen Villarejo, Viejo y el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y cuyo último puesto de relevancia fue el de director del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Los tres acudieron el 24 de noviembre a la presentación de un libro de una magistrada. El informe adjunta una información y una fotografía de ellos publicada por El Español.

"Acuden juntos"

“El 24/11/2016 acuden juntos (Villarejo y Olivera) a la presentación de un libro con el juez decano de Plaza Castilla”, introduce el informe, que detalla así el momento: “El comisario Olivera se encontraba sentado junto al juez decano de Plaza Castilla, D. Antonio Viejo, guardando el sitio en medio al comisario Villarejo que llega más tarde y se sienta según figura en la foto de arriba”.

La autora del libro era la magistrada de la Audiencia Provincial Pilar Alhambra y en el acto celebrado en el Ateneo de Madrid participó el recién nombrado fiscal general del Estado, Manuel Maza, ya fallecido. Según el informe, “nada más finalizar la presentación, los comisarios Villarejo y Olivera abordan al fiscal general Maza y, tras una conversación breve, éste les abandona”.

La versión de Viejo a 'Vozpópuli' difiere del informe. Dice que convocó a gente para que el salón de actos del Ateneo estuviese lleno en favor de su compañera. En un momento dado salió a la calle en busca de su mujer y al regresar ya estaba sentado Villarejo a su lado guardando un sitio a Olivera -y no al revés-. Niega por tanto haber asistido con ellos a la cita.

El encuentro y la relación con Viejo viene a confirmar la red de contactos que tejió Villarejo también en el mundo judicial. El actual alto cargo de Justicia sustituyó como decano de los Juzgados de Madrid a José Luis González Armengol (2002-2014) del que Villarejo presumía de amistad. Así consta en el sumario de una de las piezas del ‘caso Tándem’. Como ha publicado 'Vozpópuli', el polémico mando llegó a reunirse con Armengol para conseguir datos del ‘caso Pujol’.

Viejo admite que fue González Armengol quien le presentó a Villarejo y que desde entonces mantuvieron una relación meramente institucional, si bien admite que el comisario no desempeñaba ningún cargo relacionado con los Juzgados de Madrid. Preguntado acerca de si mantuvieron algún contacto entre la presentación en 2014 y el acto del libro dice que no lo recuerda, pero no descarta haber coincidido con él en algún otro acto de Justicia y opinión, la asociación que organizó la convocatoria en el Ateneo que refleja la Policía en su informe.

El encuentro y la relación de Villarejo con Viejo viene a confirmar la red de contactos que tejió Villarejo también en el mundo judicial

Cuando el comisario acudió a la presentación del libro faltaba un año para que fuese detenido y encarcelado en el marco del ‘caso Tándem’, investigado en la Audiencia Nacional. Pero en ese momento Villarejo ya estaba investigado en varios juzgados de Plaza de Castilla, tanto en el caso del pequeño Nicolás y la grabación ilegal como en el caso de la doctora Pinto contra el empresario Javier López Madrid. La dermatóloga le identificó como la persona que la apuñaló en 2014 en presencia de su hijo.

https://www.vozpopuli.com/politica/informe-policial-villarejo-ministra-delgado-antonio-viejo_0_1199281595.html


DESCLASIFICADOS LOS DOCUMENTOS SECRETOS SOBRE LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 investiga una supuesta operación encargada para robar documentos del extesorero del PP, Luís Bárcenas

El juez Diego de Egea libró un auto para solicitar al Consejo de Ministros que desclasificara la documentación relativa a la séptima pieza del 'caso Tándem'

Desclasificados los documentos secretos sobre la operación Kitchen

El Gobierno ha ordenado desclasificar documentación secreta sobre la 'operación Kitchen', supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en base a la petición del Consejo General del Poder Judicial, que pidió levantar el secreto de los documentos reservados para que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea pueda continuar con la instrucción.

En la pieza de Kitchen, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 investiga una supuesta operación encargada presuntamente por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, con ayuda del excomisario José Manuel Villarejo -actualmente en prisión- y del chófer de Bárcenas, para robar documentos relacionados con papeles del extesorero del PP.

El objetivo de 'Kitchen' era supuestamente sustraer documentos sensibles a Luis Bárcenas mientras éste estaba en prisión. Así, presuntamente, se contrató a su antiguo chófer para que, a cambio de dinero de los fondos reservados, se hiciera con este tipo de información.

Precisamente hace unos días el Ministerio que dirige Grande-Marlaska remitió a la Audiencia Nacional recibís supuestamente firmados por el chófer de Luis Bárcenas que acreditarían pagos de la 'operación Kitchen'.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez De Egea que se dirigiera al Consejo de Ministros para que autorizara desclasificar la documentación que pudiera obrar en el Ministerio del Interior sobre la citada operación, con el objetivo de poder tomar declaración como investigados a excargos policiales sin que estuvieran sujetos a la Ley de secretos oficiales.

Entre los implicados que han pedido declarar sin esa restricción está el comisario Enrique García Castaño, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) y considerado socio de Villarejo.

Pero De Egea no es el único juez interesado en esta documentación, también lo está su compañero en la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la supuesta caja b del PP.

De la Mata reclamó a Interior un informe "completo" sobre la 'operación Kitchen' y "en particular en lo relativo a sus objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, etc.", sin olvidar "las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables".

https://www.eldiario.es/politica/Desclasificados-documentos-secretos-operacion-Kitchen_0_843766078.html

LOS POLICÍAS ESPÍAS DE BÁRCENAS FUERON AVISADOS 2 SEMANAS ANTES QUE UN FALSO CURA IBA A ASALTAR LA CASA

Interior pagó a un falso cura con fondos reservados para secuestrar a la familia Bárcenas

Un total de 80 agentes de Policía siguieron los movimientos de los Bárcenas para rescatar y destruir documentos sensibles

Los agentes de campo del Área Especial de Seguimiento recibieron órdenes de sus superiores para que el 23 de octubre de 2013 desplegaran un dispositivo específico de seguridad en las inmediaciones del domicilio de la familia Bárcenas. Y es que los agentes sabían desde dos semanas antes que habría una operación de entrada en la casa de la familia del ex tesorero. Eso, sí, la información que se les dio se limitó a señalar que iba a “producirse un robo ficticio“.
La realidad, sin embargo, fue más allá de un “robo ficticio”: más que un saqueo figurado lo que se planeaba ese día desde la cúpula de Interior era el secuestro de la familia Bárcenas para recuperar tres pendrives con información sensible que afectaba a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. La cúpula de Interior estaba convencida de que todo ese material estaba en poder del ex tesorero del PP, que en aquellas fechas se encontraba recluido en la cárcel de Soto del Real.

Y la persona elegida para llevar a cabo el operativo era Enrique Olivares, un delincuente común, con antecedentes en los archivos policiales, que se hizo pasar por un sacerdote de Instituciones Penitenciarias. El mercenario se presentó en el domicilio vestido de cura –con alzacuellos– para que los familiares de Luis Bárcenas –su esposa Rosalía y su hijo Guillermo– se confiaran y le abrieran la puerta.

Más tarde, los policías de seguimiento se enteraron de que lo que les comunicaron como un “robo ficticio” llevado a cabo por un profesional, era un asalto en toda regla llevado a cabo por un delincuente, vestido de sacerdote, que fue detenido en el inmueble de los Bárcenas, en la calle Príncipe de Vergara, por secuestrar durante una hora a punta de pistola a la familia del ex tesorero del PP.

“Todo está controlado”

Fue una enorme sorpresa descubrir la realidad de la operación porque uno de sus superiores- un inspector jefe de la Comisaría General de Información que ascendió a comisario en 2016- les había asegurado que la persona que iba a perpetrar “el robo ficticio” era “todo un profesional con experiencia en ese tipo de acciones”. Según las palabras del jefe policial, estaba todo controlado porque se había buscado al mejor: “Un experto que había realizado ese tipo de acciones en el extranjero”.

El 23 de octubre, como en días anteriores, los operativos del Área Especial de Seguimiento, perteneciente a la Comisaría General de Información y con sede en el complejo policial de Canillas de Madrid, vigilaban el inmueble de la vivienda de Luis Bárcenas por orden de sus superiores para recuperar la documentación que afectaba a su partido. Los agentes sabían que se trataba de un operativo “extrajudicial” y que el objetivo final era destruir los documentos que, según sus jefes, “ponían en peligro la integridad de España y los políticos que la gobernaban“.

El operativo policial, que ese día además de vigilar a los Bárcenas debía dar cobertura al falso cura, estaba integrado por dos grupos de diez agentes cada uno de ellos. Como ya adelantó OKDIARIO, la misión llegó a contar durante dos años con una dotación de 80 policías del Área Especial de Seguimiento. El dispositivo de seguridad estaba formado por 20 mandos y 60 agentes que estaban divididos en 6 grupos de 10 agentes. Para efectuar los controles se relevaban cada tres días en dos turnos de mañana y tarde-noche.

Los agentes de seguimiento también estaban al tanto de que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, había sido captado como topo para investigar desde dentro a la familia del ex tesorero del PP. Los controladores del conductor habían confeccionado un croquis de la residencia familiar de los Bárcenas y recibían información directa de los movimientos de Rosalía Iglesias y de Guillermo Bárcenas.

Secuestro frustrado

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de Interior, los equipos del Área Especial de Seguimiento (AES) hicieron una labor de contra vigilancia para “cerrar la zona”, en el argot policial. Ese día mantuvieron una exhaustiva vigilancia desde la cinco de la madrugada hasta las 9 de la noche. Tuvieron controlado en todo momento el escenario operativo porque conocían de antemano las líneas básicas de la operación y “estaba todo organizado”.

La misión fracasó porque el hijo de Bárcenas se enfrentó físicamente al falso cura y logró derribarlo. En un descuido del secuestrador, el cantante y fundador del grupo Taburete se libró de las bridas y se lanzó contra el sicario policial consiguiendo reducirlo. Del empujón el revólver cayó al suelo, momento que también aprovechó la asistenta para hacerse con el arma. Llamó a gritos a la Policía desde el balcón que da a la calle Príncipe de Vergara y salió corriendo de la vivienda hacia la cafetería Perfil 34 donde dejó el revólver. Otra vecina que escuchó las voces también avisó a la fuerzas del orden.

El mercenario, finalmente, fue detenido por agentes de la Policía Municipal que, por supuesto, desconocían los planes secretos del secuestrador y, por tanto, que éste fuera colaborador del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Tras el fracaso de la operación los agentes de AES recibieron la orden de permanecer en la zona, principalmente, para controlar si “se acercaban muchos periodistas” o se producía “algún incidente”.

https://okdiario.com/investigacion/2018/12/13/policias-espias-luis-barcenas-fueron-avisados-falso-cura-iba-asaltar-casa-3463247


VILLAREJO GRABÓ A BÁRCENAS Y LAPUERTA TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO GÜRTEL

El tesorero del PP acusó en 2009 en una comida a varios mandos policiales de "manipulación" en la investigación.

Bárcenas insistió a señalar a un financiero suizo, Lucas Bagchus, como el 'LB' de los apuntes de Correa.

Lapuerta relató a Villarejo y sus conmilitones su etapa de comisario de policía antes de entrar en el PP.

El 17 de junio de 2009 el restaurante Rianxo fue el escenario de una comida del comisario José Manuel Villarejo con otros mandos policiales a la que se unió en los postres el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando ya estaba siendo investigado por la trama Gürtel.

El encuentro entre Bárcenas y los mandos policiales fue completamente fortuito. El comisario hoy en prisión quedó a comer en su restaurante favorito con dos de sus superiores en la Policía: el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera. También hay una tercera persona que MONCLOA.COM no ha conseguido identificar.

En un momento determinado del ágape, al filo de la media hora, se dan cuenta que en la mesa de al lado están el citado tesorero del PP; su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y el diputado popular por Lérida, Ignacio Llorens. El lance fue narrado por El Confidencial hace unos años pero es la primera vez que el audio de esta comida sale a la luz ya que fue grabado de forma subrepticia por Villarejo.

Villarejo desveló a Cospedal que había un topo de la policía en Génova

El excomisario José Manuel Villarejo desveló a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, que la Policía contaba con un topo en su sede central de la calle Génova, en plena investigación del caso Gürtel. En la reunión, en la que también está presente el marido de Cos...

En un primer momento, Bárcenas no se anda por las ramas y acusa a González de “manipulación policial” por el contenido de un informe que se había entregado al entonces juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, en el mes de mayo. El tesorero parece algo nervioso ante sus interlocutores y habla muy rápido.

Luis Bárcenas.- Nos ha tocao al lado

JAG.- Si quieres nos tomamos un café, ‘pa’ aclarar

LB.- La realidad es que me gustaría, la verdad es que me gustaría. Teniendo en cuenta por dónde van los temas. Y en fin, sobre todo para que le traslades esta tarde a Rubalcaba mi opinión sobre el tema (…). O sea, que sí que me tomo un café, encantado. No tengas ninguna duda. Claro, cuando estamos hablando de ma-ni-pu-la-ción, de manipulación policial que es la que estás haciendo tú. ¿No estamos hablando de eso? ¿no es de lo que estamos hablando?

JAG.- Estás equivocado

LB.- Todo lo que (…) equivocado, en absoluto. Si no lo supiese, si no lo supiese yo. Sabemos de lo que estamos jugando.

JAG.- No es lo que yo opino

LB.- De verdad. Es a lo que estamos jugando.

JAG.- Yo lo que te digo es que nos tomemos un café.

LB.- Oye, de verdad, pero que invitamos a un café encantado, sin ningún tipo de violencia, en serio, si te apetece y puedes aceptarlo, yo encantado. Terminan de comer y nos sentamos todos y nos fumamos un puro juntos.

Villarejo.- Claro que sí, hombre. Encantados.

Tras esta primera toma de contacto, Bárcenas regresa a su mesa, termina de comer y al cuarto de hora vuelve a acercarse a los policías. González niega la citada manipulación y Villarejo tercia en la conversación ofreciéndole al tesorero del PP una copa en la sobremesa.

Juan Antonio González.- Estás muy equivocado.

Luis Bárcenas.- Pero yo quiero que me entiendas.

JAG: Vamos a ver, aquí hay mucha gente que conoce. ¿Quién empieza el primero la filtración? Nosotros no tenemos nada que ver. Esta investigación no empezamos a hacerla con el PP, ni investigamos la financiación ilegal del PP, eso es mentira ¿pero no te das cuenta?

LB.- Es que aquí se confunde la gente.

JAG.- Nosotros no filtramos.

LB.- Un día se demostrará que Luis Bárcenas es (…).

V.- Disculpa, ¿nos permites que te invitemos a una copa?

LB.- Es que yo no bebo salvo vino tinto, venga una copa de vino tinto.

V.- Una copa de tinto.

Villarejo vinculó a Prada en un contrato a dedo para la ciudad de la justicia de Madrid

El comisario José Manuel Villarejo vinculó a mediados de 2009 al exconsejero madrileño de Justicia e Interior, Alfredo Prada, en un contrato de seguridad para la Ciudad de la Justicia que se hizo "sin cumplir ningún trámite" y que recayó finalmente en una empresa relacionada con Álvaro Lapuerta, qui...

La obsesión de Bárcenas es que se le desligue de un supuesto pago que recibió de la trama Gürtel en 2007, tal y como atestigua el informe policial que había sido elevado a Garzón. El comisario de la Policía Judicial le advierte de que sus hombres tienen mucha más información sobre el caso.

JAG.- No he querido yo revisar, precisamente hemos sido de una moderación que tú no te… Te tienen apuntao, ya te lo digo yo. La que tú apareces en el (…)

LB.- Eso ya lo sabía yo.

JAG.- Ni por las grabaciones, nada. El tío ese tiene apuntao. Yo no soy la Policía sin xxx. Tenemos mucha más información. Si yo quisiera filtrar, tú no sabes lo que yo iba a filtrar.

LB.- Pero yo te doy…

JAG.- No se me ha ocurrido.

LB.- Pero yo te doy un dato: que a los dos miembros de Policía que han escrito el informe, que la Policía diga por qué esto.

V.- Disculpa, nos hemos permitido (el vino) Campillo, que nosotros lo hemos tomado.

LB.- Muy bien, muy bien, a mí el Campillo me gusta mucho. Pero Garzón, insisto, se quita de en medio y que no, que según la Policía dice que en 2007 este señor es Luis Bárcenas y tal. Es la versión de dos policías. Entonces, insisto, en el 2007 el informe está mal hecho, por narices. Es que yo no puedo ser el…

(otra persona):xxxx abruptamente con esto.

LB.- Pero no lo pueden hacer, ¿qué justificación habría para decir que Luis el cabrón va a transferirles a un paraíso fiscal 75.000 euros en 2007? Es que para mí es lo que le quita credibilidad a todo lo de mi caso, perdona, porque yo soy consciente…

(otra persona): No lo ha dicho

LB.- No eso lo dice el auto de Baltasar Garzón, que dice que a Luis el cabrón le han pagado 75.000 euros y como consecuencia de un informe policial. El informe del juez Garzón dice que en 2007 yo recibí 75.000 euros de la trama de Gürtel y que entregan el sobre a Pablo Crespo y Álvaro Pérez (el Bigotes) para Luis Bárcenas. 75.000 (euros) es lo que dicen.

(otra persona): Eso es fácil…

LB.- Y eso es lo que dicen.

(otra persona).- Eso está publicado…

LB.- Pero por qué me dicen que el cabrón

JAG.- Eso es un análisis de los papeles que se intervienen, nosotros no hemos dicho nada…

LB.- No, el informe policial, perdóneme, Juan Antonio, el informe policial dice que es evidente que ‘Luis el cabrón’ es también el senador por Cantabria, Luis Bárcenas. ¿Por qué? Por las reuniones (…) siempre se refería a Luis Bárcenas como el cabrón, porque les había quitado los contratos ta-ta-ta en 2004. Si le quita los contratos en 2004, en el 2007 no le van a dar pasta, coño, es que no tiene ningún sentido. El policía eres tú, que yo no soy el genio de los informes y tal, ¿no? Como mínimo, digo como mínimo esto. Yo podría entrar en profundidad en otros (aspectos del informe), pero la verdad… en fin, que te agradezco mucho que te hayas tomado este café.

JAG.- No, no, no, pero

LB.- Te lo agradezco infinitamente. Estoy, como te puedes creer, en un momento muy malo, a nivel incluso profesionalmente. Entiendo que el trabajo es el trabajo, pero yo sé que aparte del tema (ininteligible).

“No es el tesorero del PP y ahora sabemos quién es ‘LB’: Lucas Bagchus, empresario en Suiza, tiene una sociedad de blanqueo”

Bárcenas se plantea interponer una querella contra alguno de los que le acusan de estar vinculado a la trama. Y saca a colación el nombre de Lucas Bagchus, consejero delegado de Vistra Funds y que fue, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción elaborado en mayo de 2009, el encargado de hacer una ampliación de capital por orden de Francisco Correa y Gianfranco Fasana. El tesorero del PP insiste en señalar a este financiero helvético como el posible ‘LB’ que aparece en las anotaciones de las empresas de Correa.

Luis Bárcenas.- El otro día aparece Lucas Bagchus, que constituyó una sociedad a este en Suiza que se llama (…), que tiene una sociedad que se dedicaba al blanqueo de dinero, pero si no lo puede contratar.

JAG.- No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de eso?

LB.- Eso ha salido algo de esto. Salió en El País, que fue el primero que lo dio en mayo, luego lo publica Estrella Digital y lo publicó la COPE en portada, que decía: ‘LB no es el tesorero del PP y ahora sabemos quién era ‘LB’: Lucas Bagchus, empresario en Suiza, tiene una sociedad de blanqueo y tal..

Olivera: ¿Tienes la posibilidad de saber si está constituida por Fasana?

JAG: A mí no me suena.

LB: De este señor Fasana, personalmente, es que no le conozco de nada. No tengo ni idea de quién es.

El jefe de la UDEF inquiere a Bárcenas por sus reticencias para dimitir de su cargo público de senador o del puesto que tiene en Génova. El tesorero relata el ambiente que se vive en la sede nacional del PP y lamenta que algunos le vean como un “sinvergüenza”.

Luis Bárcenas.- Es que ya no se puede dimitir sin un xxxx.

Olivera.- Entonces sí me tomaría una copa contigo.

LB.- Mira, eso, afortunadamente, toco madera pero tengo que dar gracias a Dios porque tengo unos amigos estupendos con los que estoy contando en todo momento. Pero bueno, a mí no me defenestra ni el Papa porque yo sé lo que estaba haciendo en Génova.

O.- Huuuuu

LB.- Un señor que se jubila, un empleado de seguridad, y cuando se despide me da un abrazo y se pone a llorar a lágrima viva y que me desea lo mejor del mundo. (…) Me he sentido muy querido en el partido en el que llevo 22 años trabajando y la gente me conoce. Como entorno está (…) de amigos, la gente que te conoce tiene una opinión tomada desde hace un montón de años, con lo cual, de pronto, el que cambie la percepción y pensar que Luis Bárcenas xxxx es un sinvergüenza, pues… La prensa por sí solo no lo va a conseguir.


El viaje de Bárcenas a Roma

El comisario Olivera le rompe los esquemas a Bárcenas cuando saca a colación que una de las empresa de Correa le ha pagado un viaje a Roma, después de que el entonces tesorero haya entregado el dinero en efectivo. Al cabo de unos minutos de conversación ininteligible, el tesorero se despide de sus interlocutores.

Luis Bárcenas.- No me gusta ser maleducado. Perdóname si te he importunado.

Juan Antonio González.- Yo me alegro de que haber hablado contigo. Nosotros vamos a seguir, no tengas la menor duda. Procuramos ser totalmente objetivos, de verdad, que no pienses que nos están manipulando, que alguien nos está diciendo ahí (…). Primero porque no se atreven, lo estamos viendo aquí. Ya te lo he dicho, no tenemos una ideología.

LB.- Yo me doy enterado de que (¿) de mis amigos del PP (…) me he dado por enterado del tema, pero

Olivera.- Que no creas..

Villarejo.- … ja, ja, ja que es lo peor.


LB.- Oye, muchísimas gracias y perdóname si he sido (…). Encantado

O.- No, no, no, además si es comprensible que…

V.- …Encantado.

Los tres pactos que el pp le ofreció a bárcenas al inicio del caso gürtel

El Partido Popular ofreció a Luis Bárcenas tres salidas diferentes cuando el caso Gürtel empezó a salpicar al por entonces tesorero del PP, según le contó Ignacio López del Hierro al comisario José Manuel Villarejo en un encuentro a solas grabado por este último el 13 de julio de 2009.Villarejo ...

A los diez minutos, Bárcenas, Lapuerta y Llorens se levantan de su mesa y se despiden de sus comensales vecinos. Lapuerta aprovecha el momento para recordar a los mandos que él también fue comisario de policía en el pasado.

Bárcenas.- Encantado, eh.

(Mandos policiales).- Hasta luego, adiós.

Lapuerta.- Yo fui comisario de policía.

Villarejo.- ¡Qué bueno! No ‘fui’, siempre se ‘es’.

Lapuerta.- O lo ‘es’.

V.- Eso es como el cura, coño, eso no se pierde nunca la condición, no me jodas. Eso no se pierde nunca.

Lapuerta.- Fui el abogado de dos jefes de la Subdirección de Seguridad.

V.- Joder, ¡qué buenos tiempos!

Lapuerta.- Y luego del Ministerio del Interior.

V.- ¡Qué buenos tiempos! Muy bien, me alegro, hasta luego.

Lapuerta.- Conozco a casi todo el Cuerpo.

Villarejo.- Eso está bien.

Lapuerta.- Lo que pasa que los míos se están jubilando o se están muriendo. Ayer hablé con (Jesús) Caballero.

V.- Ah, hombre, ¿con Jesús?

(otra persona).- Jesús Caballero, sí.

(Lapuerta se va)

Una vez que los responsables del PP han abandonado el Rianxo, los mandos policiales empiezan a elucubrar sobre las consecuencias de este encuentro fortuito. “A lo mejor no es negativo esto que ha pasado”, asevera el comisario jefe de la Policía Judicial. Villarejo le recomienda que se lo cuente a Rubalcaba aprovechando que tiene una reunión con él esa misma tarde. Y vaticina que dicho encuentro llegará a oídos de Rajoy “con matices”.

Allí mismo echan mano de un informe que llevaba consigo Olivera sobre Gürtel para comprobar si las fechas de las que había hablado Bárcenas coincidían con el texto. JAG se jacta del nerviosismo que ha visto en el tesorero del PP. “¿Has visto cómo le bailaba el cuello de la camisa?”, le dice al jefe de la UDEF.

Villarejo aprovecha ese momento para hacer un aparte y llamar a Miguel Ángel Fernández Chico, el director adjunto operativo (DAO) en esa época para ponerle al corriente de lo sucedido antes de que lo hagan otros.

Villarejo.- Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Oye, acabo de comer con Juan Antonio y con José Luis. Y hemos tenido un pequeño altercado y (JAG) ya lo contará porque creo que se va a ver contigo y con el ministro. Es que hemos visto a Luis Bárcenas, al tesorero, aquí en un restaurán y le ha montado un poquito de bulla y tal, pero en fín, Juan Antonio se ha portado bien, ha estado correcto y tal. Se ha sentado con nosotros también para contarnos su vida al final..

Fernández Chico.- (pregunta)

V.- Sí, al principio. Pero luego ha rectificado. El Bárcenas, que me estás persiguiendo. Se ha montado un poco de pollo. Ya te lo contaré luego con detalle. Se ha ido ahora mismo para allá. Ha estado muy impertinente el hombre, pero bueno, ha estado muy divertido. Una puta casualidad, macho. Estábamos en el mismo restaurán en la mesa de al lado. Estaba Lapuerta, el anterior; él (Bárcenas) y un tío de Lérida, uno del PP de Lérida.

FChico.- (pregunta)

V.- Pues en Rianxo, donde solemos quedar a comer. A la espalda de tu oficina, en Raimundo Fernández Villaverde. Un sitio muy normalito.

FChico.- (pregunta)

V.- Sí, estaba muy nervioso, si no le pega a la farlopa, poco faltará el Bárcenas. Porque estaba muy agresivo, al final se ha disculpado, es verdad, porque ha estado un poco impertinente al principio y tal: ‘me estáis siguiendo, me estáis persiguiendo’. Una bronca de cojones. Bueno, que la vida es muy dura, qué vamos a hacer. Venga, hablamos. Un abrazo. Hasta luego.

Cospedal y Rajoy

López del hierro a Villarejo: “el jefe está de acuerdo”

María Dolores de Cospedal consultó y tuvo la aprobación de Mariano Rajoy tras la entrevista que mantuvo con el comisario Villarejo en la sede del PP el 21 de julio. Así se lo confirmó al día siguiente de esa entrevista Ignacio López del Hierro a Villarejo: “Su jefe está de acuerdo en que se desarrol...

Al día siguiente, Villarejo llamó a Ignacio López del Hierro para narrarle el altercado en el Rianxo. Al esposo de María Dolores de Cospedal también le cuenta que Bárcenas parecía estar “farlopeado” y “muy excitado” con su actitud intimidatoria ante los mandos policiales, tal y como ya narró MONCLOA.COM.

Villarejo recomienda a López del Hierro que se dé “un toque al Barba (Rajoy) y que se “tranquilice (a Bárcenas) porque fíjate qué espectáculo”, y quedan en verse en unos días. “Menos mal que en la reunión estaban amigos, que afortunadamente toreamos allí como pudimos. Le pasa (a Bárcenas) sólo, con otro y le pega dos hostias y se monta un pollo de la hostia“, dice refiriéndose a JAG.

https://www.moncloa.com/villarejo-barcenas-lapuerta-caso-gurtel/


EL CHOQUE DE BÁRCENAS CON LA CÚPULA POLICIAL SOCIALISTA: "TRASLADA A RUBALCABA MI OPINIÓN"

El comisario Villarejo grabó en junio de 2009 un encuentro fortuito en un restaurante de Madrid entre el tesorero del PP y los máximos responsables de la investigación de Gürtel

Luis Bárcenas y la cúpula policial del Ministerio del Interior que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba tuvieron un encuentro fortuito en un restaurante de Madrid solo unos meses después de que estallara el caso Gürtel y aparecieran las primeras informaciones sobre la implicación del entonces senador del PP por Cantabria en la gestión de la caja B de Génova. El contenido del encuentro fue captado por el comisario José Manuel Villarejo, que participó en la conversación. El audio, de casi dos horas de duración, forma parte de los 20 TB de archivos e información incautados al agente encubierto en noviembre de 2017 en el marco de la operación Tándem, por la que se le investiga en la Audiencia Nacional.

La reunión tuvo lugar el 17 de junio de 2009, apenas dos meses después de que el entonces instructor del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón, recogiera en un auto el contenido de un informe de la UDEF de la Policía Nacional que sostenía que el tesorero del PP había recibido 72.000 euros de la trama de Francisco Correa en 2007. Los investigadores llegaron a esa conclusión preliminar tras encontrar unas anotaciones en las que Correa y sus colaboradores habían apuntado esa cantidad de dinero junto a las palabras 'Luis el Cabrón'. Los agentes comprobaron que los miembros de la red solían utilizar ese insulto para referirse a Bárcenas porque este les había quitado varios contratos.

El episodio, registrado por Villarejo en un audio inédito difundido este miércoles por 'Moncloa.com', ocurrió en el restaurante Rianxo de Madrid, el mismo en el que solo unos meses después, el 23 de octubre de 2009, el comisario grabó a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en otra larga comida. La grabación a Bárcenas se produjo por pura casualidad. Villarejo había quedado para comer en ese establecimiento con el entonces comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González (más conocido por sus iniciales, JAG), ya jubilado, y el comisario responsable de la UDEF, José Luis Olivera, máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (Citco) hasta el pasado agosto y aún en activo.

Los tres agentes no habían empezado a comer cuando comprobaron que justo en la mesa del lado se habían sentado el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el diputado de la formación por Lleida José Ignacio Llorens. Junto a ellos aún había una silla libre, pero minutos después fue ocupada por Bárcenas, el personaje con mayor rango de todos los que se habían visto ya salpicados en ese momento por la instrucción de Gürtel. Solo era cuestión de tiempo que el Tribunal Supremo solicitara al Senado el suplicatorio para investigarle.

Al principio, los dirigentes del PP no se dieron cuenta de que en la mesa de al lado estaba la cúpula de la Policía que estaba dirigiendo la investigación que ya entonces amenazaba con hacer saltar por los aires su partido. Sin embargo, Lapuerta acabó reconociendo a JAG y, después de varias miradas cruzadas, Bárcenas decidió levantarse y saludar a los comisarios. Tenía muchas cosas que decirles. El audio grabado por Villarejo, al que también ha tenido acceso El Confidencial, recogió la tensión del primer intercambio de palabras. Bárcenas reprocha directamente a JAG que le esté investigando por lo que a su juicio es una motivación exclusivamente política.

1) Aparece Bárcenas

Luis Bárcenas: Nos ha tocado al lado...

Juan Antonio González: Si quieres nos tomamos un café, para aclarar lo que...
LB: La realidad es que me gustaría, la verdad es que me gustaría. Teniendo en cuenta por dónde van los temas. Y en fin, sobre todo para que le traslades esta tarde a Rubalcaba mi opinión sobre el tema (...). O sea, que sí que me tomo un café, encantado. No tengas ninguna duda. Claro, cuando estamos hablando de ma-ni-pu-la-ción, de manipulación policial. Que es lo que estás haciendo tú. ¿No estamos hablando de eso? ¿No es de lo que estamos hablando?

JAG: Estás equivocado.

LB: No, no estoy equivocado en absoluto.

JAG: De verdad...

LB: Si no lo supiese yo... Si no lo supiese yo.
(...)

JAG: No es lo que yo opino.

LB: Si sabemos a lo que estamos jugando.

JAG: Yo lo que te digo es que nos tomemos un café.

LB: Oye, de verdad, pero que invitamos a un café encantados, sin ningún tipo de violencia, en serio, si te apetece y puedes aceptarlo, yo encantado (...) Terminan de comer y nos sentamos un momento todos juntos y nos fumamos un puro juntos.
José Villarejo: Claro que sí, hombre. Encantados.

El tono se distendió sensiblemente en los minutos posteriores, aunque Bárcenas continuó insistiendo en que los informes policiales no tenían ninguna base y acusó a Rubalcaba de poner en marcha el caso Gürtel para destruir al PP, como recoge otro de los fragmentos de la grabación. El grueso del diálogo lo protagonizaron Bárcenas y JAG. Ni el tesorero del PP ni sus otros dos compañeros de partido, que permanecieron en su mesa durante todo el tiempo, sabían que los otros dos policías eran Olivera y Villarejo.

JAG rechazó las acusaciones de Bárcenas afirmando que la investigación de Gürtel no comenzó centrándose en el PP y que, en ese momento, las cuentas de Génova no estaban en el foco de las pesquisas, como sí acabaría ocurriendo poco después.

2) "Nosotros no investigamos"

JAG: Estás muy equivocado.

LB: Pero tú me entiendes.

JAG: Vamos a ver, aquí hay mucha gente que conoce. ¿Quién empieza el primero la investigación? Nosotros no tenemos nada que ver con esta investigación. Nosotros no empezamos a hacerla con el PP. ¿Investigamos financiación ilegal del PP? Eso es mentira. Pero no hagas caso de lo que dicen los periódicos ¿entiendes?
LB: Es que aquí se confunde la gente.

JAG: Nosotros no filtramos.

LB: Que Luis Bárcenas es (…).

V: Disculpa, ¿nos permites que te invitemos a una copa?

LB: No, es que yo no bebo salvo vino tinto, venga, una copa de vino tinto.

V: Venga, una copa de tinto.

Villarejo asistió al diálogo entre su jefe y Bárcenas casi como un simple espectador, al tiempo que estaba registrando toda la conversación con su grabadora. Su voz apenas aparece en el audio. La mayoría de sus intervenciones no tuvieron otro objetivo que buscar la complicidad del entonces senador del PP.

No lo consiguió. En otro de los momentos del encuentro, Bárcenas reprochó directamente a JAG que la UDEF elaborara el informe que aseguraba que él era 'Luis el Cabrón'. También negó ser el 'L.B.' que apareció en otros documentos incautados a los miembros de Gürtel. El tesorero rechazó haber recibido el supuesto soborno de 72.000 euros en 2007 y explicó que esa afirmación, que se había convertido en el origen de todos sus problemas, no tenía ninguna base objetiva pero había servido como base a Garzón para implicarlo en la trama. JAG contestó que sus agentes se limitaron únicamente a analizar la documentación encontrada en los registros y que lo que ponía en el auto era cosa del juez. Bárcenas no se quedó satisfecho con esa explicación.

3) Discusión sobre 'Luis el Cabrón'

LB: Pero Garzón, insisto, se quita de en medio y dice: “No, según la Policía, dicen que en 2007 este señor es Luis Bárcenas y tal”. Y da el nombre de dos policías y tal. Entonces, insisto, en 2007 este informe policial está mal hecho, por narices. Es que yo no puedo ser el…

JAG: Yo te digo de forma abrupta….

LB: Pero es que no lo pueden hacer, ¿qué justificación habría para decir que Luis el Cabrón va a transferirles a un paraíso fiscal 75.000 euros en 2007? Es que para mí eso es lo que le quita credibilidad a todo lo de mi caso, perdona, porque yo soy consciente… Digo…

JAG: Esto lo ha dicho el juez. Eso lo ha dicho el juez.

LB: No, eso lo dice el auto de Baltasar Garzón, en el que dice que a Luis el Cabrón se le van a pagar 75.000 euros y eso lo dice como consecuencia de un informe policial. El informe del juez Garzón dice que en 2007 yo recibí 72.000 euros de la trama de Gürtel y que entregan el sobre a Pablo Crespo y Álvaro Pérez para Luis Bárcenas. 72.000 euros.
(...)
LB: Y eso es lo que dicen (…) ¿Pero por qué soy yo Luis el Cabrón también?

JAG: Nosotros hemos hecho un análisis de los papeles que se intervienen, nosotros no hemos dicho nada…

LB: No, el informe policial, perdóname, Juan Antonio, el informe policial dice que es evidente que Luis el Cabrón es también el senador por Cantabria Luis Bárcenas. ¿Por qué? Porque las reuniones entre (...) siempre se refería a Luis Bárcenas como el cabrón, porque les había quitado los contratos ta-ta-ta en 2004. Si les quita los contratos en 2004, en 2007 no le van a dar pasta, coño, es que no tiene ningún sentido. Que el policía eres tú, que yo no soy el genio de los informes y tal, ¿no? Como mínimo, esto. Digo, como mínimo, esto. Yo, la verdad, que te agradezco que te hayas querido sentar conmigo.

JAG: No, no, no, pero...

LB: Que te lo agradezco infinitamente.

Una media hora después de que Bárcenas se sentara a la mesa con los comisarios, Lapuerta y Llorens también se acercaron para saludar. El audio recoge cómo Lapuerta recordó a JAG y a sus acompañantes que él también había sido comisario en su día. "Conozco a casi todo el cuerpo (...) Lo que pasa que los míos se están jubilando o se están muriendo", dijo Lapuerta. Después, los tres dirigentes del PP se marcharon.

Los comisarios se quedaron en su mesa para comentar lo que acababa de ocurrir entre las paredes del Rianxo. Aquella tarde, JAG ya tenía programada una reunión con Rubalcaba. Los tres acordaron informar cuanto antes de la reunión al ministro del Interior para evitar que Bárcenas pudiera adelantarse con una versión manipulada del encuentro.

