LOS RECORTES SOCIALES MASIVOS DE LOS GENOVESES TERRITORIALES DE MARIANO YA ESTÁN AQUÍ

“Porque se contraten 800 interinos menos no significa que la Educación vaya a ser de peor calidad”
( Ana Mato refiriéndose a los recortes educativos en Castilla La Mancha.25.10.11 )

LAS AUTONOMÍAS REBAJARÁN PERSONAL Y SERVICIOS Y SUBIRÁN TASAS E IMPUESTOS 

La oleada de recortes pasa ahora a las autonomías. Ayer acabó el plazo para presentar sus planes de ajuste en Hacienda. La mayoría han tenido que revisar y endurecer sus primeras propuestas. Solo la Comunidad Valenciana y Baleares, que ayer dio un salto cualitativo al anunciar el cierre de dos hospitales, han enseñado de momento sus cartas. Los demás planes están bajo secreto en Hacienda, pero se irán conociendo poco a poco. 

Fuentes de las autonomías apuntan que todas, con mayor o menor grado, van en la misma línea: recortes de personal, recortes de sueldos a través de la eliminación de horas extra, y aumentos de tasas e impuestos. 

Los planes presentados suponen, según Hacienda, un ahorro de gastos de 5.700 millones de euros en 2012 [sin tener en cuenta el efecto de las medidas sanitarias y educativas, que según el Ejecutivo supondrán otro ahorro de 10.000 millones anuales]. Por el lado de los ingresos, las comunidades tienen previsto aumentarlos en unos 4.050 millones. 

Hacienda ha suavizado mucho su discurso. Ayer entró en vigor la nueva Ley de Estabilidad, que le permite intervenir comunidades si no cumplen el déficit. Pero el ministerio ha abandonado ya esa amenaza, al menos de momento, y considera ahora que no tendrá que intervenir ninguna comunidad autónoma. 

Cerrarán 514 entes, fundaciones y empresas públicas regionales 

Evita dar el nombre de las comunidades que han presentado planes más problemáticos. Sin embargo, no es un secreto que Cataluña y Andalucía, dos de las pocas autonomías no gobernadas por el PP, están enfrentadas al Ejecutivo por distintos motivos. “Cataluña ha corregido mucho y en la buena dirección”, precisaron ayer fuentes del Gobierno. Aun así, la Generalitat sigue contando con 211 millones de ingresos que el Gobierno rechaza entregarle. El recorte es generalizado, aunque Andalucía no quiere desvelar aún sus planes. El País Vasco y Navarra son las que tendrán que hacer un menor esfuerzo. 

Las principales medidas se concentran en reducción de gastos de personal. Castilla-La Mancha, por ejemplo, la comunidad gobernada por la número dos del PP, Dolores de Cospedal, prevé ahorrar cerca de 650 millones en personal mediante las privatizaciones de parte de la sanidad. Otras autonomías mucho mayores, como la Comunidad Valenciana, hablan de un ahorro en este apartado de 250 millones, según resume el programa de estabilidad 2012-2015 de los planes de ajuste regionales que se envió ayer a Bruselas. 

En el área de Sanidad, las comunidades han previsto reducir la cartera de servicios, paralizar las promociones profesionales, aumentar la jornada laboral de los interinos, modificar los conciertos sanitarios, cerrar parcialmente hospitales, reducir planes bucodentales infantiles, mostrar más rigor en la aplicación de productos dietéticos. Así como favorecer la colaboración público-privada de la gestión de servicios sanitarios. 

En el ámbito educativo, las comunidades pretenden la eliminación de actividades extraescolares, la reducción de las sustituciones, el incremento de la jornada laboral de los interinos y el aumento del número de alumnos por clase, entre otros. Los planes regionales también incluyen reducciones de transferencias a universidades y recortes selectivos a prestaciones sociales como el acceso a la vivienda para jóvenes, ayudas a la infancia y a centros de mayores. 

Otra de las medidas que han incluido mayoritariamente todas las comunidades en sus planes pasa por reducir su sector público empresarial. Está previsto que supriman 514 entes, fundaciones y empresas públicas regionales para ahorrar unos 250 millones de euros. 

Para ello, algunas comunidades han aumentado los tipos impositivos en el IRPF y han reducido las deducciones, como la de vivienda habitual de jóvenes. También se incluyen la subida del precio de los medios de transporte públicos y nuevas tasas vinculadas al medio ambiente. 

www.elpais.es 30.04.12

EL CONSELL VE IRREVERSIBLE EL NUEVO MODELO PRIVATIZADOR DE LA SANIDAD 

El capital privado desembarcará en la sanidad valenciana por la puerta grande y para quedarse. El Consell se escuda en la falta de recursos para justificar su decisión de mantener solo bajo su control la parcela médica de la sanidad pública y ceder en bloque al sector privado el área no asistencial. Además, no prevé volver al modelo actual cuando el escenario económico lo permita. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, dejó claro el sábado, tras un acto en el hospital de Dénia, que el Ejecutivo valenciano no contempla “ningún tipo de reversión”. Y ello, agregó escuetamente el número dos del Consell, a pesar de que es algo “previsto en las leyes de contratación administrativa”. Ciscar se mostró convencido de que el nuevo modelo será un éxito. 

El vicepresidente del Consell estuvo acompañado por el consejero de Sanidad, Luis Rosado, y ambos se emplearon a fondo para intentar calmar a los ciudadanos y a los trabajadores del sector ante un paso que cambia radicalmente el modelo sanitario vigente y sobre cuya concreción hay muchas dudas por aclarar. Los dos responsables políticos defendieron su decisión en medio de una auténtica avalancha de críticas políticas, sindicales y ciudadanas, y entre anuncios de movilizaciones. 

“Garantizamos que los ciudadanos van a seguir teniendo los mismos médicos, los mismos centros de salud y los mismos hospitales. La sanidad va a seguir siendo gratuita y de la misma calidad”, aseguró Ciscar. “Es importante que sepa la población que va a recibir la misma asistencia, gratuita y universal”, remarcó Rosado. 

En la misma línea, los dos políticos negaron que el nuevo modelo vaya a implicar despidos. “No habrá ninguna reestructuración de personal”, defendió el vicepresidente del Consell. “Todo el personal seguirá, ningún profesional se verá afectado”, aclaró el titular de Sanidad por si alguien no lo había entendido. 

El Consell ha planteado que las adjudicaciones tengan una duración inicial de 10 años, un plazo que consideran “razonable”. Ciscar, sin embargo, fue muy parco a la hora de hablar de las empresas que participarán en este proceso que se pondrá en marcha en 2013 y que supondrá un ahorro previsto de 443 millones. 

Los nuevos gestores se harán cargo de los servicios que ya están externalizados

La elocuencia del vicepresidente del Consell fue menor al ser preguntado por las distintas empresas que pueden participar en este proceso de adjudicación de la gestión sanitaria. Ciscar se limitó a decir que “en principio deben ser empresas interesadas, solventes y que conozcan la gestión sanitaria”. 

Una vez los nuevos gestores asuman las riendas se harán cargo de los servicios que están externalizados —y por tanto decidirán sobre ellos conforme termine el periodo de concesión o antes si así lo consideran oportuno— y de los que forman parte de la llamada cartera suplementaria (por ejemplo, el transporte no sanitario). El Consell sacará a concurso la gestión de cada uno de los 18 departamentos sanitarios. 

El Consell ha decidido recurrir al modelo de diálogo competitivo para este proceso. Este modelo implica seleccionar a al menos a tres empresas de entre las interesadas y abrir con ellas un diálogo que culminará con la presentación de ofertas. Este modelo se reserva para contratos de especial complejidad y se está usando en otros procesos de adjudicación en los que trabaja actualmente el Consell para dejar en manos privadas la gestión de algunos servicios que hasta ahora eran públicos. Así, por ejemplo, la adjudicación de la gestión de la línea 2 del tranvía de Alicante, construido con dinero público, se está negociando con el mismo modelo. 

En la comparencia de ayer, el Consell insistió en separar el nuevo modelo que ahora pone en marcha del conocido como modelo Alzira. “Existen diferencias sustanciales”, aseguró Rosado. Ambos modelos convivirán. Rosado detalló que el modelo Alzira se puso en marcha “allí donde había que construir determinadas infraestructuras, con asunción de personal por parte de la concesionaria”, pero con el nuevo modelo “el personal sigue perteneciendo a la Agencia Valenciana de Salud, bajo el mando de la Administración y en las mismas condiciones que hasta ahora”. Rosado insistió en que el personal sanitario de la Generalitat “permanecerá con el mismo estatus profesional, ningún trabajador se verá afectado”. 

“No estamos inventando nada”, agregó Ciscar. El Consell también quiso contextualizar su decisión y reiteró que un país como Suecia, “paradigma del Estado del bienestar” puso en marcha en los años noventa este modelo para poder hacer frente a la crisis económica. El vicepresidente insistió en que si no se toman estas decisiones cada ciudadano tendría que pagar 500 euros más para mantener el sistema actual. 

En la misma línea argumental, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, remarcó que la decisión tomada “evita que los ciudadanos tengan que pagar alrededor de 500 euros más para poder mantener el sistema”. Blasco también defendió que con “la reorientación en la gestión de los hospitales” los costes se verán reducidos alrededor del 10% en la parte logística y alrededor del 15% en los servicios sanitarios. Y a los responsables populares que recurrieron a la misma defensa también se sumó la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular valenciano, Marta Torrado. 

La oposición y los médicos se movilizan contra la decisión 

Al Consell le llovieron el sábado las críticas tras anunciar la privatización de la gestión de la sanidad. La oposición política, el sindicato médico e incluso el Defensor del Paciente cargaron contra la medida, hubo peticiones de dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se exigió su comparencia en las Cortes Valencianas, y se anunciaron posibles medidas legales y huelgas. 

El sindicato médico de la Comunidad Valenciana aseguró que esperaba “un desmentido” y advirtió de que plantea convocar una huelga en la sanidad pública en defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. “Las medidas que se están adoptando, al empujar a las clases medias y altas a abandonar el sistema público, conducirán a un modelo sanitario dual con la reaparición de la beneficencia en lugar de la solidaridad, apareciendo de nuevo una sanidad básica para pobres”, agregó. 

El Defensor del Paciente denunció la decisión del Consell, tomada “por su cuenta y riesgo” y reclamó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga “para evitar el dispendio”. 

La oposición arremetió contra un anuncio que tildó de “barbaridad”, “ataque sin precedentes” o de las medidas “más graves que se conocen en los últimos 30 años de democracia”. 

La exministra de Sanidad Leire Pajín explicó que han pedido la “comparecencia urgente” en Las Cortes de Fabra. Pajín considera que el Consell “usa la coartada de la crisis para apostar por un modelo privatizador y de negocio en el que siempre han creído”. La exministra considera que con este modelo se desmantela “el Estado del bienestar”. Y el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, aseguró que se está poniendo en riesgo “la universalidad y la equidad del sistema sanitario”. 

Mientras, Compromís anunció que registrará en las Cortes preguntas para que el Consell explique “cuáles son las implicaciones de la empresa Capio, una de las compañías sanitarias más importantes de Estados Unidos” en la decisión del PP. “Lo que pretende este Gobierno es devaluar la sanidad pública hasta tal punto que los ciudadanos que se lo puedan permitir tengan que hacerse un seguro privado de salud”, alertó. 

