OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

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LA GUARDIA CIVIL ACUSA AL DIPUTADO VALENCIANO VÍCTOR SOLER (PP) DE FRAUDE, COHECHO Y MALVERSACIÓN

LAS 63 PRUEBAS QUE ACORRALAN EN PÚNICA A UN DIPUTADO DEL PP Y AL EXALCALDE DE GANDÍA

'PÚNICA' OFRECÍA SUELDOS DE 400 EUROS POR HABLAR BIEN DEL PP DE GANDÍA

PIDEN QUE COSPEDAL Y FLORIANO DECLAREN EN EL JUICIO DE LA TRAMA LEONESA DE PÚNICA

"NUEVOS HALLAZGOS" DE LA UCO "CORROBORAN" TRATOS DEL PRESIDENTE DE MURCIA CON PÚNICA

LA UCO ENTREGA AL JUEZ NUEVOS DOCUMENTOS CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA Y SU IMPLICACIÓN EN LA 'PÚNICA'

EL JUEZ DE PÚNICA ANALIZA 96 FOTOS DE UN 'CÓNCLAVE' DEL PP EN MURCIA AL QUE FUE RAJOY

LOS AUDIOS DE LA DECLARACIÓN DE GRANADOS: "AGUIRRE ES UNA PERSONA HONRADA Y CABAL"

LOS 'SECRETOS' QUE GRANADOS HA 'DESVELADO' ANTE EL JUEZ

GRANADOS SALVA A ESPERANZA AGUIRRE ANTE EL JUEZ: "ES HONRADA, BUSCA EL INTERÉS GENERAL"

GRANADOS NO APORTA DATOS DE INTERÉS AL JUEZ QUE INVESTIGA LA TRAMA 'PÚNICA'

EL JUEZ VELASCO OFRECE A GRANADOS DECLARAR 'EN SECRETO' Y ÉSTE LO RECHAZA

LA EMPRESA DE FIESTAS DE 'PÚNICA' COBRÓ A LA COMUNIDAD DE MADRID Y A TRECE AYUNTAMIENTOS CON FIRMAS INTERPUESTAS

LA TRAMA PÚNICA SE FORRÓ CON LAS FIESTAS DE LAS INAUGURACIONES DEL METRO DE AGUIRRE

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE MARJALIZA: "NO ME HE TOMADO NI UNA COPA CON ÉL, NO LE PONGO CARA"

EL JUEZ DICE QUE GRANADOS "AYUDÓ" A REALIZAR "SERVICIOS DE PROPAGANDA PARA CARGOS DEL PP"

ASÍ REPARTÍA GRANADOS: "SI QUIERES UN HOSPITAL, POR LO MENOS PÍDEMELO"

LOS CHOLLOS DE LA PÚNICA: UN 'MERCEDES' POR 5.400 EUROS PARA UNA EX ASESORA DE GRANADOS

EL ÚLTIMO INFORME DE PÚNICA DESTAPA PUFOS EN UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS 'FIELES' A AGUIRRE

EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO DE MADRID TODOS LOS DATOS DE 20 COLEGIOS CON LOS QUE SE ENRIQUECIÓ LA 'PÚNICA'

EL JUEZ ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL 21 DE DICIEMBRE

GRANADOS METE PRISA AL JUEZ VELASCO: LE PIDE QUE ADELANTE SU DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA

EL JUEZ VELASCO CITA A DECLARAR A GRANADOS EL 11 DE ENERO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

GRANADOS CONTINUARÁ EN PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR SU «ELEVADÍSIMO» PATRIMONIO OCULTO EN SUIZA

LOS INVESTIGADORES CALCULAN QUE GRANADOS OCULTA 20 MILLONES DE EUROS

UNA ASESORA CONFIESA QUE PÚNICA HIZO REPUTACIÓN 'ONLINE' PARA LA SENADORA BARREIRO

INVESTIGAN A GRANADOS POR AMAÑAR 40.000 PISOS QUE MOVIERON "MILES DE MILLONES"

HACIENDA LLEVA UN AÑO DENEGANDO AUXILIO AL JUEZ DE PÚNICA PARA CUANTIFICAR LOS PELOTAZOS DE LA RED

ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ VELASCO A UN EXDIPUTADO DE CIFUENTES POR EL MAYOR AMAÑO DE PÚNICA

NUEVOS AUDIOS CONFIRMAN QUE UN CONSTRUCTOR IBA A PAGAR UNA DEUDA DEL PP CON PÚNICA

LOS AUDIOS DEL TESTIMONIO QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA EN PÚNICA

LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ

EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22 EMPRESAS, 11 DE ELLAS DEL IBEX

LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA INTERVENIR EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF

TRES EMPRESAS 'PÚNICAS' CENTRAN LAS SOSPECHAS DE FINANCIAR AL PP CON FIESTAS

LA UCO DICE QUE UN AMIGO DE GÓMEZ RECIBIÓ LA TELE QUE LE ENVIÓ LA PÚNICA

HACIENDA RASTREA EN LAS INVERSIONES DE UNA EX ASESORA DE AGUIRRE 'MORDIDAS' DE GRANADOS

ALCALDES DEL PP PAGARON FACTURAS FALSAS AL EMPRESARIO DE LA FIESTA 'GRATIS' PARA GRANADOS

PÚNICA HIZO 'PRECIO AMIGO' AL PP: 28.320€ POR 13 MÍTINES DE RAJOY, AGUIRRE, GALLARDÓN...

LA COMUNIDAD DE MADRID MANDABA A MARJALIZA UN LISTADO DE FUNCIONARIOS PARA SUS REGALOS

LA PÚNICA SIGUE HACIENDO ‘ROTOS’ AL EQUIPO DE CIFUENTES

LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE PÚNICA: EL JUEZ GUARDA UN INFORME SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

'GRANADOS CONNECTION': SU CUÑADO, INVESTIGADO POR EL AMAÑO MILLONARIO DE CUATRO CONTRATOS

TODOS LOS MIEMBROS DEL 'CLAN GRANADOS' SALPICADOS POR LA TRAMA

EL VICECONSEJERO DE URBANISMO JUSTIFICA LA FACTURA DE 16 MILLONES EN PRIMERAS PIEDRAS DE ARPEGIO

UN ARREPENTIDO CONFIRMA LOS TRATOS DE PÚNICA CON EL PRESIDENTE DE MURCIA Y UNA SENADORA

EL NEGOCIO 'POBRE' DE PÚNICA: SÓLO 200.000 EUROS POR LA REPUTACIÓN 'ONLINE' DE POLÍTICOS

PÚNICA DA UN RESPIRO AL PP: SU CAJA B, BAJO SECRETO JUDICIAL DURANTE LA INVESTIDURA

EL JUEZ VELASCO PRORROGA LA PRISIÓN DE GRANADOS HASTA UN MÁXIMO DE DOS AÑOS MÁS

GRANADOS RECONOCE QUE ES SUYO EL MILLÓN DE EUROS "DE IKEA" ENCONTRADO A SUS SUEGROS

SEGÚN LA UCO, MARJALIZA Y OTROS EMPRESARIOS, FUNCIONABAN COMO LA GÜRTEL Y REGALABAN CESTAS, RELOJES, JAMONES…

DIMITE EL DIRECTOR DE INDUSTRIA DE CIFUENTES TRAS EL ESCÁNDALO POR SU AUTO ADJUDICACIÓN

LA UCO DESTAPA 'DE REBOTE' EN PÚNICA UN NUEVO PUFO EN LOS GOBIERNOS DE AGUIRRE

LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE PIDE AL JUEZ DE ‘PÚNICA’ DATOS DE UNA ADJUDICACIÓN MILLONARIA DE LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

LOS FUNCIONARIOS CERCAN AL DIPUTADO MADRILEÑO DEL PP BARTOLOMÉ GONZÁLEZ

LA UCO CONFIRMA QUE 'BARTOLO', MANO DERECHA DE AGUIRRE, COBRÓ UNA MORDIDA DE 60.000 EUROS DE PÚNICA

LA AUDIENCIA NACIONAL AVANZA EN UNA NUEVA VÍA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A TRAVÉS DE LA TRAMA PÚNICA

LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN LA ASAMBLEA DE MADRID EN BUSCA DE CONTRATOS DE LA ‘PÚNICA’

LA GUARDIA CIVIL ASEGURA QUE LUCÍA FIGAR PAGÓ CON DINERO PÚBLICO PARA MEJORAR SU REPUTACIÓN EN INTERNET

LA GUARDIA CIVIL INVOLUCRA EN LA PÚNICA AL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE MÉNDEZ DE VIGO

LA UCO ASEGURA QUE FIGAR 'MINTIÓ' CUATRO VECES AL JUEZ EN SUS DECLARACIONES COMO IMPUTADA

GRANADOS COMPARA SU CASO CON LOS DE UN NARCO Y DOS BLANQUEADORES PARA PEDIR DE NUEVO SU LIBERTAD

PÚNICA ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA Y A UNA SENADORA DEL PP: IMPUTADOS TRES DE SUS COLABORADORES

LA PÚNICA PONE CONTRA LAS CUERDAS A OTRO EXPRESIDENTE DE DIPUTACIÓN DEL PP

LA UCO INCORPORA 89 NUEVAS "EVIDENCIAS" SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS DE LAS FORTUNAS DE GRANADOS Y MARJALIZA EN EL EXTRANJERO

EL EX DIPUTADO DE CIFUENTES ADMITE AL JUEZ HABER ENVIADO A UN CONCEJAL LOS WASAP QUE PRECEDIERON AL AMAÑO DE UN CONTRATO DE 73 M.

LA AUDIENCIA NACIONAL NO LOCALIZA AL TESTIGO SORPRESA DE PÚNICA QUE IBA A DECLARAR CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

LA CARTA DEL TESTIGO SORPRESA DE PÚNICA QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA

LA EMPRESA ACUSADA DE PAGAR EN NEGRO A LA ‘PÚNICA’ POR ORDEN DEL GOBIERNO MADRILEÑO INGRESÓ 129 MILLONES EN ADJUDICACIONES DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ

LA PÚNICA 'ATOSIGA' A RAJOY: EL JUEZ VELASCO IMPUTA A UN NUEVO ALCALDE DEL PP

ANTICORRUPCIÓN ESTUDIA NUEVAS IMPUTACIONES TRAS UN INFORME DE UCO SOBRE MÁS REGALOS DE LA PÚNICA A "CARGOS PÚBLICOS"

EL JUEZ VELASCO ORDENA A HACIENDA RASTREAR EL PATRIMONIO ACUMULADO POR GRANADOS, SUS FAMILIARES Y TESTAFERROS EN 15 AÑOS

EL JUEZ DE PÚNICA SE PONE DE PLAZO FINAL DE AÑO PARA ACTUAR CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

EL DIPUTADO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR LA PÚNICA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL 13 DE SEPTIEMBRE

UN TESTIGO SORPRESA REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PRESIDENTE DE MURCIA EN EL 'CASO PÚNICA'

EL CASO PÚNICA SALPICA A BRUNETE OTRO AYUNTAMIENTO DEL PP HORAS ANTES DEL DEBATE DE INVESTIDURA

EL JUEZ DE PÚNICA ENCARGA A HACIENDA EL RASTREO DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA QUE SALPICA A CARGOS DE CIFUENTES

EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL BANQUILLO A GRANADOS POR EL CHIVATAZO QUE LE DIO UN GUARDIA CIVIL

EL JUEZ SOSPECHA QUE GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE ARPEGIO POR VALOR DE "1.000 MILLONES DE EUROS"

EL JUEZ RECLAMA DOCUMENTACIÓN DE LA PÚNICA A LOS HOMBRES FUERTES DE CIFUENTES

GRANADOS SEGUIRÁ ENTRE REJAS

DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA

NUEVA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN CONTRA UNA EXALCALDESA DEL PP IMPUTADA YA EN DOS CASOS

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA OTRA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR "POSIBLES IRREGULARIDADES"

LA TRAMA PÚNICA ALCANZA AL MUNDIAL DE MOTO GP

EL GOLF CONECTA LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID, VALENCIA Y BALEARES

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UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA FALLIDA DE ARPEGIO LE CUESTA A CIFUENTES 42 MILLONES

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LOS NÚMEROS DE LA ‘PÚNICA’: DE LOS 709 MILLONES PARA CONSTRUCTORES A LOS 222 MILLONES POR EDIFICAR COLEGIOS PRIVADOS

UN TICKET DE 121 € EN CASA DE GRANADOS SIRVIÓ PARA DESCUBRIR 8 MILLONES DE LA PÚNICA EN EEUU

FRANCISCO GRANADOS EMPLEÓ UNA ESTRUCTURA OPACA PARA BENEFICIARSE DE UN MILLONARIO CONTRATO EN EL METRO DE MOSCÚ, SUPUESTAMENTE AMAÑADO CON LA COLABORACIÓN DEL VICEALCALDE

EL 'CUBATA' Y LAS 14 LLAMADAS QUE PUEDEN COSTARLE SEIS AÑOS DE CÁRCEL A FRANCISCO GRANADOS

EL JUEZ DE ‘PÚNICA’ RASTREA LOS SOBRECOSTES DE OBRAS QUE LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ EN CINCO AÑOS POR UN TOTAL DE 1.000 MILLONES

EL ABOGADO DE GRANADOS ABANDONA SU DEFENSA "POR MOTIVOS PROFESIONALES"

LA GUARDIA CIVIL ATRIBUYE AL PRESIDENTE DE MURCIA "FRAUDE EN CONTRATOS PÚBLICOS"

LA GUARDIA CIVIL VE “INDICIOS SUFICIENTES” PARA ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA DE FRAUDE CON LA ‘PÚNICA’

FRANCISCO GRANADOS ROBABA PARTE DE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP DE MADRID

GRANADOS Y MARJALIZA MOVIERON CASI 6 MILLONES DE EUROS DE SUIZA A COSTA RICA

LA GUARDIA CIVIL APUNTA QUE GRANADOS SIGUIÓ RECAUDANDO MORDIDAS PARA EL PP DE AGUIRRE TRES AÑOS DESPUÉS DE SU CESE

PÚNICA HIZO TRABAJOS DE 'REPUTACIÓN ONLINE' A AGUIRRE: "CONTINUAMOS CON EL APOYO A ESPERANZA"

CIFUENTES, A TABOADA: "¿CUÁNDO VAS A PONER LA QUERELLA?"

CIFUENTES NOMBRA NÚMERO DOS DE LA CAMPAÑA DEL PP PARA EL 26-J AL CONSEJERO SEÑALADO POR EL ‘CEREBRO’ DE LA PÚNICA

TABOADA SE AFERRA AL CARGO: "CIFUENTES ME CREE, Y YO NO DIMITIRÉ EN BASE A MENTIRAS"

MARJALIZA SEÑALA A TRES DIPUTADOS DE CIFUENTES POR SU VINCULACIÓN CON LA TRAMA CORRUPTA

¿QUÉ HAY HASTA EL MOMENTO CONTRA FRANCISCO GRANADOS?

LAS OSCURAS CONEXIONES DEL MINISTRO DE GUINDOS CON LA PÚNICA
 


 

LA GUARDIA CIVIL ACUSA AL DIPUTADO VALENCIANO VÍCTOR SOLER (PP) DE FRAUDE, COHECHO Y MALVERSACIÓN

De Pedro, considerado el "conseguidor" de la Púnica, prestó servicios de reputación online al exalcalde de Gandía

La UCO considera a Soler "conocedor" e "interlocutor directo" con De Pedro para la determinación de los trabajos y la manera de sufragar los servicios reputacionales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al concejal del PP en Gandía (Valencia) y diputado de las Cortes Valencianas, Víctor Soler, los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos por ser "conocedor" e "interlocutor directo" en los servicios reputacionales que realizaron las empresas de Alejando de Pedro al exalcalde del municipio valenciano Arturo Torró entre los años 2012 y 2014, en el marco de la investigación del caso Púnica, según ha informado Europa Press.

Así se desprende de un informe de la UCO, con fecha del 17 de noviembre de 2016, sobre el pago irregular de servicios de reputación online para el exalcalde de Gandía prestados por el empresario Alejando de Pedro, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por Eloy Velasco.

La Guardia Civil afirma en su informe que, gracias a las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro, se confirmó la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandía con el empresario. La UCO destaca que De Pedro, considerado como "conseguidor" de la trama Púnica, comenzó su vinculación con el PP de Gandía en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.

Aprovechando que era un año electoral, el informe presume que los servicios eran destinados a la "promoción" de la formación política. Una vez que Torró consigue la alcaldía, dichos trabajos de reputación online pasan a facturarse al consistorio municipal.

Pago de la deuda para seguir trabajando con De Pedro

La UCO destaca que en 2013 comienzan a haber discrepancias debido a que quedaron varias facturas impagadas a EICO y Madiva por parte del Ayuntamiento de Gandía, pero debido al "fruto del deseo" de que continuase elaborando esos informes a su favor, Soler accede a pagar la deuda y acuerda un nuevo plan de pagos para los próximos trabajos, que se prolongarían hasta 2015.

Según cuenta el informe, el actual diputado contactó con el vicesecretario de organización del PP en Gandía, Dionisio Ollero, para buscar una fórmula de pago que solventara dicha deuda y concertaron con la constructora Construcciones Gomuñoz (empresa adjudicataria de obras en el consistorio valenciano y acreedor del mismo) para que sufragara la misma por supuestos trabajos de publicidad realizados por Madiva, otras de las empresas de De Pedro.

Estas cantidades se ingresaron con facturas a Madiva por "servicios no prestados, puesto que lo que pretendía pagar eran los servicios reputacionales al alcalde", resalta el informe. Concretamente, se acordó el pago de 2.633,75 euros más IVA durante ocho meses, según se puede ver en uno de los correos recogidos por la UCO entre empleados de la empresa de De Pedro.

No obstante, el informe señala que estos pagos nunca se llegaron a hacer efectivos por las actuaciones judiciales y policiales que se llevaron a cabo en ese momento.

Conocedor e interlocutor directo

Por todo ello, la UCO considera a Soler "conocedor" e "interlocutor directo" con De Pedro para la determinación de los trabajos y la manera de sufragar los servicios reputacionales. Por ello, le acusa de haber cometido los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.

El grupo de investigación del Instituto Armado considera a Ollero y a Turró autores de tráfico de influencia y cohecho. Además, al exalcalde se le acusa de fraude en contratación pública.

También cree que el empresario ha incurrido en los delitos de fraude en contratación pública, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Asimismo, considera autor de cohecho al dueño de la constructora, Sergio Múñoz, por acceder a sufragar la deuda del Ayuntamiento de Gandía.

Control de la información


Por otro lado, la UCO hace hincapié en los mensajes del concejal del municipio valenciano Vicente Soler con De Pedro en el que le informa de que el diario Ahora Gandía será la plataforma pagada con dinero municipal dirigida a recoger mensajes favorables de Turró, además de las redes sociales. Sin embargo, durante una de esas comunicaciones, el concejal de Gandía pide al empresario que controle a la única periodista con el que contaba el medio por el "trato informativo" que recibía el entonces alcalde.

"Vamos a hacer una cosa, si ella tiene que continuar, lo único que te pido es que controles la información que pone, porque en determinadas noticias barre mucho hacia la oposición y en negativo hacia nosotros", dice uno de los mensajes del concejal que envía a De Pedro. "Eso me genera problemas", continúa.

Ante esto, De Pedro intenta tranquilizar al concejal asegurando que, a partir de ese momento, él controlaría las informaciones de Ahora Gandía: "Verás como no vuelve a poner nada, y ante la duda que pregunte y yo te lo traslado", contestó.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/la_guardia_civil_acusa_diputado_valenciano_victor_soler_fraude_cohecho_malversacion_59137_1012.html

LAS 63 PRUEBAS QUE ACORRALAN EN PÚNICA A UN DIPUTADO DEL PP Y AL EXALCALDE DE GANDÍA

La UCO entrega al juez Velasco un nuevo informe sobre el supuesto pago irregular de trabajos de reputación 'online' para el antiguo regidor 'popular' de la localidad valenciana, Arturo Torró. El documento policial adjudica un papel relevante en la trama al actual parlamentario regional Victor Soler.

Diez llamadas de teléfonos, once documentos en formato digital, 32 'emails', tres cadenas de mensajes y siete declaraciones ante la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un amplio informe en el que detalla todas las pruebas e indicios recopilados hasta ahora sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en el Ayuntamiento de Gandía. El exhaustivo documento policial concluye que cinco personas pudieron tener responsabilidades penales en las mismas, entre ellos el antiguo alcalde del PP de esta localidad valenciana, Arturo Torró, y el actual concejal y diputado en las Corts Valencianes por el mismo partido Víctor Soler. Los autores del informe otorgan a éste último, que ha sido elegido recientemente compromisario para el Congreso 'popular' del mes de febrero, un papel clave en las supuestas irregularidades detectadas para el supuesto pago con dinero público de la reputación 'online' de su correligionario y jefe. De hecho, le atribuyen tres posibles delitos. Tantos como al propio Torró, quien dimitió como concejal del consistorio en enero pasado, siete meses después de que perdiera la alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2015. Vozpópuli intentó ponerse en contacto con Soler por correo electrónico a través de su página web personal, pero al cierre de estas líneas no había respondido a los requerimientos de información de este diario.

El informe, fechado el pasado 17 de noviembre, cuenta con 64 páginas, además de 43 anexos con otros 300 folios de documentación

El informe cuenta con 64 páginas, 43 anexos con otros 300 folios y está fechado el pasado 17 de noviembre. En el mismo, los responsables de la investigación detallan que iniciaron las pesquisas sobre las supuestas actividades de la trama en Gandía tras interceptar el 14 de julio de 2014 una llamada de teléfono entre el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en Púnica, en el que el primero asegura que había cerrado "un tema" en la localidad valenciana "por unos 2.500 [euros] al mes, sin contratar nada ni gastar nada". A partir de ahí, los agentes pudieron intervenir más conversaciones telefónicas, hasta sumar diez, con referencias a este municipio e, incluso, en alguna en la que figura como interlocutor un destacado miembro del PP de Gandía, Dionisio Ollero, así como referencias directas al hoy diputado autonómico Víctor Soler y el propio Torró. Tras las detenciones de octubre de 2104, cuando fue arrestado Alejandro de Pedro, la UCO se hizo en los registros con abundante documentación en papel y formato digital en la que también se han hallado nuevas pruebas sobre las supuestas irregularidades en el consistorio.

Así, los agentes han localizado hasta once informes de reputación 'online' elaborados por el 'gurú' informático para mejorar la imagen en Internet de Arturo Torró, así como 32 correos electrónicos intercambiados entre varias de los presuntos implicados y terceras personas, tres cadenas de mensajes (dos de whatssap y otra del 'messenger' de Facebook) y siete declaraciones, entre ellas la de los tres políticos del PP local salpicados por el escándalo. Con todo ello, el informe de la UCO concluye que durante los años 2012, 2013 y 2014 la trama Púnica trabajó para Arturo Torró y que dichos servicios fueron "sufragados por el Ayuntamiento" de Gandía. También que parte de esos trabajos iban a ser pagados por una empresa de la localidad, Construcciones Gomuñoz, que había recibido diversas adjudicaciones de obras del consistorio. La Guardia Civil concluye que en dichas irregularidades "podrían existir responsabilidades penales" de cinco personas. Entre ellos está el propio Torró, su segundo en el Ayuntamiento y hoy diputado regional, Víctor Soler, además de Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del partido en Gandía. A ellos se suman el propio Alejandro de Pedro y el dueño de la sociedad que presuntamente iba a sufragar parte de los trabajos, Sergio Muñoz López. A los dos primeros, los agentes les adjudican tres delitos, mientras que a su correligionario y al 'gurú' les atribuyen dos, y al empresario, uno.

"Conocedor"
En el caso del hoy exalcalde, los agentes consideran que era "conocedor de la índole de servicios" que le prestaba Alejandro de Pedro y que que ésto "se pagaban con dinero de las arcas municipales", según se desprende de las comunicaciones entre su compañero de partido y el 'gurú' informático. Por ello lo considera presunto autor de los delitos de fraude en contratación pública, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, el informe otorga un papel más relevante al hoy aforado Víctor Soler, a quien no sólo le sitúan como "conocedor" de las irregularidades, sino también como "el interlocutor directo de Alejandro de Pedro en la determinación de los trabajos reputacionales a realizar y la manera de sufragarlos". Eso sí, "con el visto bueno del alcalde Arturo Torró, beneficiario de los servicios reputacionales". En su exposición, los agentes destacan que los mismos fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que éste dejara de recibir dinero y, como consecuencia de ello, decidiera dejar de trabajar para el alcalde 'popular'. Es en las gestiones realizadas para desbloquear esa situación donde Víctor Soler asume presuntamente un mayor papel protagonista.

La UCO concluye que el diputado regional medió ante De Pedro para que siguiera haciendo los trabajos de reputación 'online' del entonces alcalde Arturo Torró

Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el 'gurú' informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" el hoy diputado autonómico trató directamente con Alejandro de Pedro. También es él quien acude a su compañero de partido, Dionisio Ollero, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluye que Víctor Soler sería autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Por su parte, al vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, le adjudica el papel de contacto con el constructor, por lo que le considera presunto autor de los delitos de tráfico de influencia y cohecho. A Alejandro de Pedro le señala por malversación y falsedad en documento mercantil, y al empresario, por cohecho.

Testimonio clave

La declaración que el pasado 5 de octubre prestó como imputado Francisco Javier Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica que participó en las negociaciones de Gandía para que el PP saldara su deuda con Alejandro de Pedro, ha servido para conocer nuevos detalles de los tratos de la red de corrupción con Arturo Torró. En su relato ante el juez Eloy Velasco, este extrabajador de Madiva Editorial SL aseguró que su jefe le envió en septiembre de 2014 a este municipio valenciano a cobrar una deuda del PP local y que cuando se presentó en la dirección que le dieron "me veo que era una constructora", Gomuñoz SL. El imputado aseguró que el dueño de la misma, Sergio Muñoz, le confirmó que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda" y que De Pedro debía emitir facturas por publicidad para camuflar dichos abonos. Bueno González también señaló que este empresario le dijo que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda del ayuntamiento", aunque si "a los tres meses no le pagaba el Ayuntamiento, no lo iba a pagar".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-diputado-PP-alcalde-Gandia_0_983302590.html

'PÚNICA' OFRECÍA SUELDOS DE 400 EUROS POR HABLAR BIEN DEL PP DE GANDÍA

Sueldos de 400 euros más el 50% de la publicidad que se generaba a cambio de contar noticias que aplaudieran al PP. Es el resumen de uno de los correos intervenidos a Alejandro de Pedro, el presunto conseguidor valenciano de contratos de la trama Púnica, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional. El correo se ha incluido en un informe que hace referencia a la rama de Púnica que investiga al Partido Popular de Gandía y cerca al actual diputado del PPCV, Víctor Soler. Los agentes consideran que Soler es responsable de los supuestos delitos de fraude, cohecho y malversación. Soler continúa sin ser citado a declarar como imputado -ahora, investigado- porque está aforado por las Cortes valencianas y sólo puede interrogarlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por los privilegios jurisdiccionales de los que goza.

Los investigadores subrayan las «evidencias» que sitúan a Soler como «interlocutor directo» de De Pedro para determinar dichos trabajos reputacionales, que fueron cargados al Ayuntamiento de Gandía, y la forma de pagarlos. Según las pesquisas policiales, Soler, con el visto bueno del ex alcalde Arturo Torró, se puso en contacto con el vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, para que éste buscase una forma de pagar la deuda que el Consistorio mantenía con De Pedro por sus trabajos, aunque éstos no fueron para el Ayuntamiento, sino para el PP. Al parecer, Ollero acordó con un empresario de la construcción de Gandía -Construcciones Gomuñoz-, adjudicatario y acreedor en aquellos momentos (2013) del Ayuntamiento, para que asumiese el pago de dichos trabajos. Esta constructora ha cobrado 885.000 euros en contratos públicos del Ayuntamiento.

Uno de los correos intervenidos muestra el deseo de De Pedro por buscar periodistas de Gandía para el portal ahoragandia.es después de que Soler le expresara su malestar por las noticias negativas que se publicaban sobre la gestión de Torró y el resto de concejales.«Tengo una empresa que crea y gestiona diarios digitales, actualmente contamos con más de 80 repartidos en 12 comunidades autónomas. En la provincia de Valencia cuento entre otros con ahoragandia.es», le comunica De Pedro a una colaboradora. En el correo el presunto conseguidor le traslada que necesita una persona de Gandía para este puesto y que el sueldo será de «400 euros netos más el 50% de la publicidad que se genere» y su empresa la formaría «sobre todo el parte digital».En 2015, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Eloy Velasco, dejó sin efecto la citación como imputado de Víctor Soler después de que su abogado comunicara al juzgado que es diputado y, por tanto, está aforado. El dirigente de Gandía entró en las Cortes tras las dimisiones de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; y en el último año se ha ganado la confianza de la actual dirección.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/24/585d6f0f268e3e1e6c8b45dc.html

7.1.PIDEN QUE COSPEDAL Y FLORIANO DECLAREN EN EL JUICIO DE LA TRAMA LEONESA DE PÚNICA

Se trata de la petición formulada por la acusación popular Adade, que ha presentado su escrito de acusación en la Audiencia, en el que además reclama quince años de prisión para el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, por delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho y malversación de caudales públicos.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha presentado este lunes su escrito de acusación del juicio de la rama leonesa de la trama Púnica. En el citado documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se solicita que declaren como testigos en la vista oral la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el exvicesecretario de organización del Partido Popular (PP) y diputado, Carlos Floriano, y la diputada y ex alcaldesa de Murcia, Pilar Barreiro; personas que habrían sido utilizadas por el ex presidente de la Diputación de León,Marcos Martínez Barazón, para posicionarse favorablemente dentro de la formación de Mariano Rajoy.

En el escrito de acusación, Adade solicita la pena más alta de prisión -quince años por varios delitos de corrupción- para Martínez Barazón y les siguen los once años de cárcel para los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa y los nueve para el excoordinador de la Diputación leonesa y alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez García, entre otros investigados. En esta pieza separada del macro sumario de Púnica se van a juzgar delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias etc.

Las pesquisas llevadas a cabo en los últimos dos años por el instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han revelado que las empresas de De Pedro -considerado como el conseguidor de la trama- llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales.

En sintonía con esta afirmación, Adade defiende en su escrito de acusación que el ex dirigente popular "Marcos Martínez Barazón es obviamente quien encarga la estrategia de promoción personal y organiza las compensaciones, aprovechándose de la estructura previamente existente de promoción irregular de la Presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y que él obviamente conocía y por haber sido su mano derecha como Vicepresidente de la Diputación".

Varios delitos de corrupción
"Su promoción dentro del Partido Popular, se realizaba mediante contactos con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, Carlos Floriano, vicesecretario general o Pilar Barreiro, diputada nacional por el PP y alcaldesa de Cartagena que facilitaban, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa y de los que se aprovechó Marcos Martín Martínez Barazón para sus fines", recalca esta acusación popular que, por ello, pide que Cospedal, Floriano y Barreiro testifiquen en el juicio que se celebrará en la Audiencia.

En este caso, el papel del empresario de Eico y Madiva, Alejandro de Pedro, es el propietario de las mercantiles y "quien coordina los contactos, recibe los dosieres de prensa, y los traslada al personal de su empresa para que los mismos sean incluidos en los diarios digitales al igual que los banners que justificarán el pago del servicio”. Mientras tanto, para Adade el también empresario José Antonio Alonso Conesa "recibe los dosieres y realiza asesoramiento por sí o a través de terceros, a fin de diseñar y poner en marcha la estrategia de promoción de Marcos Martínez".

Las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos a cambio de beneficios personales

En un auto dictado el pasado mes de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acordó continuar esta causa penal contra Martínez Barazón (por los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de información privilegiada y malversación de caudales públicos); contra el ex coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García (por delitos de fraude, cohecho y malversación); contra el interventor de la mencionada institución, Manuel Jesús López Sánchez (acusado de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios); contra los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa (investigado por los delitos de fraude, cohecho, malversación y aprovechamiento de información reservada); así como contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL (a las que se le atribuye un delito de cohecho).

En la resolución, el magistrado apuntaba a que la investigación ha revelado que las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaban dichos cargos públicos por "procedimientos irregulares".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Piden-Cospedal-Floriano-declaren-Punica_0_982402762.html

"NUEVOS HALLAZGOS" DE LA UCO "CORROBORAN" TRATOS DEL PRESIDENTE DE MURCIA CON PÚNICA

Un nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades de la trama recoge varios documentos manuscritos que, en opinión de los agentes, confirman que la red ya había dado los primeros pasos para trabajar la reputación 'online' de Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro.

Nuevos documentos localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del 'caso Púnica' ponen contra las cuerdas al presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y a su correligionaria, la senadora Pilar Barreiro. El Instituto armado entregó el pasado 22 de noviembre un nuevo informe sobre las andanzas de la trama en esta región que incluye "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las irregularidades cometidas presuntamente por ambos políticos aforados cuando estaban al frente de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Cartagena, respectivamente. El reciente documento policial es una ampliación del que se incorporó al sumario el pasado mes de mayo y en el que ya se apuntaba que el presidente autonómico podría haber cometido un delito de "fraude" y su compañera de partido, de "malversación y tráfico de influencias".

Los nuevos documentos incorporados al sumario son tres notas manuscritas localizadas en los puestos de trabajos de sendos trabajadores de Alejandro de Pedro

El documento policial, de seis folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge sendas anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de tres empleados del 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro. Los agentes las intervinieron durante los registros practicados durante las detenciones de octubre de 2014 en las sedes en Valencia de EICO Online Reputation Management SLy Madiva Editorial y Publicidad SL, pero ha sido ahora cuando las han podido encajar en el complejo puzle de la investigación. El primero de los documentos ahora localizados por la UCO se encontraba en la mesa que ocupaba Francisco Javier Bueno González, un trabajador de De Pedro que realizaba labores de comercial y que ahora colabora con la Justicia. Se trata, en concreto, de "anotaciones manuscritas relacionadas con la persona de Pedro Antonio Sánchez haciendo constar los trabajos proyectados y la forma de presupuestarlo", se lee en el reciente informe.

En opinión de la Guardia Civil, son "anotaciones previas que luego se volcaron en un informe preventa" sobre los trabajos de reputación 'online' que se iban a hacer al entonces consejero de Eduación de Murcia y hoy presidente del Ejecutivo regional. El nuevo documento de policial destaca que el hallazgo recoge "extremos" muy reveladores. Así, aparece el nombre del político 'popular' y que se trata de su "reputación". Además se recoge que se va a crear una "página estática" y que "la fecha proyectada de inicio de los trabajos es el 1 de noviembre" de aquel año. También se desprende que la partida para los dos meses que restaban de ese periodo se iba a desglosar "bajo el concepto formación" y que la trama tenía previsto "contratar un periodista, presumiblemente para el diario digital 'murcianoticias.es y la creación de un portal de educación".

Coincidente con informe 'preventa'
La Guardia Civil destaca que a su juicio ese diario digital y la página web iban a servir para dar "cobertura al coste de los trabajos reputacionales". En la nota manuscrita aparecen también palabras y frases sueltas como "EICO", "Madiva", "semana que viene Murcia", "profesores", "familia", "Ampas", "cooperativas religiosas/lacias", "concertada" o "visibilidad". La UCO considera que las notas de dicha hoja son coincidentes con el informe preventa fechado el 24 de octubre de 2014 que ya se incluyó en el informe como uno de los principales contra Pedro Antonio Sánchez. En el mismo ya se recogía que "a la reunión mantenida con autoridades de la Consejería [de Educación] asistieron como comerciales de EICO las personas de Alejandro de Pedro Llorca y Francisco Javier Bueno González", el empleado en cuyo puesto de trabajo se ha encontrado ahora el nuevo documento.

Un cuaderno de anillas recoge anotaciones con la duración -siete meses- y el precio de los trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro

A continuación, el documento destaca la existencia de otros dos documentos intervenidos que "corroboran la aceptación de la aceptación de los trabajos reputacionales de Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro". En concreto, anotaciones manuscritas que determinan "la fecha prevista de inicio [de éstos] y la previsión de pasos a dar [para] ponerlo en marcha", como "pasar hoja de requisitos" y "pasar oferta". Además, estos dos documentos amplían "la nómina de empleados de Alejandro de Pedro que conocían y participaron en los hechos". En este punto cita a Sara Gargallo y María José Gutiérrez, quienes si bien comparecieron ante el juez Eloy Velasco como testigos poco después de la detención de octubre de su jefe, el pasado mes de octubre lo hicieron ya como investigadas (nueva denominación de la figura de imputado).

Un cuaderno con anillas
Así, en el puesto del trabajo de la primera, también en las oficinas de Madiva e EICO en Valencia se encontró un cuaderno de anillas con anotaciones referidas a los supuestos trabajos de reputación 'online' que se iban a iniciar para ambos político. Así, se lee "reput. Pilar Barreiro" junto a la anotación "7 meses" [justo hasta las elecciones municipales del siguiente mes de mayo] y la cantidad "24.700 euros", ambas rodeadas por un círculo. Una flecha apunta a la frase "pedir hojas requisitos" que los agentes identifican como "la información que se solicita al cliente para empezar el proyecto". Una línea más abajo aparece escrito el nombre de Pedro Antonio Sánchez, la cifra de 21.000 euros y el nombre de uno de los asesores del hoy presidente murciano, David Conesa, ya imputado. Del nombre de este último sale una flecha que lleva al final de la cuartilla, donde aparecen anotadas "noticias Murcia", "Portal Educ. Murcia" y el correo electrónico particular de este colaborador del presidente autonómico. A un margen se puede leer además referencias a un "periodista" con un sueldo de "1.600 euros" y, de nuevo, las palabras "hoja requisitos".

Las anotaciones en la agenda de una imputada sugieren que los trabajos de reputación 'online' del presidente murciano y la senadora Barreiro iban a iniciarse el lunes 3 de noviembre de 2014

El tercer documento ahora incorporado al sumario es una agenda de 2014 hallada en el puesto de trabajo de María José Gutiérrez, otra empleada de De Pedro imputada. En este caso, los investigadores se fijan en la página del lunes 3 de noviembre, donde aparecen anotaciones que apunta a que ese día era el que iban a iniciarse presuntamente los trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez y PIlar Barreiro "dado que el día (sic) 1 y 2 de noviembre de 2014 eran sábado y domingo respectivamente". De hecho, en la agenda se puede leer textualmente "empezar hoy" junto a los nombres de los aún hoy aforados. Todos estos hallazgos son considerados por la Guardia Civil como "nuevos datos objetivos" que confirman que los dos dirigentes 'populares' habían aceptado "los servicios ofertados por Alejandro de Pedro" y que, de hecho, se habían dado "los primeros pasos para materializarlo". El estrecho judicial contra ambos se cierra un poco más.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-localizanuevos-presidente-Murcia-Punica_0_982703040.html

LA UCO ENTREGA AL JUEZ NUEVOS DOCUMENTOS CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA Y SU IMPLICACIÓN EN LA 'PÚNICA'

Varias notas manuscritas de empleados de Alejandro de Pedro, uno de los líderes de la trama de corrupción, muestran que tanto el presidente como la senadora Pilar Barreiro utilizaron empresas de la Púnica para mejorar su reputación, según destaca La Verdad de Murcia.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso de la trama Púnica, nuevos datos que señalan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y a la senadora Pilar Barriero, según cuenta el periódico de La Verdad de Murcia.

La UCO, que impulsa la investigación contra el jefe del Ejecutivo murciano, ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tres documentos que han sido encontrados en las oficinas de Eico On Line y Madiva, empresas que pertenecen a Alejandro de Pedro, uno de los líderes de la trama Púnica.

Según la denuncia de la Guardia Civil tanto el presidente de la comunidad como la senadora y anterior alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, habrían contratado presuntamente los servicios de las empresas de Alejandro para mejorar su reputación personal en Internet y que iban a ser pagados con fondos públicos.

La UCO señala como indicios las constantes llamadas y reuniones que mantuvieron tanto Pilar como Sánchez con el empresario, además de los documentos de las empresas, presentados como "informes preventa" y que certifican esta operación para el lavado de imagen.

Para la Guardia Civil estos nuevos documentos "confirman con datos objetivos la aceptación de los servicios ofertados por Alejandro de Pedro a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez, así como los primeros pasos para materializarlos, como son pasar la hoja de requisitos y la oferta en los términos acordados en la reunión", recoge La Verdad.

En este sentido, la UCO señala a nuevos empleados de las empresas de De Pedro que también estarían vinculados a la trama. Aparte de Francisco Javier Bueno, se señala a Sara Gargallo y María José Gutiérrez.

La implicación del presidente de la Región de Murica en la operación Púnica se remonta a mayo cuando la Guardia Civil pidió que se investigara a Sánchez por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.


Para los agentes esos contratos se llevaron a cabo en 2014 y fueron abonados con dinero público, cuando el pago debió asumirlo el Partido Popular. Se trata de una situación similar a la del exconsejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, a quien los contratos con De Pedro le costaron la carrera política.

El caso 'Auditorio'

No es la única trama de corrupción en la que se ha visto envuelto Pedro Antonio Sánchez. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una exposición razonada del caso 'Auditorio', al considerar que existe responsabilidad penal del presidente de la Región en las obras de construcción y entrega de esta infraestructura de Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.

Los presuntos delitos que se le atribuyen en este caso, y que aparecen reflejados en el auto presentado, son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público.

http://www.publico.es/politica/uco-entrega-al-juez-nuevos.html

EL JUEZ DE PÚNICA ANALIZA 96 FOTOS DE UN 'CÓNCLAVE' DEL PP EN MURCIA AL QUE FUE RAJOY

Velasco envía a Anticorrupción y a la UCO un CD remitido por una asociación regional con imágenes de los "asistentes a la Intermunicipal" celebrada por los 'populares' en octubre de 2014. Hace dos meses, el magistrado preguntó a tres imputados por este encuentro al que asistió la plana mayor del partido.

Primero, preguntas. Ahora, fotografías. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha hecho llegar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un CD con imágenes de "los asistentes a la Intermunicipal celebrada en el PP en Murcia en octubre de 2014" para que tengan "conocimiento y, en su caso, informe[n]" sobre las mismas dentro del 'caso Púnica'. Así aparece en una providencia dictada el pasado 14 de diciembre a la que ahora ha tenido acceso Vozpópuli y en la que detalla que dichas fotografías han sido enviadas a la Audiencia Nacional por la Asociación Gulliver-Ciudadanos contra la Corrupción, un grupo regional de denuncia.

Las imágenes de la reunión Intermunicipal del PP en Murcia han sido enviadas a la Audiencia Nacional por la Asociación Gulliver-Ciudadanos contra la corrupción

Se trata, en concreto, de 96 imágenes, según han confirmado a este diario fuentes de esta asociación. Las mismas añaden que todas ellas fueron tomadas por fotógrafos de un periódico local durante aquel 'cónclave' de los 'populares' de hace más de dos años al que asistió Mariano Rajoy y, desde entonces, habían permanecido en la edición digital de dicho diario.

En muchas de ellas se ve al presidente del Gobierno, según ha podido constatar Vozpópuli. "Tuvimos noticias por los medios de comunicación de que el juez Velasco estaba preguntando a imputados en el 'caso Púnica' por dicho encuentro y decidimos enviarle las imágenes por si sirven de ayuda", recalca un miembro de la Asociación Gulliver, que desde su creación en el otoño de 2008 ha presentado numerosas denuncias en los juzgados de Murcia para denunciar supuestos casos de corrupción.

Rajoy, Cospedal, Montoro...
Efectivamente, no es la primera vez que dicho encuentro de los 'populares', aparece en el sumario. El pasado mes de octubre, el magistrado preguntó a tres imputados por las 'andanzas' de la trama en Murcia precisamente por este acto del partido que se celebró sólo 48 horas antes de que se produjeran las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'.

Dicha reunión "Intermunicipal" se celebró el 24 y 25 de octubre de 2014 en el Hotel Siete Coronas de la capital murciana. A él asistieron más de 500 alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones del partido de toda España. Además de Rajoy, que lo clausuró, también participaron su 'número 2' en el partido y hoy titular de Defensa, María Dolores de Cospedal; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el presidente de la FEMP, el ahora responsable de Fomento Iñigo de la Serna. También aparecieron los entonces alcaldes de Valencia, la fallecida Rita Barberá; de Badalona y actual líder del PP en Cataluña, Xabier Albiol; y de Cáceres, Elena Nevado. Junto a ellos, dirigentes como Javier Arenas, Esteban González Pons,Fernando Martínez Maíllo y el entonces vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano.

A aquel acto asistieron dos cargos públicos del PP imputados en Púnica y otros dos ahora bajo sospecha: el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora Pilar Barreiro

En el acto estuvieron presentes también algunos de los cargos públicos del PP ahora imputados en el caso Púnica. Así, se encontraba Marcos Martínez Barazón, en aquel momento presidente de la Diputación de León y que sería detenido horas después. También asistió el entonces regidor de la localidad madrileña de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo, imputado el pasado mes de julio por el juez Velasco por su presunta relación con el mayor 'pufo' de la trama tras perder el aforamiento que disfrutaba por su condición de parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Otros participantes salpicados ahora en el sumario fueron el entonces consejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, y la en aquel momento alcaldesa de Cartagena y diputada, la hoy senadora Pilar Barreiro. Esta última es, de hecho, una de las personas que más aparece en las fotografías remitidas a la Audiencia Nacional.

Interrogados sobre la reunión
Precisamente, dentro de la investigación sobre las 'andanzas' de la Púnica en Murcia que ha puesto bajo sospecha a estos dos últimos cargos públicos, el juez Eloy Velasco interrogó el pasado mes de octubre como investigados (nueva denominación de la figura de imputado) a tres personas.

Se trató, en concreto de María del Mar Conesa Marchán, quien fuera durante 20 años persona de la máxima confianza en el Ayuntamiento de Cartagena de la hoy senador Barreiro; de David Conesa Ferrer, asesor del actual presidente de la Región de Murcia; y de Francisco Javier Bueno González, trabajador de una de las empresas del 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro.

Según los audios de sus declaraciones a los que ha tenido acceso Vozpópuli, a todos ellos el magistrado les preguntó sobre aquel encuentro político a la que vez que destacaba en dos casos la participación en el mismo del entonces secretario de Organización, Carlos Floriano, así como de la posible presencia en el mismo de varios imputados de la red de corrupción como el entonces presidente de la Diputación de León, el 'popular' Marcos Martínez Barazón, y el experto informático en reputación 'online'.

El pasado mes de octubre, el juez Velasco ya preguntó por este 'cónclave' del PP a tres imputados por las 'andanzas' de la trama en Murcia

A la primera de estos imputados, María del Mar Conesa, el juez Velasco le planteó si "hubo algún congreso del Partido Popular en ese año en la región de Murcia". La colaboradora de Pilar Barreiro le dijo que no lo recordaba. Minutos después, una de las representantes de la Fiscalía Anticorrupción le volvía a interrogar sobre los mismo, con la misma respuesta. Al asesor de Pedro Antonio Sánchez, el magistrado le planteó idéntica cuestión. En este caso, David Conesa si recordó que hubo "una Intermunicipal" y que "puede ser" que entre sus asistentes estuviera Carlos Floriano, por el que le preguntó el juez de manera concreta. Lo que aseguró desconocer fue si también participó Martínez Barazón y negó que se mantuviera reuniones con estas personas. Finalmente, al empleado de Alejandro de Pedro aseguró no recordar si su jefe estuvo en dicho encuentro para "hablar con políticos" y si entre ellos estaba, precisamente, el entonces vicesecretario general de Organización del PP.

No es la primera vez que el nombre de Carlos Floriano aparece en el sumario del caso Púnica. De hecho, Alejandro de Pedro reconoció conocerle después de contactar con él por correo electrónico a través de Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP entre 2006 y 2011. En agosto de 2015 el propio dirigente de Génova admitió públicamente dicha relación, aunque la limitó al ofrecimiento que el presunto integrante de la trama le hizo para mejorar la "reputación" de los líderes del partido. Aseguró que, después de un periodo de prueba, no se le contrató.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-imagenes-PP-Murcia-Rajoy_0_981503069.html

LOS AUDIOS DE LA DECLARACIÓN DE GRANADOS: "AGUIRRE ES UNA PERSONA HONRADA Y CABAL"

El Confidencial y La Sexta acceden a la grabación íntegra de la declaración del exsecretario general del PP de Madrid ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco

Francisco Granados solicitó declarar con urgencia ante el juez Eloy Velasco, pero no era para tirar de la manta del caso Púnica, el escándalo que le mantiene en prisión provisional desde octubre de 2014 por liderar presuntamente una trama corrupta que actuaba en los sectores inmobiliario, urbanístico, energético, de obras públicas y transportes, entre otros.

El Confidencial y La Sexta han accedido al contenido íntegro de sus tres horas de declaración, este miércoles en la Audiencia Nacional, y las conclusiones que pueden extraerse es que Granados negó todos los delitos que se le imputan; aseguró que los negocios que se le atribuyen nunca existieron; alegó que el único dinero que ocultó a las autoridades fueron los 1,3 millones de euros que la Agencia Tributaria encontró en Suiza en 2014, y que su antiguo socio y amigo David Marjaliza mintió una y otra vez durante los tres días que declaró para colaborar con la Justicia.

Ni rastro de la caja B del PP de Madrid ni tampoco de las donaciones ilegales de constructores que aparecieron en su agenda, mantuvo Granados. La financiación del PP siempre fue, manifestó, “absolutamente transparente”. Y en su opinión, la máxima dirigente de la formación durante más de una década, Esperanza Aguirre, se comportó en todo momento de manera “honrada y cabal”. Este es un extracto de los momentos más destacados de su declaración:

1. Las cifras de su agenda no son dinero, sino asistentes a actos

“Son anotaciones no tanto de una agenda sino de un libro de notas en el que había apuntadas muchas cosas. Desde luego no se trata de dinero. Aquí no aparece nada de dinero. No se trata de financiación irregular. La financiación del Partido Popular de Madrid es una financiación absolutamente transparente".

2. Ni JLM es Javier López Madrid (OHL) ni LD, Luis Delso (Isolux)

“Creo que se refieren a actos del Partido Popular que se iban a programar en campaña. Lo que se corresponden, fundamentalmente... Las letras, las siglas BG es Beltrán Gutiérrez, que ha sido durante todos estos años el gerente del Partido Popular y es el encargado de movilizar el número de personas que aparece aquí que estaba previsto para esos actos. Creo que JLM debe ser, porque ya le digo que de esto hace 12 o 14 años, debe ser de alguno de los colaboradores en la campaña, desde luego, creo recordar que se llamaba José Luis Moreno. ME (…) eran los Municipios Estratégicos. Había un programa de municipios estratégicos en la Comunidad de Madrid. Y este acto de LD era para la Lista de Diputados. Y esto de JEC, creo que esto era algo de Jornadas de Educación de la Comunidad de Madrid. Yo no sé quién ha interpretado esto. Parece ser que el señor Marjaliza, que no sé qué pinta interpretando papeles del Partido Popular de Madrid. Pero en cualquier caso, quien haya interpretado esto como dinero ha cometido un tremendo error porque, como le digo, se trata de asistentes a actos”.

3. Marjaliza solo declaró para salvarse

“Este señor [Marjaliza] ha seguido con su misma vida. Sigue abriendo negocios en los terrenos que han sido objeto de adjudicaciones, ninguna en la época en la que yo he sido alcalde. Sigue este señor inaugurando negocios. Incluso he tenido conocimiento de una demanda del portavoz del PP de Valdemoro, David Conde, porque le ha llamado para presionarle para que no esté a favor de que se rescaten esas concesiones, que eso también me parecería, lo digo de paso, que se hiciera por parte del ayuntamiento... en fin. Decir que ha mostrado superioridad desde el primer momento. Y desde luego, preservar e intentar encubrir a los que han sido de verdad sus colaboradores y yo diría hasta cómplices. Porque él [Marjaliza] reconoce esos delitos, que son fundamentalmente los que ha utilizado... Él sí que tiene testaferros, como queda demostrado y como él mismo ha reconocido a lo largo del sumario”.

4. Todos los cargos fueron nombrados por Esperanza Aguirre

“Nunca he sido vicepresidente, como digo. Y los altos cargos, en su inmensa mayoría, desde luego todos los de mi consejería, creo recordar, y todos, en general, los ha nombrado Esperanza Aguirre. Lo cual no quiere decir que yo establezca ningún velo de sospecha, ni de crítica, ni de nada sobre Esperanza Aguirre, a la que considero una persona honrada, cabal”.

5. Ni Ayjopen es suya ni tiene el 33% de la promotora Servicios Patrimoniales

“No sé cuál ha sido al final la última versión de la declaración. El señor Marjaliza empezó por un 10% [de la sociedad Servicios Patrimoniales Obras y Vías], luego dijo que un 15%, luego que un 20%. Un 20%. Algo sorprendente. Yo recuerdo la transcripción... Me parece sorprendente que él no se acordara de si su participación era del 20%, del 40% o del 30%. El 2%, en cualquier caso, no me hubiera garantizado absolutamente nada. Que Ayjopen tuviera el 2% no garantizaba que alguien no pudiera vender el 49% de esa sociedad. Yo lo que me pregunto por qué no, puesto a tener el 2%, por qué no el 33%, y siguiendo ese razonamiento, por qué no el 49%. No lo entiendo. Y es que ese 2% nunca se ha vendido. No ha pasado nada. No ha habido ninguna plusvalía. No se ha vendido”.

6. La UCO miente (en un 90%)

“El informe de la UCO dice que se han recalificado de un plumazo, que dice, incluso, 1,2 millones de metros cuadrados propiedad del señor Marjaliza y del señor Ramiro Cid. Y yo les aseguro que es una falsedad, no del 10%. Del 90%. Eso es una falsedad. El informe da datos sobre recalificación de suelos. Y yo les aseguro que eso es una falsedad. No creo que llegue ni al 10% de lo que dice el informe”.

7. Nunca ha tenido negocios. Con nadie

“No he sido socio de nadie. No he participado nunca jamás en ninguna empresa. Entonces, yo ni he tenido el 2%, ni he tenido el 33%, ni he vendido el 2%, que sigue siendo de esa sociedad, de Ayjopen. No he vendido el 33% porque no lo he tenido jamás. Es una falsedad, de la A a la Z”.

8. Solo escondió 500.000 euros de sus padres y dinero ganado en bolsa

“Era dinero no declarado. Como digo, una parte, en torno a unos 500.000 euros, eran de mi padre. Y el resto, lo que yo había ido ganando. Era dinero no declarado. El banco tenía unas normas ya muy estrictas, de 'compliance', de restricciones, en cuanto a las operaciones que podíamos hacer las personas que trabajábamos en bolsa, sobre todo en la parte de análisis, en mercados en general, y entonces, pues...”.

9. Sin más dinero fuera de España. Ni donaciones de constructoras

“Le aseguro que yo no tengo ni un solo euro fuera de España. Primero, porque no me he dedicado a enriquecerme con la política. Segundo, porque esas donaciones a las que se refiere son falsas. Y tercero porque, le aseguro, que si lo tuviera, ya se lo habría facilitado”.

10. El dinero llevaba nueve años en el altillo de los suegros

ELOY VELASCO: ¿El monto de dinero que tenía usted en Suiza ha dicho que era…?

FRANCISCO GRANADOS: “Un millón trescientos… Él me dio a mí en torno a un millón trescientos mil euros”.

EV: ¿El señor Marjaliza?

FG: Sí.

EV: ¿Dinero?

FG: Sí.

EV: ¿Físico?

FG: Sí.

EV: ¿Y ese es el que aparece en casa de sus suegros?

FG: Bueno, una parte. Aparecieron novecientos, creo, por lo que he visto en el sumario, porque no estuve presente en ese registro, aparecieron novecientos [interferencias].

EV: ¿Guardó nueve años ese dinero en un altillo?

FG: Desde el año 2007.

EV: Es lo que quería…

FG: Es que no lo había entendido que cuando apareció… que cuando lo llevó o cuando…

EV: En el 2007 ha dicho.

FG: En el año 2007, que es cuando se produce la mudanza.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-23/los-audios-de-la-declaracion-de-granados_1308459/

LOS 'SECRETOS' QUE GRANADOS HA 'DESVELADO' ANTE EL JUEZ

El ex consejero madrileño y ex dirigente del PP Francisco Granados insiste en dos puntos: Marjaliza miente y los informes de la UCO están mal hechos

El ex consejero madrileño y ex dirigente del PP y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado de la investigación de la trama Púnica, y despertó inquietudes. La expectación ante lo que podía decir era máxima, en especial después de que se rumorease que Granados estaría pensando en emular a David Marjaliza, tirar de la manta y asegurarse su salida de prisión.

Finalmente, su esperada declaración se ha centrado en dos puntos: por un lado repetir y mantener que no sabe dónde está el dinero, pues él supuestamente nada tiene que ver con esta trama de corrupción; y asegurar que el único responsable de todo es el constructor y uno de los cabecillas de la Púnica, David Marjaliza.

Pero vayamos por partes porque ELPLURAL.COM ha podido tener acceso en exclusiva, gracias a personas presentes en la sala, al contenido de su declaración.
La UCO no sabe hacer sus informes

En esta nueva declaración ante el juez, la defensa de Granados se ha centrado en repetir que todos y cada uno de los movimientos que ha dado a lo largo de su carrera política, han sido perfectamente legales; es más, que sólo pensaba en el interés público.