Villarejo también trasladó lo que acababa de pasar al entonces número dos del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO) Miguel Ángel Fernández-Chico. El comisario encubierto lo llamó antes de abandonar el restaurante.

4) Villarejo llama a Miguel Ángel Fernández-Chico, DAO de la Policía

V: Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Oye, acabo de comer con Juan Antonio y con José Luis. Y hemos tenido un pequeño altercado y [JAG] ya lo contará porque creo que se va a ver contigo y con el ministro. Es que hemos visto a Luis Bárcenas, al tesorero, aquí en un restaurán y le ha montado un poquito de bulla y tal, pero en fin, Juan Antonio se ha portado bien, ha estado correcto y tal. Se ha sentado con nosotros también.
(Pregunta Fernández Chico)

V: Sí, al principio. Pero luego ha rectificado. El Bárcenas, que me estás persiguiendo. Se ha montado un poco de pollo. Ya te lo contaré luego con detalle. Ha estado muy impertinente el hombre, pero bueno, ha estado muy divertido. Una puta casualidad. Estábamos en el mismo restaurante en la mesa de al lado. Estaba Lapuerta, el anterior, él [Bárcenas] y un tío de Lérida, uno del PP de Lérida.
(Pregunta Fernández Chico)

V: Pues en Rianxo, donde solemos quedar a comer. A la espalda de tu oficina, en Raimundo Fernández Villaverde. Un sitio muy normalito.
(Pregunta Fernández Chico)

V: Sí, estaba muy nervioso, si no le pega a la farlopa, poco faltará el Bárcenas. Porque estaba muy agresivo, al final se ha disculpado, es verdad, porque ha estado un poco impertinente al principio y tal. Me estáis persiguiendo. Una bronca de cojones. Bueno, que la vida es muy dura, qué vamos a hacer. Venga, hablamos. Un abrazo. Hasta luego.

Lo que ocurrió luego ya se conoce. Bárcenas tuvo que abandonar el Senado y se convirtió en una pieza clave de la trama Gürtel. No solo había recibido dinero de Correa, sino que también había acumulado una auténtica fortuna en Suiza que en 2007 llegó a los 48 millones de euros. Con todo, la Audiencia Nacional le dio la razón el pasado mayo al concluir en la sentencia de Gürtel que no ha podido acreditarse que él fuera el 'Luis el Cabrón' que apareció en los papeles y que tanto espacio ocupó en aquella comida de 2009. No tuvo tanta suerte con el resto del dictamen. El tribunal le impuso una condena de 33 años de prisión que ya está cumpliendo, a la espera de que el Supremo resuelva su recurso.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-12/choque-barcenas-cupula-policial-psoe-rubalcaba_1700302/


LA AUDIENCIA BLINDA EL CASO VILLAREJO: PROHÍBE CONSULTAR LAS PIEZAS DE CORINNA Y KITCHEN

"Quedará excluida aquella información que ha sido identificada como posible información clasificada y respecto de la cual se ha solicitado del Consejo de Ministros su desclasificación"

La Audiencia Nacional no quiere filtraciones en el caso Villarejo. El pasado 5 de diciembre la Sala de lo Penal estimó en parte el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del magistrado Diego de Egea de levantar el secreto de la pieza principal, evitando así que las partes puedan acceder a las grabaciones y vídeos que el comisario mantenía encriptados en sus dispositivos. De Egea recoge esta medida en una providencia emitida esta semana a la que ha tenido acceso El Confidencial, pero concreta además otras exigencias que las respectivas defensas y acusaciones tendrán que cumplir a la hora de consultar el material intervenido: queda prohibido hacer copias de los documentos y no tendrán acceso a las piezas de Corinna y la operación Kitchen.

En lo que se refiere a la consulta de las piezas de Corinna y Kitchen, De Egea cierra la puerta a esta posibilidad al asegurar que "quedará excluido en todo caso aquella información que ha sido identificada como posible información clasificada y respecto de la cual se ha solicitado del Consejo de Ministros su desclasificación, y esto en tanto no recaiga acuerdo firme al respecto".

El comisario Villarejo grabó en junio de 2009 un encuentro fortuito en un restaurante de Madrid entre el tesorero del PP y los máximos responsables de la investigación de Gürtel

Con estas palabras, el magistrado deja fuera de posible consulta la pieza 7 del caso Tándem, en la que se investiga la operación policial diseñada en 2013 por Interior para sustraer documentos sensibles al extesorero Luis Bárcenas, así como la pieza 5, conocida como Carol, que se abrió tras salir a la luz una conversación entre José Manuel Villarejo y Corinna Larsen en la que la segunda afirmaba que el Rey Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones por el AVE a la Meca.

"Respecto de los dispositivos de telefonía se dará acceso a todas las partes del informe de extracción de datos (...) a través de terminales que cuenten con sistema de bloqueo de escritura e impidan la realización de copias", explica además el magistrado en la providencia fechada el 10 de diciembre, descartando así que las partes puedan hacer copias de los documentos. "Respecto del material informático, distinto del indicado y que no se encuentra encriptado, se procederá en igual término a darse acceso a las partes a través de dispositivos de hardware que permitan el bloqueo de puertos de los dispositivos originales e impidan la realización de copias".

Los requisitos fijados por De Egea llegan después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera el pasado 5 de diciembre mantener el secreto sobre los archivos incautados al excomisario José Villarejo que aún están encriptados y deben ser descodificados con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En un auto, la sección tercera admitió así parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió a la Sala mantener el secreto sobre toda la pieza y de la parte que aún no se ha podido desencriptar, ya que la gran mayoría de los archivos digitales incautados a Villarejo estaban codificados.

La Fiscalía Anticorrupción se oponía así al levantamiento de secreto decretado por De Egea, decisión para la que alegaba que "ha transcurrido un determinado tiempo desde el inicio del procedimiento, sin haber tenido aún conocimiento los investigados José Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez de los hechos objeto de instrucción en esta pieza". Los choques entre De Egea y el Ministerio Público han sido constantes en los últimos meses y han llegado a tal punto que el el magistrado ha renunciado a continuar al frente de la investigación, para lo que ha rechazado asumir la prórroga de la comisión de servicios que encabezaba y que le condujo a hacerse cargo de la operación Tándem. Una vez se formalice su marcha, el procedimiento quedará por el momento en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-12/villarejo-corinna-kitchen-audiencia-nacional-secreto_1702442/


EL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El magistrado Diego de Egea no renovará como juez de refuerzo a partir del 1 de enero

Diego de Egea, instructor del caso de corrupción encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha decidido renunciar a seguir en la Audiencia Nacional como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. De Egea, que aduce motivos personales, no renovará en la plaza de juez de apoyo, que expira el próximo 31 de diciembre, pese a que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial su renovación.

El macrosumario sobre Villarejo, compuesto por siete piezas separadas, quedará en manos del titular del juzgado, Manuel García-Castellón, aunque el órgano de gobierno de los jueces nombre a otro magistrado de refuerzo en un juzgado en el que se investiga, entre otras causas, la Operación Púnica.

La instrucción del caso Villarejo (denominado en realidad Operación Tándem) ha estado marcada por las discrepancias jurídicas continuas del magistrado con los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que han recurrido decisiones relevantes del juez durante la investigación. Entre ellas, la decisión de levantar el secreto del sumario, que fue revocada parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De Egea, también contra el criterio de la fiscalía, archivó las pesquisas contra algunos de los investigados y puso en libertad a algunos de ellos, como el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, supuesto socio de Villarejo, sin esperar al informe del ministerio público.

La guerra declarada entre el juez De Egea y los fiscales Stampa y Serrano se inició el pasado 28 de mayo, cuando el comisario Enrique García Castaño acudió al despacho del magistrado en la Audiencia Nacional para preguntarle si le estaban investigando. De Egea le respondió que acudiera a la fiscalía a demandar esa información. Los fiscales le dieron la callada por respuesta. La iniciativa del juez no gustó a los representantes del ministerio público, según señalan fuentes judiciales. En julio, García Castaño fue detenido como presunto colaborador de la trama y posteriormente puesto en libertad.

Este martes por la mañana el juez instructor, según fuentes próximas, no ocultaba su malestar por el discurrir de este caso y confesaba: “No me queda mucho tiempo aquí”. Según fuentes cercanas al caso, De Egea era partidario de “encapsular” las siete piezas del caso Tandem y que una decisión política del Gobierno determinara “destruir el resto del material intervenido” al comisario José Manuel Villarejo. En su opinión, el asunto era difícil de manejar y podría llegar a atascar la Audiencia Nacional debido a la ingente cantidad de material informático intervenido al comisario: cuatrocientas carpetas en más de 20 terabytes susceptibles de convertirse en decenas de piezas separadas del caso principal.

De Egea no ocultaba que el pasado mes de julio, poco después de que se hicieran públicas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen sobre Juan Carlos I, estudió la posibilidad de poner en libertad provisional a Villarejo. Incluso llegó a sondear al entonces letrado del excomisario sobre si su cliente aceptaría llevar una pulsera electrónica. Ayer, fuentes cercanas al magistrado señalaban que no considera ahora acceder a la última petición del abogado del comisario jubilado, que ha solicitado que su cliente quede en libertad provisional antes de Navidad.

En las últimas semanas, De Egea aspiró a la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, su candidatura no recabó ningún apoyo en el CGPJ, que eligió por 11 votos al magistrado conservador Juan Pablo González frente a los 10 de la magistrada Ana Mercedes del Molino.

https://elpais.com/politica/2018/12/11/actualidad/1544557499_366112.html


LAS IMÁGENES QUE PRUEBAN EL SEGUIMIENTO POLICIAL A LOS AGENTES QUE INVESTIGARON A VILLAREJO

La cámara, instalada en la parte trasera de un coche, captó durante días los movimientos de la comisión judicial

Un coche aparcado, una cámara instalada de forma discreta en la parte trasera y horas y horas de grabación durante casi una semana en plena calle del centro de Madrid. Así es como la Policía Nacional grabó a los agentes encargados de investigar al comisario José Manuel Villarejo. En las imágenes, a las que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’, se ve a los miembros de la comisión judicial que investigaba el caso del 'pequeño Nicolás' y sus vínculos con el polémico mando. Pero la cámara también captó a personas que nada tenían que ver con el caso, como menores de edad o vecinos del barrio.

La comisión judicial había estado liderada por el comisario principal Marcelino Martín Blas, exresponsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y enemigo íntimo de Villarejo. Cuando se produjeron las grabaciones, esta comisión la dirigía uno de sus más estrechos colaboradores, Rubén Sánchez López. Se les investigó porque se sospechaba que se estaban llevando documentación sensible del caso en el que, entre otras cosas, se indagó sobre la grabación de una reunión entre Asuntos Internos y el CNI que le ha costado a Villarejo el procesamiento.

La cámara captó a menores de edad o trabajadores del edificio.

La cámara instalada en el vehículo estaba enfocada hacia la puerta del edificio en el que se ubicaba el piso habilitado para que los policías realizasen sus pesquisas a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Se trata de unas dependencias propiedad de la Dirección General de la Policía en las que además se encuentra el domicilio del jefe superior de Policía de Madrid o la sede de la Fundación de la Policía. Fuentes policiales aseguran además que en el mismo edificio hay también varios despachos de abogados.

Los policías acabaron investigados

Como adelantó este periódico, las imágenes fueron remitidas el 11 de octubre del año pasado a la juez titular del Juzgado número 2, Pilar Martínez Gamo. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, no consta que la magistrada tuviese conocimiento previo de la instalación de esta cámara, pero en virtud de estas grabaciones abrió una pieza separada secreta y citó a declarar a todos los agentes de la comisión judicial.

La investigación policial la realizó la Unidad Adscrita a los Juzgados de Madrid, dirigida por el inspector jefe Pedro Agudo, ex jefe de gabinete del director general de Policía y actual portavoz del PP en Senado, Ignacio Cosidó. Preguntado por este periódico, Agudo se desvincula de la colocación de la cámara. El oficio que remitía las imágenes a la juez estaba firmado por un mando de la Dirección Adjunta Operativa. La jueza imputó a los siete agentes de la comisión judicial un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, pero tras tomarles declaración acabó archivando la investigación.

La cámara estuvo grabando desde las 14 horas del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, último día de trabajo de la comisión judicial

La cámara estuvo grabando desde las 14 horas del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, último día de trabajo de la comisión judicial. Las explicaciones que ofrecieron los policías investigados a la juez es que al estar cerca de acabar sus funciones en ese lugar, acudieron a recoger sus objetos personales. Algunos, tal y como se ve en las imágenes, acudieron con sus hijos. Sin censurar la cara, también llegaron al Juzgado las imágenes de otros menores de edad residentes en el edificio así como personas que trabajan en el mismo.

Proporcionalidad, necesidad e idoneidad
Las fuentes policiales consultadas no se ponen de acuerdo acerca de la posibilidad de colocar una cámara durante días en la vía pública sin una autorización judicial previa. Algunos advierten de que en este caso se incumplieron los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Destacan que en el oficio remitido a la juez, ni siquiera se da cuenta de la comisión de ningún presunto delito.

Desde el punto de vista judicial, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco publicó un artículo al respecto en 2011 en el que abordaba el uso por parte de la Policía de cámaras en plena calle para investigar posibles delitos. El magistrado recuerda que la filmación era una técnica con escaso desarrollo a la hora de la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a su juicio es la que debe regir esta práctica.

En ese sentido, sostiene Velasco que ha sido la jurisprudencia la que ha ido dibujando su alcance y definición para permitir la grabación, pero “siempre que aparezca justificada aplicando criterios de proporcionalidad que descarten la arbitrariedad sin invasiones gratuitas e innecesarias de los derechos de la personalidad del afectado”.

En este caso ya existían en el interior del piso otras dos cámaras instaladas por la propia comisión judicial. Su contenido -al que también ha tenido acceso este periódico- fue aportado al Juzgado. Las había colocado el comisario Martín Blas con el conocimiento del anterior juez del caso Arturo Zamarriego. Estas cámaras captaron la llegada de los agentes de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Madrid con orden de requisar todo el material de la causa. Era el día 2 de octubre, festividad de la Policía Nacional. Ese mismo día era el que había fijado la jueza para que la comisión judicial remitiese sus informes finales. También ese día la magistrada fue condecorada por la Policía con la medalla al mérito policial.

https://www.vozpopuli.com/espana/imagenes-seguimiento-policial-investigaron-Villarejo_0_1198980767.html


INTERIOR ADMITE QUE POLICÍAS DE LA LUCHA ANTITERRORISTA PARTICIPARON EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

Un informe remitido al juez De la Mata afirma que en la Operación Kitchen participaron agentes de la Dirección Adjunta Operativa y de la Comisaría General de Información

El director general de la Policía, Francisco Pardo, remitió el 3 de diciembre al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —que investiga la caja b del PP— un breve informe en el que admite oficialmente la existencia de la denominada Operación Kitchen para espiar fuera de control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. En el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, se detalla que en este dispositivo —cuyo objetivo era sustraer la documentación comprometedora para los populares que pudiera esconder Bárcenas— no solo participaron agentes adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía el comisario Eugenio Pino, señalado como jefe de la brigada patriótica, sino también policías destinados en la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista. Uno de sus mandos, el comisario Enrique García Castaño, imputado por sus vínculos con el también comisario José Manuel Villarejo, pidió recientemente declarar sobre los detalles de este dispositivo que conocía.

En el informe, de poco más de un folio de extensión, la Unidad de Asuntos Internos también destaca que hay “constancia de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada”, en clara referencia a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, que durante dos años recibió con cargo a los fondos reservados 2.000 euros mensuales como pago a la información que facillitaba sobre los movimientos del extesorero y su entorno.

La Policía recuerda que las pesquisas están aún lejos de concluirse y que “se continúan efectuando gestiones para determinar todos aquellos extremos relativos” a este operativo que el juez De la Mata reclamó recientemente de manera urgente a Interior. Entre ellos, el magistrado quería que se le facilitasen todos los informes que se conservaran de la Operación Kitchen, así como la identidad de los responsables que la pusieron en marcha.

La Operación Kitchen está siendo investigada también por el juez Diego de Egea —que renunciará en breve a su puesto de magistrado de apoyo en la Audiencia Nacional— en una de las siete piezas separadas del caso Villarejo, en el que se investigan las actividades irregulares del comisario jubilado. De Egea inició las pesquisas a finales de octubre tras recibir un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía que destacaba el papel activo que había tenido el comisario Villarejo en aquellos seguimientos a Bárcenas sin autorización judicial y el uso irregular de fondos reservados.

https://elpais.com/politica/2018/12/11/actualidad/1544544105_929658.html

FERNÁNDEZ DÍAZ SE DESMARCA DEL USO DE FONDOS RESERVADOS PARA ESPIAR A BÁRCENAS: “YO NO LOS GESTIONABA, QUE LO DEMUESTREN”

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado este martes que no tiene “la más mínima preocupación” por el supuesto uso de fondos reservados del Ministerio para recuperar documentos comprometedores del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ya que sostiene que él no los gestionaba, sino que eran otras personas del Departamento en las que, según afirma, tiene “plena confianza”.

En los pasillos del Congreso, ha respondido así preguntado por la llamada ‘operación Fondos reservados’, como se ha bautizado el operativo policial llevado a cabo cuando él estaba al frente de Interior para, supuestamente, recuperar documentos de Bárcenas al parecer comprometedores para dirigentes del PP del momento como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Informaciones que ha ido revelando en las últimas semanas OKDIARIO, con pelos y señales de la operación.

Fernández Díaz considera “llamativo” que una pieza declarada secreta por el juez se esté conociendo a través de los medios de comunicación, si bien ha apuntado que, en lo personal, no tiene “la más mínima preocupación”.

Que lo demuestren
Aunque él rendía cuentas en el Congreso por esas partidas presupuestarias, Fernández Díaz ha recalcado que él no gestionaba los fondos reservados y que, por tanto, desconoce si con ellos se pagó esas maniobras para presuntamente recuperar documentación del tesorero.

No obstante, ha insistido en que tiene “plena confianza” en las personas que los gestionaban y que quien acusa tendrá que demostrar que no se hizo “de manera adecuada”. “Hay un juicio, pues ya está”, ha zanjado.

https://okdiario.com/espana/2018/12/11/jorge-fernandez-diaz-desmarca-del-uso-fondos-reservados-espiar-barcenas-yo-no-gestionaba-que-lo-demuestren-3456684


INTERIOR ADMITE AL JUEZ LA OPERACIÓN KITCHEN Y EL PAGO DE LA MISMA CON FONDOS RESERVADOS

La Policía explica en un escrito que "hasta el momento se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía"

El Ministerio del Interior ha reconocido este martes ante la Audiencia Nacional la existencia de la operación policial conocida como Kitchen, diseñada en 2013 para sustraer documentos sensibles al extesorero del PP Luis Bárcenas. Interior ha reconocido además ante el juez la utilización de fondos reservados para recuperar estos documentos sobre las cuentas opacas del partido, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

La Dirección General de la Policía ha entregado este martes al titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, un escrito en el que explica que "hasta el momento se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información". La Policía ha confirmado además que a la operación se sumaron "colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada". Lejos de conformarse con este relato, las fuentes consultadas apuntan a que el magistrado ya ha exigido a Interior que profundice en su explicación.

La Audiencia Nacional indaga si la persona que atacó la vivienda en 2013 en busca de documentos y discos duros está vinculada con el dispositivo policial

El escrito de la Dirección General de la Policía llega después de que José de la Mata, encargado de la causa sobre la caja B del PP, ordenara el pasado noviembre a la Secretaría de Estado de Seguridad que, con la máxima urgencia, le remitiera un informe completo sobre la operación policial encubierta contra el extesorero del PP en la que participó el comisario José Villarejo. En un auto, el magistrado reclamaba que "elabore y remita a este Juzgado informe completo relativo a la denominada operación Kitchen" y, en particular, "en lo relativo a sus objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control".

Además del juez De la Mata, el magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el conocido como caso Villarejo, Diego de Egea, también trata de esclarecer dicha operación, para lo que ha citado a declarar este miércoles al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por su supuesta participación en la misma. Ríos, del que se cree que pudo cobrar 48.000 euros por colaborar en Kitchen y robar agendas al extesorero, declarará así ante el juez una semana antes de comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo 18 de diciembre en la comisión de investigación sobre la financiación del PP.

Además de Ríos, Diego de Egea también investiga a Enrique Olivares García, el individuo que irrumpió vestido de cura en el domicilio madrileño de Bárcenas en 2013 y, tras maniatar a su mujer Rosalía Iglesias y al hijo de ambos, Guillermo, exigió, arma en mano, que le entregaran documentación y 'pendrives' que decía guardaba el popular en su vivienda. Olivares fue finalmente reducido, tras lo que se le condenó por allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenazas, otro de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones durante el asalto a la vivienda. Lejos de conformarse con esta condena, De Egea quiere ahora saber si detrás de esta larga lista de delitos se encuentra la operación policial orquestada por Interior.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-11/operacion-kitchen-interior-barcenas-documentos_1699246/


LA AUDIENCIA INVESTIGA EN UNAS DILIGENCIAS SECRETAS LOS AUDIOS DE COSPEDAL CON VILLAREJO

Fuentes del caso explican que los investigadores tratan de averiguar si existe algún vínculo entre esas cintas y la denominada operación Kitchen

Suma y sigue en la operación Tándem. El magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, investiga en unas diligencias secretas los audios de la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, con el comisario jubilado José Villarejo.

Según ha podido saber El Independiente, dichas diligencias previas son las DP 81/18 donde se encuentran los audios que fueron aportados por la web Moncloa.com sobre el encuentro que mantuvo la ex ministra de Defensa con el polémico agente de policía en la sede nacional del Partido Popular.

En dichos audios, María Dolores de Cospedal encargó a José Manuel Villarejo a través de su marido que investigara a Javier Arenas, con el que estaba enfrentado a cuenta de la protección que el político andaluz defendía que había que brindar a Luis Bárcenas cuando ya se conocían los vínculos del tesorero del partido con la trama Gürtel. Además, Ignacio López del Hierro, utilizó al entonces comisario en activo para tratar de obtener información sobre el avance de la investigación policial y judicial vinculada a dicha trama de corrupción.

Ahora, la Audiencia investiga el alcance de dichos audios en unas diligencias de carácter secreto donde se ha ordenado el análisis de dicho material. Además, fuentes del caso explican que los investigadores tratan de averiguar si existe algún vínculo entre esas cintas y la denominada operación Kitchen, es decir, el dispositivo policial que fue orquestado por el Ministerio del Interior para obtener información sensible sobre el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

De hecho, recientemente el Juzgado de Tándem rehusó a practicar las diligencias solicitadas por la acusación popular ejercida por Podemos – averiguación sobre si los archivos sonoros habían sido manipulados o el cotejo de las personas intervinientes en los mismos- argumentando que ya se estaban practicando diligencias sobre los audios de Cospedal.

Junto con la reunión de la ex secretaria general de los populares, Moncloa.com también difundió un almuerzo celebrado en el restaurante Rianxo el 23 de octubre de 2009 al que asistieron la hoy ministra de Justicia Dolores Delgado, el ex juez Baltasar Garzón y cuatro comisarios de policía. Tras salir a la luz pública estas grabaciones, el magistrado De Egea pidió a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía un informe analizando los posibles vínculos entre el periódico digital y Villarejo.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/12/11/la-audiencia-investiga-en-unas-diligencias-secretas-los-audios-de-cospedal-con-villarejo/


LA CÚPULA DE LA 'POLICÍA PATRIÓTICA' FIRMÓ EL USO DE FONDOS RESERVADOS PARA DESTRUIR PRUEBAS DEL PP

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y altos mandos de su entorno autorizaron los gastos en 2013 y 2014 de la operación Kitchen, investigada en dos juzgados de la Audiencia Nacional, según la documentación desclasificada por el Gobierno que va a ser remitida a la justicia. Las firmas de la cúpula de la 'policía patriótica' figuran en los justificantes del gasto, mientras que no aparecen las de sus superiores, el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, o el exministro Jorge Fernández Díaz

El ministerio del Interior prepara la documentación desclasificada sobre la 'operación Kitchen', para remitirla "de inmediato" al juzgado de refuerzo número seis y al cinco de la Audiencia Nacional, que investigan el supuesto uso de fondos reservados entre 2013 y 2014 para destruir pruebas en posesión del extesorero Luis Bárcenas, relacionadas con la caja B del Partido Popular.

Las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER afirman que en las "decenas de documentos" encontrados sobre la autorización de gastos para llevar a cabo el operativo, figuran las rúbricas del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, así como las de varios de sus colaboradores más directos en lo que vino a llamarse la 'policía patriótica', encargada de distintas operaciones discutidas en Cataluña o para frenar el ascenso de Podemos, cuando Jorge Fernández Díaz ocupaba la cartera del Ministerio del Interior.

Las mismas fuentes, en contacto con los responsables de Interior que recaban la documentación desclasificada, sostienen que entre los informes hallados no figuran las firmas del exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, ni del ministro Fernández Díaz. Sin embargo, consideran que la autorización del operativo y la disposición del gasto debió proceder de los superiores de Eugenio Pino, porque "al menos el secretario de Estado de Seguridad" del ministerio del Interior tuvo que tener conocimiento de los hechos para aprobar el uso de fondos reservados.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional cuya rúbrica aparece en la 'operación Kitchen', Eugenio Pino, era un cargo de la máxima confianza del ministro Jorge Fernández Díaz. Cuando el alto mando policial se jubiló en 2016, Fernández Díaz agradeció en público su "lealtad, eficacia, competencia y excelente profesionalidad". Al tiempo que concedía a Pino la medalla al mérito policial, que comporta una pensión anual de 3.725 euros, el ministro manifestó sentirse "muy honrado, orgulloso y agradecido" por sus años de servicio.

Eugenio Pino está imputado en un juzgado de Madrid por falsificar supuestamente pruebas para involucrar a los Pujol en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado su imputación en el juzgado número 6 de la Audiencia que investiga el 'caso Villarejo'.

http://cadenaser.com/ser/2018/12/10/tribunales/1544468981_719519.html


INTERIOR BUSCÓ TRAPOS SUCIOS DEL MEJOR AMIGO DE BÁRCENAS PARA QUE LE TRAICIONARA EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

Analizó la trayectoria y el historial judicial de Javier Sanchez-Lázaro para presionarle. El empresario asegura que nadie se puso nunca en contacto con él. La Policía rastreó las pruebas de Bárcenas contra Rajoy en la sierra de Burgos

Luis Bárcenas y el empresario Javier Sánchez-Lázaro son amigos. Y esa relación no tendría la más mínima relevancia si no fuera por que el Gobierno de Mariano Rajoy trató de utilizarla para localizar los documentos y las cintas que el extesorero del partido escondía presuntamente en verano de 2013.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los hombres que formaron parte de la operación Kitchen, el dispositivo secreto creado en el Ministerio del Interior para hacerse con la información custodiada por le entorno de Bárcenas, investigaron al empresario Javier Sánchez-Lázaro, sus posibles vulnerabilidades e incluso el historial judicial de su familia. El objetivo era encontrar un elemento de presión contra él. Algo que le forzara a traicionar a su amigo y convertirse en informante, si es que realmente tenía los datos.

En aquellas fechas, los agentes tenían la tesis -nunca confirmada y que no parece sustentada por documento, testimonio o investigación judicial alguna- de que Sánchez-Lázaro era una de las personas que, por su cercanía a la familia, tenía conocimiento de la documentación escondida por Bárcenas antes de entrar en prisión.

Este diario ya reveló que las pesquisas secretas, investigadas ahora por partida doble en la Audiencia Nacional, alcanzaron incluso a los vecinos del edificio donde residía el hombre que durante años controló las finanzas del Partido Popular, a los compañeros en el estudio de arte de su mujer y a los viajes que la familia hacía a un paraje en la sierra de Burgos, donde los responsables policiales pensaban que el exsenador había ocultado información sensible.

Sánchez-Lázaro niega cualquier contacto

Sin embargo, Javier Sánchez-Lázaro fue siempre otro de los objetivos prioritarios, bien a controlar, o bien a captar como colaborador. Senador por Extremadura en dos legislaturas durante los años 80, el empresario amasó parte de su patrimonio con el negocio inmobiliario y tiene otro hermano vinculado con la política: fue en dos ocasiones diputado de la Asamblea de Madrid (1995 y 1999), también por el Partido Popular.

El dato es importante ya que en medio de la operación Kitchen, los miembros de Interior que participaron en el operativo se hicieron con la documentación judicial que afectaba a dos de los hermanos de Javier Sánchez-Lázaro. En aquellas fechas, ambos estaban imputados por un presunto delito de apropiación indebida. Un litigio entre accionistas de una mercantil llamada Zoco Center que había terminado en los juzgados por la vía pena.

Según fuentes conocedoras de la operación, el objetivo de obtener y analizar esta documentación era localizar un elemento de presión que sirviera para hacer que Javier Sanchez-Lázaro colaborara con el dispositivo secreto. La promesa para dar carpetazo a ese juicio podría servir para que el empresario se plegara a colaborar. Algo que nunca se produjo.

En conversaciones con este diario, el Sánchez-Lázaro ha negado que nadie se pusiera en contacto con él para hacerle propuesta alguna relacionada con Luis Bárcenas o con la operación Kitchen. Además, según fuentes relacionadas con la operación, la estrategia planeada por los miembros de Interior tenía un problema que la hizo inservible: relación entre el amigo de Bárcenas y los familiares afectados por ese juicio se habría deteriorado años antes.

Así que los operativos sobre el terreno buscaran otra vía para llegar a Bárcenas. Otro confidente que recibió el nombre en clave de "el cocinero" y que terminó siendo el conductor del propio Bárcenas.

https://www.elespanol.com/espana/20181211/interior-trapos-sucios-barcenas-traicionara-operacion-kitchen/359715092_0.html


LA POLICÍA TOMÓ 3 DÍAS LA CASA DE BÁRCENAS PARA BUSCAR LOS PENDRIVE SENSIBLES TRAS FALLAR EL SECUESTRO

La Policía permaneció 3 días en el domicilio de los Bárcenas con la intención de encontrar los documentos sensibles que afectaban a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal con la excusa de que necesitaban protección tras fracasar el secuestro.

Como desveló ayer OKDIARIO la operación del falso cura no había logrado recuperar los tres pendrives que, según el chófer-topo de la Policía, el ex tesorero del Partido Popular había escondido en el domicilio familiar.

Fuentes próximas a los Bárcenas, señalan que ya entonces, en los días siguientes al 23 de octubre de 2013 –la fecha del secuestro frustrado– los familiares del ex tesorero, que entonces se encontraba en la cárcel de Soto del Real, ya sospecharon de tal despliegue policial. No sólo por su duración, sino porque, además, los policías iniciales fueron sustituidos por otros ajenos al primer reconocimiento y ajenos a la estructura habitual de una investigación de este estilo.

Ahora, cinco años después, la familia Bárcenas no guarda ninguna duda sobre las informaciones publicadas por este periódico: el falso cura era un mercenario contratado por la Policía y los agentes permanecieron en su casa para investigar desde dentro: para realizar un registro con el que poder localizar archivos o documentos físicos que recogieran información sensible de altos cargos del PP y que el falso cura no había conseguido localizar. Incluso, no descartan que entonces colocaran algunos micrófonos en el interior de la vivienda.

Todo unido a la condición de topo del chófer del ex tesorero colocaba a la familia de Luis Bárcenas como la familia más vigilada de España. Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, y los altos cargos de su ejecutivo y del partido estaban preocupados con el “ventilador” de quien había estado al frente de las finanzas de Génova desde junio de 2008, cuando fue ascendido de gerente a tesorero en sustitución de Álvaro Lapuerta, hasta julio de 2009.

Vigilancia a los Bárcenas

Entonces, fue cesado tras estallar el caso Gürtel y en 2013 ingresó en prisión.

A pesar del fracaso del secuestro, que puso en peligro la ‘operación Cuisine’, el Ministerio del Interior ordenó continuar con el seguimiento a Luis Bárcenas, centrado también en su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo. Los agentes del Área Especial de Vigilancia, repartidos en dos grupos de diez unidades se mantuvieron apostados en las cercanías del domicilio de Príncipe de Vergara, mientras sus compañeros de Información intentaban encontrar los “papeles” en el interior de la vivienda.

Los seguimientos y el control efectuado con efectivos policiales, por lo tanto, se realizó tanto antes como después de la entrada del falso cura en la casa de los Bárcenas. El detalle de ese control llego al punto de que se trasladaron informes del propio hijo de los Bárcenas -Guillermo- relatando sus movimientos y los lugares que frecuentó en los días previos y posteriores al secuestro. Posteriormente a estos seguimientos al hijo, de hecho, se desaconsejó continuar con su control ante la evidencia de que no estaba al corriente de documentos ni dosieres.

Durante el operativo de entrada del falso cura en el domicilio familiar del ex tesorero del PP, los policías que realizaron el control de la vivienda de los Bárcenas trasladaron la información de los movimientos observados. Narraron en directo a sus mandos la entrada del mercenario e, igualmente, informaron de la entrada posterior del chófer-topo. Fuentes de primer nivel conocedoras del operativo han reconocido a OKDIARIO que, además, sabían desde semanas antes de la existencia del plan de entrada en el domicilio familiar. La explicación que se les dio fue que “hay que recuperar los tres pendrive” y el mercenario encargado de la entrada “era un profesional” que ya había realizado trabajos similares en el pasado.

El operativo contra los Bárcenas, como investiga la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) fue una misión extrajudicial que el Ministerio del Interior autorizó para impedir que los jueces que investigaban el caso Gürtel tuvieran acceso a los documentos de la contabilidad B del PP y los sobresueldos de algunos de sus dirigentes. La UAI ha elaborado un amplio informe, que entregó al magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que se señala a José Villarejo y Enrique García Castaño como los comisarios que pusieron en marcha el operativo policial.

https://okdiario.com/investigacion/2018/12/11/policia-tomo-3-dias-casa-luis-barcenas-buscar-pendrive-sensibles-fallar-secuestro-3452118


LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCIÓN

La Sala de Gobierno acuerda solicitar que De Egea continúe de refuerzo porque el titular de su Juzgado lo consideró conveniente hace tres meses El instructor y los fiscales han discrepado en casi todas las decisiones relevantes adoptadas por el juez desde que Anticorrupción presentara la querella El magistrado De Egea abre la puerta a que Villarejo salga en libertad condicional tras acusar a la Fiscalía de hacer investigaciones “prospectivas”

El instructor y los fiscales han discrepado en casi todas las decisiones relevantes adoptadas por el juez desde que Anticorrupción presentara la querella

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en los próximos días si renueva por otros seis meses la comisión de servicio en la Audiencia Nacional a Diego de Egea, el juez que instruye el caso Villarejo. La decisión del Poder Judicial llegará en un punto álgido de la instrucción, con el juez favorable a rebajar las medidas cautelares contra el comisario, lo que abriría la puerta a su excarcelación, y con el conflicto entre el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción muy agudizado, después de que De Egea acusara en un auto a los dos representantes del Ministerio Público de realizar una investigación “prospectiva” en una de las piezas separadas. La Audiencia Nacional ha informado a favor de la renovación.

La Operación Tándem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializó la investigación al comisario, hace más de un año, se han visto afectados el rey emérito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la cúpula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa está en parte secreta y parece esconder otras 'bombas' entre el ingente material incautado al policía jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jurídico entre el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.

Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el comisario Salamanca. También solicitaron sin éxito la prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido por orden de la Fiscalía, después de que el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no sería arrestado. De Egea decidió que la investigación se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A García Castaño, El Gordo, se le atribuye organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Se trata del comisario que habría vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.

Fuentes jurídicas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que García Castaño habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a éste, donde aparecen presuntas gestiones de “Big”, el alias que utilizaba para su compañero. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vendía a sus clientes a precios estratosféricos.

Por otra parte, Anticorrupción se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correría la investigación si quedaba libre. El socio del comisario terminó por salir de prisión en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidió levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como había acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscalía para hacer frente a las principales decisiones del juez.

El diario El Mundo publicó el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisión provisional de Villarejo por la imposición de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estaría limitada por una pulsera telemática. El magistrado insistiría así en una posibilidad que rechazó hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En España, el control telemático está limitado a los condenados en sentencia firme.

Este lunes, elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevaría medidas inéditas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al día para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet “mediante métodos tecnológicos”.

A la Audiencia Nacional por decisión de Lesmes

Así las cosas, la comisión permanente del CGPJ tiene en su mano renovar o no a De Egea. El juez llegó a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye Púnica y Lezo. Su anterior instructor, Eloy Velasco, tuvo la ayuda de un magistrado de apoyo, pero el CGPJ terminó por retirarlo al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces cambió de opinión cuando a Velasco le sustituyó Manuel García Castellón, el titular de la plaza que gozaba de uno de los destinos más ansiados en la judicatura, magistrado de enlace en Roma.

Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones y García Castellón decidió volver a un juzgado saturado de trabajo con dos de los casos más graves en torno al PP. Pidió un refuerzo y el CGPJ le concedió a De Egea, una decisión adoptada en pleno mes de agosto. Los vocales de la comisión permanente se dividieron entre los que preferían al anterior juez de refuerzo en el Juzgado 6, Alejandro Abascal, y los que optaron por De Egea. El voto de calidad del presidente Lesmes decantó la decisión hacia éste último. Diego de Egea se encargaría de todas las causas nuevas que entrasen en el juzgado, como ocurrió con la Operación Tándem.