EU anunció que estudia medidas contra la decisión e hizo un llamamiento a la participación en las manifestaciones de hoy. “Que no espere el PP que los ciudadanos vamos a permanecer callados”, advirtió. Y Els Verds del País Valencià exigieron la dimisión de Fabra. 

www.elpais.es 29.04.12 

EL GOBIERNO VALENCIANO DESPEDIRÁ A MÁS DE 5.000 EMPLEADOS PÚBLICOS 

La medida afectará a las empresas de la Generalitat que se reducen de 46 a 6

Uno de los mayores ERE está previsto en Ràdio Televisió Valenciana 

El Gobierno valenciano, que preside el popular Alberto Fabra, despedirá en los próximos meses a la mitad de los empleados del sector público empresarial. Un total de 46 empresas públicas que quedarán reducidas a media docena y que tienen en nómina alrededor de 11.000 trabajadores. El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha admitido este mediodía que la reconversión del sector público afectará a más de 5.000 empleados públicos, que supondrá un porcentaje entre el 40% y el 50% de los empleados, bien porque algunas empresas se cerrarán, bien porque otras se venderán al capital privado que asumirá estos trabajadores. 

Ciscar ha anunciado hoy a los portavoces de los grupos parlamentarios que prevé aprobar antes del verano una nueva ley de Ràdio Televisió Valenciana para poner en marcha un nuevo modelo televisivo, que cumpla con el déficit cero previsto en la ley de estabilidad y con una estructura muy distinta de la actual. La Generalitat ha iniciado paralelamente la preparación de un expediente de regulación de empleo, que podría concretarse en breve, y que podría afectar a 1.200 de los 1.800 empleados que trabajan para Canal 9, Ràdio 9 y el ente RTVV. 

El número dos del Gobierno valenciano ha explicado que los procesos de reconversión serán "objetivos y transparentes, atendiendo a las necesidades de cada empresa pública y pensando en la viabilidad de las mismas". Los despidos no afectarán a los funcionarios, según Ciscar, que ha recordado que el Gobierno valenciano optó en enero por reducir el horario y el salario del personal interino para no verse obligado a despedir personal. Una situación que no será posible en el sector publico,que agrupa empresas, fundaciones y entes públicos. 

"Tenemos que adelgazar el sector público empresarial, que tiene que ser mucho más pequeño", ha indicado el vicepresidente, "y tenemos que hacer un esfuerzo que puede ser duro y doloroso". 

www.elpais.es 24.04.12

EL TIJERETAZO AUTONÓMICO ENCARECE O MERMA SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

  • Las comunidades, asfixiadas, comienzan a recortar en sanidad y educación

  • Tras el ajuste del año pasado, ahora hay que reducir otros 16.000 millones

  • Los Gobiernos ya han eliminado decenas de empresas y fundaciones

  • Las comunidades llevan la deuda a un máximo del 68,5% del PIB  

Recortar los gastos y aumentar los ingresos. Ese es el doble y espinoso objetivo de las comunidades autónomas, enfrascadas en este momento en el estudio de medidas de ajuste con el fin de cumplir el objetivo del déficit para este año: el 1,5% del PIB. O lo que es lo mismo, recortar entre todas casi 16.000 millones de euros. 

Y eso ha de hacerse sin tocar servicios públicos esenciales, proclaman todos los Gobiernos autonómicos. Sin embargo, hay algunas que ya han tenido que echar mano de recortes en sanidad y educación: aumentando horarios a los profesores, reduciendo personal o cerrando quirófanos, imponiendo, como Cataluña con las recetas, tasas extraordinarias... Tras varios ejercicios de recortes en salarios, en plantillas o en inversiones, los nuevos sacrificios amenazan directamente al Estado de bienestar de cada comunidad autónoma. 

Para este año el tijeretazo será aún mayor. Y probablemente los ingresos se reduzcan, al menos en lo que respecta a los procedentes del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que varias comunidades deberán rediseñar unos ya ajustados presupuestos. 

Educación y sanidad son las partidas que absorben el grueso del gasto autonómico. Solo en caso de que se produzca “una hecatombe” o “si no hay otro remedio” se tocarán esos dos servicios públicos esenciales, han dicho algunos presidentes autonómicos. Pero ese “desastre” parece estar ya cerca. La sanidad y la educación están siendo cercadas en comunidades que han llegado a 2012 con el agua al cuello. 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las que parten de una peor posición, por ser las que más han recortado ya y porque, aun así, tienen que recortar entre 1.900 y 4.400 millones más para cumplir el objetivo del déficit. El tijeretazo durante 2011 ya fue importante. Y las posibilidades de maniobra con los ingresos, escasas. Entre las más deficitarias pero con algo más de margen de maniobra se encuentran Extremadura, Murcia, Cantabria e incluso Baleares. Sin embargo, la primera es una de las que ha aplicado mayores subidas fiscales, con lo que alguna tasa más o los recortes parecen su única opción. Solo una comunidad, Madrid, cerró 2011 con un déficit inferior al tope impuesto por el Estado. 

» Cataluña. El Gobierno catalán (CiU) ha optado por subir impuestos y tasas —la última, la polémica tasa por receta— como medida para equilibrar ingresos y gastos. Pese a eso, las previsiones no apuntan a un aumento suficiente de recaudación para las arcas públicas, con lo que ahora mira hacia las privatizaciones. 

» Comunidad Valenciana. El PP aún no ha anunciado qué medidas adoptará, aunque admite serias dificultades. Planteó una tasa medioambiental, una central de compras y un tijeretazo añadido al de los 1.000 millones de euros que dio en 2011, con un recorte de más de 400 millones en sanidad, pero todavía no ha concretado nada. 

» Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal, presidenta de la comunidad y número dos del PP, confía en que el gran tajo a los funcionarios, empresas públicas, organismos oficiales y su plan de ahorro en el gasto iniciados en 2011 equilibren la balanza. 

» Baleares. El PP, que se hizo cargo del Gobierno el pasado mayo, ha pegado ya un buen tijeretazo a sus funcionarios, con propuesta de reducción del horario laboral para ahorro en nóminas, y ha suprimido parte de la estructura de departamentos oficial. Quizá por ello, “dada la situación actual, hay una serie de medidas que se están valorando y estudiando”. Es la respuesta que da el Gobierno autonómico sobre la posible aplicación del copago sanitario. 

» Andalucía. Entre las autonomías que se encuentran en una posición media está Andalucía, aunque ha de gastar 2.400 millones de euros menos que el año pasado. Su situación preelectoral ha hecho que ninguna medida en los últimos meses sea drástica, algo que, a buen seguro, ocurrirá cuando pasen las elecciones. Aun así, la mitad de las empresas públicas han sido eliminadas, y el salario de los funcionarios está congelado. El PSOE, en el Gobierno desde hace tres décadas, asegura que no recortará en servicios básicos; el PP también, pero ha sido vago con su posición sobre el copago. 

» Aragón y País Vasco son dos de las cinco comunidades en las que aún no se aplica ni siquiera el céntimo sanitario (el gravamen sobre la gasolina que estableció hace casi diez años el Gobierno de José María Aznar para dar a las autonomías otro instrumento recaudatorio) y la posibilidad del copago sanitario ni se ha planteado. En recortes, el Ejecutivo vasco (PSE) comenzó a reducir gasto corriente en 2009 y en 2011 llegó el turno de los funcionarios. El problema con los ingresos es que la capacidad recaudatoria está en manos de las diputaciones, de diferente signo político y con las que el Gobierno vasco no llega a un acuerdo. Aragón (PP), por su parte, tiene posibilidad de maniobra tanto en recortes como en ingresos. 

» La Rioja, Navarra y Canarias, con la mayoría de los deberes hechos en cuanto a ajustes, son las otras tres comunidades que no han implantado el céntimo sanitario, que no se plantean el copago y que están muy cerca de cumplir el objetivo del déficit. Las tres sostienen que las cuentas del Estado no coinciden con las propias y que, salvando esas diferencias y manteniendo la contención, no precisarán más medidas. 

» Galicia está en otra tesitura. Roza ya el objetivo del déficit con los recortes a funcionarios, la supresión de organismos y algunas tasas sanitarias, como la obligación de pagar 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria o el cobro de la atención médica a los inmigrantes que lleven menos de seis meses empadronados. Aun así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha lanzado la propuesta de aumentar el porcentaje que los usuarios de la sanidad pública pagan por los medicamentos con receta, cobrándoles en función de la renta. 

» Madrid, única comunidad que cerró 2011 con un déficit por debajo del permitido, ha adelgazado la estructura del sector público eliminando, entre otras cosas, siete de sus 15 consejerías; ha reducido su personal eventual en casi un 15%; ha eliminado o enajenado 108 organismos; ha aumentado la jornada laboral de algunos de sus funcionarios; ha penalizado las bajas por enfermedad y ha suprimido 2.000 liberados sindicales. Pero su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), no descarta nuevos ajustes y nuevos ingresos a través de la privatización del 49% del Canal de Isabel II, prevista para antes de verano y con el que se aventuran unos beneficios de 4.000 millones. 

www.elpais.es 19.03.12

C. VALENCIANA: DECENAS DE MILES DE PERSONAS PIDEN LA DIMISIÓN DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO 

Las masivas manifestaciones de los sindicatos contra los recortes de la Generalitat. 

Transcurren sin incidentes y critican a Sánchez de León y las cargas policiales contra los estudiantes 

Las múltiples protestas, concentraciones y cargas policiales de las últimas semanas no han hecho mella en la voluntad reivindicativa de la gente, a juzgar por las multitudinarias y pacíficas manifestaciones que han tenido lugar este sábado en Valencia, Alicante y Castellón. Parece más bien al contrario. 

Decenas de miles de personas han desfilado en Valencia detrás de la pancarta que portaban los representantes de los principales sindicatos con el lema No a les retallades dels serveis públics, depuració de responsabilitats en el Consell. La manifestación forma parte de las movilizaciones programadas desde hace un mes, pero el recorrido por la calle de Colón, justo por delante de la sede de la delegación del Gobierno en Valencia, reconvirtió las consignas en un grito unitario: Delegada, dimisión. Las recientes cargas policiales contra los estudiantes estaban muy presentes entre los manifestantes. No en vano, las imágenes han dado la vuelta al mundo.  

Cuando pasaban por delante del edificio de la Seguridad Social (sede temporal de la delegación por obras en el Palau del Temple) empezaban a corear el Delegada, dimisión. Lo hacían sindicalistas, padres y madres, jóvenes, personas de avanzada edad y niños. Y así durante alrededor de dos horas que tardó en llegar la cola de la marcha, que partió puntual desde un poco antes de llegar a la plaza de San agustín por la gran multitud agolpada, precisamente desde el Instituto Lluís Vives, el epicentro de las protestas estudiantiles.

Hubo muchos representantes de la comunidad educativa, también batas blancas de médicos y enfermeros 

La marcha tuvo un carácter lúdico y no se registraron incidentes. Hubo muchos representantes de la comunidad educativa, también batas blancas de médicos y enfermeros, y funcionarios en su mayoría. Las pancartas aludían a la necesidad de mantener una escuela y sanidad públicas de calidad. Otras se referían a un particular I+D+I,(Injusticia, Despotismo, Indignación), la actualidad internacional (Si os hacéis los suecos, nos hacemos los griegos) o a la metodología pedagógica (Lluitam també estem estudiant).  

Uno de los momentos más curiosos fue cuando un chico y una chica cantaron dos albaes frente a la delegación de Gobierno. La gente calló para escuchar a la asociación de la Safor Rebrot que cantaban sobre los recortes en educación y sobre cómo han "calentat" a los estudiantes. Y a continuación rompió en aplausos y continuó con el Delegada, dimisión.  