Tras presentarle como un político al servicio de su pueblo, la defensa del popular ha encendido el ventilador contra un único objetivo: Marjaliza. Según ha explicado Granados ante el juez, el constructor que salió de prisión tras colaborar con la justicia, ha mentido en sus revelaciones. Pero no es el único que para Granados no ha reflejado la verdad, y se ha atrevido a asegurar que los informes realizados por la UCO están mal hechos basándose en que los Guardias Civiles desconocen los conceptos de urbanismo y el funcionamiento de las administraciones públicas.

La incógnita de las iniciales

Hay que recordar que Granados era un hombre muy ordenado y todo lo ponía por escrito. Por eso, el descubrimiento de su agenda fue un avance en la investigación.

Sobre este tema, este miércoles sólo ha confirmado la identidad de unas iniciales: ha reconocido que BG es Beltrán Gutiérrez y que las anotaciones se refieren a actos de campaña del PP de Madrid. Y hasta aquí ha querido leer Granados porque acto seguido ha explicado que el resto de iniciales no se corresponden con la interpretación que Marjaliza dio en su momento al juez Velasco.

Es más, ha explicado que los números que aparecen anotados en su cuaderno no hacen referencia a cantidades monetarias sino al número de asistentes que fueron a cada acto de la campaña. Ha dicho que este detalle no podía interpretarlo Marjaliza porque no sabe nada sobre PP de Madrid.

Granados y el yo nunca he...

A partir de este momento, se ha desarrollado un largo interrogatorio por parte de su defensa en el que han intentado rebatir todos y cada uno de los hechos por los que se le investiga.

Según sus propias palabras, Granados nunca se ha dedicado al negocio inmobiliario, sólo a la banca y a la política; nunca ha tenido sociedades ni ha participado en ellas, salvo las dos que creó con su mujer poco antes de ser detenido y que nunca llegaron a tener actividad.

Preguntado por una supuesta destrucción de documentos en el ayuntamiento de Valdemoro, Granados ha mantenido que sólo eran los restos que había dejado por en medio la UCO cuando hizo el registro.

Y llega el momento de desacreditar a Marjaliza

¿Su siguiente movimiento? Intentar demostrar que realmente no tiene una estrecha relación con Marjaliza y que él es el verdadero corrupto. Para ello, ha explicado que había sido concejal por el PP y que por eso le conoce, pero que nunca fueron amigos desde la infancia (como se había dicho) dada la diferencia de edad que hay entre ellos.

Para demostrar que Marjaliza, en su opinión, no es de fiar, ha relatado cómo fue expulsado del Partido Popular y creó una formación independiente para intentar arrebatar la alcaldía al PP aliándose con el PSOE. Y ha dado más datos: ha explicado cómo fue su cuñado Gonzalo Cubas el que le ayudó a tener relaciones con los ayuntamientos que ahora están relacionados con la Púnica. Es aquí donde ha intentado implicar al PSOE asegurando que cuando gobernaban los socialistas en el Ayuntamiento de Valdemoro, Marjaliza tuvo relación con ellos.

Poco después, parece que Granados ha cambiado de idea. Marjaliza ya no era el único responsable y ha empezado a dar otros nombres, porque los verdaderos responsables son los técnicos JL Navarro Soto (arquitecto Municipal de Valdemoro) y JL Aguilera (Jefe de contratación del mismo ayuntamiento).

De la que no ha hablado mal es de la exlideresa, de su exlideresa. En ningún momento de su declaración ha puesto en duda que las personas nombradas por Esperanza Aguirre puedan tener algo que ver con la trama, ha explicado que no dudó en mantenerlos en su etapa porque Esperanza Aguirre es magnífica y sus elegidos: González Taboada y Eduardo Larranz, son muy honrados.

Nada de especular con el suelo de Valdemoro

Sobre todo lo relativo a los planes de urbanismo de Valdemoro, él no tiene nada que ver. Ante el juez Velasco ha asegurado que el Plan General de Urbanismo se aprobó el 30 de abril del 2002 mientras que todas las sociedades y la actividad que ahora se relacionan con la trama se desarrolla con posterioridad. En otras palabras, por fechas, no podían especular y comprar suelo rústico porque ya todo el mundo conocía cómo iban a ser los proyectos urbanísticos y, cuando estos planes se aprueban definitivamente, él ya no es el alcalde de Valdemoro.

En esta línea, no ha dudado en asegurar que las valoraciones de suelo que hace la UCO en sus informes son un disparate y ha querido dejar clara una idea: Granados no se ha dedicado ni se ha metido jamás en temas de urbanismo pero, eso sí, si en Valdemoro hay un hospital y accesos viales es gracias a él porque le tiene un enorme cariño a su pueblo.

Aunque se le acusa de haber cobrado comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que se construyese a cambio de adjudicar los terrenos a empresas de la Púnica, Granados ha dicho que es totalmente incierto y que, sobre este tema, mejor se le pregunte a Marjaliza.

La venta de parcelas

Uno de los puntos en lo que se centra la investigación de la trama Púnica es la puesta venta de parcelas entre Granados y el constructor Marjaliza como tapadera para blanquear dinero. Es el caso de la venta de las parcelas de Canto Negro en el año 2007.

Granados ha negado todo y ha dado la siguiente explicación: esos terrenos fueron una herencia que vendió a Marjaliza a un precio más bajo de los normal porque realmente estaba haciendo una autoventa para reducir los impuestos a pagar.

Respecto a la ya archivamos finca de Ávila, Granados ha reconocido haber estado en ella pero como invitado porque ni es suya ni tiene ninguna participación en ella.

Contradicciones sobre sus cuentas en el extranjero

Aunque al principio de su declaración Granados ha desmentido tener cuentas extranjero porque no tiene ni un duro y, si lo tuviese, ya lo habría aportado al Juzgado; después ha caído en contradicciones.

Según ha explicado, especulando en bolsa y con portaciones de su padre para invertir, consiguió juntar una cantidad de dinero. Es entonces cuando conoció a Michael Langdom y este le convenció para llevarse ese dinero a Suiza.

A partir de este momento, las cuentas las llevó siempre M. Langdom y él sólo firmaba papeles en blanco. Así hasta 2005, año en el que fue nombrado secretario general del PP de Madrid y, por ello, anunció su intención de cerrar las cuentas.

Atendiendo a su relato, le propusieron un sistema de compensación y él firmó papeles en blanco entre los que se encontraba un poder de gestión a favor de Marjaliza y él se olvida de las cuentas en Suiza.

El famoso millón de euros

Sólo entonces, le pagaron 1.300.000 euros en España, un dinero que primero guardó en su casa y luego en la de sus suegros y este es el famoso millón de euros escondido en un altillo en un maletín sobre el que Granados llegó a decir que lo habían dejado allí unos operarios de Ikea.

Granados ha reconocido que ese millón de euros pasó al menos 9 años escondido en la casa de sus suegros y, ha puntualizado, si no ha dicho antes de dónde había salido ese dinero es porque nadie le había preguntado.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/21/los-secretos-que-granados-ha-desvelado-ante-el-juez

GRANADOS SALVA A ESPERANZA AGUIRRE ANTE EL JUEZ: "ES HONRADA, BUSCA EL INTERÉS GENERAL"

Niega que las iniciales JLM, escritas en una agenda al parecer relacionada con la financiación del PP, sean López Madrid.

El exconsejero madrileño Francisco Granados defraudó este miércoles en la Audiencia Nacional las expectativas de quienes esperaban que su situación de encarcelamiento por el caso Púnica -sin visos de convertirse en libertad provisional a corto plazo- hubiera hecho en él la suficiente mella como para llevarle a 'tirar de la manta'. Granados no sólo no dio muestra alguna de estar dispuesto a revelar dónde escondería el dinero que, según los investigadores, obtuvo por comisiones ilegales sino que tampoco aportó información contra quienes, como su ex jefa Esperanza Aguirre, han sido objeto de algunos 'avisos' cuando el exconsejero se ha sentido abandonado.

Granados, que había pedido declarar ante el juez instructor Eloy Velasco, protagonizó un largo monólogo de más de dos horas durante el que quiso salvar a algunos y atacar a otros. Entre estos últimos, el constructor David Marjaliza, que ha confesado sus presuntos delitos y ha implicado a otros investigados, lo que le ha valido para salir de la cárcel. Entre los primeros, el empresario Javier López Madrid, la ex presidenta del Gobierno regional Esperanza Aguirre o Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes.

La declaración de Granados no ha convencido ni al juez ni a las fiscales. Los investigadores querían saber dónde guarda el dinero, que calculan puede ascender a 20 millones de euros, pero él negó la mayor. Aseguró que ha sido un servidor público y que no ha actuado fuera de la ley. Ni él ni su superiora en la Comunidad de Madrid y en el PP regional, para quien sólo ha tenido buenas palabras.

El exconsejero de Presidencia aseguró que Esperanza Aguirre es una "política honrada" que busca "el interés general".

Defendió que la expresidenta de la Comunidad de Madrid era "transparente" en la financiación de sus campañas, aunque sí quiso precisar que era ella quien nombraba a los altos cargos de su Gobierno.

Sus manifestaciones sobre quien fuera su jefa política contrastan con lo que afirmó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL desde la cárcel, en la que sostuvo que Aguirre le había utilizado como un "kleenex".

No era la primera vez que arremetía contra ella. Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid el pasado junio, Granados dijo que "yo no tengo porqué defender a la señora Aguirre, que no ha respetado mi presunción de inocencia. Pero abandonen ustedes la idea de tapar los logros de gobierno en la Comunidad de Madrid con esta campaña de basura generalizada".

"Alguno me va a encontrar"

Granados llevaba tiempo lanzado avisos para navegantes. Desde que tuvo que dejar todos sus cargos en el Partido Popular, tras conocerse que ocultaba una cuenta en Suiza -meses antes de ser detenido-, ya espetó que "alguno me va a encontrar si me expulsan del partido", en respuesta a una intervención de Esperanza Aguirre, que había criticado a quienes tienen cuentas en el país helvético.

Tampoco quiso irse de la Audiencia Nacional sin echar un capote al número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, salpicado por la investigación de supuestos amaños de la empresa pública Arpegio cuando era director general de Cooperación con la Administración local. Granados le desvinculó de cualquier responsabilidad. Dijo que Taboada no era un cargo de su confianza ni fue él quien le nombró, pero durante el tiempo que trabajó con él no supo de nada irregular.

"Menos de un 1% en urbanismo"

Los encargados de la investigación del 'caso Púnica' sostienen que Granados se llevó un 3% de gran parte de las adjudicaciones que pasaron por sus manos durante la década que ostentó diversos cargos públicos, principalmente relacionadas con obras urbanísticas. Durante su comparecencia de este miércoles defendió que esas sospechas no pueden ser ciertas dado que él no llevaba competencias de Urbanismo en la Comunidad de Madrid y que antes, como alcalde de Valdemoro, dedicaba a urbanismo "menos del 1% de mi tiempo".

Las fiscales anticorrupción le preguntaron por unas facturas de pequeños importes, en torno a 30.000 euros, pagadas por Dragados, Ferrovial y Metro de Madrid a Waiter Music, la compañía especializada en la organización de espectáculos y mítines políticos que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños gratis para Granados que costó 12.500 euros.

A este respecto, el exdirigente 'popular' se desvinculó de cualquier tipo de soborno y aseveró que esas facturas podían deberse a los gastos de los actos de colocación de las primeras piedras en las sucesivas fases de construcción del metro madrileño.

"Me", municipios estratégicos

Otro de los puntos de su declaración se centró en una agenda intervenida en su casa, en la que se podían leer apuntes de "in" y "out" en dos columnas con diversas cantidades y siglas. Los investigadores creen que estas anotaciones pueden estar relacionadas con la financiación ilegal del PP de Madrid.

En uno de esos apuntes se podía leer "me" (yo en inglés) y que el juez sospecha que se refiere al dinero que se quedaba el propio Granados. Sin embargo, éste ha asegurado que significa "municipios estratégicos" porque esas hojas era una "nota de trabajo" de una secuencia de actos electorales en Madrid.

Del mismo modo, negó que las iniciales JLM, que los investigadores atribuyen al empresario Javier López Madrid, uno de los que habría contribuido a la financiación del partido, se refieran a esta persona. Según Granados, estas iniciales corresponden a José Luis Moreno, un cargo del PP.

En cambio, sí identificó la siglas BG como correspondientes a Beltrán Gutierrez, ex gerente del PP regional.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161221/179982877_0.html

GRANADOS NO APORTA DATOS DE INTERÉS AL JUEZ QUE INVESTIGA LA TRAMA 'PÚNICA'

Niega disponer de dinero negro en metálico o en el extranjero, rechaza cualquier responsabilidad sobre las adjudicaciones de colegios concertados y acusa a la Guardia Civil de equivocarse al cifrar los beneficios de la trama

Defiende ante el magistrado Eloy Velasco la actuación de la expresidenta Esperanza Aguirre y del actual consejero de Medio Ambiente Jaime Ignacio Taboada

El ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, no ha aportado en su comparecencia de este miércoles ninguna novedad a la investigación que desarrollan el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez sobre la trama Púnica.

Fuentes presentes en la declaración, que apenas ha llegado a las tres horas de duración, han asegurado que el presunto cabecilla de la trama corrupta trató en todo momento de exculparse de las presuntas ilegalidades cometidas durante su etapa como alcalde de Valdemoro y consejero del Gobierno autonómico madrileño.

Granados rechazó, siempre según las fuentes consultadas por infoLibre, cualquiera de las irregularidades que le atribuyen el juez y las fiscales, e incluso defendió la honorabilidad de las personas señaladas por el arrepentido David Marjaliza: en concreto al ex consejero delegado de Arpegio Eduardo Larraz y al actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada.

La intervención de Granados, a quién el letrado de una de las acusaciones asimiló a la de un tertuliano de radio o televisión, también sirvió para atacar el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los agentes que se encargan de la investigación de la Operación Púnica.

En este sentido, el cabecilla de la trama, que permanece en prisión preventiva desde octubre de 2014 por riesgo de fuga y para evitar que destruya pruebas, llegó a asegurar que los agentes, que especificaron en un informe que los ingresos de los empresarios beneficiados por la red podrían superar los 700 millones de euros, no habían hecho bien las cuentas.

Buenas palabras para Aguirre

Pero el reo también tuvo buenas palabras para su exjefa en la Comunidad de Madrid y en el partido, Esperanza Aguirre, a quien llegó a calificar, según especifica una de las acusaciones, como "maravillosa" y "cabal".

El preso también rechazó cualquier responsabilidad en relación a la concesión de colegios concertados y privados a las empresas de la trama corrupta. La Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (Onif) ha destapado que las constructoras de Púnica podrían haberse embolsado más de 222 millones en la construcción de una veintena de centros escolares, mientras que la cooperativa educativa Alfedel podría haber ingresado más de 19 millones gracias a la red corrupta.

Sin embargo, Francisco Granados relató al juez Eloy Velasco, que había accedido a adelantar a antes de la Navidad su declaración voluntaria, que en un principio estaba prevista para el 11 de enero, que nunca había tenido responsabilidad alguna en el área de Educación de la Comunidad de Madrid.

Todas estas respuestas exculpatorias llegaron después de que el propio magistrado mostrara su desagrado porque Granados no explicara dónde guardaba el dinero negro. Así, Granados negó la existencia de cualquier suma en metálico o en paraísos fiscales.

Dinero de Suiza

Granados sí explicó, aunque según una de las acusaciones de forma poco convincente, que el millón de euros interceptados en casa de su suegro, que éste atribuyó a personas que entraron en su casa, como empleados de Ikea, procedían en realidad del dinero que Marjaliza le entregó procedente de Suiza en el año 2000. Según esta versión, Granados escondió en ese lugar el dinero, sin que nadie de su familia tuviera conocimiento, cuando hizo un cambio de domicilio.

Pero Velasco no se creyó esta versión, explican las fuentes consultadas por infoLibre, que destacan que el magistrado le espetó: "¿Entonces usted ha guardado el dinero en el altillo de su suegro nueve años?".

Pero lo que más exasperó al magistrado, según los testigos, fue que el número dos de Esperanza Aguirre le asegurara que las anotaciones que aparecen en la página 119 de las 125 foliadas por los agentes de la UCO de la agenda manuscrita corresponden en realidad a actos de campaña de "colaboradores" y, en ocasiones, "ni siquiera son personas" y responden a jornadas y eventos, una de ellas dedicada a la juventud. Según esta versión, lo que Marjaliza y el propio juez habían considerado sumas de dinero se trataba en realidad de "asistentes a los actos" del partido y de la Comunidad de Madrid.

Las siglas de la agenda

Velasco también preguntó en concreto a Granados sobre las iniciales que aparecen junto a las sumas de dinero, que según el arrepentido David Marjaliza se refieren al empresario Javier López Madrid (JLM) y al gerente del PP de Aguirre, Beltrán Gutiérrez (BG). Pero el preso dio otra interpretación del significado de las siglas: José Luis Moreno sería JLM, mientras que BG sí reconoció que se trataba de Beltrán Gutiérrez, aunque como uno de los cerca de dos millones de asistentes a los eventos organizados por su formación política.

Asimismo, el magistrado se interesó sobre otras siglas de la agenda manuscrita, que Marjaliza no supo identificar en su declaración: LD y JEC, que serían otros supuestos donantes. Granados, que se exculpó de cualquier delito, ha explicado que JEC, a quién se le atribuye un pago de 60.000 euros, podría tratarse de "jornadas de educación". Tampoco relató el origen de los 100.000 euros aportados por un empresario, cuyas iniciales son LD, y que los agentes consideran que podría tratarse del empresario Luis Delso, cuyo nombre sí aparece completo en otra de las hojas de la agenda, cuyo contenido ha sido adelantado por infoLibre.

Pero quién no se libró de las críticas fue el exsocio de Granados David Marjaliza, a quién acusó de mentir y de seguir "ganando dinero" tras su salida de prisión hace ahora un año en la localidad madrileña de Valdemoro, considerado el epicentro de la trama. "Todo es una fábula", completó tras negar también el uso irregular del Plan Prisma y la revaloración de suelo en el municipio.

Ayuda a la investigación

Por su parte, el abogado de Granados, Carlos García de Ceca subrayó a los medios de comunicación al término del interrogatorio que su cliente ha "ayudado en la investigación" con su declaración, ya que había "clarificado absolutamente todos y cada unos de los temas que tiene en su contra". Aún así, reconoció que habrá que "seguir peleando por su libertad".

Justo antes de la declaración, que se inició a las 11 de la mañana de este miércoles, el abogado ya adelantó que su cliente no iba a "tirar de la manta" para salir de prisión porque eso sería "destapar a otro", una conducta que "en su manera de ser no figura".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/22/granados_aporta_nada_juez_las_fiscales_investigacion_trama_punica_59033_1012.html

EL JUEZ VELASCO OFRECE A GRANADOS DECLARAR 'EN SECRETO' Y ÉSTE LO RECHAZA

El ex consejero de la Comunidad de Madrid declarará el próximo día 21 en la Audiencia Nacional. Este tribunal ofreció a Granados declarar "al estilo Marjaliza", es decir, en la pieza que se mantiene secreta y ante las únicas miradas del juez y las fiscales Anticorrupción. Su defensa lo rechazó.

El ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados declarará el próximo día 21 en la Audiencia Nacional por primera vez desde que estalló la operación Púnica y tras llevar interno en la prisión de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014. Lo hará en una sala de vistas repleta de abogados ya que el ex dirigente del Partido Popular ha preferido comparecer en la sede judicial en una "declaración abierta" en vez de hacerlo de forma "privada".

Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, desde el tribunal se le ofreció de forma discreta a la representación letrada de Granados las dos posibilidades. Por un lado, se le dio la oportunidad de "declarar al estilo Marjaliza", es decir, con la única presencia del juez Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez en la sala de declaración, sabiendo que de esta forma se contaba con la tranquilidad de que las palabras que el imputado fuera a contar en su comparecencia judicial, en caso de que fuese a 'tirar de la manta' permanecerían en secreto.

De hecho, desde que su ex socio David Marjaliza 'tiró de la manta' en junio de 2015 hasta que trascendió parte de su declaración a los medios de comunicación pasaron varios meses, ya que desde el Juzgado se instó a guardar máximo silencio para no perjudicar la investigación. Si el ex consejero madrileño hubiese aceptado dicha oferta, habría sido citado en el marco de la pieza separada que se mantiene bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Pero el investigado -nuevo término legal para el imputado- declinó hacerlo aunque fuentes de su defensa no ven totalmente cerrada la posibilidad de pedir ahora que la declaración sea "privada".

Recuperar el patrimonio oculto
Por otro lado, a la defensa de Francisco Granados se le brindó también la posibilidad de que éste declarara ante la atenta mirada de la treintena de abogados que están personados en el caso Púnica. Su letrados optaron por esta opción, lo que hace sospechar a los investigadores que el ex dirigente popular aportará "pocos datos" que puedan arrojar luz a esta macrocausa y ceñirá su declaración a tratar de "matizar" las palabras de Marjaliza.

El pasado 28 de noviembre, los abogados del ex dirigente del PP, Virginia Santana, Carlos-Pelayo y Carlos María García de Ceca, remitieron un escrito a la Audiencia Nacional donde solicitaban "prestar declaración al amparo de lo dispuesto en el art. 400 LECrim. sobre hechos que son objeto o han sido objeto de investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos". Dicho artículo legal recoge que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".

Si Granados decide ahora colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar porque confiese dónde mantiene ocultas importantes sumas de dinero

El escrito del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, donde pidió declarar, fue remitido al tribunal el mismo día que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar su excarcelación. En su auto, donde se mantenía preso a Granados, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices". Por estas razones, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.

Asimismo, las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar forzosamente porque confiese dónde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia Nacional.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-Granados-declarar-secreto-rechaza_0_980303082.html

LA EMPRESA DE FIESTAS DE 'PÚNICA' COBRÓ A LA COMUNIDAD DE MADRID Y A TRECE AYUNTAMIENTOS CON FIRMAS INTERPUESTAS

La Guardia Civil apunta a que la sociedad Waiter Music, cuyo propietario amigo de Granados, utilizó otras sociedades para cobrar más de medio millón de euros de entes públicos
Los investigadores sospechan que Waiter Music se benefició también de las inauguraciones de líneas de Metro

La investigación realizada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que la sociedad Waiter Music, cuyo propietario es el empresario José Luis Huerta, amigo del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, utilizó otras firmas interpuestas para cobrar más de medio millón de euros de la Comunidad de Madrid y de trece Ayuntamientos, según el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Cuando Huerta fue interrogado, los agentes le preguntaron sobre si parte del dinero de las adjudicaciones a su empresa se destinaba y repartía entre el alcalde del municipio correspondiente, el propio Francisco Granados y el Partido Popular madrileño.

Sin embargo, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Granados negó haber sido propietario de la empresa Waiter Music, tal y como investiga la Guardia Civil. "No tengo relación de ningún tipo con este señor, ni empresarial ni de ningún tipo", espetó a los diputados. En su declaración de este miércoles, el ex secretario general del PP madrileño también negó cualquier irregularidad en el partido durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

En concreto, en el sumario se incluyen las declaraciones com investigados de los propietarios de las empresas interpuestas, que reconocen que facturaban a los Consistorios y a la Comunidad de Madrid importantes cantidades de dinero, que posteriormente les reclamaba la sociedad del amigo de Granados que emitía "contrafacturas" en su contabilidad paralela.

Los agentes denominan esta forma de actuar de Waiter Music como "doble facturación", que se utilizó con los Ayuntamientos de Valdemoro, Chinchón, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Añover de Tajo, Algete, Moraleja de Enmedio, Pinto, Getafe, Coslada, Ciempozuelos y San Sebastián de los Reyes.

Uno de los empresarios que reconoció esta forma de actuar fue Jesús Torralba Hontalva, vinculado a la sociedad Carpas e Infraestructuras Hermanos Torralba, que facturó de esta forma hasta 122.003 euros, que acabaron en poder del empresario Huerta.

En la declaración de Torralba Hontalva ante la UCO, prestada el pasado 25 de octubre, el empresario reconoció que en algunos casos el propio Huerta le decía que algunos conceptos fueran reclamados directamente a los Ayuntamientos. José Luis Huerta le facilitaba el concepto y el importe que debían reflejarse en los recibos y una vez facturado al Ayuntamiento, cuando ingresaba el importe de las mismas, Waiter Music le emitía una contrafactura por el mismo importe.

No obstante, Torralba aseguró que ese dinero no acababa en poder de Huerta, sino que servía para descontar el total de una supuesta deuda contraída por Waiter Music con su sociedad "por trabajos realizados en ese mismo municipio".

Además, el 11 de abril de 2008 la empresa Carpas e Infraestructuras Hermanos Torralba facturó a la Comunidad de Madrid 5.000 euros, pese a reconocer que "no había trabajado para la Comunidad de Madrid, pero que cobró ese importe por indicaciones de José Luis Huerta, que le dijo que pusiese ese concepto dirigido a la Comunidad de Madrid ya que le comentó que le iban a dar una subvención al Ayuntamiento de Algete".

Otros 700.000 euros con el Metro

Por su parte, los agentes también sospechan que Waiter Music se benefició de las inauguraciones de líneas de Metro del año 2007. Según apunta un informe incorporado al sumario, Madrid Infraestructuras y Transportes (Mintra) maniobró para adjudicar a la compañía de José Luis Huerta la organización de estos eventos.

En concreto, los investigadores analizan la inauguración de un tramo de la línea siete hasta Coslada y San Fernando de Henares en 2007 y la fiesta por la ampliación de la línea tres hasta San Cristóbal de los Ángeles.

El informe refleja el importe de los recibos cobrados por Waiter Music superan los 700.00 euros ya que se organizaron fiestas en los barrios que llegaron a incluir paellas con cigalas, acróbatas y payasos, además de conciertos de alto nivel.

FCC, Dragados y Sacyr

Los agentes han tomado declaración a trabajadores y altos cargos de las empresas FCC, Dragados y Sacyr, responsables de las obras. La UCO también obtuvo "distinta documentación de las empresas relativa a la organización de estas "fiestas".

Según detallan los recibos, también incorporados en el sumario, la fiesta popular con motivo de la inauguración del Metro a San Fernando de Henares el 5 de mayo 2007 incluyó un concierto de Antonio Carmona, una instalación infantil, una chocolatada con churros para 700 personas, autobús con charanga, fuegos artificiales y paella popular para 200.

Las celebraciones por la ampliación de la línea amarilla, que conectó en ese año el centro de Madrid con los barrios de Villaverde y San Fermín contaron también con conciertos de primer nivel, con la presencia de Isabel Pantoja.

La ampliación de ambas líneas de Metro tuvo un coste superior a los 500 millones, y las fiestas se incluirían como uno de los gastos incorporado al presupuesto general de las obras, apunta la UCO.

Fiestas de La Paloma

En los nuevos tomos del sumario de la causa, el Instituto Armado relaciona también a Waiter Music con la organización de San Cayetano y La Paloma, en el año 2014.

Los agentes interrogaron al responsable de Eventos Comerciales de la cervecera Mahou para averiguar si abonó una factura de 24.200 euros a la empresa de Huerta en aplicación de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid - Distrito Centro relacionado con estas fiestas patronales.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/la_empresa_fiestas_punica_cobraba_comunidad_los_ayuntamientos_con_sociedades_interpuestas_59139_1012.html

 LA TRAMA PÚNICA SE FORRÓ CON LAS FIESTAS DE LAS INAUGURACIONES DEL METRO DE AGUIRRE

La Guardia Civil reclama documentación a FCC, Dragados y Sacyr por el pago de 756.000 euros a la empresa Waiter Music por la organización en 2007 de los eventos de apertura de nuevos tramos de las Líneas 7 y 3 del suburbano madrileño. Los investigadores sospechan que las contratación vino impuesta por Granados a través de dos de sus hombres de confianza.

Inauguraciones a todo tren, negocio redondo para la Púnica. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tomado en las últimas semanas declaración como testigos a directivos de tres grandes constructoras españolas para recabar datos sobre los pagos realizados por éstas a una empresa de la trama, Waiter Music SL, por la organización de las fiestas de inauguración de dos obras en el Metro de la Comunidad de Madrid en 2007 alas que asistió la entonces la presidenta Esperanza Aguirre. Se trata, en concreto, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Sacyr SA y Dragados SA, cuyos representantes reconocieron ante los agentes haber abonado más de 750.000 euros a dicha mercantil especializada en la celebración de eventos y que el juez Eloy Velasco vincula con Francisco Granados. Los investigadores sospechan que éste a través de su asesor Edelmiro Andrés Galván o de Jesús Trabada, puesto por él como consejero delegado Mintra, la empresa pública que se encargaba de adjudicar las obras del suburbano madrileño hasta su disolución en 2011, imponía la contratación de la mercantil de Púnica. Esta última fue la que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños 'gratis total' para Granados valorada en 12.500 euros.

Los agentes preguntaron a los responsables de las tres constructoras si la contratación de Waiter Music les vino impuesta por dos personas cercanas a Granados

Así consta en un atestado de la Guardia Civil elaborado el pasado 10 de noviembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo se recogen diversas diligencias recientes de los agentes de la UCO respecto a Waiter Music y las supuestas irregularidades que rodeó su contratación para organizar festejos en diversos pueblos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba el PP y para el propio Ejecutivo regional. En este caso, la investigación se centra en sendos eventos organizados en abril y mayo de 2007 para celebrar la inauguración en aquellas fechas de la prolongación de las líneas 3 y 7 del Metro madrileño, a los que asistió Esperanza Aguirre. Para ello, el pasado 1 de junio el Instituto armado remitió al juez Velasco tres oficios para que reclamara formalmente abundante documentación a FCC, Dragados y Sacyr, ya que eran las constructoras que habían sido adjudicatarias de las obras y figuraban como responsables de los pagos a la compañía ligada a la trama. Pedía desde las facturas hasta "la identificación de las personas responsables de la contratación de Waiter Music", incluido "imágenes del servicio" y "la motivación en la contratación".

FCC y la Línea 3
Las pesquisas continuaron el pasado 26 de octubre. Ese día, fueron citados a declarar en calidad de testigo tres directivos de las empresas. El primero en hacerlo fue Alejandro C.M., quien en 2007 era el responsable de la Delegación de Transportes de FCC y ejercía de supervisor de las obras de prolongación de la Línea 3 de Metro desde Legazpi al barrio de San Cristóbal de los Ángeles. En su testimonio, aseguró que no supo nada de la fiesta hasta después de su celebración y que, de hecho, no sabía qué era Waiter Music "antes de venir aquí". Los agentes le preguntaron si participó en la contratación de la misma y en la gestión de los pagos, y le mostraron tres documentos, en dos de los cuales aparecía su firma o visado.

Edelmiro Andrés Galván y Jesus Trabada, las dos personas por las que fueron preguntados los directivos, son hombres de la máxima confianza de Granados

Aunque Alejandro C.N. reconoció dichas rúbricas como suyas, pero también destacó que por él pasaban una media al año de 3.000 pedidos y 20.000 facturas y que por ello no recordaba expresamente esas. No obstante, admitió cierta incoherencia entre las fechas de la factura y la hoja de pedido de un evento que le costó a la compañía 299.601 euros. La UCO le preguntó abiertamente si Edelmiro Andrés Galván, asesor de Granados en la Consejería de Presidencia e imputado en la causa, o el consejero delegado de Mintra, Jesús Trabada, también hombre de la máxima confianza del cabecilla de la trama, le habían impuesto la contratación de dicha empresa. Dijo que de ambos sólo conocía al segundo y rechazó presiones.

"No era habitual"
El siguiente en declarar fue Ricardo G.E., quien trabajaba también para FCC en esa misma obra. Sus respuestas fueron muy similares a las de su compañero. Así, negó conocer quién organizó la fiesta y destacó que él no se involucraba en la gestión de ese tipo de actos ya que en la compañía existía "un departamento de Comunicación". Sin embargo, sí admitió que formalizó el pedido del evento cuando éste ya se había realizado y que lo hizo "en base a una factura que venía aprobada por la dirección de FCC". De hecho admitió que esto no era "lo habitual" ni "la forma de trabajo" acostumbrada. Los agentes también le interrogaron por Jesús Trabada y Edelmiro Andrés Galván. Aseguró conocer sólo al primero.

Los directivos aseguraron no conocer los detalles de la contratación de Waiter Music, aunque admitieron que hubo elementos "no habituales" en las facturas

El último testigo citado fue Juan Carlos P.R., quien fue jefe de obras de Dragados en la prolongación de la Línea 7 de Metro a las localidades de Coslada y San Fernando de Henares. Este responsable de la constructora admitió saber que hubo una fiesta y que el coste total de la misma, 456.000 euros, se lo repartieron entre su compañía y Sacyr porque ambas realizaron las obras. Sobre quién organizó dicho evento y la contratación para ello de Waiter Music aseguró desconocer detalles y sólo admitió que comunicó "a sus superiores" que a la inauguración "acudirían autoridades políticas de la Comunidad de Madrid".

El responsable de Dragados también reconoció haber dado "el visto bueno" al pago del evento, aunque recalcó que no supervisó "los espectáculos y actuaciones" ya que "esta función suele realizarse por personal vinculado al Gabinete de Protocolo" del Ejecutivo que entonces encabezaba Esperanza Aguirre. Sobre las supuestas presiones para que se contratara a Waiter Music, dijo que creía recordar que "la factura y la solicitud de pago llegaron a través de Mintra y que posteriormente le solicitaría a Dragados que se hiciese cargo de la factura", aunque señaló no estaba seguro. Preguntado por el máximo responsable entonces de esta compañía pública, Jesús Trabada, y ñor el asesor de Granados, Edelmiro Andrés Galván, simplemente admitió conocer al primero.

Paella, haimas y música

En el sumario obran ya algunas de las facturas de estos festejos ahora bajo sospecha. En concreto, las que emitió Waiter Music a Dragados y Sacyr en mayo de 2007 para facturar las "fiestas populares" montadas en Coslada y San Fernando para celebrar la prolongación de la Línea 7 de Metro hasta ambas localidades madrileñas. En las mismas se recogen partidas como "paella popular" para 5.400 personas "con camareros apoyo servicio", además de "chocolateada (sic) con churros" para 2.200 personas, "menaje" incluido. También incluye como concepto un "gran espectáculo de fuegos artificiales", el montaje de "escenarios haimas", "parques infantiles", charanga, "autobús descapotable serigrafiado" y sendos conciertos con la participación de orquestas y grupos como Iguana Tango, Efecto Mariposa y el cantante Antonio Carmona. Por todo ello, Waiter Music facturó a ambas constructoras un total de 456.760 euros, IVA incluido.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-fiestas-inauguraciones-Metro-Aguirre_0_983002944.html

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE MARJALIZA: "NO ME HE TOMADO NI UNA COPA CON ÉL, NO LE PONGO CARA"

"Incluso me niego a verle la cara cuando sale en la televisión", ha explicado el cargo del Gobierno de Cristina Cifuentes, que ha completado: "Me he querellado con él"

"De los fondos de mi dirección general de Administración Local ni un euro ha ido a nadie" vinculado con la trama liderada presuntamente por Francisco Granados, ha asegurado

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha negado este viernes en su comparecencia en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid conocer al número dos de la trama Púnica y ahora arrepentido, David Marjaliza: "Nunca he estado con él, y no sólo eso, sino que nunca me he tomado ni una copa con él y no le pongo cara. Además, incluso me niego a verle la cara cuando sale en la televisión", ha explicado el cargo del Gobierno de Cristina Cifuentes.

A la pregunta del diputado de Ciudadanos César Zafra del motivo por el cual creía que Marjaliza le había "señalado" como parte de la trama, el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha contestado: "Esa pregunta me la hago yo desde que la dijo. De hecho, le he puesto una querella".

Taboada, que ha recordado que Marjaliza no ha podido acreditar algunas de las cosas que ha declarado, también ha apuntado que se puede preguntar a los directivos de las empresas que ha citado vinculadas con él que según su versión no les conoce.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno madrileño también ha negado, a preguntas del diputado de Podemos Miguel Ongil, haber presionado al PP de Hoyo de Manzanares (Madrid) en favor de la empresa Dalkia, una de las firmas involucradas en el caso Púnica: "De los fondos de mi dirección general de Administración Local ni un euro ha ido a nadie" vinculado con la trama liderada presuntamente por Francisco Granados, ha asegurado Taboada, que fue contestado por Miguel Ongil: "No dudo que no saliera dinero público directamente para pagar encuestas, sino que se trataba de contratos inflados para las empresas".

Asimismo, Taboada sorprendió a todos los presentes en la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid al asegurar que pese a que era miembros nunca había acudido a las mesas de contratación de la sociedad pública Arpegio, utilizada por Granados para adjudicar contratos a las empresas de la trama, según la declaración del arrepentido Marjaliza: "Nunca fui vocal y nunca he estado en las mesas de contratación" de Arpegio.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/16/el_consejero_medio_ambiente_sobre_marjaliza_tomado_una_copa_con_pongo_cara_58846_1012.html

EL JUEZ DICE QUE GRANADOS "AYUDÓ" A REALIZAR "SERVICIOS DE PROPAGANDA PARA CARGOS DEL PP"

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sostiene que gracias a la "ayuda de Granados" los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso "pudieron realizar servicios de propaganda para diferentes autoridades del Partido Popular de varios territorios de España".

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, defendió el pasado miércoles a capa y espada su inocencia en la Audiencia Nacional. Lo cierto es que su intento de desvincularse de la trama Púnica no convenció ni al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Eloy Velasco, ni a las fiscales Anticorrupción Carmen García ni María Teresa Gálvez. Entre otras cuestiones porque los indicios que pesan contra el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre se cuentan ya por decenas.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor explica cómo Granados "ayudó" a mejorar la imagen de cargos del Partido Popular. "Con la ayuda de Francisco Granados, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa pudieron realizar los servicios de propaganda para diferentes autoridades del Partido Popular de varios territorios de España", recalca Velasco en referencia a los dos empresarios que se encuentra imputados en esta macrocausa por los negocios de reputación online que llevaron a cabo para diferentes cargos 'populares'.

En la resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que "el apoyo e inducción de Francisco Granados a Alejandro de Pedro ha sido una ligazón mantenida a lo largo de los años que ha se ha ido revelando fruto de la investigación". El juez recuerda que entre el 2 y 7 de abril de 2013 el exconsejero madrileño, De Pedro y Alonso Conesa viajaron a Costa Rica y Panamá ofreciendo servicios de asesoramiento político, publicidad y propaganda.

"De la investigación se ha podido constatar que desde hacía un año se venían satisfaciendo mensualidades de 12.906 euros por un contrato con la alcaldesa de Panamá sobre mapa de skateholders, monitoreo y reputación digital, en términos muy similares a los que realizada para las autoridades españolas", subraya Velasco que apunta a que, tras estos pagos, se pudo cometer un delito de blanqueo de capitales.

Varios políticos en el disparadero

De la investigación de la trama Púnica se desprende que las empresas del gurú informático De Pedro -principalmente Eico y Madiva- hicieron trabajos para mejorar la reputación en la red a distintas autoridades del PP. Por ejemplo, a los exconsejeros de la Comunidad Madrid Lucía Figar y Salvador Victoria, a la actual senadora Pilar Barreiro, al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón, al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez – quien había concertado los trabajos con la trama aunque éstos no llegaron a ejecutarse- o al exalcalde de Gandía, Arturo Torró.

En varios casos, esos informes para mejorar la imagen personal de los diferentes políticos fueron pagados con fondos de las arcas públicas. De ahí que muchos de ellos hayan acabado imputados en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, en su declaración del pasado miércoles Francisco Granados desvinculó al empresario Alejandro de Pedro de cualquier actividad delictiva, según informan fuentes jurídicas. El ex secretario general del PP de Madrid trató de salvar a algunos imputados a los que dedicó solo buenas palabras y perjudicar a otros como fue el caso de su exsocio y e amigo David Marjaliza.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-servicios-propaganda-autoridades-PP_0_983302655.html

ASÍ REPARTÍA GRANADOS: "SI QUIERES UN HOSPITAL, POR LO MENOS PÍDEMELO"

Intentó blindar al alcalde de Valdemoro para seguir manejando el urbanismo tras ser expulsado del PP.

"Si quieres un hospital, por lo menos pídemelo". Francisco Granados pronunciaba estas palabras entre el enfado y el reproche, mientras al otro lado del teléfono, la Guardia Civil tomaba buena nota y dejaba constancia de la llamada. Era jueves, 4 de septiembre de 2014 y los audios del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reflejan a un Francisco Granados preocupado. Un político despechado con el Partido Popular que luchaba por controlar el único espacio de poder que le quedaba: el Ayuntamiento de Valdemoro.

Los informes de la UCO estiman que Granados, que prestará declaración este miércoles ante la Audiencia Nacional, pudo ingresar hasta 20 millones de euros en comisiones urbanísticas. Por el momento y a la espera de su nuevo testimonio ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Granados sólo ha reconocido ser el dueño del millón de euros que la Guardia Civil encontró encima de un armario en casa de sus suegros.

Fue el 21 de febrero de 2014 cuando el ex 'número dos' del PP de Madrid tuvo que dejar su acta de senador y diputado autonómico. El diario El Mundo afloró entonces la existencia de una cuenta en Suiza, la misma que le costó entrar en prisión nueve meses después por engañar presuntamente a Hacienda. Y su repudia por parte del partido fue fulminante. Se acabó la capacidad de influencia. Y con ella, según los informes policiales, también la facilidad para hacer negocio a costa de los constructores y sus mordidas. Valdemoro quedó entonces como principal bastión del 'modelo Granados'; una garantía para seguir siendo necesario.

Allí, uno de sus hombres de confianza, José Carlos Boza, heredó el bastón de mando. Pero Granados tenía la certeza de que Esperanza Aguirre estaba intentando levantar a su delfín de la silla para colocar a un paracaidista, un hombre avalado por la dirección del partido en Madrid, que se encargaría de borrarle definitivamente del mapa de influencia.

"Que es mentira, mentira puta", repetía por teléfono entre gritos cuando el empresario David Marjaliza le apunta que Boza se va a reunir con Esperanza Aguirre para buscar su apoyo. Así se escucha en los audios a los que ha tenido acceso este periódico y que han sido editados por su excesiva duración. Juntos, político y empresario entraron en prisión en noviembre de 2014 tras ser detenidos. Pero han seguido caminos distintos. Mientras Marjaliza decidió colaborar con la Justicia, abrir con sus revelaciones nuevas vías de investigación y reconocer la mayoría de los delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción, Granados ha negado en todo momento su participación en la supuesta trama de comisiones urbanísticas. El constructor de Valdemoro abandonó la prisión madrileña de Aranjuez las pasadas navidades y lleva en la calle casi un año, mientras que Eloy Velasco mantiene a Granados en prisión preventiva.

Encuentro con Aguirre

Fue el propio Francisco Granados quien pidió declarar ante la Audiencia Nacional este miércoles. Como principal baza para colaborar tiene la posibilidad de identificar su contabilidad manuscrita, un listado de iniciales y presuntas donaciones a la financiación ilegal del PP que se investiga en una pieza secreta de la causa. Pero no parece que Granados esté por la labor. Más bien al contrario, quiere aportar su versión sobre las manifestaciones realizadas por Marjaliza.

De hecho, las relaciones comerciales entre ambos estaban rotas mucho antes de las detenciones, cuando Marjaliza reparó la sociedad que tenía a medias con el empresario Ramiro Cid, de la que Granados atesoraba un tercio en la sombra.

"Cuanto más lo pienso más me encabrono, porque tiene una pinta de pucherazo de cojones", espeta Granados en las conversaciones sobre la maniobra de Aguirre y la pasividad de Boza. "Es que si tú eres el alcalde y seis meses después de que dimita el presidente [del grupo municipal], tú no has hecho nada, pues te toman por el puto pito del sereno [...] Este, aunque le cojan y le corten los huevos y los pongan en la puerta del Ayuntamiento, le digan que Bartolo (Bartolomé González, alcalde e Aranjuez y miembro de la Ejecutiva nacional del PP) va con una gestora y tal, no va a hacer nada, porque es un cagón".

"Si yo supiera que va a haber elecciones, esto no me preocupa. Pero es que a mi lo que me preocupa es que no haya elecciones", constata Granados.

http://www.elespanol.com/espana/politica/20161220/179733020_0.html

LOS CHOLLOS DE LA PÚNICA: UN 'MERCEDES' POR 5.400 EUROS PARA UNA EX ASESORA DE GRANADOS

La Guardia Civil explica que la exconcejal del PP María Victoria Araujo sólo abonó supuestamente 5.400 euros en el año 2006 por un vehículo Mercedes SLK que estaba a su nombre pero que aparecía en el inventario de una de las empresas del constructor de Púnica, Ramiro Cid. La UCO sospecha que se trata de un "obsequio" que la trama le hizo a la ex asesora de Granados.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido un nuevo informe al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, donde refuerzan las sospechas sobre el vehículo que recibió presuntamente como regalo la exasesora del exconsejero madrileño Francisco Granados, María Victoria Cristóbal Araujo.

En el documento, los agentes explican que la documentación hallada en la sede de la empresa Obras y Vías SA, propiedad del constructor Ramiro Cid, imputado en la causa, apuntaba a que el vehículo Mercedes SLK investigado fue supuestamente "pagado" al concesionario Car Valdemoro por esta mercantil, pese a que el mismo figura a nombre de ex dirigente 'popular' María Victoria Cristóbal Araujo en la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Guarda Civil mantiene que todos los indicios apuntan a que el vehículo podía haber sido un obsequio a la ex jefa de prensa del Partido Popular de Madrid, exconcejal de Majadahonda y exasesora del cabecilla de la trama Púnica.

Es la misma situación detectada con otro vehículo, en este caso el Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes, en los que concluye que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos favores urbanísticos.

En su reciente informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes de la UCO analizan el modelo 347 de Car Valdemoro aportado por la Agencia Tributaria al procedimiento "donde se comprueba que únicamente se declara una operación con María Victoria Araujo en el apartado de ventas de 2006 y por un importe de 5.400 euros". Sin embargo, la Guardia Civil manifiesta que la factura del coche marca Mercedes asciende a una cuantía mucho superior, 30.500 euros.

La clave, los pinchazos telefónicos
"Según las cuentas que se han recibido de las diferentes entidades bancarias y en las que interviene María Victoria Cistóbal, en ninguna de ellas se ha observado la existencia de asiento alguno que concuerde en fecha y cantidad con el importe que Car Valdmeoro declara en el modelo 347, así como tampoco con el importe de la factura de la venta del vehículo emitida por el concesionario", recalcan los agentes.

A raíz de recibir el documento de UCO, el juez Velasco solicitó a la Agencia Tributaria que rastrease "todos los productos bancarios en los que intervenga o haya intervenido" desde el año 2006 hasta hoy Cristóbal Araujo.

El caso de la exconcejal ha pesado también el contenido de las numerosas conversaciones que esta mantuvo precisamente con Francisco Granados cuando este tenía el teléfono intervenido por orden judicial. En las mismas, además de constatarse la estrecha relación entre ambos a pesar de que cuando se producen él ya no está en política y ella ejerce de concejal de Relaciones Instituciones en el Ayuntamiento de Majadahonda, aparecen precisamente referencias a un "piso" y un "coche" supuestamente regalados a ella por el cabecilla de la trama.

De hecho, en una llamada del 2 de julio de 2014, pocos meses antes de la detención del político madrileño, Vicky se quejaba de que el expresidente José María Aznar la quisiera echar de la fundación FAES, donde ella trabajaba en aquel momento. Al parecer, por temor a que saliera con escándalo "muy gordo de ella", según se recoge en un informe que forma parte del sumario de la UCO.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/UCO-colaboradora-Granados-Mercedes-SLK_0_983602508.html

EL ÚLTIMO INFORME DE PÚNICA DESTAPA PUFOS EN UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS 'FIELES' A AGUIRRE

La UCO entrega al juez Velasco un análisis de las "relaciones contractuales del Ayuntamiento de Brunete con Cofely España" tras interrogar a varios funcionarios y concejales del equipo de Gobierno 'popular', entre ellos el alcalde, Borja Gutiérrez, considerado afín a la lideresa.

Nuevo varapalo judicial en el 'caso Púnica' a las filas de Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un nuevo informe sobre las 'andanzas' de la trama de corrupción en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En este caso, el documento policial detalla la supuesta existencia de irregularidades en el frustrado proceso de adjudicación en la localidad de Brunete de un contrato a Cofely-GDF Suez, la multinacional implicada en la red de corrupción. El Instituto armado ha elaborado el documento tras intervenir el pasado mes de agosto en el consistorio diversa documentación e interrogar en los últimos meses a varios funcionarios y concejales del equipo de Gobierno, entre ellos el propio alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a éste.

La UCO acudió en agosto a recabar el expediente del frustrado concurso. Tras su estudio, tomó declaración a funcionarios del Ayuntamiento y político, entre ellos el alcalde

El documento policial entró el pasado 15 de diciembre en la Audiencia Nacional mediante el oficio número 494 de la UCO junto a un segundo referido a los supuestos pufos en la contratación pública del Ayuntamiento de Valdemoro con la empresa de festejos Waiter Music SL, según una providencia judicial a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes cercanas a la investigación detallan, que el informe referido a Brunete analiza en profundidad la documentación sobre un concurso de eficiencia energética que estaba previsto convocar a finales de 2014 y por el que este municipio de 10.000 habitantes -situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital- iba a gastar 8,9 millones de euros en 15 años para mejorar el alumbrado público.

Sin plan de obras
Sin embargo, la licitación finalmente no se llevó a cabo ya que la aprobación de los pliegos de la misma se suspendió en el último momento al retirarla de la orden del día de la comisión municipal en la que se les iba a dar luz verde en el otoño de aquel año. El equipo de gobierno local alegó entonces que faltaba "un documento técnico". Aquella comisión iba a tener lugar el 28 de octubre de 2014, precisamente un día después de que el juez Velasco ordenara la detención de los principales implicados en la trama. Sin embargo, desde el equipo de Borja Gutiérrez han insistido ahora a este diario que eso fue una casualidad y que, de hecho, aquel expediente ni siquiera pasó por "manos de los políticos" ya que fueron los técnicos del consistorio los que lo paralizaron al faltar "el plan de obras".

Desde el equipo de Gobierno local del PP se quita importancia al hecho de que el concurso fuera suspendido justo un día después de las primera detenciones

Pese a dicho argumento, la UCO acudió al consistorio a finales del pasado mes de agosto a recopilar dicho expediente -"o más bien un documento de trabajo interno", según insistieron en calificar estas fuentes del PP dicha documentación-. Semanas después, comenzaron a llamar para declarar en dependencias policiales a funcionarios del Ayuntamientos y a miembros del equipo de Gobierno del PP, que cuando se suspendió la adjudicación estaba en minoría. Entre ellos se encontraba, precisamente, Borja Gutiérrez, quien en las elecciones de mayo de 2015 se hizo con la mayoría absoluta en esta localidad. Siempre según fuentes cercanas a él, lo hizo en calidad de testigo, "sin abogado". "No hay nada que ocultar y hemos prestado desde el primer momento toda nuestra colaboración", insisten en conversación telefónica con Vozpópuli.

La confesión de Marjaliza
Hasta la fecha, no consta que haya ningún cargo público de Brunete imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en alguna declaración, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. Así, el constructor David Marjaliza, en la confesión en la que desgranó decenas de sobornos, mordidas y comisión ilegales entregadas a alcaldes y concejales para conseguir contratos precisamente para Cofely, aseguró que al entonces equipo de gobierno de consistorio, encabezado ya por Borja Gutiérrez, supuestamente se le iba a pagar una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio sobre eficiencia energética.

Marjaliza aseguró en su confesión que al PP de Brunete la trama le iba a pagar supuestamente una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA

Una acusación que se vio supuestamente refrendada por varias conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente a varios de los implicados de la trama y por el contenido de diversas agendas y notas manuscritas intervenidas a éstos. Así, el 16 de octubre de 2014, sólo unos días antes de las primeras detenciones, la Guardia Civil interceptó una llamada de uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, Pedro García, en el que éste aseguraba a un desconocido que ya tenía cerrado "el tema de Brunete" y que había estado reunido con "Borja", con el que había hablado de un supuesto "problema de tiempo" y que "van a ir avanzando". Los informes de la Guardia Civil destacan que este directivo de Cofely era "el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos del que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones".

Ese mismo día, los agentes volvieron a intervenir otra llamada de Pedro García, en este caso dirigida a uno de sus superiores, Didier Maurice, director general de la filial española de Cofely-GDF Suez y también imputado en la causa. El informe de la UCO que da cuenta de dicha conversación recoge textualmente que "Pedro dice que el 6 de noviembre se aprueba en el Pleno la eficiencia energética en Brunete. Didier se alegra de la noticia". Los investigadores consideran que estas llamadas, y otras también recogidas en la causa, hacen sospechar que en el momento en el que se produjeron las detenciones, la trama Púnica estaba presuntamente a punto de repetir en el Ayuntamiento de Brunete el amaño del contrato de eficiencia energética que anteriormente había realizado presuntamente en otros municipios madrileños, como Móstoles y Parla. El hecho de que el juez Velasco se viera obligado a precipitar las detenciones tras el 'chivatazo' que había recibido Francisco Granados había impedido que se concretara. Desde el equipo de gobierno 'popular' de la localidad se niega a Vozpópuli la veracidad de dichas sospechas. "Nunca se contrató nada con empresas de la Púnica", recalcan.

Una agenda y una encuesta
Sin embargo, un informe de la Guardia Civil apunta a que uno de los supuestos pagos del dicho amaño frustrado era "la realización de encuestas" de carácter político que se camuflaban como estudios sobre eficiencia energética. "Así se deduce en primer lugar de una anotación en la agenda personal Pedro García [el directivo de Cofely] de octubre de 2.013, consistente en 'Victor (encuestas Brunete)". No es el único indicio en este sentido. También hay correos electrónicos intervenidos a otros imputados en los que se hace referencia, precisamente, al sondeo electoral que iba a pagar la trama y de la que había hablado Marjaliza en su confesión. De hecho, la investigación permitió escuchar una conversación entre el constructor y un tal Victor, supuestamente el responsable de la empresa de encuestas, en el que ambos hablan, según destaca el informe de la UCO, con "un lenguaje convenido" de "los señoritos' (probablemente autoridades municipales) o 'el pequeño municipio', (probablemente Brunete)".

En sus conversaciones telefónicas dos implicados en la trama se refieren a Brunete como "el pequeño municipio" y a sus cargos públicos, como "los señoritos"

El documento policial resalta que ese lenguaje en clave "es extraño a una relación comercial normal y apunta a que ambos están al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas. En ese mismo sentido -continúa el informe policial- existen varios correos cruzados entre David Marjaliza y Victor donde se abordan diversas cuestiones relativas a un contrato para la realización de encuestas en Brunete para Ruta Energética, empresa que David Marjaliza habitualmente emplea para la emisión de informes y facturación a Cofely al objeto de recibir la remuneración o reintegro de cantidades acordada con estos". En el sumario aparece, de hecho, una copia del cuestionario de dicho sondeo de cuyo contenido los investigadores destacan, que pese a que el contrato recoge que se trata de "un supuesto estudio de opinión pública sobre la gestión energética municipal en Brunete cuando de la lectura de las preguntas contenidas en los cuestionarios que materializaran el contrato se deduce que se trata en realidad de una encuesta de imagen de la gestión municipal (donde ni siquiera aparece ninguna alusión a la eficiencia energética municipal) y de expectativas de voto". De hecho, en la misma se pregunta por Borja Gutiérrez, el regidor 'popular', y su labor la frente del consistorio.

En el sumario aparecen otros indicios en las misma dirección. Entre ellos, una agenda con anotaciones referidas al supuesto pago de 'mordidas' a cargos públicos y políticos que se intervino a Ana María Ramírez, la secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. En la página 221 de la misma, junto a un tabla con media docena de iniciales que los investigadores han identificado con varios de los ayuntamientos ya investigados (Parla, Serranillos del Valle, Moraleja del Enmedio, Collado Villalba y Móstoles), aparecen otras anotaciones con nombres completos de localidades. Entre éstos se encuentra, precisamente, "Brunete", en su caso vinculado a la cifra de 12.000 euros. En la declaración ante el juez Velasco de Ana María Ramírez, que también está colaborando con la Justicia, el magistrado le preguntó expresamente por esta pequeña localidad madrileña. Ahora la Guardia Civil ha acudido al consistorio a recabar documentación.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/informe-Punica-irregularidades-ayuntamientos-Aguirre_0_983602534.html

EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO DE MADRID TODOS LOS DATOS DE 20 COLEGIOS CON LOS QUE SE ENRIQUECIÓ LA 'PÚNICA'

Velasco reclama copia de los actos inscritos en el registro por las cooperativas a las que la trama consiguió suelo público y de las que cobró más de 200 millones

La Fiscalía pone el foco en las cifras de capital social con que se constituyeron y de las posteriores ampliaciones de capital

En un auto fechado el pasado 28 de noviembre, Velasco reclama a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid copia de todos "los actos inscritos" en el registro por 20 cooperativas de enseñanza que en total reportaron al grupo de Francisco Granados y su socio y amigo David Marjaliza más de 220 millones de euros solo por la construcción de los edificios.

De lo investigado se desprende que a las cooperativas de profesores interesadas en abrir esos colegios la trama les aseguraba suelo público y les garantizaba que pasarían a formar parte de la red de centros concertados.

De los 20 colegios cuya información demanda el juez a la Comunidad de Madrid, tres se alzan en el municipio de Valdemoro, feudo y cuna política de Francisco Granados. Encarcelado desde hace dos años, el antiguo secretario general del PP madrileño y vicepresidente en el Gobierno de Esperanza Aguirre declarará a petición propia el próximo 21 de diciembre.