El CGPJ decide sobre las comisiones de servicio de la Audiencia Nacional previo informe de su Sala de Gobierno y otro de la Inspección del propio Poder Judicial. El pasado 22 de octubre, la Sala de Gobierno votó de forma unánime a favor de prolongar la estancia de De Egea en el Juzgado de Instrucción número 6. En su acuerdo, valora que se dan “las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial” y que “persisten las razones que originaron su nombramiento, debiéndose verificar a la mayor urgencia”.

Fuentes del tribunal especial explican que para adoptar esa decisión se preguntó al juez titular sobre la conveniencia de que continuara el refuerzo, a lo que el magistrado respondió afirmativamente. La consulta a García Castellón se realizó hace tres meses, a principios de septiembre. Inspección del CGPJ debe emitir todavía un informe sobre la situación del Juzgado 6 y la contribución de De Egea para aliviar la carga de trabajo.

La Comisión Permanente que decidirá sobre el futuro de De Egea está presidida por Carlos Lesmes y reúne a los siete vocales con dedicación exclusiva. El presidente y cuatro de ellos son conservadores y los otros tres progresistas. Recientemente, De Egea aspiró a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, pero no obtuvo ningún voto. En un enfrentamiento total en el seno del Consejo, los magistrados conservadores impusieron su mayoría votando en bloque a Juan Pablo González, recusado de Gürtel por su proximidad al PP, mientras que los progresistas apoyaron todos a Mercedes del Molino.

https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Judicial-Villarejo-Anticorrupcion_0_844816452.html


LAS NOTAS INTERNAS DE 'KITCHEN': "BÁRCENAS DICE QUE LE HAN ROBADO Y ASEGURA QUE HA SIDO EL GOBIERNO"

La Policía dejó constancia por escrito en los informes de la operación Kitchen que Luis Bárcenas se había dado cuenta de que le habían sustraído material sensible contra el PP. El dispositivo policial puesto en marcha para arrebatar al ex tesorero su arsenal contra el Gobierno de Mariano Rajoy fue alertado a principios de 2015 por su red de confidentes de que el ex alto cargo popular se había percatado de que había sufrido al menos "dos robos". Uno de ellos, "la grabación de una conversación privada" con altos cargos del PP.

Así se plasmó en una nota policial interna del operativo, a cuyo contenido ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO. Fue fechada el 19 de enero de 2015 y estaba encabezada como "Asunto: Cocinero", en referencia al chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la Policía como confidente y que reportaba puntualmente la información que obtenía de las conversaciones que escuchaba o mantenía con la familia.

La Audiencia Nacional investiga en estos momentos esta operación policial para neutralizar la ofensiva de Bárcenas y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que declaren como imputados el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el conductor Sergio Ríos. Asimismo, el juez Diego de Egea ha emplazado en calidad de testigos a Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias este miércoles como perjudicados por la sustracción de pruebas sensibles contra el PP. Fuentes de la antigua cúpula policial admiten a este periódico la existencia del operativo pero niegan que el objetivo fuera robar a Bárcenas sino localizar su supuesta fortuna oculta en el extranjero. Mientras tanto, el Gobierno ya ha aceptado desclasificar la información relacionada con este operativo y ponerla a disposición de la Justicia.

Durante la jornada del referido 19 de enero de 2015, el dispositivo policial, encabezado entre otros por el comisario José Manuel Villarejo, en estos momentos en prisión acusado de liderar una organización criminal, informó por escrito de que el conductor había mantenido "conversaciones en persona, de manera sucesiva" con los hijos del ex tesorero del PP. "Primero con Guillermo, hijo menor de LB fruto de su matrimonio actual con Rosalía (Iglesias) y después con Ignacio, hijo fruto de su primer matrimonio", indicó. El informe, que forma parte del material intervenido por la Audiencia Nacional en la denominada Operación Tándem en la que se investigan las actividades de Villarejo, refleja una primera conversación con Guillermo "a primera hora de la mañana". En ella, el hijo del ex tesorero, dedicado ahora con éxito a la música al frente del grupo Taburete, "manifestó" al chófer "el malestar de su padre". "Comenta que le han robado algo y no se fía de nadie", señala el informe interno, que se lamenta de que Willy, como se le conoce popularmente, fuera muy "reservado" al hablar sobre este asunto.

La convicción de que había sido víctima de un robo también se la trasladó al conductor de la familia Bárcenas el otro hijo del también ex senador popular. "Posteriormente Ignacio comenta lo mismo entrando más en detalle", abunda el informe policial. "Confirma el robo [no especifica el contenido] y manifiesta que su padre está seguro de que ha sido el Gobierno", agrega. Las sospechas del ex tesorero le llevaron, según acreditó la Policía, a sospechar incluso de sus propios abogados, de quienes pensaba que podían haber alcanzado "algún pacto", en referencia al Ejecutivo que presidía Rajoy, con quien se había enfrentado abiertamente desde hacía dos años al aflorar los célebres papeles que reflejaban la contabilidad B del partido y los sms que se intercambió con el ex presidente del Gobierno, en los que éste le trasladaba su apoyo después de haberse conocido que ocultaba más de 40 millones en Suiza. Aquellos días de comienzos de 2015 fueron especialmente convulsos en el seno del matrimonio Bárcenas, toda vez que Anticorrupción había hecho público tres días antes su escrito provisional de acusación en el caso Gürtel. Solicitaba 42 años y medio para Bárcenas y 24 años y un mes de prisión para su esposa, un jarro de agua fría para la familia. "(Bárcenas) cree que la petición de 24 años de prisión es fruto de su exceso de protagonismo y su sobreexposición a los medios", anotaba la Policía basándose en el relato del conductor.

"Habla mucho con periodistas, ha llamado varias veces a Moncloa identificándose y pidiendo hablar con Mariano Rajoy y otros, también cree que gasta demasiado dinero", apuntaba el operativo, que no contó en ningún momento con la tutela del juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba las finanzas de Bárcenas en el caso Gürtel.

Aquellos días, la desconfianza de Bárcenas le llevó, según la información trasladada al dispositivo policial de Kitchen, a recelar de su compañero en el partido Jesús Sepúlveda. "LB no se fía tampoco de él, cree que la petición de 15 años de prisión, muy inferior incluso a la de Rosalía, es fruto de algún tipo de pacto".

Otro de los extremos que fueron requeridos al chófer de Bárcenas por parte de la Policía radicó en las vías de financiación del matrimonio. Especialmente si tenía dinero oculto o si estaba empleando testaferros para ocultarlo. "Actualmente le debe estar ayudando económicamente Ángel Sanchís", recalcaban los documentos internos de la Kitchen en alusión a quien fuera tesorero del partido en la década de los ochenta. "Según Ignacio", afirma el reporte policial, en referencia al hijo mayor de Bárcenas, "éste optaría por una solución pactada, no es partidario de grandes titulares". "Siempre ha apostado por cambiar de abogados y coger un bufete de renombre internacional debido a la implicación de Suiza en el asunto". "Ignacio cree que seguramente sea éste el que designe y, por supuesto, sufrague al nuevo letrado".

Tal y como ha revelado EL MUNDO durante las últimas semanas, la Policía utilizó la operación Kitchen para apoderarse de múltiples documentos en poder de Bárcenas con anotaciones y facturas relacionadas con la financiación irregular del partido en toda España. Entre esta documentación se encontraban manuscritos de Rosalía Iglesias en los que relataba algunas de las pruebas de que disponían contra el PP: "obras" abonadas supuestamente con dinero negro "en casa de Mariano (Rajoy)", "detalles" de la cantidad exacta de dinero negro que entraba en la tesorería nacional del partido al año, la entrega de sobresueldos a altos cargos de la formación (Rato, Arenas o Acebes)... Este operativo policial logró acceder incluso a los inmuebles de los Bárcenas, por ejemplo a un estudio en la madrileña calle de General Díaz Porlier gracias a que el conductor reconvertido en confidente facilitó la clave de la alarma.

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/10/5c0d3f43fdddff12138b465d.html

NUEVAS PRUEBAS DE LA CAJA B: 65.600 EUROS EN TRAJES PARA RAJOY, RATO, TRILLO Y CASCOS

'El Independiente' ha tenido acceso al documento que revela cómo se destinaron hasta 65.623 euros de la contabilidad B del PP a servicios de sastrería para el ex presidente Rajoy y sus ex ministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos

La denominada Operación Kitchen ha sacado a la luz pública documentos relacionados con la Caja B del Partido Popular que nunca llegaron a ser aportados por el ex tesorero Luis Bárcenas a la Audiencia Nacional. Cinco años después de conocerse que la formación conservadora pagó sobresueldos y otras atenciones a sus ex dirigentes, El Independiente ha tenido acceso al documento que revela cómo se destinaron presuntamente hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ex ministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos.

Se trata de una tarjeta con el nombre del propio Bárcenas en un lateral y en la que el ex senador anotó los pagos que iba haciendo al sastre por los trajes que confeccionó para los ex dirigentes del PP. En concreto, se pagó 12.620 euros por los de ‘Mariano’, en referencia a Mariano Rajoy; 13.700 euros para los trajes de ‘Rodrigo’, en alusión al ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, y 19.830 euros para ‘Paco’, nombre que, según fuentes cercanas al ex tesorero, se corresponde con el del ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. Estos servicios de sastrería sumaron 46.150 euros, costeados con la corriente de fondos opacos de los ‘populares’.

En conversación telefónica con este diario, Federico Trillo ha negado rotundamente que le hubieran pagado trajes, versión que ya mantuvo cuando compareció el pasado 20 de noviembre ante la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

Bárcenas rehusó a entregar a la Justicia toda la documentación de la Caja B para no perjudicar a sus protagonistas aunque nunca admitió dicho extremo ante el juez”

Junto a los pagos que fueron efectuados, en dicha cartulina también aparece uno pendiente del año 2001 para Federico -“Pte. Federico”-, nombre que las fuentes informantes atribuyen al ex ministro Federico Trillo– por valor de 19.470 euros.

Este documento es uno de los muchos que el ex gerente del PP evitó entregar a la Justicia para no perjudicar a sus protagonistas, quienes en mayor o menor medida se han visto salpicados en los últimos años por la financiación irregular de su partido al ser ex altos cargos del mismo. Rajoy, Rato y Álvarez Cascos tuvieron que declarar como testigos en el verano de 2017 en la vista oral que se celebró en la Audiencia Nacional por la Época 1 de la trama Gürtel. Todos ellos negaron la existencia de la Caja B así y haberse beneficiado de pagos fraudulentos procedentes de los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Por su parte, Federico Trillo –éste se libró de declarar en el juicio– sí ha tenido que comparecer este mes de noviembre en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para ser interpelado por la contabilidad B de su partido. Allí restó “veracidad” a los papeles de Bárcenas y dijo que no sabía “qué era esa Caja B”.

En 2013, el ex tesorero reconoció ante Ruz haber pagado con dinero B servicios de sastrería para el ex presidente Rajoy”

No obstante, lo cierto es que los pagos ‘opacos’ al sastre de Bárcenas y de Rajoy ya se evidenciaron cuando estalló el caso de los denominados ‘papeles de Bárcenas’. En julio de 2013, cuando estaba en situación de prisión preventiva, el ex senador del PP ‘tiró de la manta’ y relató ante el ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cómo su sastre personal le hizo trajes a medida al ex presidente Mariano Rajoy, que eran sufragados al margen de la contabilidad oficial, ya que “iba ser muy gravoso para Rajoy que tuviera que pagarlo de su bolsillo”. Lo hizo cuando el instructor le interrogó sobre el apunte contable ‘Trajes M.R’. El que fuera hombre de finanzas del PP –ahora en prisión por su condena en el caso Gürtel- argumentó que dicha ropa se costeó con fondos de la Caja B “porque probablemente no hubiera quedado estéticamente muy bien presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes”.

El hallazgo de nuevos papeles de Bárcenas abre la vía a acreditar el cohecho en la Caja B
La investigación de los denominados papeles de Bárcenas vuelve a activarse después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional requiriera a diario 'El[...]

Por su parte, en el marco de la operación Kitchen, el diario El Mundo publicó recientemente una tarjeta con el contacto de Manuel Calvo de Mora, el sastre de Rajoy al que también se le abonaron en negro sus servicios, siempre según la versión prestada por Luis Bárcenas. Ahora, este documento junto a otros, ha sido reclamado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, instructor de la Caja B, para ser incluido en el sumario.

Fuentes del caso consultadas por este medio sostienen que en la Audiencia siempre se sospechó que el imputado no aportó al juzgado toda la documentación que poseía sobre los veinte años de financiación irregular en la formación ‘popular’. Frente a las nueve cajas que se pensaba que el ex tesorero guardaba, a la Justicia sólo entregó dos de ellas. Al ser preguntado en 2013 por este extremo, el ex gerente manifestó haber dado de forma íntegra la documentación que custodiaba a la Audiencia Nacional. “Todo lo que tiene relevancia está puesto a disposición del juzgado”, recalcó el ya condenado. Un lustro después los papeles de Kitchen, que le habrían sido sustraídos por orden de la anterior cúpula de Interior, demuestran que Luis Bárcenas no dijo la verdad.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/12/10/nuevas-pruebas-de-la-caja-b-65-600-euros-en-trajes-para-rajoy-rato-trillo-y-cascos/


INTERIOR PAGÓ 10.000 € DE FONDOS RESERVADOS AL FALSO CURA PARA SECUESTRAR A LOS BÁRCENAS
BÁRCENAS

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y el secuestrador Enrique Olivares.

El Ministerio del Interior pactó con el delincuente Enrique Olivares el pago de 50.000 euros de fondos reservados por secuestrar en octubre de 2013 a la familia Bárcenas y recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Según había informado el chófer Sergio Ríos, los soportes informáticos los guardaba el ex tesorero en su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid.

Fuentes policiales, que conocieron de cerca la operación policial, aseguran a OKDIARIO que, para ejecutar el asalto a la vivienda, los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos del Ministerio de Interior. Además, le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito: si recuperaba los documentos internos del PP que afectaban a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Siguiendo un operativo diseñado por la propia Policía y con el conocimiento de algunas de las más altas instancias de la Seguridad del Estado, el delincuente Enrique Olivares se presentó en el hogar de los Bárcenas con la lección muy bien aprendida. Previamente, había sido preparado por mandos policiales y había tenido acceso a un croquis con la distribución del domicilio del ex tesorero, que en esas fechas se encontraba en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Un sicario contratado por la propia Policía

El sicario, contratado por la propia Policía, accedió a la vivienda de Bárcenas la tarde del 23 de octubre de 2013 sobre las 15,45 horas, cuando la familia comía en la cocina. El mercenario iba vestido de sacerdote con traje negro y alzacuellos (clairman), disfraz con el que engañó al portero de la finca y, poco después, a la trabajadora doméstica, la dominicana Victoria Feliz de la Cruz.

El secuestrador al hijo de Bárcenas: “Me hacéis entrega de los ‘pendrives’ de tu padre… u os mato”

Tras accionar el timbre, el falso sacerdote comprobó cómo la sirvienta pedía permiso a Rosalía Iglesias y le abría la puerta del domicilio. Fue definitivo que le explicara que era un cura de Instituciones Penitenciarias y que quería entrevistarse con el hijo y la mujer de Bárcenas. ¿El motivo?: Rellenar un formulario a fin de que le concediesen la libertad provisional al ex tesorero de Génova.

La mentira de Olivares dio resultado porque la mujer de Bárcenas y su hijo Guillermo lo invitaron a pasar al salón. Una vez allí, en un descuido de los anfitriones, sacó de un maletín un viejo revolver de bolsillo tipo “british bulldog”, con un tambor de 5 balas, sin marca, modelo y número de serie, que había sido modificado de manera rudimentaria.

La recámara de los casquillos tenía embutidos tubos metálicos para reducir el calibre original de 11 mm a otro de 8 mm. Asimismo, el delincuente-colaborador de la Policía guardaba otros diez cartuchos de fogueo con la inscripción MFS –uno de ellos “con una bola de acero adherida en su parte delantera” con pegamento superglue–.
Tres secuestros con fondos reservados
De la amabilidad, el asaltante pasó a la acción amenazando con malos modales a Guillermo Bárcenas: “Tú túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre”. Después maniató con unas bridas en las muñecas a los moradores de la vivienda: Rosalía Iglesias, su hijo y la asistenta. Los tres fueron conminados: “Ahora me lleváis al despacho de tu padre y, una vez allí, me hacéis entrega de los pendrives de tu padre o me decís la información que tumbe al Gobierno u os mato”. Y soltó otra amenaza dirigiéndose a Guillermo Bárcenas: “O me das la información o le doy un culetazo a tu madre y la duermo”.

Saltaba a la vista que el delincuente común sobornado por la Policía había sido aleccionado. Por eso le espetó a los secuestrados: “Quiero la información que tienen para derribar a este Gobierno y su presidente”. El delincuente mentía porque el fin último del operativo era privar a los jueces de la Audiencia Nacional de la documentación de Bárcenas, como ha venido informando OKDIARIO, en exclusiva, en el ya conocido como “caso de los fondos reservados”.

Bárcenas

“Túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre”, le espetó el secuestrador a Willy Bárcenas.
La cúpula de la Policía no sólo había sobornado con 48.000 euros de los fondos reservado del Ministerio del Interior y una plaza de subinspector del CNP al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, sino que además se atrevía a financiar con dinero negro de la misma procedencia a un delincuente con antecedentes penales para que secuestrara durante poco más de una hora a la familia del ex tesorero del PP.

El hijo de Bárcenas logró reducir al secuestrador

La asistenta, de origen dominicano, tras el secuestro, declaró al juez que el falso emisario de Instituciones Penitenciarias la amenazó apuntándole con el revólver: “Usted es de Santo Domingo, así que ya sabe qué es lo que va a pasar aquí”, dejando entrever un desenlace violento.

Pero cuando Olivares se disponía a cumplir su amenaza, en un descuido, el hijo de Bárcenas –el cantante y fundador del grupo Taburete– se libró de las bridas y se lanzó contra el sicario policial consiguiendo derribarlo. Del empujón el revólver cayó al suelo, momento que también aprovechó la asistenta para retirar el arma. Llamó a gritos a la Policía desde el balcón que da a la calle Príncipe de Vergara y salió corriendo de la vivienda hacia la cafetería Perfil 34, donde dejó el revólver. Otra vecina que escuchó las voces también avisó a la fuerzas del orden.
Bárcenas

El mercenario, finalmente, fue reducido y detenido por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que desconocían los planes secretos del secuestrador y, por tanto, que éste fuera colaborador de sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Los captores y controladores policiales del delincuente, en cambio, se encargaron de propagar el bulo de que el secuestrador era un tipo desequilibrado e inadaptado que lo único que perseguía era hacerle daño al PP. Cinco años después, OKDIARIO desvela que todo fue una farsa y que el delincuente Enrique Olivares era un pieza más del engranaje del operativo policial para recuperar los papeles de Bárcenas.

https://okdiario.com/investigacion/2018/12/10/interior-pago-10-000-fondos-reservados-falso-cura-secuestrar-barcenas-3446834


ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR AL POLICÍA DE CONFIANZA DE COSPEDAL POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS DE LA BRIGADA POLÍTICA

Andrés Gómez Gordo había dejado el servicio activo para trabajar con la presidenta castellano-manchega cuando contactó con el chófer del extesorero

El inspector jefe se incorporó a la brigada política en su regreso a la Policía y a los seis meses Fernández Díaz le condecoró con una medalla pensionada

Cobró del frustrado proyecto de la Ciudad de la Justicia y conoció al chófer que hizo de topo en casa de los Bárcenas durante su etapa como asesor de Granados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de un quinto mando policial en la pieza secreta del caso Villarejo que investiga el espionaje del Ministerio del Interior a Luis Bárcenas a través del chófer de la familia. Según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas, se trata del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado dos veces el Cuerpo de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que ahora investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando la brigada política de la Policía captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Ríos era el chófer del entonces consejero de Justicia.

El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información de los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Los policías bautizaron esas maniobras como Operación Kitchen.

La solicitud de imputación de Gómez Gordo se produce en el marco de la pieza separada 7 del caso Villarejo, que investiga el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. Otro juez de la Audiencia Nacional, el que instruye el caso de la caja B, ha solicitado toda la información de esa Operación Kitchen al Ministerio del Interior. El Consejo de Ministras acordó el pasado viernes levantar el secreto que pesa sobre el operativo policial sufragado con fondos reservados.

Con la Operación Kitchen, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz buscaba documentos que pudiera guardar el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular y la implicación en la misma de sus dirigentes. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.

A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro y los encargos que éstos le realizaron para obstaculizar la investigación del caso Gürtel ha quedado acreditada en otras grabaciones del comisario, publicadas por moncloa.com.

La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.

En una etapa anteriro, el inspector jefe había trabajado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior. Fue allí donde tuvo más trato con Sergio Ríos, por entonces chófer de Granados.

Según El Español, Interior encargó a Andrés Gómez Gordo que le captara para ser el topo en casa de los Bárcenas. Gómez Gordo dijo al citado diario que fue contactado para esa misión pero que se negó a llevarla a cabo. Entre los papeles robados por Sergio Ríos a la familia Bárcenas aparece un documento que hace referencia al contacto del chófer con un alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha. En uno de los documentos manuscritos de Rosalía Iglesias, se puede leer: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”. Estos papeles están ya en poder del juez de la caja B, José de la Mata, que se los reclamó a El Mundo cuando los publicó.

Los papeles de Rosalía

El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de la secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. Según él mismo ha reconocido, fue el director operativo, Eugenio Pino, quien le ordenó que tuviera un pie en cada destino. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual.

Pino ocupó el cargo más alto de entre los mandos para los que Anticorrupción ha solicitado la imputación por su participación en la Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados. Completan la lista los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos ya investigados por la organización criminal dirigida presuntamente por el primero de ellos, y Sergio Ríos, al que el juez ya ha citado para que declare el próximo miércoles.

La anómala situación de Gómez Gordo a su regreso a la Policía salió a relucir en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en el caso de presunto acoso de Javier López Madrid a la doctora Pinto. Gómez Gordo había firmado el informe por el que la Policía de Pino defenestraba al comisario de Chamartín, Jaime Barrado, que se había atrevido a investigar a Villarejo como posible autor de la agresión con arma blanca a la mujer.

Durante esa declaración (ver vídeo al final del párrafo), Gómez Gordo reconoce que fue Pino quien le llamó a la DAO y que, a pesar de estar destinado en la UDEF, pasaba “unas horas” al día en la Dirección Adjunta Operativa, sin concretar a qué se dedicaba. Esas afirmaciones se producen a preguntas de la abogada de Elisa Pinto. La defensa de la doctora ha denunciado un montaje policial para salvar al comisario Villarejo. Esa misma acusación, un montaje de Interior y la cúpula policial para proteger a Villarejo, fue la conclusión a la que también llegó la comisión
judicial del caso del Pequeño Nicolás.

Gómez Gordo era habitual de una oficina considerada en el Cuerpo como el centro físico de la brigada política, donde tuvieron su mesa los jefes de gabinete de Pino, tanto José Ángel Fuentes Gago, como después Bonifacio Díaz. Este último va camino de sentarse en el banquillo, junto a Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. En otro hecho absolutamente inusual, esa oficina se hizo cargo de la denuncia de dos abogados de las empresas de Villarejo contra el comisario que impulsó el caso de la doctora Pinto. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, suspendió de sus funciones al comisario Barrado, después de haberle desterrado a Carabanchel, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frenó esa persecución a Barrado anulando la decisión administrativa y devolviéndolo al servicio activo.

Estos días, Gómez Gordo completa el curso de ascenso a comisario, después de que aprobara la oposición durante los últimos días del anterior equipo de Interior, el del Partido Popular y Juan Ignacio Zoido como ministro. Gómez Gordo no había logrado ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto más alto del que sigue ocupando en la UDEF una vez le llegara el ascenso.

https://m.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-confianza-Cospedal-espionaje-Barcenas_0_843766307.html

UN SEGUNDO JUEZ RECLAMA A INTERIOR TODOS LOS DETALLES DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

El magistrado De la Mata, que investiga la caja b del PP, rechaza “de momento” llamar como investigada a Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso de la caja b del PP, ha citado este miércoles a declarar como imputado para el próximo 21 de diciembre al extesorero del partido Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, y ha reclamado al Ministerio del Interior que le envíe “toda la documentación” relativa a la Operación Kitchen, la trama policial de espionaje ilegal a Bárcenas a través de su chófer supuestamente encabezada por el comisario jubilado José Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama policial.

De la Mata es el segundo magistrado que reclama al Gobierno información sobre esta operación policial, inicialmente concebida para ayudar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre las finanzas irregulares del PP, pero que se adulteró para tratar de arrebatarle a Bárcenas papeles que pudieran resultar comprometedores para la formación conservadora durante la investigación del caso Gürtel. La semana pasada ya la solicitó el juez Diego de Egea, en su caso dentro del macrosumario sobre los negocios ilegales del comisario Villarejo.

De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, rechaza, “por el momento”, cita como imputados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, como había solicitado la acusación popular del Observatori DESC. Ambos supuestamente se pusieron en contacto con Villarejo durante los inicios de la instrucción del caso Gürtel y el comisario les ofreció información sobre la investigación policial e incluso la destrucción de pruebas incriminatorias. De la Mata solicita a su compañero De Egea una copia de dos informes recientes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre la Operación Kitchen, que permanecen secretos.

Además, De la Mata ha reclamado “de modo inmediato” a la Secretaria de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, el “informe completo” que ya había solicitado “sobre los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control de la Operación Kitchen desarrollada en la Dirección General de la Policía”. El magistrado exige a Interior que detalle “las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y las de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades”. El informe “deberá ir acompañado de toda la documentación generada u obtenida durante su desarrollo”.

En una resolución aparte, el magistrado solicita al Consejo de Ministros la “desclasificación oficial” de la documentación de la Operación Kitchen que pueda estar sujeta a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y de fondos reservados de 1995. La decisión del juez De la Mata de citar a declarar a Bárcenas y su esposa ha llevado a la fiscalía a pedir al magistrado Diego de Egea que suspenda la declaración de ambos como testigos en su juzgado prevista para el miércoles de la semana que viene.

Sacar del 'caso Villarejo' lo que afecte a la seguridad del Estado

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles que, antes de levantar el secreto de sumario que todavía pesa sobre la documentación intervenida al comisario Villarejo, se analice el contenido de la misma para sacar "definitivamente" del sumario aquella que "pueda comprometer la seguridad del Estado" o esté sometida a la ley de secretos oficiales. Los tres magistrados piden al juez instructor del caso Villarejo, Diego de Egea, que para decidir qué documentos se quedan fuera de la causa evalúe previamente el "impacto" de cada uno de ellos.

La decisión de la Audiencia Nacional se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera la decisión del magistrado De Egea de levantar el secreto de sumario sobre la causa. En su recurso, el ministerio público alertaba de que la medida podía afectar a la seguridad del Estado dado el contenido de parte de la documentación en papel y en formato digital -en parte aún encriptada- que se intervino al comisario jubilado cuando fue detenido en noviembre de 2017. En ella había, por ejemplo, información referida a Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito Juan Carlos I. La petición de la fiscalía fue rechazada en parte en primera instancia por el juez, por lo que Anticorrupción volvió a recurrir. La Sala de lo Penal ha resuelto ahora la disputa.

En su auto de este miércoles, los tres magistrados aceptan parcialmente el recurso de la fiscalía al decidir que, además de sacar de la causa el material afecte a la seguridad del Estado, se mantenga el secreto de sumario sobre el material intervenido al comisario Villarejo que aún no ha podido ser desencriptado. La Audiencia Nacional recalca que las especiales medidas de seguridad que el policía adoptó para dificultar que se pudiera conocer su contenido son "reveladoras de la magnitud de su importancia". Por ello los jueces aceptan el argumento de Anticorrupción de que dar acceso a la misma a todas las partes personas en el sumario puede ponerla en riesgo e impedir el avance de la investigación. El auto también destaca que el secreto se mantendrá algún tiempo, ya que para poder desentrañar su contenido se va a necesitar el apoyo del Instituto Nacional de Seguridad o del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, lo que retrasará los futuros análisis que la Policía haga.

https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544020412_292117.html


INTERIOR ENVIARÁ AL JUEZ LOS RECIBÍS DE PAGOS AL CHÓFER DE BÁRCENAS CUANDO MONCLOA LEVANTE EL SECRETO DEL ‘CASO FONDOS RESERVADOS’

Interior sobornó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para conseguir documentos sensibles de Soraya, Cospedal y Arenas

El chófer de Bárcenas cobró 48.000 euros de dinero procedente de la lucha antiterrorista
Villarejo guardaba recibís y factura de los fondos reservados abonados al chófer de Bárcenas

El Ministerio del Interior esperará a que el Consejo de Ministros de este viernes levante el secreto de la ‘caso Fondos reservados’ para remitir a la Audiencia Nacional los recibís originales sobre pagos al chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, supuestamente captado con fondos reservados durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz con el objeto de intervenir documentación comprometedora del PP.

Según confirman a Europa Press fuentes de la investigación, Interior ha hallado los originales de los recibís con pagos a Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas –hoy agente de la Policía Nacional– y está a la espera de la desclasificación del Gobierno de Pedro Sánchez para remitir esta información al juez Diego de Egea, instructor de la ‘operación Tándem’ en la que se detuvo en noviembre de 2017 al ex comisario José Manuel Villarejo.

La ‘operación Kitchen’ es una pieza separada –la séptima– en la que se investiga la participación entre 2013 y 2014 de Villarejo, por entonces adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, en una operación sin autorización judicial para captar documentación en poder de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.

Copias de pagos y audios
En la causa que instruye De Egea figuran ya las copias de esos recibís con pagos de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas y que Villarejo tenía en su poder, localizados durante los registros en la operación en la que fue detenido el ex comisario, además de unos audios que prueban esa operación encubierta. Todo esto se incorporó a un atestado policial remitido a la Fiscalía Anticorrupción, lo que motivó la apertura de la pieza ‘Cuisine’.

Con la trama también se relaciona a otro comisario, Enrique García Castaño, antiguo mando de los Servicios de Información detenido por sus vínculos con Villarejo, y que ha solicitado a este juez que se le autorizara para hablar sobre operaciones clasificadas por el uso de fondos reservados.

A lo anterior se suma la petición cursada por otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor de la causa de los ‘papeles de Bárcenas’, que ha pedido un informe urgente a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le detalle qué personas autorizaron la ‘operación Kitchen’, ya que en su juzgado no había constancia del operativo.

Las citadas fuentes han detallado que dicho informe se remitirá también una vez que se desclasifique como secreto el material sobre la ‘operación Kitchen’. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado viernes que será en el Consejo de Ministros de esta semana cuando se levante el secreto sobre este operativo montado cuando el director adjunto operativo de la Policía era Eugenio Pino, actualmente procesado en los Juzgados de Plaza de Castilla por el ‘pendrive’ de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

https://okdiario.com/espana/2018/12/04/interior-enviara-juez-lo-recibis-pagos-chofer-barcenas-cuando-moncloa-levante-secreto-del-caso-fondos-reservados-3429023

INTERIOR LOCALIZA PRUEBAS DEL DESVÍO DE FONDOS RESERVADOS PARA ESPIAR A BÁRCENAS

Hallados los originales de los recibís firmados por el chófer del extesorero tras recibir los pagos de mano de Villarejo

El Ministerio del Interior ha localizado en sus archivos las primeras pruebas documentales del supuesto desvío de fondos reservados para financiar la Operación Kitchen, con la que se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se trata de los originales de los recibís que el chófer de Bárcenas firmó entre 2013 y 2014 tras cobrar todos los meses 2.000 euros por su labor de confidente. En algunos de estos documentos aparece manuscrito el nombre del comisario José Manuel Villarejo, como responsable de las entregas.

El juez Diego de Egea, que investiga la trama de corrupción encabezada por el comisario Villarejo, abrió hace un mes una pieza secreta sobre un supuesto operativo policial —la Operación Kitchen— puesto en marcha en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia. De Egea inició las pesquisas tras recibir un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía que destacaba el papel activo que tuvo Villarejo en aquellos seguimientos a Bárcenas sin autorización judicial.

Kitchen es la séptima pieza del macrosumario del caso Villarejo, que mantiene al comisario en prisión provisional por los delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, pero la primera en la que se investigan las actividades de la llamada policía patriótica, surgida en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior para investigar a rivales políticos del PP.

La Operación Kitchen sirvió para espiar tanto a Bárcenas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid) —estuvo encarcelado de manera provisional entre junio de 2013 y enero de 2015— como a su familia, amigos y, sobre todo, a su esposa, Rosalía Iglesias, después condenada en el caso Gürtel. El objetivo de la trama policial era recuperar documentación comprometedora sobre la caja b del PP cuyos documentos desveló EL PAÍS en enero de 2013.

Los papeles que encontró la Guardia Civil

El chófer del extesorero informó en 2014 a su controlador en la Policía que la mujer de Bárcenas había acudido al domicilio del que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, actualmente imputado en el caso Púnica por la supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. El confidente apuntó la posibilidad de que en esta vivienda el extesorero ocultase documentación y bienes. No consta que la Policía hiciera ninguna gestión para comprobar la veracidad de lo que contaba su confidente.

Sin embargo, en febrero de 2016 la Guardia Civil —que desconocía esta información— descubrió que era cierto. Durante el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) realizó en casa del exdirigente del PP madrileño por orden del entonces juez instructor del caso Púnica, hallaron dos archivadores y dos pequeñas cajas con abundante documentación de Bárcenas y su esposa. Había facturas, recibos de pago y certificados de autenticidad de joyas. Tras levantarse el secreto de sumario un año después, el juez De la Mata, instructor del caso de los papeles de Bárcenas, pidió a su compañero copia de ello.

Los agentes de Asuntos Internos descubrieron este operativo ilegal tras analizar la documentación intervenida en noviembre de 2017 en el domicilio y el despacho del comisario. En aquellos registros aparecieron fotocopias de los recibís que supuestamente había firmado el chófer del extesorero, Sergio Ríos, por los pagos recibidos por su colaboración. En total, 48.000 euros, además del supuesto compromiso de los responsables de los altos mandos policiales de conseguir que aprobara la oposición para entrar en la Policía Nacional, como finalmente ocurrió en julio de 2015.

Al trascender el inicio de la investigación, otro de los imputados en el caso Villarejo, el también comisario Enrique García Castaño, pidió al magistrado que solicitara al Gobierno autorización para declarar sobre estos pagos sin vulnerar la ley de secretos oficiales. El juez De Egea planteó esa petición al Gobierno poco después. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya anunció la pasada semana que el Consejo de Ministros lo hará este próximo viernes. El juez también llamó a declarar como testigos a Bárcenas y a su esposa. Otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha pedido a Interior los informes que conserve sobre la Operación Kitchen, así como la identidad de los responsables que la pusieron en marcha.

Rastreo manual

La solicitud de información de los dos magistrados llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad, que, a su vez, la remitió a la Dirección General de la Policía. Esta inició un rastreo de sus archivos que, según detallan las fuentes consultadas, “ha sido complejo”. Al teclear en las bases de datos el nombre de la Operación Kitchen, el sistema informático no arrojó ningún resultado. La localización de los recibís ha tenido que ser realizada de manera “manual”, añaden estas fuentes.

Tras repasar una por una las entregas de fondos reservados en el periodo en el que el chófer trabajó para la familia Bárcenas —principios de 2013 y finales de 2014— aparecieron los recibís originales de los pagos. Todos ellos, firmados presuntamente por Sergio Ríos. En algunos, además, aparecía anotado a mano el nombre del comisario Villarejo, como el supuesto encargado de hacer las entregas de dinero.

Los investigadores no descartan encontrar otras entregas de fondos reservados ya que,
además del chófer, el operativo contó con otros seis confidentes, entre ellos un preso de origen sudamericano que coincidió en prisión con el extesorero del PP. Fuentes policiales detallan que, en un primer momento, el objetivo de la Operación Kitchen era lograr información sobre el paradero del botín que Bárcenas pudiera tener oculto en el extranjero para facilitarla a los policías encargados del caso Gürtel. Sin embargo, los esfuerzos se terminaron centrando en descubrir la documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que pudiera guardar el extesorero. La trama logró, gracias a la colaboración del chófer, hacer fotocopias de facturas, notas y agendas de Bárcenas. Nada de ello se incorporó a ningún sumario.

https://elpais.com/politica/2018/12/03/actualidad/1543863521_059447.html


EL CASO QUE DESNUDÓ AL COMISARIO VILLAREJO RESURGE EN UN MOMENTO CRÍTICO PARA LA CÚPULA DE INTERIOR CON EL PARTIDO POPULAR

La jueza del caso Nicolás procesa al comisario por grabar de forma ilegal una reunión de agentes de Asuntos Internos y el CNI hace cuatro años

La declaración de Villarejo en esta pieza separada permitió bautizar como 'Operación Catalunya' las maniobras policiales contra el proceso soberanista

El sumario recoge las llamadas que acreditan la relación del número dos de Fernández Díaz con los tres comisarios más destacados de la brigada política

Los excesos de la policía política acechan al Ministerio del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy

Quedaban dos años para su jubilación como policía y el espacio de sombra en el que se había movido durante cuatro décadas comenzó a agujerearse con continuos haces de luz. Fue en el otoño de 2014 cuando el comisario José Manuel Villarejo empezó a asomar en las crónicas periodísticas con su nombre y apellido y no con las filtraciones anónimas que había utilizado a su antojo durante cuatro décadas. El policía aparecía relacionado con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, 'El Pequeño Nicolás', en una investigación del Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Después vendría el caso de la doctora Pinto, la grabación a Ignacio González y la Operación Tándem, por la que permanece en prisión desde hace un año acusado de liderar una organización criminal.