Los sindicatos evaluaron en 200.000 la participación en la manifestación de Valencia. Los reponsables de UGT-PV, Conrado Hernández, de CC OO, Paco Molina, C·SIF, Daniel Matoses, CEMSATSE y ANPE de la Comunitat, Andrés Cánovas, pidieron, además de la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela, que se retirara el decreto de recortes y que la Generalitat establezca una negociación, La periodista Xelo Miralles leyó el manifiesto final,en el que también se denunciaba las cargas policiales. 

En Alicante, los sindicatos no han dudado en calificar la manifestación de esta tarde como la más masiva desde las que No a la Guerra. Alrededor de 60.000 asistentes, según los sindicatos, y 30.000 en cifras de la Policía Nacional, han recorrido durante más de dos horas las calles del centro de Alicante, desde la avenida de la Estación hasta la Rambla de Méndez Núñez. Carteles, pancartas, recortables caseros, pegatinas, música, pitos y muchas consignas contra la corrupción, los recortes y las cargas policiales de Valencia han protagonizado esta marcha. 

También se han exhibido muchas referencias a la carga policial contra los estudiantes de Valencia y muchas pancartas usaban la palabra “enemigo” y “chorizo”. Tu mala gestión la pago yo, Ave Fabra Analfabeturi te saluda, Todos somos Grecia o el ya clásico No hay pan para tanto chorizo se leían en las pancartas junto a las que reclamaban una escuela pública de calidad o una sanidad pública con recursos . 

En la lectura del manifiesto, que se ha tenido que releer en diversas ocasiones por la paulatina llegada de los ciudadanos al final de la protesta, se ha condenado la carga policial de Valencia a los estudiantes del IES Lluís Vives, entre aplausos y gritos de “somos el pueblo, no el enemigo" y se han escuchado peticiones de dimisión para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León. También se han escuchado gritos a favor de una huelga general. 

Entre los manifestantes se han visto muchas familias con niños, muchos estudiantes y personas mayores también. Y las pancartas muestran que los manifestantes han llegado desde toda la provincia de Alicate: Benidorm, Santa Pola, Elda, Sant Vicent del Raspeig, San Miguel de Salinas, son algunos de los puntos que se identificaban en los carteles. 

Los sindicatos han calificado la manifestación de Alicante como la más masiva desde  No a la Guerra. 

En Castellón, los empleados públicos no están dispuestos a pagar por la gestión del Gobierno valenciano. Mmiles de funcionarios salieron de nuevo a protestar en Castellón tras el lema ‘No a los recortes en los servicios públicos, depuración de responsabilidad en el Consell’. No se corearon gritos pero todas las pancartas dejaban claro que no quieren pagar las consecuencias de lo que consideran un “malgasto” de los fondos. “Es necesaria una depuración de responsabilidades por el derroche porque nosotros no hemos creado el problema, aunque ahora lo estamos pagando, hay que ir a la raíz del malgasto”, denunció David Vicent, presidente de la junta de personal sanitario de Castellón.Toni, vecino de Alcossebre, no es funcionario pero también se sumó a la marcha. “Estamos defendiendo lo que se nos debe, mi mujer es funcionaria y lo que pedimos es de justicia, si es que hay”, defendía. 

Los protagonistas de las protestas fueron los centros educativos. Docentes, padres y alumnos de colegios e institutos de distintos puntos de la provincia acudieron a la cita. Muchos de ellos denunciaron también el gasto del Consell en infraestructuras como el aeropuerto. Es el caso del IES Porcar cuyos profesores portaban una pancarta con el lema ‘Nuestro futuro está en el aire’. “No podemos consentir que no se pague el comedor de nuestros niños”, añadía una profesora del CEIP Blasco Ibáñez. También acudieron trabajadores del Hospital La Plana de Vila-real y el Hospital Provincial de Castellón, entre otros. “El decreto nos afecta de lleno, pero también a la asistencia, porque los recortes se manifiestan en hechos como que no se cambien las sábanas todos los días”, decía Amalio. 

La manifestación finalizó frente al Ayuntamiento de Castellón tras dos horas de protestas por las calles de la ciudad. 

www.elpais.es 26.02.12

LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS COMUNIDADES BAJAN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

El gasto por persona se reduce un 10,4% 

Hospitales que dejan de operar por la tarde. Centros de salud cerrados en sábado. Urgencias saturadas por falta de personal. Escasez de material. Los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas, que nunca estuvieron muy boyantes, acusan este año un nuevo recorte. En dos años, las partidas destinadas a sostener hospitales y ambulatorios se han reducido en un 8,7%. La mayor bajada en décadas. La sanidad española funciona ahora con unos 5.000 millones menos que en 2010. Sindicatos y expertos alertan de que los ajustes empiezan a pasar factura a la calidad asistencial. La sanidad pública, uno de los servicios esenciales mejor valorados, corre el riesgo de deteriorarse hasta quedar irreconocible. 

El principal mordisco se lo ha llevado el capítulo de personal. Por un lado están las bajadas de sueldo —que se suman a la reducción del 5% decretada por el Gobierno central— que las comunidades aplican al dejar de abonar complementos o formación. Además, han ampliado la jornada a los profesionales, lo que se traduce en menos contrataciones de personal interino y eventual, según un informe sobre la reducción de presupuestos sanitarios de CC OO. La mayoría de las regiones tampoco cubren las bajas de médicos, enfermeras o celadores. El resultado es que hay menos profesionales para atender a las mismas (o más) personas. “Ya no se contrata a nadie. Y va a ser peor. Las vacaciones de este año pueden ser un auténtico caos”, alerta el secretario general de la Federación de Sanidad de este sindicato, Antonio Cabrera. 

Las autoridades, sin embargo, niegan que los ajustes se traduzcan en problemas de asistencia. “No cerramos centros, no reducimos servicios. Lo único que hemos pedido es un esfuerzo adicional a los profesionales con ampliación de la jornada”, esgrimía hace unos días Antonio Sáez, consejero de Sanidad de Castilla y León. Allí los médicos han anunciado movilizaciones contra los ajustes que, dicen, deterioran el sistema. 

El descenso de la financiación se aprecia también en el gasto por habitante, que se ha reducido un 10,4% de media en dos años. En cifras absolutas, y si cumplen los cálculos, las administraciones gastarán de media 1.204 euros por persona este año, frente a los 1.344 de 2010, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que no incluyen la dotación de Castilla-La Mancha, aún sin presupuesto aprobado para 2012. La poda acentúa las diferencias entre autonomías. País Vasco, por ejemplo, dedica a sanidad casi 600 euros más por persona que la Comunidad Valenciana. 

Hay hospitales que limitan hasta el uso de las vendas, según los sindicatos 

Desde la consejería de Sanidad valenciana afirman que, pese a la reducción, se dedica más del 40% del presupuesto autonómico a sanidad. Y a los ajustes suman un paquete de medidas “de eficiencia” con el que planean ahorrar 440 millones de euros. “Las iniciativas no repercutirán negativamente en la calidad de la sanidad”, asegura una portavoz. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que, asfixiado por la deuda, ha entregado mediante concesiones cuatro hospitales al sector privado, afirma que están tomando medidas para sostener la sanidad. “Se ahorra en lo que se puede, con esfuerzo en reorganizar mejor”, dice un portavoz del servicio castellanomanchego de salud. 

Pero lo cierto es que los ajustes no se limitan al personal y a fomentar la eficiencia. Las consejerías también tratan de rascar euros en la adquisición de todo tipo de material. Las compras de tecnología sanitaria se han reducido un 15%, según Fenin, la patronal del sector. Margarita Alfonsel, su secretaria general, explica que hay menos concursos públicos y menos compras directas de los hospitales. “Además, la sustitución de material —desde ecógrafos hasta aparatos de radiología— se está retrasando, a veces incluso hasta agotar la vida útil de los dispositivos, algo que antes no sucedía”, añade. Antes se cambiaban; ahora se reparan. 

El ahorro llega hasta materiales tan aparentemente triviales como las gasas y las vendas. El sindicato de enfermería Satse denuncia que en hospitales gallegos se ha restringido el uso de apósitos y que, donde los hay en abundancia, son de menor calidad. “No hay presupuesto ni para un ratón de ordenador por lo que se lo han tenido que traer de casa”, dicen los representantes del sindicato en el hospital Meixoeiro de Vigo. 

El gasto farmacéutico, un pozo sin fondo para las comunidades, se ha convertido en objetivo de nuevos ajustes. Cataluña prevé cobrar un euro por receta a partir de mayo. Y en Valencia se formó un revuelo a finales de enero cuando el programa informático dejó de incluir como financiados mucolíticos y laxantes, para sorpresa de los médicos. La consejería, sin embargo, asegura que lo ocurrido nada tiene que ver con los recortes, sino con la aplicación de un decreto estatal previo. 

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, los ajustes pueden tener consecuencias “muy graves”. “Recortar en un sistema de salud que ya es bastante barato [está por debajo de la media de la OCDE], es peligroso”, dice. Teme que el resultado de aplicar la tijera “indiscriminadamente” dañe la calidad asistencial. “En Cataluña, donde el ajuste ha sido grande, ya se nota”, alerta. En esa comunidad, donde el presupuesto ha caído un 12%, las listas de espera han aumentado en dos años un 23%. 

José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, apunta otra reducción importante: “Lo destinado a inversión se ha desplomado”. En Andalucía, Aragón o Galicia ha caído más del 40% (datos de 2011). Repullo alerta, además, de que los presupuestos iniciales no se cumplirán. “Normalmente se gasta un 3% o un 4% más de lo presupuestado”, dice. Madrid, por ejemplo, en 2009 tuvo que añadir 1.000 millones más a su cálculo inicial. 

Esa infrafinanciación es uno de los problemas crónicos de la sanidad española. Y con los recortes se agudiza. Los hospitales públicos deben unos 11.600 millones de euros en fármacos y materiales sanitarios. Facturas que algunas comunidades tardan más de 800 días en saldar. La situación ya a principios de año, cuando las arcas públicas suelen estar menos esquilmadas, es grave; y los expertos calculan de que irá a peor. Los proveedores farmacéuticos advierten que como la situación no cambie el suministro de medicamentos "está en riesgo". 

Para Alejando Laguna, secretario general de Satse, el sistema está bajo mínimos. Critica que gran parte de la poda haya sido en personal: “Los profesionales tenemos vidas de personas en nuestras manos. Cada euro hurtado al sistema repercute gravemente en la asistencia que ofrecemos”. 

www.elpais.es 19.02.12

C. A MADRID : LOS FORMADORES DE DESEMPLEADOS NO COBRAN DESDE MAYO

Aguirre debe más de 50 millones a las empresas de cursos profesionales

La de Luis es una historia de estrecheces. En los últimos seis meses, Luis (que pide figurar sin apellidos ni más datos) condujo 160 kilómetros diarios para trabajar 11 horas de sol a sol, comió en su coche y se mudó a un piso compartido en el que pagaba 300 euros mensuales. Se apretó el cinturón tanto que, asegura, no tenía "ni los 35 céntimos" que cuesta un café de máquina. "La mitad de los días comía arroz y fiambre de pavo de bolsa", revela este profesor con dos carreras y un máster. El suyo sería un testimonio más de la crisis que nos ha tocado vivir. La peculiaridad de Luis -que trabajó todo ese tiempo sin cobrar ("ya no tenía a quién pedir más dinero prestado")- es que su empleo es la formación de parados, con 623.300 desempleados en Madrid, tras el incremento del 8,77% en 2011. Y un apunte más: el dinero de su sueldo proviene de las arcas de la Comunidad de Madrid, que lleva desde mayo sin abonar ni un euro a las empresas de formación de desempleados. Adeuda, según admite la Consejería de Economía y Hacienda, unos 50 millones en facturas.