La pista del dinero

El juez sustenta su reclamación de datos a la Comunidad en un informe de la Fiscalía Anticorrupción. "La petición que hace el ministerio fiscal -escribe Velasco- se funda en la necesidad de conocer las cifras de capital social de las escrituras de constitución y los importes de las ampliaciones de capital en su caso".

El pujante negocio de la enseñanza que nutrió las cuentas de la trama Púnica se regía siempre por la misma mecánica: los colegios, propiedad de cooperativas de profesores, eran impulsados por la empresa Alfedel, cuyo administrador está imputado y de quien el juez sospecha que era un mero testaferro de Marjaliza, considerado el gran conseguidor de la trama corrupta.

Cada colegio pagaba a Alfedel una media de un millón de euros por el supuesto asesoramiento que les ofrecía. Y una vez obtenido el suelo y los permisos, era una de las empresas de David Marjaliza la que construía el edificio escolar.

La supuesta comisión de asesoramiento reportó a Alfedel más de 19 millones. Y solo las obras de construcción de 13 de los 20 colegios investigados en la causa engrosaron con 222 millones las cuentas de seis empresas vinculadas a Marjaliza entre 2001 y 2011. De esas seis empresas fue Obrum Urbanismo y Construcciones la que se llevó la mejor parte: 202 millones.

El listado de las 20 cooperativas cuyas inscripciones asentadas en el registro madrileño pide el juez a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda incluye tres centros ubicados en otras comunidades: uno se encuentra en Valdeluz (Yebes, Guadalajara); otro se localiza en Cartagena (Murcia); y el tercero, en Llucmajor (Mallorca).

En espera de que las sospechas del juez sobre la conexión entre Marjaliza y el administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón, se confirmen o disipen, lo cierto es que Marjaliza cobraba de principio a fin: por conseguir el terreno, como acredita uno de los documentos a que tuvo acceso infoLibre en el verano de 2015 [pincha aquí para leerlo] y por construir luego el colegio.

Granados y las cuentas de Tuvalu

En un segundo auto, este fechado el 30 de noviembre, Velasco pide a la Agencia Tributaria toda la información que obre en su poder sobre los pagos e ingresos de la sociedad Tuvalu Gestión SL en el periodo 2003-2007.

Los investigadores creen que Tuvalu es una de las sociedades que Granados utilizó para camuflar mordidas. Reclaman por tanto el llamado modelo 347 de Hacienda porque sus datos reflejan las entradas y salidas -cobros y pagos- superiores a 3.000 euros y que tienen el mismo origen o destino. Es decir, con ese documento es posible saber de dónde procedía cada una de las cantidades que llegaban a las cuentas de Tuvalu. Y, presumiblemente, a los bolsillos de Granados.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/02/el_juez_pide_gobierno_madrid_todos_los_datos_colegios_con_los_que_enriquecio_punica_58347_1012.html

EL JUEZ ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL 21 DE DICIEMBRE

Francisco Granados declara por videoconferencia desde la cárcel de...

Francisco Granados acudirá al despacho del juez Eloy Velasco 21 días antes de la fecha prevista. El magistrado de la Audiencia Nacional adelantó al 21 de diciembre la declaración de que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid después de que su abogado recurriese la anterior fecha fijada por el juez, el 11 de enero.

El juez Velasco accedió a la petición del ex consejero de Presidencia madrileño, que se ofreció a dar explicaciones en relación al patrimonio que posee en el extranjero y que, según consideró la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es "elevadísimo" y está "oculto" [lea el auto en PDF]. La primera fecha señalada por el juez no fue recibida con agrado por el político madrileño, en prisión desde el 27 de octubre de 2014 por su vinculación al caso Púnica -trama de adjudicaciones de contratos por parte de políticos a empresarios a cambio de comisiones-. Granados aspiraba a acudir de inmediato al despacho del juez Velasco. Es por ello que la representación legal del ex consejero madrileño recurrió la primera fecha fijada por el magistrado amparándose en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. El citado artículo advierte de que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".

La fecha de la citación llegó cuatro días después de que la Sala de lo Penal ratificara la prórroga de prisión provisional para Granados por dos años más, pudiendo llegar a cumplir cuatro, que es el máximo legal permitido. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo, en un auto fechado el pasado 25 de noviembre, advirtió de que había riesgo de huida y destrucción de pruebas por parte del ex consejero madrileño si quedaba en libertad.

http://www.elmundo.es/espana/2016/12/01/584014a9e2704e14598b464c.html

GRANADOS METE PRISA AL JUEZ VELASCO: LE PIDE QUE ADELANTE SU DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA

La defensa del ex consejero Francisco Granados ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el juez Velasco, que adelante la declaración de su cliente para cumplir con los requisitos de "inmediatez" previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La defensa de Francisco Granados ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde solicita al titular del Juzgado Central Número 6, Eloy Velasco, que adelante la declaración de su cliente, prevista para el 11 de enero, puesto que dicha citación "mal se compadece con la dicción del art. 400 LECrim según el cual, el Juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa, ya que se retrasa casi mes y medio sobre la fecha de petición". Dicho artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado pueda solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.

En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre explica que la citación del 11 de enero en la Audiencia Nacional no cumple con los requisitos de "inmediatez" previsto en la ley y que, además, le coincide con la celebración de otro juicio en Valencia.

En el escrito, los letrados del despacho García Ceca sostienen que se han enterado a través de este periódico de la citación de su cliente, y piden a Velasco "el adelanto de la fecha prevista para el día 11 de enero de 2017, para evitar el que hubiera de prolongarse el día 11 el juicio iniciado, y por hacer efectiva al mismo tiempo la previsión legal de inmediatez en la toma de declaración".

Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pide declarar de forma voluntaria ante el juez. El escrito del ex consejero de Madrid estaba fechado este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia volvió a rechazar la excarcelación de Francisco Granados.

En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.

Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar "forzosamente" porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-prisa-Velasco-adelante-declaracion_0_976703393.html

EL JUEZ VELASCO CITA A DECLARAR A GRANADOS EL 11 DE ENERO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli el ex consejero madrileño ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el próximo día 11 de enero a las 10 horas en su juzgado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado el próximo 11 de enero a a las 10 horas declarar al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli. De esta forma, el ex dirigente del PP pasará las Navidades en la prisión de Estremera (Madrid) antes del cara a cara con el magistrado y las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez.

El instructor de caso Púnica adopta esta decisión después de que este lunes Granados remitiese un escrito a la Audiencia "solicitando del Juzgado el prestar declaración al amparo de lo dispuesto en el art. 400 LECrim. sobre hechos que son objeto o han sido objeto de investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos". Lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado pueda solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.

Los investigadores sospechan que el ex consejero Granados mantiene oculta "importantísimas sumas de dinero" cuyo paradero no ha sido capaz de averiguar la Audiencia

Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pedía declarar de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. El escrito del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre estaba fechado este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar la excarcelación de Francisco Granados.

En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de "importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la prórroga de prisión.

Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar forzosamente porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no han sido halladas por la Audiencia Nacional.

Además, el instructor mantiene bajo secreto de sumario la pieza que afecta a la financiación del Partido Popular de Madrid donde la Guardia Civil ha señalado a Francisco Granados como el recaudador de la supuesta caja B.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-declarar-Granados-Audiencia-Nacional_0_976702502.html

GRANADOS CONTINUARÁ EN PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR SU «ELEVADÍSIMO» PATRIMONIO OCULTO EN SUIZA

La Audiencia Nacional cree que existe riesgo de que intente presionar y amenazar a personas vinculadas a la investigación

La Audiencia Nacional ha ratificado la prórroga de otros dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados ante el riesgo de fuga por «el elevadísimo patrimonio» que tendría oculto en el extranjero y por las presiones y amenazas a personas vinculadas a la investigación.

La sección cuarta de lo Penal ha desestimado en un auto el recurso de Granados contra la decisión del juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, de prorrogar hasta el máximo de cuatro años su prisión preventiva, tras haber vencido el primer plazo de dos años desde que entró en la cárcel el 31 de octubre del 2014.

Para los magistrados -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Fracisco Martel- «el riesgo genérico de huida y de destrucción de pruebas se ha ido paulatinamente concretando» y «se ha hecho más patente» por «el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia», y ponen de ejemplo «el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros».Además, «hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados», circunstancia que la Sala considera «plenamente vigente», tal y como recogió el juez Velasco en un auto del pasado 3 de octubre.

A esto añade el tribunal «el dinero hallado en Suiza», del que dice no constan pruebas de que fuera producto de las ganancias que obtuvo cuando trabajaba en el banco Societé General, tal y como alegó la defensa de Granados. «En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta», destaca el auto.Esto es así, según la Sala, porque de la investigación se deduce que Granados «se ha valido y ha utilizado en su provecho los cargos públicos para los que ha sido nombrado, lo que comporta que en estos años, que se inician allá por el 2000, haya participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones», indica el auto.

Para la Sala «hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia».

Una posibilidad de que eso pudiera suceder la encuentran los magistrados en la «cuidadosa actividad tendente a ocultar el presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por otras con sede fuera de España, cuya titularidad real resulta de muy difícil averiguación».En cuanto a la posibilidad de destrucción de pruebas y de influir en otros implicados en la investigación de quedar ahora en libertad, el auto resalta que Granados «se ha valido de familiares, amigos, testigos, de otros implicados, de funcionarios, de personas integradas en la propia fuerza actuante, con la finalidad de poner trabas a la investigación y evitar ser descubierto, llegando en algunos casos, a presionarlos e incluso a amenazarlos».En su recurso contra la prórroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros hallado en casa de sus suegros -que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y aseguró que ese dinero y el de sus cuentas bloqueadas es el único que tiene, por lo que negó tener más oculto.

La defensa de Granados, que ahora ejerce el abogado Carlos García de Ceca, explicaba en el recurso que ese dinero fue el que extrajo al dejar su cuenta en Suiza y que ese y el dinero de sus cuentas bloqueadas y consignadas en el juzgado es el único con el que contaba.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/28/granados-continuara-prision-dos-anos-elevadisimo-patrimonio-oculto-suiza/00031480361624279796863.htm

LOS INVESTIGADORES CALCULAN QUE GRANADOS OCULTA 20 MILLONES DE EUROS

Sospechan que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se llevó el 3% de los contratos públicos que manejó durante una década.

El exconsejero madrileño Francisco Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, según las estimaciones manejadas por los investigadores del 'caso Púnica'. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil calculan que esa es la cantidad que el exnúmero 3 de Esperanza Aguirre tendría escondido a través de sociedades a día de hoy desconocidas.

Además, Velasco lo ha citado como investigado para el 11 de enero a las 10 de la mañana. Granados solicitó ante el juzgado declarar voluntariamente y el juez lo ha admitido siguiendo la ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que un investigado puede solicitar esto cuantas veces quiera.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recogía en su último auto por el que mantenía a Granados en prisión que el exdirigente 'popular' "ha valido y ha utilizado, en su provecho, los cargos públicos para los que fue nombrado" desde el año 2000 cuando fue elegido alcalde de Valdemoro (Madrid) hasta 2011, que dejó la Consejería de Presidencia de la Comunidad para pasar a senador y diputado regional.

Granados "ha participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente (Granados) obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia".

Para los investigadores, esos beneficios son concretamente el 3% de todos, o por lo menos gran parte, de los contratos públicos que pasaron por sus manos desde que entró en la Alcaldía de Valdemoro en 1999 hasta su salida como consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, pasando previamente por la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

A Granados se le encontró tras su detención en octubre de 2014 casi un millón de euros en el altillo de un armario en casa de sus suegros. Además, el juez tiene controladas varias operaciones inmobiliarias realizadas entre el exnúmero 3 de Aguirre y su socio, el empresario David Marjaliza, y que éste aseguró que se trataron de operaciones simuladas para repatriar de Suiza parte del dinero que Granados tenía escondido.

Dinero en sociedades extranjeras

Pero con todo y con eso, es mucho el dinero que los investigadores creen que Granados sigue mantenido oculto a la Justicia, razón principal por lo que lleva dos años en prisión preventiva. “De la investigación se deduce que el recurrente (Granados) ha contribuido de forma eficaz a aumentar esa complejidad toda vez que parece haber realizado una cuidadosa actividad tendente a ocultar ese presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por otras con sede fuera de España cuya titularidad resulta de muy difícil averiguación”, explicaba el auto por el que se confirmaba que Granados debe permanecer por ahora en prisión.

El exdirigente 'popular' tiene mucho dinero escondido, según la investigación, pero él a día de hoy sigue insistiendo que jamás ha cobrado por amañar contratos. Mantiene que el dinero que tenía guardado en Suiza fueron ingresos obtenidos en su época como analista del banco Société General antes de entrar en política. Es más, cuando pasa de la Alcaldía a la Comunidad de Madrid decide cerrar esa cuenta por miedo a que su jefa, Esperanza Aguirre, conociera que poseía una cuenta en el extranjero.

Fue por esa razón, según la versión de Granados, por la que su amigo Marjaliza asume la titularidad de su cuenta helvética y éste le entrega el dinero en metálico y que es el mismo que apareció siete años después en el altillo del dormitorio de sus suegros.

Sin embargo, la Justicia no ve creíble esta versión. “Lo cierto es que no consta en el testimonio remitido la certeza de tal aseveración. En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta”, recoge la resolución.

Devolver el dinero

Ahora, Granados ha solicitado al juez instructor que quiere volver a declarar en sede judicial. Su exsocio, David Marjaliza, decidió colaborar con la Justicia y reconocer gran parte de los hechos, como el amaño de contratos públicos por parte de Granados y otros alcaldes y consejeros a cambio de una mordida. El objetivo de esa colaboración era, en primera instancia, salir de prisión preventiva como así ocurrió y después obtener una rebaja de la pena cuando el asunto llegue a juicio.

Sin embargo, si Granados decidiera ahora colaborar con la Justicia el primer paso que tendría que dar es retornar a las arcas públicas todo el dinero que tiene oculto y dar datos objetivos al magistrado de dónde se encuentra ese dinero, el nombre de las sociedades en las que lo oculta, y en qué países se encuentra.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161129/174483696_0.html

UNA ASESORA CONFIESA QUE PÚNICA HIZO REPUTACIÓN 'ONLINE' PARA LA SENADORA BARREIRO

'Vozpópuli' accede al audio de la declaración ante el juez Velasco de María de Mar Conesa, durante 20 años persona de la máxima confianza de la política del PP en el Ayuntamiento de Cartagena. En su testimonio, confirma que la entonces alcaldesa le reclamó uno de los informes de De Pedro.

Nuevo audio comprometedor para un aforado en el 'caso Púnica'. María del Mar Conesa, durante 20 años estrecha colaboradora de la hoy senadora del PP Pilar Barreiro cuando ésta era alcaldesa de Cartagena, ha confirmado al juez Eloy Velasco en su declaración como imputada que el 9 de septiembre de 2014, mes y medio antes de las primeras detenciones, la dirigente 'popular' le reclamó un informe de reputación 'online' que supuestamente había realizado para ella el 'gurú' informático Alejandro de Pedro. En su testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, esta cargo de confianza aseguró que ella no sabía a qué se refería la regidora y que por eso se lo pidió al jefe de Gabinete de la misma, Francisco Ferreño, también imputado, quien le remitió por correo electrónico el documento. Durante su declaración, María del Mar Conesa intentó desligar los pagos que el Consistorio hizo a las empresas del experto informático por unos 'banners' de publicidad en su red de diarios digitales de estos trabajos de mejora de imagen en Internet. El magistrado acusa a María del Mar Conesa de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

Según la colaboradora de Barreiro, la hoy senadora le reclamó en una ocasión que le remitiera los informes sobre su reputación 'online' que elaboraba De Pedro

La declaración de la asesora de Pilar Barreiro se produjo el pasado 4 de octubre. Durante 35 minutos, fue interrogada intensamente tanto por el juez Velasco como por las representantes de la Fiscalía Anticorrupción para conocer los detalles de su supuesta participación en las reuniones que Alejandro de Pedro y algunos empleados de sus empresas mantuvieron en 2014 con representantes del Ayuntamiento de Cartagena, entonces encabezado por Pilar Barreiro. La asesora admitió que se contrataron los servicios del experto informático de la trama, aunque limitó dichos trabajos a la publicación en los 48 diarios digitales que éste tenía de anuncios sobre una exposición que se iba a celebrar en el museo de la ciudad. Según destacó a preguntas del magistrado, la oferta de De pedro era "aceptable" porque tenía una "buena relación calidad-precio". Sus explicaciones no parecieron convencer al juez Velasco que le inquirió en varias ocasiones si sabía que los supuestos trabajos de reputación 'online' iban a ser presuntamente sufragados a cuenta de la Consejería de Educación, que entonces dirigía el hoy presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. Ella lo negó.

A preguntas de Anticorrupción
Lo que sí admitió María del Mar Conesa a preguntas de una de las representantes de Anticorrupción fue la existencia de un informe sobre dichos trabajos de reputación 'online' y que, de hecho, la propia alcaldesa se lo reclamó a comienzos de septiembre 2014. Según explicó la asesora, ella se puso entonces en contacto con Francisco Ferreño, jefe de Gabinete de la alcaldesa, entonces de vacaciones, para pedirle dicho documento de parte de Pilar Barreiro. Añadió que éste se lo remitió como adjunto en su mensaje de respuesta, aunque aseguró que nunca lo abrió.

Fiscal Anticorrupción: ¿Usted ha recibido algún tipo de informe de reputación de la señora Pilar Barreiro en el Ayuntamiento?

María del Mar Conesa: Yo recibí un informe...

FA:... por correo electrónico...

MMC: ... por correo electrónico. Tengo la fecha porque antes de venir aquí he intentado recabar toda la documentación que he tenido la posibilidad de encontrar. Del día 9 de septiembre [de 2014], que estaba Paco Ferreño [jefe de Gabinete de la alcaldesa] de vacaciones y me lo manda por correo electrónico porque en este caso la alcaldesa preguntó cómo iba el tema de reputación. Y yo estaba un poco fuera de juego en ese asunto y entonces Paco, que estaba de vacaciones le dije: 'Oye, Paco, ¿tú sabes algo de esto?' y me mandó ese informe.

Este audio sale a la luz sólo unos días después de que Vozpópuli adelantase que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de entregar un nuevo informe, en este caso "ampliatorio" de otro anterior, "sobre supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Cartagena". Su contenido es aún secreto, ya que, por ahora, el magistrado sólo ha dado traslado de dicho informe a la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia del propio juez a la que tuvo acceso este diario. Según fuentes jurídicas, el juez quiere conocer la opinión de ésta antes de decidir si redacta una exposición razonada para elevar sus sospechas sobre Pilar Barreiro al Tribunal Supremo para que éste decida si se investigue a la senadora. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en ese documento se hace referencia, precisamente, a esta declaración de la asesora del Consistorio y a su reconocimiento de la existencia del informe de reputación.

El informe de mayo
Este es el segundo informe que salpica tan abiertamente a la hoy senadora después de que a finales del pasado mes de mayo se conociera otro de la UCO sobre la trama 'murciana' de Púnica en el que ya se recogían numerosos indicios sobre los tratos de Pilar Barreiro y el hoy presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, con Alejandro de Pedro y un socio de éste, el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa. Aquel documento policial reproducía hasta trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para concluir que ambos políticos presuntamente habían cometido varios delitos. El máximo dirigente del Ejecutivo Regional, fraude. Barreiro, malversación y tráfico de influencias. La Guardia Civil concluía que los dos dirigentes 'populares' habían llegado el 24 de octubre de 2014 a cerrar un acuerdo para que la trama realizara trabajos de reputación 'online' para ambos, pero que éstos no se llegaron a materializar porque comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y Alonso Conesa.

Barreiro ya aparecía en un informe de UCO de mayo pasado como presunta autora de los delitos de malversación y tráfico de influencias

Meses después de aquel informe, el juez Velasco dictaba dos autos por los que citaba como imputados para los pasados 4 y 5 de octubre a nueve personas y a los representantes legales de cuatro empresas. Su objetivo era recabar los últimos testimonios antes de dar el primer paso para concluir esta pieza del sumario y enviarla a juicio. Entre los citados se encontraban, precisamente, María de Mar Conesa. También Francisco Ferreño, el jefe de Gabinete de la entonces alcaldesa de Cartagena y la persona que envió a la asesora el informe de reputación 'online'. Siempre según las llamadas interceptadas durante la investigación, Ferreño era la persona que trataba a menudo el 'gurú' informático para negociar sus servicios para la política 'popular'. En su declaración como imputado ante la Guardia Civil, Ferreño ya admitió que Pilar Barreiro consideraba en 2014 un "producto interesante" la oferta de De Pedro para 'lavar' su imagen, entonces algo maltrecha por el caso de corrupción urbanística conocido como 'Novo Carthago'.

De Pedro lo reconoció
En aquel testimonio Ferreño negó, sin embargo, que para pagarlos se pensara recurrir al desvío de fondos públicos, sino que iba a ser el PP local el que iba a correr con los gastos. El jefe de Gabinete de la entonces alcaldesa, al igual que su compañera María del Mar Conesa, también aseguró que los pagos realizados por el Ayuntamiento a las empresas de De Pedro eran exclusivamente por incluir publicidad sobre una exposición y sobre la celebración de las fiestas de Cartagineses y Romanos en la localidad "en medios digitales" de De Pedro, pero no por trabajos de reputación 'online' para la alcaldesa. Algo que, sin embargo, no coincide con otros testimonios e indicios recogidos por los investigadores, entre ellos el de un arrepentido. Incluso el propio experto informático, en su declaración ante la Guardia Civil un día después de su detención, reconoció haber realizado "servicios de reputación de la alcaldesa y de Cartagena" y que los mismos se habían facturado al Ayuntamiento "en concepto de publicidad, pero que ha tratado de solucionar esto" para que pasasen a facturarse "al partido".

El propio De Pedro admitió en su primera declaración tras ser detenido que esos trabajos los pagaba el propio Ayuntamiento de Cartagena

Unas afirmaciones que confirmaban las de uno de sus empleados imputado, Francisco Javier Bueno, quien recientemente ha declarado para dar nuevos datos en este sentido. De hecho, el pasado 5 de octubre detallaba al juez el encuentro que celebraron el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel de Las Letras, de Madrid, Barreiro y el hoy presidente de la Región de Murcia con el experto informático. Este trabajador aseguró que aquel día él estaba junto a su jefe en dicho establecimiento de la capital cuando éste le pidió que se fuera porque iba a tener una reunión. En su testimonio, el ahora colaborador de la Justicia aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos.

Dos llamadas y una cita comprometedoras

En el sumario figuran dos llamadas de teléfono y una cita que apuntan a que los tratos de los colaboradores de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento de Cartagena con la Púnica fueron a iniciativa de la hoy senadora. Aquellas dos conversaciones telefónicas se produjeron el 23 de julio de 2014 con pocos minutos de diferencia. La primera, a las 13:38. La segunda, sólo cuatro minutos después. En las dos, incorporadas a la causa, la entonces alcaldesa de Cartagena le reclamaba a Alejandro de Pedro un encuentro cuando pasase por la ciudad murciana dos días. La Guardia Civil destacaba en el informe sobre aquellas conversaciones que junto a la diputada se encuentra un tal "Paco", supuestamente Francisco Ferreño, su jefe de gabinete y la persona con la que, siempre según las llamadas interceptadas durante la investigación, trataba a menudo el 'gurú' en reputación 'online' para negociar sus servicios a la política 'popular'.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/confirma-Punica-reputacion-Pilar-Barreiro_0_976403684.html

INVESTIGAN A GRANADOS POR AMAÑAR 40.000 PISOS QUE MOVIERON "MILES DE MILLONES"

La Audiencia ratifica la prisión del expolítico por su participación en "actividades inmobiliarias" de las que obtuvo "pingües beneficios". En el punto de mira, varios consorcios urbanísticos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan, desde mediados del verano, si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio). La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó este lunes la prórroga de dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados, el principal político imputado en la causa y que, entre sus muchos cargos públicos, ostentó la presidencia de Arpegio. Granados está preso desde el 27 de octubre de 2014.

En el auto, la Audiencia Nacional se hace eco de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y revela que Granados ha utilizado "los cargos públicos" para participar "en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario, en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que Francisco Granados obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la Justicia". Las actividades del sector inmobiliario son los consorcios que Arpegio desarrolló en colaboración con diversos ayuntamientos madrileños (Arpegio siempre tenía la mayoría) y que pusieron en el mercado miles de viviendas.

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

En julio de este año, el juez Velasco solicitó abundante documentación al ente público, ya que "a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza, se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio". La investigación de la UCO, no obstante, se ha centrado solo en media docena de consorcios, aquellos en los que se tiene indicios de que se pudo amañar la adjudicación de las viviendas que se levantaron en estos ámbitos. De esos 22 consorcios, 16 son residenciales (donde se construyen viviendas) y los otros seis, tecnológicos y empresariales.

Los consorcios se han desarrollado gracias a un convenio que firman la Comunidad de Madrid (a través de Arpegio) y el ayuntamiento en cuestión para levantar tanto vivienda protegida como libre. Ambas administraciones crean una sociedad gestora que lleva los trámites y el día a día del consorcio. Este cuenta además con un consejo de administración en el que están presentes la Comunidad de Madrid (como socio mayoritario) y el ayuntamiento, a través de todos sus grupos políticos en función del porcentaje de representación que tienen en el pleno municipal. En el proceso de adjudicación, Arpegio y los ayuntamientos podían licitar el suelo que tenían asignados dentro del consorcio. Los investigadores creen que los presuntos amaños se produjeron desde los dos lados.

Los consorcios bajo sospecha son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla-Este (en Parla), Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur (en Móstoles). También se investiga Ciudad Jardín en Arroyomolinos, que técnicamente no es un consorcio, ya que la gestión la llevaba directamente Arpegio a través de una sociedad urbanística. En estos cinco ámbitos se proyectaron 40.088 viviendas.

Municipios del PSOE

El de Parla se constituyó en 1998 y el de Getafe, en 2001. En ambos casos, los dos municipios estaban controlados por el PSOE. Como ya adelantó El Confidencial, David Marjaliza, el principal empresario implicado en el caso que ha decidido colaborar con el juez, explicó al magistrado Eloy Velasco que pagó comisiones para llevarse adjudicaciones de algunas de las parcelas del consorcio de Getafe cuando la localidad la dirigía Pedro Castro, exalcalde y expresidente de la Federación Española de Municipios. Al menos cinco empresas de Marjaliza se hicieron con suelo para construir unas 490 viviendas protegidas.

Granados fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Fue en ese periodo, concretamente el 24 de julio de 2006, con Granados al frente de Arpegio y Castro al frente del ayuntamiento, cuando el consorcio aprobó los pliegos de los concursos públicos para adjudicar las parcelas de las viviendas protegidas. En Los Molinos-Buenavista se han construido 12.700 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

David Marjaliza ha puesto sobre la mesa del juez el nombre del exregidor de Getafe por el desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista, donde empresas de Marjaliza se hicieron con suelo

Dos cooperativas controladas por David Marjaliza también consiguieron la adjudicación de dos parcelas para construir 532 pisos protegidos en el consorcio de Parla-Este durante el mandato de Tomás Gómez al frente de la alcaldía de Parla. En su extensa declaración ante el juez, Marjaliza confesó que había financiado con 245.000 euros diversos gastos electorales de la campaña electoral del PSOE de Parla en la campaña de 2003. Tomás Gómez fue alcalde de este municipio entre julio de 1999 y octubre de 2008. Las adjudicaciones se produjeron antes de que Granados llegara a Arpegio, en julio de 2002 y marzo de 2003. En Parla se han levantado 11.200 casas.

Marjaliza ha aportado documentación de estos pagos, "algunas facturas del tema de Parla cuando nos adjudicaron [suelo] a las cooperativas nuestras", según relató ante el juez. Estos pagos se realizaron a través de una gestoría, Gesintra 2001 SL, a petición de otro de los imputados en el caso, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. Marjaliza explicó al juez que "entendía" que Alonso Conesa acudía en nombre del entonces alcalde, Tomás Gómez. El sumario del caso también revela que Marjaliza regaló a Gómez una televisión valorada en 5.000 euros.

Estos regalos solo eran detalles. Los promotores que se llevaban las adjudicaciones de las parcelas debían pagar una comisión que se fijaba por el porcentaje de edificabilidad que tenía cada parcela: entre 2.000 y 5.000 euros por vivienda. Los investigadores creen que lo que hizo Marjaliza (pagar por conseguir suelo) era un sistema extendido entre otros constructores de la región. Y que esos presuntos amaños también se produjeron en los consorcios de Móstoles Sur y Los Espartales en Alcalá de Henares: 8.230 pisos en el primero y 3.990 en el segundo. Los dos consorcios fueron constituidos en noviembre de 2001, cuando el PSOE gobernaba en ambos municipios, aunque su suelo se empezó a desarrollar en la época de Granados.

El PP gobernó Alcalá entre 2003 y 2012 con Bartolomé González, hoy diputado autonómico. Otro informe de la UCO relaciona a González con el presunto amaño de un contrato de eficiencia energética en el municipio, otra de las ramificaciones de la Púnica. El PP también gobernó Móstoles entre 2003 y 2012. Las investigaciones están en su primera fase y llevarán su tiempo, ya que la documentación a examinar es ingente.

Otro de los ámbitos urbanísticos que la UCO está examinando es Ciudad Jardín de Arroyomolinos. No es exactamente un consorcio, sino una sociedad urbanística gestionada al 100% por Arpegio. En una superficie de 167 hectáreas, se proyectó la construcción de 4.800 viviendas. La Guardia Civil tiene constancia de que en Ciudad Jardín Marjaliza no se hizo con suelo residencial, sino con suelo comercial en el año 2006, con Granados en Arpegio. Los consorcios son solo una ramificación de la pieza que investiga los tejemanejes de la Púnica en Arpegio. La UCO también indaga si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias también pagaron mordidas por llevarse los contratos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/punica-consorcios-granados-marjaliza-viviendas-adjudicacion-amano_1296651/

HACIENDA LLEVA UN AÑO DENEGANDO AUXILIO AL JUEZ DE PÚNICA PARA CUANTIFICAR LOS PELOTAZOS DE LA RED

El Catastro y la Agencia Tributaria aducen que la ayuda solicitada por Eloy Velasco está fuera de sus competencias

El magistrado espera desde junio de 2015 la designación de dos peritos arquitectos para avanzar en un punto clave de la causa

La cuantificación de las ganancias que las distintas operaciones urbanísticas y de adjudicación de obra civil reportaron a los integrantes de la trama Púnica lleva en dique seco más de un año por la negativa de Hacienda a prestar ayuda al juez que investiga el caso, Eloy Velasco. A solicitud de las fiscales, el magistrado había pedido que fuesen designados como peritos dos miembros del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda para efectuar la citada cuantificación. Tanto la directora general del Catastro como el máximo responsable de la Agencia Tributaria han denegado su solicitud bajo el argumento de que esa tarea no figura entre sus competencias.

La primera denegación de auxilio quedó reflejada en un informe emitido por la Dirección General del Catastro el 8 de julio de 2015 en respuesta a la petición formulada un mes antes, exactamente el 5 de junio. Y el pasado 27 de octubre fue el propio director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, el que en un nuevo escrito volvió a decir no al titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Según Menéndez, la solicitud de Velasco no se ajusta a lo que la ley dice sobre las circunstancias y los fines para los que la AEAT debe ponerse al servicio de jueces y fiscales. “El auxilio solicitado —escribe Menéndez— consiste en una valoración técnica diferente de la propia materia tributaria y no se encuentra, por lo tanto, entre las competencias de la Agencia Tributaria, por lo que sus órganos no están habilitados jurídicamente para prestar el auxilio que se solicita en este caso”.

infoLibre no ha podido confirmar qué paso dará ahora el magistrado tras esta segunda negativa, que complica el avance de las investigaciones en un aspecto nuclear de la causa: los pelotazos que enriquecieron a la red corrupta gracias a la política de suelo, vivienda y obras públicas aplicada en distintos municipios de Madrid y a escala autonómica.

El principal político imputado en la causa –y encarcelado desde hace dos años- es Francisco Granados, cuyo poder decisorio se multiplicó una vez que dejó en 2003 la Alcaldía de Valdemoro para incorporarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre a la vez que se convertía en secretario general del PP madrileño. Solo entre 2006 y 2007, las obras en municipios que gestionaba el Ejecutivo autonómico mediante el denominado Plan Prisma implicaron un desembolso de 300 millones de euros. El desarrollo de ese programa estuvo bajo el control directo de Granados como presidente de la empresa pública Arpegio entre abril 2005 y diciembre de 2007.

Durante la declaración judicial con la que se convirtió en el primer gran arrepentido de la causa, el considerado conseguidor de la Púnica y antiguo socio y amigo de Granados, el empresario David Marjaliza, atribuyó a una idea del político que el control de las obras locales pasara de los ayuntamientos al Gobierno de Esperanza Aguirre. Interpelado de forma directa sobre si abonó las comisiones ilegales por la vivienda protegida del programa Prisma, Marjaliza respondió de forma imprecisa: "En unos casos sí y en otros no".

El primer escenario de los grandes pelotazos de Púnica fue Valdemoro. Según la investigación, Granados y sus subordinados beneficiaron a Marjaliza con distintas operaciones urbanísticas. Y, aunque de momento permanece en un segundo plano, otro constructor, Ramiro Cid, logró enormes pelotazos todavía por cuantificar. Cid, que fue quien levantó gratis una mansión destinada a Granados y su familia y con la que, según los investigadores, planeaba compensar al político por sus favores, se hizo con cientos de hectáreas a bajo precio. En una de esas operaciones, el Ayuntamiento de Valdemoro vendió a Ramiro Cid una enorme bolsa de suelo a 510 euros metros cuadrados. Dos meses antes, Cid le había vendido a otra empresa terrenos en esa misma zona justo al doble: a 1.100 euros el metro.

Misil de la Fiscalía

La carta del director general de la AEAT llegó a la Audiencia Nacional el 8 de noviembre en respuesta a un nuevo escrito donde, a instancia de las fiscales del caso, Velasco había requerido al ministerio la designación de dos miembros del Cuerpo de Arquitectos Superiores Hacienda . El magistrado había expuesto así la misión que tendrían los peritos: “Colaborar con el juzgado en el cálculo de las ganancias que las ilícitas actuaciones iniciadas con las modificaciones del planeamiento urbanístico, constitución de amañadas Juntas de Compensación, adjudicación de obra civil concertada, ventas de parcelas para construcción de vivienda protegida y renta libre, han podido generar a los investigados en la causa”.

El requerimiento de Velasco a Hacienda salió de la Audiencia Nacional el 26 de septiembre. Ese mismo día, el juez envió un segundo oficio a la Dirección General del Catastro, donde planteaba una demanda muy similar: “El nombramiento de dos peritos para que informen y, a la vez, presten Auxilio Judicial en relación a las modificaciones sufridas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro desde el año 1998 y su incidencia en las parcelas propiedad de las personas físicas o jurídicas investigadas en este procedimiento, así como para que informen sobre cualquier otro punto que se considere necesario para los fines de la investigación”.

El magistrado cursó esas dos nuevas solicitudes tras recibir un escrito en el que las fiscales del caso criticaban abiertamente la negativa del Catastro a colaborar. “Las razones ofrecidas —dice el escrito— no nos parecieron atendibles a la vista del deber de colaboración que expresamente vincula a las entidades públicas con la Administración de Justicia”.

En su escrito, las fiscales instaban al juez a requerir otra vez la ayuda del Catastro y de Hacienda. Y cerraban su texto con un párrafo demoledor: "En este sentido se quiere recordar de nuevo que junto a los deberes de colaboración expresados en las Leyes y Constitución a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, especialmente le corresponde el auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y represión de delitos públicos dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/26/hacienda_lleva_ano_denegando_auxilio_juez_punica_para_cuantificar_los_pelotazos_red_58107_1012.html

ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ VELASCO A UN EXDIPUTADO DE CIFUENTES POR EL MAYOR AMAÑO DE PÚNICA

Los audios de la declaración que prestó Daniel Ortiz, exdiputado de la Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Móstoles, revelan cómo el magistrado consiguió que el político admitiera el envío de los 'wasaps' que recibió un edil para que paralizara un concurso público y pudiera ganarlo la trama.

El pasado 13 de septiembre, Daniel Ortiz Espejo, alcalde de Móstoles hasta 2015 y diputado de la Asamblea de Madrid hasta sólo unas semanas antes, acudía a la madrileña sede de la Audiencia Nacional. Perdida su condición de aforado, tenía una cita para declarar como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. Lo hacía acusado de seis delitos por su supuesta participación en el amaño de un contrato público de 73 millones de euros, el mayor 'pelotazo' de la trama de corrupción.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de unos meses antes había recopilado hasta 28 documentos, mensajes y testimonios que lo señalaban. Pese a ellos, él se declaró inocente una y otra vez durante su comparecencia. Sin embargo, durante la hora y seis minutos que duró su testimonio, el juez consiguió arrancarle una confesión clave para sostener las graves acusaciones contra él: admitió ser el autor de las dos cadenas de 'wasaps' con los que presuntamente presionó a uno de sus ediles para que paralizara la adjudicación del millonario concurso de eficiencia energética cuando éste estaba a punto de ganarlo una empresa ajena a la red de corrupción. Finalmente, aquel contrato se lo llevó Cofely-GDF Suez, la multinacional salpicada por la red de corrupción.

Así lo refleja el audio de aquella declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que se percibe el tenso ambiente en el que se desarrolló el interrogatorio y en el que Daniel Ortiz intentó en todo momento en desligarse de la decisión de adjudicar a la empresa de la trama el millonario contrato de eficiencia energética del consistorio que él dirigía entonces. Así, en la primera media hora de su declaración intentó reducir a inofensiva reunión "institucional y protocolaria" un encuentro que mantuvo en 2013 con altos directivos de Cofely y convencer al magistrado de que él siempre estuvo al margen del proceso de licitación, sobre el que únicamente pidió "información" al ser un contrato que calificó de "muy sensible socialmente", pero sin ninguna intención de manipularlo.

Tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Velasco tomó la palabra para preguntar a Daniel Ortiz sobre la autoría de los 'wasaps'

De hecho, negó rotundamente que él hubiera facilitado a Cofely dos documentos de la oferta de una empresa de la competencia que aparecieron durante los registros en el ordenador de uno de los directivos implicados y que permitieron a la trama contrarrestar la mejor propuesta de ésta y llevárselo. "Fue un concurso público limpio", insistió tras recordar en un par de ocasiones que el mismo había sido avalado por el Tribunal de Contratación Administración.

Las preguntas del juez
En ese momento, el juez Velasco, que hasta ese momento había dejado todo el peso del interrogatorio a las representantes de la Fiscalía Anticorrupción, tomó la palabra y comenzó a lanzarle cuestiones a Daniel Ortiz. Primero, si conocía a David Marjaliza, el constructor que ha confesado haber participado como intermediario en el amaño, y al que el político aseguró no conocer. Y, después, por el concejal del PP David Sánchez del Rey, entonces responsable Mantenimiento e Infraestructuras y destinatario de los 'wasaps' que señalan la presunta implicación del ex diputado de Cifuentes. De hecho, fue este edil el que los aportó a la Audiencia Nacional.

Juez Velasco: "¿Y [conoce] al señor Sánchez del Rey?

Daniel Ortiz: Ex compañero mío de Gobierno [municipal] y no tengo nada más que decir. Mi relación es cordial con el señor Sánchez Rey

JV: Los correos que aporta voluntariamente este señor a este juzgado en los que usted ordena paralizar [el concurso] ¿los niega usted o ocurrieron así?

DO: Lo explico. No es quisiera paralizar ese expediente. Lo que pretendía es que me informara...

JV: Ya le he entendido. Le pregunto. Esos correos, ¿ocurrieron?. ¿No los ha traído falsamente este concejal a este juzgado?

DO: Esos correos los mando yo dentro de la gestión...

El magistrado interrumpió en ese momento la respuesta del político para hacerle una petición concreta: "¿Puede usted aportar la parte que usted tuvo y recibió de ellos? ¿Puede venir un día a volcar de su móvil esos correos?", le pidió a Daniel Ortiz. Sin embargo, éste le aseguró que no podía, que ya no lo tenía, porque había cambiado de teléfono al dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado de la Asamblea de Madrid. "¿Pero no los niega?, ¿ocurrieron?", insistió el magistrado. El ex regidor intentó de nuevo inscribirlos en el "ámbito normal de la gestión del día a día en un expediente de contratación en el que el alcalde y un concejal trabajan" y rechazó que con ello buscara "amañar" o "enturbiar un proceso contractual" en el que, insistió, no había habido ninguna irregularidad "desde el Ayuntamiento". El tema de los 'wasaps' no volvería a surgir en el interrogatorio hasta prácticamente el final del mismo. En este caso fue una de las fiscales Anticorrupción la que incidió en el tema al querer mostrárselos:

Daniel Ortiz: Los conozco.

Fiscal Anticorrupción: ¿Los conoce y admite que se los ha enviado a esta persona [el concejal Sánchez Rey]

DO: Sí, sí, pero no tiene ninguna importancia porque es una cuestión normal entre concejales del día a día de gestión.

FA: Sólo quería que validara la conversación de los 'wasaps'.

Las dos cadenas de 'wasaps'

La insistencia en la autoría de estos mensajes de móvil está justificada en la relevancia que los investigadores han dado a los mismos desde que llegaron a su poder para probar la supuesta implicación del entonces alcalde mostoleño. La primera cadena de 'wasaps' fueron remitidas por el ahora también ex diputado regional el 12 de marzo de 2014 al concejal de su partido David Sánchez del Rey, responsable de Infraestructuras del consistorio y que, por tanto, participaba en el proceso de adjudicación del contrato bajo sospecha. En ellos, el entonces alcalde ordenaba a su edil que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?" "Recibido. Te refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni abrir el sobre 3?", fue la respuesta de este último. El entonces alcalde se lo confirmaba en otro wasap: "Eso... ya os cuento a ti y a Vanesa", en referencia otra integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez. Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil mantuvieron una reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que finalmente sería la excusa para anular la mejor oferta y darle el millonario contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica de Fulton [la otra empresa] para afrontar las inversiones".

Un informe de mayo de la UCO ya recalcaba la importancia de las dos cadenas de mensajes al coincidir temporalmente "con la fase de adjudicación" del millonario contrato

La segunda cadena se produjo casi dos semanas después. En concreto, el 25 de marzo de 2014. En ella, Daniel Ortiz avisaba al concejal de Infraestructuras de que "mañana creo que tengo la respuesta sobre la documentación que me diste". De hecho, un informe de marzo de la Guardia Civil aseguraba que estas "comunicaciones" permitían alcanzar "conclusiones que reforzarían la participación" del entonces diputado regional ya que las misma, producidas en marzo de 2014, coinciden temporalmente "con la fase de adjudicación del contrato de eficiencia energética". Estos datos fueron respaldados con las declaraciones que ante la propia Guardia Civil y el juez Velasco hizo como testigo el concejal Sánchez del Rey, receptor de dichos 'wasaps'. Con ellos, recalcaba el documento policial, la UCO creía haber terminado de "identificar los acuerdos extraoficiales y ajenos al expediente de contratación con los que se pretendería desechar la oferta del licitador mejor posicionado para lograr la adjudicación y, por tanto, beneficiar, a Cofely".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Velasco-diputado-Cifuentes-millones-Punica_0_974903630.html

NUEVOS AUDIOS CONFIRMAN QUE UN CONSTRUCTOR IBA A PAGAR UNA DEUDA DEL PP CON PÚNICA

La declaración de Francisco Javier Bueno, antiguo empleado del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, detalla cómo acudió a visitar en 2014 al dueño de Construcciones Gomuñoz para que abonara supuestos trabajos de 'reputación online' para el entonces alcalde 'popular' de Gandía, Arturo Torró.

Testimonio clave. La declaración que el pasado 5 de octubre prestó como imputado Francisco Javier Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica, no sólo ha servido para reforzar los indicios recabados sobre las supuestas relaciones de la red de corrupción y el actual presidente de la Región del Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, sino también para conocer nuevos detalles de los tratos de la red de corrupción con otros cargos públicos. Entre ellos, el que fuera alcalde 'popular' de Gandía, Arturo Torró. En su relato ante el juez Eloy Velasco, este ex trabajador de Madiva Editorial SL aseguró que su jefe, el 'gurú' informático Alejandro de Pedro, le envió en septiembre de 2014 a este municipio valenciano a cobrar una deuda del PP local y que cuando se presentó en la dirección que le dieron "me veo que era una constructora", Gomuñoz SL. El imputado aseguró que el dueño de la misma, Sergio Muñoz, le confirmó que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda" y que De Pedro debía emitir facturas por publicidad para camuflar dichos abonos.

Un ex empleado de Alejandro de Pedro asegura al juez que éste le envió a cobrar una deuda del alcalde de Gandía a la sede de una constructora local

Las declaraciones de Francisco Javier Bueno sobre los supuestos tratos de la trama en Gandía se produjeron cuando ya llevaba cerca de media hora declarando y el magistrado y las representantes de la Fiscalía Anticorrupción le habían interrogado por las 'andanzas' de la red de corrupción en Murcia. En ese momento, la abogada que representa al Ayuntamiento de esta localidad valenciana, personado en la causa como acusación, le preguntó por los detalles de su viaje a dicho municipio. Fue entonces cuando el imputado señaló que había viajado para hacer gestiones sobre un periódico digital y que De Pedro le pidió que lo aprovechara y fuera "a cobrar una deuda del alcalde". "Llegó allí y me dicen la calle Reyes Católicos, que es lo mismo que he declarado desde un principio, y cuando llego allí me veo que era una constructora y a mi me llamó poderosamente la atención. Entonces toqué al timbre y le dije que venía de parte de Alejandro de Pedro".

"Me dijo literalmente..."

En su relato, el ex empleado de la trama asegura que el empresario bajó a la calle y se fueron ambos a tomar un café: "Y me dijo literalmente que [a] él le habían dicho que tenía que pagar una deuda de ..." "¿Quién es él? ¿Recuerda el nombre?", le interrumpió el juez Velasco, sin embargo el imputado reconoció que no lo sabía, aunque sí el nombre de la constructora, "Gomuñoz", y que su propietario le dijo a continuación que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda del ayuntamiento", aunque si "a los tres meses no le pagaba el ayuntamiento no lo iba a pagar". "Me quedé sorprendidísimo porque yo iba a recoger, no sé, cobrar una deuda", añadió.

Francisco Javier Bueno, cuyo testimonio es considerado "muy importante" por fuentes cercanas a la investigación, volvió a incidir una vez más en los supuestos tratos de la trama Púnica en Gandía. Así, y tras admitir que no sabía cuáles habían sido los trabajos supuestamente realizados para Arturo Torró, aseguró a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que el empresario planteó 'camuflar' dichos pagos. "A mi me facturáis, le dices a Alejandro de Pedro que me facture como publicidad y yo le iré pagando, pero si no me paga el alcalde, no me paga el ayuntamiento pues voy a dejarle de pagar", aseguró al magistrado que le espetó el dueño de Construcciones Gomuñoz, también investigado en la causa.

La declaración del constructor

De hecho, la nueva declaración del antiguo trabajador de Alejandro de Pedro refuerzan las manifestaciones realizadas ante el juez Eloy Velasco por el propio empresario. Éste aseguró en la Audiencia Nacional que en septiembre de 2014 recibió una llamada de Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del PP de Gandía, para pedirle un favor para el partido en relación con una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros que la formación mantenía con el 'gurú' informático de la trama Púnica. También aseguró que el propio Alejandro de Pedro le telefoneó días después y ambos quedaron en verse en unos días. Sin embargo, a dicha cita acudió finalmente Francisco Javier Bueno, el ex trabajador de la empresa de la trama que está colaborando con la Justicia.

El empresario ya reconoció ante el juez que el PP de Gandía le pidió como un favor que hicieran frente a una deuda del partido de 10.000 euros

Muñoz aseguró que éste le explicó los servicios que prestaba la compañía, a lo que el empresario valenciano contestó que no veía factible contratar ninguno de ellos. Fue en ese momento, siempre según el testimonio del propietario de Construcciones Gomuñoz ante el juez Velasco, cuando su interlocutor le comunicó que a él le habían dicho que se iba a hacer cargo de una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros, y que en ese encuentro ya debía haberle llevado algo de dinero. El empresario sostuvo en su declaración que abordó el tema con sus hermanos y decidieron no pagar nada e, incluso, que telefoneó a Dionisio Ollero para trasladarse su malestar por la situación tan incómoda en que le había puesto. “Le dije que no iba a hacer nada y me contestó que no me preocupase”. Desde entonces, añadió el empresario, ni este dirigente del PP ni De Pedro volvieron a contactar con él.

Contrapartidas
El juez insistió en aquel interrogatorio sobre si la aceptación de dicho pago era una contrapartida a cambio de contratos con el Ayuntamiento de la localidad valenciana, encabezado entonces por el 'popular' Arturo Torró, también imputado en la causa. El constructor lo negó. Sin embargo, en sus preguntas el magistrado llegó a asegurar que Muñoz accedió a pagar 2.600 euros más IVA todos los meses a partir de noviembre de 2014 hasta saldar la deuda, extremo que fue desmentido por el empresario.

Un dirigente del PP local confirmó que buscaron un empresario de confianza para que se hiciera cargo de una serie de gastos del partido

Por su parte, el dirigente del PP de Gandía Dionisio Ollero reconoció ante el juez que el secretario general del partido en la localidad Gandía, Víctor Soler, le pidió que buscara un empresario de confianza para ver si podía correr con los gastos de confección de una página web para el partido y de una deuda que mantenían con el empresario que se encargaba de ello, Alejandro de Pedro. Ollero añadió que pensó en Sergio Muñoz porque le conocía desde hace años, le telefoneó, le pidió que le echara una mano al partido con la deuda y le dijo que había facilitado su teléfono a De Pedro, que le llamaría próximamente, como así hizo. Al igual que Muñoz, Ollero aseguró al juez que el pago de la deuda no conllevaba ninguna contrapartida en forma de adjudicación.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Nuevos-Punica-confirman-constructor-PP_0_974302909.html

LOS AUDIOS DEL TESTIMONIO QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA EN PÚNICA

Vozpópuli tiene acceso a la grabación de la declaración que prestó el 5 de octubre ante el juez Velasco el ex trabajador de una de las empresas de la trama que colabora con la justicia. En 3 ocasiones aseguró que Pedro Antonio Sánchez dio su "Ok" a que la red de corrupción le hiciera trabajos de reputación 'online'.

Tres. Ese es el número de veces que Francisco José Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica, aseguró el pasado 5 de octubre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que estrechos colaboradores del actual presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, le confirmaron que el político había dado su "ok" para que la red de corrupción realizara trabajos de 'reputación online' previos a las elecciones autonómicas de 2015 en las que fue elegido para el cargo. Dicho testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es considerado clave por los investigadores en las pesquisas sobre las andanzas de la red de corrupción en Murcia y su relación con el jefe del Ejecutivo regional.

Francisco José Bueno acudió ese día a la Audiencia Nacional como investigado (actual denominación de la figura de imputado) acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude a la Administración. No era la primera vez que estaba ante el juez Velasco, aunque en su anterior comparecencia lo había hecho como testigo. Pese al cambio de su situación judicial, el que fuera director comercial de Madiva Editorial SL, una de las sociedades de Alejandro de Pedro, confirmó las declaraciones que ya había prestado ante el magistrado y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los negocios de la trama con políticos de Murcia y de otras regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana.

Zaplana y Barreiro
Así, tras hablar de las llamadas que su jefe De Pedro recibía de destacados dirigentes del PP, como "el señor [Eduardo] Zaplana" y de los tratos con la entonces alcaldesa 'popular' de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro, el juez Velasco preguntó a Francisco Javier Bueno sobre los trabajos de las empresas de la trama para la Consejería de Educación que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez. La respuesta de éste fue contundente: "Delante de mí, el señor David Conesa, creo recordar el jefe de redes [del político] dijo 'el consejero ha dado el ok para empezar a trabajar la reputación". Era el 24 de octubre de 2014 y sólo tres días después se desarrollaba la 'Operación Púnica' en la que fue detenido Alejandro de Pedro.

No sería la última vez que el imputado confirmaría tajantemente dichos vínculos. Así, durante las insistentes preguntas que planteaba las representantes de la Fiscalía Anticorrupción sobre los trabajos que se iban a hacer desde las empresas del experto informático, no sólo para el actual presidente de Murcia, sino también para la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el antiguo empleado de Alejandro de Pedro relató el encuentro celebrado el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel de Las Letras, de Madrid, entre estos dos políticos y el experto informático. Francisco Javier Bueno aseguró que aquel día él estaba junto a su jefe en dicho establecimiento de la capital cuando éste le pidió que se fuera porque iba a tener una reunión. En su testimonio, el ahora colaborador de la Justicia aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos ahora bajo sospecha.

En este sentido, el ex empleado del 'gurú' informático aseguró que esa era, precisamente, la práctica habitual de éste último cuando tenía reuniones con clientes importantes, como la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también imputada en el 'caso Púnica': mandarle "a tomar un café" para que no estuviera presente en estas negociaciones con altos cargos públicos. Sin embargo, en este punto sí aseguró que asistía a encuentros con colaboradores de los políticos y citó de nuevo la visita que hizo junto a Alejandro de Pedro a la Consejería de Educación el 24 de octubre de 2014. Por segunda vez durante este testimonio, Francisco Javier Bueno afirmó ante el juez Velasco que en el mismo le transmitieron el "ok" de Pedro Antonio Sánchez a la realización de dichos trabajos de reputación 'online'.

Sólo unos minutos después, volvía a insistir por tercera vez en lo ocurrido en aquella reunión con el asesor del entonces consejero de Educación y hoy jefe del Ejecutivo murciano. Así, ante la insistencia de la representante de la Fiscalía a que aclarase a qué había dado su "ok" Pedro Antonio Sánchez a las empresas de la trama, Francisco Javier Bueno fue contundente porque, como insistió, él estuvo presente. "A trabajar la reputación, a trabajar acerca del blog", afirmó. "¿La reputación del consejero?" le incidió entonces Anticorrupción. "Sí, es lo que dijo este señor [el asesor David Conesa], le dijo a mi jefe [Alejandro de Pedro]". La fiscal le volvió entonces a preguntar si "eso lo escuchó usted". "Sí, eso es lo que he dicho desde el principio", en referencia a sus anteriores declaraciones como testigo en las que ya había dado detalles en el mismo sentido.

Sobre lo que no facilitó datos el ahora colaborador con la Justicia es sobre cómo se iban a pagar dichos trabajos ya que insistió que él en los temas de "facturación" no participaba. Sin embargo, un informe de la UCO apuntan a que los mismos se iban a enmascarar con cargos bajo el concepto 'formación' para que fuera la Consejería de Educación que entonces encabeza Pedro Antonio Sánchez quien las abonara con cargo al erario. En las preguntas que planteó a Francisco Javier Bueno, el juez Velasco ya apuntaba a que las pesquisas apuntan a una empresa de un hermano de José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena y socio de De Pedro, como el supuesto instrumento que la trama iba a utilizar para ello. Sin embargo, el ex empleado no pudo aportar datos en ese sentido. "Lo desconozco", fue su respuesta.

Una reputación 'online' de 4.600 € al mes

Francisco Javier Bueno figura en el sumario como el usuario del ordenador intervenido por la Guardia Civil en las oficinas que Madiva Editorial SL tenía en la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, en el que se localizaron diversos documentos relacionados precisamente con los supuestos trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez finalmente frustrados. Entre ellos, un "informe de percepción inicial" sobre el político. En el mismo se examinaba la presencia en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores en Internet del hoy presidente de Murcia, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal". Dicho documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él eran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

En el mismo equipo informático se localizó un segundo documento relacionado con Pedro Antonio Sánchez. En concreto, una hoja de pedido de servicios con fecha efectiva 1 de noviembre de 2014 y fecha de facturación para el día 30 de ese mismo en el que se describían los servicios de estrategia de reputación 'online' para el hoy presidente murciano. El importe iba a ser de 4.600 euros más IVA. El arrepentido fue preguntado por dichos informes durante su comparecencia ante el juez Velasco del pasado 5 de octubre, aunque aseguró que no los había elaborado él y desconocía su contenido. A preguntas de su abogada defensora incluso apuntó que las claves para acceder a dicho equipo eran conocidas por más personas de la empresa y que, por tanto, cualquier podía haberlos elaborados desde el mismo.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Prueba-audios_0_973102996.html

LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ

El exsecretario general del PP madrileño escribió en su dietario en el otoño de 2010 esta anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)"

La entonces consejera de Educación, Lucía Figar, hoy imputada en Púnica, acusó en la campaña electoral de mayo de 2011 al socialista de haber logrado "por enchufe" una plaza en la Universidad Carlos III

Gómez recuerda que el PP hizo del asunto un "tema central y recurrente": NNGG, de la que Germán Alcayde era número 2 en Madrid, lo incluyó en un "ciberjuego", el 'Tomasómetro'

Una de las anotaciones de la agenda manuscrita que la Guardia Civil intervino en el domicilio de Francisco Granados durante los registros de la Operación Púnica apunta a que el exsecretario general del PP madrileño encargó en el otoño de 2010 investigar las actividades del entonces líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez. La página 10 del dietario, al que ha tenido acceso infoLibre, incluye la siguiente anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)".