Este martes, la jueza del caso del Pequeño Nicolás ha concluido la investigación de una de sus piezas separadas y ha propuesto juzgar por revelación de secretos a Villarejo; su esposa, Gemma Alcalá; y a un periodista que trabajaba para ella, Carlos Mier. Les acusa de grabar de forma ilegal una reunión de policías y agentes del CNI el 20 de octubre de 2014, a los seis días de la detención del joven, y cuyo contenido acabó en los medios.

El Pequeño Nicolás se hacía pasar por espía al servicio del Gobierno y en su frenética actividad había contactado con Javier de la Rosa, al que grabó hablando de un supuesto abogado llamado Manuel Villar, una de las identidades falsas que el Ministerio del Interior facilitaba al comisario Villarejo, quien se había acercado al empresario catalán en busca de información comprometedora de los Pujol.

El comisario Villarejo siempre ha sostenido que su antiguo compañero de la denominada brigada 'política' Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en la época del PP, le perseguía fruto de una enemistad personal, a pesar de que juntos habían viajado frecuentemente a Catalunya a buscar información comprometedora de políticos vinculados al proceso soberanista por orden de la Dirección de la Policía. Así lo soltó ante el primer juez del caso Nicolás en su declaración como imputado. Fue el 6 de julio de 2016. A partir de esa declaración, las maniobras policiales contra el proceso soberanista fueron bautizadas como 'Operación Catalunya'.

“Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal (en referencia a Daniel de Alfonso, el exdirector de Antifrau)…”, afirma el policía ante la sorpresa de la abogada del Estado, que expresa su convencimiento de que la investigación de los Pujol era de la UDEF, en funciones de Policía Judicial (ver vídeo que encabeza la información).

En amplia contradicción con la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el comisario responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.

La guerra de comisarios

El Ministerio del Interior de la época intentó zanjar la disputa entre comisarios destituyendo a Martín-Blas, a pesar de ser éste un mando vinculado históricamente al Partido Popular. El juez del caso Nicolás, Arturo Zamarriego, blindó al cesado colocándole al frente de una comisión judicial que solo respondería ante él. Luego se supo lo que se traían entre manos, una pieza separada del caso Nicolás que investigaba a Villarejo y su supuesto intento de sabotear la causa con la connivencia y protección de la cúpula policial del momento y del Ministerio del Interior.

La actual jueza del caso, María Pilar Martínez Gamo, ha concluido la instrucción haciendo suya la tesis de los investigadores, según la cual Villarejo instaló un software en el teléfono de Martín-Blas que permitía convertir el terminal en una grabadora con tan solo llamar a ese número. De esto último se habría encargado el periodista, que en aquel momento trabajaba en Información Sensible, la web que dirigía la mujer de Villarejo.

La decisión llega apenas unos días después de que otro juez de Plaza de Castilla propusiera juzgar al jefe directo de Villarejo en esa época, el comisario Eugenio Pino, y a otro miembro de la brigada política, por intentar introducir información robada a Jordi Pujol Ferrusola en la causa por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Y ocurre también cuando dos jueces del citado tribunal especial, el de la caja B y el de la Operación Tándem o caso Villarejo, han solicitado al Ministerio del Interior información de los fondos reservados con los que trabajó esa policía política entre 2012 y 2016.

La magistrada Martínez Gamo 'heredó' el caso del Pequeño Nicolás cuando su compañero Arturo Zamarriego ascendió a la Audiencia Provincial. En contra de lo que ha ocurrido, todo hacía presagiar que la magistrada archivaría la causa contra Villarejo, su mujer y el periodista. Entre sus primeras decisiones estuvo poner fin a la comisión judicial de Martín-Blas y archivar una parte de su investigación, la que apuntaba al exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino; su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago; y varios periodistas, entre ellos Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta -en El Mundo en la época de la grabación- como cooperadores en la operación para reventar la causa. Los medios a los que se había filtrado la grabación exponían la tesis de que en ella policías y agentes del CNI hablaban de continuar de forma ilegal con las escuchas al Pequeño Nicolás, un extremo éste descartado por el juez.

El rastreo de las llamadas en Interior

La comision judicial había obtenido de Zamarriego el permiso para rastrear las llamadas de los implicados durante los dos meses posteriores a la detención del Pequeño Nicolás. El resultado de aquel trabajo supuso hace dos años el preludio de la tormenta que se avecina ahora sobre los antiguos responsables del Ministerio del Interior, una vez que Villarejo aguarda en prisión que sean desencriptadas las grabaciones que se le incautaron y a la espera de que el actual Ministerio entregue al juez de la caja B el expediente de la Operación Kitchen, el pago al chófer de la familia Bárcenas para que robara documentos sobre la financiación irregular del PP.

Con ese rastreo telefónico se pudo acreditar, por ejemplo, que el número dos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, tenía un trato directo y constante con dos comisarios a los que no correspondía por su destino tratar con el secretario de Estado de Seguridad. Se trata del propio Villarejo y de Enrique García Castaño, 'El Gordo', imputados ambos por pertenencia a organización criminal en las investigaciones actuales de la Audiencia Nacional.

“Se significa que desde la detención de Francisco Nicolás hasta la primera publicación que aparece en los medios de comunicación, el comisario Villarejo Pérez realiza y recibe numerosas llamadas desde su teléfono 619.xxx.xxx a teléfonos oficiales, llamando especial atención dos llamadas el día de la detención de Francisco Nicolás, día 14/10/2014, con el secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez Vázquez”, recoge el informe policial incorporado a la causa que instruye la jueza Pilar Martínez Gamo. Como desveló eldiario.es, el propio Martín-Blas, cuya Unidad de Asuntos Internos estuvo implicada en las investigaciones en Catalunya, guardaba el contacto de Martínez en su móvil como 'Paco Bomba'.

A pesar de que la jueza no ve motivos para imputar a otro comisario o cargo de Interior que no sea Villarejo, en su auto escribe que si el comisario supo que se iba a producir la reunión que luego presuntamente grabaría de forma ilícita fue por su “vinculación” con Pino, el policía que el Partido Popular puso a dirigir el Cuerpo, por debajo de Ignacio Cosidó, y que organizó y dirigió la estructura que albergó la policía política.

https://m.eldiario.es/politica/desnudo-comisario-Villarejo-Interior-PP_0_840267055.html


EL PP ENCARGÓ AL CLAN DE VILLAREJO 'ESPIAR' A LA POLICÍA DE ZAPATERO

En Génova estaban "preocupados" por una posible investigación a Javier Arenas, entonces presidente del PP andaluz, y a Eduardo Zaplana, quien era portavoz del partido en el Congreso y actualmente está en prisión por blanqueo de capitales

El Partido Popular encargó en 2005 al "clan policial mafioso", presuntamente liderado por los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', que le informara de las pesquisas policiales sobre dirigentes de la formación conservadora, según se desprende de una grabación de 2005 incluida en el sumario en la Audiencia Nacional, y a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

En el audio, que lleva por fecha 15 de mayo, 'El Gordo' indica que una persona, a la que no identifica por su nombre, le explicó que en el partido "estaban preocupados" porque la Policía bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba investigando a los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana, este último en prisión preventiva y sin fianza por blanqueo de capitales.

"Creen que van a por ellos para contrarrestar los problemas del Gobierno", concluye García Castaño, que no alude directamente al PP, pero que sin embargo menciona en concreto a Arenas y a Zaplana.

"Sí, están notando que no solamente le afecta a él. Están notando que están tocando a otros líderes del partido, como si les estuvieran vigilando. Están intentando sacarles algo, le han advertido periodistas", completa 'El Gordo' a Villarejo.

"Muévete todo lo que puedas"
"Se han puesto preocupados", prosigue García Castaño en la conversación grabada. Así informa a Villarejo del espionaje que le habían encargado. "Me han dicho allí, por favor muévete todo lo que puedas con el tema este, porque están muy preocupados porque piensan que alguien ahora les está….".

Villarejo interrumpe entonces a su compañero para advertirle de su intención de informarse de las investigaciones a los líderes del PP: "Basta que me digas eso, me voy a coger dos días…".

Del contenido de la conversación se desprende también que 'El Gordo' actúa como puente entre el PP y Villarejo, al que asegura que en Génova habían detectado una investigación a "Javier Arenas".

"El cabrón de Pimentel"
Villarejo toma la palabra en ese momento y asegura a 'El Gordo' que alguien le había dicho que "el cabrón de Pimentel estaba rajando" de Arenas. Aunque el propio comisario jubilado, en prisión incondicional sin fianza desde noviembre de 2017, resta importancia a las críticas del exministro de Trabajo: "Manuel Pimentel es un tío que ya está 'demodé', ya lleva años que... Pero es su tronco, tronco".

García Castaño rechaza sin embargo que las supuestas pesquisas que la Policía podría estar desarrollando sobre Arenas tuvieran relación con Pimentel. Asegura que el caso "va por otro lado. Arenas va porque él es sobrino de Álvarez Colunga, de la CEOE, uno de los cacicones".

'El Gordo', que reitera en varias ocasiones a su compañero que la gente del PP estaba "muy preocupada", sostiene que en el partido habían detectado pesquisas a otros dirigentes.

'Paco, El Pocero'
Pero Villarejo, que asegura haber tenido contacto con un grupo de agentes que estaban investigando la relación de Zaplana con el constructor Francisco Hernando, alias 'Paco, El Pocero', detalla a García Castaño que esos policías "todos eran fachas" y que les iba a "tantear" para obtener más información al respecto.

'El Gordo' también relata que él había tenido conocimiento de que Zaplana tenía amistad "con el que ha construido Marina de D'Or en Castellón, y ahí está la movida con Carlos Fabra", en referencia al expresidente de la Diputación de Castellón, que fue condenado en un caso de corrupción.

Villarejo informó a García Castaño de que unos policías habían seguido a 'Paco el Pocero' a Montecarlo

Villarejo añade entonces que él había tenido conocimiento de que unos policías habían seguido a 'Paco, El Pocero' a Montecarlo: "Por lo visto algo de un barco, y alguien me contó que habían estado en Montecarlo viendo barcos, me lo contaban así, como se cuentan esas cosas tomando una copa".

"Un colaborador"
García Castaño, que en otras grabaciones interceptadas por la Policía a Villarejo llega a asegurar que si el PP gana las elecciones se convertiría en "el rey del mambo", pregunta después a su compañero si era posible que los agentes estuvieran realizando alguna investigación "en base a un colaborador que les haya informado".

"¿Qué él esté contando el tema?", pregunta Villarejo, que de forma inmediata responde: "Puede ser que sea un informador, pero el curro lo están haciendo normalmente". En el mismo sentido, el comisario advierte a su colega de que él tenía "confianza total y absoluta" en los policías encargados de las pesquisas: "Son tíos que jamás me hacen una pirula".

Encargo de Cospedal
Según las grabaciones publicadas por Moncloa.com la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, encargaron en 2009 a Villarejo que investigase a Javier Arenas.


"Todo lo que puedas sacar de ahí…", le dijo el marido de Cospedal al comisario respecto a posibles irregularidades cometidas por Arenas al que estaba enfrentada internamente la exdiputada 'popular'. En uno de los audios se escucha incluso como López del Hierro se llegó a comprometer con el exagente a pagarle por sus servicios a cargo de las arcas del PP.

Cospedal y su marido ordenaron a Villarejo investigar al hermano de Rubalcaba
Cospedal y su marido ordenaron a Villarejo investigar al hermano de Rubalcaba VP
En 2013, y como uno de esos posibles encargos, el clan policial mafioso captó al chófer del entonces tesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con las pruebas de los pagos en B de la formación conservadora. Se le pagó con fondos reservados a cambio de recabar la información comprometida que pudiese tener Bárcenas sobre el PP después de la publicación de los llamados 'papeles de Bárcenas' en los que se daban pruebas de la financiación ilegal del partido.

https://www.vozpopuli.com/politica/audio-Villarejo-PP-espiar-Policia-Zapatero_0_1193581551.html


PINO Y VILLAREJO ROBARON PRUEBAS QUE VINCULAN AL MARIDO DE COSPEDAL EN LOS CASOS PUJOL Y PP

El hombre de confianza del ex ministro Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, organizó junto a los comisarios adjuntos a la dirección operativa de la Policía la sustracción de todas aquellas pruebas que perjudicaban al empresario Ignacio López del Hierro para que no pudieran ser utilizadas en los tribunales: desde las investigaciones atribuidas a la agencia Método 3 sobre Ibadesa Cat hasta los papeles de Bárcenas, donde aparece referenciado y que se ocultaron a la Audiencia Nacional.

Mientras los investigadores del Policía Judicial a las órdenes del Juzgado de Instrucción N5 de la Audiencia Nacional estaban buscando pruebas de los casos conocidos como Pujol, Gürtel o los papeles de Bárcenas, a las órdenes de los jueces Baltasar Garzón, Pablo Ruz o José de la Mata, otros policías, asignados a la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario Eugenio Pino, se dedicaban a robarlas para ocultarlas a la Justicia. Ya que prueba robada, prueba invalidada.

Todo ello con el conocimiento y el beneplácito del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y del ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Y estos tres últimos aún forman parte de las altas esferas que acompañan a Pablo Casado en primera fila de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

O al menos así lo está investigando el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, en la causa Tándem por la que ya están imputados los comisario José Manuel Villarejo (en prisión desde hace un año), Enrique García Castaño y Carlos Salamanca --cuyo abogado defensor en ambos casos es sorprendentemente el juez que inició Gürtel y a quien le ocultaron pruebas, Baltasar Garzón--. También lo investigan el magistrado José de la Mata, quien ya ha tenido que purgar del sumario de la causa Pujol una de las chapuzas de esta mafia policial para enturbiar un sumario, y la acusación popular de Podemos, personada en ambas causas.

Pruebas invalidadas contra López del Hierro en Ibadesa
Hay un denominador común tanto en la causa Pujol como en la de los papeles de Bárcenas y es que "todas las pruebas que señalan a López del Hierro fueron robadas y ocultadas a la Justicia durante años", aseguran fuentes policiales a Público. "Sólo introdujo Pino en la causa Pujol las que le relacionaban con la formación de la empresa Ibadesa Cat, donde había sido socio de Jordi Pujol Ferrusola y de Jordi Puig Godés, cuando vieron que la Guardia Civil estaba llegando con la Operación Lezo a un punto que podría acabar perjudicando al empresario".

"Fue entonces cuando apareció el famoso pendrive contaminado por el que Eugenio Pino y Bonifacio Díaz han sido imputados hace una semana. El fin no era echar más leña a los Pujol; era eliminar pruebas contra López del Hierro", marido de Cospedal, subrayan dichas fuentes.

La historia es compleja y se remonta al presunto robo de documentación en la agencia de detectives de Método 3 por parte de los exempleados Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, que comenzaron a trabajar con Villarejo a través de un socio y policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso. Entre esas investigaciones atribuidas a Francisco Marco estaría la realizada a la familia del exconseller Felip Puig Godés, cuyo hermano Jordi fue socio del hijo mayor del expresident Pujol y también de Ignacio López del Hierro.

Estos mismos exdetectives hicieron llegar a Villarejo otra información, en la que también aparecía referenciada la relación de López del Hierro y un posible testaferro de éste, Alberto Portuondo --también testaferro de Rodrigo Rato en otra causa--, y que procede del hackeo del ordenador de Jordi Pujol Ferrusola, según se ha demostrado en la causa por la que ha sido imputado recientemente Eugenio Pino.

Estos datos, que habían estado guardados en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, no habían pasado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hasta que en marzo de 2017 esta unidad emitió de pronto un informe sobre las relaciones de la familia Pujol y Puig en el que se citaba a López del Hierro y Portuondo. La Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Mata se pusieron de inmediato en alerta porque no existía una cadena de custodia que justificara de dónde salía esa prueba y, además, no aportaba nada sobre Jordi Pujol Ferrusola.

Contaminar pruebas por si otra investigación llega a ellas
"Lo único que se consiguió fue contaminar ambas pruebas en caso de que otro cuerpo policial en otra investigación llegase hasta ellas", explican las mismas fuentes. Tanto es así, que su eliminación no hizo variar ni en una línea lo que se decía sobre el hijo mayor de los Pujol en el informe.

Por lo tanto, en la actualidad, el único rastro útil que queda sobre el paso de Ignacio López del Hierro por Ibadesa Cat y sus lazos con la familia Pujol es la declaración como testigo de su sobrino, José Herrero de Egaña López del Hierro, que sucedió a su padre en el consejo de administración de esa empresa años después de que se realizaron algunos de los negocios investigados por la Guardia Civil en las operaciones Lezo o Defex. Es más, según su testimonio ante el juez, la idea intelectual de Ibadesa fue de su tío, Ignacio López del Hierro, y de su padre. Como se puede escuchar a continuación:

José Herrero de Egaña López del Hierro: El origen intelectual de la sociedad [Ibadesa Cat], hasta donde yo recuerdo, es una reunión que tienen el señor Ignacio López del Hierro, Pujol y mi padre. Y a mi luego mi padre me dice... y yo luego después me veo con Puig.

Fiscal: Así que la idea de la sociedad de Ibadesa Cat sí que parte de Jordi Pujol Ferrusola.

J. HdE: Yo creo que parte más de mi padre, pero bueno. Él era un promotor.

Fiscal: ¿Y que Jordi Puig fuera socio parte más de Pujol?

J. HdE: A mí me lo presenta Joaquín Herrero que lo había hablado con Ignacio.

No es la primera vez que se libra de las investigaciones policiales el ahora marido de María Dolores de Cospedal, pero amigo del comisario Villarejo desde mucho tiempo antes de que este último pisara la sede del PP en Génova, 13.

Los investigadores de la UDEF dijeron no saber quién era "López Hierro" pese a que el comisario Villarejo despachaba con él casi todos los días

Al principio de los papeles de Bárcenas ya es uno de los donantes que la UDEF dijo no poder identificar: según dejaron escrito en un informe, los investigadores fueron incapaces de descifrar quién era "López Hierro". Y eso a pesar de que el comisario Villarejo, quien aportaba informes de inteligencia a la UDEF con valiosa información --según le contestó a la diputada Gloria Elizo el comisario José Luis Olivera, en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP en el Congreso--, despachaba con él día sí y día también durante esa investigación.

De hecho, los nuevos documentos presuntamente sustraídos a Bárcenas por Pino, Villarejo, García Castaño y sus hombres de la brigada política también guardan datos relevantes relacionados con el empresario. Por ejemplo, el que ha sido difundido por El Mundo y hace referencia a Amper, empresa de la que fue consejero López del Hierro, y a Castilla la Mancha, donde también fue consejero de la Caja de Ahorros.

"Nuevamente Villarejo vuelve a repetir con su amigo López del Hierro la misma jugada que ya hizo con la documentación de Ibadesa. Prueba robada, prueba invalidada. Es decir, los documentos que acaba de sacar El Mundo no podrán ser utilizados ni contra López del Hierro ni contra nadie porque proceden de un robo", coinciden fuentes policiales y judiciales consultadas por Público.

En este caso la pelota está en el tejado del extesorero del PP, porque tendrá que confirmar si las fotocopias hechas públicas son realmente documentos suyos, si se los robaron o si él conserva los originales, y si está dispuesto a sacarlos para enviar a prisión a todos los que se han librado hasta ahora.

De momento, Luis Bárcenas prepara su recurso en silencio en la cárcel de Soto del Real.

https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-interior-pino-villarejo-robaron-pruebas-vinculan-marido-cospedal-casos-pujol-pp.html


TRES JUECES CERCAN A LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’

Dos magistrados de la Audiencia Nacional investigan ya las actividades del grupo, mientras otro de Madrid manda al banquillo a dos de sus integrantes

Casi año y medio después de que una comisión del Congreso dictaminara la existencia de una brigada patriótica que actuó contra rivales políticos del PP, tres sumarios cercan a policías que la integraban. Dos jueces de la Audiencia Nacional indagan sobre el supuesto espionaje al extesorero Luis Bárcenas para arrebatarle documentos de la caja b de los populares. Además, un juez de Madrid ha procesado a dos mandos por intentar usar datos de origen ilícito contra los Pujol.

Las maniobras de la policía patriótica han planeado —y puesto en peligro— desde hace años diversas causas judiciales. La investigación por corrupción a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, las pesquisas sobre el ático del expresidente madrileño Ignacio González, el caso del Banco Madrid-BPA y el sumario del Pequeño Nicolás se han visto sacudidos por la actuación de sus agentes. Ahora, sin embargo, varias investigaciones judiciales se centran en destapar las actividades de este grupo de policías y quiénes les amparaban.

El primero que apuntó en esa línea fue el juez De la Mata en abril de 2017, aunque entonces se limitó a dictar un auto dentro del caso Pujol por el que instaba a los juzgados ordinarios de Madrid a investigar al señalado como uno de los responsables del grupo policial, el comisario Eugenio Pino — antiguo número dos de la policía y ya jubilado— y a uno de sus subordinados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Ambos eran sospechosos de intentar incorporar al sumario un pendrive con más de 800 documentos sobre Jordi Pujol Ferrusola sin acreditar su origen. El juez consideró que la actuación de ambos agentes podía ser delictiva, pero que la Audiencia Nacional no era competente para investigarla.

Aquel caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, cuyo titular, Juan Javier Pérez, dio el pasado 2 de noviembre el primer paso para sentar en el banquillo a ambos policías. La investigación del juez —en la que tomó declaración a otros mandos y rastreó los dos ordenadores que utilizaba Pino en su despacho oficial de la Dirección General de la Policía— concluyó que los policías se concertaron para incorporar de manera irregular al sumario del caso Pujol documentos e información obtenidos de manera ilícita. Por ello, los procesa por fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos.

Quince días más tarde era de nuevo el juez De la Mata el que daba el paso contra la policía patriótica. En este caso, dentro de la pieza del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, los apuntes contables del extesorero desvelados por EL PAÍS y que recogían una supuesta caja b del PP. El magistrado se dirigía aquel día al actual equipo del Ministerio del Interior para que buscase en sus archivos con “la máxima urgencia” información sobre la Operación Kitchen, puesta en marcha en 2013 para espiar a Bárcenas y su entorno. El clandestino operativo policial había sido destapado solo unos días antes por su compañero de la Audiencia Nacional Diego de Egea dentro del caso Villarejo.

Requerimiento a Interior

Durante esa operación policial contra Bárcenas, nunca sometida a control judicial, la brigada patriótica supuestamente se apropió de documentos contables sobre la caja b del PP que nunca se incorporaron al sumario judicial del caso. Por ello, De la Mata quiere que Interior le informe con la mayor brevedad sobre “los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control” de este dispositivo policial desconocido hasta ahora. En el auto, también reclamaba a El Mundo las facturas, agendas y apuntes contables sustraídos que había reproducido.

Para entonces, el también juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya tenía abierta otra investigación por la Operación Kitchen. En su caso, para indagar sobre el desvío de fondos reservados para pagar al chófer de Bárcenas, el hoy policía Sergio Ríos, su colaboración en el espionaje al extesorero. De Egea había puesto en marcha en 2017 la Operación Tándem que ha desmantelado la trama de Villarejo he iniciado el rastreo de la documentación intervenida. Este análisis permitió abrir en noviembre esta séptima pieza separada que, a diferencia de las otras seis del caso Villarejo, no se centra en los dossieres del comisario para empresarios. El objetivo ahora es la brigada patriótica. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido la imputación del comisario Pino y del chófer de Bárcenas.

En este sumario están los 40 terabytes —en parte aún encriptados— intervenidos a Villarejo con las grabaciones de sus tratos con decenas de personas. Según reveló el caso del Pequeño Nicolás, entre ellos estaba el anterior número dos de Interior, Francisco Martínez. El comisario también se reunió en, al menos, dos ocasiones con el exministro Jorge Fernández Díaz. El dictamen del Congreso ya vinculó al político con la policía patriótica.

Interior y el Congreso también acorralan a la trama

Tras la salida de Fernández Díaz de Interior, la brigada patriótica entró en hibernación. Con varios integrantes ya jubilados, su sustituto, Juan Ignacio Zoido, limitó la ‘operación limpieza’ a cesar a un alto mando y desmantelar la brigada que revisaba en secreto casos ya cerrados como el 11-M. Sin embargo, mantuvo a otros agentes salpicados por el escándalo, a los que su antecesor destinó a puestos en embajadas bien retribuidos. Allí han estado hasta que Fernando Grande-Marlaska llegó al ministerio. Tres han sido destituidos. Entre ellos, el procesado inspector jefe Bonifacio Díez y su compañero José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino. El primero había sido premiado con un destino México. El segundo, en La Haya.

También el Congreso de los Diputados ha reactivado sus pesquisas sobre este grupo. Tras concluir en el verano de 2017 la comisión que dictaminó el uso partidista de la policía en la etapa de Fernández Díaz, otra comisión de investigación, en este caso sobre la supuesta financiación irregular del PP, entrará de nuevo a analizar sus actividades tras conocerse la Operación Kitchen. Deberán comparecer el propio Fernández Díaz, el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el chófer de Bárcenas.

https://elpais.com/politica/2018/11/23/actualidad/1542988340_328789.html


LAS MANIOBRAS DE LA POLICÍA POLÍTICA ACECHAN A LA CÚPULA DE INTERIOR DE RAJOY

La revelación de que hay una investigación secreta por los pagos al chófer de Bárcenas enciende las alarmas en el equipo de Fernández Díaz

Las grabaciones de Villarejo amenazan a todos los que trataron con él, incluidos el exministro del Interior y su número dos, Francisco Martínez

Dos jueces de la Audiencia Nacional reclaman información sobre el uso en la época de los fondos reservados, material clasificado como secreto

El comisario Eugenio Pino, jefe operativo de la policía política, va camino del banquillo por intentar utilizar información robada contra los Pujol

“Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”. La frase de Jorge Fernández Díaz sobre el comisario Villarejo, de marzo de 2015, retumba todavía en las paredes del Ministerio del Interior. Fue pronunciada por el titular de la cartera cuando arreciaban las primeras informaciones sobre el polémico policía. Para un Gobierno con mayoría absoluta, que controlaba los resortes de la seguridad del Estado y al que no amenazaba ninguna investigación judicial, solo restaba aguardar que pasase el pequeño terremoto mediático sobre la figura del comisario.

Tres años y medio después, el PP no gobierna. El comisario cumple un año en prisión, su archivo de grabaciones sacude cada poco la política nacional y tres juzgados investigan las maniobras de la estructura policial a la que perteneció y que actuó en el seno del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, sin control judicial y con la misión de desgastar a los oponentes políticos del partido de Mariano Rajoy.

José Manuel Villarejo Pérez tiene un negro futuro judicial como presunto líder de una organización criminal. La escala de mando por encima de él sigue, por el momento, activa en primera línea de la política fruto de la decisión del actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El director general de la Policía en esa época, Ignacio Cosidó, es hoy el portavoz del partido en el Senado, uno de los pocos puestos de relevancia que puede repartir un jefe de la oposición. Fernández Díaz, el ministro de la Ley Mordaza, fue nombrado por Casado secretario del partido en materia de Interior y Libertades. Y Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, es portavoz de la comisión constitucional en el Congreso.

De todos ellos, solo el policía que mandaba directamente a Villarejo, el comisario Eugenio Pino, está jubilado. Dejó el cuerpo en el verano de 2016 al cumplir los 65 años. Artífice de la brigada política que pervirtió las funciones policiales para perseguir a políticos independentistas, a Podemos y para robar documentos del domicilio de los Bárcenas, el comisario Pino fue despedido por Fernández Díaz con la más alta distinción que puede recibir un agente en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial. Esta condecoración supone una paga de un 15% del sueldo mensual de por vida.

Desde el pasado 2 de noviembre, Eugenio Pino está procesado por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Un juez de Madrid ha concluido la investigación acerca del intento de la Policía por ampliar la investigación de la Audiencia Nacional contra Josep Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, con información privada y previamente sustraída. La investigación apunta a Pino y a uno de sus máximo colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, imputado por los mismos delitos.

Cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2016, Pino era todavía intocable. Manejaba la policía a su antojo. Los fondos reservados de la Dirección Adjunta Operativa habían crecido considerablemente. Los informes que sus subordinados redactaban sin firma ni sello ocupaban las portadas de determinados medios de comunicación cuando se suponía más daño hacían al proceso soberanista. Era indiferente que nunca llegaran a un juzgado, que los que extrañamente lo hacían fueran despreciados por los jueces, como el informe PISA contra Podemos, o que contuvieran burdas manipulaciones, como la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza.

El comisario Villarejo había sido condecorado en 2014 por su participación en la Operación Catalunya con una medalla pensionada, premios que Pino manejaba a su antojo. Pero había más. Los preciados destinos en embajadas eran una suerte de fondo de reptiles que manejaba el todopoderoso comisario para premiar a los suyos. Sus principales colaboradores disfrutaron de ellos hasta el pasado verano, hasta que el actual Gobierno les ordenó regresar. El imputado junto a él, Díez Sevillano, había sido enviado a México. Su antecesor, José Ángel Fuentes Gago, a La Haya, al igual que su mujer, también policía. Pino había convertido a su grupo de estrechos colaboradores en un club de ‘diezmileuristas’.

Mentiras en la Audiencia Nacional

Eugenio Pino se permitió mentir en la Audiencia Nacional al ser llamado por el pendrive con la información robada de los Pujol. El magistrado siguió indagando y concluyó que había indicios de delito y que un juzgado de Madrid sería competente. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Plaza de Castilla también cree que Pino le mintió, además de confirmar los indicios acerca del robo de la documentación.

En los próximos días, el actual Ministerio del Interior debe responder a la petición de información detallada que ha cursado, de forma urgente, el juez José de la Mata sobre la Operación Kitchen, el operativo policial para robar documentación potencialmente comprometedora para el Partido Popular del domicilio de Luis Bárcenas. En esa documentación deben aparecer casi todos los protagonistas de la policía política.

Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía Pino. El contacto directo con el chófer de Bárcenas, las entregas de los sobres con dinero, correspondieron a los comisarios Villarejo y a Enrique García Castaño, El Gordo.

El requerimiento ha sido cursado por el juez de la caja B porque El Mundo publicó documentación sobre la presunta financiación irregular que habría sido sustraída por el chófer y entregada a la cúpula de Interior. Sin embargo, esa documentación nunca fue incorporada al sumario judicial. El detalle del pago de los fondos reservados será reclamado por los fiscales Anticorrupción del caso Villarejo, que investigan la Operación Kitchen a raíz de las grabaciones entre el comisario y el chófer halladas entre el arsenal sonoro del policía.

Antes siquiera de haber recibido esa documentación, la Fiscalía Anticorrupción cree haber reunido ya los indicios suficientes para solicitar la imputación del comisario Pino y del chófer, Sergio Ríos, en la actualidad policía nacional, entre otras diligencias que no han trascendido.

Las conversaciones con Villarejo

En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y el número dos de Interior hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de "Paco Bomba".

El ministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.

Por su parte, Cosidó insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas. O no se enteraba o no se quería enterar de lo que ocurría mientras era el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía. Asegura que nunca habló con Villarejo.

Lo mismo dicen los antecesores de Fernández Díaz y Martínez en Interior, según su entorno. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Antonio Camacho, el secretario de Estado, trataron con el comisario, a pesar de que Villarejo estuvo destinado en la Comisaría General de Policía Judicial -que investiga la corrupción, entre otra delincuencia organizada- y después en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que terminaría heredando Pino.

El juez del caso Villarejo ya ha acordado algunas de las últimas diligencias que le ha solicitado Anticorrupción y otras piensa hacerlo proximamente, como solicitar al Consejo de Ministros que levante la clasificación de secreto a determinadas materias e investigados y testigos puedan declarar sin transgredir la Ley de Secretos Oficiales. Uno de ellos, el comisario García Castaño, ha pedido formalmente al juez poder hablar de la Operación Kitchen y de otros secretos de más de treinta años destinado en puestos sensibles de la seguridad del Estado.

https://m.eldiario.es/politica/maniobras-policia-politica-Interior-Rajoy_0_838867026.html


EL 'CASO VILLAREJO' AFLORA LA GUERRA FRÍA ENTRE FERNÁNDEZ DÍAZ Y COSIDÓ EN INTERIOR

“Se fue de las manos”. La frase, pronunciada con resignación, es de un alto responsable de la seguridad durante los cinco años de mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. El presidente Mariano Rajoy buscó devolver favores y compensar lealtades a la hora de ocupar los puestos principales y lo que resultó fue un equipo 'Frankenstein' al que no tardaron en saltarle las costuras. Las pugnas internas tuvieron mucho de lucha de egos y en ese escenario fue ganando peso poco a poco el ‘número dos’ de la Policía, Eugenio Pino. Bajo su mando, con la protección del ministro, resurgió la figura de un veterano comisario de controvertido pasado llamado José Manuel Villarejo.

Cosidó dijo al juez que la Policía no sancionó a Villarejo porque no halló irregularidades

El resultado de aquella combinación es hoy de sobra conocida: mandos policiales acorralados en los tribunales o en la cárcel, jueces que investigan el uso de fondos reservados para fines partidistas, fiscales que directamente hablan de un “clan mafioso” en las fuerzas de seguridad y una sensación generalizada en la Policía de que la catarata de sobresaltos no tendrá fin. La Audiencia Nacional ya ha dado el salto de investigar los negocios privados de comisarios sospechosos para apuntar a quienes les daban las órdenes desde los despachos.

La pregunta es: ¿quién daba las órdenes a los policías?

La aparición de la 'operación Kitchen' en la que Villarejo y su entorno captaron al chófer de Bárcenas para robarle documentación sensible sobre la corrupción del PP ha llevado al juez que investiga la caja B del partido a pedir a Interior un informe para dar con "los últimos responsables". La pregunta es: ¿quién daba las órdenes a los policías?. ¿Formaba parte de esos "encargos puntuales" que la exsecretaria general 'popular' María Dolores de Cospedal y su marido prometieron encomendar a Villarejo con el conocimiento de Rajoy o partía del Ministerio? A la espera del recorrido judicial del caso, los excolaboradores más cercanos de Cosidó en la Policía se esfuerzan por desmarcar al ahora portavoz 'popular' en el Senado de las actividades de Pino y Villarejo. Señalan más arriba.

Los primeros problemas
Es difícil determinar de manera exacta el momento en el que empezaron a torcerse las cosas en Interior. Algunas fuentes consultadas por 'Vozpópuli' sitúan el origen en la mera composición del Ministerio, otras afirman que no hubo un punto de inflexión concreto. Quizá el primer aviso fue la espantada del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, tras apenas un año en el cargo. Letrado del Tribunal Constitucional, su designación pretendía dotar de un barniz legalista e independiente al Ministerio. Era una forma de marcar distancias con la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Desde la oposición, los populares no se cansaron de acusar a los socialistas de haber instaurado una policía política. Usaban como ejemplo a la UDEF y causas como la Gürtel. Ahora se ha sabido que, mientras tanto, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, recibía en su despacho a Villarejo. Y que el comisario le garantizó que el jefe de la UDEF, su amigo José Luis Olivera, había boicoteado la investigación del caso que tanto preocupaba al partido. Luego Olivera acabaría protagonizando una meteórica carrera con el PP hasta llegar a la cúpula de Interior.

Antes de irse, Ulloa se había visto salpicado por el 'caso Interligare', una investigación de la propia UDEF sobre la concesión de subvenciones del Ministerio a una empresa en la que figuraban comisarios jubilados o en excedencia. Uno de los responsables de Interligare era el comisario Gabriel Fuentes, quien contaba con un despacho como asesor en la propia Secretaría de Estado de Ulloa. Fuentes estaba en la comida de 2009 de la ministra de Justicia con Villarejo, Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, o el juez Garzón. La salida de Ulloa se interpretó con el tiempo como una huida al advertir algunas de las prácticas que ahora van saliendo a la luz.

La composición del Ministerio
En sustitución de Ulloa, Fernández Díaz otorgó la secretaría de Estado a su jefe de gabinete, Francisco Martínez, hoy diputado del PP. Eldiario.es desveló que en el sumario del 'pequeño Nicolás' constan dos llamadas de 20 minutos en total entre Martínez y Villarejo el mismo día de la detención del joven y el registro de su casa donde aparecieron anotaciones que vinculaban al polémico mando. Villarejo le dijo al juez que era porque estaba informando de una importante investigación antiterrorista urgente, pero las fuentes policiales advierten de que lo normal es que Martínez despachase esos temas con el comisario general de Información, Enrique Barón.

Pronto el ministro pasó a ocuparse de su principal preocupación: Cataluña

Fernández Díaz era un desconocido para las fuerzas de seguridad cuando Rajoy le nombró ministro. Curtido en la moqueta parlamentaria, el presidente premió así su fidelidad durante años. Sobre el papel tenía el reto de gestionar el final de ETA, sin embargo, fue el primer responsable de Interior que no se centró en el terrorismo durante su toma de posesión. En lugar de eso habló de preservar la paz social en las calles. El año 2011 llegaba a su fin, el 15M había recorrido España y desde Grecia asomaba un clima de altercados callejeros provocados por la crisis económica. Pero la conflictividad no fue a más y pronto el ministro pasó a ocuparse de su principal preocupación: Cataluña.