Como Luis, había otros 5.000 trabajadores en 800 empresas hasta diciembre. "La plantilla se ha reducido a menos de la mitad", señala un portavoz de la Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación (Amacfor), que denunció la situación. El diputado socialista Antonio Carmona, que llevará una iniciativa a la Asamblea de Madrid, eleva a 100 millones la deuda por impagos de años anteriores. "A cualquier familia, a cualquier empresa madrileña, se le exige pagar la cuota del banco, pagar la factura de la luz y pagar los impuestos", señala el diputado. "Sin embargo, la Comunidad no paga".

Economía admite "un problema de pago", según el citado portavoz, que lo achaca al cambio de ubicación del Servicio Regional de Empleo. En la reestructuración del Gobierno tras las últimas elecciones autonómicas de mayo, este servicio pasó a depender de la Consejería de Educación, junto con toda la cartera de Empleo. "Eso produjo un desfase y problemas técnicos que han demorado los abonos", según el portavoz de la Comunidad, que prometió una reunión con los afectados "esta semana" para "establecer un calendario de pagos". Carmona les acusa de "ocultar deuda" en forma de "facturas no pagadas y no contabilizadas como déficit".

El formador Luis, que ahora duerme más tranquilo, se plantó y acudió a Magistratura hace unas semanas para denunciar los impagos. Le han abonado la mitad de lo que le deben. Desconfía de que le vuelvan a llamar en la empresa de formación tras su denuncia. "Me conformo con que la Comunidad se preocupe de si hemos desayunado o no, esto ha sido una infamia".

www.elpais.es 01.02.12

C. VALENCIANA: LA GENERALITAT DEBE 2.000 MILLONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y LES OFRECE 20

Fabra pide a los cargos del PP que expliquen a los ciudadanos los recortes

El presidente de la Generalitat y líder de los populares valencianos, Alberto Fabra, aprovechó en la tarde de ayer la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante para intentar congraciarse con los alcaldes, sobre todo los titulares de las pequeñas y medianas Corporaciones. El jefe del Consell anunció una partida de 20 millones de euros para que estos Consistorios puedan hacer frente al pago de deudas y fomentar de empleo.

El jefe del Consell no aclara de dónde sacará el dinero para los Consistorios

Fabra se escuda en la merma de ingresos para justificar el recorte

No obstante, la deuda de la Generalitat valenciana con estas Corporaciones asciende aún a los 2.000 millones por obras del Plan Confianza, y muchos Ayuntamientos han tenido que privatizar servicios sociales o eliminarlos ante el impago de las subvenciones comprometidas por el Consell. Fabra tampoco aclaró de dónde sacará esa partida extra para reflotar las arcas de las pequeñas Corporaciones valencianas.

El presidente aprovechó la reunión para hacer un llamamiento a los cargos del partido a que salgan a la calle "y expliquen" a los ciudadanos "la oportunidad y necesidad" de los recortes que ha aplicado el Gobierno valenciano. El jefe del Consell desgranó, una a una las medidas adoptadas en las últimas semanas, y anunció otras como, la partida destinada a los Ayuntamientos. Fabra mantendrá encuentros similares con las juntas directivas provinciales del PP de Valencia y Castellón.

El encuentro de Alicante, que se prolongó por espacio de una hora, incluyó una alocución de Fabra en la que justificó las iniciativas de Ejecutivo. A continuación, se abrió un turno de intervenciones, en el que tomaron la palabra cinco personas. "Todas las intervenciones fueron en la línea de respaldar las propuestas del presidente", señalaron fuentes populares.

Alberto Fabra dejó en manos del secretario general regional, Antonio Clemente, y del presidente provincial de Alicante, Miguel Ortiz, la explicación a los periodistas del contenido de la reunión. No obstante, en un acto previo celebrado por la mañana en la sede del Consell en Alicante, Fabra ya dejó entrever las líneas generales de su posterior intervención ante los dirigentes provinciales del PP de Alicante. "Los políticos deben saber explicar a los ciudadanos el porqué de las medidas económicas y el tiempo que estarán vigentes", dijo. "El porqué de los recortes, unido a la necesidad de que todos arrimen el hombro, permitirá a los ciudadanos entender la actual situación para que podamos salir de ella cuanto antes", añadió.

Clemente también resaltó este llamamiento de Fabra a los cargos del PP. "Nos ha pedido que hagamos un esfuerzo pedagógico, tanto institucional como personal, para explicar las medidas adoptadas", aseveró. "Y todo con el objetivo de mantener alto el orgullo de la Comunidad Valenciana", añadió.

El secretario regional de los populares valencianos aseguró que Fabra hizo hincapié en que el grueso de la actual deuda del Consell (unos 18.000 millones según sus cálculos, aunque en realidad asciende a 22.000) se debe a "la infrafinanciación" que ha sufrido la Comunidad Valenciana en los últimos años. "Tenemos unos ingresos de 2004 y unos gastos de 2012", explicó. Clemente también destacó que otra parte de esa deuda tiene su origen en la inversión. "En los últimos años se han construido ocho hospitales, 90 centros de salud y 600 colegios", señaló.

El dirigente popular insistió en que los recortes no han afectado a la espina dorsal del Estado de bienestar en la Comunidad Valenciana. "Los servicios básicos se mantienen, y en el actual presupuesto, de cada 100 euros 84 se destinan a Bienestar Social", recalcó. Clemente también se refirió a las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo valenciano, como la reducción de empresas públicas.

www.elpais.es 01.02.12

C. VALENCIANA : DECENAS DE MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE CONTRA EL TIJERETAZO

La manifestación pasa por la casa de Camps al grito de "culpable y corrupto"

Muchas batas de médicos, enfermeras, celadores, fisioterapeutas; muchas pancartas de institutos; muchos profesores; muchos administrativos, muchos funcionarios e interinos, trabajadores de la función pública. Decenas de miles de personas (190.000, según los organizadores) salieron ayer a las calles de Valencia, Alicante y Castellón convocados por los sindicatos para protestar por los recortes sociales aplicados por el Gobierno de Alberto Fabra. Para marchar juntos en contra del tijeretazo. A él aludían las pancartas que sobrevolaban las cabezas o los adhesivos que se pagaban en las chaquetas y que adquirían las formas de unas grandes tijeras.

Como las que recortarán en 400 euros al mes el sueldo de un grupo de enfermeras del Hospital Rector Peset de Valencia, que portaban el cartel: "Los recortes en la sanidad matan". O las que segarán 1.200 euros del salario mensual de Javier, un médico con más de 30 años de experiencia.

La manifestación más numerosa fue la de Valencia, cuya cola tardó más de hora y media en salir de la plaza de San Agustín, provocando un gran colapso de tráfico en la ciudad. Fue tan o más masiva que la manifestación del pasado sábado contra los recortes en la educación. "Un poble ignorant és fàcil d'enganyar", rezaba una pancarta que recibía en el Instituto de Lluís Vives a los miles de personas que se incorporaban a la marcha que se dividió en dos itinerarios. El primero pasó por delante de la casa de Francisco Camps "al grito de culpable y corrupto".La segunda parte discurrió también por el centro, pero por la calle de San Vicente de Valencia. Ambas finalizaron frente el Palau de la Generalitat, en la plaza de la Virgen, y estaban encabezadas por una gran pancarta con el lema No a los recortes de los servicios públicos. Sí a la depuración de responsabilidades en el Consell. La portaban los responsables de los principales sindicatos UGT, CC OO, Intersindical Valenciana, CSIF y CEMSATSE y el cordón de seguridad de los propios convocantes estaba formado por policías locales sin uniformes que también se manifestaban. La organización estimó en torno a las 100.000 personas la asistencia a la marcha de Valencia.

La situación no estaría tan mal si los chorizos devolvieran el pan, rezaba una pancarta, en cuyo reverso se leía Barbaritat Valenciana como el logo de la Generalitat. Sense innovació no hi ha solució, decía otra que llevaban investigadores y técnicos de los 14 institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana a los que el Consell "adeuda 57 millones".

Varios fisioterapeutas incidían en los efectos de los recortes en los ciudadanos al reducirse guardias, médicos de urgencia y distintos servicios, y no tanto en el 10% o 15% que dejarán de cobrar. Además, "¿por qué en la época de vacas gordas apenas nos subieron los sueldos y en las vacas flacas nos los bajan tanto?", se preguntaba una.

Los trabajadores de RTVV protestaban por el ERE previsto y por "la pésima gestión" al ritmo de la canción A guanyar diners, a on estan, a on estan, que popularizó Monleón, con paella rusa incluida cuyos ingredientes eran los rostros de Camps, El Bigotes, Pedro García o Correa.

La periodista de Canal 9 Xelo Miralles leyó el manifiesto final que criticaba "el paquete de recortes que supone una gran agresión a los servicios públicos". "Nos han quitado 10.000 millones de la forma más fácil, recortando salarios y personal. Que se depuren todos los cargos culpables de estos actos", dijo. Entre los manifestantes se vieron numerosos políticos de izquierda como el líder de los socialistas Jorge Alarte, el de Compromís, Enric Morera, o el diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco.

No hay pan para tanto chorizo y Camps cochino trabaja de interino fueron algunas de las consignas más coreadas en la multitudinaria manifestación de Alicante. "Estamos hasta las narices, no puede ser que tanto despilfarro de estos años ahora lo paguemos los funcionarios y los trabajadores", comentaban un grupo de enfermeras que esperaban sumarse a la protesta.

Y es que si el sábado en defensa de la Educación hubo gente (40.000), anoche hubo incluso un poco más. Durante una hora y media estuvo saliendo gente desde las escaleras del IES Jorge Juan. La Policía Nacional cifró en 40.000 el número de asistentes, y los sindicatos en 60.000.

Muchos colectivos, cansados de esperar para poder iniciar la marcha, se iban incorporando por el carril izquierdo. Desfilaron miles de alumnos y profesores, pero también se vieron a profesionales sanitarios y mucha gente a título personal que decía "estamos hartos, esto no puede ser".

Más de 10.000 personas según la Policía Local (30.000, según la organización) colapsaron el centro de Castellón en la manifestación contra los recortes del Consell. La protesta, a la que asistieron profesores y alumnado de varios colegios e institutos de la provincia y profesionales sanitarios, entre otros colectivos, partió a las seis y media de la tarde desde la plaza de la Diputación y una hora después aún no había podido salir la cola. También hubo críticas para el aeropuerto de Castellón, lanzándose aviones de papel durante toda la marcha. Los tijeretazos y los impagos llevaron a miles de personas a salir a la calle.

"Estoy en un centro de secundaria, soy profesora de idiomas y, aunque se nos ha retribuido el segundo cuatrimestre, si seguimos así acabaremos en números rojos", explicó Teresa, quien destacó que en su centro llevan meses sin cubrir las bajas.