Aunque el apunte carece de fecha, las que le preceden y las que le siguen lo sitúan en octubre o noviembre de 2010, cuando los partidos ya preparaban sus estrategias en Madrid para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Para entonces, y desde enero de 2010, Tomás Gómez, jurista, impartía clases en la Universidad Carlos III. El PP convirtió esa faceta en uno de los leitmotiv de su campaña contra quien en ese momento lideraba el PSM y optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los conservadores acusaron al también exalcalde de Parla de haber alcanzado la plaza en la Carlos III "por enchufe" con su rector, el ahora ya fallecido Gregorio Peces Barba. El ataque de mayor virulencia partió en plena campaña de quien desde 2007 ostentaba el cargo de consejera de Educación del Gobierno regional, Lucía Figar.

El círculo de Tomás Gómez no alberga la menor duda de que el "T.G." de la anotación se refiere a él. Wilfredo Jurado, abogado del exdirigente socialista madrileño, lo recuerda así: "Durante meses el PP no paró de machacar con la idea de que Tomás había conseguido el contrato por enchufe, hubo un momento en que en la Asamblea de Madrid y a cada cosa que se les preguntaba contestaban con lo mismo, que si la ruina de Parla y que si el 'enchufe' de la Carlos III".

Figar -cuyo nombre coincide con el de la anotación de Granados, así como la inicial de su primer apellido- y ahora también imputada en la Operación Púnica, cargó duramente contra Gómez en una rueda de prensa celebrada el 13 de mayo de 2011, es decir, 12 días antes de la jornada electoral. La entonces consejera de Educación desgranó datos detallados sobre el número de aspirantes que, según su versión, habían optado a las siete plazas docentes convocadas por la Carlos III. Lo hizo antes de afirmar lo siguiente: que el dirigente socialista superó a "decenas de candidatos que tenían mayor preparación y más alta cualificación" "pero que probablemente no tenían contacto con Peces-Barba". Este martes y este miércoles, infoLibre que Figar o su entorno confirmasen si llegó a hacer averiguaciones sobre el perfil docente de Tomás Gómez. No hubo respuesta.

Otras fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería de Educación indicaron no obstante que, con las herramientas que como titular de ese departamento tenía a su alcance, Figar no podía acceder a ninguna información sobre el contrato universitario de Gómez ni a su génesis. Pero lo cierto es que ninguna de las personas consultadas entre los allegados a la exdirigente del PP madrileño explicó por qué vía conoció los datos que presentó como ciertos en su rueda de prensa: que a las siete plazas convocadas habían optado 69 profesionales y que todos ellos, a excepción de Gómez, cumplían las siguientes condiciones: "Todos los que fueron admitidos tenían estudios de Máster o eran doctores y tenían experiencia docente, algunos en sitios muy prestigiosos, salvo Gómez, que no tiene nada".

Las palabras de la consejera enfurecieron a Peces Barba, que tachó a Figar de lanzar calumnias contra Gómez y de ser "uno de los elementos más mentirosos y falaces que acompañan a la señora [Esperanza] Aguirre".

Germán Alcayde: "No lo recuerdo pero pudiera ser"

En el momento en que Granados escribió la nota sobre "T.G." en su dietario, Germán Alcayde -el apunte transcribe el apellido con i latina- era secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid. En la campaña para los comicios de 2011, NNGG lanzó en su web un ciberjuego bautizado como el Tomasómetro, consistente en encontrar "diez mentiras" de Tomás Gómez, a quien la organización juvenil del PP tildaba de "mentiroso compulsivo". Una de las preguntas hacía referencia expresa a su plaza como profesor de la Carlos III. Y en la panoplia de respuestas aparecía de nuevo esta: "Por enchufe".

Alcayde, que obtuvo un acta de diputado autonómico y quien tras la renovada victoria de Esperanza Aguirre en mayo de 2011 fue nombrado director general de Formación de la Consejería de Educación, habló con infoLibre desde EEUU, donde ahora reside. "No recuerdo esa conversación pero pudiera ser, puede ser que sí", respondió a la pregunta sobre si Granados le hizo algún encargo para efectuar averiguaciones sobre las actividades docentes de Tomás Gómez. El exdirigente juvenil del PP argumenta que, dado que Granados era el número dos del partido en Madrid y él mismo ocupaba esa posición en NNGG, resultaba habitual que charlasen de asuntos políticos. Y que era Nuevas Generaciones la que poseía implantación en las universidades madrileñas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_agenda_granados_apunta_que_encargo_investigar_las_actividades_tomas_gomez_57683_1012.html

EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22 EMPRESAS, 11 DE ELLAS DEL IBEX

Un portavoz de Legálitas confirma que el ex secretario general del PP de Esperanza Aguirre pidió trabajo al presidente de la firma

El resto de empresas y bancos ha negado a infoLibre haber abonado cantidad alguna al PP madrileño y asegura desconocer el motivo por el que aparecen en el cuaderno

La agenda manuscrita de Francisco Granados, a la que ha tenido acceso infoLibre, mantiene una incógnita que los investigadores no son capaces de descifrar. En concreto, en el cuaderno se incluye en las páginas 23, 24 y 25 el nombre de 22 empresas, 11 del Ibex-35, y de varios empresarios, sin que de momento se conozcan los motivos por los que el ex secretario general del PP madrileño realizó esas anotaciones.

Este periódico se ha puesto en contacto con todas las empresas para preguntarles los motivos por los que aparecen en la agenda de Granados, un documento que ya ha servido de prueba para iniciar una investigación por los pagos de 1,4 millones al gerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez.

Los investigadores del caso resaltan que el contexto de la agenda, en la que se reflejan las actividades electorales del PP en 2010 y 2011, años en los que Francisco Granados era el secretario general del PP madrileño, aporta un indicio de las intenciones de Granados, que en varias ocasiones apunta los nombres de los directivos de las empresas.

No obstante, infoLibre ha comprobado que está escrito el nombre de "Goiri" vinculado a Bankia. José Ignacio Goirigolzarri fue nombrado presidente de Bankia en mayo de 2012, fecha en la que Granados ya no era secretario general del PP madrileño. Además, las tres páginas (23, 24 y 25) de la agenda en las que se nombran las empresas lo hacen bajo el epígrafe 2 de septiembre de 2014, apenas dos meses antes de ser arrestado, cuando ya había dimitido y entregado el acta de senador del PP.

El responsable de comunicación de Legálitas ha aportado información a este periódico sobre los motivos de la inclusión del nombre de esta firma en el listado, pero también en la página número 22. En concreto, Granados escribió la frase "llamar Carlos Salamanca para quedar con Legálitas". Y en la siguiente, bajo la fecha 2 de septiembre de 2014, el político madrileño del PP vuelve a anotar el nombre de Carlos Salamanca.

El comisario Salamanca

Según el portavoz de Legálitas se trata del comisario por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tuvo que apartarse del caso Emperador cuando apareció entre los investigados el entonces comisario del aeropuerto de Barajas, al que le une una amistad personal.

Le sustituyó el juez Ismael Moreno, quien imputó a Salamanca a instancias de Anticorrupción. La Sala de lo Penal archivó el caso, pero la Fiscalía insistió ante el Tribunal Supremo, que volvió a cerrar el caso en lo referente a este policía, ascendido y ahora destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). infoLibre se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para conocer la versión de los hechos del comisario, que ha declinado hacer cualquier comentario a este periódico al considerarlo un tema personal.

Sin embargo, el portavoz de Legálitas sí ha aportado una explicación a las anotaciones de Granados: "[El presidente de Legálitas] Alfonso Carrascosa, Carlos Salamanca y Francisco Granados participaron en una comida sin mayor importancia con más personas. Fue ahí cuando conoció a Granados", ha relatado el responsable de prensa de la firma jurídica, quien tras facilitarle este diario las anotaciones interpretó las notas: "Lo que ha podido ocurrir es que Carlos Salamanca, que es amigo de Alfonso Carrascosa, le facilitara el teléfono móvil del propio Carrascosa a Granados. Y éste le llamó en un par de ocasiones para ofrecer sus servicios. Pero Carrascosa no vio procedente contratarle porque a la firma no le interesaba contar con una persona de este perfil, un expolítico que no tenía ninguna relación con el sector de Legálitas", ha completado el mencionado portavoz.

Junto al nombre de Carlos Salamanca, Granados añade en la agenda el del empresario de Ciudad Real "Domingo D. de Mera", que ha sido socio de referencia y miembro del consejo de administración de Metrovacesa y Colonial; el de "M. A. Gil"; y la firma "Legálitas". Domingo Díaz de Mera era también el presidente del Balonmano Ciudad Real que en 2011 trasladó el club a Madrid y pasó a denominarse CB Atlético de Madrid. Este empresario fue uno de los grandes promotores del aeropuerto de Ciudad Real. La Fiscalía Anticorrupción llegó a interponer una querella contra Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja, expresidente de Metrovacesa. infoLibre no ha obtenido una respuesta de Díaz de Mera ni del Atlético de Madrid.

Tres páginas de la agenda

Además de Legálistas, en la agenda negra que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó a Granados durante el registro de su vivienda incluye en sus páginas 23, 24 y 25 los nombres de otras 21 empresas.

Las firmas del Ibex-35 son Indra, Gamesa, BBVA, Gas Natural, Repsol, Enagás, Endesa, Acerinox, Inditex, Redesa y Telefónica. Vinculado a BBVA, en la agenda de Granados se incluye el nombre de Eva Piera, que desde febrero de 2013 es directora de Relaciones Institucionales del grupo, por lo que se encarga de coordinar la presencia de las distintas áreas de BBVA en organismos y foros internacionales públicos y privados.

Desde el 2008, Eva Piera Rojo fue viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue miembro de la comisión de Economía y Hacienda del Partido Popular de Madrid y coautora de la ponencia económica 'Ideas para la Acción' presentada en el XIV Congreso Regional del PP de Madrid, celebrado en septiembre de 2008.

Junto a la palabra "Repsol" y el número "6", Granados escribió "Dtra. organización y RR.HH Cristina Sanz". Cristina Sanz Mendiola es la directora general de personal y organización de Repsol.

Enagás y Endesa

Al lado de Enagás (y del número "13" detrás del nombre de la sociedad) y Endesa (número "12") aparecen las palabras "presidente", aunque sólo en el caso de Endesa se especifica un nombre: "Bogas, director RR.HH". José Damián Bogas Gálvez es el consejero delegado de la eléctrica.

También junto a la empresa "Acerinox" y el número "7" se pueden leer las notas manuscritas: "Rafael Miranda". Rafael Miranda Robredo es el presidente de esta empresa. En el caso de Inditex Granados escribió el número "8" y el nombre del actual presidente de la multinacional, Pablo Isla.

El presunto cabecilla de la trama Púnica también incluye los nombres de otros importantes empresarios españoles, como por ejemplo "Pepe Folgado", que es presidente del consejo de administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (REE-Redesa), cuyo nombre aparece acompañado del número "9"; "Pallete (Ceo)", que es el consejero delegado de Telefónica (número "10"), cuyo nombre completo es José María Álvarez-Pallete.

También Granados escribió el nombre de "Goiri" junto al de "Bankia", que es la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri desde la salida de Rodrigo Rato en mayo de 2012. En esa fecha, mayo de 2012, Granados ya había abandonado la secretaría general del PP madrileño.

Otras diez sociedades

Asimismo, en la libreta de Granados aparecen otras diez sociedades y entidades financieras como Sacyr-Vallehermoso y OHL, que formaban parte del Ibex-35 hasta hace unos meses. En el caso de Sacyr-Vallehermoso y OHL Granados escribió los números "1" y "2", respectivamente. Fuera del Ibex-35 está Mutua Madrileña con el nombre del director general "Javier Mira" y el número "3", escrito por el presunto cabecilla de la trama corrupta.

El Corte Inglés, acompañado del número "4", incorpora el nombre de [Manuel] "Pizarro", que fue fichado en julio de 2014 como adjunto al entonces presidente Isidoro Álvarez, que falleció en septiembre del mismo año.

Liberbank, NH Hoteles, Capio (IDC Salud), Isolux-Corsan, Caja Navarra y Axa son las otras empresas cuyo nombre aparece en la libreta de Granados. En el caso de la última, en la que se inserta el número 5, Granados anotó la frase. "Preguntar a Donato Ceo?", en referencia a Donato Sánchez, jefe de Granados en Societé Générale, a quien debía preguntar el nombre del principal ejecutivo de la aseguradora.

También está numerada, con el "11", la hotelera NH, junto a la que Granados escribió: "Hablar con Pte". Una línea más abajo, tras una raya que cruza toda la página 25 de la agenda de Granados, también se añade la empresa multinacional de salud Capio, que ahora se denomina Quirón Salud. Además se puede leer las notas: "Manolo Conde, Collado Villalba", municipio madrileño en el que la citada empresa explota un hospital adjudicado por la Comunidad de Madrid.

Negativa generalizada

Estas importantes firmas españolas, que han negado a preguntas de infoLibre haber mantenido cualquier reunión con Francisco Granados en relación con la campaña electoral, aparecen justo después de otros apuntes en los que están escritos los nombres de empresarios como Luis Delso, Miguel A. Gil, Blas Herrero, Enrique Cerezo, Ildefonso de Miguel y Fernando Martín.

También se pueden leer las iniciales JLM, que en la página 119 de la agenda vuelven a aparecer. Según Marjaliza, se trata del empresario Javier López Madrid, yerno del propietario de OHL, Juan Miguel Villar Mir. El arrepentido Marjaliza también le puso nombre a otras iniciales de esta página. "B.G" es Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Aguirre. El exgerente del PP madrileño permanece imputado por blanqueo y cohecho en la Operación Púnica desde febrero.

Según publicó El Confidencial, la UCO de la Guardia Civil ha investigado si las iniciales LD que aparecen en la mencionada página 119 de la agenda se refieren a Luis Delso, que según Francisco Correa aparece también en los documentos intervenidos a la trama Gürtel como "Luis el cabrón". En la agenda también están las iniciales JEC, cuya identidad desconocen los agentes.

En total, la libreta de Granados muestra supuestas aportaciones de 2.060.000 euros, de los que el político se habría quedado 505.000 y el empresario Javier López Madrid 185.000 euros. El resto, 1.460.000 euros tendrían como destino al gerente del PP madrileño.

Luis Delso

El nombre de Luis Delso también se ha mencionado en el caso Gürtel Época I al haber mantenido, según la declaración de Francisco Correa, una reunión con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP). Este empresario declarará como testigo en Gürtel después de que lo reclamara la fiscal Concepción Sabadell. infoLibre ha intentado, sin éxito, contactar con este empresario para conocer su versión de los hechos.

Por su parte, el nombre de Fernando Martín coincide con el del propietario de Martinsa, que está imputado en el caso Gürtel como presunto autor del pago de la mayor mordida recibida por la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa. En total, y según la instrucción del juez Pablo Ruz, Martín habría abonado 13 de los 25 millones que cobró Correa por su intermediación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Fernando Martín ha asegurado a infoLibre que entre los años 2010 y 2011 Martinsa estaba inmersa en un concurso de acreedores "por lo que es imposible que yo tuviera cualquier relación con Francisco Granados". En los mismos términos se expresó el empresario Ildefonso de Miguel, que ha negado cualquier relación con Francisco Granados en ese periodo, en el que aseguró ya no estaba en la Comunidad de Madrid ni en el Canal de Isabel II.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también está imputado en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En la página 23 de la mencionada agenda de Granados, bajo la fecha 2 de septiembre de 2014, aparecen los nombres de otras personas, como por ejemplo Ramiro, Donato, Tino y Morti, que es como Granados denominaba a su exsocio David Marjaliza. En el caso de Marjaliza, Granados anotó las frases "reciclaje León", "sanitario", "franquicias" y "local centro belleza". El juez Eloy Velasco investiga a la trama en relación a la construcción de una planta de reciclaje en León.

Ramiro Cid Sicluna

En el caso Púnica también está investigado Ramiro Cid Sicluna, y Donato es el nombre del jefe de Granados en el banco francés Societé Générale, Donato González. Ramiro Cid Sicluna sería uno de los empresarios presuntamente favorecidos en Valdemoro por Granados, y que a cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, le regaló un inmueble: "Dicho chalé aparece indiciariamente recibido como un regalo por beneficiar Francisco Granados desde sus cargos públicos al empresario Ramiro Cid Sicluna", advierte la Fiscalía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga también, en relación con la empresa de festejos Waiter Music, el pago de importantes constructoras por su supuesta relación con la organización criminal encabezada por Granados.

De 2004 a 2013, periodo fiscal recogido en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso infoLibre, en el capítulo de 'ingresos y pagos' de Waiter Music aparecen Sacyr, Acciona Infraestructuras, Dragados, FCC Construcciones, Ferrovial y Cespa.

Apuntes electorales

En este sentido, la agenda incluye apuntes electorales del otoño 2010, cuando ya comenzaban los preparativos para los comicios del año siguiente. Como por ejemplo en la página 4, Granados asegura: "Hemos pedido encuestas" en los municipios madrileños de "Getafe, Leganés, Alcorcón, Las Rozas, Parla, Valdemoro, Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Móstoles", tal y como se puede leer debajo de la fecha "10 de septiembre de 2010".

Un poco más abajo, en la misma hoja, Granados escribe otras tres fechas: "4 oct. a las 19:00 horas. Reunión Pta. con ptes. de distrito"", "13 oct. a las 19:00 reunión Pta. con comisiones de Estudio y Jueves 23 a las 19:00 reunión ptes. sedes".

En la página 6, el ex secretario general del PP madrileño escribe sobre una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2010: "Presidentes y responsables electorales de pueblos y distritos. Concienciarse de que ha empezado la campaña. Responsable por sede, sedes abiertas por las tardes, y contacto constante con equipo de campaña".

En la cuartilla siguiente, la número 7, el cabecilla alude a la "Convención, viernes 22, Inauguración. Mª. Dolores y E.A. 600 jóvenes. Sábado 23, Pizarro", indica la agenda.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/la_responsabilidad_penal_alcanza_los_empresarios_sospechosos_punica_57077_1012.html

LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA INTERVENIR EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF

En la página 7 del cuaderno negro de Granados, al que ha tenido acceso infoLibre, se puede leer: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)" "No sé si él lo apuntó, pero desde luego a mí no me dijo nada", afirma la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Gádor Ongil El sindicato no tiene constancia de que Granados o el PP se involucraran en la formalización de una candidatura para las elecciones sindicales de 2011

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010. EFE
La agenda manuscrita que la Policía Judicial interceptó en la casa del presunto cerebro de la trama Púnica, Francisco Granados, y en la que aparecen numerosas menciones a la campaña electoral de las autonómicas 22 de mayo de 2011, también hace expresas alusiones a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), un sindicato considerado afín al PP, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, en la agenda incorporada al sumario del caso Púnica aparece de forma textual, en su página 7, el escrito siguiente: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)". Este diario omite la reproducción de las imágenes porque todavía están bajo investigación.

Por aquellas fechas, Gádor Óngil era senadora. En 2008 Esperanza Aguirre la había nombrado vicesecretaria general de los conservadores madrileños. En la actualidad es diputada en la Asamblea de Madrid e integrante de la gestora encabezada por Cristina Cifuentes. Óngil también es la presidenta de la formación en Valdemoro, considerado el epicentro de la trama liderada por Granados, que fue regidor de esta localidad madrileña.

"No tenía relación con ellos"

infoLibre ha preguntado a la parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid sobre los motivos por los que Granados anotó su nombre en su agenda de la campaña electoral de 2011, cuando todavía era secretario general del PP. Óngil, que era vicesecretaria general del PP, ha asegurado desconocer el sentido del manuscrito: "No recuerdo absolutamente nada. No sé si él lo apuntó, pero desde luego a mí no me dijo nada. Yo no tenía ninguna relación con los sindicatos".

En la página 14 de la agenda de color negro y marca 'Moleskine', y antes de otro apunte que incluye la fecha de 14 de febrero de 2011, se pueden leer otras frases vinculadas de forma inequívoca con el sindicato afín al Partido Popular, y que dice, de forma textual: "Csif. Hablar con los consejeros para que den nombres. Formación: le vamos a dar para un curso 18.000 euros. Temas de organización de exámenes".

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz del sindicato Csif, que ha asegurado desconocer el contenido de la agenda de Granados. Este diario le facilitó los párrafos textuales en los que Granados alude al sindicato, para conocer la relación que mantuvieron con el presunto cerebro de la red Púnica.

"Frases inconexas"

El mencionado portavoz ha destacado que las frases son "inconexas". En relación al abono de 18.000 euros para cursos de formación, en el sindicato resaltan que Csif no es parte del caso Púnica: "Ni nos han requerido en la Audiencia Nacional ni nos han solicitado información y no teníamos constancia. Y disponemos de la relación de cursos de formación de 2010, ya que en 2011 no tuvimos ninguno, pues con la crisis desaparecieron. Y no hay ninguno de 18.000 euros. Luego hay otros que si se suman salen alrededor de 21.000 euros".

Preguntado sobre si este escrito podría estar relacionado con el interés del Gobierno de Aguirre en formalizar una candidatura de Csif para las elecciones sindicales de abril de 2011, el portavoz del sindicato ha asegurado no tener constancia de esa posibilidad: "Las candidaturas son libres y los que deciden en último término son los trabajadores. No me consta que Granados o que el PP se involucraran en la formalización de una candidatura".

Además, para este sindicato, la frase de "montar ya Csif" que incluye la agenda de Granados "no tiene ningún sentido. Csif no tiene necesidad de que le monten una candidatura, ya que es un sindicato consolidado y no necesita que le monten nada".

Granados autorizaba los cursos

El portavoz ha recordado que en 2011 Csif mantenía, al igual que el resto de sindicatos, "una relación institucional normal con Granados, que entonces no estaba imputado. Y Granados era el responsable de autorizar los cursos de formación", ha reconocido el responsable de prensa de la central sindical, que ha explicado que son actividades "totalmente legales".

En relación a la frase sobre "organización de exámenes", Csif ha negado haber mantenido cualquier conversación con Granados para preparar las oposiciones de funcionarios. "No tenemos constancia de que se haya hablado de eso y en el sindicato no tenemos gente dentro de los tribunales de las oposiciones".

Este diario también ha interpelado al responsable de prensa del sindicato sobre la existencia de una querella que interpuso Manos Limpias contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, y contra el entonces portavoz del sindicato Csif en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Muñoz, por presunto fraude en los cursos de formación. El portavoz de Csif ha asegurado que la misma se había archivado poco tiempo después.

"USO, M.A. López"

Los agentes de la UCO, que registraron la vivienda de la Calle Venezuela de Valdemoro en la que vivía Granados, dieron con el cuaderno con el anagrama 'Moleskine' y foliaron las 123 páginas de la libreta. Y en la página 14 de la agenda Granados escribió la plabra "USO", y justo debajo la frase "Ayudar, M. A. López". En la página 17, debajo de la fecha 13 de abril de 2011, Granados escribió también: "Miguel A. López, cursos on line". Después la agenda incluye la frase "Curso para consejería".

infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz delsindicato USO que ha asegurado que en los últimos años el sindicato no ha contado con ningún dirigente que se llame Miguel Ángel López. Según el arrepentido David Marjaliza, el exalcalde de Torrejón de Velasco Miguel Ángel López recibió entre 20.000 y 30.000 euros de la trama. Sin embargo, no está imputado en Púnica.

Y en la página 119 de esta agenda aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, el dueño de OHL, de 1.460.000 euros al entonces gerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, procesados en el caso de las tarjetas black.

Javier López Madrid

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM.

Parte del dinero fue repartido posteriormente por Granados, que, según sospecha la Guardia Civil, la derivó al exgerente regional del partido en Madrid, identificado en el cuaderno como BG.

La Guardia Civil sospecha que las anotaciones de Granados demostrarían que el empresario Javier López Madrid se quedó con casi un 9,4% de los casi 2 millones que dedicó presuntamente a financiar la formación presidida por Aguirre. En total, 185.000 euros a descontar de 1.960.000 euros que procederían del entorno de Villar Mir.

Además, en el registro de la vivienda de Granados, los agentes de la UCO también interceptaron "una agenda de color morado con anotaciones manuscritas". Los guardias, antes de requisar la prueba, foliaron las 71 páginas para después sellarla.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/29/la_agenda_manuscrita_granados_quot_gador_buscar_afiliado_por_consejeria_montar_csif_quot_56903_1012.html

TRES EMPRESAS 'PÚNICAS' CENTRAN LAS SOSPECHAS DE FINANCIAR AL PP CON FIESTAS

El juez Velasco ha solicitado a la AEAT todos los datos sobre Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL, propiedad del imputado José Luis Huerta, amigo de Granados. La investigación ha revelado irregularidades en las adjudicaciones que han recibido en varios ayuntamientos 'populares'.

Tres empresas y una sospecha. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha centrado las pesquisas en el 'caso Púnica' sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid a través de las fiestas patronales de los municipios en tres sociedades con un denominador común: todas ellas son propiedad de José Luis Huerta Valbuena, empresario y amigo de Francisco Granados, al que en 2008 agasajó con un cumpleaños 'gratis total' valorado en 12.500 euros. Se trata, en concreto, de Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL, según consta en diversos documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Uno de ellos es el auto por el que magistrado ordena a la Agencia Tributaria (AEAT) que le informe de todas las declaraciones de "operaciones con terceros" realizadas por dichas sociedades entre los años 2004 y 2014. Fuentes cercanas a la investigación confirman a este diario que la sospecha es que dichas sociedades organizaron presuntamente actos de campaña e, incluso, fiestas particulares para candidatos 'populares' a cambio de adjudicaciones con sobreprecios.

Anticorrupción destaca que las tres empresas permitían a su dueño, José Luis Huerta, imponer a los Ayuntamientos los precios "con abultados beneficios a su favor"

La solicitud de información del juez Velasco se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un oficio tras "el análisis de la documentación intervenida en las diferentes actuaciones realizadas en relación con la sociedad Waiter Music SL y su administrador, José Luis Huerta". Según dicho escrito, esta empresa, "dedicada a la organización, promoción y producción de eventos culturales, lúdicos y sociales", dirigía su servicios a "diversas entidades públicas" para las que montaba "fiestas o eventos de ocio y entretenimiento para un público masivo". En este punto, el escrito del Instituto armado destaca que "la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades" en las adjudicaciones realizadas por diversos municipios a favor de las mercantiles de Huerta. Entre ellas, citaba expresamente Valdemoro, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Alcorcón y Arroyomolinos, "entre otros". En algunos interrogatorios de la UCO, los agentes han preguntado a testigos e imputados en esta investigación también por Humanes, Chinchón, Algete, Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero y Pinto.

La propuesta de la Guardia Civil fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe posterior destacaba que las tres empresas investigadas era presuntamente utilizadas por su propietario "para la consecución de fraudulentos contratos de realización de festejos ilicitados desde diversos Ayuntamientos". Dichas adjudicaciones eran supuestamente conseguidas "previo concierto con ediles u otros cargos públicos, prevaliéndose José Luis Huerta Valbuena del tráfico de influencias alimentado por Francisco Granados Lerena". En este sentido, las representantes del Ministerio Público inciden en que precisamente la existencia de las tres empresas permitían a su administrador "participar en el amaño de contratos negociados al ser invitadas las tres a una misma licitación, asegurando la adjudicación sin observancia de los principios que deben presidir las contrataciones públicas". Anticorrupción destaca que en los "expedientes analizados" de estos ayuntamientos se observa que José Luis Huerta impone el precio de su intermediación a los consistorios que adjudican los contratos con abultados beneficios a su favor".

Músicos, castillos hinchables...
El dueño de las tres compañías, detenido en octubre de 2014 dentro de la primera fase de la 'Operación Púnica' e imputado en la causa desde entonces, admitió en su declaración ante los agentes haber pagado la celebración del cumpleaños de político de 2008, cuando todavía era secretario general del PP de Madrid. Una fiesta en la casa de campo del político en el municipio madrileño de Valdemoro que incluyó la instalación de un escenario, cuatro músicos y castillos hinchables para los niños. En total, 12.486 euros que, según Huerta, nunca fueron abonados por Granados. El empresario aseguró entonces que el dirigente regional 'popular' le dijo que "ya echaremos cuentas y hasta hoy". Ésta no fue, sin embargo, la única celebración de Granados con la que la Guardia Civil vincula al empresario. En 2014, José Luis Huerta abonó 2.500 euros en canapés "y otras cosas que se le llevaron" para otra fiesta, según declaró él mismo a los agentes. No obstante, negó en todo momento que hubiera habido relación entre este 'regalo' y el hecho de que "al mes siguiente de la fiesta de Granados por su cumpleaños, en enero, se le adjudicara un concurso".

Los investigadores sospechan que, a cambio de las adjudicaciones, el empresario amigo de Granados montaba 'gratis total' mítines y fiestas particulares a candidatos del PP

Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria presente en el sumario apunta en el sentido contrario. Según éste, en sólo cinco años este empresario, a través de Waiter Music SL, obtuvo contratos del Ayuntamiento de Valdemoro, auténtico epicentro de la trama y donde el dirigente regional del PP fue alcalde, por más de 6 millones de euros. Esta forma de acaparar los concursos fue explicada por el propio Huerta ante el juez Velasco con el argumento de que su empresa ganaba porque se presentaba sola ya que las otras mercantiles interesadas finalmente desistían. Excusa, que, sin embargo, la investigación ha demostrado como falsa, ya que sí acudieron otras compañías, muchas veces con mejores ofertas, pero finalmente siempre se llevaba los contratos Waiter Music. Huerta lo justificó en que "yo ofrecía un concierto de mucho calibre y otro ofrecía un concierto más baratito". En todo momento negó el "reparto" de dinero a cargos públicos por estas adjudicaciones ya que aseguraba ir "al límite" para ganar con ofertas muy ajustadas y márgenes pequeños. Los investigadores sospechan que no es así y que, a la vista de los 'emails' encontrados en los ordenadores de su empresa, algunos cargos municipales consiguieron mítines a buen precio e, incluso, 'gratis total', cuando no fiestas particulares.

También investigadas por la UDEF

Las tres empresas no son unas desconocidas ni para la Guardia Civil... ni para la Policía. En el sumario del 'caso Púnica' figura el informe elaborado en mayo de 2014 sobre las mismas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por encargo de la Fiscalía provincial de Madrid tras recibirse un anónimo en el que se denunciaba, precisamente, la supuesta financiación irregular del PP a través de ellas. Dicha denuncia aseguraba que Waiter Music SL estaba ligada al propio ex secretario general del PP madrileño y "organiza las fiestas patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto, siendo el propio Francisco Granados quien se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido". El documento policial recogía, de hecho, los datos de todas las empresas ligadas a José Luis Huerta, entre ellas las tres que centran ahora las sospechas, así como los bienes inmuebles y vehículos puestos a nombre de las mismas. Los agentes también habían realizado un rápido repaso de adjudicaciones recibidas por una de ellas, Waiter Music SL, entre 2011 y 2013 en municipios de la Comunidad de Madrid. Los agentes, que destacaban que no habían encontrado ninguna conexión con Granados, si recogían el sospecho hecho de que en la Cabalgata de Reyes celebrada en 2008 en Valdemoro las tres empresas invitadas a presentar ofertas habían sido, precisamente, las de Huerta. Aquellas pesquisas quedaron ahí. Hoy, sin embargo, el juez Velasco y la Guardia Civil centran buena parte de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en ellas.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/empresas-sospechas-financiacion-PP-patronales_0_966503942.html

LA UCO DICE QUE UN AMIGO DE GÓMEZ RECIBIÓ LA TELE QUE LE ENVIÓ LA PÚNICA

La secretaria del exalcalde de Parla dice, en cambio, que el televisor llegó al despacho y que ella lo devolvió

Carlos Javier Carpio Arenas, amigo de la infancia de los exalcaldes de Parla Tomás Gómez y José María Fraile, el hombre que llamó la atención general al comenzar la campaña electoral de 2011 disfrazado de pulpo, y lo volvió a hacer cuando se supo que cobraba más de 60.000 euros anuales como coordinador de mantenimiento urbano en el Consistorio, vuelve a primer plano en mitad de la investigación del caso Púnica. La televisión de 5.000 euros, que presuntamente le regaló la trama a Tomás Gómez en 2003, le fue remitida a Carpio, según las investigaciones policiales, para “enmascarar el rastro de la dádiva”.


Carpio se dio a conocer, disfrazado de Pulpo Paul, la noche de la pegada de carteles de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, en las que Tomás Gómez se presentaba ya como candidato socialista para presidir el Gobierno madrileño tras su etapa como alcalde de Parla. Pero el escándalo le alcanzó tres años después, cuando salió a la luz que su nómina mensual en el Ayuntamiento de Parla (con categoría de peón) superaba los 3.400 euros brutos mensuales gracias a complementos de todo tipo: por el puesto ocupado, por productividad, por guardias, antigüedad y otros conceptos.

Según el informe de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica —un presunto entramado de corrupción que afecta a decenas de alcaldes y funcionarios— los cabecillas de la trama regalaron una televisión de 5.000 euros a Tomás Gómez, pero no se la enviaron directamente a él, sino a otra persona muy cercana, esto es, a Carpio.

David Marjaliza, cabecilla de la Púnica reconoció la semana pasada en la Asamblea de Madrid que, entre los regalos que envió a diversos cargos públicos, estaba ese televisor para Gómez. Así lo confirma también la secretaria de Gómez, Elisa Hernández, aunque su versión contradice a la de los investigadores, pues asegura que el electrodoméstico llegó al despacho y ella misma se encargó de devolverlo sin ni siquiera consultarlo a su jefe. “Lo recuerdo perfectamente, por lo inusual del obsequio y el volumen, a pesar de los años transcurridos”, explicó por teléfono Hernández a este periódico. “Llegó embalado en una caja muy grande, rectangular. Hasta me acuerdo del logotipo del envoltorio”, añadió.

La Guardia Civil señala, sin embargo, un camino distinto, a través del amigo de la infancia del alcalde “con el fin de enmascarar el rastro de la dádiva pagada por el empresario a favor del referido cargo”, dice el informe que forma parte del sumario. “Esta dirección [la de Carpio] es la que aparece en documentos de compra y entrega de un televisor TFT-LCD de 38 pulgadas Mega Panorámico, valorado en 4.999 euros y adquirido en un centro Hipercor”, añade el informe policial, que asimismo destaca que el aparato fue pagado en efectivo, tal y como se ve en el documento de entrega.

El número de teléfono de contacto de la compra estaba, según los investigadores, vinculado a Ana María Ramírez, la secretaria de David Marjaliza.

Carpio rehusó dar ayer a EL PAÍS su versión sobre este asunto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/madrid/1477337462_930908.html

HACIENDA RASTREA EN LAS INVERSIONES DE UNA EXASESORA DE AGUIRRE 'MORDIDAS' DE GRANADOS

La Agencia Tributaria (AEAT) tiene desde el pasado lunes sobre su mesa un nuevo encargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número, Eloy Velasco. El magistrado instructor del 'caso Púnica' quiere que los expertos del Ministerio de Hacienda rastreen "todos los productos bancarios en los que intervenga o haya intervenido" desde el año 2006 hasta hoy

María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de Esperanza Aguirre en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración, además de haber sido concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015. El origen de la petición son las pesquisas realizadas en los últimos meses por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un vehículo de alta gama que figura a nombre de ella y que los investigadores sospechan que ha sido pagado por uno de los constructores de la trama de corrupción.

El juez Velasco ordena la medida tras recibir un oficio de la UCO con los indicios de irregularidades en la compra del 'Mercedes SLK' de 'Vicky' Cristóbal

Así figura en un auto del pasado 24 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que el juez Velasco detalla que toma esta medida a petición de la Guardia Civil, que dieciocho días antes le había remitido un oficio en este sentido. En el mismo, el Instituto armado le solicitaba recabar dicha información sobre las inversiones de la ex alto cargo de la Comunidad de Madrid al tener "indicios" de que el automóvil con matrícula 6XXX-DZL, un Mercedes SLK de color negro que ella incluyó en su declaración de bienes cuando fue elegida edil de Majadahonda en las elecciones de mayo de 2011, "pudiera haber sido pagado" por la empresa Obras y Vías SA, el empresario Ramiro Cid Sicluna, imputado en la causa. La Fiscalía Anticorrupción mostró su respaldo a la medida el pasado 19 de octubre y ahora el juez la acuerda en un escrito en el que destaca que con ella pretende investigar, entre otros graves delitos, un "blanqueo de capitales" que relaciona expresamente con "Francisco Granados Lerena y otras personas físicas y jurídicas".

Por ahora, María Victoria Cristóbal, al que todo el mundo en el PP conoce como 'Vicky', no figura en el sumario como investigada (imputada). Y ello pese a que no es la primera vez que el juez Velasco pide información sobre ella. De hecho, el pasado mes de mayo el magistrado dictó otro auto en el que reclamaba a las entidades financieras que le informasen de todas cuentas bancarias en las que esta mujer figurase como "titular, apoderada, autorizada o representante" entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008. En aquel mismo escrito, también solicitó a la Agencia Tributaria que le remitiese la declaraciones de modelo 347 desde el año 2000 hasta el 2008 de la sociedad Car Valdemoro SL, un concesionario de Valdemoro que aparece en la compraventa de varios vehículos bajo sospecha utilizados por implicados en la trama. Detrás de ambas peticiones, que el juez Velasco calificaba entonces de "urgentes e inmediatas", se encontraba otro informe que la UCO, en este caso el que entregó el pasado mes de abril sobre el vehículo de alta gama que figura como propiedad de la ex colaboradora de Granados.

Un 'Mercedes SLK' bajo sospecha

En dicho informe, cuya existencia fue adelantada por Vozpópuli, los agentes destacaban que la documentación encontrada en la sede de la empresa Obras y Vías SA, propiedad del constructor Ramiro Cid, apuntaba a que dicho Mercedes SLK fue supuestamente "pagado" al concesionario Car Valdemoro por esta mercantil, pese a que el mismo figura a nombre de María Victoria Cristóbal. Es la misma situación detectada con otro vehículo, en este caso el Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes, en los que concluye que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos favores urbanísticos.

No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. En mayo, el juez ya pidió información sobre sus cuentas bancarias

No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. De hecho, los informes de la Guardia Civil recogen numerosas conversaciones entre ella y Granados que demuestran la estrecha relación que mantenían ambos. Así, en una llamada del 2 de julio de 2014, pocos meses antes de la detención del político madrileño, 'Vicky' se quejaba de que José María Aznar la quería echar de FAES, donde ella aseguraba trabajar en aquel momento, aunque desde la Fundación han asegurado a este diario que nunca estuvo en nómina. Según dicha conversación intervenida, el ex presidente del Gobierno lo hizo porque temía que saliera un escándalo "muy gordo de ella" referido precisamente a supuestos regalos, según se recoge en otro informe de la UCO. Granados se mostraba indignado por ello. "Manda huevos que le diga que yo te he regalado el piso. Es que me parece la polla", se quejaba el político encarcelado.

En una llamada telefónica posterior, María Victoria Cristóbal aseguraba que iba a enseñar a "Pablo [Casado, entonces en FAES] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia". El exconsejero le aseguraba por su parte que había pensado en hablar con "Esperanza [Aguirre]" para "amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco pretendía "requemar el asunto" pese a que estaba "hasta los cojones" porque era posible que sólo la perjudicase a la propia 'Vicky'. Ella entonces le dijo que había pensado en ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia al escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid en el que ambos se habían visto salpicados.

Un piso junto al hermano de Granados

Una nueva referencia en el sumario a María Victoria Cristóbal se ha conocido recientemente. Su nombre figura en el informe que ha elaborado la Guardia Civil sobre las inversiones inmobiliarias de Alfonso Granados Lerena, hermano del presunto cabecilla de la trama, en el que se apuntaban una supuesta operación de blanqueo de 360.000 euros en la adquisición de un piso en 2011 en una de las zonas más caras de Madrid. El documento policial no se quedaba en esta compra y analizaba el resto de las numerosas operaciones inmobiliarias realizadas por el hermano del político desde que este último desembarcó en 2003 en la Comunidad de Madrid como consejero de Transportes e Infraestructuras. Una de ellas era la compra de un piso en el número 16 de la calle Argensola, también de la capital, en junio de aquel mismo año.

'Vicky' aparece en el informe de la Guardia Civil sobre las inversiones inmobiliarias del hermano de Granados y en la lista de receptores de regalos de la Púnica

El informe destaca que tres años antes María Victoria Cristóbal había comprado una vivienda situada en la misma planta del edificio por 400.000 euros y que el vendedor fue la empresa Vicfidem Proyectos SL, cuyo administrador único es el constructor Ramiro Cid, el mismo que figura detrás de la sociedad que pagó el Mercedes SLK de la antigua alto cargo. El documento policial recalca que 'Vicky' "ostentó el cargo de directora de la Agencia Madrileña para la Inmigración (sic) tras ser nombrada por Francisco Granados en su etapa como Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid". También recuerda que durante el tiempo que el teléfono del político estuvo intervenido "se constató que ambos seguían manteniendo una relación personal cercana". Además, su nombre figura en el documento policial en el que se analizan los regalos entregados a cargos públicos y funcionarios por Ramiro Cid. En concreto, aparece en las listas de las Navidades de 2005, 2006 y 2007. Entre los presentes que supuestamente recibió de este empresario figura un reloj.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Hacienda-cuentas-Aguirre-mordidas-Granados_0_966203864.html

ALCALDES DEL PP PAGARON FACTURAS FALSAS AL EMPRESARIO DE LA FIESTA 'GRATIS' PARA GRANADOS

El pasado 7 de abril, dos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del 'caso Púnica' se desplazaron a Murcia. Iban a interrogar a José Gabriel R.R., un "trabajador autónomo" que entre los años 2007 y 2014 había girado diversas facturas a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por servicios relacionados con "la celebración de las fiestas patronales y distintos eventos". Los investigadores estaban convencidos que buena parte de ellas eran falsas y que detrás de todo ello estaba José Luis Huerta, propietario de Waiter Music SL, la compañía especializada en la organización de espectáculos y mítines políticos que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños 'gratis total' para Francisco Granados valorada en 12.500 euros. El testimonio del pequeño empresario murciano, que declaró como investigado, confirmó las sospechas de los agentes al admitir estas supuestas prácticas irregulares con ayuntamientos gobernados por el PP como el de Valdemoro, Villarejo de Salvanés y Algete.

Un trabajador autónomo confiesa haber girado facturas falsas a los ayuntamientos de Valdemoro, Villarejo y Algete. La UCO le preguntó por otra decena de consistorios

Así consta en su declaración incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma, se recoge el acta de información de derechos que hicieron los agentes a José Gabriel R.R. antes de su interrogatorio y en el que la Guardia Civil le comunicó que estaba "inmerso en una investigación relacionada con la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos, fraude y malversación". En concreto, los agentes le informaron que le relacionaban con "una doble facturación por servicios relacionados con la celebración de eventos" registrada entre los años 2007 y 2014 en los consistorios de Valdemoro, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, Torrejón de Velasco, Humanes, Chinchón y Algete, según le detallaron antes de la declaración, aunque en el transcurso de ésta también le preguntaron por los municipios de Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero y Pinto. El propio investigado añadiría uno más en sus respuestas, Getafe.

Las pesquisas apuntan a que José Gabriel R.R. giraba facturas a los ayuntamientos de todos estos municipios "por servicios que se encontraban incluidos en los contratos en las que las sociedades de José Luis Huerta habrían sido adjudicatarias" para organizar diversos festejos. Este empresario, que se encuentra imputado, emitía posteriormente "una contrafactura" desde sus sociedades por los mismos conceptos para, de este modo, enajenar "dinero de las arcas públicas a favor de Waiter Music". Una mecánica en la que la UCO considera al trabajador autónomo murciano "cooperador necesario" al emitir las facturas falsas a los ayuntamientos y canalizar el cobro de las mismas. Una sospecha que, según recalca el documento policial, surge tras analizar "la documentación obtenida en los registros", así como del análisis efectuado a diversos correos electrónicos intervenidos.

Dos horas y media de declaración

En su declaración, que duró más de dos horas y media, José Gabriel R.R. admitió haber realizado dicha práctica irregular en algunos ayuntamientos, aunque lo justificó como la única forma de cobrar una deuda que Waiter Music tenía con él. En concreto, detalló haber emitido en febrero de 2010 una factura de 15.138 euros por servicios no prestados al Ayuntamiento de Valdemoro por "actuación de baile de Carnaval". El pequeño empresario aseguró que para aquel festejo facilitó generadores de corriente, pero no lo que figuraba como concepto de la factura. En este sentido aseguró que lo hizo a propuesta de José Luis Huerta, que entonces mantenía con él una deuda cercana a los 184.000 euros y le dijo que "si quería cobrar tendría que ser facturando directamente al Ayuntamiento".

El autor confeso de las facturas falsas asegura que fue el dueño de Waiter Music, investigada por la supuesta financiación irregular del PP, quien le indicó cómo tenía que hacerlas

Los agentes también le preguntaron por otras facturas giradas a este mismo consistorio. Una, de febrero de 2011 por el "alquiler de 20 grupos electrógenos y once plataformas" para la Cabalgata de Reyes del mes anterior por importe de 19.588 euros. Una segunda, por el montaje de los escenarios para las Fiestas del Pilar de 2012, por un total de 21.239 euros. Una tercera de 21.240 euros por "organización, seguimiento y control en las Fiestas de Valdemoro". Y una cuarta de 16.402 euros por la Cabalgata de Reyes de 2012. En todas ellas admitió que "sólo realizó la parte correspondiente a generadores" y que los datos que debía incluir en todas estas facturas se los facilitó el dueño de Waiter Music SL.

Villarejo y Algete

Los agentes le preguntaron entonces por la factura de 17.303 euros que emitió en 2014 al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés por la organización de unas fiestas que incluyeron un 'tributo a los 80'. La respuesta de José Gabriel R.R. fue similar a las anteriores, al reconocer que sólo hizo parte de los servicios que se recogían en la misma y que el resto lo incluyó por indicación de José Luis Huerta con el supuesto objetivo de compensarle la deuda que aún mantenía con él. Igual explicación dio al pago de 126.440 euros que en julio de 2010 le hizo otro consistorio, el de Algete, supuestamente por la organización de diversos eventos. El trabajador autónomo admitió que, de nuevo, fue el dueño de Waiter Music el que le indició que lo hiciera como única forma de cobrarlo.

En su declaración, José Gabriel R.R. reconoció haber girado una factura de 126.440 euros al Ayuntamiento de Algete por diferentes eventos que no había realizado

Los agentes de la UCO le preguntaron entonces "si estas acciones de facturar a ayuntamientos por trabajos realizados por Waiter Music y por petición de José Luis Huerta" las había realizado en "Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero y Pinto". José Gabriel R.R. se limitó a decir que no lo recordaba "claramente", aunque sí le sonaba haberlo hecho en "Getafe y Navalcarnero". Eso sí, "siempre por servicios realizados". El trabajador autónomo concluyó su declaración asegurando que "en ningún momento tenía constancia de que estaba realizando algún hecho ilícito" e insistió en que todo ello lo hizo a "propuesta" del otro empresario con el único objetivo de que éste redujera "la deuda contraída" con él.

La pieza separada número 7 del sumario

Cuando el juez Eloy Velasco decidió 'trocear' el sumario de Púnica para facilitar una tramitación más rápida y ordenada de la causa y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas piezas en las que haya finalizado la instrucción, decidió dedicar una en exclusiva a Waiter Music SL: la séptima pieza separada. La sospecha de los investigadores es que esta empresa se hizo con numerosos contratos para organizar festejos en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos, como la Fundación Arpegio, gracias a la influencia de Francisco Granados, entonces poderoso 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Las pesquisas apuntan a que parte de esas adjudicaciones vieron cómo se inflaban sus importes para el posterior reparto de 'mordidas' y para la supuesta financiación de mítines y actos electorales del PP que también organizaba Waiter Music. Las investigaciones señalan que, además de Granados, los regidores de algunos de estos municipios se beneficiaron con fiestas 'gratis total'. Fuentes cercanas a la investigación indican que hace dos meses la Guardia Civil entregó un informe sobre las actividades de esta empresa al juez Velasco, quien aún no se lo ha entregado a las defensas y acusaciones.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/cumpleanos-Granados-facturas-ayuntamientos-PP_0_965603934.html

PÚNICA HIZO 'PRECIO AMIGO' AL PP: 28.320€ POR 13 MÍTINES DE RAJOY, AGUIRRE, GALLARDÓN...

La contabilidad de Waiter Music revela que el PP solo pagó 28.320 euros por la organización de 13 mítines de la campaña de las municipales de 2011, incluyendo el cierre de campaña con Rajoy

Al Partido Popular no le salen los números con Púnica. La contabilidad de la empresa de eventos Waiter Music, investigada por su implicación en la trama, revela que los populares madrileños pagaron solo 28.320 euros por la organización de al menos 13 actos y mítines de la campaña de las elecciones municipales de 2011. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el precio real de los eventos fue mayor y que la diferencia se habría abonado de forma irregular mediante adjudicaciones públicas concedidas a Waiter Music por administraciones públicas controladas por el PP.

La relación completa de actos organizados por Waiter Music para el Partido Popular en las municipales de 2011 fue encontrada en los registros que hizo la Guardia Civil durante la primera fase del caso, en octubre de 2014, y confirmada posteriormente en sede policial por trabajadores de la empresa. Entre los 13 actos, hay siete que tuvieron lugar en la localidad de Móstoles, gobernada entonces por el PP. Se trata de eventos realizados entre el 14 de febrero y 22 de mayo, en plena recta final de la campaña. Uno de ellos, celebrado el 14 de abril, contó con la presencia del entonces vicepresidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que año y medio después se convertiría en presidente. Pero lo que llamó la atención de los agentes fueron unas anotaciones del documento interno de Waiter Music.

Junto a los cuatro primeros actos, la empresa indicó que los importes habían sido cargados a los gastos de organización de las Fiestas del Dos de Mayo de la ciudad. Otro evento electoral del PP, celebrado también en Móstoles el 8 de mayo, se habría facturado posteriormente dentro del capítulo de Fiestas de la Patrona, que tienen lugar en septiembre. La UCO considera que esos comentarios son la demostración de que los mítines del PP fueron sufragados con las partidas públicas que destinaba el ayuntamiento para costear las fiestas locales. Lo cierto es que Waiter Music se llevó el contrato público para organizar las fiestas de mayo y de septiembre de Móstoles en 2011 por un importe total de 484.644 euros.

El PP del municipio, liderado por Daniel Ortiz, que el pasado julio tuvo que presentar su renuncia como diputado autonómico tras ser implicado en la parte de Púnica relacionada con los contratos de eficiencia energética de Cofely, ha exhibido una factura para demostrar que asumió los gastos de esos siete actos electorales organizados por Waiter Music en la localidad. Sin embargo, la factura, que asciende a 4.720 euros, solo se correspondería con el evento del 8 de mayo, una fiesta campera. La formación no ha ofrecido datos sobre el modo en que abonó el resto de mítines.

Los otros actos organizados para el PP por Waiter Music en las municipales de 2011 se repartieron entre Aranjuez (dos actos electorales), Parla, Valdemoro (celebración de un encuentro con interventores y apoderados en el que intervino Jaime Mayor Oreja), San Sebastián de los Reyes y el cierre de campaña, que celebraron los populares en el Palacio de los Deportes de Madrid con la presencia de Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy.

En ese gran acto final, en el que los populares lograron meter a 15.000 personas en el recinto de la calle Goya, hubo pantallas gigantes, iluminación especial, un enorme escenario y actuaciones musicales de DJ Pulpo y el grupo Los Hobbit. Sin embargo, la contabilidad de Waiter Music del ejercicio de 2011 solo refleja, aparte del pago de 4.720 euros del Grupo Municipal de Móstoles, otro abono a nombre del Partido Popular de 23.600 euros. No hay constancia de que la formación hubiera realizado ningún otro ingreso para completar el coste de organizar todos esos eventos, incluido el cierre de campaña, y tampoco figuran pagos en años posteriores. Es decir, que los 13 actos organizados por Waiter Music solo le habrían costado al PP 28.320 euros, una cifra que la Guardia Civil considera absolutamente inverosímil.

Como contó este diario, la UCO ya envió el pasado 25 de agosto a la Audiencia Nacional un informe con las presuntas irregularidades cometidas por la trama en torno a Waiter Music, y la financiación ilegal de actos del PP es uno de los puntos que aborda el documento. Los agentes también han analizado los pagos realizados por constructoras a esa misma empresa de eventos. Grandes concesionarias de servicios públicos aparecen como responsables de abonos por un importe total de 1,3 millones de euros entre 2004 y 2013. Un empleado de Waiter Music ha asegurado a El Confidencial en conversación telefónica que no recuerda que la compañía organizara en ese periodo ningún evento para las constructoras que abonaron aparecen como clientes. Según fuentes cercanas al caso, esos pagos también habrían servido para sumir el coste de actos que beneficiaron electoralmente al Partido Popular.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-25/punica-precio-amigol-pp-mitines-rajoy-aguirre-gallardon_1279688/

LA COMUNIDAD DE MADRID MANDABA A MARJALIZA UN LISTADO DE FUNCIONARIOS PARA SUS REGALOS

Recibía por Navidad un correo de Presidencia con los nombres que formaban parte del área para recibir dádivas.

El empresario David Marjaliza contaba con la ayuda de la propia administración para colmar los despachos de políticos y funcionarios de regalos. El sumario de la operación Púnica refleja por ejemplo como el empresario de Valdemoro recibía un correo de presidencia días antes de Navidad para que tuviera claras las personas que formaban parte de la consejería antes de elaborar su lista de regalos. Una práctica que se repetía por ejemplo con el Ayuntamiento de Valdemoro.

Así, el 19 de diciembre de 2006, la secretaria de Marjaliza recibe un correo desde la dirección oficial en la Consejería de Presidencia de María del Carmen Arcas, jefa de secretarias del entonces consejero, Francisco Granados. "Buenos días Ana, perdona mi tardanza pero estoy con el tema de las cestas muy liada. Te envío el personal que tenemos en la consejería. Tú decides".

A renglón seguido, el correo reproducido en el sumario del caso enumera las diez personas que en aquel momento formaban parte del área de Presidencia dentro de la Comunidad de Madrid, con el director de Gabinete, Ignacio Palacios a la cabeza. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que Palacios recibió por navidades un reloj Bulgari y una estilográfica de colección.

A renglón seguido, en el correo enviado desde el servidor oficial de la Comunidad de Madrid aparece el nombre de la propia Carmen Arcas, jefa de secretarias de Presidencia. A su nombre figuran regalos mientras ocupaba también cargos en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde fue alcalde su entonces jefe y principal imputado en el caso, Francisco Granados. El listado se completa con Maria Luisa Martí (a la que los documentos localizados en las oficinas de Marjaliza señalan como receptora de un reproductor DVD y un MP3), Nuria Bravo (otro Mp3 y un DVD) Alejandra González (Mp3), Saray Fernández (no figura receptora de regalo alguno), los asesores de la Asamblea Mar García (mp3 y DVD) y Genoveva Fermoset (tampoco figura su nombre como receptora) y el asesor de la consejería Adelmiro Galván (vino y una caja mediana de productos navideños).

Gran parte de ellos figura también en el listado del empresario Ramiro Cid, también investigado y aunque socio de Marjaliza durante años, planificada sus obsequios navideños por separado. Desde el entorno de los investigados, confirman a EL ESPAÑOL que era una práctica habitual de las instituciones mandar una lista de sus empleados para que todos recibieran un obsequio navideño. "En el caso de los regalos grandes, eran incluso a la carta", confirman las mismas fuentes.


MÓVILES EN VALDEMORO

El de la Comunidad de Madrid no fue el único correo que Marjaliza recibió con un listado de candidatos a recibir sus obsequios. Según los informes de la UCO, el 15 de abril de 2016, cuatro días antes del listado enviado por Presidencia, la secretaria de Marjaliza recibió un fax de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro. En él aparece un nuevo listado, esta vez de 27 personas. A la derecha, alguien marcó a mano alzada los bolsos que iban a ser entregados a varias funcionarias.

El 20 de diciembre de 2006, cuatro días antes de las fiestas navideñas, es la Unidad Administrativa de Contratos del Ayuntamiento de Valdemoro quien manda su lista de empleados. El correo, según refleja el asunto, fue enviado "por Juan Luis Aguilera", jefe de negociado de ese área municipal, y enumera los nombres de seis personas. Junto al nombre de todas ellas y de forma manuscrita, figura la palabra "móviles".

http://www.elespanol.com/espana/politica/20161024/165484215_0.html

LA PÚNICA SIGUE HACIENDO ‘ROTOS’ AL EQUIPO DE CIFUENTES

El Gobierno de Cristina Cifuentes continúa acorralado por la red Púnica, ya que varios de los diputados regionales designados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, están siendo investigados por su participación en esta trama corrupta durante el ejercicio de sus cargos anteriores.

El sumario del ‘caso Púnica’ ya ha dejado dos ‘cadáveres’ políticos: el de Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles, que fue el primer diputado del PP de Madrid que dimitió por verse involucrado en esta trama de corrupción; y el del hasta ahora director general de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno, quien presentó su renuncia al cargo esta misma semana.

Daniel Ortiz dimitió de todos sus cargos -diputado, concejal portavoz del grupo y presidente del PP en Móstoles- el pasado mes de julio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le citara a declarar en calidad de investigado –antes imputado- por su presunta implicación en la trama, algo que tuvo que hacer el TSJM, ya que el juez instructor de la causa, Eloy Velasco, no podía hacerlo por estar aforado.

Y es que el juez Velasco considera que Ortiz podría haber utilizado su condición de alcalde de Móstoles para interceder y “presionar” para adjudicar en 2014 a la empresa Cofely un contrato de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a cambio de comisiones por 746.000 euros, un comportamiento en el que el magistrado ve indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.