Al frente de la Policía Nacional, Rajoy situó a Ignacio Cosidó. Se había destacado por su dureza con Rubalcaba en el Congreso a cuenta del 'caso Faisán', la investigación de un chivatazo policial a la red de extorsión de ETA. La Policía también fue una sorpresa para él tras haber pasado ocho años en el Gabinete del director de la Guardia Civil durante el Gobierno de Aznar. Pero Rajoy le reservó el Instituto Armado a otro de sus más fieles, el gallego Arsenio Fernández de Mesa del que no guardan buen recuerdo en la Institución.

Pino, un comisario afín al PP

Justo por debajo de Cosidó, como Director Adjunto Operativo de la Policía, le colocaron a Eugenio Pino al que él apenas conocía. Pino era uno de los comisarios de cabecera del PP, visitador de la calle Génova y con una larga trayectoria en los antidisturbios. Pronto dejó patente su perfil autoritario como máximo mando uniformado del Cuerpo. La nueva cúpula propuso el cese del policía que inició las pesquisas del caso Interligare y Cosidó lo aceptó.

El ahora portavoz del PP en el Senado no desempeñó un perfil bajo y su presencia en los medios disgustaba al ministro. Así empezaron las tiranteces entre ambos, que fueron a más a medida que avanzó la legislatura. El ministro encontró en Pino a su interlocutor en la Policía y le dio plenos poderes. Ambos puenteaban a Cosidó, quien pasaba mucho tiempo lejos de su despacho visitando comisarías de toda España. Esa fue su manera de marcar distancias con su ‘número dos’ por razones parecidas a las de Ulloa, si bien él nunca dimitió.


Por la sede de la Dirección de la Policía desfilaba un grupo de mandos controlados y dirigidos por Pino, entre ellos Villarejo

De muchas cosas no se enteraba y de otras no quería enterarse. Cosidó tenía su despacho casi al lado del de Pino en la primera planta de la sede de la Dirección General de la Policía. Por allí desfilaba habitualmente un grupo de policías controlados y dirigidos por Pino, entre ellos Villarejo, sin horario fijo y con un pie en la Policía y otro en sus empresas privadas. Crearon una especie de unidad de inteligencia policial paralela dedicada a investigaciones sin control judicial.

Informes apócrifos
La filtración de un audio del ministro con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña demostró el interés que tenía Fernández Díaz en airear casos de corrupción que afectasen a dirigentes nacionalistas. De aquellos años son documentos como el informe apócrifo de la UDEF sobre dinero en Suiza de Jordi Pujol y Artur Mas, el informe PISA sobre la financiación ilegal de Podemos o una cuenta Suiza del exalcalde de Barcelona que resultó ser falsa. Estos trabajos se publicaban en medios de comunicación en fechas políticamente claves, aunque su contenido rara vez daba para remitirlo a un Juzgado.

Uno de los hombres que actuaba a las órdenes de Pino era el comisario Marcelino Martín Blas, responsable de la Unidad de Asuntos Internos. Esta estructura dependía directamente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), pero Martín Blas desempeñó algún encargo que no tenía que ver con su función de perseguir delitos cometidos por funcionarios policiales. No obstante, en un momento dado de la legislatura Martín Blas se enfrentó a Pino y a su grupo de policías afines, principalmente a Villarejo. Ambos se convirtieron en enemigos íntimos y eso dio pie a la llamada guerra de comisarios en la que Fernández Díaz y Cosidó libraron el último enfrentamiento de su guerra fría.

El director de la Policía se inclinó por Martín Blas y el ministro se posicionó en favor de su hombre de confianza en la Policía, Eugenio Pino. Incluso llegó a defender públicamente los servicios prestados a España por a Villarejo cuando 'El País' publicó que participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros. Eso es algo desorbitado para un funcionario. Cosidó encargó a Pino una investigación interna al respecto pero se cerró en falso y no pasó nada. Hoy la Fiscalía no duda en que las actividades de Villarejo incurren en un abanico de incompatibilidades.

Una solución salomónica fallida

El enfrentamiento entre Villarejo y Martín Blas iba a más y ya había dado el salto a sumarios judiciales y a los medios de comunicación así que Cosidó quiso adoptar una decisión salomónica y cesar a ambos. Martín Blas fue apartado de Asuntos Internos, pero con Villarejo no fue tan sencillo. Ya se le había buscado un nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos, pero no se llevó a cabo al no contar con ningún informe de su superior proponiendo su cese. Otra vez Pino.

Cosidó terminó de confirmar ahí su situación dentro del Ministerio, fue un punto de inflexión en el que terminó de asumir ausencia de poder ante un subordinado como Pino que había adquirido entidad propia bajo la protección del ministro. Antes de su jubilación en 2016, tanto Pino como su protegido Villarejo fueron condecorados por el ministro con medallas que conllevan suculentas pensiones vitalicias.

Lo que intenta dilucidar ahora la Justicia en torno al 'caso Villarejo' es si se trataba sólo de un grupo de policías corruptos descontrolados o de una trama política en la que los agentes tan sólo eran el brazo ejecutor. Las pesquisas avanzan bajo la constante incertidumbre que impone la ruleta rusa de las grabaciones de Villarejo. Cunde el nerviosismo entre todo aquel que hubiese desempeñado un puesto de responsabilidad en aquel Ministerio. Han desaparecido los WhatsApp, las llamadas de teléfono o las citas en despachos. Nadie se fía de nadie y el mero hecho de poner el móvil encima de la mesa provoca algún gesto de incomodidad.

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EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO QUE LEVANTE EL SECRETO EN EL CASO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

El comisario Enrique García Castaño quiere que el Ejecutivo le dispense de la obligatoriedad de guardar silencio

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea va a solicitar al Consejo de Ministros que levante la Ley de Secretos Oficiales para que una serie de personas puedan declarar sobre materias reservadas en el caso Kitchen, la pieza del caso Villarejo sobre los pagos con fondos reservados al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para que recuperara documentos sobre la contabilidad oculta de la formación conservadora, según han informado a este periódico fuentes judiciales. La petición del magistrado al Ejecutivo se produce después de que el comisario Enrique García Castaño, detenido el pasado 11 de julio como presunto integrante de la trama policial encabezada por José Manuel Villarejo, solicitara por tercera vez declarar sobre secretos oficiales. El juez quiere que el Gobierno le dispense de la obligatoriedad de guardar silencio sobre determinadas materias afectadas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995.

En concreto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 va a cursar esta petición a través del Ministerio de Justicia con respecto a un supuesto operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 para recuperar información que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudo llevarse del partido cuando fue despedido.

El alto mando policial quiere aportar información sobre los supuestos pagos con fondos reservados al chófer de la mujer de Bárcenas para localizar documentación supuestamente comprometedora en poder del extesorero.

El juez Diego de Egea ha abierto una pieza separada dentro del caso tándem para investigar dichos pagos, en los que desempeñó un papel clave el comisario Villarejo, que entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos revela que en el domicilio del comisario jubilado se encontraron los recibos que presuntamente le firmó el chófer, Sergio Ríos Esgueva, tras recibir los pagos por sus servicios. Las pesquisas apuntan a que Villarejo le entregó 48.000 euros en metálico con cargo a los fondos reservados. Los entonces responsables policiales nunca judicializaron aquellas pesquisas ni hay constancia de que la información recabada se incorporara al sumario de los papeles de Bárcenas.

El policía —que en sus declaraciones ante el juez ha insistido en desmarcarse de las actividades del comisario Villarejo— asegura que su intención es "colaborar y facilitar las labores judiciales y fiscales de investigación" y recuerda que, días antes de su arresto, acudió "voluntariamente" a la Audiencia Nacional para declarar al trascender públicamente que algunas de las grabaciones de Villarejo le salpicaban en sus actividades.

También el magistrado del caso Bárcenas, José de la Mata, ha pedido al Ministerio del Interior un "informe completo y urgente" sobre un supuesto encargo que hizo este departamento al comisario jubilado José Villarejo para recuperar los papeles que el extesorero del PP Luis Bárcenas se llevó de la sede del partido y pagados con fondos reservados. Una presunta operación denominada Kitchen en la que también estaría implicado el chófer del exparlamentario del partido conservador.

https://elpais.com/politica/2018/11/21/actualidad/1542803403_423307.html


ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR AL EXNÚMERO 2 DE LA POLICÍA Y AL CHÓFER DE BÁRCENAS POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

El exnúmero 2 de la Policía "sería uno de los hombres clave" en el operativo para blanquear las pruebas contra el PP con fondos reservados, según los investigadores
La citación "no será inmediata" porque aún hay que practicar varias diligencias previas también solicitadas por la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de refuerzo 6 de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, la imputación del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional con el Partido Popular, Eugenio Pino, y del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Fuentes jurídicas confirman a la SER esa información avanzada por El Independiente, y añaden que la citación de ambos ante el juez Diego de Egea "no será inmediata" porque el Ministerio Público reclama con anterioridad a las comparecencias la práctica de una batería de diligencias de investigación que permanecen bajo secreto.

Las mismas fuentes consideran que a priori, el exnúmero 2 de la Policía Nacional, Eugenio Pino, fue "un hombre clave" en el supuesto operativo revelado por los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para la operación montada entre 2013 y 2014 para destruir pruebas que afectasen al Partido Popular y pudiesen comprometerle en el caso de la caja b de este partido, que por aquel entonces investigaba el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Para ello, supuestamente, no dudaron en utilizar fondos reservados.

Este supuesto operativo fue organizado siendo ministro de Interior Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó, director general del cuerpo armado.

La Fiscalía Anticorrupción también quiere que el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, explique su supuesta vinculación con el caso. Si es cierto que actuó como topo del operativo, pasando información y documentos relevantes del extesorero a los agentes, y si cobró por ello 2.000 euros mensuales de los fondos reservados. Supuestamente, al término de su trabajo como espía de Bárcenas, Sergio Ríos fue recompensado con una plaza en el cuerpo nacional de la policía.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/20/tribunales/1542746080_307230.html


UN JUEZ PROCESA POR PRIMERA VEZ A DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP

El comisario Pino, ex 'número 2' de la Policía Nacional, y un inspector jefe están acusados de intentar incorporar irregularmente documentos en el sumario del 'caso Pujol'

Un juez de Madrid dictó el 2 de noviembre un auto por el que procesa al comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía Nacional, y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano por intentar incorporar al caso Pujol un pendrive con documentos de origen ilícito. Ambos se convierten así en los primeros policías de la “brigada patriótica” que actuó contra rivales políticos del PP con Jorge Fernández Díaz en Interior que están a un paso del banquillo de los acusados.

La investigación sobre el pendrive fantasma fue abierta por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —instructor de la causa por corrupción contra el expresidente de la Generalitat, su mujer y sus hijos— tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se hacía referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba.

Tras recibir la pequeña memoria informática que los contenía en febrero del año siguiente y constatar que ningún mando policial de los que llamó a declarar aclaraba cómo se habían conseguido los 869 documentos que contenía, el juez De la Mata acordó que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat y provocaran su nulidad. Además, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas realizadas sobre el pendrive al considerar que en la actuación del comisario Pino y su subordinado había indicios de delito.

La investigación la asumió el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, quien a lo largo de más de un año tomó declaración como imputados a los dos agentes y a un tercero —sobre el que finalmente ha sobreseído la causa—. También llamó como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas. En el auto por el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— el magistrado concluye que Pino y su subordinado se concertaron “para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola”. Por ello, los acusa de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto

Explicaciones vagas

El juez destaca que los dos mandos ocultaron intencionadamente la procedencia ilícita de la información y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, más tarde, por el juez de Madrid, alegaron “vagas y genéricas referencias a su origen”. Por ello, el magistrado que ahora los ha procesado concluye que mintieron incluso cuando acudieron como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad.

Sobre el comisario Pino —premiado con una medalla pensionada por el Gobierno del PP cuando se jubiló en 2016— el auto destaca que cayó en múltiples contradicciones tanto en sus declaraciones ante el juez De la Mata como en las que prestó posteriormente en los Juzgados de Plaza Castilla. También con lo que afirmaron los testigos que declararon y las pruebas practicadas, entre ellas el análisis de los dos ordenadores que tuvo en su despacho oficial.

Del inspector jefe Díaz Sevillano —también condecorado con una medalla pensionada y al que el PP premió con un destino en la Embajada de México tras estallar el escándalo de la brigada patriótica—, el juez Juan Javier Pérez también destaca las contradicciones en las diferentes versiones que dio sobre su participación en los hechos. El juez considera probado que fue él quien recibió del comisario Pino el pendrive fantasma y quien lo llevó en mano a la UDEF. La investigación no ha podido desvelar cómo consiguieron Pino y Díez Sevillano la información que contenía.

La poca fiabilidad del testigo Villarejo

El comisario jubilado José Manuel Villarejo compareció como testigo el 16 de octubre de 2017 ante el juez Juan Javier Pérez por el caso del pendrive fantasma del caso Pujol. En el auto en el que el magistrado da por concluida la instrucción de la causa destaca que aquel testimonio tuvo poca credibilidad. “No se le puede conferir una alta fiabilidad”, escribe Juan Javier Pérez en referencia al relato del comisario jubilado, actualmente en la cárcel acusado de liderar una trama policial desmantelada en la llamada Operación Tándem.

Durante 25 minutos, y vestido con zapatos marrones, camisa blanca y pantalón y americana beige, Villarejo dijo que no tenía “demasiada relación, prácticamente ninguna” con el comisario Eugenio Pino y con el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, los dos procesados en la causa. Además, el comisario negó que ofreciera a Pino venderle una memoria con información sobre Jordi Pujol Ferrusola por una cantidad que rondaba entre los 200.000 y los 500.000 euros, tal y como Pino había asegurado en septiembre de 2017 ante el mismo juzgado de Madrid. "No es exactamente así. Don Eugenio tenía una memoria en la que en ocasiones le bailaban los números. Lo que sí le dije, en una reunión en la que primero estuve con él y después estuve con Marcelino [Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos], fue que una fuente en Barcelona nos había ofrecido un pendrive que podía contener información interesante sobre corrupción de partidos políticos en general y, probablemente, referida al clan Pujol".

La reunión a la que se refiere Villarejo se produjo en la primavera de 2014, cuando estaba en activo y adscrito a la Dirección Adjunta de la Policía. "Yo realizaba trabajos en Cataluña sobre tema inteligencia, hablando con fuentes, con personas para convencerlas de que pusieran a disposición de la justicia toda la información que tenían, que denunciaran, etc. Y en una ocasión una persona me llamó y me dijo: 'Hay un pendrive interesante con muchísima información que debe de ser muy importante porque alguien ha ofrecido 250.000 o 500.000 euros, pero que por 50.000 euros se puede conseguir”. ¿Quién era esa persona?, le preguntó el juez. "Se me identificó como Robin o algo así. Me dijo que era una persona que tenía información y me dio datos de que era fehaciente. Pero le dije: 'Yo voy a comprobarlo, a ver si es cierto o no. Obviamente, si aceptan pagarte algo por esa cantidad, primero se verificará”.

¿Tiene algún dato más de este Robin, porque el teléfono sí lo debe tener?, le insistió el juez. Villarejo le dio entonces los supuestos números de móvil desde los que recibió la llamada, pero aseguró no saber quién era Robin. Según él, la llamada fue una “encerrona” del comisario Marcelino Martín-Blas, con el que se encontraba enfrentado desde que este último citó en un informe de la Operación Emperador contra la mafia china al hijo de Villarejo. “Marcelino dijo: ‘bueno, tú ya sabes que esos son los teléfonos de Rubén [en referencia a un supuesto subordinado de Martín Blas que se haría pasar por Robin]. Y le digo que no, que me ha llamado un señor que se llama Robin y me ha pedido ese dinero. Y les digo que eso es una encerrona para quedar yo mal. Y digo. ‘Bueno, por lo menos me dejaréis una copia de ese pendrive’. Y, entonces, Marcelino dijo delante de mí: ‘Por encima de mi cadáver”.

https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542721444_962772.html

UN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS

El comisario García Castaño pide permiso para detallar el uso de fondos reservados

El comisario Enrique García Castaño, detenido el pasado 11 de julio como presunto integrante de la trama policial encabezada por José Manuel Villarejo, presentó el miércoles en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para que el Gobierno le autorice a aportar en el juzgado datos sobre operaciones policiales sometidas a la Ley de Secretos Oficiales. Es el tercer escrito que presenta en el mismo sentido para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, sin que hasta ahora haya recibido contestación oficial.

En esta ocasión, el alto mando policial quiere aportar información sobre los supuestos pagos con fondos reservados al chófer de la mujer de Luis Bárcenas para localizar documentación supuestamente comprometedora en poder del extesorero del PP tras su ingreso en prisión en 2013 por su implicación en el caso Gürtel.

El juez Diego de Egea ha abierto una pieza separada dentro del caso Tándem para investigar dichos pagos, en los que desempeñó un papel clave el comisario Villarejo, que entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos revela que en el domicilio del comisario jubilado se encontraron los recibos que presuntamente le firmó el chófer, Sergio Ríos Esgueva, tras recibir los pagos por sus servicios. Las pesquisas apuntan a que Villarejo le entregó 48.000 euros en metálico con cargo a los fondos reservados. Los entonces responsables policiales nunca judicializaron aquellas pesquisas ni hay constancia de que la información recabada se incorporara al sumario de los papeles de Bárcenas.

"Nuevas filtraciones"

García Castaño reclama ahora al juez Diego de Egea que "se dirija al Consejo de Ministros para que le dispense la obligatoriedad de guardar silencio sobre determinadas materias afectas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995". El comisario asegura que su petición viene motivada por “las nuevas filtraciones” sobre los supuestos pagos a quien fuera chófer de Bárcenas. "La intención del señor García Castaño es poder informar con todo detalle al órgano judicial de las condiciones en que se produjeron esos hechos y, con ello, poder acreditar su absoluta falta de responsabilidad penal", destaca una nota hecha pública por su defensa, encabezada por el exjuez Baltasar Garzón.

El policía —que en sus declaraciones ante el juez ha insistido en desmarcarse de las actividades del comisario Villarejo— asegura que su intención es "colaborar y facilitar las labores judiciales y fiscales de investigación" y recuerda que, días antes de su arresto, acudió "voluntariamente" a la Audiencia Nacional para declarar al trascender públicamente que algunas de las grabaciones de Villarejo le salpicaban en sus actividades.

Con la apertura de la investigación judicial sobre las supuestas vigilancias a Bárcenas, el sumario del caso Tándem cuenta ya con siete piezas separadas, además de haber provocado la apertura de un segundo sumario sobre las relaciones entre Villarejo y su compañero García Castaño. La principal novedad de la nueva pieza es ser la primera en la que se investigan actividades supuestamente vinculadas con la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que supuestamente participó en campañas contra rivales políticos durante la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior. Los entonces responsables políticos del ministerio han negado estar al tanto de estas vigilancias a Bárcenas. Hasta ahora, las otras piezas del sumario se han centrado en las actividades privadas del comisario jubilado para su lucro personal en las que elaboraba dosieres comprometedores sobre empresarios con el uso, en muchos casos, de medios públicos.

Seguimientos en el metro de Madrid

Los diarios Ok Diario y El Español han publicado este jueves la existencia de un informe apócrifo que recoge seguimientos policiales a un supuesto colaborador del extesorero del PP con imágenes del circuito de video vigilancia del Metro de Madrid. El documento no figura entre los documentos intervenidos en los registros del caso Villarejo y, por tanto, no se ha incorporado al sumario, según fuentes de la investigación.

https://elpais.com/politica/2018/11/15/actualidad/1542314078_549331.html

EL JUEZ DE LA MATA INVESTIGA SI INTERIOR DESTRUYÓ PRUEBAS DE LA CAJA B CON FONDOS RESERVADOS

El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional abre otra investigación sobre las revelaciones del excomisario Villarejo

Reclama a Interior que aporte toda la información sobre la supuesta operación llevada a cabo en 2013 por la antigua cúpula del ministerio para destruir pruebas del caso de la caja b del PP, con la colaboración del comisario, que incluyó el posible soborno al chófer de Bárcenas con fondos reservados

El juez José de la Mata quiere saber si es cierto que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz llevó a cabo un operativo policial con la participación de Villarejo para destruir en 2013 Y 2014 documentos del extesorero Luis Bárcenas sobre la causa de la caja b del PP. Para ello, supuestamente, utilizaron fondos reservados y sobornaron al chófer del responsable de las finanzas en el Partido Popular.

El juez José de la Mata abre por ello estas diligencias y dirige un requerimiento a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe a la "máxima urgencia" sobre esta operación, detallando quiénes participaron y cuáles fueron sus objetivos, así como la preparación, quién la aprobó y la supervisó. También reclama toda la documentación "en cualquier soporte" que se haya generado durante su desarrollo.

El juez actúa sin consultar al juzgado de refuerzo número 6 de la misma Audiencia Nacional, que ya investiga la 'operación Tandem' del excomisario Villarejo. Inicia esta causa, tal y como refleja en su auto, después de que el periódico 'El Mundo' publicase este jueves información sobre este posible operativo, denominado 'Kitchen'. Una operación que supuestamente, consiguió el robo de las agendas personal y de trabajo de Luis Bárcenas. Además, el chófer del extesorero, Sergio Ríos, fotocopió "íntegramente" una caja con documentación y la "puso en manos del dispositivo" dirigido por Villarejo.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/16/tribunales/1542379700_198272.html

LÓPEZ MADRID: "LLAMARÁ CATALÁ PARA QUE HICIÉRAMOS HUECO" EN EL AVE A UN DONANTE DEL PP

Una anotación en la agenda personal del exconsejero de OHL, Javier López Madrid, apunta a que en 2012 iba a recibir una llamada del entonces secretario de Estado del ministerio de Fomento y hoy exministro de Justicia, Rafael Catalá, para hacer "hueco" en las obras del AVE a Galicia a la constructora Vimac, cuyo socio y consejero es Manuel Contreras, imputado por donar fondos en negro a la caja b del Partido Popular

Vimac obtuvo ese año una adjudicación en UTE de 146 millones en el AVE a Galicia. El exministro afirma que carecía de poder decisorio en las contrataciones

López Madrid: "Llamará Catalá para que hiciéramos hueco" en el AVE a un donante del PP

El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la operación Púnica, dispone de un documento vinculado al caso de la caja b del Partido Popular, que ha pasado desapercibido hasta la fecha a los investigadores.

Se trata de una anotación manuscrita, que hoy avanza la Cadena SER, supuestamente realizada por el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, que figura en una de las numerosas agendas personales que le fueron incautadas durante el registro a su despacho, como consecuencia de su imputación en este procedimiento.

La página carece de fecha, pero se encuentra entre otras datadas a principios de 2012.
Bajo el encabezamiento "Carlos Contreras Vimac", en la agenda de López Madrid aparece escrito "quieren hueco en el AVE a GALICIA(sic)". A renglón seguido se anota "Rafael Catalá sec Estado llamará para que hiciéramos hueco". Una llave agrupa ambas oraciones y una flecha conduce a un tercer renglón en el que se escribe "sumar si lo dice el cliente".

A través de un portavoz, Javier López Madrid no niega a la SER que realizara esa anotación. Dice que no la recuerda y que no conoce ni ha hablado jamás con el entonces secretario de Estado de Fomento y exministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero poco después la empresa Vimac obtuvo una adjudicación en el AVE a Galicia, tal y como pretendía.

Vimac logró en abril de 2012 un contrato público de 146 millones de euros para esa línea ferroviaria. Junto a Torrescámara y Vías, consiguió la adjudicación en UTE del tramo de 9.1 kilómetros entre Laza y Vilar de Barrio, con la construcción de dos túneles y un viaducto.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el diputado y exministro Rafael Catalá, quien también afirma que no conoce ni ha hablado jamás con Javier López Madrid. Catalá manifiesta que como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, carecía de poder decisorio en el órgano de contratación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y por tanto, no podía influir en él.

El presidente de la constructora Vimac, ya en disolución, es Carlos Contreras, quien a su vez es primo y era socio en la empresa en el momento en el que tuvieron lugar los hechos de Manuel Contreras, consejero de Vimac, presidente de Azvi e imputado en el caso de la caja b del PP como posible donante de fondos a la contabilidad negra del partido.

Según los papeles de Bárcenas, la familia Contreras donó 888.000 euros en negro a la caja b del PP entre 2003 y 2008.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/19/tribunales/1542652839_577735.html


EL JUEZ INVESTIGA SI EL EQUIPO DE FERNÁNDEZ DÍAZ SOBORNÓ AL CHÓFER DE BÁRCENAS CON FONDOS RESERVADOS

El instructor Diego de Egea inicia una investigación tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha abierto una nueva pieza secreta en el marco del caso Tándem (caso Villarejo) en el que investiga si el Ministerio de Interior -en la etapa de Jorge Fernández Díaz- sobornó al chófer de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, con dinero de los fondos reservados para que localizara pruebas comprometedoras contra María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Javier Arenas.

Según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos presentada al juez De Egea, Interior habría pagado 2.000 euros al mes de dinero público a Sergio Ríos Esgueva, conductor de Bárcenas y su familia, para que recuperara documentos en manos del extesorero del PP que comprometerían a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o el exsecretario general del PP andaluz, Javier Arenas, según ha adelantado este jueves Okdiario.

Según los informes a los que se refiere este diario y que ya están en manos del juez, el Gobierno de Rajoy habría recurrido a los excomisarios investigados, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, para que realizaran este trabajo extraoficial al margen de los mandos policiales.

Cosidó se desentiende

El director general de la Policía en el momento en que se habría encargado esta operación a Villarejo ha negado este jueves en declaraciones a los medios que la conociera, y ha afirmado que la Policía realiza un "excelente trabajo" y les ha transmitido su apoyo para que sigan "hasta el final" con esta investigación.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han desarrollado dicha investigación a raíz de documentos y facturas encontradas en los registros del domicilio y empresas de Villarejo.

Además de la declaración de Villarejo, para que explique cuál fue el encargo que le hicieron y quién se lo hizo, se hace casi imprescindible que el juez llame a declarar a los dirigentes de Interior en aquél momento para saber de quién fue responsabilidad. Los informes apuntan directamente al exministro Jorge Fernández-Díaz, por lo que el instructor podría citarle a declarar.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181108/investiga-fernandez-diaz-soborno-barcenas-fondos-reservados/351715492_0.html


LOS 'PAPELES DE KITCHEN' TIENEN PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP EN TODA ESPAÑA

El PP se desmarca del escándalo de la 'operación Kitchen': "Es cosa del pasado"
Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en 'B'

Las pruebas de la 'operación Kitchen': Los pagos en 'B' que Interior robó a Luis Bárcenas
La Policía se apoderó en 2013 de una caja repleta de anotaciones y documentos de la financiación ilegal del PP en toda España en poder de Luis Bárcenas. El dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior sin control judicial bajo la denominación de operación Kitchen interceptó este material aprovechando que el ex tesorero había ingresado en prisión preventiva y que los documentos se encontraban custodiados por su mujer, Rosalía Iglesias. Estas pruebas nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que investigaba en ese momento tanto la financiación ilegal del partido como la fortuna oculta de Bárcenas.

El chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la Policía como confidente, facilitó la sustracción de la documentación, en la que figuraban, entre otros elementos, documentos de la contabilidad B del partido en Galicia; una completa relación de notas y presupuestos sobre la financiación irregular de las campañas electorales en Madrid; contratos suscritos por el PP vinculados con las actividades de la formación en Valencia, y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.

EL MUNDO ha tenido acceso a una amplia selección de esta documentación, en la que se encuentran documentos hasta ahora inéditos, como una carta manuscrita del ex gerente del PP gallego a Bárcenas en la que, tras disculparse por el retraso, le remitía la contabilidad oculta de la formación en dicha región. En los papeles intervenidos el ex senador había tachado su nombre del tarjetón que le envió el gerente gallego para evitar que se le pudiera relacionar con el conocimiento de dichas operaciones.

En este paquete de documentos Bárcenas también introdujo una carta que le envió el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, en la que le enviaba una serie de facturas por importe de 216.000 euros relacionadas con las campañas electorales del PP de Madrid de las que se hizo cargo Génova. Este documento integra un rosario de anotaciones, ingresos bancarios y presupuestos de campaña modificados del PP en la capital de España. Estas pruebas no sólo acreditan la financiación irregular del partido en Madrid, sino la cooperación de la tesorería nacional del partido para blanquear las donaciones en negro obtenidas por sus líderes con el objetivo de sortear los controles legales. En este apartado figuran numerosas anotaciones de aportaciones de dinero en efectivo por parte de empresarios a Fundescam, la entidad utilizada por el PP madrileño para recaudar fondos y sortear los límites legales establecidos para las campañas. Junto a ellas, referencias del ex tesorero a pagos en negro, siempre según él, librados al ex alto cargo del PP madrileño Jesús Pedroche para sufragar vallas publicitarias de las campañas de principios de los años 90. Y además, anotaciones de pagos en negro para un acto puntual de Nuevas Generaciones que no consta en los célebres papeles del ex tesorero.

La referida selección de documentos también contenía una serie de tarjetones rellenados de su puño y letra por Bárcenas en los que aludía a pagos realizados con cargo a la caja B gestionada desde Génova. Entre ellos, una nota que incluía abonos que databan de 1989 vinculados, siempre según expuso en ellos Bárcenas, al pago de la vivienda que utilizó el ex presidente del Gobierno José María Aznar en la madrileña calle de Arturo Soria. Asimismo, esta tarjeta contemplaba anotaciones relacionadas con supuestas donaciones en negro realizadas por grandes empresas como El Corte Inglés, concretamente una que ascendía a 10 millones de pesetas, y el reparto posterior que se habría realizado del dinero. También incorporaba presuntos pagos en B al ex asesor electoral de Rajoy, Pedro Arriola.

El paquete de documentos interceptados ilegalmente albergaba, asimismo, el pago de 90.000 euros a través del PP de Alicante para la impresión y distribución en 2004 de un libro titulado Rajoy, camino a La Moncloa. Junto a este pago, y también en relación con el partido en la Comunidad Valenciana, aparece un abono de 2.140 euros a una empresa sevillana para alquilar un avión turbohélice privado que fue utilizado por los líderes regionales del partido.

Entre los elementos que atesoraba Bárcenas y que fueron neutralizados se encontraba también un mensaje de teléfono que envió al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que éste nunca respondió. En él el ex tesorero le interpelaba por las gestiones que había pedido a la dirección del partido para que la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (Udef) rectificara sus informes, en los que le vinculaba con los pagos de Gürtel bajo el pseudónimo de Luis El Cabrón. «¿Qué estás haciendo con el tema que he hablado con el presidente?», le interrogó sin éxito.

La bautizada como operación Kitchen aprovechó la orden de Bárcenas a su mujer de trasladar la documentación sensible al despacho de su abogado para custodiarla mientras se encontraba en prisión durante el verano de 2013. En el trayecto, el conductor fotocopió las pruebas y las puso en manos de un grupo de mandos policiales integrado, entre otros, por el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en estos momentos en prisión. No obstante, también fueron intervenidos manuscritos en el interior de inmuebles del matrimonio, donde albergaban las agendas personales y de trabajo del ex tesorero, así como anotaciones realizadas de su puño y letra por Iglesias, donde hacía alusión a otra serie de pruebas en poder del ex tesorero que podían comprometer al PP.

Se trataba de una serie de apuntes que realizó la esposa de Bárcenas en una de las visitas que realizó a su marido en prisión y que, según fuentes próximas al operativo, se encontraban en el taller de restauración de obras de arte de los Bárcenas en la madrileña calle del General Díaz Porlier.

En estas notas, Iglesias hacía referencia a que el matrimonio disponía de pruebas de cómo se pagaron, supuestamente con dinero negro, la instalación de cámaras de seguridad y de un cristal blindado en el domicilio de Rajoy.

EL MUNDO reveló el pasado jueves que entre la documentación robada en el operativo de Kitchen se hallaron, además de las agendas del ex tesorero, un tarjetón que hacía referencia a supuestos pagos en negro vinculados con la boda de la hija de Aznar en El Escorial, una entrega de 300.000 euros en efectivo del constructor Juan Miguel Villar Mir al ex tesorero Álvaro Lapuerta y el contacto de Manuel Calvo de Mora, el sastre de Rajoy al que, según testificó Bárcenas, también se le abonaron en negro sus trabajos. Esa misma tarjeta incluía la anotación «Amper-Ignacio López del Hierro», empresa de la que era consejero el marido de María Dolores de Cospedal, de quien más allá de las anotaciones de Bárcenas no se ha podido acreditar que realizara pagos opacos al partido.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la caja B del PP en el sumario conocido como los Papeles de Bárcenas ha abierto una investigación sobre la operación Kitchen y ha exigido a Interior que explique el operativo con la «máxima urgencia» y que entregue la documentación intervenida al ex tesorero popular. El juez José de la Mata ha solicitado también a este periódico la documentación que ha publicado. De manera paralela otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso Diego de Egea, que instruye el caso Villarejo, ha incoado una pieza separada para investigar este operativo policial tras hallar documentación del mismo en el registro del domicilio del ex comisario y acreditar que se le pagaron fondos reservados a cambio de sus trabajos de espionaje.

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/19/5bf1b311268e3e5c418b45ab.html


OPERACIÓN KITCHEN: LA POLICÍA RASTREÓ LAS PRUEBAS DE BÁRCENAS CONTRA RAJOY EN LA SIERRA DE BURGOS

Preguntó al chófer y confidente si había llevado allí a algún familiar tras el ingreso del extesorero en prisión.

Siguieron también al propio conductor para garantizar su lealtad.

La cúpula policial del comisario Eugenio Pino creó una operación secreta para localizar e intervenir sin conocimiento judicial toda la documentación comprometida que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas custodiaba. Como gancho, utilizó al chófer personal del exsenador, su persona de confianza, con el objetivo de que identificara una casa segura entre las sierras de Soria y Burgos. Un lugar donde Bárcenas podría esconder esos documentos que perjudicaban la imagen del PP tanto en la prensa como en los tribunales.

El guión de esas preguntas, a las que ha accedido este diario, es un documento de trabajo de los policías que integraron la llamada operación Kitchen, investigada ahora por partida doble en la Audiencia Nacional. El objetivo era que el agente de enlace directo con el confidente, el comisario José Manuel Villarejo, le preguntara por los frecuentes viajes de Luis Bárcenas a "la zona de la sierra de Soria/Burgos".

El documento, sin sello, ni firma, ni número de expediente, ni nada que sirva para identificar a los autores, solicita que se pregunte al conductor de Bárcenas sobre "Cuántas veces lo llevó y en qué fechas, lugares que visitaron, qué personas fueron y donde durmieron" y sobre todo si "llevó posteriormente, después de ingresar en prisión, a alguno otro miembro de la familia y en qué fechas".

Preguntas para el chófer

Este diario ya desveló que los policías habían seguido sin conocimiento de juzgado alguno y sin dar cuenta de los resultados a los miembros de la familia Bárcenas. De hecho, lo hicieron incluso con el propio Sergio Ríos, como demuestran los documentos de trabajo utilizados en la operación Kitchen.

En otro de los fragmentos, los agentes hablan del seguimiento realizado a un varón sin identificar el 15 de agosto de 2013. El escrito clarifica que el objeto de ese seguimiento era en realidad el propio chófer de Bárcenas, que se habría citado en la puerta de un restaurante de Madrid con la persona sin identificar para darle un paquete que fue entregado desde la ventanilla.

Surgen nuevas preguntas que Villarejo debe tratar con el confidente: "identificación de la persona del Metro como la que le entregó documentación el día 15 de agosto en la puerta del restaurante Arturo en la Plaza República Argentina". "Preguntarle porqué abrió el maletero del Alfa Romeo el día 15 si la entrega de documentación se llevó a cabo por la ventanilla del copiloto". "Preguntarle si le entregó algo a esa persona". Por el momento, nada se sabe del personaje desconocido.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181120/operacion-kitchen-policia-pruebas-barcenas-rajoy-burgos/354465614_0.html


ORDENAN INVESTIGAR POSIBLES SOBORNOS DEL GOBIERNO DE RAJOY PARA FRUSTRAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP

El juzgado del caso Villarejo ha ordenado ya diligencias de investigación para averiguar si Interior sobornó a través del excomisario al chófer de Bárcenas en 2014, para destruir pruebas que afectasen al PP en el caso de la caja B

El juez de refuerzo número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha abierto este lunes una pieza separada secreta del caso Villarejo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para averiguar si en 2014, el Ministerio del Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, sobornó con fondos reservados a través del excomisario al conductor del extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de que se apoderase de documentos y aportase información que pudiera perjudicar al Partido Popular, en el caso de la caja B abierto un año antes a este mismo partido, que también se investiga en la Audiencia Nacional.

Las pesquisas, avanzadas por el digital 'OkDiario', están en la fase inicial, pero según confirman fuentes jurídicas a la Cadena SER, el juez ya ha ordenado las primeras diligencias de investigación.