También salieron a la calle los profesionales sanitarios. Una celadora del hospital Provincial denunció que no se cubren las bajas y que en su departamento falta una decena de gente. "Me parece una vergüenza el decreto cuando han sido ellos quienes se han gastado el dinero", dijo. María Teresa, veterinaria de la inspección pecuaria de Sant Mateu, destacó que a todo el personal interino "se le ha reducido de 40 a 25 horas" la jornada. "Nosotros vigilamos las explotaciones y velamos por la sanidad alimentaria, esto es un riesgo para todos", añadió.

www.elpais.es 27.01.12

C. A GALICIA. EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19% PARA EL PRÓXIMO CURSO

Feijóo avala la privatización de los centros para una gestión "más eficiente"

El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009 prometía no solo cumplir sino incluso "superar el objetivo que fija la Unión Europea" de ofrecer 33 plazas en guarderías públicas por cada cien niños de hasta tres años. Para alcanzar la ratio que recomienda la normativa comunitaria, faltan 2.200 plazas (que sumar a las 2.100 actuales) en escuelas infantiles. Feijóo añadió ayer letra pequeña a aquella biblia de campaña. Reveló que el decreto aprobado horas antes en el Consello de la Xunta establece una "actualización" que incrementará los precios un 19% de media en los tramos que cobra en función de las rentas familiares.

"El transporte es público y el chófer no es funcionario", dice el presidente

Alega que cada plaza cuesta 500 euros mensuales a la Administración

Según explicó el presidente, ese aumento del pago que deberán afrontar los padres entrará en vigor el próximo curso en los centros que gestiona el Gobierno gallego. La norma faculta, sin embargo, a los ayuntamientos a encarecer los precios de sus guarderías que no están en la red del Consorcio de Servizos Sociais este mismo año con el curso empezado y sin límite alguno siempre que tampoco reciban subvenciones de la Consellería de Benestar para este concepto.

Cuando entre en vigor -previsiblemente a mediados de febrero- será cada alcalde siempre el que fije sin límite el coste del comedor de estos centros, a diferencia de lo que sucede ahora, que se rige por la misma tabla de precios que fijaba el Gobierno gallego. Según explicó Feijóo, el decreto en ese punto se produce tras una reclamación unánime de la dirección de la Federación Galega de Municipios e Provincias, donde hay representantes de PP, PSdeG y Bloque. El presidente alegó que el encarecimiento del 19% que propone para las escuelas de la Galiña Azul que gestiona la Xunta no compensa el 27% de subida del IPC desde 2002, última anualidad en que se actualizó el importe de los centros infantiles. Explicó que "las rentas familiares inferiores a 1.200 euros, que son el 50% de los usuarios", no sufrirán incremento alguno y que se mantienen las bonificaciones del 20% para familias numerosas.

En el mayor de los tramos de salario, las rentas familiares de más de 3.500 euros, el coste por niño sumará 230 euros (incluidos 70 por el comedor). El presidente se esforzó en explicar que los usuarios cubrirán con las futuras tasas el 18% del coste del servicio cuando hasta ahora solo aportaban el 13%.

Feijóo también dio a entender que la privatización de las guarderías no tiene vuelta atrás. Que no hay otro camino para alcanzar las 4.500 plazas de escuelas infantiles (actualmente hay 2.100 y está previsto que este año se pongan en funcionamiento otras 1.000) que entregar su gestión a empresas privadas como las que ya van a hacerse cargo de los centros de Monteporreiro en Pontevedra, Carballo y Betanzos durante las próximas semanas.

El sindicato CIG alertó en las últimos días de que otras 17 escuelas infantiles seguirán el mismo rumbo y el presidente no se esforzó es desmentir al sindicato nacionalista. Muy al contrario, defendió que su Ejecutivo parte de un modelo de gestión indirecta que contemplaba ya la ley que aprobó el bipartito de PSOE y BNG. Y que "los servicios públicos no se miden en función del número de nóminas que paga la Xunta sino de los ciudanos que los usan". De hecho aseguró que mientras guarderías privadas ofrecen plazas a 300 euros en el mercado libre, las públicas cobran 500 euros a la Administración de los que el usuario paga 160 euros como máximo. "Hay que hacer confluir esos precios", defendió, dejando entrever que las condiciones laborales de los trabajadores de esos centros no son una preocupación de la Xunta, siempre que se atengan al convenio del sector.

Comparó ese servicio con "el transporte que también es público por más que los conductores no sean funcionarios" y dijo que su Ejecutivo se reserva el derecho de tutela sobre el funcionamiento de las guarderías: "Han de cumplir los mismos requisitos las concertadas que las públicas". Y añadió por último que las guarderías no tienen siquiera la calificación reglada.

www.elpais.es 20.01.12

LOS RECTORES RECLAMAN EL PAGO DE LAS DEUDAS A LAS UNIVERSIDADES

Los retrasos en los pagos por parte de varias comunidades están ahogando a algunos campus públicos, según los rectores. Los responsables de más de 70 universidades españolas, reunidos ayer en Salamanca en la Asamblea General de la Conferencia de Rectores (CRUE), reclamaron el pago de esas deudas "para poder seguir trabajando". "No podemos permitir que los problemas de financiación deterioren el sistema", dijo la presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle.

El vicepresidente de la CRUE y rector de la Politécnica de Valencia, Juan Juliá, aseguró que Castilla-La Mancha y Cataluña existen algunos problemas de liquidez, pero que las dificultades más graves se deben a los recortes del presupuesto. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana es al revés: las cuentas no han bajado tanto, pero la Generalitat debe a las cinco universidades públicas de la región dos mensualidades de su presupuesto, es decir, 197 millones de euros. A eso, continúa, "se suman otros 600 millones de deuda histórica".

Adelaida de la Calle dijo que las universidades públicas están asumiendo razonablemente los recortes -de unos 300 millones de euros, según calcularon los rectores el año pasado-, pero la falta de liquidez puede dañar seriamente los campus. Existe "una verdadera preocupación", concluyó la rectora.

www.elpais.es 19.01.12

LOS RECORTES DEL CONSELL: SITUACIÓN LÍMITE EN LA ENSEÑANZA

Ultimátum de los centros de Secundaria al Consell por la deuda - Corte de luz en un instituto de Alicante por falta de pago

La deuda de la Generalitat ha llevado a la educación pública a la asfixia. La situación de los centros públicos es desesperada porque no pueden afrontar los gastos que genera la propia dinámica del servicio que prestan. El caso del centro de Secundaria Jorge Juan de Alicante, al que ayer le fue cortada la luz porque no había podido pagar el servicio desde octubre debido a que no recibe los ingresos de la Consejería de Educación, marcó el rumbo que se pueden ver obligados a seguir la mayoría de los institutos de la Comunidad Valenciana.

Los directores de los centros de Secundaria celebraron ayer asambleas en las tres capitales de provincia para analizar la dramática situación a la que se han visto abocados por la delicada situación financiera del Gobierno valenciano. En respuesta, dieron un ultimátum al Consell para que abone los dos cuatrimestres de 2011 que les debe (32,5 millones), que expira el martes. Si el Consell incumple de nuevo, se abre un escenario de movilizaciones. Los más de 40 centros de Secundaria de Castellón ya han dado un paso en esa dirección y la próxima semana llevarán a cabo encierros como medida de presión.

Esta situación, agravada por los recortes del Consell, han avivado las protestas que los profesores. Ayer la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, un colectivo integrado por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y los principales sindicatos de educación, anunció la convocatoria de una manifestación para el próximo sábado, en Valencia y Alicante, para denunciar la situación que atraviesa el sistema público .

Pero las consecuencias de la deuda del Consell no paran ahí. También comprometen el funcionamiento del sistema universitario valenciano. Las cinco universidades públicas de la Comunidad (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat Jaume I de Castellón) hicieron frente común ayer para denunciar que los impagos del Gobierno valenciano las están llevando "a una situación límite que puede poner en riesgo la prestación del servicio público de educación superior".

www.elpais.es 18.01.12

GALICIA INICIA LA PRIVATIZACIÓN DE SU RED DE GUARDERÍAS

El centro infantil de Pontevedra costó 800.000 euros al Ayuntamiento de Pontevedra -gobernado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores- que asumió el coste de su construcción, los muebles y el resto del material. Lleva un año vacío a la espera de que la Xunta contrate al personal. Tras remolonear durante ese tiempo, el Diario Oficial de Galicia publicó ayer el anuncio de un concurso por el que pagará 763.805 euros cada dos años a una empresa que asumirá su gestión.

Desde el Gobierno gallego aseguran que es la falta de fondos la que propicia la privatización (con este sistema prevén ahorrar en las nóminas del personal, serán contratos laborales de los que la Xunta se desentiende) y admite que otras cinco guarderías seguirán el mismo camino en las próximas semanas. El sindicato nacionalista CIG teme que sean 17 y que el Ejecutivo de Feijóo desmantele la red pública iniciada con el Gobierno anterior.

www.elpais.es 18.01.12

ALICANTE SE MOVILIZA CONTRA EL RECORTE DEL BONO DEL AUTOBÚS PARA JUBILADOS

Las críticas generalizadas obligaron ayer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante a salir públicamente en defensa de su decisión de recortar los viajes gratuitos en autobús a los jubilados. De poco sirvió. Los representantes de 11 asociaciones de vecinos de Alicante, principalmente de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, anunciaron tras reunirse con el concejal de Tráfico, Juan Seva, su determinación de luchar contra una medida que perjudica a los más débiles. Los portavoces de las asociaciones anticiparon la presentación en unos días de alrededor de 5.000 firmas contra la medida pero también se mostraron dispuestos a acudir a protestar ante el pleno del próximo 27 de enero para manifestarse y a buscar aliados en su lucha. Y dejaron claro que no van a cejar en su intento.

La oposición exige la retirada de las medidas que dañan a los más débiles

Los representantes de las asociaciones vecinales salieron decepcionados y enfadados de la reunión mantenida con Seva, dado que este no les dio opción alguna para defender su postura o negociar cambios. También criticaron la actitud poco dialogante del edil. Los vecinos pretendían trasladar a Seva las demandas de los ciudadanos de los barrios más deprimidos de Alicante (entre ellos Cuatrocientas Viviendas, Virgen del Remedio o Nou Alacant), y por tanto, de los que más necesitan facilidades para viajar en autobús, pero no tuvieron oportunidad. Seva, según aseguraron a la salida, aseguró que si no se toman las medidas anunciadas el sistema de transporte va a la "bancarrota".

Por la tarde, los pensionistas y jubilados de CC OO y UGT impulsaron la creación de la plataforma en defensa del bono pensionista. A la reunión, muy concurrida, asistieron representantes vecinales, de centros de personas mayores y particulares. En la reunión se defendió la unidad de acción. CC OO y UGT han impulsado también la recogida de firmas (ayer hablaban ya de 6.000) y pretenden convocar de una concentración a finales de esta semana o principios de la próxima. Y solicitarán una entrevista con la alcaldesa Sonia Castedo.

Mientras, ayer los conductores del autobús público recibieron la orden de que a los jubilados que se les termine el saldo del bono les faciliten, hasta el 1 de febrero, billetes gratuitos. Una medida que los sindicatos creen que quiere desactivar su movilización.El concejal de Tráfico, consciente de la fuerte contestación social que está acarreando la medida, se mostró ayer esquivo al ser preguntado por los periodistas por el ahorro que supondrá el recorte de los viajes gratuitos a los jubilados así como por las posibles alternativas a las que podría recurrir el Ayuntamiento para evitar recortar viajes gratuitos a los mayores de la ciudad de Alicante.