Tres meses después, concretamente el pasado jueves, era el director de Industria el que abandonó el Ejecutivo de Cifuentes, sólo un día después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dice que López Jimeno hizo pagos por valor de 200.000 euros entre 2010 y 2012 desde la Fundación de la Energía de la Comunidad (una institución semipública de la que participa la Administración regional) a la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL, de la que él mismo era copropietario en dicho periodo con un 20% del capital.

Pero la ‘pesadilla’ de Cifuentes aún no ha concluido, ya que quedan algunas piezas que aparecen en este entramado- que mantiene en prisión a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, desde octubre de 2014- que aún no han presentado la dimisión. Uno de ellos es su número tres, Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, y el otro el diputado regional Bartolomé Casas.

A González Taboada, David Marjaliza, presunto cerebro de la Púnica, le acusa de cobrar un tercio de las mordidas que pagaban los constructores a cambio de adjudicarles obras del Plan Prisma y además el juez le investiga por la gestión irregular de fondos de Arpegio, pero Cifuentes pone por él la mano tanto en el fuego que no sólo no le ha pedido que dimita sino que, ignorando las sospechas, le nombró vocal de Arpegio, ahora Nuevo Arpegio, el ente público investigado precisamente por el juez Eloy Velasco por irregularidades en sus adjudicaciones.

Otro miembro del equipo de Cifuentes que lleva señalado por la Guardia Civil desde septiembre como receptor de comisiones es el diputado regional Bartolóme González, ya que los investigadores consideran acreditado que la trama corrupta le pagó 60.000 euros cuando era alcalde de Alcalá de Henares a cambio de adjudicar un contrato municipal a la empresa Cofely. El pago se habría realizado a través de una empresa de construcción vinculada a David Marjaliza. Sin embargo, Cifuentes no ha exigido su cabeza y se ha limitado a anunciar que dimitirá si finalmente es imputado formalmente.

Los contratos de Arturo Fernández

Además, el nombre de Cifuentes aparece en una nueva línea de investigación sobre la financiación del PP que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la pieza 14 del sumario según informaba elconfidencial.com

Este digital asegura que la UCO ha hallado nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico y asegura que uno de los contratos que se investigan fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.

Polémicas adjudicaciones

Por otra parte, el Gobierno autonómico también ha licitado algunos contratos muy controvertidos por afectar a empresas salpicadas por la Gürtel de los que ya informó en su día ElBoletin.com. Una de estas decisiones polémicas ha sido la de encargar la rehabilitación de un palacio en el distrito de Carabanchel a una filial del Grupo Ortiz, una empresa que –a pesar de aparecer en el sumario de la Gürtel, estar salpicado por la Púnica y haber reconocido que financió irregularmente a Convergència, se ha hecho con un contrato de 200.000 euros.

http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/141083/gurtel-haciendo-rotos-equipo-cifuentes.html

LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE PÚNICA: EL JUEZ GUARDA UN INFORME SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

El juez Eloy Velasco acordó entregar este miércoles a las partes personadas en Púnica 27 nuevos tomos del sumario, pero mantiene en su poder el documento más valioso. El pasado agosto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas entregaron al magistrado un informe sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno a una de las empresas de la trama, Waiter Music, especializada en la organización de fiestas y eventos. Pero las conclusiones a las que han llegado los agentes van más allá de esa compañía y afectan directamente al Partido Popular.

Como ya informó El Confidencial, los investigadores han logrado acreditar en ese informe que el PP de Madrid habría financiado presuntamente actos de partido con donaciones ilegales de grandes constructoras que tendrían en común el haber sido beneficiarias de adjudicaciones públicas concedidas por administraciones madrileñas controladas por la formación. Se esperaba que el documento fuera trasladado a las partes dentro de los 27 tomos facilitados esta semana, que abarcan diligencias realizadas entre el 19 de mayo de este año y el pasado 10 de octubre. Pero el informe sobre Waiter Music, enviado a la Audiencia Nacional el pasado 25 de agosto, sigue por ahora oculto.

El inicio de los trabajos para confeccionarlo se remonta meses atrás. El pasado 7 de abril, agentes de la UCO tomaron declaración en la Comandancia de Murcia a un proveedor de Waiter Music que reconoció haber facturado 15.138 euros en 2010 al Ayuntamiento de Valdemoro por indicación del administrador y propietario de la empresa de eventos, José Luis Huerta, uno de los 51 detenidos e imputados en la primera fase del caso. El consistorio madrileño abonó el importe de la factura. Sin embargo, el proveedor admitió que los trabajos nunca llegaron a realizarse. Los agentes también constataron la existencia de otras irregularidades contables en facturas emitidas a administraciones públicas por indicación del propietario de Waiter Music a través de ese mismo proveedor.

La expectación que ha despertado el informe sobre la empresa de eventos está justificada. La UCO mantiene que logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a la mediación del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, exconsejero autonómico de Presidencia y exsecretario general del PP regional. Los importes de los contratos se inflaban para ocultar una salida de fondos públicos que luego se repartían los alcaldes. Como contraprestación, Waiter Music habría agasajado a Granados con una fiesta privada por todo lo alto con motivo de su 44 cumpleaños.

La UCO mantiene que Waiter Music logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de Madrid gracias a la mediación de Granados

El foco se centra en los contratos que consiguió la firma de eventos entre 2004 y 2013 en Valdemoro, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Alcorcón, Torrejón de Velasco y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, un ente público desaparecido que también controlaba Granados durante su etapa en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Solo en Valdemoro, la empresa de Huerta facturó en ese periodo 8,98 millones de euros.

Pero la UCO también ha descubierto que Waiter Music no solo mantenía una intensa relación comercial con administraciones públicas vinculadas al PP. Entre sus clientes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos que no tienen ninguna relación aparente con el negocio de la organización de eventos. Según recogen las declaraciones de Waiter Music a la Agencia Tributaria, incorporadas en el sumario, FCC Construcción le habría pagado 251.557 euros en 2004 y 299.601 euros en 2007; Acciona Infraestructuras SA, 33.292 euros en 2004; Ferrovial Agroman, 33.292 euros en 2004; Dragados Obras y Proyectos, 20.936 euros en 2004 y, la matriz Dragados, 358.208 euros en 2007; OHL, 16.646 euros en 2004; Sacyr, 16.646 euros en 2004 y 89.552 euros en 2007; Urbaser, 9.117 euros en 2007, 59.000 euros en 2010, otros 59.000 euros en 2011, 35.400 euros en 2012 y 36.300 euros en 2013; la UTE FCC-Acciona, 6.844 euros en 2011; y Cespa (Ferrovial), 35.400 euros en 2012 y 36.300 en 2013.

El informe que guarda ahora Velasco confirmaría que los 1.397.091 euros abonados en total por estas constructoras a Waiter Music habrían servido para sufragar actos del PP, apuntalando de este modo una nueva acusación contra Génova por financiación ilegal que se suma a las que ya se han acreditado en las operaciones Gürtel y Taula. En plena recta final de las conversaciones para la investidura de Mariano Rajoy, la difusión del contenido del informe amenaza con abrir otra vía de agua en los planes del PP y tensar aún más el debate interno que libra el PSOE sobre su abstención.

No es la única evidencia de financiación ilegal del PP de Madrid que se investiga en Púnica. El juez Velasco instruye en secreto desde febrero diligencias sobre las presuntas donaciones ilegales al PP que supuestamente captó Granados entre 2011 y 2014. El presunto cabecilla de la trama anotó los cobros en una agenda que fue localizada en los registros. Las pesquisas apuntan fundamentalmente a OHL, que habría aportado un total de 1,6 millones de euros a través de Javier López Madrid, consejero de la compañía y consejero delegado del Grupo Villar Mir.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-23/la-ultima-bomba-de-punica-el-juez-guarda-un-informe-sobre-financiacion-ilegal-del-pp_1278998/

'GRANADOS CONNECTION': SU CUÑADO, INVESTIGADO POR EL AMAÑO MILLONARIO DE CUATRO CONTRATOS

Un escrito de Anticorrupción destaca la presunta participación de Germán Alarcón cuando era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdemoro en las supuestas irregularidades que permitieron que la empresa Waiter Music SL se adjudicara varios años la organización de las fiestas locales por 1,1 millones de euros.

Primero fueron el propio Francisco Granados y su esposa, Nieves Alarcón. Después, sus suegros. Hace unos días, su hermano Alfonso. El próximo puede ser su cuñado. Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción conocido ahora sitúa en el epicentro de una de las principales líneas de investigación del 'caso Púnica' a Germán Alarcón Castellanos, hermano de su mujer y teniente de alcalde en Valdemoro cuando el juez Eloy Velasco ordenó las primeras detenciones en octubre de 2014. Dicho documento lo implica en la supuesta adjudicación irregular a la empresa de espectáculos Waiter Music SL de cuatro contratos municipales por cerca de 1,1 millones de euros. Fuentes jurídicos aseguran a Vozpópuli que el familiar del político por ahora no ha sido imputado.

Anticorrupción señala a Germán Alarcón por las irregularidades en los concursos para organizar las fiestas de Valdemoro entre 2011 y 2014

El escrito que lo señala fue presentado por Anticorrupción en la Audiencia Nacional para oponerse a la petición de sobreseimiento que habían planteado dos de los investigados, el ex alcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga y su 'mano derecha' en el consistorio, Alfredo Ovejero. Para justificar su postura, la Fiscalía detallaba en el mismo una por una media docena de contrataciones realizadas por el equipo de Gobierno de este Consistorio durante el mandato de Boza Lechuga (2011-2014), que "están siendo objeto de investigaciones" y que, por tanto, justificaba que ambos siguieran como imputados. Al detallar una de ellas, Anticorrupción citaba expresamente al "concejal de Cultura Germán Alarcón, cuñado de Francisco Granados" por su presunta implicación en una de ellas.

Se trata, en concreto, de la referida a las adjudicaciones a la empresa Waiter Music SL, una de las sociedades sospechosas de pagar 'mordidas' al ex secretario general del PP madrileño, de los concursos para la organización de las fiestas patronales de la localidad madrileña durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Unos contratos que costaron al Ayuntamiento de Valdemoro 1.115.935,46 euros, según se especificaba en el escrito. "Durante todos estos años los contratos fueron incrementados con las cuotas de intermediación del también imputado [José Luis] Huerta Valbuena, [propietario de Waiter Music], incurriendo su tramitación en irregularidades que son objeto de análisis actualmente", señalaba la Fiscalía.

"Personas involucradas"
No es la primera vez que el nombre de Germán Alarcón aparece en el sumario. De hecho, en el mismo figura también un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detallaban otras supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro con las que también se le vincula. En dicho documento policial, los agentes señalan al cuñado de Granados como una de "las personas involucradas" en la sospechosa externalización de los contratos de mantenimiento y conservación de varias instalaciones deportivas municipales, entre ellas la piscina, la escuela de fútbol y el gimnasio. Todo ello cuando él era concejal.

Un informe de la Guardia Civil ya implicaba al cuñado de Granados en la sospechosa externalización de la gestión de varias instalaciones deportivas municipales

Este informe de la Guardia Civil recogía un resumen de las declaraciones de seis trabajadores del municipio que señalaban expresamente a Germán Alarcón como el responsable de "idear, planificar y elaborar" los convenios que permitieron privatizar dichas instalaciones "en favor de terceros [...] en perjuicio del interés general". Uno de estos testigos aseguró que cuando se opuso abiertamente a los amaños del cuñado de Granados éste le presionó para que firmara los pliegos de condiciones técnicas que dieron luz verde a los mismos. Los agentes vieron en todo ello claros indicios de "prevaricación y malversación de caudales públicos" en la Concejalía de Deportes que encabezaba entonces Germán Alarcón.

Además el cuñado de Granados aparece en otros dos episodios del sumario. Uno es el registro de la vivienda de sus padres en los que la Guardia Civil localizó en un altillo cerca de un millón de euros en metálico que el político ha reconocido recientemente que es suyo. En aquella intervención, los agentes también entraron en la habitación en la que Germán Alarcón dormía y encontraron dentro de un armario varios objetos de valor. Así, en una bolsa de plástico de unos grandes almacenes, se hallaron cuatro plumas estilográficas de colección, así como un reloj dorado de la marca 'Tiffany'. Junto a éste, los agentes encontraron la garantía del mismo que revelaba que había sido adquirido en la Isla de Aruba, país del Caribe considerado paraíso fiscal hasta 2010. Finalmente, el nombre del cuñado de Granados aparece en la lista de cargos públicos y funcionarios agasajados por el constructor Ramiro Cid para conseguir su favor. Éstele regaló una cesta de navidad valorada en más de 400 euros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/suegros-hermano-familia-Granados-sospecha_0_964704048.html

TODOS LOS MIEMBROS DEL 'CLAN GRANADOS' SALPICADOS POR LA TRAMA

Su mujer, los suegros, un hermano e, incluso, el cuñado. El juez Velasco ya investiga a varios miembros del entorno familiar de Francisco Granados en el caso Púnica. Tres de ellos están imputados. Los otros dos, bajo la lupa judicial.

La familia es muy importante en el 'caso Púnica'. Tanto que varios de los principales implicados han visto como personas de su círculo más próximo eran imputadas por el juez Velasco por su participación en las supuestas irregularidades. Es el caso de Francisco Granados, el principal cabecilla de la trama. Su mujer, Nieves Alarcón Castellanos, y sus suegros, Juan y Catalina, forman parte de la larga lista de 'investigados' que acumula ya la causa. Además la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto recientemente bajo sospecha las operaciones inmobiliarias de su hermano Alfonso, mientras que la Fiscalía Anticorrupción puso hace tiempo el foco en su cuñado, Germán Alarcón, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014. Son el 'clan Granados'.

La implicación de la Nieves Alarcón arranca como cotitular de la cuenta que tenía con su marido en Suiza y que dio pie al inicio de la investigación

La primera en verse implicada por las actividades del político fue su esposa. Nieves Alarcón no fue detenida junto a su marido, pero si fue imputada. Era, junto a Francisco Granados, titular de una cuenta en Suiza que se encuentra en el inicio de las pesquisas del 'caso Púnica'. Además, ella era la conductora habitual de un vehículo Mini que apareció quemado en el garaje de su casa y que los investigadores sospechan que era un regalo de Ramiro Cid, uno de los constructores presuntamente favorecidos por su marido cuando era alcalde. También ella era la encargada de supervisar las obras en la mansión que el mismo empresario estaba construyendo al gusto del matrimonio para regalárselo al político como supuesto pago a sus 'favores'. Las pesquisas también la relacionan con el gasto de 100.000 euros de dinero de la empresa pública Arpegio para regalar cestas de Navidad a sus amistades. Las investigaciones entorno a ella aún no han terminado.

El caso de sus suegros es más peculiar. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado mes de noviembre registrar su vivienda en Valdemoro después de que un anónimo alertase a los investigadores de que en dicha casa podía haber dinero oculto. Era cierto. Los agentes de la UCO localizaron en un maletín ocultó en un altillo 922.000 euros en metálico, además de otros objetos de valor como estilográficas de colección y relojes de lujo. El magistrado citó al matrimonio para declarar como imputados por blanqueo de capitales en una comparecencia en el que ambos alegaron que que a su domicilio accedían fontaneros y "gente" de Ikea para justificar la presencia del dinero.

El hermano y el cuñado
Las sospechas sobre Alfonso Granados, hermano del político, se centran en la compraventa de varios pisos, en una de las cuales la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de blanqueo del dinero tras haber hallado una nota manuscrita en la que el que fuera consejero del Gobierno madrileño anunciaba a su socio, el constructor David Marjaliza, el envío en un sobre con 360.000 euros en metálico para su adquisición. El informe de la UCO concluía que con esta "operación hizo aflorar una cantidad de dinero en efectivo procedente de Francisco Granados, cuyo origen es desconocido y que se puede presumir que procede de dinero de supuestas comisiones ilegales".

Un informe de la UCO relaciona al hermano de Granados con una operación de blanqueo con la compraventa de un piso

La implicación del quinto familiar del político tiene que ver su condición de concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro. Germán Alarcón, cuñado de Granados, era el edil responsable de Cultura y Deportes cuando en octubre de 2014 el juez Velasco ordenó las primeras detenciones, incluida la del político. Entonces estuvo a punto de ser nombrado alcalde tras el arresto del entonces regidor, José Carlos Boza. Informes de la Guardia Civil y escritos de la Fiscalía vinculan ahora a este quinto miembro del 'clan' en diversos concursos públicos del consistorio donde los investigadores creen haber encontrado indicios de irregularidades. Entre ellos, los cuatro contratos adjudicados a una empresas clave de la trama, Waiter Music SL, para la organización los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de las fiestas patronales de la localidad. Entre los cuatro, suman más de 1,1 millones de euros. En el sumario no consta que ni él ni el hermano de Granados hayan sido imputados aún.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/miembros-clan-Granados_0_964704182.html

EL VICECONSEJERO DE URBANISMO JUSTIFICA LA FACTURA DE 16 MILLONES EN PRIMERAS PIEDRAS DE ARPEGIO

Miguel Ángel Ruiz ha comparecido hoy en la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid por su condición de exconsejero de Arpegio

Miguel Ángel Ruiz, actual viceconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo y exconsejero de Arpegio entre 2008 y 2011 –empresa 100% pública que gestiona el suelo de la región y salpicada por la Púnica-, ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid. En su declaración ha respondido a los diputados que “nunca ha recibido un duro” por ninguna adjudicación realizada por la empresa.

El exconsejero de Arpegio y ahora mano derecha del consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Jaime González Taboada, ha indicado que “asume” los conceptos de la factura de 16,5 millones de euros atribuida a gastos del Prisma 2006-2007 y que la Intervención de la Comunidad de Madrid se ha negado a aprobar. El recibo incluye abonos de 3,3 millones en primeras piedras de obras y un despliegue mediático en el que llegaron a pagarse 852.000 euros por varios vídeos propagandísticos, 65.000 en teléfono, 75.000 en material de oficina o 96.000 en supermercado, farmacia y pequeños enseres. Ruiz ha manifestado que “estamos hablando de publicidad, merchandising…¡claro que comparto que haya que divulgarlo!”.

También ha explicado que la factura la firmó él y la envió a la Comunidad de Madrid en 2010 debido a que se lo exigían los auditores. En 2015, ha asegurado, la intervención se pronuncia y emite un informe en el que se indican los gastos que no son reembolsables a la sociedad. Los representantes del PSOE han pedido dicho documento, que a ellos la Comunidad de Madrid les ha indicado que “no existía”. En ese momento gestionaban entre el 80 y el 100% de las obras la empresa Dusa (investigada en la Púnica) a la que Arpegio había contratado por siete millones de euros.

Los parlamentarios se han interesado, al mismo tiempo, por él abonó de seis millones de euros en explanar un terreno de Arganda del Rey que, de momento, solo se ha utilizado como aparcamiento para la celebración de tres ediciones Rock in Rio y algún evento musical más. También se construyó un tercer carril en la A-3 para facilitar el acceso al festival. Esta explanada se encuentra dentro de los terrenos de casi tres millones de metros cuadrados que Arpegio adquirió a la empresa Airina SL, del grupo que comercializa los productos de Gallina Blanca. Arpegio ha invertido unos 55 millones de euros, ha manifestado hoy Ruiz en la Asamblea de Madrid. Arpegio le debe a esta empresa el 5% en terrenos para construir, pero al no haber conseguido la empresa pública su recalificación, se enfrenta a una demanda de 72 millones de euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/21/madrid/1477042630_190660.html

UN ARREPENTIDO CONFIRMA LOS TRATOS DE PÚNICA CON EL PRESIDENTE DE MURCIA Y UNA SENADORA

Un empleado del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro detalló el pasado 5 de octubre al juez Eloy Velasco sus contactos con los 'populares' Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, y los equipos de ambos. Fuentes jurídicas consideran clave su testimonio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, está desde el pasado 5 de octubre un poco más cerca de concluir la investigación sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en la Región de Murcia. Ese día, el director comercial de Madiva Editorial SL, una de las empresas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, confirmaba al magistrado durante su declaración como imputado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, la senadora Pilar Barreiro y los equipos de ambos para mejorar la reputación 'online' de ambos políticos supuestamente con dinero público. Se trata, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo ha hecho como investigado para aportar valiosos datos que incriminan a ambos políticos, según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación.

El empleado de De Pedro ha detallado varias reuniones de éste con Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro a las que él asistió

La relevancia del testimonio de este trabajador radica en que estuvo presente en reuniones claves de las supuestas negociaciones de la trama con los dos políticos 'populares' y sus equipos. En concreto, Francisco Javier Bueno confirmó al juez Velasco los detalles de la que mantuvo el 22 de septiembre de 2014 su jefe, Alejandro de Pedro con el propio Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación y aspiraba a encabezar la lista autonómica de su partido, y la entonces alcaldesa de Cartagena y hoy senadora del PP Pilar Barreiro. Según detalló ya cuando declaró como testigo, y ahora ha confirmado ante el magistrado, aquel día él estaba junto a De Pedro en el Hotel Las Artes de la capital cuando éste le pidió que se fuera porque se iba a reunir con los dos políticos. Francisco Javier Bueno aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos ahora bajo sospecha.

El imputado también ha confirmado ahora al juez Velasco los detalles de un segundo encuentro, este celebrada el 24 de octubre de 2014 en la sede la Consejería de Educación entre De Pedro, él mismo y David Conesa, miembro de gabinete de Pedro Antonio Sánchez y también imputado recientemente, en el que supuestamente que se cerró definitivamente el acuerdo para hacer los trabajos de reputación 'online' para el político. El trabajador ha asegurado que ese día les comunicaron que el actual presidente murciano, que había estado imputado por diversos escándalos cuando era alcalde Puerto Lumbreras y quería por ello mejorar su imagen en Internet, había dado su "Ok" a dichos trabajos. También fue el director comercial de Madiva quien aseguró que se iban a enmascarar los facturas con el concepto 'formación' para que fuera la Consejería de Educación que entonces encabeza Pedro Antonio Sánchez quien las abonara con cargo al erario.

Reuniones con la senadora
Respecto a los tratos de la trama con la senadora Pilar Barreiro, el empleado de EICO ha detallado al juez tres encuentros a los que asistió. En el primero, celebrado en Cartagena, participaron, además de él, De Pedro, el jefe de Gabinete de la entonces alcaldesa, Francisco Ferreño, y la responsable de comunicación del Consistorio. En el mismo, el experto en reputación 'online' explicó el "plan de medios" que había ideado para la política entonces salpicada por el escándalo urbanístico 'Novo Cartago'. De hecho, tras aquella reunión, el 'gurú' informático activó dicho plan a través de su empresa Madiva, que dio los primeros pasos para crear un diario digital con dicho objetivo. En la segunda reunión en la que participó Francisco Javier Bueno asistió supuestamente la propia Pilar Barreiro, además de su jefe de Gabinete y De Pedro. En ella, este último explicó a la política en qué iba a consistir dicho plan de medios. Finalmente, en la tercera reunión, celebrada el 24 de octubre, intervinieron el experto informático, su empleado y Francisco Ferreño, el hombre de confianza de la hoy senadora. El objetivo era tratar aspectos concretos de los trabajos de 'reputación online' que se iban a poner en marcha.

En el ordenador del ahora arrepentido han aparecido varios documentos sobre los trabajos para el presidente de Murcia y la senadora

Además, Francisco Javier Bueno era el usuario del ordenador intervenido por la Guardia en las oficinas que Madiva Editorial SL tenía en la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, en el que se localizaron diversos documentos relacionados con dichos contratos. Entre ellos, un "informe de percepción inicial" sobre Pedro Antonio Sánchez. En el mismo se examinaba la presencia en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores en Internet del político, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal". Dicho documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él eran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

4.600 euros al mes
En el mismo equipo informático se localizó un segundo documento relacionado con Pedro Antonio Sánchez. En concreto, una hoja de pedido de servicios con fecha efectiva 1 de noviembre de 2014 y fecha de facturación para el día 30 de ese mismo en el que se describían los servicios de estrategia de reputación 'online' para el hoy presidente murciano. El importe iba a ser de 4.600 euros más IVA. El arrepentido fue preguntado por dicho informe durante su comparecencia ante el juez Velasco del pasado 5 de octubre por los abogados de otros imputados. El director comercial de Madiva negó haberlo redactado él y justificó su presencia en el ordenador que él utilizaba habitualmente en que otra persona podía haber accedido al equipo informático, según destacan a este diario fuentes conocedoras del desarrollo del interrogatorio.

La trama Púnica iba a facturar 4.600 euros al mes, más IVA, por los trabajos de reputación para Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro

En el ordenador de Francisco Javier Bueno también aparecieron otros dos documentos relacionados con las 'andanzas' de la Púnica en Murcia, en este caso con la senadora del PP. Uno recogía los resultados obtenidos en las distintas redes sociales con los términos de búsqueda "Pilar Barreiro Álvarez" y "Alcaldesa de Cartagena". El segundo era una propuesta para realizar trabajos de reputaciòn 'online' a la política. En el mismo se concretaba que los mismos consistirían en "la creación de soportes y contenidos para la consolidación de una imagen positiva" de la dirigente 'popular', entonces a punto de encabezar la lista de su partido en las elecciones municipales de 2015. Éstos se valoraban en 2.100 euros.

Llamadas y correos electrónicos
También existe una llamada interceptada el 22 de octubre de 2014, sólo cinco días antes de la detención de Alejandro de Pedro, en la que éste comentaba a Francisco Javier Bueno que ya habían cerrado el acuerdo sobre la reputación de Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro. En la misma, el experto informático le pedía a su empleado que le rescatase la oferta de ambos políticos y que lo metiera ya en la facturación para el mes siguiente. Dos días después, ambos participan en una reunión en la Consejería de Educación con el equipo del hoy presidente del Ejecutivo murciano.

El arrepentido también aparece en conversaciones y correos electrónicos claves sobre los tratos de la trama con los dos políticos del PP

Además, en el rastreo de los servidores también han aparecido varios correos electrónicos con referencias a los tratos de la trama con los dos políticos murcianos en los que el Francisco Javier Bueno es emisor o destinatario. Así, en uno de mayo de 2014 el ahora arrepentido comunica una compañera, Sara Gargallo, también imputada, la creación del diario cuyo único presuntamente era únicamente mejorar el "posicionamiento" de la entonces alcaldesa de Cartagena. En dicho mensaje se señalaba también que el concepto de facturación iba a ser la supuesta inclusión de 'banners' de publicidad. A partir de éste se suceden otros 'emails' sobre el mismo tema, entre ellos algunos intercambiados con Francisco Ferreño, la 'mano derecha' de la hoy senadora.

Sobre todos ellos, el juez Velasco también preguntó el pasado pasado 5 de octubre al arrepentido Francisco javier Bueno, cuyo testimonio, según fuentes jurídicas, puede ser clave para que el magistrado decida en las próximas semanas si eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Tribunal Supremo para que investigue, respectivamente, a Pedro Antonio Sánchez y a su correligionaria Pilar Barreiro.

Y, además, 66 documentos, 'emails' y llamadas

Trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital y35 mensajes de telefonía. La declaración del emprleado de Alejandro de Pedro ante el juez Eloy Velasco no es, ni muchs menos, la única prueba sobre la presunta relación de Pedro Antonio Sánchez y su equipo con la trama Púnica.. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el pasado mes de mayo concluía concluye que el actual presidente de la Región de Murcia cometió un delito de fraude en sus tratos con la red de corrupción detallaba por orden cronológico hasta 66 pruebas que incriminan al político. El documento policial iniciaba dicha enumeración con un informe sobre la reputación 'online' del político elaborado en junio de 2014 y localizado en un ordenador intervenido, y concluye con una llamada telefónica del 24 de octubre de ese mismo año entre Alejandro de Pedro y uno de sus empleados. La conclusión de los investigadores es que el político había cerrado un acuerdo con la red de corrupción para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 que finalmente le llevaron a la presidencia del Ejecutivo de la Región de Murcia.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/arrepentido-confirma-Punica-presidente-Murcia_0_963203890.html

EL NEGOCIO 'POBRE' DE PÚNICA: SÓLO 200.000 EUROS POR LA REPUTACIÓN 'ONLINE' DE POLÍTICOS

Un auto del juez Velasco detalla que las empresas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro se embolsaron esta cifra entre la primavera y el otoño de 2014 por "servicios de propaganda personales en favor de autoridades". Una cantidad muy alejada del millonario amaño de contratos de eficiencia energética.

Frente a contratos presuntamente amañados de eficiencia energética valorados en decenas de millones de euros, un supuesto botín de sólo unos pocos cientos de miles en otras irregularidades. Las actividades de la trama Púnica no siempre se tradujeron en beneficios de siete cifras. Un reciente auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, cifra en "un importe aproximado de 200.000 euros" el dinero que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, consiguieron con sus trabajos de reputación 'online' para cargos públicos. El supuesto pago con dinero público de dichos informes ya ha supuesto la imputación de varios políticos. Entre ellos están los madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, el murciano Juan Carlos Ruiz, y los leoneses Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez. Pese a la escasa cuantía del desvío de fondos, estas actividades centran la investigación en tres de las catorce piezas en las que está dividida el sumario.

El juez rechaza remitir esta investigación a los juzgados ordinarios, como pedía De Pedro

El escrito del juez Velasco en el que detalla esta cifra es un auto fechado el pasado 11 de octubre por el que rechaza la petición de Alejandro de Pedro y sus dos empresas, Eico Comunicación Online SL y Madiva Editorial SL, para que la investigación que les afecta fuera derivada a otros juzgados diferentes a la Audiencia Nacional al considerar que sus actividades bajo sospecha no tienen nada que vez con la trama de corrupción que encabezaban presuntamente Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado cree, sin embargo, que la conexión de las actividades de estos últimos con las del experto en reputación 'online' es clara y que, por tanto, debe seguir siendo él quien instruya la causa contra De Pedro y sus empresas.

En concreto, el juez Velasco destalla que, si bien las pesquisas se iniciaron a comienzos de 2014 después de que la Fiscalía Federal Suiza solicitara la cooperación de las autoridades españolas ante las "sospechas serias de blanqueo respecto de los fondos invertidos" sólo por "las actividades ilícitas" del ex secretario general del PP madrileño y el constructor, pronto las pesquisas se ampliaron "a un grupo organizado de personas y sociedades que presuntamente se enriquecieron prevaliéndose de sus posiciones de autoridad". En concreto, destaca que "la actividad de Alejandro de Pedro irrumpió durante las intervenciones telefónicas de David Marjaliza, preparando supuestamente la implementación en Valencia de los negocios de los colegios concertados" que son objeto de investigación en la pieza denominada Alfedel, en referencia a la empresa utilizada para estos supuestos amaños con centros educativos.

"Su propia hoja de ruta"
En dicho auto, el juez detalla que "durante el verano y otoño de 2014, la investigación de las actividades de Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso Conesa y de sus empresas Eico Online y Madiva Editorial tuvo su propia hoja de ruta" al detectar que supuestamente se habían 'infiltrado' "en las Administraciones autonómicas y locales". De ellas, presuntamente obtuvieron "contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de servicios de propaganda personales por EICO on line en favor de autoridades". Es en este punto donde detalla que hasta la detención de ambos a finales de octubre de 2014 habían cobrado "un importe aproximado de 200.000 euros".

El 'gurú' informático consiguió entrar en la administración gracias al "apoyo e inducción" de Granados

El magistrado destaca que la investigación adquirió por ellos "unos perfiles genuinos propios que han dado origen" a tres piezas separadas. En concreto, la número 2, referida a sus actividades ambos empresarios en la Diputación de León; la número 3, de sus tratos con el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena; y la número 10, sobre hechos referentes a "otras administraciones públicas y empresas", entre ellas la Comunidad de Madrid. Las dos primeras están a punto de ser concluidas y enviadas a juicio.

El escrito del juez Velasco detalla que la entrada de De Pedro y Alonso Conesa en consistorios y gobiernos regionales no hubiera sido posible sin el "apoyo e inducción" de Francisco Granados, el único cabecilla de la trama que sigue en prisión. El escrito detalla que gracias a éste último el experto informático y su socio "pudieron realizar los servicios de propaganda para diferentes autoridades del Partido Popular de varios territorios de España". Una "concurrencia de intereses" que el magistrado lleva más allá a considerar que el político y los dos empresarios participaron supuestamente en operaciones de blanqueo "a través de sociedades panameñas".

Comisión rogatoria a Panamá
En este sentido, el juez recuerda que el 20 de julio de 2015 remitió una comisión rogatoria a las autoridades del país centroamericano para indagar "en los pormenores del viaje que realizaron los tres sospechosos entre los días 2 a 7 de abril de 2013 a Costa Rica y Panamá" para ofrecer "sus servicios de asesoramiento político, publicidad y propaganda" a cargos públicos de estos países. De hecho, recuerda que la investigación ya ha permitido constatar que "desde hacía un año se venían satisfaciendo mensualidades de 12.906 euros por un contrato con la alcaldesa de Panamá [Roxana Méndez] sobre 'mapa de stakeholders, monitoreo y reputación digital' en términos muy similares a los que realizaba[n] para las autoridades españolas".

La Púnica había 'exportado' el negocio de la reputación 'online' a Panamá, donde trabajaron para la alcaldesa de la capital

Unos negocios al otro lado del Océano Atlántico que desembocaron en febrero de 2014 en la creación por parte de José Antonio Alonso Conesa, Adrián de Pedro, hermano de Alejandro y también imputado en la causa, y un empleado de EICO Online SL de una empresa en este paraíso fiscal llamada Bonanno Media SA. Por todo ello, el juez Velasco rechaza ahora de plano derivar la investigación sobre los trabajos de reputación 'online' para políticos a los juzgados ordinarios al considerar que existe una evidente conexión entre las actividades del 'gurú' informático y las de Granados y Marjaliza, aunque la cifra del 'negocio' fueron unos magros 200.000 euros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-EUR-beneficio-reputacion-politicos_0_963504121.html

PÚNICA DA UN RESPIRO AL PP: SU CAJA B, BAJO SECRETO JUDICIAL DURANTE LA INVESTIDURA

Pequeño respiro en Génova 13. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que prorroga el secreto de sumario sobre la pieza separada del 'caso Púnica' en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. De este modo, Mariano Rajoy podrá afrontar un previsible debate de investidura a finales de octubre sin la amenaza de nuevas revelaciones de corrupción sobre su partido. El magistrado justifica su medida en que "el conocimiento por parte de los investigados y terceras personas de los datos que figuran en el procedimiento podrían afectar gravemente al mismo". La decisión cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez justifica la medida en la necesidad de "asegurar los posibles hallazgos" de la investigación "sin riesgo de ser manipulados o destruidos"

La decisión del magistrado se plasma en un auto del 5 de octubre que ha sido ahora comunicado a las partes personadas en el sumario. En el mismo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Velasco recuerda que el pasado 13 de mayo decidió "abrir nuevas vías de investigación" en referencia, precisamente, a la pieza separada número 14 iniciada entonces y en la que se encuentran como investigados el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, junto al exsecretario general de la formación regional, Francisco Granados, por presunta financiación irregular de los 'populares' en esta comunidad.

"Las investigaciones de tales hechos -continúa el auto del magistrado- están todavía en fase de análisis, siendo preciso a tales efectos asegurar las fuentes de información respecto a las conexiones o nuevas evidencias sobre la participación indiciaria en los mismos". El juez Velasco recalca que es, precisamente, para "obtener y asegurar más elementos probatorios" por lo que considera "necesaria la prórroga del secreto en cuestión, ya que el conocimiento por parte de los investigados y terceras personas de los datos que figuran en el procedimiento, podrían afectar gravemente al mismo". En este sentido, recalca que el objetivo final es "asegurar los posibles hallazgos [...] sin riesgo de ser manipulados o destruidos".

Las anotaciones de Granados

La pieza número 14 del sumario tiene su punto de arranque en una libreta con anotaciones manuscritas halladas en el registro de la vivienda de Francisco Granados el día de su detención, en octubre de 2014. En ella aparecían iniciales y palabras en inglés junto a diversas cifras que pudieron ser interpretados gracias a la colaboración del constructor David Marjaliza, socio del político. Gracias a él, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió en noviembre de 2015 un informe en el que se apuntaban a la existencia de una supuesta caja B del PP de Madrid.

La investigación sobre la supuesta caja B del PP madrileño arranca en una libreta con anotaciones manuscritas intervenida a Granados en su domicilio

Así, el documento policial identificaba las iniciales "NP" con Nacho Palacios, antiguo jefe de Gabinete de Granados y también imputado en la causa, y la palabra "ME" con el propio político al considerar que era el pronombre inglés que significa 'yo' a la vista que en las columnas de entrada y salida de efectivos también figuraban los términos 'in' y 'out'. El informe de UCO concluía de ello que "ambos se quedaban con parte del dinero que se recaudaba, con destino a BG", iniciales que los agentes identifican con Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Madrid. En el apartado de aportaciones aparece JLM en referencia supuestamente al empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo de los reyes de España, vinculado a entregas de 2 millones de euros. Los agentes no puderon despejar, sin embargo, quién se escondía tras las iniciales "LB" y "JEC", que habrían aportado 100.000 y 60.000 euros días antes de las elecciones europeas de mayo de 2014.

El 12 de febrero, y después de que el diario El Español revelase que se estaba investigando a López Madrid, el juez Velasco ordenó que se registraran los despacho del empresario en la sede de OHL y las dependencias del PP de Madrid, dentro de la sede nacional de Génova 13 en busca de información sobre la supuesta financiación irregular. Días después, ambos fueron llamados a declarar como investigados. Primero por la Guardia Civil y, el 26 de febrero pasado, por el magistrado. En ambas ocasiones, ambos negaron los pagos irregulares.
Las 'amenazas' leonesa y murciana

Mientras la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño se mantiene bajo secreto, el juez Eloy Velasco avanza a velocidad de crucero con otras dos piezas del sumario del 'caso Púnica' que quiere concluir antes de que acabe el año. Se trata, en concreto, de las referidas a las 'andanzas' de la trama en la provincia de León y en la Región de Murcia. En la primera está imputado, entre otros, el que fuera presidente de la Diputación por los 'populares', Marcos Martínez Barazón, además de un alcalde del mismo partido, Pedro Vicente Sánchez. Éste último ha pedido recientemente al magistrado incorporar a la causa una serie de documentos presentes en la pieza general ante la próxima finalización de la investigación. En la pieza referida a Murcia, las pesquisas salpican directamente al presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP en esta comunidad y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ambos aforados. Entre los últimos imputados se encuentran varios asesores de ambos. Uno de ellos, David Conesa, ha pedido recientemente al juez Velasco que retrase la toma de declaración de dos nuevos imputados prevista para el próximo viernes ante la imposibilidad de asistir su letrado. El magistrado aún no se ha pronunciado.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-investigacion-secretas-investidura_0_962003951.html

EL JUEZ VELASCO PRORROGA LA PRISIÓN DE GRANADOS HASTA UN MÁXIMO DE DOS AÑOS MÁS

El instructor considera que el exdirigente del PP sigue ocultando "una cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle"

Tiene en cuenta además la nula colaboración del acusado y la destrucción de pruebas ejecutada por su entorno

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado hasta un máximo de otros dos años más la prisión provisional del exconsejero y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, que lleva dos años encarcelado como presunto cabecilla de la trama de corrupción del caso Púnica.

En su auto el juez incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid para concluir que, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados, así como sus bienes incautados y efectivo en metálico –un millón de euros encontrados ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros–, según el juez sigue disponiendo " de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".

Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y el " apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas ( documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro) una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión mas directa y presencial por parte del investigado.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado este miércoles al juez que acordase la prórroga por dos años más de la prisión acordada contra el presunto cabecilla de la trama Púnica. Tras la vista celebrada para estudiar este asunto, en la que el exsecretario general del PP en Madrid estuvo presente, su abogado Carlos García de Ceca manifestó que su cliente está dispuesto a declarar de nuevo "para concretar algunas cosas".

Granados había sido citado al estar próxima la fecha en la que se cumplen dos años de su entrada preventiva en prisión, el 31 de octubre de 2014. Las acusaciones personadas en la causa se habían adherido a la petición del fiscal para que Granados continúe en la cárcel .

La Audiencia Nacional ya había rechazado su petición de ponerle en libertad en tres ocasiones. El pasado mes de junio, Velasco no estimó la reclamación del ex consejero madrileño al considerar que podría haber "graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba" que podrían afectar a la investigación.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/05/el_juez_velasco_prorroga_prision_granados_hasta_maximo_dos_anos_mas_55799_1012.html

GRANADOS RECONOCE QUE ES SUYO EL MILLÓN DE EUROS "DE IKEA" ENCONTRADO A SUS SUEGROS

El político asegura ahora en un escrito presentado para pedir la libertad provisional que los 922.000 euros hallados en un maletín oculto en el altillo de la casa de los padres de su mujer forman parte del dinero que tenía en Suiza y que su socio David Marjaliza le entregó en España.

Ni generosos ladrones, ni olvidadizos empleados de Ikea, ni desprendidos fontaneros. Los 922.000 euros encontrados ocultos en un maletín en el altillo de un armario de la casa de los suegros de Francisco Granados ya tienen propietario: el propio político. El que fuera 'número 3' del Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del PP madrileño ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que admite que dichos fondos son suyos y que forman parte del dinero que en su día tenía en cuentas bancarias de Suiza. El político intenta con ello demostrar que no tiene "una gran cantidad de dinero oculto", uno de los argumentos esgrimidos recientemente por el juez Eloy Velasco para rechazar su puesta en libertad y prolongar hasta dos años más su situación de prisión preventiva.

Granados vincula ahora el dinero encontrado en casa de sus suegros con los fondos que ocultaba en Suiza y que repatrió para él su socio Marjaliza

El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es un recurso de apelación a dicha decisión del magistrado que le mantiene como el único de los investigados por el 'caso Púnica' que aún sigue en prisión. En él, asegura que el único dinero que tuvo escondido fue el que atesoró la cuenta que abrió en Ginebra cuando aún era empleado de banca y no había entrado en política. De hecho, asegura que cerró la misma "voluntariamente" al considerar que "no era compatible con el ejercicio de un puesto político de cierto relieve en Madrid, dentro de la Comunidad". Para hacerlo, añade, cedió su saldo al constructor David Marjaliza, quien se "lo reintegró en España".

Es en este punto de su recurso en el que relaciona ese dinero con los 922.000 euros que se intervinieron en noviembre del año pasado en casa de sus suegros. Hasta ahora, la única versión sobre el origen de dichos fondos la habían dado, precisamente, estos últimos, Juan Alarcón y Catalina Castellanos, a los que el juez Velasco interrogó como imputados. Entonces, el primero intentó justificar el hallazgo en el hecho de que en su vivienda habían entrado muchas personas, entre ellos ladrones, "los de Ikea" y algún "fontanero". Ahora, sin embargo, su yerno reconoce que ese dinero es suyo por primera vez, aunque como parte de su argumento de que no posee más propiedades que le puedan permitir huir. De hecho, considera que este "patrimonio oculto" del que habla el juez en sus últimos autos no es sino "una elucubración, una sospecha, una hipótesis del instructor carente de un auténtico fundamento" y que es utilizada como "fórmula estereotipada" para rechazar sus peticiones de excarcelación.

Su mujer y dos hijas
En este punto, Granados compara su situación con la de "múltiples personas que por hechos similares y mucho más importantes se pasean en estos momentos por las sedes de nuestro Juzgados y tribunales, según es público y conocido". Aunque no cita nombres concretos, parece referirse a Rodrigo Rato y otros relevantes implicados en casos de corrupción que no están en prisión provisional como él. Además, el político 'popular' destaca que tampoco se ha tenido en cuenta su arraigo más que demostrable que convierte en prácticamente imposible que intente fugarse si es puesto en libertad. De hecho, en el recurso recuerda que "es natural del pueblo [Valdemoro] donde vive con su mujer y dos hijas de poco más de 19 ó 20 años" y que éstas "están en necesidad evidente de tener a su padre en casa". También asegura que su madre "le visita cada fin de semana en la única salida que hace de su casa desde que el hijo entró en prisión".

El político esgrime su situación familiar para pedir a la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez Velasco de mantenerlo en prisión

A todo ello, añade que todos los miembros de su familia "subsisten" gracias al trabajo de su mujer, cuyo sueldo, sin embargo, no les permite hacer frente a los pagos de la hipoteca de la casa donde viven "con el riesgo que ello comporta". También recuerda que él ha perdido su puesto de trabajo en el banco Societé Genérale, donde era analista financiero, y que "la privación de libertad le impide buscar una oportunidad de empleo cuando su edad le incluye entre los más difíciles de colocar". Circunstancias todas ellas que el ex secretario general del PP madrileño quiere que la Audiencia Nacional tenga en cuenta ahora para anular la decisión del juez Velasco de mantenerlo en prisión.

El recurso de Granados también repite el argumento que esgrimió en su anterior escrito en el que pedía la libertad. En concreto, el supuesto incumplimiento de una directiva europea que obliga a la Justicia de los países de la UE a facilitar a los imputados información suficiente sobre la causa para garantizar "un efectivo ejercicio del derecho de defensa" y que, en su caso, considera que no se ha producido por la larga duración del secreto de sumario. Entonces sustentaba su petición en tres resoluciones judiciales recientes que ahora vuelve a citar. Dos son referidas a sendos directivos del banco chino ICBC arrestados por blanqueo de capitales, y la tercera de un presunto narcotraficante, en las que sí se aplicó dicha legislación y que supuso su inmediata puesta en libertad hace sólo unos meses.

Ocho años en un altillo

La versión aportada ahora por Francisco Granados sobre el origen de los 922.000 euros implica que dicho dinero, que supuestamente llegó e agosto de 2007 a España blanqueado mediante una operación urbanística 'pantalla', llevaba más de ocho años oculto en el maletín cuando la Guardia Civil lo encontró en noviembre de 2015 en el registro de la casa de los suegros del político. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario detalla que Granados llegó a acumular 1,67 millones de euros en su cuenta suiza cuando decidió repatriarlo ante el temor de que "pudiera ser descubierta por las autoridades españolas" en un momento en el que formaba parte del Ejecutivo regional de Aguirre. Para ello, transfirió todo ese dinero a la cuenta que Marjaliza tenía abierta en el banco UBS de Ginebra a nombre de la sociedad costarricense Droz & Co SA, Días después, el entonces dirigente del PP vendió al constructor cuatro parcelas en Valdemoro por 1,55 millones de euros, un valor muy superior al de mercado, en una operación que los investigadores califican de "ingeniosa" y que permitió a Granados "disponer en nuestro país de los fondos de origen injustificado que tenía depositados en Suiza con total impunidad y opacidad". De ser cierta la versión que el político da ahora, casi dos terceras partes de ese dinero ya blanqueado quedó escondido en el maletín hallado casa de los padres de su mujer.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Granados-reconoce-Ikea-encontrado-suegros_0_961404194.html

SEGÚN LA UCO, MARJALIZA Y OTROS EMPRESARIOS, FUNCIONABAN COMO LA GÜRTEL Y REGALABAN CESTAS, RELOJES, JAMONES…

Entre los implicados desde la mujer de Granados, a Tomás Gómez

La Guardia Civil informa de una lluvia de regalos de la Púnica para alcaldes del PP y del PSOE del sur de Madrid

A lo largo del mes de mayo y junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó dos informes de decenas de páginas al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en los que se recoge un interminable listado de regalos realizados por dos de los principales empresarios involucrados en la trama Púnica: David Marjaliza y Ramiro Cid. Entre los receptores de regalos figuran desde alcaldes de un buen número de localidades del sudeste y el sur de Madrid, a concejales de urbanismo y funcionarios.

Lo que ponen al descubierto estos listados son los modos de operar de estos empresarios, que habrían copiado las maneras que usaban también Francisco Correa y sus socios en la Gürtel: ganarse a través de un menudeo de regalos de muy diversa cuantía, las voluntades de quienes decidían los concursos públicos que abrían estos ayuntamientos.

En el informe de la actuación de David Marjaliza, la UCO especifica que los listados, bajo el epígrafe de Regalos de Navidad, se intervinieron en el despacho de Ana María Ramírez, secretaria del empresario, y que corresponden a los periodos navideños entre los años 2003 y 2007. A lo largo de nada menos que 125 páginas, los miembros de la UCO hacen un relato del tipo del nombre y cargo de cada uno de los beneficiados, así como del regalo que se les entregaba.

En el informe, aunque los implicados son casi por completo en la Comunidad de Madrid, también aparecen de otras Comunidades. Igualmente, aunque la inmensa mayoría de los receptores de regalos son alcaldes y concejales del PP, aparecen también algunos exalcaldes socialistas. como es el caso de Tomás Gómez, de Parla, o Jesús Dionisio, de Aranjuez.

Así, como se ve en la captura del informe que adjuntamos, se señala cómo a la alcaldesa en su momento, ahora senadora, Pilar Barreiro se le regaló un bolso en las navidades del año 2003. Y junto a los alcaldes populares de Arganda, Pedro Díez, de Torrejón, Miguel Ángel López, Arturo González Panero, el albondiguilla, de Boadilla, o José Manuel García de Valdemoro, aparece también el entonces alcalde socialista de Parla, Tomás Gómez, a todos los cuales se les envió una cesta y relojes o plumas.

Igualmente, como decimos, también en el listado de beneficiarios de los regalos de Marjaliza por navidades, aparecen concejales, especialmente de Urbanismo o de Hacienda, como es el caso del Primer Teniente de Alcalde de Getafe, Francisco José Hita, el de Urbanismo de Arganda, Miguel A. Pascual, o el de Urbanismo de Parla, Wilfredo Jurado.

Pero el listado cala hacia funcionarios, en varios casos, como muestra una de las capturas que adjuntamos, a los sargentos de las policías locales, entre los que se repartían cofres-DVD, cofres-vino o jamones.

El mismo modo de comportamiento se encontró en un registro que realizó la UCO en la sede social de las empresas Obras y Vías S.A. y Tuvalu Gestión, “vinculadas al empresario Ramiro Cid Sicluna” según consta en el informe de la Guardia Civil. En el caso de estos listados de regalos navideños figuran las mismas, o muy parecidas, personas en razón de sus cargos. La entrega de estos regalos, según el informe de la UCO, lo llevaba a cabo personalmente en su mayoría un empleado del empresario, llamado Emilio Esteban Muñoz.

Además de alcaldes, concejales y diversos funcionarios de los ayuntamientos, en el caso de Cid se incluyen también altos cargos de diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid, así como de miembros de la Asamblea, como se puede ver en la captura del informe que acompaña esta información.

http://www.elplural.com/2016/10/04/la-guardia-civil-informa-de-una-lluvia-de-regalos-de-la-punica-para-alcaldes-y-altos

DIMITE EL DIRECTOR DE INDUSTRIA DE CIFUENTES TRAS EL ESCÁNDALO POR SU AUTOADJUDICACIÓN

Contrató a su empresa desde una fundación de la Comunidad

El actual director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, adjudicó contratos por 192.024,79 euros a una empresa de la que es accionista, según un informe de Hacienda incluido en el sumario del caso Púnica.

Desde la Fundación de Energía
López Jimeno adjudicó contratos en beneficio de su empresa, Alba Ingenieros, entre los años 2000 y 2012, desde la Fundación de la Energía de Madrid, adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a la que también pertenece el alto cargo de Cifuentes.

Alba Ingenieros, de la que López Jiménez posee el 20%, recibió 35.675 euros en el año 2010, 59.250 euros en 2011 y 97.100 euros en 2012.

Implicada otra empleada de la Comunidad

En el informe de la Agencia Tributaria aparece el nombre de María del Pilar García Bermúdez, que posee el 40% de la propiedad de Alba Ingenieros, y que también es empleada de la Comunidad de Madrid.

La Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid está siendo investigada por la Audiencia Nacional por sus pagos realizados a la empresa Cofely, epicentro de la trama Púnica.

http://www.elplural.com/politica/2016/10/20/dimite-el-director-de-industria-de-cifuentes-tras-el-escandalo-por-su

LA UCO DESTAPA 'DE REBOTE' EN PÚNICA UN NUEVO PUFO EN LOS GOBIERNOS DE AGUIRRE

Un informe de la Guardia Civil destaca que el director general de Industria, Carlos López Jimeno, es socio de una empresa que facturó 161.000 euros a una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid. Su nombre ya se había visto salpicada en el supuesto amaño de la trama de un contrato en Alcalá de Henares.

La Guardia Civil buscaba pruebas de un nuevo amaño de la trama Púnica y ha encontrado en una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid supuestas irregularidades que no tienen nada que ver con la trama presuntamente encabezada por Francisco Granados. El reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las 'andanzas' de la red de corrupción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) incluye un apartado en el que se destaca que el director general de Industria, Energía y Minas del gobierno autónomo desde hace más de quince años, Carlos López Jimeno, era socio de la mercantil Alba Ingenieros Consultores SL, que entre 2010 y 2012, cuando Esperanza Aguirre encabezaba el Ejecutivo regional, facturó más de 161.270 euros (más IVA) a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) en la que el mismo ocupa el cargo de vicepresidente en representación del Gobierno autónomo.

El informe de la UCO destaca que López Jimeno es accionista de una empresa que facturó 161.000 euros a la fundación de la que es vicepresidente

El nombre de este alto cargo del Ejecutivo regional ya se había visto salpicado en mayo en el caso Púnica al localizar los agentes documentos que apuntaban que presuntamente había mediado para que la multinacional Cofely se hiciera precisamente con el contrato de eficiencia energética en dicho consistorio. Vozpópuli se puso este lunes en contacto con la Consejería de Industria para recabar la versión de López Jimeno, quien a través de un portavoz de este departamento reconoció haber tenido relación con dicha compañía hasta 2003, pero negó haber formado parte de su accionariado. No obstante, estas mismas fuentes señalaban que tras conocer por la llamada de este medio el contenido de dicho informe de la UCO la consejería iba a analizar si en los contratos ahora bajo sospecha "se habían producido prácticas no adecuadas".

El informe, fechado el pasado 13 de septiembre y al que ha tenido acceso este diario, insiste, precisamente, en la supuesta participación del director general de Industria en la adjudicación del contrato de Alcalá de Henares a Cofely y la relación de "amistad" del alto cargo del ejecutivo autonómico con uno de los directivos de la empresa de eficiencia energética imputados en la causa, Constantino Álvarez. De hecho, la UCO destaca un correo electrónico del 8 de noviembre de 2012 localizado en la cuenta de este último en el que se aseguraba que presuntamente tuvo que pedir "un favor" a Carlos López Jimeno que "buscaría ventilar las dificultades que en ese momento atravesaba la adjudicación a Cofely España SAU" de dicho concurso, valorado en más de 12 millones de euros.

"A juicio policial"

"A juicio policial -continúa el documento de la Guardia Civil-, Carlos López Jimeno les pudo ayudar a conseguir el contrato desbloqueando el proceso de adjudicación". En este sentido, los agentes destacaban el detalle de que en una nota manuscrita del propio Constantino Álvarez figuraba su nombre en una relación de personas como "una de las vías de ataque" en este municipio madrileño, además de la existencia de otros 'emails' en los que este mismo directivo de Cofely mostraba su malestar por el retraso de su compañía en realizar determinados pagos a la Fundación de la Energía, de la que la era socio colaborador. En uno de éstos, dirigido a empleados de su compañía, Constantino Álvarez recordaba que "el DG [director general] de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares, yo le pedí el favor”.

Integrantes de la trama Púnica aseguraban en sus 'emails' que el alto cargo de Industria les había ayudado "para conseguir el contrato de Alcalá de Henares"

A raíz de esos primeros indicios, el pasado 11 de noviembre el juez Eloy Velasco solicitó información bancaria y fiscal sobre los movimientos económicos de la Fundación con el objetivo de saber si en este proceso alguien pudo "beneficiarse de forma injustificada". También reclamó a la Agencia Tributaria toda la información relativa a las operaciones de dicho organismo con terceras personas y, sobre todo, las cantidades cobradas de Cofely. También pidió a la Asociación de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito información sobre las cuentas bancarias de la Fundación de la Energía y sus movimientos desde 2008 hasta la fecha. Poco después, los datos llegaban al Juzgado y con sorpresa.

Así, además de detallar que en los años 2011, 2013 y 2014 este organismo recibió de la multinacional de eficiencia energética un total de 43.260 euros, Hacienda destacaba que la Fundación de la Energía había pagado entre 2010 y 2012 a una empresa llamada Alba Ingenieros Consultores SL 161.270,11 euros por la realización de diversos folletos divulgativos. La información de la Agencia Tributaria resaltaba que en aquellos años figuraban supuestamente como socios de esta mercantil el propio Carlos López Jimeno y María Pilar García Bermúdez, administradora de la propia Fundación, con un 20 y un 40% del capital social respectivamente. Tras esos nuevos datos, la Guardia Civil se desplazó el pasado 23 de mayo a la sede que la Fundación tiene en el número 17 de la calle Menéndez Pidal, en Madrid. Los guardias civiles se presentaron con un requerimiento judicial para intervenir, precisamente, las facturas pagadas a Alba Ingenieros Consultores SL en el periodo 2010-2012, que coincide con los últimos tres años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

Quince facturas
Toda esa información ha sido incluida ahora por la UCO en su informe del pasado 13 de septiembre en el que se detalla, una por una, las quince facturas que Alba Ingenieros Consultores cargó a la Fundación en esos tres años en los que, según la Agencia Tributaria, López Jimeno supuestamente compaginó su condición de accionista y de alto cargo, figurando además como autorizado en las cuentas de la Fundación junto a la otra socia de la empresa ahora bajo sospecha. Así, dichas facturas revelas que esta sociedad realizó en 2010 una "guía de buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia energética en explotaciones mineras" y un "estudio diagnóstico" sobre el mismo tema por los que cobró un total de 30.233,08 euros.