Las mismas fuentes afirman que esta nueva causa parte de documentos incautados en el registro practicado en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo, que apuntan a que existió el soborno con dinero público, y a informes policiales realizados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en base a esas pruebas, que ahondan en estas sospechas.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/08/tribunales/1541710638_600834.html


UN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS

El comisario García Castaño pide permiso para detallar el uso de fondos reservados

El comisario Enrique García Castaño, detenido el pasado 11 de julio como presunto integrante de la trama policial encabezada por José Manuel Villarejo, presentó el miércoles en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para que el Gobierno le autorice a aportar en el juzgado datos sobre operaciones policiales sometidas a la Ley de Secretos Oficiales. Es el tercer escrito que presenta en el mismo sentido para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, sin que hasta ahora haya recibido contestación oficial.

En esta ocasión, el alto mando policial quiere aportar información sobre los supuestos pagos con fondos reservados al chófer de la mujer de Luis Bárcenas para localizar documentación supuestamente comprometedora en poder del extesorero del PP tras su ingreso en prisión en 2013 por su implicación en el caso Gürtel.

El juez Diego de Egea ha abierto una pieza separada dentro del caso Tándem para investigar dichos pagos, en los que desempeñó un papel clave el comisario Villarejo, que entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos revela que en el domicilio del comisario jubilado se encontraron los recibos que presuntamente le firmó el chófer, Sergio Ríos Esgueva, tras recibir los pagos por sus servicios. Las pesquisas apuntan a que Villarejo le entregó 48.000 euros en metálico con cargo a los fondos reservados. Los entonces responsables policiales nunca judicializaron aquellas pesquisas ni hay constancia de que la información recabada se incorporara al sumario de los papeles de Bárcenas.

"Nuevas filtraciones"

García Castaño reclama ahora al juez Diego de Egea que "se dirija al Consejo de Ministros para que le dispense la obligatoriedad de guardar silencio sobre determinadas materias afectas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995". El comisario asegura que su petición viene motivada por “las nuevas filtraciones” sobre los supuestos pagos a quien fuera chófer de Bárcenas. "La intención del señor García Castaño es poder informar con todo detalle al órgano judicial de las condiciones en que se produjeron esos hechos y, con ello, poder acreditar su absoluta falta de responsabilidad penal", destaca una nota hecha pública por su defensa, encabezada por el exjuez Baltasar Garzón.

El policía —que en sus declaraciones ante el juez ha insistido en desmarcarse de las actividades del comisario Villarejo— asegura que su intención es "colaborar y facilitar las labores judiciales y fiscales de investigación" y recuerda que, días antes de su arresto, acudió "voluntariamente" a la Audiencia Nacional para declarar al trascender públicamente que algunas de las grabaciones de Villarejo le salpicaban en sus actividades.

Con la apertura de la investigación judicial sobre las supuestas vigilancias a Bárcenas, el sumario del caso Tándem cuenta ya con siete piezas separadas, además de haber provocado la apertura de un segundo sumario sobre las relaciones entre Villarejo y su compañero García Castaño. La principal novedad de la nueva pieza es ser la primera en la que se investigan actividades supuestamente vinculadas con la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que supuestamente participó en campañas contra rivales políticos durante la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior. Los entonces responsables políticos del ministerio han negado estar al tanto de estas vigilancias a Bárcenas. Hasta ahora, las otras piezas del sumario se han centrado en las actividades privadas del comisario jubilado para su lucro personal en las que elaboraba dosieres comprometedores sobre empresarios con el uso, en muchos casos, de medios públicos.

Seguimientos en el metro de Madrid

Los diarios Ok Diario y El Español han publicado este jueves la existencia de un informe apócrifo que recoge seguimientos policiales a un supuesto colaborador del extesorero del PP con imágenes del circuito de videovigilancia del Metro de Madrid. El documento no figura entre los documentos intervenidos en los registros del caso Villarejo y, por tanto, no se ha incorporado al sumario, según fuentes de la investigación.

https://elpais.com/politica/2018/11/15/actualidad/1542314078_549331.html



EL GOBIERNO DE RAJOY PREMIÓ A LOS POLICÍAS QUE ESPIARON A BÁRCENAS

Estas medallas facilitan los ascensos y algunas conllevas beneficios económicos

Los agentes policiales de la red de “penetración e inteligencia” en la trama Gürtel opaca al control judicial y que contaba con la connivencia del ahora portavoz en el Senado del PP y entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, recibieron medallas al mérito policial, según publica Okdiario.

El citado diario informa de que el despliegue policial destinado a incautar documentación comprometedora que tenía en su haber Luis Bárcenas y que pudiera salpicar a Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal contaba con el respaldo de Interior. Tanto es así que el dispositivo contaba con 80 efectivos en total.

Todos ellos recibieron distintas condecoraciones en un lapso de tiempo más amplio para no despertar sospechas. La mayoría de los policías recibieron medalla con distintitvo blanco, una condecoración que acelera el logro de ascensos dentro del cuerpo.

Otros cinco recibieron la medalla roja, una de las más valoradas y que, además de facilitar el ascenso, conlleva beneficios económicos tales como pensiones, de ahí que se llame medalla pensionada.

Estas medallas fueron creadas en los años 40 para premiar a los miembros de la Policía que realizan determinados servicios o misiones especialmente importantes o valientes.

https://www.elplural.com/politica/los-policias-de-la-red-que-espio-a-barcenas-recibieron-condecoraciones_206677102


UN DOCUMENTO OFICIAL PRUEBA QUE VILLAREJO REPORTABA A COSIDÓ DE SUS “TAREAS DE PENETRACIÓN EN GÜRTEL”

Cosidó coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer

Interior sobornó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para rescatar documentos sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal

El historial policial de Villarejo destapado por OKDIARIO muestra otras operaciones de penetración en casos políticos

El comisario José Villarejo lideró el dispositivo policial diseñado para recuperar los documentos sensibles de altos cargos del PP que el ex tesorero Luis Bárcenas se había llevado de su despacho de la sede de Génova. Todo el operativo, que se desarrolló entre 2013 y 2014, se llevó a cabo con conocimiento y bajo la coordinación de Ignacio Cosidó, como confirma el documento policial que reproduce OKDIARIO.

El propio Villarejo lo confirmó así y por escrito en el documento en poder de este periódico en el que confirma sus “tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Gürtel”. El escrito, fechado en “Madrid 18 de marzo de 2015” figura con el registro de entrada número 157 en la “Dirección General de la Policía, Dirección Adjunta Operativa”. En aquel momento el director de la Policía era Ignacio Cosidó, quien, por lo tanto, tuvo conocimiento de la declaración expresa de actividades del comisario Villarejo.

Un documento oficial prueba que Villarejo reportaba a Cosidó de sus “tareas de penetración en Gürtel”

OKDIARIO publicó este miércoles que Ignacio Cosidó coordinaba el dispositivo que se encargó de sobornar al chófer de Luis Bárcenas con fondos reservados y el regalo de una plaza en el escalafón del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

El chófer del ex tesorero del PP, Sergio Ríos Esgueva, recibió 2.000 euros mensuales a lo largo de dos años procedentes de los fondos reservados y, además, fue enchufado en la escala básica del CNP como pago por rescatar documentos sensibles de Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal aprovechando su cercanía al ex tesorero y su familia.

Operaciones reservadas

El documento refleja el “historial profesional” y resume toda la labor llevada a cabo por el comisario Villarejo desde su ingreso en la Policía en 1972. Se refiere a sus destinos en el País Vasco, centrado en la lucha contra ETA -“primer destino Comisaría Provincial de San Sebastián en el Grupo Antiterrorista, participando en numerosas detenciones de miembros de ETA”-, hasta su paso por distintas comisarías de Madrid o Seguridad Ciudadana también en Madrid.

Un documento oficial prueba que Villarejo reportaba a Cosidó de sus “tareas de penetración en Gürtel”

Pero el documento refleja una serie de actividades llamativas que nada tienen que ver con la faceta expuesta en el resto del informe. En el segundo folio, el informe señala la declaración de “diferentes trabajos de diversa naturaleza” -el documento omite más concreción ante la evidencia de que se trataba de una prueba por escrito y sellada por la Dirección General de Policía- que eran “directamente encomendados por el titular, y siempre de naturaleza reservada”. Todos ellos aparecen dentro de un epígrafe que describe las tareas llevadas a cabo para “la Dirección Adjunta Operativa y ante la Subdirección General Operativa”.

El ex comisario actualmente en prisión ponía en manos de sus superiores en 2015 su currículum policial en una época en la que ya había estallado la conocida como “guerra entre comisarios” y había provocado enfrentamientos internos en la Policía. Como consecuencia de todo ello, un Juzgado de Madrid había abierto unas diligencias contra Villarejo en el ‘caso Nicolay’ y lo que pretendía el comisario era destacar ante la Dirección General de la Policía su hoja policial, según él, inmaculada.

De ahí que resulta poco probable que el documento no pasara por la mesa de Cosidó, entonces el máximo responsable de la Policía. Sobre todo porque el actual senador del PP estaba al tanto de todas la operaciones policiales, incluidas las perpetradas en el caso Gürtel. Las operaciones a las que hace referencia Villarejo eran “reservadas” pero nunca para el director de la Policía, quien las aprobaba.

Como en cada tarea reservada y con asignación de fondos reservados, la justificación y control se realizaba de abajo a arriba. Es decir, el control más cercano a las tareas realizadas se desarrollaba por los agentes implicados, que justificaban su labor ante el asistente del DAO (Director Adjunto Operativo), éste al DAO, y, así, sucesivamente, pasando por el director de la Policía -que era Ignacio Cosidó-, hasta llegar al máximo responsable de la firma de los fondos. Este último, de hecho, tan sólo firmaba con un concepto genérico. En el caso del soborno al chófer de Bárcenas, por ejemplo, la firma del secretario de Estado de Seguridad tan sólo recogía el concepto “confidente”.
“Tareas de penetración” en la Gürtel

En un apartado posterior, en el tercer folio del documento, las tareas de Villarejo incluyen una mayor concreción. Y es donde se destacan las “tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Gürtel”. El comisario no exagera porque, desde que se inició la operación Gürtel en julio de 2008, colaboró desde la Unidad de Inteligencia de la Policía con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, entonces dirigida por el comisario José Luis Olivera.

Dentro de la Gürtel, Villarejo participó en la investigación contra el testaferro suizo, Arturo Fasana, que desde Ginebra ocultaba y movía el dinero de Francisco Correa, y facilitó su detención en Madrid tras la redada de febrero de 2009. Así mismo, al margen de la captación del chófer, emprendió otras operaciones contra Bárcenas en España y en el extranjero.

El documento desvelado por OKDIARIO está fechado en marzo del año 2015.

Justo después de haber finalizado el dispositivo de recuperación de documentos y grabaciones en poder de Bárcenas con el propósito de eliminarlos -pese a que posteriormente otro de los comisarios coordinados con Villarejo (Enrique García Castaño) lejos de destruir los documentos, los guardó-. Y al cierre del documento, el reflejo de actividades de Villarejo narra “otras operaciones” dentro del mismo apartado de actividades, que siguen “actualmente activas” y sobre las que se omite cualquier aclaración extra por tratarse de trabajos “reservados”.

Cosidó sigue negando

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, afirma que no ha tenido “ningún tipo de contacto o de relación” con el ex comisario José Manuel Villarejo. Señala que el documento publicado en OKDIARIO con registro de entrada en la Dirección General de la Policía y fechado en marzo de 2015 no iba dirigido a su persona y no tiene conciencia de haberlo visto anteriormente.

https://okdiario.com/investigacion/2018/11/15/documento-villarejo-reportaba-ignacio-cosido-tareas-penetracion-gurtel-3352348


LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS CONTÓ CON HASTA 4 TOPOS DE SU ENTORNO FAMILIAR Y CARCELARIO

El equipo policial montado desde la Dirección de la Policía para recuperar los papeles de Luis Bárcenas llegó a infiltrar hasta cuatro topos en el entorno familiar del ex tesorero del Partido Popular. Además del conductor Sergio Ríos, que cobraba por sus servicios con fondos reservados autorizados por la cúpula de Interior, los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño se servían al menos de otros tres colaboradores que les facilitaban información de los movimientos de Bárcenas, tanto en la cárcel como en su entorno familiar. Todos ellos eran también premiados con dinero “reservado” de Interior, según fuentes policiales.

Sin duda alguna, el infiltrado más importante era el conductor Sergio Ríos, de ahí que fuera compensado con un salario fijo de 48.000 euros durante dos años y con una plaza de subinspector en el Cuerpo Nacional de Policía. Todas las autorizaciones pasaron por la mesa de Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía. Sobre todo porque eran decisiones de tal calado que requerían el visto bueno del jefe del departamento.

Durante el tiempo que duró la ‘operación Cuisine’ –como se conocía internamente-, entre 2013 y el verano de 2014, la Policía contó además con los servicios de un preso suramericano de la cárcel de Soto del Real donde permanecía Bárcenas desde junio de 2013. El recluso hacía de intermediario con sus familiares cuando salía de permiso del centro penitenciario. Lo que desconocía el ex tesorero del PP era que había sido captado por la Policía para hacer de agente doble.

El recluso se entrevistaba en secreto con los agentes policiales antes de regresar a la cárcel madrileña. Además de facilitarles las consignas de Bárcenas, recibía instrucciones para espiarlo en la cárcel. Muchas de las filtraciones que se produjeron en aquellas fechas sobre las costumbres y movimientos de Bárcenas en Soto del Real procedían de las confidencias del topo policial .

El papel del preso era clave en el operativo policial porque, al mismo tiempo que trasladaba al hijo de Bárcenas o a otros amigos o familiares los mensajes de su compañero de módulo carcelario, mantenía informado a Villarejo y a la cúpula de la Policía. El infiltrado disfrutó de más permisos porque de esa manera aumentaba también el flujo de la información.

Asalto a un taller de la mujer de Bárcenas

Otro de los topos era un uruguayo que trabajaba en el taller donde Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, realizaba trabajos de restauración de muebles y cuadros. Los comisarios jefes de la misión secreta estaban convencidos de que Bárcenas ocultaba parte de la documentación en ese taller ubicado en el barrio Salamanca de Madrid.

Tal era la obsesión que llegaron a practicar lo que se conoce en el lenguaje de los servicios secretos como un CIR (Control Integral de Relaciones). Es decir una penetración durante la noche en el inmueble donde trabajaba la esposa de Bárcenas. Desde la Dirección de la Policía estaban convencidos de que los papeles y cintas del ex tesorero a rescatar, que afectaban a Soraya Sáenz Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, estaban escondidos en un doble fondo de un armario.

Las cintas intervenidas a Villarejo en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid), actualmente en poder de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), contienen conversaciones del ex comisario en las que se refiere a la entrada en el local de la esposa de Bárcenas. Los agentes de la UAI no han podido volcar y transcribir todas las cintas porque muchas de las grabaciones están encriptadas.

La misión policial contra Bárcenas contaba así mismo con los servicios del conserje de un inmueble próximo al domicilio del ex tesorero. Era una buena adquisición porque estaba al tanto de las entradas y salidas de la finca.

El cocinero de la ‘operación Cuisine’

La misión contra Bárcenas fue bautizada por el propio Villarejo como ‘Operación Cuisine’ (cocina, en francés), aunque en el grupo del comisario Enrique García Castaño y de la Dirección General de la Policía el nombre de guerra utilizado era Operación Kitchen (cocina, en inglés). ¿Y por qué “Cuisine”? Porque, según comentó el comisario Villarejo a sus colaboradores, toda aquella misión policial era una labor de cocina, donde se cocía todo.

Todos los topos eran conocidos en el argot del operativo policial con la clave “Cocinero” y a cada uno de ellos se le asignaban un número. Por ejemplo, el conductor Sergio Ríos era identificado como “Cocinero 1”. Para contactar con el chófer de Bárcenas, Villarejo utilizaba también el seudónimo de “Tony”.

Al final, quien se llevó la parte más grande de la tarta fue el chófer, quien en la actualidad está destinado como funcionario en unas dependencias policiales. El conductor de Bárcenas mantenía unas excelentes relaciones con la familia Bárcenas hasta que en el verano de 2014 empezaron a perder su confianza en él. Una serie de actuaciones y situaciones lo colocaron bajo sospecha hasta el punto que prescindieron de sus servicios.

https://okdiario.com/investigacion/2018/11/16/operacion-luis-barcenas-cuatro-topos-entorno-carcelario-familiar-3356892


EL JUEZ DE LA CAJA B DESVELA QUE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ALCANZA AL EXMINISTRO ÁNGEL ACEBES, NÚMERO DOS DEL PP HASTA 2008

El magistrado da vía libre para celebrar el juicio de la segunda gran pieza de 'Gürtel' salvo en lo que concierne a las donaciones de empresarios, aún bajo investigación

José de la Mata detalla cómo el sobreseimiento provisional del que se beneficiaron los donantes y el que fue secretario general del partido, Ángel Acebes, quedó "sin efecto" tras la reapertura parcial de la instrucción

Un escrito con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da vía libre al juicio sobre la caja B del PP salvo en lo que concierne a los hechos que aún investiga –las donaciones de empresarios– ha dejado al descubierto un dato que había pasado inadvertido: que esa investigación sobre las donaciones, reabierta en febrero de 2017 tras la confesión de Francisco Correa en la vista de la pieza troncal del caso, también alcanza al exministro Ángel Acebes, número dos del PP bajo el mando de Mariano Rajoy entre 2004 y 2008 y persona muy cercana al actual tesorero de la formación conservadora, Sebastián González.

Acebes no ha sido imputado aún de manera formal, pero la providencia del titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional resulta inequívoca en cuanto al lugar que De la Mata asigna al ex secretario general del PP. El que fue sucesivamente ministro de Administraciones, Justicia e Interior ya figura entre los procesados que el 26 de noviembre se sentarán en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia.

En respuesta a la Sala Penal de la Audiencia, que días atrás le preguntó si la existencia de una instrucción en marcha era óbice a la hora de fijar ya fecha para el juicio de los demás hechos y presuntos delitos vinculados a la también llamada pieza de los papeles de Bárcenas, el magistrado escribe lo siguiente: "La instrucción complementaria, en proceso ahora en el Juzgado de Instrucción, investiga las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas; está dirigida contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3; y los delitos imputados son cohecho y tráfico de influencias (sin perjuicio de ulterior calificación)". Y la lista de las 22 personas nombradas en ese epígrafe se cierra, justamente, con Ángel Acebes.

Entre esas 22 personas que el juez menciona como relacionadas en el "epígrafe 3" de la providencia y algunas de las cuales ya han desfilado ante él como imputadas, hay tres empresarios –Alfonso García Pozuelo, Rafael Palencia y Vicente Cotino– que en algún momento han admitido pagos al PP. Luego han intentado diluir el efecto de su confesión o, simplemente, han optado por ejercer su derecho a no declarar en la pieza reabierta.

Pero hay más en lo que respecta a Acebes. Porque la providencia de De la Mata, que constituye una auténtica guía resumida de qué personas y por qué hechos irán ya a juicio en cuanto la Audiencia fije fecha y cuáles siguen todavía bajo investigación, ya había abordado de manera implícita la posición del exministro en un párrafo anterior. "La reapertura [la originada por las revelaciones de Correa sobre el pago de mordidas como "práctica habitual"] se acuerda, naturalmente, en cuanto a los hechos y personas en relación a las cuales se acordó el sobreseimiento provisional parcial, dejando sin efecto esta decisión".

Dinero aportado por empresarios para "pagar favores"

La existencia de una caja B ya quedó acreditada en la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel: de hecho, la condena a Luis Bárcenas por apropiación indebida, uno de los delitos que le han costado una pena de 33 años de cárcel, fue posible porque el tribunal consideró probado, y desarrolló sus argumentos en esa dirección, que el extesorero se apoderó de fondos de esa "bolsa" opaca que le había sido entregada por el partido como "mero custodio". Esa caja, dice la resolución judicial, se nutría no de "donaciones altruistas" sino de dinero aportado por empresarios para "pagar favores" o como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos".

No obstante y dada la magnitud de la causa, la caja B pasó a formar parte de una pieza separada tras la salida a la luz de los papeles de Bárcenas en 2013. Lo que se juzgará en esa pieza separada, previsiblemente en 2019, son los hechos que se relacionan con su creación, mantenimiento y funcionamiento. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo: el quinto, el mentor y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida".

Cuando, en marzo de 2015, el entonces juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, enfiló la recta final de la pieza de los papeles de Bárcenas, dictó el auto que acordaba el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre los empresarios sospechosos de haber donado fondos al PP a cambio de contratos públicas. Y también la que pendía sobre Acebes. En línea con la posición de la Fiscalía, Ruz adujo que no había indicios que vincularan las donaciones con las adjudicaciones recibidas por los donantes.

Ese sobreseimiento es el que quedó "sin efecto" tras la reapertura de febrero de 2017. Así, la nueva "instrucción complementaria" se dirige contra los siguientes: José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir –fundador de OHL e imputado igualmente en Púnica y Lezo–, Luis del Rivero, Alfonso García Pozuelo –expresidente de Constructora Hispánica y que admitió pagos al PP–, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia –que también reconoció haber satisfecho comisiones ilegales–, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez, Vicente Cotino Escrivá –que en la pieza valenciana de Gürtel reconoció haber financiado al PP–, Joaquín Molpeceres –dueño de Licuas– Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Ramón Aigé, María Rey Salinero, Claudio Montero Pablo Crespo y Ángel Acebes.

¿Y qué irá entonces a juicio en cuanto la Audiencia le abra hueco en su agenda? La propia "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", que entre 1990 y 2008 acumuló 7,5 millones y desde la que se abonaron –supuestamente– sobresueldos y gastos del partido; para continuar, la reforma de la sede central de la madrileña calle Génova, parcialmente financiada con fondos opacos de esa caja; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital también con dinero B.

La caja B no constaba entre los episodios delictivos sujetos a examen en el juicio de la primera gran pieza de Gürtel, oficialmente denominada como Época I (1999-2005). Pero su carácter central, o troncal, hizo que el tribunal permitiese a las acusaciones interrogar a acusados y testigos sobre ese fondo de reptiles cuyos movimientos había anotado Bárcenas durante casi dos décadas. Para las acusaciones resultaba esencial demostrar que la red dirigida por Francisco Correa no había prosperado de manera gratuita al calor de las administraciones del PP sino porque se había tejido lo que la sentencia denomina "un sistema de corrupción institucional" con el que ambas partes salían ganando.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/17/el_juez_caja_desvela_que_investigacion_tambien_alcanza_exministro_angel_acebes_numero_dos_del_hasta_2008_87810_1012.html


LOS INTENTOS DEL PP PARA TORPEDEAR EL ‘CASO GÜRTEL’

Los populares trataron repetidas veces de impedir que se investigase la red de corrupción que envolvía al partido

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se encuentra en el ojo de la tormenta política. En unas conversaciones grabadas en 2009 y hechas públicas esta semana, el policía retirado y actualmente encarcelado, José Manuel Villarejo, adelanta a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, detalles de operaciones policiales relacionadas con el caso Gürtel—una extensa red de corrupción tejida en torno del PP durante años—. No es la primera vez que al partido de Mariano Rajoy se le acusa de haber entorpecido o torpedeado la investigación.

Ataques al juez, fiscales y policías. Cinco días después de las primeras detenciones por el caso Gürtel, el por entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, lanzó una primera acusación: “Nunca, ni con el Gobierno de Suárez, González o Aznar se hizo un uso tan partidista de la Fiscalía”. El ataque continuó, 24 horas después, con la recusación al juez instructor, Baltasar Garzón, por supuesta enemistad. El problema no era la corrupción que golpeaba a muchos dirigentes del PP, sino quienes investigaban el caso.

Un testigo crucial, despedido de su empresa. José Tomás, jefe de ventas en una tienda de ropa a la que acudía con frecuencia la trama corrupta, declaró ante Garzón el 11 de marzo de 2009. La red Gürtel, según contó a EL PAÍS cuatro días después, regalaba trajes al presidente valenciano Francisco Camps. La administración que presidía Camps adjudicó a la trama corrupta decenas de contratos a dedo o amañados. El exministro Federico Trillo, autor intelectual de la defensa jurídica del PP en el caso Gürtel, visitó el 17 de marzo al dueño de la tienda donde trabajaba Tomás. Después, lanzó una campaña de desprestigio contra el vendedor de ropa: “Ni es testigo ni es sastre, está imputado por falsedad y estafa y ha sido despedido disciplinariamente de la empresa para la que trabaja”. Los compañeros firmaron una declaración contra José Tomás. Uno de esos empleados contó más tarde que le amenazaron con perder el trabajo si no firmaba. José Tomás recurrió su despido. Los tribunales le dieron la razón y obligaron a la empresa a indemnizarle.

El topo Villarejo entra en acción. El comisario José Manuel Villarejo era un viejo amigo de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. El agente entró por el garaje de Génova, 13, sede central del PP, en la tarde del 21 de julio de 2009. Durante hora y media, conversó con López del Hierro y Cospedal. Villarejo, que grabó toda la reunión, ofreció detalles del caso que tanto daña al PP. Durante las siguientes semanas, Villarejo avisó al marido de la dirigente popular de registros policiales y de investigaciones que afectan a cargos del PP.

El primer archivo a Camps. Villarejo presumía en septiembre de 2009 de que habían retrasado un informe policial sobre pagos en b que acreditaría el trato de favor a la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP valenciano. El informe llegó el 31 de julio de 2009 al Tribunal Superior, pero los magistrados no lo tienen en cuenta el 3 de agosto cuando archivan la causa abierta a Camps por cohecho impropio. El recurso ante el Supremo de la Fiscalía reabre la causa. Camps resulta absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro).

Bárcenas pidió la baja, y dejó su escaño, pero siguió a sueldo del PP. El tesorero pidió la baja en el partido y dejó su escaño en el Senado en abril de 2010. Pero el PP, por indicación de Rajoy, le mantuvo el sueldo (uno de los más altos de la organización), la secretaria y el coche con chófer. La causa donde estaba imputado pasa del Supremo al Tribunal Superior de Madrid. El juez instructor era Antonio Pedreira. Un exdiputado del PP, Jorge Trías, abogado, conoce al magistrado y retomó ese contacto. Bárcenas se acercó a Trías y albergó esperanzas de que su causa acabe archivada.

Bárcenas, desimputado. El 29 de julio de 2011, el juez Pedreira archivó la causa contra Bárcenas por “falta de indicios sólidos”. El magistrado comunicó su decisión el 1 de septiembre cuando aún no había llegado de Suiza la información reclamada sobre cuentas del tesorero en ese país. Trillo acusa a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, de ser “director del montaje”, pide el cese de Juan Antonio González, el jefe policial que dirigía la investigación y cargó contra las dos fiscales —Concepción Sabadell y Miriam Segura— encargadas del caso. El PP ganó las elecciones dos meses después y recuperó el Gobierno.

El Gobierno del PP destituyó al jefe policial que investiga el caso Gürtel. Enero de 2012. Juan Antonio González tenía una brillante hoja de servicios contra el crimen. Dirigía la investigación del caso Gürtel desde agosto de 2008 como comisario jefe de Policía Judicial. Cuando el PP recuperó el poder en diciembre de 2011, tardó unos días en destituirlo. “En enero me llamó el señor Cosidó [entonces director general de la Policía, hoy portavoz del PP en el Senado] a su despacho y me dijo que me cesa porque no tengo su confianza (…) El señor Cosidó dijo en el Congreso que yo era el policía de Rubalcaba, que si hacía las pruebas preconstituidas… Después de oírle decir esas cosas, algo tendría que ver, pero no lo sé”, explicó González en la comisión de investigación correspondiente del Congreso, ya en noviembre de 2017. Manuel Morocho, inspector que investigó el caso, afirmó que el PP pretendió “desestabilizar la investigación” y presentó “siete denuncias” contra los policías encargados del caso; todas fueron rechazadas.

Presiones al ministro para cambiar a las dos fiscales. Rajoy nombró ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien a su vez eligió como fiscal general a Eduardo Torres-Dulce. Ambos recibieron llamadas de dirigentes del PP molestos con las dos fiscales, Miriam Segura y Concepción Sabadell, que investigan el caso desde 2008. Anticorrupción recurrió el archivo de la causa contra Camps y se reabrió el proceso. Ahora recurrió la desimputación de Bárcenas y el caso resucita el 15 de marzo de 2012. El ministro Gallardón recibió mensajes de su partido para que cambie a las fiscales anticorrupción. Pero no puede. El escándalo sería mayúsculo. Bárcenas se quejó al entorno de Gallardón e intentó, sin éxito, hablar con el ministro. Ni Gallardón ni Torres-Dulce cedieron a las presiones. El proceso siguió.

El PP demanda a EL PAÍS por publicar la caja b. La publicación en EL PAÍS de la caja b del PP el 31 de enero de 2013 desencadenó una reacción similar a la que produjo la desarticulación de la trama Gürtel por Garzón. En aquella ocasión, el PP se querelló contra el juez. Ahora, el PP demanda en marzo de 2013 a EL PAÍS por una supuesta “vulneración del derecho al honor”. El PP llama a Bárcenas para exigirle que haga un desmentido. El tesorero acepta: “Esos manuscritos son una chapuza, es un libro de tenderos, un colmado del siglo pasado, no hay quien se lo crea”. Solo cuatro meses después, Bárcenas confiesa al juez que los papeles son suyos y ciertos: reflejan el funcionamiento de una caja b desde 1990 hasta 2009. El PP retira su demanda contra EL PAÍS.

El PP, expulsado por mala fe procesal. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decide expulsar al partido de la causa el 23 de abril de 2013. Sugiere que ha existido mala fe procesal del PP para tapar esa corrupción. Mientras desempeñaba la función de acusador popular, el PP defendía la inocencia de Bárcenas “negando los múltiples indicios de criminalidad que pesaban sobre el tesorero por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales”, según Ruz.

Borrado y destrucción de los discos duros de Bárcenas. Entre mayo y junio de 2013, el PP borró y destruyó los discos duros de los dos ordenadores que usaba Bárcenas. El 19 de agosto, los dirigentes populares entregan al juez los ordenadores de Bárcenas, inservibles para la investigación. Uno, de marca Toshiba, carece de disco duro. El otro, Apple, guarda, según Bárcenas, algunos datos clave para la investigación. El disco duro de ese ordenador ha sido borrado a conciencia. “[El abogado y la tesorera del PP] acordaron la destrucción física de los discos duros con aplicación de técnicas drásticas”, escribió la instructora del caso. Nueve años después, el Estado de derecho sobrevive a casi todos los obstáculos y ha vencido de momento a las cloacas del PP que intentaron tumbar el caso Gürtel.

https://elpais.com/politica/2018/11/03/actualidad/1541274944_119696.html


LA TRAYECTORIA DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTA A QUE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LA GRABACIÓN DE VILLAREJO SERÁ UN CARTUCHO MOJADO

El comisario, en prisión desde noviembre, se grabó a sí mismo asegurando que había "preparado" el caso con el juez un día antes de la apertura de diligencias

El auto que dio inicio a las pesquisas lleva fecha del 6 de agosto de 2008, dos días después de la denuncia formulada por Anticorrupción tras la denuncia que en noviembre de 2007 ya había efectuado el arrepentido José Luis Peñas

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción y chantaje, ha facilitado a los condenados del caso Gürtel una carta que ciertas defensas presumen ganadora y que otras cualificadas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran abocada de antemano al fracaso. Esa baza es el audio donde se oye cómo Villarejo –supuesto autor de la grabación y consciente, por tanto, de que sus palabras quedarían almacenadas– asegura que él mismo y otros policías se reunieron con Baltasar Garzón en agosto de 2008 para "preparar" el caso Gürtel un día antes de que el entonces juez de instrucción 5 de la Audiencia Nacional dictara el auto de apertura de diligencias.

Tomando como base ese audio, al menos el abogado de Pablo Crespo, lugarteniente de la trama, y el del exalcalde del PP Guillermo Ortega se preparan ya para interponer una querella contra Baltasar Garzón. Lograr la nulidad de la causa, en la que sus clientes han sido sentenciados a 37 y 38 años de cárcel respectivamente, vuelve a ser el leitmotiv que les guía. Durán llegó a deslizar en una entrevista radiofónica y en una información publicada este martes por elindependiente.com que "hay materia" para que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional investigue cómo se incoaron estas diligencias previas. Según el abogado, “la grabación de Villarejo corrobora que Garzón se apropió espuriamente del caso”.

"No veo esa posibilidad", responde una cualificada fuente de la Audiencia que tampoco cree factible que el audio de Villarejo ofrezca elementos de consistencia para que el Tribunal Supremo anule la causa. "Incluso en la lejana hipótesis de que el tribunal apreciase que hace diez años hubo un error o un vicio en el reparto, la sentencia contiene argumentos muy sólidos y no parece que esto pudiera ser motivo de nulidad". "Y el Supremo –tercia otra fuente conocedora del caso y ajena a la Audiencia– ha sido ya tan claro al confirmar la sentencia del caso Fitur [la primera pieza del tronco Gürtel que fue a juicio] y avalar las grabaciones y toda la instrucción que muy, muy difícilmente puede provocar un vuelco el audio de Villarejo".

Supuestamente –el audio está pendiente de análisis por los investigadores del caso Villarejo–, el excomisario hizo esa afirmación durante el almuerzo de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo, aquel en que participaron Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado,. Pero –dice moncloa.com– el policía abordó ese tema cuando el entonces juez y la entonces fiscal ya se habían ido.

Ni la grabación ni la web que la publicó hacen mención a la cronología de los hechos documentados que marcaron el arranque del caso Gürtel: el auto de apertura lleva fecha de 6 de agosto de 2008 [puedes consultarlo pinchando aquí] y se sustenta en la denuncia interpuesta dos días antes por la Fiscalía Anticorrupción [puedes leerla aquí] . A su vez, esa denuncia de la Fiscalía tuvo su origen en la declaración que, el 6 de noviembre de 2007, ya había prestado ante la Policía el exedil del PP José Luis Peñas [puedes verla pulsando aquí], el hombre que grabó en secreto a Francisco Correa y destapó así los entresijos de la trama.

Fuentes de las defensas han asegurado a infoLibre que "no descartan" presentar su querella contra Garzón ante el Supremo ante la posibilidad de que "algún aforado estuviera concernido". ¿Quién y por qué? Las fuentes callan y no dan ninguna explicación.

Garzón fue inhabilitado como juez en 2012 por el Tribunal Supremo tras la denuncia del abogado de uno de los principales empresarios implicados en la trama corrupta, José Luis Ulibarri, ahora protagonista estelar del caso Enredadera. El Supremo dictaminó que el primer instructor de Gürtel había prevaricado al interceptar conversaciones mantenidas en prisión por los principales cabecillas de la red y sus abogados. Las escuchas fueron luego prorrogadas por el segundo instructor de la causa, el ya fallecido Antonio Pedreira. Ninguno de los imputados emprendió acciones legales contra Pedreira.

Las escuchas de Villarejo amenazan con derivar en una cascada de denuncias cruzadas. Garzón ya ha anunciado sendas querellas contra el medio que las lanzó, la ya citada web moncloa.com, y contra elconfidencial.com.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/05/la_trayectoria_del_caso_gurtel_apunta_que_querella_contra_garzon_por_grabacion_villarejo_sera_cartucho_mojado_87418_1012.html


UN ALCALDE CONDENADO POR 'GÜRTEL' PIDE SU EXCARCELACIÓN POR LAS ESCUCHAS DE VILLAREJO

El ex alcalde popular de Majadahonda Guillermo Ortega ha solicitado a la Audiencia Nacional quedar en libertad de inmediato como consecuencia de las grabaciones del primer instructor de la causa con el comisario José Manuel Villarejo conocidas recientemente. Ortega ha remitido un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que destaca que «han aparecido más y nuevos indicios solventes -ya denunciados en fase de instrucción y juicio oral- respecto de la nulidad de todo lo actuado por el magistrado Baltasar Garzón». «Garzón presuntamente urdió, previamente a recibir la querella proveniente de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de agosto de 2008, con la Fiscalía y altos mandos policiales la forma y manera de construir una causa penal contra el PP, utilizando para ello las relaciones de este partido político con las empresas de Francisco Correa».Cabe recordar que en las nuevas grabaciones difundidas por Moncloa.com queda constancia de una reunión mantenida días antes de que se iniciara el procedimiento de Gürtel con Garzón, Villarejo, el ex jefe de la UdefJosé Luis Olivera y Juan Antonio González, ex comisario general de Información, para preparar el caso. «En el 2008 comimos Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual», señala Villarejo en el citado audio.

Baltasar Garzón, sobre Villarejo: "Yo de ti me fío, coño, eres un profesional"

En ese momento Garzón se encontraba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 y fue el instructor del caso Gürtel. El letrado de Ortega, Marcos Molinero, arguye que su cliente, condenado a 38 años y tres meses de prisión, «no ha tenido ni un proceso ni un juicio justo». En este sentido subraya que la preparación del caso Gürtel, antes de que Garzón fuera designado oficialmente el juez instructor, vulnera «el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen al juez ordinario predeterminado por la ley». «Lo que, en este caso, en síntesis significa que un juez no puede hacerse cargo de una investigación si no le es encomendada conforme a las reglas de reparto establecidas». «Con ello se persigue evitar que los jueces se hagan cargo de investigaciones siguiendo un interés personal o de terceros que buscan en ese juez un trato de favor prevaricador para la investigación del asunto del que se hace cargo».«Las grabaciones de Villarejo vienen a abundar en lo que llevamos denunciando los abogados hace años: Garzón, con la colaboración de la cúpula policial de la época, siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió la instrucción de la Gürtel para garantizar un golpe contra el PP».

http://www.elmundo.es/espana/2018/10/03/5bb3c4c3e2704ed59e8b45df.html

CONDENADOS POR GÜRTEL ANUNCIAN UNA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR LAS REVELACIONES DE VILLAREJO

Los defensores consideran que el exjuez pudo prevaricar al 'cocinar' el asunto, antes de ser competente, con el comisario como agente encubierto y con colaboradores de Rubalcaba.