Seva fue bastante más explícito cuando presentó hace varias semanas esta medida junto con la revisión de tarifas para este año en el autobús urbano e interurbano, ya que entonces estimó que el recorte del bono oro permitiría ahorrar alrededor de un millón de euros a las arcas municipales. Ayer evitó dar detalles ni de lo que supone este concepto para el Ayuntamiento ni de lo que se ahorrará al limitar los viajes gratis para los mayores. El concejal se limitó a insistir en la difícil situación financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento de Alicante y a repetir que la decisión tomada "es la única medida posible para garantizar el sistema TAM (de transporte metropolitano)". Y en la reunión con las asociaciones de vecinos admitió que la medida obedece principalmente al recorte de ayudas públicas que la Generalitat dará al Ayuntamiento a través de la Agencia Valenciana de la Movilidad.

Y es que pese a las críticas, el equipo de gobierno no está dispuesto de momento a dar marcha atrás en su decisión. "No hay margen para cambiar de postura", enfatizó el concejal durante la conferencia de prensa ofrecida tras reunirse con los representantes de las asociaciones de vecinos.

El concejal de Tráfico sí informó detalladamente de la habilitación de nuevos puntos de información y tramitación del bono oro marcados por el Ayuntamiento para evitar las largas colas de los últimos días. Y para los próximos años abrió la mano a estudiar la progresividad en este tipo de bonos, es decir, que quien tiene menos disfrute de más viajes gratuitos y quien tiene más ayude a sostener el sistema actual de transporte público en la ciudad.

Mientras, las críticas arrecian también desde el ámbito político. Esquerra Unida llevará al próximo pleno una moción para que se deje sin efecto el recorte del bono oro debido al "fuerte malestar social". La formación de izquierdas defendió que la medida supone "un duro golpe" injusto para este colectivo "vulnerable" que tiene una gran dependencia del transporte público para sus gestiones. EU también reclama al Ayuntamiento que convoque el Consejo Municipal de Personas Mayores, una medida que también reclaman públicamente los dos sindicatos mayoritarios. Este foro consultivo se anunció con la vocación teórica de que sirva para tomar las decisiones que afectan, en este caso, a la movilidad de las personas mayores de Alicante. Pese a todo, este foro consultivo aún no se ha constituido.

También el Grupo Municipal Socialista salió ayer de nuevo al paso. "No es posible entender que, desde el equipo de gobierno, se pretenda que la crisis solo sea soportada por los más desfavorecidos, trabajadores, jubilados y pensionistas, así como los parados, a los que se les ha restringido el uso de los telecentros municipales como elemento de búsqueda de empleo", esgrime el principal partido de la oposición en la moción que presentará al próximo pleno municipal.

La última sesión plenaria ya estuvo protagonizada por la subida del autobús e incluso contó con la intervención de la secretaria general de CC OO en L'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, que habló en favor de los pensionistas y jubilados y contra el recorte de sus facilidades de transporte. El próximo pleno tiene visos de seguir la misma línea ya que los ánimos no solo no se han aplacado sino que se calientan con el paso de los días.

La moción que presentará el Grupo Municipal Socialista, de hecho, pretende que se suspendan las medidas de recorte económico que afectan a los trabajadores municipales, el otro gran colectivo afectado por los recortes anunciados en los últimos días por el equipo de gobierno que dirige Sonia Castedo. El PSPV-PSOE estima que las medidas anunciadas suponen una reducción superior al 12% de la masa salarial de los más de 2.000 empleados municipales. Por ello propone abrir una mesa de negociación con sindicatos y grupos políticos en busca de consenso o de alternativas.

Mientras, ayer fue el primer día de movilizaciones de los empleados públicos. Más de 200 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento ante el edificio consistorial para protestar por la eliminación de una paga extra, el recorte de las horas extraordinarias o la amortización de casi 50 plazas. Las concentraciones continuarán hasta el próximo pleno, en el que está previsto aprobar los presupuestos de 2012.

www.elpais.es 17.01.12

COSPEDAL COBRARÁ POR LA VALORACIÓN DE DEPENDIENTES Y AVANZA EN EL COPAGO

El proyecto de ley de Castilla-La Mancha para modificar otras normas y proceder a los recortes en materia social abre la puerta a cobrar una tasa a cada ciudadano que quiera ser valorado para determinar su grado de dependencia, algo que, hasta ahora era gratuito. Murcia ya cobra 30 euros por ese trámite desde principios de enero.

El Gobierno de Cospedal, además, impondrá el copago para los centros de día, las estancias nocturnas y la ayuda a domicilio, algo que hasta ahora era por completo gratuito para los dependientes. Y los familiares se tendrán que hacer cargo del transporte de estas personas hasta los citados centros, salvo casos excepcionales en que no haya "familiar alguno". O bien pagar el transporte en función de la renta.

Además, la Administración solo pagará a las residencias privadas por las plazas que ocupe, algo que, administrativamente, es complejo, porque algunas plazas, aunque temporalmente estén vacías, están reservadas para la administración y no se pueden rentabilizar de forma privada. "En Castilla-La Mancha nos pagaban el 100% del concierto hasta que se ocupaban esas plazas. En otras comunidades pagan un 50% o un 70%, pero algo tendrán que pagar porque dejamos de ingresar por tenerlas reservadas", dijo ayer el presidente de la patronal de residencias FED, Alberto Echevarría. Al ritmo que incorpora dependientes al sistema esta región en la actualidad, ocupar esas plazas no será algo inmediato, a pesar de la espera de algunos ciudadanos.

En materia educativa, el proyecto que se ha remitido a las Cortes suprime la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB regional a Educación, una norma vigente desde 2010, aunque no tuvo reflejo en los presupuestos de 2011.

Los socialistas de esta comunidad se quejaron ayer de las modificaciones previstas y anunciaron que presentarán una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley donde se engloban los cambios necesarios para iniciar las medidas de recorte.

www.elpais.es 17.01.12

EL PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL SUPRIME EL 6% DEL PIB A EDUCACIÓN

Así consta en el proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, calificado por la Mesa de las Cortes y para cuya tramitación se ha aprobado un período extraordinario de sesiones.

El proyecto de ley de ampliación de medidas del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno contiene una batería de cambios en la legislación regional, entre ellos, la derogación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda o la supresión de la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a Educación.

Así consta en el proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, calificado por la Mesa de las Cortes y para cuya tramitación se ha aprobado un período extraordinario de sesiones.

El proyecto incluye las principales medidas anunciadas por el Gobierno regional para tratar de reducir la deuda y el déficit que arrastra la Administración, como el aumento de la jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media o la bajada de su sueldo durante 2012.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que, gracias a la reducción del 10% del complemento específico y asimilados de los empleados de la Junta (nunca más del 3% del salario bruto individual), ahorrará 100 millones de euros.

También incluye el texto normativo otras medidas de carácter laboral, como la congelación de la oferta de empleo público, la reducción de un 15% de las guardias de los médicos o la reducción de la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.

Al margen de las cuestiones laborales, el texto contiene medidas novedosas, como la derogación de la ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, aprobada en el último tramo de la pasada legislatura.

En materia educativa, el proyecto de ley que se ha remitido a las Cortes suprime de la Ley de Educación de la comunidad la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del PIB regional a Educación, vigente desde 2010, si bien no se cumplió en los presupuestos de 2011.

Como se había anunciado, se elimina la gratuidad de los libros de texto, pero también desaparece el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos o alumnas en Infantil y Primaria.

Asimismo, en la ley se incluyen medidas para regular la concesión de complementos de las pensiones a mayores de 65 años que vivan solos y a las viudas.

En el caso de la atención a víctimas de violencia machista, se asegura por ley que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrán un centro de urgencia o una casa de acogida, cuando ahora ese umbral se sitúa en 25.000 habitantes.

Asimismo, la nueva ley modificará la ley de Servicios Sociales de la región para establecer, por ejemplo, que sólo se pague a las residencias concertadas por el número de plazas efectivamente ocupadas.

También se suprime el artículo que establece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia.

La ley de garantías de la atención sanitaria también se ve modificada para aclarar que los pacientes que no sean atendidos en los plazos máximos fijados podrán acudir a otro centro, pero sólo entre aquellos que les oferte su hospital de referencia.

En materia de universidades, la ley mandata a la Junta a dictar normas y procedimientos para el control presupuestario de esos centros educativos.

Asimismo, la ley modifica o suprime diferentes acuerdos entre la administración y los sindicatos sobre condiciones laborales y salariales.

http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=106254

COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA MUJER

El despido de todos los trabajadores afecta a cientos de ciudadanas

El centro de la mujer Pedro Muñoz, en Ciudad Real; el de la mancomunidad de Sierra del Segura, en Albacete; y los de Fuensalida y Navahermosa, en Toledo. Estos son los cuatro centros de atención a la mujer que el pasado día 2 de enero se vieron obligados a cerrar en CastillaLa Mancha, debido a los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre pasado una resolución por la que se modificaba el modelo de gestión de los centros y casas de acogida. En lugar de realizar los convenios con ayuntamientos y mancomunidades, ahora estos organismos tendrán que competir por las subvenciones con empresas sin ánimo de lucro.

Los ayuntamientos no han prorrogado los convenios por motivos económicos

Mientras se resuelve dicho concurso, las entidades locales tuvieron la oportunidad de prorrogar los convenios del año anterior (a pesar de que en un principio se había anunciado su cese definitivo) durante uno o dos meses más. Sin embargo, en las localidades de los centros que han sido cerrados no ha sido así.

¿Los motivos? Económicos. "Muchos no han recibido todavía las cuantías del año pasado y, ante la imposiblidad de pagar a los trabajadores, han decidido no continuar", explicaron fuentes del sector. "Se ha politizado todo", denunció un extrabajador. "Y a los políticos no les importa nada la gente", añadió.

El equipo de Cospedal aseguró que no sólo no cerraría ninguna instalación, sino que incluso podría abrirse alguna más en 2012. Pero, en la práctica, todos los trabajadores de estos cuatro centros han sido despedidos y, como consecuencia, cientos de mujeres se han visto afectadas por la paralización del servicio.

La Junta había prometido que no clausuraría ninguna instalación

En uno de Toledo, por ejemplo, atendieron el año pasado a más de 400 mujeres. "¿Qué vamos a hacer ahora?", les preguntaron cuando supieron que tendrían que cerrar. "No pudimos decirles nada, sólo echarnos a llorar con ellas", relata una trabajadora.

Sin cobrar

En la Sierra del Segura, 20.000 personas distribuidas entre 12 pequeños municipios también se han quedado sin el servicio. Los trabajadores de este centro, además, ya llevaban un año sin cobrar antes de irse a la calle.

Pero esas no son las únicas consecuencias de los recortes. En la normativa del nuevo modelo de gestión, también se limita el número de trabajadores en función del número de habitantes a los que atiendan. En este caso, las más perjudicadas serán las mujeres de áreas rurales.

"Nosotros tendremos que reducir la frecuencia de las visitas a los pueblos porque de cinco compañeros sólo quedaremos dos", detalla una trabajadora de un centro de Albacete que abarca a 10.000 habitantes de ocho localidades distintas. "Llevamos medio año sin cobrar y el kilometraje del año pasado tampoco lo hemos recibido", añade.

La Red de Feministas de CastillaLa Mancha, por su parte, denunció también un recorte del 40% en el presupuesto de los centros. Este año, la cantidad destinada para tal fin en la resolución del concurso de subvenciones asciende a 9.955.200,60 euros. En 2010, según datos del Instituto de la Mujer, el total del presupuesto fue de 25,5 millones

www.publico.es 11.01.12

C.A MADRID: LOS RECORTES TAMBIÉN LLEGAN A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA

La Consejería de Presidencia y Justicia les ha comunicado que se reduce al 50% el número de funcionarios que trabajan por la tarde

Los recortes que el Gobierno de Esperanza Aguirre está aplicando a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid han llegado a los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer. La Consejería de Presidencia y Justicia ha dado instrucciones para que solo trabaje por la tarde la mitad de la plantilla. Hasta ahora, la totalidad de los funcionarios continuaban su jornada pasadas las tres de la tarde, con cargo a horas extras.