La UCO acudió en mayo a la Fundación de la Energía a requisar las 15 facturas de la empresa vinculada al director general de Industria

Al año siguiente, la facturación creció hasta los 50.211,66 euros por seis trabajos. Desde una "publicación infantil sobre la eficiencia energética de los animales" hasta un "díptico sobre recomendaciones para ahorrar energía en los edificios públicos", pasando por un folleto divulgativo "sobre domótica", varias ilustraciones y un nuevo "estudio diagnóstico" sobre minería. Finalmente, en 2012 la Fundación para la Energía pagó a Alba Ingenieros Consultores SL un total de 80.825,37 euros por otros siete trabajos de similares características. Así, había una "publicación divulgativa sobre la energía de los residuos" y su "ilustración", otra sobre "movilidad y eficiencia energética" y uno más sobre "valorización energética de residuos sólidos urbanos", así como la redacción de los textos para una manual sobre "confort ambiental" y para ahorro energético en comunidades de propietarios.

Relación hasta 2003
Cuando se conoció la supuesta relación de López Jimeno en las irregularidades del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Consejería de Industria salió en su defensa y negó que su alto cargo hubiera realizado gestiones para que Cofely se hiciera con aquel millonario concurso. Entonces, también destacaban que ni Guardia Civil ni juez le habían atribuido ningún acto delictivo, algo que lo que insistían ayer a este diario. Lo que sí reconoció López Jimeno a Vozpópuli este lunes a través de un portavoz de la Consejería es que había tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, aunque negó que llegase a ser accionista. También aseguró que su puesto en la Fundación como vicepresidente en su condición de director general de Industria "no tiene funciones ejecutivas y por tanto no participa ni tiene responsabilidad en temas de contratación".

López Jimeno reconoce haber tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, pero niega haber sido accionista cuando ésta facturó a la Fundación

Pese a ello, el informe de la Guardia Civil le dedica a López Jimeno en las "conclusiones" de su último informe una página completa. La misma extensión que, por ejemplo, ocupa Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares y actual parlamentario regional del PP, uno de los principales protagonistas de la investigación de la Guardia Civil sobre un contrato de eficiencia de 12 millones de euros en el tercer mayor municipio de la Comunidad.

Seis altos cargos en la Fundación

La Fundación de la Energía fija en su página web como objetivo de su actividad "fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas". El fin es lograr "una mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos". Para ello, "realiza labores de difusión y concienciación mediante campañas informativas, edición de guías técnicas y organización de jornadas", incluido la elaboración de "cuadernos escolares". Es precisamente en todo este tipo de material divulgativo donde se centran ahora las pesquisas de la Guardia Civil.

Como patronos natos de la entidad figuran seis miembros de la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, aquellos que en cada momento ocupen los cargos de consejero, viceconsejero, los directores generales de Comercio, de Industria, Energía y Minas, y de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, así como el gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo. También están representados la Cámara Oficial de Comercio e Industria regional, la Confederación Empresarial de Madrid, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, y las empresas CEPSA, Endesa, Gas Natural, Fundación Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa. También aparecen como patronos "electivos" Red Eléctrica Española, CLH, Enagás, Madrileña Red de Gás y dos asociaciones sectoriales de empresarios, APIEM y ASEFOSAM.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-investigacion-Punica-Ejecutivos-Aguirre_0_959304563.html

LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE PIDE AL JUEZ DE ‘PÚNICA’ DATOS DE UNA ADJUDICACIÓN MILLONARIA DE LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

La OLAF reclama informes sobre un contrato de publicidad de 4,6 millones otorgado en 2014 por el Canal de Isabel II para decidir si abre investigaciones en defensa de los intereses de la Unión

La Guardia Civil ya interrogó a varios testigos sobre si habían recibido instrucciones o presiones para que subcontrataran a las empresas de Alejandro de Pedro

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pidió en junio a través de su enlace en el Gobierno español datos sobre un contrato millonario investigado en la Operación Púnica. Se trata de un contrato de publicidad que adjudicó por 4,6 millones más IVA la empresa pública Canal de Isabel II en enero de 2014, durante la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. Así consta en documentos incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso infoLibre.

Relativo a la gestión de compra de medios -un servicio mayorista para la colocación de paquetes de publicidad del mismo anunciante en medios de comunicación- y al diseño de campañas, el contrato fue adjudicado a uno de los grandes del sector: Arena Media Communications España SA, del grupo Havas. La adjudicación se produjo el 29 de enero de 2014 tras un concurso abierto.

El papel del Canal de Isabel II en los manejos de la trama Púnica ya viene siendo investigado desde el inicio de la operación. En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, ya dictó un auto en el que afirmaba que la empresa madrileña de aguas había sido uno de los vehículos utilizados por el exconsejero madrileño de Presidencia, el hoy imputado Salvador Victoria, para ordenar pagos fraudulentos a las empresas de Alejandro de Pedro. Experto en reputación online, a Alejandro de Pedro le consideran los investigadores ¡uno de los grandes conseguidores de la trama. Su hermano Adrián ya declaró en octubre de 2014 que la Comunidad de Madrid estaba abonando a las empresas Eico y Madiva, mascarón de proa empresarial de De Pedro, "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II.

Sobre el contrato de Arena Media giraron hace ya más de un año, en mayo de 2015, varios interrogatorios efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a directivos de Arena Media en calidad de testigos. Tres preguntas repetidas a lo largo de los interrogatorios a los testigos de Arena Media delatan qué buscaban y buscan los investigadores. La primera de esas preguntas fue la de si alguien había presionado a Arena Media o le había dado instrucciones para que subcontratara a Alejandro de Pedro, cuyo papel ha ido creciendo a ojos de los investigadores a medida que han avanzado las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP. Esa parte de caso continúa bajo secreto de sumario.

La segunda pregunta de relieve versaba sobre si Salvador Victoria, que en 2014 ostentaba dos cargos heredados de Ignacio González -no solo era consejero de Presidencia en Madrid sino que también presidía el Canal de Isabel II-, intervino de algún modo en la adjudicación de aquel contrato. Y la tercera, si los superiores jerárquicos del testigo en cuestión o alguien del Canal de Isabel II le habían sugerido alguna vez que realizase "facturación ficticia" o pagos por trabajos que no se correspondían con los derivados del contrato. Ninguno de los testigos aportó ninguna respuesta comprometedora para el Canal de Isabel II o para Alejandro de Pedro.

"Posiblemente" cofinanciado por Europa

La OLAF, a la que la Guardia Civil respondió el 15 de julio para comunicarle que el análisis sobre ese contrato aun no había finalizado, reclama los informes para determinar, a la vista de su contenido, si debe abrir una investigación propia. Y ello porque, según el escrito por el que solicita los datos, aquel contrato fue "posiblemente" cofinanciado con fondos europeos.

"La investigación a día de hoy no se ha concluido -se lee en el oficio que la Guardia Civil envió el 15 de julio al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que lo hiciera llegar a la OLAF- a fecha de hoy no se ha concluido, quedando por aportar el análisis y conclusiones del mismo ante el Juzgado competente de la Audiencia Nacional".

Transmitido al citado juez por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda, el escrito de la OLAF había trazado semanas antes un relato detallado del porqué del interés de la Oficina Antifraude: "La OLAF -dice el texto- está procediendo al análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea".

"El fundamento de la intervención de la OLAF en este caso -prosigue el escrito- es la posible cofinanciación, con fondos procedentes de la Unión Europea, del mencionado contrato público o de otros contratos adjudicados por la empresa en cuestión que estén siendo objeto de investigación".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/29/la_oficina_antifraude_pide_datos_contrato_millonario_etapa_ignacio_gonzalez_que_investiga_juez_punica_55455_1012.html

LOS FUNCIONARIOS CERCAN AL DIPUTADO MADRILEÑO DEL PP BARTOLOMÉ GONZÁLEZ

El jefe de contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares relata a la Guardia Civil que de forma "inusual" fue excluido de la preparación del contrato a Cofely que supuestamente supuso una mordida de 60.000 euros para el hoy diputado del PP de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid

Otra funcionaria desvela que un cargo de confianza de Bartolomé González fue el responsable de la redacción y preparación del contrato, que fue amañado para la Púnica según los investigadores

El jefe de contratación de Alcalá de Henares, Héctor Benito Bárez, afirma en su declaración como testigo en el caso Púnica que en 2011 el equipo del entonces alcalde y hoy diputado de Cifuentes, Bartolomé González, lo excluyó de forma sorprendente del procedimiento de adjudicación del polémico contrato de eficiencia energética a Cofely por 12 millones de euros, que supuestamente supuso una mordida de 60.000 para el propio alcalde.

El jefe de contratación dice a la Guardia Civil en una declaración a la que ha accedido la Cadena SER que, "a diferencia de otros expedientes, no elaboró los pliegos económicos administrativos, ni el informe jurídico, ni participó en la preparación del contrato". Que incluso "desconocía" su existencia y se enteró cuando fue aprobado por la junta de Gobierno local que presidía Bartolomé González.

Y era el jefe de contratación. Preguntado por la Guardia Civil por qué cree que fue excluido del contrato supuestamente amañado, contesta que porque en la tramitación se cometieron irregularidades que no hubiera aceptado. De hecho, los pliegos fueron redactados por la empresa adjudicataria Cofely, y quien estuvo al frente de todo el proceso fue Fernando García Rubio, asesor jurídico nombrado por el hoy diputado Bartolomé González y cargo de confianza de éste.

Otro testigo, la directora de Área de Alcalá, Marta Isabel Mejías, corrobora el testimonio del jefe de contratación: que el asesor jurídico de confianza de González llevase el procedimiento de adjudicación "no era habitual sino algo excepcional", admite.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/19/tribunales/1476879049_577373.html

LA UCO CONFIRMA QUE 'BARTOLO', MANO DERECHA DE AGUIRRE, COBRÓ UNA MORDIDA DE 60.000 EUROS DE PÚNICA

Un informe de la Guardia Civil revela el modus operandi de los miembros de la trama Púnica para pagar a Bartolomé González a cambio de que el Ayuntamiento de Alcalá les asignase un contrato de eficiencia energética.

La Guardia Civil ha entregado al juez Eloy Velasco un informe de conclusiones del que se extrae el modus operandi de los miembros de la trama Púnica para pagar a Bartolomé González, ex alcalde y actual diputado del PP de la Asamblea de Madrid a cambio de que el Ayuntamiento les asignase un contrato de eficiencia energética. "Pedro García habría acordado el pago de 60.000 euros con el ex alcalde en el Ayuntamiento, Bartolomé González (...). Quedaría evidenciado cómo desde Cofely pudieron usar la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña, S.L., instrumentalmente, con el único fin de generar una factura falsa por importe de 60.000 euros para la ejecución de unas obras (...) inexistentes (...) en las instalaciones municipales de Alcalá de Henares", dice el texto al que ha tenido acceso el diario El Mundo.

La UCO considera que los involucrados en este asunto -entre los que también hay ex concejales, asesores jurídicos del Consistorio y un ex director general de Industria-, pueden haber incurrido en delitos contenidos en el título XIX del Código Penal que es el que corresponde al cohecho y a la prevaricación. El informe describe el funcionamiento de una máquina engrasada para manipular concursos y comprar voluntades. Un presunto caso de corrupción que se produce cuando Cofely, la empresa que asesoraba David Marjaliza, el cerebro de la trama Púnica por la que también está en prisión el ex dirigente popular Francisco Granados, aspira a ser contratada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El informe de la Guardia Civil describe el funcionamiento de una máquina engrasada para manipular concursos y comprar voluntades

Según publica el citado diario, el primer paso fue el acceso al alcalde por parte del ya citado Pedro García, director de Mercado Público en Cofely. En uno de los correos electrónicos entre dos de los investigados se puede leer: "Hablado con el jefe (supuestamente el entonces alcalde). Si la oferta está bien planteada, no hay de qué preocuparse... Está clara la preferencia y las instrucciones están dadas". Y en otro de los mensajes : "Hemos estado con el alcalde Bartolomé en varias ocasiones, contamos con colaboradores externos... ya tenemos los pliegos muy avanzados...contamos con todas las bendiciones para ganar".

Una vez ganada la voluntad del alcalde, el informe describe cómo García se reúne con Fernando García Rubio, el asesor jurídico del Ayuntamiento que tenía que elaborar el pliego de condiciones y colabora con éste "en la inclusión de unos criterios de adjudicación que aportaron al proceso un alto nivel de arbitrariedad y discrecionalidad... en beneficio de la mercantil Cofely". La UCO sostiene que, este asesor, a su vez, recibió, presuntamente, más de 40.000 euros por dos colaboraciones de dos de sus empresas con Cofely.

La oferta de Cofely
El gerente del Instituto de Planificación, David Larranzábal, por su parte, elaboró un pliego técnico oficial "prácticamente coincidente" con el que Cofely le había remitido. Cuando el órgano de contratación desestimó la oferta de Cofely, Marcelo Isoldi, el concejal de Proyectos, impulsó que se realizara un informe externo que aconsejara su puesta en marcha. Elena Santana, directora del Área del régimen Jurídico, propuso tres empresas estrechamente relacionadas con Cofely para que elaboraran dicho informe. Y hasta Carlos López Jimeno, el director general de Industria de la Comunidad de Madrid, intervino para desbloquear el contrato. Uno de los dirigentes de Cofely, Constantino Álvarez, asegurará: "El DG de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares. Yo se lo pedí".

Los investigadores sostienen que Construcciones y Reformas de la Peña es una empresa que Marjaliza "utilizaba" para "la emisión de facturas falsas o con precios incrementados artificialmente". En el caso de Alcalá, fue emitida una factura "para la realización de diversas obras en instalaciones municipales por importe de 60.000 euros sin IVA". Pero añaden: "En la copia del libro de empresas subcontratadas por Cofely aportado por dicha empresa al Ayuntamiento, no figura en la relación de subcontratadas y los conceptos recogidos en el presupuesto no se corresponden con los trabajos que realmente fueron realizados".

http://vozpopuli.com/actualidad/90579-la-uco-confirma-que-bartolo-mano-derecha-de-aguirre-cobro-una-mordida-de-60-000-euros-de-punica

LA AUDIENCIA NACIONAL AVANZA EN UNA NUEVA VÍA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP A TRAVÉS DE LA TRAMA PÚNICA

Los investigadores sospechan que el partido en Madrid recibió mordidas de Arturo Fernández a cambio de la adjudicación de un restaurante en la Asamblea de Madrid

El juez Velasco sigue el hilo de una libreta de Granados donde consta que recibió 1,4 millones de euros para el PP madrileño

Púnica se convierte en otro de los casos de corrupción que deriva en una posible financiación ilegal del PP

Dentro del macrosumario de Púnica, un entramado de corrupción que ha sumado más de 250 millones de euros en contratos con distintas administraciones, muchos de ellos amañados a través de sobornos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado un hilo del que ha tirado para investigar otro presunto caso de financiación ilegal del PP. Aunque esta rama del caso, la pieza 14 del sumario Púnica, continúa secreta, fuentes de la investigación confirman que las pesquisas apuntan al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y a los sucesivos contratos que le permitieron explotar el restaurante de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2013 a cambio de más de un millón de euros para su sociedad hostelera, Grupo Cantoblanco.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado este martes en la Cámara Regional para pedir los contratos. El consejero de Presidencia del Gobierno de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, se ha limitado a decir que los expedientes bajo sospecha rematan en 2013, precisamente el último ejercicio en que el Grupo Cantoblanco explotó el restaurante de la Asamblea, antes de renunciar a la concesión por sus dificultades económicas que derivaron en la quiebra del grupo.

El juez Velasco trata de saber si los contratos de la Asamblea de Madrid fueron amañados y si el PP regional, con mayoría en el Parlamento regional entre 2007 y 2013 recibió mordidas a cambio. El ovillo del que tiran los investigadores es una libreta incautada al cabecilla de la red, Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid y en el PP regional, con apuntes que recogen pagos por 1,4 millones de euros al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez. La misma agenda lleva a los investigadores a pensar que otra parte del dinero, 690.000 euros, no llegó nunca a las arcas del partido porque se las repartieron el propio Granados y el alto cargo de OHL, Javier López Madrid.

Velasco ya apuntó hacia otro posible caso de financiación ilegal del PP cuando acordó el registro de la sede del partido en Madrid. El pasado junio en uno de sus autos, el juez adelantó que en la "ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital" que tiene en su poder hay "potentes indicios y datos objetivos" de que Granados recibió fondos para el Partido Popular.

La Guardia Civil busca también bucea en los contratos de la Cámara de Cuentas, el Registro de Fundaciones de la Comunidad, la Consejería de Economía y un protectorado de fundaciones de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas de servicios en busca de contratos amañados a cambio de dinero negro. La tesis de los investigadores es que era Granados el que se encargaba de recaudar las mordidas.

La causa que instruye el juez Velasco es la última operación contra la corrupción en que ha llevado a los investigadores a bucear en la supuesta financiación ilegal del PP. Púnica se suma así a Gürtel, al llamado Caja B y a la operación Taula en Valencia que acaba de motivar la imputación de la exalcaldesa Rita Barberá y que hizo dimitir a la mayoría de su grupo de concejales, acusados de blanqueo. Un juez de Ourense indaga además sobre la confesión de un antiguo gerente del partido a sueldo de José Luis Baltar, quien también denunció la financiación irregular del partido. Y otro de La Rioja determinó que la sede del partido allí se pagó con dinero negro.

http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-financiacion-PP-Punica_0_563444416.html

LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN LA ASAMBLEA DE MADRID EN BUSCA DE CONTRATOS DE LA ‘PÚNICA’

Los agentes de la UCO portaban un mandamiento judicial del instructor de la 'trama Púnica', el juez Eloy Velasco

El consejero de Justicia afirma que la documentación solicitada es de hasta el año 2013

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron durante la mañana de este martes en la Asamblea de Madrid para pedir acceso a expedientes de contratación de la Cámara, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los agentes llegaron a la Asamblea sobre las 10.00 horas con un mandamiento judicial del Juzgado Central de Instrucción 6, que dirige el instructor de la trama Púnica, el juez Eloy Velasco, en el que se establece el "secreto de las actuaciones".

Al parecer, los agentes podrían seguir en las instalaciones del parlamento madrileño revisando la documentación.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, afirmó este martes que los contratos que ha pedido la UCO se corresponden con expedientes hasta el año 2013.

Garrido afirmó que el único dato con el que cuenta es que se trata de expedientes que se corresponden hasta 2013 y destacó la "máxima colaboración" con la acción de la justicia en este y cualquier otro tema que corresponda con el Ejecutivo autonómico o la Asamblea.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/27/la_guardia_civil_persona_asamblea_madrid_para_pedir_expedientes_contratacion_55366_1012.html

LA GUARDIA CIVIL ASEGURA QUE LUCÍA FIGAR PAGÓ CON DINERO PÚBLICO PARA MEJORAR SU REPUTACIÓN EN INTERNET

El objetivo era contrarrestar las informaciones desfavorables sobre la exconsejera y dar visibilidad a aquellas que le favorecían

Según el informe de la UCO, la facturación de dichos servicios se realizaba a través de seis empresas y mediante "el recurso permanente de contratación menor"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, requirió entre los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.

Así lo dice en un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, SL para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Editorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones "desfavorables" a Figar y, por el contrario, dar visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen. La empresa realizaba informes mensuales que eran entregados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.

El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar "no era ajena" al contenido de estos informes, ya que se encontraron correos electrónicos en los que De Pedro "ponía al corriente" de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos. Además, dice que se puede "afirmar" que la exconsejera era consciente de la contratación de los servicios de Eico porque estaba al corriente de la implicación de altos cargos y funcionarios de la consejería madrileña y por "la prolongación en el tiempo" de este acuerdo.

"Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política", subraya la UCO. La facturación de dichos servicios se realizaba mediante "el recurso permanente de contratación menor", indica, además de seis empresas distintas para facturar estos trabajos.

Usuarios falsos contra la oposición política

Según precisa el informe de la UCO, los empleados de las empresas de De Pedro utilizaban usuarios falsos en las redes sociales como "arma de ataque contra la oposición política y social", lanzando mensajes contrarios a estos.

Por todo ello, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias. Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, "habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada" de los servicios de De Pedro, "era sabedora del cariz" de los mismos y "habría beneficiado" al empresario con otros contratos públicos.

Asimismo, incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conformó el pasado lunes la pieza de la trama Púnica, denominada Pieza 2 León, relacionada con la Diputación de León en la que acusa a De Pedro y a Alonso Conesa de un delito de fraude por hacer una "concertación privilegiada" en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (León).

También les investiga por los delitos de cohecho y de aprovechamiento de información reservada por realizar trabajos de reputación y asesoramiento al expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos, y por el delito de malversación de caudales públicos por ser cooperadores necesarios en la distracción de dinero de la institución para realizar las labores encomendadas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/22/la_uco_asegura_que_lucia_figar_pago_con_dinero_publico_pedro_para_mejorar_reputacion_55144_1012.html

LA GUARDIA CIVIL INVOLUCRA EN LA PÚNICA AL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE MÉNDEZ DE VIGO

Manuel Pérez será investigado por fraude, malversación y tráfico de influencias en su época de consejero de Educación con la ya imputada Lucía Figar

Este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha atribuido a Lucía Figar, quien fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Parece que la sombra de Fígar es alargada, pues horas después los investigadores han vincula al director de Comunicación del Ministerio de Educación, Pablo Balbín Seco, con el caso Púnica y le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias cuando era jefe de prensa de Figar.

En un informe enviado por la UCO al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, se reiteran las sospechas sobre Figar y sobre el exviceconsejero de Educación Manuel Pérez, quien la sustituyó tras su dimisión por este caso en junio de 2015.

Para la UCO, "queda patente" que en la Consejería que dirigía Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería", que realizó la empresa EICO, vinculada a la trama Púnica de Francisco Granados.

La Guardia Civil llega a estas conclusiones en el citado informe sobre "supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid relacionadas con Alejandro de Pedro", considerado "conseguidor" de contratos para la red Púnica.

En sus conclusiones finales, la UCO cree que los informes mensuales de reputación online que hacía EICO para Figar y que se pagaban con dinero público "eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín", y además afirma que de diversos correos electrónicos se deduce que Figar "no era ajena al contenido de los informes".

http://www.elplural.com/2016/09/22/la-guardia-civil-involucra-en-la-punica-al-director-de-comunicacion-de-mendez-de-vigo

LA UCO ASEGURA QUE FIGAR 'MINTIÓ' CUATRO VECES AL JUEZ EN SUS DECLARACIONES COMO IMPUTADA

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla todas las "contradicciones" entre "los hallazgos de la investigación" y los testimonios verbales y por escrito que la política ha prestado en la Audiencia Nacional,

Una, dos, tres... y cuatro. Es el número de veces que presuntamente ha 'mentido' la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Lucía Figar, al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en la investigación sobre su relación con la trama Púnica. Así lo asegura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario que dedica parte del mismo a destacar las que califica de "contradicciones" de la política "con los hallazgos de la presente investigación". Tres de esas supuestas falsedades se produjeron cuando compareció como imputada en la Audiencia Nacional a finales de junio de 2015. La cuarta, en un escrito que entregó posteriormente en el Juzgado para intentar explicar el contenido de un sobre que el experto en reputación 'on line' de la trama, Alejandro de Pedro, dejó a su nombre en la sede de su consejería días antes de que la Guardia Civil detuviera éste el 27 de octubre de 2014.

Tres de las "contradicciones" se produjeron en la declaración de Figar ante el juez Velasco. La cuarta, en un escrito que presentó en la Audiencia Nacional posteriormente

La primera de esas supuestas 'mentiras' a las que hace referencia el informe de la Guardia Civil es la mención que hace Figar a Isabel Díaz Ayuso, a la que la política se refirió simplemente como una persona que "trabajaba autónomamente con una serie de voluntarios las redes sociales del Partido Popular" y que, según añadió, no le constaba que hubiera contratado "nunca" para el experto en reputación 'online'. Sin embargo, los investigadores aseguran que esta afirmación se contradice con "diversos correos electrónicos que revelan que entre Isabel Díaz Ayuso y Alejandro de Pedro existieron comunicaciones e intercambio de información sobre trabajos para distintos candidatos del partido en el año 2011". Mensajes que la Guardia Civil localizó entre la documentación que requisó en la sede de los 'populares' en la calle Génova cuando acudió a la misma en julio de 2015.

No son los únicos 'emails' que dejan en mal lugar las afirmaciones de Lucía Figar sobre dicha colaboradora. El documento policial también resalta que se hallaron "varios" más enviados por esta última a la política y a Alejandro de Pedro en los que "tratan sobre la estrategia de comunicación de altos cargos de la Comunidad de Madrid". Uno de ellos, de 3 de febrero de 2011, trata de aspectos concretos de la campaña electoral de aquel año. El mismo concluye con una frase que, según se encarga de destacar la UCO, es muy significativa de la estrecha relación real existente entre ambas mujeres y el experto informático: "Cuenta conmigo para hacer una presentación de lujo, un besazo y gracias por tu apoyo. Y besos también a Alejandro, que va en copia", se puede leer.

La segunda falsedad

El segundo "aspecto de la declaración" de Lucía Figar que la Guardia Civil considera que "no se ajusta a lo que se deduce de las evidencias obtenidas de la investigación" es la insistencia de la ex consejera de Educación de calificar su relación con De Pedro como "profesional y limitada". "Los mensajes que se han hallado -se lee textualmente en el documento policial- revelan por el contrario una relación amistosa y frecuente, que va más allá de una relación formal entre un alto cargo público y un contratista de la Administración". Una afirmación que los investigadores respaldan con el contenido de correos electrónicos y 'wasap' intervenidos.

Lucía Figar calificó su relación con el cabecilla de la trama Alejandro de Pedro como "profesional y limitada". La Guardia Civil la tilda de "amistosa y frecuente"

Uno de ellos, es un 'email' del 25 de septiembre de 2013 en él "se puede observar la vinculación existente" entre ambos imputados por los supuestos pufos en la Consejería de Educación. En el mismo, el experto en reputación 'online' le aseguraba: "No sabes la alegría que me diste contestándome por whatssap, al menos sé que estás bien". Inmediatamente después le pedía "un pequeño favor" para encontrar trabajo a una amiga en paro que se dedicaba a la "docencia". "Si te enteras de algo, me harías un gran favor. Que te hecho de menos. Cuídate, un beso", se despide el presunto cabecilla de la trama.

El documento policial señala a continuación que éste es un ejemplo de que "lejos de lo que afirma la consejera, sus comunicaciones son directas y cercanas en el trato". Otra muestra de ello son los mensajes de 'wasap' localizados en el teléfono móvil intervenido a Alejandro de Pedro y en los que éste le aseguraba que "espero que estés bien y que sepas que cuando quieras estoy a tu disposición para vernos. Cuídate". La respuesta de Figar mantiene ese tono de confianza: "Jajaja. No sabes el cariño que te tengo Alex pero en este trabajo vas a mil por hora y quedas mal con todo el mundo. Comemos next week?".

La tercera "contradicción"

La tercera ocasión en la que Figar incurrió presuntamente en una "contradicción" al declarar ante el juez fue al afirmar que ella "nunca estuvo en los detalles de la contratación" de las empresas de Alejandro de Pedro, ya que recalcó que de ello se encargó su gabinete de prensa. Sin embargo, los agentes destacas "varias llamadas telefónicas" intervenidas al experto en reputación 'online' en las que éste describe a sus interlocutores sus reuniones con la consejera "en las que habría expuesto los avances de los contratos que le habían sido adjudicados [...] o en los que se abordaron aspectos relacionado con contratos públicos próximos a salir".

La consejera desvió hacia sus subordinados la responsabilidad de los contratos de reputación 'online', pero varias llamadas intervenidas inciden que ella estaba al tanto

Una de esas llamadas es la que recibió el 21 de octubre de 2014, seis días antes de su detención, Alejandro de Pedro de una mujer llamada Esther y que parece trabajar con Salvador Victoria, anterior 'número 2' del Gobierno de Ignacio González y también imputado en el 'caso Púnica. En el transcurso de la misma, el presunto cabecilla de la trama le comenta que "está con un marrón que te cagas con Lucía". En una segunda comunicación de ese mismo día, el experto en reputación 'online' le comenta a su socio y ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que "con el tema de Lucía [Figar] van a hacer dos contratos de 200 [mil] cada uno este año a través de concurso, que van a sacarlo ya para no perder el dinero".

Y la cuarta 'mentira'

La cuarta 'mentira' se encuentra en un escrito presentado por su defensa ante el juez Velasco para intentar justificar un intercambio de mensajes SMS entre la política y Alejandro de Pedro en octubre de 2014 en la que éste le comunicaba que había dejado "las notas en recepción", se suponía que de la sede de la Consejería, y ella le respondía media hora después con un "las tengo". La Guardia Civil sospecha que dicho sobre contenía lo que los implicados califican de "variables" para que la Consejería de Educación redactase el pliego de licitación de uno de los contratos de 200.000 euros que presuntamente le habían prometido a De Pedro para que éste se lo adjudicara.

De Pedro dejó en la Consejería un sobre días antes de ser detenido. Figar asegura que sólo contenía logos de un proyecto. La UCO cree que documentos para amañar un contrato

En el escrito posterior a su declaración, la política admitía "la recepción" en la secretaría de su Consejería de "un sobre" que no se registro "al no ser un documento administrativo", pero rechazó de plano que en su interior hubiera algo referido "ni por lo más remoto, a concurso alguno". De hecho, aseguraba que su contenido era "una serie de logos que incluía diversas alternativas" para el proyecto 'Study in Madrid' "así como el desarrollo gráfico de tal idea". Como prueba documental, la consejera incorporaba "tales notas gráficas [...] a las que se refería el mensaje SMS del señor De Pedro".

Una coartada que la UCO considera falsa ya que casi un mes antes de que el presunto cabecilla de la trama dejase aquel sobre comprometedor en la Consejería, la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, dependiente de Educación y encargada de aquel proyecto, "ya tenía en poder los logos", según cree la Guardia Civil que queda demostrado por varios correos electrónicos intervenidos al propia experto en reputación '¡online'. Otros 'emails' también apuntan en el mismo sentido. Entre ellos, uno enviado por De Pedro a la propia Figar en julio de 2014, en el que se podía leer "aquí tienes todas las propuestas de diseño que hablamos el otro día". En otro del 29 de septiembre, es decir, casi un mes antes de que llegase el misterioso sobre a manos de la consejera, De Pedro remitía a un colaborador de la consejera un 'email' con varios documentos adjuntos con diseños para el logo. En su informe, los agentes comparan éstos con los que Figar incorporó a su escrito de defensa y concluyen que son "idénticos".

http://vozpopuli.com/actualidad/90268-la-uco-asegura-que-figar-mintio-cuatro-veces-al-juez-en-sus-declaraciones-como-imputada

GRANADOS COMPARA SU CASO CON LOS DE UN NARCO Y DOS BLANQUEADORES PARA PEDIR DE NUEVO SU LIBERTAD

El ex secretario general del PP remite al juez Velasco un escrito para reclamar su excarcelación por la supuesta vulneración de una directiva europea. Respalda su escrito con tres resoluciones de tribunales en el que se dio la razón por idéntico motivo a dos directivos del banco chino ICBC detenidos por supuesto 'lavado' de fondos y un arrestado por un alijo de 60 kilos de cocaína.

Enésima petición de excarcelación, pero con argumentos diferentes. El ex secretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha presentado en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para solicitar su puesta en libertad condicional cuando falta sólo un mes para que se cumplan dos años de su detención. No es la primera vez que lo hace, pero sí en la que esgrime alegaciones distintas a las habituales sobre la inexistencia de riesgo de fuga o la imposibilidad de reiteración delictiva. En esta ocasión el que fuera número 3 del Ejecutivo de Esperanza Aguirre reclama su excarcelación por el supuesto incumplimiento de una directiva europea que obliga a la Justicia de los países de la UE a facilitar información suficiente sobre la causa para garantizar "un efectivo ejercicio del derecho de defensa" que, en su caso, considera que no se ha producido por la larga duración del secreto de sumario. El documento viene acompañado de tres resoluciones judiciales recientes, dos referidas a sendos directivos del banco chino ICBC arrestados por blanqueo de capitales, y la tercera de un presunto narcotraficante, en las que sí se aplicó dicha legislación y que supuso su inmediata puesta en libertad hace sólo unos meses.

Granados asegura que el secreto de sumario, que aún se mantiene en una de las piezas, le ha provocado una "grave indefensión" al impedir acceder a todas las pruebas contra él

El escrito, de nueve folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recalca que el político viene pidiendo su puesta en libertad prácticamente desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014, ya que, asegura su abogado, desde entonces no se han concretado en ningún momento las acusaciones que sirvieron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para enviarle a prisión. De hecho, sigue negando acusaciones concretas como que la mansión que uno de los constructores imputados, Ramiro Cid, estaba construyendo en Valdemoro fuera realmente para él, que hubiera cometido "tráfico de influencias [...] por razón de los cargos públicos desempeñados" o un delito tributario por la apertura de una cuenta en Suiza en el año 2000. Asegura que las acusaciones que aparecían en el auto que le envió a la cárcel no se han probado a lo largo de la investigación y, de hecho, se han 'desvanecido' porque no se se han concretado en personas o "contratos irregularmente adjudicados".

Lo que su abogado asegura que sí ha cambiado en estos casi dos años es la legislación aplicable, entre otros motivos por la transposición a la española en 2015 de una directiva europea de mayo de 2012 que obliga a las Justicias de los países de la UE a permitir a las encausados el acceso "a la totalidad de las pruebas materiales, como por ejemplo, fotografías, grabaciones de sonido o de vídeo, en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dichas personas con la debida antelación para un ejercicio efectivo de los derechos de defensa". En su escrito, Granados recalca que esto no se ha dado por la larga duración del secreto de sumario, una medida que aún se mantiene en "alguna pieza separada" en referencia a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño, y que él considera que debe ser de "aplicación excepcional". Esta circunstancia se traduce, en su opinión, en una "grave indefensión" ya que hasta ahora no se le ha permitido "ejercer correctamente el derecho de defensa" y, como consecuencia, "la imposibilidad de entender y combatir la privación de libertad".

"El Juzgado ha vulnerado la regulación vigente"

De hecho, recalca que las excepciones que la propia directiva europea marca al acceso a dicha información -que la misma supusiera una amenaza grave para la vida o fuera necesario para defender un interés público importante- no se dan en su caso. Por ello, el escrito concluye que se debe reconocer que se ha impedido a Granados su derecho al "acceso a la totalidad de las pruebas materiales que obran en las actuaciones" con la consiguiente puesta en libertad ya que "el Juzgado ha vulnerado la regulación vigente" y está "conculcando el derecho a la libertad prescrito en el artículo 17 de la Constitución Española". No obstante, su abogado admite que la excarcelación pueda ser acompañada de otras medidas cautelares, "como la fijación de fianza, la retirada del pasaporte o presentación" periódicas en el juzgado.

En abril, la Audiencia Provincial de Madrid exscarceló a dos directivos del banco chino ICBC en aplicación de dicha directiva europea. En junio, la de Barcelona hizo lo mismo con un 'narco'

Para respaldar su petición, el político acompaña su escrito de tres resoluciones dictadas recientemente por las Audiencia Provinciales de Madrid y Barcelona. Dos de ellas se refieren a Wei Liu y Liu Wang, directivos del banco chino ICBC detenidos por la Guardia Civil en febrero dentro de la 'Operación Shadow' por un presunto delito de blanqueo de capitales, y a los que un tribunal ordenó poner en libertad precisamente porque el secreto de las actuaciones les había generado una "indefensión" al impedirles "articular" la impugnación de la orden prisión "con una información suficiente". El tercer caso es el de un presunto narcotraficante detenido en enero de 2015 en Barcelona después de que la Policía interviniera en un contenedor del puerto de la capital catalán un cargamento con 60 kilos de cocaína. El pasado 28 de junio, la Audiencia Provincial ordenó también su puesta en libertad en aplicación de la directiva europea que ahora alega Granados para salir de prisión tras dos años entre rejas.

Hasta dos años más

El escrito de la defensa de Francisco Granados en el que solicita de nuevo su libertad se produce a escasos días de una cita clave para su futuro judicial. El próximo 5 de octubre, a las diez de la mañana, el magistrado del 'caso Púnica' decidirá si prorroga hasta dos años más la situación de prisión provisional en la que el ex dirigente del PP madrileño está desde que fue arrestado el 27 de octubre de 2014 o accede a dejarle en libertad, como el político viene reclamando. Hasta ahora la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en cuatro ocasiones su excarcelación por riesgo de fuga con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez Velasco, recogida en una providencia adelantada por Vozpópuli el pasado 6 de septiembre, se produce en aplicación de los artículos 505 y 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son los que determinan los tiempos máximos de prisión provisional y los mecanismos y plazos de su prórroga. Para la primera, la ley fija un máximo de 2 años de cárcel en los casos, como ocurre con Granados, que el delito del que se le acusa tuviera una pena superior a los tres años de prisión. La ley también recoge que, cumplido ese plazo, algo que en el caso de Granados ocurrirá a finales de octubre, el magistrado instructor puede acordar "una sóla prórroga de hasta dos años" si persisten el riesgo de fuga, de destrucción de prueba o de reiteración delictiva que determinaron su encarcelamiento.

http://vozpopuli.com/actualidad/90137-granados-compara-su-caso-con-los-de-un-narco-y-dos-blanqueadores-para-pedir-de-nuevo-su-libertad

PÚNICA ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA Y A UNA SENADORA DEL PP: IMPUTADOS TRES DE SUS COLABORADORES

El juez Velasco cita como investigados para el próximo 4 de octubre a cinco personas relacionadas con las andanzas de la trama en la Región de Murcia. Entre ellos, hay un asesor de Pedro Antonio Sánchez cuando este era consejero de Educación, y dos personas cercanas a la que fuera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, hoy en la Cámara Alta. También figura el ex alcalde 'popular' de Molina de Segura y una persona de su equipo. A los cinco los acusa de "sufragar con dinero público" trabajos de reputación 'online' para los tres cargos públicos.

El cerco judicial sobre el presidente de Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, se estrecha. Y con él, sobre su correligionaria y exalcaldesa de Cartagena, la hoy senadora Pilar Barreiro, y sobre el anterior alcalde Molina de Segura, Eduardo Contreras. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que cita a declarar en calidad de investigados (la figura que ha sustituido a la de imputado) a cinco personas ligadas a administraciones públicas de esta región y que tuvieron tratos con el experto informático Alejandro de Pedro y sus dos empresas, Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL. A todos ellos los acusa, entre otros delitos, de malversación de caudales públicos al considerarles responsables del supuesto desvío de fondos para costear "trabajos reputaciones" del máximo responsable del Ejecutivo regional, de la antigua regidora y del otro primer edil. Con estas comparecencias, el magistrado pretende concluir en breve la instrucción de la tercera pieza del sumario, la que investiga las 'andanzas' de la trama en esta región y decidir si, finalmente, eleva exposiciones razonadas al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Tribunal Supremo para que, respectivamente, asuman las pesquisas sobre Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro dada su actual condición de aforados.

El juez cita a declarar a un asesor de Pedro Antonio Sánchez como "cooperador necesario" en que los trabajos de reputación 'on line" que la Púnica realizó del hoy presidente murciano "se sufragasen con cargo a dinero público"

Uno de los citados en David Conesa Ferrer, quien fuera responsable del gabinete de la Consejería de Educación cuando ésta era ocupada por el hoy presidente regional la pasada legislatura. El magistrado le acusa de un delito de fraude "por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amaño de contratos de formación" para este departamento del Ejecutivo autonómico, además de malversación como "funcionario cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'on line' de su consejero [Pedro Antonio Sánchez] se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos" de este departamento. También le adjudica la presunta revelación de información reservada al considerarle responsable de "filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontrativa que no podía revelar". De este modo, el magistrado da plena validez al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 12 de mayo y en el que ya se apuntaban la supuesta implicación del hoy presidente de Murcia en los amaños investigados. En aquel documento, los agentes destacaban los numerosos correos electrónicos y mensajes de móvil que implicaban a este consejero en las negociaciones y que echaban por tierra la declaración que en su día prestó ante los agentes el propio Conesa intentando desligarse de las supuestas irregularidades.

En el caso de Pilar Barreiro, son dos los asesores citados. Uno es Francisco de Asís Ferreño García, quien fuera su jefe de gabinete. La segunda, María del Mar Conesa Marchán, funcionaria del Consistorio. Al primero, el juez Velasco lo acusa de fraude, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos por el amaño de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena cuando éste estaba presidido por la hoy senadora. En concreto, el magistrado considera que filtró documentación interna municipal sobre contratos y autorizó "trabajos de ejecución conducentes a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena [...] trabajos particulares". En concreto, la creación de un diario digital en esta localidad muriciana y los honorarios del periodista que iba a elaborarlo. En el caso de María de Mar Coesa, se sospecha de su participación en los mismos hechos, aunque en este caso sólo la acusa de los delitos de fraude y malversación.

El alcalde Molina de Segura

Juntos a estos tres asesores y funcionarios, el juez Velasco también ha citado para el martes 4 de octubre a otras dos personas. Se trata del que fuera alcalde 'popular' de Molina de Segura, Eduardo Conteras Linares, y una de sus colaboradoras, María García Rivas. Al primero, le cita para responder de los delitos de malversación y cohecho al considerar que cooperó "necesariamente en la materialización" de manera consciente en la distracción de caudales públicos "para fines particulares de influencia política". En concreto, adjudicar un contrato de la Dirección General de Turismo que, en realidad, tenía como objetivo pagar "trabajos de reputación digital de carácter personal" para él. El magistrado destaca en su escrito que los mismos se cargaron "a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado". Por su parte, María García está acusada de hechos similares. Un informe de la Guardia Civil ya apuntaba que un contrato del Plan de Comunicación Digital realizado en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia había sido utilizado presuntamente para financiar la mejora en internet de este antiguo regidor.

El magistrado también a imputado al alcalde de Molina de Segura, Eduardo Conteras, por cargar a una partida del Instituto de Turismo de Murcia trabajos para mejorar su imagen en Internet

Los agentes se apoyaban en la conversaciones de Alejandro de Pedro con José Fidel Saura, jefe de gabinete del exconsejero Juan Carlos Ruiz, todos ellos imputados en la causa. "Pero, pero bueno, ahí le sacamos lo de, lo de su amigo el alcalde, entonces, lo importante era lo del INFO", dijo el experto informático a su interlocutor. "Esta conversación hace referencia al contrato público con el Instituto de Turismo y del tenor de la conversación se deduce que con dicho contrato se pretendía sufragar trabajos de reputación 'online' de dicho alcalde", destacaban los agentes. El documento policial aseguraba que Contreras conocía estas gestiones a la vista de otra conversación, ésta mantenida entre De Pedro y su socio, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, también implicado en la trama. "Oye, otra cosa, el tema de Murcia, eh...por...porque me digas cómo lo hacemos. Nosotros fuimos a la reunión por la mañana, ¿vale? y estuvimos con el alcalde del municipio este entonces", dice De Pedro. "De Molina", aclara Alonso. Ahora, el ex primer edil tiene una cita en la Audiencia Nacional.

http://vozpopuli.com/actualidad/90171-punica-acorrala-al-presidente-de-murcia-y-a-una-senadora-del-pp-imputados-tres-de-sus-colaboradores

LA PÚNICA PONE CONTRA LAS CUERDAS A OTRO EXPRESIDENTE DE DIPUTACIÓN DEL PP

El juez ya ha conformado la segunda pieza de la trama, acusando a Marcos Martínez (León) de hasta cinco delitos

Mientras se agota la cuenta atrás para dar inicio al primer macrojuicio sobre el caso Gürtel, el recorrido judicial del caso Púnica sigue su curso. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha conformado la segunda pieza -y las que faltan- sobre la trama de corrupción, centrándose en lo relativo a la Diputación de León. Lo que ha provocado, entre otras, la imputación del expresidente de la institución, el popular Marcos Martínez, y el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, también del PP.

A ambos les acusa de haber contratado con dinero público varios servicios para su beneficio personal. A estos dos imputados (investigados según la nueva denominación) también se unen otros cuatro: el interventor de la Diputación de León Jesús Manuel Sánchez, el considerado conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro -y sus empresas EICO y Madiva, a las que el juez atribuye un delito de cohecho-, y al alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso Conesa.

Las diligencias liberadas por Velasco, a las que ha accedido este periódico, son el estado previo al procesamiento, algo que el juez ya hizo con la primera pieza de la Púnica y que afecta al “chivatazo” de un agente de la Guardia Civil, que avisó al exconsejero madrileño Francisco Granados, considerado cerebro de la trama, de que estaba siendo investigado.

En su escrito, el magistrado considera que Alonso Conesa y De Pedro, usando las empresas citadas, “realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares".

Velasco cree que "esta manera de proceder les permitía no solo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros".

Marcos Martínez accedió a la Presidencia de la Diputación de León tras el asesinato de su sucesora, Isabel Carrasco. Y nada más llegar al cargo recurrió a De Pedro y Conesa para contratar sus servicios con dinero público y ganarse una reputación con la que consolidarse en el cargo.

A todo esto, hay que añadir la trama montada en torno a la estación de esquí de San Isidro, que generó “un interés mutuo” para los imputados gracias a los contratos públicos que generaban las instalaciones, como la mejora y la explotación de las pistas de esquí y la gestión de las dos cafeterías: El Rebeco y Pico Agujas.

El beneficio consistía en que Marcos Martínez podría presumir del proyecto como un logro propio cuando llegasen las elecciones, mientras que De Pedro y Conesa cobraban sus servicios a través de la explotación de estos servicios. Y es en la promoción de esta pista de esquí donde también se ven involucrados los otros imputados: el alcalde de Puebla de Lillo y el interventor de la Diputación.

El juez señala que la adjudicación de estos servicios debería haberse realizado con un concurso público o a través del gabinete de prensa con el que ya cuenta la Diputación, "más aún cuando la relación de servicios no ha sido episódica sino que se remonta al periodo" en el que la institución era presidida por Isabel Carrasco.

Todos estos extremos llevan al juez a mantener la imputación sobre Marcos Martínez, que ya pasó dos meses en prisión con motivos de la Operación Púnica, con la acusación de delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos. Mientras que De Pedro y Alonso Conesa son considerados responsables de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos.

http://www.elplural.com/2016/09/20/la-punica-pone-contra-las-cuerdas-otro-expresidente-de-diputacion-del-pp

LA UCO INCORPORA 89 NUEVAS "EVIDENCIAS" SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS DE LAS FORTUNAS DE GRANADOS Y MARJALIZA EN EL EXTRANJERO

La Guardia Civil elabora un anexo al informe en el que se recogía la exhaustiva investigación financiera a la que sometió a los dos presuntos cabecilla de la trama. En el mismo se recogen nuevas pruebas documentales sobre los movimientos de fondos entre cuentas de España, Suiza y Singapur.

Notas manuscritas y faxes. Extractos de cuentas y otros documentos bancarios. Contratos y actas notariales. Cartas y correos electrónicos... La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado recientemente al sumario del 'caso Púnica' un informe 'anexo' con 89 documentos que cataloga de nuevas "evidencias". Se trata, en concreto, de información en soporte papel e informático localizado durante los registros o entregado a los agentes por imputados y que hasta ahora no había podido ser analizada en detalle. Con ellos, los agentes creen aportar más datos sobre diferentes aspectos de los movimientos de fondos en el extranjeros que hicieron los dos principales implicados en la trama, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Nuevos indicios que sirven para reforzar las pruebas que ya recogía el Informe Integral de Investigación Financiera número 2016-5605-40 en el que se analizaba exhaustivamente el origen y destino de la fortuna oculta de ambos. El nuevo documento policial, fechado el pasado mes de febrero aunque desconocido hasta ahora, se encarga de "describir y reproducir los documentos de mayor relevancia obtenidos hasta el momento".

Una nota interna del BNP Paribas de Ginebra hallada ahora señala que la entidad aconsejó a Marjaliza acogerse a las amnistía fiscal de Montoro y que el constructor lo rechazó

Estas 89 nuevas "evidencias" las encabezan los 14 folios encontrados en el registro del domicilio de Ana María Ramírez, secretaria y persona de la máxima confianza de Marjaliza, sobre la falsa compraventa de obras de arte con la que el constructor repatrió a nuestro país 4,2 millones de euros en 2013. Se trata de "diversos documentos relacionados con el transporte y almacenamiento" de dichos objetos artísticos en un depósito del Puerto Franco de Ginebra, donde finalmente fueron intervenidas por la UCO. Sobre esta operación fraudulenta también figuran varias pruebas novedosas sobre la constitución de la empresa Millenia Trading Ltd en Singapur, la ciudad estado asiática desde la que se transfirieron los fondos a España. Incluso se han localidad los extractos bancarios de una cuenta abierta a nombre de esta sociedad en este país y los acuerdos que Marjaliza llegó con Tricor, una compañía asiática dedicada a crear y gestionar estructuras empresariales en ese continente. Incluso figuran comunicaciones del constructor con uno de sus 'testaferros', el tailandés Karit Yvaboon, del que ha aparecido además una copia de su documento de identidad. El informe 'anexo' incorpora además las órdenes de transferencias para la compra de dos obras de Antonio Tapies que formaron parte de los objetos de artes utilizados en el blanqueo de la millonaria cantidad.

También llamativa es la "evidencia" número 6. Son once páginas manuscritas aparecidas en el domicilio de Ana María Ramírez en las que constan determinadas fechas y cantidades asociadas a las palabras 'Time' y 'Sheraton', en referencia a los dos nombres con los que se identificaban sendas cuentas de Marjaliza en Suiza. "Parece tratarse de algún tipo de relación de control manuscrita de envío de fondos" hacia el país helvético, aclara el documento de la Guardia Civil. De hecho, entre las 89 nuevas pruebas abundan las relacionadas con dichos depósitos bancarios. Así, aparecen algunos referidos a las aperturas de los mismos y diversos "informes de contacto" que elaboraba la gestora de los mismos en el BNP Paribas de Ginebra, Fabiane Guinard, en los que ésta detallaba el contenido de los contactos y conversaciones que mantenía con el constructor sobre sus fondos.

Alertado por el banco

En uno de ellos, la experta financiera aseguraba que había recomendado a Marjaliza acogerse a la amnistía fiscal de 2012 de Cristóbal Montoro, algo que el presunto cabecilla de la trama rechazó. Guinard aseguraba que el cliente prefería "crear dos estructuras que tendrán dos cuentas en Singapur. Una para poner 4,5 millones de euros y la segunda estructura que comprará bienes inmobiliarios que él posee por 4 millones de euros en España". También figura la carta que el BNP Paribas le remitió en abril de 2013, año y medio antes de que fuera detenido, alertándole de que su cuenta había sido bloqueada porque estaba siendo investigada por la Fiscalía helvética. En otras ocasiones, estas notas internas del banco recogen órdenes de compra de acciones por parte de Marjaliza con referencias al propio Granados y la mujer de éste como "antiguos clientes". "David pide a Fabienne [la gestora] comprar en 2 ó 3 días", se lee en una de ellas.

La Guardia Civil ha incorporado abundante documentación que sugiera que Marjaliza tenía en 2001 "algún tipo de producto financiero" en Bahamas con 168.000 dólares

Las cuentas suizas 'protagonizan' también otro tipo de documentos. Así, aparecen resguardos de transferencias de cientos de miles de euros con destino a ellas y órdenes de pago enviadas por Fax desde las oficinas de Marjaliza en la localidad de Pinto a la sede en Ginebra del BNP. Entre las primeras, destacan las realizadas en el verano de 2013 desde una cuenta cuyo titular es la empresa Olfield Properties Inc, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Además se han incorporado nuevas evidencias de las operaciones de blanqueo 'por compensación' realizadas con la supuesta colaboración de otros ciudadanos españoles con cuentas en el país helvético. Incluso figura la solicitud de una tarjeta Visa a nombre de Marjaliza, con otra asociada al de su mujer, con cargo a una de las cuentas en Ginebra de sus empresas 'pantalla'.

También se han incorporado actas notariales de operaciones de compraventa de acciones de empresas de la trama que han levantado la sospecha de los investigadores tanto por el movimiento de dinero que representaba como por el corto espacio de tiempo que pasaba entre la venta y la recompra de las mismas ya que se hacían en el mismo día y por los mismos actores, Marjaliza y su cuñado Alfonso Luna, también imputado en la causa. Otro contrato que figura es el que el socio de Granados selló con otro de los principales implicados, el constructor Ramiro Cid. Incluso, figura abundante documentación encontrada en el domicilio de Marjaliza que sugiere la apertura por parte de éste de "algún tipo de producto financiero, cuenta bancaria o similar" en Nassau, la capital de Bahamas, a través de un bufete local que le recomienda constituir una Compañía de Negocios Internacionales para obtener "ventajas fiscales, secreto bancario y gestión de activos". En uno de ellos se recoge un supuesto saldo de 167.726 dólares americanos (149.154 euros al cambio actual) a comienzos de noviembre de 2001. Entonces, la 'Operación Púnica' estaba muy lejos.

http://vozpopuli.com/actualidad/89740-la-uco-incorpora-89-nuevas-evidencias-sobre-las-idas-y-venidas-de-las-fortunas-de-granados-y-marjaliza-en-el-extranjero

EL EX DIPUTADO DE CIFUENTES ADMITE AL JUEZ HABER ENVIADO A UN CONCEJAL LOS WASAP QUE PRECEDIERON AL AMAÑO DE UN CONTRATO DE 73 M.

Daniel Ortiz, investigado por su presunta participación en la presunta adjudicación irregular cuando era alcalde de Móstoles, niega su participación en los hechos y recalca que todo está avalado por el Tribunal de Contratación Administrativa.

Más de una hora. Ese es el tiempo que ha permanecido Daniel Ortiz Espejo, ex diputado de la Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Móstoles, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, por el ‘caso Púnica’. Lo ha hecho como investigado (la anterior figura de imputado) acusado de seis delitos por su presunta implicación en el supuesto amaño de un contrato de más de 73 millones de euros para la trama. Durante su declaración, en la que ha contestado a todas las preguntas salvo las que ha planteado una de las acusaciones populares, Ortiz se ha esforzado en desligarse del proceso de adjudicación. Sin embargo, admitió haber sido el autor de los mensajes de wasap que recibió uno de sus ediles para evitar supuestamente que el concurso fuera ganado por una empresa rival de Cofely-GDF Suez, la multinacional salpicada por el escándalo. Eso sí, calificó los mismos de “comunicaciones ordinarias en la gestión entre un alcalde y sus concejales”.

Ortiz admite que es el autor de los mensajes de wasap que recibió uno de sus ediles para evitar supuestamente que el concurso fuera ganado por una empresa rival de Cofely-GDF Suez

Son precisamente estos mensajes, considerados claves por el juez y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la imputación del político, los que han centrado buena parte del interrogatorio del magistrado. Son los que el dimitido diputado regional remitió el 12 de marzo de 2014 al concejal de su partido David Sánchez del Rey, responsable de Infraestructuras del consistorio y que, por tanto, participaba en el proceso de adjudicación del contrato bajo sospecha. En ellos, el entonces alcalde ordenaba a su edil que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?" "Recibido. Te refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni abrir el sobre 3?", fue la respuesta de este último. El entonces alcalde se lo confirmaba en otro wasap: "Eso... ya os cuento a ti y a Vanesa", en referencia otra integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez. Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil mantuvieron una reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que finalmente sería la excusa para anular la mejor oferta y darle el millonario contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica de Fulton [la otra empresa] para afrontar las inversiones".

El juez Velasco ha sido este martes muy incisivo en sus preguntas sobre estos mensajes incorporado al sumario gracias al concejal que los recibio. De hecho, el magistrado ha llegado a pedir a Daniel Ortiz que confirmarse si los había escrito él. Cuando el político le explicaba que los mismos formaban parte del trabajo diario con su equipo de Gobierno, que eran "comunicaciones ordinarias", el magistrado le ha pedido que no los “interpretase”y que se ciñera a la cuestión de la autoría. Una vez que el político ha confirmado que los escribió, el magistrado le ha pedido ver el teléfono móvil y leer en ese momento dichos wasap. En ese punto, Daniel Ortiz se ha escudado en que ese era el terminal que tenía cuando era alcalde Móstoles y que lo devolvió cuando dejó el cargo.

Avalados por el Tribunal de Contratación Administrativa

Daniel Ortiz, que rechazó hacer declaraciones a la prensa tanto a su llegada como a su salida de la Audiencia Nacional, se empeñó en su declaración en negar que el millonario contrato de eficiencia energética bajo sospecha fuera fraudulento o que hubiera existido algún tipo de amaño durante su tramitación. Dicha afirmación la respaldó con el hecho de que supuestamente tuvo en su momento el dictamen favorable del Tribunal de Contratación Administración. No obstante, también se esforzó en desmarcarse de cualquiera de las decisiones que desembocaron en la supuesta adjudicación irregular ya que, aseguró, él se mantuvo al margen en todo momento de dicho proceso. También negó haber participado en la supuesta filtración de un documento interno del Ayuntamiento que apareció en poder de uno de los directivos de Cofely durante los registros. Daniel Ortiz aseguró que nunca había hecho tal cosa y que, de hecho, le parecía “fatal” si se había producido.