Villarejo se jactó de que "preparó" el 'caso Gürtel' con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba

Defensores de condenados del caso Gürtel estudian la presentación de una querella contra Baltasar Garzón tras conocerse el contenido de una grabación en la que el comisario José Villarejo, hoy en prisión, revela que "preparó" el arranque de ese procedimiento judicial con el exjuez y con Juan Antonio González, policía de la confianza del entonces ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Comimos Balta, Juan Antonio, el Oli [José Luis Olivera, jefe de la Udef] y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto [de 2008], o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema", se oye decir a Villarejo en esa grabación, al final de una comida celebrada en octubre de 2009 y en la que participaron la fiscal Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, y el propio Garzón.

Estos últimos ya se habían marchado cuando Villarejo habla de Gürtel con el entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, y dos mandos policiales adjuntos al DAO, Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, y Gabriel Fuentes.

Villarejo relató que en esa comida de agosto de 2008 con Garzón, González y Olivera "me dijo Juan Antonio: 'muy importante que tú le cuentes todo el tema de (ininteligible) al juez, porque es muy importante, porque ahora mismo es un hombre muy importante para este país, no sé qué y cuál'. Y le digo: 'macho, a mi no me cuentes nada, que yo siempre [Garzón] me ha caído de puta madre".

La intervención de Villarejo en el origen del caso Gürtel era desconocida hasta ahora y la grabación no desvela en qué consistió. Pero sí pone de manifiesto que la información "muy importante" en poder del agente encubierto era un hecho conocido por Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial y uno de los principales colaboradores de Rubalcaba.

De la estrecha relación entre el que era ministro del Interior cuando se inició el caso Gürtel y el comisario González da fe la vehemente defensa pública que Rubalcaba hizo del mando policial cuando éste atravesaba uno de sus peores momentos, tras aparecer en el caso Malaya unas anotaciones de Juan Antonio Roca en las que consignó un pago de 200.000 euros a favor de J.A.G. "No es que exista presunción de inocencia [a favor de Juan Antonio González], es que hay inocencia", dijo Rubalcaba.

"Fíate de González"

En la grabación también se escucha decir a Villarejo que durante la comida de agosto de 2008 Baltasar Garzón le cogió en un aparte y le dijo que de él se fiaba pero de Juan Antonio González no.


"Y, entonces, en un aparte y no sé qué me dijo, Balta me dijo 'yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras y tal cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos'. ¡Coño, no me jodas! 'No, no, hombre, no es así, tal'. Y dice 'nooo, no, además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual', dice 'pero no me fío de Juan Antonio'. Me lo dijo, ¿eh? Me dijo. 'Y ¿por qué?' 'Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice: ''fíate de él y tal y cual'. Y me dice 'porque tu amigo Alfredo…'. 'Yo no conozco a Alfredo'. Y dice '¿serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!'. Y yo 'no le conozco'. Y él 'así me gusta, así me gusta, que lo niegues'".

Los defensores de los condenados del caso Gürtel consideran que esa grabación, adelantada por el web Moncloa.com, "confirma las sospechas que siempre hemos tenido sobre la irregular asunción de la competencia del caso Gürtel por Garzón", afirma el letrado Miguel Durán, que representa a Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa.

Los letrados creen que las relevaciones de Villarejo ponen de manifiesto que este comisario estuvo en el origen del procedimiento y aportó información relevante, hecho que fue ocultado a las defensas y que no consta en las diligencias.

También ponen en evidencia, aseguran, que Garzón estuvo al corriente del caso antes de asumir formalmente la competencia, lo que se produjo el 6 de agosto de 2008, cuando abrió diligencias previas. Los letrados creen que Garzón "se quedó con el caso Gürtel" por una irregular aplicación de las normas de reparto de la Audiencia Nacional.

Además, esa "preparación" del caso antes de haber asumido la competencia se hizo con mandos policiales de la confianza de un ministro del PSOE, adversario político de los dirigentes del PP contra los que a la postre se dirigió el procedimiento. Más aún, a tenor de la grabación, Garzón y Rubalcaba habrían tenido conversaciones extraprocesales sobre el caso Gürtel, lo que hasta ahora no se conocía.

Para las defensas, estos datos "deben ser investigados por un juez para saber si configuran un escenario de prevaricación en el origen del caso Gürtel".

Este procedimiento judicial, que ha acabado provocando la pérdida del Gobierno para el PP, fue sentenciado el pasado 24 de mayo por la Audiencia Nacional, que condenó a 29 de los 37 acusados. La sentencia fue durísima para el PP, ya que declaró la existencia de una trama de "corrupción institucional" en el partido y su financiación ilegal a través de una caja B.

El proceso se encuentra ahora pendiente de que la Sala Penal del Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos contra el fallo de la primera instancia, y los defensores pretenden encontrar en la grabación de Villarejo y en otros incidentes -como el de la denuncia interpuesta contra el magistrado Julio de Diego y en la que se asegura que se durmió con frecuencia durante la vista oral- una apoyatura para lograr la nulidad de la condena.

El fantasma que persigue a Garzón

El caso Gürtel ya supuso la tumba de Garzón en 2012, cuando, por unanimidad, el Tribunal Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por escuchar ilegalmente las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados y sus abogados, accediendo así de manera ilícita y contraria a la Constitución al conocimiento de sus estrategias de defensa. La condena supuso la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de Garzón contra el fallo del Tribunal Supremo. El TC rechazó la impugnación del exjuez por la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho constitucional tutelable en amparo", mientras que el TEDH declaró su demanda inadmisible.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181001/condenados-gurtel-anuncian-querella-garzon-revelaciones-villarejo/342215839_0.html

EL ‘NÚMERO DOS’ DE GÜRTEL RECLAMA REFORZAR LA SEGURIDAD DE VILLAREJO

Pablo Crespo se querella contra Baltasar Garzón por el contenido de uno de los audios del comisario y solicita asegurar "la integridad física" del policía jubilado en prisión

Pablo Crespo, condenado como número dos de la trama Gürtel, ha presentado este lunes en los Juzgados de plaza de Castilla (Madrid) una querella por prevaricación judicial contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor del caso de corrupción. El antiguo dirigente del PP gallego considera que uno de los audios grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, conocido recientemente, revela graves irregularidades en el inicio de la investigación que supuso su ingreso en prisión. En su escrito, Crespo solicita que se refuercen las medidas para asegurar la "integridad física" de Villarejo mientras continúe recluido en la prisión de Estremera (Madrid), donde entró el pasado noviembre como cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operación Tándem.

El considerado lugarteniente de Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, entiende que el audio de las conversaciones mantenidas en un restaurante de Madrid en 2009 entre Villarejo y diferentes interlocutores —entre ellos el propio Garzón y la entonces fiscal de la Audiencia Nacional y hoy ministra de Justicia Dolores Delgado— "ponen de manifiesto una presunta confabulación instrumentada por el exmagistrado" junto a diversos altos mandos de la Policía para iniciar la investigación "con la finalidad de perjudicar al Partido Popular". Crespo considera que el hoy exjuez "amañó presuntamente todas las circunstancias que estuvieron a su alcance, para poder hacerse con el caso Gürtel y convertirse así en el juez instructor. Hay indicios que determinan que el querellado, entonces magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción 5, pudo confabular y canalizar judicialmente un complot que arrancaría procesalmente con su auto del 6 de agosto de 2008", añade.

Por todo ello, reclama que se admita a trámite la querella y se tome declaración como investigado a Garzón. También pide que acudan al juzgado como testigos el policía jubilado y otros tres comisarios que, según los audios, participaron en aquella comida de 2009: Juan Antonio González —entonces comisario general de Policía Judicial—, José Luis Olivera —máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)— y Gabriel Fuentes —entonces adscrito a la cúpula de la Dirección General de la Policía—. Además, pide que se incorporen como documentación un auto del sumario del caso Gürtel y el audio de la conversación entre todos ellos.

Como último punto de su querella, el abogado defensor de Pablo Crespo destaca "la especial situación de vulnerabilidad" de Villarejo dentro de la cárcel y reclama que la justicia reclame al centro penitenciario "que se adopten cuantas medidas sean necesarias para asegurar y, en su caso, reforzar la integridad física del testigo". Como argumento, esgrime "la extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados" y que, en su opinión, "pueden afectar a la propia estructura y funcionamiento de las instituciones del Estado". También, "el hecho notorio" de que el comisario jubilado aún posee "información relevante de personas de interés público" que la querella no concreta.

https://elpais.com/politica/2018/10/08/actualidad/1539020825_011262.html


COSPEDAL JUSTIFICA EL ENCARGO A VILLAREJO DE UN DOSIER SOBRE ARENAS: “CUMPLÍA CON MI OBLIGACIÓN”

La ex secretaria general del PP preguntó al comisario jubilado por la relación del político andaluz con Bárcenas

Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, encargó al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, elaborar un dosier sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir y en la que también participaban el extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote.

López del Hierro le pide recopilar "todo lo que pudiera averiguar" Villarejo en un trabajo que sería "pagado". "Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos", asegura el empresario sobre los gastos para "indagar" la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote, según los últimos audios publicados por moncloa.com. "Arenas... está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB [Luis Bárcenas] a muerte, pero a muerte", se escucha decir al comisario jubilado en una primera conversación con López del Hierro, quien insiste sobre el exministro: "La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote...".

La ex secretaria general del PP ha asegurado este viernes en la cadena Cope que ella cumplía con su “obligación” cuando pidió información sobre Arenas en la reunión que mantuvo con Villarejo. “Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. No sé si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenía la obligación de recabar información”, ha explicado Cospedal. La ex secretaria general de los populares ha asegurado que "no se le llegó a pagar dinero”. Al ser preguntada sobre si consideraba que dicha reunión fue correcta, Cospedal se ha defendido insistiendo en que “no hubo ningún pago ni tampoco ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. Esta persona tenía una agencia de investigación autorizada por la policía”, ha afirmado. La exministra de Defensa también ha asegurado que se siente respaldada por el líder del PP, Pablo Casado.

Villarejo, que está acusado de encabezar una red de corrupción policial que elaboraba informes confidenciales para extorsionar a empresarios y políticos, aseguró en la conversación que no iba a cobrarle al PP por esta investigación. "Cómo le voy a cobrar al partido", señala el comisario, ahora encarcelado, en las grabaciones. Este, ante la insistencia del marido de la diputada popular, sugiere que le consiga otros trabajos o pagos de empresarios. "Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, en un momento determinado digáis: "Oye, contratad a este que es de confianza". Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que...", se puede escuchar a Villarejo en las grabaciones.

Este encargo llegó después de que en una grabación previa, publicada también este viernes, se escuche como en la reunión mantenida entre los tres en 2009 (Cospedal, López del Hierro y Villarejo), el comisario jubilado comenta a la dirigente del PP que el nombre de Arenas aparece en la investigación del caso Gürtel. Villarejo asegura que negocios de Bárcenas están "muy acreditados" con Arenas y le cuenta a Cospedal que el nombre del dirigente andaluz aparece en "anotaciones y en pagos". Villarejo explica a Cospedal que "hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con..., momento en el que la exdirigente popular apunta: "Galeote". Arenas ocupó la presidencia de la Fundación de Estudios Europeos antes de cederle el testigo a Jaime Mayor Oreja. A mediados de 2009, cuando se grabaron los audios, la vicepresidencia de esta entidad la ocupaba Galeote mientras que el puesto de tesorero recaía en Bárcenas.

El presidente del PP, Pablo Casado, que esta mañana ha estado en un acto del partido en Málaga no ha querido pronunciarse sobre las nuevas revelaciones de los encuentros entre Cospedal, su marido y Villarejo, informa Nacho Sánchez. El jueves, en Huelva, se refirió por primera vez a las grabaciones y marcó distancias con la exministra de Defensa. Tras sostener que la antigua dirigente popular había dado explicaciones y que "no había mentido", en referencia al caso de los audios entre el excomisario y la ministra de Justicia Dolores Delgado, aseguró que su "único compromiso era con los afiliados" que le apoyaron para dirigir a la formación. Casado también se mostró seguro ante la posibilidad de que aparecieran nuevas informaciones sobre los contactos entre Cospedal y Villarejo, como así ha sucedido. "Desde la dirección nacional no hay nada que ocultar ni que temer por ninguna revelación que se pueda hacer. No estoy seguro de que otros partidos puedan decir lo mismo", zanjó.

Esta semana también se conoció que Cospedal y López del Hierro ofrecieron al policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. A cambio, Villarejo pidió que le pagaran esos posibles trabajos y, sobre todo, hizo hincapié en que la relación entre ellos se mantuviera discreta, algo que Cospedal le garantizó. La filtración de estos audios ha provocado que la actual dirección del partido muestra un tibio apoyo a la ex secretaria general del partido. Varios dirigentes populares opinan que el escándalo "se veía venir" y que les devuelve al lugar del que pretendían salir. "Pablo tiene que deshacerse de ella, establecer un cordón sanitario, pero es difícil porque le debe todo: es presidente del PP gracias a Cospedal"

https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541143992_530957.html


COSPEDAL ENCARGÓ A VILLAREJO INVESTIGAR A ARENAS

López del Hierro le encomendó hacer un "dossier" sobre Arenas que sería debidamente "pagado" pero "baratito que estamos tiesos".

El encargo fue averiguar si Gürtel salpicaba a Arenas a través de la Fundación de Estudios Europeos.

Villarejo confesó al marido de Cospedal que el dirigente andaluz defendía a Barcenas "a muerte".

Dolores de Cospedal encargó al comisario José Manuel Villarejo investigar a su compañero del PP Javier Arenas. El trabajo se lo encomendó su marido Ignacio López del Hierro el 21 de septiembre de 2009, dos meses después del encuentro secreto de los tres en Génova, la sede nacional del PP.

El encargo consistió en investigar el paso de Arenas por la Fundación de Estudios Europeos ya que esta entidad –creada por el PP en 1994, que se nutría de las donaciones de los eurodiputados ‘populares’ y que terminó fagocitada por FAES– aparecía en los primeros compases de la investigación judicial de Gürtel.

Arenas había ocupado la presidencia de la Fundación de Estudios Europeos antes de cederle el testigo a Jaime Mayor Oreja. A mediados de 2009 la vicepresidencia de esta entidad la ocupaba el eurodiputado Gerardo Galeote mientras que el puesto de tesorero recaía en Luis Bárcenas.

Tanto Galeote como Bárcenas eran amigos de Arenas y el caso Gürtel ya les afectaba de lleno, sobre todo al segundo. De ahí que Cospedal y su marido se mostrasen muy interesados en saber si a Arenas también le podía salpicar Gürtel.

La primera vez que Arenas aparece en los audios de Villarejo es el 20 de julio de ese 2009, en la reunión que tiene el comisario con López del Hierro en una cafetería junto a la Torre Picasso y de la que saldrán los detalles de cómo realizar la cita secreta del día siguiente en el despacho de Cospedal en Génova.

María Dolores de Cospedal encargó investigar las actividades de Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos

López del Hierro cree que alguien está protegiendo a Arenas y pone el ejemplo de una foto que había publicado unos días antes El Mundo, en la que habían “cortado” al dirigente andaluz para que no apareciese jugando al pádel junto a Barcenas, Galeote y Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato y que también estaba implicado en Gürtel por su gestión como alcalde de Pozuelo (Madrid).

Villarejo le confiesa a su interlocutor que Arenas, por aquel entonces portavoz del PP en el Senado, está apoyando “a LB (Bárcenas) a muerte” y que maneja sus “intereses” a través “del despacho (de abogados) Arenas Bocanegra” -en la actualidad se llama Arenas&Medina-, dirigido por su hermano Eduardo y cuya sede se encuentra en Sevilla.

Ignacio López del Hierro: ¿Qué pasa con (Javier) Arenas? Porque hay un mosqueo ahí de cojones.

Villarejo: Arenas… está de informador, filtrando cosas… Lo que está claro es que está apoyando a ‘LB’ (Luis Bárcenas) a muerte. Pero a muerte.

ILH: Sí.

V: Y él tiene sus intereses a través del despacho de su hermano (…) que habían hecho. Ahí tienen un pupurrí montado varios del PSOE con el despacho del hermano. El despacho Bocanegra y tal. …ni un duro. Tu sabes. Ahí no se da cuenta el gilipollas que le tienen trincado por los huevos. Por eso…

LH: Le tiene trincado la gente del PSOE

V: Pero si tiene menor… hay temas legales… fíjate que cuando llegan algunas querellas tira para atrás. Tira para atrás y la mete descafeinada y light. No no no, eso es un dato muy… A mi por ejemplo en dos o tres ocasiones que he hecho alguna gestión y tal con algunos juzgados, me han dicho no no, esto lo trae el despacho de Bocanegra y tal. O sea que ahí ya… Si si si porque él tiene línea directa con mengano, zutano y… sobrevivir solo, cada uno se ha instalado en su… Y están todos mamoneando. Lo que no quiere es que cambien las cosas.

Un rato después, en la misma reunión, López del Hierro vuelve a la carga con la Fundación de Estudios Europeos y Villarejo vincula a esta entidad con las corruptelas que se están conociendo de Gürtel: “Ahí está el negocio, ahí está el business”, dice.

López del Hierro: La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote…

Villarejo: Ahí está el negocio, ahí está el ‘business’.

LH: Son los tres (refiriéndose a Arenas, Galeote y Bárcenas).

Villarejo: Ahí está el ‘business’. Claro, y le han dicho: ‘Macho, esto no lo quites que se nos va a tomar por culo el ‘business’.

LH: Claro… Está haciendo gilipolleces…

V: No, no, no. Todas.

Dolores de Cospedal recibió en secreto al comisario Villarejo en su despacho oficial en el número 13 de Génova, la sede nacional del PP. La entonces secretaria general organizó junto a su marido, Ignacio López del Hierro, el encuentro el 21 julio de 2009, en plena tormenta por el caso Gürtel.Cos...

La situación de Arenas sale al día siguiente en la reunión secreta de Génova por iniciativa de Villarejo, cuando desvela a la entonces número dos del PP que “hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas” a través de esta fundación… de la que no atinan a dar con el nombre.

Villarejo: Les dijimos dos o tres datos mucho más graves. Uno, que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con…

Cospedal: Galeote.

V: Y con Galeote. En la fundación ésta, cómo se llama…

C: La Fundación… por el Sur, o por… cómo se llama esto…o por Europa…

V: Por lo que sea.

C: ¿Algo de esto, no?

V: Un tal Sepúlveda, que no sé quién es.

C: El alcalde de Pozuelo.

V: Con un tal Sepulveda… Y ahí salen ya unas anotaciones duras.

Villarejo lleva la conversación a las pesquisas de Valencia, pero Cospedal le interrumpe al minuto inquiriéndole de nuevo por su compañero de partido y su papel exacto en la Fundación de Estudios Europeos. El comisario pone al mismo nivel a Arenas y Bárcenas en cuanto a datos comprometedores.

Cospedal: ¿Y Arenas que está en esa fundación? ¿O de lo que tienen (los investigadores) es de Bárcenas?

Villarejo: Uffff. Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, tienen de… O sea, de todo lo que…

C: En anotaciones…

V: En anotaciones y en pagos.

Pasado un cuarto de hora de estos últimos detalles, Cospedal vuelve a preguntar por la citada fundación y si hay rastros documentales de las graves acusaciones que le ha contado Villarejo. Éste desliza que dichas anotaciones y pagos se encuentran en el ‘pen drive’ del contable de Francisco Correa, la piedra angular que permitió la investigación de la Gúrtel.

Cospedal: Y el tema de la fundación con Galeote, con Arenas y tal… eso está…

Villarejo: Está, está, está escrito…

C: ¿Está en un disquete de estos que tienen?

V: Este… O sea, lo han arrancado de una de las carpetas que han tirado.

La reunión acaba con la propuesta de Cospedal y su marido de que Villarejo les haga “trabajos puntuales”, a lo que el comisario se aviene, aunque no se concretan los encargos.

“Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Pero baratito, porque estamos tiesos”

Es el 21 de septiembre cuando López del Hierro le pasa un encargo muy concreto. Elaborar un “dossier” de Arenas que será debidamente “pagado”, aunque el marido de Cospedal le pide una tarifa “baratita” y dando a entender que el PP correría con los gastos.

Ignacio López del Hierro.- Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es.

Villarejo.- Lo que yo te dije, sí, sí, no recuerdo nombres, que es un gabinete de influencia, sí.

ILH.- No, el gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

V.- Sí, sí, de Arenas Bocanegra, pero ellos tenían una fundación.

ILH.- (…) todo lo que puedas sacar de ahí…

V.- Vale

ILH.- (…) Y luego un tema que quería, era todo lo que pudieras averiguar.. y hazme un informe y esto está pagado ¿eh? Osea esto es un dossier y pagado.

V.- Ignacio, yo al partido (PP) cómo le voy a cobrar….

ILH.- Que sí…

V.- No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, da igual, y que en un momento determinado digáis ‘oye, contratad a este que es de confianza’. Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que….

ILH.- No hombre, pero esto va en serio.

V.- No no. Pero si…

ILH.- (…) Y vas a estar indagando ahí.

V.- Sí, sí, sí, eso no pasa nada.

ILH.- Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos.

V.- Qué te voy a decir yo, qué te voy a decir.

Cuando va a concluir la reunión a solas entre López del Hierro y Villarejo, hacen un repaso a lo hablado y vuelven a salir los términos del encargo acordado. El comisario parece desesperarse ante los pocos datos que le da el marido de Cospedal, más allá de la obsesión por encontrar vínculos entre “Arenas, Galeote y Bárcenas”.

Ignacio López del Hierro.- ¿Y lo de la fundación?

Villarejo.- Sí, sí, lo de la fundación, vamos a ver… voy a… vosotros de la fundación, ¿qué sabéis?, ¿nada más que existe?, ¿pero ni siquiera el nombre? Era una cosa de los pueblos de España…

ILH.- No lo sé, miradlo bien (en) el registro de fundaciones…

V.- ¿En el registro de fundaciones?

ILH.- (…) Arenas, Galeote y Bárcenas.

V.- ¿Ni siquiera el domicilio social dónde estaba?, ¿nada?

ILH.- (…)

V.- Vale, pues vamos a…

ILH.- Si me entero de algo…

V.- Claro, claro, para facilitarme, todo lo que sea facilitarme. Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada.

Tras esa cita del 21 de septiembre de 2009, Villarejo y López del Hierro, amigos desde hace 30 años, volvieron a reunirse al menos en otras tres ocasiones hasta mediados de noviembre, pero en esos encuentros grabados de forma subrepticia por el comisario, y a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, no hablaron de Javier Arenas ni de la citada fundación.

https://www.moncloa.com/cospedal-villarejo-investigar-arenas/

08. VILLAREJO DESVELÓ A COSPEDAL QUE HABÍA UN TOPO DE LA POLICÍA EN GÉNOVA

El excomisario José Manuel Villarejo desveló a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, que la Policía contaba con un topo en su sede central de la calle Génova, en plena investigación del caso Gürtel. En la reunión, en la que también está presente el marido de Cos...

La reunión acaba con la propuesta de Cospedal y su marido de que Villarejo les haga “trabajos puntuales”, a lo que el comisario se aviene, aunque no se concretan los encargos.

“Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Pero baratito, porque estamos tiesos”

Es el 21 de septiembre cuando López del Hierro le pasa un encargo muy concreto. Elaborar un “dossier” de Arenas que será debidamente “pagado”, aunque el marido de Cospedal le pide una tarifa “baratita” y dando a entender que el PP correría con los gastos.

Ignacio López del Hierro.- Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es.

Villarejo.- Lo que yo te dije, sí, sí, no recuerdo nombres, que es un gabinete de influencia, sí.

ILH.- No, el gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

V.- Sí, sí, de Arenas Bocanegra, pero ellos tenían una fundación.

ILH.- (…) todo lo que puedas sacar de ahí…

V.- Vale

ILH.- (…) Y luego un tema que quería, era todo lo que pudieras averiguar.. y hazme un informe y esto está pagado ¿eh? Osea esto es un dossier y pagado.

V.- Ignacio, yo al partido (PP) cómo le voy a cobrar….

ILH.- Que sí…

V.- No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, da igual, y que en un momento determinado digáis ‘oye, contratad a este que es de confianza’. Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que….

ILH.- No hombre, pero esto va en serio.

V.- No no. Pero si…

ILH.- (…) Y vas a estar indagando ahí.

V.- Sí, sí, sí, eso no pasa nada.

ILH.- Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos.

V.- Qué te voy a decir yo, qué te voy a decir.

Cuando va a concluir la reunión a solas entre López del Hierro y Villarejo, hacen un repaso a lo hablado y vuelven a salir los términos del encargo acordado. El comisario parece desesperarse ante los pocos datos que le da el marido de Cospedal, más allá de la obsesión por encontrar vínculos entre “Arenas, Galeote y Bárcenas”.

Ignacio López del Hierro.- ¿Y lo de la fundación?

Villarejo.- Sí, sí, lo de la fundación, vamos a ver… voy a… vosotros de la fundación, ¿qué sabéis?, ¿nada más que existe?, ¿pero ni siquiera el nombre? Era una cosa de los pueblos de España…

ILH.- No lo sé, miradlo bien (en) el registro de fundaciones…

V.- ¿En el registro de fundaciones?

ILH.- (…) Arenas, Galeote y Bárcenas.

V.- ¿Ni siquiera el domicilio social dónde estaba?, ¿nada?

ILH.- (…)

V.- Vale, pues vamos a…

ILH.- Si me entero de algo…

V.- Claro, claro, para facilitarme, todo lo que sea facilitarme. Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada.

Tras esa cita del 21 de septiembre de 2009, Villarejo y López del Hierro, amigos desde hace 30 años, volvieron a reunirse al menos en otras tres ocasiones hasta mediados de noviembre, pero en esos encuentros grabados de forma subrepticia por el comisario, y a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, no hablaron de Javier Arenas ni de la citada fundación.

https://www.moncloa.com/cospedal-villarejo-investigar-arenas/


EL PP NO TIENE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS A VILLAREJO Y REMITE A COSPEDAL

En declaraciones a ElPlural.com, se desvinculan de la reunión: "Es la protagonista de la historia quien puede opinar, salvo que trascienda al resto del partido, que no es el caso"

El Partido Popular ha negado tener las facturas de los pagos al comisario retirado José Manuel Villarejo por los “trabajos puntuales” encargados por María Dolores de Cospedal y descargan toda la responsabilidad sobre ella. En declaraciones a ElPlural.com, el PP ha señalado que se trata de una “conversación privada” y “se lo tienen que preguntar a ella” porque “nosotros no tenemos nada de eso”.

Precisan que es “la protagonista de la historia” y, en consecuencia, “es quien puede opinar de una reunión privada, salvo que trascienda al resto del partido, que no es el caso”.

Ante la pregunta de si tienen las facturas de los “trabajos puntuales” que Cospedal encargó a Villarejo, dicen que “no tenemos nada de eso” e insisten en que “es la persona que estuviera allí” la que debe opinar “de lo que hablaron”.

Pablo Casado ha evitado valorar las informaciones puesto que ha salido a toda prisa del Congreso y ha remitido a los periodistas a la “rueda de prensa de mañana”.

María Dolores de Cospedal ha sido la última diana de las grabaciones de Villarejo. La exministra de Defensa ha sido la diana de la nueva entrega del serial. Tras conocerse que se reunieron con nocturnidad y alevosía en Génova 13 junto a su marido, Ignacio López del Hierro, Moncloa.com ha desvelado que la pareja le pidió “trabajos puntuales” -con su correspondiente remuneración-. Estos encargos, para los que Villarejo garantizaba "discreción", podrían suponer un delito de revelación de secretos puesto que consistía en el intercambio de información sobre inestigaciones en proceso y bajo secreto de sumario.

Silencio sepulcral

La estrategia de defensa del PP con respecto a las grabaciones de Cospedal pasa, hasta el momento, por no pronunciarse y remitirse a la exsecretaria general del PP. El pasado martes, la vicesecretaria nacional de Comunicación, Marta González, explicó que “nos remitimos al comunicado” de Cospedal. González aseguró que la dirección del partido ha tenido conocimiento del comunicado a primera hora de la mañana, antes de hacerlo público, pero “desconozco” si se lo ha trasladado personalmente a Pablo Casado.

La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP argumenta que nunca han negado ni ella ni su marido que conocieran a Villarejo y se escuda en que se trata temas que están judicializados y “no cambiaron nada”. No obstante, estas explicaciones fueron aportadas antes de las nuevas grabaciones en las que ya se conoce el objeto de la reunión.

https://www.elplural.com/politica/espana/el-pp-no-tiene-las-facturas-de-los-pagos-a-villarejo-y-remite-a-cospedal_205596102


COSPEDAL Y SU MARIDO OFRECIERON A VILLAREJO HACER “TRABAJOS PUNTUALES” EN SU CITA EN GÉNOVA

El comisario jubilado alardeó ante la exministra de que intentó destruir el 'pendrive' clave del 'caso Gürtel'

María Dolores de Cospedal ha sido, pese a su ausencia del pleno, la gran protagonista de la sesión de control al Gobierno tras la publicación de las grabaciones de su reunión con el comisario Villarejo. El presidente Pedro Sánchez ha pedido a Pablo Casado que regenere al PP y que explique los audios del encuentro de la ex secretaria general de su partido con el policía.

Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, ofrecieron al policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. A cambio, Villarejo pidió que le pagaran esos posibles trabajos y, sobre todo, hizo hincapié en que la relación entre ellos se mantuviera discreta, algo que Cospedal le garantiza, según las últimos audios publicados por moncloa.com. Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado noviembre como máximo responsable de una trama policial desmantelada en la Operación Tándem, alardeó en el encuentro de que intentó destruir el pendrive clave del caso Gürtel.

En los audios difundidos, el comisario jubilado revela que avisó al exalcalde de Boadilla del Monte en Madrid, imputado en el caso Gürtel, Arturo González Panero, del comienzo de la investigación y propone una estrategia ante la imputación —que considera segura— del extesorero del PP Luis Bárcenas, hoy en prisión: "Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por tanto él ya está amortizado...". El comisario jubilado también asegura que Bárcenas "ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados", a lo que Cospedal afirma: "Se ha llevado menos de lo que ha dicho".

Otro de los asuntos que tratan en la reunión es sobre un pendrive con documentación que se incautó la policía durante la investigación de la trama Gürtel. Villarejo, a preguntas de la exdirigente popular, dice que en el lápiz USB "hay mucha chicha" y que han hecho todo lo posible por "romperlo".

"¿Qué favores debe usted a algún diputado o diputada de su grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el PP?", ha preguntado Sánchez a Casado, que le ha emplazado a "romper" con los independentistas. "El tigre que está alimentado puede acabar devorándole", ha aseverado una semana después de llamar golpista al Gobierno por su gestión de la crisis territorial en Cataluña. El presidente ha recalcado a Casado que el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy fue por no "asumir su responsabilidad en los casos de corrupción" de su formación. El propio PP nacional, como persona jurídica, resultó condenado como beneficiario de lo que en la sentencia de la Audiencia Nacional se define como un “sistema de corrupción institucional”.

La tensión entre las bancadas del PP y del PSOE se ha avivado en la siguiente ronda de preguntas dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno. "Hoy es un mal día para usted. Hoy usted y todo su grupo nos tendrían que dar respuestas de lo que han oído todos los españoles. Hoy en vez de preguntar tendría que responder", ha replicado Calvo a la portavoz del PP, Dolors Monserrat, que ha afirmado que el Gobierno está "liquidando las instituciones del Estado", "ha tomado RTVE como si fuera La Bastilla" y "mantiene ministros que mienten", en alusión a la comida que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mantuvo hace una década con Villarejo. Delgado, que ejercía como fiscal antiterrorista en la Audiencia Nacional antes de dar el salto a la política, ha afirmado en sede parlamentaria que solo ha coincidido tres veces con Villarejo en 25 años. "La segunda preocupación de los españoles es la corrupción y la identifican con su partido, un Gobierno saliente y un modelo, el del señor Aznar, que tiene tres exministros en la cárcel", ha contestado Calvo a Monserrat. La bronca entre PP y PSOE se barruntaba desde el momento en que la portavoz popular ha formulado su pregunta a la número dos del Ejecutivo. "¿Conoce el Gobierno lo que piensan los españoles?", ha requerido Monserrat. "Hace usted una pregunta oceánica. Tendría que tener facultades paranormales y las mías son normalitas", ha sido la respuesta.

Los audios de Villarejo han vuelto a salir a colación en el turno de pregunta de la diputada Beatriz Escudero a la vicepresidenta del Gobierno. "¿Es culpable Cospedal de no mentir, de decir la verdad desde el primer día? ¿Es culpable de haberse reunido con un comisario a las órdenes de Rubalcaba?", ha expresado la parlamentaria del PP en referencia al dirigente socialista, que en 2009 ministro del Interior. "No me hable de cloacas, pregunte a Rubalcaba que sabe mucho. Hay unos que utilizan la información para luchar contra la corrupción y otros para taparla como Chaves, sentado en el banquillo por corrupción", ha concluido Escudero sacando a colación el juicio de los ERE de Andalucía. Calvo ha salido en defensa de la ministra de Justicia, "una ciudadana particular en una comida privada de hace nueve años". "La diferencia es que Cospedal era la responsable de un partido político en la sede de su partido político intentado pagar para obstruir a la justicia. Mire el abismo que hay entre una cosa y la otra", ha incidido la vicepresidenta del Gobierno.

https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1540974547_857835.html


JUECES Y FISCALES: "COSPEDAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR" LOS SECRETOS REVELADOS POR VILLAREJO

Magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional afirman que la exsecretaria general del Partido Popular "delinquió" al no denunciar "inmediatamente a la Fiscalía o el juzgado" las filtraciones de sumarios secretos por parte el entonces comisario José Manuel Villarejo

La diputada y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha admitido este lunes en un comunicado que tuvo conocimiento a través de su marido, Ignacio López del Hierro, de investigaciones bajo secreto de sumario relativas a los casos Gürtel y Brugal entre otros, a las que hacen referencia los audios difundidos en el día de hoy.

Para los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER, que prefieren conservar el anonimato, el reconocimiento de Cospedal supone "asumir la comisión de un delito".

En este sentido, recuerdan que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción, y en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".

Se da la circunstancia además de que María Dolores de Cospedal no es “lego en la materia” sino que “se le supone un profundo conocimiento de las leyes” por su formación como abogada del Estado.

A favor de Cospedal “podría jugar” que el intermediario entre ella misma y Villarejo era su marido, y la política no tiene por qué incriminarle. Pero esta excepción contemplada en la ley “queda rota”, recuerdan las mismas fuentes, porque tal y como queda reflejado en los audios, “es la propia Cospedal quien parece enviar a su marido” para obtener información de Villarejo.

Las conversaciones grabadas por el excomisario tuvieron lugar en 2009, pocos meses después de que estallara el caso. En aquellos momentos, María Dolores de Cospedal era senadora, diputada autonómica y secretaria general del Partido Popular. El delito de revelación de secretos fue cometido por Villarejo, pero la política, según estas fuentes, “también delinquió al incumplir su obligación de denunciarlo”. El delito atribuible a Cospedal “habría prescrito”, concluyen las fuentes consultadas por la SER

http://cadenaser.com/ser/2018/10/29/tribunales/1540848828_656424.html?int=masinfo&int=masinfo


COSPEDAL SE REUNIÓ EN SECRETO CON VILLAREJO EN SU DESPACHO DE GÉNOVA

La entonces número dos del PP citó al comisario el 21 de julio de 2009 por mediación de su marido.

Villarejó entró por el garaje en un coche camuflado del PP, con el edificio casi vacio y subió directamente a la séptima planta de Génova.

El comisario y Cospedal se exigieron "discreción". Cospedal utilizaba el pseudónimo 'Pepe Pérez' para referirse a él.

Dolores de Cospedal recibió en secreto al comisario Villarejo en su despacho oficial en el número 13 de Génova, la sede nacional del PP. La entonces secretaria general organizó junto a su marido, Ignacio López del Hierro, el encuentro el 21 julio de 2009, en plena tormenta por el caso Gürtel.

Cospedal se ocupó de que el comisario entrara de la manera más secreta posible en el edificio, en un coche oficial del PP y directamente acompañado por su personal privado a su despacho, en la séptima planta de Génova. Villarejo y Cospedal tuvieron una conversación de más de una hora y media. El encuentro se celebró en un momento en el que el esa planta estaba casi vacía, garantizándose que nadie le viera por los pasillos.

Ignacio López del Hierro fue el encargado de organizar el encuentro secreto entre su mujer y el comisario Villarejo. El marido de Dolores de Cospedal llevaba más de un mes entrevistándose discretamente con Villarejo en una cafetería de Madrid. En estas conversaciones López del Hierro recibía información privilegiada del policía sobre las pesquisas del caso Gürtel y diversos chivatazos, como informó MONCLOA.COM ayer.