Esta decisión afecta a 20 juzgados de la periferia de Madrid: 13 de ellos con competencias exclusivas en violencia de género y otros siete mixtos, es decir, que además de ver casos de violencia machista se ocupan de asuntos civiles y penales (diligencias y tramitación de Registro Civil, primera instancia e instrucción...). El partido judicial de Madrid capital es el único que no se ve perjudicado por las nuevas instrucciones de la Consejería de Presidencia y Justicia porque funciona con un sistema de guardias exclusivas para violencia de género. Cada uno de los 11 juzgados de la capital que se dedican a esta materia rota cada tres días en funciones de guardia.

"La carga de trabajo de estos juzgados justifica plenamente que los funcionarios estén en sus puestos también por la tarde", asegura el secretario general de FJM (Funcionarios Judiciales de Madrid) y portavoz de Justicia en el sindicato CSIT-UP, Juan Carlos Ferreiro. "Las víctimas de violencia de género van a ser las grandes perjudicadas, porque van a encontrar menos personal para atenderlas", añade.

La Comunidad de Madrid asegura que ha tomado esta decisión porque está estudiando transformar las ampliaciones de horario de los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer en “plazas fijas”, aseguró este lunes una portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia. “Vamos a hacer un análisis de las necesidades”, añadió. Desde CSIT replican que esas necesidades aparecen en los informes anuales de la apertura del año judicial, por los que la Comunidad debe conocerlas. Para el Gobierno regional, “no es normal” que la totalidad de los funcionarios doblen su jornada. “Eso quiere decir que falta personal”, insistió la portavoz.

La Comunidad de Madrid no ha precisado cuánto ahorrará con la medida

Según datos de Presidencia y Justicia, en el primer semestre de 2011 llegaron 1.609 casos de violencia de género a los juzgados, “un 6,27% menos que el mismo semestre de 2010”. Este dato refuerza la decisión de retirar la mitad de la plantilla de tarde en los juzgados, según el Gobierno regional, que no precisó cuánto tiempo necesita para hacer la evaluación de necesidades ni cuánto ahorro supone la medida. De momento, lo que está claro es que a las mujeres las atenderán por la tarde la mitad de los funcionarios.

Los trabajadores afectados son unos 200 (funcionarios judiciales de gestión, tramitación y auxilio judicial), según datos de CSIT, y venían realizando esta prolongación de jornada desde 2007, cuando se firmó un acuerdo en este sentido que se renueva cada seis meses. El trámite para que se conceda la ampliación de las horas de trabajo funciona así: el secretario de cada juzgado remite una petición de informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y este lo eleva al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo responde mediante un escrito a los secretarios de los juzgados con el listado de nombres y datos personales de los funcionarios que deben tener esa prolongación de jornada. El último es de noviembre pasado, con validez para seis meses, pero ahora queda anulado por las instrucciones de la Comunidad de Madrid.

La directora general de la Dirección General de Justicia, Carmen Díaz de Bustamante, firma el documento, con fecha 20 de diciembre, por el cual informa al Juzgado número 3 de Valdemoro, uno de los más saturados, de que “solo se autorizará dicha medida para un máximo de cinco funcionarios para un máximo de seis meses”. Este juzgado cuenta con nueve funcionarios en plantilla.

Las consecuencias "serán desastrosas"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro es uno de los llamados juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer. Es decir, que además de ocuparse de los casos de violencia machista, se encarga de todo lo demás: causas penales (a veces con presos), divorcios, procedimientos hipotecarios... Se da la circunstancia de que en su partido judicial hay dos centros psiquiátricos y uno penitenciario (Madrid<TH>III). “Tenemos casos de violencia sobre la mujer prácticamente todos los días”, explica una funcionaria del juzgado. Y esos son los casos prioritarios. Los funcionarios se dedican a ellos hasta que acaba toda la tramitación. Muchas veces no pueden estar en su mesa por la mañana porque al carecer de servicio común que haga diligencias de calle (citaciones, por ejemplo), son ellos los que deben ausentarse. El resto de asuntos, por tanto, se retrasa. Los trabajadores suelen emplear las tardes en sacar adelante los casos no prioritarios, aseguran.

La preocupación por las consecuencias que puede acarrear la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir a la mitad los funcionarios que trabajan por la tarde ha llevado a los trabajadores de este juzgado de Valdemoro a redactar un escrito dirigido a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. “Si el día de mañana hay un problema, queremos dejar constancia ahora”, asegura la funcionaria. “Las consecuencias de privar de recursos a esta sede judicial serán desastrosas”, afirma la carta, enviada la semana pasada. Los retrasos en los asuntos que no son de violencia machista “se palían mediante la prolongación del horario”, añade. Los funcionarios añaden datos a su queja: 900 demandas civiles y 1.200 diligencias penales atendidas en 2011, a las que hay que sumar 225 casos de violencia sobre la mujer. En los dos años anteriores, cerca de 300, un volumen superior a algunos juzgados exclusivos, argumentan.

www.elpais.es 10.01.12

C. VALENCIANA :EL CONSELL ABRE LA VÍA PARA PODER DESPEDIR HASTA EL 25% DE INTERINOS

El decreto ley da al Ejecutivo cobertura legal para reducir el personal temporal, lo que podría afectar hasta 10.000 empleados, incluidos sanitarios y docentes - Hacienda minimiza el alcance al asegurar que la medida no es de aplicación inmediata

El decreto ley número 3/2012, de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana, incluye una medida que, de hacerse efectiva, podría implicar el despido de miles de interinos que en la actualidad trabajan para la Generalitat Valenciana. El Consell que preside Alberto Fabra se guarda este cartucho para "alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público" y ello a pesar de que la posibilidad de despedir empleados fue negada en la rueda de prensa ofrecida el viernes por el vicepresidente José Ciscar y los consellers José Manuel Vela y Enrique Verdeguer.

"Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos masivos", declaró Ciscar ante la prensa para resumir el espíritu de un nuevo tijeretazo que supera los mil millones de euros y que, en teoría, repercutirá sobre todo en el gasto sanitario y en el bolsillo de los funcionarios, principalmente los interinos a los que se les rebaja sueldo y horario; y los sanitarios y docentes que pierden complementos retributivos.

El decreto ley, que ayer llegó a las Corts, revela, no obstante, que no está descartado echar a la calle a empleados públicos. De hecho, la disposición final primera establece que "el Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar planes de ordenación de personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y las entidades autónomas". Aunque el ámbito de aplicación del decreto no está definido, fuentes de la Conselleria de Hacienda admitieron que la disposición primera afectaría a todo el sector público, incluido los docentes y sanitarios. Eso sí, aseguraron que esta cláusula es sólo una previsión y que no está en los planes del Consell su aplicación inmediata. "Lo previsto es adoptar las medidas anunciadas el viernes", indicaron las citadas fuentes.

Con todo, su incorporación en el decreto evidencia que el Consell quiere tener las manos libres para, en caso de ser necesario y no lograr los objetivos de déficit, recurrir a los despidos. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes referido a 2010 la Generalitat tiene contratada a unas 40.000 personas con carácter temporal. De ellas, unas 3.800 es personal de las conselleries y de servicios centrales. El resto son trabajadores de la educación y la sanidad. Uno de cada cuatro -por tanto, unas diez mil personas- estaría en el punto de mira.

El decreto aprobado con carácter de urgencia la víspera de Reyes recoge las medidas en materia de personal y tributaria, pero no incluye ninguna regulación para los otros dos apartados de tijeretazo: el relativo al sector público (pretende un ahorro de 121 millones) y el de contención de gasto sanitario (440 millones), la piedra angular del recorte. Ni si quiera en materia tributaria se incluyen todas las medidas anunciadas por el Consell. Los tributos medioambientales están apuntados en el preámbulo, pero no desarrollados posteriormente. Y es que la documentación que acompaña el acuerdo evidencia la precipitación con la que el Consell de Fabra abordó el tijeretazo. De hecho, según ha podido saber este diario, casi la mitad de los consellers entraron a la reunión del Gobierno sin tener información alguna sobre las medidas.

El director general de la Abogacía de la Generalitat informó sobre el decreto el mismo día del acuerdo, en el que también están fechados los informes del interventor y de Hacienda. El informe jurídico -elaborado el mismo día además en que se destituyó de la abogada general, Isabel Villalonga- se reduce a dos párrafos en los que el letrado no entra en el fondo y se limita a subrayar que se han cumplido las formalidades. Al ser un decreto-ley urgente no ha sido dictaminado por el Consell Jurídic Consultiu.

Los recortes en el salario afectarán a la cotización de la SS

Los funcionarios de la Generalitat tienen doble motivo para el cabreo. Las medidas en el capítulo de personal no sólo llueven sobre mojado -Zapatero decretó en mayo de 2010 una reducción del 5 % de sus retribuciones que se ha prorrogado en 2011 y 2012- sino que además tendrán efectos más allá del 31 de diciembre de 2013, fecha tope de vigencia de los recortes establecido por el Ejecutivo de Fabra. El nuevo tijeretazo en sus retribuciones (el propio Vela lo cuantificó globalmente en otro 5 %) afectará a la cotización a la Seguridad Social, una penalización añadida que no sufrieron los funcionarios con el recorte de Zapatero. En aquel momento la disminución salarial no computaba a efectos de la cotización, y en consecuencia, no tenía efectos sobre la pensión. Por otro lado, los sindicatos, que hoy tienen previsto reunirse para adoptar medidas conjuntas, están estudiando recurrir el decreto. La FSP-UGT tiene claro ya que lo hará en lo referente a las medidas de reducción de jornada a los interinos, así como en la cobertura de las bajas. También hay dudas jurídicas sobre los cambios en la ley de función pública para justificar la no concesión de prorrogas a la jubilación

www.levante-emv.com 10.01.12

C. VALENCIANA :EL TIJERETAZO DE FABRA SE QUEDA A MEDIAS Y SE CEBA EN LOS FUNCIONARIOS

El decreto-ley no incluye el recorte de empresas públicas ni el ahorro en sanidad

El tijeretazo anunciado el día de Año Nuevo por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha quedado en la mitad. Al final, el decreto-ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit de la Comunidad Valencia, que ayer fue enviado a las Cortes Valencianas y hoy se publicará en el Diari Oficial, solo incluye medidas que implican una reducción de gastos en personal, con recortes salariales a los funcionarios por 258,2 millones de euros, y una mayor recaudación fiscal que aportará ingresos de 238 millones, para sumar un total de 496,2 millones. Es decir, menos de la mitad de los 1.057,5 millones anunciados el jueves pasado tras el pleno del Consell.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, anunció una posible impugnación de la norma, que debe aprobarse en una Diputación Permanente de las Cortes, precisamente porque puso en duda que los acuerdos se tomaran basados en informes jurídicos que los avalaran. "Dudamos seriamente de la legalidad de los acuerdos", añadió Alarte, ante el hecho de que ayer todavía no se había publicado el documento, y reclamó el acta de la comisión de subsecretarios que debió celebrarse con anterioridad, "si es que se reunieron".