Un alcalde convertido en taxista

El último en declarar este martes ante el juez Velasco por el 'caso Púnica' ha sido Pedro Vicente Sánchez García, alcalde 'popular' de Puebla de Lillo (León). Acusado de pagar presuntamente con dinero público los trabajos de reputación 'online' que hizo el experto Alejandro de Pedro para el entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, el regidor insistió al magistrado que detrás de esos abonos había un "trabajo real" y que contratos publicitarios similares a los que firmó con los diario web de De Pedro los hizo "con todos los medios" de la provincia. Sánchez García también fue interrogado por un viaje que realizó en compañía de otro de los imputados en la trama, José Antonio Alonso Conesa, para visitar las instalaciones de la estación invernal de San Isidro, situada en su término municipal y en el que supuestamente se iban a amañar los contratos de concesión de las cafeterías. El regidor del PP admitió ese viaje, aunque aseguró que él no participó en ningún tipo de negociación y que se limitó a acercar en su coche a los protagonistas ya que no sabían cómo llegar a las instalaciones deportivas.

http://vozpopuli.com/actualidad/89650-el-ex-diputado-de-cifuentes-admite-al-juez-haber-enviado-a-un-concejal-los-wasap-que-precedieron-al-amano-de-un-contrato-de-73-m

LA AUDIENCIA NACIONAL NO LOCALIZA AL TESTIGO SORPRESA DE PÚNICA QUE IBA A DECLARAR CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

El juez Eloy Velasco había citado para este miércoles a un trabajador de la Consejería de Educación del Gobierno autónomo que le remitió una carta con nuevos datos sobre la presunta implicación del ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez en la trama. El Ejecutivo regional ha comunicado que no existe ningún funcionario con dicho nombre.

Estaba citado para las once de la mañana, pero no ha comparecido. De hecho, ni siquiera se le ha localizado ni se ha confirmado que la identidad que facilitó a la Audiencia Nacional fuese real. Se trata de A.E.P.M., un supuesto trabajador de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia que hace meses envió una carta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en la que aseguraba tener nuevos datos sobre la supuesta implicación del actual presidente de esta comunidad, el ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez, y su entorno en la trama. Según fuentes judiciales, ha sido imposible localizarle para que compareciera ya que el Gobierno autonómico ha comunicado al tribunal que entre sus funcionarios no existe nadie con dicho nombre.

Su testimonio debía servir para afianzar los indicios que presuntamente implican al presidente regional después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo salpicara el pasado mes de mayo. En su misiva, que llegó dos meses después de que el juez Velasco levantase el secreto de sumario que pesaba sobre aquel documento policial, este supuesto trabajador aseguraba haber sido testigo y tener información sobre la celebración de reuniones entre asesores del actual presidente Pedro Antonio Sánchez, que entonces ocupaba el cargo de consejero de Educación, y presuntos integrantes de la Púnica para encargar a estos últimos trabajos que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos dedicados a la "formación".

Su testimonio debía servir para afianzar los indicios que presuntamente implicaban al presidente regional

A la vista del "contenido" de la carta, que el magistrado incorporó al sumario, el juez decidió entonces citarle a declarar para este martes. Para ello, pidió a la Consejería de Educación, donde el testigo aseguraba trabajar, que le facilitase los datos del mismo para hacerle llegar la providencia para que compareciese. Sin embargo, la respuesta del Gobierno murciano es que en sus bases de datos no figura ningún trabajador con dicha identidad.

Su esperada declaración quedaba, de este modo, frustrada. Con ella, el juez Velasco pretendía reforzar las acusaciones del informe de la UCO, que detallaba los pasos que el presidente regional y sus colaboradores presuntamente habían dado para cerrar un acuerdo con integrantes de la trama para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que el político iba a encabezar la lista del PP. Fueron los comicios que finalmente le catapultaron a la presidencia de la región.

13 correos electrónicos

Supuestamente iba a pagar un total de 36.800 euros. El exhaustivo documento de la UCO recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo con los que detallaba paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online'.

Según recogía el informe, el político había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Pese a la contundencia del informe, el propio Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salieron en defensa de su correligionario públicamente.

http://vozpopuli.com/actualidad/89642-la-audiencia-nacional-no-localiza-al-testigo-sorpresa-de-punica-que-iba-a-declarar-contra-el-presidente-de-murcia

LA CARTA DEL TESTIGO SORPRESA DE PÚNICA QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA

Un testigo asegura que asesores de Pedro Antonio Sánchez se reunieron con implicados en Púnica para amañar un contrato que amenaza con provocar la imputación del dirigente del PP

El instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha encontrado un testigo que asegura disponer de nuevas pruebas sobre los vínculos del presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, con la trama que lideraban el exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. El testigo remitió una carta a los investigadores detallando la información de la que dispone, y Velasco ha decidido citarlo el próximo 13 de septiembre para que ratifique la denuncia y aclare si está en condiciones de ampliar su contenido.

El Confidencial ha tenido ahora acceso al contenido íntegro de la carta. El autor asegura responder a las iniciales A. E. P. M. y trabajar como funcionario en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Murcia, el departamento que dirigía Pedro Antonio Sánchez cuando presuntamente contactó con dos de las empresas implicadas en el caso, Eico Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, para contratar supuestamente una campaña de reputación personal que pretendía pagar con fondos de la Administración autonómica.

El magistrado ya dispone desde el pasado mayo de un extenso informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que el jefe del Ejecutivo murciano pudo cometer un delito de fraude a la Administración pública por haber cerrado un acuerdo con Eico y Madiva para comenzar a disfrutar de sus servicios a partir del 1 de noviembre de 2014, solo cinco días después de que estallara el caso con las primeras detenciones. El informe de los investigadores precisa que Sánchez y su equipo en la Consejería de Educación mantuvieron al menos tres reuniones con los responsables de Eico y Madiva para cerrar las condiciones del contrato.

El testigo asegura en su carta disponer de nueva información sobre uno de esos encuentros: el que supuestamente tuvo lugar en la sede de Educación el 24 de octubre de ese año, es decir, tres días antes de que saltara el escándalo. “Por mi condición de funcionario de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, no puedo revelar al completo mi identidad ya que podría ser objeto de represalias personales y profesionales”, advierte el testigo en la primera de las dos páginas que componen el escrito, incorporado al sumario por Velasco.

A continuación, el funcionario asegura que puede confirmar “fehacientemente” la información aportada por los investigadores “sobre las reuniones/relaciones entre el entonces consejero de Educación don Pedro Antonio Sánchez, su asesor don David Conesa e incluso algún alto cargo de la Consejería de Educación”. El testigo precisa que ese alto cargo sería Enrique Ujaldón, que hasta ahora no había aparecido en las pesquisas. Se da la circunstancia de que, en esos momentos, Ujaldón ocupaba el cargo de director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería. Su participación en el contrato para mejorar la imagen personal de Sánchez, que en esos momentos aspiraba a convertirse en el candidato del PP a presidir la comunidad, podría reforzar la tesis de la UCO, que en su informe ya avanzó que los servicios reputacionales se iban a cargar a la partida presupuestaria de formación.

El testigo no aporta pruebas concretas para sostener esa acusación, pero asegura que las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil son “absolutamente verosímiles y fundamentadas en la realidad”. “Es de dominio público entre los funcionarios de la consejería que las reuniones a las que se refiere el citado informe existieron. Es más, tan solo TRES días antes de que saltara el escándalo y fuesen detenidos tres altos cargos de la Consejería de Turismo, TUVO LUGAR una reunión en la sede de la consejería, en el despacho de don Enrique Ujaldón, director general encargado de los cursos de formación”. El funcionario se refiere a la reunión del 24 de octubre documentada por la UCO. “Una simple prueba testifical o el registro de visitas de esos días puede ratificar una reunión que todos sabemos que se celebró”.

El testigo enfila las últimas líneas del escrito expresando su temor por la posibilidad de que Pedro Antonio Sánchez, Ujaldón y el asesor David Conesa no hayan sido imputados aún por presiones políticas y añade su sospecha de que en la maniobra haya participado el exdiputado del PP por Murcia Vicente Martínez-Pujalte, que en marzo de 2015 fue fotografiado saliendo de la Fiscalía General del Estado. “En la confianza de haber cumplido con mi deber ciudadano, reciban un saludo y mis mejores deseos de que impartan justicia de la forma más libre e independiente posible, reciban un saludo”, concluye la misiva.

Velasco podrá ampliar el contenido de la carta el próximo martes con la declaración de su autor. El juez ya tiene sobre su mesa un informe que avala la imputación del jefe del Ejecutivo de Murcia por fraude a la Administración Pública por los hechos descubiertos hasta ahora. El contrato de reputación 'online' no llegó a ejecutarse por el inicio del caso Púnica, pero el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2013 que “no se requiere que se produzca el perjuicio a la Administración”. “Basta el concierto, acto preparatorio de la estafa a la Administración”, resolvió el alto tribunal. La declaración de este testigo inesperado puede terminar de oscurecer el futuro político de Pedro Antonio Sánchez, uno de los únicos cinco presidentes autonómicos que tiene el PP.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-07/punica-carta-acorrala-presidente-murcia_1256183/

LA EMPRESA ACUSADA DE PAGAR EN NEGRO A LA ‘PÚNICA’ POR ORDEN DEL GOBIERNO MADRILEÑO INGRESÓ 129 MILLONES EN ADJUDICACIONES DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ

Dos directivos de la empresa tecnológica Indra están investigados en el caso Púnica como presuntos autores de un pago en negro al informático Alejandro de Pedro por orden de la Comunidad de Madrid

Indra recibió adjudicaciones por 98 millones de los Gobiernos de Aguirre y por 31 millones durante el mandato de González

La empresa tecnológica Indra, dos de cuyos directivos están investigados en el caso Púnica por su presunta participación en el pago en negro al informático Alejandro de Pedro, recibió adjudicaciones por 129,4 millones de euros de los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González [entre noviembre de 2003 y septiembre de 2012], según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

Esta documentación pone de manifiesto que desde la llegada de Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en octubre de 2003 y tras el tamayazo, y hasta la salida de su sucesor, Ignacio González, en junio de 2015, Indra se hizo con contratos de la Administración regional madrileña por un total de 129.440.000 euros. 98 millones de esta cantidad corresponden a los Ejecutivos de Aguirre, mientras que 31 millones son del periodo de González.

La importancia de estas cifras contrasta con los gastos realizados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. En 2000 el Ejecutivo del que después fuera alcalde de Madrid y ministro de Justicia de Mariano Rajoy abonó a Indra 17.579 euros, por 46.518 en 2001 y 12.000 euros en 2002. En los diez meses de 2003 en los que se mantuvo en funciones, Gallardón pagó 390.923 euros a la empresa tecnológica.

Pero la entrada de Aguirre permitió que Indra obtuviera un importante aumento de sus ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid. En sólo tres meses, la multinacional española obtuvo de la comunidad presidida por Aguirre 780.665 euros.

Los contratos se disparan en 2006

En el primer año completo de Aguirre, en 2004, la tecnológica realizó trabajos por 547.754 euros y el año siguiente recibió pagos por 2.916.636 euros. Pero 2006 fue el año con un mayor aumento, ya que la comunidad abonó 12.549.552 euros, cifra que se elevó hasta 16.667.395 euros en 2007, año en el que la empresa hizo la mayor facturación.

En los siguientes años de Aguirre, los ingresos de Indra procedentes de la Comunidad de Madrid se mantuvieron en cifras similares (15.176.947 euros en 2008, 12.793.274 euros en 2009, 11.150.386 euros en 2010, 15.891.329 euros en 2011 y 13.255.757 euros en 2012).

Aguirre abandonó el Ejecutivo en septiembre de 2012, dejando la Presidencia en manos de su delfín, Ignacio González. En 2013, primer año completo de González al frente de la comunidad, los ingresos de Indra fueron de 15.211.476 euros, por 8.885.171 euros en 2014. En 2015 los ingresos ascendieron a 10.808.279 euros, de los que 3,6 se corresponden a la primera mitad del año y los 7,2 restantes al segundo semestre, ya con Cristina Cifuentes como presidenta madrileña. En lo que va de año 2016, Indra ha realizado trabajos para la Comunidad de Madrid por 2.503.783 euros.

Victoria ordenó el pago

Los directivos de Indra imputados son el consejero delegado, Javier de Andrés, y el entonces director general de Operaciones de la empresa tecnológica, Santiago Roura [que abandonó la empresa en septiembre de 2015], quienes según el juez Eloy Velasco participaron en el supuesto encubrimiento de un pago ordenado por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (Eico), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa realizaban servicios de mejora reputacional en Internet.

Los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González se beneficiaron de estos trabajos de posicionamiento online, tal y como desveló infoLibre. Y, según la declaración del propio Alejandro de Pedro ante el juez, estos trabajos, que se habrían realizado sin contrato, generaron una deuda de alrededor de 120.000 euros.

Los pinchazos telefónicos y las diferentes declaraciones de los imputados muestran que Salvador Victoria se puso en contacto con el ex consejero delegado de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, uno de los detenidos en la Púnica, para que convenciera a Indra de que sufragara esta deuda en metálico: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar Victoria al informático De Pedro.

Un antiguo contrato

En el sumario de la Púnica, al que ha tenido acceso infoLibre, el informático se pone en contacto con una de sus empleadas para reactivar un contrato antiguo con Indra, con la intención de cobrar una parte de la deuda.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –explica un auto del juez Velasco–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura y Javier de Andrés, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”, especifica el juez en el auto en el que explicaba los motivos por los que imputaba a los directivos de Indra.

Según la declaración del ex consejero delegado de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, le ordenó que se dirigiera a Indra para que esta firma abonara en negro los 120.000 euros de la supuesta deuda que mantenía el Gobierno madrileño con la empresa de Alejandro de Pedro, que había hecho trabajos de posicionamiento online a Esperanza Aguirre e Ignacio González.

10.000 euros en la chaqueta

El propio Alejandro de Pedro, que fue detenido en su casa por la Guardia Civil, tenía en su chaqueta 10.000 euros en billetes, que supuestamente habría recibido de uno de los directivos de Indra en un coche. En la declaración de Martínez Nicolás ante los agentes tras ser detenido, el entonces consejero delegado de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid confirmó que el pago realizado por Indra al informático Alejandro De Pedro era de 10.000 euros, mientras que el realizado a la firma Swat era de 90.000 euros.

Preguntado por los agentes por el motivo por el que Indra atendía las peticiones económicas de Salvador Victoria, Martínez Nicolás aseguró que podría ser que Indra, "al ser adjudicataria de numerosos contratos en la Comunidad de Madrid, quisiera corresponder al consejero de Presidencia o a la propia comunidad por creer que esta persona pudiera tener influencia en la adjudicación de contratos".

Martínez Nicolás se defendió al asegurar que su papel era el de mero intermediario entre su jefe, Salvador Victoria, y los directivos de Indra. Precisamente, la Guardia Civil ha focalizado su investigación en un contrato realizado por la Consejería de Presidencia por un valor de 1.959.858 euros adjudicado a la empresa tecnológica.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/22/la_empresa_que_pago_negro_punica_recibio_contratos_por_129_millones_los_gobiernos_aguirre_gonzalez_51551_1012.html

LA PÚNICA 'ATOSIGA' A RAJOY: EL JUEZ VELASCO IMPUTA A UN NUEVO ALCALDE DEL PP

El magistrado cita para que declare como investigado el próximo 13 de septiembre a Pedro Vicente Sánchez García, regidor 'popular' de Puebla de Lillo (León) y hombre de la máxima confianza del también encausado Marcos Martínez Barazón y de la asesinada Isabel Carrasco.

Un informe de la UCO le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Nuevo quebradero de cabeza para el PP en el 'caso Púnica'. Tras la aparición de un testigo sorpresa que puede poner en apuros al presidente 'popular' de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la reciente citación a declarar del ex diputado de Asamblea de Madrid Daniel Ortíz Espejo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha citado en calidad de investigado (el término que ha sustituido al de imputado) a un nuevo alcalde del partido. Se trata de Pedro Vicente Sánchez García, regidor de la pequeña localidad leonesa de Puebla de Lillo (700 habitantes) y considerado uno de los más estrechos colaboradores de la asesinada Isabel Carrasco y del también encausado por la trama de corrupción Martín Marcos Martínez Barazón. Sánchez García, que ganó los comicios de 2015 con un 60% de los votos, ya declaró como testigo en noviembre de 2014, pero ahora deberá comparecer ante el magistrado como presunto responsables de un delito de malversación de caudales públicos y otro de fraude en la contratación por los pagos que con dinero hizo público que presuntamente hizo a Alejandro de Pedro, el experto informático en reputación 'online' que trabajó para conseguir el apoyo de Génova a Marcos Barazón en sus aspiraciones políticas. Vozpópuli se puso este martes en contacto telefónico con el alcalde del municipio leonés que declinó hacer ningún comentario ya que aseguró "no saber nada" de su nueva situación judicial.

El alcalde de Puebla de Lillo (León) declarará el 13 de septiembre acusado de pagar con dinero público trabajos de reputación 'online' a Alejandro de Pedro

La comparecencia de Pedro Vicente Sánchez se producirá el próximo 13 de septiembre a las 12 horas, según aparece recogido en una providencia del juez Velasco a la que ha tenido acceso este diario. En el escueto escrito no se señala las acusaciones que le han llevado a citarle "en calidad de investigado con asistencia de letrado", pero detrás de ella se encuentra un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a finales de junio de 2015, hace más de un año. En el mismo, de más de 100 folios de extensión, los investigadores hacían un detallado "análisis sobre supuestas irregularidades cometidas en la Diputación de León" que presidía Martínez Barazón tras la muerte de Isabel Carrasco y donde el alcalde de Puebla de Lillo tenía el cargo de jefe de Gabinete de ambos. En el documento, el Instituto armado concluye que el alcalde de Puebla de Lillo es el presunto responsable de los delitos de malversación y fraude por pagar con fondos públicos trabajos para mejorar en Internet la imagen pública del presidente de la Diputación. También sugería al magistrado la imputación por los mismos hechos de otras seis personas, entre ellas el propio Martínez Barazón, Alejandro de Pedro y el socio de éste, José Antonio Alonso Conesa, así como de otras tres personas ligadas a la institución pública.

Sobre Pedro Vicente Sánchez, el informe de la UCO destaca que de las llamadas de teléfonos intervenidas a los investigados le señalan como "persona de la más íntima confianza" de Martínez Barazón y que, como tal, asistió "a las reuniones en las que se conciertan los términos de la configuración y adjudicación" de varios contratos públicos. El documento también resalta que el alcalde leonés actuaba "de facto como coordinador de prensa" del entonces presidente de la Diputación y que, como tal, "verificaba y aprobaba el pago de facturas emitidas por Alejandro de Pedro" cuyo abono se camuflaba por la inserción de publicidad institucional en la red de diarios 'zombies' de este último. "A juicio policial -continúa el documento-, dichas facturas eran emitidas presuntamente para costear los servicios de reputación online y asesoramiento-promoción política del presidente de la Diputación de León [Martínez Barzón] amparándose en la inserción y facturación de 'banner' publicitarios en los mismos diarios digitales de Alejandro de Pedro". Los agentes destacan que "llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente [Sánchez] para no someter estas facturas al procedimiento de fiscalización ordinario" y que "a juicio policial" sólo pretendía "evitar" los controles de la Administración.

Declaraciones y documentos

El informe de la Guarida Civil también considera implicado al político leonés en el amaño frustrado por las detenciones de octubre de 2014 de la adjudicación de contratos en la estación de esquí de San Isidro a Alejandro de Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, con la que el presidente de la Diputación presuntamente intentaba 'pagar' a éstos sus gestiones en Génova para conseguir el apoyo del PP nacional en sus aspiraciones por presidir el partido en León. De hecho, Puebla de Lillo, la localidad del que era alcalde, es el municipio que alberga la mayor parte de dicha instalación de deportes de invierno. Diversos pinchazos telefónicos apuntan a que Pedro Vicente Sánchez estuvo presente en algunas de las reuniones que su jefe y amigo, Martínez Barazón, mantuvo con los dos principales implicados en la trama para "la materialización del proyecto de revitalización de las pistas y la articulación de los contratos para facilitar su adjudicación a las empresas de Alejandro de Pedro". Entre estas llamadas, los agentes destacan una de agosto de 2014 entre el experto en reputación informática y su socio en la que éste último comenta al primero un reciente encuentro con el presidente de la Diputación de León y que "en un momento que estaba hablando con Marcos [Martínez Barzón] llegó el alcalde [Pedro Vicente Sánchez] y José Antonio [Alonso Conesa] se calló para que éste no se enterara de lo que hablaban, pero Marcos le dijo le dijo que no se callara, que hablara sin problemas delante de Pedro, que era de su absoluta confianza".

Un informe de la UCO de junio de 2015 ya recogía declaraciones, documentos y 'pinchazos' telefónicos que implicaban a Pedro Vicente Sánchez en Púnica

En el documento policial se recogen también documentos y declaraciones de testigos que implican al alcalde de Puebla de Lillo en las presuntas irregularidades investigadas en León. Así, una de las trabajadoras del gabinete de prensa de la Diputación señaló a éste como el "coordinador" de los trabajos que se hacían en el mismo, entre los que se incluía el envío de noticias elaboradas a Alejandro de Pedro para que éste las replicara en su red de diarios 'zombies' y mejorara la imagen en Internet de Martínez Barazón. Otra empleada del mismo departamento también le señaló como la persona que le entregaba las facturas para pagar al experto en reputación online, además de firmarlas y pasárselas al interventor para que las validara. En el informe también aparece recogido un documento que supuestamente entregó el regidor ahora imputado al gerente de la empresa pública de Gestión de Residuos Solidos Urbanos de León (Gersul) para que ésta se hiciera cargo del pago de facturas a Alejandro de Pedro por un valor de 6.000 euros. La investigación ha constatado que una de las sociedades de este experto informático, Madiva Editorial, mantuvo un contrato con la Diputación de León desde mediados de 2013 hasta que se desató la operación a finales de octubre de 2014 a razón de 3.600 euros mensuales por mejorar la imagen en internet de la asesinada Isabel Carrasco, primero, y de Martínez Barazón, después. En total, la Diputación reconoció a la Audiencia Nacional pagos por algo más de 105.000 euros en dos años y medio por este concepto.

Cuando el próximo 13 de septiembre el alcalde de Puebla de Lillo acuda a la Audiencia Nacional a declarar no será la primera vez que visite dicho órgano judicial. El 18 de noviembre de 2014, sólo tres semanas después de la detención de los principales implicados en el caso Púnica, entre ellos su jefe y amigo Marcos Martínez Barazón, ya fue convocado por el juez Velasco. Entonces lo hizo como testigo en una comparecencia que duró menos de 20 minutos. Ahora, sin embargo, Pedro Vicente Sánchez lo hará como imputado y en la fase final de la instrucción de la pieza separada del sumario que el magistrado denominó "hechos referentes a la Diputación de León" que quiere concluir en breve. En esta pieza, además de él, de Martínez Barzón, Alejandro de Pedro y Alonso Conesa, están imputados al menos el interventor Manuel Jesús López Sánchez y el empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela.

El 'martes y 13' del PP en el 'Caso Púnica'

El juez Velasco ha retornado de las vacaciones dando un nuevo impulso al 'caso Púnica'. En los últimos días, ha dictado nuevas providencias y autos para encargar diligencias e informes, algunos de ellos a la Agencia Tributaria, y para responder a diferentes recursos de los imputados. También ha fijado nuevas declaraciones. Curiosamente, el día elegido para tres de ellas ha sido el próximo 13 de septiembre, martes, en la que pasarán por su despacho un testigo y dos imputados para que declaren sobre tres líneas de investigación distintas, pero que tienen como punto en común afectar directamente al PP. El primero en hacerlo será un trabajador de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia, a quien el magistrado quiere escuchar para corroborar el contenido de varias cartas que le ha enviado con datos sobre las andanzas de la trama en esta comunidad. Su testimonio puede ser clave para avanzar en las pesquisas sobre Pedro Antonio Sánchez, actual presidente 'popular' del Ejecutivo autonómico y que cuando estalló el escándalo de corrupción ocupaba, precisamente, la cartera de Educación en el mismo. El siguiente en pasar por el despacho del juez será el ex diputado de la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, quien tuvo que renunciar a su escaño -y a la condición de aforado- después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera actuar contra él por su presunta implicación en el amaño de un contrato de 73 millones de euros de eficiencia energética en favor de una empresa de la Pünica. Tras él, le tocará el turno, precisamente, a Pedro Vicente Sánchez, el alcalde de Puebla de Lillo.

http://vozpopuli.com/actualidad/89231-la-punica-atosiga-a-rajoy-el-juez-velasco-imputa-a-un-nuevo-alcalde-del-pp

ANTICORRUPCIÓN ESTUDIA NUEVAS IMPUTACIONES TRAS UN INFORME DE UCO SOBRE MÁS REGALOS DE LA PÚNICA A "CARGOS PÚBLICOS"

La Fiscalía tiene desde junio sobre su mesa un documento de la Guardia Civil en el que se detallan las dádivas supuestamente entregadas por el constructor Ramiro Cid a políticos. Es el mismo empresario que presuntamente regaló un coche a Granados y le estaba construyendo una mansión de lujo en Valdemoro.

La ya larga lista de imputados en el 'caso Púnica' puede aún ser más extensa. La Fiscalía Anticorrupción estudia desde antes del verano un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado mes de junio en la Audiencia Nacional con la identidad de "cargos públicos y funcionarios" que presuntamente habían recibido regalos de uno de los principales implicados en la trama, el constructor Ramiro Cid Sicluna. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que levantó hace tiempo el secreto de sumario sobre la mayor parte de la causa, ha decidido que dicho documento policial no sea aún trasladado a las acusaciones y defensas porque en el mismo aparecen, precisamente, nuevos nombres que hasta ahora no habían salido en las pesquisas, además de los de varias personas ya imputadas, según revelan diversas fuentes jurídicas.

El informe de la Guardia Civil llegó a la Audiencia Nacional a comienzos de junio. Desde entonces, el juez Velasco ha rechazado dar traslado del mismo a acusaciones y defensas

El informe llegó a la Audiencia Nacional en las primeras semanas de junio mediante el oficio 204 de la Guardia Civil. El magistrado dictó el 13 de ese mismo mes una providencia para que diese traslado del mismo "al Ministerio Fiscal para su conocimiento y, en su caso, informe", pero no a las otras partes personadas. De hecho, desde entonces, diversos abogados personados en la causa han remitido escritos al Juzgado para reclamar una copia del mismo, pero hasta ahora se han encontrado con una negativa como respuesta, según han confirmado a este diario varias letrados en los últimos días. Su contenido, por lo tanto, sigue bajo secreto, aunque fuentes jurídicas apuntan a su relevancia dada la procedencia de los dádivas investigadas: el constructor Ramiro Cid Sicluna, uno de los principales implicados en la trama y al que desde la investigación se le compara con el empresario David Marjaliza, también por su cercanía con Francisco Granados.

De hecho, el que fuera secretario general del PP madrileño fue el destinatario de algunos de estos regalos, según han revelado ya las pesquisas. Así, varios informes incorporados al sumario señalan a este empresario como el presunto responsable de la entrega de un coche y una mansión de 1.000 metros al político ahora encarcelado. Sobre el vehículo, la UCO ya ha elaborado dos documentos que concluyen que el automóvil marca Mini Cooper que utilizaba la mujer del cabecilla de la trama, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, y que resultó destruido en un incendio provocado, era en realidad un supuesto pago 'en especie' de un constructor que se intentó camuflar con "facturación falsa", según ha reconocido en su declaración ante el juez el propietario del concesionario que simuló la venta.

"Adjudicatario recurrente"

Idéntica conclusión saca otro documento policial del pasado 8 de enero sobre la vivienda de lujo que una empresa de Ramiro Cid estaba construyendo en el sector R-6, denominado El Caracol, de la localidad madrileña de Valdemoro. En este caso, la Guardia Civil destaca que tras saltar a los medios de comunicación en febrero de 2009 la existencia de la misma, el constructor y el político presuntamente convencieron a otro empresario para que éste simulara su compra para mantener oculto quién iba a ser el verdadero propietario a cambio de beneficiarle con un convenio público de la Comunidad de Madrid. Los documentos apuntan a que este tipo de dádivas es lo que convirtió al constructor en "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en el Plan General de Urbanismo de Valdemoro, no solo con Granados como alcalde, sino también con sus dos sucesores, también imputados en la causa.

El nombre del constructor Ramiro Cid ya aparece relacionado en el sumario con supuestos regalos a Francisco Granados. En concreto, un coche y una mansión

El nombre de Ramiro Cid también ha aparecido vinculado a otros supuestos regalos ya investigados. En concreto, el de un vehículo de la marca Mercedes que aparece a nombre de una antigua cargo del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre que hasta ahora no está imputada en la causa. Se trata de María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de la lideresa en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia Madrileña de Emigración. Concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid) hasta enero de 2015, el magistrado indaga sobre los supuestos vínculos entre este automóvil de lujo y la trama ya que la documentación intervenida precisamente en una de las empresas de Ramiro Cid apuntan a que supuestamente también fue pagado por éste.

Decenas de empresas y dos SICAV

Fuentes cercanas a la investigación destacan que Ramiro Cid y su entramado empresarial, encabezado por el Grupo Obras y Vías, no ha tenido hasta ahora la presencia mediática de David Marjaliza, pese a que constituyen una pieza fundamental en la trama Púnica. De hecho, en los últimos años Cid Sicluna ha acumulado un importante patrimonio que incluye decenas de compañías y dos sociedades colectivas de inversión variable (SICAV), una de las cuales arrancó con un capital de 10 millones de euros. Además, su vinculación con Granados no se limita al coche y la mansión que supuestamente le regaló, sino que también fue él quien vendió al ex dirigente regional del PP las tres últimas viviendas que adquirió en Valdemoro, además de haber pagado al político los 5.000 litros de aceite que éste regaló a los votantes en su última campaña para alcalde.

El constructor figura como el vendedor a Granados de tres casas, además de dar trabajo en su empresa al presunto testaferro del político

Cuando Granados tuvo que dejar su escaño en el Senado tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza, el constructor dio trabajo en una de sus empresas a Ignacio Palacios, la mano derecha del político en los últimos quince años y que ha sido imputado ahora en el 'caso Púnica' como presunto testaferro del ex secretario general del PP Madrileño. Además, Ramiro Cid también está vinculado a las célebres cacerías a las que eran invitados políticos y que denunció el directivo de la constructora Dico. Según declaró éste en su día, fueron precisamente la empresa Obras y Vías de Ramiro Cid y la maraña societaria de David Marjaliza las que obtuvieron mayor número de contratos en aquellas jornadas cinegéticas.

http://vozpopuli.com/actualidad/89002-anticorrupcion-estudia-nuevas-imputaciones-tras-un-informe-de-uco-sobre-mas-regalos-de-la-punica-a-cargos-publicos

EL JUEZ VELASCO ORDENA A HACIENDA RASTREAR EL PATRIMONIO ACUMULADO POR GRANADOS, SUS FAMILIARES Y TESTAFERROS EN 15 AÑOS

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de julio que se realizara un "análisis y valoración patrimonial" de los bienes del ex secretario general del PP de Madrid y de su socio, el constructor David Marjaliza. El magistrado ha ordenado ahora a la Agencia Tributaria que lo haga desde el año 2000 hasta 2014, cuando ambos fueron detenidos dentro de la 'Operación Púnica'.

Más trabajo para el Ministerio de Hacienda en el caso Púnica. Después de ordenar a la Agencia Tributaria que se encargase de analizar la documentación entregada recientemente por la Comunidad de Madrid sobre la empresa pública Arpegio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha cursado una nueva instrucción a los expertos del departamento de Cristóbal Montoro. En este caso para que rastreen el patrimonio que los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, acumularon desde el año 2000, poco después que el primero asumiera la alcaldía de Valdemoro (Madrid), hasta 2014, cuando ambos fueron detenidos por la Guardia Civil. El magistrado, sin embargo, no quiere que la investigación se centre en los bienes a nombre de ambos, sino que la misma se extienda a "familiares, personas interpuestas o personas sociales [empresas]" ligadas a ambos.

El magistrado quiere que la AEAT analice y valore el patrimonio del político y su socio Marjaliza, junto al de "familiares, personas interpuestas o personas sociales" ligados a ambos, entre el año 2000 y la detención de ambos en 2014

Así aparece recogido en una providencia dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que se señala que la iniciativa de esta diligencia es de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, fueron sus dos representantes en la causa las que el pasado 19 de julio presentaron sendos escritos ante el juez Velasco para que se realizaran dichas pesquisas en torno a los considerados personajes de la clave. Hasta ahora, los únicos informes de la AEAT que figuraban en el sumario sobre el patrimonio de ambos fueron los estudios iniciales que se hicieron sobre sus declaraciones de la Renta y las de sus esposas. también imputadas, así como del entramado societario del constructor. Las posteriores investigaciones de la Guardia Civil han revelado que una parte importante de las supuestas propiedades de ambos, sobre todo en el caso del político, están presuntamente ocultas bajo la tapadera de familiares, testaferros y empresas 'pantalla'. Sin olvidar, también, que se hallaron importantes cantidades de efectivo en cajas de seguridad e, incluso, ocultas en domicilios particulares, como el millón de euros que apareció en la vivienda de los suegros de Granados escondidos en un maletín. Es lo que el juez Velasco quiere ahora que se analice en profundidad desde un punto de vista fiscal.

De hecho, los investigadores sospechan que el ex dirigente madrileño del PP utilizaba "diez o doce empresas" para ocultar el dinero de las 'mordidas' recibidas. Así lo reveló el interrogatorio al que el magistrado y las fiscales Anticorrupción sometieron al matrimonio formado por Ignacio Palacios, antiguo jefe de gabinete del político 'popular', y María José Marijuán. Ambos, que se negaron a contestar a las preguntas que se les plantearon, son considerados los presuntos testaferros de las sociedades instrumentales con las que Granados supuestamente evadía dinero de España y con las que ocultaba ser el propietario de bienes. Entre ellos, una finca valorada en más de un millón de euros situada en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas y donde el político acudía muchos fines de semana con sus amigos a montar a caballo y en 'quad'. Entre estas empresas supuestas 'pantalla' de Granados, el juez citó expresamente Tuvalu Gestión SL, Sega Integrales SL, Circuito de Prácticas Pista Sur, Ayjopen Consulting SL, Himalaya 2002 SL, Norean 2000 SL, Match Golf Consulting SL, Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL y Bustren SA, según los "datos objetivos y fuertes indicios" que Anticorrupción aseguraba poseer durante los interrogatorios de Palacios y su mujer.

El hermano y la colaboradora

Junto a este matrimonio, también va a ser sometido a escrutinio por los expertos de la Agencia Tributaria diversos miembros del entorno familiar y político más cercano de Granados. De hecho, algunos ya han sido objeto de pesquisas en los últimos meses durante la instrucción de la causa. En mayo el juez Velasco ordenó investigar a un hermano del político, Alfonso Antonio Granados Lerena, y a la que fuera su estrecha colaboradora María Victoria Cristóbal Araujo. Del primero, ha indagado las "operaciones inmobiliarias" en las que hubiera participado. De la segunda, los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2004 y 2008. Ambas líneas de investigaciones se abrieron tras recibirse en la Audiencia Nacional sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El familiar del ex dirigente del PP ya vio el pasado 16 de noviembre como los agentes del Instituto armado realizaban un registro en una las propiedades que compartía con su hermano. Fue la misma jornada en la que se localizó en casa de los suegros de Granados cerca de un millón de euros en metálicos escondidos en una maleta.

En los últimos meses, el juez ya había ordenado indagar en las "operaciones inmobiliarias" en las que hubiera participado el hermano de Granados, así como la compra de un vehículo de lujo por parte de una colaboradora del político

En el caso de María Victoria Cristóbal, 'Vicky', las pesquisas se han centrado hasta ahora en su vehículo, un Mercedes SLK que fue supuestamente "pagado" por la empresa Obras y Vías SA, propiedad del constructor Ramiro Cid Sicluna, según la documentación encontrada en su día en el registro de esa compañía. Ramiro Cid, también imputado en la causa, es considerado uno de los principados implicados en la trama y los investigadores le acusan de haber actuado de la misma manera con otro vehículo, en este caso el Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes en los que concluye que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos favores urbanísticos.

Algo similar ha ocurrido con una mansión que este constructor levantó en Valdemoro bajo las directrices estéticas de la esposa del político y que, pese a que no figuró nunca a nombre de Granados, los investigadores estiman que es realmente de su propiedad. A cambio, el empresario supuestamente se vio beneficiado como "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en Valdemoro. Construida sobre un solar de 1.700 metros cuadrados (lo que ocupan seis chalés adosados), la vivienda iba a tener piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada y el perímetro cubierto de pizarra negra. Además, al amplio jardín iban a dar un porche levantado en piedra arenisca. En la cocina, el político y su mujer se habían gastado 80.000 euros, con muebles de cocina valorados en 44.000 y con 17.000 en electrodomésticos. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas, ducha con cromoterapia y efecto niebla... Según recoge un documento policial, el político realizó varias maniobras mediante testaferros en 2011 para ocultar que él era el destinatario final de la vivienda, algo que intentaba ocultar a toda costa después de que en febrero de 2009 el ya desaparecido diario Público comenzase a informar sobre la existencia de la ostentosa vivienda unifamiliar.

"Fuentes de ingresos desconocidas"

Su patrimonio ya levantó sospechas al inicio de la investigación ya que no cuadraba con los ingresos declarados por el matrimonio en sus declaraciones de la Renta. Así, entre 2003 y 2013, Francisco Granados recibió como retribución oficial por el desempeño de sus diferentes cargos públicos una cantidad ligeramente superior al millón de euros. Una importante cifra que, sin embargo, no parece ser suficiente para mantener el elevado nivel de vida que tanto él como su mujer, María Nieves Alarcón, también imputada en el 'caso Púnica', mantuvieron en esos once años. Según destacaban aquellos primeros informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario. De hecho, los expertos de Hacienda señalaban ya entonces su convencimiento de que "el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas".

Los primeros informes de Hacienda ya apuntaban a la que los ingresos de Granados y su esposa no cuadraban con su patrimonio: "El matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos desconocidas"

Granados pasó de ganar algo más de 55.000 euros como alcalde de Valdemoro en 2003 a ingresar 85.675 euros en 2004 como integrante del Gobierno de Esperanza Aguirre tras el célebre 'tamayazo'. A partir de ese año, sus ingresos oficiales se mantuvieron en torno a los 100.000 con un pico de 118.034 euros en el año 2008. Cuando dejó su puesto en el Ejecutivo regional y pasó al Senado, sus retribuciones se redujeron de manera significativa, ya que pasó a percibir algo más de 60.000 euros por su escaño en la Cámara Alta y 19.453 euros de la Asamblea de Madrid en 2012. Cifras que registraron una subida al año siguiente hasta un total de 83.318,20 euros. Por su parte, su mujer recibió esos años retribuciones de hasta siete pagadores distintos, algunas de menos de 100 euros, por las que sólo un año, 2008, curiosamente el año de más ingresos de su marido, superó los 40.000 euros.

Con estos ingresos, el matrimonio consiguió amasar un importante patrimonio inmobiliario. Así, la Agencia Tributaria constató que la pareja era propietaria de tres viviendas en Valdemoro de 350, 127 y 163 metros cuadrados y que, además, tuvo dos pisos de lujo en Marbella que vendió. También que figuraba como titular de cinco almacenes o aparcamientos, cinco solares urbanos de entre 500 y 600 metros cuadrados y dos terrenos rústicos que suman más de 10.000 metros cuadrados, todos ellos en el municipio en el que Granados fue regidor. Hacienda detectó incluso que habían dado varios 'pelotazos' urbanísticos en 2007. Entre ellos, la venta a Servicios Logísticos Inmobiliarios, una sociedad controlada por su amigo David Marjaliza, de cuatro parcelas que poseían en el llamado sector R2 Canto Negro de Valdemoro. De aquella operación, el dirigente 'popular' y su esposa lograron una plusvalía cercana a los 1,44 millones de euros. Los investigadores creen que, en realidad, la misma fue una 'tapadera' para ocultar un 'mordida'. Esa mismo año y en un sólo día, el 31 de agosto, la pareja vendió un inmueble por 672.000 euros que ocho años antes le había costado únicamente 62.000 euros, y otro por 558.000 euros que compró siete años antes por 53.000 euros.

Elevados saldos bancarios

El informe de Hacienda también destacaba los elevados saldos que llegaron a acumular la docena de cuentas a nombre de Granados cuando éste era consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno de Aguirre... sin contar con la que tuvo en Suiza bajo el seudónimo de 'Laiker' y en la que llegó a tener 1,5 millones de euros. Así, llegó en las que declaró al fisco llegó a sumar en 2008 algo más de 1,4 millones de euros, cifra que se mantuvo por encima del millón de euros hasta 2011. Curiosamente, cuando abandonó su cargo en el Ejecutivo regional estas cifras comenzaron a reducirse de manera sensible hasta acabar en 2013 con 'sólo' 726.000 euros. Con esas cantidades a su disposición, el político y su mujer se permitieron el lujo en 2009 de invertir de golpe cada uno nada menos que medio millón de euros en adquirir Letras del Tesoro.

La AEAT también resaltaba en sus primeros análisis que a Granados la declaración de la Renta casi siempre le salía a devolver. De nueve ejercicios, sólo tuvo que pagar a Hacienda en dos de ellos

Además, la Agencia Tributaria detallaba también el amplio parque móvil con el que contaban y que se componía de dos motocicletas, un BMW 530, un Audi A5, un Mercedes 180, el Mini Cooper que resultó destruido por el fuego y un todoterreno Volkswagen Touareg. Con todo ello, los resultados de las declaraciones de la renta del matrimonio en aquellos años fueron también llamativos. De los nueve de los ejercicios analizados entonces, a Granados le salió a devolver en siete y sólo en dos tuvo que pagar, uno de ellos coincidiendo con sus 'pelotazos' urbanísticos. Con estos datos sobre la mesa, la Agencia Tributaria concluía ya entonces que no le 'cuadraban' las cifras. Ahora el juez Velasco le ordena que profundice en estos análisis y lo amplíe a sus familiares, posibles testaferros y empresas 'pantalla'.

http://vozpopuli.com/actualidad/88931-el-juez-velasco-ordena-a-hacienda-rastrear-el-patrimonio-acumulado-por-granados-sus-familiares-y-testaferros-en-15-anos

EL JUEZ DE PÚNICA SE PONE DE PLAZO FINAL DE AÑO PARA ACTUAR CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, la intención del titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional es finalizar antes de Navidades las piezas 2 y 3 del sumario de Púnica: León y Murcia. El instructor mantendrá los indicios que pesan contra el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

La investigación de la trama Púnica traerá más de un quebradero de cabeza al Partido Popular en el curso judicial 2016/2017. Hace prácticamente un año que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, decidió junto con las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez trocear en doce piezas separadas esta macrocausa de corrupción.

Tras diez meses de intensa investigación, el pasado mes de julio el instructor dio por cerrada la primera pieza sobre las pesquisas del presunto chivatazo que un guardia civil dio al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, antes de ser detenido por la Guardia Civil en octubre de 2014.

La UCO reactivó la investigación sobre el presidente de Murcia al enviar un duro informe incriminatorio al juez el pasado mes de mayo

Ahora, el objetivo de Velasco es ir cerrando otras piezas en este curso judicial que quedará inaugurado el próximo martes. Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional pretende acabar antes de que finalice 2016 con la instrucción de la pieza sobre la Diputación de León y la pieza separada sobre Murcia. Son las dos que están más avanzadas en estos momentos y que pueden ser enviadas en los próximos cuatro meses a juicio.

En el caso de Murcia, tal y como desveló este periódico, el magistrado ha citado a declarar como testigo para el próximo día 13 a un funcionario de Ejecutivo autonómico que en los últimos meses ha remitido a la Audiencia Nacional varias cartas con información sobre las supuestas irregularidades que salpican al presidente 'popular' de dicha autonomía, Pedro Antonio Sánchez. Se trata de A.E.P.M., quien en las misivas asegura trabajar en la Consejería de Educación y Universidades, la cartera que ocupaba en la anterior legislatura el máximo dirigente autonómico cuando tuvo tratos con integrantes de la trama. El juez ha adoptado esta decisión después de que el pasado mes de mayo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) enviase un informe a la Audiencia Nacional donde recababa los indicios que pesan sobre el político del PP, al que se acusa de haber cometido presuntamente delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración entre otros relacionados con la corrupción.

Negocios con el experto en reputación 'online'

Se da la circunstancia de que Sánchez estuvo al frente de la Consejería de Educación de la Región de Murcia hasta las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo cuando se convirtió en el nuevo presidente regional. Actualmente, está siendo investigado por contratar al experto en reputación online de Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. El problema radica en que esos contratos, que se llevaron a cabo en 2014, fueron abonados con dinero público en vez de asumir los costes el propio ex consejero o el partido. Sin embargo, se da la circunstancia de que Pedro Antonio Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por su condición de presidente autonómico por lo que Velasco tan sólo puede agotar las pesquisas en torno a él y enviarlas al tribunal competente pero no puede procesarlo.

Pedro Antonio Sánchez está aforado en la actualidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por lo que Velasco no es competente para procesarlo

Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas explican que Eloy Velasco también tratará dictar el auto de paso a procedimiento abreviado -con el que se concluye la fase de instrucción- antes de Navidades en el caso de la pieza de la Diputación de León. En dicho procedimiento, se investigan los trabajos que Alejandro de Pedro, a través de sus sociedades Eico On y Madiva, hizo para mejorar la reputación en internet del ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón y mediar para que se mantuviera en el cargo.

Según se desprende del sumario de esta causa de corrupción, esta relación inicial se extendió posteriormente a distintos procedimientos de contratación de servicios públicos en la estación de esquí de San Isidro, dependiente de la citada Diputación. Dichos proyectos fueron alterados para que se ajustaran en plazo a las necesidades políticas de Martínez Barazón, y que se garantizara su adjudicación al entorno de De Pedro. El exdirigente popular llegó incluso a instar a la modificación de los pliegos de contratación para favorecer a las empresas del experto en posicionamiento en internet.

http://vozpopuli.com/actualidad/88892-el-juez-de-punica-se-pone-de-plazo-final-de-ano-para-actuar-contra-el-presidente-de-murcia

EL DIPUTADO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR LA PÚNICA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL 13 DE SEPTIEMBRE

El juez Eloy Velasco ha dictado una providencia por la que cita a Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles y elegido como parlamentario autonómico en las elecciones de 2015, a declarar como investigado después de que haya perdido su condición de aforado tras abandonar su escaño al conocerse un informe que lo implicaba en el amaño de un contrato de 73 millones de euros.

Daniel Ortiz Espejo, primer diputado de Cristina Cifuentes que se vio obligado a dimitir por su implicación en el 'caso Púnica', ya tiene fecha para declarar como investigado (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. El magistrado ha dictado este lunes, tras reincorporarse a la Audiencia Nacional tras las vacaciones de verano, una providencia por la que fija el próximo 13 de septiembre a las diez de la mañana como la fecha y hora en la que el antiguo parlamentario regional madrileño deberá comparecer ante él para declarar por su supuesta relación con el amaño de un contrato público de más de 73 millones euros cuando era alcalde de la localidad madrileña de Móstoles. Daniel Ortiz, que siempre ha negado cualquier relación con la trama que presuntamente encabezaba su correligionario Francisco Granados, dimitió de su escaño el pasado mes de julio horas después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había aceptado investigarle tras remitirle el juez Velasco la causa contra él dado que era aforado. Tras perder dicha condición el alto tribunal ha devuelto las diligencias a su colega de la Audiencia Nacional, quien ahora ha decidirle citarle "a fin de oírle en declaración como imputado, previa instrucción de sus derechos".

El juez Velasco ha citado como imputado a Daniel Ortiz después de que el TSJM le devolviera la causa contra él tras haber perdido el político su condición de aforado al verse obligado a abandonar su escaño

El juez Velasco había elevado en mayo al TSJM una extensa exposición razonada para pedir a este órgano judicial que investigase a Daniel Ortiz al considerar a éste al político presunto autor de seis delitos de corrupción por su supuesta participación en el amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la empresa Cofely-GDF Suez, una de las principales implicadas en la red de corrupción. En su escrito, de 74 folios de extensión, el magistrado detallaba todos los indicios y pruebas recopilados en la causa contra él, entre ellas 28 comunicaciones entre los principales implicados de la trama, que demostrarían en su opinión "actos de corrupción en beneficio de la empresa que se llevó la adjudicación bajo sospecha, la filial española de Cofely-GDF Suez, "con un ánimo de lucro personal como contrapartida". El magistrado llegaba a hablar de pagos de entre 240.000 y 500.000 euros de los que supuestamente se beneficiaron él, el concejal del mismo municipio Alejando Utrilla, y el hermano de éste, Mario, que fuera alcalde de Sevilla La Nueva y parlamentario regional la pasada legislatura autonómica.

Junto a estos tres políticos el juez destaca la participación "activa" en la trama para amañar dicho contrato de tres responsables de la empresa adjudicataria. En concreto, del responsable del Departamento Comercial, Constantino Álvarez; del jefe de Mercado Público, Pedro Pérez, del propio director general de la compañía, Mauricio Didier, y de otros empleados del Departamento de operaciones, todos ellos ya imputados en la causa. También participó el constructor David Marjaliza, quien actuó como 'conseguidor' del contrato e intermediario ante Ortiz y los otros políticos, de los que consiguió información reservada para que Cofely pudiera preparar la oferta con la que se llevaron el concurso. El amigo de Francisco Granados incluso negoció la cifra de la 'mordida' y adelantó los primeros pagos de ésta, como él mismo ha confesado en su declaración autoinculpatoria. El escrito del juez señalaba que dicha comisión era de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”. Gran parte de este dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una auditoría falsa por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación. La otra, de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas”.

"Prevaliéndose de su posición como alcalde"

La exposición razonada explicitaba todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años. Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”. Muy especialmente, sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey. A éste llegó a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Un juez Velasco le acusa de haberse valido de su condición de alcalde para interrumpir el proceso de licitación de millonario contrato y así facilitar que fuera adjudicado a Cofely, una de las empresas de la trama

Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento, el ex diputado regional puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”. Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un contra informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a Cofely “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”. Un mes después de aquel escrito, y cuando ya se sabía que el TSJM iba a actual contra él, Daniel Ortiz dimitió. Ahora, ya sin la condición de aforado, tiene una cita el 13 de septiembre para declarar como imputado ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional.

http://vozpopuli.com/actualidad/88840-el-diputado-de-cifuentes-que-dimitio-por-la-punica-declarara-como-imputado-el-13-de-septiembre

UN TESTIGO SORPRESA REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PRESIDENTE DE MURCIA EN EL 'CASO PÚNICA'

El juez Velasco cita a declarar para el 13 de septiembre a un trabajador de la Consejería de Educación del gobierno de Pedro María Sánchez que le ha remitido varias cartas con información sobre la trama. Este era el departamento del Ejecutivo autonómico que el hoy máximo dirigente regional encabezaba cuando tuvo los tratos con la red para mejorar su imagen que investigan el magistrado y la Guardia Civil.

El 'caso Púnica' vuelve a poner en apuros al actual presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Eloy Velasco, ha citado a declarar como testigo para el próximo 13 de septiembre a un funcionario de Ejecutivo autonómico que en los últimos meses ha remitido a la Audiencia Nacional varias cartas con información sobre las supuestas irregularidades que salpican al político del PP. Se trata de A.E.P.M., quien en las misivas asegura trabajar en la Consejería de Educación y Universidades, la cartera que ocupaba en la anterior legislatura el máximo dirigente autonómico cuando tuvo tratos con integrantes de la trama. El magistrado destaca en la providencia por la que señala la fecha y hora de la declaración de este testigo sorpresa que toma dicha decisión a la vista del "contenido" de las cartas, que incorpora también al sumario, aunque los detalles de las mismas aún no han trascendido.

El juez Velasco ha decidido citar al trabajador de la Consejería de Educación de Murcia a la vista del "contenido" de varias cartas que había remitido a la Audiencia Nacional

El testimonio de este trabajador del Gobierno murciano se produce sólo dos meses después de que el juez Eloy Velasco levantase el secreto de sumario sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se concluía que Pedro Antonio Sánchez había cometido presuntamente un delito de fraude en sus tratos con la trama Púnica. El documento policial, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 13 de mayo aunque no salió a la luz hasta quince días después, detallaba los pasos que el político 'popular' y sus colaboradores habían dado supuestamente para cerrar un acuerdo con integrantes de la red de corrupción para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que iba a encabezar la lista del PP. Fueron los comicios que finalmente le catapultaron a la presidencia de la región. Supuestamente iba a pagar un total de 36.800 euros que serían cargados con facturas por 'formación' a la Consejería de Educación que entonces dirigía.

Trece email, doce llamadas, 35 mensajes...

El exhaustivo documento de la UCO recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo con los que detallaba paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' y las reticencias que en un primer momento mostraba Pedro Antonio Sánchez. Según recogía el informe, éste había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz López, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa, y temía que hubiera un 'conflicto de intereses' entre ambos ya que los dos querían hacerse con el control del partido en la región. Sin embargo, De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, aparcaron las pegas y pidieron la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora del PP. A cambio de su mediación ésta iba a conseguir presuntamente que la trama también le hiciera trabajos de reputación 'online' gratis.

En mayo, la UCO entregó un informe en el que se apuntaba que Pedro Antonio Sánchez podía haber cometido un delito de fraude al encargar trabajos de reputación 'online' a la trama

De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda, por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo después de las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.

"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista

En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en una red de periódicos 'zombis' las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el experto informático y su socio, Alonso Conesa, en el que primero le comentaba que iba a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le instaba a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que incluía a Pilar Barreiro, y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y su socio.

La trama llegó a realizar un informe "preventa" sobre la imagen del presidente murciano en el que se reflejaba que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas

El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambió numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. La UCO destacaba también que en el transcurso de todas las conversaciones no se abordaron otros temas que no fuesen la reputación personal del candidato "y que en ningún caso se hace constar que se vayan a acometer trabajos que puedan considerarse como insertos en el concepto de formación". En este sentido, los autores del documento policial añadían que concurrían "elementos paralelos" a lo ocurrido en la Consejería de Industria, "donde se iban a enmascarar trabajos de reputación en contratos públicos de los Institutos de Fomento y Turismo de Murcia". Por aquellos supuestos amaños, permanece imputado su entonces titular Juan Carlos Ruiz López.

No obstante, este informe no era la primera vez en el que el nombre de Pedro Antonio Sánchez aparecía en el sumario de la trama Púnica. De hecho, justo antes de las elecciones que le auparon a la presidencia del Ejecutivo regional salieron a la luz diversas referencias a él tanto en intervenciones telefónicas como en las declaraciones de algunos testigos. En todos los casos, por los contactos con Alejandro de Pedro. Sin embargo, en aquel momento esta línea de investigación pareció quedar arrumbada mientras se concluía la que afectaba al consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, quien fue finalmente imputado tras perder la condición de aforado después de aquellos comicios. Más adelante, surgieron nuevos indicios que implicaban a otros cargos políticos de Murcia en la causa. Así, en diciembre pasado se señaló a un alcalde del PP de la región también por la supuesta realización de trabajos de reputación 'online' a costa del erario. En marzo, un nuevo documento de la UCO aportaba nuevos datos contra Alonso Conesa. Y el 13 de ese mismo mes, la Guardia Civil entregaba el informe de 66 folios sobre Pedro Antonio Sánchez. Ahora el juez Velasco espera que el nuevo testigo refuerce los indicios contra el político. La cita es el próximo 13 de septiembre a las 11 de la mañana.

El "apoyo total y absoluto" de Rajoy

La contundencia del informe de la UCO sobre la presunta implicación de Pedro Antonio Sánchez en la trama Púnica no impidió que días después de que el documento saliera a la luz pública el presidente en funciones Mariano Rajoy mostrará a éste públicamente su "apoyo total y absoluto". Fue en el arranque del mitin que celebró en Murcia el pasado 11 de junio, durante la campaña de las últimas Elecciones Generales. "Sabes que cuentas con nuestra simpatía y con nuestro reconocimiento y, en mi caso además, con mi apoyo total y absoluto porque te lo mereces", le dijo al jefe del Ejecutivo murciano, entre los aplausos de los militantes y afiliados del PP que asistían al acto. No fue el único. Unos días antes, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, había hecho unas declaraciones durante una entrevista radiofónica en las que restaba valor al trabajo de la Guardia Civil. Fernández Díaz aseguró entonces que el informe no acusaba al líder autonómico de contratar con la red investigada y recalcó que el documento policial estaba lleno "de presuntos, eventuales y posibles". Dichas declaraciones sentaron muy mal en el seno del Instituto armado al venir, precisamente, de su máximo responsable.

http://vozpopuli.com/actualidad/88893-un-testigo-sorpresa-reactiva-la-investigacion-sobre-el-presidente-de-murcia-en-el-caso-punica

EL CASO PÚNICA SALPICA A BRUNETE OTRO AYUNTAMIENTO DEL PP HORAS ANTES DEL DEBATE DE INVESTIDURA

Agentes de la UCO acuden a Brunete para recabar documentación sobre la licitación de un contrato millonario al que aspiraba Cofely, una de las principales empresas de la trama. Este municipio madrileño aparece mencionado de manera reiterada en la confesión del constructor David Marjaliza, en 'pinchazos' telefónicos y en diversos documentos intervenidos.