En el encuentro clandestino de más de 1 hora Cospedal y Villarejo se exigen confidencialidad mientras él lo graba todo

En vista del progreso en la información, fue López del Hierro quien tomó la iniciativa para que hubiera un encuentro entre su mujer y el policía. En una charla que tuvo lugar el 20 de julio, Villarejo advierte al marido de Cospedal de que Rubalcaba tuvo conocimiento previo de Gürtel y de la necesaria precaución para usar “el canuto” (el teléfono) porque está intervenido por el CNI. Tras media hora de conversación, el marido de Cospedal lanza su propuesta:

–Ignacio López del Hierro: Yo antes o después quiero preparar una reunión tuya con ella.

–Villarejo: Lo que quieras. Lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía, de la manera más discreta.

Entonces el comisario explica que está teniendo reuniones secretas con personalidades como Juan Cotino en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte, una propiedad aislada en medio de un paraje natural, en el que es más fácil evitar los seguimientos. E incide en la necesidad de que el encuentro sea secreto: “Macho, si me queman, la fuente se seca”.

La entrevista se precipita y queda fijada para el día siguiente, seguramente porque Cospedal encontró un hueco en su agenda. López del Hierro y Villarejo quedan un cuarto de hora por la mañana del día 21 para concretar los detalles de seguridad. El marido de la entonces secretaria general del PP expone su plan: un coche camuflado del PP recogerá a los dos. Al entrar por el garaje al despacho no quedará registro de la visita.

–López del Hierro: Yo re recojo en un coche camuflado del PP cuando tú digas, vamos a Génova, entramos en el garaje y de ahí a un ascensor al despacho de María Dolores. Luego sales por el garaje, el coche te lleva donde tu digas, y punto.

-Villarejo: Bueno, pues….

Ese día se suceden las llamadas hasta que finalmente la cita se cierra a las seis menos cuarto de ese martes, 21 de julio de 2009. Curiosamente, esa mañana Cospedal ha recibido en su despacho a los portavoces de los sindicatos policiales, esa visita sí registrada con luz y taquígrafos:

–ILH: Sabes lo que vamos a hacer: seis menos cuatro en la puerta de Torre Europa (que es donde tiene su despacho profesional privado el comisario Villarejo).

–Villarejo: En la puerta de Torres Europa, perfecto. Sí, sí y así…

–ILH: Te veo llegar, estás tú allí, pum, te subes y nos vamos.

-Villarejo: Nos subimos y ya está, y luego me devolvéis aquí.

-ILH: Luego de devolvemos, sin duda.

A la hora prevista, Villarejo se sube a un coche del Partido Popular en el que le está esperando López del Hierro. En la radio el conductor lleva sintonizada Onda Cero y hablan Luis Rendueles y Manuel Marlasca sobre sucesos. Ajenos a la radio, Villarejo y Del Hierro mantienen una conversación sobre un incidente reciente entre Villarejo y varios policías con Luis Bárcenas en el restaurante Rianxo.

El coche, con el tráfico fluido de las tardes de verano en Madrid, llega en pocos minutos a la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova. La entrada al garaje está en la calle Zurbano, en una de las fachadas de la enorme sede ‘popular’. Cuando llega el coche, Ignacio López del Hierro se sobresalta al ver un coche extraño:

–ILH: ¿Quién es el del Volvo este?

–Conductor: No lo sé, porque no es conocido. Debe ser de la casa, pero vamos.

–ILH: Dependiendo de quien sea, esperamos a que suba.

El coche toma la dirección de una planta inferior y el vehículo de Del Hiero y Villarejo llega a la puerta del ascensor, donde una secretaria de confianza de Cospedal, Mariví, les está esperando.

Sin embargo, al llegar a la séptima planta, donde está el despacho de Cospedal, se les indica que esperen apartados para que alguien no les vea. Finalmente se despeja, y acceden al despacho de la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal.

–Villarejo: Puntuales. Prusiano total.

–Cospedal: Ya está, perdón.

–Villarejo: ¿Qué tal, cómo estás?

–Cospedal: Encantada. Muchas gracias, ¿un café o algo?

Villarejo tomará “un cafelito”, Cospedal y su esposo prefieren agua. Del Hierro le cuenta a su mujer el incidente al acceder a su despacho y sus preocupaciones por la seguridad del encuentro. Cospedal da garantías sobre la misma:

–ILH: Nos han hecho un lío, porque nos mandaban a la sexta. Porque está en obras y nos podemos encontrar con Ana Mato.

–Cospedal: Que no, claro que no, yo no había dicho nada. Es que se supone que este señor se tenía que haber ido ya, estaba ahí con Fernando Jaúregui y no terminaba de irse, no terminaba de irse, y he dicho, no Mariví. Que me esperen ahí.

–Villarejo: No pasa nada.

–Cospedal: No, si no hay nadie ahora, porque como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie.

“Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie”

La confidencialidad de encuentro es clave para las dos partes. De hecho, López del Hierro y el policía usan un lenguaje críptico cuando hablan por teléfono, lleno de claves como “mi amiga”, “tu amigo”, “los falleros”, e incluso “tu tronca”. En una de las conversaciones que registró Villarejo, en una cafetería, antes del encuentro con Cospedal, Del Hierro interroga a Villarejo:

–ILH: Tú le has comentado a Cotino (Juan Cotino, consejero de la Generalitat Valenciana y exdirector general de la Policía) que tú y yo hablamos.

–Villarejo: Mmm, no.

–ILH: Cotino se lo ha dicho a María Dolores.

–Villarejo: No, no, no. Yo lo que le he dicho es que, del entorno…

–ILH: Exacto, del entorno.

–Villarejo: Sí, sí, porque me dice, me gustaría que hablaras con María Dolores, y digo, yo estoy hablando con el entorno.

–ILH: Sí, eso es lo que pasa. Es lo que le ha dicho.

–Villarejo: ¡Claro! ¿Por qué? Porque no hace falta. De todas maneras, hombre, dile que somos amigos.

Del mismo modo, López del Hierro le cuenta a Villarejo que con su esposa se refiere al policía con un nombre clave, “un pseudónimo”:

–ILH: Con ella te pongo con el pseudónimo. Voy a ver a ‘Pepe Pérez’, vengo de ‘Pepe Pérez’.

–Villarejo: Ah, muy bien, muy bien.

–ILH: Siempre con el pseudónimo. Y dice, Pepe Pérez debe ser del que me habla a mi Cotino, jeje, que me habla a mi Cotino, dice.

–Villarejo: Claro, claro, efectivamente.

En varias fases del encuentro, que dura más de una hora y media, Cospedal y Villarejo se exigen mutuamente confidencialidad en el encuentro.

–Villarejo: (…) Por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…

–ILH: No hombre, no.

–Villarejo: Te hago el matiz.

–Cospedal: Haces muy bien en decirlo, pero sí, desde mi punto de vista es igual, no puede trascender.

Al final de la reunión, antes de despedirse, Villarejo, que estaba grabando la conversación, insiste en una de sus grandes preocupaciones:

–Villarejo: Insisto, la discreción es fundamental.

–Cospedal: No te preocupes. Nada, por eso ni te preocupes.

–Villarejo: La buena suerte, como dicen, en tu casa o en la mía, y tal, nosotros tenemos la excusa absoluta. Ignacio y yo nos conocemos desde hace casi 30 años, mil años. Además hemos hecho maldades y bondades juntos ya se me han olvidado casi todas.

–Cospedal: Ya.

“Por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…”

Tras un problema con el teléfono móvil de Villarejo, que se queda sin batería y para el que aparece la secretaria de Cospedal, Mariví, con un cargador, la secretaria general del PP quiere tranquilizar a Villarejo:

–Cospedal: Mariví, es discreción absoluta, absoluta. Aparte que no saben ni tu nombre, pero bueno, es la discreción absoluta.

–Villarejo: Que te quiero decir que este sistema, cojonudo, el tal. O sea, todo lo que sea. ¿Por qué? Tú no te preocupes que si tú no entiendes y tal, yo tendría una excusa para salir adelante y porque además, en el último extremo, yo digo como he dicho siempre, como no me dejen preñado, yo ya… Otra maldad ya no puede haber. Yo hace muchos años que tengo mis negocios, mis cosas, y con lo que tengo mueven vínculos con la casa, pero nada más ¿no? Pero, hombre, mis contactos, mis buenas relaciones y tal.

–Cospedal: Que sí, que sí.

–Villarejo: Se nos vendrían todas para abajo. Entonces…

–Cospedal: Que no, que no. Que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo.

–Villarejo: Además, habrás visto que cada vez que yo le he dicho algo a Ignacio lamentablemente se ha cumplido.. (…).

La reunión acaba y Cospedal da órdenes para una salida discreta de su visitante.

–Cospedal: Que nos llamen al ascensor. Vamos directamente al garaje. ¿Lo tenemos ahí? ¡Venga, vamos!

Cospedal: “No debe saberse (el encuentro) Que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo”

Villarejo sale rápido y subrepticiamente de la sede de la calle Génova, cuya presencia nunca quedó registrada al evitar pasar por la puerta principal de ingreso. Vuelve a subirse al coche camuflado del PP. Le pide al conductor que le lleve hacia el centro comercial ABC de la calle Serrano. El trayecto es muy corto, porque al llegar a la glorieta de Rubén Darío, pide al conductor que le deje allí.

–Villarejo: Muchas gracias, buenas tardes.

En la radio seguía sonando el programa de Julia Otero, en Onda Cero.

https://www.moncloa.com/cospedal-secreto-villarejo-genova/


LOS AUDIOS DE VILLAREJO LLEVAN A UNA DE LAS ACUSACIONES A PEDIR QUE EL MARIDO DE COSPEDAL DECLARE POR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

Observatori Desc solicitará al juez que incorpore a las actuaciones las grabaciones donde se oye cómo el policía informó en 2009 a López del Hierro de la marcha de investigaciones que afectaban al PP, entre ellas la de 'Gürtel'

"Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b", le dijo el policía al empresario, cuyo nombre aparece en la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas

Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en los papeles de Bárcenas, ha confirmado este lunes que pedirá la citación como testigo del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a quien el excomisario José Manuel Villarejo informó en 2009 sobre la marcha de investigaciones que afectaban al PP.

Difundidos por la web moncloa.com, en uno de los audios se oye cómo Villarejo, ahora a punto de cumplir un año en prisión preventiva por graves delitos de corrupción, no solo le alerta en el verano de 2009 de que en el caso Gürtel había "más chicha" de la que Luis Bárcenas creía en ese momento sino que llega a pronunciar la siguiente frase: "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b".

Los apellidos de López del Hierro –y sus iniciales– figuran en los papeles de Bárcenas, es decir, en la contabilidad paralela que el extesorero llevó de forma manuscrita durante dos décadas. Tanto el empresario como su esposa, secretaria general del PP hasta junio de este año, siempre han negado su carácter de donante secreto. A través de un comunicado, Cospedal admitió este lunes la autenticidad de las grabaciones aunque minimizó su contenido al definirlas así: "Se trata de conversaciones en las que Villarejo cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP".

Fuentes de Observatori Desc confirmaron a infoLibre que la solicitud de citación de Ignacio López del Hierro ya está decidida. "Pediremos –asegura la asociación– al juez [José de la Mata, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional] que incorpore las grabaciones de Villarejo a las actuaciones y que llame a declarar a López del Hierro, y en función de lo que declare decidiremos nuestra posición sobre Cospedal". Otra de las acusaciones populares, la que aglutina a varias entidades y capitanea IU, estudia igualmente la potencial trascendencia de las grabaciones pero todavía no ha tomado una decisión.

Fuentes jurídicas y políticas pulsadas por este periódico destacan un hecho tras la difusión de los nuevos audios de Villarejo: que el mando policial pudo cometer un delito de revelación de secretos, mientras que en lo que respecta a López del Hierro las fuentes jurídicas exhiben mayor cautela. Porque se trata de un particular, porque se trata de hechos que se remontan a nueve años atrás y porque en última instancia su eventual responsabilidad "dependería" de lo que luego hiciera, directamente o tras comunicárselo a terceros –a Cospedal–, con esa información.

Una larga amistad y las conversaciones que "no cambiaron nada"

La relación entre Villarejo y López del Hierro afloró a comienzos de este año cuando infoLibre publicó el manuscrito secreto incautado a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal imputado en la Operación Lezo. Elaborado en 2012, González anotó estas palabras citando a Villarejo como su fuente directa: "Que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que le conoce". Según el político madrileño, el entonces poderoso comisario le informó de esa relación el mismo día en que el entonces poderoso comisario le puso al tanto de las pesquisas sobre su ático de Estepona.

Para Cospedal se abre un escenario incierto no ya por el temor que la divulgación de estas grabaciones ha desatado en el PP sino por cuanto su contenido cuestiona el papel que desempeñó, primero, como testigo del caso Gürtel obligada a declarar la verdad –agosto de 2013– y, luego, en mayo de este año, como compareciente ante la comisión que en el Congreso investiga la –presunta– financiación ilegal del PP. "Como testigo –dice una fuente vinculada al caso Gürtel– negó conocer nada de la contabilidad B y de lo que hacía el tesorero; si el juez hubiera sabido entonces que Villarejo había informado a su marido en 2009 de lo que estaba haciendo la Policía, como mínimo le habría dado otro valor a su testimonio".

En la misma comisión de investigación del Congreso donde Cospedal negó cualquier conocimiento sobre la contabilidad paralela, otro compareciente de muy distinto tenor ya había señalado a López del Hierro como donante del PP. " Fue Álvaro Pérez, la cara visible del entramado societario de Francisco Correa en Valencia y que ahora cumple condena por el caso Gürtel. Y lo que dijo de López del Hierro fue lo siguiente: "Venía a repartir el mondongo. Sale en los papeles de Bárcenas y no lo veo aquí sentado". El marido de Cospedal anunció de inmediato una querella contra El Bigotes. Ocurrió el 20 de febrero. Este lunes, infoLibre preguntó a la defensa de Pérez que ha sucedido con aquella denuncia: "Jamás –respondió el abogado– ha llegado ni un anuncio de querella ni una demanda de conciliación ni nada".

Ni rastro en los ordenadores del Ayuntamiento de Murcia

La ex secretaria general del PP eligió en su comunicado una fórmula deliberadamente ambigua que impide saber si admite o no que su marido le transmitió sus conversaciones con Villarejo. "Como es lógico –dice la nota– y por la relación que tiene conmigo, esa persona [su marido], recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte".

¿Y realmente no cambiaron nada esas conversaciones? Desde luego, no es eso lo que indica el contenido de las grabaciones, donde Villarejo le cuenta a López del Hierro que había informado a Juan Cotino, entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, de que su sobrino debía "limpiar todos los papeles" porque se avecinaba un registro.

El policía alertó igualmente al empresario de que en Murcia habría pronto una operación que afectaría al Ayuntamiento de la capital. En efecto, en el otoño de 2009 la Fiscalía ya investigaba en secreto la que luego se conoció como el caso Umbra. Pero el estallido del caso, centrado en manejos inmobiliarios y que arrasó con el entonces concejal de Urbanismo del gobierno local del PP en la capital murciana, Fernando Berberana, se retrasó nada menos que un año. Una fuente de la investigación rememora hoy lo sucedido: " La UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] tenía varios casos en marcha y tuvimos que esperar. Cuando entramos en el Ayuntamiento de Murcia no encontramos nada, ni siquiera en los ordenadores" ¿Les habían avisado? La fuente lo ignora.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/30/los_audios_villarejo_llevan_una_las_acusaciones_pedir_que_marido_cospedal_declare_por_los_papeles_barcenas_88281_1012.html


COSPEDAL ADMITE QUE VILLAREJO INFORMÓ A SU MARIDO DE INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN QUE AFECTABAN AL PP

Los populares temen nuevas grabaciones y lamentan que en los primeros 100 días de Casado la corrupción vuelva a marcar su agenda

La anterior secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha admitido este lunes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos, informó a su marido, Ignacio López del Hierro, sobre la investigación de casos de corrupción que afectaban al PP. Así lo reconoce en un comunicado difundido después de que el portal moncloa.com hiciera públicas unas grabaciones realizadas entre junio y noviembre del año 2009 de conversaciones entre López del Hierro y Villarejo.

Las grabaciones muestran, presuntamente, cómo el comisario suministraba información anticipadamente de operaciones policiales, como registros, para que los implicados pudieran destruir pruebas y dificultar las acusaciones por corrupción contra cargos del PP y torpedear las pesquisas en investigaciones como Gürtel, Brugal y Umbra. El comisario jubilado asegura en esas conversaciones que los planes que habían hecho habían funcionado. "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b", afirma. La página web también ha difundido otro audio en el que se recoge que Villarejo avisó al PP valenciano para que destruyese material que comprometía al partido y dice que le trasladó el mensaje al entonces consejero del Gobierno de Camps Juan Cotino. Según se escucha en los audios, Villarejo aconsejó al empresario que Cospedal supiese lo que estaban haciendo.

"Se trata de conversaciones en las que el comisario jubilado cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP", afirma Cospedal en su comunicado. "Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona [su marido], recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte", añade la ex secretaria general del PP, actualmente vocal en la ejecutiva de Pablo Casado.

Cospedal insiste en que las grabaciones "no aportan nada" y asegura que tienen el objetivo de "cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto". El PP pidió la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que se publicaran unas grabaciones suyas con el comisario retirado, también por parte de moncloa.com, un portal de información con menos de dos meses de vida.

Villarejo y Cospedal deslucen los 100 días de Casado

La vicesecretaria de comunicación del PP, Marta González, ha asegurado que no les preocupa "en absoluto" que Villarejo tenga grabadas conversaciones comprometidas con miembros de su partido; ha dicho que su formación está "satisfecha" con las explicaciones dadas por Cospedal y ha sugerido que no es una coincidencia que los audios salgan a la luz el mismo día que la fiscalía ha confirmado sus peticiones de pena contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE.

En privado, no obstante, varios dirigentes populares admiten su temor a que sigan apareciendo nuevas grabaciones que afecten a Cospedal y a otros cargos populares. "Habrá que ver cómo evoluciona, pero es un problema seguro porque volvemos a la dichosa corrupción", señala un dirigente popular. Preguntados por si las grabaciones afectan a las posibilidades de la exsecretaria general de ser candidata a las elecciones europeas, fuentes de la dirección responden: "Hay que esperar".

Los audios se han conocido cuando Pablo Casado cumple 100 días al frente del PP. De hecho, las grabaciones han deslucido la presentación de un vídeo y un documento en el que los populares querían presumir de los 30.776 kilómetros que ha recorrido el líder por España desde su nombramiento para reunirse con distintos colectivos. Todas las preguntas de la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP han sido sobre las grabaciones de Villarejo. El apoyo de la ex secretaria general fue clave en su victoria en las primarias del pasado julio.

https://elpais.com/politica/2018/10/29/actualidad/1540811212_188608.html


LAS AMISTADES PELIGROSAS DE VILLAREJO CON EL MARIDO DE COSPEDAL POR EL CASO GÜRTEL

MONCLOA.COM tiene acceso en exclusiva a los audios entre ambos que el comisario grabó en 2009.

Villarejo actuó como agente doble e informó a López del Hierro de movimientos policiales y escuchas al PP.

El comisario planificó con el marido de Cospedal estrategias para minimizar daños por Gürtel.

El comisario de Policía José Manuel Villarejo actuó como agente doble para el Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel. Su enlace principal con el PP era Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de los ‘populares’.

Villarejo, para ganarse su confianza, informó al PP por medio de López del Hierro de movimientos policiales, escuchas e, incluso, planificó conjuntamente estrategias para minimizar daños en la instrucción de este grave caso de corrupción.

A la vez, formaba parte del núcleo duro de los investigadores policiales y ayudaba al entonces juez Baltasar Garzón. Inclusó se jactó de haber preparado la instrucción el caso Gurtel con Baltasar Garzón, en una exclusiva publicada por MONCLOA.COM.

MONCLOA.COM ha tenido ahora acceso a las grabaciones de los encuentros entre López del Hierro y Villarejo desde junio a noviembre de 2009. “¿Cómo estás? Que me tienes abandonado”. Así de familiar empieza el primero de los audios que el comisario de Policía grabó de forma subrepticia al esposo de Cospedal.

López del Hierro y Villarejo tenían relación desde hacía muchos años: “Hemos hecho muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado je je je”, llega a decir el policía en una ocasión.

El caso Gürtel estalló en febrero de 2009

En esos casi cinco meses de 2009 se produce una actividad frenética de llamadas y encuentros entre ambos, que coinciden con uno de los momentos más delicados que vivió el PP durante la pasada década: el caso Gürtel había estallado oficialmente en febrero de ese año con las primeras detenciones ordenadas por el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El escándalo político le estalla en las manos a Cospedal, que en junio de 2008 había sido aupada por Mariano Rajoy al puesto de ‘número dos’ del PP como secretaria general del partido en el famoso congreso de Valencia.

A mediados de 2009 ya se otea en el horizonte que la trama presuntamente corrupta de Francisco Correa no sólo afecta a varios alcaldes de municipios madrileños, sino que tiene ramificaciones en Valencia y hasta en la mismísima sede nacional de Génova, donde un tesorero hasta entonces casi desconocido, Luis Bárcenas, empieza a salir en los medios.

Colegueo máximo entre López del Hierro y Villarejo: “Hemos hecho muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado jejeje”

El juez Garzón había enviado un suplicatorio contra él al Supremo –Bárcenas era senador ‘cunero’ por Cantabria– ante la sospecha de que había recibido más de 1,3 millones de euros a cambio de adjudicar contratos a las empresas de Correa.

Villarejo llama a López del Hierro el 18 de junio después de haber tenido un altercado el día antes con Bárcenas en el restaurante Rianxo con otros mandos policiales, un episodio ya relatado por El Confidencial. El comisario le advierte al marido de Cospedal que “Luisito”, que comía con Álvaro Lapuerta y un diputado de Lleida del PP, parecía estar “farlopeado” y “muy excitado” con su actitud intimidatoria ante los mandos policiales.

Villarejo recomienda a López del Hierro que se dé “un toque al Barbas (Rajoy) y que se tranquilice (Bárcenas) porque fíjate qué espectáculo”, y quedan en verse en unos días. “Menos mal que en la reunión estaban amigos, que afortunadamente toreamos como pudimos. Le pasa (a Bárcenas) sólo, con otro y le pega dos hostias y se monta un pollo de la hostia“, dice refiriéndose a José Antonio González, el comisario que recibió las invectivas del tesorero del PP en el Rianxo.

Sin embargo, al rato es el marido de Cospedal quien telefonea a Villarejo. De sus palabras se deduce que le ha comentado a su mujer el contenido de la anterior conversación y aborda al comisario con un tema en mente: averiguar cuáles van a ser los siguientes movimientos de la Policía y la Justicia en Gürtel.

Ignacio López del Hierro: Es que me preguntaba nuestra amiga… (refiriéndose a Cospedal)

Villarejo: Sí.

ILH: Dice (Cospedal), oye mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos.

V: Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe. De amplio contenido, je je je. El lunes cuando nos veamos y desayunemos, comentamos.

ILH: ¿Tú crees que van a más con esto?

V: Ehhh, sí. Hay chicha, hay mucha chicha.

ILH: ¿Hay mucha chicha?

V: Mucha más de la que él (Bárcenas) se cree. Él piensa que tiene controlado y justificado lo de aquí dentro, porque esto aquí, esto aquí, él tiene hechos cuatro números, porque piensa que le cuadran, pero hay muchos datos fuera (se refiere a datos de cuentas en Suiza), muchas cosas que están, ¿no? Hay mucha chicha, entonces… Ya te digo estaba en una buena línea y tal, pero ahora hay que volver dedicarle otro mes a comerle el tarro al pavo para decirle que no es tan borde como se ha presentado, jajaja.

ILH: Oye, ¿y tú crees que el juez le imputa?

V.- Eeeh, yo creo que sí.

ILH.- ¿Tú crees que sí?

V.- Yo creo que con lo que hay, como el Supremo acepte el tema, si lo acepta, va para adelante, ¿eh?

ILH.- ¿Sí?

V.- Si lo acepta va para adelante, porque hay chicha para eso.

ILH.- Bueno, bueno, bueno. El lunes nos tomamos un café.

V.- El lunes nos tomamos un cafelito.

ILH.- Vale.

V.- ¿Ya ha terminado el tema o todavía está en proceso? (se refiere a un tema de salud de Cospedal)

ILH.- Ya está acabando, pero vamos, bien.

V.- Bien todo, ¿no? Pues eso es lo importante, lo demás que le den por el culo.

ILH.- Así es.

V.- Un abrazo.

Villarejo era la persona idónea para dar información sensible a López del Hierro ya que formaba parte de la cúpula policial –era el adjunto al director adjunto operativo (DAO)– y tenía muy buena relación con el magistrado Garzón desde que en 1995 se negó a entregar al Gobierno socialista de Felipe González un dossier destructivo sobre la figura el juez estrella –el llamado informe Veritas que le habían encargado el ministro Juan Alberto Belloch y su número dos, Margarita Robles, la actual ministra de Defensa-.

Garzón ya se había inhibido en favor del Supremo pero se había quedado con una copia íntegra de las diligencias -tal y como le confiesa Villarejo a López del Hierro- por lo que guardaba mucha munición contra el PP.

La información que le suministra Villarejo a López del Hierro ese día es tan valiosa para el PP que este último recurre al comisario prácticamente cada semana, de ahí hasta noviembre, en busca de datos nuevos. Eso sí, siempre con un lenguaje en clave y sin citar expresamente a las personas concernidas, al menos por teléfono.

Garzón, según Villarejo, se quedó con una copia integra de las diligencias que iba filtrando para dañar al PP

Así, el 22 de junio quedan en una cafetería próxima a la Torre Picasso y Villarejo le confiesa a López del Hierro que Bárcenas es un “cretino” y le advierte, por primera vez, que el alcalde de Boadilla, “Arturito” González Panero, el ‘Albondiguilla’, tiene “mucha información” sobre el caso que se investiga y que conviene que esté callado. Además, sale a la palestra la investigación “de los trajes” en Valencia, un asunto que, en opinión del marido de Cospedal, “no le preocupa a Rajoy”.

Villarejo carga contra Bárcenas

Dos días más tarde, Villarejo llama escandalizado a López del Hierro porque El Mundo ha contado el altercado del Rianxo entre los mandos policiales y Bárcenas. El comisario acusa al todavía tesorero y a su antecesor, Álvaro Lapuerta, de estar detrás de la filtración.

El Supremo ha recibido ese 24 de junio el suplicatorio contra Bárcenas y el tesorero insinúa que renunciará a él para agilizar el trámite judicial, algo que finalmente no hizo. Villarejo le suelta al marido de Cospedal que tal asunto “no es malo” para el PP porque “cuanto antes se quite el lastre, mejor”. Además, le adelanta que Bárcenas admitió en Rianxo que era “LB” (escuchar audio de abajo) y que lo reconocía “el muy gilipollas”.

Por su parte, López del Hierro reconoce que en la cúpula del PP hay división al respecto: por un lado, Javier Arenas “defiende” a Bárcenas y, por el otro, “la persona de la que tú y yo hablamos de vez en cuando (Cospedal) dice que hay que ver cuál es la verdad”.

V.- “Vale, pero haz el comentario de que ha sentado muy mal (la actitud de Bárcenas en el Rianxo) y que además eso es un error, joder. Los que estamos intentando bajar el perfil de tensión, que siempre nos viene bien a todos”.

ILH: “Si ellos se empeñan en subirlo, qué vas a hacer, joder”.

V: “Pero macho, es que es un trabajo absurdo perdido”.

ILH: “Claro, claro”.

El 8 de julio es López del Hierro quien llama por teléfono a Villarejo y le pide quedar con urgencia. El comisario se encuentra fuera de Madrid, así que el esposo de Cospedal le advierte -utilizando palabras en clave- que un “amigo suyo está mandando mensajes, a través de alguien, que se quiere reunir” con la secretaria general del PP.

Tras varios circunloquios y como si temieran ser escuchados, Villarejo averigua que se trata de uno de sus superiores jerárquicos, el citado José Antonio González, conocido por el alias JAG y que por aquel entonces dirigía la Comisaría General de Policía Judicial a las órdenes del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

V: “¿Y ha transmitido mensaje que quiere hablar? Es que hay chicha en el horizonte.

ILH: ¿Hay chicha en el horizonte?

V: Sí, hay chicha jodida.

ILH: ¿Sí? ¿Jodida para quién?

V: Jodida para… para nosotros”.

ILH: Pero, ¿en general o para nosotros?

V: En dos o tres temas. Aquí en Madrid y en el otro sitio, donde… los chicos falleros (Valencia)”.

ILH: ¿Y con el otro que se armó en la comida (Bárcenas)?”.

V: Con ese también, pero ese es un tema… Pero sí, probablemente, al final esa es la esencia del tema. Ehh, de problemas financieros.

ILH: Si.

V: Ahora, me extraña que él (JAG) haya sido quien ha tomado la iniciativa. Y ¿qué quiere?, ¿hablar con alguien de confianza suyo o de alguien de confianza del entorno nuestro?

ILH: No, quiere hablar con alguien del entorno de mi confianza (Cospedal).

V: “Ahhh, bueno, eso es que como (JAG) está recibiendo hostias de todos los lados quiere vender la burra de que él es buen chico. Y no es mal chico pero obviamente está para determinados horizontes”.

El propio comisario opina que no cree que el intento de entrevistarse con la ‘número dos’ del PP sea iniciativa personal de JAG. “¿Qué venga del otro, del Alfredo?”, le inquiere López del Hierro.

V: Sí, que lo han mandado o bien el director de cine, ‘el Hitchcock’.

ILH: Je, je, je

V: Sabes, para hacer una pulsión previa a lo que van a pedir: una ‘subvención para el cine’ a cambio de tal. En fin, algo así”.

El comisario insiste al marido de Cospedal en que está surgiendo “mucha chicha” en la investigación de Gürtel, fruto de la “indiscreción” de varios de los investigados. En ese momento, le advierte por primera vez que hay pesquisas contra su “querido amigo” Juan Cotino -la amistad les viene del período en el que Cotino fue director de la Policía entre 1996 y 2000-, quien ha pedido ayuda al presidente valenciano, Francisco Camps.

V: Y luego por el otro lado, el amigo mío, ese querido amigo, también está…

ILH: Largando.

V: Sí, largando cosas.

ILH: Tu querido amigo, ¿el de la bronca del otro día? (Bárcenas)

V: No, no, no. Este que mandaba mensajes de querido amigo al otro, al curita (Camps).

ILH: Ah, ah, ah”.

Rubalcaba es un “perfecto cabrón, un Maquiavelo”

Ese acercamiento del comisario José Antonio González al PP monopoliza buena parte de la reunión que Villarejo y López del Hierro mantienen el 20 de julio en el bar en el que se reúnen habitualmente.

V: Yo, si te digo la verdad, este tío (JAG) es muy cagón como para tomar esa iniciativa tan importante, pero por otro lado es un agonía, es un egoÍsta, es un tío que ha estado siempre medrando con todo el mundo y no quiere perder la teta y está temeroso porque su amigo Bermejo ya no está.

ILH: Estos (los del PP), lo que creen es que viene de Rubalcaba.

V: Alfredo. Pero no es así del todo.

ILH: Creen que el instigador de todo es Alfredo.

Felipe González es el primero que está acojonado y se los quiere quitar de en medio (a Blanco y Zapatero)

V: Alfredo, que es un estratega, que es el 90% del partido (PSOE), que es un perfecto cabrón. Yo me lo conozco, sin embargo, acuérdate que Alfredo no era partidario de salir a (xxx). Acuérdate que cuando empiezan las primeras tensiones yo te digo por Alfredo va por ahí. Acuérdate que cuando habla María Dolores (de Cospedal) con él, el tipo baja la presión y de alguna manera, reestructura el tema. Porque en el fondo de todo, es más sensato, es la línea realmente pura del PSOE. Todos estos son unos advenedizos los que pasan por aquí. El (José) Blanco, el (José Luis Rodríguez) Zapatero… todos estos pasarán como una mala racha. Por eso es el propio Felipe González el primero que está acojonado y se los quiere quitar de en medio”.

Villarejo insiste en que el deseo de JAG por llegar a Cospedal es diferente al modo de actuar del “maquiavelo” Rubalcaba, por eso califica el movimiento de “línea radical troskista” por ser “demasiado evidente” un caso así: “se le ve el plumero a todos, desgasta mucho a todas las instituciones, jode el planteamiento democrático”, esgrime el policía.

V: No sé, no lo veo. El otro (Rubalcaba) es más sutil, mucho más hijo de puta, mucho más sibilino, más vaticanista, más de que te levanta el brazo y te clava el estocaje y luego te baja el brazo para que no te sangres”.

ILH: Sí.

V: ¿Sabes?, yo no veo a Alfredo”.

En ese momento, el comisario confiesa a López del Hierro que el entonces ministro del Interior supo de Gürtel antes de que el caso se judicializase:

Reproductor de audio
Villarejo: “En algunas de estas operaciones, que Alfredo sabía lo de Gürtel, no hay duda. Que se le preparó (el caso) a ‘Balta’, no hay duda. Yo estuve en las primeras reuniones, o sea que eso es así. Pero por eso no creo que le hayan mandado a este (JAG) aquí a ver qué le sacas (a Cospedal). Una polla, a ver qué le sacas, a tantearle a mandar mensajes de ver si no nos hacemos daño mutuamente si son ellos los que están.

ILH: Se habla con él (Rubalcaba) directamente.

V: Claro, por eso te digo.

ILH: Tiene a Trillo.

V: Con Trillo, que es su tronco y le puede decir de quedar a solas. Por eso te digo que me encaja más, como este tío (JAG) es un agonías, con lo cual vamos a ver si no nos lo quitamos de en medio”.

En ese punto Villarejo ofrece al marido de Cospedal un plan para lograr que el mando policial que dirige las investigaciones de Gürtel sea apartado del caso y el Gobierno de entonces se vea en la necesidad de buscar un sustituto:

V: “Porque, indiscutiblemente, si se filtra que el tipo (JAG) ha hecho esa… aunque luego después cuando se le pregunte, el tipo se intente explicar ‘no, es que a ver si tanteaba’. Pero eso corre que te cagas y, claro, este tipo es clave porque ponen (xxx), que es más nuestro que la polla, con lo cual sería acojonante. El tema (de Gürtel) cambiaría. ¿Sabes quién es el segundo (de JAG)? Te quiero decir que sería una jugada de puta madre”.

https://www.moncloa.com/lopez-hierro-villarejo-gurtel-pp/


VILLAREJO: “COSPEDAL ME LLAMÓ POR SU PELEA A MUERTE CON LA ‘PEQUEÑITA”

El comisario se jactó en 2017 ante dos clientes de haber recibido una llamada de la entonces ministra de Defensa para recabar su ayuda en su pugna con Sáenz de Santamaría

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se jactó en febrero de 2017 ante dos de sus clientes, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, esposo y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, de tener amistad con la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Así consta en una de las grabaciones del sumario de la Operación Tándem, en el que se investigan las presuntas actividades delictivas del policía y que fueron intervenidas en su domicilio.

En el diálogo, el policía asegura que la que fuera candidata a presidir el partido le había telefoneado para que la ayudase en su pugna política con su rival dentro del partido, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “Ya te digo, la Cospe me llamó... 'Pepe, tal, no sé qué' ... claro, la pelea a muerte que tiene la pequeñita [como se refieren peyorativamente a Sáenz de Santamaría algunos miembros del PP] contra ella... van ahí... sabes... ahora le están dando caña”, aseguraba.

Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado noviembre acusado de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsedad documental. En la grabación comenta que el entorno de la exvicepresidenta le estaba atacando a través del diario Público, que, sostenía, era controlado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Félix Sanz Roldán.

Un ataque en el que, aseguraba, le querían implicar en la que se bautizó como Operación Cataluña, supuestamente orquestada por la llamada "policía patriótica" durante la etapa del Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Villarejo llega a sugerir a sus interlocutores que le habían ofrecido un pacto para no seguir investigándole (ya entonces estaba bajo sospecha su amplio entramado empresarial) a cambio de señalar a Cospedal como responsable de dicha maniobra contra el independentismo catalán.

Así, en esa misma conversación —de más de dos horas e incorporada en el sumario dentro de la pieza Informe Pintor sobre el supuesto intento de extorsión a un empresario por parte de los hermanos Muñoz—, Villarejo vuelve a referirse a Cospedal y menciona a “Alicia”, en referencia a la dirigente del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho: “Sí, van a por Alicia, pero Alicia es tronca total de ella, de Cospe, y, claro, van a presentar de ella una imagen diciendo la Operación Cataluña la monta la Cospe y la caga... y ahora viene la pequeñita y con diálogo lo va a salvar, ¿sabes? Ese es el discurso para que todo el mundo se lo crea, ¿no? Y, claro, he dicho al final que como la Operación Cataluña yo la he diseñado... van a decir ¿y tú? Porque ya me lo han dicho, si tú derrotas [confiesas] que es la Cospe la que tal, contra ti, no vamos...”. EL PAÍS intentó durante la tarde del lunes obtener la versión de Cospedal sobre estos supuestos contactos, pero no pudo localizarla.

No es la primera vez que el nombre de Cospedal aparece ligado al del comisario jubilado en un sumario de la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó durante los registros de la Operación Lezo de unas notas manuscritas del expresidente madrileño Ignacio González en las que este aseguraba: "Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y le conoce". González fue grabado mientras mantenía con él una conversación sobre su polémico ático de Estepona. La difusión de esta conversación provocó que el PP prescindiera de él para encabezar la lista del partido en las elecciones autonómicas de 2015.

https://elpais.com/politica/2018/09/17/actualidad/1537211889_142086.html

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