Al final, en el decreto-ley no aparecen por ningún lado dos de los paquetes de medidas más importantes que anunciaron el vicepresidente, José Ciscar, y los consejeros de Hacienda y de Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, respectivamente: el que afecta a la reorganización de 46 empresas públicas agrupándolas en seis holdings empresariales de otros tantos sectores económicos, que buscaba un ahorro de 121,5 millones de euros, y el que persigue ahorrar otros 440 millones de euros con mecanismos de contención del gasto en el sector sanitario. Estos dos bloques sumaban 561,3 millones de euros, aunque no era previsible que contribuyeran de forma rápida a reducir el déficit de la Generalitat.

El texto remitido a las Cortes se sustancia únicamente en dos bloques de medidas que sí proporcionan liquidez inmediata al Gobierno de Alberto Fabra. Y que se resumen en recortar el dinero a los funcionarios y en subir los impuestos. "Se han limitado a incluir en el decreto las medidas que tienen que entrar en vigor ya", comentaba anoche el diputado socialista Julián López Milla, que añadía: "De las medidas de ahorro en sanidad, nada, y de sector público empresarial, nada".

Los dos paquetes de medidas a las que sí que hace referencia el decreto-ley enviado a las Cortes, suman 496,2 millones de euros, de acuerdo con las cifras que ofreció el Consell el pasado jueves. Sin embargo, a esa cantidad habría que restar los 29,7 que supuestamente debían recaudar procedentes de "tributos medioambientales" que no están recogidos en el decreto-ley.

En el apartado de los impuestos, Fabra espera recaudar más gracias al céntimo sanitario, el impuesto que grava el mercado minorista de los hidrocarburos. El Consell impone el impuesto más elevado posible, 48 euros por cada 1.000 litros, medida con la que espera recaudar 98,11 millones al año. También eleva del 1% al 1,2% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava las transmisiones de bienes que no se encuentran afectados por el impuesto sobre el Valor Añadido y la formalización de documentos notariales. En este capítulo la Generalitat recaudará otros 62 millones de euros.

El Consell también recaudará más (o dejará de devolver en 2013 en forma de deducciones) otros 28,2 millones de euros por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se eliminan las deducciones por compra de vivienda habitual (12 millones) y otras deducciones por 8 millones que ahora se limitan a rentas aún más bajas. Por último, se recaudarán otros 28,2 millones de las rentas mayores de 120.000 euros.

En el apartado de los funcionarios, son tres los colectivos más afectados: los interinos, los profesionales del sector de la sanidad, y los de educación. En el primer caso, se reduce en un 25% la jornada del personal funcionario interino así como del personal laboral temporal, lo que conlleva en paralelo una reducción salarial en la misma proporción. Aunque el pasado miércoles, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, incluyó en esta medida a los trabajadores de sanidad y de educación cuando presentó las líneas generales del tijeretazo a los sindicatos en la Mesa General de Negociación, el jueves, tras la aprobación del decreto el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, reconoció que se había dado marcha atrás en el caso de estos dos colectivos para no perjudicar la prestación de estos servicios.

A los funcionarios de Sanidad se les reduce al 50% la carrera profesional (86,5 millones) y a los docentes el 50% de los sexenios, complementos vinculados a la formación (80 millones). Aparte se eliminan algunos días libres, se suprime el plan de pensiones y las ayudas sociales...

Por otra parte, en el decreto ley no figura una de las medidas que más sorprendió cuando se anunció. Es la que afecta a los consejeros, a los altos cargos y al personal eventual de libre designación de la Generalitat y de las empresas públicas. En estos casos no se contemplaba ningún recorte salarial, en contra del impuesto a los funcionarios, que pueden perder hasta el 20% de su salario. Pero sí vinculaban el salario al déficit anual. Así, Ciscar anunció que si el déficit era del 1% ellos se bajarían el sueldo otro 1%. En el documento no existe tal compromiso.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ayer presidió la comisión de honor del 30 aniversario del Estatut solicitó a la Mesa de las Cortes la convocatoria urgente de la diputación permanente para explicar la necesidad de las medidas de ajuste previstas en el decreto-ley que hoy se publicará en el DOCV.

Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit

Más ingresos y menos sueldo a los funcionarios. El decreto que hoy se publica solo aborda medidas que suben la presión fiscal (gracias a las que se espera recaudar 238 millones de euros más) y un recorte al salario de los trabajadores públicos (258,2 millones). A continuación se concretan algunas de ellas:

Reducción de la jornada laboral de interinos. Desde el 1 de marzo, la jornada de los funcionarios interinos de la Generalitat será de 25 horas semanales, con un horario de 9.00 a 14.00, salvo en los supuestos en los que proceda un horario especial o cuando se encuentren adscritos a centros de trabajo en los que se preste el servicio a turnos o que no sean de índole burocrática.

Excepciones de la reducción de la jornada. Mantendrá su jornada y retribución el personal no docente en centros escolares, de formación e inserción profesional; el personal de emergencias, los destinados en residencias de atención a personas mayores dependientes o con discapacidad, centros de recepción y acogida de menores, los de reeducación, comedores sociales, centros especializados de atención a mayores y los de evaluación y orientación de discapacitados. La Generalitat también excluye de la reducción horaria a los interinos de educación y sanidad, aunque la ley no lo explicita.

Carrera y desarrollo profesional de los sanitarios. Estos complementos de los trabajadores de la sanidad valenciana se congelan y se reducen a la mitad con efecto del 1 de marzo. En la parte alta (grupo A1 grado cuatro de la carrera), la retribución máxima será de de 6.181,99 euros anuales. En la parte baja, de 1.545,5 a 366,38 euros anuales.

Sexenios al 50%. El importe por sexenios entre los funcionarios docentes también se reduce a la mitad. Se queda en 51,3 euros mensuales para el primer sexenio y en 274,79 euros para el quinto.

Modificación del tramo autonómico del IRPF. Hasta el momento, a partir de una base liquidable de 53.407 euros, existía un único tipo aplicable del 21,5%. Las medidas de la Generalitat introducen dos tipos más. Desde 120.000,2 euros se sube el tipo al 22,5% y a partir de 175.00,2 euros en adelante se fija en un 23,5%.

Impuesto sobre la gasolina. La Generalitat ha aumentado los gravámenes, con unas tasas de 4,8 céntimos por litro en gasolina, diesel y queroseno.

www.elpais.es 10.01.12

C. VALENCIANA :RTVV ANUNCIA UN ERE QUE PUEDE ECHAR AL 66% DE SUS 1.800 EMPLEADOS

Los sindicatos se niegan a pagar los platos rotos de la "nefasta gestión"

Tras semanas de especulaciones, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunció ayer que recurrirá a un expediente de regulación de empleo (ERE) para adelgazar en los próximos meses su abultada plantilla de 1.800 trabajadores. La medida, según fuentes del Gobierno valenciano, podría afectar a casi dos terceras partes de los trabajadores, es decir, a más de un millar de empleados de Canal 9, Ràdio 9 y el ente RTVV.

Jaraba nunca ha mostrado el informe encargado a Price Waterhouse

El presidente valenciano, Alberto Fabra, justificó la decisión por la necesidad de "tener un modelo de televisión que esté ajustado al momento actual". Es decir, el Gobierno valenciano, inmerso en una grave crisis financiera, ya no está en disposición de sostener una empresa pública que ha generado una deuda de 1.200 millones de euros y unos índices de audiencia inferiores al 5% en Canal 9.

El secretario general del ente RTVV, Juan Prefaci, convocó ayer a las 13.00 a los sindicatos del comité de empresa para anunciarles la presentación de un ERE, aunque negó que la cifra vaya a superar el millar de trabajadores, según indicaron fuentes de CC OO.

El PP convocó de urgencia una reunión del consejo de administración de RTVV para el próximo miércoles. Los populares, que disponen de mayoría absoluta gracias al voto del director general del ente, pretenden aprobar un concurso para contratar a una empresa que asesorará a los responsables de RTVV en la negociación del ERE con los sindicatos. La contratación de la firma que diseñará el ERE saldrá a concurso por un importe de 190.000 euros sin IVA. La tramitación legal del concurso llevará un mínimo de seis semanas, por lo que no se sabrá qué empresa conduce el ERE, como mínimo, hasta finales de febrero.

En el año 2010 el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana ya encargó un estudio a Price Waterhouse para determinar la viabilidad de la empresa. Un estudio que al parecer ya apuntaba la necesidad de realizar una reestructuración de la plantilla, aunque el director general de RTVV, José López Jaraba, nunca ha facilitado el contenido del mismo. El informe costó 180.000 euros y aunque sobre el papel era un estudio que encargaba el consejo de administración, los miembros nombrados a propuesta de la oposición nunca pudieron acceder ni al texto ni a un resumen del mismo. López Jaraba siempre ha argumentado que se trata de una herramienta interna de trabajo de la dirección de la televisión pública. Ni siquiera los parlamentarios de la oposición en las Cortes valencianas han logrado conocer su contenido, a pesar de que han argumentado que es un documento que se paga con dinero público y que tiene que obligatoriamente tiene que estar a su disposición.

Ignacio Ángel, representante de CC OO en Canal 9, argumentó que las propias auditorías de la Generalitat ponen de manifiesto la "nefasta gestión realizada" y se opondrán a que los trabajadores paguen los platos rotos sin que "nadie en el actual equipo directivo se haga responsable".

Desde los partidos de la oposición, las reacciones de repulsa al ERE fueron unánimes. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Fabra de carecer de cualquier voluntad de pacto sobre el futuro de Canal 9. El Gobierno valenciano ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley, con el que pretende aplicar a RTVV un contrato programa una vez realizada la reestructuración, tras negar a la oposición toda clase de documentación.

El consejero de Compromís en RTVV, Rafa Xambó, anunció que votará en contra de que se contrate a un liquidador. "No es solo la pretensión, sino las formas. Llevan tiempo preparando el contrato y el nuevo presidente del consejo de administración, Miguel Domínguez, que no tenía ni idea, ahora convoca una reunión de urgencia".

Se busca 'liquidador'

El pliego de condiciones del concurso que RTVV quiere que su consejo de administración licite, más que buscar una empresa que diseñe el ajuste de la plantilla de la televisión pública, parece que pretenda contratar a un liquidador, una suerte de George Clooney (aunque seguro que con menos estilo) en la película de Jason Reitman Up in the air (2009). El contrato persigue la contratación de una empresa que lo mismo asesore en "la estrategia que se debe seguir para afrontar la adaptación del nuevo modelo organizativo y de gestión", que prepare "el modelo general de carta de despido objetivo". La tramitación legal del concurso llevará, como mínimo seis semanas, por lo que hasta finales de febrero no se podrá adjudicar el concurso. Pero es que, además, el concurso no contempla ningún plazo de entrega de ningún informe, como se dijo ayer a los sindicatos, sino que el servicio es de "contratación de un servicio de asesoramiento jurídico (...) para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad" de RTVV. La firma contratada hará el cálculo de las indemnizaciones de algunos empleados, determinará las prestaciones a garantizar durante el periodo de prejubilación para otros, se encargará del "contrato seguro" que garantice esas prestaciones, redactará las actas de reunión con los representantes de los trabajadores, estará en las negociaciones, también en la presentación de la documentación ante la autoridad laboral... Y finalmente, asistirá en la ejecución de los despidos colectivos. Es decir, un liquidador.

www.elpais.es 10.01.12

C. VALENCIANA : EL SOBRECOSTE EN GRANDES PROYECTOS SUMA TANTO COMO EL TIJERETAZO

La Ciudad de las Artes ya ha costado 700 millones más de lo previsto

Los sobrecostes de los grandes proyectos construidos durante los últimos años, superan, en un cálculo somero, el coste total del último ajuste aplicado por el Gobierno autonómico del presidente Albe