La investigación del 'caso Púnica' sigue avanzando a velocidad de crucero pese al atasco político. Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado lunes en otro ayuntamiento madrileño gobernado por el PP: Brunete, un municipio de 10.000 habitantes situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital. El objetivo de los integrantes de Instituto armado era recabar documentación sobre un concurso de eficiencia energética que se paralizó tras producirse las primeras detenciones en octubre de 2014 y al que aspiraba una de las principales empresas implicadas en la trama, Cofely-GDF Suez. Fuentes del actual equipo de gobierno 'popular' de Brunete que lidera Borja Gutiérrez con mayoría absoluta desde las elecciones locales de mayo de 2015, admitieron este martes a Vozpópuli la 'visita' de la UCO y detallaron que sus agentes habían estado reunidos "durante unos quince minutos" con la secretaria municipal, a la que habían requerido diversa información. No obstante, restaron relevancia a la misma ya que insistieron en que el contrato sobre el que recabaron los datos nunca se llegó a adjudicar.

Fuentes del equipo de gobierno municipal reconocen que agentes de la UCO acudieron el lunes al consistorio de Brunete a recabar documentación de un contrato fallido

Se trata, en concreto, del expediente -"o más bien un documento de trabajo interno", según insistieron en calificar estas fuentes del PP dicha documentación- referido al concurso de eficiencia energética que este pequeño consistorio tenía previsto convocar a finales de 2014 y por el que se iba a gastar 8,9 millones de euros en quince años para mejorar el alumbrado público de municipio. Una licitación que finalmente no se llevó a cabo ya que la aprobación de los pliegos de la misma se suspendió en el último momento al retirarla de la orden del día de la comisión municipal en la que se les iba a dar luz verde en octubre de aquel año. El equipo de gobierno local alegó entonces que faltaba "un documento técnico", un argumento que ahora han vuelto a reiterar en sus declaraciones a este diario. Aquella reunión de la se 'sacaron' los primeros trámites de dicho concurso iba a tener lugar precisamente, un día después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ordenara la detención de los principales implicados en la trama. Un detalle que desde del PP local consideran "casual".

Hasta la fecha no hay ningún cargo público de este consistorio imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en la confesión del constructor David Marjaliza, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. De hecho, los diferentes levantamientos del secreto de sumario ordenados por el magistrado en los últimos meses han permitido conocer las numerosas referencias que a lo largo de la investigación han ido apareciendo de esta localidad y del propio concurso fallido al que supuestamente iba a acudir Cofely. Sin embargo, hasta ahora no se tenía constancia de que la Guardia Civil hubiera realizado gestiones concretas sobre dichos indicios.

8.000 euros más IVA

Entre estos últimos se encuentra la declaración de David Marjaliza, considerada clave por el juez Velasco dada su condición de cabecilla de la trama y en la que se cita expresamente a Brunete. Así, al desgranar decenas de ejemplos de sobornos, mordidas y comisión ilegales entregadas a alcaldes y concejales para conseguir contratos para Cofely, el constructor aseguró que al entonces equipo de gobierno de consistorio, encabezado ya por Borja Gutiérrez, supuestamente se le iba a pagar una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio sobre eficiencia energética.

En el sumario figuran referencias a Brunete en agendas manuscritas, correos electrónicos, 'pinchazos' telefónicos y la confesión de Marjaliza

Una acusación que se ve refrendada por el contenido de varias conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente a varios de los implicados de la trama y de diversas agendas y notas manuscritas intervenidas a éstos. Así, el 16 de octubre de 2014, sólo unos días antes de las primeras detenciones, la Guardia Civil interceptó una llamada de uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, Pedro García, en el que éste aseguraba a un desconocido que ya tenía cerrado "el tema de Brunete" y que había estado reunido con "Borja", con el que había hablado de unos supuesto "problema de tiempo" y que "van a ir avanzando". Los informes de la Guardia Civil destacan que este directivo de Cofely era "el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos del que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones".

Ese mismo día, los agentes volvieron a intervenir otra llamada de Pedro García, en este caso dirigida a uno de sus superiores, Didier Maurice, director general de la filial española de Cofely-GDF Suez y también imputado en la causa. El informe de la UCO que da cuenta de dicha conversación recoge textualmente que "Pedro dice que el 6 de noviembre se aprueba en el Pleno la eficiencia energética en Brunete. Didier se alegra de la noticia". Los investigadores consideran que estas llamadas, y otras también recogidas en la causa, hacen sospechar que en el momento en el que se produjeron las detenciones, la trama Púnica estaba presuntamente a punto de repetir en el Ayuntamiento de Brunete el amaño del contrato de eficiencia energética que anteriormente había realizado presuntamente en otros municipios madrileños, como Móstoles y Parla. El hecho de que el juez Velasco se viera obligado a precipitar las detenciones tras el 'chivatazo' que había recibido Francisco Granados había impedido que se concretara. Desde el equipo de gobierno 'popular' de la localidad se negaba este martes a Vozpópuli la veracidad de dichas sospechas. "Nunca se contrató nada con empresas de la Púnica", recalcaban.

Anotación en una agenda

Sin embargo, un informe de la Guardia Civil apunta a que uno de los supuestos pagos del dicho amaño frustrado era "la realización de encuestas" de carácter político que se camuflaban como estudios sobre eficiencia energética. "Así se deduce en primer lugar de una anotación en la agenda personal Pedro García [el directivo de Cofely] de octubre de 2.013, consistente en 'Victor (encuestas Brunete)". No es el único indicio en este sentido. También hay correos electrónicos intervenidos a otros imputados en los que se hace referencia, precisamente, al sondeo electoral que iba a pagar la trama y de la que había hablado Marjaliza en su confesión. De hecho, la investigación permitió escuchar una conversación entre el constructor y un tal Victor, supuestamente el responsable de la empresa de encuestas, en el que ambos hablan, según destaca el informe de la UCO, con "un lenguaje convenido" de "los señoritos' (probablemente autoridades municipales) o 'el pequeño municipio', (probablemente Brunete)".

En sus conversaciones telefónicas dos implicados en la trama se refieren a Brunete como "el pequeño municipio" y a sus cargos públicos, como "los señoritos"

El documento policial resalta que ese lenguaje en clave "es extraño a una relación comercial normal y apunta a que ambos están al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas. En ese mismo sentido -continúa el informe policial- existen varios correos cruzados entre David Marjaliza y Víctor donde se abordan diversas cuestiones relativas a un contrato para la realización de encuestas en Brunete para Ruta Energética, empresa que David Marjaliza habitualmente emplea para la emisión de informes y facturación a Cofely al objeto de recibir la remuneración o reintegro de cantidades acordada con estos". En el sumario aparece, de hecho, una copia del cuestionario de dicho sondeo de cuyo contenido los investigadores destacan, que pese a que el contrato recoge que se trata de "un supuesto estudio de opinión pública sobre la gestión energética municipal en Brunete cuando de la lectura de las preguntas contenidas en los cuestionarios que materializaran el contrato se deduce que se trata en realidad de una encuesta de imagen de la gestión municipal (donde ni siquiera aparece ninguna alusión a la eficiencia energética municipal) y de expectativas de voto". De hecho, en la misma se pregunta por Borja Gutiérrez, el regidor 'popular', y su labor la frente del consistorio.

En el sumario aparecen otros indicios en las misma dirección. Entre ellos, una agenda con anotaciones referidas al supuesto pago de 'mordidas' a cargos públicos y políticos que se intervino a Ana María Ramírez, la secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. En la página 221 de la misma, junto a un tabla con media docena de inciiales que los investigadores han identificado con varios de los ayuntamientos ya investigados (Parla, Serranillos del Valle, Moraleja del Enmedio, Collado Villalba y Móstoles), aparecen otras anotaciones con nombres completos de localidades. Entre éstos se encuentra, precisamente, "Brunete", en su caso vinculado a la cifra de 12.000 euros. En la declaración ante el juez Velasco de Ana María Ramírez, que también está colaborando con la Justicia, el magistrado le preguntó expresamente por esta pequeña localidad madrileña. Ahora la Guardia Civil ha acudido al consistorio a recabar documentación.

http://vozpopuli.com/actualidad/88817-el-caso-punica-salpica-a-otro-ayuntamiento-del-pp-horas-antes-del-debate-de-investidura

El juez de Púnica encarga a Hacienda el rastreo de las cuentas de la empresa pública que salpica a cargos de Cifuentes

La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se encargará de elaborar el informe sobre la abundante documentación que el magistrado Eloy Velasco reclamó el pasado mes de julio a la Comunidad de Madrid referida a los contratos del Plan Prisma y de 22 consorcios urbanísticos en los que intervino la sociedad pública Arpegio. El juez busca pruebas de los supuestos amaños de Francisco Granados y otras personas que actuaron "por delegación" de éste en un programa de inversiones que se presupuestó inicialmente en "1.000 millones de euros".

El Ministerio de Hacienda que dirige en funciones Cristóbal Montoro asume protagonismo en la investigación del 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha encargado a la Unidad de la Agencia Tributaria (AEAT) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que sea ella la que analice la abundante documentación que reclamó el pasado mes de julio al Gobierno de Cristina Cifuentes sobre la empresa pública Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. El magistrado pidió entonces a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera "urgente e inmediata" toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y a un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma ante la sospecha de que el presunto cabecilla de la trama, el ex consejero Francisco Granados, amañó los mismos para lucrarse. Esta es la pieza el sumario que salpica a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cifuentes, a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de estas presuntas 'mordidas'.

La documentación que ahora analizarán los expertos de la AEAT es la que el juez pidió al Ejecutivo de Madrid en julio sobre el Plan Prisma y 22 consorcios urbanísticos

De este modo, una parte relevante de la investigación en esta pieza separada del sumario que el magistrado abrió precisamente por "las declaraciones iniciales" del antiguo socio de Granados, pasa a manos de Hacienda, cuyo papel en la causa hasta ahora había sido secundario al limitarse a la elaboración de diversos informes sobre la situación fiscal de investigados y empresas. En uno de ellos, detallaba precisamente parte de la operación de blanqueo de 4,2 millones de euros que el constructor realizó con una falsa compraventa de obras de arte. Ahora, sin embargo, el encargo va más allá en una línea de investigación con evidentes conexiones políticas, ya que afecta a González Taboada y otros altos cargos de Cifuentes que en le etapa de Granados como consejero ya ocupaban puestos de responsabilidad. Sus pesquisas servirán de refuerzo a las ya realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que hasta ahora ha realizado las 'visitas' a la sede de Arpegio para recabar diversas documentación y que, de hecho, seguirá llevando el peso de la investigación.

En concreto, el juez quiere que los expertos de la Agencia Tributaria analicen nueve documentos que ha pedido a la Comunidad de Madrid relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica, así como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También que estudien los acuerdos por los que Granados designó a González Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

Los contratos de la empresa DUSA

El magistrado ha ordenado también que sea Hacienda la que rastree las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Para ello, le ha entregado los expedientes de adjudicación de ocho contratos a dicha sociedad. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha compañía los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y"prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Buena parte de las pesquisas se centran en ochos contratos de "obras y servicios" adjudicados a la empresa DUSA por 9,8 millones de euros.

Otros contratos cuya documentación va analizar ahora la Agencia Tributaria son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente también rastreará las copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata.

Como apuntaba en el auto por el que solicitó el pasado mes de julio toda esta documentación al Ejecutivo de Madrid, el juez Velasco sospecha que todos estos contratos se adjudicaron de manera supuestamente irregular "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que aquel escrito judicial no daba su nombre. Diversas fuentes apuntan a que se trata de González Taboada, actual número 3 del Gobierno madrileño, ya que en actas de Arpegio figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, estas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo bajo sospecha ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente.

http://vozpopuli.com/actualidad/88770-el-juez-de-punica-encarga-a-hacienda-el-rastreo-de-las-cuentas-de-la-empresa-publica-que-salpica-a-cargos-de-cifuentes

EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL BANQUILLO A GRANADOS POR EL CHIVATAZO QUE LE DIO UN GUARDIA CIVIL

La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos

El chivatazo tuvo lugar después de que los dos agentes le informaran de que la UCO se encontraba investigando a su amigo, el empresario David Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a dos guardias civiles que supuestamente le chivaron que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba investigando a su amigo el empresario David Marjaliza, por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha finalizado la investigación de la primera de las catorce piezas separadas –la denominada pieza I Talamino– que obra el sumario de la trama Púnica .

Ya el pasado junio, Velasco acusó en un auto al cabecilla de la trama, Francisco Granados, de beneficiarse de la alerta que le hizo el agente de la Guardia Civil José Manuel Talamino en una discoteca a altas horas de la madrugada. También, acusó a este agente y a su asesor de seguridad, miembro del Instituto Armado en excedencia, José Luis Caro Vinagre, de revelación de secretos.

No obstante, el otro considerado cabecilla, David Marjaliza, quedó fuera de la instrucción de esta pieza, a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado.

Ahora el magistrado, en un auto de transformación EN procedimiento abreviado con fecha de 5 de julio, ha procesado tanto a los dos agentes como ex secretario general del PP de Madrid. A los miembros de la Guardia Civil por la revelación de secretos y a Granados por aprovecharse de esa revelación.

El chivatazo se produjo del 5 al 6 de septiembre de 2014

Precisamente, considera a Rodríguez Talamino autor del chivatazo, el cual tenía acceso a la información por su oficio, y a Caro Vinagre, cooperador necesario. En cuanto a Granados, subraya que se interesó en conseguir datos sobre las pesquisas para que los "vigilados" pudieran adoptar medidas que "contrarrestasen y anulasen" la investigación judicial.

Además, este auto que se ha hecho público este viernes, destaca que en el chivatazo –que se produjo en la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014, especifica el escrito de Velasco– hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre la operación Púnica .

Rodríguez Talamino, destinado en la UCO, se dirigió a Granados durante las fiestas de Valdemoro para advertirle de que había participado en la colocación de un dispositivo de vigilancia a las puertas de las oficinas de las empresas del empresario, en el centro comercial Plaza Éboli de Pinto.

El agente se encargó de preparar el vehículo que la Guardia Civil iba a emplear en su dispositivo de vigilancia. Tan sólo un día después de la instalación de los medios en el coche, Talamino ya llamó a Caro Vinagre para avisarle.

La cámara instalada en Plaza Éboli tuvo que ser retirada y otros implicados en la trama comenzaron a adoptar medidas de seguridad adicionales en sus comunicaciones. Además, Marjaliza, ordenó la compra de nuevos teléfonos y quemó "importantísimos documentos que hubieran servido de prueba".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/29/el_juez_velasco_sienta_banquillo_granados_por_chivatazo_que_dio_guardia_civil_53075_1012.html

EL JUEZ SOSPECHA QUE GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE ARPEGIO POR VALOR DE "1.000 MILLONES DE EUROS"

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia. 

El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

Convenios y consorcios bajo sospecha, contratos millonarios supuestamente amañados... y, detrás de todo ello, Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que ordena a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública Nuevo Arpegio que le entreguen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad antecesora de esta última, Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA. El motivo es la sospecha de que el que fuera secretario general del PP de Madrid y ahora señalado como presunto cabecilla de la trama Púnica aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado cita expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se corresponde con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado salpican a un viceconsejero del Gobierno de Cifuentes que en el periodo investigado, 2006-2011, fue consejero delegado de Arpegio y director general del Plan Prisma

El auto recalca que todo este dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que el escrito judicial no da su nombre. Según diversas fuentes, se trata de Ignacio Palacios, imputado ya en la causa como presunto testaferro del político, aunque otras también apuntam a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes y a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de las 'mordidas' de los supuestos amaños de la empresa pública. En actas de Arpegio, González Taboada figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, las nuevas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el vicecconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo investigado ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente. 

El auto del juez Velasco detalla que esta línea de investigación, que le llevó recientemente a abrir una nueva pieza separada en el sumario que permanece secreta, arranca precisamente con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza. Éste había revelado la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Primas, impulsados todos ellos por la Comunidad de Madrid". El magistrado destaca que todo ello estaba "dotado con 1.000 millones de euros" de fondos públicos, una importante cantidad que se adjudicaron "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación". Para ello, añade el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo". De este modo, Velasco considera que "el dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio" que puso a la empresa pública bajo el control directo de la consejería que encabezaba Granados.

Copias certificadas

Por todo ello, el magistrado ordena a la Comunidad de Madrid que le entregue copias certificadas de nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica. Así, reclama el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También quiere que se le entregue los acuerdos por los que Granados designó a Ignacio Palacios como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos, así como el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. A su vez, pide a la empresa pública los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se desiginaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

El juez Velasco ha reclamado a la Comunidad de Madrid los expedientes de las adjudicaciones a la empresa DUSA de ocho contratos de Arpegio por valor de 9,8 millones de euros 

El auto del juez apunta además a otras dos líneas de investigación también dentro de Arpegio a la vista de la documentación que reclama. Por un lado, la abierta por dos recientes oficios remitidos a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre indicios de supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Por otro, la que se inicia tras "la declaración de un testigo el pasado mes de marzo" que no identifica y que, según destaca el magistrado en su magistrado, dio detalles sobre "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones". El juez Velasco quiere saber ahora qué "entidades físicas y jurídicas" concretas resultaron "beneficiarias de este proceder".

"Complementarios" y "prórrogas"

Para aclarar los supuestos amaños relacionados con DUSA, el magistrado reclama los expedientes de adjudicación de ocho contratos. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha empresa los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y "prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Un testigo detalló en marzo al juez "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones"

Otros contratos cuya documentación ha reclamado el juez, como adelantó este miércoles el diario El Mundo, son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente reclama también copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata. El escrito del juez recalca a los destinatarios de su escrito, Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio, que la "práctica y ejecución" de dicho requerimiento "es urgente e inmediata". El cerco sobre Francisco Granados se sigue estrechando a toda prisa.

http://vozpopuli.com/actualidad/86592-el-juez-sospecha-que-granados-amano-contratos-de-arpegio-por-valor-de-1-000-millones-de-euros

EL JUEZ RECLAMA DOCUMENTACIÓN DE LA PÚNICA A LOS HOMBRES FUERTES DE CIFUENTES

El magistrado da credibilidad a Marjaliza, que acusó al consejero Taboada de llevarse comisiones de la trama

El juez Alejandro Abascal, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha hecho público un auto en el que exige la entrega de documentación sobre la trama Púnica al consejero de Presidencia de la Comunidad, Ángel Garrido, y al presidente de la empresa pública Nuevo Arpegio, Jaime González de Taboada, que también es consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. O lo que es lo mismo, el número tres de Cristina Cifuentes.

El auto en cuestión, publicado el 14 de julio y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, pone en un duro brete a Cifuentes y su gobierno. No sólo porque señale a sus dos principales pilares en el Gobierno, sino porque deja en evidencia su maniobra de presentar a la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso Púnica, al tiempo que el Gobierno obstaculiza la investigación y debe ser amonestado por no presentar los documentos.

Pero, sobre todo, porque el auto da credibilidad a las acusaciones de David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados que cantó la traviata y señaló al amaño de contratos y adjudicaciones en la empresa pública Arpegio a través de los PRISMA (Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid).

De hecho, Marjaliza acusó al propio Taboada de llevarse comisiones con estos amaños. En concreto, señaló que las mordidas se repartían en tres lotes: uno para Taboada, otro para determinados funcionarios que habían ejecutado el chanchullo, y un último a repartir entre él y Granados, que por entones era presidente de Arpegio; puesto que ahora ocupa el propio 
El magistrado, en su auto, requiere dicha documentación a petición de la Fiscalía y “a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza” en las que “se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 Consorcios Urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”.

Y no es el único cantante al que hace referencia el juez, que también se basa en “la declaración de un testigo el pasado mes de marzo, sobre la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones”. Por ello, el magistrado cree que “resulta necesario conocer las entidades físicas y jurídicas beneficiarias de este proceder”.

El juez subraya la “necesidad de avanzar en estas líneas de investigación”. Una urgencia que “hace útil y necesaria la obtención de la información solicitada”. Además, el magistrado no se anda con medias tintas y reclama de manera muy específica hasta 22 documentos concretos, entre los que destacan varios expedientes de contratos sospechosos de haber sido manipulados, así como las identidades de los trabajadores que participaron en las adjudicaciones y las instrucciones dadas por Francisco Granados.

http://www.elplural.com/2016/07/20/el-juez-reclama-documentacion-de-la-punica-los-hombres-fuertes-de-cifuentes

GRANADOS SEGUIRÁ ENTRE REJAS

La Audiencia Nacional rechaza dejarlo en libertad desestimando su recurso de apelación para evitar su fuga

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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad al ex alcalde de Valdemoro y ex secretario general del PP de Madrid por tres motivos fundamentales: por riesgo de fuga, porque puede hacer desaparecer documentación y porque podría “comprar voluntades” en su beneficio futuro. De esta manera la Audiencia desestima el recurso de apelación que presentó Granados ante la decisión del juez Eloy Velasco, que ya le negó salir de prisión.

La Audiencia Nacional insiste en que los beneficios de la trama `Púnica´ están localizados “en gran parte” pero todavía podría quedar patrimonio oculto tanto dentro como fuera de España. La Sala de lo Penal añade que si accediera al recurso del ex alcalde de Valdemoro, éste podría dedicarse a actividades “que bordean la legalidad” y cometer otros hechos delictivos.

http://cadenaser.com/emisora/2016/07/15/ser_madrid_sur/1468575934_223946.html

DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA

El exalcalde de Móstoles renuncia a su escaño tras la petición de imputación del juez del caso

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, vinculado con el caso Púnica, ha dimitido esta tarde tras reunirse con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, según informan fuentes del PP.

El diputado y exalcalde de Móstoles, dimite "de todos sus cargos" -incluido el de concejal-, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo por su posible relación con la Púnica, tal y como pidió el juez Eloy Velasco, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atribuye cinco delitos relacionados con la corrupción al diputado del PP porque en su época como alcalde de Móstoles supuestamente amañó un contrato para la Púnica de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros

http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html

NUEVA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN CONTRA UNA EXALCALDESA DEL PP IMPUTADA YA EN DOS CASOS

El Ayuntamiento ha denunciado por unas obras a la portavoz del PP en el pueblo

Arrastra investigaciones de la Púnica y por compras con la tarjeta municipal

Olga Fernández, exalcaldesa de Serranillos del Valle y hoy portavoz municipal del PP, está imputada en la trama Púnica por un negocio de ropa usada, en otoño tiene un juicio por comprar bolsos con la tarjeta del Ayuntamiento y ahora, el alcalde, Iván Fernández, la ha denunciado ante la fiscalía por dar una subvención de 29.415 euros para edificar una plaza que, sin embargo, ejecutaron los operarios municipales sin que interviniera ninguna empresa, según la acusación

El nuevo regidor de Serranillos (3.400 vecinos, al sur de Madrid) acusa a Olga Fernández, alcaldesa entre 2003 y 2011 sustituyendo a su padre, de delitos de falsedad de documento público y privado, prevaricación y malversación de fondos públicos. El coordinador municipal de los Servicios Generales, Fernando Farelo, y al administrador de la empresa Aceryfor también han sido denunciados.

En enero de 2008 el Ayuntamiento decidió construir una plaza. Contrató primero a una ingeniería para la instalación eléctrica que abonó en mayo, cuando se terminó. Posteriormente se acometieron el resto de los trabajos.

En diciembre, con la plaza ya terminada, según la denuncia, solicitaron a la Consejería de Presidencia de Francisco Granados, de la que dependía el plan de inversiones regionales Prisma, una subvención de 29.415 euros.

La ayuda les fue concedida medio año después. Según denuncia el nuevo regidor a la fiscalía, en contabilidad solo aparece que Aceryfor, la empresa que se quedó con la obra sin concurso, cobró el IVA y el IRPF (7.100 euros en total) no los 29.415 euros. “Jamás Aceryfor ha requerido al Ayuntamiento el pago de la factura ni ha intentado adherirse a los planes de pago a proveedores”, asegura el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Extrañado, el actual alcalde reclamó al arquitecto municipal un informe en el que aclarase quién hizo la plaza. Y este aseguró por escrito que, a excepción de la parte eléctrica, la habían edificado los dos operarios municipales. Los dos obreros corroboraron su labor y lo mismo su electricista. Según relatan, se construyó la plaza antes de recibir la subvención.

Sin embargo, el coordinador de Servicios Generales, Fernando Farelo, aseguró en un tercer escrito que “en la construcción de la plaza se utilizaron medios conjuntos del Ayuntamiento y de expresas externas”. Aunque Farelo tenía un contrato de exclusividad con Serranillos como coordinador, por el que cobraba 34.000 euros, entre julio de 2004 y marzo de 2008 fue administrador único de Aceryfor, la empresa a la que el Ayuntamiento pagó el IVA y el IRPF de la construcción de una plaza que, según la denuncia, nunca edificó. El nuevo alcalde cree que Fernández “buscó a un amigo para justificar el gasto ante Hacienda”. Olga Fernández ha declinado hacer declaraciones a EL PAÍS.

En sus últimos nueve meses como alcaldesa (2010-2011) Fernández gastó 8.400 euros en muebles y utensilios en Ikea, un ordenador portátil, un ipad, dos bolsos de 180 euros cada uno y múltiples facturas de gasolina, restaurantes y hoteles. La portavoz del PP, tras la denuncia de su sucesor en cargo —el independiente Antonio Sánchez, imputado en Púnica—, consiguió justificar todo, salvo dos bolsos que la sentarán en el banquillo en otoño.

Y en mayo de 2015 —a la vez que las últimas elecciones municipales, que ganó aunque no gobierna— Fernández fue imputada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por la trama Púnica. Este sospecha que utilizó sus contactos políticos para que a Recuperaciones Oasis, la empresa para la que trabajaba, le diesen un contrato sin tener trabajadores o estar inscrita en la Seguridad Social. Oasis hace negocio con la ropa que los ciudadanos donan en los contenedores a personas necesitadas. “Concluyo que se lo iban a dar, lo tenía usted más claro que el agua", le espetó Velasco el pasado mayo en una declaración que reprodujo la cadena Ser.

La presidenta regional Cristina Cifuentes, que preside la gestora del PP madrileño, ha asegurado en muchas ocasiones que cualquier cargo público investigado (imputado) por corrupción será apartado, pero no ha ocurrido en el caso de la exregidora, que se fotografía con los máximos líderes del PP nacional en todo tipo de actos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/22/madrid/1466628970_827518.html

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA OTRA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR "POSIBLES IRREGULARIDADES"

En un auto, el instructor reclama a la Fundación para el Conocimiento madri+d numerosa documentación de los contratos firmados con uno de los principales imputados de la trama, el empresario Alejandro de Pedro.

El instructor de la trama Púnica, el magistrado Eloy Velasco, ha puesto en el punto de mira a otra de las fundaciones de la Comunidad de Madrid con las que el imputado –investigado según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal- Alejandro de Pedro hizo negocios a través de sus empresas de reputación online Eico y Madiva.

A la investigación realizada a la Fundación de la Energía y la Fundación de la sociedad pública Arpegio, se suma ahora la Fundación para el Conocimiento madri+d, dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte del Gobierno regional. Los investigadores cuentan en su poder con documentación que pone en evidencia que, a través de este organismo, se han cometido "posibles irregularidades" en los contratos firmados entre las sociedades de De Pedro y la propia Fundación. En el epicentro de las sospechas: un proyecto llamado 'Study in Madrid'.

Según ha podido saber este periódico, fue la mercantil Eico la que puso en marcha el portal web para lanzar este proyecto. A esta empresa se le encomendó en 2014 desde la Comunidad de Madrid que hiciese un estudio de mercado para poner en marcha "un portal del estudiante", una página web que aglutinara las ofertas de todas las universidades madrileñas. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, habría fijado la reunión entre el empresario investigado y el director de la Fundación, según indican las fuentes consultadas.

Figar, se vio obligada a dimitir en junio de 2015 cuando el juez Velasco acordó su imputación en el caso Púnica. La ex dirigente del PP está siendo investigada precisamente por los contratos que firmó la Consejería de Educación con el empresario De Pedro cuando ella estaba al frente de la misma. 

Velasco pide a la Fundación para el Conocimiento madri+d que le entregue el expediente completo de contratación con las empresas de Alejandro de Pedro

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Velasco pide al organismo que le aporte "los datos obrantes en esa entidad sobre los trabajos realizados por Alejandro de Pedro Llorca conjuntamente con personal de la Fundación o contratado por ésta, aportando, además, normas administrativas si las hubiera de contratación de la Fundación, acta de constitución y sucesivas inscripciones realizadas en el registro de fundaciones". Además, el instructor quiere que dicha institución informe de cuáles fueron "los medios de pago" que se utilizaron con las empresas de De Pedro.

Por otro lado, Eloy Velasco ordena que desde la Fundación para el Conocimiento madri+d le faciliten "los presupuestos solicitados a otras sociedades por esa Fundación para el proyecto denominado 'Study in Madrid’", así como "el expediente completo de contratación de dicha fundación en el citado proyecto, todos los datos contables, datos de facturación sobre el proyecto, así como cualquier otra información que considere aportar sobre el mencionado proyecto".

Cerco a las fundaciones de la Comunidad de Madrid

Además, en la resolución, el instructor detalla que toda la documentación reclamada debe ser aportada por la Fundación directamente a la Guardia Civil y autoriza a los agentes a "recabar cualquier información o documentación ampliatoria relacionada con la que éstos hubiesen reclamado previamente con la finalidad de seguir el rastro de la operación en cuestión y/o de identificar a los intervinientes en la misma".

El magistrado adopta esta decisión después de que el pasado 14 de junio la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) enviase un oficio a la Audiencia Nacional donde solicitaba que se librara una mandamiento judicial a la citada fundación para que "aportara toda la documentación que obrara en su poder en relación a proyecto denominado 'Study in Madrid', desarrollado por Alejandro de Pedro conjuntamente con personal de la citada Fundación".

Las pesquisas se centran en el proyecto 'Study in Madrid' desarrollado por De Pedro "conjuntamente" con personal de la citada Fundación

Según viene recoge su propia página web, la Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que "nace en 2002 como un instrumento de la política científica de la Región". Dicho organismo desarrolla "programas y prestamos servicios en acreditación y calidad de la educación superior, transferencia de tecnología, creación de empresas de base tecnológica, participación en programas europeos de investigación y comunicación y cultura científica". Asimismo, en dicha web se explica que "en el año 2014 la Fundación recibe del Gobierno Regional las competencias en Evaluación y Acreditación del Sistema universitario madrileño".

Junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d, el juez Velasco investiga en estos momentos a la Fundación de la Energía y la Fundación de la sociedad pública Arpegio, ambas dependientes de la Comunidad de Madrid. Sobre el primero de estos organismos, tutelado por la Consejería de Economía, el instructor reclamó abundante documentación contable del período 2010-2012, en el tramo final de la presidencia de Esperanza Aguirre. En concreto, la UCO se incautó de numerosas facturas relacionadas con pagos por la elaboración de diverso material divulgativo sobre eficiencia energética para esta entidad que cuenta entre sus patronos, además del Ejecutivo autonómico, con empresas como Repsol, Cepsa, Endesa, Gas Natural e Iberdrola. La Guardia Civil centra la investigación en las facturas pagadas para elaborar material divulgativo sobre la eficiencia energética.

Por otro lado, Velasco investiga a la Fundación de Arpegio por posibles "irregularidades [del] convenio de colaboración Arpegio, Consejería Cultura de la CAM y Waiter Music vinculados con la organización concierto 'The night of the Proms'. Por estos hechos, se encuentra imputada la ex concejal del PP Carmen Plata Esteban, que en el momento en el que se celebró el concierto –en el año 2007- era la gerente de la Fundación Arpegio, a través de la cual se formalizó un contrato de patrocinio por 139.000 euros.

http://vozpopuli.com/actualidad/84786-el-juez-de-punica-investiga-otra-fundacion-de-la-comunidad-de-madrid-por-posibles-irregularidades

LA TRAMA PÚNICA ALCANZA AL MUNDIAL DE MOTO GP

David Marjaliza, cabecilla de la red junto a su socio Granados, confesó al juez Velasco que amañó contratos para la constructora que patrocina a Héctor Barberá 

La firma Avintia pagó encuestas para el PP según el director de proyectos de una firma de sondeos que trabajaba para el partido 

Patrocina a uno de los equipos españoles en el Mundial de Moto GP. Su azul corporativo recorre este año los circuitos de todo el mundo en la moto de Héctor Barberá, su piloto estrella. Y es uno de los actores de la trama Púnica. El Grupo Avintia, una empresa constructora que se ha extendido al sector servicios, aparece señalado como un actor más de la trama Púnica. Según los investigadores pagó encuestas para el Partido Popular camufladas como estudios socioeconómicos en distintos ayuntamientos de Madrid a cambio de adjudicaciones de obras. El cabecilla de la trama, el empresario y amigo de Francisco Granados, David Marjaliza, citó su nombre entre la decena de empresas que, según él, recibieron contratos amañados del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, un programa para llevar infraestructuras a municipios de la región entre 2017 y 2011 con Esperanza Aguirre en la presidencia del Gobierno.

Según la investigación que dirige el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, Avintia y otras empresas firmaban con una empresa de sondeos, TNS, "contratos fraudulentos" que simulaban estudios de mercado cuando en realidad estaban pagando encuestas electorales para el Partido Popular. En el caso de Valdemoro, el ayuntamiento que gobernó durante 16 años el PP hasta 2015 y donde empezó la carrera como de Francisco Granados, Avintia recibió importantes adjudicaciones, la mayor, de nueve millones de euros para un colegio a través de una UTE con la firma Ortiz Construcciones y Proyectos.

Coincidiendo con dichas adjudicaciones, el patrocinador del equipo de Moto GP, firmó contratos por 55.000 euros para supuestos estudios de mercado en el sur de Madrid con la empresa de sondeos TNS, que en realidad efectuaba encuestas para el Partido Popular: cinco barómetros electorales entre 2010 y 2011 en el Ayuntamiento de Valdemoro. Finalmente, Avintia solo pagó 27.500 por decisión del "cliente final", para los investigadores, el Partido Popular. Lo contó por carta el empleado de TNS Víctor Sobrino, imputado también en esta causa. 

En esta pista estaban los investigadores hasta que uno de los cerebros de la red, David Marjaliza, decidió comparecer voluntariamente ante el juez Velasco para tirar de la manta. Durante su confesión en la Audiencia Nacional metió a Avintia en el saco de empresas que tenía de su mano para entregarle contratos del Plan Prisma, donde, según su relato, un tercio de las obras las repartía Francisco Granados y su equipo, otro tercio los técnicos funcionarios y por último un tercer paquete que era competencia de Jaime González Taboada [entonces director general de Cooperación Local en la Consejería de Interior y Justicia que presidía Granados, y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes]". 

En su testimonio ante el juez, Marjaliza contó que en las obras que no estaban adjudicadas -infraestructuras no muy grandes como plazas o pabellones, según explicó- él mediaba para favorecer a distintas constructoras con las que tenía buena relación para que pagasen comisiones de "20.000, 30.000, 50.000 euros, lo que pudieran pagar".

En la decena de nombres que él cita asociados a las comisiones y los contratos amañados figura Avintia, junto a otras constructoras de la competencia como Begar, Teconsa, Grupo Dyco, Virton, Licuas. 

El procedimiento para amañar los concursos era, según Marjaliza, siempre el mismo. A través del jefe de gabinete de Granados y de Taboada, relató al juez, se le facilitaban las ofertas –que debían ser secretas en el concurso– de las empresas mejor colocadas. Si una constructora quería hacerse con la obra, solo tenía que mejorarlas y pagar una comisión. El sumario transcribe esta parte del interrogatorio.

Eloy Velasco. ¿Qué información le daban?

David Marjaliza. Me daban quiénes estaban entre los tres y cinco primeros que habían licitado la obra. Los cinco mejores. Entonces si era una empresa conocida, pues yo le llamaba. Le decía que sí quería la obra, pues que pagara una comisión.

E. V. ¿De parte de? ¿Del señor Granados?

D. M. En toda empresa se sabía que yo era la mano derecha de Paco. No tenía que decir esa… Era obvio.

E. V. ¿Y a qué empresas?

D. M. No recuerdo porque algunas no conocía. Virton, Licuas, Avintia, […] Grupo Dyco, Teconsa, Begar.

Marjaliza concreta además al juez y a las fiscales de Anticorrupción la persona con la que hacía tratos en Avintia y señala al fundador de la constructora, Antonio Martín, como uno de los constructores que pagaba mordidas. De momento, el juez no ha decidido sobre ninguno de los empresarios señalados por Marjaliza. Y Martín sigue ejerciendo como cabeza visible del equipo Avintia de moto GP con un ambicioso proyecto para la próxima temporada que incluso quiso incorporar a Pol Espargaró a la escudería para pilotar la segunda Ducati junto a Héctor Barberá.

http://m.eldiario.es/politica/Punica-alcanza-mundial-Moto-GP_0_529147693.html

EL GOLF CONECTA LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID, VALENCIA Y BALEARES

La Generalitat y la Diputación de Castellón pagaron más 13 millones de euros

Compromís presenta esta mañana una denuncia ante la Fiscalía por las irregularidades

La Generalitat y la Diputación de Castellón pagaron entre 2006 y 2011, bajo los gobiernos de Francisco Camps y Carlos Fabra, más de trece millones de euros a la empresa Match Golf Consulting SL por la realización de diversos torneos de golf en el campo del que Fabra era el presidente. Esta empresa está implicada en las investigaciones sobre las tramas Gürtel, Púnica e Ibatur y conecta la corrupción en el seno de los gobiernos autonómicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, de Baleares y la Comunidad de Madrid.

La empresa Match Golf Consulting SL, administrada por María José Marijuan, recibió de la Generalitat 12.111.410,43 euros, incluido el IVA, por la realización de cuatro ediciones del torneo internacional Comunidad Valenciana Masters-Castellón Costa Azahar entre 2008 y 2010, según la información a la que ha tenido acceso este diario. Los pagos se realizaron en base a un convenio para esquivar la Ley de Contratos de la Administración Pública, a pesar de los informes desfavorables de la Abogacía y de la Intervención General de la Generalitat.

A su vez, la empresa recibió patrocinios del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) para la realización de torneos de golf durante el período 2006-2010 por un total de 625.000 euros. Carlos Fabra era al mismo tiempo presidente de la Diputación de Castellón, presidente de Aerocas y presidente del club de golf en el que se celebraban los torneos.

Además del convenio con la Generalitat y del patrocinio de Aerocas, la Diputación de Castellón también abonó a Match Golf Consulting SL, al menos en 2011, 315.832,61 euros, en concepto de patrocinio del mismo torneo Castelló Golf Masters 2011. De esta manera, el total abonado por los organismos públicos valencianos supera por poco los 13 millones de euros en cinco años. Compromís ha anunciado que los diputados en el Congreso Marta Sorlí y Joan Baldoví darán traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción para que la estudie.

El convenio con la Generalitat lo firmaron la empresa Match Golf y la mercantil Birdie Diseño y Clase, propiedad de Romeo Sala Massanet. Ambas sociedades habían colaborado durante años en la organización de torneos en Mallorca. A su vez, se presentaron ante las instituciones valencianas con el aval de un torneo organizado por la PGA European Tour y cuyo contrato establece fuertes cánones y premios en metálico a jugadores profesionales. El acuerdo es por la celebración de cuatro ediciones entre 2008 y 2011, a disputarse en octubre y en el Club de Campo Mediterráneo.

Con el torneo atado y una vez asegurada la financiación mediante el convenio con la Generalitat, los administradores de las empresas acordaron una cesión ante notario el 31 de julio de 2008 de los derechos de cobro dimanantes del propio convenio. En ese documento, el empresario mallorquín cede de manera gratuita y para las cuatro ediciones del torneo los derechos de cobro a Match Golf Consulting SL, una cesión que ocultan a la Generalitat.

No se trata de una cesión casual y altruista. Las dos empresas realizaron una operación similar con el gobierno autonómico de las islas Baleares que presidía Jaume Matas. El modus operandi era el mismo: la firma de un convenio con la administración para eludir las rigideces de la contratación con la administración.

Desde 2004 a 2009 María José Marijuan y Romeo Sala Massanet, a través de Match Golf Consulting SL y Reial Pula Golf, administrada por el empresario mallorquín, organizaron el torneo de golf Mallorca Classic con un patrocinio público del gobierno balear presidido por Jaume Matas cercano a los 17 millones de euros.

En ese caso, la entidad firmante era el Instituto Balear del Turismo (Ibatur) y al igual que en el caso valenciano, los servicios jurídicos del Govern emitieron un dictamen en 2006 que advertía de la irregularidad del convenio. En 2012, el juez Francisco J. Pérez abrió una investigación por el supuesto desvío de fondos de la agencia balear e imputó a Jaume Matas y a diversos miembros de su ejecutivo.

Los investigadores del caso Ibatur registraron en 2010 la sede madrileña de la empresa Match Golf Consulting SL por las sospechas de que hubiera recibido 624.310 euros de dinero público de la agencia turística de Baleares, precisamente por organizar el torneo Mallorca Classic. A su vez, también registraron diversas empresas como Over Comunicación, ligada a Over Marketing MCW y a la trama Gürtel al organizar eventos del Partido Popular de Baleares desde 2003 a 2007. En este punto es dónde se conectan las tramas madrileña, valenciana y balear. Over Marketing MCW recibió dos adjudicaciones de más de tres millones de euros por parte de la Consejería de Sanidad valenciana en 2002 por dos campañas de publicidad y difusión.

La administradora de Match Golf Consulting, María José Marijuan, fue detenida por agentes de la Unidad Central Operativa en noviembre de 2015 en el marco de la trama púnica. Marijuan es la esposa del jefe de gabinete de Francisco Granados durante como consejero en el Gobierno de Madrid, Ignacio Palacios, y los investigadores sospechan que habría actuado como testaferro de Granados y le habría ayudado a ocultar algunas de las empresas y propiedades del político madrileño.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/21/valencia/1466486283_181117.html

MORALEJA DE ENMEDIO DA LA MEDIDA DE LA TRAMA PÚNICA

La red intentaba dar apariencia de limpieza a sus tratos utilizando auditorías amañadas, según la UCO

Contrataron a dedo a una auditoría para dar apariencia de limpieza a una licitación a medida de un contrato municipal con la connivencia del alcalde. Siempre precedido por el adjetivo de presunto, un informe de la Guardia Civil describe a través de un caso en el pequeño municipio de Moraleja de Enmedio cómo funcionaba la trama Púnica, con sus actores, sus torpezas y sus mordidas. Según el informe, el alcalde en 2013, Carlos Alberto Estrada, habría cobrado 30.000 euros del constructor David Marjaliza por asegurar a la empresa Cofely el contrato de gestión del alumbrado público del municipio por 15 años y un importe de 2,8 millones de euros. La empresa auditora Asproener y la técnico municipal Teresa Martín, pareja de Estrada, cierran el círculo.

El ingente sumario de la trama Púnica que investiga la Audiencia Nacional sigue creciendo en su intento de aclarar los entresijos de una red de corrupción que afecta a decenas de Ayuntamientos y otras administraciones, encabezada por Francisco Granados (PP) y el empresario David Marjaliza, que se mantuvo activa durante más de una década. Uno de los últimos informes remitidos al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a un contrato adjudicado hace poco más de tres años en Moraleja de Enmedio, un pueblo de 5.000 habitantes con una deuda de 30 millones de euros.

El relato comienza a finales de 2011, cuando el alcalde Estrada contrató a Asproener de forma “directa y discrecional” para hacer una “auditoría energética” del alumbrado municipal. Eligió esta sociedad, aseguró el alcalde a la UCO, “porque buscaban imparcialidad”.

“Que te dé todos los papeles perfectos”

Extracto de una conversación telefónica entre el empresario David Marjaliza, cabecilla de Púnica, y Pedro García, de la empresa Cofely, grabada por la Guardia Civil:

D.M. Entonces, como no quiere que firme nuestra amiga, lo que puede haber, tenemos que meter una auditoría de por medio.

P. G. Vale.

D.M. Entonces, tienes que buscarme una auditoría [...] que te dé todos los papeles perfectos y enganchados como dios manda. Y que haga el trabajo en el mes de agosto.

Sin embargo, distintos cruces de correos electrónicos y llamadas intervenidas ponen de manifiesto que Cofely estaba al tanto del contenido de la auditoría “al menos desde más de un mes y medio antes de hacerse público la licitación del concurso”, un “modus operandi” que pudo repetirse en otros Ayuntamientos. Y no solo eso, sino que también intercambiaban correos sobre la oferta que Cofely iba a presentar a una licitación pública diseñada por Asproener.

El acuerdo de la auditora con el Consistorio incluía el “asesoramiento a la hora de elaborar los pliegos del contrato”. Pero, de hecho, lo que hizo fue darle los pliegos prácticamente hechos al Consistorio, con lo cual, “teniendo en cuenta el concierto existente” entre las dos mercantiles, “resulta obvio presumir” que esos pliegos “tenían como premisa beneficiar a la empresa Cofely”, dicen los investigadores. Asproener le envía los pliegos a la técnico municipal Teresa Martín: “Por favor, échales un vistazo (a los pliegos) y si tuvieseis alguna duda, llámame”, le dicen.

La participación del Ayuntamiento no se habría limitado únicamente a contratar a la auditoria y recibir las bases que regulan el concurso a medida, también se aseguraron de que los contrincantes de Cofely no la superasen en puntos, aunque ajustaran al máximo su oferta económica. Para ello, la ventaja de Cofely tenía que ser de al menos ocho puntos en la valoración del proyecto. Y aquí es donde entra en juego la técnico Teresa Martín, la misma que había recibido los pliegos a medida de Asproener, y que antes había enviado la auditoría a una persona muy cercana a Cofely.

"Vamos a ir muy justos"

Martín presionó al técnico encargado de la valoración del proyecto, según la declaración de este, para aumentar en cuatro puntos la nota de Cofely. Él se negó, ella insistió, él se volvió a negar y ella acabó haciendo y firmando otro informe en que subía la valoración a Cofely. Este documento fue el que acabó aprobando la mesa de contratación, de la que Martín formaba parte.

En el informe de la UCO hay un correo electrónico en el que Martín dice al técnico que ha encontrado una documentación que justifica el incremento en la nota a Cofely , pero que le era "imposible" enviársela por email. Ya se los enseñaría más adelante, continúa, pero mientras tanto le pedía que fuera redactando ya el nuevo informe con la modificación para ahorrar tiempo. "Vamos a ir muy justos", le dice.

Finalmente, el informe policial recoge varias órdenes de pago a una empresa de la trama que coinciden con una anotación a mano de un pago de 30.000 euros que David Marjaliza ha confesado que le pagó al exalcalde de Moraleja. Además, reprocha la falta de vigilancia al resto de miembros de la mesa de contratación y del interventor municipal. Los agentes también han detectado que la trama tenía pensado adjudicar otro contrato de gestión energética de los edificios municipales a Cofely.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/18/madrid/1466261419_521243.html

UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA FALLIDA DE ARPEGIO LE CUESTA A CIFUENTES 42 MILLONES

El Gobierno regional ha tenido que pedir un crédito de 15 millones de euros para mantener la liquidez de la empresa pública

Un juzgado decretó en enero el embargo de las cuentas de la empresa pública Arpegio por valor de 42,5 millones para pagar su deuda con una sociedad a la que vendió parcelas del Parque Temático de San Martín de la Vega. El contrato incluía aumentar la edificabilidad de los terrenos modificando el plan general del pueblo. Si no lo lograba, Arpegio pagaría 32,8 millones más intereses. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paró la recalificación porque su “auténtica finalidad” era que el Parque Tématico SA “recuperara su equilibrio patrimonial”. El Gobierno regional ha tenido que pedir un crédito para mantener la liquidez de Arpegio.

Una de las operaciones llevadas a cabo por Arpegio —empresa pública del suelo investigada en la trama Púnica y cuya liquidación ha anunciado Cristina Cifuentes hace pocos días—, finalizó con el embargo de 42,6 millones de sus cuentas corrientes. La decisión judicial provocó una falta de liquidez en la sociedad, que tuvo que recibir un préstamo de 15 millones del Gobierno de Cristina Cifuentes que, a su vez, se lo pidió a Arproma, sociedad también 100% pública. El juez, una vez saldada la deuda, ha levantado el embargo.

La sociedad Parque Temático de Madrid está constituida por diversas sociedades propietarias de un terreno de 5,5 millones de metros cuadrados, que incluye el parque de ocio de la Warner. Uno de los dueños del suelo es la Comunidad de Madrid, que vendió, a través de Arpegio, varias parcelas en 2007 a la inmobiliaria Fadesa. La edificabilidad total era de casi medio millón de metros cuadrados.

Tras la venta, Arpegio se comprometió con Fadesa a tramitar una modificación del plan general de urbanismo de San Martín de la Vega con el objetivo de incrementar la edificabilidad de todo el ámbito. Al mismo tiempo, se incluyó en el contrato una cláusula penal indemnizatoria de 32,8 millones a cargo de Arpegio y que protegía a Fadesa en el caso de que no se cumplieran los planes acordados. Recibiría ese importe si la edificabilidad no alcanzaba los 666.500 metros cuadrados. La fecha tope para llevar a cabo la recalificación era agosto de 2013.

El proceso dio sus primeros pasos con éxito. El pleno municipal aprobó la modificación del plan que implicaba pasar de 825.000 metros cuadrados edificables en toda la zona (incluida las parcelas de Arpegio) a 1,13 millones. Todas las fuerzas políticas lo apoyaron (PSOE, PP e IU). “Era bueno para el municipio”, asegura su actual alcalde, el socialista Rafael Martínez. La Comisión de Urbanismo del Gobierno regional no puso pegas a la recalificación.

Pero la empresa Bosques del Sur, que está radicada en San Martín de la Vega, denunció el acuerdo en la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en 2009, sentenció que “la verdadera y auténtica finalidad de la modificación recurrida fue posibilitar que Parque Temático Madrid, S.A., recuperara su equilibrio patrimonial y pudiera liquidar toda la deuda que le era exigible en ese momento”. Los jueces lo explicaron así: “La modificación [que pretendía Ayuntamiento y Comunidad] no responde a una razón urbanística de carácter municipal ni a criterios de ordenación territorial, ni se justifica en una razón de interés público”.

“Salvar una sociedad”

Y añaden: “Solo obedece al único designio de salvar una sociedad [Parque Temático SA], cuyo capital social pertenece en un 60% a entidades mercantiles privadas”. Y señala a FCC, Caja de Ahorros, Fadesa, ACS, Ferrovial, Dragados, entre otras. La decisión afectó de lleno a la transacción realizada por Arpegio con Fadesa que esperaba el incremento de edificabilidad prometido. Pero Fadesa no denunció a Arpegio, sino que fue Friera, que le había comprado a su vez las parcelas a la primera. Le reclamó al Gobierno en 2014 los 32,8 millones de indemnización más otros 9,8 de intereses y costas.

Finalmente, un juzgado condenó a Arpegio a pagar 42,6 millones por no haber cumplido el contrato. El Gobierno Cristina Cifuentes no disponía de la liquidez necesaria en Arpegio y terminó sacando el dinero de otra empresa pública, Arproma. La presidenta anunció hace unos días que va a cerrar Arpegio y pasar parte de su negocio (venta de suelo) a Arproma.

Cambiar el plan general para favorecer al parque temático

El municipio de San Martín de la Vega estaba dispuesto a cambiar el plan general de la localidad para incrementar la edificabilidad de los 5,5 millones de metros cuadrados que ocupaban los terrenos de la sociedad Parque Temático de Madrid, propiedad de diversas empresas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

Todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que la modificación beneficiaría a sus vecinos, recuerda el actual alcalde del pueblo, el socialista Rafael Martínez. En diciembre de 2005 se firmó un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente, Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, Parque Temático de Madrid SA y el Ayuntamiento para modificar las normas subsidiarias y garantizar la viabilidad de empresarial del desarrollo. De esta forma, se contribuía al dinamismo social y económico del pueblo, especificaba el documento.

A raíz del convenio, Parque Temático de Madrid entregó al municipio entre 2007 y 2014 5,5 millones de euros. Pero el acuerdo fue anulado por el Tribunal Supremo en julio de 2013 y el Ayuntamiento fue condenado a devolver el dinero recibido por sentencia judicial. El municipio presentó al Juzgado un plan de pagos que se extiende hasta 2017 para poder hacer frente a la deuda. Si la empresa no lo recurre, este año se devolverían 70.000 euros, 150.000 en 2017, 300.000 al año entre 2018 y 2023, 800.000 entre 2024 y 2025, 900.000 en 2026 y 1.000.000 de euros en 2027.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/07/madrid/1465327881_619184.html

OTRA EMPRESA DE LA ‘PÚNICA’ CONTROLADA POR GRANADOS ABONÓ 719.000 EUROS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSERVADORES

La empresa que recibió más dinero fue la editora de La Razón, con 253.884 euros, seguida de Orange Media (145.588 euros), Sierra Media Siglo XXI (77.623), Abc (39.618), Unidad Editorial (35.764) y Madrid Diario (20.600)

La salida de Granados de Arpegio coincide con un importante descenso del gasto en comunicación, que pasó de los 91.397 euros de 2010 a 57.895 el año siguiente

Arpegio, la empresa pública encargada de la gestión del suelo de la Comunidad de Madrid, abonó 719.621 euros a empresas periodísticas y de comunicación entre los años 2007 y 2015, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. A estos fondos hay que añadir los 491.680 euros que la Fundación de Arpegio repartió entre 2006 y 2013 entre medios de comunicación afines al PP, por lo que la suma total es de 1.211.301 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga todas las adjudicaciones de terreno de esta empresa pública y su fundación, por las que la trama liderada por Francisco Granados pudo haber cobrado millonarias comisiones ilegales. La fundación disponía de un presupuesto propio que surgía de los benefiios de la empresa matriz, Arpegio, por lo que ambas financiaron por separado campañas informativas y publicitarias.

La empresa que recibió más dinero de Arpegio y su sucesora, Nuevo Arpegio, fue Audiovisual Española 2000 SL, la editora de La Razón, con 253.884 euros, seguida de Orange Media Advertising SL (145.588 euros), Sierra Media Siglo XXI (77.623 euros), Abc (39.618 euros), Unidad Editorial (35.764 euros), Madrid Diario (20.600 euros) y Consultoría de Comunicación Estratégica ( 19.416 euros). Llama la atención que el Grupo Prisa percibió otros 1.889 euros.

Las empresas beneficiadas por la Fundación Arpegio, tal y como adelantó infoLibre, fueron el Grupo Intereconomía (247.165 euros), la Cadena Cope (177.510 euros), La Razón (33.332 euros), Abc (21.672 euros) y la revista Época (12.001 euros).

La información suministrada por la Comunidad de Madrid a petición del diputado y portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, Miguel Ongil, muestra que en 2007, el primer año en el que Granados pasó a controlar Arpegio, esta empresa pública gastó en publicidad y comunicación 126.029 euros. De esta cantidad, la mayor parte (47.049 euros) se la llevó el grupo gallego La Región, que sigue una línea editorial por cercana al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Pareja de Núñez Feijóo

Según adelantó El País, la empresa controlada por Granados abonó esta cantidad a La Región el mismo año en el que fue entrevistado como consejero de Presidencia de Madrid por uno de los medios de comunicación del grupo.

El rotativo madrileño destaca en su información que según las facturas que conserva el Gobierno madrileño, ese dinero sufragó publirreportajes mensuales en la publicación La Región Internacional a un precio de 6.000 euros la página. La entrevista la realizó la periodista Carmen Chinny Gámir, entonces pareja del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que era la corresponsal de La Región en Madrid.

La segunda empresa más beneficiada fue el diario Abc, que obtuvo otros 34.800 euros, seguido de la empresa Orange Media Advertising SL (30.331 euros), Madrid Diario (11.600 euros) y Gremios Periódico de la Construcción (2.247 euros).

278.718 euros en 2008

Pero 2008 fue el año en el que Granados gastó más dinero desde Arpegio en los medios de comunicación. En total abonó 278.718 euros, de los que 119.954 euros correspondieron a la empresa editora de La Razón (Audiovisual Española 2000) y 115.257 euros a Orange Media Advertising SL.

Unidad Editorial, la editora de El Mundo, Marca y Expansión percibió otros 17.049 euros, seguido de Madrid Diario (9.000 euros), Acción Media (7.999), Telemadrid (6.820 euros) y Abc (2.937).

En 2009, en el que Arpegio gastó 90.895 euros, la editora de La Razón recibió otros 43.689 euros, mientras que el resto ingresaron cantidades muy inferiores: Sierra Media Siglo XXI (10.000 euros), Grupo Actualidad/Trade Maritim SL (8.885 euros), Cesine Metros2 (5.568 euros), Mercados de la Construcción y las Infraestructuras (4.640 euros), Codice RJA (4.640 euros), Ducal Ediciones (4.176 euros), Cerezo Comunicaciones (3.944 euros), Grupo Prisa (1.829 euros), Abc (1.881 euros), Unidad Editorial (668 euros) y Editorial Observatorio Empresas y Negocios (974 euros).

91.397 euros en 2010

En 2010, con un total de 91.397 euros gastados por Arpegio, nuevamente la empresa que recibió más dinero de la empresa controlada por Granados fue Audiovisual Española SA (editora de La Razón), con otros 45.000 euros, seguido de Sierra Media Siglo XXI (11.086 euros), Mercados de la Construcción y las Infraestructuras (9.280 euros), Grupo Actualidad/Trade Maritim SL (5.664 euros), Cesine Metros2 (5.396 euros), Editorial Observatorio Empresas y Negocios (4.687 euros), Cerezo Comunicaciones (3.742 euros), Ducal Ediciones (2.900 euros), Grupo Iniciativa Soluciones Editoriales (1.972 euros